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PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD - Gobierno del Estado ...

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20 de Julio de 2005

20 de Julio de 2005 PERIÓDICO OFICIAL Página 25 Es menester señalar que dicho convenio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de enero de mil novecientos noventa y uno, está estrechamente relacionado con el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a letra dice: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados”. El compromiso asumido por el Estado mexicano tuvo como resultado diversas reformas a la legislatura federal, como las publicadas en el Diario Oficial de la Federación el catorce de agosto de dos mil uno, a los artículos 1°, 2°, 4°, 18 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, disposiciones aplicables en forma específica a la población indígena de nuestro país. Entre las razones por las que el Congreso de la Unión aprobó la iniciativa del Ejecutivo Federal están: a) La exigencia de los pueblos indígenas de México, las comunidades que los integran, sus organizaciones y una gran parte de la sociedad nacional e internacional; b) El cumplimiento de la obligación del Estado Mexicano contraído con la comunidad internacional, cuando hace diez años suscribió el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes; c) La iniciativa del gobierno de reconocer que México es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes. La mayor riqueza de nuestro país está en su diversidad cultural, por ello la unidad nacional no puede sustentarse en la imposición de una cultura sobre las demás. Al contrario, nuestra unión debe ser el resultado de la colaboración fraterna entre los distintos pueblos y comunidades que integran la nación; d) La reforma insertó en el artículo 1 constitucional el derecho a la no discriminación, motivada por la nacionalidad, religión, género, edad, preferencias y, desde luego, el origen étnico. Así, el derecho a la no discriminación se suma al capítulo de las garantías individuales no sólo como un derecho individual, sino como una garantía de carácter colectivo que corresponde a los grupos vulnerables destacados en el precepto; e) Estableció el principio de la unicidad e indivisibilidad de la nación mexicana, como premisa de su composición pluricultural, de tal suerte que la libre determinación y autonomía indígena no se interpreten de modo alguno como un derecho de separación, segregación o reservación; f) Se reconoce la composición pluricultural de la nación mexicana sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Es importante preservar el reconocimiento de la multiplicidad cultural que existe en el país y que no se reduce a la diferenciación entre la población indígena y la no indígena, sino que abarca también a la gran y rica diversidad étnica que convive en México; g) Precisa el concepto de pueblos y comunidades indígenas y los criterios para la aplicación de las nuevas disposiciones constitucionales: conciencia de la identidad indígena, así como criterios etnolingüísticos y de asentamiento físico, los cuales facilitan la interpretación y aplicación del precepto: h) Reconoce explícitamente la libre determinación y, como su expresión, la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, dentro de un marco constitucional que asegura la unidad nacional, lo cual obliga a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos a reconocer ese derecho, pero también nos concede la facultad de establecer características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de los pueblos y comunidades indígenas de nuestro estado; i) Indica en qué consisten los derechos autonómicos indígenas sobre los que ninguna autoridad federal, local o municipal puede tener injerencia alguna, de manera que sea el espacio de la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas, y j) Consigna el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a coordinarse y asociarse para promover su desarrollo. En nuestro Estado se han promovido dos iniciativas para adecuar nuestro marco constitucional de conformidad con lo establecido por la reforma a la Constitución Federal sobre derechos indígenas, la primera de ellas es la Iniciativa de reforma y adición a los artículos 2 y 40, fracción XLVIII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, presentada por el Dip. Gustavo Rebolledo Hernández, y una segunda Iniciativa de Decreto por el que se adiciona un artículo 2 al mismo ordenamiento, presentada por el Lic. Sergio Alberto Estrada Cajigal Ramírez, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, por lo que del análisis de ambas iniciativas se desprenden las siguientes: CONSIDERACIONES Que de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, Morelos cuenta con una población aproximada de 206 mil habitantes que pueden considerarse población indígena, con presencia en la totalidad de los municipios de la Entidad: desde Hueyapan, en Tetela del Volcán, hasta Coatetelco en el Municipio de Miacatlán; desde Ocotepec, en el Municipio de Cuernavaca, hasta Chalcatzingo en el Municipio de Jantetelco.

Página 26 PERIÓDICO OFICIAL 20 de Julio de 2005 Que con motivo de la reforma constitucional de fecha catorce de agosto de dos mil uno, se consagran en el artículo 2° diversas atribuciones para las Entidades Federativas, como el reconocimiento, en sus constituciones y leyes, de los pueblos y comunidades indígenas; la regulación de los derechos indígenas en los municipios; el establecimiento de las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen la situación de cada entidad; la creación de instituciones y políticas que garanticen la vigencia de los derechos indígenas, y la previsión de partidas específicas del presupuesto destinadas al cumplimiento de las obligaciones en esta materia. Que para proveer dicho mandamiento en la disposición segunda transitoria, se estableció que al entrar en vigor estas reformas, el Congreso de la Unión y las Legislaturas de las entidades federativas, deberán realizar las adecuaciones a las leyes federales y constituciones locales que procedan y reglamenten lo estipulado. Por lo que son ya varias las constituciones de los Estados de la República que han incorporado ese reconocimiento de su composición pluricultural y multiétnica, con las variantes acordes a cada entidad federativa. Aunado a lo anterior existe tesis jurisprudencial que señala que lo siguiente: DERECHOS DE LOS INDÍGENAS. LOS ESTABLECIDOS EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS PUEDEN SER AMPLIADOS POR LAS LEGISLATURAS LOCALES DENTRO DEL MARCO DE AQUELLA. El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos. En Morelos, sin embargo; y a pesar de que se reconoce que casi un veinte por ciento de la población puede considerarse indígena, nuestra Constitución no establece disposición alguna que trate del reconocimiento de los grupos indígenas del Estado y, en consecuencia, las propias leyes que de ella derivan siguen la misma tendencia de no consignar en sus preceptos la existencia y el reconocimiento de los derechos que como habitantes del Estado de Morelos tienen los indígenas asentados en los treinta y tres municipios de esta Entidad, la cual es producto de la unión de pueblos y culturas diferentes como los nahuas, mixtecos, otomíes, zapotecos, chinantecos, tlapanecos, entre otros. El artículo 1o. de la Constitución Federal establece que las garantías que otorga no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece, de lo que deriva que ninguna ley secundaria puede limitar las disposiciones constitucionales correspondientes; sin embargo, sí son susceptibles de ser ampliadas por el legislador ordinario, ya sea federal o local, en su reglamentación, al pormenorizar la norma constitucional que prevea el derecho público subjetivo a fin de procurarse su mejor aplicación y observancia. En consecuencia, los Congresos Locales, al legislar sobre la materia indígena y regular las instituciones relativas, en términos de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deben hacerlo bajo el criterio de que los que se otorgan en ella a la población indígena son derechos mínimos que deben ser respetados para garantizar su efectividad, pero que pueden ser ampliados para imprimir las características propias que mejor expresen las situaciones y aspiraciones de sus pueblos indígenas, siempre que tal ampliación se realice sin vulnerar el marco constitucional al que dichos derechos se encuentran sujetos. Incluir en nuestro texto constitucional el reconocimiento a nuestra población indígena y a nuestro mosaico cultural, no implica redundar respecto a la disposición contenida en la Constitución federal, por el contrario, significa acatar el mandato que contiene la propia Constitución federal en el sentido de que las constituciones de los Estados deberán adoptar las reformas que el constituyente permanente apruebe a nuestra Carta Magna, pero además, al quedar contenidos en nuestra norma fundamental estatal, se daría el basamento constitucional para que esta Soberanía emita disposiciones reglamentarias de carácter local, de las cuales carecemos generándose un vacío legal.

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