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Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente… (IELAT – Diciembre 2011) necesitaba la sanción del Ejecutivo. Colateralmente el proyecto acotaba y afectaba las aspiraciones de Antonio López de Santa Anna, que no tardaría en manifestarse en contra del congreso y de leyes como esta que le restringían el manejo discrecional de los dineros cuya aprobación en recaudación y gasto eran potestad del congreso. Esta situación abría la posibilidad de que surgieran conflictos entre el ejecutivo y el legislativo en una época en que el poder pretoriano determinaba cambios constitucionales y de gran discrecional en el manejo del Estado y de sus recursos. 487 El proyecto de Michelena no pasó y la comisión respectiva presentó otros dos el 24 y 25 de septiembre. El primero se intitulaba Bases para la nueva constitución y estaba “encaminado a centralizar el gobierno”. Constaba de cinco artículos y daba una organización provisional para el gobierno interno de los estados, cuyas legislaturas desaparecerían no sin antes nombrar una junta departamental, compuesta por cinco individuos, y dejaba a los gobernadores, jueces, tribunales y empleados. 488 La formación de una Tesorería General fue un aspecto fundamental de la nueva administración centralista y concordante con la inminente aplicación de contribuciones directas. En este aspecto podemos percibir la herencia gaditana en donde la centralización de las funciones de la tesorería era un reflejo de la centralización políticoadministrativa defendida por la diputación de Cádiz. Podemos decir que si bien la Constitución de 1836, dejaba intactos ciertos fueros y privilegios, no era conservadora en términos del diseño de la fiscalidad, al contrario seguía principios liberales tendientes a modernizar su sistema. El nuevo marco jurídico y administrativo pretendía crear un liberalismo como “un conjunto de valores colectivos que apuntan hacia una específica concepción del poder y de la sociedad, como es la naturaleza contractual de los vínculos entre los dos, las fuertes autonomías de los grupos, las practicas de negociación directa sobre la aplicación o no de la ley a nivel local...”. 489 Viejas y nuevas figuras fiscales 487 Diario del Gobierno, 24 de septiembre de 1835, núm. 147. Algunas tendencias en el gobierno promovían el fortalecimiento del Ejecutivo frente a un Legislativo poderoso; otros proponían más bien disminuir el poder de los congresistas. Los que promovían lo primero pertenecían al grupo “santanista”, como Guadalupe Victoria. 488 Colección Lafragua. Biblioteca Nacional de México (LAF). Proyectos de ley presentados al Congreso General en las sesiones de 24 y 25 de septiembre de 1835 por la comisión respectiva, sobre reorganización de la república, México, Imprenta de J.F. de Lara, calle de la Palma núm. 4, 1835. 489 Antonio Annino. “Nuevas perspectivas para una vieja pregunta”, en El primer liberalismo mexicano. 1808-1855. Museo Nacional de Historia/INAH/Miguel Angel Porrúa, México, 1995, p. 49. 259 Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá |

Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente… (IELAT – Diciembre 2011) Las diferentes tendencias que se dieron en el ámbito del cambio del federalismo al centralismo se enfrentaban a una realidad en la que la precariedad de los recursos, hacía urgente crear figuras fiscales o favorecer las que ya estaban y que garantizaban la recaudación. Así se recurrió a un sistema de recaudación que también se había ensayado desde la época borbónica: la aplicación de contribuciones extraordinarias. De hecho, las nuevas propuestas de contribuciones extraordinarias no se separaban mucho de la tradición colonial. De acuerdo con Marichal “esto era claramente una forma arcaica de recaudar fondos en tiempo de necesidad, que fue aplicada en las Américas por el gobierno español desde principios del siglo XVII”. 490 Estas contribuciones, junto con los donativos, usualmente se exigían durante las guerras, y frecuentemente en tiempos de crisis agrarias y epidemias. Su aplicación se intensificó a fines del siglo XVIII como resultado de las diversas guerras internacionales de la corona española, 491 y durante el centralismo tendrían otro momento de apogeo al vivirse situaciones de guerra frecuentes. Constituían un préstamo destinado a auxiliar al supremo gobierno en la campaña contra los “ingratos texanos”. A los particulares que aportaran su dinero se les daría un pequeño interés, aspecto que no era tan relevante como el de los altos objetivos patrióticos que se perseguían de “expeditar la marcha de las tropas que van a defender la integridad del territorio nacional y acudir a su indispensable manutención...”. 492 La propuesta del diputado José Mariano de Michelena -que establecía un híbrido mitad préstamo y mitad contribución directa- comenzó a discutirse en la sesión del 19 de noviembre de 1835 y se aprobó su artículo 1° que gravaba con el 1% el valor de las fincas urbanas, por 53 diputados a favor contra 12. El artículo 2° que a la letra decía que los particulares podrían hacer la exhibición en tres plazos cada veinte días se aprobó por 59 diputados contra 5. 493 490 Carlos Marichal y Daniela Marino (Comps.) De la colonia a nación. Impuestos y política en México, 1750-1860. El Colegio de México, México, 2001, p.38. 491 Véase Carlos Marichal, La bancarrota del virreinato. Nueva España y las finanzas del imperio español, 1780-1810. Fondo de Cultura Económica, México, 1999. Una de las reformas de importancia iniciadas por la Constitución de Cádiz fue el establecimiento de una contribución extraordinaria de guerra el 1° de abril de 1811 que era un impuesto sobre la renta y para su buena recaudación requería de una tesorería general. Véase Luis Jáuregui, “Nueva España y la propuesta administrativo-fiscal de las Cortes de Cádiz”, en Virginia Guedea, (coord.) La independencia de México y el proceso autonomista novohispano, 1808-1824, UNAM/Instituto Mora, México, 2001, p. 87. 492 Diario del Gobierno, 4 de diciembre de 1835, núm. 218. Durante el federalismo tenemos un antecedente a este impuesto en el arbitrio extraordinario impuesto por Zavala el 15 de septiembre de 1829 con la intención de destinar fondos para la guerra contra los españoles. El subsidio se aplicaba sobre fincas rústicas y urbanas y patentes, acordándose que se nombraría para su cobro a comisarios generales y subalternos en las capitales de los estados y en lugares donde se requiriera. Tal cláusula se consideró como una violación al “derecho inalienable” de los estados soberanos. Véase Antonio Serrano, “Tensar...” Op. Cit., t. I, p. 106 y ss. 493 Diario del Gobierno, 4 de diciembre de 1835, núm.218. 260 Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá |

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