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Módulo 2. Leitura Base. Texto 4

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derechos fundamentales

derechos fundamentales de corte constitucional, cuando tiene como origen el ejercicio manifiestamente abusivo de índole contractual de otra persona, pues en este caso debe prosperar una acción legal de similar naturaleza, no un derecho de índole constitucional: “la sanción debe buscarse ante un juez ordinario”, pues la interpretación de la Constitución “no puede restar pertinencia a las fuentes normativas inferiores ni vaciar sus presupuestos de actuación”. Sin embargo, cabe destacar que en otras naciones del “cono sur”, y hoy día también en México, gracias a la reforma constitucional del Título Primero de la Constitución, ello será factible en algunos casos. Otro tema que llamó mi atención se refiere al abuso del derecho en la modalidad de empresa dominante, de otro caso resuelto por la Corte Constitucional. Es el de una empresa que decidió no suministrar más materia prima a otra que denunció ante la autoridad inexactitudes en el peso del producto que aquélla le comercializaba: “La libertad de empresa no podía ejercerse de una manera abusiva desconociendo los valores o principios fundamentales. Esa negativa a contratar fue entendida por la Corte como una discriminación arbitraria censurable con base en el principio del abuso del derecho en el ejercicio de la libertad de empresa”. Por supuesto que la aptitud de defenderse no sólo es un principio general de derecho (nadie tiene derecho a hacerse justicia por propia mano — dar a cada quien lo suyo) desde que el Estado monopolizó el ejercicio de la fuerza y limitó la autotutela, sino, además, es norma jurídica positiva incorporada en todas las constituciones del mundo, que se refuerza en tratados internacionales que exigen que no sólo se encuentren previstos recursos para la defensa de cualquier derecho fundamental en la jurisdicción interna del Estado de que se trate, sino, además, que éstos sean sencillos, prontos, gratuitos y efectivos. En el abuso de la posición dominante, la conducta se aprecia desde la perspectiva económica general, aun y cuando resulten afectados intereses jurídicos particulares; por ejemplo, la disminución de precios para excluir la competencia; las condiciones discriminatorias para operaciones equivalentes; las cláusulas de amarre; el diferente tratamiento a compradores con el fin de excluir la competencia; la obstrucción del mercado o de los canales de distribución. ¿No le ha pasado que llega a algún lugar y sólo hay en existencia una marca de cerveza o de bebida de cola?, y si voltea su alrededor, los refrigeradores, sillas y servilletas tienen el logo de una empresa, que generosamente las obsequió al establecimiento: ésa es una práctica depredadora. O cuando el suministro de un producto se supedita a la aceptación de obligaciones adicionales; ejem: al comprar la computadora se lleva usted la impresora casi regalada, pero ésta sólo opera con cartuchos carísimos de la misma marca. Ello podría ser o no censurable, refiere el autor, salvo que sea o no expresión de la posición dominante del proveedor en el mercado, si bien en ejercicio de la autonomía de la voluntad podemos rechazar estas prácticas, pero también sabemos que las relaciones proveedor-consumidor se dan en términos asimétricos, al menos en México, y no creo que las cosas difieran mucho en Colombia. En suma, lo que se prohibe no es la posición dominante, sino su abuso. 262 Iuris Tantum No. 24 2013

Pero abusar, por ejemplo, del empleo de actuaciones judiciales, tal vez nos parezca excesivo. ¡Pues no! En mi experiencia como servidor público, conocí casos en los que un solo gobernado había intentado ocho instancias respecto de un mismo caso en que, desde el inicio, carecía de razón. En la obra, el ejemplo lo ilustra como medio de hostigar a la parte contraria o como parte de un plan para suprimir la competencia; sin embargo, recordemos que en el derecho todo es objeto de prueba, salvo el derecho. Un ejemplo de este tema lo ilustro con otro caso resuelto de conformidad con el artículo 86 del Tratado de la Comunidad Europea. En él se refiere que la acción judicial debe carecer manifiestamente de todo fundamento desde un punto de vista objetivo y, además, debe tener por objeto la eliminación de la competencia. Ambos criterios deben reunirse para que se demuestre que existe el abuso, lo cual es difícil, de no ser así, la acción no prospera. El hecho de ejercitar una acción judicial improcedente; por ejemplo, no puede por sí mismo constituir una infracción, a menos que dicha acción persiga una finalidad contraria a la competencia. De forma análoga, si razonablemente se considera que una acción judicial representa un intento de hacer valer derechos frente a competidores, no puede probarse que constituye un abuso, independientemente de que pueda inscribirse en un plan destinado a eliminar la competencia (Sentencia del Tribunal de Primera Instancia, Sala Cuarta ampliada, Comisión de las Comunidades Europeas, 17 de julio de 1998). Sin embargo, en la presente reseña no quiero dejar de ilustrar el abuso de los derechos fundamentales por los propios particulares; no de la autoridad, lo cual no es infrecuente. Y un ejemplo me es cercano, pues compré una casa vecina de un salón de fiestas “tolerado”. El autor nos narra que un ciudadano, atormentado por los constantes oraciones de una comunidad religiosa y la música de alabanza continua, golpeo con piedras las puertas del recinto y lanzó improperios y palabras obscenas contra los miembros de una congregación para tratar de impedir la ceremonia dominical. El Pastor interpuso una acción de tutela contra el vecino ofensor, al considerar vulnerado el derecho fundamental a la libertad de cultos. El tribunal decidió tutelar este último derecho. El asunto llegó a revisión hasta la Corte Constitucional, pues se enfrentaban dos derechos fundamentales: libertad de cultos y derecho a la intimidad. La Corte estimó que en este caso debía prevalecer el segundo derecho, por sus circunstancias, pues todo derecho lleva consigo un deber intrínseco que impide su expresión absoluta. Y se había abusado del primero, pues los cánticos se llevaban a cabo de 7:30 a 9:00 y de 19:30 a 21:00 horas, los días martes, jueves y sábado (mañana y noche) con tambores, cantos, aplausos y guacharaca (instrumento musical del ballenato) y la asistencia de 70 a 80 personas, y, según la Corte, nadie puede alegar su propia culpa en su defensa. La causa de la violación era, precisamente, el abuso del derecho. Su expresión no sólo perturbaba las conciencias, sino incluso la tranquilidad de los vecinos, cuando no pertenecían a esa Iglesia. La Corte sostuvo que el ruido constituye una injerencia arbitraria en la intimidad de toda persona, y ésta es: “Un reducto o espacio físico inexpugnable, ajeno a los otros, en el que puede resguardarse, aislándose del tumulto de la vida moderna, Iuris Tantum No. 24 2013 263

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MÓDULO 4 - Ministerio de Salud
2 - Acnur
BOL_3-2012_CDH_CoIDH-2
PgB4mS
Módulo 4 tema 2 - Mallorca
Texto 4.
first test
4- RegTRIAL base 2011