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Módulo 2. Leitura Base. Texto 4

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de una mayor eficiencia

de una mayor eficiencia por los pequeños municipios pasaría por el recurso a fórmulas de cooperación intermunicipal y por el cambio progresivo del modelo de crecimiento urbano español hacia uno caracterizado por su concentración. 30 En cuarto lugar, en lo que se refiere a la limitación al desarrollo de la autonomía local que pueden suponer los pequeños municipios, REBOLLO PUIG, sostiene que es necesario matizar la idea de que la autonomía local no comporta frenos materiales a la fusión o absorción de municipios. De acuerdo con dicho autor, no parece constitucionalmente admisible y resultaría contrario al concepto tradicional de municipio arraigado en España, que, a través de dicho mecanismo, se pueda llevar a cabo una reestructuración general del mapa municipal, convirtiendo en fórmula normal los municipios que no tienen como sustrato un pueblo sino una comarca o conjunto de personas que no son vecinos entre sí ni tienen unos intereses comunes derivados de ella. De este modo, «si los municipios llegasen a ser personificaciones jurídicas que no fuesen la expresión de una verdadera comunidad local, se arruinarían casi todas las cualidades que se atribuyen a estas Administraciones locales, casi todas las razones que se invocan para justificar la autonomía local y para convertirla en una pieza esencial del sistema». 31 Asismimo, entiende que podría considerarse inconstitucional aquella norma que condujese a la supresión de municipios dotados de capacidad suficiente para satisfacer las necesidades vecinales, si bien, recuerda que ningún derecho es absoluto y que, en consecuencia, sería admisible la supresión de municipios cuando concurran determinadas causas. 32 En último lugar, algunos autores no están de acuerdo con la idea de que en los pequeños municipios resulte complicado lograr una alta calidad democrática ya que, de un lado, no existen pruebas empíricas de que con el incremento de la población se logre un aumento proporcional de la calidad de la democracia y, de otro lado, en virtud del principio de proximidad, las decisiones administrativas deberían adoptarse de la manera más abierta y cercana a los ciudadanos, de tal manera que lo más conveniente sería mantener los municipios pequeños como centros de adopción de decisiones públicas. 33 Por lo que respecta a la señalada imposibilidad de los municipios de menor tamaño de lograr una alta calidad en la gestión administrativa, tal y como señala ALMEIDA CERREDA «la objetividad locales: tamaño, escala y gobernanza”, en Informe IEB sobre el Federalismo Fiscal 2011, Institut d’Economia de Barcelona, pág. 13 y MIRIAM HORTAS RICO, Finançament municipal i creixement urbà dispers a Espanya, Diputaciò de Barcelona, 2011, págs. 5 y 7. 30 Vid. MARCOS ALMEIDA CERREDA, “La reforma de la planta, estructura competencial, organización y articulación de la Administración local”, cit., pág. 87. 31 Vid. MANUEL REBOLLO PUIG, “La crisis económica y la oportunidad de reducir el número de municipios”, en Crisis Económica y Reforma del Régimen Local, LUIS COSCULLUELA MONTANER y LUIS MEDINA ALCOZ (dirs.), Civitas, Cizur Menor, 2012, págs. 209 y ss. 32 Vid. MANUEL REBOLLO PUIG, “Reforma de las estructuras municipales: régimen jurídico y posibilidades. Especial referencia a la legislación aragonesa”, en La organización local. Nuevos modelos, JOSÉ MARÍA GIMENO FELIÚ (coord.), Thomson Reuters, Cizur Menor, 2011, págs. 44 y ss. 33 Cfr. JOAQUÍN TORNOS MAS, “Elementos para la reorganización territorial de Cataluña”, en Anuario del Gobierno Local 1999-2000, pág. 180. 380 Iuris Tantum No. 24 2013

de la misma no se ha de tratar de garantizar con un alejamiento entre representantes y representados, en la medida en que esta circunstancia perjudica la comunicación entre ambos, esencial para una correcta determinación y formulación de las políticas públicas, sino que debe lograrse mejorando los controles internos efectuados por la Administración profesional municipal […] y, eventualmente, fortaleciendo los controles externos de legalidad establecidos por las normas correspondientes». 34 4. LA REGULACIÓN DE LA FUSIÓN DE MUNICIPIOS EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL 4.1 Normativa aplicable El art. 137 de la Constitución Española rompe con el modelo de Estado centralista, dando paso a un modelo de Estado compuesto, de tal manera que las relaciones entre el Ordenamiento jurídico estatal y los Ordenamientos autonómicos se rigen por el principio de separación o competencia. En este marco, el artículo 149.1 de la Constitución establece un sistema de concurrencia normativa (Estado-Comunidades Autónomas) en relación con determinadas materias. De acuerdo con este esquema, denominado “bases + desarrollo”, al Estado, sobre dichas materias, se le atribuye una competencia normativa que no agota la regulación de las mismas (normas básicas), de modo que, para obtener una disciplina completa, la Constitución exige la intervención reguladora de las Comunidades Autónomas (normas de desarrollo). En resumen, la normativa básica estatal es la traducción de una política global sobre una determinada materia que articula el Estado, y dentro de dicho marco, se deben aprobar las normas de desarrollo que han de responder a las políticas propias y específicas de cada Comunidad Autónoma. En relación con la normativa aplicable a la fusión de Municipios, hay que señalar que, sobre la base del artículo 148.1.2 de la Constitución española, las Comunidades Autónomas han asumido en sus respectivos Estatutos competencias en relación con las alteraciones de los términos municipales comprendidos en su territorio. Partiendo de este hecho y, teniendo en cuenta el sistema de concurrencia normativa descrita en el párrafo anterior, a la fusión de Municipios resulta de aplicación: en primer lugar, lo dispuesto con carácter básico en el artículo 13 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen local (en adelante, LBRL); en segundo lugar, la legislación de las Comunidades Autónomas sobre régimen local y, en último lugar, y con carácter supletorio, lo dispuesto en los artículos 3 a 9 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local (en adelante, TRRL), — carentes de carácter básico según 34 Vid. MARCOS ALMEIDA CERREDA, “La reforma de la planta, estructura competencial, organización y articulación de la Administración local”, cit., pág. 92. Iuris Tantum No. 24 2013 381

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