MEMORIA - Abogacía Española

Abogacía Española | Memoria 2011 INFORME DE LAS ACTIVIDADES DE LAS COMISIONES ORDINARIAS | 54
ANEXO I
NOTA INFORMATIVA. AVANCES Y PROYECTOS DE LA PARTICIPA-
CIÓN DEL CGAE EN EL GRUPO DE ANÁLISIS PARA EL ESTUDIO DE
LA REFORMA DEL SISTEMA LEGAL DE VALORACIÓN DE LOS DA-
ÑOS Y PERJUICIOS PERSONALES PRODUCIDOS POR ACCIDENTES
DE TRÁFICO (COMISIÓN CONSTITUIDA ENTRE EL MINISTERIO DE
ECONOMIA Y HACIENDA –DGS- Y MINISTERIO DE JUSTICIA)
(Elaborado por Xavier Coca Verdaguer y Juan Carlos Río Valle)
El objeto de la presente nota es informar de los avances, proyectos
y organización de los trabajos del CGAE en su participación
como colectivo representado en el Grupo de Análisis para el Estudio
de la Reforma del Sistema Legal de Valoración de los Daños
y Perjuicios Personales producidos por Accidentes de Tráfico.
Introducción
Desde la promulgación de la Ley 30/95, hace ya 15 años, el
panorama judicial indemnizatorio de este país ha realizado un
vuelco de 180 grados. Todo ha cambiado.
Lo que representaba que eran los objetivos principales de la
Ley: (I) tasar el daño moral/corporal de los lesionados en accidentes
de tráfico de forma igualitaria en todo el territorio nacional;
(II) facilitar el acceso a la indemnización del lesionado
de tráfico sin someterlo a una prueba de daño draconiana; (III)
desjudicializar en un alto porcentaje los accidentes de tráfico
con lesiones, facilitando las herramientas a compañías de seguros,
médicos, abogados, jueces y lesionados para poder alcanzar
mayores soluciones consensuadas, descongestionando,
consecuentemente, los órganos jurisdiccionales y (IV) facilitar a
las compañías de seguros los cálculos necesarios previos para
sus oportunas reservas, se han conseguido casi con creces.
Pocos podíamos pensar en la dimensión del efecto expansivo
que esta Ley ha tenido en el panorama judicial de nuestro
país en los relativamente pocos años que tiene, pero la realidad
es que sus efectos han cambiado el modus operandi
no sólo de las compañías aseguradoras, si no, sobretodo de
los abogados, tanto los que defienden víctimas de accidentes
como los que están al frente de las compañías, y, hasta un
extremo sobrecogedor, también el de los jueces y órganos
jurisdiccionales.
Hemos pasado de un baremo orientativo, a un baremo vinculante;
de un baremo para las víctimas de accidentes de circulación,
a un baremo para toda clase de víctimas con o sin lesiones
corporales pero con daño moral, superándose todo tipo
de barreras jurisdiccionales; hemos pasado de obtener indemnizaciones
dictadas y pensadas por jueces y tribunales imbuidos
únicamente por la prueba y las reglas de la sana crítica, a
automatismos a veces demasiado ajenos, no ya a los principios
básicos del derecho, si no incluso al más básico sentido común;
y, finalmente, destacar que hemos pasado de un baremo de
mínimos, un baremo garante, a un baremo de máximos, un
baremo que como no lo controlemos de cerca terminará por
acabar con uno de sus principios troncales del derecho de daños:
la restitutio in integrum, la restitución integral del daño.
El actual RDL 8/2004, de 29 de octubre, que sustituyó la anterior
reforma de la Ley 30/95, la Ley 34/2003, representa, hoy
día y a la práctica, la CONSTITUCIÓN de prácticamente cualquier
disciplina jurídica o fáctica que tenga como problemática
de fondo cualquier cuestión vinculada a un daño corporal
del que se pueda derivar una responsabilidad civil.
El 70-80% de los procedimientos penales de faltas de nuestro
país que se dirimen en los juzgados de instrucción, son asuntos
derivados de accidentes de circulación donde la aplicación
del Baremo es fundamental; el 30-40% de los procedimientos
civiles son derivados de accidentes de circulación o bien vinculados
con indemnizaciones de daño corporal; la jurisdicción
contencioso-administrativa ha abandonado desde hace unos
años (no muchos, todo sea dicho) los criterios de la Ley de
Expropiación Forzosa para el cálculo de las indemnizaciones,
para pasar a aplicar el Baremo; el derecho penal, salvo delitos
muy específicos, utiliza el Baremo de forma orientativa
y de referencia, aunque lo nieguen los Fiscales y Jueces y lo
apliquen a su manera (demasiado a menudo sin un criterio
definido y mayoritariamente de forma incorrecta); las negligencias
médicas del país, sean en el ámbito público o privado,
se están negociando con el Baremo; los accidentes de trabajo
y las indemnizaciones de daño corporal enjuiciadas en los tribunales
sociales, también aplican el Baremo; algunas de las
leyes que tienen valoraciones de daño corporal autónomas
(como la ley de caza, aeronáutica, etc.) se está intentando que
se equiparen sus indemnizaciones a las del Baremo (confundiéndose
sus fundamentos en aras al derecho de igualdad).