Revista Hechos de Paz N.64 - Programa de las Naciones Unidas ...

pnud.org.co

Revista Hechos de Paz N.64 - Programa de las Naciones Unidas ...

Hechos de Paz • 1


PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS

PARA EL DESARROLLO PNUD

Año 8, N° 64, Junio - Julio 2012

ISSN 2027-5048

BRUNO MORO

Representante Residente, Programa de las

Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD

SILVIA RUCKS

Directora del país

ALESSANDRO PRETI

Coordinador del Área de Paz,

Desarrollo y Reconciliación

DIRECCIÓN

Olga González Reyes

REDACCIÓN

Absalón Machado

Tania Guzmán

María O. Lizarazo Beltrán

Olga González Reyes

COLABORACIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Luis Sanmiguel

Soraya Hoyos /ONU Mujeres

Nadya González / FAO

Ruta Pacífica de las Mujeres

ACNUR

Doris Pérez

PAGINA WEB

Andrés Bernal

RECONOCIMIENTO ESPECIAL

Dirección de Prevención de Crisis

y Recuperación del PNUD, Nueva York

REVISTA HECHOS DE PAZ

Avenida 82 N° 10-62, Piso 2,

Bogotá, Colombia

Teléfono: (57-1) 4889000 ext 124

http//hechosdepaz.pnudcolombia.org

COMENTARIOS:

olga.gonzalez@pnud.org.co

Las opiniones y planteamientos expresados

no reflejan necesariamente las opiniones

del PNUD, su junta directiva,

ni los Estados miembros.

Una publicación financiada por:

El desarrollo humano como

vía para transformar

la sociedad rural

EDITORIAL

En términos de desarrollo humano, la meta social más importante de Colombia

en el mediano y el largo plazo es la democratización y modernización

de la sociedad rural. Ello implica esfuerzos y compromisos de parte

del sector público, de las organizaciones de la sociedad civil y de cada uno

de sus actores, de la academia, de los gremios y de la cooperación internacional,

pues sin duda hablamos de un proyecto nacional para equilibrar el rezago al que

ha estado confinado el mundo rural durante décadas.

Ya que se trata de una tarea de grandes dimensiones, desde el Pnud queremos contribuir

en este gran desafío que enfrenta el país teniendo en cuenta que el desarrollo rural es sin

duda otra vía para construir las bases para la paz y la reconciliación de los colombianos.

En esta edición de Hechos de Paz proponemos unos mínimos indispensables para avanzar

en el desarrollo rural y destacamos algunas prácticas y experiencias internacionales

que han facilitado procesos de transformación de las sociedades rurales, con el ánimo

de estimular las reflexiones y ampliar la perspectiva y los alcances de los debates sobre

este desafío que enfrenta el país.

Hablar de los mínimos es referirse a la necesidad de un compromiso político por resolver

el conflicto rural y por cerrar las brechas de pobreza con respecto a los habitantes

urbanos, como bien lo ha planteado el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2011,

Colombia rural. Razones para la esperanza.

Y avanzar hacia tales propósitos demanda implementar

políticas públicas que empiecen por ampliar las

capacidades y mejorar las condiciones de vida de

los pobladores rurales; por incentivar la

equidad e inclusión en el crecimiento

económico del sector; por garantizar la

participación libre y autónoma de

todos los pobladores rurales en la

toma de decisiones que les competen;

por fortalecer la voz y atender la agenda

de inclusión política y social de los

pobladores rurales más vulnerables;

y por crear la institucionalidad rural

capaz de impulsar y consolidar todos esos

logros. En últimas, por avanzar en cada

una de las dimensiones del

desarrollo humano de la gente

que vive en la Colombia rural.

DISEÑO, IMPRESIÓN Y ACABADOS

Milenio Editores e Impresores E.U.

milenioediciones@hotmail.com

© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL

2 • Hechos de Paz


© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

En este propósito nacional debe haber

espacio para todos y todas. En esta reingeniería

y modernización del sector rural

cada uno de los colombianos tiene que jugar

un papel central. Una sociedad unida,

sin exclusiones, que reconozca y respete

sus diversidades y complementariedades

y en la que cada ciudadano cumpla un rol

democrático y de respeto de los derechos

humanos es fundamental para el futuro de

Colombia. Sin duda, en esta construcción

colectiva deben participar activamente los

habitantes rurales y quienes están en estado

de mayor vulnerabilidad, los ganaderos,

empresarios y representantes de diferentes

gremios locales y nacionales, las autoridades,

los políticos, los académicos…

El Gobierno nacional ha dado algunos

pasos significativos. La formulación de

una política de tierras, que incluye la

expedición de la Ley de Víctimas y Restitución

de Tierras (1448 de 2011), y los

esfuerzos de formalización y de recuperación

de baldíos, aunada a la voluntad

de combatir la pobreza de forma integral

mediante la creación del Departamento

para la Prosperidad Social, motivan la

búsqueda de puntos de encuentro y sinergias

con la sociedad civil y la cooperación

internacional.

De acuerdo con lo anotado por el Ministro

de Agricultura en esta edición de Hechos

de Paz, el próximo 20 de julio se estará

radicando el proyecto de ley de desarrollo

rural ante el Congreso de la República. Aunque

dicha ley no agota la discusión sobre el

futuro del mundo rural, es una oportunidad

clave para mantener el diálogo nacional y

regional en torno a la reconstrucción de la

democracia en el campo y a la urgencia de

lograr un orden social incluyente en el que

todos tengan un espacio y sus voces sean

escuchadas y tenidas en cuenta.

Es claro que enfrentar el problema de la

concentración de la tenencia de la tierra es

una condición necesaria, pero no suficiente

para dar solución al conflicto rural y abrir

caminos de paz para la sociedad colombiana,

como lo han señalado los pobladores

rurales en las áreas donde el Pnud tiene

presencia.

Asimismo, es preciso garantizar el ejercicio

pleno de la libertad de los pobladores rurales,

la ampliación de sus oportunidades

para elegir la vida que deseen y proteger el

ejercicio de sus derechos. También se necesita

de una economía que crezca de forma

equilibrada y sostenible, en tanto los

beneficios se redistribuyen atendiendo a

criterios de equidad, y la explotación de los

recursos naturales se hace considerando y

mitigando el impacto actual y futuro de sus

intervenciones. Y, finalmente, se requiere de

un Estado robusto, del lado de los ciudadanos,

fortalecido en lo local y comprometido

con la búsqueda del bien colectivo.

A los esfuerzos hechos desde el nivel nacional

tendrían que sumarse las voluntades

y los compromisos de las autoridades

públicas y los actores políticos, económicos

y sociales de orden territorial.

En este ámbito, el Pnud, con el apoyo imprescindible

y decidido de cooperantes

como las Embajadas de Suecia, Holanda

y España, ha venido realizando procesos

de fortalecimiento institucional, a veces

mediante el apoyo a Gobiernos departamentales

y municipales y, en otras oportunidades,

por la vía de la reconstrucción y

el fortalecimiento del tejido social y de las

organizaciones de pobladores afectados

por el conflicto rural en todas sus dimensiones.

Conscientes del desafío al que hacemos

referencia, queremos reiterar que los

planteamientos hechos en esta revista son

apenas un abrebocas para la discusión;

una motivación para la reflexión, pero sobre

todo una invitación a actuar, a tomar

decisiones y echarlas a andar de manera

que de nuevo las colombianas y los colombianos

tengan fundadas razones para

tener esperanza.

Bruno Moro

Representante Residente del Programa

de las Naciones Unidas para el Desarrollo

Humano (Pnud)

Hechos de Paz • 3


INTRODUCCIÓN

© CORTESÍA DORIS PÉREZ

Lo rural: atender sus

problemas y reconocer toda

su potencialidad

La situación de la sociedad rural

colombiana ha recobrado una

gran importancia en la agenda

pública del país. Del enfoque

inicial centrado en la evolución

del conflicto armado y en la atención de las

víctimas, hay un tránsito hacia una mirada

más integral de la problemática.

Esta mirada se interroga, entre otros

muchos temas, por las oportunidades de

inserción del campo en un proyecto de desarrollo

nacional, con el trasfondo de una

economía globalizada; por las condiciones

de vida del 32% de colombianos y colombianas

que vive en la ruralidad, según el Índice

de Ruralidad propuesto por el Informe

Nacional de Desarrollo Humano Pnud 2011

Colombia Rural: razones para la esperanza;

por las rutas para facilitar el acceso equitativo

a la tierra y promover el uso y explotación

sostenible de los recursos naturales;

por la manera en que sería posible reconstruir

el debilitado aparato institucional –especialmente

en el nivel subnacional– que

se necesita para darle norte al sector; y por

cuáles son las herramientas de política pública

más adecuadas para hacer la tarea.

La presente edición de Hechos de Paz

quiere contribuir a animar esos debates

aprovechando la anunciada presentación

de una propuesta de ley de desarrollo rural

por parte del Gobierno nacional, que es una

coyuntura propicia para abordar de manera

amplia y pluralista la discusión de todos los

temas. No obstante, la invitación es a profundizar

en los ya mencionados, ir más allá

del trámite de la ley y mantener el interés en

el diálogo y en la controversia sobre el futuro

de la sociedad colombiana y el lugar que

debe reconocerse al mundo rural en cualquier

apuesta por su desarrollo.

Una nueva comprensión de la

ruralidad y el desarrollo rural

Los intentos recientes por impulsar el

desarrollo rural en Colombia han tenido

dos énfasis: la sustitución de importaciones

hasta finales de la década de los 80 y la liberación

de la economía a partir de la década

de los 90. El balance es hoy en día agridulce.

Hubo progresos importantes en términos de

modernización productiva, pero junto a ellos

persistieron la pobreza –en 2008 era pobre el

22% de la población de las cabeceras y el 49%

de los habitantes del resto, según el Informe

2011–; el conflicto interno y la concentración

de la propiedad de la tierra –para el año 2009,

el Gini de propietarios ascendió a 0,875, el de

tierras a 0,86 y el de avalúos a 0,84–.

A la par con la persistencia de esos viejos

problemas, el mundo rural fue objeto de profundas

transformaciones que, por supuesto,

cambiaron la manera en que los diferentes

actores sociales lo definen y asumen:

Superación de la dicotomía rural-urbano.

El proceso acelerado de crecimiento de

los centros urbanos plantea una nueva forma

de interacción con los territorios rurales,

en la cual lo urbano expande sus fronteras y

los campesinos, aunque emigran a las ciudades

en busca de oportunidades de ingresos

y mejor calidad de vida, no rompen su

vínculo con sus territorios de origen. Antes

bien, mantienen una relación simbiótica

que fortalece los lazos entre estos dos espacios

territoriales. Esta nueva realidad reta la

visión tradicional de dos mundos opuestos.

Creciente pluriactividad de la economía

rural. Como respuesta a las constantes crisis

de la agricultura, los hogares rurales han

venido diversificando sus fuentes de ingre-

4 • Hechos de Paz


sos a través de su incursión en diversas actividades

no agrícolas y la venta de su mano

de obra de forma estacional.

Heterogeneidad de los actores sociales. Los

territorios rurales se caracterizan hoy por la

alta heterogeneidad de los actores sociales

presentes en ellos. Desde una visión basada

en la superficie de las tierras explotadas y el

grado de especialización de sus actividades

productivas, se encuentran desde campesinos

sin tierra, pasando por pueblos afros e

indígenas, agricultores familiares, ganaderos

extensivos e intensivos, agroindustriales y

grandes agricultores productores de materias

primas con destino a mercados de exportación

o producción de biocombustibles.

El mundo rural, un sistema

complejo

Las transformaciones recientes del mundo

rural evidencian que los territorios funcionan

como un sistema complejo conformado

por múltiples dimensiones articuladas, entrelazadas

y determinadas entre sí, las cuales

reúnen diversos actores sociales, instituciones,

recursos naturales, activos productivos,

formas de producción, tradiciones, historia y

cultura, entre otros componentes. El reconocimiento

de esta realidad conduce a pensar

en un desarrollo rural multidimensional y,

por lo tanto, de responsabilidad multi-institucional

y no solo de la autoridad sectorial.

Desde esta perspectiva, la búsqueda del

desarrollo rural implica una ruptura conceptual

con la estrecha vinculación que

tradicionalmente se ha realizado entre desarrollo

y crecimiento económico para incorporar

nuevos conceptos que buscan un

desarrollo humano que aporte a la construcción

de mayor gobernabilidad democrática,

participación y corresponsabilidad ciudadana

en la planificación y gestión de los territorios.

Esto implica convocar a actores públicos

y sociedad civil en torno a la definición

de las prioridades del desarrollo territorial.

Implica, además, la construcción de sociedades

más justas, más libres y equitativas

en cuanto a la generación de oportunidades

para todos y todas, respetando la diversidad

cultural que conlleva a la existencia de diversas

maneras de percibir, asumir, interpretar

la vida, la sociedad, la relación con la naturaleza

y la producción económica. El desarrollo

rural también implica alcanzar la mayor

competitividad económica de los territorios

Formular e implementar políticas públicas de desarrollo

rural implica construir una gobernabilidad colectiva y

negociada entre las administraciones nacionales, regionales

y locales, a partir de la participación ciudadana.

rurales –entendida como el uso eficiente de

su capacidad productiva y de su potencial

económico endógeno– para generar los bienes

e ingresos necesarios para el desarrollo

económico presente y futuro del territorio y

sus habitantes y promover un manejo integrado,

armónico y sustentable de los recursos

territoriales.

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

Algunos desafíos

Asumir el desarrollo rural como un proceso

de búsqueda para alcanzar una conciliación

armónica y equilibrada entre el crecimiento

económico, la equidad social y la sostenibilidad

ambiental basada en una verdadera gobernabilidad

territorial, plantea, además de un

cambio de paradigma, grandes retos e incertidumbres

en su aplicación. Estos son algunos:

Incluir ejes transversales en la ejecución de las

acciones de desarrollo rural que garanticen

una mayor equidad social y territorial. El desarrollo

rural debe garantizar la inclusión de

las expectativas de hombres, mujeres y jóvenes

rurales; la corrección de desequilibrios territoriales

estructurales y el respeto y reconocimiento

a la diversidad étnica y cultural que

caracteriza los territorios rurales. Y más aún

teniendo en cuenta que el Informe encontró

un aumento en la brecha de pobreza entre las

13 áreas metropolitanas y el resto: en 2002 era

de 29 puntos y en 2009 de 33,7 puntos, cifras

que indican que el ritmo de disminución de la

pobreza en el resto ha sido considerablemente

menor que en las 13 áreas.

Construir una nueva relación Estado-sociedad

civil. Formular e implementar políticas

públicas de desarrollo rural, bajo un enfoque

que reconozca las multidimensionalidad

de los territorios rurales, implica la construcción

de una gobernabilidad colectiva y

negociada entre las administraciones nacionales,

regionales y locales, a partir de la participación

democrática de todos los actores

sociales presentes en los territorios. Esto demanda

la construcción de mayor confianza

de los ciudadanos hacia sus gobernantes y el

fortalecimiento de sus capacidades y habilidades

para la participación, organización e

interlocución.

Lograr mayor coherencia y articulación entre

las políticas públicas sectoriales respecto

a los objetivos de desarrollo de los territorios.

Un nuevo enfoque de desarrollo rural reta

a los diferentes niveles de la administración

pública a abandonar el enfoque sectorial y

transitar hacia un enfoque territorial. En la

práctica, esto significa abandonar la visión

de los territorios rurales como sectores fragmentados

y asumir un proyecto colectivo y

coherente de desarrollo nacional determinado

desde ellos. El verdadero reto es, entonces,

eliminar los “nichos sectoriales” en

la formulación de las políticas públicas de

apoyo al desarrollo rural.

Hechos de Paz • 5


© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

Imprimir una visión de largo plazo en la

construcción del desarrollo rural. Considerando

que la construcción del desarrollo

rural implica el desarrollo armónico de todas

las dimensiones de los territorios, este

debe ser un propósito que sobrepase los

periodos gubernamentales y se convierta

en una Política de Estado, entendida como

un acuerdo de largo plazo entre los Gobiernos

y ciudadanos de los territorios rurales.

Abandonar los enfoques de corto plazo en

la búsqueda del desarrollo rural demanda

Una mirada internacional

gobernantes y ciudadanos con nuevas visiones

respecto a su desarrollo.

Conciliación de las disputas territoriales emergentes.

Se exige que haya una conciliación

entre el crecimiento acelerado de los centros

urbanos versus la sostenibilidad de los ecosistemas

de los territorios rurales; la expansión de

los cultivos agro-exportadores versus la agricultura

familiar campesina, persistencia histórica

de dos lógicas socioeconómicas opuestas

en torno al uso de la tierra; y la sostenibilidad

de los ecosistemas territoriales frente a la expansión

de las explotaciones minerías.

En la conciliación de estas disputas territoriales

el desafío para los Gobiernos, tanto

nacional como regionales, es formular políticas

públicas de conservación y de ordenamiento

territorial, que consulten las diversas

visiones de los actores sociales presentes en el

territorio, a fin de construir sistemas sostenibles

de producción y crecimiento urbanístico

competitivos, que a la vez favorezcan la conservación

de la biodiversidad y la seguridad

alimentaria de los territorios rurales.

Para enfrentar los desafíos y animar los debates sobre cómo avanzar hacia un desarrollo rural incluyente, equitativo y sostenible, esta edición

de Hechos de Paz también presenta experiencias de lo que han hechos otros países para superar sus retos y avanzar en esa dirección.

En la publicación se presentan puntos de vista de invitados de Ecuador y Brasil y se recogen experiencias que han sido catalogadas

como exitosas por diferentes estudios. Así, por ejemplo, se resaltan iniciativas estudiadas en la publicación Estado y sociedades civiles,

acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades para nuevas formas de gobernanza, elaborada a petición de la Organización

de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao) por la Asociación para contribuir a mejorar la Gobernanza de la Tierra, el

Agua y los Recursos Naturales (Agter).

Si bien la investigación, de los autores Michel Merlet, Samuel Thirion y Vicent Garces,–cuyo documento completo se puede consultar

en http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/AGTER_ICARRD_Doc2_ES.pdf– fue elaborada en marzo de 2006, es posible aprender de muchas

de las experiencias internacionales que destaca.

Otras investigaciones han centrado su atención en descubrir cuáles han sido las claves de algunos países para contribuir, con sus

políticas, programas e inversiones en desarrollo agrícola, a reducir el hambre y la pobreza, como lo hace el libro Millions Fed: Proven

Successes in Agricultural Development (Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola), de la Bill & Melinda Gates

Foundation (BMGF) con la ayuda del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri).

Esta publicación –de noviembre de 2009– señala que “algunos son éxitos que surgieron sólo por unos cuantos años pero desencadenaron

largos episodios de crecimiento y desarrollo. Otros surgieron tras largos años de tenaz persistencia que produjeron resultados pese

a sustanciales riesgos, incertidumbres y dudas. Otros han sido el resultado de acciones emprendidas por comunidades para asegurar su

propia supervivencia en medio de difíciles condiciones ambientales”.

