1 INTRODUCCIÓN GENERAL Enlazando el artículo ... - Emagister

Derecho Civil II ________________________________________________________________ Lección 2
INTRODUCCIÓN GENERAL
Enlazando el artículo 1088 del Código Civil con el artículo 1911 del
Código Civil, resulta la siguiente definición legal de obligación:
“La obligación es el derecho del acreedor dirigido a conseguir del deudor una
prestación de dar, hacer o no hacer alguna cosa, garantizado con todo el activo
patrimonial del obligado.”
Adentrándonos un poco más en el tema que nos ocupa, definiríamos las
fuentes de las obligaciones como “aquellos hechos jurídicos que tienen como
efecto el nacimiento de las mismas y hacen surgir una deuda”.
La doctrina se viene ocupando, tradicionalmente, de dos problemas
diversos que, a veces, se confunden, lo cual ha originado infundadas
polémicas:
uno de carácter técnico, consistente en determinar y enunciar los hechos
que tienen consideración de fuente,
y otro de carácter más doctrinal consistente en la clasificación de fuentes.
A continuación vamos a desarrollar tales problemas desde el punto de vista
legal y doctrinal.
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1. EL ESTUDIO DEL ARTÍCULO 1089 DEL CÓDIGO CIVIL.
1. Nociones preliminares, comentarios y jurisprudencia.
Nuestro Código Civil, en su artículo 1089, dice que “Las obligaciones
nacen de la ley, de los contratos y cuasi contratos, y de los actos y omisiones
ilícitas o en que intervenga cualquier género de culpa o negligencia”.
Centrándonos en el artículo 1089 del Código Civil, y como comentario a
éste, citaremos a Xavier O´Callaghan Muñoz.
En primer lugar, este autor nos dice que las fuentes de la obligación
constituyen el origen de la misma, pero se nos plantea una pregunta, ¿Qué es
lo que la produce y qué hechos dan lugar a ella?
Adelantaremos que se han formulado diversas teorías sobre ello:
La doctrina tradicional, que viene del Derecho romano a través del Código de
Napoleón, pasó a este artículo. Pero hoy, nadie admite que la ley imponga
obligaciones, aunque si puede establecer que de tal hecho nazca una
obligación; si nacen del contrato; si no hay cuasi contrato; y si el acto ilícito
también es fuente de las obligaciones.
La doctrina más moderna estima que la única fuente de la obligación es
el hecho, que es hecho jurídico en cuanto tiene el efecto jurídico de producir el
nacimiento de la obligación. El hecho, fuente de la obligación, será voluntario y
producirá la obligación porque lo quiere el sujeto, (ex voluntate) o involuntario,
porque lo dispone la ley (ex lege).
Este artículo parece tener una configuración y enumeración rígida poco
congruente y, actualmente, es inapropiada para expresar las fuentes de las
obligaciones. Ante todo, hay que destacar que esta enumeración no es
exhaustiva, en ningún caso, es admisible el sistema de numerus clausus de las
fuentes de las obligaciones.
Esta norma sigue con fidelidad la doctrina tradicional de las fuentes de
las obligaciones. A pesar de su texto literal, hay que seguir afirmando, que la
única fuente son los hechos, voluntarios o no, a los que la ley atribuye el efecto
de producir, es decir, ser fuente de una obligación.
A continuación, citaremos jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca
del artículo tratado:
Según el común sentir de la doctrina y jurisprudencia notoria, la Ley, en sí,
no es nunca fuente de obligaciones, sino creadora de fuentes de las
mismas, de suerte que la expresión del artículo 1089 del Código, de que
las obligaciones nacen de la Ley, aparte la consideración de que todas las
obligaciones tienen su origen en la ley que las establece, ha de entenderse
en el sentido de considerar fuente de obligación, además de las
expresamente citadas en el propio precepto, cualquier otro hecho al que, la
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ley, anude el nacimiento de una obligación>>. (16 julio 1991, A. C. 926/
1991).
