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0077 - Viento Sur

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Otras medidas que

Otras medidas que propone el ministerio pueden ser válidas, pero se necesita un verdadero esfuerzo inversor que garantice una educación de calidad para todas y todos. Las inversiones en idiomas o en nuevas tecnologías no pueden hacerse dejando de lado otros objetivos prioritarios: garantizar una red pública de calidad que atienda a toda la población escolar independientemente de su lugar de residencia o de su situación social. Para ello se debería destinar el 7% del PIB al final de la actual legislatura. El diagnóstico de la situación actual del sistema educativo coincide en algunos casos con el que llevamos realizando quienes defendemos la escuela pública. Pero en vez de cuestionar la situación de dualización creciente del sistema educativo, origen de la mayoría de los males que aquejan a la enseñanza pública, en ningún momento se pone en tela de juicio la existencia de dos redes educativas: ni siquiera se llega a proponer medida alguna que frene el proceso, agudizado hasta extremos increíbles en algunas ciudades o comunidades autónomas (en Barcelona, el 60 por cierto del alumnado hasta los 18 años estudia en colegios concertados; en Euskadi, el porcentaje supera ya el 50%). Por lo tanto, la prioridad de la enseñanza pública que el actual presidente del gobierno reivindicó, se queda, en el documento, en una declaración de intenciones. Por una nueva ley de educación Es imprescindible la derogación de la LOCE y de los diferentes decretos que la desarrollan así como la elaboración de un nuevo marco legislativo que gire en torno a la promoción y defensa de la enseñanza pública, como enseñanza democrática, igualitaria, integradora y de calidad para todas y todos. Se debe frenar la privatización creciente del sistema educativo en el Estado español. Una educación de calidad es incompatible con la profundización en el desequilibrio de las redes pública y concertada. Es la enseñanza pública la que debe atender prioritariamente a la población escolar, por lo que allí donde haya oferta pública suficiente deberán reducirse paulatinamente los conciertos educativos. Éstos se eliminarán de los tramos no obligatorios y se garantizará una oferta de plazas escolares públicas en todos los tramos. La anunciada gratuidad de la enseñanza infantil ha de ser cubierta mediante la creación de plazas en el sistema público. Es preciso garantizar una educación pública de calidad para todas las personas en edad escolar y para las personas adultas que lo deseen. Para ello, son necesarios medios que garanticen una atención personalizada y la compensación de desigualdades educativas. Se deben establecer medidas de compensación educativa para toda la población escolar que lo necesite, haciendo especial hincapié en la escolarización con plenas garantías de alumnado procedente de otros países. Hay que destinar fondos en la escuela pública para creación de 102 VIENTO SUR Número 77/Noviembre 2004

empleo docente y no docente, para mejora y construcción de centros educativos y equipamiento de los mismos. Medidas como la reducción del número de alumnos/as por docente y la garantía de oferta de modalidades y optativas en todos los niveles y lugares geográficos son imprescindibles. La gestión democrática y la no jerarquización han de ser la base de una escuela participativa. La derogación de la normativa sobre selección de directores/as y la recuperación de competencias por parte del Consejo Escolar deben ser las primeras medidas para acabar con la jerarquización y con los intentos de convertir la gestión de los centros en una tarea empresarial. La competencia entre centros docentes y entre el profesorado debe ser sustituida por formas de participación democrática y por un cuerpo único de enseñantes que acabe con la división y jerarquización entre el profesorado. La religión debe salir fuera de la escuela. Defendemos el carácter científico de la enseñanza y por lo tanto se debe excluir cualquier asignatura de carácter confesional. Para ello, el gobierno debe revisar el Concordato y derogar los acuerdos con el Vaticano. No se debe pagar con dinero público el adoctrinamiento religioso: las creencias religiosas forman parte del ámbito privado y por tanto la enseñanza de las religiones ha de quedar al margen de la escuela. Es imprescindible una escuela que acabe con discriminaciones sociales y de género y que proporcione al alumnado los saberes necesarios para ser capaces de comprender y transformar la sociedad en que viven. Renovada pedagógicamente, la escuela debe potenciar tanto la adquisición de destrezas que permitan un desarrollo autónomo como la de saberes que posibiliten un conocimiento más allá de lo meramente instrumental. Se hace necesario, en el actual contexto, reivindicar que la escuela es una institución de formación integral que no debe estar sujeta a las veleidades de los cambiantes mercados laborales. Es preciso acabar con una precariedad laboral que afecta al 20% de las plantillas docentes, ocupadas actualmente por profesorado interino, cuyas justas demandas deben ser, de una vez, atendidas. Es el momento de garantizar una formación inicial equivalente para todo el profesorado, y una formación continua dentro del horario lectivo que sea acorde con las nuevas circunstancias sociales y escolares. Así mismo, el reconocimiento de las enfermedades profesionales específicas, la mejora en las condiciones laborales–35 horas semanales, disminución de ratios, jubilación a los 60,...– y las medidas presupuestarias para mejorar infraestructuras, equipamientos y para crear empleo estable son medidas básicas que deben ser contempladas en la nueva ley. Es urgente la tarea de dignificación social de las y los docentes. Es necesaria una ley que reconozca la realidad plurinacional y lingüística del Estado español, así como la interculturalidad, que respete los ámbitos de competencia de cada comunidad, las lenguas y las culturas específicas de cada territorio y la diversidad en su sentido más amplio. VIENTO SUR Número 77/Noviembre 2004 103

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