El estudio encontró éxitos en seis áreas diferentes: intensificación de la producción de alimentos básicos; integración de las personas y

el medio ambiente; ampliación del papel de los mercados principales; diversificación para sustituir los cereales principales; reforma de

las políticas en toda la economía y mejora de la calidad de los alimentos y la nutrición humana.

El texto completo de este libro en inglés se puede consultar en http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/oc64.pdf. El resumen

en español, en http://www.ifpri.org/sites/default/files/publications/millionsfedbookletsp.pdf

6 • Hechos de Paz


1

POLÍTICA

INTEGRAL

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

Una política integral

de tierras

El Informe Nacional de Desarrollo

Humano Pnud 2011

Colombia rural, razones para

la esperanza, sugiere que una

política integral de tierras tiene

como objetivos “eliminar y regular los

conflictos por ese bien, mejorar el uso de

los recursos productivos, aumentar la competitividad,

lograr una modernización de

mercado de tierras y de la tributación predial,

fortalecer los derechos de propiedad

y su formalización, lograr la restitución de

aquellas que fueron despojadas o abandonadas,

lograr una estructura de tenencia

más equitativa y disponer de un sistema de

información básico para la toma de decisiones.

En general se busca tener un sistema de

administración eficiente de las tierras en el

sector rural”.

Este enunciado indica claramente que la

política de tierras no se centra solamente

en la restitución de predios abandonados y

despojados por medio del conflicto y otros

tipos de violencias y en la redistribución

de ese bien productivo para lograr una sociedad

rural con mayor democracia económica,

social y política. Es una propuesta

de política pública más comprensiva que

involucra una visión amplia de las funciones

que tiene la propiedad rural en una sociedad

en proceso de transformación y que

requiere superar trabas históricas, que han

impedido el acceso a la tierra y su buen uso

para el bienestar de los pobladores rurales y

de los habitantes del país.

Una revisión histórica de las políticas estatales

señala, sin duda, que Colombia no ha

practicado una política de tierras con una

visión integral. Se ha producido una fragmentación

y desarticulación de acciones

gubernamentales sin una visión global de

desarrollo del sector rural y de las funciones

sociales y ambientales que la misma

Constitución le asigna a la propiedad rural.

La falta de decisión política para enfrentar

factores que generan atraso y pobreza en

el sector rural, ligados en muy buena parte

con la tenencia de la tierra y el uso de ese

factor, no ha permitido resolver los conflictos

por la tierra, ordenar el territorio en

términos productivos y sociales, ni atacar

los factores inerciales que mantienen la pobreza

rural en niveles muy altos, con una

condición de atraso que afecta seriamente

las condiciones de vida y el futuro de los pobladores

rurales.

Concepción de la política de tierras

La política de tierras requiere concebirse

dentro de una propuesta más amplia de acciones

pública para el sector agropecuario

y de la sociedad rural. Tiene sentido si considera

como marco de referencia el ordenamiento

territorial y el desarrollo rural con

enfoque territorial. Y el ordenamiento territorial

incluye la relación con las aglomeraciones

y ciudades que están articuladas en

diversos grados con lo rural y condicionan

su marcha.

Poniéndolo en términos de la economía política,

una visión integral de la administración

de las tierras en el sector rural implica

Hechos de Paz • 7


© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

dos procesos simultáneos que se refuerzan

mutuamente: la distribución equitativa de

la tierra entre la población rural y la distribución

de la población en el territorio. Ello

significa la delimitación de áreas públicas y

privadas (clarificación de la propiedad), la

definición de criterios para el uso eficiente

del suelo, la garantía y reconocimiento de

los derechos de propiedad, un equilibrio

ambiental en el uso de los recursos, el acceso

sin restricciones a los factores productivos,

la regulación de los poderes que definen

el control de los territorios y el uso de

los recursos, la delimitación de la frontera

agropecuaria con base en criterios estratégicos

del uso de los recursos naturales, y

reglas de juego claras y trasparentes para las

transacciones en el mercado de tierras.

La naturaleza de la política de tierras enunciada

implica acciones en el corto, mediano

y largo plazo y un contexto político adecuado.

El catalizador de una política integral de

tierras no es, en las condiciones actuales,

una revolución social rural del campesinado,

sino una decisión política de la sociedad

colombiana, liderada por el Estado, de resolver

definitivamente uno de los escollos

más serios que tiene el país para sus procesos

de desarrollo: la inequidad en el acceso

a la tierra y demás recursos productivos, y

el poder político derivado de la alta concentración

de la propiedad rural, el cual tiene

expresiones violentas bien conocidas en

Colombia.

Por esa razón, no es posible resolver el problema

de tierras en Colombia con una política

integral en el corto y mediano plazo,

dadas las limitaciones institucionales y de

recursos, la dificultad de asumir decisiones

políticas que afectan factores estructurales y

de poder, la discontinuidad de las prioridades

políticas de los gobiernos y la carencia

de un movimiento social más fuerte, de carácter

regional y nacional, que apoye y promueva

la trasformación y modernización

de la sociedad rural, apoyado por sectores

urbanos que tengan peso político. Pero además,

el sistema inadecuado de diseño de las

políticas públicas es un limitante adicional:

centralizado, excluyente, a veces autoritario

y sin fundamento en un diagnóstico claro y

compartido de la situación rural.

CHINA Y VIETNAM

Las reformas de la tenencia de la tierra

China. Entre 1978 y 1984, este país ejecutó una serie de reformas de políticas que transformaron el sector alimentario y agrícola chino

y redujeron el hambre en una escala que ha sido catalogada como “sin parangón en la historia”. “Las reformas reintrodujeron efectivamente

la agricultura familiar después de más de 30 años de agricultura colectiva. Este nuevo enfoque a la agricultura –el Sistema de

Responsabilidad Familiar– brindó a los agricultores el incentivo de vender los excedentes de su producción al mercado. Al devolver más

del 95% de los terrenos agrícolas de China a unos 160 millones de hogares de agricultores, las reformas contribuyeron directamente a

un aumento en los ingresos rurales de un 137%, a reducir la pobreza rural en un 22% y a aumentar la producción de granos en un 34%.

Los aumentos de la eficiencia en las fincas también condujeron a un significativo aumento de la fuerza del trabajo rural disponible para

empleo fuera del sector agrícola, cambio que alimentó un rápido proceso de crecimiento industrial en el área rural de China y, más

ampliamente, la notable marcha que emprendió China hacia la industrialización en las últimas tres décadas”.

Vietnam. Numerosas reformas de tenencia de la tierra realizadas entre 1987 y 1993 cambiaron fundamentalmente la economía de

este país y le dieron una mayor orientación al mercado, lo que transformó el sector agrícola. “La descolectivización de la producción

agrícola y el aumento en la seguridad de la tenencia de tierras –junto con la liberalización de los mercados y la promoción de nuevos

incentivos económicos– desempeñaron un papel crítico en la aceleración del crecimiento agrícola, aumentando la seguridad alimentaria

y reduciendo la pobreza en todo el país… Durante el período 1989-1992 el sector agrícola salió de su estancamiento y creció a una

tasa de 3,9% anual, mientras que el país pasaba de ser un importador neto de alimentos a convertirse en el tercer exportador de arroz

más grande del mundo en 1989. En el plazo de una década, más de diez millones de hogares –que constituyen el 87% de los hogares

campesinos– habían recibido certificado de uso de la tierra para aproximadamente el 78% de los terrenos agrícolas de Vietnam. Estas

reformas, junto con otras políticas de liberalización del mercado, alentaron a los agricultores a producir alimentos básicos, ganado y

cultivos de alto valor de manera mucho más productiva y con ganancias sustancialmente mayores provenientes de mercado que en

épocas anteriores. Las reformas contribuyeron significativamente a la drástica reducción de la pobreza en Vietnam y a su crecimiento

económico e industrialización”.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

8 • Hechos de Paz


Por ello, la política integral de tierras siempre

será gradual y requiere sincronías con

otras políticas públicas complementarias,

no solo rurales, también urbanas. Y también

la solución de los problemas de tierras y de

ordenamiento del territorio estará condicionada

a las velocidades con que se tomen

y apliquen las decisiones sobre desarrollo

rural. Siempre existirá una fuerte tensión

política en la toma de decisiones que afectan

factores de concentración de poder fundamentados

en el control de recursos como

la tierra, el agua y los territorios. El manejo

de esas tensiones políticas exige un Estado

fuerte con una institucionalidad consolidada

y una alta gobernabilidad, tanto nacional

como regional y local.

Aquí se sugieren medidas de política encaminadas

a la conformación de una política

integral de tierras, que deben considerar las

acciones en un horizonte de tiempo según la

naturaleza del problema o la acción a considerar.

Esta sugerencia es apenas un referente

para una discusión más amplia que le permita

al país aclarar cuál es el problema de tierras

a resolver, cómo asumir esa responsabilidad,

quiénes deben asumirla, cuál es el papel del

Estado y la sociedad civil en esas soluciones,

qué mecanismos son necesarios para garantizar

la continuidad en las soluciones, cómo

se articulan ellas con otras políticas y, en particular,

cuál es la institucionalidad requerida

para sustentar de manera efectiva una política

integral de tierras, así como las coaliciones

sociales que la fortalezcan.

Dado que muchas de las acciones públicas

de corto plazo necesitan mantenerse en

el mediano plazo y otras en el largo plazo,

y que también las de mediano requieren

permanecer por más tiempo para que todas

tengan los efectos esperados, no es fácil

indicar qué es primero y qué después. No

todo se puede hacer al mismo tiempo, con

la misma intensidad y velocidad. Es algo

parecido a un menú que se va ordenando

según las prioridades gubernamentales,

las demandas sociales, las capacidades de

ejecución del gasto público y de manejo de

soluciones complejas.

Por lo anterior, la siguiente lista de acciones

públicas debe ubicarse en la temporalidad

y espacialidad que definan las circunstancias,

las capacidades y las decisiones gubernamentales

y sociales:

• Información y conocimiento que permita

avanzar en la territorialización del

problema de tierras y el uso del suelo:

definir reglas de juego y delimitar el uso

del territorio en minería, agrocombustibles,

seguridad alimentaria, conservación

de los recursos naturales.

• Restitución de tierras despojadas y

abandonadas y formalización de los

derechos de propiedad.

• Cambios en el uso del suelo y el agua,

vía incentivos e intervenciones directas

del Estado.

• Redistribución de los derechos de propiedad

para lograr una mayor equidad

CHINA

Ampliando los límites del

rendimiento

Científicos botánicos, productores de

semilla, agentes de extensión y agricultores

contribuyeron a que China se

haya convertido en el primer país que

desarrolló y comercializó arroz híbrido

con rendimientos superiores a las otras

variedades de arroz cultivadas en el

país, en un esfuerzo iniciado en 1977 y

que aún hoy es tenido en cuenta. “Las

reformas políticas que estimularon la

inversión privada en la agricultura, junto

con los grandes avances en la investigación

sobre el arroz, promovieron el

crecimiento de una dinámica industria

de semillas de arroz híbrido. El arroz

híbrido se propagó tan rápidamente en

China que, entre 1978 y 2008, llegó a representar

el 63% de todos los terrenos

cultivados de este grano. Algo importante

es que los mejores rendimientos

ayudaron a que China pudiese alimentar

a unos 60 millones más de personas

al año durante este período”.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos

demostrados en desarrollo agrícola.

en la sociedad rural, crear una clase media

rural y garantizar la supervivencia y

el mejoramiento de las condiciones de

vida de las familias rurales que decidan

vivir con dignidad en el campo. Ello implica

la intervención directa del Estado

(compra de tierras, extinción de dominio,

expropiaciones)

• Regulación de la inversión extranjera

en tierras o en el uso de la tierra por

vía de alquiler y sistemas similares. Es

necesario fijar una política clara sobre

este tipo de inversiones en consideración

a los efectos que tiene sobre los

pobladores rurales, el uso de los recursos

naturales, la seguridad alimentaria

interna, el medio ambiente y la soberanía

nacional.

• Reforma a la Ley 2ª de 1959 para definir

áreas de sustracción y la formalización

de la propiedad.

• Una política clara para el manejo y uso

de las tierras públicas (adjudicación de

baldíos).

• Instrumentos de conciliación en asuntos

agrarios y mecanismos de solución

de conflictos por la tierra.

© CORTESÍA SORAYA HOYOS / Onu MUJERES

Hechos de Paz • 9


• Recursos de crédito y subsidios para la

compra de tierras según el caso.

• Definición de criterios para la delimitación

de la frontera agropecuaria y el

ordenamiento territorial.

• Modernización del mercado de tierras

con reglas de juego para la transparencia,

el libre acceso, la adecuada información

y seguridad de los derechos adquiridos.

• Definición de políticas de recuperación

de suelos degradados y erosionados

que requieren sacarse de la producción

para ponerlos de nuevo en condiciones

productivas.

• Análisis y previsiones sobre los impactos

y riesgos del cambio climático sobre

los sistemas productivos, el uso del

suelo y la ubicación de las poblaciones.

• Mecanismos sociales e institucionales

para la resolución de los diversos conflictos

por la tierra y el control del territorio

por el Estado, así como de mecanismos y

acuerdos para evitar que se repitan situaciones

como el despojo de tierras y la alta

concentración de la propiedad.

• Revisión y adecuación de la estructura

tributaria de la propiedad rural, cobro

de valorización por obras públicas,

modernización del catastro rural, y suministro

de información catastral y de

tenencia de la tierra como un bien público.

Ello implica también actualizar la

información sobre la tenencia y sus procesos

mediante el censo agropecuario

realizado por lo menos cada 10 años.

• Revisar a fondo la institucionalidad pública

para la administración y manejo de

las tierras de acuerdo con su función social

y ambiental. Un rediseño institucional

para el desarrollo rural es el marco de

referencia para el manejo de las tierras.

• Regulación de los arriendos de tierras

para garantizar tiempos suficientes

para la recuperación de las inversiones,

el uso adecuado del suelo y la garantía

de los derechos de propiedad.

• Definición de instrumentos para incentivar

la adecuación de tierras, la cultura

del riego y el manejo sostenible de

los recursos naturales para conservar

su potencial productivo.

• Adecuación y modernización de instrumentos

complementarios de la política

integral de tierras: financiación, asistencia

técnica, desarrollo tecnológico,

información de mercados, infraestructura,

articulación a los mercados, infraestructura

social.

• Revisar las regulaciones sobre el uso del

agua en el sector rural, su apropiación,

los derechos de propiedad, la conservación

de cuencas, mecanismos de solución

de conflictos originados por la

apropiación y uso del agua.

• Manejo y reglas de juego para el desarrollo

y sostenibilidad de territorios

indígenas y de comunidades negras.

También hace parte de esta política el

reconocimiento de derechos a títulos

colectivos, el establecimiento y ampliación

de resguardos indígenas, los

mecanismos de solución de conflictos

entre comunidades, resguardos y campesinos

por el uso y apropiación del territorio.

Y la implementación de zonas

de reserva campesina como factores de

estabilización de la colonización y de

las sociedades rurales.

Adicional a lo anterior, la política integral de

tierras debe manejar criterios diferenciados

para atender prioritariamente situaciones

y sectores que por sus condiciones de vulnerabilidad

requieren de apoyos estatales e

intervenciones directas del Estado, tal es el

caso de las mujeres y los jóvenes, los indígenas,

afrodescendientes, campesinos sin tierra

o con poca tierra, despojados y víctimas

de la violencia.

TAIWÁN

La reforma agraria

“Fue puesta en marcha después de la

victoria del partido comunista chino sobre

el continente por los supervivientes

de la armada nacional que se habían refugiado

en la Isla y recibieron una ayuda

muy importante de Estados Unidos.

Ellos liberaron al campesinado de la

clase de los terratenientes, reduciendo

primero la renta del suelo y luego vendiendo

en pequeños lotes las tierras

confiscadas a los ocupantes japoneses

vencidos. La reforma agraria iniciada en

1953 limitó la propiedad a 2,9 ha. y redistribuyó

los excedentes a los campesinos,

permitiendo obtener una estructura

agraria muy igualitaria.

El restablecimiento del desarrollo agrícola

fue espectacular. La producción

se multiplicó por 5 en 30 años. Los Estados

Unidos financiaron ampliamente

y controlaron la aplicación de las políticas

agrícolas y acordaron conferir la

prioridad a la inversión en trabajo, a la

utilización de insumos y a la organización

de los productores. El Ministerio

de Agricultura, una institución ad-hoc

constituida para administrar la ayuda

americana, implementó las políticas de

desarrollo, apoyándose en las organizaciones

agrícolas. La reconversión de los

propietarios de tierras en industriales

nacionales fue inducida por los mecanismos

de compensación de la reforma

agraria. Los excedentes producidos por

el sector agrícola pudieron tener un rol

principal en la constitución del capital

industrial. Fuente: C. Servolin, a partir

de E. Thorbecke, en Merlet (2002)”.

Tomado de Estado y sociedades civiles, acceso a

la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades

para nuevas formas de gobernanza.

10 • Hechos de Paz

© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL


2

POLÍTICAS

PÚBLICAS

© CORTESÍA B. HEGER / Acnur

Desarrollo rural con

enfoque territorial: desafío

para la política pública

La urgencia del desarrollo

rural con enfoque territorial,

que implica una visión

diferente de las dinámicas

generadas en el medio rural,

con un concepto más integral y de mayor

participación, pone serios retos para las

políticas públicas. Y mucho más teniendo

en cuenta que estas políticas vienen de

un andamiaje institucional concebido

para manejar problemas sectoriales con

una visión tradicional de lo rural, como lo

esencialmente agropecuario.

Los nuevos arreglos institucionales e instrumentos

requeridos para promover el enfoque

territorial apenas se empiezan a poner a

prueba en algunos países de América Latina.

La mirada a las experiencias del

desarrollo rural territorial en Brasil, Chile y

México, que realizó la Oficina Regional de la

Fao conjuntamente con el Bid, es un buen

referente para establecer los desafíos que

impone este enfoque, no solo en términos

instrumentales, sino también políticos

e institucionales 1 . Esos países tienen ya

experiencias para analizar con atención pues

indican caminos para empezar a considerar.

Colombia se apresta a entrar en esta nueva

visión y para ello requiere repensar las

políticas públicas y, especialmente, los

arreglos institucionales que de allí se derivan.

En Colombia, las políticas sectoriales

tuvieron una inflexión a comienzos de

los 90, cuando se dejó al mercado la

orientación de los recursos y las decisiones

de los agentes privados y el desarrollo rural

se centró en los aspectos productivos,

en subsidios y compensaciones a los

pobladores rurales siguiendo la demanda.

El Estado dede tener la iniciativa del

desarrollo rural, abandonando a los

productores en manos del mercado y las

dinámicas empresariales. Este enfoque

se ha considerado inadecuado, pues en

sociedades con grandes desequilibrios e

inequidades es imprescindible el liderazgo

e intervención del Estado. El mercado solo

no resuelve los problemas críticos de la

ruralidad, como lo ha indicado el Informe

Nacional de Desarrollo Humano (Indh 2011

Colombia rural, razones para la esperanza.