La base jurídica se centra en la cuestión de la promesa pública de
recompensa o premio; esta última es el concurso con premio, por el cual
una persona…hace una oferta al ofrecer una prestación, el premio…Y el
concursante, al concursar, está aceptando la oferta tácitamente, con lo que
nace el contrato, fuente de las obligaciones>>. (7 junio 1999, A. C. 883/
1999). 1
2. Clasificación de las fuentes de las obligaciones 2 .
La doctrina sigue diferentes criterios de clasificación de las fuentes de
los cuales vamos a destacar tres posturas: la postura de la doctrina general, la
postura de Albadalejo y la postura de Castán Tobeñas.
2.1. Doctrina general. La doctrina general clasifica las fuentes en
cuatro categorías:
a) Obligaciones legales. La ley está en el origen de todas las
obligaciones, por cuanto es ella la que concede el valor de fuente
jurídica a todas las que enumera el art. 1089, pero hay casos en los
cuales la obligación nace de la ley sin relación con ninguna otra de las
fuentes allí enunciadas (ej. Deudas derivadas del condominio o
usufructo, obligaciones procedentes de la tutela y aquellas situaciones
en las que el deudor no solo no ha pretendido serlo sino que no ha
realizado hecho alguno sobre el que pueda fundarse su obligación:
alimentos legales).
b) El contrato. Se constituye como una categoría general que vale
por si: todo contrato válido compromete a los contratantes, lo mismo que
si es uno de los regulados en el código o en una ley especial, que si ha
sido inventado por la practica, al margen de la ley (no contra ella), y
carece de una disciplina legal.
c) Los cuasicontratos (tradición romana). Nuestro Código regula
la gestión de negocio sin mandato (es decir, gestionar asuntos ajenos
sin voluntad del dueño) o el pago o cobro de lo indebido (pagar una
cantidad por error a quien no es acreedor de ella) (Art. 1888 y ss): en
ambos casos nacen o pueden nacer obligaciones para el gestor o el
dueño, o bien para el que cobra: tales obligaciones no provienen ni de
un contrato ni de un acto ilícito. (Ej.: sale agua del piso de mi vecino,
tengo la obligación de hacer algo, como llamar a un fontanero pero será
1 Véase el artículo 1887 del Código Civil, en relación con lo citado
2 La clasificación de las fuentes de la obligación procede del Código Italiano de 1865, que en su artículo 1097,
enumeraba la ley, el contrato, el cuasicontrato, el delito y el cuasidelito. Tal clasificación se inspiraba a su vez en la
que formuló el Derecho romano, que paulatinamente se fue particularizando desde Gayo, pasando por el Digesto y
por la Instituta justinianea, inspirando finalmente al Código de Napoleón.
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mi vecino el que pague: yo me obligo a hacer la gestión y mi vecino se
obliga frente al fontanero o a mí si yo pague el importe. Estamos ante un
contrato de mandato y servicios, que no existe).
d) El acto ilícito. También se constituye con carácter general: todo
acto culpable que ocasiona un daño obliga al causante, frente al
perjudicado, a reparar el daño causado.
2.2. Manuel Albadalejo. Siguiendo a este autor, las fuentes pueden
clasificarse en dos bloques:
a) Ex-voluntate: el nacimiento de la obligación se produce porque lo
quiere el sujeto. Proceden de una categoría de hechos: la constituida por
los negocios jurídicos.
b) Ex-lege: el nacimiento de la obligación se produce porque la ley
lo dispone. Éstas proceden de las restantes categorías de hechos: las
constituidas por los actos en sentido estricto y por los hechos naturales.
Presupuesto lo anterior, -dice Albadalejo-, queda clara la imperfección
de la clasificación legal de las obligaciones, así como las omisiones que
contiene. Principalmente en cuanto que el único negocio jurídico que enumera,
como tal fuente, es el contrato: siendo así que también lo son, e
importantísimas, otros muchos negocios: por ejemplo, testamento, aceptación
de la herencia, etc.
