Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas ... - Acnur

E/CN.4/2001/15
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frecuencia, intensidad y duración de las acciones guerrilleras en las vías de comunicación terrestres (véase
el capítulo VI y el punto E de este capítulo).
52. Las restricciones de carácter militar a la libertad de circulación afectaron, entre otros ciudadanos, a
los habitantes de algunos territorios indígenas, como por ejemplo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los
moradores de esos territorios quedaron así sometidos a situaciones por cuyo efecto se hizo especialmente
difícil el acceso a los bienes de primera necesidad. Otro caso fue el de la comunidad de paz de San José
de Apartadó (Antioquia) en el cual, por orden del comandante de la zona, los soldados exigieron el
nombre y la cédula de todas las personas que entraban y salían de la comunidad, advirtiendo que sólo se
permitía el ingreso de quienes eran miembros de ella. Esta comunidad ha sido, además, permanentemente
estigmatizada por las autoridades bajo la sindicación de que sus integrantes tienen nexos con la guerrilla.
53. En el caso de los paramilitares, las violaciones del derecho a la libertad circulatoria estuvieron
asociadas con la instalación de ilegales puestos fijos de control y vigilancia en las regiones sometidas a su
dominio fáctico. El retén es utilizado por el paramilitarismo no sólo para controlar la identidad de los
transeúntes y restringir el comercio de víveres y de gasolina, sino que debe destacarse su fuerte incidencia
sobre la posterior perpetración de ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres y
desplazamientos forzados de población civil.
54. Durante el año 2000, se informó a la Oficina sobre la existencia de retenes paramilitares, en
particular, en Tibú (Norte de Santander), Valle del Guamuez (Putumayo), en Quibdó (Chocó), en los
municipios antioqueños de San José de Apartadó, Urrao, Frontino y Uramita, y en Bahía Solano,
Tumaradó (Chocó). En este último caso se afectó a los retornados del Cacarica. Tales retenes se
instalaron, muchas veces, en puntos geográficos que pertenecen a zonas del territorio donde es visible
una fuerte presencia de las fuerzas militares.
55. En Medellín siguió aplicándose el Decreto municipal 326 que otorga a la policía facultades para
disolver y reprimir cualquier circulación masiva de personas. Esta disposición no sólo es violatoria de la
libertad de circulación sino que además afecta las libertades de expresión y de reunión y no se adecua a
las exigencias internacionales en materia de normas de excepción.
56. De la más grave de las violaciones del derecho a la libertad de circulación, el desplazamiento
forzado, se tratará con detalle en la sección 3 del capítulo VII.
5. Derecho al debido proceso
57. La vigencia y plenitud del derecho al debido proceso ha continuado siendo precaria por causas
relacionadas con los altos índices de impunidad, en particular en casos de violaciones de derechos
humanos e infracciones al derecho internacional humanitario. Sin embargo, esta problemática se halla
vinculada a diversos factores, varios de ellos estructurales, de la administración de justicia, así como
también al debilitamiento de las instituciones judiciales y de control, y a su limitada capacidad de acción
o, inclusive, ausencia en varias regiones del país.
58. A pesar de la entrada en vigencia del nuevo Código Penal Militar, en agosto de 2000, continuaron
las violaciones del derecho a ser juzgado por un tribunal competente, independiente e imparcial, mediante
el conocimiento de casos de violaciones graves de los derechos humanos y del derecho internacional
humanitario por los tribunales castrenses 7 . El caso paradigmático ha estado representado por el proceso
por la desaparición de Nidia Erika Bautista, en agosto de 1987, hecho por el cual, en 1993, el Estado
colombiano fue encontrado responsable por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de
7
Véase el capítulo VIII de este informe.