No se ha superado el deterioro de las

políticas y de la atención del Estado hacia

el sector, reflejados en la caída abrupta del

presupuesto destinado al sector. El actual

plan de desarrollo destina el 2,4% de la

inversión pública al sector agropecuario

y desarrollo rural (clasificado por

locomotoras) y cerca del 4% al clasificar

1

Fao y Bid (2007). Desarrollo territorial rural: análisis

de experiencias en Brasil, Chile y México. Editores:

Fernando Soto Baquero, Luis Carlos Beduschi Filho,

César Falconi. Santiago de Chile.

Hechos de Paz • 11


FRANCIA

País con políticas

estructuradas

“Francia desarrolló a partir de los años

60 una política agrícola con el objeto de

controlar la evolución de estructuras

agrarias, de manera que permitiese

la modernización de las unidades de

producción agrícola, conservando siempre

la explotación campesina familiar como

base de su desarrollo. Estas políticas

fueron aplicadas en estrecha articulación

con las organizaciones de campesinos

y con frecuencia bajo su iniciativa. Se

instauró un sistema de cogestión, con

numerosas estructuras paritarias en las

que residen instancias gubernamentales y

organizaciones de profesionales agrícolas.

Entre los aspectos más importantes de esta

política se encuentran:

• la concentración parcelaria a fin de

adaptar las unidades de producción

a las nuevas exigencias técnicas

• la ley del arrendamiento que protege

los derechos del agricultor, le garantiza

el acceso a la tierra por un largo

periodo y permite al Estado controlar

la evolución de la renta de la tierra

• el establecimiento de estructuras

paritarias que impiden la concentración

de tierras, en propiedad o arrendamiento

y buscan una medida idónea

para las unidades de producción

• el establecimiento de instancias

encargadas de intervenir sobre los

mercados del suelo para facilitar la

instalación de jóvenes agricultores,

los Safer, con la cooperación de los

créditos financieros de la banca

• la aplicación de mecanismos para

facilitar la partida de agricultores de

mayor edad y privilegiando la instalación

de los jóvenes.

Hoy en Francia, más del 60% de los productores

arriendan sus tierras. Ese porcentaje

aumentó en el curso de las últimas

décadas y los agricultores no pueden recurrir

a la compra de tierras, de gran peso

financiero, más que en ausencia de otras

alternativas”.

Tomado de Estado y sociedades civiles, acceso a

la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades

para nuevas formas de gobernanza.

la inversión por sectores, lo cual puede

considerarse insuficiente para atender los

multifacéticos problemas rurales, pese al

esfuerzo que se proyecta en relación con los

planes anteriores.

Ese presupuesto está diseñado más

para atender los requerimientos de

modernización productiva (infraestructura

de riego, tecnología, asistencia técnica y

apoyos tipo subsidios) que para modernizar

la sociedad rural y transformarla. La política

se expresa más en el presupuesto público

y las capacidades de su ejecución, ya que

los aportes del sector privado son solo

indicativos pues no obligan. No es claro

cuánto presupuesto requiere el sector,

el cual solo puede construirse una vez

definida la política, las estrategias y lo que

se quiere hacer con la ruralidad. En los

planes de desarrollo el presupuesto es una

herramienta instrumental para un modelo

de desarrollo modernizante en marcha,

el cual ha sido cuestionado por su fracaso

en resolver los problemas de pobreza, los

conflictos y la gran desigualdad existente

en el sector (Indh 2011).

Diferenciar las políticas de acuerdo con

los grados de ruralidad de los territorios

o de los municipios agrupados, como lo

propone el Informe Nacional 2011, es un

asunto que podrían gestionar las secretarías

de Agricultura y las oficinas de planeación

departamentales. Se trata de priorizar y

graduar la aplicación de los instrumentos

definidos para el desarrollo rural según

las características de los municipios o

sus agrupaciones en los territorios. Ese

es un campo en que puede avanzar la

política de manera rápida para atender las

demandas diferenciadas de los pobladores,

manteniendo las líneas generales del

desarrollo rural.

La política pública requiere cambios

en su sistema de diseño. No puede seguir

siendo atributo de la tecnocracia, no

siempre bien informada o experimentada

sobre la problemática rural. Tanto el

Departamento Nacional de Planeación

(Dnp) como el Ministerio de Agricultura y

Desarrollo Rural requieren avanzar más en

el conocimiento integral del problema rural.

La articulación academia - organizaciones

sociales-diseñadores de políticas es una

propuesta hecha en el pasado que no ha

tenido respuestas. Esa articulación solo se da

en el ámbito de la contratación de expertos

por tiempos cortos para elaborar documentos

y recomendaciones sin el debido contacto

con la realidad. Las misiones contratadas

para analizar problemáticas específicas,

como la pobreza, la equidad, se centran en

grupos en los que predomina por lo general

un pensamiento único y, por tanto, se quedan

cortos en los análisis y las recomendaciones.

Sería necesario revisar esas metodologías

para avanzar más allá de las concepciones de

la academia o de organismos internaciones,

sin desconocer su importancia.

Una política de desarrollo rural puede

construirse desde el centro y una articulación

con los territorios, en un proceso dinámico

de arriba hacia abajo y de abajo hacia

© CORTESÍA A.M RODRÍGUEZ / Acnur

12 • Hechos de Paz


arriba. Pero esta es una fórmula con fuertes ingredientes políticos y pocos

elementos instrumentales prácticos, por los factores de poder entre quienes

toman las decisiones y la naturaleza del modelo de desarrollo.

Para un desarrollo rural con enfoque territorial, la instrumentalización

de esa metodología se hace relevante, pues las experiencias

latinoamericanas muestran que la diversificación de la participación

en los arreglos institucionales para la promoción del desarrollo de los

territorios es fundamental para alcanzar buenos resultados, así como lo

son los acuerdos elaborados entre los actores.

La política de desarrollo rural requiere de mucho conocimiento y este

no solo existe en la tecnocracia ilustrada de nivel central. Mucho de él

está en las regiones y localidades del país, en organizaciones formales

e informales, en las instancias públicas y privadas, en los centros de

investigación y de pensamiento de los territorios, con sus diferencias de

visiones y concepciones que enriquecen el debate.

El ámbito de las políticas públicas

para el desarrollo rural

El campo de las políticas es muy amplio si se adopta la concepción del

desarrollo rural como transformación de los territorios, en el que opera

una ruralidad amplia y en el que la ruralidad es un continuo que alcanza

grados diferenciados. El estadio de las políticas cubre un espectro amplio,

que se puede centrar en:

1. El desarrollo productivo y agroindustrial, estímulos a la producción y

la inversión extranjera.

2. El tratamiento a los factores de producción (tierra, capital, trabajo,

tecnología) y el desarrollo de sus mercados.

3. La especial consideración de la política de tierras.

4. Las políticas referentes al comercio y los mercados (protección o desprotección

© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL

al aparato productivo).

5. Las políticas orientadas al desarrollo

social y político, al aumento y potenciación

de las capacidades, a la seguridad

DINAMARCA

Pionera de la vía campesina en Europa

y la justicia, con las diferenciaciones étnicas

“En el curso del siglo XVIII, la monarquía apoyada por la burguesía comerciante opta por

y de género.

liberar a la pequeña agricultura del yugo feudal. Impone un estatuto de arrendamiento

moderno desde 1786, crea una banca pública para ayudar a los campesinos a comprar

6. Los bienes públicos.

la tierra, desarrolla la enseñanza obligatoria. Se apoya sobre sindicatos agrícolas muy

organizados, quienes construirán un sistema cooperativo poderoso. El modelo danés

7. La seguridad alimentaria, los biocombustibles

y la minería.

constituye el prototipo de las políticas agrícolas modernas”.

Tomado de: “Estado y sociedades civiles, acceso a la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades

8. El manejo de los recursos naturales y el

cambio climático.

para nuevas formas de gobernanza”.

9. La articulación rural-urbana, la convergencia

entre esos dos ámbitos y las regiones,

y las integraciones horizontales

KENIA

Abriendo el mercado

y verticales en el territorio.

Entre 1990 y 2007 este país realizó una serie de reformas de políticas que “contribuyeron 10. El ordenamiento territorial.

al rápido crecimiento de la inversión privada en la comercialización de fertilizantes y

No puede afirmarse que el país

maíz, que ha tenido como resultado una drástica reducción del tiempo, el esfuerzo y

desconoce estos campos; tiene experiencias

los costos relacionados con la adquisición de fertilizantes y la venta de los excedentes

en muchos de ellos, con tratamientos de

de la producción de maíz. La distancia promedio que los pequeños agricultores tenían

carácter sectorial, no territorial. Y ese se

que recorrer para comprar fertilizantes se redujo a la mitad entre 1997 y 2007, y se han

constituye en el desafío del momento:

observado reducciones similares en las distancias recorridas para la venta del maíz. La

cómo pasar de una visión tradicional de

proporción de pequeños agricultores que usan fertilizantes para el maíz durante la temporada

principal de cultivo aumentó de 56% en 1996 a 70% en 2007, contribuyendo a

las políticas agropecuarias a una nueva,

fundamentada en el desarrollo territorial

aumentar los rendimientos y la disponibilidad de este cultivo básico vitalmente importante

para los consumidores de Kenia”.

rural y en la que es necesario combinar las

actuaciones y la articulación de mercados,

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

sociedad y Estado. No se trata solo de

Hechos de Paz • 13


hacer adecuaciones instrumentales; es

necesario avanzar con la innovación en

visiones, metodología, prácticas, acuerdos,

etc. Este es un reto no solo para el sector

público sino que compromete también, y

de manera importante, a la sociedad civil

e implica replantear los criterios usados de

responsabilidad social de los empresarios.

Recomendaciones

El Informe Nacional 2011 ha recomendado

una Reforma Rural Transformadora

que busca contribuir a la solución de los

problemas de pobreza, inequidad y conflictos

en el sector rural. Parte de esa propuesta

es la de conformar una red académica,

social e institucional para la ruralidad, que

permita mantener el debate sobre la problemática

rural y mejorar el conocimiento

para el diseño de políticas y la elaboración

de propuestas, con el fin de llegar a acuerdos

sobre el tratamiento de temas críticos

para el desarrollo rural.

Se trata de una red autónoma, no gubernamental,

con una coordinación nacional

y nodos regionales o territoriales,

fundamentada en grupos de investigación

articulados con las organizaciones sociales

y las entidades públicas y privadas respectivas

y con organizaciones internacionales.

Estos grupos no solo aportarían elementos

para el debate, también propuestas para la

resolución de problemas y ayudarían a estimular

una nueva generación de profesionales

que reconozcan la importancia de lo

rural para el desarrollo. La red tiene como

finalidad esencial acordar propuestas que

puedan hacer parte de la política pública

para enfrentar, con seriedad, con información

y conocimiento cierto, problemas

considerados críticos para el desarrollo. Se

mantendría por un periodo suficiente para

generar efectos transformadores; No puede

ser un mecanismo de corto o mediano plazo.

Tendría instrumentos para evaluar permanentemente

su desempeño y suficiente

flexibilidad para enfrentar los temas. Esta

red requiere de una agenda de trabajo e

investigación acordada en sus inicios, que

pueda traducirse tanto en un programa de

investigación, como de debates y reflexiones

permanentes para apoyar las políticas

públicas para el desarrollo rural.

Con la red se estaría recuperando, en

parte, el espacio perdido en el país en los

últimos 25 años en materia de debates y

propuestas sustentadas para el desarrollo

rural. El país no puede darse el lujo de

seguir diseñando políticas públicas solo

desde el nivel central y sin diagnósticos

acordados y suficientemente debatidos.

La tecnocracia sola siempre tendrá visiones

parciales e interesadas sobre la realidad

rural, que muchas veces obedecen

a postulados de pensamiento único que

instrumentaliza lineamientos de políticas

estilizadas para el crecimiento sin tener

en cuenta la realidad, como ha sucedido,

con pocas excepciones, en las dos últimas

décadas.

Esta red puede empezar a operar con

un consejo directivo en el que tengan

representación Colciencias, el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural, la universidad

pública y privada y organizaciones sociales

representativas de orden nacional. Una

entidad internacional podría servir de

promotora y coordinadora inicial de la

red para poner en marcha la iniciativa

y empezar a buscar los recursos para su

funcionamiento. La red contaría, además,

con un comité técnico que elaboraría la

propuesta de trabajo, sus modus operandi,

el tipo de articulaciones con las regiones

y los territorios y las propuestas sobre la

conformación de los nodos territoriales.La

red puede empezar a funcionar con unos

pocos nodos territoriales que se podrían ir

ampliando según la dinámica del proceso y

los recursos disponibles.

NEPAL

Ver el bosque a través de los árboles

A partir de la década de los 70 (1978) se realizaron reformas políticas y legislativas para que el acelerado desarrollo agrícola respetara el

medio ambiente y la comunidad tuviera participación en la decisión sobre el manejo de los bosques, un recurso natural importante de

Nepal. “El país cambió de una agenda centrada en la conservación a una estrategia de base más amplia que abarcaba el uso del bosque, el

desarrollo empresarial y las mejoras en los medios de vida. Al combinar la silvicultura con la agricultura en un marco que incluye el aprendizaje

a través de la experiencia, una fuerte red de la sociedad civil y formulación progresiva de políticas, Nepal ha convertido la silvicultura

comunitaria en un contribuyente importante a la seguridad alimentaria de aproximadamente 1,7 millones de hogares rurales. Para 2009,

una tercera parte de la población de Nepal estaba manejando directamente más de un cuarto del área forestal del país, usándola como

fuente de materias primas, ingresos y empleo”.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

14 • Hechos de Paz


Ecuador y sus estrategias

articuladoras territoriales

Por Luis Lobo Guerra

Oficial Técnico del Fondo España-Fao . América Latina y el Caribe

Aunque en los últimos años

la mayoría de los países han

ampliado su agenda social

e implementan programas

de fomento productivo y

desarrollo social dirigidos a poblaciones

rurales, hay un desencanto con los impactos

logrados, que se consideran menores a

los esperados. Esto es particularmente

evidente en territorios en los que predomina

la población indígena, históricamente

excluida de los programas públicos de

fomento productivo y desarrollo social.

Una de las principales causas de ese

desencanto es la desarticulación de la

acción pública sectorial en los territorios.

En forma dispersa se ha pretendido

resolver desafíos que, como el hambre

y la desnutrición crónica infantil, son

multisectoriales y requieren para su solución

de la participación ciudadana. Además,

estas políticas sectoriales no reconocen las

desigualdades territoriales que existen en

cada país, lo que lleva, entre otros aspectos,

a que los territorios tengan capacidades

institucionales y sociales desiguales. Estos

son elementos clave para lograr la eficiencia

y el impacto de las políticas y los programas

ya que se la ‘juegan’ precisamente en los

territorios. Por otro lado, los impactos de las

políticas públicas son también atenuados

ante la escasez de recursos humanos

calificados, que exige la gestión de nuevos

programas y modelos de gestión de las

políticas públicas.

En estos últimos años se ha demostrado

el compromiso de los gobiernos de los

países andinos, entre ellos Ecuador, en su

lucha contra el hambre y la inseguridad

alimentaria, sobre todo en los territorios

rurales. Se destacan los siguientes aspectos:

i) nuevos marcos institucionales diseñados

para reducir el hambre y fortalecer la

seguridad alimentaria y nutricional (San) o

cambios constitucionales o leyes especificas

que declaran el derecho a la alimentación

como responsabilidad del Estado; ii) nuevos

órganos de coordinación interministerial y

multisectorial, tanto en el nivel nacional como

territorial; iii) ofertas públicas mejoradas

en materia de seguridad alimentaria y

nutricional a través de programas y políticas

articuladas territorialmente en diálogo con

la demanda social y iv) la Iniciativa América

Latina y el Caribe sin Hambre de los países

de la región, que ha permitido compartir

experiencias y avanzar hacia una visión

regional en la materia. Esto se ha convertido

en el marco de referencia de la estrategia de

la Oficina Regional de la Fao para América

Latina y el Caribe (Faorlc) en el área de

seguridad alimentaria.

Lecciones aprendidas

Para entender el caso Ecuador, a continuación

se presentan algunas lecciones de

la implementación de un nuevo modelo de

gestión de políticas públicas con la aplicación

de su Estrategia Acción Nutrición (Ean), una

iniciativa nacional con enfoque territorial.

La erradicación de la desnutrición crónica

infantil en Ecuador es posible gracias

a un nuevo modelo de gestión de las políticas

públicas que reconoce las desigualdades

territoriales. Ecuador, como otros países de

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / FAO

la región, mantiene una lucha permanente

contra la desnutrición crónica severa (disminución

del retraso en talla para la edad),

como se evidencia en el Plan Nacional del

Buen Vivir 2009-2013, en el que se propone

reducir la problemática en niños y niñas del

26% (dato de 2006) al 14,3 % (2013). Es una

meta ambiciosa, pero posible y que se ha ido

alcanzando. En las regiones de intervención

de la Ean, se ha reducido en más del 50% en

estos tres últimos años (según la Estrategia

Acción Nutrición, Ministerio de Coordinación

de Desarrollo Social, 2012).

Se requiere un marco institucional y normativo

que dé soporte a los procesos de articulación

de programas y políticas en los territorios.

Ecuador ha desarrollado una importante labor

en el diseño de un marco institucional

y normativo alrededor de la lucha contra la

pobreza y la inseguridad alimentaria y nutricional.

El 30 de marzo de 2007, mediante

Decreto Ejecutivo, se conformó el Consejo

Sectorial de Políticas de Desarrollo Social,

presidido por el(la) Ministro(a) de Coordinación

de Desarrollo Social, con el objetivo

de concertar las políticas y las acciones que

en el área social adopten seis ministerios y

Hechos de Paz • 15


dos secretarías nacionales. Como parte de

la ‘agenda social’, y teniendo como marco

el Plan Nacional de Buen Vivir, el Consejo

ha definido prioridades, entre ellas combatir

la malnutrición, que catalogó como

“un problema multicausal que requiere una

Ministerio de Coordinación de Desarrollo

Social está la de diseñar y poner en operación

“proyectos y estrategias” que marquen

un nuevo esquema para la implementación

de políticas. Así nace la idea de implementar

una estrategia integradora que articule

Los impactos de las políticas públicas son también

atenuados ante la escasez de recursos humanos

calificados, que exige la gestión de nuevos programas

y modelos de gestión.

respuesta intersectorial” que demanda “la

intervención coordinada de instituciones

representativas de más de un sector, y que

oriente a convertir la cooperación fortuita

o casual entre instituciones, en acciones de

cooperación institucionalizadas, mediante

políticas nacionales o locales, debidamente

concertadas”. Asimismo, el Consejo diseñó

la Política Nacional Acelerada de la Malnutrición

Infantil en Ecuador, con miras a mejorar

la atención pública a la niñez.

