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6. Medidas Legislativas

6. Medidas Legislativas a Nivel Estatal y Europeo 6.1. Modelos de Intervención Las sociedades, los Estados, vienen desde antiguo, posicionándose a través de las leyes o normas frente al fenómeno de la prostitución. Los diferentes sistemas legales que existen no sólo evidencian distintos modelos de intervención legal, sino que son ante todo la expresión de opciones políticas. Conviene tener siempre presente que las normas jurídicas no son meros catálogos de ordenación del grupo social sino que son, ante todo, expresión de los intereses políticos, económicos, religiosos o éticos que predominan en una sociedad en un momento dado. En la actualidad existen, básicamente tres sistemas que los Estados, las sociedades, adoptan frente a la prostitución. Estas opciones son designadas como sistema prohibicionista, reglamentarista y abolicionista. Mientras prohibicionismo y reglamentarismo tienen en común haber sido modelos de intervención tradicionalmente adoptados por las sociedades, al tiempo que comparten coincidencias ideológicas, el modelo abolicionista nace en épocas más recientes y se asienta en razones, argumentos, valores u opciones incompatibles con aquéllos, al surgir y desarrollarse como respuesta crítica frente al reglamentarismo y a los negativos efectos que ocasionaban a las mujeres en situación de prostitución. En el sistema prohibicionista la prostitución es considerada como un hecho punible, es decir, como un delito, de ahí que la conducta de quienes se prostituyen y de quienes organizan la prostitución resulte sancionada. En este modelo de intervención jurídica el peso de la ley cae, habitualmente y con especial rigor, sobre la persona prostituida y en menor medida sobre los proxenetas 16 . Esta opción merece críticas, entre otros motivos, porque, al estimarse la prostitución como un acto delictivo, se convierte a la persona que se prostituye en un delincuente, lo que favorece su marginación y exclusión social. El modelo prohibicionista, aunque vigente en algunos países, entre otros del área occidental, representa una opción superada y por ello desprovista de interés y de actualidad en el espacio europeo o en el ámbito de la Comunidad internacional. El modelo reglamentarista, también de largo arraigo jurídico al igual que el prohibicionista, concibe como éste la prostitución como un hecho inevitable y desenvuelve su actuación frente a la misma, básicamente, mediante dos órdenes de intervenciones: de un lado, la identificación permanente de la persona prostituida y de otro, el acotamiento de lugares o zonas para el ejercicio de la prostitución. Constituye un sistema, que aunque no presenta, pese a su apariencia, grandes modificaciones en sus propuestas de actuación 17 , sí ha sabido modernizar sus argumentaciones y razones ideológicas envolviéndolas en un discurso oportunista 16 Según el diccionario de la Real Academia es la persona que con móviles de lucro interviene para favorecer relaciones sexuales ilícitas. 17 En el siglo XIII la forma de identificación de las mujeres prostituidas se realizaba obligándolas a llevar tocas azafranadas, las propuestas del siglo XIX instauran la cartilla sanitaria y los reglamentaristas actuales abogan por epígrafes en seguridad social que pese a su discurso no pasa de ser más que otro medio identificación para las mujeres prostituidas.

88 Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres que ha despertado adhesiones en un variado espectro social. En este entramado de concurrencia ideológica es fácil observar, entre los reglamentaristas, el empeño y énfasis que ponen en exponer sus construcciones como divergentes y distantes las unas de las otras, aunque es cierto que todas ellas comparten presupuestos comunes. Gracias a este barniz teórico, a la modernización de sus argumentos y al elevado tráfico económico que produce el mercado prostitucional -se calcula que la industria del sexo mueve cada año 12 mil millones de dólares- las iniciativas reglamentaristas gozan de predicamento y de enorme actualidad. En efecto, el debate hoy en la Europa comunitaria, bascula exclusivamente entre el modelo reglamentarista capitaneado por Holanda y Alemania y las posiciones abolicionistas que con energía defiende Suecia y, con menor resolución, Francia. El modelo abolicionista, que surge de iniciativas ligadas al movimiento de emancipación de la mujer, centra su interesés en la persona en situación de prostitución prohibiendo las medidas de control administrativo o policial que sobre ellas puedan ejercerse, al tiempo que designa como reprochable la conducta de todo tercero implicado en el acto prostitucional. En este sistema se entiende que toda explotación por terceros de la prostitución ajena debe ser sancionada penalmente, con independencia de que medie o no consentimiento de la persona prostituida. PRINCIPIOS LEGAL PROHIBICIONISMO REGLAMENTARISMO ABOLICIONISMO La prostitución es rechazada oficialmente - Prohíben la Prostitución - Prohíben el ejercicio de la prostitución - Prohíben el lucro por parte de terceras personas (Prohibición del proxenetismo y del tráfico de seres humanos) - Prohibición del consumo de servicios sexuales (solo en algunos países) La prostitución es aceptada oficialmente - Reglamentos administrativos en los que se establecen los lugares para el ejercicio de la prostitución - Penalización de la prostitución forzada y el tráfico de persona a estos fines forzado - Obligación legal de realizar controles sanitarios periódicos. - Es aceptado el proxenetismo no coercitivo La prostitución representa una forma de violencia contra las personas que la ejercen - Penalización del tráfico y del proxenetismo no coercitivo - Establecimiento de medidas de protección para las víctimas de la prostitución y del tráfico - Penalización de la persona que consume servicios sexuales (solo Suecia) SOCIAL - Mayor marginación de la persona prostituida - Penalización a la persona prostituida - Penalización del proxenetismo - Persecución social y rechazo a la persona prostituida - La prostitución es un negocio - Consideración social de la persona prostituida como una mercancía apta para el consumo - Acotación de zonas y lugares para el ejercicio de la prostitución - La prostitución es un atentado a los derechos humanos de las personas - El consumo de servicios sexuales es un acto de violencia contra las personas

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