Jornadas Internacionales de Transporte

88 GUSTAVO KIPPES
público. Como complemento, se puede implementar un esquema de ajuste automático de
tarifas para que, simplemente, aumente el incentivo a reducir costos. La contrapartida es
que debe hacerse cargo del riesgo comercial, operativo y financiero (por los pasivos asumidos
para la operación).
Una vez terminado el contrato, se tendrá una idea mucho más adecuada del verdadero
costo del servicio; las consecuencias que tienen los costos cuando la administración
es mala; cuando no existen incentivos a bajar costos y a aumentar ingresos.
• Contratos que implican inversión privada
Contrato de concesión
El contrato de concesión se aplica cuando los gobiernos tienen la necesidad de una
profunda transformación del servicio y no cuentan con los recursos para llevarla a cabo.
Entonces, tienen que recurrir necesariamente (por convicción, en algunos casos, como
puede haber sido el de Inglaterra) al capital privado; aunque en lugar de transferirlo en
su totalidad, ya sea porque existe cierta resistencia política o por resquemor, se hace una
cesión temporal de los activos. Que el servicio esté muy deteriorado o que se establecen
metas de servicio muy ambiciosas y la tarifa resultante sea muy alta, pueden ser causas
de esa necesidad estatal de transformación.
Esta forma de contrato fue la que más se ha utilizado en la Argentina en la época de
las privatizaciones, que comienza en los noventa. Se lo usó tanto para el servicio de ferrocarriles
como para el resto de los servicios, y representa un paso previo a la enajenación
total de activos, como se ha procedido, por ejemplo, en Inglaterra y en la Argentina
con las distribuidoras de gas o energía.
En este caso, el Estado cede al prestador privado todos sus derechos sobre los
activos para que este los use durante un período de tiempo como si fuera el propietario,
con todos los derechos y con todas las obligaciones. El privado tendrá la responsabilidad
de la operación, el mantenimiento de los activos e incluso de la realización de inversiones
necesarias para la prestación del servicio en los términos pactados en el contrato
de concesión.
La manera normal de hacer la transferencia es realizando una licitación, que puede
ser: a una tarifa dada, el que ofrece el mayor canon o el que pide el menor subsidio, o
a un canon dado, el que ofrezca la menor tarifa. La propiedad de los activos permanece
en el Estado y vuelven a su órbita una vez terminado el plazo de la concesión.
A veces, el concesionario mantiene una parte de las inversiones que ha hecho con
capital propio dependiendo de la tarifa. En general, la tarifa es suficientemente alta durante
el período de la concesión como para repagar los gastos de explotación y todas las
inversiones. Si las inversiones necesarias fueran muy elevadas, que redundarían en una
tarifa demasiado alta, quedaría un valor residual al final que no se devolvería al Estado.
En ese caso, se reconoce al concesionario el derecho a venderlo o, en la nueva licitación,
quien tome la nueva concesión deberá pagarlo como parte del precio. Normalmente, con