El desarrollo de la estrategia incluye reconocer

el papel de los territorios y los ciudadanos

en el nuevo modelo de gestión de las políticas

públicas. Entre las competencias del

las acciones de las instituciones públicas de

carácter nacional con las responsabilidades

de los gobiernos autónomos descentralizados

y la labor de las organizaciones de la

sociedad civil. En el año 2009, este ministerio

lidera la creación de la estrategia denominada

Intervención Nutricional Territorial

Integral (Inti), luego llamada “Acción

Nutrición”. Esta es una iniciativa de acción

focalizada dirigida hacia las regiones y los

territorios donde los problemas de malnutrición

son más agudos. Su objetivo es mejorar

el estado nutricional de niños y niñas

menores de cinco años de los territorios

intervenidos, involucrando a las familias y

comunidades mediante la articulación

de los principales

programas públicos en torno

Planes de Acción Concertados

a nivel escala cantonal.

Actualmente, la estrategia se

implementa en nueve provincias

(o departamentos, en

Colombia) y 27 cantones (o

municipios).

© CORTESÍA Fao / ECUADOR

La Estrategia Acción Nutrición,

que cuenta con el

apoyo de la Fao, y en concreto

del proyecto Gcp/Rla/169/

Spa “Programa regional para

reforzar los impactos de las

políticas públicas en la erradicación

del hambre y la desnutrición

crónica infantil”, desarrolla

diferentes instrumentos

de gestión claves, entre ellos

los siguientes:

Planes de Acción Concertados

(Pac). Son instrumentos

de planificación intersectorial

y mixto que expresan el consenso

alcanzado entre la oferta

público-privada de intervenciones

y la demanda social de

las comunidades y organiza-

ciones presentes en el territorio. Esto se hace

mediante la aplicación del Enfoque Territorial

Participativo en territorios ‘sociales’

y administrativos priorizados. Su diseño se

ha basado en los enfoques de marco lógico

y de gestión por resultados. Estos planes se

vinculan a los instrumentos territoriales y la

institucionalidad local existentes en el país.

Emprendimientos estratégicos. Se implementan

en el ámbito local como iniciativas

emblemáticas de inversión social

y territorial incluidas en los Pac de cada

cantón. Muestran la eficiencia de la acción

articulada de los diferentes programas

y las instituciones, en el marco

de alguno de los componentes de la estrategia.

Estos emprendimientos se caracterizan

por un enfoque territorial, la

participación de diferentes instituciones

y programas y la participación activa de

los destinatarios.

Sistemas de monitoreo evaluativo territoriales

en línea. Es un instrumento de política

pública de apoyo a la gestión y medición

de resultados de la estrategia por parte de

los destinatarios y en los territorios involucrados.

Desarrolla mecanismos integrados

de monitoreo y evaluación que se instalan

en las instituciones ejecutoras (nacionales

y locales) para fortalecer sus capacidades.

Permiten vincular las acciones y los desembolsos

de los programas y proyectos con

los resultados para generar evidencias medibles

y verificables sobre los indicadores

monitoreados y evaluados periódicamente.

Para tener en cuenta

• Identificar y focalizar la acción alrededor

de programas o instituciones claves para

la solución de problemas complejos facilita

los procesos de comunicación y articulación

en los ámbitos nacional y local.

• Fue acertado que, además del análisis

sobre las múltiples causas de la desnutrición

crónica infantil que permite una

articulación de las políticas sociales y

productivas, la estrategia haya abordado

un enfoque de cumplimiento de

derechos de la niñez e identificado las

institucionales fundamentales que no

podían faltar en el proceso.

• Fue atinada la metodología definida

para la selección de los territorios de

intervención, la cual incluyó el análisis

de los cantones con los indicadores

más críticos desde la perspectiva de la

desnutrición infantil y la pobreza.

16 • Hechos de Paz


3

DESARROLLO

INSTITUCIONAL

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

El desarrollo rural y la

institucionalidad

Por Absalón Machado

Director Académico del Informe Nacional de Desarrollo Humano PNUD 2011, Colombia rural, razones para la esperanza

Uno de los desafíos más

complejo para el desarrollo

rural es la institucionalidad,

entendida como

las reglas de juego, los

acuerdos, las organizaciones, el uso de las

costumbres y prácticas que las comunidades

han ido sistematizando y el desarrollo

de la confianza entre los actores y la gobernabilidad.

Es necesario distinguir el fortalecimiento

institucional del desarrollo de instituciones.

El primero busca la eficiencia y eficacia de lo

existente en lo público y lo privado, podría

decirse, su modernización, la adecuación de

instrumentos a los contextos y la aplicación

de la lógica del costo-beneficio. El segundo

es más complejo, requiere la innovación,

allegar nuevas maneras de hacer las cosas,

nuevos acuerdos, relaciones y reglas de

juego entre los actores y capacidades para

enfrentar choques externos y riesgos,

como el cambio climático. Implica el

cambio de costumbres, dar vía libre a

nuevas iniciativas de las comunidades para

resolver sus problemas, nuevos canales

de comunicación de los actores sociales

con el Estado y el resto del mundo, las

transformación de las organizaciones y

cambios en la cultura institucional.

El fortalecimiento institucional requiere

del conocimiento de nuevas técnicas en

la administración pública y privada, y

el desarrollo institucional exige un gran

conocimiento científico de la naturaleza de

los procesos, las actitudes de las personas,

sus proyectos de vida, la dinámica de los

procesos y sus incidencias en la vida de

las personas y las comunidades. Así, este

es un desafío de la modernización y la

modernidad que exige actores públicos

y privados más calificados y con mejor

conocimiento de la realidad, cuyos ámbitos

se sitúan más allá del funcionamiento

del mercado, pues implican la creación

de nuevas redes de colaboración, la

explotación de complementariedades y el

estímulo a la participación y la iniciativa

social, como lo han indicado Piñero (2009) 1

y Martínez Nogueira (2009) 2 .

1

Piñeiro Martín (2009). Evolución de la institucionalidad

agropecuaria y rural en América Latina y el nuevo

contexto internacional: temas de reflexión. En FAO,

La institucionalidad agropecuaria en América Latina:

estado actual y nuevos desafíos, Martín Piñeiro (coordinador).

Santiago de Chile.

2

Martínez Nogueira, Roberto (2009). La institucionalidad

en la agricultura y el desarrollo rural: consideraciones

para su análisis. En FAO, ibídem.

Hechos de Paz • 17


© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL

Desafortunadamente, como lo indica el

Informe Nacional de Desarrollo Humano

2011 Colombia rural, razones para la

esperanza, “el Estado colombiano no ha

discutido seriamente ni ha hecho una

reflexión consistente sobre el tipo de

institucionalidad requerido para atender

la problemática del campo y crear las

condiciones institucionales que garanticen

una estabilidad en el crecimiento y el

desarrollo rural”. Y las políticas agrarias

han dejado deteriorar la institucionalidad

para el desarrollo rural, mucha de ella

cooptada o capturada en los niveles local

y regional por actores que operan fuera de

la legalidad.

El país se prepara para recuperar el

desarrollo rural como política de Estado; así

se percibe en el proyecto de ley sobre tierras

y desarrollo rural en proceso de diseño. Y la

pregunta es si existen las condiciones para

asumir los cambios que significa trabajar

con un concepto renovado de la ruralidad,

como el mismo proyecto propone al

establecer el desarrollo rural con enfoque

territorial y el territorio rural como “un

espacio histórico y social, delimitado

geográficamente”.

No se trata de un concepto simple de lo

rural, pues al ligarlo al territorio se convierte

en algo complejo que impone un desafío

enorme para la sociedad. Transformar la

ruralidad en el territorio es una tarea de

toda la sociedad liderada por el Estado,

que implica nuevos instrumentos, otras

visiones y concepciones sobre el desarrollo,

nuevos arreglos y relaciones institucionales.

Y el desafío se ubica en agendas

pendientes en áreas de la política pública,

como bien lo han señalado los dos autores

señalados y que se recogen en el Informe

Nacional 2011, como son la provisión de

bienes públicos, facilitar la producción

y asegurar la transparencia de los

mercados, proteger y apoyar los sectores

económicos más débiles (por ejemplo, la

agricultura familiar) y fortalecer la propia

institucionalidad. Además, están el apoyo

a los pobres y la seguridad alimentaria

y nutricional, el medio ambiente y las

prevenciones de los riesgos, sin dejar de

mencionar la superación de los conflictos

que afectan el desarrollo rural.

Cuando el desarrollo rural se concibe en

el ámbito territorial, aparece la disyuntiva

entre centralización y descentralización.

NÍGER

El código rural

La puesta en marcha en Níger del Código Rural es una “experiencia notable” a tener en

cuenta, porque “pone el acento en la construcción progresiva de estructuras de consenso

y gobierno locales que implican a las autoridades tradicionales y facilitan su evolución”.

Así lo advierte la publicación Estado y sociedades civiles, acceso a la tierra y desarrollo

rural: reforzar las capacidades para nuevas formas de gobernanza, que destaca esta experiencia

en busca del desarrollo rural y su construcción como labor con población específica.

“Sobre la base de las prácticas de los ganaderos nómadas se han desarrollado nuevos

conceptos en materia de concepción de derechos, como aquel del ‘territoire d’attache’,

© Foto IRIN

territorio base sobre el cual los nómadas tienen un derecho de uso prioritario, sin que

puedan prohibir el acceso al agua a los usuarios de paso”.

El Código Rural fue desarrollado a través de un proceso participativo e iterativo y es una “herramienta que es a la vez un marco jurídico e

institucional para garantizar los derechos sobre la tierra, para promover una regulación concertada de los conflictos en las zonas rurales

y una gestión sostenible de los recursos naturales”, señala en su página web la Asociación para contribuir a mejorar la Gobernanza de

la Tierra, el Agua y los Recursos Naturales (Agter), organismo internacional sin fines de lucro de derecho francés y autora de la publicación

a petición de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (Fao). Esta experiencia, esta organización

internacional ha construido un módulo de capacitación sobre el Código Rural en Níger, que se brinda internacionalmente e incluye una

película documental y artículos sobre los principales desafíos del desarrollo rural y agrícola en este y otros países de África occidental.

La experiencia del Código Rural la resume así la publicación: “La aplicación del Código Rural fue un proceso lento (más de 10 años), que

necesitó numerosas consultas con los diferentes grupos sociales. Las Comisiones Territoriales registraron los diferentes derechos de los

usuarios a nivel local, asegurando la promoción y la actualización. Lo que resulta original y poco común es el proceso de construcción

de las nuevas modalidades de gobernanza, de construcción de consenso y de organización social. Las Comisiones Territoriales incorporan

las autoridades consuetudinarias que tenían un papel importante en materia de gestión de tierras, pero también otros miembros de

diferentes servicios de la administración, representantes de diferentes usuarios y además ya no trabajan al nivel de la unidad de jefatura

tradicional, sino de varias jefaturas vecinas. El proceso se generalizó poco a poco. Se proyectan nuevos consensos y nuevas concepciones.

El reconocimiento de los derechos de los pastores nómadas, a pesar de que los nuevos conceptos ya estén incorporados en los

textos jurídicos del Código Rural, no está todavía definitivamente conseguido”.

18 • Hechos de Paz


PAÍSES DE ASIA

La Revolución Verde

Los éxitos en el desarrollo rural empezaron en la década de los 60 y se llegó a conocer como la Revolución Verde. “En Asia, esta revolución

empezó con la introducción de variedades mejoradas de arroz y trigo para suelos irrigados que podían cultivarse dos veces al año, en vez

de solo una. El proceso continuó hasta la década de los 90 a medida que los casos de éxito se ampliaban a cultivos de alimentos básicos

menos conocidos, tales como el mijo y el sorgo, y a áreas más marginales que dependían de las lluvias más bien que de la irrigación. Las

inversiones en ciencia y tecnología (junto con inversiones complementarias en sistemas de irrigación, redes de caminos, producción de

fertilizantes y políticas de estabilización de precios de los alimentos) que financiaron la Revolución Verde dieron abundante fruto. Los

agricultores adoptaron rápidamente las nuevas prácticas y tecnologías agrícolas en un grado tan amplio que, entre 1965 y 1990, la producción

y los rendimientos de los cereales se duplicaron, rescatando a India y a otros países asiáticos del borde de la hambruna”.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

Esta se hace compleja en su solución por el

conflicto armado y la operación de grupos

ilegales en los territorios donde el Estado

no tiene el control pleno. Descentralizar

recursos sin ese control puede ser un

suicidio y desprestigio para el desarrollo

rural. Ni tanta centralización que las

comunidades se sientan marginadas en la

toma de decisiones, ni tanta dispersión y

fragmentación en las mismas decisiones

que no permitan la coherencia y la

contundencia de las acciones que realiza

el Estado. El dilema no es excluyente, más

bien puede plantearse como el uso de lo

mejor de cada uno, con una capacidad de

cerrar las vías de la ilegalidad.

Situación actual

Colombia ha asistido a un proceso de

desinstitucionalización en el sector agropecuario,

traducido en un abandono y descuido

notables sobre el desarrollo rural. Las

experiencias del Programa Dri (Desarrollo

Rural Integrado), convertido en fondo de

cofinanciación, del Plan Nacional de Rehabilitación

(Pnr) y de las actividades del

antiguo Incora abrieron un camino convencional

sobre las políticas de desarrollo

rural, siguiendo los postulados de organismos

internacionales. Pero estas experiencias

se fueron echando al olvido a medida

que avanzaban los paradigmas de la apertura

económica definidos en el consenso de

Washington y se intensificaba el conflicto

armado interno, obligando al Estado a concentrar

recursos en combatir la ilegalidad.

Se dejaron a un lado, desvalorizando experiencias

valiosas que en algunos casos mostraron

la virtud de estabilizar algunas sociedades

rurales campesinas. Ese desperdicio

institucional ha pesado enormemente en

la situación actual: un Estado precario en

el sector rural que ha sido desbordado por

la problemática rural y la acción de actores

armados en la ilegalidad. Esa desinstitucionalización

es uno de los fenómenos más

graves en la problemática rural, pues se ha

presentado tanto en el sector público como

en la sociedad civil. Los grupos armados

que operan en la ilegalidad han desestructurado

a las comunidades y sus organizaciones,

han destruido capital social y han

hecho perder la confianza en las instituciones

públicas y en su capacidad de responder

a las demandas de los pobladores. Al

lado, los gremios empresariales se han fortalecido,

entre otras razones por las prebendas

que el Estado ha otorgado al desarrollo

empresarial moderno de la agricultura y los

incentivos a la inversión extranjera.

El desafío es triple: recuperar y

reestructurar lo bueno que se destruyó

durante el conflicto, replantear el campo

institucional para el desarrollo rural en

el proceso de transición del conflicto al

postconflicto y repensar la institucionalidad

para una ruralidad globalizada que

debe encarar el desafío de mantenerse

conservando las identidades existentes y

las que puedan construirse socialmente en

medio de la diversidad y la unidad nacional.

Si la ruralidad hoy ya no es lo sectorial,

ni ese ‘resto’ derivado de las estadísticas

demográficas, y si el Estado piensa en

términos de desarrollo rural con enfoque

territorial, es claro que el actual diseño

institucional no es el indicado. El país no

tiene una reflexión sistemática sobre el tipo

de institucionalidad que requiere para una

ruralidad con modernidad que opere en el

marco de la democracia y la estabilización de

las sociedades rurales, su empoderamiento

y el combate a la ilegalidad.

Cualquiera sea la referencia –si una reforma

rural transformadora como lo propone

el Informe Nacional 2011 del Pnud o

una ruralidad socialmente sostenible según

enunciados del Presidente de la República–,

la dimensión de repensar la institucionalidad

rural requiere de una reflexión sistemá-

© CORTESÍA DORIS PEREZ

Hechos de Paz

• 19


© CORTESÍA GERARD FAYOUX / Acnur

tica, más allá del proyecto de ley de tierras y

desarrollo rural.

Algunas recomendaciones

Una interpretación de los alcances de la

propuesta de reforma rural transformadora

del Informe Nacional 2011 indicaría los siguientes

elementos para una propuesta de

una nueva institucionalidad para el desarrollo

rural.

1. La institucionalidad como resultado de

una construcción social y un proceso

político de acuerdos para el desarrollo,

respetuoso de las identidades, las costumbres

y la diversidad y que reconozca

aspectos relevantes de las instituciones

informales legales construidas por las

comunidades en su práctica social. Ello

incluye, por ejemplo, la incorporación

de las propuestas de desarrollo rural local

validadas por las comunidades.

2. Diferenciar las instituciones y organizaciones

para el desarrollo rural según

los territorios, sean de colonización, de

desarrollos empresariales nuevos (la

altillanura), zonas incorporadas plenamente

a los mercados y la modernización,

como buena parte del área andina,

o áreas que están en proceso de tránsito

de la colonización a la plena incorporación

a la frontera agropecuaria.

3. Fortalecer y desarrollar las capacidades

de las secretarías de Agricultura para

que trabajen más por territorios en sus

respectivos ámbitos administrativosgeográficos

que con base en criterios

homogéneos de la territorialidad. Los

emprendimientos para las economías

empresariales y agriculturas de subsistencia

deben ir de la mano, pero las Secretarías

requieren dar atención prioritaria

a los territorios de las economías

campesinas y de grupos étnicos y, muy

especialmente, al desarrollo institucional

orientado a las mujeres rurales.

4. Fortalecer el diseño de políticas públicas

articuladas con la academia y los actores

sociales, fundamentadas en un mejor conocimiento

de la realidad y sus procesos.

5. Es conveniente que el Ministerio de

Agricultura y Desarrollo Rural recupere

la planeación como un instrumento

esencial de sus tareas de definición de

políticas y que mantenga mecanismos

de evaluación y seguimiento de los programas

y las estrategias definidos.

6. Un elemento fundamental de la institucionalidad

es la información de

calidad. No solo en producción y mercados,

sino en los procesos sociales

rurales, en el conocimiento de la naturaleza,

las limitaciones y las potencialidades

de las organizaciones sociales,

en las estructuras locales y regionales

del poder, en la naturaleza de las clases

sociales rurales, en las articulaciones y

contradicciones entre lo rural y lo urbano

y en las convergencias y divergencias

territoriales y sus causas y consecuencias.

La naturaleza y dinámica

de los conflictos rurales de todo tipo es

una información esencial para la toma

de decisiones públicas, así como lo es

contar con datos que permitan avanzar

en el conocimiento de las estructuras

agrarias existentes, sus conflictos y articulaciones

con todo tipo de actores, con

el Estado y la política. La información es

un instrumento esencial para la transformación

de la institucionalidad rural.

7. El sector rural es un mar de conflictos.

Los mecanismos de resolución de conflictos

en el sector rural son un asunto

pendiente en la agenda pública.

8. La articulación competente del Ministerio

de Agricultura con otras instancias

del Estado, como el medio ambiente,

la minería, la salud o la educación,

hace necesario reinventar mecanismos

que logren propósitos claros y eficaces

para los pobladores rurales.

