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Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente… (IELAT – Diciembre 2011) tolerancia de otra”; 81 en tanto que en El Plan de Iguala (1821) se declaraba que “la Religión de la Nueva España es y será Católica, Apostólica, Romana, sin tolerancia de otra alguna”. 82 En los documentos citados se dejaba en claro que el rompimiento con España no implicaba un cambio en materia religiosa. Detrás de ello encontramos un aparente consenso en torno a la religión católica como oficial del Estado y única en el país. Y utilizamos el término “aparente” pues las labores que realizó el Congreso entre 1823 y 1824 para dotar a México de una constitución fueron el marco en el que se propuso por vez primera el tema de la libertad de credo. Sin embargo, la moción tuvo poco eco y la cuestión quedó zanjada tras una intervención de Fray Servando Teresa de Mier en la que proclamó que “la religión católica es esencialmente intolerante, es decir, teológicamente, porque la verdad es una, pero en lo civil pueden tolerarse las religiones falsas; aquí no establecemos esta tolerancia porque sabemos el voto general de la nación; pero no se opone la tolerancia civil a la religión, que sólo es intolerante teológicamente”. 83 Por ello, no es de extrañar que la Constitución de 1824 estableciera en su artículo 4º que “la religión de la nación mexicana es y será perpetuamente la católica, apostólica, romana. La nación la protege por leyes sabias y justas, y prohíbe el ejercicio de cualquiera otra”. 84 Pese a lo anterior, para los liberales la libertad religiosa siguió siendo considerada como un elemento fundamental en la construcción de una sociedad mexicana moderna, de ahí que constantemente llevaran el tema a la palestra sin contar con mucho éxito, aún entre los miembros más moderados de su partido. La cuestión era en extremo delicada pues, dada la división política y la inestabilidad que ésta había acarreado al país, muchos consideraban que la religión católica era el único elemento que cohesionaba a los mexicanos. A partir del año de 1833 el tema volvió a plantearse en la Cámara de Diputados y en la prensa con la llegada a la presidencia –si bien con carácter interino– de Valentín Gómez 81 Rangel, Nicolás y Pedro de Alva (directores). Primer centeneario de la Constitución de 1824. Obra conmemorativa publicada por la H. Cámara de Senadores de la Estados Unidos Mexicanos. México, 1924, p. 48. 82 Plan de Iguala, Estados Unidos, Acervo de la Biblioteca Jurídica del Congreso de EUA, [21 de febrero de 1821]. [recuperado el 12 de julio de 2011] 83 Citado en Juan Bautista Morales. Disertación contra la tolerancia religiosa. México, 1831, p. 14. 84 Constitución de 1824. , [recuperado el 4 de enero de 2010]. 29 Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá |

Mª Eugenia Claps y Pedro Pérez (Coords). Fiscalidad, medio ambiente… (IELAT – Diciembre 2011) Farías, quien destacó por ser un ferviente miembro del Partido del Progreso. Fundado por el Dr. José María Luis Mora en 1833, el Partido del Progreso estaba inspirado en los ideales de la Ilustración francesa. Situado más allá de las opciones centralista y federalista de la época, interesadas sólo en la forma de gobierno, se erigió como la primera organización política que propuso una reforma estructural de fondo en el país. De hecho, Mora, Gómez Farías y los demás miembros de este partido bien pueden ser considerados como los representantes de la primera generación de liberales mexicanos. En el Programa de los principios políticos que en México ha profesado el partido del progreso, Mora expresaba los fundamentos de su organización: 1º. Libertad absoluta de opiniones y supresión de las leyes represivas de la prensa; 2º. Abolición de los privilegios del Clero y de la Milicia; 3º. Supresión de las instituciones monásticas y de todas las leyes que atribuyen al Clero el conocimiento de negocios civiles, como el contrato del matrimonio, etc.; 4º. Reconocimiento, clasificación y consolidación de la deuda pública, designación de fondos para pagar desde luego su renta y de hipotecas para amortizarla más adelante; 5º. Medidas para hacer cesar y reparar la bancarrota de la propiedad territorial, para aumentar el número de propietarios territoriales, fomentar la circulación de este ramo de la riqueza pública, y facilitar medios de subsistir y adelantar a las clases indigentes, sin ofender ni tocar en nada el derecho de los particulares; 6º. Mejora del estado moral de las clases populares, por la destrucción del monopolio del Clero en la educación pública, por la difusión de los medios de aprender...; 7º. Abolición de la pena capital para todos los delitos políticos y aquellos que no tuvieran el carácter de un asesinato de hecho pensado; 8º. Garantía de la integridad del territorio por la creación de colonias que tuvieran por base el idioma, usos y costumbres mexicanas. Estos principios son los que constituyen en México el símbolo político de todos los hombres que profesan el progreso, ardientes o moderados; sólo resta que hacer patente contra los hombres del retroceso la necesidad de adoptarlos; y contra los moderados, la de hacerlo por medidas prontas y enérgicas. 85 Lo anterior, aunado a un conjunto de decretos que comprendía la supresión de la Universidad de México, el cese de la obligación del pago del diezmo y de la coacción en el ejercicio de los votos, y la secularización de las misiones en California, son factores que 85 Mora, José María Luis. Obras sueltas de José María Luis Mora, ciudadano mexicano. París, 1837, t. 1, p. 56. Instituto de Estudios Latinoamericanos – Universidad de Alcalá | 30

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