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“En Venezuela no inhabilitamos políticos sino funcionarios públicos, no importa que estos
sean políticos de oposición al gobierno nacional, no importa que estos sean partidarios del
gobierno, porque nosotros lo que sancionamos en la Contraloría General de la República
son conductas, no importa que sean hombres, mujeres, sacerdotes, laicos, descendientes de
japoneses, españoles o indígenas, lo que priva en nosotros es el cumplimiento de la ley con
la mayor objetividad posible”.
Pero las disposiciones que contienen las sanciones de inhabilitación
en Venezuela no son nuevas, aquí está en la ley
vigente desde el 1° de enero de 2002, en la de 1995, cuando el
presidente de la República era Rafael Caldera, en la de 1984,
cuando el presidente era Jaime Lusinchi, y en la de 1975, cuando
el presidente era Carlos Andrés Pérez. Es decir, la primera
Ley de Contraloría era de 1975, data de hace 33 años, usted no
había nacido cuando ya en Venezuela existía la inhabilitación
contra aquellos que, en el desempeño de la función pública
o privada pero en conexión con el Estado, habían cometido
irregularidades.
Es importante aclarar que de los 480 inhabilitados es menor
el número de funcionarios que desempeñaban cargos de elección
popular, pues la mayoría ocupaban cargos por designación
de las máximas autoridades. Los que son electos por votación
universal, directa y secreta tienen un privilegio, que nosotros
no compartimos pero que acatamos, dictado por la Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, que consiste en que
hasta tanto se cumpla el período para el cual fueron electos, los
inhabilitados cuyo cargo tiene origen en votación popular, conservan
el cargo, y terminado el período no pueden desempeñar
ningún cargo. Aspiramos que más adelante haya revisión por
parte del Tribunal Supremo de Justicia en Sala Constitucional y
puedan imponerse las sanciones de inhabilitación ipso facto.
IK: Me gustaría saber los datos básicos: ¿Cuántas personas
había en la primera lista de inhabilitados?
CR: – Había 480 y quedaron 272, porque los restantes ya
cumplieron su período. Y además porque nosotros hicimos un
corte dos meses antes de las elecciones para que el Consejo
Nacional Electoral pudiese producir el listado que identifica,
por cédula de identidad, a las personas que no podían optar a
cargos públicos. Pero como usted puede observar es una inhabilitación
parcial, es sólo para no desempeñar cargos públicos,
porque esta es una de las sanciones que impone, en vía administrativa,
el Estado para proteger el patrimonio público, que es
de todos los venezolanos.
Es necesario adecentar a los países y nosotros estamos haciendo
un esfuerzo, en consecuencia, hemos tomado esas medidas,
paralizamos las inhabilitaciones de cara a las elecciones
regionales y municipales de 2008, pero quienes estén incursos
en delitos contra la cosa pública los vamos a seguir sancionando.
Aspiramos que cada día sea menos, porque hemos venido
haciendo un esfuerzo serio y sostenido para formar a la gente,
porque nosotros sabemos que la corrupción es un problema
cultural y de debilidad política e ideológica que induce a que
algunas personas en el sector público o en el privado cometan
actos totalmente reñidos con la ética y la moral.
IK: Entonces 208 personas cumplieron la sanción antes de
la elección.
CR: Sí, y por ello pueden ser candidatos. Quiero decirle que
de los 480, sólo 5 eran dirigentes políticos, los demás no, lo que
ocurre es que ellos inventan que son sanciones políticas, pero
no es así.
Además, en Venezuela por delito político no se sanciona a
nadie. Además, yo no soy juez penal, porque siempre me dicen
que por no ser juez no los puedo inhabilitar, a lo que yo les contesto,
menos mal que no soy juez porque si no la inhabilitación,
planteada en los artículos constitucionales 42 y 65, implicaría
no sólo el que no pueda ser electo para un cargo público, sino
que tampoco pueda votar, ni heredar, ni casarse, implica pues
la pérdida de la libertad. Pero aquí no está planteada esa figura,
sino que si usted tuvo un mal manejo de los fondos públicos,
no fue diligente como un buen padre de familia, como dirían
en derecho romano, pues usted tiene que pasar un lapso sin
desempeñar cargos públicos, pero es solamente eso.
IK: ¿Qué tipo de delito cometieron? ¿Todos son corrupción?
CR: Todos manejaron indebidamente los fondos públicos.
Usted tenía asignado cien millones de bolívares para pagar tributos,
los agarró, no pagó los tributos sino que compró vehículos;
o si usted no podía percibir una remuneración de mil yenes,
pero usted cobró dos mil yenes, pues evidentemente esa es una
situación irregular; o usted tenía que comprar algo mediante
licitación, pero no lo hizo sino que adjudicó directamente la
compra o la construcción de la obra, y así como esas hay distintas
irregularidades. Habrá casos en el que hubo enriquecimiento
ilícito, pero eso ya lo pasamos a otras instancias civiles
o penales.
IK: ¿Cuál es la duración mínima y máxima para la inhabilitación
en el caso de los 272?
CR: El máximo era 3 años, porque la ley anterior establecía
3 años y el mínimo podía ser 3 meses, pero ahora con la nueva
ley son 15 años el lapso máximo.
IK: ¿Pero hay prescripción para la inhabilitación?
CR: No, en Venezuela no prescribe, pues a partir de 1999
con la Constitución Bolivariana los delitos contra la cosa pública
no prescriben.
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