9. Nuevas instituciones y mecanismos para

enfrentar adecuadamente el cambio climático

y los riesgos que existen sobre las

actividades rurales y su sociedad es parte

de las nuevas agendas en construcción

que requieren de una buena reflexión

por su complejidad y articulación con las

demás instancias estatales.

10. Todos los instrumentos para la modernización

productiva (asistencia técnica,

crédito, desarrollo de mercados, apoyos

y subsidios, riego, infraestructura social

y productiva, etc.) requieren una revisión

y actualización para mejorar su eficacia.

11. El rediseño del Incoder está pendiente

para ubicarlo en el desarrollo rural con

enfoque territorial, la generación de

conocimientos sobre la realidad rural y

las relaciones rurales-urbanas, la planificación

en el territorio, la construcción

de institucionalidad local para el desarrollo

rural, la definición de estrategias

y la articulación con los territorios, para

El desafío es triple: recuperar y reestructurar lo bueno

que se destruyó durante el conflicto, replantear el campo

institucional para el desarrollo rural al postconflicto

y repensar la institucionalidad.

que deje de ser un ente esencialmente

ejecutor de multitud de acciones y camine

hacia una especialización compartida

con otras organizaciones públicas

y privadas.

12. Avanzar en la reflexión sobre cómo

transformar las actuales culturas institucionales

para cambiar visiones, propuestas

y maneras de hacer las cosas.

20 • Hechos de Paz


Brasil: del apoyo agropecuario a la

dinamización de los territorios rurales

Por Luiz Carlos Beduschi Filho,

Profesor de la Universidad de São Paulo (USP)*

La creación del Programa Nacional

de Fortalecimiento de la

Agricultura Familiar (Pronaf)

en 1996 es un hito importante

en esta historia de Brasil en

busca de su desarrollo rural para superar la

pobreza de sus habitantes y aumentar sus

libertades y oportunidades.

En primer lugar, en el proceso de Brasil

hay que subrayar la importancia del vínculo

entre los avances conceptuales y las dinámicas

sociales que han impulsado los cambios

institucionales.

En el debate académico se empezó a hablar

de la categoría de agricultura familiar,

entendida como aquella en que la propiedad,

la gestión y el trabajo provienen, en su

mayoría, de la familia. Con esta definición

se evitan prejuicios como aquellos que asocian

el carácter familiar de la finca a una

pequeña producción, a una producción de

subsistencia o de baja tecnología. La introducción

de esta nueva categoría, asociada a

su uso operativo en iniciativas, proyectos y

programas, permitió evidenciar –a través de

los datos del Censo Agropecuario de 1996–

la potencialidad de esta agricultura familiar,

que aun sin el apoyo de las políticas públicas

ya era responsable de entre el 35% y el

40% del valor total de la producción del sector

agropecuario.

Pero más que una categoría analítica, la

agricultura familiar fue incorporada como

un rasgo de identidad por una parte significativa

de los movimientos sociales rurales,

en especial de la Confederación Nacional de

los Trabajadores en la Agricultura (Contag -

www.contag.org.br), que lograron ampliar

su capacidad de influenciar las políticas públicas,

reivindicando el apoyo más decisivo

del Estado brasileño.

El principal obstáculo para que esta

agricultura familiar fuera más productiva

era el de las problemáticas alrededor del

acceso al crédito. El Programa Nacional de

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar

se constituye, entonces, como un programa

público que facilita el acceso al crédito (con

tasas de interés subsidiadas), asociado a capacitación

y a inversiones en infraestructura

en los municipios rurales. Se conforman,

además, los Consejos Municipales de Desarrollo

Rural Sostenible (Cmdrs), que producen

cambios significativos en las dinámicas

sociales, políticas y económicas de muchos

municipios rurales del país.

Desde entonces, el Programa Nacional

fue diversificando su actuación y ampliando

la escala del apoyo al fortalecimiento de

la agricultura familiar en Brasil. En 2006, se

consolida en ley la Política Nacional

de Agricultura Familiar, y

los datos del Censo Agropecuario

de 2006 muestran claramente lo

acertado que fue esta opción de

política. Representando el 84,4%

de los establecimientos del país y

ocupando apenas 24,3% del área,

la agricultura familiar es responsable

del 87% de la producción

de yuca, 70% de la producción de

frijol, 46% de maíz, 38% del café,

34% del arroz, 58% de la leche,

59% de cerdos, 50% de aves, 30%

de ganado y 21% del trigo.

La cooperación técnica de

organismos internacionales,

como la Organización de Naciones

Unidas para la Alimentación

y Agricultura (Fao), el Instituto

Interamericano de Cooperación

Agrícola (IIca) y el Programa de

Naciones Unidas para el Desarrollo

(Pnud), también fue importante

para estimular el debate

sobre el desarrollo rural en Brasil.

En una estructura productiva

dual como la brasileña –en que

grandes propiedades con monocultivos

y mano de obra asalariada

conviven a lado y lado con

propiedades familiares– la cons-

titución, en 2000, del Ministerio de Desarrollo

Agrario (www.mda.gov.br), en coexistencia

con el Ministerio de Agricultura,

Pecuaria y Abastecimiento, fue la solución

implementada para la conducción de una

política pública unida a lo rural.

Del sector agropecuario al

desarrollo territorial rural

Si los años de la década de los 90 estuvieron

marcados por el reconocimiento y la

creación de políticas de apoyo a la agricultura

familiar, a partir de 2000 otros temas

emergen e influyen en nuevos cambios ins-

*Coautor de la publicación Desarrollo territorial rural: análisis de experiencias en Brasil, Chile y México.

http://www.each.usp.br/beduschi

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

Hechos de Paz

• 21


titucionales en Brasil. Por un lado, la puesta

en marcha, en el año 2003, del Programa

Hambre Cero, que pone en la agenda pública

la cuestión de la seguridad alimentaria y

nutricional. La idea principal es que el combate

al hambre y a la desnutrición, además

de un imperativo ético, es una oportunidad

para dinamizar las economías locales, fortalecer

la agricultura familiar y estimular

cambios en las estructuras de poder en los

municipios más aislados del país. Una de

las innovaciones institucionales fueron los

Consorcios Municipales de Seguridad Alimentaria

y Desarrollo (Consad), que estimularon

la participación de la sociedad civil

y ampliaron el control social de la política

pública. En el nivel nacional, se fortaleció el

Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria

(Consea), con amplia participación de las

organizaciones de la sociedad civil.

También es importante subrayar la decisión

del Estado de volver a cumplir su

papel en el desarrollo rural. El Programa

de Adquisición de Alimentos (Paa) es un

ejemplo de esta determinación, al garantizar

un horizonte más estable para que los

agricultores familiares puedan acceder a

nuevos mercados. Programas como huertos

escolares, alimentación escolar, comedores

populares, entre otros, crean mercados que

son más permeables a la participación de

los agricultores familiares. Otro ejemplo es

la Política Nacional de Asistencia Técnica y

Extensión Rural para la Agricultura Familiar

(Pnater), que recupera la capacidad del Estado

de proveer apoyo técnico a los agricultores

familiares del país.

Por otro lado, en Brasil se reconoce de

forma cada vez más intensa la importancia

de la dimensión territorial del desarrollo ru-

Más que un espacio geográfico en el que se desarrollan

determinadas actividades, en Brasil los territorios

son construcciones sociales que reflejan los lazos

entre los actores que los constituyen y que forjan una

determinada identidad.

ral. Más que un espacio geográfico en que

se desarrollan determinadas actividades, los

territorios son construcciones sociales que

reflejan los lazos entre los actores que los

constituyen y que forjan una determinada

identidad. En 2004, estos avances conceptuales

conllevan a otra innovación institucional,

con la creación de la Secretaría de Desarrollo

Territorial (Sdt) en el ámbito del Ministerio

de Desarrollo Agrario (http://www.mda.gov.

br/portal/sdt/) y la implementación del Programa

Nacional de Desarrollo Sostenible de

Territorios Rurales (Pronat).

Este Programa inició su trabajo, en

2004, identificando 65 territorios rurales

y pasando de 118 en 2006 a 164, a fines de

2010. En cada territorio fue constituido

un Colegiado Territorial con participación

de organizaciones de la sociedad civil y

de los poderes públicos local, regional

y nacional. Los colegiados territoriales

elaboraron sus Planes Territoriales de

Desarrollo Rural Sostenible (Ptdrs), que

deben expresar la visión estratégica que

tienen los participantes de este espacio

público de planificación sobre el futuro

del territorio. De hecho, la experiencia

del Programa Nacional en los territorios

está apoyada en la idea según la cual la

participación social es un motor principal

para impulsar los cambios necesarios en

el mundo rural. En el nivel nacional, el

Programa se apoyó en el fortalecimiento

del Consejo Nacional de Desarrollo Rural

Sostenible (Condraf) como instancia de

articulación interministerial.

A partir de 2008, el Pronat da un paso

más para brindar un apoyo articulado a los

territorios rurales con la creación, a comienzos

de ese año, del Programa Territorios de

Ciudadanía (www.territoriosdacidadania.

gov.br), el cual ha priorizado su atención en

120 territorios, conformados por los municipios

con el menor índice de desarrollo humano

del país y con gran concentración de

beneficiarios del Programa Bolsa Familia. En

estos territorios se ejecutan, de forma articulada

y alineada, acciones de 22 ministerios

con el objetivo de superar la pobreza rural y

dinamizar las economías territoriales.

Estas transformaciones institucionales

en Brasil reflejan el dinamismo actual del

mundo rural, que demanda nuevos modelos

interpretativos y, sobretodo, creatividad para

hacer frente al reto de superar la pobreza y

ampliar las libertades de los habitantes de

los territorios rurales de nuestros países.

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao


4

EL CAPITAL HUMANO

Fortalecer el capital

humano: condición para

las libertades ciudadanas

Con la aprobación de la Ley

de Víctimas y Restitución de

Tierras, la formulación del

proyecto de ley de tierras y

desarrollo rural, la publicación

del Informe Nacional de Desarrollo

Humano del Pnud 2011 Colombia rural,

razones para la esperanza, y las exigencias

de los pobladores rurales, el país ha vuelto

a pensar en la importancia estratégica de

lograr el desarrollo del mundo rural no solo

como fuente de oportunidades económicas,

sino también como camino para avanzar

en la construcción de una paz duradera.

El Informe 2011 muestra cómo, a pesar de

los avances de Colombia en su índice nacional

de desarrollo humano, se mantienen

profundas inequidades regionales, que se

reflejan en condiciones de vida desiguales.

En las zonas rurales, el 64,3% de la población

se encuentra en situación de pobreza y

el 29,1% en pobreza extrema (Merpd-Dnp,

2005). En los centros urbanos, en promedio,

la pobreza es 2,3 veces menor que en los municipios

de alta ruralidad, debido a las condiciones

de marginalidad en las viviendas, la

falta de acceso y disponibilidad de servicios

públicos, la baja escolaridad y escasas posibilidades

de generación de ingresos y empleo

dignos y permanentes (Indh, 2011, p. 65).

La lucha por la subsistencia diaria

obstaculiza el ejercicio de las libertades

ciudadanas de los habitantes de los territorios

rurales, situación que se torna

más dramática en algunos grupos poblacionales,

cuyas particularidades culturales

generalmente no son tomadas en

cuenta.

Colombia se caracteriza por ser una nación

con una gran diversidad socio-cultural

y étnica. En el país existen oficialmente, según

el Dane, tres grupos de minorías étnicas,

diferenciados por las particularidades

propias de cada uno: indígenas (3,40% de la

población nacional), afros (10,60% auto-reconocidos

como afrocolombianos, negrosmulatos,

raizales y palanqueros) y rom o

gitanos (0,01%).

No obstante los esfuerzos emprendidos

por el Gobierno nacional en materia de

escolaridad, persisten altos niveles de

analfabetismo en las poblaciones indígenas

y afros. La información del Censo 2005 del

Dane permitió establecer que la población

indígena tiene la tasa más baja de

alfabetismo en relación con la de los demás

grupos poblacionales: 62,4% en las áreas

Hechos de Paz • 23


© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL

rurales y 84,5% entre los indígenas que

habitan áreas urbanas (48% mujeres y 52%

hombres del total de población indígena

alfabeta).

Para el caso de la población afro, en

Chocó , de acuerdo con la encuesta de

calidad de vida de 2008, mientras la tasa de

analfabetismo nacional en las áreas rurales

es igual al 14,90%, en la zona rural de este

departamento es igual a 26,10%.

que habitan, los derechos humanos y

libertades fundamentales de los pueblos

indígenas y afros se han visto afectados con

mayor crueldad por el conflicto armado

interno y la actividad del narcotráfico. Esto

ha ocasionado el desplazamiento forzado

de muchas de estas comunidades, que

también se han visto obligadas a huir por el

riesgo de reclutamiento forzado de jóvenes,

niños y niñas por parte de los grupos

BURKINA FASO Y NÍGER

Redescubriendo las

prácticas tradicionales

En la década de los 80 se transformó un

árido paisaje de la región del Sahel en

tierra agrícola productiva, gracias a que

se redescubrieron los conocimientos comunitarios

y las prácticas tradicionales

de gestión agrícola. Con el apoyo técnico

de importantes líderes comunitarios

y organizaciones no gubernamentales,

y ante las constantes sequías, “los agricultores

empezaron a innovar introduciendo

prácticas simples: proteger y manejar

los árboles y arbustos autóctonos

entre cultivos para brindar forraje y leña

y aumentar la fertilidad del suelo, cavar

hoyos en tierras infértiles y degradadas

para concentrar estiércol y agua de lluvia

para plantar y construir terraplenes con

contornos de piedra” para controlar el

agua de las lluvias y combatir la erosión.

“En la Meseta Central de Burkina Faso, la

rehabilitación de entre 200.000 y 300.000

hectáreas de tierra se tradujo en cerca de

80.000 toneladas adicionales de aproximadamente

medio millón de personas

en la región. En el sur de Níger, se estima

que esfuerzos similares han transformado

unos 5 millones de hectáreas de tierra,

aumentando la seguridad alimentaria de

al menos 2,5 millones de personas”. Estas

experiencias de innovación se siguen

aplicando actualmente.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos

demostrados en desarrollo agrícola.

Las desigualdades que afronta la población rural le

plantea al país el reto de realizar reformas estructurales

que viabilicen el acceso de todos los ciudadanos y las

ciudadanas rurales al pleno goce de sus derechos y

libertades.

© Foto IRIN

La situación de la salud en las

poblaciones indígenas y afros se caracteriza

por una deficiente calidad y baja cobertura

de los servicios públicos, lo que ocasiona

desnutrición infantil y una alta incidencia

de enfermedades transmisibles que

producen, a su vez, una elevada tasa de

mortalidad infantil.

Con relación a la seguridad humana, ante

la ubicación estratégica de los territorios

armados ilegales, como lo ha señalado la

Corte Constitucional.

Si bien es cierto que el desplazamiento

forzado de la población rural afecta

tanto a hombres como a mujeres en una

proporción similar, a partir de 2005 la

mayor expulsión ha sido de mujeres (52%

del total de personas inscritas en el Registro

Único de Población Desplazada - Rupd) y

jóvenes menores de 24 años (65% del total

de personas inscritas en el Rupd), según

el VII informe de verificación sobre el

cumplimiento de derechos de la población

en situación de desplazamiento, elaborado

por la Comisión de Seguimiento a la Política

Pública sobre Desplazamiento Forzado,

en octubre de 2008. Este mismo informe

ha destacado que la edad promedio de la

población desplazada a escala nacional es

de 21 años.

24 • Hechos de Paz


ARGENTINA Y PAÍSES DE ASIA

Dejando atrás el arado

En algunos países se dejó a un lado el arado para probar nuevas técnicas de gestión de cultivo. En Argentina, en la década de los 80,

“agricultores, investigadores, trabajadores de extensión y empresas privadas trabajaron conjuntamente para promover el cultivo sin laboreo:

una técnica de gestión de cultivos en la que los agricultores básicamente plantan semillas en campos sin arar para maximizar las

ganancias resultantes de las dobles cosechas intensivas y para reducir los costos de degradación de la tierra, conservar la fertilidad del

suelo y economizar los escasos recursos hídricos. Para 2008, el área de terreno cultivado sin laboreo alcanzó casi 22 millones de hectáreas.

El uso del cultivo sin laboreo, junto con la introducción de variedades de soya resistente a los herbicidas y otros factores, aumentó

la fertilidad de la tierra, revirtiendo décadas de erosión, creó unos 200.000 nuevos empleos agrícolas y brindó al mercado internacional

nuevos suministros de soya, que ayudaron a mantener bajos los precios globales de los alimentos”.

Esta nueva técnica también fue usada en los años 80 por los pequeños agricultores de una región que comprende partes de India, Nepal,

Pakistán y Bangladesh (la llanura indo-gangética). “Desde que empezaron estos experimentos, unos 620.000 agricultores que cultivan

trigo han adoptado alguna forma de cultivo sin laboreo, lo que representa cerca de 1,8 millones de hectáreas de tierras en la llanura

Indo-Gangética y genera aumentos promedio de ingresos de $180-$340 por hogar, particularmente en los estados indios de Haryana y

Punjab”. Las experiencias de estos países se iniciaron en 1989 (Argentina) y 1995 (Asia) y aún están en marcha.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

FRANCIA

La experiencia de la gestión

territorial de la SCTL

Las 6.300 hectáreas de tierra recuperadas

después de 10 años de lucha de los campesinos

de Larzac, contra la expansión

de un campo militar, fueron administradas

según la modalidad que ellos concibieron

desde la perspectiva de contribuir

al debate sobre la constitución de “juntas

territoriales”, una reforma sustancial que

finalmente no vio la luz. La tierra ha quedado

como propiedad del Estado, que la

pone a disposición de los habitantes por

medio del arrendamiento enfitéutico por

periodos de 60 años renovables. Se creó

una estructura específica para administrar

esas tierras, la Sociedad Civil de

Tierras del Larzac (Sctl). Sus miembros

son personas físicas y jurídicas, que representan

a los diferentes habitantes de

la región. Los campesinos son mayoría.

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

La situación de las mujeres rurales

continúa siendo de alta vulnerabilidad.

El Informe 2011 identifica la triple

discriminación de las mujeres rurales: por

ser mujeres, por ser rurales y, muchas de

ellas, por ser víctimas del conflicto armado.

Hay que tener en cuenta, además, la

incidencia de la jefatura femenina en el

sector rural, que es alta, según la Encuesta

Continua de Hogares (Ecv de 2008): en

el 81,6% de estos hogares las mujeres no

tienen cónyuge y en el 44,6% de los casos,

además de no tenerlo, tienen al menos un

hijo de menos de 18 años.

Los retos

Las desigualdades que afronta la población

rural frente al desarrollo como libertad

de elegir el modo de vida, con mayor pro-

La Sctl decide la política de desarrollo a

adoptar y privilegia el establecimiento de

nuevos agricultores más que el aumento

de tamaño de los arrendamientos existentes.

Arrienda la tierra a los productores

familiares por medio de contratos vigentes

hasta que alcanzan la jubilación.