Lo que ocurre, siendo ello excusa de la imperfección legal, es que dentro
de , no se estudian sino ciertas fuentes y las demás
se tratan, por razones de unidad de materia, en las otras partes del derecho
civil, como por ejemplo, la copropiedad o el usufructo.
Respondiendo a la pregunta ¿Cuáles son las verdaderas fuentes?,
Albadalejo hace una importante aceptación: la ley en sí, no es fuente de
obligaciones, sino que es la ley la que puede crear fuentes, asignando a los
hechos el efecto de producir el nacimiento de aquellas. Pero hay casos en los
cuales la obligación nace de la ley sin relación con ninguna otra de las fuentes
allí enumeradas.
Como ejemplo, podemos citar, las deudas derivadas del condominio o
usufructo, o las obligaciones procedentes de la tutela. Las obligaciones que la
ley establece, lo son para casos específicos, por lo cual declara el artículo 1090
“Las obligaciones derivadas de la ley no se presumen (…)”.
El texto que imponga la deuda ha de ser claro, por lo que sólo son
exigibles las obligaciones expresamente determinadas en el Código Civil o en
las leyes especiales y han de regirse por los preceptos de la ley que las
hubiese establecido, y en lo que éstas no establezcan, por las disposiciones del
Libro IV del Código Civil.
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2.3. Castán Tobeñas. Este autor distingue tres categorías recogidas
en la enumeración legal:
a) Obligaciones procedentes de la ley. Estas obligaciones no se
presumen. Solo son exigibles las expresamente determinadas en el Código o
en las leyes especiales, debiendo regirse por los preceptos de la ley que las
hubiere establecido, y en lo que y en lo que éstas no establezcan, por las
disposiciones del Libro IV del Código Civil.
La ley como fuente de obligaciones, ¿hay que entenderla en sentido
estricto o en sentido amplio, comprendiendo cualquier norma jurídica con
carácter de fuente de derecho? Es evidente, a este respecto, que no puede ser
desconocida la fuerza de la costumbre como fuente de Derecho, y
consiguientemente como fuente de obligaciones. 3
b) Obligaciones procedentes de los contratos. Tienen fuerza de
ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor del contrato (Art.
1091c.c.). A falta de pacto expreso de las partes, claro es que se rigen por las
disposiciones del Código.
c) Obligaciones procedentes de los hechos ilícitos. Las que
nacen de los delitos o faltas se rigen por las disposiciones del Código penal
(Art. 1092 c.c.). Las que se deriven de actos u omisiones en que intervenga
culpa o negligencia no penados por la ley quedan sometidas a las
disposiciones del capitulo correspondiente (cap, II, tit. XVI, libro IV) del Código
Civil (Art. 1093 c.c.).
Últimamente la doctrina se ha pronunciado ante la necesidad de unificar
estas dos clases de obligaciones: las reguladas en el Código civil y las
contenidas en el Código penal.
3. Artículos del Código dedicados a tratar, en general, las fuentes
de las obligaciones.
Art. 1090, dedicado a las obligaciones que nacen de la ley: “las
obligaciones derivadas de la ley no se presumen. Sólo son exigibles las
expresamente determinadas en el Código Civil o en las leyes especiales, y se
regirán por los preceptos de la ley que las hubiese establecido: y en lo que ésta
no hubiese previsto, por las disposiciones del presente libro”.
Art. 1091, dedicado a las obligaciones que nacen de los contratos, las
cuales “tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse a
tenor de los mismos”. Precepto obvio, en el que se viene a poner
especialmente de relieve el carácter de lex privata que tiene el contrato.
3 Así lo va admitiendo la doctrina científica más reciente e incluso la doctrina del Tribunal Supremo
(Sentencia de 23 de noviembre de 1927, sobre la aplicación de las costumbres locales en materia laboral).
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Art. 1092, dedicado a precisar que “las obligaciones civiles que nazcan
de los delitos o faltas se regirán por las disposiciones de Código penal”.
