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Módulo 2. Leitura Base. Texto 4

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laborando en una

laborando en una instalación militar con sede en el Distrito Federal, en cuyo interior se ubica el Centro de Desarrollo Infantil de la SEDENA, fue señalada por una mayor del Ejército, cuyos hijos fueron supuestamente víctimas de abuso sexual al interior de las instalaciones del citado jardín de niños. El proceso fue llevado a la justicia militar y el 6 de enero de 2011 se dictó auto de formal prisión en su contra. Después de que se dictara la sentencia, la sargento a través de su defensa promovió un amparo al argumentar que la Procuraduría General de Justicia Militar la procesó de manera ilegal pues, de acuerdo con el artículo 13 constitucional, todo delito cometido por militares en los que se que involucre a civiles debe llevarse en cortes civiles. El 29 de diciembre del 2011, un juez civil con sede en el DF le otorgó un amparo a Hernández Tamariz, pero únicamente se pronunció sobre los alcances del fuero militar. El juez se negó a solicitar la reposición del proceso, como buscaba la sargento, por lo que su defensa promovió un nuevo amparo, para que el asunto lo resolviera un juez civil y para revertir el auto de formal prisión, porque en su opinión lo dictó una autoridad incompetente. Por otra parte, en otro caso similar, oficiales y soldados pertenecientes a la Guarnición Militar de Ojinaga, Chihuahua, entre los que se señala al general Manuel de Jesús Moreno Aviña, comandante de la guarnición, al teniente coronel José Julián Juárez Ramírez y al mayor Alejandro Rodas Borbón, fueron procesados por el homicidio calificado, tortura e inhumación clandestina en agravio de tres civiles, quienes fallecieron en el cuartel militar ubicado en esa localidad. Consignados ante un juez militar de Mazatlán, Sinaloa, la mayoría de los acusados promovieron amparos contra los autos de formal prisión, amparos que les fueron negados con el argumento de que las víctimas Esaú Samaniego Rey, “El Azteca” o “Cholo”; José Heriberto Rojas Lemus, “El Michoacano”, y Érick Campos Valenzuela, “El Campitos” eran civiles. La SCJN se ha pronunciado al respecto, sin embargo si estos casos llegan a la jurisprudencia obliga a todos los jueces del país, pero no obliga a las autoridades administrativas como es el caso de las Procuradurías y los Ministerios Públicos, lo que sin lugar a dudas dejará lagunas y vacíos en materia legal generando impunidad consecuentemente. El tema de los militares que son llevados a los tribunales civiles y militares no es nuevo, hemos visto varias acciones de militares que son sometidos a la justicia civil, entonces los militares sí han sido sometidos dese hace mucho tiempo a juicios civiles, lo que hay que definir claramente es cuándo y por qué proceden estos mandamientos. La ultima resolución de la Corte en el caso de la sargento, es por demás relevante porque las víctimas son menores de edad y la Corte determinó que el auto de formal prisión que dictó un juez militar quede sin efecto y le da un plazo de 72 horas a un juez federal civil para que dicte uno nuevo, la pregunta es ¿este plazo será suficiente para que un juez por muy preparado, por muy docto que sea en la materia pueda conocer un expediente de esa naturaleza donde las víctimas son menores de edad? 206 Iuris Tantum No. 24 2013

No hay que olvidar que la Corte emitió el Protocolo de Actuación Para Quienes Imparten Justicia en Casos de Niñas, Niños y Adolescentes, derivado de esta Reforma de Derechos Humanos, en donde se privilegia la protección de los menores, de los adolescentes, y que es obligatorio para los jueces, entonces se pone al juez en una situación muy complicada. Respecto del caso del amparo a 22 militares señalados por los delitos de violación de derechos humanos y que tendrían que ser juzgados en el fuero civil, pareciera que existe una confusión ¿qué es lo que más importa?, ¿que se haga justicia? ¿que sea una autoridad civil? ¿que sea una autoridad militar? ¿cuál sería la diferencia? Porque finalmente cuando alguien es responsable de un acto indebido, pues debe pagar las consecuencias. En este caso vale la pena resaltar los siguientes puntos: El primero, quienes solicitan el amparo en primera instancia no son las víctimas es decir, son los procesados, que son militares y que habían recibido un auto de formal prisión de un juzgado militar. El segundo, hay un General de Brigada involucrado en este asunto, de abusos y atropellos que cometieron en esta población fronteriza que van más allá de un simple abuso de autoridad, sino que hay otra serie de delitos graves incluyendo el homicidio. Todos recibieron auto de formal prisión por un juez militar. Este es un tema que hasta este momento estaba apegado a lo que el artículo 13 constitucional establece como Fuero de Guerra y desde luego el Código de Justicia Militar que señala conductas muy precisas para los militares. Esas conductas que no están descritas para los civiles en términos generales, son precisas y contundentes. Como ya lo he señalando en anteriores ocasiones, la Justicia Militar es un tema muy complejo, donde para su estudio y análisis se requieren expertos en la materia, por lo tanto, es innegable que para atender las conductas del militar en actos del servicio, o con motivo de este se requiere de los conocimientos y experiencias en el ámbito, por lo que es necesario ser perito en la materia y en este caso fundado, los jueces militares son los mejores preparados en el tema y pueden hacer un juicio pronto en todo lo que concierne a la disciplina castrense. Dentro del debate de los Ministros de la Corte el Magistrado Fernando Franco González Salas, reconoció que “la sentencia del Juez de Distrito probablemente obedece precisamente a lo que ha venido sucediendo al discutir estos temas, ya que son temas novedosos que imponen la necesidad de ir construyendo un nuevo modelo de análisis e interpretación constitucional”. Vale la pena señalar que, por tratarse de delitos graves, la sargento acusada seguirá en prisión preventiva, hasta en tanto, el juez correspondiente defina la situación jurídica de la acusada. Ocho de los diez ministros presentes consideraron que a pesar de que el auto de formal prisión se basó en el artículo 57 párrafo segundo, inciso a, del Código de Justicia Militar, mismo que tiene el antecedente de haber sido señalado inconstitucional en cumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no era posible dejar en libertad a la acusada por los delitos que se le imputan, razón por la cual, la mayoría decidió Iuris Tantum No. 24 2013 207

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