Establece también contratos para el uso

de otros bienes no agrícolas, como la vivienda,

los derechos de caza, las formas

de mantener el control de recursos.

La Sctl consiguió combinar la protección

de los productores familiares y la gestión

colectiva del territorio por sus habitantes.

Tomado de Estado y sociedades civiles, acceso a

la tierra y desarrollo rural: reforzar las capacidades

para nuevas formas de gobernanza

Hechos de Paz • 25


BANGLADESH

Diversificación hacia dietas sanas

Ante la baja calidad de la dieta alimentaria (deficiencias en vitamina C, zinc, hierro y otros nutrientes) y por el efecto de esta problemática

en la seguridad alimentaria de la población en situación de mayor vulnerabilidad, se desarrolló en este país un programa que ha sido

catalogado como innovador. El programa, iniciado en 1990 y aún en ejecución, promueve los huertos familiares, la pequeña producción

ganadera y la educación en temas de nutrición. Una organización no gubernamental –Helen Keller International (Hki)– “trabajó en

sociedad con más de 70 organizaciones locales y el Gobierno de Bangladesh para alentar a los hogares afectados por la inseguridad alimentaria

a producir sus propios alimentos ricos en micronutrientes, tanto para el consumo doméstico como para el mercado. Se estima

que estos programas de producción familiar de alimentos han alcanzado a aproximadamente 5 millones de personas y han contribuido a

combatir las deficiencias de micronutrientes que pueden ser importantes causas de enfermedades tales como la ceguera nocturna, particularmente

entre mujeres y niños”. El programa tuvo un impacto especial en las dietas de las mujeres, niñas y niños, y las empoderó apoyando

el desarrollo comunal.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

© CORTESÍA DORIS PEREZ

BURKINA FASO

Reformas en la producción de algodón

Entre 1992 y 2006 este país hizo un esfuerzo importante para renovar su estrategia de desarrollo del algodón a través de una reforma

gradual y consecutiva que “primero, fortaleció el papel de los grupos de agricultores algodoneros y, segundo, liberalizó parcialmente los

mercados de insumos y productos en el sector algodonero… Las reformas en el sector algodonero de Burkina Faso, iniciadas en 1992,

reunieron experiencias de la liberalización del mercado y el desarrollo de cultivos comerciales como impulsores del éxito en el desarrollo

agrícola. Cargada con una estrategia estatal de desarrollo del algodón calificada de ineficiente, no equitativa y desestabilizadora de

la economía nacional para finales de la década de los 80, siguió una ruta de reforma que combinaba los esfuerzos por fortalecer el papel

de los grupos de agricultores algodoneros antes de la liberalización parcial de los mercados de insumos y productos. En parte como resultado

de estas reformas, y a pesar de los precios mundiales consistentemente bajos para el algodón, Burkina Faso ha surgido como el

principal exportador africano de algodón con base en un triple incremento de la producción desde principios de los 90. El crecimiento

del sector algodonero ha absorbido a más de 200.000 nuevos agricultores dedicados a otros cultivos o emigrantes que han regresado de

países vecinos afectados por conflictos civiles”.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

26 • Hechos de Paz


INDIA

Conectando la red lechera

Entre 1970 y 1996 se ejecutó en este país un programa nacional catalogado

como innovador y llamado Operación Abundancia (Operation

Flood), que fue determinante para la integración y el desarrollo de la

industria lechera nacional. La iniciativa “ayudó a crear una industria

láctea nacional que integró a los pequeños agricultores (muchos de

ellos mujeres) con las cooperativas lecheras de pueblo, los procesadores

comerciales y los distribuidores de productos lácteos, e introdujo

nuevas tecnologías para modernizar la industria… En el proceso de

vincular las principales ciudades de India con las cooperativas rurales,

la Operación Abundancia trajo importantes avances tecnológicos

al sector lácteo rural, comercializó la producción láctea en pequeña escala

y transformó el entorno de políticas para apoyar el crecimiento de

la industria láctea… Respaldada por un entorno de políticas de apoyo

que aseguraba el crecimiento y desarrollo continuos de la industria lechera,

India pasó de ser una importadora neta de productos lácteos a

ser una de las principales participantes en el mercado lechero global.

Entre 1970 y 2001, la producción lechera de India aumentó a la respetable

tasa de cerca de 4,5% anual, con estimaciones durante el período

2007-2008 que indican que la producción lechera ha superado los 100

millones de toneladas al año. Como resultado, millones de consumidores

tienen ahora mejor acceso a la leche y otros productos lácteos”.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

© Foto GOBIERNO DE INDIA

fundidad en las minorías étnicas, mujeres

y jóvenes, le plantea al país el reto de realizar

reformas estructurales que viabilicen

el acceso de los ciudadanos y ciudadanas

rurales al pleno goce de los derechos y las

libertades.

Esto exige el reconocimiento de las desigualdades

territoriales y poblacionales de las

especificidades de género, generacionales y

culturales, focalizando la intervención del Estado

en las familias rurales más vulnerables.

Además de avanzar en la solución del

conflicto rural, en el que confluyen el

conflicto agrario y el conflicto armado

interno, proteger la vida e integridad

de las personas y combatir la pobreza

rural, es necesario garantizar la inclusión

económica, social y política de los

habitantes de los territorios rurales,

centrando la búsqueda del desarrollo rural

en la construcción de una sociedad más

profunda en el ejercicio de la democracia y

de las libertades de todos los ciudadanos y

las ciudadanas.

Una verdadera democracia participativa

parte del principio de la igualdad política de

todos los ciudadanos, hombres y mujeres,

© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL

Hechos de Paz

• 27


MÉXICO

Lucha contra un enemigo evasivo

A partir de 1955 se dio un esfuerzo global –que aún continúa- para combatir la roya

del tallo del trigo. El Premio Nobel Norman Borlaug, con la ayuda de formuladores

de políticas, científicos y filántropo, aplicó la ciencia moderna al problema al desarrollar

en México variedades de trigo resistentes a la roya, con la ayuda de innovadores

métodos de investigación. “Este esfuerzo global ayudó a proteger unos 117

millones de hectáreas de terreno cultivado contra la roya, asegurando directamente

la seguridad alimentaria de 60 a 120 millones de hogares rurales y de muchos millones

más de consumidores”. Asimismo, esto dio origen a un sistema global de investigación

agrícola, que incluye al Grupo Consultivo para la Investigación Agrícola

Internacional (Cgiar), dedicado a buscar soluciones al hambre y a la inseguridad

alimentaria.

© Foto GOBIERNO DE MEXICO

Tomado del libro Alimentado a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

en la definición de las decisiones públicas

que afectan sus comunidades y supone el

mutuo reconocimiento de la diversidad

entre todas las personas.

La creciente frustración por la falta

de oportunidades y por los altos niveles

de desigualdad, pobreza y exclusión

social se expresa en pérdida de confianza

en el sistema político y en crisis de

gobernabilidad, hechos que ponen en

riesgo la estabilidad de un régimen

democrático, como lo ha advertido el

informe del Pnud 2004 La democracia en

América Latina: hacia una democracia de

ciudadanos y ciudadanas.

De esta forma, las soluciones a la inequidad

y pobreza presentes en los territorios

rurales, orientadas hacia el fortalecimiento

del capital humano, demandan

también el fortalecimiento de las organizaciones

sociales rurales y la recuperación

del tejido social destruido por el conflicto,

a fin de aumentar la participación, el empoderamiento

y la capacidad de acción de

los ciudadanos y las ciudadanas rurales en

la definición de su propio modelo de desarrollo.

La Reforma Rural Transformadora,

propuesta por el Informe 2011, requiere,

además de una decisión política del

Gobierno nacional y del acuerdo de la

sociedad en general para proyectar un

proceso de cambio a largo plazo de la

situación actual del mundo rural, activar

el movimiento social de los ciudadanos

y las ciudadanas rurales, partiendo de

una reflexión seria y fundamentada

sobre el tipo de sociedad rural deseada

y la base estructural sobre la cual se

levantará, a partir del reconocimiento

de los hombres, las mujeres, los jóvenes

y los niños habitantes de los territorios

rurales como sujetos sociales y políticos

con derechos.

La construcción del desarrollo rural

de forma sostenible requiere, entonces,

el fortalecimiento del capital humano

para que haya un crecimiento nacional

equitativo, pero también requiere de ciudadanos

con poder de acción y decisión y

poder político.

© CORTESIA : NADYA GONZÁLEZ / Fao


5

© CORTESÍA SORAYA HOYOS / Onu MUJERES

EL SECTOR PRODUCTIVO

Un necesario impuso a la

actividad agropecuaria

Hasta no hace mucho tiempo,

la actividad agropecuaria

y rural fue una de

las más dinámicas de la

economía colombiana,

promovió el despegue y la consolidación de

otros sectores productivos y, además, fue

fundamental en el crecimiento y desarrollo

del país. Pero en los últimos años, el desempeño

de la actividad agropecuaria y rural es

bajo e inestable.

¿Cómo explicar esta situación? ¿Cómo

lograr que otra vez el sector agropecuario

sea un referente de crecimiento para ampliar

las oportunidades de los pobladores

rurales y para que lleven una vida digna en

el campo y del campo?.

El Informe Nacional de Desarrollo Humano

del Pnud 2011 Colombia rural, razones

para la esperanza, responde a estas

preguntas y presenta algunas recomendaciones

–que esperan sean tenidas en cuenta–

para que el país logre un desarrollo rural

incluyente, equitativo y sostenible.

Según el informe, desde mediados del

siglo XX la sociedad rural sufrió un conjunto

de transformaciones que alteraron

las formas y relaciones de producción en

el campo y la estructura del sector y de los

hogares rurales. Entre los factores que contribuyeron

a generar esos cambios profundos

están la transición demográfica; el auge

económico, que ocasionó bonanzas cafeteras

en los años 50 y que se repitieron décadas

más tarde; los cambios y las rupturas de

los modelos de desarrollo imperantes, que

impulsaron la adopción de esquemas de

protección que favorecían la sustitución de

importaciones, y el crecimiento basado en

la promoción de exportaciones, así como la

desgravación arancelaria de ciertos bienes

de capital.

A pesar de estas transformaciones, las

políticas públicas sectoriales han hecho

poco por superar los factores estructurales

que aún sumen a la población rural en

condiciones de vulnerabilidad y afectan su

desarrollo humano. Un desempeño adecuado

del sector no solo es el resultado de

políticas públicas bien orientadas y sin discriminaciones;

también de una adecuación

social y económica de la estructura agraria

a las condiciones de los pobladores rurales

y a las exigencias del mercado, al igual que

de objetivos de estabilidad en la sociedad

rural y el cierre de las brechas entre lo rural

y lo urbano.

La inestabilidad del desempeño

El Informe señala que una de las características

del desempeño del sector agropecuario

ha sido su inestabilidad. Es difícil

que Colombia pueda avanzar en su desa-

Hechos de Paz • 29


ollo con un sector agropecuario con crecimientos

tan bajos, con políticas que son

resultado de atención a los grupos de poder

y que no consideran una visión más amplia

de país y de la sociedad. Sin duda un crecimiento

estable con equidad es una condición

necesaria para avanzar en el desarrollo

del país y posicionar a Colombia en el concierto

de las naciones.

Los determinantes del comportamiento

del crecimiento económico en Colombia

durante las dos últimas décadas se han fundamentado

en la expansión de las exportaciones

de productos tradicionales y no

tradicionales (como azúcar, flores, algodón,

frutas, etc., y productos manufacturados,

como confecciones, cuero e industria editorial,

entre otras) y en las repercusiones de

variables macroeconómicas, como la tasa

de interés (debido a la estrecha relación de

la tasa de interés con el ahorro y la acumulación

de capital), el gasto público y el tipo

de cambio real sobre la evolución del Pib.

A pesar de la elevada senda de crecimiento

y el exitoso rumbo que tomó la economía

durante los años 80, gracias al auge

de los productos tradicionales, Colombia

sufrió una reducción paulatina en su ritmo

de crecimiento económico en la década de

1990. La adopción de un nuevo modelo de

desarrollo y la recesión de finales del siglo XX

(entre 1998 y 1999 el PIB decreció 4,2%) han

explicado las oscilaciones acentuadas que

ha sufrido el Pib durante los últimos años.

Desde principios de la década de los 90, el

crecimiento de la producción agropecuaria

recorrió un camino similar al comportamiento

del producto total. Sin embargo,

al promediar la década, el Pib agropecuario

comenzó a ser un poco más errático y

volátil que el agregado: su crecimiento se

situó alrededor de 1,6% entre 1990 y 2000,

un poco menos de la mitad de la variación

promedio del producto total (el crecimiento

promedio del Pib de la economía ascendió

a 2,8%).

En el periodo comprendido entre 2001 y

2009, el sector registró un crecimiento sectorial

de 2,7%, mientras la economía se expandió

4,1%.

Después de la pronunciada caída del

Pib a finales de los años 90, el PIB sectorial

ha tenido un franco y gradual descenso en

su participación en el total. La experiencia

internacional señala que en la medida en

que mejoran los países, el grado de desarrollo

de su sector agrícola pierde importancia

en la generación del Pib (De Ferranti

et ál., 2005). No obstante, la baja participación

de la agricultura con respecto a la

producción total está acompañada de una

reducción en el ritmo de crecimiento de la

productividad sectorial y una caída en la

competitividad.

Las razones

El desempeño del sector agropecuario

tiende a estar más relacionado con factores

estructurales y fallas del mercado y el

Estado, que con factores coyunturales o de

variaciones de precios. Pero las razones no

son solo económicas, también los aspectos

sociales e institucionales y la influencia del

conflicto armado interno explican el pobre

crecimiento de la agricultura.

Entre los factores del entorno estarían:

a. La ruptura del pacto internacional del

café al finalizar los años 80, lo que condujo

a agudizar la paulatina pérdida de

participación del grano en el total de la

producción, debido a la expansión de su

oferta internacional y a una tendencia

de precios favorables para el consumo

mundial.

ÁFRICA SUBSAHARIANA

Resistencia a virus y plagas

En esta región hay dos proyectos exitosos implementados entre 1971 y 1989 para combatir el virus del mosaico (una enfermedad) y la

cochinilla (un insecto) que afecta a la yuca o mandioca, un cultivo clave para el sustento y la generación de ingresos de los agricultores

más pobres de la región, especialmente en tiempos de sequía o crisis. Entre 1971 y 1989, en África Occidental, la aplicación de la ciencia

moderna ayudó a frenar la propagación de esta enfermedad y el insecto. “Se estima que la introducción de variedades de yuca resistentes

a las enfermedades ha contribuido a aumentar la disponibilidad anual de harina de yuca, o gari, en 1,4 millones de toneladas, que bastan

para alimentar a 29 millones de personas en la región. De igual manera, se estima que el programa de control de la cochinilla de la yuca

ha reducido las pérdidas producidas por dicha infestación en aproximadamente 2,5 toneladas por hectárea”.

Asimismo, en África Oriental y Meridional también se aplicó la ciencia moderna para mejorar el maíz incrementó la producción y los rendimientos

del maíz entre los pequeños productores de escasos recursos, que constituyen la mayoría de los agricultores de la región. “Entre

1965 y 1990, los rendimientos del maíz en Kenia, Malaui, Zambia y Zimbabue aumentaron anualmente entre 1% y 5% –tasas muy respetables

en comparación con las tasas de crecimiento del rendimiento y la producción en países tales como Estados Unidos– mientras que los

aumentos en la producción anual de maíz oscilaron entre 1,8% y 3,3% en estos mismos países”.

Tomado del libro Alimentado a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

30 • Hechos de Paz


© CORTESÍA BORIS HEGER / Acnur

FILIPINAS

Tilapia mejorada

Entre 1998 y 1997 se desarrolló en este

país un proyecto para el Mejoramiento

Genético de la Tilapia Cultivada (Genetic

Improvement of Farmed Tilapia, Gift),

que jugó un papel clave para que el pescado

se convirtiera en una fuente de ingreso

y de proteínas para muchos criadores

y consumidores de Filipinas. “Al

criar una variedad de tilapia originaria de

África, el proyecto desarrolló una nueva

raza que crece más rápidamente y es más

resistente al estrés ambiental que otras

variedades. Estas mejoras aumentaron

de manera significativa los rendimientos

y producción de pescado, incrementando

así su disponibilidad para los consumidores,

reduciendo los precios de mercado

y proporcionando una fuente más

barata de proteína a los pobres del país…

Entre 1990 y 2007, la producción de tilapia

en Filipinas aumentó en un 186%,

mientras que los costos de producción

de tilapia disminuyeron entre un 32% y

un 35%. El precio bajo y estable del pescado

derivado de Gift lo ha convertido

en una fuente de proteínas extremadamente

popular entre unos 19 a 23 millones

de consumidores pobres. Estas variedades

de pescado comprenden ahora el

68% de la totalidad de alevines de tilapia

producidos en Filipinas”.

Tomado del libro Alimentado a millones: éxitos

demostrados en desarrollo agrícola.

b. El deterioro de la competitividad de la

producción frente a nuevas regiones cultivadoras

en otros países competidores.

c. La reducción del área de producción

de algunos cereales, como el arroz, y la

crisis algodonera sufrida a mediados de

la década de 1990, resultado de la caída

de las cotizaciones internacionales del

algodón.

c. El rápido desmonte de la estructura arancelaria

y la lenta reconversión de la estructura

agropecuaria hacia bienes que

reflejaran las ventajas naturales, lo que no

permitió que los productores se prepararan

en forma adecuada para competir en

los mercados internacionales.

d. La pérdida de la capacidad institucional,

explicada por la ausencia de una

política clara y consistente y de una

adecuada orientación de recursos de

crédito y fomento, así como la insuficiente

asistencia técnica a los pequeños

y medianos productores agropecuarios

y la falta de una oferta focalizada de

bienes públicos.

También hay factores estructurales que

han afectado el desarrollo de la actividad

agropecuaria en las últimas décadas, entre

ellos los siguientes:

a. La falta de un adecuado afianzamiento

de los factores de producción relevantes

en la actividad agropecuaria –capital

humano, inversión productiva,

tierra y tecnología–. Hay unos bajos niveles

de capital humano en las áreas rurales;

una ausencia de una permanente

y continua acumulación de capital; la

concentración de la propiedad rural;

la reducción progresiva de la transferencia

de tecnología y la disminución

del crecimiento en el tiempo de la productividad

del sector agropecuario. La

debilidad en los factores de producción

no permitió que la productividad

sectorial avanzara rápidamente hasta

alcanzar niveles óptimos o potenciales.

b. Las falencias institucionales expresadas

en la falta de profundización en

los mercados de tierra y trabajo y las

asimetrías de esos mercados y las de la

comercialización de los bienes agropecuarios

impidieron que se asignaran de

manera más eficiente los recursos productivos,

se fortaleciera el mercado doméstico

y se mejoraran las condiciones

de vida de los trabajadores rurales.

c. La débil inserción en el mercado internacional

debido al bajo ritmo de crecimiento

de la productividad sectorial,

una balanza comercial volátil e inestable

y una elevada protección a los bienes

agropecuarios transables– y la revaluación

del peso no contribuyeron a

afianzar la competitividad internacional

de los productos agropecuarios.

d. La violencia rural, que frena el desempeño

sectorial, afecta su productividad

e incide sobre los niveles de bienestar

de los trabajadores y la población rural.