Art. 1093, dedicado a precisar que “las obligaciones procedentes de
actos ilícitos, que no constituyan delito o falta, se regularan por las
disposiciones de capítulo II del Titulo XVI del libro IV del Código civil”.
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EL CONTRATO COMO FUENTE DE LAS OBLIGACIONES.
Albadalejo señala que el término contrato se utiliza según un doble
sentido: En primer lugar, uno amplio, en el que significa negocio jurídico
bilateral o plurilateral consistente esencialmente en un acuerdo de voluntades
de las partes que la celebran o en una entrega de alguna cosa por estas
mismas, en el que se regula jurídicamente una cuestión y del que derivan
cualesquiera efectos jurídicos.
En segundo lugar, uno estricto, en el que el término contrato se reduce
al campo del Derecho de obligaciones, significando, esencialmente, acuerdo de
voluntades de dos o más partes por el que se crean, modifican o extinguen
obligaciones.
En las obligaciones nacidas de contrato son los propios contratantes
quienes fijan la ley del mismo.
Como se desprende del artículo 1091, “Las obligaciones que nacen de
los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben
cumplirse a tenor de los mismos”. En este artículo, el contrato se concibe como
un acto en el cual los contratantes establecen una ley particular para regular
sus relaciones contractuales. Esta ley particular tiene, entre los contratantes
citados anteriormente, una fuerza semejante a la que la ley dictada por la
voluntad general tiene para todos los demás.
Siguiendo a Xavier O´Callaghan Muñoz, de este artículo se desprende el
carácter privado del contrato que analizamos. Contiene la regla sancionadora
del principio de la autonomía de la voluntad, que completa el artículo 1255 del
Código Civil (“Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y
condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias a las
leyes, a la moral, ni al orden público”).
Además, refleja el principio “pacta sunt servanda”, que quiere decir
respeto y obediencia a lo acordado. Es importante saber que las relaciones
jurídicas nacidas de los contratos no pueden destruirse ni extinguirse por la
voluntad de uno solo de los contratantes. Una vez perfeccionado el contrato,
debe cumplirse según lo pactado, de buena fe y sin apartase de lo querido.
Asimismo, los artículos 1091 y 1255 del Código Civil recogen la “libertad
de contratar” en el sentido de que las partes son libres de contratar o no, y la
“libertad contractual”, en el sentido de que las partes pueden establecer en el
contrato los pactos o cláusulas, es decir, el contenido que estimen conveniente.
Hemos de apuntar que todo lo citado anteriormente se basa en el
principio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, ésta, en la época actual,
sufre importantes limitaciones impuestas por la prepotencia de la gran empresa
(así, en las condiciones generales de la contratación), y también por el propio
legislador, a veces para limitar aquella.
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A continuación, citaremos jurisprudencia del Tribunal Supremo acerca de
lo expuesto en las líneas precedentes.
Los vínculos jurídicos nacidos de los contratos no pueden
desatarse por la voluntad de uno solo de los contratantes, y,
una vez perfeccionados tienen fuerza de ley entre éstos y
han de cumplirse a tenor de lo expresamente pactado, de
buena fe y sin tergiversar las obligaciones que cada parte
contrajo>>. (10 marzo 1989, A. C. 616/ 1989).
Los pactos a que las partes llegaron, deben cumplirse en su
tenor literal, y no pueden ser complementados o variados por
decisión judicial>>. (16 diciembre 1996, A. C. 365/ 1997).
Reconocimiento de deuda que ha sido reconocida, tanto por
la doctrina científica, como por la jurisprudencia de esta Sala,
como válida y lícita, permitida por el principio de autonomía
privada o de la libertad contractual sancionado por el artículo
1255 del Código Civil y vinculante para quien lo hace, con
efecto probatorio si se hace de manera abstracta y también
constitutivo si se expresa su causa justificativa (sentencias de
8 de marzo de 1956, 13 de junio de 1959, 3 de febrero de
1973, 9 de abril de 1980 y 3 de noviembre de 1981),
calificándolo la sentencia de 8 de marzo de 1956 de contrato
al decir que “el reconocimiento es un contrato por el cual se
considera como existente, contra el que la reconoce,
pudiendo tener por objeto exclusivo, dar a la otra parte, un
medio de prueba, o prometer a no exigir prueba alguna de la
deuda como existente contra el que la reconoce”>>. (24
octubre 1994, A. C. 77/ 1995).
