GRÁFICAS - Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Lic. Mario Marín Torres.
Gobernador Constitucional del
Estado.
Lic. Pericles Olivares Flores.
Diputado Presidente de la Gran
Comisión del Honorable
Congreso del Estado e
Integrantes de ese Cuerpo
Legislativo.
Distinguida y apreciable concurrencia:
I.- Presentación:
La Comisión de Derechos Humanos
del Estado de Puebla, es un
Organismo Público con autonomía y
personalidad jurídica, cuya función
principal es la protección, respeto,
vigilancia, prevención, observancia,
promoción, defensa, estudio y
divulgación de los Derechos
Humanos, bajo la tutela de la
Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución
Política del Estado de Puebla y la Ley
de la Comisión, en la que se establece
la obligación de informar ante el
Congreso del Estado y el Titular del
Ejecutivo, como a la sociedad
poblana, del quehacer institucional
desarrollado durante el periodo
comprendido entre el mes de
septiembre de 2005 y el mes de
agosto de 2006.
La presente conformación normativa,
nos permite dar a conocer el avance
en materia de crecimiento por una
cultura de los derechos humanos,
donde prevalezca sin excepción
alguna el amparo de la dignidad de
todas las personas.
Entorno a lo anterior, fue
imprescindible generar ámbitos de
confianza en la sociedad, lo que se
obtuvo a través de la actuación e
intervención oportuna y eficiente del
Organismo, especialmente en
aquellas áreas que protegen y
resguardan uno de los derechos más
preciados y sensibles, como lo es el
rubro de la seguridad jurídica como
medio de preservación del orden
público y de convivencia social, dando
así cumplimiento a los fines de un
Estado de Derecho, porque en ella se
configura que los gobernados puedan
ejercer libremente sus derechos
fundamentales.
En consecuencia, en un Estado como
el nuestro, en donde existe la
observación a los principios rectores,
es primordial mantenerlos
convirtiéndolos en posturas esenciales
para seguir conservando una armonía
colectiva; de modo que quienes
detenten dicha facultad, tendrán que
asegurar el referido reconocimiento y
vigencia de la legalidad, sustentados
en ámbitos eminentemente
democráticos, salvaguardando el goce
pleno de las garantías individuales,
civiles, políticas y sociales por medio
de las Instituciones encargadas de
observar que los actos de autoridad
se apeguen al orden normativo.
Empero, debemos admitir que no
basta solamente establecer controles
a través de leyes, porque la fuerza de
éstas no están justificadas
únicamente en dicha génesis, ni
mucho menos en quienes la ejecutan
en el plano ético–jurídico, o de
Septiembre 2005 – Agosto 2006 1

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
aquellos que tienen la función de
actuar y resolver en relación a una
sociedad. Es así, que el Estado tiene
la responsabilidad de atender al
espíritu tutelador para lo cual fueron
creadas, haciendo posible la
comprensión de políticas públicas
para el disfrute de derechos, así como
del cumplimiento de las obligaciones
que se adquieren con ello.
otorgar atención y solución a los
casos presentados.
III.- PROTECCIÓN DE LA
DIGNIDAD HUMANA.
1.- Atención Social.
Dirección de Quejas y Orientación.
II.- COMPROMISO SOCIAL.
Visitadurías Generales.
Tramitación y Conclusión de
Expedientes.
La misión de la Comisión, consistente
en responder de manera inmediata a
las personas que acuden en busca de
soluciones a problemas que atenten
contra sus derechos humanos. Sobre
esto, se aprecia el acercamiento de la
sociedad, originado por los niveles de
credibilidad y el adecuado manejo de
los casos, lo que se constata con el
incremento de casos concluidos, cuyo
alcance fue de 98.8%; siendo el resto
999 casos en trámite.
Cabe señalar que 966 casos fueron
resueltos durante el procedimiento, 3
mil 081 fueron intervenciones
oficiosas y 6 mil 636 orientaciones
jurídicas; como otras causas de
conclusión podemos mencionar: falta
de interés, gestión, antecedentes, no
ratificación, desistimiento expreso, no
violación de derechos humanos,
recomendación, incompetencia,
colaboración, por quedarse sin
materia de queja y archivo
provisional; siendo nuestra prioridad
Los avances logrados en el
reconocimiento de los derechos
humanos, es significativo, mismos
que no permiten retroceder, sino por
el contrario, es indispensable que
surjan nuevos rumbos que garanticen
los derechos del ser humano, para
que se vea protegido de forma
integral en la esfera jurídica, política,
económica y cultural, considerando
que la tarea en este campo, es ardua
e inevitable porque es la propia
comunidad quien exige su
fortalecimiento, busca como un factor
de límite a cualquier afectación que
produzca su alteración, que conduce
a fomentar una atmósfera de
credibilidad, confianza, ante todo de
estabilidad en nuestros Organismos.
Lo que conlleva, a una convivencia
pacífica, que prevalece en la entidad,
con la participación de los diversos
actores sociales, dentro del marco del
derecho, para combatir situaciones de
inconformidad e intolerancia.
Septiembre 2005 – Agosto 2006 2

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Aunado a lo anterior, es de
manifestarse que los movimientos
actuales de defensa han surgido en
respuesta a actos que atentan contra
la seguridad del particular, por
situaciones que violentan las
prevenciones legales. Sin embargo, la
real protección de los derechos,
necesita de participación colectiva,
nacional, así como también
internacional, pero en éste último,
reconociendo los principios generales
que se obligan los Estados Partes. En
este orden de ideas, es comprensible
e indudable, que la vigencia de los
derechos humanos, no está limitada
únicamente al campo legal interno y
externo, sino que requiere del
ejercicio de múltiples actores para
garantizarlos.
La atención de las exigencias sociales
para el irrestricto cumplimiento de la
Ley, recae en el actuar de la
autoridad, surgiendo como
compromiso de los Organismos
Protectores de los Derechos
Humanos, observar y velar porque las
normas jurídicas sean respetadas por
la sociedad; en este renglón
encontramos que los particulares,
poseen una conciencia clara de sus
derechos, pero también ante sus
obligaciones. Es así que, se brindó
atención a más de 13 mil 818
personas, de las cuales 8 mil 937
fueron hombres y 4 mil 881 fueron
mujeres; se recibió un total de 12 mil
747 solicitudes de intervención. El
mayor número de quejas, provienen
de la región de Angelópolis con 5 mil
017; seguida de la región de la Sierra
Nororiental con 2 mil 301; en tercer
lugar nos encontramos con la región
de Tehuacán y Sierra Negra con 2 mil
176; la región de la Sierra Norte con
mil 158; la región de la Mixteca
Poblana con 631 y las demás como
son: Valle de Atlixco y Matamóros con
573, Serdán con 564 y otras con 327.
2.- Protección y Tutela de los
Derechos Humanos.
Materias de Quejas.
Las materias de quejas, que con
mayor frecuencia se dieron fueron las
siguientes: En primer lugar nos
encontramos con la omisión de
información con 623 señalamientos
que representó el 18%, seguida de la
privación de la libertad con 376 con
un alcance del 11%, malos tratos con
320 y un porcentaje del 9%, seguido
del incumplimiento de un deber con
275 señalamientos con un alcance del
8%, las amenazas, maltrato, lesiones
y golpes, negación al derecho de
petición, cobro indebido y la no
integración de averiguación previa
representaron un 4% cada una con
un señalamiento de 151, 136, 129,
128 y 127, la intimidación y el no
acceso al servicio público
representando ambas un alcance del
2%, el primero con 69 y el segundo
con 59 señalamientos, seguido del
allanamiento de morada e
incomunicación, con un 1% de nivel
porcentual, así también, se recibieron
las solicitudes de 374 gestiones.
Septiembre 2005 – Agosto 2006 3

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
AUTORIDADES TOTAL (%)
TOTAL 2713 100%
MINISTERIO PÚBLICO 373 14%
POLICÍA JUDICIAL 256 9%
JUEZ CALIFICADOR DE TEHUACÁN 194 7%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 112 4%
DIRECTOR DEL CERESO DE PUEBLA 71 3%
POLICÍA MUNICIPAL DE PUEBLA 45 2%
JUEZ CALIFICADOR DE HUAUCHINANGO 41 2%
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA 41 2%
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANS. 40 1%
JUEZ CALIFICADOR DE IZÚCAR DE MATAMOROS 39 1%
OTRAS AUTORIDADES 1501 55%
QUEJAS RECIBIDAS
SEGÚN MATERIA DE VIOLACIÓN A DERECHOS
HUMANOS
SEP-2005 / AGO-2006
Nota: Una queja puede involucrar una o más autoridades
como presuntamente responsables de violación a los
derechos humanos.
MATERIAS TOTAL (%)
TOTAL 3518 100%
OMISIÓN DE INFORMACIÓN 623 18%
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 376 11%
GESTIÓN 374 11%
MALOS TRATOS 320 9%
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER 275 8%
AMENAZAS 151 4%
MALTRATO, LESIONES Y GOLPES 136 4%
NEGACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN 129 4%
COBRO INDEBIDO 128 4%
NO INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA 127 4%
OTRAS MATERIAS 879 25%
Nota: Una queja puede involucrar una o más materias de
violación a los derechos humanos.
3.- Autoridades señaladas.
En relación a lo anterior, cabe
destacar que las autoridades
señaladas en los expedientes de
quejas, son las siguientes: Ministerio
Público con 373, Policía Judicial con
256, Juez Calificador de Tehuacán
con 194, Secretaría de Educación
Pública con 112, el Director del
Cereso de Puebla con 71 y la Policía
Municipal de Puebla con 45; entre
otras.
QUEJAS RECIBIDAS
SEGÚN AUTORIDAD PRESUNTAMENTE
RESPONSABLE DE VIOLACIÓN A DERECHOS
HUMANOS.
SEP-2005 / AGO-2006
IV.- REPARACIÓN A LA
VIOLACIÓN DE DERECHOS
HUMANOS.
La trascendencia de la justicia social
se basa en el reconocimiento de la
Septiembre 2005 – Agosto 2006 4

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
legitimación de las entidades en su
actuar. Por tal naturaleza, es
relevante atender las
recomendaciones que constituyen la
instrumentación fundamental para
lograr que los derechos lesionados
sean resarcidos, con lo cual se
fortalece el Estado de Derecho; por
consiguiente la estabilidad social,
misma que existe en el Estado a
través de la emisión de 68
recomendaciones aceptadas por la
autoridad, de las cuales 66 fueron
cabalmente cumplidas, en beneficio
de quienes en un momento dado no
obtuvieron respuesta y solución al
asunto que les afectaba. Donde el fin
principal es el de colocar a la
autoridad en el camino idóneo, para
que actúe y proceda a su
reivindicación.
RECOMENDACIONES EMITIDAS
SEGÚN MATERIA DE VIOLACIÓN A DERECHOS
HUMANOS.
SEP-2005 / AGO-2006
MATERIAS TOTAL (%)
TOTAL 139 100%
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL 46 33%
COBRO INDEBIDO 20 14%
MALTRATO, LESIONES Y GOLPES 17 12%
MALOS TRATOS 14 10%
ALLANAMIENTO DE MORADA 4 3%
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER 4 3%
ROBO 3 2%
NO ACCESO AL SERVICIO PÚBLICO 3 2%
AMENAZAS 3 2%
INCOMUNICACIÓN 2 1%
OTRAS MATERIAS 23 17%
Nota: Una recomendación puede involucrar una o más
materias de violación a derechos humanos.
V.- PROGRAMAS ESPECIALES.
1.- Programa Indígena.
No cabe la menor duda que los
esquemas actuales de
internacionalización producen una
nueva concepción del desarrollo. Sin
embargo no debemos permitir, el
desmembramiento de nuestra cultura,
por el contrario hacer que el sistema
económico interno y externo, sea el
camino para preservarla.
Como se sabe, la población indígena
se encuentra en situaciones difíciles y
falta mucho por hacer; por lo que, es
necesario lograr la plena
reivindicación de sus derechos; no
basta con el simple enunciamiento,
sino llevar a cabo acciones y hechos
que conduzcan a nuevos esquemas y
permitan realmente brindar
alternativas de solución; donde se
den respuestas reales e inmediatas a
las necesidades que mínimamente
requieren para el goce de un
desarrollo integral.
En este sentido fue necesario
intensificar los trabajos de formación
y capacitación para fomentar la
cultura de los derechos humanos.
Se consolidó el trabajo en las
Delegaciones de Cuetzalan, Tehuacán
y la Oficina de Atención de Huehuetla,
en beneficio de las comunidades y
Septiembre 2005 – Agosto 2006 5

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
municipios aledaños. En Cuetzalan se
atendió un total de mil 716 solicitudes
de intervención, de las cuales el
99.2% se concluyeron, quedando el
resto en trámite; En Tehuacán se
registraron mil 830 casos de los
cuales el 97.4% están concluidos.
SOLICITUDES DE INTERVECIÓN RECIBIDAS EN
LA DELEGACIÓN CUETZALAN,
SEGÚN SU CALIFICACIÓN.
SEP-2005 / AGO-2006
DELEGACIÓN CUETZALAN
2000
1500
1631
1000
500
0
85
QUEJAS
ORIENTACIONES
Nota: Se recibieron en total mil 716 expedientes por
presuntas violaciones a los derechos humanos en ésta
delegación.
QUEJAS RECIBIDAS EN LA DELEGACIÓN
CUETZALAN, SEGÚN AUTORIDAD
PRESUNTAMENTE RESPONSABLE.
SEP-2005 / AGO-2006
Septiembre 2005 – Agosto 2006 6

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
AUTORIDADES TOTAL (%)
TOTAL 90 100%
JUEZ CALIFICADOR DE CUETZALAN 18 20%
JUEZ CALIFICADOR DE ZACAPOAXTLA 8 9%
AGENTE DEL M. P. DE ZACAPOAXTLA 5 6%
PRESIDENTE MUNICIPAL DE HUEHUETLA 4 4%
DEFENSOR SOCIAL DE ZACAPOAXTLA 4 4%
POLICÍA MUNICIPAL DE HUEHUETLA 4 4%
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUETZALAN 3 3%
PDTE. AUXILIAR MUNICIPAL DE TZINACAPAN 3 3%
POLICÍA JUDICIAL DE CUETZALAN 3 3%
POLICÍA JUDICIAL DE PUEBLA 2 2%
OTRAS AUTORIDADES 36 40%
Nota: Una queja puede involucrar una o más autoridades
presuntamente responsables de violación a los derechos
humanos.
SOLICITUDES DE INTERVECIÓN RECIBIDAS EN
LA DELEGACIÓN TEHUACÁN,
SEGÚN SU CALIFICACIÓN.
SEP-2005 / AGO-2006
2000
1500
1000
500
0
DELEGACIÓN TEHUACÁN
243
QUEJAS
1587
ORIENTACIONES
Nota: Se recibieron en total mil 830 expedientes por
presuntas violaciones a los derechos humanos en ésta
delegación.
QUEJAS RECIBIDAS EN LA DELEGACIÓN
TEHUACÁN, SEGÚN AUTORIDAD
PRESUNTAMENTE RESPONSABLE.
SEP-2005 / AGO-2006
AUTORIDADES TOTAL (%)
TOTAL 282 100%
Dentro del Programa Indígena se
atendieron a 3 mil 646 personas, a
través de diversas actividades entre
las que podemos destacar: 47
talleres; donde se les exponen su
derechos, 102 conferencias, foros y
pláticas de las cuales podemos
resaltar el ciclo de conferencias
“Derechos Humanos y Derechos
Indígenas” con la colaboración del
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, concluido
con la exposición del Dr. Rodolfo
Stavenhagen, Relator Especial para
los Derechos Humanos de los Pueblos
Indígenas por la Organización de las
Naciones Unidas, el programa de
radio denominado Ximotajtoui que
quiere decir “Defiéndete” con 37
transmisiones donde se difunden y
promueven los derechos
fundamentales de este grupo
vulnerable, brindando asesorías y
orientaciones jurídicas.
JUEZ CALIFICADOR DE TEHUACÁN 76 27%
POLICÍA MUNICIPAL DE TEHUACÁN 28 10%
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA 18 6%
PRESIDENTE MUNICIPAL DE TEHUACÁN 17 6%
AGENTE DEL M.P. DE TEHUACÁN 15 5%
POLICÍA JUDICIAL DE TEHUACÁN 11 4%
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPOR. 4 1%
POLICÍA MUNICIPAL DE ALTEPEXI 4 1%
DIRECTOR DEL CERESO DE TEHUACÁN 4 1%
PDTE. AUXILIAR MPAL. DE SAN DIEGO CHALMA 3 1%
OTRAS AUTORIDADES 102 36%
Nota: Una queja puede involucrar una o más autoridades
presuntamente responsables de violación a los derechos
humanos.
Septiembre 2005 – Agosto 2006 7

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Por otro lado, se realizó la segunda
etapa del Programa “La Niñez
Indígena y sus Derechos Humanos”,
en el que se aplica el programa de la
CNDH denominado “Niños
Promotores” que llevaron a cabo los
niños internados en los albergues
indígenas, en coordinación con la
Comisión Nacional de los Derechos
Humanos y la Comisión Nacional Para
el Desarrollo de los Pueblos
Indígenas, en beneficio de 6 mil 065
niñas y niños.
2.- Programa de la Mujer y la Niñez.
La década comprendida entre 1976-
1985 fue determinante para el
reconocimiento de la mujer. En ésta
se establece la prohibición a la
discriminación. El 18 de diciembre de
1979, la Asamblea General de la ONU
adoptó la “Convención Sobre la
Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación Contra la Mujer”,
ratificada por México, sin reserva, el
18 de diciembre de 1981, dicho
documento compromete la vigencia
de los derechos humanos, civiles,
políticos, culturales, sociales y
colectivos.
Sin embargo, todavía se observan
condiciones de desigualdad hacia la
mujer. Por consiguiente, es
imprescindible generar
transformaciones desde las
estructuras dominantes que
inequitativamente rigen al grupo
social, que exigen de manera urgente
modificar su situación, donde sus
Septiembre 2005 – Agosto 2006 8

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
derechos humanos sean reconocidos
para la protección de su dignidad.
Encaminamos acciones para buscar la
equidad de género desarrollando,
trabajos permanentes con
Instituciones públicas, y privadas,
principalmente en el sector educativo.
Se realizaron 157 eventos entre
talleres, conferencias y foros,
atendiendo a 9 mil 903 personas.
La mujer desempeña un papel
protagónico en el proceso de
desarrollo, lo que no garantiza en la
actualidad su liberación, aceptación y
reconocimiento. Por el contrario debe
confirmarse su papel estratégico no
sólo en la promoción del desarrollo
económico y social, sino también en
los avances democráticos, en la
formación de valores, protegiendo el
bienestar de la familia, relacionado
con el crecimiento comunitario. Es por
ello que la igualdad jurídica del
hombre y la mujer debe traducirse en
procesos de oportunidades para el
ejercicio de sus derechos ciudadanos,
de trabajo productivo, buena e igual
remuneración, acceso a las
estructuras de toma de decisiones, en
todos los ámbitos.
3.- Programa Penitenciario.
La Comisión tiene la tarea de atender
las condiciones de las personas que
Septiembre 2005 – Agosto 2006 9

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
se encuentran privadas de su libertad,
para proteger su dignidad.
obligaciones con base en el
reglamento interno.
Para ello, se realizaron 29 visitas a los
22 Centros de Readaptación Social del
Estado (Puebla, Tepexi de Rodríguez,
Tehuacán, Huauchinango, Cholula,
Teziutlán, Huejotzingo, Xicotepec, Izúcar
de Matamoros, Tecamachalco, Atlixco,
Zacatlán, Tepeaca, Zacapoaxtla,
Tlatlauquitepec, Chiautla de Tapia,
Acatlán de Osorio, Libres, Tecali de
Herrera, Chignahuapan, Tetela de
Ocampo y Ciudad Serdán) en los que se
difundió, promovió y protegió a los
derechos humanos de los internos.
Como resultado de lo anterior se
iniciaron y tramitaron 259
expedientes, de los cuales 232 se
encuentran concluidos y archivados.
Las materias de quejas más
señaladas fueron: malos tratos,
omisión de información, violación a
los derechos de los internos, no
acceso al servicio médico, lesiones y
golpes, privación de la libertad
personal, amenazas e incumplimiento
de un deber.
En las citadas visitas se capacitó al
personal directivo, técnico y de
custodia de los centros y se
impartieron pláticas a las personas
recluidas sobre sus derechos y
Septiembre 2005 – Agosto 2006 10

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
4.- Programa de Adultos Mayores y
Personas con Discapacidad.
En la atención de los adultos mayores
y personas con discapacidad, este
organismo realizó diversas actividades
para la promoción y defensa de sus
derechos tendientes a protegerlos de
cualquier tipo de discriminación.
Realizándose: 31 talleres y 88
conferencias, además se
intensificaron los programas con
diversos Organismos Públicos como la
Secretaría de Educación Pública y los
Sistemas DIF Estatal y Municipales.
Así como la supervisión y orientación
en las casas de asistencia.
Por otra parte, contamos con el “Club
de Adultos Mayores”, el cual es un
espacio de apoyo y reflexión, con
diversas actividades como
manualidades, pláticas; además
orientación psicológica y asesoría
jurídica permanente.
Septiembre 2005 – Agosto 2006 11

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
VI.- DIFUSIÓN EDUCATIVA Y
CAPACITACIÓN
Para dar a conocer los Derechos
Humanos y fomentar en la sociedad
una cultura de los mismos, realizamos
350 talleres, 247 conferencias, 12
foros, 14 eventos culturales y 60
cursos y pláticas, que permitió
atender a 51 mil 777 personas.
Entre esas actividades destacan, las
siguientes:
“El 4º Seminario Nacional e
Internacional de Formación y
Actualización en Derechos Humanos.
Realidad y Vigencia” inaugurado con
la exposición de la Señora Rigoberta
Menchú Tum, Premio Nóbel de la Paz.
Septiembre 2005 – Agosto 2006 12

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
los Estados de México, Morelos y
Tlaxcala.
Con la Secretaría de Educación
Pública convocamos al Concurso
Estatal de Cartas “Equidad de
Género: Lo que las niñas y los niños
deben ser y hacer para convivir en
igualdad", el cual se dirigió
particularmente a todas las escuelas
secundarias del Estado, obteniendo
una respuesta de 2 mil 850 alumnos;
Con la Colaboración de la Secretaría
del Medio Ambiente y Recursos
Naturales del Estado (SMRN),
organizamos el Foro Regional “El
Agua, Derecho Humano y Factor
Insustituible para el Desarrollo
Humano” en el que intervinieron las
Comisiones de Derechos Humanos de
Septiembre 2005 – Agosto 2006 13

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Derechos Humanos a los Presidentes
de las Juntas auxiliares de San Andrés
Azumiatla, San Miguel Canoa, San
Felipe Hueyotlipan, Zaragoza, Romero
Vargas, Santa María Xonacatepec,
Santo Tomás Chautla, Sebastián de
Aparicio, San Pedro Zacachimalpa y la
Resurrección.
En colaboración con la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
(CNDH), la Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla (BUAP) y la
Fundación Konrad Adenauer Stiftung,
se organizó el “Diplomado de Alta
Especialización en Derechos
Humanos; Prisión Preventiva y Debido
Proceso”;
Con el Instituto Electoral del Estado
(IEE), se realizó el concurso de cartel
“Derechos Humanos y la
Democracia”, convocando a
estudiantes de instituciones de
educación superior del Estado
lográndose la participación de 89 de
ellos.
En coordinación con el H.
Ayuntamiento del Municipio de Puebla
se conmemoró el Día Internacional de
la Mujer con actividades culturales y
artísticas; además, de capacitar en
Septiembre 2005 – Agosto 2006 14

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Además de los eventos mencionados,
se cuenta con la elaboración de 10
diferentes publicaciones de las que se
distribuyeron 96 mil 373 ejemplares.
Se participó en el Programa
Bienvenido Poblano, en Coordinación
con la Secretaría de Gobernación.
Septiembre 2005 – Agosto 2006 15

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Entre esas publicaciones se
encuentran las gacetas trimestrales,
los folletos alusivos a: “Tenemos
Derechos, Infórmate”, “Tenemos
Derechos, Exígelos”, “Declaración
Universal de los Derechos Humanos”,
“Derechos Humanos de las Mujeres”,
“Derechos Humanos de las Niñas y
los Niños”, “Alto a la Violencia”,
“Derechos Humanos de las Personas
con Discapacidad”, “Derechos de las
Personas Adultas Mayores”, y las
revistas urbano.
1.- Fundación Teléfonos de México
S.A. de C.V.
2.- Consejo Para la Defensa de los
Derechos Humanos A.C.
3.- Fundación la Promesa A.C.
4.- Benemérita Universidad Autónoma
de Puebla
5.- Unión Democrática Poblana A.C.
6.- Universidad de la Sierra A.C.
7.- Instituto Electoral del Estado
8.- Universidad Iberoamericana-
Puebla
9.- H. Ayuntamiento del Municipio de
Puebla
10.- Centro Infantil Cuautlamingo
11.- Asociación Cuauhtamazaco A.C.
12.- Asociación Desarrollo Xaltipan
A.C.
13.- Asociación Paso del Jardín A.C.
14.- Asociación Yohualichan A.C.
15.- Asociación Okichpipil in Ayotochtl
A.C.
De especial significación para el
organismo es vincularse activamente
con los distintos sectores de la
sociedad por lo que se celebraron 18
convenios de colaboración con las
siguientes organizaciones e
instituciones privadas y públicas:
16.- Comisión Nacional de los
Derechos Humanos, Benemérita
Universidad Autónoma de Puebla y
Fundación Konrad Adenauer Stiftung
A.C.
17.- Secretaría de Educación Pública
del Estado, y
Septiembre 2005 – Agosto 2006 16

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
18.- Universidad Popular Autónoma
del Estado de Puebla
de comunicación son interlocutores
altamente confiables de la sociedad,
porque su tarea entre las distintas
instancias del poder y la población es
invaluable.
La información diaria, a través de
notas informativas, reportajes,
entrevistas y análisis con un sentido
objetivo y crítico, son el certificado de
la democracia, situación que estimula,
alienta y guía nuestras acciones.
El apoyo de los medios de
comunicación en la difusión de la
cultura de los derechos humanos,
representa una valiosa herramienta
para la sensibilización y credibilidad
en el actuar de la Institución. En este
sentido, los comentarios que en
forma por demás responsable han
hecho los representantes de los
medios de información, sin duda que
fortalecen el trabajo que realiza la
Comisión, ya que de esta forma se
logrará un trabajo conjunto que
definitivamente favorecerá a la
sociedad poblana.
VII.- COMUNICACIÓN SOCIAL.
Siempre he pensado y hoy lo
confirmo, que actualmente los medios
El trabajo de la Comisión de Derechos
Humanos del Estado, ha originado mil
100 impactos en la prensa escrita; la
publicación en diferentes medios de
61 editoriales; el registro de 959
impactos radiofónicos, y la
transmisión de 105 impactos
televisivos.
Hago un reconocimiento y manifiesto
mi agradecimiento, a todas las
personas que laboran en los medios
de comunicación, quienes de alguna u
otra manera incluyeron el tema de los
Derechos Fundamentales como
protagonista cotidiano de su
Septiembre 2005 – Agosto 2006 17

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
información. Asimismo, reitero mi
compromiso de seguir atendiendo
directa e inmediatamente todas las
peticiones que los representantes de
los medios requieran, para cumplir
con su responsabilidad social.
VIII.- PRESUPUESTO Y SU
CORRECTA APLICACIÓN.
El H. Congreso del Estado aprobó
para el presente año un presupuesto
por 18’183,535.00 distribuido en un
74% a servicios personales
destinados a cubrir salarios y
prestaciones a los trabajadores. El
resto se aplica a los gastos de
operación.
El ejercicio del gasto se ha apegado
estrictamente a lo previsto en la Ley
de Egresos y conforme a la
distribución determinada por el H.
Consejo Consultivo del Organismo.
El manejo escrupuloso y responsable
de los fondos públicos destinados a la
Comisión se ha avalado por el
Organismo de Fiscalización Superior y
el Congreso del Estado quien aprobó
la cuenta pública sin mayores
observaciones. Además se vigilan
permanentemente los fondos a través
de un auditor externo autorizado.
A pesar de lo limitado de los recursos
económicos su óptima utilización
permitió actualizar 18 CPU´s; se
modernizó y amplió la infraestructura
de la red de área local; se contrató el
servicio de Web Hosting y se registró
el dominio cdhpuebla.org.mx. Estas
acciones permitieron actualizar y
Septiembre 2005 – Agosto 2006 18

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
modernizar la Comisión para ofrecer
un mejor servicio a la sociedad.
Gabriela del Cármen Reguero Alarcón,
Dr. Moisés Romero Beristaín, Lic.
Álvaro Zambrano Vázquez y Lic.
Romualdo Cabrera Méndez, reciban
nuestro reconocimiento y gratitud por
su colaboración generosa y
comprometida con la causa de los
Derechos Humanos.
X. MENSAJE FINAL
Por otro lado, las constantes y
respetuosas solicitudes al Gobierno
del Estado para renovar el parque
vehicular que tiene en promedio 10
años de funcionamiento, finalmente
tuvieron buenos resultados por lo que
contamos con nuevas unidades para
dar protección y seguridad a nuestros
compañeros.
IX.- CONSEJO CONSULTIVO.
Los y las integrantes del Consejo
Consultivo, personas de reconocida
capacidad profesional y amplia
solvencia moral, han cumplido a
cabalidad y conforme a la ley su
encargo.
Mes con mes desahogaron
puntualmente las reuniones del
Consejo, sus orientaciones y sanas
opiniones han coadyuvado
definitivamente en la buena marcha
del organismo.
Señoras y señores consejeros:
Profesora Hilda Luisa Valdemar Lima,
Mtra. Ana Lidya Flores Marín, Lic.
A poco más de un año de haber
tomado posesión como presidente de
la Comisión de Derechos Humanos,
hoy más que nunca sello mi
compromiso de velar por los intereses
de los poblanos, contra actos de
autoridad que no se apeguen a
estricto derecho.
La función social de la Comisión debe
estar encaminada a tender puentes
con las autoridades federales,
estatales y municipales, con las
organizaciones no gubernamentales,
universidades y en general con la
sociedad para asegurar cada día la
paz social que merecen los poblanos.
En el camino de la vida no se puede
andar solo y mucho menos con una
responsabilidad como la que se tiene
por ello he contado con el invaluable
trabajo de mi equipo sin el cual no
podría alcanzar ni cumplir las metas
establecidas.
Además quiero agradecer el apoyo
del Dr. José Luis Soberanes
Fernández presidente de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos; así
como también a la Federación
Mexicana de organismos públicos de
Derechos Humanos, dignamente aquí
Septiembre 2005 – Agosto 2006 19

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
representada por su presidente Lic.
Oscar Humberto Herrera López;
agradezco también la presencia de
mis homólogos, así como a todos y
cada uno de ustedes.
Gracias.
Septiembre 2005 – Agosto 2006 20

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Septiembre 2005 – Agosto 2006 21

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Septiembre 2005 – Agosto 2006 22

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
GRÁFICAS
GRÁFICO 1
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN, SEGÚN SU
CALIFICACIÓN.
SEP-2005/AGO-2006
80.7%
Total
12,747
19.3%
QUEJAS ORIENTACIONES a/
a/ Incluye intervenciones oficiosas, incompetencias,
colaboraciones y antecedentes.
GRÁFICO 3
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN, INDIVIDUALES
Y COLECTIVAS.
SEP-2005/AGO-2006
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
12,338
INDIVIDUALES
409
COLECTIVAS
Nota: Un expediente puede contener uno o más
quejosos y agraviados.
GRÁFICO 4
PRINCIPALES OCUPACIONES REGISTRADAS EN
LAS PERSONAS ATENDIDAS.
SEP-2005/AGO-2006
1238
GRÁFICO 2
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN, DISTRIBUIDAS
REGIONALMENTE.
SEP-2005/AGO-2006
1448
1905
0 500 1000 1500 2000 2500
EMPLEADO (A)
CAMPESINO(A)
LABORES DEL HOGAR
GRÁFICO 5
PRINCIPALES GRUPOS DE EDADES, EN LAS
PERSONAS ATENDIDAS.
SEP-2005/AGO-2006
1421
1422
1944
0 500 1000 1500 2000 2500
Nota: 327 solicitudes de intervención no
correspondieron a ninguna región Geográfica en
particular.
31 A 35 18 A 25 36 A 40
Septiembre 2005 – Agosto 2006 23

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
GRÁFICO 6
ORIENTACIONES JURÍDICAS, SEGÚN SUS
PRINCIPALES ASUNTOS.
SEP-2005/AGO-2006
GRÁFICO 8
PRINCIPALES AUTORIDADES PRESUNTAMENTE
RESPONSABLES DE VIOLACIÓN A DERECHOS
HUMANOS, DE LAS QUEJAS EN TRÁMITE.
SEP-2005/AGO-2006
477
538
777
827
1310
1450
4913
9
9
10
12
15
19
25
34
49
0 2000 4000 6000
OTROS ASUNTOS a/
LABORAL
JURISDICCIONAL FAMILIAR
PENAL
JURISDICCIONAL PENAL Y AMPARO
JURISDICCIONAL PENAL
ADMINISTRATIVO
a/ Incluye intervenciones oficiosas, antecedentes,
colaboraciones e incompetencias.
GRÁFICO 7
EXPEDIENTES CONCLUIDOS, SEGÚN SUS
PRINCIPALES CAUSAS.
SEP-2005/AGO-2006
0 20 40 60
PRESIDENTE MUNICIPAL DE PUEBLA
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
JUEZ CALIFICADOR DE TEHUACÁN
DIRECTOR DEL CERESO DEL ESTADO DE PUEBLA
POLICÍA MUNICIPAL DE PUEBLA
POLICÍA MUNICIPAL DE TEHUACÁN
DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS DE READ. SOCIAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
POLICÍA JUDICIAL DEL ESTADO
Nota: Un expediente puede involucrar una o más
materias como presuntamente responsables.
GRÁFICO 9
PRINCIPALES ACTOS DE VIOLACIÓN A LOS
DERECHOS HUMANOS, DE LAS QUEJAS EN
TRÁMITE.
SEP-2005/AGO-2006
325
208
211
229
339
402
966
3081
6636
45
47
47
56
67
100
102
131
176
0 2000 4000 6000 8000
OTRAS FORMAS
DESISTIMIENTO EXPRESO
NO RATIFICACIÓN
ANTECEDENTE
GESTIÓN
FALTA DE INTERÉS
RESUELTO DURANTE EL PROCEDIMIENTO
INTERVENCIÓN OFICIOSA
ORIENTACIÓN CON APERTURA DE EXPEDIENTE
Nota: En total se concluyeron 12 mil 397 expedientes
durante el presente periodo.
0 50 100 150 200
COBRO INDEBIDO
NO INTEGRACIÓN DE AVERIGUACIÓN PREVIA
OMISIÓN DE INFORMACIÓN
AMENAZAS
MALTRATO, LESIONES Y GOLPES
MALOS TRATOS
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL
ADMINISTRATIVA
Nota: Un expediente puede involucrar uno o más actos
de violación a los derechos humanos.
GRÁFICO 10
Septiembre 2005 – Agosto 2006 24

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
PRINCIPALES ACTOS DE VIOLACIÓN EN LAS
RECOMENDACIONES EMITIDAS.
SEP-2005/AGO-2006
38
RECOMENDACIONES EMITIDAS EN TODA LA
HISTORIA INSTITUCIONAL, SEGÚN EL ESTADO EN
QUE SE ENCUENTRAN.
SEP-2005/AGO-2006
4
7.7%
0.8%
14
1.1%
17
20
46
0 10 20 30 40 50
90.5%
Total
Rec. Emitidas
650
OTRAS MATERIAS
ALLANAMIENTO DE MORADA
MALOS TRATOS
CUMPLIDAS
NO ACEPTADA
EN TRÁMITE
NO CUMPLIDA
MALTRATO, LESIONES Y GOLPES
COBRO INDEBIDO
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL
Nota: Una recomendación puede involucrar uno o más
actos de violación a derechos humanos.
GRÁFICO 11
ESTADO DE LAS RECOMENDACIONES EMITIDAS
DURANTE EL PRESENTE PERIODO.
SEP-2005/AGO-2006
GRÁFICO 13
RECOMENDACIONES EMITIDAS Y CUMPLIDAS
DURANTE EL PRESENTE PERIODO.
SEP-2005/AGO-2006
80
70
60
50
40
30
20
10
0
22
44
CUMPLIDAS
De Periodos
Anteriores
Del Periodo
Actual
68
EMITIDAS
Total
68
EN
TRÁMITE
35.3%
GRÁFICO 14
PRINCIPALES MATERIAS SEÑALADAS EN LAS
RECOMENDACIONES CUMPLIDAS.
SEP-2005/AGO-2006
34
CUMPLIDAS
64.7%
6
9
Nota: La recomendación 12/2006 dirigida al Presidente
Municipal de Puebla por negativa a la libertad de tránsito
se encuentra impugnada y en trámite.
13
22
39
0 10 20 30 40 50
OTRAS MATERIAS
ROBO
MALOS TRATOS
COBRO INDEBIDO
MALTRATO, LESIONES Y GOLPES
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL
GRÁFICO 12
Septiembre 2005 – Agosto 2006 25

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
GRÁFICO 15
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN DEL PROGRAMA
INDÍGENA SEGÚN SU CALIFICACIÓN.
SEP-2005/AGO-2006
GRÁFICO 18
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS
EN LA DELEGACIÓN CUETZALAN, SEGÚN EL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN.
SEP-2005/AGO-2006
ORIENTACIONES
98
0.8%
QUEJAS
21
Total
119
Total
1,716
99.2%
0 50 100 150
TRÁMITE
CONCLUIDAS
GRÁFICO 16
SITUACIÓN DE LOS EXPEDIENTES DEL
PROGRAMA INDÍGENA.
SEP-2005/AGO-2006
GRÁFICO 19
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN EN DERECHOS
HUMANOS, REALIZADAS POR EL PAMCADI. b/
SEP-2005/AGO-2006
1.7%
Total
119
35
30
25
20
EVENTOS
15
10
5
0
31
785 28
27
25
673
19
421
445
14
418
417
TALLERES SESIONES DEL CLUB CURSOS PLÁTICAS CONFERENCIAS OTROS EVENTOS a/
DE ADULTOS
MAYORES
900
800
700
PERSONAS ATENDIDAS
600
500
400
300
200
100
0
CONCLUIDOS
98.3%
EN TRÁMITE
GRÁFICO 17
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS
EN LA DELEGACIÓN CUETZALAN.
SEP-2005/AGO-2006
5.0%
a/ Incluye actividades como reuniones de trabajo, visitas
a instituciones públicas y privadas, foros, reuniones de
trabajo y entrevistas.
b/ Programa de Adultos Mayores y Discapacitados
Nota: En total se logró atender mediante estas
actividades a 3 mil 159 personas. (144 actividades en
total)
GRÁFICO 20
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN ASIGNADAS AL
PROGRAMA PENITENCIARIO, SEGÚN SU
CALIFICACIÓN.
SEP-2005/AGO-2006
Total
1,716
ORIENTACIONES
12
95.0%
QUEJAS
247
QUEJAS
ORIENTACIONES
Total
259
0 100 200 300
Septiembre 2005 – Agosto 2006 26

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
GRÁFICO 21
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN ASIGNADAS AL
PROGRAMA PENITENCIARIO, SEGÚN EL ESTADO
EN QUE SE ENCUENTRAN.
SEP-2005/AGO-2006
GRÁFICO 23
PERSONAS ATENDIDAS POR EL PROGRAMA
PENITENCIARIO, SEGÚN SEXO
SEP-2005/AGO-2006
10.4%
32.6%
Total
259
Total
344
67.4%
89.6%
CONCLUIDOS
EN TRÁMITE
HOMBRES
MUJERES
GRÁFICO 22
PRINCIPALES MATERIAS SEÑALADAS EN LAS
QUEJAS DEL PROGRAMA PENITENCIARIO.
SEP-2005/AGO-2006
6
9
10
15
16
19
22
25
59
106
0 50 100 150
OTRAS MATERIAS
INCUMPLIMIENTO DE UN DEBER
AMENAZAS
PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL
MALTRATO, LESIONES Y GOLPES
NO ACCESO AL SERVICIO MÉDICO
VIOLACIÓN A LOS DERECHOS DE LOS INTERNOS
OMISIÓN DE INFORMACIÓN
MALOS TRATOS
GESTIÓN
Nota: En total se señalaron 287 veces las materias de
violación en las quejas del Programa Penitenciario.
GRÁFICO 24
PRINCIPALES AUTORIDADES SEÑALADAS EN LAS
QUEJAS DEL PROGRAMA PENITENCIARIO
SEP-2005/AGO-2006
6
8
9
10
11
12
15
16
71
99
0 50 100 150
OTRAS AUTORIDADES
PROCURADURÍA DEL CIUDADANO
DIRECTOR DEL CERESO DE CHOLULA
DIRECTOR DEL CERESO DE TEHUACÁN
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DGCRS
DIRECTOR DEL CERESO DE HUAUCHINANGO
DIRECTOR GENERAL DE CENTROS DE READ. SOCIAL
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE LA S.G.
DIRECTOR DEL CERESO DE TEPEXI DE RGUEZ.
DIRECTOR DEL CERESO DEL ESTADO DE PUEBLA
Nota: En total se señalaron 257 veces las autoridades en
las quejas del Programa Penitenciario.
Septiembre 2005 – Agosto 2006 27

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
GRÁFICO 25
PRINCIPALES VÍAS DE INTERPOSICIÓN DE LOS
EXPEDIENTES DEL PROGRAMA PENITENCIARIO
SEP-2005/AGO-2006
8
9
9
20
21
38
74
80
0 50 100
OTRAS VÍAS
VISITA PENITENCIARIA
MÓDULO SABATINO
DELEGACIÓN TEHUACÁN
ESCRITO
VISITADORES ITINERANTES
COMPARECENCIA
TELEFÓNICA
GRÁFICO 27
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN
DERECHOS HUMANOS, REALIZADAS POR EL
PROMUNI a/.
SEP-2005/AGO-2006
80
70
60
50
EVENTOS
40
30
20
10
0
35
1775
30
4393
10
TALLERES CONFERENCIAS CONCURSOS
REGIONALES
2850
74
4 4
336 439
110
PLÁTICAS FOROS OTROS EVENTOS b/
a/ Programa de la Mujer y la Niñez
b/ Incluye actividades como cursos, entrevistas, visitas a
instituciones publicas y privadas.
Nota: Este programa atendió a 9 mil 903 personas
mediante las diversas actividades de capacitación y
difusión en derechos humanos. (157 eventos en total)
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
PERSONAS ATENDIDAS
Nota: En total se registraron 259 expedientes del
Programa Penitenciario mediante diversas vías.
GRÁFICO 26
ASUNTOS DE LAS ORIENTACIONES JURÍDICAS
DEL PROGRAMA PENITENCIARO
SEP-2005/AGO-2006
GRÁFICO 28
ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN EN
DERECHOS HUMANOS, REALIZADAS DURANTE EL
PRESENTE PERIODO.
SEP-2005/AGO-2006
2
1200
1000
20775
1056
25000
20000
2
2
3
800
EVENTOS
600
400
200
0
11513
350
7299
247
5555
757
2850
14 5 1
CONFERENCIAS TALLERES EVENTOS CONFERENCIAS DEL CONCURSOS OTROS EVENTOS a/
CULTURALES SEMINARIO b/ REGIONALES
0
PERSONAS ATENDIDAS
15000
10000
5000
3
0 1 2 3 4
JURISDICCIONAL PENAL Y DE AMPARO
JURISDICCIONAL FAMILIAR
ADMINISTRATIVO
a/ Incluye actividades como pláticas, cursos, sesión de
adultos mayores, diplomados y foros; además de
entrevistas, programas radiofónicos, jornadas y
reuniones, entre otros.
b/ En promedio se registró una participación de 757
personas en cada una de las 5 conferencias.
Nota: En total se logró atender mediante las diversas
actividades de capacitación y difusión en derechos
humanos a 51 mil 777 personas.
JURISDICCIONAL DE AMPARO
JURISDICCIONAL PENAL
Septiembre 2005 – Agosto 2006 28

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
GRÁFICO 29
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS
EN LA DELEGACIÓN TEHUACÁN
SEP-2005/AGO-2006
GRÁFICO 31
SOLICITUDES DE INTERVENCIÓN REGISTRADAS
EN LA DELEGACIÓN TEHUACÁN, SEGÚN EL
ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN
SEP-2005/AGO-2006
2000
1500
1000
1587
2.57%
500
243
0
QUEJAS
ORIENTACIONES
Total
1,830
Nota: Se recibieron durante el presente periodo un total
de mil 830 solicitudes de intervención, mismas que
fueron calificadas en un 13.3% como quejas y el 86.7%
se trató de orientaciones jurídicas.
TRÁMITE
97.43%
CONCLUIDAS
GRÁFICO 30
ORIENTACIONES JURÍDICAS OTORGADAS EN LA
DELEGACIÓN TEHUACÁN, SEGÚN SUS
PRINCIPALES ASUNTOS
SEP-2005/AGO-2006
GRÁFICO 32
PERSONAS ATENDIDAS EN LA DELEGACIÓN
TEHUACÁN, SEGÚN SU OCUPACIÓN
SEP-2005/AGO-2006
910
44
61
101
122
349
1167
97
107
111
206
215
0 500 1000
OTROS ASUNTOS
JURISDICCONAL PENAL Y DE
AMPARO
LABORAL
JURISDICCIONAL FAMILIAR
JURISDICCIONAL PENAL
ADMINISTRATIVO
0 500 1000 1500
OTRAS OCUPACIONES
OBRERO
CAMPESINO
COMERCIANTE
LABORES DEL HOGAR
EMPLEADO
Septiembre 2005 – Agosto 2006 29

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
GRÁFICO 33
PERSONAS ATENDIDAS EN LA DELEGACIÓN
TEHUCÁN, SEGÚN SEXO
SEP-2005/AGO-2006
34.7%
Total
1,903
65.3%
HOMBRES
MUJERES
Septiembre 2005 – Agosto 2006 30

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Septiembre 2005 – Agosto 2006 31

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Septiembre 2005 – Agosto 2006 32

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Recomendaciones
Índice de Recomendaciones
No. Rec. Autoridad Materia Pág.
1 43/2005 Presidente Municipal de Ajalpan Privación de la libertad personal 35
2 44/2005 Presidente Municipal de Tulcingo Privación de la libertad personal 37
3 45/2005 Presidente Municipal de Amozoc de Maltrato, lesiones y golpes 38
Mota
4 46/2005 Presidente Municipal de Zapotitlán Privación de la libertad personal, 39
de Méndez.
malos tratos, detención de vehículo
5 47/2005 Presidente Municipal de Tehuacán Privación de la libertad personal, 40
malos tratos
6 48/2005 Presidente Municipal de Zihuateutla Allanamiento de morada, cobro 41
indebido
7 49/2005 Procuraduría General de Justicia del Privación de la libertad personal, 43
Estado de Morelos
incomunicación, amenazas
8 50/2005 Presidente Municipal de Nopalucan Allanamiento de morada, privación 45
de la libertad personal, malos tratos
9 51/2005 Presidente Municipal de Cuapiaxtla No acceso al servicio público 46
de Madero
10 52/2005 Presidente Municipal de
Intimidación y cobro indebido 47
Chalchicomula de Sesma.
11 53/2005 Presidente Municipal de Puebla Privación de la libertad personal, 48
malos tratos, omisión de información
12 54/2005 Presidente Municipal de Teziutlán Privación de la libertad personal, 49
malos tratos
13 55/2005 Presidente Municipal de Xicotlán Privación de la libertad personal, 50
maltrato, lesiones y golpes
14 56/2005 Procuraduría General de Justicia del Cobro indebido 52
Estado de Puebla
15 57/2005 Presidente Municipal de Puebla Privación de la libertad personal, 53
malos tratos, robo
16 58/2005 Presidente Municipal de Zacatlán Privación de la libertad personal, 54
maltrato, lesiones y golpes, cobro
indebido
17 59/2005 Presidente Municipal de San Miguel Privación de la libertad personal, 56
Xoxtla.
maltrato, lesiones y golpes
18 60/2005 Presidente Auxiliar Municipal de San Privación de la libertad personal, 58
Diego Chalma.
cobro indebido
19 61/2005 Presidente Municipal de San Pedro Malos tratos, allanamiento de 59
Cholula
morada
20 62/2005 Presidente Municipal de Puebla Maltrato, lesiones y golpes, robo 60
21 63/2005 Presidente Municipal de Tehuacán Retardo en el procedimiento, daño 62
en propiedad ajena
22 64/2005 Procuraduría General de Justicia del Privación de la libertad personal 63
Estado de Puebla
23 1/2006 Presidente Municipal de Puebla Privación de la libertad personal, 64
maltrato, lesiones y golpes, robo
24 2/2006 Presidente de la Junta Auxiliar Malos tratos 65
General Ignacio Zaragoza.
25 3/2006 Presidente Municipal de Tehuacán Administrativa, maltrato, lesiones y
golpes, privación de la libertad
personal
67
26 4/2006 Presidente Municipal de Chapulco Privación de la libertad personal, 69
Septiembre 2005 – Agosto 2006 33

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Recomendaciones
maltrato, lesiones y golpes
27 5/2006 Honorable Tribunal de Arbitraje del Incumplimiento de un deber 70
Estado.
28 6/2006 Presidente Municipal de Huitziltepec Privación de la libertad personal, 72
malos tratos
29 7/2006 Presidente Municipal de Zihuateutla Privación de libertad personal, 75
Maltrato, lesiones y golpes
30 8/2006 Presidente Municipal de Tlacotepec No acceso al servicio público 77
de Benito Juárez
31 9/2006 Procuraduría General de Justicia del Allanamiento de morada, privación 78
Estado de Puebla
de la libertad personal, cobro
indebido, maltrato, lesiones y
golpes.
32 10/2006 Presidente Municipal de Huejotzingo Privación de la libertad personal 79
33 11/2006 Presidente Municipal de Cohetzala Privación de la libertad personal, 81
cobro indebido
34 12/2006 Presidente Municipal de Puebla Negativa a la libertad de tránsito 82
35 13/2006 Presidente Municipal de
Desalojo 83
Chignahuapan.
36 14/2006 Presidente Municipal de Tlapanala Cobro indebido 84
37 15/2006 Presidente Municipal de Axutla Privación de la libertad personal 85
38 16/2006 Presidente Municipal de Puebla Malos tratos, privación de la libertad 87
personal, falsa acusación, cobro
indebido
39 17/2006 Presidente Municipal de Tepeaca Omisión a recibir denuncia, negativa 89
a entregar documentos, malos tratos
40 18/2006 Procuraduría General de Justicia del Abuso de autoridad 91
Estado de Puebla.
41 19/2006 Presidente Auxiliar Municipal de Cobro indebido 92
Chipilo, Francisco Javier Mina.
42 20/2006 Presidente Municipal de San Pedro
Cholula.
Cohecho, privación de la libertad 93
personal, detención de vehículo,
cobro indebido, falsa acusación.
Cobro indebido 94
43 21/2006 Procuraduría General de Justicia del
Estado de Puebla.
44 22/2006 Presidente Municipal de Piaxtla Malos tratos, incumplimiento de un
deber
45 23/2006 Secretaría de Finanzas Privación de la libertad personal,
malos tratos, incomunicación,
negligencia de la autoridad
46 24/2006 Presidente Municipal de
Privación de la libertad personal 99
Cuautlancingo.
47 25/2006 Presidente Municipal de Coronango Privación de la libertad personal, 101
maltrato, lesiones y golpes, daño en
propiedad ajena
48 26/2006 Presidente Municipal de Libres Privación de la libertad personal, 103
incumplimiento de un deber
49 27/2006 Secretaría de Comunicaciones y Negación al derecho de petición 104
Transportes del Estado.
50 28/2006 Presidente Municipal de Puebla Abuso de autoridad, incumplimiento 105
de un deber
51 29/2006 Presidente Municipal de Acatzingo Negación al derecho de petición 106
95
97
52 30/2006 Procuraduría General de Justicia del
Estado de Puebla.
Septiembre 2005 – Agosto 2006 34
Maltrato, lesiones y goles, privación
de la libertad personal
107

Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla
XIII Informe Anual
Recomendaciones
53 31/2006 Presidente Municipal de Zacapoaxtla Privación de la libertad personal, 109
cobro indebido
54 32/2006 Presidente Municipal de Huejotzingo Privación de la libertad Personal 110
Presidente Auxiliar Municipal de
Santa María Nepopualco,
Huejotzingo
55 33/2006 Presidente Municipal de
Negación al derecho de petición 112
Cuautlancingo
56 34/2006 Presidente Municipal de Puebla Maltrato, lesiones y golpes 113
57 35/2006 Secretaría de Comunicaciones y Negación al derecho de petición 114
Transporte del Estado
58 36/2006 Presidente Municipal de Tehuacán Privación de la libertad personal, 114
malos tratos, negativa a entregar
documento
59 37/2006 Presidente Auxiliar Municipal de San Amenazas, maltrato, lesiones y 116
Jerónimo Caleras, Presidente
Municipal de Puebla
golpes, incumplimiento de un deber
60 38/2006 Presidente Municipal de Teopatlán Privación de la libertad personal, 117
61 39/2006 Presidente Municipal de Tehuacán,
Procuraduría General de Justicia del
Estado
62 40/2006 Presidente Municipal de Xochitlán de
Vicente Suárez
63 41/2006 Procuraduría General de Justicia del
Estado
cobro indebido
Privación de la libertad personal,
omisión de información
118
Cobro indebido, privación de la 121
libertad personal, malos tratos
Maltrato, lesiones y golpes 122
64 42/2006 Presidente Municipal de Hueyapan Privación de la libertad personal,
maltrato, lesiones y golpes
65 43/2006 Presidente Municipal de
Amenazas, privación de la libertad
Ahuehuetitla
personal, cobro indebido, malos
tratos
66 44/2006 Presidente Municipal de Atempan Afectación de inmueble 126
67 45/2006 Presidente Municipal de San Martín Privación de la libertad personal, 127
Texmelucan, Presidente Auxiliar maltrato, lesiones y golpes
Municipal de San Cristóbal
Tepatlaxco
68 46/2006 Inspector Municipal de Ahuatepec,
Coyomeapan, Presidente Municipal
de Coyomeapan
Cobro indebido, privación de la
libertad personal
123
125
129
Septiembre 2005 – Agosto 2006 35

RECOMENDACIÓN
43/2005
El 4 de noviembre de 2004, acudió ante la
Comisión de Derechos Humanos, Leonardo
Torres Abril a efecto de formular denuncia
por actos violatorios a sus derechos
fundamentales quien manifestó: Que el día
31 de octubre de 2004, a las 19:00 horas,
elementos de la Policía Municipal de Ajalpan,
Puebla, detuvieron a Concepción de Jesús
Trujillo y otra persona de nombre Alejandra,
cuando se encontraban en su domicilio, que
al ir a buscarlas a las oficinas de la
Presidencia Municipal del mencionado lugar,
fue detenido en el trayecto por elementos
policíacos, quienes le argumentaron
expresamente que quedaba detenido por
órdenes del Presidente Municipal, por lo que
fue trasladado a las oficinas de la
Presidencia, en donde el Comandante de la
Policía Municipal fue personalmente a avisarle
al Edil que ya se encontraban detenidos,
regresando veinte minutos después,
informándole que quedaría detenido junto
con las otras dos personas hasta las 03:00
horas del día 1° de noviembre del mismo
año, en que serían puestos en libertad
después de cumplir su arresto, sin que se
iniciara procedimiento administrativo alguno.
Atento a lo manifestado por el quejoso, el
Organismo Protector de los Derechos
Humanos del Estado, que preside Manuel
Flores Mendoza realizó una amplia
investigación que le permitió demostrar que
los agraviados Leonardo Torres Abril,
Concepción de Jesús Trujillo y otra, fueron
detenidos por elementos de la Policía
Municipal de Ajalpan, Puebla, y retenidos
hasta el momento de cumplir con su arresto
por órdenes del Presidente Municipal de
Ajalpan, Puebla, razón por la que se concluye
que la actuación de la citada autoridad
resulta a todas luces ilegal y arbitraria en
atención a los razonamientos vertidos en la
presente recomendación, y por lo tanto son
violatorias no sólo de las garantías
consagradas en los Artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sino también de los Pactos,
Convenios, Códigos y Tratados
Internacionales que forman parte en el
ámbito Internacional del Sistema Jurídico
Mexicano, establecidos en el Artículo 133 de
la Carta Magna.
El acto descrito fue reprobado por la
Comisión de Derechos Humanos, quien
recomendó al Edil Municipal de Ajalpan,
Puebla, para que en lo sucesivo sujete su
actuar a los lineamientos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a las leyes que de ella emanen,
debiendo abstenerse de ordenar detenciones
injustificadas al margen de toda legalidad,
como sucedió en el presente caso, ejerciendo
atribuciones que están fuera de su
competencia. Asimismo, que en lo sucesivo
rinda los informes que le solicite esta
Comisión en los términos establecidos por los
Artículos 34 y 35 de la Ley de la Comisión de
Derechos Humanos, pues el no hacerlo
podría constituir una falta administrativa
sancionable en términos del Artículo 66 de la
Ley de esta Institución y de la Ley de
Responsabilidades de los Servidores Públicos
del Estado.
Por otra parte se pidió colaboración al H.
Congreso del Estado, para que inicie el
respectivo procedimiento administrativo de
investigación en contra de Agustín Gil Toribio,
quien fuera Presidente Municipal de Ajalpan,
Puebla, con objeto de determinar la
responsabilidad en la que incurrió y en su
caso sancionar como corresponde por los
hechos a que se refiere el presente
documento, al efecto envíese copia
certificada de este expediente.
Finalmente, se pidió colaboración a la C.
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda para que inicie la
averiguación previa correspondiente en
contra del citado Expresidente Municipal,
Agustín Gil Toribio, por los hechos a que se
refiere la presente recomendación, ya que la
privación ilegal de la libertad de los CC.
Leonardo Torres Abril, Concepción de Jesús
Trujillo y otra, podría ser constitutivo de
delito, y una vez integrada en su oportunidad
resuelva en estricto derecho lo que
corresponda.

