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el derecho de niños y adolescentes a opinar y ser oídos, y su capacidad para
ejercer determinados actos. Ambos aspectos interpelan la relación de poder
entre adultos y niños y, aunque no sean sencillos de ser incorporados y/o
garantizados, la autora reconoce que se han alcanzado logros en la normativa
interna. Otro de los temas que destaca es el de la necesidad de asignar una
interpretación garantista a la noción de “interés superior del niño”, que abarque
tanto el ámbito público como el privado. Finalmente, la ponencia señala
las reformas pendientes en cuanto a los derechos civiles de las mujeres, vinculadas
con el terreno del Derecho de Familia.
Haydée Birgin realiza una revisión del estado actual de la legislación que
protege los derechos de las mujeres en la Argentina, resaltando dos ejes
esenciales para su ejercicio efectivo: la existencia de herramientas de
acción ciudadana y la posibilidad de acceso a la justicia. Sostiene que el
piso normativo que brindan los avances legislativos de la recuperación
democrática y la reforma de la Constitución de 1994, supone focalizar la
acción política no ya en la proclamación de nuevos derechos sino en la creación
de condiciones indispensables para su ejercicio. Para que ciudadanos
y ciudadanas puedan efectivamente “apropiarse del sistema legal” se requerirá
de normas que regulen los derechos y recursos jurídicos y también de
políticas públicas que los garanticen de un modo igualitario.
Gilda Pacheco parte del reconocimiento de que en el marco de los dos
sistemas de protección internacional de derechos humanos -ONU/OEA- se
han aprobado tratados que tienden a afirmar los derechos de la mujer. Y con
un estilo decididamente pedagógico, interpela los logros del ámbito internacional
con preguntas sobre qué hacer para que estos avances se reviertan en
transformaciones concretas sobre la vida de las mujeres. Como miembro del
Instituto Interamericano de Derechos Humanos, toma posición: recomienda
y despliega su estrategia para la ratificación del Protocolo Facultativo de la
CEDAW. Esto permitiría pasar de la declaración de principios a la aprobación
de mecanismos que garanticen el cumplimiento de los compromisos
adquiridos y fomenten en la sociedad civil la conciencia de estas reivindicaciones.
La tercera parte del libro, “Políticas públicas para la concreción de derechos”,
contiene tres artículos que dan cuenta de mecanismos políticos relativos
al compromiso de la oferta de servicios y al fortalecimiento de la
demanda ciudadana, que pueden y deben ser profundizados para que los
avances normativos logren hacerse operativos.
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