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LA DECLARACIÓN UNILATERAL COMO FUENTE DE LAS
OBLIGACIONES: A) LA PROMESA PÚBLICA DE RECOMPENSA; B) LOS
CONCURSOS CON PREMIO.
La obligación por voluntad unilateral es aquella que contrae un sujeto
mediante una mera manifestación de querer obligarse, la de quien promete dar
o hacer algo, sin contraer con nadie, y sin que le obligue la ley.
En nuestro Derecho, la declaración inter vivos, por regla general no
vincula, y a lo más, constituye una oferta de libertad revocable: el legislador, de
acuerdo con la tradición, considera nacida la deuda sólo a partir de la
aceptación por parte del acreedor, expresa o tácitamente (art. 1256Cc.)
La doctrina discute si por una sola declaración de voluntad puede quedar
obligada una persona a realizar la prestación que promete, y la jurisprudencia
del Tribunal Supremo no aclara nada en rigor, ya que las opiniones son
confusas y contradictorias (Ej.: la sentencia del 10 de enero de 1946 o la de 17
de octubre de 1932 que admite la voluntad unilateral como fuente de
obligaciones; mientras que las sentencias del 21 de junio 1945 o la de 19 de
mayo de 1932, considera que no es fuente de obligaciones).
Se considera que la voluntad unilateral podría ser fuente de
obligaciones, ya que el art. 1089 no menciona todas las fuentes que admite
nuestro derecho, y podría ser una de esas fuentes no enumeradas.
Los Códigos más modernos admiten en ciertos casos la eficacia
obligatoria de la promesa unilateral y además hacen mención de ella en su
articulado. (Ej.: Código alemán en su art. 657 y ss.; el Código italiano de 1942
en sus art. 1987 y ss.; o el brasileño de 1919 en sus art. 1056 y ss. Entre
otros).
Generalmente la doctrina tiende a negar la voluntad unilateral como
fuente, admitiendo excepcionalmente, algunos supuestos. En este tema, la
jurisprudencia también discrepa: la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de
abril de 1924 declaró que, dado el texto del art. 1089 del Cc., no cabe admitir
en nuestro derecho la existencia de obligaciones procedentes de voluntades
unilaterales. Y si bien la sentencia de 17 de octubre de 1932 dice, que el
negocio jurídico unilateral cabe dentro de los términos de los arts. 1254 y 1258
de nuestro código y de la disposición del Ordenamiento de Alcalá relativa a la
forma de obligarse.
Prescindiendo de lo que diga la jurisprudencia, son obstáculos para
admitir la voluntad unilateral como fuente:
1. Que no hay ningún precepto en el Cc. dónde se acoja, con carácter
general, lo referente a la declaración de voluntad unilateral.
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2. Que nuestra ley, salvo que disponga otra cosa, parte del principio de
que las obligaciones nacen por el acuerdo de voluntades de los
interesados.
3. Que aplicando ese principio de nuestra ley, para adquirir un derecho
de crédito, es preciso el consentimiento del acreedor.
Estos obstáculos son aceptados con carácter general por la doctrina.
Sólo con carácter excepcional, el derecho romano admitía la fuerza
obligatoria de la promesa unilateral de donación hecha a un municipio, como
contraprestación a un honor recibido; y en la promesa hecha a una divinidad
con fines piadosos. Pero a últimos del pasado siglo, la doctrina alemana
desarrolló la tesis de que a veces basta la simple declaración unilateral de
voluntad para engendrar obligaciones y señaló, como supuestos en que así
ocurría, la oferta de contrato (concurso con premio), y la promesa pública de
recompensa.
