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Mª Eugenia Claps y

Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente… (IELAT – Diciembre 2011) La expropiación del monte y del convento por causa de utilidad pública El incumplimiento permanente de la legislación estaba perjudicando seriamente al paraje. Una de las razones de este incumplimiento era la indefinición de las responsabilidades de cada una de las instancias de gobierno y la otra la falta de recursos para hacer valer la ley. En el caso de Burnaud el gobierno federal había permitido la compra conformándose con emitir las disposiciones debidas para que el ayuntamiento pusiera un guardabosque que evitara la tala en los lugares protegidos en las cercanías de los manantiales. Era tan basta la superficie a cuidar, y tantos los potenciales infractores, que el guarda no era capaz de atender a todos los frentes, así que el ayuntamiento levantó una nueva denuncia y solicitó al gobierno central que le proporcionara las rentas suficientes para el pago del guarda cuyo trabajo consideraban, literalmente, inútil 105 . Ya he mencionado que el Desierto de los Leones no era precisamente una zona deshabitada. Además de varios pueblos como el de Cuajimalpa, se nutrían de las aguas de sus manantiales y de las maderas del bosque, el Colegio Militar, la fábrica de artillería, los molinos, varios ranchos y haciendas; con frecuencia, las arquerías del acueducto (que contaban también con un solo guarda arquerías para todo el trayecto), eran fracturadas para desviar sus aguas. Así, disminuía el caudal de las aguas que llegaban a la capital, como denunciaban los guardas que se sentían impotentes para controlar tanto la tala como el acueducto. El portavoz de los regidores del ayuntamiento encargado del ramo de aguas decía al respecto: […] no me admira, pues es un hecho adquirido hoy por la ciencia, que la tala de los árboles influye mucho en la riqueza de los veneros, siendo de opinión por lo mismo que si no se impide dicha tala llegara el día en que la capital pierda los abundantes manantiales que la surten de agua delgada 106 Pedía, por tanto, que se aumentara la vigilancia y que fuera la guardia rural, dependiente no del ayuntamiento sino del gobierno del distrito federal, la que se encargara del cuidado del acueducto y que para evitar la tala se realizaran instancias al gobierno general. Dos años después, en 1876, el gobierno federal decretó la zona como Reserva Forestal por causa de utilidad pública y la dirección del monte y su cuidado pasaron a ser responsabilidad federal. No obstante, Rondero continuó explotando el monte y el ayuntamiento siguió siendo el único que se ocupaba de su buen estado. A partir de 105 AHDF, Aguas del Desierto, vol.51, exp.10. 106 AHDF, Cuajimalpa, Aguas foráneas, inv. 50, exp.25, f.1v. 203 Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá |

Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente… (IELAT – Diciembre 2011) entonces aparecieron nuevos litigantes. Se trataba de propietarios que se consideraban perjudicados por la expropiación y que demandaban indemnizaciones no del gobierno central sino del ayuntamiento. Paralelamente y, a pesar de lo dispuesto por la legislación continuaron las denuncias por la tala de árboles. Sobre todo a partir de 1881, año en que la Dirección de Aguas del Ayuntamiento anunciaba que desde el 24 de mayo se había dado inicio a la tala de árboles en el desierto para venderlos al ferrocarril. Inmediatamente se envió a una nueva comisión para que estudiara el estado del bosque, y aunque dicha comisión declaró que en general el estado del bosque era bueno, se hacía necesario que “como medida preventiva, todos los años (el ayuntamiento) destinara parte de su presupuesto a la conservación y plantío de árboles en los montes donde se localizaban los manantiales de agua potable” 107 . Resulta complicado entender cómo podía ser óptimo el estado del monte después de las denuncias que venían sucediéndose desde hacía décadas. Según el informe de la Comisión no había sido fácil llegar a un acuerdo en torno a si debía o no continuar la tala pero la dieron por válida siempre que se hiciera bajo supervisón. Así, el ayuntamiento concedía que si el estado del monte era bueno se podían labrar todavía otros mil durmientes más para el ferrocarril. Pero lo más curioso es que decía que tendría que ser el dueño del monte quien estableciera de dónde debían extraerse para evitar la degradación del monte. De repente, el imperativo del ferrocarril modificaba las percepciones y ahora era el propietario del monte quien tenía la última palabra en cuanto a conservación y el ayuntamiento el más interesado en la explotación del área. A pesar de eso, Rondero no quedó conforme e insistió en talar a discreción y entre mayo y agosto de ese año se produjo un tira y afloja entre el ayuntamiento y Rondero en el que el primero insistía en que se controlara la tala y el segundo alegaba que había tantos árboles que no está causando ningún perjuicio puesto que había ejemplares que se morirían de todas formas por falta de aire. El ayuntamiento aumentó a cuatro el número de guardabosques para reforzar la vigilancia y solicitó al gobierno del Distrito Federal, en mayo de 1881, que enviara a los rurales como apoyo. Estos no aparecieron hasta agosto, cuando el Gobierno del Distrito Federal comenzó a considerar la posibilidad de proceder a la compra de los terrenos de Rondero para asegurar el agua de la capital. Durante un año, entre agosto de 1881 y 1882, tiempo que el gobierno de la república utilizó para decidir la compra de las posesiones de Rondero 108 , la presencia de los rurales pretendió evitar la explotación mercantil de la zona como habían señalado los peritos comisionados por el 107 AHDF, Ayuntamiento de México, Aguas, inv.52, exp.30, ff. 26vy 27. 108 Idem, f.77. 204 Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá |

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