escenas laborales - AELE

El centro de la polémica no es la estabilidad en el trabajo en
general, sino la estabilidad en el empleo, en particular, y dentro
de ella, decidir si se adopta:
i) Un régimen de estabilidad absoluta que acoge el principio
de reposición en el trabajo habitual, en caso de despido
injustificado; o
ii) Un régimen de estabilidad relativa, en el que el despido
conserva su efecto resolutorio; pero el empleador debe
pagar indemnización, en caso de despido injustificado.
La dilucidación de esta alternativa encierra otra de mayor
envergadura porque se trata de precisar el objetivo de la nueva
Ley General del Trabajo (LGT), ya que si se opta por la rigidez
hay que inclinarse por la estabilidad absoluta y así se estará
protegiendo a los trabajadores dependientes que tienen colocación
en la Empresa. Pero si se piensa que la LGT debe ser promotora
de empleo decente, habría que escoger la alternativa de
la estabilidad relativa, en un ámbito de flexibilización, con el
propósito de acoger dentro del marco protector de la Ley a parte
de la legión de desempleados y subempleados que integran
más del 80% de la PEA.
III. ESTABILIDAD PROPIA O ABSOLUTA
Para Mario DEVEALI “la estabilidad propia consiste en el
derecho del empleado a conservar el puesto durante toda su vida
laboral, no pudiendo ser declarado cesante, sino por alguna de
las causas específicas taxativamente enumeradas por la Ley”.
El carácter general del contrato individual de trabajo es su
continuidad o permanencia, por lo que el empleador, entre otras
responsabilidades, asume la obligación de mantener el vínculo
laboral mientras no sobrevengan causales justificadas para su
anulación. Los efectos del derecho de estabilidad en el empleo
se dan cuando el empleador se niega a cumplir con esta obligación
y procede a despedir arbitrariamente al trabajador. Los
efectos de esta estabilidad, siguiendo a Mario DE LA CUEVA,
pueden agruparse en la siguiente clasificación, considerando
los diversos regímenes legales establecidos al respecto:
a) Otorgar al trabajador los medios legales para que se
reincorpore en su empleo: inamovilidad o carácter vitalicio
de la función.
b) Otorgarle la posibilidad de optar por su reincorporación
en el empleo o por el pago de la indemnización especial
por despido.
c) Otorgar al empleador el ejercicio de la opción entre la
reposición en el empleo del trabajador despedido o abonarle
la indemnización respectiva.
d) Otorgar facultad al juzgador para ordenar el pago de la
indemnización especial por despido, cuando la reincorporación
demandada por el trabajador no resulte aconsejable
dado el grado de incompatibilidad resultante de
la controversia.
e) Otorgar al trabajador la posibilidad de solicitar el pago
de remuneración durante el tiempo necesario para que
alcance la jubilación, en caso de negativa injustificada
del empleador de cumplir con el mandato de reposición
en el empleo.
El Proyecto de la LGT proporciona al trabajador la facultad
de elegir entre la reposición o el pago de la indemnización por
despido, en caso se declare fundada la demanda de impugnación
de despido, lo que en el fondo significaría optar por el
régimen de estabilidad absoluta o rígida.
El Art. 72º del texto original del D. Leg. 728, si bien se
estableció que si el despido era injustificado, el trabajador podía
demandar alternativamente su reposición en el trabajo o el
pago de la indemnización por despido, otorgándole además la
facultad de modificar su demanda, en cualquier estado del proceso.
También otorgó al Juez una potestad extra petita de ordenar,
en la sentencia, el pago de la indemnización en vez de la
reposición, cuando ésta hubiere resultado inconveniente dadas
las circunstancias.
Esta opción desapareció en el TUO del D. Leg. 728, aprobado
por el D.S. Nº 003-97-TR “Ley de Productividad y Competitividad
Laboral” (LPCL), porque se acogió la estabilidad relativa en
el caso del despido injustificado o arbitrario. En cambio, se mantiene
la potestad de elección del trabajador entre su reposición o
el pago de la indemnización en los casos de despido nulo.
Decidir entre la reposición o el pago de indemnización, en
caso se declare fundada la demanda de impugnación de despido
es un tema controversial, pues hay quienes solicitan que esa
facultad corresponda al empleador, mientras que otros propugnan
que tal potestad la ejerza el trabajador, como lo hace el
Proyecto. Frente a estas posiciones extremas es necesario buscar
el punto de equilibrio asignando a la potestad jurisdiccional
la decisión final de reposición o el pago de la indemnización,
cuando aquella, dadas las circunstancias particulares del caso,
pueda resultar inconveniente para el normal desarrollo de las
actividades del centro de trabajo, sobre todo si éste fuera pequeño
y el trabajador labore en contacto directo y personal con
el empleador.
IV. ESTABILIDAD IMPROPIA O RELATIVA
Mario DEVEALI sostiene que: “De estabilidad puede hablarse
en numerosos sentidos. No es que la palabra estabilidad tenga
diferentes significaciones, sino más bien que puede tener
diferentes grados de intensidad, como ocurre en el caso del
calor, de la luz, etc.". Agrega que “Esta distinta intensidad puede
llegar a originar diferencias cualitativas, de ahí que, en Doctrina,
se conocen dos clases de estabilidad: una denominada
impropia o relativa, que se limita a establecer una multa que
debe abonar el empleador que viola los beneficios de la estabilidad
y/o, una indemnización en beneficio del damnificado que,
como característica general, tiene en cuenta la antigüedad en el
servicio y no el perjuicio futuro del dependiente”.
En cierto modo, la compensación por tiempo de servicios,
en sus inicios, funcionó como indemnización por despido injustificado,
ya que el trabajador perdía su percepción si dejaba
de concurrir al centro de trabajo por renuncia, sin dar al empleador
el preaviso correspondiente, o si la extinción del vínculo
laboral se operaba por despido justificado, situación que
se mantuvo hasta el 11 de marzo de 1975, en que se promulgó
el D.L. Nº 21116, cuyo Art. 1º estableció que, a partir de esa
fecha, el despido por falta grave de los trabajadores sujetos al
régimen de la actividad privada, no ocasionará la pérdida de la
compensación por tiempo de servicios.
El Art. 3º del D.L. Nº 18471, del 10 de noviembre de 1970
8 ABRIL 2007 / INVITADO