RECOMENDACIÓN
44/2005
Con base en las atribuciones conferidas a la
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
se conoció de la queja formulada el 17 de
mayo de 2005, por Juan Pérez Téllez o Juan
Eugenio Pérez Téllez, quien esencialmente
reclama la detención y retención de que fue
objeto por parte del Presidente Municipal de
Tulcingo de Valle, Puebla, para tal fin,
expresa que el día 7 de mayo de 2005,
aproximadamente a las 11:00 horas, fue a
buscar al responsable de la Plaza Comunitaria
de Tulcingo de Valle, Puebla, y al caminar
sobre el corredor de la planta baja de la
Presidencia Municipal de ese lugar se
encontró y saludo al C. Ulay Valle Flores, Edil
municipal, quien le dijo que deseaba hablar
con él, en esas condiciones lo siguió
pensando que hablarían en la biblioteca, sin
embargo, al llegar a las oficinas de la Policía
Municipal dio la orden a los elementos
adscritos que lo encerraran en la cárcel sin
ningún motivo, ya que no había cometido
ninguna infracción o delito, afirma que fue
detenido y encerrado en la cárcel a las 11:00
horas y egresó a las 13:30 horas del mismo
día, momento en que un policía municipal le
dijo que el Presidente hablaría con él,
además le indicó que fue encerrado porque
dicho Presidente no había tenido tiempo de
atenderlo al momento de su detención y no
quería que el quejoso se fuera del lugar;
asimismo, señala que su esposa sacó
fotografías mientras estuvo detenido, lo que
prácticamente provocó que fuera puesto en
libertad, finalmente manifiesta que puso en
conocimiento del Inspector Auxiliar Municipal
de Atzompa, Tulcingo de Valle, Puebla, los
hechos referidos.
Las evidencias obtenidas por la Comisión,
permitieron concluir que la suma de las
irregularidades señaladas demuestran la
ilegalidad de la retención de que fue objeto
Juan Pérez Téllez o Juez Eugenio Pérez Téllez
y en consecuencia la violación a sus garantías
de legalidad y seguridad jurídica, en esas
condiciones este Organismo se pronuncia
contra los actos y omisiones del Presidente
Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, quien
de acuerdo a sus funciones tienen el deber
inexcusable de salvaguardar la seguridad de
la sociedad y por ende respetar los derechos
fundamentales de los individuos, evitando
desplegar conductas negligentes e
inadecuadas que atenten en contra la esfera
jurídica de los gobernados y que desde luego
engendran abusos de autoridad, de tal forma
que se estima que la actitud del servidor
público involucrado, infringe lo dispuesto por
el Artículo 50 de la Ley de Responsabilidad de
los Servidores Públicos del Estado que
establece: “Los servidores públicos para
salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,
imparcialidad y eficiencia que han de
observarse en el servicio público,
independientemente de las obligaciones
específicas que corresponda a su empleo,
cargo o comisión, tendrán las siguientes: I.-
Cumplir con la máxima diligencia el servicio
que le sea encomendado y abstenerse de
cualquier acto u omisión que cause la
suspensión o deficiencia de dicho servicio o
implique abuso o ejercicio indebido de un
empleo, cargo o comisión...”
Ante la gravedad e ilegalidad de los actos
demostrados, la Comisión de Derechos
Humanos, expresó su desacuerdo y
recomendó al Presidente Municipal de
Tulcingo de Valle, Puebla, para que en lo
sucesivo sujete su actuar a la Constitución
General de la República y a las Leyes que de
ella emanan, de tal forma que cuando los
ciudadanos sean detenidos y puestos a su
disposición por infringir el Bando de Policía y
Buen Gobierno de ese lugar, se instruya el
procedimiento administrativo
correspondiente, realizando la averiguación
sumaria en los términos que previene la Ley
y así evitar las detenciones y retenciones
arbitrarias.
Asimismo, en vía de colaboración se pidió al
H. Congreso del Estado, para que inicie
procedimiento administrativo de investigación
en contra del C. Ulay Valle Flores, Presidente
Municipal de Tulcingo de Valle, Puebla, por
los actos y omisiones que se desprenden de
la presente recomendación y en su
oportunidad resuelva lo que conforme a
derecho corresponda, solicitando que en la
investigación que se llegue a realizar se
practiquen tantas y cuantas diligencias sean
necesarias para esclarecer los hechos.
Por último, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,

para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, a fin de que se inicie la
averiguación previa correspondiente y en su
momento determine lo que conforme a
derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
45/2005
El 7 de junio de 2005, Juana Camerino
Hernández, acudió en forma personal a esta
Institución, a expresar hechos que estimó
violatorios a los derechos humanos de su
descendiente que en vida llevó el nombre de
Juan Carlos Camerino Baltazar, en los
términos siguientes: “Que el día 03 de junio
del presente año, aproximadamente a las
20:50 horas fue detenido por elementos de la
Policía Municipal de Amozoc de Mota, Puebla,
mi hijo de quien en vida llevó el nombre de
Juan Carlos Camerino Baltazar, mismo que
fue internado en el área de seguridad de la
comandancia de la Policía Municipal de dicha
población, donde fui a preguntar por él al día
siguiente (04-06-05) a las 07:00 horas, en
donde un policía quien dijo ser oficial en
turno, me manifestó que no se encontraba
alguna persona detenida con ese nombre,
pero nunca me autorizó la entrada a dicha
área de seguridad, por lo que procedí a
retirarme, a seguir buscando a mi hijo, y
tiempo después siendo las 14:00 horas
estando trabajando, un policía municipal de
esa misma población, me avisó que ya lo
habían encontrado y que lo acompañara a
Tepeaca, Puebla, por lo que me traslade en
compañía del citado elemento en una unidad
de la Policía Municipal de Amozoc,
llevándome directamente a la Agencia del
Ministerio Público de Tepeaca, en donde me
comunicaron que mi hijo se había suicidado
en el área de seguridad de la comandancia
de la Policía Municipal de Amozoc de Mota,
iniciándose la averiguación previa
666/2005/TEP, por lo que tenía que firmar
unos papeles sin darme a conocer el
contenido de los mismos, ni tampoco
identifiqué el cadáver solo me entregaron su
cuerpo en una caja de madera, en el
anfiteatro municipal, razón por la que solicito
la intervención de esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado de Puebla, por lo que no
estoy de acuerdo con la integración de la
averiguación previa 666/2005TP, ya que no
se ha investigado a fondo la muerte de mi
hijo Juan Carlos Camerino Baltazar, Por lo
que señalo como autoridad responsable de la
violación a mis derechos la (Procuraduría
General de Justicia del Estado) Agente del
Ministerio Público de Tepeaca, Puebla, por la
indebida integración de la averiguación previa
número 666/2005/TEP”.
Con base en el relato, la Institución se abocó
a la investigación del suceso obteniendo
evidencias que le condujeron a la certeza de
la existencia de actos y omisiones
inadecuadas e ilegales. En ese contexto, se
puede concluir que la actuación del Director
de Seguridad Pública Municipal de Amozoc de
Mota, Puebla, resultó indebida al poner a
disposición del Juez Menor de lo Civil y de
Defensa Social a Juan Carlos Camerino
Baltazar y no a disposición del Presidente
Municipal del ese lugar, que es autoridad
competente para sancionar la conducta
atribuida; tal acción necesariamente implica
una violación a los derechos humanos de la
persona que en vida llevó el nombre de Juan
Carlos Camerino Baltazar, al negarle en su
momento el disfrute de las garantías de
legalidad y seguridad jurídica contenidas en
los Artículos 14 y 16 de la Constitución
General de la República, al establecer el
primer dispositivo legal que nadie puede ser
privado de la libertad sino mediante juicio
seguido ante los Tribunales previamente
establecidos en que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento y
conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho, en el mismo orden de
ideas, el segundo precepto legal indica que
nadie puede ser molestado en su persona
sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad competente que funde y motive la
causa legal del procedimiento, lo que
evidentemente no ocurrió en el presente
caso, ante la omisión e ineficiencia del
Director de Seguridad Pública de Amozoc de
Mota, Puebla. En este sentido, se tiene la
certeza, que el Presidente Municipal de
Amozoc de Mota, Puebla, tiene conocimiento
que ese Municipio no cuenta con Juez
Calificador, en consecuencia, tenía como
obligación girar instrucciones precisas al
Director de Seguridad Pública Municipal de
esa circunscripción territorial y elementos
adscritos, a fin de que cuando se detuvieran
a personas por la probable comisión de una
falta administrativa la pusieran directamente

a su disposición para instruir el procedimiento
administrativo correspondiente, acorde a lo
previsto por la Ley Orgánica Municipal del
Estado y el propio Bando Gubernativo, tenía
la posibilidad de delegar esa labor en el
Regidor de Gobernación, Justicia y Seguridad
Pública, sin embargo, contrario a lo anterior,
se limitó a tratar de justificar los actos
perpetrados contra Juan Carlos Camerino
Baltazar, que dicho Edil originó al no tomar
las providencias necesarias para cumplir y
hacer cumplir con la Ley, en estricto respeto
a las garantías de los ciudadanos, ya que
ninguna constancia exhibió para justificar las
instrucciones que debían seguir los elementos
policiacos al detener personas por
infracciones al Bando Gubernativo, en ese
contexto, sus omisiones originaron la
violación a los derechos fundamentales de
Juan Carlos Camerino Baltazar, al permitir
que fuera retenido sin mediar orden de
autoridad competente, en completo estado
de incertidumbre al ignorar su situación
jurídica, retención que además era por
tiempo indefinido al no establecerse el tiempo
que en todo caso correspondía estar
arrestado por la falta atribuida.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos,
manifestó su desacuerdo mediante el
pronunciamiento de una recomendación
dirigida al Presidente Municipal de Amozoc de
Mota, Puebla, para que se sirva cumplir con
los siguientes puntos:
Sujete su actuar a la Constitución General de
la República y Ordenamientos Legales que de
ella emanan y en lo sucesivo instruya
procedimiento administrativo a las personas
que sean puestas a su disposición como
probables infractoras al Bando Gubernativo
Municipal, en los términos establecidos en
esa normatividad o en su caso, delegue tal
facultad en el Regidor de Gobernación,
Justicia y Seguridad Pública.
Implemente las acciones necesarias para que
de ser posible se constituya el Juzgado
Calificador en la circunscripción territorial
donde ejerce sus funciones.
Gire sus respetables instrucciones al contralor
Municipal, para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
contra Armando Villa Tadeo, Director de
Seguridad Pública Municipal de Amozoc de
Mota, Puebla, por los hechos a que se refiere
la presente recomendación y en su momento
resuelva lo que conforme a derecho
corresponda.
Se sirva emitir una circular en la que
específicamente se instruya al Director de
Seguridad Pública Municipal y elementos de
la Policía Municipal de Amozoc de Mota,
Puebla, para que constriñan su actuar a los
lineamientos establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes que de ella emanen, y en todos los
casos en que detengan a personas que sean
probables infractoras del Bando de Policía y
Buen Gobierno de Amozoc de Mota, Puebla,
las pongan inmediatamente a su disposición,
ante la falta de Juez Calificador.
Finalmente, considerando que la conducta de
la Licenciada Emma Guadalupe Ponce
Castellanos, Juez Menor de lo Civil y de
Defensa Social concluyó su cargo el día que
se detuvo a Juan Carlos Camerino Baltazar y
C. José Sergio Morales Sánchez, Juez Menor
de lo Civil y de Defensa Social de Amozoc de
Mota, Puebla, tomó posesión del cargo en la
misma fecha y pueden tener responsabilidad
administrativa en relación a los hechos a que
se refiere esta recomendación. Asimismo,
que parte de la actividad que desempeña el
actual Juez Menor de lo Civil y de Defensa
Social de Amozoc de Mota, Puebla, es el de
continuar con la calificación e imposición de
sanciones a las personas que infringen el
Bando Gubernativo de esa circunscripción
territorial, resulta procedente remitir copia
certificada de la presente recomendación al
Presidente del Tribunal Superior de Justicia
del Estado, para su conocimiento y efectos.
RECOMENDACIÓN
46/2005
El 28 de abril de 2005, este Organismo
Defensor de los Derechos Humanos del
Estado, tuvo conocimiento de la queja que
presentó Jorge Lobato Salazar, quien
manifestó que el 18 de abril de 2005, siendo
aproximadamente las 19:30 horas, se
encontraba en la población de Zapotitlán de
Méndez, Puebla, platicando con la C. Dolores
Isabel Romero Hernández y en ese momento

se presentaron tres elementos de la policía
municipal del citado lugar, diciéndole uno de
ellos que los acompañara a la comandancia
de la policía municipal a lo que accedió, pero
de manera sorpresiva fue conducido a la
cárcel municipal donde permaneció encerrado
por espacio de aproximadamente 20 horas,
en virtud de que fue encarcelado a la 19:30
horas del 18 de abril del año en curso y fue
puesto a disposición del Agente del Ministerio
Público a las 15:00 horas del 19 de abril
igualmente de este año, agregando que éste
día (19 de abril de 2005) como a las 2:00
horas el elemento de la policía municipal
Eliseo Vázquez Tirso y otra persona de
nombre Erick Rodríguez, le pidieron su
licencia de conducir y las llaves del microbús
propiedad de su señora madre amenazándolo
con golpearlo si se negaba por lo que accedió
a entregar dichos objetos, enterándose que
como a las 9 horas trasladaron el automotor
mencionado frente a la presidencia municipal
del citado municipio, finalmente refirió que
aproximadamente a las 10:30 horas del
citado 19 de abril, lo visitó su amiga
Miroslava Torres López de profesión
abogada, la que le ofreció que mas tarde
regresaría para informarle el motivo de su
detención, regresando como a 12:00 horas,
informándole que su detención se debía a
que existía acusación de violación en agravio
de una sobrina del policía municipal Eliseo
Vázquez Tirso, delito considerado como
grave.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar que la detención en si
no constituye un acto violatorio a los
derechos humanos de Jorge Lobato Salazar,
ya que la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el Ordenamiento Legal,
facultan a las autoridades señaladas como
responsables a efectuar las detenciones de
las personas que sean encontradas en
flagrancia delictiva. Ahora bien, respecto a la
retención, sí constituye un acto violatorio a
los derechos humanos de Jorge Lobato
Salazar, al dejarlo recluido en el área de
seguridad mencionada por más de 12 horas,
sin que existiera mandamiento de autoridad
competente que fundara y motivara tal acto,
de tal forma que se dejó de cumplir con las
obligaciones que imponen los Artículos 16 de
la Constitución General de la República y 67
del Código de Defensa Social del Estado, que
estipulan que en caso de delito flagrante,
toda persona puede detener al indiciado
poniéndolo sin demora a disposición de la
autoridad inmediata y esta con la misma
prontitud al Ministerio Público. Por otra parte,
no se puede concluir que el quejoso haya
sido maltratado, amenazado, incomunicado ni
que la autoridad municipal involucrada le
haya privado de la posesión de su vehículo
ilegalmente, debido a que no aportó
elementos de convicción para justificar esos
extremos, por lo que este Organismo se
abstiene de realizar pronunciamiento alguno
al respecto.
El acto descrito fue reprobado por la
Comisión de Derechos Humanos, quien
recomendó al Presidente Municipal de
Zapotitlán de Méndez, Puebla, para que en
primer término gire sus respetables
instrucciones al Contralor Municipal, a efecto
de que inicie procedimiento administrativo de
investigación contra de los elementos que
intervinieron en la ilegal retención del
quejoso por más de 12 horas y en su
oportunidad se determine lo que en derecho
proceda. Asimismo, se sirva emitir una
circular en la que específicamente se instruya
a los elementos de la policía municipal, para
que se constriñan a lo establecido en el
Artículo 67 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social, debiendo por
tanto, poner a disposición del Agente del
Ministerio Público, en forma inmediata, a
aquellas personas que sean detenidas en
flagrante delito, adecuando con ello su actuar
a lo establecido en el párrafo cuarto del
Artículo 16 Constitucional y en lo sucesivo
sujeten su actuar a los lineamientos
establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de
ella emanen debiendo abstenerse de violar
los derechos humanos de los gobernados.
RECOMENDACIÓN
47/2005
El 20 de noviembre de 2004, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja de José Joaquín Torres Orozco, quien
esencialmente reclamó la privación de su
libertad personal, el maltrato de que fue
objeto por parte de elementos de la Policía
Municipal y la Juez Calificador del citado
Municipio, la negativa de la Policía Municipal

de Tehuacán, para hacer cesar el exagerado
ruido proveniente de un negocio ubicado
cerca de su domicilio, así como el mal estado
del área de seguridad del Juzgado Calificador
donde fue retenido.
Con base en lo anterior, la Institución se
abocó a la investigación del suceso y con las
pruebas aportadas por el quejoso y las
obtenidas por este Organismo, se evidenció
que el quejoso José Joaquín Torres Orozco el
20 de noviembre de 2004, solicitó la
intervención de la Policía Municipal de
Tehuacán en varias ocasiones, debido a que
una fuente de sonido a muy alto volumen
proveniente de un negocio contiguo, le
impedía desarrollar su actividad intelectual,
hecho que se ve corroborado con lo
manifestado por el Juez Calificador ante un
Visitador de esta Comisión, al referir que el
pasado 20 de noviembre del año en curso,
aproximadamente a las 13:00 horas, el
quejoso solicitó el auxilio de la fuerza pública,
ya que en una panadería había mucho
escándalo, por lo que acudió la unidad 47 al
llegar sus tripulantes se percataron que el
ruido era moderado, nuevamente el quejoso
habló al Juzgado y se le informó que ya se
había atendido su petición y que no existía tal
escándalo, por lo que se enojó y empezó a
insultar al operador del radio. En este
sentido, no se desprende que los servidores
públicos hayan utilizado algún método para
disuadir al quejoso o por lo menos agotado el
diálogo para evitar mayores consecuencias,
contraviniendo con su conducta con lo
establecido en los Artículos 2 de la Ley de
Seguridad Pública del Estado de Puebla, 50
de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y 208 de la
Ley Orgánica Municipal al incumplir con su
obligación de mantener la paz, la tranquilidad
y el orden público, igualmente dejaron de
cumplir con la máxima diligencia el servicio
que les fue encomendado y con su omisión
causaron la suspensión del mismo, además
de desproteger el ejercicio legítimo del
derecho de convivencia del quejoso,
contemplado en el Artículo 85 inciso d) del
Código Civil para el Estado.
Por otra parte, la Comisión de Derechos
Humanos, concluye que las condiciones
prevalecientes del área de detención son
inapropiadas para la estancia de personas,
por tanto la persona que por determinación
del Juez Calificador tenga que compurgar una
sanción de 36 horas por cometer una
infracción al Bando de Policía y Buen
Gobierno de Tehuacán, prácticamente se le
está aplicando un trato inhumano o
degradante.
De tal forma, la Comisión de Derechos
Humanos, manifiesta su desaprobación a los
actos realizados, mediante la emisión de una
recomendación, al Presidente Municipal de
Tehuacán, Puebla, para que se sirva cumplir
con los siguientes puntos:
Gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal, para que en el ámbito de
su competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
contra los elementos de la Policía Municipal
Abel Cruz Hoyos y José Luis Méndez Ortega
por la omisión en que incurrieron al no
prestar el auxilio solicitado por el quejoso y
que se les ordenó acudir por parte del radio
operador de la Policía Municipal y en su
oportunidad se determine lo que en derecho
proceda.
Gire sus respetables instrucciones, para que a
la brevedad se inicie el proceso reglamentario
para la aprobación y publicación del Manual
de Procedimientos para la Policía Municipal y
así velar por el respeto de los derechos
humanos de los ciudadanos del Municipio de
Tehuacán, Puebla.
Gire sus respetables instrucciones para que a
la brevedad se realicen las mejoras que sean
necesarias a las celdas que conforman el área
de seguridad del Juzgado Calificador, a efecto
de que satisfagan las exigencias de higiene,
en cuanto a las instalaciones sanitarias,
deberán ser adecuadas para que el detenido
pueda satisfacer sus necesidades naturales
en el momento oportuno, en forma aseada y
decente, debiendo tomar acciones inmediatas
para dotar a las celdas de una adecuada
iluminación, ventilación.
RECOMENDACIÓN
48/2005
El 6 de junio de 2005, este Organismo
Defensor de los Derechos Humanos, recibió
la queja de Francisca Islas Castillo, quien

manifestó: Que el día 05 de junio de 2005, a
las 08:00 horas aproximadamente, se
encontraba en su domicilio ubicado en
Callejón sin número de la población de la
Tranca de Fierro, perteneciente al Municipio
de la Unión Zihuateutla, Puebla, platicando
con unos vecinos, cuando se presentó el
Señor Francisco Salazar Marcelino, quien le
reclamó el porque comentaba que su esposa
Catarina Gaona Vega, se había robado unos
pollos, haciendo caso omiso a dicho reclamo,
posteriormente llegó la esposa del señor
Francisco Salazar Marcelino, quien le propino
una cachetada, y entre ambas personas se le
fueron encima a golpes, por lo que ante
dicha situación se defendió lesionando a la
Señora Catarina Gaona Vega, que fueron
separadas por unos jóvenes, posteriormente
al transcurrir diez minutos, se presentaron
varios elementos de la Policía Municipal de
Zihuateutla, Puebla, a bordo de una patrulla
de la que bajaron cinco o seis policías,
quedándose en la patrulla otros tres
elementos, señalándole los policías que se
bajaron, que los acompañara, que dicha
petición fue realizada en la entrada de su
casa, por lo que al negarse a acompañarlos,
se metieron a su domicilio y mediante
jaloneos la sacaron del mismo, subiéndola a
la patrulla para ser trasladada a la
comandancia de la policía municipal, en
donde estuvo detenida y esposada desde las
08:45 horas del 05 de junio de 2005, a las
16:00 horas del 06 de junio de 2005,
permaneciendo por espacio de mas de treinta
horas, sin que se le permitiera avisarle a
alguien sobre su situación, asimismo se le
informó que tendría que pagar la cantidad de
$1,000.00 por las curaciones de la Señora
Catarina Gaona Vega, así como una multa
por la misma cantidad, señalándole el Juez
Menor de lo Civil y de Defensa Social del
lugar, que si se negaba a pagar, quedaría
detenida, por lo que bajo esta amenaza firmó
un convenio; exhibiendo en el momento de
formular su queja la Señora Francisca Islas
Castillo, el original del convenio a que hace
referencia, así como un recibo que ampara el
pago de la multa que le impuso el Juez
Menor de lo Civil y de Defensa Social de
Zihuateutla, Puebla.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar que se conculcaron los
derechos humanos de Francisca Islas Castillo,
ya que la privación de su libertad no se
efectúo bajo los lineamientos previstos por
las legislaciones aplicables, y por ende,
constituye un acto ilegal, en virtud de que los
elementos de la policía municipal de la Unión
Zihuateutla, Puebla, omitieron poner a
disposición del Agente del Ministerio Público a
la detenida, privándola de su libertad
indebidamente por espacio de 33 horas, al
margen de todo procedimiento legal y con
violación a lo dispuesto por los Artículos 14 y
16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, que establece las
garantías de audiencia y defensa de toda
persona, vulnerándose también lo dispuesto
en el apartado 9.1 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, cuyo tenor es el
siguiente: “Todo individuo tiene derecho a la
libertad y a la seguridad personal. Nadie
podrá ser sometido a detención, o prisión
arbitrarias. Nadie podrá ser privado de su
libertad, salvo por las causas fijadas por la
Ley y con arreglo al procedimiento
establecido en ésta.”
El acto descrito fue reprobado por la
Comisión de Derechos Humanos, quien
recomendó al Presidente Municipal de La
Unión Zihuateutla, Puebla, para que en
primer término, gire sus instrucciones al
Contralor Municipal para que en el ámbito de
su competencia inicie procedimiento
administrativo de investigación en contra de
los elementos de la Policía Municipal de la
Unión Zihuateutla, Puebla, que intervinieron
en la ilegal retención de la quejosa por más
de 33 horas, omitiendo ponerla a disposición
de autoridad competente y en su oportunidad
determine lo que en derecho proceda.
Asimismo, se sirva emitir una circular en la
que específicamente se les instruya a los
elementos de la Policía Municipal de la Unión
Zihuateutla, Puebla, para que se constriñan a
lo establecido en el Artículo 67 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social,
debiendo por tanto, poner a disposición del
Agente del Ministerio Público, en forma
inmediata, a aquellas personas que sean
detenidas en flagrante delito, adecuando con
ello su proceder a lo establecido en el párrafo
cuarto del Artículo 16 de nuestra Carta
Magna y en lo sucesivo sujeten su actuar a
los lineamientos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen,

debiendo de abstenerse de violar los
derechos humanos de los gobernados y sean
respetuosos del derecho de libertad que tiene
todo ciudadano.
RECOMENDACIÓN
49/2005
El 18 de abril de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
denuncia de la señora María del Rocío Aguilar
García en favor de su menor hijo Ernesto
Adolfo Aguilar García, manifestando que el 13
de abril de 2005, a las 16:00 horas,
aproximadamente, fue detenido su hijo
Ernesto Adolfo Aguilar García, por elementos
de la Policía Municipal de Amozoc de Mota,
Puebla, al ser señalado por la Señora
Verónica Mena Rosas, como responsable del
robo de sus prendas íntimas, que había
dejado colgadas en el tendedero de su casa,
siendo trasladado e ingresado al área de
seguridad de la Presidencia Auxiliar Municipal
de Chachapa perteneciente al Municipio de
Amozoc de Mota, Puebla, posteriormente fue
puesto a disposición del Agente Subalterno
del Ministerio Público del mismo lugar, el cual
bajo presión le requería la cantidad de cinco
mil pesos o le hiciera la entrega de alguna
escritura para garantizar dicha cantidad, la
cual cubriría el concepto de reparación del
daño, y una vez que hiciera la entrega del
dinero requerido o de la escritura del
inmueble, su hijo sería puesto en libertad,
por lo que al no haber realizado lo solicitado
por el Agente Subalterno del Ministerio
Público, este determinó trasladar al menor a
la Agencia del Ministerio Público de Tepeaca,
Puebla, razón por la cual tanto la quejosa
como la parte agraviada se trasladaron a la
Agencia del Ministerio Público Investigadora
del Distrito Judicial de Tepeaca, Puebla; lugar
al que arribaron a las 01:00 horas del 14 de
abril de 2005, en donde previa plática
sostenida entre los padres del detenido y la
señora Verónica Mena Rosas, convinieron en
la entrega de la cantidad de tres mil pesos
como concepto de la reparación del daño
causado, razón por la que el detenido ya no
fue puesto a disposición del Fiscal
Investigador, trasladándose nuevamente a
las oficinas de la Agencia Subalterna del
Ministerio Público en Chachapa, lugar en
donde el titular de dicha oficina a las 02:00
horas del 14 de abril de 2005, elaboró una
acta, relativa a los hechos acontecidos,
asentándose la cantidad a pagar, por lo que
una vez que se firmó la constancia levantada
por el auxiliar del representante social, así
como un pagaré que amparaba la cantidad
acordada, se le permitió a la quejosa ver a su
hijo, el cual fue puesto en libertad hasta ese
momento.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar la existencia de una
serie de actos anómalos y arbitrarios, ya que
los elementos de la policía municipal de
Amozoc de Mota, adscritos a la Comandancia
de la Junta Auxiliar de San Salvador
Chachapa, dejaron de observar una de sus
funciones primordiales, como lo es remitir a
la autoridad competente al detenido con
inmediatez y sin dilación alguna, en el
particular con el Agente Subalterno del
Ministerio Público del lugar, se afirma lo
anterior en razón de que la detención de
Ernesto Adolfo Aguilar García se realizó a las
18:00 horas del 13 de abril de 2005, siendo
puesto a disposición del Agente Subalterno
del Ministerio Público de Chachapa, a las
20:00 horas del mismo día, reteniéndosele en
consecuencia por espacio de dos horas; de lo
anterior se establece que los elementos de la
policía municipal cometieron una
irregularidad al dejar de observar los previsto
en el Artículo 16 Constitucional párrafo IV así
como el diverso 67 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social
para el Estado, que establecen que el
indiciado será puesto sin demora a
disposición de la autoridad inmediata y ésta,
con la misma prontitud, a la del Ministerio
Público. Asimismo, se hace manifiesta la
actitud indebida con que se conduce el
Agente Subalterno del Ministerio Público de
San Salvador Chachapa, perteneciente al
Municipio de Amozoc de Mota, Puebla; al
omitir cumplir con las obligaciones inherentes
a su cargo, prevista en el Artículo 30
fracciones II y II del Reglamento Interno de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado. De lo anterior, se deduce
que en el presente caso, el Agente
Subalterno del Ministerio Público, debió de
iniciar el acta correspondiente en base a la
remisión que realizó la Policía Municipal de
Amozoc de Mota, Puebla; y poner
inmediatamente a disposición del Agente del
Ministerio Público de Tepeaca, Puebla al

detenido, ante la posibilidad de la existencia
de una conducta delictiva, lo cual no sucedió,
asimismo dicho funcionario extralimitó sus
funciones al consentir que se verificara un
convenio entre particulares en el que uno de
ellos resultó beneficiado. Por último, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
se abstiene de realizar pronunciamiento
alguno, en razón de que la quejosa no aportó
algún elemento de convicción tendiente a
acreditar la incomunicación que refiere se
cometió en agravio de su hijo Ernesto Adolfo
Aguilar García, toda vez que de la queja
presentada, se advierte que no se establecen
las condiciones en que se dio la
incomunicación, es decir, a que autoridad le
solicitó le permitiera entrevistarse con su hijo
y en su caso, la negativa a dicha petición,
Atento a lo anterior, la Institución se
manifestó en contra de la actuación de los
servidores públicos de Amozoc de Mota,
Puebla, mediante la emisión de una
recomendación al Edil Municipal, para que en
primer término, gire sus instrucciones a los
elementos de seguridad Pública de su
Municipio, para que invariablemente sujeten
su actuar a los lineamientos establecidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a las leyes que de ella emanen,
debiendo poner a disposición del Ministerio
Público de forma directa e inmediata a
aquellas personas que sean detenidas
cometiendo conductas que ostensiblemente
puedan constituir un delito. Asimismo cuando
se trate de un menor de dieciséis años que
haya infringido las leyes penales o los
reglamentos de Policía y Buen Gobierno, en
términos del Artículo 25 de la Ley del Consejo
Tutelar para Menores Infractores del Estado,
lo presente de manera inmediata ante el
Consejo Tutelar, debiendo proveer el traslado
de éste al Centro de Observación y
Readaptación Social correspondiente, con
oficio informativo sobre los hechos o copia
del acta que respecto de ellos se hubiese
levantado, o en su defecto informe sobre los
mismos al Consejo Tutelar para que éstos
procedan conforme a sus atribuciones.
Asimismo, instruya al Contralor Municipal
para que en el ámbito de su competencia
inicie procedimiento administrativo de
investigación en Contra de los elementos de
la Policía Municipal que intervinieron en la
detención de Ernesto Adolfo Aguilar García,
quienes omitieron ponerlo de forma
inmediata al Agente Subalterno del Ministerio
Público.
Por otra parte, se le recomendó a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
que se sirva cumplir con los siguientes
puntos:
Se sirva instruir al Agente Subalterno del
Ministerio Público de San Salvador Chachapa,
perteneciente al Municipio de Amozoc de
Mota, Puebla para que en lo sucesivo, sujete
su actuar a los lineamientos establecidos en
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen, y
se abstenga de cometer actos u omisiones
que atenten contra la libertad de las
personas, así como retener
injustificadamente a aquellas que se
encuentren a su disposición fuera de las
facultades legales conferidas en el Artículo 30
del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
poniéndolas inmediatamente a disposición del
Representante Social competente y sea
respetuoso del derecho de libertad que tiene
todo ciudadano. Asimismo, en caso de que le
sea puesto a su disposición un menor de
dieciséis años que haya infringido las leyes
penales, lo presente de manera inmediata
ante el Consejo Tutelar, debiendo proveer el
traslado de éste al Centro de Observación y
Readaptación Social correspondiente, con
oficio informativo sobre los hechos o copia
del acta que respecto de ellos se hubiese
levantado, o en su defecto informe sobre los
mismos al Consejo Tutelar para que éstos
procedan conforme a sus atribuciones.
De igual forma se instruya a quien
corresponda a efecto de que se inicie la
averiguación previa correspondiente en
contra del citado Agente Subalterno del
Ministerio Público C. Ramón Bautista
González, por los hechos a que se refiere el
presente documento, ya que la retención
injustificada del quejoso Ernesto Adolfo
Aguilar García, podría ser constitutiva de
delito, y una vez integrada en su oportunidad
resuelva en estricto derecho lo que
corresponda.
Asimismo, instruya al Director de
Información, Análisis y Control de la

Conducta Individual de la Procuraduría, para
que en el ámbito de su competencia inicie el
procedimiento administrativo de investigación
en contra del C. Ramón Bautista González,
Agente Subalterno del Ministerio Público de
San Salvador Chachapa, Amozoc de Mota,
Puebla, con el objeto de determinar la
responsabilidad en que ocurrió por los actos y
omisiones a que se refiere esta
recomendación y en su oportunidad se
determine lo que en derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
50/2005
El 29 de junio de 2005, Hilarión Cerón
Salazar, presentó ante la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, que preside
Manuel Flores Mendoza, una queja por
presuntas violaciones a sus derechos
fundamentales, quien manifestó: “Que entre
mediados del mes de junio de 2005; sin
poder precisar la fecha exacta,
aproximadamente a las 22:00 horas, me
encontraba en mi domicilio, cuando llegó
José Luis Cerón Salazar mi hermano y me
empezó a agredir verbalmente junto con su
esposa; razón por la cual me fui a la
Comandancia de la Policía Municipal turno
nocturno y di mi reporte y me fui a mi casa y
ahí seguía mi hermano y su familia; cuando a
las 22:30 horas, llegó el Comandante de la
Policía Nocturna en una camioneta patrulla
junto con tres elementos y se dirige a mi
hermano y empezaron a hablar entre ellos y
a mí no me dejaban hablar y entonces el
comandante se metió a mi casa y a jalones
me sacó y me subieron a la batea de la
patrulla, me llevaron con la Agente
Subalterno del Ministerio Público de
Nopalucan de la Granja, a su domicilio,
quedándome asegurado con un policía en la
batea de la patrulla y no escuche que es lo
que hablaban, al poco rato llegó la M.P.
Subalterna Miriam Casal Quiroga y me dijo
que me fuera y de ahí me fui a mi domicilio,
razón por la cual presento queja en contra
del comandante de la Policía Mpal. Nocturna
de Nopalucan de la Granja”.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar la existencia de una
serie de actos anómalos que lesionaron los
derechos humanos de Hilarión Cerón Salazar,
ya que la detención, sustracción de su
domicilio y retención cometida en su agravio,
que aún cuando dicha retención fue por
tiempo aproximado de 15 minutos como lo
afirmó el quejoso y corroboró la autoridad
responsable, son actos que atentan contra
sus garantías de audiencia y de legalidad,
contenidas en los Artículos 14 y 16 de la
Constitución General de la República, que
esencialmente establecen que todo acto de
molestia que se cause a los gobernados debe
tener sustento en la Ley, sobre todo
tratándose de detenciones al resultar dañado
el derecho fundamental de la libertad, lo que
evidentemente no ocurrió en el presente
caso.
De acuerdo con lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos, emitió una
recomendación al Presidente Municipal de
Nopalucan de la Granja, Puebla, para que se
sirva cumplir con los siguientes puntos:
Gire sus respetables instrucciones al contralor
Municipal, para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra del C. Jaime Pérez Sánchez, Jefe
de Grupo de la Policía Municipal de
Nopalucan de la Granja, Puebla y elementos
policiacos de nombres Ángel García Alvarado,
Eliseo Reyes Villanueva y Sergio Salazar
Manzano, por los actos y omisiones a que se
refiere la presente recomendación y en su
momento resuelva lo que conforme a
derecho corresponda.
Igualmente, se le solicita que en la
integración de los procedimientos
administrativos que inicien contra los
servidores públicos involucrados, con motivo
de las irregularidades descritas en esta
recomendación, se haga uso de las
facultades que la ley otorga para investigar
los hechos en forma eficaz y eficiente,
decretando de oficio las pruebas que sean
necesarias para establecer la verdad real y
con ello evitar la impunidad.
Gire instrucciones precisas a través de una
circular, a los elementos de Seguridad
Pública Municipal, a fin de que
invariablemente sujeten su actuar a los
lineamientos establecidos en la Constitución
General de la República y las leyes que de
ella emanen, debiendo abstenerse de violar

los derechos humanos de los gobernados y
en específico de detener a las personas sin
motivo legal alguno, adecuando con ello su
actuar a lo establecido en el párrafo cuarto
del Artículo 16 Constitucional.
Promueva la revisión y actualización del
Bando de Policía y Buen Gobierno de ese
lugar, a fin de que en el mismo se garanticen
los derechos de audiencia y legalidad de los
habitantes de Nopalucan de la Granja,
Puebla, con el fin de dar cumplimiento a lo
preceptuado por los Artículos 14 y 16 de la
Constitución General de la República,
efectuando en todo caso, el proceso
reglamentario para la aprobación y
publicación de las reformas que se llegaren a
realizar al mismo, para su plena vigencia y
validez.
RECOMENDACIÓN
51/2005
El 11 de octubre de 2004, se recibió la queja
de Enriqueta Robles Méndez, manifestando
en síntesis: Que el día 10 de octubre de
2004, aproximadamente a las 10:00 horas, le
fue cortado el servicio de agua potable de su
domicilio ubicado en la Avenida Reforma
número 4 en el Municipio de Cuapiaxtla de
Madero, Puebla, informándole que tenía un
adeudo de $2,000.00 MN que debía pagar su
padre el señor Víctor Robles Pulido, no
obstante de fue cubierto el año de 2004, en
forma previa, anexando copia certificada de
los recibos de pago, haciendo la aclaración
que los mismos señalan ser recibos de pago
de luz, no siendo de este modo ya que son
por el concepto de pago de agua.
Antes de entrar al estudio de los hechos
puestos a consideración de este Organismo,
es necesario señalar, que durante el presente
texto, al referirse al Presidente Municipal de
Cuapiaxtla de Madero, Puebla, y al Presidente
Auxiliar Municipal de General Miguel Negrete
del mencionado municipio, evidentemente se
refiere a los Presidentes Municipales en
funciones en el momento en que
acontecieron los actos reclamados, es decir,
el 10 de octubre de 2004, en el que
desempeñaban tales cargos los CC. Juan
Sánchez Flores y Noé Ocampo Zamora; lo
que se precisa tomando en consideración el
cambio de administración de las Presidencias
Municipales. Ahora bien, de las evidencias
integradas en el expediente se desprende
que la suspensión del servicio de mérito se
encuentra fuera de todo marco legal y en
consecuencia atenta contra las garantías de
la quejosa, consagradas en los Artículos 14 y
16 Constitucionales, los cuales establecen
textualmente: “Artículo 14 párrafo segundo.-
Nadie podrá ser privado de la vida, de la
libertad o de sus propiedades, posesiones o
derechos, sino mediante juicio seguido ante
los tribunales previamente establecidos, en el
que se cumplan las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho...” y
“Artículo 16 Primer Párrafo.- Nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles o posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento...”, privando por
completo a la quejosa de las garantías de
audiencia y legalidad, por los motivos que a
continuación se detallan.
De acuerdo con lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos, emitió una
recomendación al C. Presidente Municipal de
Cuapiaxtla de Madero, Puebla, para que en
primer término, se sirva a la brevedad
ordenar a quien corresponda la reconexión
del servicio de agua potable en el domicilio
del señor Víctor Robles Pulido,
implementando en su caso los mecanismos
necesarios para ese efecto. Asimismo, en lo
sucesivo sujete su actuar a los lineamientos
establecidos en la Constitución General de la
República y leyes que de ella emanan,
procurando la debida prestación de los
servicios públicos, así como el cabal
cumplimiento de todas aquellas obligaciones
inherentes a su cargo.
Mientras que al C. Presidente Auxiliar
Municipal de General Miguel Negrete,
Cuapiaxtla de Madero, Puebla, se le
recomienda que en lo sucesivo sujete su
actuar a los lineamientos establecidos en la
Constitución General de la República y leyes
que de ella emanan, procurando la debida
prestación del servicio de suministro de agua
potable, informando al Ayuntamiento sobre
sus deficiencias e irregularidades.

Finalmente se pidió colaboración al H.
Congreso del Estado, para que inicie
procedimiento administrativo de investigación
contra el C. Juan Sánchez Flores,
Expresidente Municipal de Cuapiaxtla de
Madero, Puebla, con el objeto de determinar
la responsabilidad en que incurrió el invocado
servidor público al haber consentido por
omisión el indebido desempeño de su cargo
como servidor público de Presidente Auxiliar
Municipal de General Miguel Negrete,
Cuapiaxtla de Madero, Puebla, y en su
oportunidad, resuelva conforme a derecho.
RECOMENDACIÓN
52/2005
El 6 de junio de 2005, José Pedro Sánchez
hizo del conocimiento de este Organismo de
actos presumiblemente violatorios a sus
derechos fundamentales, para lo cual exhibió
un escrito de la misma fecha, a través del
cual refiere en síntesis: “Tengo mi domicilio
particular en la Avenida Constitución número
dos de la Población de Santa María
Techachalco, Ciudad Serdán, Puebla, mismo
que lo habito en unión de mi familia a partir
del año de mil novecientos ochenta y seis,
hasta la actualidad, resulta el caso que a las
4:30 horas del día veinticuatro de mayo del
presente año, fui citado por el C. Presidente
Auxiliar Municipal de mi localidad en la que
me manifestó que había una queja por robo
del que se sentía agraviado el C. Maurilio
Juárez Bravo, que por tal motivo me invitaba
que para que no fuera remitido a la cabecera
Distrital le debiera entregar al supuesto
ofendido la cantidad de diez mil pesos,
cuestión a la que me negué, siendo que el
día tres de junio del actual dicha autoridad
administrativa me sigue presionando a que
realice tal entrega de dinero, y como soy una
persona humilde no cuento con tales
recursos”.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar la existencia de una
serie de actos anómalos y arbitrarios que
lesionaron los derechos humanos de José
Pedro Sánchez, en donde es importante
destacar, que en el ejercicio de las funciones
de las autoridades municipales, la legalidad y
la seguridad jurídica deben ser principios
rectores de su actuación, lo cual no ocurre en
el presente caso, en virtud de que el
Presidente Auxiliar Municipal de Santa María
Techachalco, Chalchicomula de Sesma,
Puebla, dejó en principio de cumplir con el
deber de poner al quejoso, a disposición del
Ministerio Público; intervino para que se
realizara una transacción sobre actos
delictuosos; elaboró y suscribió con el
carácter de autoridad auxiliar municipal el
acta de 24 de mayo de 2005, que contiene
un convenio, sin que al efecto la Ley
Orgánica Municipal le confiera facultades
para ello; de tal forma que infringió los
derechos fundamentales no sólo del quejoso,
sino del C. Maurilio Juárez Bravo por las
razones expresadas, de tal forma que su
conducta debe ser cuestionada y en su caso
sancionada.
Atento a lo anterior, la Institución se
manifestó en contra de la actuación del
Presidente Municipal de Chalchicomula de
Sesma, para que en primer término, gire una
circular a los Presidentes Auxiliares
Municipales, que ejercen funciones en el
Municipio de Chalchicomula de Sesma,
Puebla, para que en lo sucesivo sujeten su
actuar a los lineamientos establecidos en la
Constitución General de La República y
ordenamientos legales que de ella emanan;
de tal forma, que en todos los casos en que
se les solicite intervención por actos que se
imputen a las personas y que puedan ser
constitutivos de delito, aunado a que se
actualice el supuesto de flagrancia delictiva,
pongan a disposición del Ministerio Público a
dichas personas, para los efectos que señala
el Artículo 21 de la Constitución General de la
República. Asimismo, tomando en
consideración que del informe rendido por el
Presidente Municipal de Chalchicomula de
Sesma, Puebla, se desprende un aserto en el
sentido de que ha dado instrucciones a la
Contraloría Municipal de ese Ayuntamiento
para que se avoque a la investigación de los
hechos constitutivos de la queja, sin que al
efecto exhibiera prueba documental que
justificara tal indicación, resulta procedente
recomendar a dicho servidor público, que
para el caso que se haya iniciado
procedimiento administrativo de investigación
contra el Presidente Auxiliar Municipal de
Santa María Techachalco, Chalchicomula de
Sesma, Puebla, se de continuidad al mismo;
en caso contrario, gire indicaciones expresas
al Contralor Municipal para que se inicie

procedimiento administrativo de investigación
en contra del servidor público involucrado y
en su momento se resuelva lo que conforme
a derecho corresponda. Finalmente, haga
entrega a Maurilio Juárez Bravo, del
documento de 24 de mayo de 2005, por ser
el beneficiario del mismo y que el Secretario
General del Ayuntamiento certificó que obra
en los archivos de la Presidencia Municipal de
esa circunscripción territorial.
Mientras que al Presidente Auxiliar Municipal
de Santa María Techachalco, Chalchicomula
de Sesma, Puebla, se le recomienda para que
en lo sucesivo, ponga a disposición del
Ministerio Público a las personas a quienes se
atribuyan actos delictuosos y que se
encuentren bajo el supuesto de flagrancia
delictiva, en términos de lo dispuesto por los
Artículos 16 de la Constitución General de la
República y 67 del Código de Procedimientos
en Materia de Defensa Social del Estado.
RECOMENDACIÓN
53/2005
La C. Silvia Jiménez López, vía telefónica
denunció ante esta Comisión de Derechos
Humanos, la privación ilegal de la libertad y
el maltrato de que fue objeto su esposo el C.
Carlos Alfredo Azpiroz Couturier, el que con
posterioridad formularía queja respecto de los
mismos hechos señalando como autoridades
responsables de tales actos a elementos de la
Policía Municipal de esta Ciudad Capital y
refiriendo en síntesis: Que el 10 de abril de
2005, al encontrarse en la calle Cinco Oriente
casi esquina con Boulevard 5 de Mayo en el
Barrio de los Sapos acompañado de su
esposa de nombre Silvia Jiménez López, se
percató que tres policías estaban golpeando
una persona que estaba esposada y en el
piso, por lo que se acercó para decirles a los
elementos policíacos que si ya lo tenían
asegurado que no lo golpearan, pero no le
hicieron caso sólo lo introdujeron en una
patrulla donde lo siguieron golpeando,
diciéndole el quejoso que llamaría al 060 para
reportarlos, procediendo a dirigirse a un
expendió de jugos estando ahí llegaron tres
patrullas bajándose los policías diciéndole a
su esposa que los tenia que acompañar,
diciéndoles que no iba a acompañarlos a
ningún lado cuando un policía de la patrulla
520 dijo “un 48” y entonces entre todos los
policías lo empezaron a golpear obligándolo a
subir a la patrulla rociándole gas lacrimógeno
en la cara, posteriormente lo remitieron ante
el Juez Calificador de la Delegación Centro y
al explicarle al Juez Calificador lo sucedido le
indicó que podía retirarse y le entregaron sus
pertenencias.
De las evidencias integradas en el
expediente, se desprende lo preceptuado en
el Artículo 21 constitucional, que establece
que la seguridad pública es una función a
cargo de la Federación, el Distrito Federal, los
Estados y los Municipios, en sus respectivas
competencias, destacando que la actuación
de las instituciones policiales se regirán por
los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez; principios que
definitivamente dejaron de observar los
elementos de la policía municipal que
detuvieron al quejoso Carlos Alfredo Azpiroz
Couturier, ya que aún cuando los servidores
públicos involucrados tienen facultades para
la prevención del delito, no implica que
puedan detener a las personas sin causa
justificada. Asimismo, se llegó a la conclusión
de que los efectivos de la policía municipal
que procedieron a la detención del quejoso
Carlos Alfredo Azpiroz Couturier, fueron los
causantes de las lesiones que presentó,
puesto que no existe ninguna otra explicación
lógica para comprender la mecánica de los
hechos que culminaron con un maltrato
innecesario en la persona del quejoso Carlos
Alfredo Azpiroz Coutorier.
Por ello, se recomendó al Presidente
Municipal de Puebla, para que en primer
término gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal, para que en el ámbito de
su competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra del C. Oficial de la Primera
Compañía de la Policía Municipal Guadalupe
Castro López, que ilegalmente ordenó la
detención del quejoso Carlos Alfredo Azpiroz
Coutorier, así como, de todos los elementos
que intervinieron en el aseguramiento del
referido quejoso por las lesiones que le
fueron inferidas y en su oportunidad se
determine lo que en derecho proceda. Por
otra parte, se sirva emitir una circular a los
elementos de seguridad pública municipal, en
la que específicamente se les instruya para
que en el ejercicio de sus funciones se

constriñan y sujeten sus funciones y su
actuación a lo establecido por el Artículo 16
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y a las Leyes que de ella
emanen, debiendo abstenerse de violar los
derechos humanos de los gobernados
evitando detenciones sin cumplir con los
requisitos exigidos por la ley.
Finalmente, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus respetables órdenes a
quien corresponda, para que se continúe con
la integración de la averiguación previa
1239/2005/CEN, radicada en la Primera Mesa
de Trámite Turno Vespertino de la Delegación
Centro y a la brevedad determine lo que
conforme a derecho resulte procedente.
RECOMENDACIÓN
54/2005
El 4 de julio de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja de Jaime Rosas Saavedra, que en lo
conducente manifestó: Que el día 2 de abril
de 2005, aproximadamente a las 18:45 horas
se encontraba en la calle Allende, entre
Zaragoza y Xicotencatl en el Municipio de
Teziutlán, Puebla, cuando se encontró con
unas personas que días antes lo habían
asaltado en su domicilio y uno de los
referidos de nombre Samuel Ríos de Jesús, le
tiró una patada y lo amenazó a lo que se
defendió, por lo que dicha persona detuvo a
un policía municipal del lugar, siendo ambos
llevados a la comandancia en donde se le
acusó de traficante de drogas, lo que motivó
se le ordenará se desvistiera y realizara 15
sentadillas, habiendo sido golpeado durante
este lapso, informando que después de
cobrársele una multa de $200.00 M.N., por
parte de la Juez Calificador, fue puesto en
libertad; motivo por lo cual denunció los
hechos, aperturándose la averiguación previa
375/2005 ante el Agente del Ministerio
Público Investigador de Teziutlán, Puebla,
misma que a la fecha no había sido
determinada.
Con base en lo anterior, la Institución se
abocó a la investigación, concluyendo que el
Subdirector de Seguridad Pública de
Teziutlán, Puebla, Fernando Capdevielle
Leyva, debió ordenar la remisión inmediata
de Jaime Rosas Saavedra, a la autoridad
administrativa, toda vez, que de acuerdo con
el Artículo 21 Constitucional compete en
forma exclusiva a dicha autoridad la
aplicación de sanciones por las infracciones
de los reglamentos gubernativos, estando
totalmente fuera de legalidad, que se
condicione la remisión al comportamiento del
infractor, pues en este caso, se puede
presumir la imposición de una sanción
arbitraria por una autoridad que no se
encuentra facultada para ello, al respecto
debemos recordar que las autoridades
únicamente pueden realizar actos para los
cuales se encuentran facultados, pues de lo
contrario al exceder del ámbito de su
aplicación debe entenderse como abuso de
autoridad. Ahora bien, la Juez Calificador de
Teziutlán, Puebla, omitió realizar la
averiguación sumaria respectiva a fin de
determinar la falta cometida, así como la
sanción procedente; lo cual aconteció en el
presente caso, ya que retuvo en el área de
seguridad al quejoso, sin que se le haya
respetado sus garantías de audiencia y
legalidad, sin reflexionar que la falta del
procedimiento implicaba un perjuicio
irreparable a los derechos humanos de Jaime
Rosas Saavedra. En este sentido, y una vez
acreditado que no existió procedimiento
administrativo alguno instaurado por la Juez
Calificador, en contra de Jaime Rosas
Saavedra, como ha quedado demostrado, la
multa impuesta al agraviado por ese
concepto no tiene sustento legal, por lo que
resulta injustificado el cobro de mérito,
motivo por el cual debe dejarse sin efecto el
origen de la misma y reintegrar la suma de
$200.00 MN al quejoso, la cual le fue
impuesta como sanción administrativa, y con
ello restituir el menoscabo económico sufrido
en su patrimonio. Respecto a los malos tratos
de que dice fue objeto Jaime Rosas
Saavedra, este Organismo se abstiene de
realizar pronunciamiento alguno, ya que de
las actuaciones que integran el presente
expediente, no se advierten evidencias que
demuestran la existencia de tales actos. Cabe
destacar que en el Bando de Policía y
Gobierno de Teziutlán, Puebla, que
actualmente se encuentra vigente y que fue
publicado el 24 de marzo de 2004, en el
Periódico Oficial del Estado, se observa que
éste debe ser perfeccionado y existe la
necesidad de una revisión minuciosa, por