El conflicto armado, la violencia

y la criminalidad en áreas rurales han

ocasionado altos costos para la sociedad

rural, que se pueden expresar en

pérdidas ocasionadas al capital físico,

humano, social y ambiental. Los costos

sobre el capital físico se encuentran

asociados con la infraestructura social

y física destruida por las acciones de los

grupos armados ilegales y bandas criminales

en las áreas rurales; los segundos

costos se relacionan con las pérdidas

de vidas productivas y saludables

originadas por la violencia, así como el

desplazamiento de población víctima

de amenazas, presión y despojo ocasionado

por la presencia de los grupos armados

ilegales. El tercer costo se refiere

a la desestructuración y destrucción de

las redes sociales y el empoderamiento

y la pérdida de las tradiciones culturales

y capacidades que han acumulado

las organizaciones y comunidades ru-

Hechos de Paz • 31


BANGLADESH

Bombeando la producción

En la década de los 80 (1989) este país tomó importantes medidas para liberalizar los mercados de insumos agrícolas, lo que llevó a

“moderar las restricciones impuestas a la importación y venta de equipos de irrigación, tales como los sistemas de bombeo de poca

elevación y los pozos tubulares superficiales. Estas reformas aparentemente menores estimularon el rápido crecimiento del cultivo de

arroz irrigado durante la estación seca, que posteriormente aumentó hasta dar cuenta del 90% del aumento en la producción de arroz

en Bangladesh entre 1988 y 2007. Y con este crecimiento en la producción de arroz disminuyeron los precios reales de este producto que

pagaban los hogares afectados por la inseguridad alimentaria y, por último, se redujo significativamente la pobreza del país”.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

rales. Y los costos ambientales se traducen

en la pérdida de los ecosistemas,

biodiversidad y patrimonio natural de

los pobladores rurales.

Esta violencia rural también pone en

riesgo la seguridad alimentaria cuando se

reduce la oferta de productos agrícolas esenciales

para abastecer el mercado interno o se

erigen obstáculos para que la población pueda

acceder de manera adecuada a productos

agropecuarios básicos y de buena calidad.

Las recomendaciones: retomar la

senda del desarrollo rural

Para retornar por la senda del desarrollo

humano y el crecimiento del sector, el

Informe Nacional señala que es necesario

que el Estado y la sociedad colombiana

concentren sus esfuerzos, iniciativas y políticas

en lograr mejoras sensibles en la productividad

sectorial, fortalecer la educación

y la inversión productiva, desconcentrar la

propiedad rural, disminuir el conflicto de

usos del suelo, revisar a fondo su política de

inserción en el mercado externo, desarrollar

los mercados de tierras y trabajo, minimizar

el conflicto rural y proteger las áreas dedicadas

a la producción de alimentos.

En síntesis, el Informe Nacional de Desarrollo

Humano 2011 propone una reforma

rural transformadora en la que se incida

fuertemente en el componente productivo

y de mercados. Esto significa actuar, con el

liderazgo del Ministerio de Agricultura, sobre

por lo menos ocho grandes aspectos:

a. La modernización de la producción.

b. El avance tecnológico.

c. La construcción de infraestructura.

d. Los acuerdos comerciales.

e. La seguridad alimentaria.

f. El crecimiento de las exportaciones y

del mercado interno.

g. El uso de los potenciales agropecuarios,

forestales y pesqueros.

h. El avance en la competitividad.

Por su trascendencia para la reactivación

del sector, el Informe señala estrategias

concretas sobre cinco elementos:

a. El mercado interno.

b. La tecnología y la asistencia técnica.

c. El riego.

d. La regulación de créditos.

e. La seguridad alimentaria.

Sobre la transformación de las agriculturas

de subsistencia, el Informe indica que

este es un proceso de más largo plazo que

requiere una fase de transición lenta hacia

la conformación de empresas familiares rurales

con capacidad de avanzar en sus procesos

de gestión, acumulación, conformación

de empresas de servicios, desarrollo de

sistemas de cooperación y articulación con

empresas agropecuarias mayores, a través

de negocios horizontales y verticales, y con

organizaciones de segundo y tercer nivel en

la prestación de servicios.

INDIA

Cultivos mejorados para tierras áridas

Con inversiones a largo plazo del Gobierno de India, los Gobiernos estatales y el sistema de investigación agrícola internacional se

consiguió la difusión del mijo perla y sorgo mejorados, lo que ayudó a reducir la inseguridad alimentaria en las zonas áridas y semiáridas

del país, con los mayores niveles de pobreza. La experiencia, aún en ejecución, se dio a través de reformas de políticas y avances

científicos logrados a mediados de la década de los 90 que “estimularon el crecimiento de la inversión privada en la comercialización de

semillas mejoradas de mijo perla y sorgo, incluyendo híbridos. Estos dos cultivos son fuentes esenciales de sustento e ingresos de unos

14 millones de familias pobres de esa nación. Aunque en conjunto abarcan solo un 10% de toda el área cultivada de India, se cultivan

en las zonas áridas y semiáridas del país, donde vive cerca del 60% de la población. El surgimiento de empresas privadas de semillas, en

conjunción con una buena investigación estatal, ha brindado a unos 6-9 millones de agricultores acceso a semillas mejoradas que han

aumentado los rendimientos en más del 85% en las últimas décadas”.

Tomado del libro Alimentando a millones: éxitos demostrados en desarrollo agrícola.

32 • Hechos de Paz


El nuevo desarrollo rural

con enfoque territorial

Por Juan Camilo Restrepo Salazar

Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural

INVITADO ESPECIAL

© CORTESÍA MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

En todas las dimensiones del

desarrollo rural, Colombia tiene

un gran potencial deficientemente

aprovechado: hay un

déficit de oferta alimenticia

interna que se suple con importaciones

crecientes; cerca de la mitad del territorio

es vulnerable a los extremos climáticos, que

serán más severos en el futuro próximo; la

pobreza rural del 64% de sus habitantes es

un tercio mayor que el promedio nacional

del 46%; todos los indicadores de bienestar

social son notablemente inferiores en el

campo; la distribución de la tierra, con un

índice de concentración del 0.87, es la tercera

peor del mundo y, finalmente, el país

no ha resuelto la mayoría de los conflictos

de tenencia que ocurren entre los poseedores

materiales y los propietarios registrados,

que fueron encubiertos por el desplazamiento

forzado y el despojo de la tierra.

Por las razones anteriores, la política de

desarrollo rural ha sido diseñada para cerrar

esa brecha de servicios fundamentales

de atención a la primera infancia, salud,

nutrición, educación, provisión de agua

potable, vivienda y saneamiento básico, seguridad

social, en un plazo de diez años, a

partir de la sanción de la ley de desarrollo

rural que será presentada al Congreso el 20

de julio próximo. Este esfuerzo involucra a

todos los sectores del Gobierno nacional y

articula los niveles nacional, departamental

y municipal en programas de desarrollo rural

con enfoque territorial, con el liderazgo

y coordinación del Ministerio de Agricultura

y Desarrollo Rural.

El desarrollo rural tiene como objetivo

elevar la competitividad de los territorios

a partir de su localización, los estrechos

vínculos urbano-rurales, su conectividad

a redes de transporte, su infraestructura

productiva, el desarrollo del capital humano,

las capacidades productivas de la población,

su asociación y cooperación y su

exitosa vinculación a cadenas productivas

orientadas a mercados rentables en la economía

nacional y global.

Los territorios rurales comparten un

contexto geográfico, económico y social y

se constituyen como tales cuando sus pobladores,

sus organizaciones sociales y sus

instituciones resuelven coordinar sus acciones

y actuar en concierto para mejorar

la competitividad de su economía y superar

sus rezagos en la generación de ingresos y

el bienestar de sus habitantes. El desarrollo

es un proceso de cambio que se genera desde

las iniciativas locales y regionales, con la

orientación, la cofinanciación y el apoyo de

las instituciones nacionales. La competitividad

no está en las parcelas o fincas sino

en los territorios, con sus recursos de suelo

y aguas, su capital humano, infraestructura,

capacidades productivas, dotación de servicios

sociales y su inserción en los mercados.

La experiencia internacional demuestra

que la economía campesina, cuando dispone

de los bienes públicos fundamentales y

Hechos de Paz • 33


tiene acceso a la tierra, genera más empleo

y reparte mejor los beneficios que la producción

extensiva de plantación. En Colombia,

los pequeños productores aportan

el 70% de la canasta alimenticia nacional,

a pesar de su falta de tierras adecuadas, financiación

y tecnología. Estas deficiencias

pueden superarse al aumentar las escalas

de producción mediante la asociación y la

empresarización de los pequeños productores,

para aumentar su eficiencia y su camente

sostenible del suelo,

los bosques y el agua para

elevar la productividad de

los recursos, y ese aprovechamiento

depende de la

distribución equitativa de

la tierra y la cultura de usos

del suelo de la población, regulados

por las normas ambientales

y las orientaciones

del Gobierno central, con la

Unidad de Planificación de

Tierras Rurales, Adecuación

de Tierras y Usos Agropecuarios

(Upra) del Ministerio

de Agricultura y Desarrollo

Rural, las Corporaciones Autónomas

Regionales (Car) y

los Gobiernos locales en los

Planes de Ordenamiento Territorial

(Pot).

La orientación de la política

agraria es armonizar los

criterios de una buena gestión

de los usos del territorio,

el ordenamiento social de la

propiedad y el impulso a los

programas de desarrollo rural

con un enfoque territorial, que permiten

articular las dimensiones ambiental, social

y económica en la geografía concreta de

cada región del país.

De esa forma, el Gobierno central, los

departamentos, los municipios y los territorios

que surjan por la concertación entre

sus pobladores, autoridades y organizaciones

sociales pueden concurrir, con sus capacidades,

recursos e iniciativas, a armonizar

objetivos y cofinanciar las inversiones

La política de desarrollo rural ha sido diseñada para

cerrar esa brecha de servicios fundamentales en un

plazo de diez años, a partir de la sanción de la ley de

desarrollo rural que será presentada al Congreso.

pacidad de negociación en los mercados de

insumos y productos finales. En la misma

dirección, la vinculación de empresarios y

pequeños productores en alianzas productivas,

con equidad e inclusión social, es una

estrategia para mejorar la competitividad

de las cadenas productivas, y así generar y

retener más valor en el mundo rural.

El desarrollo rural de los territorios debe

basarse en el aprovechamiento ambientalnecesarias

para lograr las metas trazadas

desde el nivel territorial, y plasmar esos

acuerdos en los Convenios Plan, que comprometen

a todas las partes involucradas en

la continuación de los esfuerzos a mediano

plazo, para evitar la dispersión de iniciativas

y la interrupción de los programas de

desarrollo territorial.

Los componentes de los programas de

desarrollo rural con enfoque territorial son

el acceso y ordenamiento de los derechos

de propiedad, la generación de ingresos

para las comunidades rurales, el apoyo

integral a proyectos productivos a partir

de la demanda, el ordenamiento de los

usos de los suelos y el agua, la promoción

y el fortalecimiento de las cadenas

productivas, los servicios financieros, la

formación de competencias y la capacitación

para la gestión productiva y la gestión

local de la asistencia técnica integral

con apoyo del sistema nacional de ciencia

y tecnología.

En cuanto al ordenamiento del territorio,

la política es proteger las reservas ambientales

estratégicas contra la ocupación y

apropiación ilegales, el cierre de la expansión

de la frontera agropecuaria, la formalización

del 48% de los predios del catastro

rural que carecen de títulos registrados, la

recuperación y el registro de los baldíos a

nombre de la Nación de tierras ilegalmente

tituladas a grandes propietarios, la distribución

de la tierra a la población campesina

sin ella o con extensiones insuficientes, la

sustracción y adjudicación en Unidades

Agrícolas Familiares (Uaf ) de cinco millones

de hectáreas ya deforestadas y ocupadas

de la reserva forestal de la Ley 2 de 1959

y la protección de nueve millones de hectáreas

de bosques que hoy carecen de protección

ambiental.

Finalmente, para dinamizar el mercado

de tierras y los usos adecuados del suelo,

el proyecto de ley de desarrollo rural crea

el derecho real de superficie, que permite

asegurar como derecho real lo construido o

plantado en suelo ajeno, mediante contrato

con el propietario y el pago de un canon periódico

hasta por 30 años. Además, se crearán

más Zonas de Reserva Campesina para

asegurar el territorio de las comunidades

campesinas, así como Áreas de Desarrollo

Empresarial, en las cuales se permitirá adquirir

extensiones que permitan economías

de escala en la producción y se promoverán

los Proyectos Especiales de Desarrollo

Agropecuario y Forestal (Pedaf), creados en

la ley del Plan de Desarrollo.

El desarrollo rural es el resultado multidimensional

del desarrollo en el mundo

rural y convoca la acción coordinada del

Estado, en sus niveles territoriales, la población,

con sus organizaciones e instituciones

sociales, y los agentes económicos,

orientados a los mercados de bienes y servicios.

34 • Hechos de Paz


El desarrollo humano rural

debe ser una apuesta

al futuro generacional

Por Edilia Mendoza Roa

Lideresa de aNUC-UR, la Mesa Nacional de Unidad Agraria y la Mesa de Incidencia Política Mujeres Rurales Colombianas

Construir alternativas hacia

el futuro, con enfoque poblacional,

de género e intergeneracional

y otros, exige

tener un horizonte definido

y asegurado para tal fin, que armonice los

intereses económicos con los fines de justicia

social propios de un Estado Social de

Derecho. Hoy, en Colombia y el mundo, son

ambivalentes esas iniciativas, pues se dan

en un entorno controlado por los pocos

que concentran los poderes económicos,

políticos y militares. No podemos seguir

ignorando que el modelo hegemónico de

desarrollo económico, basado en la competitividad

y en el desarrollo desmesurado

a favor de esos pocos, es incompatible con

las garantías ambientales, agrarias y alimentarias

que demanda el cumplimiento

de derechos fundamentales, como el acceso

a la tierra y el territorio y a la alimentación

para los pueblos étnicos, las comunidades

rurales y el mundo rural. Es por ello

que durante décadas los campesinos y las

campesinas hemos solicitado y exigido una

reforma agraria integral y democrática, que

asegure efectivamente el acceso a las tierras,

créditos, mercadeo y otros servicios a

los sectores menos favorecidos del campo

y que ponga frenos y transforme el modelo

avasallador y salvaje imperante.

Propuesta integral, integradora

y transformadora

Transformar el modelo de desarrollo

parte de tener al ser humano como centro

orientador e integrador de diversos elementos

esenciales para la vida, como el agua, el

oxígeno y el aire, la tierra, las semillas, la

participación, la protección y la prioridad

para brindar una atención inmediata y

oportuna a los habitantes del campo, con

el fin de garantizar un futuro generacional

acompañado de la implementación de tecnologías

y las investigaciones que posibiliten,

prioricen y empoderen la combinación

de conocimientos y saberes ancestrales, visiones,

intereses y culturas.

Un desarrollo humano integral rural requiere

de un enfoque diferencial, de género,

de derecho, poblacional, territorial, de participación,

justicia y con acciones concretas

positivas que atiendan, resuelvan y prioricen

los diversos actores y sujetos de derechos;

que proteja el principio de la libertad

del ser, del hacer, del tener y del estar; que

permita decidir sobre diferentes aspectos,

además de la producción nacional; que

empodere la economía campesina, comunitaria

y étnica y que combine y articule

las diversas estrategias institucionales en la

planificación y definición de políticas, normas,

programas y proyectos que se ejecutan

en el mundo rural. Asimismo, se requiere de

una institucionalidad fuerte que concentre

sus esfuerzos en defender, proteger, subsidiar

y empoderar a los pequeños y medianos

productores y a los grupos étnicos, y

en reconocer la importancia de la multidiversidad

de bienes y servicios que ofrece el

campo colombiano. En esa institucionalidad

las comunidades rurales (campesinos y

campesinas, indígenas y afrocolombianos),

desde sus visiones ancestrales y culturales,

deben participar, decidir y ejercer el control

y la vigilancia de las políticas y los recursos

que se destinan para el campo.

A partir del reconocimiento político,

económico, social, cultural y comunitario

de todas y cada una de las comunidades

rurales, el desarrollo humano integral rural

implica también el reconocimiento y la

materialización del derecho inherente que

les asiste a participar y decidir sobre su

destino y la definición de las prioridades

INVITADA ESPECIAL

Hechos de Paz • 35


de desarrollo. Es decir, garantizar el pleno

consentimiento libre, previo e informado

en la adopción de normas y en la definición

de proyectos que no afecten su territorialidad

ni atenten contra su diversidad étnica

y cultural para que, con enfoque de género

y edad, contribuyan al cuidado del planeta.

En Colombia no es posible alcanzar este

desarrollo humano integral rural sin una reforma

agraria que revierta la concentración

de la propiedad de la tierra; que rompa con

el latifundio especulativo –que mantiene

desperdiciadas 17 millones de hectáreas

aptas para la agricultura–; que rebaje el elevado

precio de la tierra y que entregue tierra

suficiente a campesinos, indígenas y afros.

Alcanzar este desarrollo parte del imperioso

deber constitucional de garantizar el acceso

real a la tierra a las comunidades rurales.

Ello implica transformar las estructuras

maquiavélicas, que son las causantes de la

histórica concentración de la tierra y de las

36 • Hechos de Paz

En Colombia no es posible alcanzar un desarrollo

humano integral rural sin una reforma agraria que

revierta la concentración de la propiedad de la tierra.

tunidades económicas, sociales, políticas,

laborales y culturales. Tampoco es posible

conseguir el desarrollo humano integral rural

sin recuperar la soberanía alimentaria o

el derecho de los pueblos a definir sus propias

políticas y estrategias sustentables de

producción, distribución, consumo, comercialización

y abastecimiento de alimentos,

que garanticen el derecho a la alimentación

saludable y apropiada culturalmente para

© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL

permanentes y reiteradas contrarreformas

agrarias mediadas por poderes políticos y

económicos y por la violencia, el desplazamiento

y el destierro de más de cinco millones

de colombianos, así como formalizar

los derechos de propiedad y sucesión. Lo

anterior debe acompañarse de medidas encaminadas

a transformar y superar las desigualdades

e inequidades que existen en la

satisfacción de derechos individuales y colectivos

a la salud, la educación, el trabajo y

la vivienda, al igual que a alcanzar las oporla

población, y se valoren la sostenibilidad

ecológica y ambiental, el papel de las mujeres

y los usos y costumbres de indígenas,

raizales, palenqueros, afros y gitanos.

