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Mª Eugenia Claps y

Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente… (IELAT – Diciembre 2011) En la discusión sobre la capacidad de cobro que tenía la administración centralista, constantemente salía a relucir la disputa por los recursos fiscales entre las diversas autoridades locales. En efecto, en un Estado siempre en bancarrota, cada funcionario, cada jefe militar, cada gobernador buscaba el dinero donde lo hubiese, desatendiendo las exigencias y reclamaciones de las autoridades nacionales. Los jefes de cualquier pronunciamiento buscaban siempre donde tomar recursos para aliviar las urgencias de los militares y la burocracia. El comandante general de Jalisco, José María Jarero, como los demás, tomaba dinero de las cajas para el pago a la tropa, como así lo hacía saber al general Paredes en 1843. Esta fue una práctica que se intensificó después de la debacle del primer centralismo, aunque de hecho era una práctica común sostenida por el gobierno, cuando permitía a los jefes militares tomar de las cajas lo que hubiere. La administración de Bustamante se tornó más centralista al final de su periodo. Como lo hemos dicho, al ingresar las recaudaciones directamente a las tesorerías departamentales y de éstas a la Tesorería General, no quedaba nada de estos recursos para los departamentos. Por otra parte, la presión fiscal sobre los pueblos y ciudades se incrementó y se pedía a las autoridades locales que por medio de la policía hicieran cumplir la ley para evitar el incumplimiento. La oposición a las contribuciones creció tanto que se convirtió en una bandera que enarbolaba la oposición al régimen y al orden constitucional. Ante la presión, el gobierno de Bustamante derogó los impuestos al consumo y la pauta de comisos y regresó la capitación a los municipios, pero estas medidas llegaron demasiado tarde. Consideraciones finales La herencia fiscal de la Constitución de Cádiz era la concepción del cobro proporcional basado en la individualización del sujeto fiscal, las contribuciones directas, la homogeneidad y la proporcionalidad y justeza en los cobros. En el México de la primera mitad del siglo XIX, las condiciones de urgencia de recursos y déficits constantes en el erario público imposibilitaron la consolidación de un programa fiscal como el concebido en 1812. A pesar de ello, durante la Primera República Central se intentó poner en práctica un diseño de fiscalidad que, inspirado en el espíritu gaditano, pudiera remontar los problemas en la recaudación, hacer más eficiente la recaudación, crear nuevas figuras fiscales y, en fin, modernizar la estructura hacendaria. Entre las intenciones y la realidad económica de México se dio una asintonía cuyo efecto fue que no se pudiera consolidar 265 Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá |

Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente… (IELAT – Diciembre 2011) un plan general de hacienda y que se recurriera a aplicar impuestos extraordinarios que iban en sentido opuesto de los avances de la fiscalidad. La preocupación de los gobiernos centralistas era construir una hacienda eficiente e impuestos justos y proporcionales, pero las urgencias del erario determinaron otra cosa. Sin soslayar la importancia del debate político y parlamentario en torno a los fundamentos ideológicos del centralismo, resultó evidente que el cambio constitucional y la necesidad de crear un lazo más fuerte entre las provincias-estados y el gobierno general, antecedió a la planeación hacendaria, aunque era sabido que sin ésta no se podía lograr la consolidación del proyecto centralista. De ahí la importancia de efectuar reformas fiscales que en una primera instancia diferenciaran claramente qué impuestos pertenecían o debían de pertenecer a los Departamentos y cuáles a la federación. Pero lo lamentable fue que al final del periodo no se pudo reconstruir una soberanía fiscal sobre todo el territorio nacional. Las medidas adoptadas durante estos gobiernos centralistas tenían la finalidad de convertirse en reformas fiscales estructurales profundas, pero dado el poco tiempo que tuvieron para echarse a andar, se quedaron tan sólo en misceláneas fiscales. La aplicación de figuras fiscales directas, que se pensaba podían atraer mayores ingresos a las cajas, tuvieron un éxito moderado. El corto tiempo en que estuvieron vigentes, la falta de padrones y de catastros, la escasa profesionalización de funcionarios, entre otros obstáculos, no permitieron su consolidación. Sin embargo, consideramos que en estas primeras décadas del México independiente se pusieron las bases para la construcción de una fiscalidad moderna y, aunque pareciera una contradicción con la “pesada herencia colonial”, en esta se encontraba de alguna manera un factor de experiencia y conocimiento en el quehacer hacendario. La reorganización hacendaria centralista incluía algunas innovaciones y por ello puede argumentarse que no era una continuación absoluta de pautas fiscales coloniales, o en todo caso era la herencia de Cádiz la que marcaba la influencia. El sistema fiscal colonial y el sistema general de la administración de la colonia eran convenientes para las necesidades del gobierno metropolitano, pero no lo eran tanto para el desarrollo de una nación independiente. Además con la guerra de independencia se había debilitado la burocracia fiscal. Por ello era necesario construir una nueva institucionalidad encaminada a la búsqueda del saneamiento de la hacienda y de la administración. Es por eso que consideramos que los centralistas de este periodo no eran retrógrados o conservadores en materia económica. Concibieron una fiscalidad que contemplaba la eliminación de trabas administrativas coloniales y de algunas figuras fiscales como las 266 Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá |

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    PAPELES DE DISCUSIÓN IELAT Nº 3 -

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