parte del Ayuntamiento de Teziutlán, Puebla,
a dicho Ordenamiento Legal, para realizar las
adecuaciones correspondientes y con ello
salvaguardar las garantías de audiencia y de
legalidad de los ciudadanos y cumplir así con
las exigencias de los Artículos 14, 16 y 21 de
la Constitución General de la República.
De tal forma, la Comisión de Derechos
Humanos, manifiesta su desaprobación a los
actos realizados, mediante la emisión de una
recomendación al Presidente Municipal de
Teziutlán, Puebla, para que se sirva cumplir
con los siguientes puntos:
Instruya por escrito a la Juez Calificador del
Municipio que preside, que en lo sucesivo
sujete su actuar a la Constitución General de
la República y a las Leyes que de ella
emanen, debiendo iniciar el procedimiento
administrativo correspondiente respecto de
las personas que le sean puestas a
disposición por faltas administrativas al
Bando de Policía y Gobierno, así como dejar
constancia por escrito respetando en todo
momento sus garantías de audiencia y
legalidad consagradas en la Constitución
Federal y se abstenga de retenerlas
injustificadamente al margen de todo
procedimiento legal.
A la brevedad promueva la revisión y
modificación del Bando de Policía y Gobierno,
de ese lugar, por las razones expuestas en el
cuerpo del presente documento; lo anterior
con el fin de garantizar a los habitantes de
Teziutlán, Puebla, el disfrute de los derechos
que en su favor conceden los Artículo 14 y 16
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
Instruya a quien corresponda para que le sea
devuelto al quejoso Jaime Rosas Saavedra, la
cantidad de $200.00 (doscientos pesos
00/100 M.N.) que por concepto de multa le
fue impuesta por la comisión de una falta
administrativa el 2 de abril de 2005, la cual
carece de sustento legal, en atención a los
razonamientos vertidos en la presente
recomendación.
Instruya a Fernando Capdevielle Leyva,
Subdirector de Seguridad Pública del
Municipio de Teziutlán, Puebla, que en lo
sucesivo sujete su actuar a la Constitución
General de la República y a las Leyes que de
ella emanen, debiendo remitir
inmediatamente a la autoridad administrativa
a las personas sorprendidas en la comisión de
faltas administrativas al Bando de Policía y
Gobierno, y se abstenga de retenerlas
injustificadamente al margen de todo
procedimiento legal.
Se sirva girar sus respetables órdenes a quien
corresponda, a efecto de que inicie el
procedimiento administrativo de investigación
y responsabilidad en contra de la Lic. Rosa
Adriana Hernández Rerjis, Juez Calificador,
quien tuvo participación en los hechos
materia de estudio, con el objeto de
determinar la responsabilidad en que incurrió
por los actos a que se refiere esta
recomendación y en su oportunidad se
determine lo que en derecho proceda.
Se sirva girar sus respetables órdenes a quien
corresponda, a efecto de que inicie el
procedimiento administrativo de investigación
y responsabilidad en contra de Fernando
Capdevielle, Subdirector de Seguridad Pública
Municipal de Teziutlán, Puebla, quien retuvo
al aquí quejoso, con el objeto de determinar
la responsabilidad en que incurrió por los
actos a que se refiere esta recomendación, y
en su oportunidad se determine lo que en
derecho proceda.
Por otra parte se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
en el que se le hace saber que en relación a
la averiguación previa 375/2005/1º, radicada
en la Agencia del Ministerio Público adscrito
al Segundo Turno de Teziutlán, Puebla,
determinada el 7 de octubre de 2005, con
fundamento en el Artículo 10 párrafo tercero,
88 fracción II, 91 y 92 del Reglamento
Interno de la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, se da por concluida dicha
materia, al no acreditarse violación a
derechos humanos de Jaime Rosas Saavedra.
RECOMENDACIÓN
55/2005
El 6 de junio de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, tuvo
conocimiento de actos presumiblemente
violatorios a los derechos fundamentales de
Saúl Martínez Martínez, quien expuso en

síntesis que el 2 de junio de 2005,
aproximadamente a las 20:30 horas se
encontraba en el municipio de Xicotlán,
Chiautla de Tapia, Puebla, con unos amigos
de nombre Pablo Becerril, Fortino Martínez,
Cecilio y Héctor ambos de apellido Casales,
señalando que iban a visitar a otro amigo y al
encontrarse cerca del zócalo del municipio
antes citado, se acercaron seis o siete
elementos de la policía municipal de Xicotlán,
diciendo que se fueran de ahí toda vez que
no se permitía que personas ajenas al citado
lugar estuvieran hasta las 21:30 horas, por lo
que decidieron irse, trasladándose a bordo de
una camioneta Ford Ranger negra la cual iba
conduciendo el quejoso, cuando fueron
detenidos por elementos de la policía
municipal antes citada, encañonándolos con
escopetas, bajándolos de la camioneta a base
de golpes, manifestando dichos elementos
que el quejoso se encontraba en estado de
ebriedad, cosa que el mismo quejoso negó,
algunos elementos iniciaron revisión en la
camioneta donde no encontraron nada,
procediendo a bajar del vehículo al quejoso
esposándolo y subiéndolo a la camioneta de
la policía, haciendo hincapié que fue al
quejoso al único que detuvieron, llevándolo a
la población de Xicotlán en donde lo
ingresaron inmediatamente al área de
seguridad que se encuentra a un costado de
la Presidencia Municipal, sin que le
manifestaran el motivo por el cual fue
detenido, encontrándose incomunicado por
doce horas aproximadamente, siendo hasta
el día siguiente tres de junio de 2005 a las
8:00 horas, que se presentó en ese lugar su
padre de nombre Mario Martínez Vázquez
quien se entrevistó con una persona de la
cual desconoce su nombre, preguntándole el
motivo por el cual el quejoso se encontraba
detenido, concretándose a señalar que no
sabía nada y que esperara a la persona que
le pudiese dar información, por lo que
después de una hora llegó otra persona quien
no quiso dar su nombre y le indicó que si
quería la libertad de su hijo tenía que pagar
la cantidad de $ 800.00 (ochocientos pesos
00/100 M.N.) los cuales entregó en forma
económica, sin que se le expidiera
documento alguno, nada más se redactó un
escrito en el que existe una firma sin señalar
a quien corresponde, mostrándoselo y
diciéndole que ese era el motivo por el que lo
habían detenido, por lo que exhibió copia
simple de dicho escrito para que se anexara a
la queja, motivo por el que señaló como
autoridad responsable de la violación a sus
derechos humanos a los elementos de la
policía municipal de Xicotlán, Chiautla de
Tapia, Puebla, por los malos tratos, abuso de
autoridad y la privación ilegal de su libertad.
Atento a lo manifestado por el quejoso, el
Organismo protector de los Derechos
Humanos del Estado, realizó una amplia
investigación que le permitió concluir que la
sanción impuesta al quejoso y que lo es el
arresto por casi doce horas por órdenes del
Comandante de la Policía Municipal, Miguel
García Parra, al instaurar un supuesto
procedimiento administrativo, viola las
formalidades esenciales del mismo, al dejar
de observar lo previsto por la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como la normatividad vigente y en particular
lo dispuesto por el Bando de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de Xicotlán, Puebla,
publicado en el Periódico Oficial del Estado el
9 de octubre de 1998; el cual establece en
sus diversos Artículos las formalidades y
desarrollo del procedimiento administrativo
por faltas e infracciones a dicho Bando,
situación que en ningún momento se llevó a
cabo, siendo preciso señalar que el
multicitado comandante no es la persona
idónea para sancionar las infracciones
administrativas, sino que corresponde al Juez
Calificador y en ausencia temporal o
definitiva de éste al Presidente Municipal,
infringiendo así el derecho a la legalidad y a
las garantías de seguridad jurídica del
quejoso, privándole de su libertad por casi
doce horas e imponiéndole una sanción
económica sin sustento legal alguno, violando
con ello sus derechos fundamentales
consagrados en nuestra Carta Magna.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación al Edil de Xicotlán, Puebla,
para que en primer término gire sus
respetables órdenes al Contralor Municipal
para que en el ámbito de su competencia
inicie el respectivo procedimiento
administrativo de investigación en contra del
comandante y elementos de la policía
municipal que intervinieron en la ilegal
detención y privación de la libertad llevada a
cabo sobre Saúl Martínez Martínez, y en su

oportunidad se determine lo que en derecho
proceda. Asimismo, se instruya a quien
corresponda para que le sea devuelta a Saúl
Martínez Martínez, la cantidad de $ 800.00
(ochocientos pesos 00/100 M.N.) que por
concepto de multa le fue impuesta.
Finalmente, en lo sucesivo sujete su actuar a
la Constitución General de la República y a
las Leyes que de ella emanan, de tal forma
que cuando los ciudadanos sean detenidos y
puestos a disposición por infringir el Bando
de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, se
instruya el procedimiento administrativo
correspondiente que previene la Ley y así
evitar las detenciones y retenciones
arbitrarias.
Por último se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado
para que se sirva girar sus instrucciones a
quien corresponda, a fin de que se inicie la
averiguación previa correspondiente y en su
momento determine lo que conforme a
derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
56/2005
De acuerdo a su función receptora de
denuncias por violaciones a los derechos
humanos, la Comisión de Derechos Humanos,
obtuvo el 11 de junio de 2005, la queja de la
señora Verónica Muñoz Rivera a favor de
Ricardo Raúl Castillo Muñoz, quien manifestó:
“Que el 11 de julio de 2005, a las 00:30
horas, su hijo Ricardo Raúl Castillo Muñoz,
quien vive en la unidad habitacional
Volkswagen número 2, discutió con su
concubina, dándole éste una cachetada y su
concubina lo mordió en el brazo derecho, por
lo que los familiares de su nuera llamaron a
la policía auxiliar de Santorum, ingresando
éstos a su casa, ya que su nuera les permitió
la entrada y se lo llevaron al área de
seguridad de la Junta Auxiliar de Santorum,
quien en ningún momento, opuso resistencia
ya que eran más de siete policías los que
entraron por él, por lo que cuando fue a verlo
su esposo y la suscrita les informaron que
estaba a disposición de la Agente del
Ministerio Público Subalterno, Licenciada
María Luisa Piñataro Flores, quien les informó
que para que pudiera salir su hijo le tendrían
que dar la cantidad de seiscientos pesos por
lo que una vez que le entregaron dicha
cantidad, lo dejó libre, no antes portarse de
una manera prepotente, así mismo dicha
licenciada levantó un convenio de separación
entre su hijo y su concubina, así mismo
agrega que dicha Agente Subalterno del
Ministerio Público no les entregó ningún
recibo de pago, no obstante que lo
solicitaron”
Después de realizar una investigación
exhaustiva, la Comisión de Derechos
Humanos, llegó a la conclusión de que los
sucesos narrados por Verónica Muñoz Rivera
son ciertos y violan en perjuicio de su hijo
Ricardo Raúl Castillo Muñoz sus prerrogativas
constitucionales; en primer lugar al ser
detenido sin mediar juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos en el que
se cumplan las formalidades esenciales del
procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho, tal y
como se advierte del Artículo 16 de la
Constitución Federal y luego permanecer
privado de su libertad cuando menos tres
horas por actos que no se traducen en delito,
por no existir dictamen del médico legista
que corrobore lo manifestado por la
concubina de Ricardo Raúl Castillo Muñoz,
acción que es imputable al Agente del
Ministerio Público Subalterno de Santorum,
Cuautlancingo, Puebla, esto con
independencia de que si la conducta que le
es atribuida al agraviado lo haya o no
cometido, tópico respecto al cual este
Organismo carece de facultades para
pronunciarse, además, como se mencionó, la
conducta imputada no es considerada como
delito por no existir dictamen médico
fidedigno que así lo establezca, pero
suponiendo sin conceder que hubiera existido
algún delito, era obligación de la Agente del
Ministerio Público Subalterno iniciar el acta
correspondiente en base a la detención que
realizó la Policía Municipal de Santorum,
Cuautlancingo, Puebla, y poner a disposición
del Agente del Ministerio Público en forma
inmediata al quejoso en términos de la
fracción III del Artículo 30 del Reglamento de
la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, y no privar de su libertad
al quejoso hasta en tanto en cuanto firmara
el “convenio” a que hace referencia; de
donde se infiere el exceso en sus actos de la
Agente del Ministerio Público Subalterno al
realizar funciones que por mandato
Constitucional están reservados a autoridad

diversa y por ende escapan de sus
facultades, violando con el principio de
legalidad jurídica que debe prevalecer en
todo acto de autoridad. Ahora bien, respecto
a la afirmación de la quejosa a favor de su
hijo Ricardo Raúl Castillo Muñoz que tuvo que
pagar a la autoridad responsable la cantidad
de $600.00 pesos para que éste obtuviera su
libertad, este Organismo Público Protector de
los Derechos Humanos, se abstiene de
formular pronunciamiento alguno, debido a
que la quejosa no aportó los elementos a que
se ha hecho mención.
Atento a lo anterior la Comisión emitió una
recomendación a la Procuradora General de
Justicia para que en primer término gire sus
respetables instrucciones al Agente del
Ministerio Público Subalterno de Santorum,
Cuautlancingo, Puebla, para que en lo
sucesivo, someta su actuar a los lineamientos
establecidos en los Artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y 30 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado y se abstenga en lo
absoluto de conocer de conductas distintas a
las estipuladas como delitos. Asimismo, gire
indicaciones al Director de Información,
Análisis y Control de la Conducta Individual
de la propia Procuraduría, con la finalidad de
que se inicie el respectivo procedimiento
administrativo de investigación en contra de
Ana Luisa Piñataro Flores, Agente del
Ministerio Público Subalterno de Santorum,
Cuautlancingo, Puebla, en funciones en la
fecha en que se vulneraron los derechos
humanos del agraviado y en su momento
oportuno se determine lo que en derecho
proceda.
RECOMENDACIÓN
57/2005
El 12 de julio de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, que preside
Manuel Flores Mendoza, conoció de actos
presumiblemente violatorios de los Derechos
Humanos de José Luis Jiménez Roldán, a
través de la queja que en vía telefónica
presentó su progenitor José Luis Jiménez
Contreras, quien expreso: “Que el día 11 de
julio de 2005, siendo aproximadamente las
20:30 horas, fue detenido y privado de su
libertad personal mi hijo de nombre José Luis
Jiménez Roldan, por elementos de la Policía
Municipal de esta Ciudad, en un operativo
realizado en la colonia San Miguel
Xonacatepec, el cual lo anduvieron
“paseando” y golpeado en diferentes partes
del cuerpo, así como también le robaron la
cantidad en efectivo de $1,200.00 (Un mil
doscientos pesos 00/100 m.n.), que traía
consigo al momento de la citada detención,
inmediatamente que fue detenido mi hijo su
esposa de nombre Elizabeth García Peralta,
me fue a avisar a mi domicilio señalado en la
presente de lo sucedido por lo que
inmediatamente me traslade a la Delegación
Oriente del Juzgado Calificador, llegando a
dichas oficinas a las 21:00 horas en espera
de mi hijo, el cual fue remitido y puesto a
disposición del Licenciado José Leyva García,
Juez Calificador de la Delegación Oriente de
esta Ciudad, a las 02:30 horas de hoy 12 de
julio de 2005, y a quien previa declaración y
examen médico practicado a José Luis
Jiménez Roldan, fue puesto en inmediata
libertad por parte del citado funcionario ya
que no encontró elementos para iniciarle
procedimiento administrativo por alguna falta
cometida, por lo que solicito la intervención
de este Organismo, y presento queja en este
momento a favor de José Luis Jiménez
Roldan, en contra del Director de Seguridad
Pública Municipal y elementos de la citada
corporación policiaca por la privación de la
libertad personal, abuso de autoridad, golpes
y robo de que fue objeto José Luis Jiménez
Roldan”.
De las evidencias integradas en el
expediente, se desprende que sin causa
justificada detuvieron a José Luis Jiménez
Roldán, atentando así en contra de su
garantía de legalidad prevista por el Artículo
16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; igualmente, violaron lo
dispuesto en el Artículo 50 fracción I de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, al dejar de cumplir con la
máxima diligencia el servicio que se les
encomendó, pues con su actuar, se provocó
deficiencia en el servicio encomendado. En
relación a los maltratos y golpes que el
quejoso, refirió le fueron inferidos al ser
capturado, así como el robo de que dijo
haber sido objeto, este Organismo se
abstiene de realizar pronunciamiento alguno,
en razón de que no existen evidencias que

permitan concluir que estos actos
acontecieron.
Por ello, se recomendó al Presidente
Municipal de Puebla, para que en primer
término gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal, para que en el ámbito de
su competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra del C. Rafael Téllez García, Oficial
7308; el Comandante Rogelio Cuaxilort, así
como en contra de todos los elementos
policiacos que intervinieron en la captura de
José Luis o José Luis Alberto Jiménez Roldán
y en su oportunidad se determine lo que en
derecho proceda. Asimismo, emita una
circular, en la que específicamente instruya a
los elementos de Seguridad Pública del
Municipio de Puebla, para que en lo sucesivo
constriñan su actuar a los lineamientos
establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y en las leyes que
de ella emanan, debiendo abstenerse de
violar los derechos humanos de los
gobernados, y eviten detenciones sin que
exista motivo legal.
Finalmente, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, a fin de que se inicie
averiguación previa y se proceda a la
investigación de los hechos a que se refiere
la presente recomendación y en su momento
se determine lo que en derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
58/2005
El 10 de julio de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, tuvo
conocimiento de actos presumiblemente
violatorios a los derechos humanos de
Porfirio Hernández Domínguez, Hermelindo
Domínguez Escamilla y Moisés Castillo
Domínguez, a través de la queja que vía
telefónica formuló el primero de los
mencionados, quien refirió: “Que el día 10 de
julio de 2005, aproximadamente a las 00:15
horas me encontraba conduciendo un
vehículo, en compañía de Hermelindo
Domínguez Escamilla y Moisés Castillo
Domínguez, en la Colonia Niños Héroes de
Zacatlán, Puebla, cuando sin causa justificada
la patrulla Z-02 con cuatro elementos de la
Policía Municipal de Zacatlán, Puebla, me
cerró el paso, provocando un accidente
automovilístico en el que el vehículo que
conducía resultó totalmente dañado, pero no
aceptaron su culpa, y procedieron a
detenernos, obligándonos a subir a la
camioneta con violencia, incluso nos pusieron
boca abajo y me colocaron un pie en mi
espalda, además de que durante el trayecto
nos fueron pateando, trasladándonos a los
separos de la Policía Municipal, lugar en el
que continuaron golpeándonos, después nos
pusieron a disposición del Juez Calificador de
Zacatlán; autoridad ante la que me volvieron
a pegar en el rostro y en diferentes partes del
cuerpo, los mismos elementos de la Policía
Municipal que nos detuvieron, sobre todo uno
de apellido Carvallo, sin que el Juez
Calificador interviniera para evitarlo; pero si
me impuso una sanción de 20 horas de
arresto o multa de $940.00; dejando en
libertad a mis acompañantes por ser menores
de 18 años; ahora bien, la multa la pagó mi
hermano para que pudiera obtener mi
libertad, esto siendo aproximadamente las
8:00 horas del este día lo que considero
totalmente injusto”.
Atento a lo manifestado por el quejoso, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
realizó una amplia investigación, en donde se
desprende que la reacción que tuvo Porfirio
Hernández Domínguez, no era motivo de
detención, ya que al iniciarse las conductas
que concluyeron en las supuestas agresiones
verbales, no estaba cometiendo ninguna falta
administrativa, ni infringía la Ley penal del
Estado, razón por la cual los elementos de
seguridad pública municipal que realizaron su
detención y que responden a los nombres de
Emmanuel Carballo Galván, en su carácter de
policía patrullero, Jorge Eliud Ramírez Pérez,
Santiago Romero Hernández y Alejandro
Pérez Becerra, se excedieron en sus
funciones, abusaron del cargo conferido al
detener al aquí agraviado por motivos que
ellos mismos provocaron, atentando de esta
forma, en contra de sus garantías de
audiencia y de legalidad contenidas en los
Artículo 14 y 16 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos
Constitucionales. En este sentido, se puede
asegurar que las lesiones inferidas a Porfirio
Hernández Domínguez, implican un abuso
por parte de los elementos policiacos, al

hacer uso de fuerza innecesaria, maltratar,
golpear y lesionar al quejoso, atentando así
en contra de los principios de legalidad y de
sus garantías de seguridad jurídica, de tal
forma que se hace necesario que la conducta
de los mencionados servidores públicos sea
cuestionada y en su caso sancionada como
legalmente corresponde.
Por otra parte, de las constancias que
integran el expediente, no se advierte que los
captores de Hermelindo Domínguez Escamilla
y Moisés Castillo Domínguez, hayan atribuido
a estos últimos, falta administrativa o algún
acto delictivo; por el contrario, la única razón
que motivó a sus aprehensores a detenerlos,
fue por hallarse en estado de ebriedad, en el
interior del vehículo que conducía Porfirio
Hernández Domínguez, lo que resulta ilegal
ya que esa circunstancia no constituye falta
alguna, de tal forma que no se justifica
legalmente la detención de que fueron objeto
y por tanto implica un abuso de autoridad por
parte de sus captores. Respecto a los
maltratos y golpes que el quejoso afirmó le
fueron ocasionados a los mencionados
Hermelindo Domínguez Escamilla y Moisés
Castillo Domínguez, este Organismo se
abstiene de realizar pronunciamiento alguno,
en virtud de que no existen elementos de
convicción que justifiquen tales actos.
Por último, es evidente el Juez Calificador
atentó contra los derechos fundamentales de
Porfirio Hernández Domínguez, vulnerando
los principios de legalidad y sus garantías de
seguridad jurídica previstas por los Artículos
14 y 16 Constitucionales, por las razones
siguientes: 1) al fijar una cantidad de dinero
por concepto de multa sin considerar el
salario general mínimo vigente en esa zona;
2) al omitir conmutar la sanción impuesta al
quejoso, considerando el arresto que ya
había purgado; 3) al cobrar en exceso la
parte proporcional de la multa impuesta al
quejoso, infringiendo de esta forma lo
preceptuado por los Artículos 21 de la
Constitución General de la República y 40 del
Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio de Zacatlán, Puebla.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación al Edil de Zacatlán, para que
se sirva cumplir con los siguientes puntos:
Gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal de esa circunscripción
territorial, a fin de que inicie procedimiento
administrativo de investigación en contra de
los elementos policiacos de nombres
Emmanuel Carballo Galván, Jorge Eliud
Ramírez Pérez, Santiago Romero Hernández
y Alejandro Pérez Becerra, y en contra del
Licenciado Filemón V. Espíndola Nieto, Juez
Calificador de Zacatlán, Puebla, por los actos
y omisiones a que se refiere ese documento y
en su momento se determine lo que
conforme a derecho proceda.
Gire indicaciones precisas al Licenciado
Filemón V. Espíndola Nieto, Juez Calificador
de Zacatlán, Puebla, para que en lo sucesivo,
sujete su actuar a lo preceptuado en el
Artículo 21 de la Constitución General de la
República y en los diversos 5 y 40 del Bando
de Policía y Buen Gobierno de Zacatlán,
Puebla, realizando un debido computo en la
sanciones que imponga y la conmutación de
la sanciones en los términos que establece el
dispositivo señalado en último término.
Instruya a los elementos policiacos
involucrados y a los que formen parte del
cuerpo de seguridad pública de esa
circunscripción territorial, a fin de que en lo
sucesivo sujeten sus actuaciones en la
Constitución General de la República y en las
Leyes que de ella emanan, debiendo
abstenerse de molestar a los ciudadanos sin
causa justificada, maltratarlos, golpearlos y
lesionarlos.
Realice al C. Porfirio Hernández Domínguez,
la devolución de la diferencia de dinero
existente entre la que le fue cobrada por el
Juez Calificador y la que legalmente se debió
pagar, cantidad que asciende a $362.07
(trescientos sesenta y dos pesos con siete
centavos), con base en los razonamientos
expresados en el cuerpo de este escrito.
Finalmente, se pidió colaboración a la C.
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que a fin de que gire sus apreciables
instrucciones a quien corresponda, se
realicen las investigaciones correspondientes,
además, se realicen las investigaciones
conducentes respecto a la detención
cometida en agravio de Hermelindo

Domínguez Escamilla y Moisés Castillo
Domínguez, practicando las actuaciones
ministeriales necesarias para el
esclarecimiento de los hechos y en su
momento se determine lo que conforme a
derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
59/2005
El 18 de julio de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, que preside
Manuel Flores Mendoza, tuvo conocimiento
de actos presumiblemente violatorios a los
derechos humanos de Fernando Pérez Tepox,
Armando y Alejandro, ambos de apellidos
Barba Flores y Jonathan Ramírez Licea, a
través de la queja que el primero de los
mencionados formuló en los términos
siguientes: "Que el día de ayer 17 de Julio del
año en curso, aproximadamente a las 18:00
horas, al ir caminando por la calle
Cuauhtémoc, de la Población de San Miguel
Xoxtla; me encontré a unos amigos de
nombre Armando y Alejandro ambos de
apellidos Barba Flores y Jonathan Ramírez
Licea, con los que estuve platicando cerca de
diez o quince minutos, siendo el caso que en
esos momentos llegaron aproximadamente
veinte elementos de la Policía Municipal de
San Miguel Xoxtla, de los cuales dos de estos
elementos policíacos se acercaron a mí,
indicándome uno de ellos que pusiera las
manos atrás, procediendo a esposarme,
situación por la que les pregunte el motivo de
ello, pero no me dieron ninguna respuesta,
quiero señalar que en ningún momento
opuse resistencia, posteriormente
procedieron a subirme a la camioneta marca
Ford tipo Ranger, sin tener mayores datos del
vehículo, observando que a mis otros amigos
también los subían a dicha camioneta, y
cuando subieron a Alejandro Barba Flores, un
elemento de la policía municipal empezó a
arrojarnos gas lacrimógeno en los ojos,
después de esto, nos trasladaron a las
oficinas de la comandancia de la Policía
Municipal de San Miguel Xoxtla, llegando a
dicho lugar a las 18:30 horas
aproximadamente; y una vez que me
encontraba ahí uno de los elementos de la
policía municipal me dijo que me iba a quitar
las esposas y fue cuando recibí un golpe en
la espalda y en la clavícula del lado derecho,
con la macana que portaba el elemento
policiaco, y otro de ellos me quitó una cadena
de oro de 14Ky un celular telefónica movie
star, del cual no tengo mayores datos, dichos
objetos los sacó de mi camisa,
posteriormente me ingresaron a los separos
donde estuve aproximadamente dos horas y
media, después nos pusieron a disposición
del Juez Calificador quien nos instruyó un
procedimiento administrativo por Faltas al
Bando de Policía y Buen Gobierno, señalando
que el Juez Calificador indicó que como yo no
había hecho realmente nada me dejaba en
libertad sin que me impusiera ninguna
sanción”.
La Comisión se abocó a la investigación
respectiva y confirmó que la detención
efectuada en agravio de Fernando Pérez
Tepox, Armando y Alejandro, ambos de
apellidos Barba Flores y Jonathan Ramírez
Licea, se realizó fuera de los parámetros que
establece la Ley, en virtud de que si bien
es cierto, los cuerpos de seguridad pública se
encuentran facuItados para detener a los
ciudadanos que cometan infracciones al
Bando Gubernativo del Municipio de Xoxtla,
Puebla, también lo es, que esto queda sujeto
a la comprobación de la faIta, con los
elementos de convicción necesarios, lo que
evidentemente no ocurre en el presente caso,
de tal forma que la detención cuestionada
implica una violación a los derechos
fundamentales de los quejosos. Por otra
parte, se puede concluir que la actuación de
la Subcomandante de la Policía Municipal de
San Miguel Xoxtla, Puebla, resultó indebida al
poner a disposición del Agente Subalterno del
Ministerio Público del lugar, a Fernando Pérez
Tepox, Armando y Alejandro, ambos de
apellidos Barba Flores y Jonathan Ramírez
Licea y no a disposición del Presidente
Municipal de esa circunscripción territorial,
que es autoridad competente para sancionar
las conductas atribuidas ante la falta de Juez
Calificador; tal acción necesariamente
implica una violación a los derechos humanos
de los quejosos, al negarles por omisión el
disfrute de las garantías de audiencia y de
legalidad y en consecuencia las de seguridad
jurídica, contenidas en los Artículos 14 y 16
de la Constitución General de la República, al
establecer el primer dispositivo legal que
nadie puede ser privado de la libertad, sino
mediante juicio seguido ante los Tribunales
previamente establecidos en que se cumplan

las formalidades esenciales del procedimiento
y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho; en el mismo orden de
ideas, el segundo precepto legal indica que
nadie puede ser molestado en su persona
sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad competente que funde y motive la
causa legal del procedimiento, lo que
evidentemente no ocurrió en el presente
caso, ante la ineficiencia de la servidora
pública involucrada. De esa forma se puede
establecer, que la actuación de la C.
Guadalupe Álvarez Ramírez, Subcomandante
de Seguridad Pública Municipal de San Miguel
Xoxtla, Puebla, originó que los quejosos
permanecieran retenidos por un lapso de 1
hora con 45 minutos de forma ilegal, al omitir
ponerlos en forma inmediata a disposición del
Presidente Municipal del lugar y en
consecuencia propició que a los quejosos se
le dejara de instruir el procedimiento
administrativo que al efecto establecen los
Artículos 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 Y 32 del
Bando de Policía y Gobierno de San Miguel
Xoxtla, Puebla, es decir, que se les
concedieran legalmente las garantías de
audiencia y de legalidad que en su favor
consignan los dispositivos legales enunciados,
para posteriormente determinar si eran
responsables o no de las faltas atribuidas, lo
que desde luego implica violación a los
derechos fundamentales de los aquí
agraviados. Asimismo, el Presidente Municipal
de San Miguel Xoxtla, Puebla, tuvo pleno
conocimiento de que en esa circunscripción
territorial no existe Juez Calificador, así que
desde el inicio de su gestión debió girar
instrucciones precisas al Comandante de la
Policía Municipal y elementos adscritos, a fin
de que las personas que fueran detenidas por
la probable comisión de una falta al Bando de
Policía y Buen Gobierno, la pusieran directa e
inmediatamente a su disposición para instruir
el procedimiento administrativo
correspondiente, en cumplimiento a lo
previsto por la Ley Orgánica Municipal del
Estado y el propio Bando Gubernativo, o en
su caso tenía y aún tiene la posibilidad de
delegar esa labor en el Regidor de
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública; sin
embargo, contrario a lo anterior, se limitó a
tratar de justificar los actos perpetrados
contra los quejosos, que probablemente
dicho Edil originó al no tomar las providencias
necesarias para cumplir y hacer cumplir la
Ley, en estricto respeto a las garantías de los
ciudadanos, ya que ninguna constancia
exhibió para justificar las instrucciones que
debían seguir los elementos policiacos al
detener personas por infracciones al Bando
Gubernativo; en ese contexto, se presume
fundadamente que por omisión permitió la
violación a los derechos de los aquí
agraviados, al consentir que fueran puestos a
disposición de una autoridad incompetente
para calificar y sancionar infracciones
administrativas. Las instituciones policiales
deben regirse por los principios de legalidad,
eficiencia, profesionalismo y honradez
conforme a lo preceptuado por el Artículo 21
párrafo quinto de la Constitución General de
la República; principios que definitivamente
dejaron de observar los elementos policíacos
que detuvieron, retuvieron, maltrataron y
lesionaron a Fernando Pérez Tepox, Armando
y Alejandro, ambos de apellidos Barba Flores
y Jonathan Ramírez Licea, conducta con la
que trasgredieron sus derechos de legalidad
y garantías de seguridad jurídica, atentando
además, contra lo dispuesto por el Artículo 50
fracción 1 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, al dejar de
cumplir con la máxima diligencia, el servicio
que se les encomendó, pues con su actuar,
se provocó deficiencia en el servicio
encomendado. Con relación al robo de que
dijeron ser objeto los quejosos por parte de
los elementos de Seguridad Pública Municipal
de San Miguel Xoxtla, Puebla, este
Organismo se abstiene de realizar
pronunciamiento alguno, en razón de que no
existen evidencias que permitan concluir que
esos actos acontecieron.
En esas condiciones, este Organismo Público
Estatal de Protección de los Derechos
Fundamentales emitió la recomendación 59
de 2005, dirigida al Presidente Municipal de
San Miguel Xoxtla, Puebla, para que se sirva
cumplir con los siguientes puntos:
En lo sucesivo, sujete su actuar a la
Constitución General de la República y
Ordenamientos Legales que de ella emanan,
e instruya procedimiento administrativo a las
personas que sean detenidas y puestas a su
disposición como probables infractoras al
Bando Gubernativo Municipal, en los términos
establecidos en ese Ordenamiento Legal o en

su caso, delegue tal facultad en el Regidor de
Gobernación, Justicia y Seguridad Pública.
Gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal, para que en el ámbito de
su competencia, inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra de los CC. Guadalupe Álvarez
Ramírez, Subcomandante de la Policía
Municipal y Felimón Hernández Aguirre,
Roberto Jiménez Lozada, Joaquín Pérez
Badillo, Cecilia Cordero Meneses, Josué Flores
Pérez, Israel Pérez Cabrera y Erick Reyes
Camacho, elementos de Seguridad Pública de
San Miguel Xoxtla, Puebla, por los hechos a
que se refiere el presente documento y en su
momento resuelva lo que conforme a
derecho corresponda.
Igualmente, se solicita que en la integración
del procedimiento administrativo que se
llegare a iniciar, con motivo de las
irregularidades descritas en este documento,
se haga uso de las facultades que la ley
otorga para investigar los hechos en forma
eficaz y eficiente, decretando de oficio las
pruebas que sean necesarias para establecer
la verdad real y con ello evitar la impunidad.
Con la finalidad de que no sea una constante
la conducta desplegada por la
Subcomandante y elementos de Seguridad
Pública Municipal de San Miguel Xoxtla,
Puebla, resulta necesario solicitarle emita una
circular en la que específicamente se les
instruya, para que constriña su actuar a los
lineamientos establecidos en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes que de ella emanen, evitando realizar
detenciones y retenciones arbitrarias en
contra de los ciudadanos y menos aún
maltratarlos, golpearlos y lesionarlos;
asimismo, en todos los casos en que se
detengan a personas que sean probables
infractoras al Bando de Policía y Gobierno de
San Miguel Xoxtla, Puebla, las pongan
inmediatamente a su disposición, ante la falta
de Juez Calificador.
Implemente las acciones necesarias para que
de ser posible se constituya el Juzgado
Calificador en la circunscripción territorial
donde ejerce sus funciones.
En vía de colaboración, la Comisión solicitó a
la C. Procuradora General de Justicia del
Estado, para que gire sus instrucciones a
quien corresponda, a fin de que inicie
averiguación previa por los hechos a que se
refiere la presente recomendación, en contra
de los servidores públicos involucrados, se
realicen las investigaciones correspondientes
y en su momento se determine lo que
conforme a derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
60/2005
El 20 de septiembre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos, recibió la queja de María
Elena Torres Ramírez quien en síntesis
señaló: Que el día 15 de septiembre de 2005,
por la noche su hijo Juan Pablo Salomón
Torres, quien tiene trece años de edad
participó en un bailable realizado en la
explanada del zócalo de la Junta Auxiliar de
San Diego Chalma, con motivo de la
celebración del día de la Independencia,
siendo el caso que al terminar dicho evento
aproximadamente a las 23:30 horas, al estar
sentado su hijo en una banca del parque, se
le acercaron tres elementos de la policía
auxiliar municipal, quienes le indicaron que se
encontraba detenido, procediendo a llevarlo a
área de seguridad de la Presidencia Auxiliar
Municipal e ingresándolo a dicha oficina, de
lo anterior fue avisada por una amiga de su
hijo y de forma inmediata se trasladó a las
instalaciones de la citada Presidencia,
entrevistándose con el Presidente Auxiliar el
C. José Conrado Pacheco Vargas, a quien le
solicitó una explicación por la detención de su
menor hijo, contestándole que Juan Pablo
Salomón Torres, le había roto un blanquillo
en la cabeza de su hija, y por eso había
ordenado su detención, y que se quedaría
arrestado por 36 horas, de lo anterior la
madre del menor solicitó lo dejara salir o
fijara en su caso una multa, haciendo caso
omiso a dicha petición para dejarlo en
libertad, por tal situación se dirigió con el
elemento de seguridad que se encontraba
custodiando en ese momento de nombre
Lorenzo Cruz Martínez, a quien le solicitó el
apoyo para que su hijo fuera puesto en
libertad, indicándole que esperara otro rato,
ya que mas adelante se lo entregaría,
transcurriendo cerca de cuatro horas y media
hasta que se le indicó que de parte del

Presidente Auxiliar Municipal debería de
pagar una multa de $300.00 (trescientos
pesos 00/100 M.N.), misma que cubrió en
ese acto, entregando el dinero al policía
antes citado, quien hasta ese momento dejó
salir a su menor hijo, para otorgarle en forma
posterior el recibo correspondiente,
procediendo a retirarse el lugar junto con su
hijo, siendo aproximadamente las cuatro
horas del día 16 de septiembre de 2005,
reiterando que su menor hijo no realizó
ningún acto que motivara su detención.
Atento a lo manifestado por el quejoso, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
realizó una amplia investigación, en donde se
desprende que el anómalo actuar del
Presidente Auxiliar Municipal de San Diego
Chalma, Tehuacán, Puebla, lleva consigo a un
franco incumplimiento a su función, ya que
ordenó una detención e impuso una sanción
económica por infracciones al Bando de
Policía y Buen Gobierno, sin antes informar a
la autoridad competente para ello, como lo es
el Juez Calificador del Municipio al que
pertenece dicha población, para que
instruyera el procedimiento correspondiente
en el que constara por escrito la causa del
mismo, así como las garantías de legalidad y
audiencia que deben prevalecer cualesquiera
que sean las circunstancias para cada caso
concreto como determina la ley, aun sea la
detención de un menor.
De donde deriva que la autoridad señalada
como responsable, ordenó la detención del
menor Juan Pablo Salomón Torres, en forma
ilegal privándole de su libertad e
imponiéndole una sanción económica sin
sustento legal alguno, violando con ello los
derechos fundamentales del quejoso,
consagrados en nuestra Carta Magna.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación al Edil de Tehuacán, para que
gire sus respetables órdenes al Contralor
Municipal para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra del Presidente Auxiliar Municipal de
San Diego Chalma, y los elementos de la
Policía Auxiliar Municipal que intervinieron en
la ilegal detención y privación de la libertad
llevada a cabo sobre el menor Juan Pablo
Salomón Torres, y en su oportunidad se
determine lo que en derecho proceda.
Mientras que al Presidente Auxiliar Municipal
de San Diego Chalma, Tehuacán, Puebla, se
le recomendó para que en primer término, en
lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución
General de la República y a las Leyes que de
ella emanan, de tal forma que cuando los
ciudadanos sean detenidos, se pongan a
disposición del Juez Calificador por infringir el
Bando de Policía y Buen Gobierno de ese
lugar, debiéndose instruir el procedimiento
administrativo correspondiente que previene
la Ley y así evitar las detenciones y
retenciones arbitrarias. Asimismo, se instruya
a quien corresponda para que le sea devuelta
a María Elena Torres Ramírez, la cantidad de
$300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N.), que
por concepto de multa le fue impuesta a su
hijo Juan Pablo Salomón Torres, al margen
de todo ordenamiento legal por una supuesta
infracción administrativa.
Finalmente, se pidió colaboración a la C.
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que se inicie la averiguación previa en la
que se investigue y resuelva lo procedente
respecto de los hechos cometidos por el
Presidente Auxiliar Municipal de San Diego
Chalma, Tehuacán, Puebla, y de los Policías
Auxiliares, en agravio del menor Juan Pablo
Salomón Torres, y a la brevedad se
determine lo que en derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
61/2005
El 30 de agosto de 2005, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió la denuncia que
presentó José Alfredo Díaz Calderón, quien
expuso: “Que el día 16 de agosto del año en
curso, siendo las 22:30 horas, me encontraba
descansando en mi domicilio señalado,
estando en la misma mi cuñada, su esposo
quienes son policías Estatales prestados al
Municipio de esta Ciudad de Puebla, así
mismo se encontraba mi esposa y mis hijas,
esperando que se marcharan mi cuñada de
mi domicilio con su esposo y sus hijos ya que
se encontraban desde un día antes, teniendo
una discusión con mi cuñada de nombre
María Elena García Pérez, quien mando traer
a unos policías municipales de San Pedro
Cholula, los cuales ingresaron a mi domicilio

sin autorización de mi esposa ni mía hasta la
recamara donde me encontraba descansando
los cuales me manifestaron levántate hijo de
la chingada te vamos a llevar al Ministerio
Público, contestándoles que quienes eran
ellos que como habían entrado a mi casa y el
motivo por el que se encontraban dentro,
contestándome los policías a ti te vale madre,
llegando en las patrullas número 109 y 106
de San Pedro Cholula, los cuales me llevaron
a la Comandancia de la Policía de San Pedro
Cholula, poniéndome a disposición del Juez
Calificador de la misma población, no sin
antes de darme de golpes en diferentes
partes del cuerpo así como me jalaron de los
cabellos, imponiéndome una multa
administrativa por falta al Bando de Policía y
Buen Gobierno.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar la existencia de una
serie de actos anómalos y arbitrarios que
lesionaron los derechos humanos de José
Alfredo Díaz Calderón; en primer lugar al
haber sido detenido sin mediar juicio seguido
ante los tribunales previamente establecidos
para ello, en el que se cumplan las
formalidades esenciales del procedimiento,
tal y como se advierte en el Artículo 14 de la
Constitución General de la República, y luego
permanecer privado de su libertad por actos
que no se traducen en un delito, esto con
independencia de que si la conducta que le
fue atribuida al quejoso, al momento de su
captura la haya o no cometido, por lo que
este Organismo carece de facultades para
pronunciarse y por otro lado, la actuación de
la Juez Calificadora, al privar de la libertad al
quejoso, y levantar un convenio en el que
hubo excesos en sus funciones por ejercer
facultades que no están dentro de su
competencia, además de realizar un cobro a
toda luces indebido, resultando en
consecuencia injustificado, en primer término
por provenir de una infracción inexistente en
el ordenamiento legal denominado el Bando
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
San Pedro Cholula, y en segundo lugar por
no reunir los requisitos indispensables
previstos en el Reglamento de dicho Bando,
para el pago de una multa; por lo anterior
debe dejarse sin efecto el origen del citado
cobro y reintegrar a José Alfredo Díaz
Calderón, la cantidad de $1,250.00 (un mil
doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.),
misma que le fue impuesta como multa y con
ello restituir el menoscabo económico en su
patrimonio.
Atento a lo anterior, la Institución se
manifestó en contra de la actuación de la
servidora público de San Pedro Cholula,
Puebla, mediante la emisión de una
recomendación al Edil Municipal, para que
cumpla con los siguientes puntos:
Se sirva instruir al Juez Calificador en turno
del Municipio de San Pedro Cholula, Puebla,
que sucesivo sujete su actuar a la
Constitución General de la República y a las
Leyes que de ella emanan, con la estricta
obligación de abstenerse de efectuar actos
que la Ley no le permita, atentando contra
las garantías individuales de los gobernados,
debiendo sujetar su actuar al marco jurídico
que le corresponde.
Gire sus respetables órdenes al Contralor
Municipal para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra de la Juez Calificador que intervino
en los hechos motivo de la presente
recomendación y, en su oportunidad, se
determine lo que en derecho proceda.
Se instruya a quien corresponda para que le
sea devuelta a José Alfredo Díaz Calderón, la
cantidad de $1,250.00 (un mil doscientos
cincuenta pesos 00/100 M.N.), que por
concepto de multa le fue impuesta.
RECOMENDACIÓN
62/2005
El 12 y 13 de agosto de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió vía
comparecencia la queja de José Omar Huerta
Cabañas y Alejandro Morales Zamudio,
quienes en lo conducente manifestaron: “Que
aproximadamente a las 02:00 horas del día
11 de agosto de 2005, al ir conduciendo mi
amigo Alejandro Morales Zamudio su vehículo
marca chevy modelo 1998, sobre la 11 sur a
la altura de la 35 poniente, aproximadamente
por el Panteón Municipal, sin causa
justificada se nos aproximó un vehículo taxi
del Estado de Puebla, cerrándose al vehículo
de mi amigo y llegando en ese momento un
vehículo de vialidad del Municipio número de
patrullan 519, por lo cual se detuvo mi amigo

pensando en que nos iban a auxiliar, pero
cual fue la sorpresa que en el momento en
que nos detuvimos, dos elementos de
vialidad (percatándome en la placa de uno
que tenía el nombre de Arturo Guerrero) nos
bajaron a golpes y preguntando al mismo
tiempo que en donde estaban las armas y
despojándonos de nuestras pertenencias,
quitándome mi teléfono celular, marca nokia
modelo 3220, color negro con azul, una
esclava de eslabones estilo egipcio de 14
quilates y la cantidad de $400.00 en efectivo.
Por su parte Alejandro Morales Zamudio
refirió: “Que aproximadamente a las 02:00
horas del día 11 de agosto de 2005, al ir
conduciendo mi vehículo marca chevy modelo
1998, sobre la 11 sur a la altura de la 35
poniente, aproximadamente por el Panteón
Municipal, sin causa justificada se nos
aproximó un vehículo taxi del Estado de
Puebla, cerrándose a mi vehículo y llegando
en ese momento un vehículo de vialidad del
Municipio número de patrullan 519, por lo
cual me detuve pensando en que nos iban a
auxiliar, pero cual fue la sorpresa que el
momento en que nos detuvimos, dos
elementos de vialidad (percatándome en la
placa de uno de ellos que tenía el nombre de
Arturo Guerrero)nos bajaron a golpes y
preguntando al mismo tiempo que en donde
estaban las armas y despojándonos de
nuestras pertenencias, quitándome una
pulsera de oro 14 kilates, una cadena de oro
14 kilates, una cartera que contenía mi
credencial de elector, mi licencia de conducir,
tres tarjetas bancarias, credenciales del
trabajo y $700.00 en efectivo, una tarjeta de
C Y A , y documentos personales.
De las evidencias integradas en el
expediente, se desprende que las lesiones
que presentaron los quejosos se produjeron
al momento de ser interceptados por los
elementos de vialidad municipal, de Puebla,
así como durante el tiempo que transcurrió la
llegada de los elementos de la policía
municipal de Puebla, quienes los rescataron
para ser llevados a la oficina de la Secretaría
de Seguridad Pública y Vialidad del Municipio
de Puebla. En ese aspecto, las lesiones
causadas a los quejosos constituyen actos
violatorios a sus garantías de legalidad y
seguridad jurídica, al hacer uso de la fuerza
en su aseguramiento, pues aún cuando las
lesiones hubieran sido causadas sin intención,
lo cierto es, que a partir del momento de su
detención dichos quejosos se encontraban
dentro del ámbito de cuidado y
responsabilidad de sus captores, en esas
condiciones se puede asegurar que las
lesiones producidas implican un abuso por
parte de elementos de seguridad vial
municipal de Puebla y que lo son Arturo
Guerrero Álvarez y Luis Armando Rojas
García, pues la detención de los quejosos se
ejecutó haciendo uso de la fuerza, la cual no
se encuentra justificada, en contravención a
las garantías de los quejosos al causarles
daño en su integridad física, vulnerando con
dicha conducta el bien jurídicamente tutelado
y que en la especie lo constituye la correcta
actuación del servicio y función pública. Por
otra parte, sobre el robo de objetos
personales y documentos que los quejosos
señalaron que en el acto en que fueron
capturados por elementos de tránsito y
vialidad de Puebla, no existen constancias en
autos que acrediten tal aseveración, por lo
que este Organismo omite pronunciarse al
respecto.
Por ello, se recomendó al Presidente
Municipal de Puebla, para que en primer
término, gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento que
preside, para que en el ámbito de su
competencia inicie el procedimiento
administrativo de investigación en contra de
los elementos de Seguridad Vial Municipal
Arturo Guerrero Álvarez y Luis Armando
Rojas García, quienes intervinieron en la
detención de los quejosos José Omar Huerta
Cabañas y Alejandro Morales Zamudio, con el
objeto de determinar la responsabilidad en
que incurrieron por los actos u omisiones a
que se refiere esta resolución y en su
oportunidad se determine lo que en derecho
proceda. Asimismo, se le solicita que en la
integración de los procedimientos
administrativos que se llegaren a iniciar en
contra de los funcionarios involucrados, con
motivo de las irregularidades descritas en
este documento, se haga uso de las
facultades que la ley otorga para investigar
en forma eficaz y eficiente, decretando de
oficio las pruebas que sean necesarias y con
ello evitar la impunidad. Por último, emita
una circular en la que específicamente se
instruya a los elementos de Seguridad Vial
Municipal de Puebla, para que en lo sucesivo

sujeten su actuar en la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos y en las
Leyes que de ella emanan, y se abstengan de
hacer uso de la fuerza cuando sea
innecesaria, respetando la integridad física y
los derechos fundamentales de los
gobernados.
Finalmente, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus respetables instrucciones a
fin de que se continúe con la integración de
la averiguación previa 2413/2005/005,
iniciada por el delito de abuso de autoridad y
robo con motivo de los hechos a que se
refiere la presente recomendación y a la
brevedad determine lo que en derecho
proceda.
RECOMENDACIÓN
63/2005
El 16 de mayo de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, que preside
Manuel Flores Mendoza, recibió la queja de
Magdalena García Ginez, quien expuso: “Que
el día 14 de Diciembre del año próximo
pasado, se presentó el Regidor de
Gobernación acompañado por elementos de
la Policía Municipal y personal del
Departamento Ejecutor, todos del
Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla, con la
intención de derrumbar la Capilla en
construcción, ubicada en la Colonia América,
en aquélla ocasión se les explicó a las
autoridades que existía una solicitud de
permiso de construcción además de un
Recurso de Inconformidad presentado en
contra de la demolición de la citada Capilla
ordenada por el Cabildo el 15 de julio de
2004, mostrando los documentos
correspondientes, en tales condiciones se nos
explicó a los miembros del Comité que el
Recurso se les había extraviado y que
procediéramos a presentar otro Recurso, por
lo que con fecha 16 de Diciembre de 2004,
presentáramos Recurso de Inconformidad, tal
como lo acreditamos con el original de dicho
documento, iniciándose el expediente
registrado con el número 20/2004,
habiéndonos concedido una suspensión del
acto reclamado hasta tanto en cuanto no se
resolviera el citado recurso, como lo justifico
con la resolución dictada por el Síndico
Municipal de esta Ciudad, que al efecto
acompaño, siendo el caso que el día 6 de
mayo del presente año, se presentó el Jefe
del Departamento Ejecutor, Personal de
Sindicatura acompañados de elementos de la
Policía Municipal y con maquinaria pesada
procedieron a derrumbar la Capilla, lo
anterior, sin que se hubiera dictado
resolución dentro del Recurso de
Inconformidad ya citado”.
Atento a lo manifestado por el quejoso, la
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
realizó una amplia investigación, en donde se
desprende que en términos del Artículo 271
de la Ley Orgánica Municipal, el Síndico debió
de emitir la resolución definitiva, dentro de
los quince días hábiles siguientes a la
celebración de la audiencia, tomando en
cuenta la fecha en que se llevó a cabo la
referida audiencia y que fue el 27 de enero
de 2005, se advierte que a la presente fecha
han transcurrido aproximadamente once
meses, sin haberse pronunciado la resolución
correspondiente, de donde es evidente que el
Síndico Municipal de Tehuacán, Puebla,
incurrió en dilación en la administración e
impartición de justicia con violación a los
principios que consagra la Constitución y que
se traduce en que las resoluciones deben
emitirse de manera pronta completa e
imparcial, y al no observar dichos principios,
viola en perjuicio de la quejosa sus garantías
de legalidad y seguridad jurídica, de donde
resulta que la actuación tardía de la autoridad
señalada como responsable, no solo
mantiene prolongadamente la incertidumbre
de lo que la quejosa reclama lo que
consideran justo, sino que puede traer como
resultado daños y perjuicios que
probablemente no se verán restaurados en
su justa dimensión, por lo que la quejosa
reciente la dilación en la administración e
impartición de justicia al no emitirse el fallo
correspondiente y a la vez en una situación
de duda acerca del desenlace de sus
pretensiones.
Por otro lado, una justicia diferida no es
justicia cabal ya que las omisiones
reclamadas vulneran el respeto a la Ley,
trastornan la seguridad jurídica y la confianza
pública en las instituciones; asimismo hacen
nula para la quejosa la prerrogativa que en
su favor consagra el Artículo 17
Constitucional, que en lo conducente dice:

“Toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia por los tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los
plazos y términos que fijen las leyes,
emitiendo sus resoluciones de manera
pronta, completa e imparcial”.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación al Edil de Tehuacán, para que
en primer término gire sus respetables
instrucciones a efecto de que el Síndico
Municipal en lo sucesivo sujete su actuar a
los lineamientos que establece la Constitución
General de la República y la Ley Orgánica
Municipal, observando cada uno de los
términos que estipulan los ordenamientos
legales en la substanciación de los
procedimientos de que conoce, evitando
dilaciones injustificadas. Asimismo, realice las
acciones conducentes para que dentro de los
plazos legales se dirima la controversia
originada con el Recurso de Inconformidad
hecho valer por los promoventes Magdalena
García Ginez, Estela Castillo Barragán y Luisa
Rodríguez Quijano.
RECOMENDACIÓN
64/2005
De acuerdo a su función receptora de
denuncias por violaciones a los derechos
humanos, el 30 de septiembre de 2005, la
CDH tuvo conocimiento de actos
presumiblemente violatorios a los derechos
fundamentales de Crisoforo Tepox Luna, a
través de la queja que en su favor presentó
Mario Farfán Leal, quien expresó: “Que el día
29 de septiembre de 2005, aproximadamente
a las 21:00 horas, fue detenido el C.
Crisoforo Tepox Luna, al parecer por
elementos de la policía municipal de San
Buena Ventura Nealtican Puebla, y esta a
disposición del Ministerio Público Subalterno
de esta población quien lo tiene privado de
su libertad sin mediar procedimiento alguno,
así como tampoco denuncia o querella en su
contra”.
Después de realizar una investigación
exhaustiva, la Comisión de Derechos
Humanos, llegó a la conclusión de que en
primer lugar se observó que los elementos
policiacos de nombres Roberto Vidal León
Cazarez, Pedro Rodríguez García y Carlos
Álvarez González, que pusieron al quejoso
disposición del Ministerio Público de Atlixco,
Puebla, a las 23:00 horas del día 30 de
septiembre de 2005, no lo hicieron a través
de oficio, de escrito, ni exhibieron constancia
alguna ante el Representante Social, por el
contrario, expresaron desconocer
absolutamente la causa de detención,
retención y acto delictivo atribuido al aquí
agraviado, lo que implica una franca violación
al Artículo 30 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado y al Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social
del Estado y en consecuencia, a la garantía
de legalidad del quejoso, al haber sido
detenido sin preceder denuncia con las
formalidades exigidas por la Ley. Ahora bien,
la retención constituye un acto violatorio a las
garantías individuales de Crisoforo Tepox
Luna, ya que por aproximadamente 28 horas
permaneció retenido en un área de
seguridad, sin que existiera mandamiento de
autoridad competente que fundara y
motivara tal acto, sin que exista duda de que
el servidor público responsable de dicha
retención fue el Agente Subalterno del
Ministerio Público de Nealtican, Puebla, en
virtud de que éste ordenó la detención del
quejoso, su ingreso al área de seguridad de
la Comandancia de la Policía Municipal del
propio lugar, así como la puesta a disposición
ante el Ministerio Público de Atlixco; con tales
actos, el Agente Subalterno del Ministerio
Público de Nealtican, Puebla, dejó de cumplir
con las obligaciones que imponen los
Artículos 16 de la Constitución General de la
República y 67 del Código de Defensa Social
del Estado, que estipulan que en caso de
delito flagrante, toda persona puede detener
al indiciado poniéndolo sin demora a
disposición de la autoridad inmediata y esta
con la misma prontitud al Ministerio Público.
Aunado a lo anterior, la omisión del Agente
Subalterno del Ministerio Público, además de
infringir el derecho fundamental a la libertad,
en agravio del quejoso, también contribuyó a
un rezago en la investigación del acto
delictivo de que fue objeto Omar Tepox
Sánchez, ya que de haber actuado conforme
a los parámetros que establece la Ley, se
hubiera facilitado al mencionado Omar Tepox
Sánchez, el acceso a la justicia, lo que no
ocurrió ante la ineficiencia del servidor
público señalado, lo que resulta reprochable.

