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Principio pro persona
Con base en esta información, responda las siguientes preguntas:
1. ¿Cuáles son los hechos relevantes del caso?
2. ¿Considera que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y el Convenio núm. 169 de la o i t tienen ámbitos de aplicación
distintos o, por el contrario, podrían ambos ser normas aplicables en este caso?
3. Si su respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿de qué forma se podría resolver la aparente contradicción
entre la ley y el tratado internacional?
4. En este contexto, ¿sería de utilidad invocar alguna norma constitucional que reconozca algún derecho sustantivo?
¿Cuál y por qué?
Para responder estas preguntas tome en cuenta el siguiente diagrama, donde se busca presentar más gráficamente
la doctrina constitucional desarrollada por la s c j n con posterioridad a 1999, en interpretación del artículo 133 constitucional.
Constitución
Tratados internacionales
Leyes generales
Leyes estatales
Leyes federales
Como se puede apreciar en los casos analizados, existe una diversidad de tratados internacionales que,
según su naturaleza y la materia a la que se refieren, necesitan un tratamiento distinto en cuanto a su
relación con las normas nacionales. Es simplemente inconcebible que se otorgue el mismo tratamiento
a un acuerdo comercial o económico –bilateral o multilateral– que a un tratado internacional que reconoce
algún derecho fundamental de las personas. El propio derecho internacional reconoce el impacto
que en la práctica puede tener la naturaleza diversa de los tratados internacionales. No existe razón
alguna para que nuestra doctrina jurídica no haga lo propio.
Ésta es, como se dijo anteriormente, una de las principales aportaciones del actual artículo 1º constitucional.
Por primera vez, una norma fundamental se refiere de manera específica a los tratados internacionales
en materia de derechos humanos. Más importante aún es que dicho artículo parece elevar
el debate sobre la vinculación entre las normas nacionales e internacionales, al introducir un mandato
de interpretación armónica entre las propias normas constitucionales y los tratados internacionales en
la materia. Si se miran con cuidado los casos analizados, es claro que antes de la reforma este debate
jurídico se planteaba desde la vinculación que había entre normas nacionales secundarias y tratados
internacionales. En contraste, considere el siguiente supuesto:
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