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Estudio jurídico sobre la repercusión del Real Decreto Legislativo 1

Estudio jurídico sobre la repercusión del Real Decreto Legislativo 1

17 las

17 las piezas nuevas. La garantía de las reparaciones realizadas a los productos aún cubiertos por la garantía de compra es de seis meses. Sin embargo, todas las reparaciones que efectúen los servicios técnicos de los productos que ya no se encuentren en garantía también están garantizadas con una duración mínima de tres meses. Estos plazos de garantía entrarán en vigor a partir de la fecha de entrega del bien, que será aquella que fi gure en la factura. Dichas garantías tienen validez siempre y cuando el producto no se haya manipulado o reparado por terceros ajenos al servicio técnico y cuando la avería no se haya producido por un uso inadecuado del producto o por causas de fuerza mayor. Además, las listas de precios de los repuestos deben estar a disposición del público, y estos precios, junto a los de mano de obra, traslados o visitas, no deben ser superiores a los costes medios estimados en cada sector. Igualmente, la acción o derecho de recuperación de los productos entregados por el consumidor y usuario al empresario para su reparación prescribe a los tres años a partir del momento de la entrega. JURISPRUDENCIA Dado el breve transcurso de tiempo desde la entrada en vigor del RDL 1/2007, de 16 de noviembre, la mayoría de las sentencias que se analizan a continuación no contemplan la aplicación efectiva del citado RDL, por lo que los órganos jurisdiccionales han venido a aplicar la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores así como la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías de Bienes de Consumo, actualmente refundidas en el RDL 1/2007, al tratarse de hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor del mismo. No obstante lo anterior, la legislación en la que se fundamenta la jurisprudencia recogida en este estudio resulta, en síntesis, muy parecida a la que actualmente fi gura en el RDL para los casos de falta de conformidad de un producto, y en consecuencia, la aplicación de la garantía, haciéndose eco no obstante, la propia jurisprudencia analizada de la vigencia del RDL. En el ámbito jurisprudencial la defi nición de garantía, en sí misma considerada, no plantea mayor problema, limitándose en general a reproducir en las sentencias el texto legal. Otra cosa es las diferentes opciones que la ley otorga a los consumidores y usuarios y que ha sido interpretada por los órganos jurisdiccionales, en función de la concurrencia o no de los requisitos exigidos para ella y las circunstancias específi cas que se producen en dicho supuesto. En algunos casos, incluso se aprecia una disparidad de criterios como se verá al abordar este estudio jurisprudencial. Esta doctrina jurisprudencial se refi ere concretamente a las diversas opciones que la ley confi ere a los consumidores y usuarios cuando adquieren un bien de consumo así como ante su posible reparación, que es la materia objeto de este estudio. De esta forma el estudio se puede distinguir dentro de los siguientes apartados: juris-

18 ESTUDIO JURÍDICO SOBRE LA REPERCUSIÓN DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2007 EN MATERIA DE GARANTÍAS Y SERVICIOS DE POSVENTA: SITUACIÓN JURÍDICA Y PRÁCTICA JURíDICA ACTUAL prudencia que sustenta la reparación del producto en los casos de ejecución de la garantía, jurisprudencia que aboga por la sustitución del producto, jurisprudencia que estima la rebaja del precio del producto y por último, la jurisprudencia que ha aceptado o denegado la resolución del contrato en cumplimiento de la garantía. Sentencias estimando la reparación del producto. En primer lugar se mencionan algunas sentencias relativas a la obligación del vendedor de reparar el producto no conforme por el consumidor. Cabe signifi car a este respecto, que esta opción siendo la más económica para el vendedor, paradójicamente ha resultado ser la opción más solicitada por los consumidores y usuarios. La Audiencia Provincial de Valencia, en su sentencia de 14 de octubre de 2008 (628/2008) revocaba la sentencia del Juzgado de 1ª Instancia núm. 3 de Valencia y estimaba la reparación de un “quad” de segunda mando al entender que la avería del vehículo se produjo dentro del año de garantía y que la misma era de origen. Es importante recordar que el plazo que la ley concede para ejercitar la garantía legal en los productos de segunda mano es de un año. En este sentido, en su Fundamento de Derecho segundo afi rmó que: “El artículo 11.2 de la LGDCU , y el artículo 9 de la Ley 23/2003, de 10 de julio, de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, vigente al tiempo de la celebración del contrato, imponen en la venta de los bienes de naturaleza duradera, la obligación de prestar garantía con un contenido y periodo mínimo (un año para bienes de segunda mano) que es de carácter imperativo y obligatorio, indisponible por los contratantes, con independencia de que respetados esos mínimos pueda jugar la autonomía de la voluntad de las partes por amparo del artículo 1.255CC. Esta garantía, denominada “garantía de producto”, juega un papel importante a la hora de concertarse el contrato con el consumidor y más en supuestos como el enjuiciado en donde el objeto de venta es un vehículo de segunda mano, es decir de un producto ya usado, que por su publicidad hace más atractiva la oferta del comerciante por las ventajas que ello implica al consumidor al tener cierta seguridad de que en ese plazo el bien adquirido no va a defraudar las expectativas esperadas con su uso. Viene defi nida en la Directiva Comunitaria 1999/44/CEE de 25 de mayo relativa a determinados aspectos de la venta y garantías de bienes de consumo en su artículo 1,2º, letra e, como “todo compromiso asumido por un vendedor o un productor respecto al consumidor, sin coste suplementario, de reembolsar el precio pagado por un bien de consumo, de sustituirlo, de repararlo o de ocuparse del modo que fuere del bien en caso de que no corresponda a las condiciones enunciadas en la declaración de garantía o en la publicidad correspondiente”. El papel importante que tal garantía desempeña a la hora de adquirir el producto el consumidor es puesta de relieve por el Tribunal Supremo en la sentencia de 23 de mayo de 1991 al decir que “ha de ser interpretada de forma no perjudicial para los derechos del consumidor y la confi anza que le inspiró, como motivo a tener en

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