De la misma forma, para evitar nuevos

desplazamientos el desarrollo humano integral

rural demanda de mecanismos, leyes

y normas que protejan la economía campesina

y étnica frente a: el ingreso de productos

foráneos en el marco de los tratados

de libre comercio, la promoción del capital

extranjero al acceso a la tierra y la puesta en

marcha de proyectos agroindustriales y forestales

de gran escala, mineros, petroleros

y de infraestructura.

Articulación de compromisos

Medidas como el levantamiento de la

restricción para adquirir más de una Unidad

Agrícola Familiar (Uaf), el fomento a las zonas

de desarrollo empresarial especificadas

en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo y los

contratos de uso contemplados en la Ley de

Víctimas, así como iniciativas para incorporar

el derecho real de superficie, que se propone

en el proyecto gubernamental de Ley de

Desarrollo Rural, son contrarias al desarrollo

humano integral rural y a los derechos de

campesinos y campesinas, indígenas y afros,

víctimas o no, así como de sus hijos e hijas.

En esta línea, caminar en el logro del

desarrollo humano integral rural implica

articular el compromiso gubernamental a

restituir las tierras y los territorios de las víctimas

con las políticas que se impulsan en

el campo, en particular con la política rural.

No puede hablarse de reparación integral sin

medidas que hagan efectivos los derechos de

los restituidos a producir en sus predios, de

forma tal que se garanticen la sostenibilidad

y la dignidad en los retornos o en las reubicaciones

para aquellos que no pueden volver a

sus predios por razones de seguridad física

de sus vidas y bienes o por otras circunstancias.

Estos y otros elementos hacen parte

del proyecto alternativo de Ley Agraria que

campesinos y campesinas, indígenas, afrodescendientes

y trabajadores rurales, entre

otros sectores, presentaremos a consideración

del Congreso de la República. Garantizar

el desarrollo humano integral rural como

una apuesta generacional y la no repetición

de la situación actual de la población rural es

la deuda social, histórica, económica, moral

y cultural que el Estado tiene con el movimiento

campesino y agrario, el más afectado

e ignorado en las últimas cinco décadas.


La Declaración de los

Derechos de los Campesinos

El pasado 24 de febrero el Comité

Consultivo de los Derechos

Humanos de las Naciones

Unidas aprobó por unanimidad

el texto preliminar de la

Declaración Internacional de los Derechos

de los campesinos, que busca ser un nuevo

instrumento jurídico para la protección y

desarrollo de los campesinos, sus comunidades

y quienes viven y trabajan en el mundo

rural.

El documento, construido con las bases

campesinas de organizaciones de muchos

países del mundo, pasa ahora a manos del

Consejo de Derechos Humanos - organismo

formado por 54 representantes de países- y

luego se inicia un trámite que culmina en

la Asamblea General de Naciones Unidas,

que vota y aprueba las Declaraciones e instrumentos

jurídicos de esta naturaleza. El

siguiente es el texto de dicha Declaración:

• Afirmando que los campesinos son

iguales a las demás personas y, en el

ejercicio de sus derechos, deben estar

libres de toda forma de discriminación,

incluyendo la discriminación por motivos

de raza, color de piel, sexo, idioma,

religión, opiniones políticas o de

otra índole, origen nacional o social,

propiedad, riqueza, nacimiento u otras

razones relacionadas con la condición

social;

• Reconociendo que la Declaración Universal

de los Derechos Humanos, el

Pacto Internacional sobre Derechos

Económicos, Sociales y Culturales y el

Pacto Internacional sobre Derechos

Civiles y Políticos, así como la Declaración

y el Programa de Acción de Viena,

confirman la universalidad, indivisibilidad

e interdependencia de todos los

derechos humanos, civiles, culturales,

económicos, políticos y sociales;

• Destacando que en el Pacto Internacional

sobre Derechos Económicos, Sociales

y Culturales, los Estados se comprometieron

a tomar medidas apropiadas

para asegurar el cumplimiento del derecho

de toda la población, a condiciones

de vida adecuadas,

incluyendo el derecho a

la alimentación, y el derecho

fundamental a estar

libre del hambre, especialmente

mediante el desarrollo

y la reforma de los

sistemas agrarios;

• Subrayando que de acuerdo

con la Declaración de

las Naciones Unidas sobre

los Derechos de los

Pueblos Indígenas, todos

los pueblos indígenas,

incluyendo los campesinos

indígenas, tienen el

derecho a la libre determinación

y que, en virtud

de este derecho, pueden

determinar libremente su

estatus político y buscar

libremente su desarrollo

económico, social y cultural,

teniendo el derecho

a la autonomía y al auto

gobierno en materias relacionadas

con sus asuntos

internos y locales, así

como las vías y los medios

para financiar sus funciones

autónomas;

• Recordando que muchos campesinos de

todo el mundo han luchado a través de

la historia por el reconocimiento de sus

derechos y por sociedades justas y libres;

• Considerando que el actual desarrollo

de la agricultura, la especulación con

productos alimenticios, y las adquisiciones

y el arrendamiento y acaparamiento

de tierras en gran escala en muchas

regiones del mundo ponen en peligro la

vida de millones de campesinos;

• Teniendo en cuenta la creciente concentración

de los sistemas alimentarios

del mundo en manos de unas pocas

compañías transnacionales;

• Reconociendo que la agricultura, la

pesca y la cría de ganado de pequeña

escala pueden contribuir a asegurar

© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL

una producción alimentaria sostenible

y de calidad para todos;

• Considerando que los campesinos

constituyen un grupo social específico

tan vulnerable que la protección de sus

derechos requiere de medidas especiales

para asegurar que los Estados respeten,

protejan y cumplan sus derechos

humanos;

• Creyendo que la presente Declaración

es un paso esencial hacia el reconocimiento,

la promoción y la protección

de los derechos de los campesinos;

• Reconociendo y reafirmando que los

campesinos tienen derecho, sin discriminación,

a todos los derechos humanos

reconocidos por el derecho internacional;

Hechos de Paz • 37


Adopta solemnemente la presente Declaración

de los Derechos de los Campesinos:

Artículo 1 Definición de campesinos

1. Campesino es un hombre o mujer que

tiene una relación directa y especial con

la tierra y la naturaleza a través de la producción

de alimentos u otros productos

agrícolas. Los campesinos trabajan la tierra

por sí mismos y dependen mayormente del

trabajo en familia y otras formas de pequeña

escala de organización del trabajo. Los

campesinos están tradicionalmente integrados

a sus comunidades locales y cuidan

el entorno natural local y los sistemas agroecológicos.

2. El término “campesino” puede aplicarse,

hombre o mujer, a toda persona que practica

la agricultura, la ganadería o la trashumancia,

que produce artesanías relacionadas

con la agricultura o que desarrolla otras

ocupaciones similares en zonas rurales.

Esto incluye a las personas indígenas que

trabajan en la tierra.

3. El término “campesino” también se aplica

a las personas sin tierra. De acuerdo con

la definición de la Organización para la Alimentación

y la Agricultura de la ONU, las

siguientes categorías de personas se consideran

sin tierra y es probable que se enfrenten

a dificultades para asegurar sus medios

de vida: 1. familias de agricultores con poca

tierra o sin tierra; 2.familias no agrícolas en

áreas rurales, con poca o sin tierra, cuyos

miembros se dedican a diversas actividades

como la pesca, la artesanía para el mercado

local o la provisión de servicios; 3. otras

familias de trashumantes, nómadas, campesinos

que practican cultivos itinerantes,

cazadores y recolectores, y personas con

medios de subsistencia similares.

Artículo 2 Derechos de los campesinos

1. Todos los campesinos, sean hombres o

mujeres, tienen los mismos derechos.

2. Los campesinos tienen derecho a disfrutar

plenamente, en forma individual y

colectiva, de todos los derechos humanos

y libertades fundamentales reconocidos en

la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración

Universal de los Derechos Humanos y

demás instrumentos del derecho internacional

de derechos humanos.

3. Los campesinos son libres e iguales a todas

las demás personas y tienen derecho a estar

libres de cualquier tipo de discriminación en

el ejercicio de sus derechos, en particular, de

la discriminación por motivos de su condición

económica, social, sexual y cultural.

4. Los campesinos tienen derecho a participar

en el diseño de políticas, en la toma de

decisiones, la implementación y el monitoreo

de todo proyecto, programa o política

que afecte sus tierras y territorios.

5. Los campesinos tienen derecho a la soberanía

alimentaria, la cual incluye el derecho

a una alimentación saludable y apropiada

culturalmente, producida con métodos

adecuados y sostenibles desde el punto de

vista ecológico, y el derecho a definir su propia

alimentación y sistemas agrícolas.

Artículo 3 Derecho a la vida y a un nivel

de vida adecuado

1. Los campesinos tienen derecho a la integridad

física, y a no ser asediados, desalojados,

perseguidos, arrestados arbitrariamente

o asesinados por defender sus derechos.

2. Los campesinos tienen derecho a vivir

dignamente.

3. Los campesinos tienen derecho a un nivel

de vida adecuado, lo que incluye el derecho

a percibir ingresos suficientes para satisfacer

sus necesidades básicas y las de sus familias.

4. Los campesinos tienen derecho a una alimentación

adecuada, saludable, nutritiva y

accesible, y a mantener sus culturas tradicionales

alimentarias.

5. Los campesinos tienen derecho a consumir

su propia producción agrícola y a

aprovecharla para satisfacer las necesidades

básicas de sus familias, y a distribuir su

producción agrícola entre otras personas.

6. Los campesinos tienen derecho a acceder

al agua potable, servicios sanitarios,

medios de transporte, electricidad, medios

de comunicación y tiempo libre.

7. Los campesinos tienen derecho a una

vivienda digna y a vestirse adecuadamente.

8. Los campesinos tienen derecho a la educación

y la formación.

9. Los campesinos tienen derecho al nivel

más alto alcanzable de salud física y mental.

Tienen derecho a acceder a servicios de

salud y medicina, incluso cuando vivan en

zonas remotas. Asimismo, tienen derecho

a usar y desarrollar la medicina tradicional.

10. Los campesinos tienen derecho a una

vida saludable y libre de la contaminación

con productos agroquímicos, como los pesticidas

y fertilizantes químicos.

11. Las campesinas tienen derecho a estar protegidas

contra la violencia doméstica, ya sea de

índole física, sexual, verbal o psicológica.

38 • Hechos de Paz

© CORTESÍA OLGA GONZÁLEZ REYES


12. Las campesinas tienen derecho a controlar

su propio cuerpo y a rechazar su uso

con fines comerciales.

13. Los campesinos, hombres y mujeres,

tienen derecho a decidir cuántos hijos desean

tener y sobre el método anticonceptivo

que desean usar.

14. Las campesinas, tienen derecho a la plena

realización de sus derechos sexuales y

reproductivos.

Artículo 4 Derecho a la tierra y al territorio

1. Los campesinos tienen derecho a poseer

tierras, colectiva o individualmente, para su

vivienda y para sus cultivos.

2. Los campesinos y sus familias tienen derecho

a labrar su propia tierra, obtener productos

agrícolas, criar ganado, cazar, recolectar

y pescar en sus territorios.

3. Los campesinos tienen derecho a trabajar

y disponer de las tierras no productivas de

las que dependen para su subsistencia.

4. Los campesinos tienen derecho a gestionar,

conservar y aprovechar los bosques y

áreas de pesca.

5. Los campesinos tienen derecho a la seguridad

de la tenencia y a no ser desalojados

forzosamente de sus tierras o territorios.

Ninguna relocalización puede tener lugar

sin el consentimiento libre, previo e informado

de los campesinos afectados y el posterior

acuerdo de una compensación justa

y transparente, y, donde sea posible, con la

opción de retornar.

6. Los campesinos tienen derecho a beneficiarse

con la reforma agraria. No se deben

permitir los latifundios. La tierra debe cumplir

con su función social. Se deben aplicar

límites en la propiedad de la tierra cuando

éstos sean necesarios con el fin de asegurar

un acceso equitativo a las tierras.

Artículo 5 Derecho a las semillas, y al saber

y la práctica de la agricultura tradicional

1. Los campesinos tienen derecho a determinar

las variedades de semillas que desean

sembrar.

2. Los campesinos tienen derecho a rechazar

variedades de plantas que consideren

peligrosas desde el punto de vista económico,

ecológico y cultural.

3. Los campesinos tienen derecho a rechazar

el modelo industrial de agricultura.

4. Los campesinos tienen derecho a conservar

y desarrollar su conocimiento local sobre

la agricultura, la pesca y la cría de ganado.

5. Los campesinos tienen derecho a utilizar

instalaciones agrícolas, de pesca y de cría de

ganado.

6. Los campesinos tienen derecho a elegir

sus propios productos y variedades, así

como los modos de practicar la agricultura,

la pesca y la crianza de ganado, en forma individual

o colectiva.

7. Los campesinos tienen derecho a utilizar

sus propias tecnologías o la tecnología que

escojan guiados por la necesidad de proteger

la salud humana y la conservación del

medioambiente.

8. Los campesinos tienen derecho a cultivar

y desarrollar sus propias variedades, y a

intercambiar, dar o vender sus semillas.

Artículo 6 Derecho a medios de producción

agrícola

1. Los campesinos tienen derecho a obtener

créditos y el material y herramientas necesarios

para desarrollar sus actividades agrícolas.

2. Los campesinos tienen derecho a obtener

asistencia técnica, herramientas productivas

y otras tecnologías apropiadas para aumentar

su productividad de maneras que respeten

sus valores sociales, culturales y éticos.

3. Los campesinos tienen derecho a agua

para la irrigación y la producción agrícola

en sistemas sostenibles de producción controlados

por las comunidades locales. Tienen

derecho a usar los recursos hídricos de

sus tierras y territorios.

4. Los campesinos tienen derecho a medios

de transporte e instalaciones de secado y almacenamiento

necesarias para comercializar

sus productos en mercados locales.

5. Los campesinos tienen derecho a participar

del planeamiento, la formulación y la

adopción de los presupuestos para la agricultura

local y nacional.

Artículo 7 Derecho a la información

1. Los campesinos tienen derecho a obtener información

adecuada relacionada con sus pro-

© CORTESÍA NADYA GONZÁLEZ / Fao

3. Los campesinos tienen derecho a obtener

información adecuada en el ámbito nacional

e internacional sobre la preservación de

los recursos genéticos.

Artículo 8 Libertad para determinar

precios y mercados para la producción

agrícola

1. Los campesinos tienen derecho a darle

prioridad a la producción agrícola destinada

a satisfacer las necesidades de sus familias.

Tienen derecho a almacenar su pro-

El actual desarrollo de la agricultura, la especulación

con productos alimenticios y las adquisiciones y el

arrendamiento y acaparamiento de tierras en gran escala

ponen en peligro la vida de millones de campesinos.

pias necesidades, incluyendo créditos, capital,

mercados, políticas, precios y tecnologías.

2. Los campesinos tienen derecho a obtener

información adecuada sobre bienes y servicios,

y a decidir qué y cómo desean producir

y consumir.

ducción para asegurar la satisfacción de sus

necesidades básicas y de sus familias.

2. Los campesinos tienen derecho a vender sus

productos en mercados locales tradicionales.

3. Los campesinos tienen derecho a fijar los

precios, de manera individual o colectiva.

Hechos de Paz • 39


4. Los campesinos tienen derecho a obtener

un precio justo por su producción.

5. Los campesinos tienen derecho a una retribución

justa por su trabajo, para satisfacer

sus necesidades básicas y las de sus familias.

6. Los campesinos tienen derecho a un sistema

justo e imparcial de evaluación de la

calidad de su producto, nacional e internacionalmente.

7. Los campesinos tienen derecho a desarrollar

sistemas de comercialización comunitarios

a fin de garantizar la soberanía

alimentaria.

3. Los campesinos tienen derecho a rechazar

intervenciones que puedan destruir los

valores de la agricultura local.

4. Los campesinos tienen derecho a expresar

su espiritualidad en forma individual y

colectiva.

Artículo 10 Derecho a la diversidad biológica

1. Los campesinos tienen derecho a proteger,

preservar y desarrollar la diversidad

biológica, en forma individual y colectiva.

2. Los campesinos tienen derecho a rechazar

patentes que amenacen la diversidad

Los campesinos son un grupo social específico tan vulnerable

que la protección de sus derechos requiere de

medidas especiales para asegurar que los Estados respeten,

protejan y cumplan sus derechos humanos.

Artículo 9 Derecho a la protección de

valores en la agricultura

1. Los campesinos tienen derecho al reconocimiento

y la protección de su cultura y

de los valores de la agricultura local.

2. Los campesinos tienen derecho a desarrollar

y preservar el conocimiento agrícola local.

biológica, incluyendo las de plantas, alimentos

y medicamentos.

3. Los campesinos tienen derecho a rechazar

los derechos de propiedad intelectual

sobre bienes, servicios, recursos y conocimientos

que les pertenecen, mantenidos,

descubiertos, desarrollados o producidos

por las comunidades locales.

4. Los campesinos tienen derecho a rechazar

mecanismos de certificación establecidos

por empresas transnacionales. Se deben

promover y proteger instrumentos de garantía

locales dirigidos por organizaciones campesinas

con el apoyo de los gobiernos.

Artículo 11 Derecho a la preservación del

medio ambiente

1. Los campesinos tienen derecho a un medio

ambiente limpio y saludable.

2. Los campesinos tienen derecho a preservar

el medio ambiente de acuerdo con sus

conocimientos.

3. Los campesinos tienen derecho a rechazar

todas las formas de explotación que

causen daños ambientales.

4. Los campesinos tienen derecho a litigar y reclamar

compensaciones por daños ambientales.

5. Los campesinos tienen derecho a obtener

reparaciones por la deuda ecológica, y por

el despojo histórico y actual de sus tierras

y territorios.

Artículo 12 Libertad de asociación,

opinión y expresión

1. Los campesinos tienen derecho a asociarse

libremente y a expresar su opinión

de acuerdo con sus tradiciones y culturas,

incluyendo reclamos, peticiones y movilizaciones,

en el ámbito local, regional, nacional

e internacional.

2. Los campesinos tienen derecho a crear y

formar parte de organizaciones independientes

de campesinos, sindicatos, cooperativas

o cualquier otra organización o asociación

con el objeto de proteger sus intereses.

3. Los campesinos, en forma individual o colectiva,

tienen derecho a expresarse por medio

de sus costumbres locales, idiomas, culturas

locales, religiones, literatura y arte local.

4. Los campesinos tienen derecho a no ser

criminalizados por sus reclamos y luchas.

5. Los campesinos tienen derecho a resistir

contra la opresión y a recurrir a la acción

pacífica directa para proteger sus derechos.

Artículo 13 Derecho al acceso a la justicia

1. Los campesinos tienen derecho a recursos

efectivos en caso de quesean violados

sus derechos. Tienen derecho a un sistema

judicial justo, y a tener acceso efectivo y no

discriminatorio a los tribunales y contar

con ayuda legal.

3. Los campesinos tienen derecho a ser informados

y tener asistencia legal.

40 • Hechos de Paz

© CORTESÍA LUIS SANMIGUEL

More magazines by this user
Similar magazines