Como principios de la declaración unilateral de voluntad, los casos más
destacados en el derecho moderno son:
1. Ofertas de contrato (concurso con premio)
2. Las promesas
3. Los títulos a la orden y al portador
4. Las estipulaciones para otro
Hoy día la posición dominante rechaza la fuerza obligatoria de la
voluntad unilateral, pero admite como excepciones dos, que probablemente
sean los más importantes por ser constantes en la práctica. Estos dos casos
excepcionales son el de la promesa de pública recompensa y el concurso con
premio.
La jurisprudencia relacionada con la voluntad unilateral es la siguiente:
RJ 1932\1933
Sentencia Tribunal Supremo (Sala de lo Civil), de 17 octubre 1932.
Jurisdicción: Civil
MANDATO REPRESENTATIVO: configuración; EXTRALIMITACION DEL
MANDATO: responsabilidad del mandatario: acciones del mandante contra el
mandatario.
En juicio de mayor cuantía sobre rendición de cuentas, seguido ante el
Juzgado de Fuente de Cantos y la Audiencia de Cáceres, se dictó Sentencia
condenatoria, e interpuesto recurso de casación por infracción de ley a nombre
del demandado, se declaró no haber lugar a él.
CONSIDERANDO.- Que el contrato por el cual se obliga una persona a
prestar algún servicio o hacer alguna cosa, y el apoderamiento que confiere
facultad al apoderado para que concluya actos o negocios jurídicos por su
poderdante como si este mismo los hubiera celebrado, son dos figuras de tan
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esenciales diferencias entre sí, que ni siquiera se borran por entero cuando se
funden ambas en la unidad del mandato representativo; y en su consecuencia,
los efectos de este contrato, materia del presente recurso queden regidos con
la debida separación conceptual y técnica; correspondiendo a la esfera interna
cuanto toca a los derechos y obligaciones recíprocas de mandante, y
mandatario, y por ende, cuanto afecta a la conducta del último en la ejecución
del mandato que habrá de llevar a cabo dentro del encargo recibido y con
arreglo a la instrucción del primero, o en su defecto, haciendo todo lo que
según la naturaleza del negocio haría un buen padre de familia; mientras que a
la exterior esfera competen los efectos del contrato en relación a terceros,
llegando hasta obligar al mandante con relación a ellos siempre que el
mandatario hubiera actuado dentro de los límites del mandato o por el contrario
obligando al mandatario con relación a tercero si traspasó sus poderes sin dar
de ello suficiente conocimiento.
CONSIDERANDO.- Que esto no obstante la extralimitación del mandato
por parte del mandatario provoca para éste responsabilidades internas ante su
principal, pues a tenor del artículo 1714 del Código Civil está obligado a no
traspasar los límites de sus poderes y procediendo en contrario esto es, con
extralimitación de facultades, queda sujeto a la responsabilidad contractual que
en términos generales define el artículo 1101 del Código Civil y en especial el
artículo 1718 de la misma Ley sustantiva; de donde resulta que al declarar esta
responsabilidad el fallo recurrido no infringe el artículo 1727 del mismo Cuerpo
Legal, como con error sostiene el quinto motivo del recurso, partiendo de la
equivocada tesis, según la cual, la extralimitación del mandato produciría
exclusivamente en defensa de los intereses del mandante una acción de
nulidad del negocio que el mandatario celebró con evidente extralimitación;
pues es notorio que en determinados casos quedaría indefenso el mandante
con aquella exclusiva acción de nulidad, si no estuviera provisto de la de daños
y perjuicios contra su mandatario.