Atento a lo anterior la Comisión emitió una
recomendación a la Procuradora General de
Justicia para que se sirva cumplir con los
siguientes puntos:
Gire las indicaciones correspondientes, a la
Titular de la citada Mesa de Trámite, para
que continúe con la integración de la referida
indagatoria, realizando tantas y cuantas
diligencias sean necesarias para el
esclarecimiento de los hechos y en su
oportunidad determine lo que conforme a
derecho corresponda.
Gire instrucciones precisas al Director de
Información, Análisis y Control de la
Conducta Individual de esa Institución, a fin
de que inicie procedimiento administrativo de
investigación en contra del C. Eulalio
Baldetano Castillo, Agente del Ministerio
Público de Nealtican, Puebla, por los actos y
omisiones que se desprenden del presente
documento y en su oportunidad resuelva lo
conducente.
Emita circular dirigida a los Agentes
Subalternos del Ministerio Público, a fin de
que en lo sucesivo, de cumplimiento a lo
preceptuado por el Artículo 67 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social
para el Estado de Puebla, debiendo por tanto,
poner a disposición del Agente del Ministerio
Público, en forma inmediata, a aquellas
personas que sean denunciadas y detenidas
por la probable comisión de un delito,
evitando realizar retenciones ilegales,
adecuando con ello su actuar a lo establecido
en el párrafo cuarto del Artículo 16
Constitucional y en lo sucesivo sujeten su
actuar a los lineamientos establecidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las leyes que de ella emanen.
RECOMENDACIÓN
01/2006
El 12 de noviembre de 2004, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja de Cirilo Sánchez Rojas, quien
manifestó que el día domingo siete de
noviembre del actual, siendo
aproximadamente las veintiún horas con
treinta minutos, me encontraba en el interior
de mi domicilio ya citado, y salí a verificar
que el local que ocupo para desempeñar mi
oficio de carpintero y que esta sobre la
misma calle donde vive, estuviera bien, es
decir cerrado; y mi hermano Filiberto
Sánchez Sánchez estaba a punto de entrar a
su casa, que ocupa la misma entrada que la
mía, y que era perseguido por tres elementos
de la policía municipal, por lo cual les
pregunte el motivo de su actuar, y uno de
ellos me contestó “callate pinche borracho tu
que te metes” diciéndoles que se trataba de
mi hermano y que era nuestra casa, y sin
mediar palabra alguna, fui sujetado por el
cuello y al sentir la asfixia me empecé a jalar
para poder respirar bien y al escuchar el
alboroto salieron mis padres, mi esposa
Candelaria Martínez Ortiz y mi hermana
Enriqueta Sánchez Pérez, quienes
cuestionaron a los elementos policiacos y
estos de manera agresiva y violenta las
empujaron, para poder subirme a la batea de
la patrulla tipo camioneta que llegó,
agregando que en el inter me sacaron la
cartera y de la misma me robaron la cantidad
la $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 M.N.)
que me habían entregado como anticipo de
un trabajo de carpintería que me habían
encomendado, y a partir de ese momento
comenzó mi martirio ya que me empezaron a
golpear en varias partes del cuerpo,
dejándome escoriaciones, agregando que de
estos hechos aparte de mis familiares ya
mencionados dos personas más que iban
pasando en su auto, tomaron fotografías
aprovechando que estaba parado el tráfico, y
que estaban dispuestos a declarar lo que
habían visto, siendo los C.C. Karina Castillo
Jiménez y Hugo Gustavo González
Hernández, no omito decir que me llevaron
afuera de la Delegación Sur donde me
bajaron para meterme a una pequeña oficina
donde me continúan golpeando al darme de
patadas y aun policía al que reconozco
plenamente al volver a verlo, me aventaba
una franela en la cara ya que me encontraba
sangrando del parpado izquierdo, pues me
habían provocado una herida por los golpes
propinados, y de manera brusca me limpiaba
la sangre que tenía en la cara, y a manera de
chicote o látigo me golpeaba en el cuerpo,
asimismo uno de los policías dijo que me
tenían que sembrar algo sino se los iba a
cargar la chin..., y con golpes pretendían que
tomara una pistola pues según ellos, cuando
me habían detenido llevaba esa arma, lo cual

no hice porque era falso que estuviera
armado, pues nunca he andado así, en ese
lugar me tomaron fotografías que fueron
publicadas en el periódico “El Sol de Puebla”,
pero alcance a voltearme y se aprecia la
lesión que tengo en el párpado, como no
sujete la pistola un policía lo hizo, pero se
observa claramente que no tenía la tan citada
arma, posteriormente fui trasladado cerca de
la Central de autobuses “CAPU”, y al detener
la marcha la patrulla un policía se baja y
golpea un zaguán, que poco después abren y
se mete la patrulla, bajándome de la misma,
soy conducido a una oficina donde una
persona me observa detenidamente, escribe
unos papeles y me hacen soplar un aparato
que pienso era un alcoholímetro, concluida
esta supuesta revisión soy conducido a las
oficinas de la Procuraduría General de la
República donde los aludidos policías
municipales me acusan de portar una pistola
y soy ingresado al área de seguridad, y
transcurrido un tiempo soy conducido ante el
agente del Ministerio Público de la Federación
y este inicia la averiguación previa
AP/PGR/PUE/PUE/698/04/V en la que rindo
mi declaración narrando como sucedieron
realmente los hechos y soy revisado por un
médico que certifica las lesiones que en ese
momento presentaba, y al cubrir el monto de
la fianza que me es fijada obtengo mi libertad
provisional siendo aproximadamente las
dieciséis horas con treinta minutos del día
ocho de los corrientes, ante tal injusticia me
vi en la necesidad de presentar denuncia
ante la Agencia del Ministerio Público de la
Delegación Popular, quien inició la
indagatoria 3362/2004/005 por el injusto de
abuso de autoridad.
De las evidencias integradas al expediente,
se desprende que respecto a la detención del
quejoso, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, se abstiene de emitir
pronunciamiento alguno, toda vez que dicho
acto privativo de libertad, ya fue examinado
por el Agente del Ministerio Público de la
Federación, Delegación Puebla, dentro de la
averiguación previa
AP/PGR/PUE/PUE/698/04/V; circunstancia
que al pasar al ámbito jurisdiccional, impide a
este Organismo conocer de él, en términos
del Artículo 14 de su Ley. Por otra parte, se
puede asegurar que las lesiones inferidas a
Cirilo Sánchez Rojas, implican un abuso por
parte de los elementos policiacos de nombres
Nahum Gutiérrez Salazar y Saúl Pérez Pérez,
al hacer uso de fuerza innecesaria, maltratar,
golpear y lesionar al quejoso, atentando así
en contra de sus derechos de legalidad y
garantías de seguridad jurídica. Por último,
en cuanto al robo que dice Cirilo Sánchez
Rojas, fue cometido en su agravio, este
Organismo, se abstiene de realizar
pronunciamiento alguno, en virtud de que no
fueron aportados dentro del presente
expediente, elementos de prueba que
justifique tal acto.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 01/2006 dirigida al Presidente
Municipal de Puebla, para que en primer
término gire las instrucciones
correspondientes y realice las gestiones
conducentes, para que se inicie
procedimiento administrativo de
investigación, contra los servidores públicos
involucrados, a través de su Contraloría
Municipal o el Órgano de Control que resulte
competente, tomando en consideración el
convenio o condiciones bajo las cuales los
citados policía estatales laboran para el
Municipio de Puebla, para que previa
instrucción del mismo, se determine lo que
conforme a derecho corresponda. Asimismo,
emita una circular dirigida a los encargados
de velar por la seguridad pública de los
ciudadanos del Municipio que preside, a fin
de que invariablemente sujeten su actuar a
los lineamientos establecidos en la
Constitución General de la República y las
leyes que de ella emanen, debiendo
abstenerse de violar los derechos humanos
de los gobernados y en específico de
maltratar, golpear y lesionar a las personas
sin justificante legal.
RECOMENDACIÓN
02/2006
El 16 de julio de 2005, se recibió en esta
Comisión de Derechos Humanos, la queja
formulada por Elizabeth del Rocío Alcalá
Esqueda, quien manifestó “Que el día jueves
de esta semana fui citada por la Agente
Subalterna del Ministerio Público de la Junta
Auxiliar de Gral. I. Zaragoza Puebla,
supuestamente para resolver un problema de
carácter penal, a lo que me presente para
saber de que se trataba, llegando al lugar

donde no se encontraba la funcionaria por
quien fui citada, ni el querellante, por
recomendación de mi abogado me presente
al día siguiente, encontrándome con la Lic.
Agente Subalterno del Ministerio Público Lic.
Evelia López Meléndez, la cual de manera
prepotente y agresiva diciéndome que había
sido un error la cita ya que no era de un
asunto penal, sino civil, debido a que la de la
voz le rentó un departamento a la hermana
de esta de nombre Leticia López Meléndez,
quien resultó ser hermana de esta
funcionario quien me presionó a llegar a un
convenio con el esposo de su hermana
llamando a la Juez de Paz de nombre Gloria,
ignorando sus apellidos, la cual de igual
forma me presionó en firmar dicho convenio
consistente en que se le otorgara un mes
mas de renta sin pago mas el usufructo total
de mi cochera pese a que el contrato no ha
fenecido ni nunca les he pedido me
desocupen, quiero agregar que nunca se me
entregó copia del mismo acuerdo, así como
que la familia de la agente entraba y salía de
la oficina”.
Después de realizar una exhaustiva
investigación, este Organismo Público
Protector de los Derechos Fundamentales
concluyó sobre la conducta desplegada por la
Agente Subalterno del Ministerio Público de
Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla, quien
infringió lo dispuesto en los Artículos 27 y 30
de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Estado, en agravio de la
quejosa y en consecuencia a la garantía
consagrada en el Artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. La Garantía Constitucional
indicada se infringe, en razón de que el
citatorio que fue enviado por la Agente
Subalterna del Ministerio Público involucrada,
carece de fundamentación y motivación. Esto
es así, en razón de que aún cuando en dicho
documento se señalan los Artículos 21 de la
Constitución General de la República, así
como los Artículos 73, 395, 396, 399 del
Código de Procedimientos en Materia de
Defensa Social, esos dispositivos legales se
refieren a la investigación de los delitos y el
procedimiento de mediación en asuntos de
índole penal, en ese aspecto, al relacionarlos
con el asunto para el que fue citada la
quejosa, es decir, para exhortarla y
conminarla a fin de que evitara agredir
verbalmente a otra persona, según dicho de
las autoridades, se puede deducir que esos
preceptos no resultan aplicables para el caso
concreto, ni se establecieron las causas
reales de la citación, lo que implica que no
existe adecuación entre los preceptos legales
utilizados y el motivo que originó la cita de la
quejosa, menos aún se configuraron la
hipótesis normativas de los mismos, de tal
forma que la quejosa fue molestada sin
motivo legal en su domicilio, se le hizo acudir
a una oficina pública por una orden de
autoridad incompetente y por un acto carente
de motivación y fundamentación, razón por la
cual la conducta de la Agente Subalterno
debe ser cuestionada y en su caso
sancionada como legalmente corresponde.
Por otra parte, el C. J. Zeferino G. Flores
Sánchez, Presidente de la Junta Auxiliar
Municipal de Ignacio Zaragoza, carece de
facultades para intervenir como mediador en
conflictos que no tengan relación directa con
los servicios que debe prestar el Municipio de
Puebla, por lo que de manera alguna debe
propiciar o causar actos de molestia a los
gobernados para esos efectos y menos aún
dar instrucciones u órdenes a servidores
públicos que dependen de la Procuraduría
General de Justicia y Poder Judicial del
Estado, para realizar actos ajenos a su labor,
es decir, es reprochable que el Presidente de
la Junta Auxiliar mencionada, además de
invadir el ámbito de competencia de otras
autoridades, de órdenes a servidores públicos
que no forma parte de la administración
municipal, consecuentemente, al ordenar la
citación de la quejosa para conciliar asuntos
que se encuentran fuera de sus atribuciones,
vulnera los derechos humanos de la misma,
al contravenir lo previsto en el Artículo 16
Constitucional, que establece que nadie
puede ser molestado en su persona,
domicilio, papeles o posesiones, sino en
virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente que funde y motive la
causa legal del procedimiento, lo que
evidentemente no ocurre en el presente caso,
razón por la cual se estima se deben tomar
las medidas necesarias para evitar actos
repetitivos. Finalmente, es importante señalar
que los Juzgados de Paz son autoridades de
carácter judicial, ya que su labor consiste en
decidir controversias de orden civil y penal de
acuerdo a los parámetros que establece la
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado,

en ese contexto, la Comisión de Derechos
Humanos se encuentra legalmente impedida
para conocer de las irregularidades cometidas
por dicha funcionaria en términos de lo
preceptuado por el Artículo 14 de la Ley que
rige este Organismo.
Por lo anterior, la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación, para que el Presidente de la
Junta Auxiliar de Ignacio Zaragoza, Municipio
de Puebla, en lo subsecuente evite intervenir
en asuntos ajenos a su competencia, para no
causar actos de molestia a los ciudadanos,
sin motivo legal alguno.
Mientras que a la Procuradora General de
Justicia del Estado, se le pidió cumplir con los
siguientes puntos:
Gire instrucciones precisas a la Agente del
Ministerio Público Subalterna de la Junta
Auxiliar Municipal de Ignacio Zaragoza,
Municipio de Puebla, para que en lo sucesivo
sujete su actuar a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y a las leyes
que de ella emanan, evitando intervenir en
asuntos de carácter civil o de cualquier índole
que no sea de su competencia; asimismo,
evite ejecutar actos bajo la órdenes del
Presidente de la Junta Auxiliar a la que esta
adscrita, que no tengan relación con sus
atribuciones, en virtud de que su labor debe
desempeñarse bajo las indicaciones del
Ministerio Público.
Gire indicaciones expresas al Director de
Información, Análisis y Control de la
Conducta Individual de esa Institución, a fin
de que inicie procedimiento administrativo de
investigación en contra de la C. Evelia López
Meléndez, Agente del Ministerio Público
Subalterna adscrita a la Junta Auxiliar de
Ignacio Zaragoza, Municipio de Puebla, por
los actos que se desprenden de la presente
recomendación y en su oportunidad resuelva
lo conducente.
Emita circular dirigida a los Agentes del
Ministerio Público Subalternos, a fin de
instruirles sobre las atribuciones que la Ley
les confiere, para evitar actos repetitivos que
vulneren los derechos humanos de los
ciudadanos.
Finalmente, se pidió colaboración al
Presidente Municipal de Puebla, para que gire
sus indicaciones al Contralor Municipal, a fin
de que se inicie procedimiento administrativo
de investigación contra el C. J. Zeferino G.
Flores Sánchez, Presidente de la Junta
Auxiliar de Ignacio Zaragoza, Municipio de
Puebla, por los actos que derivan del texto
de la presente recomendación y en su caso
determine lo que corresponda.
RECOMENDACIÓN
03/2006
El 18 y 19 de julio de 2005, esta Comisión de
Derechos Humanos, recibió la queja de
Teódulo, Álvaro y Macario Leynez Hernández,
quienes en síntesis manifestaron: “Que el 17
de julio de 2005, aproximadamente a las
01:00 horas, se encontraban conviviendo en
el interior del bar denominado “cócktel”
mismo que se ubica en boulevard Francisco I.
Madero frente a la gasolinera Tehuacán,
cuando se disponían a retirarse se
presentaron seis elementos de la Policía
Municipal en dicho lugar, y sin mediar palabra
alguna los jalonearon, y golpearon,
sacándolos del bar y estando en la calle les
rociaron gas lacrimógeno en la cara,
subiéndolos a la batea de una patrulla, y que
durante su detención les fue sustraído de las
bolsas de su pantalón dinero en efectivo,
quitándoles dos radios de comunicación
marca Kenwood, para posteriormente
trasladarlos al Juzgado Calificador,
ingresándolos al área de seguridad de la
Comandancia de la Policía Municipal, en
donde permanecieron detenidos hasta las
10:00 horas de ese mismo día, pagando una
multa de $600.00 pesos cada uno, para
poder gozar de su libertad, señalando que no
realizaron ningún acto que motivara su
detención y mucho menos de los golpes y
maltrato de que fueron objeto, por los actos
anteriores denunciaron los hechos al Agente
del Ministerio Público, iniciándose la
averiguación previa 2180/2005/1”.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron concluir que Teódulo Álvaro y
Macario de apellidos Leynez Hernández,
fueron detenidos por elementos de la Policía
Municipal de Tehuacán y privados de su
libertad por un espacio aproximado de nueve
horas, por una supuesta riña que nunca se

demostró con algún elemento de prueba,
además de que la autoridad fundamentó su
proceder en el Artículo 7 fracción II del
Bando de Policía y Buen Gobierno de
Tehuacán, que prevé la sanción por una falta
administrativa que no concuerda con los
hechos motivo de la detención y en
consecuencia, se instruyó un procedimiento
administrativo ilegal, aunado a esto dicho
procedimiento carece de la firma del
Secretario del Juez Calificador, de donde se
concluye que la actuación de la autoridad que
intervino en la detención y privación de la
libertad personal de los quejosos, resulta
ilegal ya que no se encuentra fundada y
motivada la causa de dicha privación,
violando con ello las garantías individuales de
los quejosos, consagradas en los Artículos 14
y 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos. Ahora bien, de los hechos
narrados por los quejosos, también se
desprende que para gozar de su libertad
tuvieron la necesidad de pagar la cantidad de
$600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.),
expidiéndoles a cada uno, un recibo oficial de
pago de la Tesorería Municipal de Tehuacán,
por infringir el Artículo 7 fracción I del Bando
de Policía y Buen Gobierno, recibos que se
hicieron acompañar en copia certificada al
informe rendido por el Presidente Municipal
de Tehuacán, de donde se infiere que la
sanción económica impuesta, fue como
consecuencia del procedimiento
administrativo, señalado en líneas anteriores,
mismo que fue a todas luces ilegal y por
ende, el cobro realizado desde su origen
también es ilegal, lo que se traduce en una
sanción totalmente indebida, debiéndose
dejar sin efecto dicho cobro y reintegrar a
cada uno de los quejosos, la cantidad de
$600.00 (seiscientos pesos 00/100 M.N.), que
como sanción administrativa les fue
impuesta, y con ello reparar el menoscabo
patrimonial de que fueron objeto. Por otro
lado, en relación a lo aseverado por los
quejosos de que fueron objeto de maltrato,
lesiones golpes y robo durante su detención y
privación de su libertad personal, por parte
de los elementos de la Policía Municipal que
intervinieron en su captura, esta Comisión se
abstiene de hacer pronunciamiento alguno,
en razón de que existe una determinación
jurisdiccional de tales hechos, toda vez que
del señalamiento de maltrato, lesiones,
golpes y robo, originó que los quejosos
presentaran ante la Agencia Investigadora
del Ministerio Público del Distrito Judicial de
Tehuacán, denuncia penal, misma que fue
determinada el 26 de octubre de 2005,
ejercitando acción penal por los delitos de
robo, lesiones calificadas y abuso de
autoridad, misma que obra en copia
certificada en los autos del expediente que da
origen a la queja en cuestión.
Atento a lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos, que preside Manuel Flores
Mendoza, se manifestó mediante la emisión
de una recomendación al Edil Municipal de
Tehuacán, Puebla, para que cumpla con los
siguientes puntos:
Gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento que
preside, para que en el ámbito de su
competencia inicie el procedimiento
administrativo de investigación en contra de
los elementos de la Policía Municipal que
intervinieron en la detención de los quejosos
Teódulo Álvaro y Macario de apellidos Leynez
Hernández, con el objeto de determinar la
responsabilidad en que incurrieron por los
actos u omisiones a que se refiere esta
resolución y en su oportunidad se determine
lo que en derecho proceda.
Asimismo, se instruya al Tesorero Municipal
para que les sea devuelta a los quejosos, la
cantidad de $600.00 (seiscientos pesos
00/100 M.N.) a cada uno, que por concepto
de multa les fue impuesta en un
procedimiento ilegal viciado de origen, por
una supuesta infracción administrativa.
Gire sus respetables órdenes al Contralor
Municipal para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra del Juez Calificador y Secretario del
Juzgado que intervinieron en la instauración
del procedimiento de la ilegal detención y
privación de la libertad llevada a cabo sobre
los quejosos, y que en la integración de los
mismos que se llegasen a iniciar en contra de
los funcionarios involucrados, con motivo de
las irregularidades descritas en el
procedimiento administrativo, se haga uso de
las facultades que la ley otorga para
investigar en forma eficaz y eficiente, el
desempeño de los funcionarios encargados

de instaurar los procedimientos
administrativos a las personas que son
detenidas por infringir el Bando de Policía y
Buen Gobierno
Emita una circular en la que específicamente
se instruya a los elementos de la Policía
Municipal de Tehuacán, para que en lo
sucesivo sujeten su actuar en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
las Leyes que de ella emanan.
Finalmente se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado
para que gire sus respetables instrucciones a
fin de que se continúe con la integración del
triplicado abierto de la averiguación previa
número 2180/2005/1, iniciada por los delitos
de robo, lesiones y abuso de autoridad, con
motivo de los hechos a que se refiere la
presente recomendación y a la brevedad
determine lo que en derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
04/2006
El 6 de julio de 2005, esta Comisión de
Derechos Humanos recibió la queja de César
Santos Santiago, quien manifestó en síntesis:
Que el 3 de julio de 2005, al caminar sobre la
calle principal rumbo a la salida del pueblo, a
la altura del paraje conocido como el
diamante, siendo aproximadamente las 24
horas, fue interceptado por una patrulla de la
Policía Municipal de Chapulco, Pue., tipo Pick
Up Dodge Ram, de la que descendieron 4
elementos, indicándole que se subiera a
dicha patrulla, solicitando que le explicaran el
motivo y contestándole que él era la persona
que estaba deteniendo el tráfico, a lo que
refirió que no era cierto, procediendo con el
uso de la fuerza y golpes a subirlo a la batea
de la multicitada patrulla, trasladándolo a la
Comandancia Municipal, misma que se ubica
en las instalaciones de la Presidencia
Municipal, ingresándolo al área de seguridad,
lugar donde los elementos de seguridad lo
golpearon en tres ocasiones, rociándole gas
lacrimógeno en la cara, bañándolo con agua
fría de la última golpiza se desmayó, para
recobrar el conocimiento aproximadamente a
las 7:00 horas del siguiente día, por lo que al
cambiar el turno a las 8:00 horas otro policía
le indicó que haría “talacha” para que lo
dejaran salir, poniéndolo a lavar el área de
seguridad, así como a barrer el parque, el
atrio de la iglesia y a cargar basura en una
camioneta, labores que concluyó
aproximadamente a las 15:00 horas,
indicándole una persona que al parecer era el
Comandante, que se podía retirar hasta las
19:00 horas, por lo que solicitó se
reconsiderara tal situación señalándole que
se entrevistara con el Regidor de
Gobernación para que determinara si es que
podía retirarse, por lo que procedió a
entrevistarse con dicho funcionario, el que
una vez enterado de la situación le indicó que
se fuera, procediendo en ese momento el
Comandante a amenazarlo enfrente de dicho
funcionario, diciéndole que si los denunciaba
ante derechos humanos, ellos lo acusarían de
un delito, señalando que no se le instruyó
procedimiento administrativo alguno en el
que haya podido defenderse.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron concluir que el quejoso César
Santos Santiago, fue detenido por elementos
de la Policía Municipal de Chapulco, Puebla y
privado de su libertad por espacio
aproximado de trece horas, razón por la que
se concluye que la actuación de la citada
autoridad resulta a todas luces ilegal y
arbitraria, dado que el quejoso estuvo
detenido sin mediar procedimiento legal
alguno, que fundara y motivara la causa de
su detención y retención posterior, violando
con ello sus garantías consagradas en los
Artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra
parte, y en relación a la afirmación del
quejoso, en el sentido de que fue objeto de
maltrato, lesiones y golpes durante su
detención y privación de su libertad personal,
por parte de los elementos de la Policía
Municipal de Chapulco, Puebla, este
Organismo se abstiene de formular
pronunciamiento alguno, pues si bien se
encuentra debidamente acreditada la
detención y retención de que fue objeto
César Santos Santiago, también lo es que no
existen elementos de convicción que
permitan concluir que tales actos se
efectuaran bajo las circunstancias que expuso
en su queja.
Atento a lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos, que preside Manuel Flores
Mendoza, se manifestó mediante la emisión

de una recomendación al Edil Municipal de
Chapulco, Puebla, para que cumpla con los
siguientes puntos:
Gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal para que en el ámbito de
su competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra del Comandante y Elementos de la
Policía Municipal que intervinieron en la ilegal
detención y privación de la libertad llevada a
cabo sobre César Santos Santiago y en su
oportunidad se determine lo que en derecho
proceda.
En lo sucesivo sujete su actuar a la
Constitución General de la República y a las
Leyes que de ella emanan, de tal forma que
cuando los ciudadanos sean detenidos y
puestos a disposición por infringir el Bando
de Policía y Buen Gobierno de ese lugar, se
instruya el procedimiento administrativo
correspondiente que previene la Ley y así
evitar las detenciones y retenciones
arbitrarias.
Gire sus instrucciones a los servidores
públicos encargados de velar por la seguridad
pública de ese Ayuntamiento, para que
invariablemente en lo sucesivo, sujeten su
actuar a los lineamientos establecidos por la
Constitución General de la República y las
Leyes que de ella emanan, debiendo
abstenerse de violar los derechos humanos
de los gobernados al momento de su
detención por faltas administrativas, y sean
puestos inmediatamente a disposición del
Juez Calificador o en su caso en la comisión
de algún delito al Ministerio Público.
Finalmente se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que se sirva girar sus instrucciones a
quien corresponda, a fin de que se inicie la
averiguación previa correspondiente y en su
momento determine lo que conforme a
derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
05/2006
El 13 de junio de 2005, esta Comisión de
Derechos Humanos, recibió la queja de José
Raúl Pascual Ascensión García, quien refirió:
Que desde el catorce de septiembre de dos
mil cuatro, me presenté en la Procuraduría de
la Defensa del Trabajo, ya que me
despidieron y nunca me pagaron,
asignándome para asistirme en la defensa de
mis derechos laborales a la Licenciada Norma
Vera Flores, por lo que con fecha 23 de
septiembre de 2004, esta les mando un
citatorio al Representante Legal de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
quien es la dependencia que estoy
demandando; siendo el caso que ese día, se
presentó el Representante Legal de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes,
Licenciado Raúl Mendoza Alonso, quien en
ese momento reconoció el adeudo que tenía
conmigo, en presencia de la licenciada Norma
Vera, pero manifestó que en este momento
no había dinero, que en cuanto saliera el
presupuesto le iban a pagar, he de
mencionar que de estas actuaciones, dicha
licenciada no levantó ninguna constancia. Es
el caso que a pesar de las múltiples
ocasiones en las que me he entrevistado con
la citada licenciada que lleva mi caso, hasta
el día de hoy no hay ninguna solución y solo
me dice que ya presentó la demanda, pero
que por tratarse que la demanda es en
contra de una Secretaría del Estado, se
tardan más en dar las audiencias, por lo que
considero que la citada abogada no esta
tramitando mi asunto como debiera.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron concluir que dentro del marco
legal que rige la actuación de la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo, se encuentra el
artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo que
en su texto dice: “La Procuraduría de la
Defensa del Trabajo tiene las funciones
siguientes: ... III.- Proponer a las partes
interesadas soluciones amistosas para el
arreglo de sus conflictos y hacer constar los
resultados en actas autorizadas”; lo anterior,
implica que con independencia del resultado
que se obtenga en la reuniones en que se
busque conciliar los intereses de las partes
involucradas, la Procuraduría está obligada a
levantar constancia sobre la misma, es decir,
existe el imperativo para el Procurador de la
Defensa del Trabajo y Procuradores
Auxiliares, de hacer constar por escrito las
consecuencias de las citadas reuniones. Sin
embargo, el Titular de la Procuraduría de la
Defensa del Trabajo, no exhibió ninguna
evidencia del procedimiento de conciliación

que fue realizado, lo que corrobora lo
argumentado por el quejoso, en el sentido de
que la Licenciada Norma Vera Flores, no hizo
constar el resultado de la reunión de 23 de
septiembre de 2004, omisión que implica un
desacato a lo establecido por el precitado
Artículo 530 de la Ley Federal del Trabajo, y
aún cuando no existen elementos de prueba
que demuestren que el Representante Legal
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes aceptó el adeudo que su
poderdante tiene con el quejoso y el
compromiso de que se le pagaría, la omisión
de la Licenciada Norma Vera Flores, hace
evidente su deficiente actuación, ya que de
haber levantado el acta respectiva y de ser
ciertas las expresiones de José Raúl Pascual
Ascensión García, pudo contribuir a generar
elementos de convicción para hacerlos valer
dentro del trámite laboral que se sigue a
favor del quejoso.
Otro acto violatorio que esgrime José Raúl
Pascual Ascensión García, consiste en la
omisión de la Licenciada Norma Vera Flores,
de brindarle la asistencia jurídica con la
prontitud debida, ya que a pesar de que
acudió a la Procuraduría de la Defensa del
Trabajo el 14 de septiembre de 2004, a la
fecha de presentación de la queja ante este
Organismo, es decir, al 13 de junio de 2005,
no se había dado solución a la problemática
planteada. La omisión señalada, se encuentra
demostrada, al observar de la copia
certificada de las actuaciones que integran el
expediente laboral D-141/05 (evidencia V),
que el 25 de noviembre de 2004, el
Licenciado Carlos Alberto Hickman Gutiérrez,
Norma Vera Flores, Laura Yolanda Tello
Villafuerte, José de Jesús Cano González y
Carlos Tomas Meneses Hernández,
integrantes de la Procuraduría de la Defensa
del Trabajo y apoderados del quejoso,
promovieron Juicio de Retensión Salarial ante
el Tribunal de Arbitraje del Estado, en contra
de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes; advirtiéndose que mediante
proveído de 1° de diciembre de 2004, los
Magistrados del Tribunal mencionado,
acordaron requerir a los promoventes, a fin
de que precisaran si los actores fueron
trabajadores de base o de confianza; sin
embargo, el proveído de mérito fue notificado
hasta el día 1° de agosto de 2005, es decir, 8
meses después.
Por otra parte, no existe duda alguna de que
los Secretarios del Tribunal de Arbitraje del
Estado, que laboraron entre el lapso
comprendido del 4 de diciembre de 2004
(cuando concluyó el término concedido por la
Ley para notificar el proveído de 1° de
diciembre de 2004), al 31 de julio de 2005
(día anterior a la notificación del proveído de
1° de diciembre de 2004), dejaron de cumplir
con diligencia y eficiencia la función que
tenían encomendada, ya que contrario a lo
manifestado por el Presidente de ese Cuerpo
Colegiado, no se atendieron los plazos legales
que señala la Ley para la notificación del
proveído que se ha venido mencionando y
por tanto los plazos que deben observarse en
la sustanciación del procedimiento laboral
incoado por el quejoso. En ese contexto, es
evidente que los Secretarios del Tribunal de
Arbitraje del Estado, incurrieron en omisiones
que provocaron una dilación injustificada en
la administración e impartición de justicia,
con violación a los principios de economía,
concentración y sencillez que deben imperar
en todo procedimiento laboral, en agravio de
José Raúl Pascual Ascensión García.
Atento a lo anterior, la Comisión de Derechos
Humanos, que preside Manuel Flores
Mendoza, se manifestó mediante la emisión
de una recomendación al Procurador de la
Defensa del Trabajo del Estado, para que en
en lo sucesivo, vigile que el personal que
presta sus labores en la Institución que
dirige, cumpla con las labores asignadas, con
la eficiencia y profesionalismo debidos.
Asimismo, gire instrucciones precisas a la
Licenciada Norma Vera Flores, a fin de que
en lo sucesivo sujete su actuar a la
Constitución General de la República, Ley
Federal del Trabajo y la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado,
desempeñando su trabajo con eficiencia,
realizando las diligencias que sean necesarias
a fin de que el Tribunal de Arbitraje del
Estado, cumpla con los plazos que establece
la Ley; que la propia Procuradora Auxiliar
involucrada, de cumplimiento a los
requerimientos que realice la autoridad
laboral, dentro de los plazos que al efecto se
señalan y de esa forma evitar dilaciones
injustificadas en los asuntos que le son
encomendados y la violación a los derechos
humanos de los trabajadores.

Mientras que a los Magistrados que integran
el H. Tribunal de Arbitraje del Estado, se les
pidió el cumplimiento de los siguientes
puntos:
En lo sucesivo, vigilen que el personal que
presta sus labores en ese Tribunal, cumpla
con las labores asignadas, con la eficiencia,
profesionalismo y dentro de los plazos que
señala la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado y la Ley Federal de Trabajo de
aplicación supletoria.
Giren instrucciones precisas al Secretario de
ese Tribunal, a fin de que en lo sucesivo
sujete su actuar a la Constitución General de
la República, Ley Federal del Trabajo y la Ley
de los Trabajadores al Servicio del Estado,
realizando las actuaciones que le
corresponden dentro de los plazos que
establecen los Ordenamientos legales
indicados y de esa forma se eviten dilaciones
injustificadas en los procedimientos que se
siguen en esa Instancia.
Realicen las acciones conducentes, para que
dentro de los plazos legales, se dirima el
juicio iniciado con la demanda presentada por
José Raúl Pascual Ascensión García, a través
de sus apoderados.
Finalmente se pidió colaboración a la
Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control
de la Administración Pública del Estado, para
que inicie procedimiento administrativo de
investigación, en contra de la Licenciada
Norma Vera Flores, adscrita a la Procuraduría
de la Defensa del Trabajo, con el objeto de
determinar la responsabilidad en que incurrió
por las omisiones señaladas y en su caso
sancionarla como corresponda. Asimismo
inicie procedimiento administrativo de
investigación, en contra de la Licenciada Ma.
del Carmen Santamaría Espinosa y José
Rodríguez González, que prestaron su labor
con el carácter de Secretarios del Tribunal de
Arbitraje del Estado, con el objeto de
determinar el grado de responsabilidad en
que incurrieron por las omisiones señaladas y
en su caso, sancionarlos como legalmente
corresponda.
RECOMENDACIÓN
06/2006
En cumplimiento de su función receptora de
quejas por violaciones a los derechos
humanos, la Comisión de Derechos Humanos
del Estado, que Preside Manuel Flores
Mendoza, recibió el 25 de mayo de 2005, la
denuncia de Egla Romero Ortiz quien
manifestó que con fecha veintiuno de mayo
de dos mil cinco, en los portales que se
encuentran en el inmueble que ocupa la
Presidencia de la Junta Auxiliar de Santa Ana
Coapan perteneciente al Municipio de
Huitziltepec, Tecali de Herrera, Puebla,
siendo aproximadamente las veintiún horas
del citado día, el Presidente Auxiliar de Santa
Ana Coapan el señor Ángel Borja Torres, citó
a toda la comunidad para celebrar la
asamblea para proponer a las personas que
integrarían las comisiones de la feria del
pueblo, la de casa de salud, entre otras,
encontrándonos en ese lugar
aproximadamente unos treinta jefes de
familia, proponiendo para que continuara
como directora de la casa de salud a la
señora Ruth Rojas Romero, diciendo que si
alguien quería decir algo al respecto, a lo que
respondía que sí diciéndoles que porque no
mejor convocara a otra asamblea porque no
había la gente suficiente para que se tomara
la decisión ya que son aproximadamente
unos trescientos jefes de familia y sólo se
encontraban alrededor de treinta, dando con
esto por terminada la asamblea el Presidente
Auxiliar, el Sr. Ángel Borja Torres, situación
que molestó al señor Alejandro Miramontes
Juárez quien es esposo de la señora Ruth
Rojas Romero, diciéndome que esto no se iba
a quedar así que si a poco creían que se
había hecho rico con la casa de salud,
despensas y con la tienda de Liconsa,
mentándome la madre, que una vieja
pendeja que no servía para nada. 2.- Con
motivo de lo anteriormente narrado, la
suscrita me encontraba sentada en la fuente
que se encuentra afuera del portal de la
Presidencia y en ese momento se dirigió
hacia mí la señora Ruth Rojas Romero y me
cacheteó y como pude me defendí pero como
ella es más alta que yo no pude esquivar las
cachetadas que me dio, e inmediatamente el
señor Rodolfo Rojas Ortega, quien es papá
de la señora Ruth Rojas Romero también
comenzó a cachetearme y me soltó una
patada en mi brazo izquierdo, situación por la

cual la gente se comenzó a meter para que
los golpes no siguieran, en seguida como
estaban algunos policías por el lugar el señor
Marcos Efren Herrera González, quien es
Regidor de Gobernación de la Junta Auxiliar
de Santa Ana Coapan del Municipio de
Huitziltepec, Tecali de Herrera Puebla, dio la
orden para que me detuvieran al
Comandante de la Policía Honorio Flores
Aguilar y al policía Roberto Ramírez Rojas, y
estos últimos me llevaron con lujo de
violencia a empujones a la oficina del
Presidente Auxiliar, diciéndome que me iban
a echar a la cárcel, en ese instante y en
presencia del Presidente Auxiliar el señor
Ángel Borja Torres, entraron la señora Ruth
Rojas Romero y su padre el señor Rodolfo
Rojas Ortega a la oficina, burlándose de mi
diciéndome el señor Rodolfo que si quería
otros madrazos riéndose de mí y se salieron,
por lo que yo le dije al Presidente que como
era posible que ellos que me habían golpeado
los dejó ir y a mi me iban a meter a la cárcel,
entonces el contestó que él no sabía nada, no
había visto nada y no había oído nada, acto
seguido el policía Roberto Ramírez Rojas y el
Comandante de la Policía el señor Honorio
Flores Aguilar, me llevaron a empujones al
cuarto que ocupan como cárcel y que está a
un costado de la oficina del presidente, y ya
estando adentro Honorio Flores Aguilar me
dijo que si fuera su mujer ya me hubiera
puesto en la madre, quiero aclarar que al
momento en que ocurrieron éstos hechos ya
eran como las veintidós horas con treinta
minutos aproximadamente, y que estuve
privada de mi libertad aproximadamente
como tres horas. 3.- Posteriormente, mis
familiares entre ellos mi hermana la señora
Lidia Romero Ortiz, fue a ver a su casa a mi
cuñado de nombre Gaudencio Ortega
González, para que fuera a ver que era lo
que pasaba, y llegando al lugar que ocupa la
sede de la presidencia para hablar con el
Presidente Auxiliar, este ya no se encontraba
y en su lugar se encontró al señor Marcos
Efrén Herrera González quien es Regidor de
Gobernación, y éste después de tanto discutir
y como a las tres horas, aceptó que me
dejaran en libertad con la condición de que
dejara una Fianza de mil pesos para que
pudiera salir y que mi cuñado el señor
Gaudencio Ortega González firmara como
fiador, acto seguido el Regidor de
Gobernación Marcos Efrén Herrera González
mando a traer al Juez Menor de Paz de la
Junta Auxiliar de Santa Ana Coapan, el señor
Moisés Ortega González, para que firmara un
documento que el propio Regidor de
Gobernación Marcos Efrén Herrera González
escribió de su puño y letra, y en el cual
textualmente dice: “Ante esta autoridad a mi
cargo se encuentra una persona detenida por
agresión personal.......después de platicar
con sus familiares de la persona detenida
(sra. Egla Romero Ortíz) se llegó al arreglo de
pagar una fianza de mil pesos 00/00 MN
(1000) para posteriormente ser presentada el
día lunes 22 de mayo del año en curso a las
19 horas pm, siendo el fiador el Sr.
Gaudencio Ortega González, mismo que se
compromete a presentar a la persona antes
mencionada y detenida, Santa Ana Coapan
Pue., a 20 de mayo del 2005...”; documento
que exhibo en copia simple toda vez que el
original corre agregado en la averiguación
previa 106/2005 de la Agencia del Ministerio
Público de Tecali de Herrera, Puebla. Cabe
hacer mención que los hechos ocurrieron el
día veintiuno de mayo de dos mil cinco y no
el día 20 como quedo asentado en el
documento antes descrito; y también es
preciso aclarar que dicho documento fue
firmado al calce del mismo por el señor
Gaudencio Ortega González en su carácter de
fiador y el Juez Menor de Paz de Santa Ana
Coapan el señor Moisés Ortega González,
sellando este último dicho documento,
dejándome salir el día veintidós de mayo de
dos mil cinco”.
La Comisión se abocó a la investigación
respectiva y confirmó que la actuación de
Efrén Marcos Herrera González, Regidor de
Gobernación, Honorio Flores Aguilar,
Comandante de Policía Auxiliar y Roberto
Ramírez Rojas, elemento de seguridad
pública, todos de la Junta Auxiliar de Santa
Ana Coapan, Huitziltepec, Puebla, fue
indebida en virtud de que no existía motivo
fundado para proceder a la detención de Egla
Romero Ortiz, ya que dicha persona fue
agredida y lesionada por Ruth Rojas Romero
y Rodolfo Rojas Ortega, de tal forma que la
actuación de los servidores públicos
señalados, debió ser el de proceder a la
detención de los agresores de la quejosa,
para ponerlos a disposición del Ministerio
Público al hallarse en flagrancia delictiva
respecto al ilícito de lesiones, el Presidente

Auxiliar Municipal, ignoro en lo absoluto el
asunto e incumplió con sus obligaciones ya
que existen evidencias de que se percató de
la detención y de la falta imputada, pero
decidió retirarse a descansar bajo el
argumento de que la quejosa fue puesta a
disposición del Juez de Paz, actuación que
resulta por demás reprochable, al omitir
cumplir cabalmente con los deberes que le
impone la Ley, permitiendo la retención de
una persona en el área de seguridad de la
Presidencia Auxiliar, sin existir mandamiento
de autoridad competente, permitió al Regidor
de Gobernación de ese lugar, ejercer
atribuciones que no le corresponden y
provocó la infracción a los derechos
fundamentales de la quejosa, quien por un
espacio de 3 a 4 horas, permaneció privada
de su libertad personal de forma injustificada.
El cobro indebido realizado en agravio de la
quejosa y de sus familiares, implica un abuso
por parte de los servidores públicos que lo
realizaron, y aún cuando el Regidor de
Gobernación de Santa Ana Coapan,
Huitziltepec, Puebla, señala que él sólo
realizó el recibo que tiene como fecha el 20
de mayo de 2005, por indicaciones del Juez
de Paz, lo cierto que es cada una de las
evidencias que fueron reseñadas demuestran
que él fue el encargado de negociar el egreso
de la cárcel de la quejosa, que él convino el
pago de los mil pesos e incluso los recibió,
aún cuando los entregó al Juez de Paz para
su resguardo y posteriormente éste último los
deposito en la tesorería de la Junta Auxiliar
como se desprende de las constancias que
fueron exhibidas por el Presidente Auxiliar
Municipal, es decir, el Regidor de
Gobernación fue el que ordenó la detención,
retención y cobro indebido efectuado a la
quejosa, razón por la cual resulta procedente
se investigue su conducta y en su caso sea
sancionado como legalmente corresponde.
En esas condiciones, la Institución manifestó
su inconformidad mediante la emisión de una
recomendación al Presidente Municipal de
Huitziltepec, Puebla, para que se sirva
cumplir con los siguientes puntos:
Gire sus instrucciones al Contralor Municipal,
a fin de que inicie procedimiento
administrativo de investigación en contra del
C. Ángel Borja Torres, Presidente Auxiliar;
Efrén Marcos Herrera González, Regidor de
Gobernación; Honorio Flores Aguilar,
Comandante de la Policía Auxiliar y Roberto
Ramírez Rojas, elemento de seguridad
pública, todos de la Junta Auxiliar Municipal
de Santa Ana Coapan, Huitziltepec, Puebla,
por los actos y omisiones que se desprenden
de la presente recomendación y en su
oportunidad resuelva lo que conforme a
derecho corresponda.
Instruya a los Presidentes de las Juntas
Auxiliares que forman parte del territorio de
ese Municipio, a fin de que sujeten su actuar
a la Constitución General de la República y a
las Leyes que de ella emanan, de tal forma
que hasta en tanto no se constituya el
Juzgado Calificador de ese Municipio,
califiquen las faltas al Bando de Policía y
Gobierno de ese lugar, evitando consentir
detenciones y retenciones ilegales.
Igualmente, resulta necesario recomendar al
Edil de mérito, que realice las gestiones
necesarias a fin de que se constituya el
Juzgado Calificador del Municipio que preside,
a fin de dar cabal cumplimiento al Bando
Gubernativo del lugar.
Por otra parte, se pidió al Presidente Auxiliar
Municipal de Santa Ana Coapan, Huitziltepec,
Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a
la Ley, evitando consentir detenciones y
retenciones que no tengan un sustento legal;
asimismo, en las ocasiones en que sean
detenidos los ciudadanos por infringir el
Bando de Policía y Gobierno de Huitziltepec,
Puebla, proceda a instruir el procedimiento
administrativo que señala el ordenamiento
legal señalado, hasta en tanto no sea
constituido el Juzgado Calificador del
Municipio y evite delegar sus funciones en
otros servidores públicos. Asimismo, proceda
a realizar la devolución a Egla Romero Ortiz,
de la cantidad de $1000.00 (mil pesos cero
centavos), que fue cobrada para obtener su
libertad y depositada en la Tesorería de la
Junta Auxiliar que preside, según se advierte
del recibo que obra en actuaciones y que
evidentemente le fue facilitada por sus
familiares para obtener su libertad.
Por último, considerando que el C. Moisés
Ortega González, Juez de Paz suplente de
Santa Ana Coapan, Huitziltepec, Puebla,
puede tener responsabilidad administrativa

en relación a los hechos a que se refiere esta
recomendación, y aún cuando de actuaciones
se infiere que el cargo que tenía asignado
concluía en el año 1999, de las constancias
que integran el expediente también se
advierte que en el momento en que
ocurrieron los hechos continuaba ejerciendo
el cargo de Juez de Paz, de tal forma que
corresponderá en su caso al Tribunal Superior
de Justicia determinar lo que resulte
procedente.
RECOMENDACIÓN
07/2006
El 7 de noviembre de 2005, Francisco
Hernández Cabrera, hizo del conocimiento de
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado, que Preside Manuel Flores Mendoza,
actos presumiblemente violatorios a los
derechos fundamentales de su descendiente
Juan Rafael Hernández Sánchez, al referir en
síntesis y por escrito, que el día 4 de
noviembre de 2005, aproximadamente a las
19:00 horas, su hijo fue detenido por
elementos de la Policía Municipal de la Unión
Zihuateutla, Puebla, al caminar por una
carretera, subiéndolo a una patrulla en la que
fue trasladado a la Comandancia de la Policía
Municipal del lugar, bajo el argumento de
que el día 12 de octubre de 2005, había
robado herramientas y en atención a una
llamada por radio del Presidente Auxiliar de
Ocomantla, Puebla, C. Profr. Hermilo Diego
Sánchez, expresa además, que Juan Rafael
Hernández Sánchez fue interrogado y
golpeado por los elementos de Seguridad
Pública de la Unión Zihuateutla, Puebla,
dándole de patadas y una cachetada,
especialmente el Comandante de la Policía,
de quien desconoce el nombre, a pesar de
que su hijo tiene la edad de 17 años,
asimismo, el 5 de noviembre de 2005, los
Policías Municipales obligaron a su hijo a
trabajar chapeando a la entrada de la escuela
primaria de esa localidad, para
posteriormente ser trasladado a Ocomantla,
Puebla, donde lo forzaron a chapear en el
lugar en que se ubica la supervisión escolar y
lo amenazaban con entregarlo a Xicotepec,
Puebla, con la Policía Judicial, además le
echaron líquido totop en los brazos y cabeza,
dicho líquido produce irritación en la piel y
hasta le provocó calentura, después lo
regresaron a la Unión Zihuateutla, poniéndolo
a chapear en la carretera, a levantar basura y
le echaron nuevamente líquido totop,
poniendo en libertad a su descendiente,
hasta el día 5 de noviembre de 2005,
alrededor de las 18:00 horas, diciendo “vete
de aquí, no te quiero volver a ver por este
rumbo”, y no le entregaron sus tenis, ni su
chamarra de mezclilla color azul,
argumentando que esa prenda la había
robado.
La Comisión realizó las respectivas
investigaciones, concluyendo que el
Presidente Municipal de Zihuateutla, Puebla,
no justificó el motivo fundado que tuvo para
ordenar la detención de Juan Rafael
Hernández Sánchez, ya que desde el punto
de vista legal, éste no cometió falta alguna
que ameritara tal acto, por lo que dicho Edil
con su conducta, infringió los derechos de
legalidad y las garantías de seguridad jurídica
del aquí agraviado, considerando que la
misma, encuadra en la hipótesis contenida en
el Artículo 419 del Código de Defensa Social
del Estado, que en su texto dice: “Comete el
delito de abuso de autoridad o
incumplimiento de un deber legal el servidor
público, en los casos siguientes: ... X.-
Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario
y atentatorio a los derechos garantizados en
la Constitución Política de la República o del
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio
público;...”. Asimismo, probados los actos
que nos ocupan, es irrefutable que los
mismos implican abusos de autoridad y en
consecuencia violación a los derechos
fundamentales del aquí agraviado, al carecer
de un sustento legal, por las razones que
sirvieron de base para dejar sentada la
ilegalidad de la detención efectuada en
agravio de Juan Rafael Hernández Sánchez,
es decir, por no haber cometido delito, ni
falta administrativa, ante la inexistencia de
normatividad que regule las conductas que se
consideran infracciones administrativas y su
sanción, lo que implica que la determinación
de las autoridades de privar de la libertad
personal a Juan Rafael Hernández Sánchez,
impidiéndole deambular libremente por más
de 20 horas y obligarlo a realizar trabajos a la
comunidad, sin que por ellos se le haya
pagado una justa retribución, custodiado
además, por elementos policiacos, son actos
que ningún Ordenamiento Municipal permite
imponer como sanción, de tal forma que los

mismos son ilegales. Por otra parte, en
relación a los maltratos, lesiones y golpes que
Francisco Hernández Cabrera refiere le
fueron inferidos a su descendiente Juan
Rafael Hernández Sánchez, por elementos de
la Policía Municipal de Zihuateutla, Puebla,
este Organismo se abstiene de realizar
pronunciamiento alguno, en virtud de que en
actuaciones no obran evidencias que
permitan tener por demostrados dichos
actos, además, del hecho de que el quejoso
no aportó prueba alguna para acreditarlos.
Por último, es necesario señalar que la falta
de publicación del Bando Gubernativo de
Zihuateutla, Puebla, en el Periódico Oficial del
Estado, implica que éste aun no es vigente,
que no es conocido por los ciudadanos a
quienes va dirigida y por tanto no es exigible
su cumplimiento, afirmación que tiene su
sustento en el contenido del Artículo 88 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado, el cual
establece que la promulgación y posterior
publicación en el Periódico Oficial del Estado
de un ordenamiento aprobado constituyen los
requisitos de validez, vigencia y legalidad del
mismo.
En esas condiciones, la Institución manifestó
su inconformidad mediante la emisión de una
recomendación al Presidente Municipal de
Zihuateutla, Puebla, para que se sirva cumplir
con los siguientes puntos:
En lo sucesivo sujete su actuar a los
lineamientos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes que de ella emanan, evitando ordenar
la detención de las personas, por la comisión
de supuestas faltas administrativas, en virtud
de que no existe publicado ningún
ordenamiento legal que contenga cuales son
infracciones administrativas, ni la sanción que
corresponde a las mismas.
Realice las gestiones necesarias, a fin de que
se realice el pago de los productos
correspondientes al Periódico Oficial del
Estado y se proceda a la publicación del
Bando de Policía y Buen Gobierno de
Zihuateutla, Puebla, a fin de que dicho
ordenamiento cobre vigencia y validez.
En lo sucesivo de abstenga de ordenar que
se ponga a disposición del Juez Menor de lo
Civil y de Defensa Social, a las personas que
sean detenidas por supuestas faltas
administrativas, al ser autoridad
incompetente para esos efectos y de esta
forma evite tolerar retenciones ilegales y la
imposición de trabajos en agravio de los
vecinos del lugar, sin la justa retribución.
Una vez que sea publicado el Bando de
Policía y Buen Gobierno de esa
circunscripción territorial, si no es posible
constituir Juzgado Calificador, proceda a
calificar y sancionar las faltas administrativas
en los términos que prevea dicho
ordenamiento.
Por otra parte, se pidió colaboración al H.
Congreso del Estado, para que inicie
procedimiento administrativo de
investigación, en contra del C. Ángel Lazcano
Hernández, Presidente Municipal de
Zihuateutla, Puebla, por los actos y omisiones
que se desprenden del presente documento y
en su caso se determine lo que conforme a
derecho proceda; lo anterior en acato a lo
previsto por el Artículo 62 fracción III de la
Ley de Responsabilidades de los Servidores
Públicos del Estado, solicitando que en la
investigación que se llegue a realizar se
practiquen tantas y cuantas diligencias sean
necesarias para esclarecer los hechos. De la
misma manera, se pidió a la Procuradora
General de Justicia del Estado, para que gire
sus instrucciones a quien corresponda, a fin
de que se continúe con la debida integración
de la indagatoria señalada y en su momento
determine lo que conforme a derecho
corresponda.
Finalmente, tomando en consideración que el
C. Rómulo Arcibar Molina, Juez Menor de lo
Civil y de Defensa Social de Zihuateutla,
Puebla, puede tener responsabilidad
administrativa en relación a los hechos
expuestos, asimismo, que parte de la
actividad que desempeña el Juez Menor de lo
Civil y de Defensa Social de Zihuateutla,
Puebla, es el de sancionar a los ciudadanos
de esa circunscripción territorial por
supuestas faltas administrativas, de acuerdo
a criterios personales y fuera de las
atribuciones que le confiere la Ley, resulta
procedente remitir copia certificada de la
presente recomendación al Presidente del
Tribunal Superior de Justicia del Estado, para

su conocimiento y efectos legales
procedentes.
RECOMENDACIÓN
08/2006
El 17 de noviembre de 2005, esta Comisión
de Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja formulada por Juan Rojas Ramos,
quien manifestó que el 28 de agosto de
2005, se presentó a pagar la mensualidad a
las oficinas del Comité de Agua Potable y el
Presidente de dicho Comité de Agua Potable
de Santo Nombre Sección 5°, Tlacotepec de
Benito Juárez, Puebla, no le recibió el pago,
en virtud de según su dicho no estaba
conforme con la tarifa por este servicio y por
esa razón no se me quiso recibir el pago
hasta la fecha, resultando que el citado
Presidente del Comité de nombre Salomón
Ramos Laureano se presentó a mi domicilio y
procedió al corte del suministro de agua
potable, manifestándome que esto era
cumplimiento a lo acordado en la Asamblea
de la comunidad, razón por la cual me veo en
la necesidad de comprar pipas para el abasto
del vital líquido, razón por lo que considero
que se violan mis derechos humanos al
negarme el acceso al servicio de agua
potable sin motivo legal.
Después de que la Comisión de Derechos
Humanos, realizó una investigación, se
encontró con la indebida actitud tanto del
Presidente Municipal como del Presidente del
Comité del Agua de Santo Nombre, ambos de
Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, al
suspender el servicio de agua potable por
más de 120 días, en virtud de que dejaron de
observar las funciones que tienen
encomendadas de acuerdo a la normatividad
vigente, por lo que no es válido que se
nieguen a prestar el servicio de mérito. Lo
anterior se fundamenta en términos del
Artículo 115 fracción III inciso a) de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, 104 inciso a) de la Constitución
Política del Estado de Puebla, 91 fracción I de
la Ley Orgánica Municipal, y 83 de la Ley de
Agua y Saneamiento para el Estado de
Puebla, mismos que establecen que los
Municipios tienen a su cargo los servicios
públicos de agua, drenaje, alcantarillado,
tratamiento y disposición de sus aguas
residuales, y difundir dicho servicio en sus
respectivos Municipios. Por otra parte, el C.
Juan Rojas Ramos, el 19 de diciembre de
2005, celebró un convenio entre el Presidente
y Síndico Municipal de Tlacotepec de Benito
Juárez, Puebla, y con Salomón Ramos
Laureano y Nicolás Bernabé Beristáin,
Presidente del Comité de Agua Potable y Juez
de Paz del Municipio antes citado, con el
carácter de testigos presenciales a fin de
buscar una solución favorable a la
inconformidad planteada por el quejoso,
situación que se confirma con la copia de
dicho documento recibido vía fax en este
Organismo el 21 de diciembre de 2005,
referente al convenio aludido, en donde se
hace constar que se le reconectaría el
servicio de agua potable al quejoso, y que
éste a su vez se desistiría de la queja
interpuesta ante esta Comisión Estatal, sin
embargo, a dicho convenio no se le ha dado
cumplimiento en sus términos a la fecha, por
parte de las autoridades que lo suscribieron,
no obstante que el quejoso al tenor de lo
convenido el 2 de enero de 2006, se desistió
de su queja, pero reservándose el derecho de
reaperturarla en el momento de considerarlo
pertinente, y en razón de ello, el 13 de enero
de 2006, el C. Juan Rojas Ramos, compareció
ante este Organismo pidiendo se continuara
con el trámite de su queja, toda vez que la
autoridad responsable no había dado
cumplimiento al convenio celebrado,
solicitando a esta Institución determinara lo
conducente a la brevedad.
Por ello, se recomendó al Presidente
Municipal de Tlacotepec de Benito Juárez,
Puebla, para que se sirva cumplir con los
siguientes puntos:
Que en lo sucesivo sujete su actuar a los
lineamientos establecidos en la Constitución
General de la República y las leyes que de
ella emanan, como lo es la Constitución Local
y la Ley de Agua y Saneamiento para el
Estado de Puebla.
Se sirva a la brevedad instruir al Presidente
del Comité de Agua Potable de Santo Nombre
Sección 5°, del Ayuntamiento que preside,
quien propició la suspensión del servicio de
agua en agravio del C. Juan Rojas Ramos,
proceda a realizar las acciones
correspondientes a efecto de que dicho
servicio le sea restituido al quejoso.

