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0077 - Viento Sur

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En primer lugar, el

En primer lugar, el documento, numerosas veces, se vincula de forma explícita a las directrices europeas, en particular a los “Objetivos estratégicos de la Unión Europea para el 2010”, definidos en la Cumbre de Lisboa (2000). Ya hemos señalado que estas directrices, aunque nos lleguen bajo el aura de la modernidad, tienen como objetivo explícito el integrar los sistemas educativos europeos en la economía de mercado, con las consecuencias que hemos indicado. En segundo lugar, el documento declara su continuidad con las reformas anteriores, justificándolas con un análisis optimista de sus resultados /7; análisis que en ningún caso se refiere a la dramática situación que vive la escuela pública en su relación con la privada ni a la fragmentación del sistema educativo, la injusta distribución social de los malos resultados o la progresiva descualificación de los sectores sociales más desfavorecidos, en fin, no se refiere al desmantelamiento del servicio público de educación. Y, finalmente, varias de sus propuestas suponen la aceleración del proceso que denunciamos. El documento, no sólo no incluye ninguna medida dirigida a detener el proceso de degradación del sistema público de educación, sino que, en clara continuidad con el PP, mantiene el que, probablemente, fue, por parte de la LOCE, el ataque más duro al sistema público: la extensión de las concertaciones a los niveles no obligatorios. Y lo que es peor, se justifica con el mismo eufemismo utilizado por el PP: concertar nuevos niveles educativos no es extender la privatización, sino la gratuidad. Para paliar el grave problema que la libertad de elección de centro, las concertaciones y la selección del alumnado por parte de la red privada han creado, el documento hace unas propuestas que se limitan únicamente a una declaración de intenciones en la que se exige que todos los centros sostenidos con fondos públicos se repartan equitativamente el alumnado. Esta medida, si se le puede dar ese nombre, es tanto como pedir a la empresa privada que renuncie a la búsqueda de beneficio, contradiciendo su propia naturaleza. Imaginar que una empresa, por muy dedicada a la educación que esté, pueda comportarse como una entidad sin ánimo de lucro es puro idealismo. No es que sea imposible imaginar mecanismos para obligar a un colegio privado a renunciar a la selección de su alumnado, es que para ello sería necesario que existiera la voluntad política de hacerlo y la ausencia de verdaderas medidas dirigidas a la reconstrucción de la escuela pública desmiente estos piadosos propósitos. Otro aspecto en el que el documento muestra su coherencia con las directrices de la UE es el de la descualificación. Los apartados dirigidos al bachillerato y a la formación profesional recogen una serie de propuestas dirigidas a aumentar la proporción de estudiantes de módulos profesionales de grado medio respecto a los que se dirigen al bachillerato; en el mismo sentido se pueden interpretar las propuestas 7/ Este análisis se apoya en cifras que o bien se contradicen con las tablas que acompañan al documento (así ocurre con las tasas de escolarización, fracaso escolar y repetidores), o bien no se acompañan de las fuentes y suponen una interpretación abiertamente interesada de las causas reales de los cambios (así ocurre con los datos que se refieren al aumento de cualificaciones). 78 VIENTO SUR Número 77/Noviembre 2004

de modalidades del bachillerato dirigidas a la formación profesional superior, o la propuesta de conservar una prueba general sólo para los alumnos que deseen entrar en la universidad. Todas estas medidas están destinadas a disminuir el flujo de estudiantes hacia la universidad y aumentarlo hacia cualificaciones más bajas. No podemos olvidar las propuestas en relación con la asignatura de religión. La polémica suscitada por las declaraciones de la sra. ministra y la consecuente reacción de la Iglesia Católica, han tenido un final que acaba también con las expectativas de los que defendemos que todo sistema educativo debe ser laico. Si bien el discurso radical mantenido por el nuevo gobierno se ha concretado en temas como la facilitación de los trámites de divorcio o algunos derechos de los homosexuales, temas que, aunque importantes, son menores en cuanto a su trascendencia ideológica y económica para la Iglesia Católica, en lo que a educación se refiere (punto clave) ha sido reconducido por las nuevas declaraciones del presidente del gobierno que ha dejado claro que, al igual que la nueva reforma tiene que caminar dentro de los estrechos márgenes marcados por las directrices de la Unión Europea, también debe hacerlo dentro de la legalidad que constituyen los acuerdos con la Santa Sede, que no tiene intención de modificar. Sin embargo, el documento del PSOE no deja de abrir un debate que debemos aprovechar. Aunque el ministerio quiere controlar la discusión para que no se salga de unos estrechos márgenes y, sobre todo, para que ciertos temas queden fuera, aún se está a tiempo de reconducirla y centrarla en los verdaderos problemas. Es necesario que el significado de la escuela pública y su relación con la red privada ocupen un lugar central en esta discusión. Hoy, más que nunca, es preciso recuperar el concepto de escuela pública, es decir, la que por su titularidad, gestión y financiación depende inequívocamente de los poderes públicos, que es la única que puede garantizar una educación para todos en condiciones de igualdad, respetar el derecho de cada individuo a lograr los máximos niveles de formación, y educar a niños y jóvenes en un proyecto común de ciudadanía. Sobre esta base, debemos exigir del estado la construcción y el mantenimiento de una red de centros de enseñanza de titularidad pública, capaz de garantizar plazas escolares totalmente gratuitas para todos, con las condiciones de calidad requeridas, para que, efectivamente, el conjunto de los ciudadanos pueda satisfacer en ella sus necesidades educativas. Si se desea detener el proceso actual de deterioro y recuperar la calidad y el prestigio de que ha gozado la escuela pública hasta no hace tanto, se deben adoptar medidas que vayan a la raíz de los problemas, sin eludir aquellos aspectos que puedan cuestionar los intereses creados en torno a la educación. Una política que pretenda revertir el desenfrenado proceso de privatización de la enseñanza, tendría como mínimo que: 1) revisar rigurosamente los requisitos formales exigidos a la red concertada, que le otorgan un carácter subsidiario de VIENTO SUR Número 77/Noviembre 2004 79

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