CONSIDERANDO.- Que la opción entre ambas acciones corresponde
por entero a su titular el mandante, como dueño que es de su interés propio, si
bien, cuando elija la indemnización de daños y perjuicios, correrá a su cargo la
prueba de la existencia y cuantía de los mismos cuya apreciación definitiva
compete al Tribunal de instancia, el cual en el caso de este recurso, así hubo
de apreciarlos, según aparece del considerando sexto de la sentencia de
primera instancia aceptado en la de apelación; sin que este Tribunal Supremo
pueda entrar en el examen de tales puntos de hecho, en cuanto son de la
competencia del Tribunal de instancia, tanto más si se tiene en cuenta que el
recurso se funda en motivos del número primero del artículo 1692 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, y no en el séptimo del mismo precepto legal, por lo que
escapa al aprecio de este fallo de casación la influencia que en el presente
litigio pudieran tener la discutida insolvencia de la Sociedad «La P.», como
entidad deudora del crédito cedido con extralimitación y por el mandatario y la
subsistencia cuestionable de las acciones que al acreedor compitieran para
hacer efectivo el mencionado crédito.
CONSIDERANDO.- Que los motivos primero, segundo, tercero y cuarto
del recurso hacen supuesto de sus respectivas cuestiones, pues ni puede
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sostenerse que el mandatario cumplió el encargo de manera más ventajosa
cuando precisamente el fallo recurrido afirma que la gestión fue perjudicial; ni
que se ajustó aquél a las instrucciones del mandante cuando la Sentencia de
instancia estima que extralimitó sus poderes; ni que el mandatario rindió cuenta
al mandante y que éste las aprobó, cuando el Tribunal «a quo» establece
supuesto distinto; ni por último sostener que el fallo de instancia condena a
abonar intereses de la cantidad de 125.000 pesetas en concepto de dinero
recibido y a usos propios aplicado, cuando es notorio que el concepto de esta
condena va consignado al título de perjuicios como lucro cesante; por todo lo
cual no pueden estimarse respectivamente infringidos los artículos 1715, 1718,
1719, 1720 y 1724 del Código Civil.
Características comunes del concurso con premio y la
declaración pública de recompensa.
En ambos casos no se trata de saber si es aceptada la oferta o realizado
el hecho que se prometió premiar, queda el oferente o promitente obligado a
cumplir. En tal momento lo que sucede es que la oferta ha sido aceptada o que
el destinatario indeterminado de la recompensa, al realizar el acto que debía
ser premiado, se ha individualizado y ha prestado su aceptación. En tales
supuestos se ha producido un acuerdo de voluntades, generador de
obligaciones contractuales para el oferente o el que promete. El verdadero
problema estriba en saber si el mero hecho de hacer la oferta o la promesa
vincula al que la hizo a mantenerla generando así por su sola voluntad una
obligación. En este sentido se resuelve la cuestión de sentido afirmativo. Se
encuentra muy divulgada en la doctrina moderna la tesis según la cual, si bien
la oferta o la promesa unilateral no obliga por si a cumplir la prestación
prometida en tanto que no sea aceptada, si obliga a mantener durante el
tiempo racional necesario para que puede ser aceptada por el destinatario o
para que pueda ser realizado el acto que se prometió premiar.
Igualmente su revocación prematura supone una infracción de aquel
deber y obligación a indemnizar. Respecto de la compensa de recompensa o
premio pueda afirmarse que el que premia no queda obligado por su sola
promesa a realizar la prestación ofrecida. Quien realice el acto por el que
aquella se ofrece, puede después reclamar su prestación o participar en el
concurso.
La promesa publica de recompensa
La promesa publica de recompensa anunciada públicamente en favor de la
persona que realice un acto u obtenga un resultado determinado.
Asimismo, es la promesa que se hace por ejemplo a quien acuda
primero a la emisora de televisión disfrazado de oso; o a quien encuentre el
objeto robado o perdido.
Los efectos de la promesa pública de recompensa, encuentran una
justificación sociológica, al brindar la expectativa de un premio, así suscitan el
interés y la confianza de los demás.
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Es esencial para que se de este caso:
a) Que la promesa se divulgue o publique.
b) Que tenga por objeto premiar o recompensar una actividad o
resultado.
c) Que se haga en favor de personas no determinadas
individualmente.