Gire sus instrucciones a los funcionarios
encargados del suministro del servicio público
de agua potable, dentro de su jurisdicción
municipal, para que en lo sucesivo sujeten su
actuar a los lineamientos establecidos por la
Constitución General de la República y las
leyes que de ella emanan, debiendo
abstenerse de suspender el servicio público
de agua potable en base a determinaciones
que carezcan de sustento legal.
Finalmente, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que se sirva girar sus instrucciones a
quien corresponda, a fin de que se inicie la
averiguación previa correspondiente y en su
momento determine lo que conforme a
derecho corresponda.
Asimismo, al H. Congreso del Estado, se le
pide que inicie el respectivo procedimiento
administrativo de investigación, con objeto de
determinar la responsabilidad en que incurrió
el Presidente Municipal de Tlacotepec de
Benito Juárez, al haber consentido las
arbitrariedades cometidas por el Presidente
del Comité de Agua Potable de la comunidad
de Santo Nombre Sección 5°, así como su
actitud omisa en rendir el informe con
justificación que le fue solicitado por este
Organismo y en dar solución a la
problemática planteada por Juan Rojas
Ramos, y en su oportunidad se le impongan
las sanciones correspondientes.
RECOMENDACIÓN
09/2006
El 2 de agosto de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja que de Adelaido Santos Esquitín, quien
señaló que el día 30 de junio de 2005, se
encontraba en compañía de su esposa e hijos
en su domicilio ubicado en avenida Colosio
número 30 de Tlaxpanaloya, y siendo las
20:30 horas, tocaron la puerta,
presentándose los señores Salvador Pérez
Galindo, Primer Regidor y Delfino Calva,
Regidor Suplente, de la Junta Auxiliar de
Tlaxpanaloya, Puebla, solicitando a su esposa
que saliera el quejoso ya que existía una
orden de aprehensión en su contra, sin
abrirles la puerta, por lo que dichas
autoridades dieron la vuelta a su propiedad y
con empujones lograron abrir la puerta de la
cocina, metiéndose al interior, fue cuando el
quejoso les preguntó que quien les había
dado permiso para meterse, contestándole el
Primer Regidor que tenían una orden y fue
cuando esta persona le propinó por el lado
plano de su machete dos golpes en la
espalda del quejoso, y por la fuerza lo
sacaron de su domicilio y realizaron un balazo
en el interior del mismo, llevándolo a la
cárcel, pidiéndole que pagara la cantidad de
tres mil pesos sin motivo alguno, y dicha
cantidad fue cubierta al recuperar su libertad,
como lo justifica con el recibo que exhibe en
copia simple, que ahora lo volvieron a citar
ya que quieren que pague otros cuatro mil
pesos más sin razón alguna.
Después de que la Comisión de Derechos
Humanos, realizó una investigación, se llegó
a la conclusión de que las circunstancias por
las que se encuadra la detención de Adelaido
Santos Esquitín, se encuentran fuera de los
parámetros de la ley, siendo a todas luces
ilegal, arbitraria y grave, ya que la actuación
del Presidente Auxiliar Municipal de
Tlaxpanaloya, Regidores y demás autoridades
que intervinieron en la detención en
comento, es contraria a lo establecido en los
numerales antes invocados, en virtud de que
no existe la orden de puesta a disposición del
detenido a la autoridad competente, violando
también con ello el Artículo 26 del Bando de
Policía y Buen Gobierno de Naupan, Puebla,
el cual señala que la Autoridad Calificadora
dará vista al Ministerio Público de aquellos
hechos que en su concepto puedan constituir
un delito o que aparezca durante el
desarrollo del procedimiento, requisito que la
autoridad responsable no justifica haberlo
agotado. En este sentido, la conducta
desplegada por las autoridades que
intervinieron en la detención del quejoso
Adelaido Santos Esquitín, constituye una
transgresión a las garantías individuales
previstas en los Artículos 14 y 16 de la Carta
Magna, siendo su proceder un acto arbitrario
que debe ser señalado ante la sociedad, para
que en el futuro no se repita y con ello
prevenir la violación de los derechos
humanos de los ciudadanos.
Por otra parte, cabe mencionar que el Agente
del Ministerio Público Subalterno de
Tlaxpanaloya, Puebla, al tener retenido al
quejoso Adelaido Santos Esquitín, por estar
“puesto” a su disposición sin que tal

afirmación se encuentre corroborada en
autos, viola flagrantemente el Artículo 30 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
ya que era su deber, para el caso de que el
quejoso hubiera infringido algún precepto del
Código de Defensa Social, ponerlo a
disposición del Agente del Ministerio Público
en forma inmediata al haber sido detenido en
flagrante delito, para que éste estuviera en
posibilidad de realizar los trámites
correspondientes, de donde se infiere que al
actuar en la manera que lo hizo, y al carecer
de facultades para ello, viola con tal conducta
las garantías de audiencia y legalidad del
quejoso, mismas que se encuentran
plasmadas en los Artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. En este tenor, es claro que se
transgredieron de manera firme los derechos
humanos de Adelaido Santos Esquitín, ya que
como se aprecia el Agente del Ministerio
Público Subalterno carece de facultades para
haber desplegado la conducta que se le
imputa.
Por ello, se recomendó al Presidente
Municipal de Naupan, Puebla, para que se
sirva dar indicaciones precisas al Presidente
Auxiliar Municipal de Tlaxpanaloya, Puebla, a
fin de que en lo sucesivo sujete su proceder a
los lineamientos establecidos por la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como de las leyes que de ella
emanan, y se abstenga definitivamente de
practicar detenciones ilegales cuando no
exista causa justificada, evitando las
detenciones arbitrarias. Asimismo, gire sus
instrucciones a los servidores públicos
encargados de velar por la seguridad pública
de ese Ayuntamiento, para que
invariablemente en lo sucesivo, sujeten su
actuar a los lineamientos establecidos por la
Constitución General de la República y las
Leyes que de ella emanan, debiendo
abstenerse de violar los derechos humanos
de los gobernados al momento de su
detención por faltas administrativas, y sean
puestos inmediatamente a disposición del
Juez Calificador, o en su caso por la comisión
de algún delito al Ministerio Público.
Mientras que al Edil Auxiliar de Municipal de
Tlaxpanaloya se le pidió que en lo sucesivo
sujete su actuar a los lineamientos
establecidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, así como a las
leyes que de ella emanan y se abstenga
definitivamente de practicar detenciones
cuando no exista causa legal justificada.
Finalmente, se pidió a la Procuradora General
de Justicia del Estado, para que se sirva
cumplir con los siguientes puntos:
Se sirva instruir al Agente del Ministerio
Público Subalterno de Tlaxpanaloya, Puebla,
reintegre la cantidad de tres mil pesos a
Adelaido Santos Esquitín, que por concepto
de una supuesta multa a todas luces ilegal, y
sin facultades para imponerla se le determinó
a dicho quejoso.
Gire sus instrucciones a quien corresponda, a
fin de que se inicie la averiguación previa
correspondiente y en su momento determine
lo que conforme a derecho corresponda.
En vía de colaboración solicítese a la
Ciudadana Procuradora General de Justicia
del Estado, se sirva girar sus respetables
instrucciones a quien corresponda para que
se integre debidamente la averiguación
previa 727/2005/HUACH, radicada en la
Tercera Mesa de Trámite de la Dirección de
Averiguaciones Previas y Control de Procesos
Zona Norte.
RECOMENDACIÓN
10/2006
El 19 de agosto de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja formulada por Sara Juárez Sandoval a
favor de Eliodoro Ramírez Goiz, quien
manifestó que el día 18 de agosto del año en
curso, alrededor de las 19:00 horas, acudió a
nuestro domicilio particular ubicado en la
Calle el Triunfo Número 2 de Santa Ana
Xalmimilulco, Puebla, el C. Porfirio César
Regidor de la Junta Auxiliar, para entregarle
a mi esposo Eleodoro Ramírez Goiz, un
citatorio firmado por el Presidente de la Junta
Auxiliar Municipal de Santa Ana Xalmimilulco,
en el que se indica que debe acudir a la
Presidencia a las 18:00 horas, asimismo, que
debe retirar toda la basura o materiales
reciclables que se encuentran frente a su
domicilio, ante esto mi esposo Eliodoro
Ramírez Goiz, le contestó que como era

posible que le entregara el citatorio una hora
después, pero que no había problema que el
día en que se actúa (19 de agosto de 2005)
retiraría el material reciclable que tiene frente
a su domicilio y que es cartón y latas de
aluminio; sin embargo, el día de hoy
alrededor de la 9:00 horas se presentó a
nuestro domicilio Oscar Juárez Macuil,
Presidente Auxiliar con tres elementos de la
Policía Auxiliar y un carro de basura y me
indicó que se llevarían todo lo que estaba
frente a nuestro domicilio, al pedirle que se
esperara porque ya nos lo llevaríamos dijo
“no, no, esto ya merece una multa” y
tronando los dedos les indicó al camión que
subieran las cosas, de igual forma un
elemento de la Policía Auxiliar intentó entrar
a mi domicilio para buscar a mi esposo
Eleodoro Ramírez Goiz, al decirle que no
estaba y que lo buscaría, procedí a ir por él,
pero al llegar a nuestro domicilio los
elementos de la Policía Auxiliar lo rodearon y
el Presidente Auxiliar les ordenó que lo
detuvieran y subieran a una camioneta de la
Policía Auxiliar, trasladándolo a la Presidencia
Auxiliar, en donde de inmediato lo ingresaron
a la cárcel del lugar, pero que al preguntar
ante quien estaba a disposición y en su caso
a cuanto ascendía la multa, lo único que me
contestaron es que me fuera, por lo que
considero que se encuentra privado de su
libertad, sin que exista procedimiento
administrativo alguno.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar la existencia de una
serie de actos anómalos y arbitrarios que
lesionaron los derechos humanos de Eliodoro
Ramírez Gois, ya que fue detenido y en
consecuencia privado de su libertad personal
el 19 de agosto de 2005, aproximadamente a
las 9:00 horas, por parte de elementos de la
Policía Auxiliar Municipal de Santa Ana
Xalmimilulco, Huejotzingo, Puebla, por
indicaciones del Presidente Auxiliar Municipal
de dicha población, según éste por haber
cometido el quejoso una falta administrativa
sancionada en el capítulo V, fracción segunda
del Bando de Policía y Buen Gobierno de
Huejotzingo, Puebla, disposición que en el
Bando Gubernativo vigente publicado el 18
de abril de 1997, mismo capítulo que en
dicho Bando no existe, por lo que el actuar
de la autoridad señalada como responsable,
independientemente que esté o no facultada
para ello, tal y como lo señalaremos en líneas
posteriores, fundamentó su acción en una
disposición inexistente, lo que resulta grave
por violentar flagrantemente las garantías
individuales del quejoso, mas aún dicha
autoridad al instruir el supuesto
procedimiento administrativo, realizando acta
administrativa en la que impone una sanción
a Eliodoro Ramírez Goiz, y que se traduce en
multa de ocho días de salario y en caso de no
pagarla se impondría un arresto, el acta
solamente es suscrita por la autoridad que
actúa y nunca se le proporciona al detenido
el derecho de audiencia, por lo que
suponiendo sin conceder, que la multicitada
acta administrativa fuera en su caso un
procedimiento administrativo instruido a
Eliodoro Ramírez Goiz, tal y como lo pretende
hacer valer la autoridad señalada como
responsable, también lo es que dicho
documento carece de debida legalidad al no
contar con los requisitos mínimos, necesarios
e indispensables que debe contener cualquier
procedimiento administrativo en su
prosecución, para garantizar los derechos de
legalidad y seguridad jurídica consagrados en
la Constitución General de la República, para
así poder proteger las garantías individuales
de los gobernados, requisitos que sin duda
alguna prevé el Bando de Policía y Buen
Gobierno de Huejotzingo, Puebla, y que en
este procedimiento instaurado a Eliodoro
Ramírez Goiz, dejaron de observarse,
violentando con ello sus garantías
individuales de las que se hizo mención.
Atento a lo anterior, la Institución se
manifestó a través de la emisión de una
recomendación dirigida al Edil de
Huejotzingo, Puebla, para que gire sus
respetables instrucciones al Contralor
Municipal para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de
determinación de responsabilidad en contra
del Presidente Auxiliar y elementos de la
Policía Auxiliar Municipal que intervinieron en
la ilegal detención y privación de la libertad
llevada a cabo sobre Eliodoro Ramírez Goiz, y
en su oportunidad se resuelva lo que en
derecho proceda.
Asimismo, se le pidió al Presidente Auxiliar
Municipal de Xalmimilulco, Puebla, para que
en lo sucesivo, sujete su actuar a los

lineamientos establecidos por la Constitución
General de la República y las Leyes que de
ella emanan, debiendo abstenerse de violar
los derechos humanos de los gobernados al
momento de su detención por faltas
administrativas, y sean puestos
inmediatamente a disposición del Juez
Calificador.
En vía de colaboración, la Institución solicitó
a la Procuradora General de Justicia del
Estado, para que se sirva girar sus
instrucciones a fin de que se inicie la
averiguación previa correspondiente, y en su
momento determine lo que conforme a
derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
11/2006
El 22 de septiembre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja formulada por Aurelio Alcaide Bueno,
quien manifestó que el día 16 de septiembre
del año en curso, aproximadamente a las
12:00 horas, fui detenido por elementos de la
Policía Auxiliar Municipal de Santa Mónica,
Cohetéala, Puebla, quienes me refirieron que
el motivo de mi detención era que no había
dado la cooperación que me pidieron para la
fiesta patria que se celebró en dicho lugar y
que para que me dejaran en libertad, el
señor Martín Mozo García, quien es amigo
mío, pagó la cantidad de $200.00 pesos
como multa.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar la existencia de una
serie de actos anómalos y arbitrarios que
lesionaron los derechos humanos de Aurelio
Alcalde Bueno, ya que el quejoso no cometió
acto delictivo, ni falta administrativa, razón
por la cual no existía causa legal para que se
ordenará su detención y presentación por
conducto de la Policía Auxiliar; por tanto, la
orden emitida para esos efectos por el
Presidente Auxiliar Municipal de Santa
Mónica, Municipio de Cohetzala, Puebla, es
ilegal y arbitraria e infringe no solo las
garantías consagradas en los Artículos 14 y
16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, sino también lo dispuesto
en el numeral 2º del Conjunto de Principios
para la Protección de todas las Personas
Sometidas a Cualquier Forma de Detención o
Prisión, adoptada por nuestro país el 9 de
diciembre de 1998. Asimismo, resulta
indebida la actuación del Presidente de la
Junta Auxiliar Municipal de Santa Mónica,
Municipio de Cohetzala, Puebla, al ordenar la
detención de Aurelio Alcaide Bueno, por la
falta de pago de una cooperación que no esta
regulada por la Ley; no es óbice a lo anterior,
el hecho de que exprese que fue un acuerdo
de cabildo de esa Junta Auxiliar, en virtud de
que el mismo no se encuentra facultado para
imponer a los ciudadanos cargos no
obligatorios y cooperaciones sin su
conocimiento, intervención y anuencia. Por
último, el cobró de la cantidad de dinero a
nombre del quejoso resulta indebida, por las
razones que fueron señaladas en al capítulo
que antecede, es decir, porque tal
cooperación no fue fijada con anuencia del
quejoso; no es una contribución o aportación
que este obligado a pagar, tomando en
consideración que su fijación no proviene de
una disposición legal y las fiestas patrias no
constituyen un servicio público, tal
cooperación debe ser voluntaria y no
impositiva. En esas condiciones, el cobro
realizado al quejoso por conducto de Martín
Mozo García es indebida y por lo tanto resulta
procedente se efectúe su devolución.
Atento a lo anterior, la Institución se
manifestó a través de la emisión de una
recomendación dirigida al Edil de Cohetzala,
Puebla, para que se sirva cumplir con los
siguientes puntos:
En lo sucesivo, cumpla y haga cumplir lo
dispuesto en la Constitución General de la
República y Leyes que de ella emanan;
asimismo, divulgue los ordenamientos legales
que deben observar los ciudadanos en el
municipio de Cohetzala, Puebla, respecto a
los ingresos municipales que son obligatorios
de acuerdo a la normatividad.
Emita circular dirigida a los Presidentes de las
Juntas Auxiliares que forman parte del
Municipio de Cohetzala, Puebla, para que
sujeten su proceder a los lineamientos
establecidos por la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y eviten realizar
detenciones ilegales, imponer cargos no
obligatorios a los ciudadanos y realizar cobros
fuera de la Ley.

Gire instrucciones precisas al Contralor
Municipal, a fin de que inicie procedimiento
administrativo de investigación en contra del
C. Efrén Atempa Ramales, Presidente Auxiliar
Municipal de Santa Mónica, Cohetzala,
Puebla, se realicen las investigaciones
respectivas y en su caso de determine lo que
conforme a derecho corresponda.
Asimismo, se le pidió al Presidente Auxiliar
Municipal de Santa Mónica, Puebla, para que
cumpla con lo siguiente:
En lo sucesivo cumpla con la Constitución
General de la República y de las leyes que de
ella emanan, evitando ordenar la detención
de los ciudadanos sin una causa legal.
Se abstenga, al igual que los integrantes del
cabildo que preside, de imponer cargos y
cooperaciones que no son obligatorios de
acuerdo a la Ley y sin la anuencia de las
partes que resulten afectadas.
Se abstenga de realizar cobros indebidos a
los ciudadanos de la circunscripción territorial
donde ejerce sus funciones y proceda a la
devolución de la cantidad de $200.00
(doscientos pesos cero centavos) al C. Aurelio
Alcaide Bueno.
RECOMENDACIÓN
12/2006
El 30 de agosto de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja de Jorge Espinosa Ávila, quien
manifestó que tiene su domicilio en la casa
número siete de la calle Encinos Colonia
Rancho La Calera Sección El Mirador, de esta
Ciudad, y para poder entrar a la calle antes
citada en la que se localiza dicho domicilio,
tiene dos entradas, una por la avenida
Zodiaco de la Colonia Bosques La Calera y
otra por Circuito el Mirador a través de la
colonia Zaragoza por la Unidad Habitacional
“La Margarita”, y relata como antecedente
que en el mes de agosto de 2004, al intentar
acceder a su domicilio por la avenida
Zodiaco, se percató que estaba instalada una
reja a la entrada de la calle Encinos y que
impedía el paso a la calle donde se encuentra
su domicilio, haciendo el señalamiento que
dicha reja fue colocada en un inicio por sus
vecinos sin que existiera en la fecha que
indica permiso o autorización por parte de
alguna autoridad del H. Ayuntamiento de la
ciudad de Puebla.
De las evidencias integradas al expediente se
desprende, que la instalación de la reja
motivo de la presente queja, ubicada en la
calle Encino contra esquina de la avenida
Zodiaco en el Fraccionamiento Bosques de la
Calera de esta ciudad, además de que no da
el servicio por el cual se colocó, también se
advierte que se encuentra cerrada, y por
ende está fuera de todo ordenamiento legal
que funde y motive la causa de su instalación
y por consiguiente viola la garantía de
libertad de tránsito de los transeúntes que
circulan por dichas calles, violando
específicamente la garantía individual de
Jorge Espinosa Ávila, consagrada en el
Artículo 11 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, además de que
este derecho de libre tránsito también se
encuentra consagrado en diversos
instrumentos internacionales en materia de
derechos humanos, como es el caso del
Artículo 12 del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos, así como el
Artículo 22 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, instrumentos
internacionales que en concordancia con el
Artículo 133 Constitucional, forman parte de
nuestro orden jurídico interno.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 12/2006, dirigida al
Presidente Municipal de Puebla, para que en
primer término, gire sus respetables
instrucciones a efecto de que el Secretario de
Administración Urbana, Obra Pública y
Ecología, así como al Director de Planeación
Urbana, ambos de dicha Comuna, en lo
sucesivo sujeten su actuar a los lineamientos
establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y a las Leyes que
de ella emanan, debiéndose abstener de
violar los derechos humanos de los
gobernados, negándoles la libertad de
tránsito en la vía pública; lo anterior dentro
de su jurisdicción territorial correspondiente.
Asimismo, gire sus apreciables órdenes al
Secretario de Administración Urbana, Obra
Pública y Ecología, para que instruya a quien
corresponda a fin de que realice las acciones
conducentes a restituir de manera inmediata
la libertad de tránsito del quejoso y de

cualquier ciudadano que circule en la calle
Encino contra esquina con Avenida Zodiaco
del Fraccionamiento Bosques de la Calera de
esta ciudad, para que el agraviado pueda
gozar irrestrictamente de su libertad de
tránsito. Finalmente, también gire sus
respetables órdenes al Contralor Municipal,
para que en el ámbito de su competencia
inicie el respectivo procedimiento
administrativo de investigación en contra de
los funcionarios que intervinieron en la
autorización de la instalación de la reja
motivo de la presente recomendación.
RECOMENDACIÓN
13/2006
El 16 de enero de 2006, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja vía telefónica, de Estelita Barrera
Hernández, manifestando que es vendedora
ambulante de la Federación de Comerciantes
denominada “Prestadores de Servicios y
Colonos del Estado” y que ese día, a las
20:45 horas, elementos de la policía
municipal de Chignahuapan, Puebla, llegaron
al lugar donde tengo instalados mis carritos
destinados a la venta de elotes, esquites y
perros calientes; lugar que se encuentra
frente al parque Hidalgo de Chignahuapan; y
sin explicación alguna, con prepotencia me
indicaron que retirarían mis carritos, razón
por la cual me comunique a la Comisión de
Derechos Humanos y procedieron a
llevárselos, no sin antes cortar la cadena con
la que se aseguraban, encontrándose
actualmente mis cosas, es decir mis carritos y
cosas personales en el interior de la
Presidencia Municipal de este lugar,
deseando también aclarar que para poder
realizar la venta de mis productos, realizo un
pago al personal del Ayuntamiento de
Chignahuapan, Puebla, extendiéndome el
recibo correspondiente.
De las evidencias integradas al expediente se
desprende que los elementos policiacos de
Chignahuapan, Puebla, no acataron lo
previsto en el Bando de Policía y Gobierno de
esa circunscripción territorial, en virtud de
que no detuvieron a la quejosa, que en
último caso era a quien se debía instruir el
procedimiento administrativo de acuerdo a lo
previsto al ordenamiento legal citado, la
despojaron de sus pertenencias y las
entregaron al Juez Calificador, sin que éste
último tuviera la posibilidad de actuar
conforme a las facultades que le otorga el
Bando Gubernativo ya que no le fue puesta a
su disposición la supuesta infractora, lo que
indiscutiblemente infringe los derechos
fundamentales de la quejosa, quien sin
mediar un procedimiento legal se vio
desposeída de sus pertenencias. Las
irregularidades señaladas desde luego
implican violación a los derechos humanos de
la quejosa al retener sus pertenencias y
prácticamente sancionar una conducta, en la
que no se le concedieron garantías de
audiencia y legalidad previstas por el Artículo
14 de la Constitución General de la República
y el Bando de Policía y Gobierno de
Chignahuapan, Puebla, ante una conducta
irregular del Juez Calificador.
Ahora bien respecto al supuesto robo que
sufrió la quejosa, no se puede saber en que
momento fueron forzados los candados que
mantenían cerrados los triciclos, que a dicho
de la quejosa contenían los $4,000.00 (cuatro
mil pesos), ya que de la remisión de 16 de
enero de 2006, se infiere que el Comandante
de la Policía Municipal lo entregó cerrado con
las aclaraciones respectivas y después de ello
el cuidado de las pertenencias de la quejosa
correspondió al Juez Calificador, de tal forma
que tanto la preexistencia del dinero
señalado, así la sustracción que se hizo del
mismo, corresponderá averiguarlo la
autoridad facultada para ello.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 13 de 2006, dirigida al
Presidente Municipal de Chignahuapan,
Puebla, para que se sirva cumplir con los
siguientes puntos:
En lo sucesivo sujete su actuar a la
Constitución General de la República y las
leyes de que de ella emanan, evitando
ordenar el desalojo de las personas que
ejercen el comercio informal, de un espacio
público en que previamente se les ha
permitido comerciar, sin dar los avisos
respectivos con las formalidades
correspondientes y con base en el
ordenamiento legal aplicable.
Regularice la situación de la quejosa,
expidiéndole la licencia de funcionamiento

correspondiente, para ejercer el comercio
informal o ambulante.
Informe adecuadamente y por escrito a los
comerciantes informales o ambulantes, de los
espacios públicos que pueden ocupar y los
que no están permitidos, para con ello evitar
confusiones que provocan violaciones a
derechos humanos.
Gire sus instrucciones al Contralor Municipal,
a fin de que inicie procedimiento
administrativo de investigación en contra del
C. Álvaro Sosa Zamora, Comandante de la
Policía Municipal y elementos policiacos que
participaron en los hechos cuestionados, así
como en contra del C. José Luis Vega
Rodríguez, Juez Calificador de ese Municipio,
por los actos y omisiones que se desprenden
del presente documento y en su momentos
de determine lo que conforme a derecho
corresponda.
Emita circular dirigida a los elementos
policiacos de esa circunscripción territorial y
al Juez Calificador, para que sujeten su
actuar a la Constitución General de la
República y los ordenamientos legales que
rigen su labor, evitando infringir los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Realice las gestiones necesarias a fin de
valuar los daños ocasionados a la quejosa por
la descomposición de su mercancía y en su
caso realice el pago respectivo, de acuerdo al
resultado del avalúo que se realice; lo
anterior en atención a que tal
descomposición fue ocasionada por
omisiones y actos que fuera de la Ley, realizó
personal que presta sus labores para el
Ayuntamiento que preside.
Finalmente se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, a fin de que se inicie
averiguación previa por los hechos a que se
refiere la presente recomendación y en su
momento se determine lo que en derecho
proceda.
RECOMENDACIÓN
14/2006
El 12 de octubre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja, vía telefónica, de Ubaldo Álvarez
Villarruel, manifestando que el Presidente
Auxiliar de su población C. Jorge Alberto Ruiz
García, pidió una cooperación por la cantidad
de $570.00, esto según él para la
reconstrucción del Palacio Auxiliar, y debido a
que soy campesino e hijo de familia le di solo
la cantidad de $300.00, pero todavía
pretende cobrarme la cantidad de $275.00,
pese a que ya le expliqué que soy una
persona de escasos recursos y no tengo más
dinero para darle, y me dijo que eso a él no
le importaba y que tenía que pagar la
cooperación y si no pagaba me las vería con
el Agente del Ministerio Público-subalterno,
quien tiene la orden de detener a todo aquel
que no pague la cooperación, por lo que
tengo el temor de que puedan detenerme.
De las evidencias integradas al expediente se
desprende que por un lado, el Presidente
Auxiliar Municipal de San Luis Chalma, se
abstuvo de rendir el informe que le fue
requerido por esta Institución, no obstante
estar debidamente notificado para tal efecto,
por lo que en consecuencia se tienen por
ciertos los hechos materia de la queja en
cuestión, y por otro lado, el Presidente
Municipal de Tlapanalá, manifestó que fue
cierto que el quejoso estuvo detenido, pero
no acreditó ni justificó que se haya hecho en
las circunstancias en las que él refiere en su
informe rendido a esta Institución y grave
resulta ser que la autoridad ministerial
desacredita la versión del antes citado
Presidente Municipal, con lo que queda
plenamente demostrado que se violaron las
garantías individuales del quejoso, mediante
una detención ilegal y arbitraria, detención
que las autoridades señaladas como
responsables no pudieron acreditar que se
haya realizado por el quejoso al cometer
alguna infracción o ilícito sancionado por la
ley. En este sentido, la conducta desplegada
por las autoridades que intervinieron en la
detención del quejoso Ubaldo Álvarez
Villarruel, constituye una transgresión a las
garantías individuales previstas en los
Artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, siendo su

proceder un acto arbitrario que debe ser
señalado ante la sociedad, para que en el
futuro no se repita y con ello prevenir la
violación de los derechos humanos de los
ciudadanos.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 14/2006, dirigida al
Presidente Municipal de Tlapanalá, Puebla,
para que en lo sucesivo sujete su actuar a los
lineamientos establecidos por la Constitución
General de la República y a las Leyes que de
ella emanen y no consentir dentro de su
jurisdicción territorial se practiquen
privaciones ilegales de la libertad de los
gobernados cuando no exista causa
justificada, evitando las detenciones
arbitrarias. Asimismo, gire sus respetables
órdenes al Contralor del Ayuntamiento que
preside, con objeto de que se inicie el
respectivo procedimiento administrativo de
investigación en contra del C. Leonardo
Hernández Hernández, Comandante de la
Policía Auxiliar Municipal de San Luis Chalma,
Tlapanalá, Pue., que intervino en la ilegal
detención y privación de la libertad llevada a
cabo sobre Ubaldo Álvarez Villarruel, y en su
oportunidad se determine lo que en derecho
corresponda.
Por otra parte se le pidió al Presidente
Auxiliar Municipal de San Luis Chalma,
Tlapanalá, Puebla, que en lo sucesivo sujete
su actuar a los lineamientos establecidos por
la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como a las leyes que de ella
emanen, y se abstenga definitivamente de
practicar detenciones cuando no exista causa
legal justificada.
A la Procuradora General de Justicia
del Estado, se le pidió colaboración para que
se sirva girar sus respetables instrucciones a
quien corresponda para que se continúe y se
integre debidamente la averiguación previa
número 980/2005/IZU, radicada en Izúcar de
Matamoros, Puebla, y en su momento
determine lo que conforme a derecho
corresponda. Asimismo, gire sus apreciables
instrucciones al Agente del Ministerio Público
Subalterno de San Luis Chalma, Tlapanalá,
Pue., para que en lo sucesivo sujete su
actuar a los lineamientos establecido en los
Artículos 14 y 16 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, y 30 del
Reglamento Interno de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Finalmente también se le pidió colaboración
al Honorable Congreso del Estado, para que
inicie el respectivo procedimiento
administrativo de investigación, al Presidente
Municipal de Tlapanalá y al Presidente
Auxiliar Municipal de San Luis Chalma,
Tlapanalá, Puebla, con objeto de determinar
la responsabilidad en que incurrieron los
invocados servidores públicos y en su
oportunidad se les imponga las sanciones
pertinentes.
RECOMENDACIÓN
15/2006
El 9 de noviembre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos, tuvo conocimiento de
actos presumiblemente violatorios a los
derechos fundamentales de Antelmo Sánchez
Ramírez, a través de la queja que mediante
escrito presentó ante esta Institución, la cual
fue ratificada mediante comparecencia de 25
de noviembre de 2005, señalando que el 23
de junio de 2005, aproximadamente a las
22:00 horas, se encontraba con los C. Víctor
Vázquez Zúñiga, Eleodoro Turijan Ríos y
Alberto García, en la tienda del señor Simón
Gutiérrez Villa, ubicada en la calle 20
diciembre sin número, del Municipio de
Axutla, Puebla, llegando al lugar los CC.
Marcos Monge y Carlos Delgado Bazán en
estado de ebriedad, quienes realizaron
comentarios sobre política y dijeron que las
manifestaciones del quejoso eran ofensivas,
acto continuo, el mencionado Carlos Delgado
Bazán ofendió y agredió al quejoso con una
botella provocándole una herida, por lo que
este último se defendió tratando de quitarse
parte del golpe, momento en que llegaron
elementos de la Policía Municipal de ese lugar
y detuvieron al agresor; expresa que
posteriormente fue citado por el Presidente
Municipal de Axutla, Puebla, para acudir a sus
oficinas el 30 de junio de 2005, cita a la que
omitió comparecer porque en esa fecha fue la
clausura de su hija, siendo citado
nuevamente el 01 de julio del mismo año,
pero tampoco se presentó, acudiendo hasta
el 4 de julio, donde fue interrogado sobre los
hechos por el Edil del lugar, quien le impuso
como sanción el pago de la cantidad de
$3,000.00 (tres mil pesos), cantidad que se

negó a pagar porque era excesivo el monto,
aunado a que él había sido el agredido,
levantándose un acta. Expresa además, que
el 27 de septiembre de 2005, a las 8:30
horas llegaron a su centro de trabajo, sito en
carretera Axutla, Huehuepixtla, los policías
municipales de nombres C. Félix Hernández
Alquezada, Jacinto González Ruiz, Alberto
Mantón Sánchez, el Primer Comandante de
nombre Juan, Teófilo Cruz y Alejandrino
Mozo; acto continuo, el señor Félix, quien es
Segundo Comandante, le dijo que el
Presidente Municipal quería hablar con él, en
respuesta, el quejoso le dijo que iría después
de dejar sus cosas en su casa, de tal forma
que aproximadamente a las 9:00 horas
esperó al C. Rafael Cervando Gutiérrez
Benítez, Presidente Municipal de Axutla,
Puebla, en sus oficinas, al llegar dicho
servidor público, reclamo al aquí agraviado, el
porque se estaba burlando de él y le dijo que
estaba pendiente una multa, debido a que en
días anteriores al estar tomando en una
tienda, se peleó con su gente y por ello se le
había multado con $3,000.00 (tres mil pesos)
al escandalizar en vía pública; asimismo, le
indicó que ya no sería una multa la que se le
iba a imponer sino que ahora quedaría
detenido por un lapso de 36 horas como lo
marca la Ley, momento en que llegaron tres
regidores con quienes consultó la
problemática y ya no lo dejaron salir de la
Presidencia; después de media hora le dijo
que no se iría sin que pagara la cantidad
mencionada, de tal forma que el quejoso se
vio en la necesidad de hablar con su hijo
Héctor Sánchez Merino y le pidió que
consiguiera el dinero y mientras lo hacía,
metieron al quejoso a la cárcel municipal por
espacio de una hora, hasta que su hijo llegó
con el dinero y procedieron a levantar un
acta donde consta que estuvo privado de su
libertad.
De las evidencias integradas al expediente se
desprende que la falta de procedimiento
administrativo que justifique la detención y
retención de Antelmo Sánchez Ramírez
constituye una prueba de los actos violatorios
que en su agravio cometió el Presidente
Municipal de Axutla, Puebla, quien
evidentemente omitió cumplir con los
imperativos que señalan los Artículos 27, 28,
29, 30 y 32 del Bando de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de Axutla, Puebla, así
como lo establecido por el numeral 251 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado, es decir,
no cumplió con la obligación de realizar una
averiguación sumaria a fin comprobar las
faltas que supuestamente cometió el
quejoso, no concedió a este último las
garantías de audiencia y defensa, para
posteriormente emitir una resolución en que
se determinara la responsabilidad o no sobre
la infracción atribuida; por el contrario,
ordenó retener y detener al quejoso sin
causa justificada, ya que no existen
elementos para demostrar que se infringió un
precepto reglamentario, lo obligó a pagar una
cantidad de dinero que no enmarca dentro de
los conceptos que como ingresos municipales
señala la Ley, lo retuvo por una hora en un
área de seguridad, sin permitirle ejercitar las
garantías de audiencia y defensa, vulnerando
las de legalidad y seguridad jurídica
contenidas en los Artículos 14 y 16
Constitucionales. Por otra parte, una de las
causas por las que Antelmo Sánchez Ramírez
fue detenido y retenido el 27 de septiembre
de 2005, consistió en su omisión de pagar la
cantidad de $3,000.00 (tres mil pesos) que le
fue requerida por el Presidente Municipal de
Axutla, Puebla. Sin embargo, como también
se dijo, el quejoso refutó el hecho de que se
haya comprometido a dar ese dinero y la
autoridad responsable expresó que era una
aportación voluntaria; en esas condiciones,
resulta incuestionable que Antelmo Sánchez
Ramírez no tenía la obligación de pagar ese
caudal y por tanto el cobro efectuado en su
agravio resulta ilegal.
Otro de los actos violatorios que expresa
Antelmo Sánchez Ramírez, al momento de
realizar manifestaciones respecto al informe
rendido por la autoridad señalada como
responsable, consiste en las acciones
realizadas por el Presidente Municipal de
Axutla, Puebla, para dañarlo la relación
laboral existente entre éste y la Comisión
Federal de Electricidad. En este sentido, la
autoridad responsable se ha dado a la tarea
de reunir en las instalaciones de la
Presidencia Municipal de Axutla, Puebla, a
diversos ciudadanos de esa población;
Regidores del Ayuntamiento que preside, así
como al Superintendente y Administrador,
ambos de la Central I de la División
Hidrométrica Pacífico Sur de la Comisión
Federal de Electricidad, para la cual labora el

quejoso, así como al Delegado Sindical de
esa División, con la finalidad de solicitar a los
tres últimos, el cambio de lugar de trabajo
del quejoso, al estimar que es una persona
conflictiva; solicitud que la sustenta en las
manifestaciones realizadas por algunos
ciudadanos y personal del Ayuntamiento,
respecto a supuestas dificultades que han
tenido con el quejoso, esencialmente de
índole político-electoral.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 15/2006, dirigida al
Presidente Municipal de Axutla, Puebla, para
que se sirva cumplir con lo siguiente:
En lo sucesivo sujete su actuar a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan,
evitando detener, retener y efectuar cobros a
los ciudadanos, sin que cada unos de estos
actos tenga un sustento legal.
En lo sucesivo se abstenga de hostigar al
quejoso Antelmo Sánchez Ramírez, evitando
involucrarse en la relación laboral que éste
último tiene con la Comisión Federal de
Electricidad, en virtud de que no es de su
competencia, enviando en su caso los oficios
respectivos para deslindarse del asunto que
motivó las minutas de trabajo de 18 de enero
de 2005, a la Superintendencia,
Administración y Delegación Sindical de la
Central I de la División Hidrométrica Pacífico
Sur, para hacerles saber que la relación
laboral que tiene esa empresa con Antelmo
Sánchez Ramírez es ajena a su función y por
tanto las problemáticas que se presenten
respecto a la misma, involucran
exclusivamente a la empresa y al trabajador.
En lo sucesivo, en los casos en que tenga
conocimiento de actos realizados por los
ciudadanos de ese Municipio, que puedan ser
constitutivos de infracciones al Bando de
Policía y Buen Gobierno vigente y en atención
a que no existe Juez Calificador en esa
circunscripción territorial, instruya el
procedimiento administrativo que establece el
Ordenamiento legal citado y resuelva lo
conforme a derecho corresponda.
Proceda a devolver al quejoso, la cantidad de
$3,000.00 (tres mil pesos) que
indebidamente le fue cobrada.
A la Procuradora General de Justicia del
Estado, se le pidió colaboración para que gire
sus instrucciones a quien corresponda, a fin
de que se inicie averiguación previa en contra
del C. Rafael Cervando Gutiérrez Benítez,
Presidente Municipal de Axutla, Puebla, por
los hechos a que se refiere la presente
recomendación, y en su momento se
determine lo que en derecho proceda.
Finalmente también se le pidió
colaboración al Honorable Congreso del
Estado, para que gire sus respetables
instrucciones a quien corresponda, a fin de
que se inicie procedimiento administrativo de
investigación en contra del C. Rafael
Cervando Gutiérrez Benítez, Presidente
Municipal de Axutla, Puebla, por lo hechos
narrados en esta recomendación y en su
oportunidad resuelva lo procedente.
RECOMENDACIÓN
16/2006
El 26 de septiembre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja de Marco Abraham Ramírez Cruz, quien
manifestó que el día sábado 24 de
septiembre de 2005, aproximadamente a las
16:00 horas cuando caminaba en unión de su
hermano Pedro Luis Ramírez Cruz sobre la
calle 5 oriente entre el Bulevar 5 de Mayo y 4
Sur de esta Ciudad, venía platicando en voz
alta, cuando una persona del sexo masculino
de aproximadamente 45 años de edad les
dijo que si querían pelear se fueran a su
casa, contestándole su hermano que si le
molestaba que se pasara a la acera de frente,
continuando con su camino, y al rebasar a
esta persona, les mentó la madre, ante esta
actitud el compareciente le dijo que no se
metiera con ellos y que por respeto a sus
canas no le hizo nada, continuando con su
trayecto, deteniéndose en el callejón de los
sapos a comprar las artesanías que ahí se
expenden, cuando fueron abordados por un
elemento de la policía municipal con uniforme
negro sin identificación ni placa oficial alguna
y armado con una pistola que portaba en la
cintura, quien le indicó que porque había
agredido al señor, percatándose que era la
persona que los había insultado hacia unos
instantes, que en esos instantes se inició una
discusión entre ellos y el hermano del

compareciente le dijo que en todo caso que
los llevara ante la autoridad competente y
detuviera a esa persona que en esos
momentos los estaba insultando frente al
policía, contestándole el uniformado “tu a mi
no me vas a decir que tengo que hacer
pendejo”, motivo por el cual el policía dejó ir
a esta persona, que durante estos instantes
varios comerciantes del lugar y vendedores
se acercaron, siendo agredido el
compareciente y su hermano por ellos,
quienes inclusive los retaban a golpes, que
ante esto el policía ya había pedido el auxilio
de una patrulla, llegando en esos momentos
la patrulla P-586 de la que descendieron
varios policías, entre ellos uno que los
empezó a ofender con palabras obscenas y a
amenazarlos, indicándole el compareciente
que no habían cometido ningún delito y que
voluntariamente cooperarían, procediendo a
subirse a la patrulla y de ahí fueron llevados
a las instalaciones de esa corporación de
Xanenetla, en donde permanecieron durante
veinte minutos dentro de la patrulla y
solicitándole al policía que los había detenido
que se identificara, obteniendo como
respuesta insultos y burlas de los
uniformados, luego de ahí los llevaron a las
instalaciones de la Policía Municipal de
Rancho Colorado, en donde estuvieron por
espacio de 45 minutos aproximadamente,
tiempo durante el cual les practicaron
examen médico, que salió negativo, llegando
en esos momentos familiares del
compareciente, entre ellos uno de sus
hermanos que es abogado y le pidió a los
elementos de la policía que por favor
identificara a los elementos que los había
detenido, siendo encubierto por todos los
uniformados que participaron y procediendo
a esconderles de oficina en oficina, sin que se
les informara el motivo de su detención, que
de ahí los llevaron nuevamente a la base de
Xanenetla en donde estuvieron por espacio
de 1 hora y en cuyas instalaciones ya se
encontraban periodistas que se percataron de
la prepotencia y violaciones de que fueron
objeto, en donde los metieron a un cuarto,
solicitando nuevamente el compareciente que
el oficial que los había detenido se
identificara, pero como hicieron caso omiso,
les indicó que se iba a retirar del lugar,
saliendo de las instalaciones y empezando a
caminar, siendo alcanzado por el mismo
policía, quien lo agredió verbalmente y junto
con otro elemento lo golpearon, siendo
regresado a la base e intentaron esposarlo,
pero el compareciente no lo aceptó porque
no había cometido ningún delito, de ahí
intentaron golpear a su hermano y quitarle su
teléfono celular, que permaneció otros 20
minutos más, llegando una patrulla la P-586
de la Policía Municipal y siendo trasladado
ante el Juez Calificador de la Delegación
Centro de esta ciudad, en donde se le impuso
una multa de $440.00 supuestamente por
alterar el orden público, deseando agregar
que él nunca firmó el procedimiento
administrativo ya que nunca fue informado
de la infracción que les imputaban,
estampando su hermano su huella digital y
pagando el recibo correspondiente, siendo
puesto en libertad a las 20:30 horas de ese
mismo día.
De las evidencias integradas al expediente,
se desprende que el quejoso Marco Abraham
Ramírez Cruz, y su hermano Pedro Luis
Ramírez Cruz, fueron detenidos el 24 de
septiembre de 2005, aproximadamente a las
16:00 horas y retenidos aproximadamente
por más de tres horas, bajo la custodia de
elementos de la Policía Municipal, sin existir
causa justificada alguna, lo que constituye
una violación grave a sus derechos
fundamentales como ciudadanos, infringiendo
también con ello, lo dispuesto en los Artículos
74, 75 puntos 2, 3, 4, 76 puntos 2 y 85 inciso
c) del Código Civil del Estado.
En lo que respecta a los maltratos que el
quejoso refirió haber sufrido junto con su
hermano, desde el momento en que fueron
interceptados por los elementos policiacos
involucrados y a quienes se les atribuye los
actos reclamados en la queja que nos ocupa,
este Organismo se abstiene de realizar
pronunciamiento alguno, en razón de que no
existen evidencias que permitan llegar a
concluir que estos actos se llevaron a cabo,
pues los quejosos omitieron aportar
elementos de convicción que justificaran los
extremos de su aseveración en tal sentido.
Por otra parte, de los hechos narrados por
Marco Abraham Ramírez Cruz, se desprende
que para poder dejar en libertad al quejoso y
a su hermano tuvieron la necesidad cada uno
de pagar la cantidad de $440.00
(cuatrocientos cuarenta pesos), por una

multa derivada de una falta al Código
Reglamentario del Municipio de Puebla, por
un acto que como se describió en líneas
anteriores es violatorio de las garantías de
legalidad y seguridad jurídica de los quejosos
y por lo tanto se traduce en un cobro a todas
luces indebido, resultando en consecuencia
injustificado, por lo que debe dejarse sin
efecto el origen del citado cobro y reintegrar
a Marco Abraham Ramírez Cruz y Pedro Luis
Ramírez Cruz, el importe antes mencionado,
mismo que les fue impuesto como multa y
con ello restituir el menoscabo económico
sufrido en su patrimonio.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 16 de 2006, dirigida al
Presidente Municipal de Puebla, para que se
sirva cumplir con los siguientes puntos:
Gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal del H. Ayuntamiento que
preside, para que en el ámbito de su
competencia inicie el procedimiento
administrativo de investigación en contra de
los elementos de Seguridad Pública
Municipal, quienes intervinieron en la
detención de los quejosos Marco Abraham
Ramírez Cruz y Pedro Luis Ramírez Cruz, con
el objeto de determinar la responsabilidad en
que incurrieron por los actos u omisiones a
que se refiere esta recomendación y en su
oportunidad se determine lo que en derecho
proceda.
Asimismo, se le solicita que en la integración
de los procedimientos administrativos que se
lleguen a iniciar en contra de los funcionarios
involucrados, con motivo de las
irregularidades descritas en este documento,
se haga uso de las facultades que la ley
otorga para investigar en forma eficaz y
eficiente, decretando de oficio las pruebas
que sean necesarias y con ello evitar la
impunidad.
Emita una circular en la que específicamente
se instruya a los elementos de Seguridad
Pública Municipal de Puebla, para que en lo
sucesivo sujeten su actuar en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en
las Leyes que de ella emanan, y se
abstengan de detener injustificadamente a
los gobernados cuando no exista
señalamiento directo o no se compruebe que
alteren el orden público y la tranquilidad
social.
Gire sus apreciables instrucciones, a fin de
que en lo sucesivo los Elementos de
Seguridad Pública Municipal, porten el
uniforme con sus insignias e identificación
oficial visible para desempeñar sus labores, lo
que permitirá a los gobernados el poder
reconocerlos y así evitar se genere
desconfianza e incertidumbre en los
ciudadanos.
Instruya a quien corresponda, para que le
sea devuelta a Marco Abraham Ramírez Cruz
y Pedro Luis Ramírez Cruz, la cantidad de
$440.00 (cuatrocientos cuarenta pesos
00/100 M.N.) a cada uno que por concepto
de multa les fue impuesta por una supuesta
infracción administrativa.
A la Procuradora General de Justicia
del Estado, se le pidió colaboración para que
gire sus respetables instrucciones a fin de
que se continúe con la integración de la
averiguación previa número 2645/2005/CEN,
iniciada por Marco Abraham Ramírez Cruz,
con motivo de los hechos a que se refiere la
presente recomendación y a la brevedad
determine lo que en derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
17/2006
El 4 de marzo de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja de Silverio Torres Ávila, quien
manifestó que ese mismo día,
aproximadamente a las 11:15 horas, al acudir
al mercado de animales que se ubica en la
población de Tepeaca, estando en el interior
de dicho mercado una camioneta le dio un
golpe en la parte trasera a mi vehículo
camioneta Ram modelo 2001 con placas de
circulación SC77153 del Estado de Puebla, al
bajar a reclamarle al conductor este me
empezó a ofender amenazándome, teniendo
aliento alcohólico, al empezar a juntarse la
gente que esta persona llamó, le pedí a mi
esposa se subiera a la camioneta, por lo que
empecé a realizar diversas llamadas a la
Presidencia Municipal de Tepeaca, solicitando
el apoyo de una patrulla, llegando a las dos
horas una patrulla se Seguridad Vial del

Estado, con número 1650, solicitando mi
licencia, tarjeta de circulación uno de los
elementos, el conductor de la camioneta que
me pegó, les dijo que no tenían nada que
hacer en ese lugar que se largaran porque no
tenían nada que hacer ahí adentro, diciendo
un oficial mejor vámonos porque esto es
propiedad privada y se va a poner duro,
diciéndome mejor ya no diga nada acepté
todo lo que digan, trasladándonos a las
oficinas que se ubican en el edificio de la
Presidencia Municipal, al llegar a dichas
oficinas los elementos de Tránsito Estatal
salían del edificio, diciéndome uno de los
elementos, que Tránsito Municipal se haría
cargo del problema porque ellos les habían
entregado mi documentación, posteriormente
salió el sujeto que horas antes me había
pegado retirándose en su camioneta, motivo
por el cual me entreviste con el encargado de
Tránsito Municipal que dijo llamarse Mario
Alberto Pérez Rivera, persona quién me
contesto un momentito, al ver que había
pasado una hora y no éramos atendidos, le
pedí mis documentos contestándome que su
director no se encontraba presente, por lo
que le pedí un comprobante donde constara
que se les quedaba mis papeles en virtud de
que estaba por dirigirme a la Ciudad de
Puebla, y podrían pararme sin llevar mis
papeles (licencia, tarjeta de circulación)
contestándome hasta que llegue mi Director
porque el ya tiene conocimiento y él es el
que puede resolver el problema, motivo por
el cual me dirigí a la Agencia del Ministerio
Público con la intención de presentar
denuncia por el delito de daño en propiedad
ajena y los que resulte, al entrevistarme y
explicarle el motivo de mi presencia el
Ministerio Público Lic. Enrique Hernández me
contestó que primero arreglara el problema
vial, negándose a recibir mi denuncia.
De las evidencias integradas al expediente,
se desprende que la solicitud, obtención y
retención cuestionadas, son actos que
infringen los derechos fundamentales de
Silverio Torres Ávila, ya que del 4 de marzo
de 2005, al 11 de marzo de 2005, sin motivo
legal, lo privaron de la posesión de su licencia
de conducir y tarjeta de circulación,
documentos indispensables para circular en
su vehículo de acuerdo a los parámetros que
establecen los Reglamentos de Vialidad de los
Municipios que conforman esta Entidad
Federativa, el Reglamento de Vialidad del
Estado y de la normatividad aplicable para
circular en carreteras federales; lo anterior
implica, que forzaron al quejoso, ya sea a no
utilizar su vehículo por 7 días o en su caso a
infringir los ordenamientos señalados, al no
contar con la documentación indicada, lo que
pudo traer como consecuencia, que fuera
infraccionado y con ello causar un detrimento
en su patrimonio, aún cuando en el percance
que dio origen a la retención de sus
documentos, el quejoso fue quien resultó
afectado; aunado a que de actuaciones no se
advierte que con motivo de la retención
cuestionada, le haya expedido un recibo o
constancia sobre la misma. Respecto a los
malos tratos que refiere haber sufrido Silverio
Torres Ávila, este Organismo se abstiene de
realizar pronunciamiento alguno, en atención
a que no existen elementos de convicción
que justifiquen los mismos.
La actuación del Agente del Ministerio Público
Subalterno de Tepeaca, Puebla, infringe los
derechos fundamentales del quejoso, en
virtud de que sin conocimiento de este
último, se ostentó como su mandatario,
intervino en un asunto de interés directo y
exclusivo del quejoso sin su autorización,
requirió a nombre suyo una cantidad de
dinero que no fue entregada al quejoso,
aparentó que el quejoso otorgó el perdón a la
persona que dañó un vehículo de su
propiedad, sin que Silverio Torres Ávila, haya
consentido en ello, es decir, tomo decisiones
que sólo corresponden al quejoso,
vulnerando con ellos sus garantías de
legalidad y sus derechos fundamentales.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 17/2006, dirigida al
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla,
para que se sirva cumplir con los siguientes
puntos:
Gire indicaciones precisas al Contralor
Municipal, a fin de que se inicie
procedimiento administrativo de investigación
en contra del C. Manuel Corzo López, Director
de Seguridad Vial Municipal y agentes de
vialidad, por los actos que derivan del texto
de la presente recomendación y en su caso
determine lo que corresponda.

