Competencias municipales vinculadas a la gestión ambiental y de ...

SECCIÓN II: RESEÑA DE LA INSTITUCIONALIDAD Y LA LEGISLACIÓN
AMBIENTAL PERUANA
2.2.10 Normas sobre los derechos ciudadanos
a) Igualdad de derechos
El artículo 2º, numeral 2) de la Constitución Política del Perú, establece la igualdad de toda
persona ante la ley y que nadie debe ser discriminado o discriminada por motivo de origen,
raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole.
En ese sentido, debe entenderse que la Constitución protege la igualdad de todas las
personas en el ejercicio de los derechos reconocidos por la legislación peruana, sin ningún
tipo de discriminación. De esta manera, el Estado protege el ejercicio de todos los derechos
establecidos en la legislación nacional, tanto los de cada persona de manera individual,
como los de la sociedad civil organizada (asociaciones vecinales, comunidades nativas
y campesinas, asociaciones y federaciones, entre otros); esto incluye la protección a los
grupos sociales y espacios del territorio nacional que tienen regímenes legales especiales
(pueblos indígenas en situación de aislamiento o en situación de contacto inicial, áreas
naturales protegidas, patrimonio cultural de la Nación, entre otros). En general, cabe
señalar que ningún derecho es mejor que otro y que el Estado tiene el deber de brindar
garantías para que todos puedan ejercer los derechos que las leyes reconocen.
Así, normas como la Ley Nº 28611, Ley General del Ambiente y otras regulaciones en
materia ambiental, establecen obligaciones, pero también derechos que deben ser
respetados por el Estado y las diversas personas que intervienen en la gestión ambiental,
bajo el entendido que el derecho de una persona termina donde empieza el derecho de
otra persona, sea ésta una persona natural o jurídica (empresa, asociación, comunidad u
otras formas de organización).
b) Carácter de orden público de las normas legales
Las normas que rigen el Derecho Peruano, tienen carácter de orden público, es decir, su
aplicación es de carácter obligatorio para todas las personas y autoridades en el país, por lo
que no se admite la validez de pactos, acuerdos, contratos o convenios que contravengan
los mandatos legales o sean contrarios a ellos.
La propia Ley General del Ambiente dispone en su artículo 7° que las normas ambientales,
incluyendo las referidas a la salud ambiental, la conservación de la diversidad biológica
y los demás recursos naturales, son de orden público. La Ley agrega, que es nulo todo
pacto en contra de lo establecido en dichas normas legales, por lo que debería entenderse
que un acuerdo contrario a la legislación vigente, carecería de valor legal.
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