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Informe sobre el

Informe sobre el tráfico de mujeres y la prostitución en la Comunidad de Madrid 91 la persona prostituida, englobándose sin distinción en la definición de proxeneta a todos los traficantes, inductores, reclutadores y explotadores de la prostitución ajena. Sus propuestas de intervención de las leyes penales van dirigidas exclusivamente a la sanción del proxenetismo, pero en ningún caso se dirige contra las mujeres prostituidas, a quiénes el abolicionismo ni juzga, ni persigue. Resulta, pues, importante recordar que el abolicionismo en ningún caso reclama ni pretende la penalización o sanción de las personas prostituidas. 6.3. Convenio Internacional para la Represión de la Trata de Personas y la Explotación de la Prostitución Ajena de 2 de diciembre de 1949 Este Tratado internacional, suscrito por España en 1962 y que forma parte de nuestro Derecho interno, representa un marco normativo de obligado cumplimiento para los poderes públicos a la hora de acometer reformas legislativas o reglamentaciones administrativas de la prostitución, dada la primacía de la norma internacional frente al Derecho nacional. El Convenio para la Represión de la Trata de Personas con Fines de Explotación Sexual de 1949 representan el marco normativo en el que se articularon las pretensiones de las posiciones abolicionistas, durante el siglo pasado. El Convenio inspirado, al igual que el resto de los instrumentos de Derecho internacional de la época, en las ideas humanistas y de defensa de los derechos humanos afirma que la prostitución no es una opción para los seres humanos señalando en su Preámbulo: "Considerando que la prostitución y el mal que la acompaña, la trata de personas para fines de explotación, son incompatibles con la dignidad y el valor de la persona humana y ponen en peligro el bienestar del individuo, la familia y la comunidad..." Conviene, antes de exponer el contenido del Convenio, recordar que el abolicionismo no sanciona punitivamente a las personas que ejercen la prostitución, al contrario el Convenio de 1949 contiene obligaciones dirigidas a los Estados encaminadas a prevenir y ayudar a las víctimas de la prostitución. El Convenio prevé, y éste es un aspecto esencial del mismo, una reacción punitiva sólo frente al proxenetismo. Por ello, resultan de todo punto erradas las exposiciones que equiparan el abolicionismo y el prohibicionismo, ya que uno y otro modelo no sólo parten de presupuestos divergentes, sino que también sus propuestas de actuación son sustancialmente distintas. 6.3.1.Análisis de las Previsiones Punitivas que Contempla el Convenio El contenido de los artículos 1 y 2 del Convenio, están dedicados a fijar las conductas del proxenetismo que han de ser sancionadas penalmente por los Estado firmantes.

92 Comisión para la Investigación de malos tratos a mujeres Señala el Convenio: Artículo 1º.- "Las partes en el presente Convenio se comprometen a castigar a toda persona que,para satisfacer las pasiones de otra: 1. Concertare la prostitución de otra persona, la indujere a la prostitución o la corrompiere con objeto de prostituirla, aún con el consentimiento de tal persona. 2. Explotare la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de tal persona". Artículo 2º.- "Las partes en el presente Convenio se comprometen asimismo a castigar a toda persona que: 1. Mantuviere una casa de prostitución, la administrare o a sabiendas la sostuviere o participare en su financiamiento. 2. Diere o tomare a sabiendas, en arrendamiento, un edificio u otro local, o cualquier parte de los mismos para explotar la prostitución ajena". La lectura de los artículos evidencia las ideas básicas que contiene: a) Que la previsión punitiva está prevista exclusivamente para los terceros que se benefician de la prostitución ajena. b) Que el reproche penal para el proxeneta se produce medie o no el consentimiento de la persona prostituida, o dicho de otra manera, obtener beneficios de la prostitución está sancionado en todos los casos. c) Que la minoría o mayoría de edad de la persona prostituida es indiferente para la sanción penal de quiénes explotan la prostitución ajena. 6.3.2. Análisis de Otros Aspectos Legales Previstos en el Convenio El artículo 5 garantiza el derecho de acceso al proceso de las víctimas de la prostitución, en condiciones de igualdad con los nacionales. El artículo 6 del Convenio prohibe el control o identificación de las personas prostituidas al establecer que:"Cada una de las partes en el presente Convenio conviene en adoptar todas las medidas necesarias para derogar o abolir cualquier ley, reglamento o disposición administrativa vigente, en virtud de la cual las personas dedicadas a la prostitución o de quienes se sospeche que se dedican a ella, tengan que inscribirse en un registro especial, que poseer un documento especial o cumplir algún requisito excepcional para fines de vigilancia o notificación." Resultan, pues, contrarias al Convenio todas aquellas leyes o reglamentos, ya sean administrativos, laborales o de otra naturaleza, que tengan por objeto tal identificación, viniendo obligados los Estados a derogar las ya existentes. El artículo 16 establece que los Estados parte deben adoptar medidas para la prevención de la prostitución y para la rehabilitación de las personas supervivientes de la prostitución, implantando servicios públicos o privados de carácter educativo, sanitario, social, económico y otros servicios conexos.

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