Gire instrucciones expresas al Director de
Seguridad Vial de ese Municipio, a fin de que
en lo sucesivo sujete su actuar a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan,
evitando retener documentación de los
ciudadanos, sin motivo legal e intervenir en
asuntos ajenos a su competencia.
En lo sucesivo, rinda los informes con
justificación que le sean solicitados por esta
Institución, respecto a actos que se atribuya
al personal que preste un servicio público que
coordine al Ayuntamiento que preside, se
rinda bajo los parámetros señalados y en los
plazos que se concedan al efecto.
Mientras que a la Procuradora General de
Justicia se le pidió el cumplimiento de los
siguientes puntos:
Gire instrucciones precisas al Agente del
Ministerio Público Subalterno adscrito a
Tepeaca, Puebla, para que en lo sucesivo
sujete su actuar a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, y a las leyes
que de ella emanan, evitando intervenir en
asuntos que no sea de su competencia; evite
actuar como mandatario o representante de
los ciudadanos en asuntos ajenos a su labor;
se abstenga de solicitar dinero y la
suscripción de títulos de crédito a los
ciudadanos y evite utilizar el cargo que le fue
conferido con la finalidad de beneficiar a
terceras personas o a él mismo.
Gire indicaciones precisas a la Ciudadana
Agente del Ministerio Público adscrita a la
Agencia Especializada en Anticorrupción, a fin
de que continúe con la integración de la
averiguación previa 128/2005/ DMS-IV/AEA-
V, respecto a los actos que se atribuyen al
Agente Subalterno del Ministerio Público de
Tepeaca, Puebla, en su caso investigue
también la conducta del C. Manuel Corzo
López, Director de Seguridad Vial Municipal
del propio lugar, por las razones expuestas
en la presente recomendación y en su
oportunidad resuelva lo conducente.
Emita circular dirigida a los Agentes del
Ministerios Públicos Subalternos, a fin de
instruirles sobre las atribuciones que la Ley
les confiere, para evitar actos repetitivos que
vulneren los derechos humanos de los
ciudadanos.
Al H. Congreso del Estado, se le pidió
colaboración para que inicie procedimiento
administrativo de investigación contra del
Presidente Municipal de Tepeaca, Puebla, en
virtud de que se abstuvo de rendir el informe
con justificación que reiteradamente le fue
solicitado por este Organismo, sin que
existiera una causa que justifique su omisión.
Por último, también a la Procuradora
General de Justicia del Estado, se le pidió
colaboración para que en atención a que en
los hechos materia de la presente queja,
también se encuentran involucrados agentes
de Seguridad Vial del Estado y que dentro de
la averiguación previa 128/2005/ DMS-
IV/AEA-V, se ha determinado el no ejercicio
de la acción penal, sobre la cual se ha
presentado la inconformidad respectiva,
resulta procedente solicitar atenta
colaboración, a fin de que gire instrucciones
al Director Consultivo y de Estudios
Legislativos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, para que de el trámite
respectivo a dicha inconformidad y en su
caso determine lo procedente, tomando en
consideración los abusos cometidos por los
citados Agentes de Vialidad del Estado y que
fueron señalados en la denuncia presentada
por el quejoso, misma que originó la
indagatoria mencionada.
RECOMENDACIÓN
18/2006
El 23 de enero de 2006, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado recibió la
queja de Alfonso Orta Cortez, quien
manifestó que renta una vivienda en el
municipio de Zapotitlán de Méndez, Pue.,
pero por motivos de trabajo tuvo que
trasladarse un tiempo a esta Ciudad,
quedando a deber algunas pensiones
rentísticas, resultando que el día 13 de enero
del año en curso, le avisaron los vecinos que
el dueño de la vivienda acompañados del
Agente Subalterno del Ministerio Público y
una Regidora del H. ayuntamiento de
Zopotitlán se constituyeron en su domicilio y
cambiaron la chapa de su domicilio.

De las evidencias integradas al expediente,
se desprende que el quejoso Alfonso Orta
Cortez, fue despojado en su posesión y por
ende se le generó un acto de molestia por
parte de la actuación del Agente del
Ministerio Público Subalterno del Municipio de
Zapotitlán de Méndez, Puebla, razón por la
que se concluye que el proceder de la citada
autoridad resulta a todas luces ilegal y
arbitrario, por lo tanto su actuar no solo viola
las garantías consagradas en los Artículos 14,
16 y 17 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, sino también los
Pactos, Convenios, Códigos y Tratados
Internacionales que forman parte en el
ámbito internacional del Sistema Jurídico
Mexicano, establecido en el Artículo 133 de
nuestra Carta Magna antes citada.
De acuerdo con lo anterior, se emitió
la recomendación 18/2006, dirigida a la
Procuradora General de Justicia se le pidió en
primer término, que gire sus respetables
instrucciones al Agente del Ministerio Público
Subalterno de Zapotitlán de Méndez, Puebla,
que en lo sucesivo sujete su actuar a los
lineamientos establecidos en la Constitución
Política de los Estado Unidos Mexicanos y de
las Leyes que de ella emanen, y se abstenga
de cometer actos u omisiones que afecten la
legalidad y seguridad jurídica de los
gobernados y que únicamente ciña su actuar
dentro de las facultades legales que le
confiere el Artículo 30 del Reglamento de la
Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, y sea respetuoso de las
garantías individuales de las personas.
Asimismo, se sirva instruir al Director de
Información, Análisis y Control de la
Conducta Individual de la propia
Procuraduría, con la finalidad de que se inicie
el procedimiento de responsabilidad y en su
caso imponer la sanción que corresponda a
Raymundo Castañeda Luis, en su carácter de
Agente del Ministerio Público Subalterno del
Municipio de Zapotitlán de Méndez, Puebla,
por los hechos a que se refiere la presente
recomendación, y en su momento oportuno
se determine lo que en derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
19/2006
El 21 de noviembre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos, tuvo conocimiento de
actos presumiblemente violatorios a los
derechos fundamentales de Adriana
Steffanoni Vázquez, quien expuso que el día
20 de noviembre de 2005, siendo
aproximadamente las 19:00 horas, me
encontraba circulando en unión de un amigo,
en mi moto, esto en el Zócalo de la Junta
Auxiliar de San Gregorio Atzompa,
perteneciente a Chipilo, Puebla, cuando se
me acercó la Presidente de dicha Junta
Auxiliar de nombre Amalia Berra Merlo, quien
me indicó que con mi moto hacía mucho
ruido, dándome la orden de que me fuera,
por lo que procedí a retirarme del lugar, sin
embargo el día de hoy 21 de noviembre de
2005, por la mañana recibí un citatorio de la
Presidenta de dicho lugar, quien requería mi
presencia para este mismo día a las 20:30
horas en las instalaciones de la Presidencia
Auxiliar, por lo que de forma puntual acudí a
la referida cita, entrevistándome con la Edil
Auxiliar quien me indicó que me aplicaba una
multa de $300.00 pesos por escandalizar en
la vía pública, amenazándome que si no
cubría el monto de la referida multa, me
encerraría en el área de seguridad de la
Presidencia Auxiliar, por lo que ante esta
amenaza me vi obligada a cubrir dicha
cantidad, extendiéndoseme un recibo por
parte de la citada autoridad, en el que se
señala que el dinero que entregué, es por
concepto de donación, situación que no es
cierta.
Atento a lo manifestado por el quejoso, la
Comisión de Derechos Humanos, realizó una
amplia investigación en la que se advierte
que la Presidenta Auxiliar Municipal de Chipilo
de Francisco Javier Mina, Puebla, al imponer
una sanción pecuniaria a la quejosa Adriana
Steffanoni Vázquez, se llevó a cabo sin
instruirle un debido procedimiento
administrativo para tal efecto, lo que se
corrobora con los informes rendidos a este
Organismo por la autoridad antes señalada
como responsable, en el que si bien difiere
respecto de las circunstancias en que
ocurrieron los hechos, también lo es que es
preciso señalar que dicha autoridad admite
haber impuesto a la quejosa una sanción

económica por haber cometido una falta al
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de
San Gregorio Atzompa, expidiéndole un
recibo por concepto de donación y que el
mismo no cubre los requisitos establecidos
para el cobro de una multa por infringir una
disposición de dicho Bando, violando con ello
lo preceptuado por el Artículo 37 del Bando
de Policía y Gobierno del Municipio de San
Gregorio Atzompa, Puebla.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación al Edil de San Gregorio
Atzompa, para que gire sus respetables
órdenes al Contralor Municipal para que en el
ámbito de su competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra de la Presidenta Auxiliar Municipal
de Chipilo de Francisco Javier Mina, Puebla,
por los hechos en que intervino y que son
motivo de la presente recomendación y en su
oportunidad se determine lo que en derecho
proceda.
Mientras que a la Presidenta Auxiliar
Municipal de Chipilo de Francisco Javier Mina,
Puebla, se le pidió en primer término que en
lo sucesivo sujete su actuar a la Constitución
General de la República y a las Leyes que de
ella emanan, de tal forma que cuando los
ciudadanos cometan una infracción al Bando
de Policía y Gobierno de ese lugar, instruya el
procedimiento administrativo correspondiente
que previene la Ley y así evitar abusos de
autoridad y actos arbitrarios. Asimismo, se
instruya a quien corresponda para que le sea
devuelta a Adriana Steffanoni Vázquez, la
cantidad de $1,200.00 (un mil doscientos
pesos 00/100 M.N.), que por concepto de
multa le fue impuesta por una supuesta
infracción al Bando de Policía y Gobierno de
San Gregorio Atzompa, Puebla, al margen de
todo procedimiento administrativo.
RECOMENDACIÓN
20/2006
El 26 de enero de 2006, la Comisión de
Derechos Humanos, tuvo conocimiento de
actos presumiblemente violatorios a los
derechos fundamentales de Benito Alfredo
Quitl Tiro, quien esencialmente reclama la
privación de la libertad personal, detención
sin orden judicial, cobro de multas por
infracciones de las que no se tiene boleta
probatoria, extorsión, maltrato y abuso de
poder, cometidos en su agravio por personal
de la Dirección de Seguridad Pública y
Vialidad del Municipio de San Pedro Cholula,
Puebla.
Atento a lo manifestado por el quejoso, el
Organismo protector de los Derechos
Humanos del Estado, realizó una amplia
investigación en la que se advierte que al no
existir elementos probatorios que justifiquen
la comisión del delito que se atribuye al
quejoso, ni la infracción al Bando de Policía y
Buen Gobierno del Municipio de San Pedro
Cholula, Puebla, no se puede justificar la
legalidad de la detención de que fue objeto
Benito Alfredo Quitl Tiro, en consecuencia se
puede concluir que el perito en turno de la
Dirección de Seguridad Vial Municipal
infringió los derechos fundamentales del aquí
agraviado y abuso del cargo que le fue
conferido, se advierte la omisión de la Juez
Calificador de dar cumplimiento a las
disposiciones legales enunciadas, en virtud de
que arbitrariamente y bajo la influencia de un
servidor público ajeno a sus funciones, como
es el Secretario Particular del Ayuntamiento
de San Pedro Cholula, Puebla, determinó
imponer una multa de $100.00 (cien pesos) a
Benito Alfredo Quitl Tiro, sin que al efecto
instruyera el procedimiento administrativo
que señala el Reglamento de Faltas al Bando
de Policía y Buen Gobierno, lo que implica
que omitió hacer constar el motivo de
detención del agraviado, falta que se le
atribuía, pruebas justificantes de la misma,
facilitarle a Benito Alfredo Quitl Tiro, la
posibilidad de ser escuchado y defenderse, es
decir, que no existió la averiguación sumaria
que previenen los ordenamientos municipales
citados.
La falta de procedimiento administrativo que
justifique la detención de Benito Alfredo Quitl
Tiro, constituye una prueba de los actos
violatorios que en su agravio cometió la Juez
Calificador del Primer Turno de San Pedro
Cholula, Puebla, quien evidentemente omitió
cumplir además, con el imperativo que señala
el Artículo 36 del Reglamento de Faltas de
Policía, de tal forma que no existen
elementos para demostrar que se infringió un
precepto reglamentario y que en todo caso
se dieron los supuestos de hecho que

determinan la aplicabilidad del mismo, lo
único cierto es que se sancionó al aquí
agraviado, sin permitirle ejercitar las
garantías de audiencia y defensa, vulnerando
las de legalidad contenidas en los Artículos 14
y 16 Constitucionales.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación al Edil de San Pedro Cholula,
para que cumpla con los siguientes puntos:
Emita circular dirigida al Director de
Seguridad Vial Municipal y agentes viales
adscritos, para que en lo sucesivo sujeten su
actuar a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y leyes que de ella
emanan, especialmente omitan detener a las
personas sin que se justifique
documentalmente la legalidad de la
detención, asimismo se evite el cobro de
infracciones fuera de los parámetros
establecidos en el Reglamento de Tránsito
del Estado, hasta en tanto se emita, apruebe
y publique el Reglamento de Seguridad Vial
y Tránsito Municipal de ese lugar.
Gire sus instrucciones al Contralor Municipal,
a fin de que inicie procedimiento
administrativo de investigación en contra de
la Licenciada Mónica Hernández Navarro,
Juez Calificador del Primer Turno de ese
Municipio, por los actos y omisiones que se
desprenden del presente documento y en su
oportunidad se determine lo que conforme a
derecho corresponda, realizando tantas y
cuantas diligencias sean necesarias para el
esclarecimiento de los hechos.
Gire sus indicaciones a los Jueces
Calificadores de ese Municipio a fin de que
cuando les sea puesto a su disposición a un
probable infractor al Bando de Policía y Buen
Gobierno del Municipio de San Pedro Cholula,
Puebla, realicen el procedimiento
administrativo que señala el Reglamento de
Faltas de Policía del propio lugar; se
abstengan de imponer multas que no
provengan de una resolución fundada y
motivada; omitan realizar actos que se
encuentren fuera de las atribuciones que les
confiere la Ley y de esa forma se evite
infringir los derechos fundamentales de los
ciudadanos.
Gire instrucciones a quien corresponda, a fin
de que se realice al quejoso, la devolución de
la cantidad de $100.00 (cien pesos) que por
concepto de multa le fueron cobrados, al no
provenir la misma del procedimiento
administrativo que se debió instruir y en
consecuencia de una resolución fundada y
motivada, así como la cantidad de $240.00
(doscientos cuarenta pesos) por haberse
sido cobrada indebidamente, por las razones
ya expresadas.
Promueva y lleve a cabo el proceso
reglamentario para la aprobación y
publicación del Reglamento de Seguridad Vial
y Tránsito Municipal de ese lugar.
Finalmente se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado
para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, a fin de que se inicie
averiguación previa en contra del C. Pedro
Rosas Corral y Gustavo Jurado Rodríguez,
quienes ocupaban los cargo de perito en
turno y oficial 201, ambos adscritos a la
Dirección de Seguridad Vial Municipal, en el
momento en que ocurrieron los hechos, por
los actos y omisiones que se desprenden de
la presente recomendación y en su momento
se determine lo que en derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
21/2006
El 9 de noviembre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos, tuvo conocimiento de
actos presumiblemente violatorios a los
derechos fundamentales de Apolonia
Rodríguez Blas, María Isabel Flores Rodríguez
y María Luz Flores Rodríguez, a través de la
queja que en su favor presentó Marcos Flores
Rodríguez, quien manifestó que el Agente
Subalterno del Ministerio Público de Benito
Juárez, citó a mi madre y dos hermanas para
efecto de llevar a cabo una junta de
conciliación respecto de un pequeño
problema que tuvimos con unas vecinas, pero
después de redactar un acta, les cobró a
cada una $500 pesos, señalando que por
concepto de multa, sin que exista ningún
fundamento legal que le permita al Agente
Subalterno sancionar administrativamente y
mucho menos cobrar multas de este tipo.

Atento a lo manifestado por el quejoso, el
Organismo Protector de los Derechos
Humanos del Estado, realizó una amplia
investigación en la que se advierte que el
Agente Subalterno infringió los derechos
fundamentales de las aquí agraviadas, sin
motivo legal, las intimidó y coaccionó
psicológicamente para que acudieran ante él,
a tratar un asunto ajeno a sus funciones, por
lo que se estima que la conducta desplegada
por el Agente del Ministerio Público
Subalterno de Benito Juárez, infringió lo
dispuesto en los Artículos 27 y 30 de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, en contra de las aquí
agraviadas y en consecuencia a la garantía
consagrada en el Artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Asimismo, se aprecia que los
citatorios que fueron enviados por el Agente
Subalterno del Ministerio Público involucrado,
carecen de fundamentación y motivación, al
no contemplar los preceptos legales que
resultaba aplicables al caso, relacionados
sobre todo con la competencia y facultades
del servidor público involucrado para realizar
tal acto, de tal forma que las agraviadas
fueron molestadas sin motivo legal en su
domicilio y se les hizo acudir a una oficina
pública por una orden de autoridad
incompetente, lo que implica un abuso del
cargo que le fue conferido al Agente
Subalterno involucrado.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación a la Procuradora General de
Justicia del Estado, para que cumpla con los
siguientes puntos:
Gire instrucciones precisas al Agente del
Ministerio Público Subalterno adscrito a la
Junta Auxiliar de Benito Juárez, Municipio de
Los Reyes de Juárez, Puebla, para que en lo
sucesivo sujete su actuar a la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a
las leyes que de ella emanan, evitando
intervenir en asuntos que no sean de su
competencia, intimidar a las personas y
realizar cobros por cualquier concepto,
respetando de esta forma los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Gire indicaciones expresas al Director de
Información, Análisis y Control de la
Conducta Individual de esa Institución, a fin
de que inicie procedimiento administrativo de
investigación en contra del C. Froilan Cerezo
Rosales, Agente del Ministerio Público
Subalterno de la Junta Auxiliar de Benito
Juárez, Municipio de Los Reyes de Juárez,
Puebla, por los actos que se desprenden de
la presente recomendación y en su
oportunidad resuelva lo conducente.
Gire las indicaciones precisas a quien
corresponda, a fin de que se inicie
averiguación previa contra el C. Froilan
Cerezo Rosales, Agente del Ministerio Público
Subalterno de la Junta Auxiliar de Benito
Juárez, Municipio de Los Reyes de Juárez,
Puebla, por los actos que derivan del
presente documento, se realicen tantas y
cuantas diligencias sean necesarias para
esclarecer los hechos y en su momento se
determine lo que conforme a derecho
corresponda.
Emita circular dirigida a los Agentes
del Ministerio Público Subalternos, a fin de
instruirles sobre las atribuciones que la Ley
les confiere, para evitar actos repetitivos que
vulneren los derechos humanos de los
ciudadanos.
RECOMENDACIÓN
22/2006
El 26 de enero de 2006, la Comisión de
Derechos Humanos, tuvo conocimiento de
actos presumiblemente violatorios a los
derechos fundamentales de Epifanio Ramos
Galindo a favor de Juan Ramos Galindo,
manifestando que en el mes de diciembre sin
recordar el día, mi hermano de nombre Juan
Ramos Galindo, fue victima del delito de
lesiones por parte del C. Fernando Cisneros
López quien era policía auxiliar de
Tecuautitlan, esto sucedió fuera del domicilio
de mi hermano, provocándole lesiones que
no ponen en peligro la vida, pero tardan en
sanar mas de 15 y dejan huella, esta persona
fue detenida en esos momentos y lo
trasladaron a la policía auxiliar que se
encuentra en la Presidencia, y ya al otro día
recordando que era domingo fue llevado a la
policía municipal de Piaxtla en donde el
Ministerio Publico Subalterno de Tecuautitlan,
le pidió de favor al Regidor de Gobernación
de Piaxtla de nombre Mariano Hernández, sin

ecordar su segundo apellido lo apoyara a
trasladar al C. Fernando Cisneros López, a
Acatlán de Osorio, que es el distrito judicial,
para ponerlo a disposición del Ministerio
Público y este Regidor le dijo déjamelo aquí y
yo mañana se lo turno al Ministerio Público
de Acatlán, esto fue como a las 19:00 horas
del domingo, y el día lunes este funcionario
me mando avisar con el Comandante de
Tecuautitlan, que presentara a mi hermano el
lesionado, ya que si no lo hacia iba dejar libre
al agresor y debido a que mi hermano estaba
hospitalizado debido a las lesiones que se le
ocasionaron, solo acudí yo, y este de manera
prepotente me dijo que los hechos no fueron
como quedaron asentados en el acta del
Ministerio Público Subalterno, ya que el ya le
había tomado la declaración al inculpado,
diciéndole el de la voz que lo que se había
asentado en esa diligencia del subalterno era
la verdad y este me volvió a decir
prepotentemente antes que el Ministerio
Público, estoy yo como autoridad de Piaxtla,
diciéndole el de la voz que tenía que mandar
al detenido con el Ministerio Público de
Acatlán, respetando lo que el decía, lo cual
no quiso hacer, por lo que acudí a esta
ciudad con el Ministerio Público para hacerle
de conocimiento de estos hechos y este
funcionario mando a traer con oficio al
detenido a Piaxtla, detenido que ya no se
encontraba ya que había sido puesto en
libertad por el Regidor de Gobernación
Piaxtla, de todo esto se inició la averiguación
previa 133/2005 por el delito de lesiones y
amenazas.
Atento a lo manifestado por el quejoso, el
Organismo Protector de los Derechos
Humanos del Estado, realizó una amplia
investigación en la que se advierte que el
Regidor de Gobernación del Municipio de
Piaxtla, Puebla, incurrió en abuso de
autoridad e incumplimiento de un deber al
dejar en libertad sin justificación legal alguna
a Fernando Cisneros López, quien fue
detenido por haber cometido el delito de
lesiones, lo anterior es corroborado con las
declaraciones ante este Organismo por parte
del multicitado Regidor, en donde acepta que
son ciertos los hechos narrados en la queja
de mérito, que el detenido le fue entregado
por el Agente del Ministerio Público
Subalterno de Tecuautitlán, Puebla,
solicitándole el apoyo para trasladar a dicho
detenido a Acatlán de Osorio, Puebla, sin
embargo y de mutuo propio, el Regidor de
Gobernación de Piaxtla, tomó la
determinación de poner en libertad al
detenido Fernando Cisneros López, bajo el
infundado argumento de que por no haber un
arreglo entre las partes y al tener retenido al
sujeto agresor por casi 36 horas para no
violentar sus garantías, procedió a dejarlo en
libertad. En este sentido, se desprende que el
Agente del Ministerio Público Subalterno de
Tecuautitlán, Puebla, solicitó al Regidor de
Gobernación de Piaxtla, lo apoyara con el
traslado del detenido Fernando Cisneros
López, para ponerlo a disposición del Agente
del Ministerio Público de Acatlán de Osorio,
Puebla, en este contexto se hace manifiesta
la actitud indebida con que se condujo el
Agente del Ministerio Público Subalterno, al
omitir cumplir con sus obligaciones
inherentes a su cargo, específicamente
previstas en el Artículo 30 fracción III, del
Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado.
Por lo que en este caso, debió poner al
detenido inmediatamente a disposición de
Ministerio Público, y no dejarlo a disposición
del Regidor de Gobernación del Municipio de
Piaxtla, incumpliendo con sus deberes y
violando con ello las garantías de seguridad
jurídica del agraviado, como son las previstas
por los Artículos 17 y 20 apartado B de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por lo anterior, la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación al Presidente Municipal de
Piaxtla, Puebla, para que en primer término
gire sus instrucciones al Regidor de
Gobernación, para que en lo sucesivo sujete
su actuar a lo previsto en la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a
las Leyes que de ella emanan, con la estricta
obligación de abstenerse de efectuar actos
que la Ley no le permita, atentando en contra
de las Garantías Individuales de los
gobernados, debiendo sustentar su actuar en
el marco jurídico que le corresponda, para así
evitar actos que trasciendan en abusos de
autoridad, e incurra en incumplimiento de sus
deberes. Asimismo, gire sus respetables
órdenes al Contralor Municipal para que en el
ámbito de su competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación

en contra del Regidor de Gobernación, C.
Mariano Hernández Bravo, que intervino en
los hechos motivo de la presente
recomendación y en su oportunidad
determine lo que en derecho proceda.
Por último se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado
para que gire sus respetables instrucciones al
Agente del Ministerio Público Subalterno de
Tecuautitlán, Puebla, que en lo sucesivo
sujete su actuar a los lineamientos
establecidos en la Constitución Política de los
Estado Unidos Mexicanos y de las Leyes que
de ella emanen, y se abstenga de cometer
actos u omisiones que afecten la legalidad y
seguridad jurídica de los gobernados y que
únicamente ciña su actuar dentro de las
facultades legales que le confiere el Artículo
30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, y
sea respetuoso de las garantías individuales
de las personas. Se sirva instruir al Director
de Información, Análisis y Control de la
Conducta Individual de la propia
Procuraduría, con la finalidad de que se inicie
el procedimiento de responsabilidad y en su
caso imponer la sanción que corresponda al
C. Manuel Aquino Aquino, Agente del
Ministerio Público Subalterno de Tecuautitlán,
Puebla, por los hechos a que se refiere la
presente recomendación, y en su momento
oportuno se determine lo que en derecho
proceda.
RECOMENDACIÓN
23/2006
El 20 de mayo de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos tuvo conocimiento de
actos presumiblemente violatorios a los
derechos fundamentales de Felipe Inda
Chavira, Miguel García Aguilar, María del
Carmen Aguilar o María del Carmen García
Alexander y Elvia Mares Vélez, a través de la
queja que vía telefónica presentó a su favor
el C. Juan Flores Rosas, quien expresó que
las personas señaladas habían sido detenidas
por elementos de la Policía Judicial del
Estado.
Atento a lo manifestado por el quejoso, el
Organismo Protector de los Derechos
Humanos del Estado, realizó una amplia
investigación en la que se advierte que la
Agente del Ministerio Público, adscrita a la
Agencia Especializada en Robo de Vehículos y
a Transporte en Carretera, falsea la
información que rinde sobre los hechos, ya
que de acuerdo a las constancias existentes,
allanó junto con los elementos de la Policía
Judicial, el domicilio de Isabel Alexander
Reyes y su esposo Miguel García Aguilar; sí
dirigió a elementos de la Policía Judicial en el
operativo efectuado el 20 de mayo de 2005,
al menos por lo que respecta a la revisión de
vehículos y al inmueble para detectar autos
robados, sí le fue requerida la orden de cateo
por el Licenciado Felipe Inda Chavira,
diciéndole que no contaba con ella, se
percató de la detención de Felipe Inda
Chavira, Miguel García Aguilar, Elvia Marez
Vélez y Sergio López Parra, ya que estas se
suscitaron durante el allanamiento y revisión
mencionadas, ya que a dicho de la Directora
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de
Finanzas y Administración, durante el
desarrollo de la visita domiciliaria que se
practicó a las 17:15 horas del 20 de mayo, no
se detuvo ni se aseguró a ninguna persona,
ni se impuso medidas de apremio; que aún
cuando se le hizo saber, según dicho de
Isabel Alexander Reyes que los elementos
policiacos estaban sustrayendo y
apropiándose de objetos de su casa y de
dinero de su propiedad, lo que implica una
denuncia de esos hechos, no hizo
absolutamente nada, actos y omisiones que
implican un abuso de autoridad, el ejercicio
indebido de su cargo y otros actos que
pueden ser constitutivos de delito, de tal
forma que resulta necesario se proceda a la
investigación de los hechos y en su
oportunidad de determine lo procedente.
Por otra parte, este Organismo considera que
existen elementos suficientes y viables para
concluir que los autores materiales de las
lesiones presentadas por María del Carmen
García Alexander, Elvia Marez Vélez y Sergio
López Parra, fueron los elementos de la
Policía Judicial que realizaron su detención,
es decir, los C. Jairo Eduardo Baena Benítez
Comandante de Policía Judicial, Fernando
Toledo Benítez, agente 592, Petronilo Pedro
Ánimas González, agente 323, Jorge Jiménez
Ramos, agente 329 y especialmente la
versión del C. Valentín Valente Escorcia,
agente 613, así como los CC. Gustavo Castro
Valencia, agente 450 y Manuel Alejandro

González Rodríguez, agente 198, quienes
realizaron la detención de Miguel García
Aguilar según se advierte de las actuaciones
que integran la averiguación previa
432/2005/ERVT.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación a la Procuradora General de
Justicia del Estado, para que cumpla con los
siguientes puntos:
En atención a que Miguel García Aguilar,
presentó denuncia por los actos cometidos en
su agravio, la cual dio origen a la
averiguación previa 3482/2005/SUR/AEA, que
se tramita en la Agencia Especializada en
Anticorrupción, Turno Matutino, resulta
procedente recomendar a la Procuradora
General de Justicia del Estado, gire
indicaciones precisas a la Titular de dicha
agencia, para que continúe con la integración
de la averiguación previa señalada,
realizando tantas y cuantas diligencias sean
necesarias para el esclarecimiento de los
hechos; asimismo, de estimarlo conveniente,
gire indicaciones a dicha servidora pública
para que en la misma indagatoria, se
investigue los actos cometidos en agravio de
Felipe Inda Chavira, Miguel García Aguilar,
María del Carmen García Alexander, Elvia
Mares Vélez y Sergio López Parra, en los
términos expresados, contra los servidores
públicos involucrados, caso contrario, gire
instrucciones para iniciar una averiguación
previa contra la Licenciada Alejandra Elba
Palacios Montesinos, Agente del Ministerio
Público adscrita a la Agencia Especializada en
Robo de Vehículos y a Transporte en
Carreteras, Tercer Turno, contra el C. Jairo
Eduardo Baena Benítez Comandante de
Policía Judicial, Fernando Toledo Benítez,
agente 592, Petronilo Pedro Ánimas
González, agente 323, Jorge Jiménez Ramos,
agente 329, Valentín Valente Escorcia, agente
613, Gustavo Castro Valencia, agente 450,
Manuel Alejandro González Rodríguez y
elementos policiacos que resulten
responsables por los actos señalados en el
presente documento, respecto a los actos
violatorios cometidos en agravio de Felipe
Inda Chavira María del Carmen García
Alexander, Elvia Mares Vélez y Sergio López
Parra.
Gire sus respetables instrucciones al
Ciudadano Director de Información, Análisis y
Control de la Conducta Individual de la
Institución a su digno cargo, a fin de que
inicie procedimiento administrativo de
investigación en contra de la Licenciada
Alejandra Elba Palacios Montesinos, Agente
del Ministerio Público adscrita a la Agencia
Especializada en Robo de Vehículos y a
Transporte en Carreteras, Tercer Turno,
contra el C. Jairo Eduardo Baena Benítez
Comandante de Policía Judicial, Fernando
Toledo Benítez, agente 592, Petronilo Pedro
Ánimas González, agente 323, Jorge Jiménez
Ramos, agente 329, Valentín Valente
Escorcia, agente 613, Gustavo Castro
Valencia, agente 450, Manuel Alejandro
González Rodríguez y elementos policiacos
que resulten responsables por los actos
señalados en la presente recomendación.
Emita circular dirigida a los Agentes del
Ministerio Público y elementos de la Policía
Judicial del Estado, a fin de que sujeten su
actuar a los lineamientos que establece la
Constitución General de la República y los
ordenamientos legales que de ella emanan,
evitando allanar los domicilios de los
ciudadanos; eviten realizar revisiones en los
domicilios de las personas sin contar con
orden de autoridad competente, abstenerse
de detener sin motivo legal y maltratarlas y
lesionarlas.
Al Secretario de Finanzas y Administración del
Estado se le recomendó que emita una
circular dirigida a los servidores públicos que
prestan sus servicios para esa dependencia,
para que en lo sucesivo sujeten su actuar a la
Constitución General de la República y a las
Leyes que de ella emanan, realizando su
actuación con diligencia y eficiencia y eviten
involucrarse en actos que vulneren los
derechos fundamentales de los quejosos.
Por último se pidió colaboración a la
Secretaría de Desarrollo, Evaluación y Control
de la Administración Pública del Estado, para
que inicie procedimiento administrativo de
investigación, en contra del C. Gerardo
Tamerlan Ruiz Malagón, Jefe de
Departamento de la Dirección de Fiscalización
de la Secretaría de Finanzas del Estado, con
el objeto de determinar la responsabilidad en
que incurrió por los actos y omisiones

señaladas en la presente recomendación y en
su caso sancionarla como corresponda.
RECOMENDACIÓN
24/2006
El 3 de marzo de 2006, este Organismo
Protector de los Derechos Fundamentales,
tuvo conocimiento de actos presumiblemente
violatorios a los Derechos Humanos de Josué
Peña Hernández o Josué Peñate Hernández,
quien manifestó que el día martes 28 de
febrero del año en curso, siendo
aproximadamente las 23:30 horas, y después
de haber dejado en su casa a mi novia Yissel
Romero Ramírez, me encontraba caminando
por la calle 16 de septiembre, entre la
Privada de la 16 de septiembre y calle
Morelos, y me dirigía a mi casa, cuyo
domicilio ha sido señalado en mis generales,
cuando vi a una patrulla de la policía
municipal de Cuautlancingo, Puebla, y sólo
sentí que una persona me sujetó del brazo
derecho y me lo torció hacia atrás, cuando
me di cuenta era un policía, le pregunté que
porqué me agredía y sólo me dijo que porque
estaba aventando botellas a los vehículos, lo
cual no es verdad, y me subió a la patrulla de
la policía, sin que me haya percatado del
número, en la que iban a bordo 4 elementos
de la corporación, me trasladaron a la
Presidencia de San Lorenzo Almecatla, y ahí
el señor Erasmo del que ignoro sus apellidos
pero es el Comandante de la policía de San
Lorenzo, me dijo que para que me dejaran
libre me tenía que arreglar con los mismos
policías que me detuvieron, es decir, que les
diera dinero o algún objeto de valor que
llevara conmigo, pero como no les dí nada,
entonces me encerraron en la cárcel, y se
salieron de la comandancia dejándome sólo,
después de media hora aproximadamente
regresaron los mismos 4 policías que me
detuvieron, a quienes no conozco, me
trasladaron a la comandancia de
Cuautlancingo, ahí me bajaron y todavía
alcance a ver a Erasmo a quien le dije que
me ayudara pero me dijo que como no les
había dado nada a los policías en San
Lorenzo, ahora en Cuautlancingo ya no podía
hacer nada, por lo que le solicité a un policía
de que no sé su nombre, que me permitiera
hacer una llamada telefónica para avisarle a
mi familia, y me la negó, por lo que procedió
a encerrarme en la celda toda la noche;
cuando amaneció les pregunté que a qué
hora iba a salir en libertad y me
respondieron que en cuanto llegara el Juez
me iba a entrevistar con él, lo cual nunca
ocurrió, porque siendo aproximadamente las
15:00 horas del 1 de marzo del año en curso,
llegó mi mamá Mari Ruth Hernández
González, quien habló con un Licenciado del
que ignora su nombre, pero le dijo que en
ese momento no estaba el Juez, por tanto
tenía que tratar con él, y le hizo saber que
para que yo saliera en libertad tenía que
pagar una multa de $200.00 pesos o bien
quedarme en la cárcel por 18 horas, y como
solo restaban tres horas y media, mi mamá
optó porque cumpliera con el arresto, y salí
libre de la cárcel de Cuautlancingo a las
18:30 horas del 1 de marzo del año en curso.
Atento a lo anterior, solicito que por conducto
de este Organismo se me informe de qué fui
acusado y el motivo que originó mi
detención, ya que como dije nunca platique
con el Juez Calificador, ni mucho menos tuve
conocimiento de que me iniciaran
procedimiento administrativo alguno.
En atención al relato de los quejosos, la
Institución inició una exhaustiva investigación
que le permitió confirmar que la actuación de
las instituciones policiales deben regirse por
los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez conforme a lo
preceptuado por el Artículo 21 párrafo quinto
de la Constitución General de la República;
principios que dejó de observar el
Comandante de la Policía Municipal de
Cuautlancingo, Puebla, comisionado a la
Junta Auxiliar de San Lorenzo Almecatla,
Puebla, al retener al quejoso por tres horas
con treinta minutos sin mandamiento de
autoridad competente y con ello transgredir
su garantía de seguridad jurídica, atentando
además contra lo dispuesto por el Artículo 50
fracción I de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, al dejar de
cumplir con la máxima diligencia, el servicio
que se les encomendó. Asimismo, al no
existir procedimiento administrativo seguido
en contra de Josué Peña Hernández o Josué
Peñate Hernández; al no existir elementos
probatorios que justifiquen las conductas
atribuidas al aquí agraviado y ante la
negación por omisión de sus garantías de
audiencia y legalidad, se estima que la
retención de 18 horas, ordenada por el C.

Jonny Ramos Pérez, Juez Calificador de
Cuautlancingo, Puebla, es ilegal y arbitraria,
al no provenir de una resolución fundada y
motivada en que se hayan seguido las reglas
establecidas por el Bando de Policía y Buen
Gobierno de Cuautlancingo, Puebla, y en
consecuencia, es irrefutable que se violaron
sus garantías de audiencia y de legalidad
contenidas en los Artículos 14 y 16 de la
Constitución General de la República, al
establecer el primer dispositivo legal, que
nadie puede ser privado de la libertad sino
mediante juicio seguido ante los Tribunales
previamente establecidos en que se cumplan
las formalidades esenciales del procedimiento
y conforme a las leyes expedidas con
anterioridad al hecho; en el mismo orden de
ideas, el segundo precepto legal indica que
nadie puede ser molestado en su persona
sino en virtud de mandamiento escrito de
autoridad competente que funde y motive la
causa legal del procedimiento, lo que
evidentemente no ocurrió en el presente
caso, ante la omisión e ineficiencia de Juez
Calificador de Cuautlancingo, Puebla, quien
prácticamente privó de su libertad al quejoso
de forma ilegal.
Finalmente, en atención a que durante la
investigación de los hechos, no se demuestra
que el Presidente Auxiliar Municipal de San
Lorenzo Almecatla, Puebla, o personal que
colabora en forma directa con él, hayan
participado en los actos cuestionados, de tal
forma que no existen evidencias que
demuestren actos violatorios cometidos por
dichos servidores públicos en contra del
quejoso; ya que como ha quedado
demostrado, los servidores públicos que
intervinieron en la detención y retención de
Josué Peña Hernández o Josué Peñate
Hernández, dependen directamente al
Municipio de Cuautlancingo, Puebla, por tal
motivo esta Institución no realiza
pronunciamiento alguno respecto al personal
que depende de la Junta Auxiliar
mencionada.
El incumplimiento a las funciones propias de
los servidores públicos municipales que
derivó en una violación a los derechos
fundamentales de Josué Peña Hernández o
Josué Peñate Hernández, fue reprobada por
este Organismo, mediante el
pronunciamiento de una recomendación al
Edil de Cuautlancingo, Puebla, para que en
primer término, gire instrucciones precisas al
Contralor Municipal, a fin de que instruya
procedimiento administrativo de
investigación, en contra del C. Erasmo López,
Comandante de la Policía Municipal de
Cuautlancingo, Puebla, comisionado a la
Junta Auxiliar Municipal de San Lorenzo
Almecatla, Puebla, y en contra del C. Jonny
Ramos Pérez, Juez Calificador de ese
Municipio, por los actos y omisiones que
derivan del presente documento, y en su
oportunidad se determine lo que conforme a
derecho corresponda. Gire instrucciones
precisas al C. Erasmo López, Comandante de
la Policía Municipal de Cuautlancingo, Puebla,
comisionado a la Junta Auxiliar de San
Lorenzo Almecatla, Puebla, a fin de que en lo
sucesivo, cuando se detengan a las personas
por la probable comisión de faltas al Bando
de Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Cuautlancingo, Puebla, las ponga a
disposición del Juez Calificador del Municipio
indicado, en forma inmediata y por último,
gire instrucciones precisas al C. Jonny Ramos
Pérez, Juez Calificador de ese Municipio, a fin
de que en lo sucesivo, cumpla con las
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y las Leyes que de ella emanan,
de tal forma que cuando le sea puesto a su
disposición un probable infractor al Bando de
Policía y Buen Gobierno del Municipio de
Cuautlancingo, Puebla, realice el
procedimiento administrativo que señala
dicho Ordenamiento Legal; se abstenga de
imponer arrestos que no provengan de una
resolución fundada y motivada y de esta
forma evite infringir los derechos
fundamentales de los ciudadanos.
Finalmente, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, a fin de que se inicie
averiguación previa en contra del C. Jonny
Ramos Pérez, Juez Calificador del Municipio
de Cuautlancingo, Puebla, por los actos y
omisiones que se desprenden de la presente
recomendación, se realicen las
investigaciones respectivas y en su momento
se determine lo que en derecho proceda.

RECOMENDACIÓN
25/2006
El 16 de marzo de 2006, este Organismo
Protector de los Derechos Fundamentales,
tuvo conocimiento de actos presumiblemente
violatorios a los derechos humanos de
Agustín Gutiérrez Teutle, del menor Carlos
Gutiérrez Xochimitl y Régulo Cuautle Fabián,
a través de la queja que presentó el primero
de los mencionados, quien manifestó que el
día 15 de marzo de 2006, aproximadamente
a las 19:30 horas, cuando conducía el
vehículo Torton marca Kenworth modelo
1994, Placas de circulación 352BW1 del
servicio Público Federal, de su propiedad con
10 millares de ladrillo e iba acompañado de
su menor hijo Carlos Gutiérrez Xochimitl de
10 años de edad y el joven Regulo Cuautle
Fabián como ayudante, cuando circulaba
sobre el Camino Real a Ocotlán en dirección
San Francisco Ocotlán - Coronango, fue
alcanzado por una patrulla tipo pick up
blanco con rojo y verde de la Policía
Municipal de Coronango Puebla, en cuyo
interior iban aproximadamente 5 elementos
de esa corporación (uno manejando y cuatro
en la batea), cuando prendieron la torreta y
le echaron las luces largas, con el objeto de
que se parara, pero debido a que esa zona
esta desolada y han existido robos, por temor
no se paró, por lo que continuó su marcha
aproximadamente un kilómetro mas, siendo
seguido por dicha patrulla que en varias
ocasiones intento rebasarlo, pero debido a
que es un camino de pavimentado y tramos
de terrecería y además existen topes, no lo
pudieron rebasar, por lo que mas adelante se
percataron como otra patrulla venia en
dirección contraria, misma que se paró y se
orilló y de la cual descendieron 2 policías
quienes de inmediato empezaron a realizar
disparos con las armas de fuego que
llevaban, además de la patrulla que los venía
siguiendo los policías se bajaron y también
empezaron a realizar disparos hacia el
vehículo, por lo que el compareciente aceleró
el vehículo pero a la altura de la calle Portes
Gil el vehículo ya no pudo avanzar debido a la
carga y debido a que con los disparos habían
ponchado las 2 llantas delanteras y 3 del lado
del copiloto, por lo que de inmediato fueron
abordados por los policías, quienes de
inmediato realizaron un disparo hacia el
compareciente que provocó que se rompiera
el vidrio de la puerta del conductor y de
inmediato los rociaron con gas lacrimógeno,
para que posteriormente con lujo de violencia
fueran bajados de la cabina, el
compareciente y su acompañante Regulo
Cuautle Fabián en donde aproximadamente
al compareciente 3 policías lo golpearon en
diferentes partes del cuerpo y después lo
esposaron y a su acompañante únicamente lo
esposaron y amenazaron diciéndole que si
hacía algo lo mataban, y por lo que respecta
a su menor hijo lo dejaron en la cabina, lugar
en que permaneció todo el tiempo,
procediendo los policías a subirlos a la
patrulla y golpear al declarante durante el
trayecto a la Presidencia Municipal en donde
fueron internados en la cárcel de la Policía
Municipal aproximadamente a las 19:45
horas, en donde el compareciente y su
acompañante permaneció privado de su
libertad por 2 horas, pero debido a que sufre
de diabetes y se puso mal y su familia ya
había sido enterada del problema, se
encontraban en las instalaciones de la
Presidencia el Comandante de la policía
municipal los sacó y dejo libre a su
acompañante y al compareciente en unión de
un hermano del declarante de nombre Héctor
Gutiérrez Teutle lo trasladó al Hospital
UPAEP, en donde fue internado y recibió la
atención médica correspondiente siendo dado
de alta a las 02:30 horas del día de hoy 16 de
marzo de 2006. Deseando agregar que su
esposa de nombre Leonor Xochimitl Chichia
enterada de la agresión de que fue objeto el
compareciente y su menor hijo y ante la
omisión de ser informada del motivo del
abuso de autoridad y la privación de la
libertad personal, acudió ante el Agente del
Ministerio Público de Cholula y presentó
denuncia misma que se radicó con el número
632/2006/CHO en la Primera Mesa de
Trámite. Que cuando salió el compareciente
ya no había ninguna autoridad que le
impidiera su salida, por lo que se dirigió a la
Presidencia Municipal de Coronango, Puebla
en donde llegó aproximadamente a las 03:30
horas del día de hoy y ya se encontró con su
esposa y el abogado que ella había
contratado, por lo que se retiró del lugar y
fue informado posteriormente que un
Regidor, el Síndico Municipal y el Agente
Subalterno del Ministerio Público de
Coronango, Puebla, insistieron en que retirara
la denuncia, lo que desde luego su esposa no

aceptó, además, el vehículo presenta
diversos impactos en la carrocería.
En atención al relato del quejoso, la
Institución inició una exhaustiva investigación
que le permitió confirmar que si la detención
fue llevada a cabo por una autoridad, como
es la Policía Municipal de Coronango, Puebla,
por la supuesta comisión de un acto delictivo,
si hubiera sido cierto tal acto, necesariamente
debieron poner al C. Agustín Gutiérrez Teutle,
a disposición del Ministerio Público, que en
términos de lo preceptuado por el diverso 21
del Ordenamiento Legal invocado,
corresponde la investigación y persecución de
los delitos, contrario a lo anterior, decidieron
ingresar a los aquí agraviados en un área de
seguridad sin que de las constancias que
obran en actuaciones se desprenda que haya
efectuado algún acto posterior, con la
finalidad de cumplir con lo establecido en el
precitado Artículo 16 Constitucional, lo que
implica que de cualquier forma infringieron la
Ley. Asimismo, se reitera la ilegalidad de la
retención de que fue objeto Agustín Gutiérrez
Teutle y Regulo Cuautle Fabián y por tanto la
violación a sus garantías individuales, de tal
forma que tal acto también debe ser
investigado y sancionado como legalmente
corresponde, ya que se estima que el
Comandante de la Policía Municipal de
Coronango, Puebla, C. Hilario Macuil Flores,
abusó del cargo conferido, al ordenar la
retención de los aquí agraviados sin mandato
de autoridad competente, privándolos
ilegalmente de su libertad y con ello infringió
sus garantías de seguridad jurídica
contenidas en los Artículos 14 y 16
Constitucionales.
Por otra parte, se puede asegurar que las
lesiones inferidas al señor Agustín Gutiérrez
Teutle, implican un abuso por parte de los
elementos policiacos de nombres Hilario
Macuitl Flores, Nicolás Amastal Cordero,
Bernardino Tlaxcaltecatl y Fidencio
Coyotecatl, Benjamín Flores, Rodrigo Flores y
Abel Pérez Martínez, que intervinieron en la
detención del agraviado, al hacer uso de
fuerza innecesaria, maltratar, golpear y
lesionar al C. Agustín Gutiérrez Teutle,
atentando así, en contra de sus garantías de
seguridad jurídica. Los maltratos inferidos a
Régulo Cuautle Fabián y el menor Carlos
Gutiérrez Xochimitl, son reprochables, pues
como se dijo, ninguno de ellos cometió
ninguna falta administrativa o cometió algún
delito, de tal forma que no existía motivo
fundado para maltratarlos de la forma en que
lo hicieron, razón por la cual la conducta de
los elementos policiacos debe ser investigada
y en su caso sancionada como legalmente
corresponde.
Por último es importante mencionar que se
estima que la conducta asumida por los C.
Hilario Macuitl Flores, Nicolás Amastal
Cordero, Bernardino Tlaxcaltecatl y Fidencio
Coyotecatl, Benjamín Flores, Rodrigo Flores y
Abel Pérez Martínez, servidores públicos
involucrados en la detención, retención,
malos tratos, lesiones, golpes en agravio de
Agustín Gutiérrez Teutle, daño en propiedad
del quejoso o de la persona que resulte
propietaria del vehículo dañado; detención,
retención y malos tratos en agravio de
Régulo Cuautle Fabián y malos tratos en
agravio del menor de 10 años, Carlos
Gutiérrez Xochimitl, encuadra en la hipótesis
prevista por el Artículo 419 del Código de
Defensa Social del Estado, que establece:
“Comete el delito de abuso de autoridad o
incumplimiento de un deber legal el servidor
público, en los casos siguientes: II.- Cuando,
ejerciendo sus funciones o con motivo de
ellas, hiciere violencia a una persona sin
causa legítima o la vejare o la insultare; …
IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto
arbitrario y atentatorio a los derechos
garantizados en la Constitución Política de la
República o del Estado, o contra el libre
ejercicio del sufragio público.
El incumplimiento a las funciones propias de
los servidores públicos municipales que
derivó en una violación a los derechos
fundamentales de Agustín Gutiérrez Teutle;
del menor Carlos Gutiérrez Xochimitl y Regulo
Cuautle Fabián, fue reprobada por este
Organismo, mediante el pronunciamiento de
una recomendación al Edil de Coronango,
Puebla, para que en primer término gire sus
respetables instrucciones al Contralor
Municipal, para que inicie procedimiento
administrativo de investigación en contra de
los CC. Hilario Macuitl Flores, Nicolás Amastal
Cordero, Bernardino Tlaxcaltecatl y Fidencio
Coyotecatl, Benjamín Flores, Rodrigo Flores y
Abel Pérez Martínez, elementos de la Policía
Municipal de ese lugar, por los actos y

omisiones a que se refiere esta
recomendación y en su momento se
determine lo que conforme a derecho
proceda. Asimismo, instruya a los elementos
policiacos involucrados y a los que formen
parte del cuerpo de seguridad pública de esa
circunscripción territorial, a fin de que en lo
sucesivo sujeten su actuar a la Constitución
General de la República y a la Leyes que de
ella emanan, debiendo abstenerse de
detener, retener, maltratar, lesionar a los
ciudadanos, sin motivo legal y eviten
además, causar daños en las propiedades,
bienes y posesiones de dichos ciudadanos,
pero sobre todos se abstengan de maltratar a
los menores de edad, física y
psicológicamente.
Finalmente, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda y se realicen las
investigaciones correspondientes, incluyendo
la investigación respecto a la detención
cometida en agravio de Régulo Cuautle
Fabián y los abusos cometidos en agravio del
menor Carlos Gutiérrez Xochimitl, realizando
tantas y cuantas diligencias sean necesarias
para el esclarecimiento de los hechos y en su
momento se determine lo que conforme a
derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
26/2006
El día 7 de febrero del año en curso, un
Visitador de esta Institución Pública
tuteladora de las garantías individuales,
recibió la queja formulada por Leopoldo
Porras Rugerio, quien manifestó que el día 27
de enero del año en curso, aproximadamente
a las 11:00 horas cuando acudió en unión de
sus esposa Concepción Maya Balderrama, a
las oficinas de Finanzas de Libres, Puebla a
realizar el trámite de canje de placas y pago
de tenencia, antes de entrar a dichas oficinas
acudió a los baños que se encuentran en el
Auditorio Municipal y como no había nadie en
la entrada ingresó a los baños de hombres y
su esposa al de mujeres, percatándose el de
la voz que dichos baños se encontraban
exageradamente sucios y con un mal olor
insoportable ya que no existía ningún tipo de
aseo, por lo que de inmediato salió, sin hacer
uso de ellos y estando ya afuera una persona
del sexo masculino de aproximadamente 25
años le indicó “son tres pesos”, por lo que el
de la voz se indigno y le dijo “que como era
posible que cobrara si esos baños estaban
asquerosos y ni siquiera había hecho uso de
ellos, que eso era una ratería”, ante esta
situación esta persona de inmediato llamo a
un policía, quien de inmediato se acercó y le
indicó que lo acompañara a la comandancia,
en donde el encargado de los baños indicó a
los policías que el de la voz había dicho que
todos los del Ayuntamiento eran una ratería,
lo que desde luego es falso, ya que el de la
voz se refería al cobro de los baños, por lo
que en la Comandancia dieron instrucciones
de que lo llevaran al cubil (celda preventiva),
en donde lo ingresaron de inmediato y
nuevamente se percató que dichas
instalaciones, además de ser
exageradamente oscuras ya que tardó en
acostumbrarse a la oscuridad, por no existir
ningún tipo de iluminación natural u artificial,
y no tener ventilación alguna, existe un olor
insoportable, debido a la falta de aseo,
además de que dentro de la misma existe un
baño exageradamente sucio y unas cobijas
ahí tiradas asquerosas, que afortunadamente
a las 13:20 horas de ese mismo día obtuvo
su libertad gracias al apoyo de un conocido
de nombre Raúl Huerta, sin que en ningún
momento hayan iniciado procedimiento
administrativo alguno o hecho saber el
motivo de su detención, solicitando que por
parte de esta Comisión se supervise tanto las
condiciones insalubres y el estado de los
baños públicos del Auditorio de la Presidencia
Municipal de Libres, Puebla, así como el del
“cubil” o celda preventiva que se encuentra
en la parte superior de la celda preventiva.
En virtud que los hechos referidos por el
quejoso hacían presumir fragantes
violaciones a sus garantías individuales la
Institución realizó una investigación
exhaustiva y comprobó que Leopoldo Porras
Rugerio, fue detenido y retenido por espacio
de 3 horas, sin que mediara orden de
autoridad competente, sin que existiera
pronunciamiento por parte de la Autoridad
Calificadora sobre la legalidad o ilegalidad de
la detención, en que se justificara legalmente
la retención de 3 horas, aunado a que se le
negó el derecho de optar por pagar una
multa y así evitar ser retenido en el área de
seguridad de la Comandancia de la Policía

