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PERIÓDICO OFICIAL TIERRA Y LIBERTAD - Gobierno del Estado ...

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20 de Julio de 2005

20 de Julio de 2005 PERIÓDICO OFICIAL Página 27 Es por eso que el presente Decreto, se integra al texto del artículo 2 Bis de la Constitución de nuestro Estado el reconocimiento a nuestra composición pluricultural, el respeto a la cultura de nuestras comunidades indígenas y la garantía que tienen sus habitantes de acceder a la justicia que imparte el Estado; cabe resaltar la garantía que se propone, a riesgo de que la redacción del citado artículo parezca redundante, en el sentido de que los pueblos indígenas gozarán plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales que otorga la Constitución General de la República y la particular del Estado, sin obstáculo ni discriminación alguna; con ello se pretende que nadie, particularmente los agentes del Estado, niegue a nuestros hermanos de raza, por el simple hecho de serlo, los derechos fundamentales que nuestra constitución les otorga. Esta reforma tiene como objetivo esencial reconocer la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas; prevé también diversas disposiciones y mecanismos legales para garantizar a las comunidades integrantes de los pueblos indígenas y a sus habitantes el ejercicio de sus formas específicas de organización comunitaria y de gobierno propio, el respeto y desarrollo de sus culturas, creencias, conocimientos, lenguas, usos, costumbres, medicina tradicional y recursos; así como el reconocimiento de sus derechos históricos en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El reconocimiento de la organización de los pueblos y comunidades indígenas dentro de un municipio, no puede ni debe entenderse como la creación de un nuevo orden de gobierno, ni mucho menos en el sentido de subordinar jerárquicamente a las autoridades municipales respecto de las autoridades del pueblo indígena correspondiente. De la misma forma los procedimientos para la elección de las autoridades indígenas o sus representantes y para el ejercicio de sus formas propias de gobierno, deben interpretarse en el sentido de ser complementarios y no excluyentes de los vigentes. Las autoridades y procedimientos constitucionales establecidos en el orden municipal, deben mantenerse, entre otras razones, por que constituyen una garantía para los habitantes de los pueblos y comunidades, indígenas o no, de cada municipio. Es importante destacar en relación con la autonomía y el reconocimiento de los territorios de los pueblos indígenas a que hace referencia el artículo 2° de la Constitución Federal, que no constituyen jurisdicciones separadas del territorio nacional, en ellos sigue vigente el principio del artículo 27 Constitucional según el cual la propiedad originaria de las tierras y aguas corresponde a la Nación. En consecuencia, el territorio de los pueblos indígenas de México no deja de ser territorio de la nación mexicana. Por otra parte, del análisis de ambas iniciativas se advierte que son omisas respecto a los derechos de las mujeres indígenas, derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no garantizan los derechos de las mujeres indígenas morelenses como son la discriminación, la participación como aspirantes a representantes de su gobierno interno, a la educación, a la salud, a la inclusión de este género al desarrollo integral de sus comunidades. Soslayar los derechos de la mujer indígena morelense en nuestra Constitución Política, sería vulnerar la garantía constitucional a la no discriminación por género consagrada en el capítulo de las garantías individuales consagradas en el artículo 1° de la Constitución Federal. Por lo que si se trata de equiparar nuestras normas constitucionales al Pacto Federal, los dictaminadores coincidimos que es necesario incluir en esta reforma el reconocimiento de los derechos que tienen las mujeres morelenses, ya que en nuestra entidad, dentro de la población indígena, más del cincuenta por ciento son mujeres, por lo que se debe garantizar su participación en condiciones de equidad frente a los varones, incorporándolas al desarrollo, mediante el apoyo de proyectos productivos, la protección de la salud, el otorgamiento de estímulos para favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas con la vida comunitaria. Este Congreso ha recibido el resultado de la “Consulta sobre Derecho y Cultura Indígena en Morelos”, realizado por el Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, el Poder Legislativo a través de la Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Casa de la Cultura Jurídica de Morelos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, el Consejo Consultivo Indígena TLAHTOCAN, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, Delegación Morelos, el Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Ayuntamiento de Cuautla, Ayuntamiento de Temixco, en el que se involucraron diferentes actores de la vida indígena, entre lideres de opinión, intelectuales indígenas, organizaciones indígenas, instituciones académicas, presidentes municipales, regidores de Asuntos Indígenas, Ayudantes Municipales, Presidentes del Comisariado Ejidal y de bienes Comunales, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, entre otros. Dicho foro se realizó en tres sedes con el objeto de llegar al mayor número de comunidades indígenas, las cuales fueron Hueyapan comunidad indígena enclavada en las faldas del Volcán Popocatépetl y perteneciente al Municipio de Tetela del Volcán, Cuentepec comunidad de lengua náhuatl, perteneciente al Municipio de Temixco y por último Tetelcingo, comunidad indígena ubicada en el Municipio de Cuautla. Los que han permitido enriquecer la iniciativa constitucional que se dictamina.

