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Estudio jurídico sobre la repercusión del Real Decreto Legislativo 1

Estudio jurídico sobre la repercusión del Real Decreto Legislativo 1

11 Así, en su artículo

11 Así, en su artículo 4 dedicado a los derechos básicos de los consumidores y usuarios, establece entre otros “el derecho a la reparación e indemnización de los daños y perjuicios sufridos”, derecho éste íntimamente relacionado con la materia que es objeto de este estudio, ya que las garantías en los productos de consumo y los servicios de posventa quedarían amparados bajo dicho derecho. No obstante lo dicho, cabe señalar, por su novedad, el Anteproyecto de Ley de la Generalitat, por el que se aprueba el Estatuto de los Consumidores y Usuarios de la Comunidad Valenciana, que sustituirá en breve a la legislación anteriormente referenciada. La futura Ley establece al igual que su predecesora en su artículo 4, como derecho básico de los consumidores y usuarios, la indemnización de los daños y reparación de los perjuicios sufridos, siendo relevante no obstante por su novedad el capítulo III del Título II, artículos 20 y 21, que regulan de forma una forma más detallada el citado derecho. El artículo 20 establece que “Los consumidores y usuarios tienen derecho, de conformidad con la legislación estatal y autonómica que resulte de aplicación, a ser indemnizados por los daños y perjuicios ocasionados en el consumo de bienes o en la utilización de servicios”. Asimismo, el artículo 21 promociona el derecho a la reparación de daños al establecer que “Las administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana adoptarán aquellas medidas que favorezcan y promuevan la indemnización de los daños y la reparación de los perjuicios sufridos por los consumidores, incluyendo entre ellas los procedimientos voluntarios de resolución de confl ictos”. DESARROLLO DEL ESTUDIO El Real Decreto Legislativo 1/2007 regula la protección de los consumidores y usuarios en la adquisición de productos de consumo. Se defi ne al consumidor y usuario como la persona física o jurídica que actúa en un ámbito ajeno a una actividad empresarial o profesional y suscribe un contrato con un empresario, ya sea éste persona física o jurídica, que actúa en el marco de su actividad empresarial o profesional. Por tanto, quedarán excluidos de esta regulación los contratos celebrados entre particulares o entre empresas que se regirán por el Código Civil (art.1.484 y siguientes) o el Código de Comercio respectivamente. Cuando un consumidor o usuario celebra un contrato de compraventa de con un empresario, tanto el contrato celebrado como los bienes entregados se verán regulados por el Libro II del RDL 1/2007 relativo a los contratos y garantías y concretamente por el Título V relativo a “Garantías y servicios posventa”. Garantías del consumidor y usuario. En primer lugar debemos distinguir las dos clases de garantías existentes: La garantía legal, que se verá desarrollada ampliamente a continuación, se defi ne

12 ESTUDIO JURÍDICO SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 EN MATERIA DE GARANTÍAS Y SERVICIOS DE POSVENTA: SITUACIÓN JURÍDICA Y PRÁCTICA JURíDICA ACTUAL como obligatoria y jurídica, por tanto es la que obliga al vendedor, o en su defecto al productor, a reparar o sustituir el producto no conforme de forma gratuita durante los dos primeros años desde el momento de la entrega del producto. La garantía comercial es voluntaria y adicional a la legal y obligará a quien fi gure como garante en las condiciones establecidas en el documento de garantía y en la correspondiente publicidad. Ámbito de aplicación del régimen de garantías. El RDL 1/2007, en su artículo 115 determina el ámbito de aplicación, es decir, afectará a los contratos de compraventa de productos y contratos de suministro de productos que hayan de producirse o fabricarse realizados entre particulares y empresarios y que destinen los mismos a un uso privado. Este precepto excluye los productos adquiridos mediante venta judicial, el agua o gas cuando no estén envasados en volumen delimitado o cantidades determinadas. Asimismo, también excluye los productos de segunda mano adquiridos en subasta administrativa a la que los consumidores y usuarios puedan asistir personalmente. A título de ejemplo, el RDL 1/2007 afectaría a electrodomésticos, ropa, calzado, muebles o vehículos destinados para uso privado, así como una bombona de gas butano o una botella de agua mineral y excluiría los bienes inmuebles, los servicios y la electricidad. Conformidad de los productos. Debemos partir de la premisa de que, salvo prueba en contrario, una vez los productos son adquiridos por el consumidor y usuario, éstos gozan de su conformidad. A estos efectos, para que un producto sea conforme debe reunir las siguientes circunstancias o situaciones, a saber: • que se ajuste a la descripción realizada por el vendedor o la establecida en la oferta publicitaria, • que sea apto para el uso al que está destinado, no existiendo fallos o vicios ocultos. • que sea apto para cualquier uso especial requerido por el consumidor y usuario siempre que éste lo haya puesto en conocimiento del vendedor en el momento de la celebración del contrato. • que presente las calidades y prestaciones habituales de un producto de la misma naturaleza cumpliendo por tanto con las especifi caciones técnicas. Asimismo, la conformidad de los productos adquiridos por el consumidor y usuario, regulada en el artículo 116, es un hecho imprescindible para que se entienda perfeccionado el contrato.

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