Municipal de Libres, Puebla, es decir, la
actuación del Regidor de Gobernación en
funciones de Juez Calificador hizo nugatorias
para Leopoldo Porras Rugerio, las
prerrogativas contenidas en el Bando de
Policía y Buen Gobierno de Libres, Puebla,
especialmente en lo previsto por los Artículos
27, 28 y 29 del citado Ordenamiento, que
obliga al Juez Calificador a realizar una
averiguación sumaria a fin de comprobar la
falta cometida, concediendo en todo caso al
detenido las garantías de audiencia y
defensa, para posteriormente emitir una
resolución en que se determinara la
responsabilidad o no sobre la infracción
atribuida.
Por otra parte, se estima que el cobro de
$1.50 (un peso con cincuenta pesos) que a
dicho del Regidor de Gobernación de Libres,
Puebla, fue autorizado por el Municipio, no
generan un lucro, pues tal cantidad se
destina al mantenimiento de los sanitarios, de
tal forma que el uso o no de los mismos,
queda a discreción de los ciudadanos; lo
verdaderamente reprochable sería que estos
estuvieran sucios y en condiciones
deplorables, sin embargo, como se dijo
anteriormente, no existen evidencias que
justifiquen tal extremo, de tal forma que este
Organismo se abstiene de realizar
pronunciamiento alguno en ese aspecto.
Asimismo, cabe mencionar que las personas
que son arrestadas cometieron una infracción
administrativa, la sanción consiste
precisamente en el hecho de ver restringido
su derecho fundamental a la libertad, pero no
deben ser objeto de tratos degradantes, se
debe respetar su dignidad y sus derechos
humanos, pues toda sanción tiene como
objetivo intrínseco, el hecho de tratar de
corregir una conducta irregular, pero esto no
será posible si las personas sujetas a los
arrestos, son inmersas en un ambiente
insalubre y sucio que atenta contra la
dignidad de las personas.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo mediante la emisión de una
recomendación al Edil del Municipio de
Libres, Puebla para que en primer término,
instruya al C. Raúl Huerta Ávila, Regidor de
Gobernación, a quien delegó la función de
calificar y sancionar infracciones
administrativas en términos de los previsto
por el Artículo 250 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado, que en lo sucesivo
sujete su actuar a los lineamientos
establecidos en la Constitución y las leyes
que de ella emanan, y en todos los casos en
que sea puesta a su disposición a probables
infractores al Bando de Policía y Buen
Gobierno de esa circunscripción territorial,
instruya procedimiento administrativo bajo
los lineamientos establecidos en dicho Bando,
absteniéndose de ordenar la retención ilegal
de los ciudadanos. Asimismo, a la brevedad
gire las instrucciones necesarias a quien
corresponda, a fin de que el área de
seguridad de la Comandancia de la Policía
Municipal que se utiliza para mantener
arrestadas a las personas que son
sancionadas por infracciones administrativas,
es decir, el área donde fue ingresado el
quejoso el día 27 de enero de 2006, sea
provista de luz artificial, se realicen las
adecuaciones necesarias para que el sanitario
que se encuentra en dicha área cuente con
privacidad, se realice lo necesario para las
personas que tengan que permanecer en ese
lugar durante la noche, al menos puedan
disponer de un lugar adecuado para dormir
modestamente y cobijarse.
En vía de colaboración, la Institución
pidió al H. Congreso del Estado que inicie
procedimiento administrativo de
investigación, en contra del Regidor de
Gobernación del Municipio de Libres, Puebla,
por los actos y omisiones que se desprenden
de la presente recomendación, realice las
investigaciones correspondientes y en su
oportunidad determine lo que conforme a
derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
27/2006
Maximino Vázquez Martínez acudió ante la
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
el 13 de marzo de 2006, a efecto de formular
denuncia por actos presumiblemente
violatorios a sus garantías, pues señaló que
el 17 de octubre de 2006, en mi carácter de
Delegado de la Ruta 8, razón social
Bugambilias - Paseo Bravo, presenté un
escrito dirigido al Licenciado Rómulo
Arredondo Gutiérrez, Secretario de
Comunicaciones y Transportes del Estado,
como lo justifico con la copia simple con sello

original que en este momento exhibo y que
solicito previo cotejo me sea devuelta por
serme necesaria para otros trámites, sin
embargo hasta la fecha no se me ha dado
respuesta por escrito, por lo que, el 23 de
febrero del presente año, presenté otro
escrito dirigido al Secretario de
Comunicaciones y Transportes en el que
solicito respuesta, como lo justifico con la
copia simple con sello original que este
momento exhibo y que solicito previo cotejo
me sea devuelta por serme necesaria para
otros trámites, e igualmente no se me ha
dado respuesta por escrito.
En atención al relato del quejoso, la
Institución inició una exhaustiva investigación
que le permitió confirmar que si bien es
cierto el quejoso Maximino Vázquez Martínez,
ha recibido contestación a su escrito de 14 de
octubre de 2005, según se advierte de lo
narrado con antelación, también lo es que
dicha respuesta se da en 4 meses y 25 días
hábiles, por lo que el acto u omisión se dio
en los términos expresados por el quejoso,
en no haber observado su petición en un
término de 8 días hábiles, tal y como lo
preceptúa el Artículo 138 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla.
El incumplimiento a las funciones propias del
funcionario estatal, que derivó en una
violación a los derechos fundamentales de
Maximino Vázquez Martínez, fue reprobada
por la Institución mediante el
pronunciamiento de una recomendación al
Secretario de Comunicaciones y Transportes
del Estado, para que en lo sucesivo a petición
de todo individuo, a la brevedad se sirva
observar la garantía que otorga el Artículo 8°
de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el diverso
138 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Puebla, a efecto de no
vulnerar los derechos humanos de los
gobernados.
RECOMENDACIÓN
28/2006
El 26 de diciembre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado recibió la
queja de Magdalena Marcelina Tepech
Galupila, quien manifestó que el día de hoy
26 de diciembre del año en curso
aproximadamente a las 17:42 horas iba
circulando por el Boulevar Carmen Serdán y a
la altura del Puente de San Felipe la Patrulla
T415 con placas de circulación TTM9134 del
Estado de Puebla, me indicó que me
detuviera a lo que accedí acercándose a mi
vehículo un elemento de Tránsito Municipal
uniformado, pidiéndome mis documentos
como son licencia, tarjeta de circulación por
lo que procedí a extraer de mi cartera la
licencia pero por una equivocación extraje la
licencia de conducir de mi esposo y la
entregué al elemento de tránsito que me la
requirió y al percatarse que no era mi licencia
se enojo diciéndome que me estaba burlando
por lo que le ofrecí disculpas y le entregué mi
licencia de conducir negándose a recibirla,
diciéndome que me iba a infraccionar como si
no la trajera a lo que respondí que si la traía
que me la recibiera a lo que se negó, a lo que
respondió que me iba a salir cara la
infracción que mejor nos arregláramos
pidiéndome la cantidad de 500 pesos, a lo
que le referí que no traía dinero puesto que
ya había realizado mis compras, indicándome
entonces con prepotencia, burlonamente que
me dijo que iba a detener la unidad y que lo
siguiera al llegar al corralón le dije que iba a
pagar la infracción negándose a entregarme
la boleta de infracción y haciendo tiempo
para que cerraran la caja y no pudiera
pagarla de forma deliberada, quiero agregar
que los hechos antes narrados fueron
presenciados por el señor Margarito Alvarado
Flores, corresponsal del Televisa Radio XEW
(programa de radio los amos del camino) y el
señor Antonio Salazar Rodríguez, los que
fueron amenazados con meterlos a la cárcel
por obstruir su trabajo por este mismo
elemento quien se negó a proporcionar su
nombre, considero que se violan mis
derechos humanos pues el Reglamento de
Tránsito establece, que para garantizar la
infracción puede ser con los documentos de
vehículo o con la placa del vehículo, pero no
precisamente con mi unidad, siendo evidente
que la conducta del citado servidor público
fue en represalia por no acceder a entregarle
la cantidad de 500 pesos que me solicitó.
De las evidencias integradas al expediente,
se desprende que la quejosa Magdalena
Marcelina Tepech Galupila, fue afectada al
retenerle el vehículo que conducía, por parte

de la autoridad señalada como responsable, y
por ende se le generó un acto de molestia
por parte de la actuación del personal que
intervino en los hechos motivo de la queja,
dependientes de la Secretaría de Seguridad
Pública y Tránsito Municipal del H.
Ayuntamiento de Puebla, razón por la que se
concluye que el proceder de la citada
autoridad resulta a todas luces ilegal y
arbitrario, en atención a los razonamientos
vertidos en la presente recomendación, por lo
tanto su actuar viola no solo las garantías
consagradas en los Artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sino también los Pactos,
Convenios, Códigos y Tratados
Internacionales que forman parte en el
ámbito internacional del Sistema Jurídico
Mexicano, establecido en el Artículo 133 de
nuestra Carta Magna antes citada, mismos
que se encuentran enunciados en el capítulo
de observaciones, como lo son la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que en
su articulado prescribe que todo individuo
tiene derecho a la vida, a la libertad y a la
seguridad de su persona, así como también la
Declaración Americana de los Derechos y
Deberes del Hombre, que prevé que todo ser
humano tiene derecho a la vida, a la libertad,
a la integridad de su persona y la Convención
Americana sobre los Derechos Humanos,
manifestando que toda persona tiene
derecho a que se respete su integridad física,
psíquica y moral.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 28/2006, dirigida al
Presidente Municipal de Puebla, para que se
sirva cumplir con los siguientes puntos:
Gire sus instrucciones al Secretario de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal para
que este a su vez emita una circular a fin de
que todos los elementos a su cargo, en lo
sucesivo sujeten su actuar a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan,
con la estricta obligación de abstenerse de
efectuar actos que la Ley no les permita,
atentando en contra de las Garantías
Individuales de los gobernados, debiendo
sustentar su actuar en el marco jurídico que
les corresponda, para así evitar actos que
trasciendan en abusos de autoridad, e
incurran en incumplimiento de sus deberes.
Gire sus respetables órdenes al Contralor
Municipal para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra de Mario César Téllez López,
comandante 599 y Oscar Rojas Tirado,
agente 539, respectivamente, que
intervinieron en los hechos que dieron origen
a la presente recomendación, y en su
oportunidad determine lo que en derecho
proceda.
A la Procuradora General de Justicia
del Estado, se le pidió colaboración para que
gire sus instrucciones a quien corresponda, a
fin de que inicie averiguación previa por los
hechos a que se refiere la presente
recomendación, en contra de los servidores
públicos involucrados, se realicen las
investigaciones correspondientes y en su
momento se determine lo que conforme a
derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
29/2006
El 23 de febrero de 2006, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja de Antonio Sandoval Sandoval, quien
en este acto presenta escrito constante de 6
fojas útiles en su anverso de las que se
narran los actos materia de queja que hace
valer los CC. Arturo Castolo González y/o
José Arturo Castolo González; Filemón
Martínez Chávez; Guillermina Nava Leyva;
Martina Flores García; Arturo Ponce Ortiz;
Mario Antonio Rocha Jiménez; Gilberto
Madrid Ibarra; Receba Torres Camacho;
Rosalía Meza López; Neftali Ponce Ortiz y
Teresa Romero Campos, en contra del
Presidente Municipal Constitucional de
Acatzingo de Hidalgo, Puebla, así como
diversos funcionarios del propio
Ayuntamiento por la negativa al derecho de
petición en los escritos presentados el día 13
de julio de 2005, recibido según se
desprende del sello de acuse de la Secretaría
General del Ayuntamiento con la misma
fecha; así como del escrito de fecha 13 de
enero del año que transcurre, recibido según
se desprende del sello de acuse de la
Secretaría General del Ayuntamiento con la
misma fecha; quien sin justificación alguna
ha omitido dar la respectiva contestación a la

petición hecha valer por los comerciantes
enunciados con antelación, consistente en
que dichas autoridades procedan a la entrega
física de los locales que les fueron asignados.
De las evidencias integradas al expediente,
se desprende que en efecto, el C. Antonio
Sandoval Sandoval, en representación de los
agraviados, presentó queja por escrito en
contra del Presidente Municipal Constitucional
de Acatzingo, Puebla, la que hizo consistir
esencialmente en la violación al derecho de
petición, por la negativa de dar contestación
a los escritos de 13 de julio de 2005, y 13 de
enero de 2006, mismos que como consta en
autos fueron admitidos en esas mismas
fechas, según sello fechador de recibido por
la Secretaría General del Ayuntamiento en
cita, siendo el caso que hasta la fecha en que
se actúa no se ha recibido respuesta a los
escritos de referencia.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 29/2006, dirigida al
Presidente Municipal de Acatzingo, Puebla,
para que a la brevedad se sirva observar la
garantía que otorga el Artículo 8° de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el diverso 138 de
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, debiendo dar
contestación a los escritos de 13 de julio de
2005, y 13 de enero de 2006, suscritos por
los quejosos, a efecto de no vulnerar sus
derechos humanos.
Al H. Congreso del Estado, se le pidió
colaboración para que inicie el
correspondiente procedimiento administrativo
correctivo al Presidente Municipal
Constitucional de Acatzingo, Puebla, por la
actitud omisa de rendir a esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado, el informe
con justificación que le fue solicitado y en su
oportunidad se le impongan las sanciones
correspondientes.
RECOMENDACIÓN
30/2006
El 1 Diciembre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja formulada por Rigoberto Gil Matías
Matías quien manifestó que el 28 de
noviembre de 2005, aproximadamente a las
18:00 horas, en Altepexi, Puebla, su esposa
fue golpeada por la C. Teresa López Aparicio,
quien es cónyuge de su hermano, motivo por
el cual decidió el quejoso junto con su esposa
denunciar los hechos ocurridos ante las
autoridades, siendo el caso que cuando se
dirigían a la comandancia de la población
antes mencionada, fueron interceptados por
una camioneta de la Policía Municipal de
Altepexi, Puebla, misma que era tripulada por
cuatro elementos, indicándole uno de ellos
que se lo iban a llevar detenido, porque había
golpeado a su cuñada, ya que ésta había
llamado a la comandancia, contestándole el
quejoso que no era cierto, que la que había
tenido un altercado con la C. Teresa López
Aparicio era su esposa y no él, contestándole
que se subiera a la unidad para que lo
arreglaran en la comandancia, indicación que
obedeció, llegando a dicho lugar lo
ingresaron al área de seguridad y al ir
caminando hacia la celda, preguntó el porqué
lo encerraban si antes le dijeron que todo se
aclararía en ese lugar, contestando uno de
los elementos que lo meterían a la cárcel por
golpear a la Doctora Teresa López Aparicio,
dándole un puñetazo en la cara, jalándolo de
los cabellos, y tirándolo al suelo, golpeándolo
con patadas en diversas partes del cuerpo,
pidiendo que lo dejaran de agredir, y una vez
que fue golpeado lo metieron a una celda, al
día siguiente 29 de noviembre de 2005, como
la celda colinda con el estacionamiento de la
Presidencia de Altepexi, Puebla, se percató
que el Presidente Municipal iba a abordar su
automóvil, por lo que le gritó llamándole y
éste lo atendió, de esa manera Rigoberto Gil
Matías Matías le explicó su problema,
escuchándolo atentamente, en ese momento
hizo acto de presencia el Agente del
Ministerio Público Subalterno de Altepexi,
Puebla, y el citado Presidente Municipal le
preguntó porqué estaba detenido el quejoso,
contestando dicho agente que había
golpeado a su sobrina y que lo dejaría salir
hasta que transcurrieran 24 horas,
retirándose el Presidente y el Agente del
Ministerio Público Subalterno, finalmente
aproximadamente a las 18:30 horas de ese
mismo día, un elemento de la Policía le
indicó que saliera de su celda, porque había
llegado la persona con la que se iba a carear,
que era la Doctora Teresa López Aparicio,
con quien después de platicar se llegó a un
acuerdo, firmándose un acta convenio de

mutuo respeto, por Teresa López Aparicio, su
esposo, Rigoberto Gil Matías Matías y la
cónyuge de éste, permitiéndole al quejoso
salir del lugar, no sin antes pagar una multa
por la cantidad de cien pesos.
De las evidencias integradas al expediente se
desprende que el quejoso Rigoberto Gil
Matías Matías, fue detenido ilegalmente y por
ende privado de su libertad, generándole un
acto de molestia por parte de la actuación del
Agente del Ministerio Público Subalterno del
Municipio de Altepexi, Puebla, razón por la
que se llega a concluir que el proceder de la
citada autoridad resulta a todas luces ilegal y
arbitrario, en atención a las consideraciones
vertidas en la presente recomendación, por lo
tanto el actuar del Agente del Ministerio
Público Subalterno, no solo viola las garantías
consagradas en los Artículos 14, 16 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, sino también los Pactos,
Convenios, Códigos y Tratados
Internacionales que forman parte en el
ámbito internacional del Sistema Jurídico
Mexicano, establecido en el Artículo 133 de
nuestra Carta Magna antes citada, y que se
ha hecho mención en el capítulo
correspondiente, incurriendo dicho Agente
del Ministerio Público Subalterno de Altepexi,
Puebla, en un exceso en sus funciones,
pudiendo traducirse en un abuso de
autoridad, ya que su conducta puede ser
cuestionada y en su caso, sancionada como
lo prevé la Ley, al estimarse que la misma
encuadra dentro de la hipótesis del Artículo
419 del Código de Defensa Social del Estado,
que establece: “Comete el delito de abuso de
autoridad o incumplimiento de un deber legal
el servidor público, en los casos siguientes: …
X.- Cuando teniendo conocimiento de una
privación ilegal de la libertad, no la denuncia
a la Autoridad competente o no la haga
cesar, si estuviere en sus atribuciones”.
Respecto a la afirmación de Rigoberto Gil
Matías Matías, en cuanto a que tuvo que
pagar una multa por la cantidad de cien
pesos para obtener su libertad, este
Organismo Protector de los Derechos
Humanos, se pronuncia a efecto de que se
reintegre la cantidad antes descrita al
quejoso, en virtud que en autos consta la
certificación de 14 de diciembre de 2005,
realizada por un Visitador de esta Comisión
de Derechos Humanos del Estado, en donde
por declaración vía telefónica del C.
Martiniano López Rojas, Agente del Ministerio
Público Subalterno de Altepexi, Puebla,
aceptó que previo pago de cien pesos en la
Tesorería del Municipio, se dejó en libertad a
dicho quejoso, razón por la cual se debe
restituir el menoscabo recibido en su
patrimonio.
En esas condiciones, la Comisión de Derechos
Humanos, se manifestó a través de una
recomendación al Presidente Municipal de
Altepexi, Puebla, para que se sirva cumplir
con los siguientes puntos:
Sujete su actuar a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan,
con la estricta obligación de abstenerse de
consentir actos ilegales que traigan como
consecuencia la privación de la libertad de las
personas, atentando en contra de las
Garantías Individuales de los gobernados,
debiendo sustentar su actuar en el marco
jurídico que les corresponda, para así evitar
actos que trasciendan en abusos de
autoridad e incurra en incumplimiento de sus
deberes.
Gire sus respetables órdenes al Contralor
Municipal para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra del Regidor de Gobernación,
Comandante y Elementos de la Policía
Municipal que intervinieron en la detención y
privación de la libertad de Rigoberto Gil
Matías Matías, y en su oportunidad determine
lo que en derecho proceda.
Instruya a quien corresponda, a que le sea
devuelta la cantidad de cien pesos que
Rigoberto Gil Matías Matías tuvo la necesidad
de pagar para obtener su libertad, y con ello
restituir el menoscabo económico sufrido en
su patrimonio.
Asimismo, a la Procuradora General de
Justicia del Estado, se le recomendó lo
siguiente:
Se sirva instruir al Agente del Ministerio
Público Subalterno del Municipio de Altepexi,
Puebla, que en lo sucesivo sujete su actuar a
los lineamientos establecidos en la

Constitución Política de los Estado Unidos
Mexicanos y de las Leyes que de ella
emanen, y se abstenga de cometer actos u
omisiones que afecten la legalidad y
seguridad jurídica de los gobernados y que
únicamente ciña su actuar dentro de las
facultades legales que le confiere el Artículo
30 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Estado, y
sea respetuoso de las garantías individuales
de las personas.
Tomando en consideración que los actos que
derivan del presente documento pueden ser
constitutivos de delito, resulta procedente
solicitarle su atenta colaboración para que
gire sus instrucciones a quien corresponda, a
fin de que se inicie averiguación previa en
contra de los servidores públicos
involucrados, en los hechos a que se refiere
el presente documento, se realicen las
investigaciones correspondientes y en su
momento se determine lo que conforme a
derecho corresponda.
Instruya al Director de Información,
Análisis y Control de la Conducta Individual
de la Institución a su digno cargo, para que
inicie el procedimiento de responsabilidad y
en su caso imponer la sanción que
corresponda en contra de Martiniano López
Rojas, en su carácter de Agente del Ministerio
Público Subalterno del Municipio de Altepexi,
Puebla, por los hechos a que se refiere la
presente recomendación.
RECOMENDACIÓN
31/2006
El 3 de julio de 2005, esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja vía telefónica de Juan Gabriel Ortigoza
Ramiro, quien manifestó que el día 2 de julio
del año en curso, aproximadamente a las
1:30 horas, al salir de una disco denominada
“Club de Leones”, me sentí mal del estómago
y empecé a vomitar, en ese momento un
elemento de la Policía Municipal de
Zacapoaxtla, se acercó y me dijo que me
arrestaría, ante esto le pregunté la causa
contestando que por miccionar en la vía
pública, por lo que sorprendido le dije que no
era cierto que si bien estaba vomitando era
una necesidad fisiológica que no podía evitar
ante mi malestar estomacal, pero sin
escucharme dijo que los acompañara y en la
Comandancia se aclararían las cosas, lo que
no ocurrió, pues solamente llegué y me
ingresaron en los separos, sin que fuera
puesto a disposición de la autoridad
competente, ni mucho menos se me iniciara
procedimiento administrativo alguno, y fue
hasta las 9:30 horas de esa día que previo
pago de una multa en cantidad de $400.00 al
Comandante de la Policía Municipal de
Zacapoaxtla, que obtuve mi libertad, como se
desprende de recibo provisional que se me
entregó y el cual esta firmado por el C.
Filiberto Pérez Díaz, Comandante de la Policía
Municipal.
De las evidencias integradas al expediente,
se desprende que los actos y omisiones
señalados, son ilegales y arbitrarios e
implican un abuso de autoridad por parte de
los servidores públicos mencionados, ya que
una vez que Juan Gabriel Ortigoza Ramiro,
fue detenido por la supuesta infracción al
Bando Gubernativo de Zacapoaxtla, Puebla,
tenía el derecho de que se instruyera el
procedimiento administrativo que previenen
los Artículos 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30 y 32
del Bando de Policía y Buen Gobierno de
Zacapoaxtla, Puebla, vigente el 2 de julio de
2005, por la autoridad competente, es decir,
por el Juez Calificador, lo anterior con la
finalidad de que hiciera uso de sus garantías
de audiencia o defensa, es decir, aceptar o
negar la falta atribuida, nombrar persona de
su confianza para ser asistido y defendido,
aportar pruebas que beneficiaran a sus
intereses y probablemente demostrar su
inocencia respecto a dicha falta; sin embargo,
la garantía enunciada, le fueron negadas por
los servidores públicos involucrados, al
decidir por motuo propio, sancionarlo sin
ninguna atribución, en contravención a lo
estipulado por la Ley Orgánica Municipal, Ley
de Seguridad Pública del Estado y Bando de
Policía y Buen Gobierno de Zacapoaxtla,
Puebla. Por otra parte, el cobro de la multa
indicada también es ilegal y arbitraria, pues
como ya se dijo, la calificación y sanción de
faltas al Bando de Policía y Buen Gobierno de
Zacapoaxtla, Puebla, corresponden al Juez
Calificador, de tal forma que los servidores
públicos involucrados, carecen de facultades
para retener a los ciudadanos por dichas
faltas, imponer sanciones y más aún cobrar
multas en forma discrecional, por lo cual la

cantidad de dinero que fue requerida por ese
concepto a Juan Gabriel Ortigoza Ramiro, es
indebida y debe ser reintegrada a su
patrimonio.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 31/2006, dirigida al
Presidente Municipal de Zacapoaxtla, Puebla,
para que se sirva cumplir con los siguientes
puntos:
En lo sucesivo sujete su actuar a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan,
evitando consentir actos ilegales y arbitrarios
del Comandante de la Policía Municipal,
elementos policiacos y Ciudadano Juez
Calificador de la circunscripción territorial
donde ejerce sus funciones.
Gire instrucciones precisas a los elementos de
la Policía Municipal de ese lugar, para que en
lo sucesivo se abstengan de retener a los
ciudadanos, calificar y sancionar a las
personas que sean detenidas por la probable
comisión de una infracción administrativa.
Gire indicaciones precisas al Contralor
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, a fin de
que instruya procedimiento administrativo de
investigación, en contra del C. Filiberto Pérez
Díaz, Comandante de la Policía Municipal por
la retención ordenada en agravio del quejoso,
en contra de dicho Comandante y de
Rigoberto Reyes Santos, Mauro Alonso Rivera
Arroyo, Jorge González Campo y Toribio
Sánchez Guzmán, elementos de la Policía
Municipal de Zacapoaxtla, Puebla, por la
calificación, sanción y cobro indebido,
efectuado en contra de Juan Gabriel Ortigoza
Ramiro, en los términos que se desprenden
de la presente recomendación.
Instruya a quien corresponda, a fin de que a
la brevedad, se devuelva a Juan Gabriel
Ortigoza Ramiro, la cantidad de $400.00
(cuatrocientos pesos cero centavos) que por
concepto de multa, indebidamente le fue
cobrada e ingresada a la tesorería municipal.
Gire indicaciones precisas al Juez
Calificador, para que en lo sucesivo, cumpla
debidamente con la función que le asigna la
Ley Orgánica Municipal y el Bando de Policía
y Gobierno de Zacapoaxtla, Puebla, evitando
delegar sus facultades o consentir por
comodidad o negligencia que las realicen
diversos servidores públicos.
RECOMENDACIÓN
32/2006
El 17 de octubre de 2005, esta Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja de Juan Romero Dávila, quien
manifestó que en el periodo 2004 al 2005
desempeñó el cargo de Presidente de la
Asociación de Padres de Familia de la Escuela
Primaria Miguel Hidalgo de la Población de
Santa María Nepopualco perteneciente al
Municipio de Huejotzingo, Puebla, cargo que
entregó a finales del mes de agosto de 2005,
que dentro de su administración y con la
autorización de los padres de familia se
construyó una barda que delimitaba la
referida escuela, misma que fue afectada por
las lluvias, motivo por el cual se dispuso de
otra cantidad de dinero para su reparación,
siendo el Tesorero Aristóteles González
Carvajal, quien se encargaba de realizar los
pagos correspondientes a las casas de
materiales y los albañiles; que a principios
de mes de septiembre del año en curso, sin
recordar la fecha exacta, recibió un citatorio
por parte del Presidente Auxiliar Municipal de
ese lugar, por lo que al acudir a la cita, fue
informado por el Presidente Auxiliar
Municipal, que a solicitud de la actual mesa
directiva de la escuela primaria, le pedían
cuentas de los gastos erogados durante su
administración, por lo que quedaron de
reunirse el día 29 de septiembre de 2005 en
las instalaciones de la escuela primaria, por lo
que al acudir el día y hora convenido en
unión del tesorero, no se llevó a cabo la
reunión en virtud de que los integrantes de la
actual mesa directiva no acudieron, sin que
por parte del Presidente Auxiliar, ni de la
actual mesa Directiva y del compareciente se
hubiesen realizado gestiones para llevar a
cabo una nueva reunión, que es el caso que
el día jueves 13 de octubre de 2005,
aproximadamente a las 05:00 horas, cuando
se dirigía a su domicilio, fue interceptado por
7 elementos de la Policía Auxiliar Municipal de
ese lugar, quienes le indicaron que por
ordenes del Presidente Auxiliar de Santa
María Nepopualco, de detenerlo, de ahí fue
llevado a la casa del Presidente, quien les

indicó a los Policías que lo llevaran a la
Presidencia, en donde estuvo afuera de esas
instalaciones hasta las 8:00 horas, que fue
cuando llegó el Presidente Auxiliar y el
Presidente de la actual mesa directiva de la
Escuela Primaria y platicó con el
compareciente en las instalaciones de la
Presidencia, siendo informado que lo había
mandado a traer porque no había entregado
las cuentas a la actual mesa directiva, a lo
que el compareciente le indicó en unión de su
esposa Roberta Castañeda Sánchez, que de
una vez se arreglara ese problema, pero que
el Presidente de la Mesa Directiva de la
Escuela le dijo al Presidente Auxiliar, ahorita
tenemos mucho trabajo, mejor enciérralo
como castigo, accediendo el Presidente
Auxiliar e indicando a los Policías que lo
encerraran hasta las 18:00 horas como
castigo, lo que en efecto se hizo, siendo
puesto en libertad hasta las 20:00 horas de
ese mismo día, que al salir se aclaró la
entrega de cuentas con los actuales
integrantes de la Mesa Directiva de Padres de
Familia de la Escuela Primaria. Que de lo
anterior se dio perfectamente cuenta su
esposa Roberta Castañeda Sánchez.
De las evidencias integradas al
expediente, se desprende en primer término,
que la detención en sí no puede
reprochárseles como violatoria a derechos
humanos del quejoso, en virtud de que los
elementos de la Policía Auxiliar Municipal, no
tan sólo están facultados para proceder a la
detención de una persona encontrada en
flagrante infracción al Bando de Policía y
Buen Gobierno, sino que es su deber hacerlo.
Asimismo, cabe mencionar que se vulneraron
los principios de legalidad y las garantías de
seguridad jurídica, en agravio de Juan
Romero Dávila, quien fue sancionado por
autoridad incompetente y retenido
ilegalmente al menos por 12 horas,
privándolo así del goce del derecho
fundamental de la libertad, en cumplimiento
a las órdenes del Regidor de Gobernación de
la Junta Auxiliar Municipal de Santa María
Nepopualco, Huejotzingo, Puebla; sin que sea
óbice a lo anterior, el hecho de que el
servidor público mencionado haya instruido
procedimiento administrativo, ya que la
ilegalidad de sus actos, se da desde el
momento mismo en que calificó e impuso
una sanción al quejoso, es decir, el ejercer
atribuciones que no le corresponden.
Es importante puntualizar además, que la
omisión del Regidor de Gobernación de la
Junta Auxiliar de Santa María Nepopualco,
Huejotzingo, Puebla, de poner a Juan
Romero Dávila, a disposición del Juez
Calificador del Municipio de Huejotzingo,
Puebla, hizo nugatorias para el quejoso, las
prerrogativas contenidas en el Bando de
Policía y Buen Gobierno de esa
circunscripción territorial, especialmente en lo
previsto por los Artículos 37 y 38 del citado
ordenamiento legal, que impone al Juez
Calificador la obligación de realizar una
averiguación sumaria a fin de comprobar la
falta cometida, concediendo en todo caso al
detenido las garantías de audiencia o
defensa, para posteriormente emitir una
resolución en que se determinara la
responsabilidad o no sobre la infracción
atribuida. Con la omisión señalada, también
se infringe lo previsto por el Artículo 14 de la
Constitución General de la República, que
establece, que nadie puede ser privado de la
libertad sino mediante juicio seguido ante los
tribunales previamente establecidos, en que
se cumplan con las formalidades esenciales
del procedimiento y conforme a las Leyes
expedidas con anterioridad al hecho, así
como en lo estipulado por el diverso 16 del
Ordenamiento Legal invocado, que preceptúa
que nadie puede ser molestado en su
persona, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente que funde
y motive la causa legal del procedimiento,
presupuestos que desde luego no se cumplen
en el caso concreto, de tal forma que es
necesario que la conducta del Regidor de
Gobernación sea investigada y en su caso
sancionada como legalmente corresponde.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 32/2006, dirigida al
Presidente Municipal de Huejotzingo, Puebla,
para que se sirva cumplir con los siguientes
puntos:
Gire instrucciones precisas al Regidor de
Gobernación de la Junta Auxiliar Municipal de
Santa María Nepopualco, Huejotzingo,
Puebla, a fin de que en lo sucesivo, se
abstenga de calificar y sancionar a los
ciudadanos, por faltas al Bando de Policía y
Buen Gobierno del Municipio de Huejotzingo,

Puebla, y en todo caso remita a las personas
detenidas por dichas faltas al Juez Calificador
de ese Municipio.
Instruya al Presidente de la Junta Auxiliar
Municipal de Santa María Nepopualco,
Huejotzingo, Puebla, a fin de que en lo
sucesivo, se abstenga de consentir
retenciones y actos ilegales que se cometan
por servidores públicos de esa Junta Auxiliar.
Gire indicaciones expresas, a los Presidentes
de las Juntas Auxiliares que forman parte del
Municipio de Huejotzingo, Puebla, a fin de
que todas las personas que sean detenidas
por la probable comisión de faltas al Bando
de Policía y Buen Gobierno de ese Municipio,
sean remitidas y puestas en forma inmediata,
a disposición del Juez Calificador de
Huejotzingo, Puebla.
Ordene al Contralor Municipal, inicie
procedimiento administrativo de
investigación, en contra del C. Juan López
Saldaña, Regidor de Gobernación y Juan
Martínez Pérez, Presidente, ambos de la
Junta Auxiliar Municipal de Santa María
Nepopualco, Puebla, por los actos y
omisiones que se desprenden de la presente
recomendación y en su momento se
determine lo que conforme a derecho
corresponda.
Por otra parte al Presidente Auxiliar Municipal
de Santa María Nepopualco, Huejotzingo,
Puebla, se le recomendó en primer término
que en lo sucesivo sujete su actuar a los
lineamientos establecidos en la Constitución y
las leyes que de ella emanan. Asimismo,
instruya a los elementos de la Policía Auxiliar
Municipal de ese lugar, para que en lo
sucesivo, las personas que sean detenidas
por la comisión de infracciones al Bando de
Policía y Buen Gobierno de Huejotzingo,
Puebla, las remitan y pongan a disposición
del Juez Calificador del Municipio indicado.
Finalmente, evite consentir retenciones
ilegales, ordenadas por autoridades
incompetentes, en agravio de los ciudadanos
del lugar donde ejerce sus funciones.
Por último, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire instrucciones a quien
corresponda, a fin de que se inicie
averiguación previa en contra del Regidor de
Gobernación y Presidente, ambos de la Junta
Auxiliar Municipal de Santa María
Nepopualco, Huejotzingo, Puebla, por los
actos y omisiones que se desprenden de la
presente recomendación y en su momento se
determine lo que conforma a derecho
corresponda.
RECOMENDACIÓN
33/2006
El 13 de septiembre de 2005, este Organismo
Protector de los Derechos Fundamentales,
tuvo conocimiento de actos presumiblemente
violatorios a los derechos humanos de
Margarito Escalante Daniel, quien expresó:
Que el día 5 de Septiembre del año 2005,
presenté un escrito a la Sindicatura Municipal
de San Juan B, Cuautlancingo, Pue.,
solicitando al Síndico Municipal su
intervención, toda vez que mi vecino el C.
Rubén Santa María con domicilio en la
Privada 16 de Septiembre S/N, desde hace
aproximadamente tres meses estaciona sobre
la privada 16 de Septiembre un coche y una
camioneta ambos de color rojo
obstaculizando el paso de los transeúntes,
cabe mencionar que el día 5 de Septiembre
del año en curso fecha en que presenté el
escrito hablé con el Síndico Municipal el Lic.
Trinidad Cuaxiloa Tlaque, quien me comentó
que citaría a mi vecino para hablar con él y
que el suscrito regresara en cuatro días,
aclarando en este momento que he acudido
en varias ocasiones a visitar al Síndico
Municipal de Cuautlancingo, Puebla, sin que a
la fecha se me haya informado sobre las
gestiones realizadas para resolver mi
problema, ni se ha dado respuesta al escrito
de referencia por lo que hago valer la
presente queja en contra del Síndico
Municipal de Cuautlancingo, Puebla.
En atención al relato de los quejosos, la
Institución inició una exhaustiva investigación
que le permitió confirmar que la omisión del
Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla,
sí infringe los derechos humanos del quejoso,
quien por un lapso de al menos nueve meses,
ha permanecido en la incertidumbre, sin
obtener respuesta a una petición que realizó
observando los lineamientos establecidos en
la Ley, de tal forma que dicho servidor
público ha infringido en agravio de Margarito

Escalante Daniel, lo establecido en el Artículo
8° y 35 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 138 de la
Constitución de esta Entidad Federativa,
además de ignorar el contenido del Artículo
XXIV, de La Declaración Americana de los
Derechos y Deberes del Hombre.
El incumplimiento a las funciones
propias de los servidores públicos municipales
que derivó en una violación a los derechos
fundamentales de Margarito Escalante Daniel,
fue reprobada por este Organismo, mediante
el pronunciamiento de una recomendación al
Edil de Cuautlancingo, Puebla, para que en
primer término, gire instrucciones precisas al
Síndico Municipal de Cuautlancingo, Puebla, a
fin de que a la brevedad, de respuesta, por
escrito y de forma congruente, a la petición
realizada por Margarito Escalante Daniel, a
través de escrito de 5 de septiembre de
2005, presentado en la misma fecha, ante la
Sindicatura Municipal de ese lugar. Por
último, instruya al Síndico Municipal y demás
personal del Ayuntamiento, a fin de que en lo
sucesivo, den respuesta a las peticiones que
les realicen los ciudadanos, bajo las
condiciones y plazos que previenen los
Artículos 8° de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 138 de la
Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, a efecto de no vulnerar
los derechos humanos de los gobernados.
RECOMENDACIÓN
34/2006
Minerva Julia Rodríguez Bautista acudió ante
la Comisión de Derechos Humanos del
Estado, el 26 de octubre de 2005, a efecto de
formular denuncia por actos
presumiblemente violatorios a sus garantías,
pues señaló: Que el día 25 de octubre de
2005, siendo aproximadamente las 11:00
horas, estaba montando mi puesto de dulces
y chicharrines, en la salida del recinto ferial
de la ciudad de Puebla y fue cuando
elementos de Normatividad y Vía Pública del
Ayuntamiento de Puebla, con placas SD
25452, con lujo de violencia me empezaron a
golpear, para quitarme de ese lugar, siendo
que cuento con el permiso para
establecerme.
En atención al relato del quejoso, la
Institución inició una exhaustiva investigación
que le permitió confirmar que el abuso de
autoridad, maltrato y lesiones ocasionados a
Minerva Julia Rodríguez Bautista, fueron
provocados por los inspectores del
departamento de Reordenamiento Comercial
del H. Ayuntamiento de Puebla, que
participaron en los hechos narrados por la
quejosa, mismos que son coincidentes con
las evidencias obtenidas y emitidas por
diversas autoridades, y al ser analizadas,
concuerdan con los hechos de la queja sujeta
a estudio.
El incumplimiento a las funciones propias de
los inspectores municipales, que derivó en
una violación a los derechos fundamentales
de Minerva Julia Rodríguez Bautista, fue
reprobada por la Institución mediante el
pronunciamiento de una recomendación al
Edil de Puebla, para que en primer término,
gire sus respetables instrucciones al Contralor
Municipal de H. Ayuntamiento que preside,
para que en el ámbito de su competencia
inicie el procedimiento administrativo de
investigación en contra de los inspectores del
Departamento de Reordenamiento Comercial,
quienes intervinieron en los hechos motivo de
la queja, con el objeto de determinar la
responsabilidad en que incurrieron por los
actos u omisiones a que se refiere esta
resolución, y en su oportunidad se determine
lo que en derecho proceda. Asimismo, se le
solicita que en la integración de los
procedimientos administrativos que se
llegaran a iniciar en contra de los
funcionarios involucrados, con motivo de las
irregularidades descritas en este documento,
se haga uso de las facultades que la Ley
otorga para investigar en forma eficaz y
eficiente, decretando de oficio las pruebas
que sean necesarias y con ello evitar la
impunidad. Finalmente, emita una circular al
Jefe del Departamento de Reordenamiento
Comercial, C.P. René Rojano Ramírez, a
efecto de que en lo sucesivo instruya a los
servidores públicos a su cargo, para que
sujeten su actuar a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes
que de ella emanan, y se abstengan de hacer
uso de la fuerza cuando sea innecesaria,
respetando la integridad física y los derechos
fundamentales de los gobernados.

Asímismo en vía de colaboración, se
solicitó a la Procuradora General de Justicia
del Estado, gire sus respetables instrucciones
a fin de que continúe con la integración de la
averiguación previa 4792/2005/NTE/AEA-V,
iniciada por el delito de abuso de autoridad,
robo y lesiones dolosas, con motivo de los
hechos a que se refiere la presente
recomendación y a la brevedad determine lo
que en derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
35/2006
Bertín Gonzaga Rosas acudió ante la
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
el 3 de abril de 2006, a efecto de formular
denuncia por actos presumiblemente
violatorios a sus garantías, pues señaló que
con fecha 2 de marzo de 2006, presenté
como representante de vecinos de la Junta
Auxiliar de San Francisco Totimehuacan, un
escrito dirigido al Secretario de
Comunicaciones y Transportes del Estado, en
el cual solicitamos se reubique un sitio de
taxis, el cual nos perjudica en nuestros
comercios afectando directamente nuestros
ingresos, sin embargo no obstante el tiempo
transcurrido, la autoridad no ha dado
respuesta a nuestra petición, asimismo en
este acto exhibo copia del acuse de recibo
del escrito de referencia.
En atención al relato del quejoso, la
Institución inició una exhaustiva investigación
que le permitió confirmar que si bien es
cierto el quejoso Bertín Gonzaga Rosas, ha
recibido contestación a su escrito de 28 de
febrero de 2006, también lo es que dicha
respuesta se da en 2 meses y 12 días, por lo
que el acto u omisión se dio en los términos
expresados por el quejoso, en no haber
observado su petición en un término de 8
días hábiles, tal y como lo preceptúa el
Artículo 138 de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Puebla; aunado a
esto que la petición por escrito motivo de
esta queja se dirigió al Secretario y
Subsecretario de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes del Estado, y
la contestación extemporánea fue realizada
por un funcionario distinto al responsable.
El incumplimiento a las funciones
propias del funcionario estatal, que derivó en
una violación a los derechos fundamentales
de Bertín Gonzaga Rosas, fue reprobada por
la Institución mediante el pronunciamiento de
una recomendación al Secretario de
Comunicaciones y Transportes del Estado,
para que en lo sucesivo a petición de todo
individuo, a la brevedad se sirva observar la
garantía que otorga el Artículo 8° de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en relación con el diverso 138 de
la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Puebla, a efecto de no vulnerar
los derechos humanos de los gobernados.
RECOMENDACIÓN
36/2006
El 22 de marzo de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos, recibió la queja de María
Teresa Espinoza Salazar, quien manifestó que
el día viernes 18 de marzo 2005, los jóvenes
Arturo González Muñoz, Ezequiel Catalino
Vargas, Iván Jiménez González, Armando
González Espinoza, Alexis Pacheco Rodríguez,
Israel Reyes Gordillo y Juventino Montalvo
Bernal, se encontraban en una fiesta en el
rancho llamado San Marcos Tehuacán, y
cuando se retiraron siendo aproximadamente
a la una de la mañana del día 19 de marzo
2005, al ir caminando sobre una vereda
fueron interceptados por elementos de la
Policía Judicial del Estado, quienes se
encontraban realizando un operativo en
compañía de la policía municipal de
Tehuacán, quienes los detuvieron en virtud
de que a un trailer propiedad de Patsa lo
habían balaceado y asaltado por ese lugar,
por lo que los judiciales sin escuchar razones
de los muchachos, les apuntaron con sus
armas y lo empezaron a insultar y a quitar
sus credenciales de elector y de estudiantes y
los subieron a las bateas de sus camionetas,
todo esto en presencia del Lic. Alfonso
Rosales Arruti Coordinador de Agentes de
Ministerio Público de Tehuacán quien
consintió los actos anómalos de que fueron
objeto los muchachos, de ese lugar se los
llevaron a la Agencia del Ministerio Público
Investigador de Tehuacán quienes no fueron
puestos a disposición de tal autoridad, en
virtud de que llegó el chofer del trailer y en
las afueras de la agencia el chofer no pudo
identificar a los muchachos, razón por la cual
la Policía Judicial los traslado al Juzgado
Calificador, llegando en punto de la 1:40 de

la mañana del día 19 de marzo 2005, lugar
donde se les quitaron sus pertenencias y
fueron ingresados al área de seguridad de la
policía municipal de Tehuacán, aclarando que
no les devolvieron sus credenciales de elector
ni de estudiantes, es ese lugar
permanecieron hasta las seis de la mañana
del día 19 de marzo 2005, en virtud de que
pagaron una multa al Juez Calificador de
$1400.00 mil cuatrocientos pesos por todos.
En virtud de las violaciones a los derechos
humanos que derivaban del relato, la
Institución se abocó a la investigación del
suceso y constató la violación a los derechos
humanos de Arturo González Muñoz, Ezequiel
Catalino Vargas, Iván Jiménez González,
Armando González Espinoza, Alexis Pacheco
Rodríguez, Israel Reyes Gordillo y Juventino
Montalvo Bernal, quienes fueron detenidos
por elementos de la Policía Municipal de
Tehuacán, y privados de su libertad por un
espacio aproximado de cinco horas, por una
supuesta alteración del orden público y
encontrarse en estado de ebriedad,
aseveración ésta que nunca se demostró con
algún elemento de prueba, además de que la
autoridad fundamentó su proceder en el
Artículo 8 fracción I del Bando de Policía y
Buen Gobierno de Tehuacán, que prevé la
sanción por una falta administrativa que no
concuerda con los hechos motivo de la
detención y en consecuencia el
procedimiento administrativo que se les
instruyó resulta ilegal, aunado a esto dicho
procedimiento carece de la firma del
Secretario del Juez Calificador, de donde se
concluye que la actuación de la autoridad que
intervino en la privación de la libertad
personal de los quejosos, resulta ilegal ya
que no se encuentra fundada y motivada la
causa de dicha privación, violando con ello
las garantías individuales de los quejosos,
consagradas en los Artículos 14 y 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
Por otra parte se desprende, que para gozar
de su libertad tuvieron la necesidad de pagar
la cantidad de $200.00 (doscientos pesos
00/100 M.N.), expidiéndoles la Tesorería
Municipal de Tehuacán, un recibo oficial de
pago a cada uno, por infringir el Artículo 8
fracción I del Bando de Policía y Buen
Gobierno, recibos que se hicieron acompañar
en copia certificada al informe rendido por el
Presidente Municipal de Tehuacán, de donde
se advierte que la sanción económica
impuesta, fue consecuencia del
procedimiento administrativo señalado en
líneas anteriores, mismo que resulta a todas
luces ilegal y por ende, el cobro realizado
desde su origen también es ilegal, lo que se
traduce en una sanción totalmente indebida,
debiéndose dejar sin efecto dicho cobro y
reintegrar a cada uno de los quejosos, la
cantidad de $200.00 (doscientos pesos
00/100 M.N.), que como sanción
administrativa les fue impuesta, y con ello
reparar el menoscabo patrimonial de que
fueron objeto.
Bajo esas condiciones este Organismo
Defensor de los Derechos Humanos, expresó
su desacuerdo con la actuación arbitraría y
grave de los funcionarios municipales del
Municipio de Tehuacán, Puebla, mediante el
pronunciamiento de una recomendación al
Presidente Municipal del lugar, para que
cumpla con los siguientes puntos:
Gire sus respetables órdenes al Contralor
Municipal para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra del Juez Calificador que intervino
en la instauración del procedimiento en
donde consta la detención y privación de la
libertad llevada a cabo sobre los quejosos, y
que en la integración del mismo que se
llegase a iniciar en contra del funcionario
involucrado, con motivo de las irregularidades
descritas en el procedimiento administrativo,
se haga uso de las facultades que la ley
otorga para investigar en forma eficaz y
eficiente, el desempeño de los funcionarios
encargados de instaurar los procedimientos
administrativos a las personas que son
detenidas por infringir el Bando de Policía y
Buen Gobierno.
Emita una circular en la que específicamente
se instruya al personal que conforma al
Juzgado Calificador del Municipio de
Tehuacán, Puebla, para que en lo sucesivo
sujete su actuar en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y en las Leyes
que de ella emanan.

Asimismo, se instruya al Tesorero
Municipal para que les sea devuelta a los
quejosos, la cantidad de $200.00 (doscientos
pesos 00/100 M.N.) a cada uno, que por
concepto de multa les fue impuesta por una
supuesta infracción administrativa, en un
procedimiento ilegal viciado de origen.
RECOMENDACIÓN
37/2006
El 29 de marzo de 2006, este Organismo
Defensor de los Derechos Humanos del
Estado, obtuvo la queja de Fortino Saavedra
Flores, quien señaló que el 26 de marzo de
2006, siendo las 14:30 horas,
aproximadamente, cuando se encontraba en
calle Niños Héroes, haciendo sitio ya que
maneja un taxi, se detuvo a bordo de la moto
que tripulaba el policía Manuel Camacho
Pérez, y le dijo “chinga a tu madre”, “te va a
cargar la chingada”, que más delante de ese
lugar, se encuentra la comandancia y ahí
paró su motocicleta y en compañía de José
Luis quien es hermano de Manuel y
comandante de la corporación, con otros
elementos policíacos lo empezaron a insultar
con palabras altisonantes, pero sobre todo
con la firme intención de que el agraviado
incurriera en actos de provocación y al no
conseguirlo, José Luis se fue en una
camioneta y Manuel en la motocicleta,
agregando que Manuel se veía alcoholizado o
drogado, ya que sus movimientos no eran
normales. Por su parte, Rosaura Ortiz
Morales, dijo que el 28 de mayo de 2006,
siendo las 17:30 horas, aproximadamente iba
entrando a una papelería ubicada a un lado
del parque de San Jerónimo Caleras, Puebla,
cuando escuchó que una motocicleta se paró
y al mismo tiempo le decían “pinche vieja te
vas a joder”; cuando volteó se percató que
era Manuel Camacho Pérez, Policía Auxiliar
Municipal, mismo que portaba el uniforme, y
tomó el arma que llevaba consigo y se la
acomodó, considerando la quejosa que es un
acto de amedrentamiento, y hecho lo anterior
encendió la moto y se retiró. Mientras que
Fortino Saavedra Chávez, expresó que el 28
de marzo de 2006, siendo las 13:40 horas
aproximadamente, se encontraba haciendo
sitio, esperando pasaje ya que es taxista, en
la calle Niños Héroes, cuando pasó el
elemento policiaco de nombre Manuel
Camacho Pérez, a bordo de su patrulla
camioneta Dodge Pick Up y le dijo “a tu
padre, a tu hermano y de paso a ti, ya se los
cargó la chingada, pinche loco”, enseguida
dio vuelta a la manzana, estacionó la patrulla
en la comandancia y nuevamente lo volvió a
insultar, haciendo ademanes obscenos y dijo
“ya te cargo la chingada”..
De las evidencias integradas al expediente se
desprende que los causantes de los actos de
molestia traducidos en malos tratos y
amenazas ocasionados a los quejosos, fueron
inferidos por elementos de la Policía
Municipal de Puebla, adscritos a la Junta
Auxiliar de San Jerónimo Caleras,
específicamente por el oficial Manuel
Camacho Pérez, quien intervino en los hechos
motivo de la queja, tal y como se desprende
del parte informativo remitido por el C. Juan
Manuel León Tlalolini Sedeño, Regidor de
Gobernación y Encargado del Despacho de la
Presidencia Auxiliar Municipal de San
Jerónimo Caleras, Puebla, en donde refiere
las actividades que se realizaron del 26 y 28
de marzo de 2006, por los elementos
policíacos, de donde se presume y se llega a
la conclusión que el oficial Manuel Camacho,
fue el causante de proferir actos de molestia
a los quejosos, que se traducen en amenazas
y malos tratos, hechos que se encuentran
reconocidos en el parte informativo, por lo
que tomando en cuenta la naturaleza de los
hechos, la prueba de ellos y el enlace mas o
menos necesario que existe entre la verdad
conocida y la que se busca, se llega a
determinar que de la actuación de la
autoridad responsable, se desprenden
diversos actos de molestia en el proceder del
Oficial Manuel Camacho Pérez, violentando
con ello lo previsto por el Artículo 16 de la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que prevé que “Nadie puede ser
molestado en su persona, familia domicilio,
papeles o posesiones sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento”. Cabe decir que
aunado a esto, la autoridad señalada como
responsable no justificó por ningún medio de
prueba su versión de los hechos, sino por el
contrario de los informes que acompañó
como justificante, se llega a determinar que
el causante de los actos de molestia

ocasionados a los quejosos recae en el oficial
Manuel Camacho Pérez.
En esas condiciones, la Comisión de Derechos
Humanos, se manifestó a través de una
recomendación al Presidente Municipal de
Puebla, para que en primer término gire sus
respetables instrucciones al Contralor
Municipal de H. Ayuntamiento que preside,
para que en el ámbito de su competencia
inicie el procedimiento administrativo de
investigación en contra del C. J. Manuel
Camacho Pérez, elemento de la Policía
Municipal adscrito a la Junta Auxiliar de San
Jerónimo Caleras, quien intervino en los
hechos motivo de la queja, con el objeto de
determinar la responsabilidad en que incurrió
por los actos u omisiones a que se refiere
esta resolución, y en su oportunidad se
determine lo que en derecho proceda. De
igual forma, se le solicita que en la
integración del procedimiento administrativo
que se llegue a iniciar en contra del servidor
público involucrado, con motivo de las
irregularidades descritas en este documento,
se haga uso de las facultades que la Ley
otorga para investigar en forma eficaz y
eficiente, decretando de oficio las pruebas
que sean necesarias y con ello evitar la
impunidad.
Al presidente Auxiliar Municipal de
san Jerónimo Caleras, Puebla, se le pide que
emita una circular en la que específicamente
se instruya a los elementos policiales
adscritos a la Junta Auxiliar que preside, para
que en lo sucesivo sujeten su actuar a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a las leyes que de ella emanan,
y se abstengan de inferir malos tratos y actos
de molestia a los ciudadanos, respetando la
integridad física y moral, así como sus
derechos fundamentales.
RECOMENDACIÓN
38/2006
El 7 de abril de 2006, este Organismo
Defensor de los Derechos Humanos del
Estado, recibió la queja de Erasmo Cristóbal
Reyes, a favor de Ángel Cristóbal Bonilla,
quien expuso que el 6 de abril de 2006,
aproximadamente a las 21:00 horas, mis
hijos de nombre Armando y Ángel ambos de
apellidos Cristóbal Bonilla, se encontraban en
la casa de un amigo arreglando un vehículo,
posteriormente mi hijo de nombre Ángel y
quien cuenta con 15 años de edad, iba
trayecto a nuestro domicilio, cuando lo
interceptaron 2 Elementos de la Policía
Municipal de Teopantlán, Puebla, quienes sin
motivo alguno, lo detuvieron y trasladaron a
la cárcel municipal, al enterarme de la
situación me trasladé a la Cárcel Municipal a
preguntar el motivo de su detención y sólo le
manifestaron que lo detenían por ir
manejando en exceso de velocidad, pero esto
era falso ya que el que manejaba el vehículo
es mi hijo Armando; además no realizaron
procedimiento administrativo alguno sólo
pidieron $1000.00 pesos como multa, mismo
que no pagué aclarando que iría el día de hoy
a efectuar dicho pago, poniéndolo en libertad
hasta las 23:00 horas, por lo que considero
se están violando sus derechos humanos, al
detenerlo sin motivo alguno, sin llevar a cabo
procedimiento alguno.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar que el anómalo actuar
de las Autoridades Municipales de
Teopantlán, Puebla, que intervinieron en los
hechos motivo de la queja, lleva consigo un
franco incumplimiento a su función, ya que
efectuaron la detención de un menor, sin
informar al Consejo Tutelas Para Menores
Infractores del Estado, infringiendo a todas
luces el Artículo 10 del Bando de Policía y
Gobierno de Teopantlán, Puebla, violando
con tal proceder las garantías de legalidad y
audiencia que deben prevalecer en todo
procedimiento, aún tratándose de la
detención de un menor, por lo que el actuar
de la autoridad señalada como responsable,
al detener al menor Ángel Cristóbal Bonilla,
en forma ilegal, privándolo de su libertad, sin
sustento legal alguno, viola con ello sus
derechos fundamentales consagrados en
nuestra Carta Magna. En este sentido, es
indiscutible que la autoridad señalada como
responsable, a efecto de justificar la legalidad
de su actuación y demostrar las faltas
atribuidas al menor Ángel Cristóbal Bonilla,
debió ponerlo a disposición del Consejo
Tutelar Para Menores Infractores del Estado,
para que se le instruyera el procedimiento
administrativo que correspondiera y a su vez
el agraviado tener la oportunidad de ejercitar
sus garantías de audiencia y de legalidad que
consagra la Constitución Política de los