Página 28 PERIÓDICO OFICIAL 20 de Julio de 2005 De igual forma la iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, es el resultado de los trabajos realizados en el seno del Consejo Consultivo para la atención de los Pueblos Indígenas, con la participación de diversas agrupaciones del Estado tales como: CGCIP Santa Catarina, Centro de Intercambio Cultural de Xoxocotla, Morelos, Instituto Morelense de Asuntos Indígenas de Zacualpan y ciudadanos de Tlayacapan, San Juan Tlacotenco y Tetelcingo, Morelos. En virtud de lo expuesto por ambos iniciadores, y toda vez que sus propuestas son coincidentes, este Congreso que, debido a la relevancia de la presente reforma, se adicione un artículo 2 Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, y no sólo se reforme el artículo 2, de dicho ordenamiento, con ello se tendría un artículo específico para reconocer los derechos y obligaciones de nuestras comunidades indígenas. Por todo lo anterior, debe entenderse en concordancia con el texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con ella se acredita el compromiso de reconocer la composición pluriétnica y pluricultural de nuestro Estado. Estas reformas que se proponen, además de implicar un reconocimiento a nuestras raíces y a nuestra realidad poblacional y cultural, significan un avance en el fortalecimiento de nuestras comunidades indígenas, de su cultura y tradiciones y constituyen – además – el cumplimiento que hace nuestro Estado de Morelos a los tratados internacionales en la materia que, como ya se ha dicho, al ser ratificados por el Senado de la República, vinculan a todo nuestro derecho positivo. Por lo que se refiere al artículo 40, atendiendo a que el Congreso no puede actuar más allá de lo que este expresamente facultado, se reforma la fracción XLVIII para establecer la facultad del Congreso para legislar en la materia indígena, haciéndose la salvedad general, que incluye a todas las demás materias y que consideramos necesario asentar, que podrá legislar en todo aquello que no este expresamente reservado a la federación en aquellos rubros que la propia disposición señala. Por lo anteriormente expuesto, esta Soberanía ha tenido a bien expedir el siguiente: DECRETO NÚMERO SETECIENTOS VEINTIOCHO. POR EL QUE SE ADICIONA UN ARTÍCULO 2 BIS Y REFORMA LA FRACCIÓN XLVIII DEL ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS. ARTÍCULO PRIMERO. Se adiciona el artículo 2 Bis a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. ARTÍCULO SEGUNDO. Se reforma la fracción XLVIII del artículo 40 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, para quedar como sigue: Artículo 2 Bis. El Estado de Morelos tiene una composición pluriétnica, pluricultural y multilingüística, sustentada originalmente en sus pueblos y comunidades indígenas. Reconoce la existencia histórica y actual en su territorio de los pueblos y protege también los derechos de las comunidades asentadas en ellos por cualquier circunstancia. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la libre determinación de sus pueblos y comunidades indígenas, ejercida en sus formas internas de convivencia y organización, sujetándose al marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional y estatal. Esta Constitución establece sus derechos y obligaciones conforme a las bases siguientes: I. El Estado reconoce a los pueblos indígenas su unidad, lenguas, cultura y derechos históricos, manifestados en sus comunidades indígenas a través de su capacidad de organización; II. Queda prohibida toda discriminación que, por origen étnico o cualquier otro motivo, atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, así como su desarrollo comunitario; III. Las comunidades integrantes de un pueblo indígenas son aquellas que forman una unidad política, social, económica y cultural asentadas en un territorio. La ley establecerá los mecanismos y criterios para la identificación y delimitación de las mismas, tomando en cuenta, además, los criterios etnolingüísticos; IV. Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, podrán coordinarse o asociarse en los términos y para los efectos que prevenga la ley; V. El Estado coadyuvará en la promoción y enriquecimiento de sus idiomas, conocimientos y todos los elementos que conforman su identidad cultural; VI. La conciencia de su identidad étnica y su derecho al desarrollo deberá ser criterio fundamental para determinar a quienes se aplican las disposiciones sobre pueblos y comunidades indígenas. Las propias comunidades coadyuvarán, en última instancia, a este reconocimiento; VII. En los términos que establece la Constitución Federal y demás leyes de la materia, dentro de los ámbitos de competencia del Estado y los Municipios, los pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho y obligación de salvaguardar la ecología y el medio ambiente, así como preservar los recursos naturales que se encuentren ubicados en sus territorios, en la totalidad del hábitat que ocupan o disfrutan, además tendrán preferencia en el uso y disfrute de los mismos;

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