Se estima que una promesa suficientemente pública obliga al
prominente, sin precisar aceptación, y esta inclinación general coincidente con
la práctica constante del cumplimiento de la recompensa anunciada, constituye
costumbre jurídica.
La promesa de recompensa a persona indeterminadas suele estimarse
que son tan frecuentes en la práctica y es tal el convencimiento de la
colectividad sobre su eficacia jurídica, que no sería precipitado admitir la
existencia de un derecho consuetudinario sancionador de su obligatoriedad,
costumbre que no seria contraria a la ley y que resultaría aplicable en defecto
de ley conforme al artículo 1 del Código Civil.
Los concursos con premio.
Los concursos con premio, cuyo objeto es la opción a un premio y que se
distingue de la promesa pública, en que sólo se promete a aquellos que aspiren
al premio y en que la decisión no se produzca por la sola prestación del
aspirante, sino sólo en méritos de la adjudicación del premio.
Como ejemplo de los concursos con premio, podemos citar, “La ruleta de
la fortuna”, un concurso en el que el concursante, persona que aspira al
premio, debe resolver una serie de paneles, como requisito indispensable para
llevarse el premio.
Hay autores como Castán Tobeñas que incluyen el concurso con premio
dentro de la promesa pública de recompensa, como una modalidad especial,
mientras que otros la consideran como un caso más de voluntad unilateral,
como Albaladejo o Lacruz Berdejo.
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BIBLIOGRAFÍA GENERAL
Fuentes literarias:
* “Derecho civil español, común y foral”, Tomo III, Derecho de
obligaciones. José Castán Tobeñas (Catedrático de Derecho
Civil. Ex presidente del Tribunal Supremo). Decimosexta edición.
* “Derecho Civil II. Derecho de obligaciones”. Manuel Albadalejo
(Catedrático Emérito de Derecho Civil de las Universidades
Complutense de Madrid y San Pablo-CEU, Ex rector y rector
honorario vitalicio de la de Barcelona, Ex Consejero de la
Complutense de Madrid, Presidente de la Real Academia de
Jurisprudencia y Legislación, Académico numerario de la de
Cataluña y no numerario de las de Granada, Lisboa, Costa Rica,
Córdoba (Argentina) y Chile, Consejero de Estado, Vocal
permanente de la Comisión General de Codificación, Ex
presidente y presidente honorario de la Asociación del Profesores
de Derecho Civil). Duodécima edición.
* “Elementos de Derecho Civil II. Derecho de Obligaciones.
Volumen I”. José Luis La Cruz Berdejo, Francisco de Asís Sancho
Rebullida, Agustín Luna Serrano, Jesús Delgado Echeverría,
Francisco Rivero Hernández y Joaquín Rams Albesa.
(Catedráticos de Derecho Civil).Tercera Edición, revisada y
puesta al día por Francisco Rivero Hernández).
* “Comentarios al Código Civil”. Xavier O´Callaghan Muñoz.
(Magistrado del Tribunal Supremo y Catedrático de Derecho
Civil). Segunda Edición.
* Código Civil español. Edición actualizada de septiembre de
2005.
Fuentes informáticas:
* www.west-law.com
* www.iustel.com
* www.google.es
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BIBLIOGRAFÍA DE JURISPRUDENCIA
16 julio 1991, A. C. del Tribunal Supremo, 926/ 1991.
7 junio 1999, A. C. del Tribunal Supremo, 883/ 1999.
10 marzo 1989, A. C. del Tribunal Supremo, 616/ 1989.
16 diciembre 1996, A. C. del Tribunal Supremo, 365/ 1997.
24 octubre 1994, A. C. del Tribunal Supremo, 77/ 1995.
17 octubre 1932, A. C. del Tribunal Supremo, 1932/ 1933.
La jurisprudencia ha sido extraída de libros que se han incluido en la bibliografía
general y de la página web www.west-law.com.
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