Estados Unidos Mexicanos, por sí o por medio
de su representante legal, sin embargo, de
las evidencias obtenidas se prueba que los
servidores públicos involucrados se
abstuvieron de observar las formalidades
esenciales del procedimiento bajo el supuesto
de que había cometido el acto que
consideraron como una falta o infracción a su
orden normativo, es decir al Bando de Policía
y Gobierno del Municipio.
El acto descrito fue reprobado por la
Comisión de Derechos Humanos, quien
recomendó al Presidente Municipal de
Teopantlán, Puebla, para que en primer
término, en lo sucesivo sujete su actuar a la
Constitución General de la República y a las
Leyes que de ella emanan, de tal forma que
cuando los menores sean detenidos por
infringir alguna falta, se pongan a disposición
del Consejo Tutelar Para Menores Infractores
del Estado, y así evitar las detenciones y
retenciones arbitrarias. Asimismo, gire sus
instrucciones a los servidores públicos
encargados de velar por la seguridad pública
del Municipio de Teopantlán, Puebla, para
que invariablemente en lo sucesivo sujeten
su actuar a los lineamientos establecidos por
la Constitución General de la República y las
Leyes que de ella emanan, debiendo
abstenerse de violar los derechos humanos
de los menores al momento de su detención
por faltas administrativas, y sean puestos
inmediatamente a disposición del Consejo
Tutelar Para Menores Infractores del Estado.
Por último, gire sus respetables órdenes al
Contralor Municipal para que en el ámbito de
su competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra de Benito Pérez Melchor, Hortensio
Melchor Mena y Agustino Lito García,
Regidor, Comandante y Policía,
respectivamente, del Municipio de
Teopantlán, Puebla, quienes intervinieron en
la ilegal detención y privación de la libertad
llevada a cabo sobre el menor Ángel Cristóbal
Bonilla, y en su oportunidad se determine lo
que en derecho proceda.
Por otra parte, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que se sirva girar sus instrucciones a
quien corresponda, a fin de que se inicie la
averiguación previa en la que se investigue y
resuelva lo procedente respecto de los
hechos cometidos por las autoridades antes
citadas en agravio del menor Ángel Cristóbal
Bonilla, y a la brevedad se determine lo que
en derecho proceda.
Finalmente también se pidió
colaboración al H. Congreso del Estado, para
que inicie el correspondiente procedimiento
administrativo correctivo al Presidente
Municipal Constitucional de Teopantlán,
Puebla, por la actitud omisa de rendir a esta
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
el informe con justificación que le fue
solicitado y en su oportunidad se le imponga
la sanción correspondiente.
RECOMENDACIÓN
39/2006
El 4 de abril de 2006 acudieron ante la
Comisión de Derechos Humanos del Estado,
Juana y Roberto Flores García, siendo este
último quien refirió que el día sábado 01 de
abril de 2006, siendo aproximadamente las
21:50 horas, me encontraba en el interior de
mi domicilio señalado en mis generales,
cuando de pronto de manera intempestiva
comenzaron a golpear la puerta, y al abrir la
misma, era una persona de
aproximadamente 30 años de edad, de tez
morena clara, de aproximadamente 1.60
metros de estatura, y comenzó a gritarme
que donde se encontraba el “pendejo
chamaco”, refiriéndose a mi hijo, indicándole
a mi hijo que salga, apareciendo otro menor
del cual solo se que su nombre es Eder, al
cual, el hombre mencionado le pregunta ¿ese
es?, preguntándole ¿ese es el que violó a mi
hija?, interrumpiéndole la de la voz en ese
momento, señalándole que no dijera esas
cosas, por lo que accedí de común acuerdo
con lo padres de la menor a que nos
trasladáramos a un consultorio particular a
efecto de que un médico revisara a la menor,
y una vez en dicho lugar y terminada la
mencionada revisión, manifestó el médico
particular que eso no era una violación, por lo
que la mamá de la menor salió gritando que
si había violación, alborotando a la gente que
se encontraba afuera, situación que propició,
que llegaran elementos de la Policía
Municipal, a bordo de dos patrullas e insistían
en trasladar solamente a mi hijo, y al impedir
dicha situación y oponerme rotundamente
optaron por trasladarnos en la batea de la

camioneta de la Policía Municipal a las
Oficinas del Juzgado Calificador, llegando a
dichas instalaciones aproximadamente a las
23:10 horas, transcurrieron
aproximadamente 7 horas con cincuenta
minutos, es decir hasta las 08:00 horas de la
mañana del día Domingo 2 de abril, fue que
nos tuvo privados de nuestra libertad a mi
hijo y a mí, el Licenciado Alfredo Suriano
Suriano que es el Juez Calificador, sin
ponernos a disposición de autoridad
competente en un lapso de aproximadamente
8 horas y siendo aproximadamente las 08:30
horas del día 02 de abril del año en curso,
fuimos puestos a disposición del Agente del
Ministerio Público, encontrándose de turno el
Licenciado Octaviano Sánchez Alarcón, quien
me indicó que si mi hijo había violado, tocado
con cualquier objeto que fuese desde un
lápiz, palo o cualquier otro objeto que fuera,
lo iba a pasar inmediatamente al Consejo
Tutelar para Menores Infractores, mas tarde
siendo las 11:00 horas de ese mismo día,
llegó el médico legista, realizando el dictamen
correspondiente de la menor, luego revisó a
mi hijo, sin decirnos absolutamente nada,
hasta las 19:00 horas en que el Licenciado
Octaviano Sánchez Alarcón, me entregó a mi
hijo, diciéndome que ya tenía el primer
dictamen y haciéndome firmar un documento
en el cual decía que me entregó a mi hijo sin
golpes, y todo el tiempo custodiado por mí,
sin remitirlo al DIF, ya que era lo procedente,
sin explicarme absolutamente nada, todo el
tiempo intimidándome con sus palabras y
malos tratos sin hacerme saber cual era la
situación jurídica de mi hijo, solicitándole un
documento en el que constara que mi hijo no
había violado y que por eso me lo habían
entregado, manifestándome que no era
necesario, ya que no iba a mandar traer a
toda la gente para explicarles la situación y
que firmaran el documento de conformidad,
para que nadie se metiera con mi hijo y lo
dejaran en paz, situación por la que tengo el
temor fundado de que alguien agreda
físicamente a mi hijo, por lo cual también
solicité a dicho servidor público, una
constancia de hechos, para salvaguardar la
integridad física de mi hijo y en su caso se
responsabilizara a los padres de la menor si
algo le sucedía, por lo que manifestó simple y
llanamente que no podía.
Atento a lo manifestado por el quejoso, el
Organismo Protector de los Derechos
Humanos del Estado, realizó una amplia
investigación que le permitió concluir que no
existen elementos de convicción que
demuestren que la quejosa fue trasladada
coactivamente, por elementos de la Policía
Municipal de Tehuacán, Puebla y por tanto
que hayan infringido sus derechos humanos.
Por otra parte, resulta indiscutible que el Juez
Calificador retuvo indebidamente a Rogelio
López García, de 13 años de edad y con ello
infringió sus derechos humanos, ya que lo
mantuvo con incertidumbre al ignorar su
situación jurídica, lo retuvo en su oficina
donde necesariamente pernea un ambiente
inadecuado para un menor de 13 años, ya
que a ese lugar trasladan a personas en
estado de ebriedad, agresivas o que han
cometido otro tipo de faltas que ameritan su
detención y sanción, prácticamente, aun
cuando estaba en compañía de su
progenitora, estaba bajo custodia también de
elementos policiacos que evidentemente le
impedían retirarse del lugar, según el Juez
Calificador, hasta que se resolviera su
situación jurídica, estimándose que todos
estos actos contribuyen de forma negativa en
el sano desarrollo del menor Rogelio López
García y le causan daños psicológicos a su
persona. Asimismo, la retención alegada
constituye una abuso de autoridad por parte
del Juez Calificador de Tehuacán, Puebla, ya
que con su actuación dejó de observar las
garantías contenidas en el Artículo 14 de la
Constitución General de la República que
establece, que nadie puede ser privado de la
libertad o derechos, sino mediante juicio
seguido previamente ante los Tribunales
establecidos, en el que se cumplan las
formalidades establecidas en el
procedimiento y conforme a las leyes
expedidas con anterioridad al hecho; así
como en lo previsto por el diverso 16 de
Nuestra Carta Magna, que establece que
nadie puede ser molestado en su persona
sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la
causa legal del procedimiento, lo que
evidentemente no ocurre en el presente caso.
Igualmente, se estima que la conducta del
Juez Calificador atenta contra los postulados
establecidos en la Convención de los
Derechos del Niño y Declaración de los
Derechos del Niño, que establecen la

obligación de los Estados de procurar una
protección especial a los menores y que la
detención de un niño sólo se llevará a cabo
de conformidad con la Ley y se utilizará
como último recurso durante el periodo más
breve que proceda, lo que evidentemente no
ocurre en el presente caso.
Asimismo, se estima que el Representante
Social involucrado, actuó con negligencia y
deficiencia en el servicio público que le fue
encomendado, manteniendo retenido y
sujeto a investigación a Rogelio López García,
de 13 años de edad, por al menos un lapso
de 14 horas, según se advierte del informe
que rindió mediante oficio 347, de 19 de
mayo de 2006; lo que resulta reprochable y
atentatorio de los principios de legalidad y
garantía de seguridad jurídica del menor
Rogelio López García, de 13 años de edad, ya
que si era un menor de edad, no debió ser
sujeto a un procedimiento de índole penal,
del cual forma parte la fase de la
averiguación previa, no debieron aplicarse en
su contra, preceptos legales que atañen a la
esfera del proceso penal , ya que esto solo es
dable para las personas imputables el Agente
del Ministerio Público, atentó contra los
derechos humanos de Rogelio López García,
de 13 años de edad, infringió lo dispuesto por
el Artículo 20 y 21 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos por su
indebida aplicación; 4 del Código de Defensa
Social para el Estado, por su inobservancia;
67, 69 y 70 del Código de Procedimientos en
Materia de Defensa Social del Estado, por su
indebida aplicación; 2, 3, 4 y 25 de la Ley del
Consejo Tutelar para Menores Infractores del
Estado de Puebla por su inobservancia;
asimismo, desatendió el Artículo 37 de la
Convención de los Derechos del Niño que en
lo conducente establece: “Los Estados partes
velarán porque: ... d) Todo niño privado de
su libertad tendrá derecho a un pronto
acceso, a la asistencia jurídica y otra
asistencia adecuada, así como derecho a
impugnar la legalidad de la privación de su
libertad ante un tribunal y otra autoridad
competente, independientemente imparcial, y
a una pronta decisión sobre dicha acción”.
El acto descrito fue reprobado por la
Comisión de Derechos Humanos, quien
recomendó al Edil Municipal de Tehuacán,
Puebla para que se sirva cumplir con los
siguientes puntos:
Gire instrucciones precisas al Contralor
Municipal, a fin de que inicie procedimiento
administrativo de investigación, en contra del
Licenciado Alfredo Suriano Suriano, Juez
Calificador del Segundo Turno de Tehuacán,
Puebla, por la retención cometida en agravio
de Rogelio López García, de 13 años de edad
y las omisiones que se desprenden de la
presente recomendación.
Instruya al Licenciado Alfredo Suriano
Suriano, Juez Calificador del Segundo Turno
de Tehuacán, Puebla, para que en lo sucesivo
evite retener indebidamente a menores de 16
años, ya sea por infracciones al Bando
Gubernativo del lugar o por infracciones al
Código de Defensa Social del Estado.
Gire indicaciones expresas a los Jueces
Calificadores Municipales, a fin de que en lo
sucesivo, cuando sean puestos a su
disposición menores de 16 años a quienes se
les atribuyan faltas al Bando de Policía y
Buen Gobierno de ese Municipio o
infracciones al Código de Defensa Social del
Estado, los pongan en forma inmediata a
disposición del Consejo Tutelar para Menores
Infractores del Estado y en su caso provean
lo necesario para su traslado al Centro de
Observación y Readaptación Social para
Menores Infractores del Estado, enviando el
oficio informativo respectivo.
Promueva la revisión y modificación del
Artículo 17 del Bando de Policía y Buen
Gobierno de Tehuacán, Puebla, a fin de que
se adecue a lo establecido por la Ley del
Consejo Tutelar para Menores Infractores del
Estado y de esa forma se evite vulnerar los
derechos humanos de los menores de 16
años.
Por otra parte se pidió a la C. Procuradora
General de Justicia del Estado, para que en
primer término, gire indicaciones precisas al
Director de Información, Análisis y Control de
la Conducta Individual de esa institución, a
fin de que inicie procedimiento administrativo
de investigación, en contra del Licenciado
Eduardo Ramón Negreros Castillo, Agente del
Ministerio Público Titular de la Quinta Agencia
Investigadora de Tehuacán, Puebla, por los

actos y omisiones que se desprenden de la
presente recomendación y en su caso
determine lo que conforme a derecho
corresponda. Asimismo, gire instrucciones
precisas al Licenciado Eduardo Ramón
Negreros Castillo, Agente del Ministerio
Público Titular de la Quinta Agencia
Investigadora de Tehuacán, Puebla, a fin de
que en lo sucesivo, cuando le sean puestos a
su disposición menores de 16 años, por la
infracción al Código de Defensa Social, en
forma inmediata los ponga a disposición del
Consejo Tutelar para Menores Infractores y
en su caso provea su traslado al Centro de
Observación y Readaptación para Menores
Infractores del Estado, enviando el oficio
informativo respectivo. Por último, gire
indicaciones a quien corresponda, a fin de
que se inicie averiguación previa en contra
del Licenciado Eduardo Ramón Negreros
Castillo, Agente del Ministerio Público Titular
de la Quinta Agencia Investigadora de
Tehuacán, Puebla, por los actos y omisiones
que se desprenden de la presente
recomendación y en su caso determine lo
que conforme a derecho corresponda.
A la misma funcionaria estatal se le
pidió colaboración para que inicie
averiguación previa en contra del Licenciado
Alfredo Suriano Suriano, Juez Calificador de
Tehuacán, Puebla, por lo actos y omisiones
que se desprenden de la presente
recomendación y en momento se determine
lo que conforme a derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
40/2006
En cumplimiento a su función receptora de
quejas por presuntas violaciones a los
derechos humanos, el 25 de abril de 2006, se
recibió la queja de Carmen Jiménez Crisanto,
quien esencialmente reclama la detención,
privación ilegal de la libertad personal, malos
tratos y cobro indebido de que fue objeto su
hijo de nombre Ramón Romero Jiménez, por
parte de autoridades municipales de
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, como lo
son el Presidente Municipal, Coordinador de
la Policía Estatal, elementos de la Policía
Municipal y Juez Menor de lo Civil y Defensa
Social del Municipio antes citado.
De las evidencias integradas al expediente se
desprende que que el Presidente Municipal
de Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, no
justificó el motivo fundado que se tuvo para
ordenar la detención y privación de la libertad
personal de Ramón Romero Jiménez, ya que
desde el punto de vista legal, éste no cometió
falta alguna que ameritara tal acto, por lo
que la autoridad infringió los derechos de
legalidad y las garantías de seguridad jurídica
del aquí agraviado, considerando que la
misma, encuadra en la hipótesis contenida en
el artículo 419 del Código de Defensa Social
del Estado, que en su texto dice: “comete el
delito de abuso de autoridad o
incumplimiento de un deber legal el servidor
público, en los casos siguientes: ... X.-
Cuando ejecute cualquier otro acto arbitrario
y atentatorio a los derechos garantizados en
la Constitución Política de la República o del
Estado, o contra el libre ejercicio del sufragio
público”.
Respecto a la afirmación de Ramón Romero
Jiménez, que tuvo que pagar una multa por
la cantidad de $255.00 pesos para obtener su
libertad, este Organismo Protector de los
Derechos Humanos, se pronuncia a efecto de
que se reintegre la cantidad antes descrita al
quejoso, en virtud que en autos consta la
confesión de la autoridad señalada como
responsable que previo pago de la cantidad
antes descrita en la Tesorería del Municipio,
se dejó en libertad al quejoso, por concepto
de un correctivo disciplinario, según recibo
que se hizo acompañar en copia certificada al
informe rendido por el Presidente Municipal
Constitucional de Xochitlán de Vicente
Suárez, Puebla, de donde se advierte que la
sanción económica impuesta fue
consecuencia de un procedimiento que
resulta a todas luces ilegal, por no existir el
Bando Gubernativo que lo sustente, en donde
se funde y motive la razón legal para la
imposición de dicha sanción y por ende el
cobro realizado desde su origen también es
ilegal, lo que se traduce en una sanción
totalmente indebida, debiéndose dejar sin
efecto dicho cobro, que como sanción
administrativa le fue impuesta y con ello
reparar el menoscabo patrimonial sufrido en
su persona.
Por otra parte, en relación al maltrato,
lesiones y golpes que Ramón Romero
Jiménez refiere haber recibido, por elementos
de la Policía Municipal de Xochitlán de

Vicente Suárez, Puebla, este Organismo se
abstiene de realizar pronunciamiento alguno,
en virtud de que en actuaciones no obran
evidencias que permitan tener por
demostrados dichos actos, además, de que el
quejoso no aportó prueba alguna para
acreditarlos.
Por último, del informe rendido en
colaboración ante esta Comisión de Derechos
Humanos del Estado, por el Director del
Periódico Oficial del Estado, se desprende
que no se ha llevado a cabo el proceso
reglamentario que previene la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y la
Ley Orgánica Municipal del Estado, para la
emisión, aprobación y promulgación del
Bando de Policía y Gobierno del Municipio de
Xochitlán de Vicente Suárez, Puebla, mismo
que aún no ha sido publicado, ante el
consentimiento de tal omisión por el
Ayuntamiento de ese lugar.
De acuerdo con lo anterior, se emitió la
recomendación 40/2006, dirigida al
Presidente Municipal de Xochitlán de Vicente
Suárez, Puebla, para que se sirva cumplir con
lo siguiente:
En lo sucesivo sujete su actuar a los
lineamientos que establece la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las
leyes que de ella emanan, evitando ordenar
la detención de las personas, por la comisión
de faltas administrativas, en virtud de que no
existe publicado ningún ordenamiento legal
que contenga cuales son infracciones
administrativas, ni la sanción que
corresponde a las mismas.
Realice las gestiones necesarias, a fin de que
se proceda a la publicación del Bando de
Policía y Gobierno de Xochitlán de Vicente
Suárez, Puebla, a fin de que dicho
ordenamiento cobre vigencia y validez.
En lo sucesivo de abstenga de ordenar que
se ponga a disposición del Juez Menor de lo
Civil y de Defensa Social, a las personas que
sean detenidas por supuestas faltas
administrativas, al ser autoridad
incompetente para esos efectos y de esta
forma evite tolerar detenciones ilegales y la
imposición de sanciones en agravio de los
vecinos del lugar, sin la justificación legal
correspondiente.
Una vez que sea publicado el Bando de
Policía y Gobierno de esa circunscripción
territorial, si no es posible constituir Juzgado
Calificador, proceda a calificar y sancionar las
faltas administrativas en los términos que
prevea dicho ordenamiento.
Se pidió colaboración al H. Congreso del
Estado, para que inicie procedimiento
administrativo de investigación, en contra del
C. Héctor Melchor Méndez Arroyo, Presidente
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez,
Puebla, por los actos y omisiones que se
desprenden de la presente recomendación y
en su caso se determine lo que conforme a
derecho proceda.
También se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, a fin de que se inicie la
investigación por los hechos que contiene
esta recomendación y en su oportunidad se
determine lo que en derecho proceda.
Finalmente se hace del conocimiento al
Presidente del Honorable Tribunal Superior
de Justicia del Estado, que tomando en
consideración que la C. Beatriz López de
Aquino, Juez Menor de lo Civil y de Defensa
Social de Xochitlán de Vicente Suárez,
Puebla, puede tener responsabilidad
administrativa en relación a los hechos
expuestos y fuera de las atribuciones que le
confiere la Ley, resulta procedente remitirle
copia certificada de la presente
recomendación.
RECOMENDACIÓN
41/2006
El 24 de noviembre de 2005, este Organismo
Protector de los Derechos Fundamentales,
tuvo conocimiento de actos presumiblemente
violatorios a los derechos humanos de José
Francisco Campos Sánchez, a través de la
queja que vía telefónica presentó su
progenitora María Elena Sánchez Tovar,
quien refirió que su hijo de nombre José
Francisco Campos Sánchez, fue detenido el
día de ayer por elementos de la policía
judicial del Estado, en virtud de que se giró
una orden aprehensión como presunto
responsable en la comisión de un delito de
violencia intrafamiliar, girada dicha orden por
el Juez Cuarto de Defensa Social de esta

capital, dentro del proceso No. 174/05, sin
embargo, en el momento de su detención fue
golpeado por los referidos elementos, sin que
autoridad alguna certificara de las lesiones
inferidas a su hijo.
En atención al relato de la quejosa, la
Institución inició una exhaustiva investigación
que le permitió confirmar que las lesiones
presentadas por José Francisco Campos
Sánchez, fueron causadas durante su
detención por los elementos policiacos CC.
Alex Ezequiel Jiménez García, José Adrián
González Vázquez y Enrique Soriano
González, como lo afirmó el quejoso y las
testigos María Aída Reyna Martínez y
Guadalupe Espinoza Hernández, e implican
un abuso se autoridad por parte de los
servidores públicos mencionados, al hacer
uso de fuerza innecesaria, maltratar, golpear
y lesionar al quejoso, atentando así en contra
de los principios de legalidad y de su garantía
de seguridad jurídica, ya que aún cuando
José Francisco Campos Sánchez tenía en su
contra una orden de aprehensión, tal
circunstancia no justifica los abusos
cometidos, pues la sanción que corresponda
al ilícito imputado, corresponderá fijarla a la
autoridad judicial. En este sentido, se estima
que la actitud asumida por los servidores
públicos involucrados, al causar las lesiones
que fueron observadas en José Francisco
Campos Sánchez, encuadra en la hipótesis
prevista por el Artículo 419 del Código de
Defensa Social del Estado, que establece:
“Comete el delito de abuso de autoridad o
incumplimiento de un deber legal el servidor
público, en los casos siguientes: II.- Cuando,
ejerciendo sus funciones o con motivo de
ellas, hiciere violencia a una persona sin
causa legítima o la vejare o la insultare; …
IV.- Cuando ejecute cualquier otro acto
arbitrario y atentatorio a los derechos
garantizados en la Constitución Política de la
República o del Estado, o contra el libre
ejercicio del sufragio público…”.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo y al efecto emitió una
recomendación a la Procuradora General de
Justicia del Estado, para que en primer
término, gire indicaciones precisas a quien
corresponde, a fin de que se continúe con la
integración de la averiguación previa
3007/2005/CEN/AEA-V, que se tramita en la
Agencia del Ministerio Público Especializada
en Anticorrupción, Turno Vespertino, se
realicen las diligencias que sean necesarias
para esclarecer los hechos y en su
oportunidad se determine lo que conforme a
derecho corresponda. Asimismo, emita una
circular dirigida a todos los elementos que
conforman la Policía Judicial del Estado, en la
que se les instruya expresamente a efecto de
que se abstengan de maltratar, golpear y
lesionar a las personas al momento de que
sean detenidas y durante el tiempo que las
tengan bajo su resguardo, respetando de
esta forma sus derechos humanos.
Finalmente, se pidió colaboración al
Delegado de la Secretaría de Desarrollo,
Evaluación y Control de la Administración
Pública, en la Procuraduría General de
Justicia del Estado, para que inicie el
respectivo procedimiento administrativo de
investigación, con el objeto de determinar la
responsabilidad en que incurrieron y en su
caso sancionar como corresponda, a los
agentes de la Policía Judicial adscritos a la
Procuraduría General de Justicia del Estado,
que intervinieron en los hechos a que se
refiere esta recomendación, y en su
momento determine lo que conforme a
derecho corresponda.
RECOMENDACIÓN
42/2006
El 28 de marzo de 2006, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja planteada por Pedro Vicente Rosas,
quien manifestó que el pasado día 26 de
marzo de 2006, siendo aproximadamente las
17:00 horas, me encontraba trabajando en
mi terreno ubicado en la sección sexta de
Tanamacoyan, perteneciente al municipio de
Hueyapan, Puebla, cuando se presentaron
dos elementos de la Policía Municipal de
Hueyapan; los cuales llegaron en una
camioneta de la Presidencia Municipal tipo
Pick-Up, con el escudo de la Presidencia,
indicándome que los acompañara a ver al
Juez, accediendo a dicha petición, por lo que
al llegar a las oficinas de la Presidencia
Municipal, me indicaron los policías, que no
era con el Juez, sino con el Agente
Subalterno del Ministerio Público, sin
embargo dicha autoridad no estaba, por lo
que sin explicación alguna, procedieron a

internarme en el área de seguridad de la
Presidencia Municipal, utilizando la fuerza,
que al internarme, me quitaron mi cinturón,
mi reloj, mis cadetes, un sombrero y un
machete, entregando los dos primeros
Artículos a mis familiares y los dos últimos se
los quedaron, una vez que me quitaron mis
pertenencias, me comenzaron a golpear
entre los dos policías agregándose otros dos
policías, por lo que entre los cuatro me
dieron de golpes en el pecho, en la espalda,
tirándome al suelo y me pusieron sus rodillas
en el pecho, de igual forma, tenía una herida
en el dedo meñique, en el que tenía puntos,
los cuales con un jalón me los quitaron, que
esta golpiza duró aproximadamente cinco
minutos, asimismo permanecí en dicha cárcel
hasta las 20:30 horas, ya que en ese
momento llegaron los policías con otros
detenidos, a quienes iban a meter en el área
de seguridad. Sin embargo al oponerse estos,
los policías les echaron gas lacrimógeno en la
cara, gas que también me fue arrojado, de
igual forma al estar abierta la reja aproveché
el momento para salirme, por lo que me dirigí
a mi casa.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar la existencia de una
serie de actos anómalos y arbitrarios, debido
a que el quejoso Pedro Vicente Rosas, fue
detenido ilegalmente y por ende privado de
su libertad, generándole un acto de molestia
por parte de la Policía Municipal de
Hueyapan, Puebla, razón por la que se llega
a concluir que el proceder de la citada
autoridad resulta a todas luces ilegal y
arbitrario, en atención a las consideraciones
vertidas en la presente recomendación, por lo
tanto se le violan las garantías consagradas
en los Artículos 14, 16 y 17 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así
como también los Pactos, Convenios, Códigos
y Tratados Internacionales que forman parte
en el ámbito internacional del Sistema
Jurídico Mexicano, establecido en el Artículo
133 de nuestra Carta Magna antes citada, y
que se ha hecho mención en el capítulo
correspondiente, incurriendo la autoridad
señalada como responsable en un exceso en
sus funciones, pudiendo traducirse en un
abuso de autoridad, ya que su conducta
puede ser cuestionada y en su caso,
sancionada como lo prevé la Ley, al
estimarse que la misma encuadra dentro de
la hipótesis del Artículo 419 del Código de
Defensa Social del Estado, que establece:
“Comete el delito de abuso de autoridad o
incumplimiento de un deber legal el servidor
público, en los casos siguientes: …X.- Cuando
teniendo conocimiento de una privación ilegal
de la libertad, no la denuncia a la Autoridad
competente o no la haga cesar, si estuviere
en sus atribuciones”.
Atento a lo anterior, la Institución se
manifestó en contra de la actuación del
Presidente Municipal de Hueyapan, Puebla,
emitiéndole ante ello una recomendación
para que en primer término sujete su actuar
a lo previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y a las Leyes que
de ella emanan, con la estricta obligación de
abstenerse de consentir actos ilegales que
traigan como consecuencia la privación de la
libertad de las personas, atentando en contra
de las Garantías Individuales de los
gobernados, debiendo sustentar su actuar en
el marco jurídico que les corresponda, para
así evitar actos que trasciendan en abusos de
autoridad e incurra en incumplimiento de sus
deberes. Asimismo, gire una circular al
Comandante de la Policía Municipal, para que
los elementos a su cargo sujeten su actuar a
lo previsto en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y las leyes que de
ella emanan, absteniéndose de realizar
detenciones y privaciones de la libertad
arbitrarias y sin sustento legal. Por último,
gire sus respetables órdenes al Contralor
Municipal para que en el ámbito de su
competencia inicie el respectivo
procedimiento administrativo de investigación
en contra de los agentes de la Policía
Municipal y Regidor de Gobernación de
Hueyapan, Puebla, que intervinieron en la
detención y privación de la libertad de Pedro
Vicente Rosas, y en su oportunidad
determine lo que en derecho proceda.
Finalmente, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, a fin de que se inicie
averiguación previa en contra de los
servidores públicos involucrados, en los
hechos a que se refiere la presente
recomendación, se realicen las
investigaciones correspondientes y en su

momento se determine lo que conforme a
derecho proceda.
RECOMENDACIÓN
43/2006
El 20 de abril de 2006, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, recibió la
queja planteada por Leandro Eloy Calixto
Cortés, quien manifestó: Que el día 07 de
abril del presente año, aproximadamente a
las 10:00 horas, me encontraba en mi
domicilio cuando llegó el comandante de la
Policía Municipal de nombre Pedro Ariza
Calixto quien me dijo que iba en nombre del
Presidente Municipal de Ahuehuetitla de
nombre Urbano Adelino Tlatelpa Vaquero con
el fin de que firmara un acta-convenio acerca
de unos hechos no ciertos, donde se me
involucro de parte de las C. Teresa Tapia
Calixto y Pablo Calixto Martínez a lo que le
dije en unos momentos bajo, y como a las
10:30 horas baje a la presidencia y al llegar
ya se encontraba la C. Teresa Tapia Calixto
quien en la audiencia previa a que se firmara
el acta, esta no paraba de hablar, dándole
todas la preferencias el presidente a esta
persona, por lo que, sin dejarme hablar
procedió a detenerme ingresándome en la
cárcel municipal, para ello le ordenó al
comandante me encerrara mismo que me
jaloneo y me empujó sin ninguna razón, ya
que yo nunca opuse resistencia lugar donde
permanecí hasta el otro día, esto es, hasta el
08 de abril aproximadamente a las 11:00
horas, sin que se me informara el motivo de
mi detención así como, nunca se me realizó
procedimiento ni administrativo o de ley
alguno, y además para salir tuve que pagar la
cantidad de $300.00. para lo cual se me
extendió un recibo oficial mismo que no tiene
el motivo de mi detención, ni firma ni sello de
quien lo expidió, además, se me obligó a
firmar, se dice, a estampar mi huella, sin que
se me leyera lo que con ella contiene,
diciéndome el presidente si no pones tu
huella te encierro de nuevo, por 3 ó 4 días
como lo pide la señora Teresa, acta que tuve
que firmar para no permanecer detenido, Por
último este mismo presidente me amenazó,
con encerrarme si acudía a acusarlo.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar la existencia de una
serie de actos anómalos y arbitrarios, debido
a que el quejoso Leandro Eloy Calixto Cortés,
por un señalamiento de la C. Teresa Tapia
Calixto, fue detenido y privado de su libertad,
sin habérsele acreditado que efectivamente
hubiera cometido un acto atribuible a la
privación de que fue objeto, absteniéndose la
autoridad municipal de justificar la detención
y privación de la libertad del quejoso, sin que
le diera la oportunidad de ejercitar sus
derechos de legalidad y garantías de
seguridad jurídica que le confiere la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, violando con ello las prerrogativas
constitucionales mencionadas.
En este contexto, es indiscutible que la
Autoridad Municipal ordenó la detención y
privación de la libertad personal del quejoso,
actos reprobables y violatorios de los
derechos fundamentales del mismo,
omitiendo poner de inmediato en
conocimiento de la autoridad competente los
hechos ocurridos, lo que no acontece en la
especie ya que la autoridad municipal
involucrada omitió cumplir con los deberes
que le impone La ley, y consintió actuar como
mediador y ordenó una privación de la
libertad sin sustento legal alguno, por lo que
su actuar se traduce en ilegal y arbitrario.
Por otra parte, se desprende que el quejoso
para gozar de su libertad, tuvo la necesidad
de pagar la cantidad de trescientos pesos,
expidiéndosele un recibo oficial de pago
número 5192, por la Tesorería Municipal de
Ahuehuetitla, por concepto de detención en
la cárcel, firmado por el C.P. Pedro Calixto
Lozano, recibo que se hizo acompañar en
copia certificada al informe con justificación
rendido por la autoridad señalada como
responsable, de donde se infiere que la
sanción económica impuesta, lo fue al
margen de todo procedimiento, violando con
ello los principios de legalidad y seguridad
jurídica, aunado que dicha sanción proviene
de un acto ilegal, lo que se traduce en un
cobro totalmente indebido, debiéndose dejar
sin efecto dicho cobro y reintegrar la cantidad
de trescientos pesos al quejoso y de esta
manera reparar el menoscabo patrimonial de
que fue objeto.
Atento a lo anterior, la Institución se
manifestó en contra de la actuación del

Presidente Municipal de Ahuehuetitla, Puebla,
emitiéndole ante ello una recomendación
para que en primer término y en lo sucesivo,
sujete su actuar a lo previsto en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, y a las Leyes que de ella emanan,
con la estricta obligación de abstenerse de
realizar actos ilegales que traigan como
consecuencia la privación de la libertad de las
personas, así como llevar a cabo acciones
que competen a autoridades diversas,
atentando en contra de las Garantías
Individuales de los gobernados, debiendo
sustentar su actuar en el marco jurídico que
le corresponda, para así evitar actos que
trasciendan e incurran en incumplimiento de
sus deberes. Asimismo, gire sus respetables
órdenes al Tesorero Municipal para que le
sea devuelta al quejoso Leandro Eloy Calixto
Cortés, la cantidad de trescientos pesos que
por concepto de multa le fue impuesta al
margen de todo ordenamiento legal que
funde y motive la causa de dicha sanción
pecuniaria.
Finalmente, se pidió colaboración al
H. Congreso del Estado para que inicie el
procedimiento administrativo que
corresponda al Presidente Municipal
Constitucional de Ahuehuetitla, Puebla, por
los actos y omisiones plasmados en la
presente recomendación, y en su oportunidad
se imponga la sanción que el caso amerite.
RECOMENDACIÓN
44/2006
La Comisión de Derechos Humanos del
Estado, tuvo conocimiento el 26 de enero de
2006, de la ejecución de actos
presumiblemente lesivos de los derechos
fundamentales de las personas mediante la
denuncia que por comparecencia ante la
Institución formuló Martina Isabel Bonilla
Valera, en la cual esencialmente reclama la
orden o acuerdo emitido por el Ayuntamiento
de Atempan, Puebla y/o Presidente Municipal
del propio lugar, para que personal de la
Presidencia Municipal, auxiliado con
elementos de la Policía del lugar, destruyeran
una cerca de su propiedad, construida dentro
del inmueble ubicado en Calle dos de abril sin
número, sección primera, del Municipio de
Atempan, Puebla; la construcción de una
cerca en el lindero de su propiedad alterando
el lindero original, así como la ejecución de la
orden o acuerdo mencionados, con auxilio del
Comandante de la Policía Municipal de la
circunscripción territorial referida.
Con base en lo expuesto, la Comisión realizó
una exhaustiva investigación que le condujo
a la demostración de que a la quejosa se le
violaron sus derechos humanos, ya que la
cerca que construyó con recursos propios fue
destruida, le robaron los materiales que
conformaban la misma, todo ello sin que
mediara orden de autoridad que fundara y
motivara tal acto, como lo previene el
Artículo 16 de la Constitución General del
República que establece: “Nadie puede ser
molestado en su persona, familia, domicilio,
papeles, posesiones, sino en virtud de
mandamiento escrito de la autoridad
competente, que funde y motive la causa
legal del procedimiento...”. Lo anterior
implica que las autoridades responsables,
además infringieron lo dispuesto por los
Artículos 8.1 de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (Pacto San José)
que entre otros aspectos establece que toda
persona tiene derecho a ser oída, con las
debidas garantías y dentro de un plazo
razonable, por un juez o tribunal competente,
independiente e imparcial, para la
determinación de sus derechos y obligaciones
de orden civil o de cualquier otro carácter; así
como lo previsto por los Artículos 21.1 y 21.2.
de la citada Convención que indica que toda
persona tiene derecho al uso y goce de sus
bienes, por lo que no puede ser privada de
ellos, excepto mediante el pago de
indemnización justa por razones de utilidad
pública o de interés social en los casos y
según las formas establecidas por la Ley. Lo
anterior, en atención a que la quejosa no fue
oída ni vencida en juicio, en el que una
autoridad competente la condenara a la
perdida de objetos de su propiedad o a la
restitución de un bien inmueble que afirma es
de su propiedad y del que se siente
propietaria una Institución Educativa.
Asimismo, se estima que la conducta de los
servidores públicos mencionados infringe el
contenido de los Artículos 17.1 y 17.2 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos,
que establecen que “Toda persona tiene
derecho a la propiedad, individual y
colectivamente y que nadie será privado de
arbitrariamente de la misma, así como el

contenido de los diversos 1, 2 y 8 del Código
de Conducta para funcionarios encargados de
hacer cumplir la Ley, que esencialmente
establecen que los funcionarios encargados
de hacer cumplir la ley cumplirán en todo
momento los deberes que les impone la ley,
sirviendo a su comunidad y protegiendo a
todas las personas contra actos ilegales, en
consonancia con el alto grado de
responsabilidad exigido por su profesión, que
en el desempeño de sus tareas, los
funcionarios encargados de hacer cumplir la
ley respetarán y protegerán la dignidad
humana y mantendrán y defenderán los
derechos humanos de todas las personas,
haciendo cuanto esté a su alcance por
impedir toda violación de ellos y por
oponerse rigurosamente a tal violación.
Por lo anterior la Comisión manifestó
su desacuerdo con los actos acreditados y
emitió una recomendación al Presidente
Municipal de Atempan, Puebla, para que en
primer término, en lo sucesivo sujete su
actuar a la Constitución y a las leyes que de
ella emanan, evitando intervenir en asuntos
de carácter civil, penal o de cualquier índole
que sea de competencia diversa a la suya,
asimismo, se abstenga de ordenar a
integrantes del Ayuntamiento que preside y
del Cuerpo de Seguridad Pública de esa
circunscripción territorial, que realicen actos
fuera de sus atribuciones, ya que tales actos
engendran abusos de autoridad que son
sancionados por la Ley. Finalmente, gire
instrucciones al Contralor Municipal, a fin de
que inicie procedimiento administrativo de
investigación en contra de los elementos de
seguridad pública de nombres Pedro
Marcelino Perfecto Candelario, Gaspar
Gregorio Marcos, y Placido Hernández Acuña,
por los actos a que se refiere esta
recomendación y en su oportunidad
determine lo que corresponda.
Por otra parte, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus instrucciones a quien
corresponda, con el objetivo de que se inicie
averiguación previa en contra de los
servidores públicos del Ayuntamiento de
Atempan, por los hechos a que se refiere la
presente recomendación y en su momento se
determine lo que en derecho proceda y en su
caso también investigue la conducta
desplegada por Roberto López Romero,
Agente del Ministerio Público Subalterno de
Atempan, Puebla, por su participación en los
hechos.
Por último también se pidió
colaboración al H. Congreso del Estado, para
que inicie procedimiento administrativo de
investigación contra del Efrén Herrera
Aguilar, Presidente Municipal de Atempan,
quien provisionalmente se encuentra
suspendido del cargo por causas diversas a la
presente investigación, Síndico Municipal y
Regidores de Gobernación y de Ecología y del
Medio Ambiente, por los actos que derivan
del texto de la presente recomendación y en
su caso determine lo que corresponda.
RECOMENDACIÓN
45/2006
El 13 de octubre de 2005, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado, tuvo
conocimiento de la ejecución de actos
presumiblemente lesivos de los derechos
fundamentales de las personas, mediante la
denuncia que por comparecencia ante la
Institución formuló Enrique Barbosa
Altamirano, quien expresó: Que el día 12 de
octubre del año en curso, siendo
aproximadamente las 23:15 horas, me
encontraba en un velorio en calle Vicente
Guerrero, de San Cristóbal Tepatlaxco, en
dicho lugar también estaban mis papás, pero
me retire para ir a dejar a su casa a mi novia
Edith Benítez y a dos amigas más, pero en el
camino, en la calle Iturbide con esquina
Domingo Arenas nos sentamos a platicar, en
eso pasó una camioneta de la patrulla tipo
Dodge, y a bordo iban 2 elementos de la
Policía Auxiliar Municipal y en una motocicleta
iba otro más, nos dijeron que nos
retiráramos, pero le fuimos a dar una vuelta
a la manzana y regresamos al mismo lugar,
en eso llegó un primo de nombre Esteban
García Barbosa y continuamos platicando,
pero atrás de él llegaron nuevamente los
policías a bordo de la camioneta y la
motocicleta, se bajaron los tres elementos y
empezaron a agredirnos verbalmente
diciéndonos “se les dijo hijos de su puta
madre, por tu culpa ya casi mato a mi
compañero (se refería la que iba a bordo de
la motocicleta), ahora te voy a dar un

paseito” refiriéndose al suscrito, en eso se
logra escapar mi primo y a mi me logran
alcanzar, cuando lo hacen me rocían la cara
con gas lacrimógeno, me esposaron, y me
subieron a la camioneta, me llevaron a San
Martín Texmelucan, que se encuentra a 5
minutos, antes de llegar se estacionaron en
el Boulevard Jalisco, esquina con Josefa Ortiz
de Domínguez, uno de ellos del que ignoro su
nombre pero es delgado, moreno, estatura
de 1.65 metros, labios gruesos, que tenía una
cicatriz en la ceja, dejó de manejar y se subió
a la camioneta para tirarme y entre los dos
elementos me empezaron a patear en el
pecho y en la espalda, después llegamos a
San Martín y me trasladan al módulo de San
Damián, lugar en que se encuentra la cárcel
y nuevamente me agreden jaloneándome y
cuando se entrevistan con el oficial que
estaba de guardia en ese módulo, les dice
que ahí no era, que tenían que llevarme a
San Cristóbal ya que es a donde pertenezco,
por lo que me trasladaron al Auditorio de la
Presidencia Auxiliar Municipal de San
Cristóbal Tepatlaxco, encerrándome en el
baño de hombres, por espacio de 15
minutos, cuando regresaron por mi, me
informan que ya había llegado mi papá José
Alvaro Barbosa Hernández, cuando salí me
recibe un policía que no identifico que sea de
San Cristóbal, sin motivo alguno me da una
bofetada y después otro elemento policiaco
me da otra bofetada y me subieron a la
oficina del Presidente Auxiliar Municipal Víctor
Pérez y ahí me di cuenta que ya estaba mi
papá, al verme el Presidente en las
condiciones que me tenían, dijo que estaba
en mi derecho de dar parte a las autoridades
por abuso de autoridad, dejandome en
libertad, por lo que en compañía de mi papá
nos trasladamos a la Agencia del Ministerio
Público de San Martín Texmelucan, Puebla,
procediendo a declarar y se inició la
Averiguación Previa 1388/2005/SMT, por el
delito de abuso de autoridad”.
Con base en lo expuesto, la Comisión realizó
una exhaustiva investigación que le condujo
a la demostración de que los elementos
policiacos que realizaron la detención
cuestionada, no justificaron el motivo
fundado que tuvieron para detener a Enrique
Barbosa Altamirano, ya que no existe ningún
elemento de prueba que justifique la
comisión de las faltas administrativas que se
atribuyeron al quejoso, lo que implica que la
detención mencionada fue ilegal y vulnera las
garantías de legalidad y seguridad jurídica del
aquí agraviado, lo que resulta reprochable.
Por otra parte, se puede asegurar que los
maltratos, golpes y lesiones inferidas al
quejoso, implican un abuso por parte de los
elementos policiacos involucrados, al hacer
uso de fuerza innecesaria, atentando así en
contra de los principios de legalidad y de sus
garantías de seguridad jurídica, de tal forma
que se hace necesario que la conducta de los
servidores públicos mencionados sea
cuestionada y en su caso sancionada como
legalmente corresponde.
Asimismo, se advierte, que la conducta del
Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal
Tepatlaxco, Municipio de San Martín
Texmelucan, Puebla, el día de los hechos fue
correcta, no sólo por la circunstancia de que
hizo cesar una detención injustificada, sino
porque giró las instrucciones precisas e
incluso hizo comparecer a los elementos
policiacos involucrados ante el Ministerio
Público de San Martín Texmelucan, Puebla,
para que se dilucidaran los hechos, es decir,
facilitó el acceso a la justicia a que tiene
derecho el aquí agraviado por los abusos
cometidos en su contra. En contraparte, el
Presidente Municipal de San Martín
Texmelucan, Puebla, omitió rendir el informe
requerido por esta Institución, limitándose a
señalar que ignora los hechos y que la Policía
Preventiva Municipal no tuvo participación en
ellos, conducta que resulta cuestionable, en
virtud de que por mandato de la Ley, es
quien Preside el Ayuntamiento de San Martín
Texmelucan, Puebla, Municipio al cual
pertenece la Junta Auxiliar de San Cristóbal
Tepatlaxco, es el superior jerárquico del
Presidente Auxiliar Municipal de San Cristóbal
Tepatlaxco y por ende de los demás
servidores públicos involucrados, porque en
ellos se apoya para cumplir con las
obligaciones que adquirió con el cargo que le
fue conferido, tiene el deber de cumplir y
hacer cumplir la Constitución y las Leyes que
de ella emanan, en la circunscripción
territorial donde ejerce sus funciones, de tal
forma que aún cuando por razones naturales
no haya tenido conocimiento de los hechos,
su deber es investigarlos, tomar las medidas
necesarias para evitar la violación a la Ley y a
los derechos fundamentales, propiciar la

capacitación de los servidores públicos que
contribuyen con el Municipio, girar
instrucciones precisas a los servidores
públicos que laboran en forma directa en la
cabecera municipal para que actúen
conforme a sus atribuciones, entre otras
cosas, sin embargo, lo que hace es tomar
una actitud pasiva ante los hechos
cuestionados, que en nada beneficia a la
comunidad y si la perjudica, ya en ocasiones
por dolo y en otras por ignorancia, las
autoridades cometen abusos de autoridad
contra los ciudadanos, sin que dicho Edil
demuestre al menos su interés en dar
solución a los problemas, lo que resulta
reprochable.
Por lo anterior la Comisión manifestó su
desacuerdo con los actos acreditados y emitió
una recomendación al Presidente Municipal
de San Martín Texmelucan, Puebla, para que
se sirva cumplir con los siguientes puntos:
En lo sucesivo sujete su actuar a la
Constitución General de la República y a las
Leyes que de ella emanan, debiendo rendir
los informes con justificación que le sean
requeridos por esta Institución, respecto a los
hechos que ocurran dentro de la
circunscripción territorial donde ejerce sus
funciones, lo que evidentemente incluye a las
Juntas Auxiliares que la conforman.
Gire sus respetables instrucciones al
Contralor Municipal, para que inicie
procedimiento administrativo de investigación
en contra de los elementos de la Policía
Auxiliar Municipal de San Cristóbal
Tepatlaxco, de nombres Alfredo Hernández
Arroyo, Alejandro Islas Macías y Adrián Arana
Ilioza, por los actos y omisiones a que se
refiere esta recomendación y en su momento
se determine lo que conforme a derecho
proceda.
Gire instrucciones precisas al Juez Calificador
de ese Municipio, para que en los casos en
que la policía de las Juntas Auxiliares que
conforman el Ayuntamiento de San Martín
Texmelucan, Puebla, detengan a las personas
por la probable infracción al Bando
Gubernativo Municipal, instruya el
procedimiento administrativo respectivo por
esas causas y en su caso determine lo que
conforme a derecho corresponda.
Indique a la Coordinación o Dirección de
Seguridad Pública Municipal, que en los casos
en que tengan conocimiento de la detención
de las personas por faltas administrativas
orienten a la Policía de las Juntas Auxiliares
que forman parte del Municipio, a fin de que
pongan a dichas personas a disposición del
Juez Calificador o en su caso, de ser
procedente de acuerdo a la organización
administrativa de la Coordinación o Dirección
de Seguridad Pública Municipal, las canalicen
a dicho Juzgado.
Mientras que al C. Presidente Auxiliar
Municipal de San Cristóbal Tepatlaxco,
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla,
se le pide en primer término, gire
instrucciones precisas a los C. Alfredo
Hernández Arroyo, Alejandro Islas Macías y
Adrián Arana Ilioza, elementos de la policía
auxiliar de ese lugar, para que en lo sucesivo
sujeten su actuar a la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, absteniéndose
de detener a las personas sin motivo legal,
maltratarlas, golpearlas y lesionarlas; y
cuando tal detención sea por infringir el
Bando de Policía y Buen Gobierno de San
Martín Texmelucan, Puebla, pongan a dichas
personas a disposición del Juez Calificador del
citado Municipio. Asimismo, realice las
gestiones conducentes ante la autoridad
municipal de San Martín Texmelucan, Puebla,
a fin de que de común acuerdo se tomen las
medidas necesarias para que en los sucesivo,
se reciba por parte del Juez Calificador de
San Martín Texmelucan, Puebla, a las
personas que sean detenidas por la policía
auxiliar, ante la probable comisión de una
falta al Bando de Policía y Buen Gobierno del
Municipio indicado.
Por último, se pidió colaboración a la
Procuradora General de Justicia del Estado,
para que gire sus apreciables instrucciones a
quien corresponda, a fin de que se continúe
con la integración de la indagatoria de
mérito, se realicen las investigaciones
correspondientes y en su momento se
determine lo que conforme a derecho
corresponda.
RECOMENDACIÓN
46/2006

El 16 de marzo de 2006, este Organismo
Defensor de los Derechos Humanos, recibió
la queja de Javier Cortés Rojas, Fidel Roque
Ramírez y Víctor Zabaleta Romero, quienes
señalaron que el día jueves 23 de febrero de
2006, entre las 8:30 y 8:40 horas, fueron
detenidos por el C. Felipe Cortés Altamirano,
Inspector Auxiliar Municipal de Ahuatepec,
Puebla, Plácido Barragán Zavaleta, suplente
del citado Inspector y los Elementos de
Seguridad Pública de esa Junta Auxiliar, de
nombres Mauro Zavaleta Carpio, Manuel
Zavaleta Pérez y Cruz Zavaleta Benítez,
obteniendo su libertad, hasta el día 25 de
febrero de 2005, entre 12:00 y 12:30 horas,
es decir, fueron detenidos y retenidos por
más de cincuenta horas.
Las indagatorias realizadas por la Institución,
permitieron confirmar que la conducta de los
elementos de Seguridad Pública de la Junta
Auxiliar de Ahuatepec, Puebla, de nombres
Mauro Zavaleta Carpio, Manuel Zavaleta
Pérez y Cruz Zavaleta Benítez, resulta
reprochable, en virtud de que los Artículos 1
y 2 de la Ley de Seguridad Pública del
Estado, establecen que las funciones
primordiales de la Policía Municipal y demás
corporaciones policiacas, son las de velar por
la seguridad y bienestar de los habitantes de
los Municipios que conforman la entidad
federativa, la preservación de sus libertades,
ayudar a conservar la paz, el orden público,
respetar y hacer respetar dentro del ámbito
de su competencia, las garantías individuales
y los derechos humanos de los ciudadanos.
No obstante lo anterior, al detener y retener
a los aquí agraviados infringieron los
dispositivos legales mencionados, sin que sea
óbice a lo anterior, el hecho de que hayan
recibido órdenes del Inspector Auxiliar
Municipal de Ahuatepec, Puebla, ya que
dichos elementos deben valorar las órdenes
de su superior y abstenerse de cumplir
aquellas que se contrapongan a las
obligaciones que tienen de acuerdo a la Ley y
de esta forma evitar participar en actos
ilegales. Es importante también, resaltar que
los elementos policiacos son parte integrante
de la seguridad pública, la cual es una
función a cargo de la Federación, el Distrito
Federal, los Estados y los Municipios, en sus
respectivas competencias y que la actuación
de las instituciones policiales deben regirse
por los principios de legalidad, eficiencia,
profesionalismo y honradez, acorde a lo
preceptuado por el párrafo quinto del Artículo
21 Constitucional, principios que
definitivamente dejaron de observar los
elementos de la policía auxiliar municipal
involucrados, quienes detuvieron y retuvieron
a los aquí agraviados de forma ilegal y
arbitraria, atentando así en contra de su
garantía de legalidad prevista por el Artículo
16 de Nuestra Carta Magna, igualmente,
violaron lo dispuesto en el Artículo 50
fracción I de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado, al dejar de
cumplir con la máxima diligencia el servicio
que se les encomendó, pues con su actuar,
se provocó deficiencia en el servicio
encomendado.
Por otra parte, de actuaciones se desprende,
que el Presidente Municipal de Coyomepan,
Puebla, se concreta a señalar, que ignora los
hechos ya que no tuvo participación en ellos,
sin embargo, tal conducta resulta
cuestionable, en virtud de que por mandato
de la Ley, es quien preside el Ayuntamiento,
es el superior del Inspector Auxiliar Municipal
de Ahuatepec, Coyomepan, Puebla, y por
ende de los demás servidores públicos
involucrados, porque en ellos se apoya para
cumplir con las obligaciones que adquirió con
el cargo que le fue conferido, tiene el deber
de cumplir y hacer cumplir la Constitución y
las Leyes que de ella emanan, en la
circunscripción territorial donde ejerce sus
funciones, de tal forma que aún cuando por
razones naturales no haya tenido
conocimiento de los hechos, su deber es
investigarlos, tomar las medidas necesarias
para evitar la violación a la Ley y a los
derechos fundamentales, propiciar la
capacitación de los servidores públicos que
contribuyen con el Municipio, entre otras
cosas, sin embargo, contrario a lo anterior, lo
que hace es tomar una actitud pasiva ante
los hechos cuestionados, que en nada
beneficia a la comunidad y si la perjudica, ya
en ocasiones por dolo y en otras por
ignorancia, las autoridades auxiliares
cometen abusos de autoridad contra los
ciudadanos, por lo que su deber es contribuir
para evitar dichos abusos.
El acto descrito fue reprobado por la
Comisión de Derechos Humanos, quien
recomendó al Presidente Municipal de

Coyomeapan, Puebla, para que se sirva
cumplir con los siguientes puntos:
En lo sucesivo sujete su actuar a la
Constitución General de la República y a las
Leyes que de ella emanan, realizando las
acciones necesarias para capacitar a los
Inspectores Auxiliares Municipales y Cuerpos
de Seguridad Pública de Las Juntas
Auxiliares, informándoles de las atribuciones
y obligaciones que les impone la Ley y de
esta forma contribuir a que no se vuelva a
infringir los derechos de los ciudadanos.
A la brevedad, instruya al Inspector Auxiliar
Municipal de Ahuatepec, Puebla, al Inspector
Auxiliar Suplente y a los elementos policiacos
de la Junta Auxiliar mencionada, a fin de que
en lo sucesivo, sujeten su actuar a la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y a las Leyes que de ella emanan,
absteniéndose de intervenir de cualquier
forma en asuntos de índole religioso de la
comunidad donde ejercen sus funciones.
Gire sus indicaciones al C. Felipe Cortez
Altamirano, Inspector Auxiliar Municipal de
Ahuatepec, Coyomepan, Puebla, a fin de que
en lo sucesivo, se abstenga de solicitar a los
ciudadanos cooperaciones que no estén
contempladas en la Ley.
Instruya al Contralor Municipal de ese lugar
para que inicie procedimiento administrativo
de investigación contra del C. Felipe Cortés
Altamirano, Inspector Auxiliar Municipal de
Ahuatepec, Puebla, Plácido Barragán
Zavaleta, suplente y de los elementos
policiacos de nombres Manuel Zavaleta
Pérez, Mauro Zavaleta Carpio y Cruz Zavaleta
Benítez, por los actos que derivan de la
presente recomendación y en su oportunidad
determine lo que conforme a derecho
corresponda.
Por último, al C. Inspector Municipal
de Ahuatepec, Municipio de Coyomeapan,
Puebla, se le pide que en lo sucesivo, sujete
su actuar a la Constitución General de la
República y Ordenamientos legales que de
ella provienen, se abstenga de detener y
retener a las personas de forma arbitraria e
ilegal, se abstenga de intervenir en asuntos
de índole religioso y de tratar de efectuar
cobros que no están previstos por la Ley.

133

134