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jurisprudencia <strong>Revista</strong> de responsabilidad civil y seguro jurisprudencia Jiménez Firón en el presente supuesto, pruebas que en todo caso conllevan la INEXISTENCIA DE CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA, como causa de exoneración de responsabilidad, existiendo una responsabilidad absoluta por parte del codemandado, o como mínimo, cabiendo apreciar la existencia de una CONCURRENCIA DE CULPAS entre ambos conductores implicados…”. En defi nitiva, y a pesar de la alegación de un precepto de carácter sustantivo como vulnerado por la sentencia recurrida, la parte recurrente accede al recurso de casación con el claro y patente objeto de obtener una nueva valoración del material probatoria obtenido en primera instancia, entendiendo que se ha producido un error en la valoración del mismo por parte del juzgador de primera instancia y la Sala de apelación, al confi rmar la misma la resolución del “juez ad quo”, pretendiendo una nueva valoración de la prueba practicada obviamente más favorable a sus intereses y pretensiones, cuestión que en su caso debería haberlo planteado el recurrente a través del recurso extraordinario por infracción procesal pero en modo alguno empleando la vía del recurso de casación, limitado el mismo a los supuestos en que se ha producido una vulneración de un precepto de carácter sustantivo quedando vedado su alcance ya extensión a cuestiones de carácter meramente procesal como es el supuesto que nos ocupa. A este respecto es preciso signifi car que el recurso de casación está limitado a una estricta función revisora de la aplicación de la normal sustantivas a una estricta función revisora de la aplicación de las normal sustantivas al objeto del proceso a que alude el art. 477.1 LEC 2000, y que debe entenderse referido a las pretensiones materiales deducidas por la partes relativas “al crédito civil y mercantil y las situaciones personales o familiares”, tal y como ya se ha indicado, correspondiéndole al recurso extraordinario por infracción procesal controlar las “cuestiones procesales”, entendidas en sentido amplio, es decir, no reducido a las que enumera el art. 416 de la LEC 2000 bajo dicha denominación –falta de capacidad de los litigantes o de representación en sus respectivas clases; cosa juzgada o litispendencia; falta del debido litisconsorcio, inadecuación de procedimiento y defecto legal en el modo de propinar la demandada o, en su caso, la reconvención por falta de claridad o precisión en la determinación de las partes o en la petición que se deduzca– e igualmente de las que llevan a conformar la base fáctica de la pretensión, de tal modo que las disposiciones relativas a la cosa juzgada, tanto en el aspecto negativo o de efi cacia de cosa juzgada material como en su especto positivo o prejudicial, así como la infracción de normal relativas a cuestiones probatorias se encuadran dentro de la actividad procesal, cuya corrección debe examinarse en el marco del recurso extraordinario pro infracción procesal, dejando el de casación limitado a una estricta función revisora del juicio jurídico consistente en la determinación del alcance y signifi cado jurídico de los hechos probados. Estos criterios se han recogido ya en numerosos Autos de esta Sala de inadmisión de recursos de casación ya interpuestos y en aplicación de tales criterios el recurso de casación en cuanto a la infracción ahora examinada resulta improcedente, debiendo denunciarse la misma, en su caso, a través del cauce del recurso extraordinario por infracción procesal, sin que pueda eludirse este nuevo sistema de recursos y la regla 2ª del apartado uno de la Disposición fi nal decimosexta de la LEC 2000 por la vía de denunciar infracciones procesales a través del recurso de casación (Autos de está Sala, entre otros, los de fechas 27 de marzo de 2007, recurso 143/2004, 3 de mayo de 2007, recurso 2037/2004 y 10 de julio de 2007, recurso 2264/2005). 4. Consecuentemente, procede declarar inadminsible el recurso de casación y fi rme de la Sentencia, de conformidad con lo previsto en el art. 483.4 LEC 2000, dejando sentado el art. 483.5 que contra este Auto no cabe recurso alguno. 100
<strong>Revista</strong> de responsabilidad civil y seguro jurisprudencia jurisprudencia 5. Abierto el trámite de puesta de manifi esto contemplado en el art. 483.3 de la LEC 2000 y presentado escrito de alegaciones por la parte recurrida, procede imponer las costas a la parte recurrente. 6. Asimismo, ante la incomparecencia ante esta Sala de la parte D. José Ángel Jiménez Girón, procede que la notifi cación de la presente resolución se lleve a cabo a las mismas por la Audiencia Provincial a través del Procurador que ostente su representación en el rollo de apelación. En virtud de lo expuesto, LA SALA ACUERDA: 1. NO ADMITIR EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por la representación procesal de D. Antonio Bernal Ramos, contra la Sentencia dictada, con fecha 17 de diciembre de 2008 por la Audiencia Provincial de Cádiz (Sección Quinta), en el rollo de apelación nº 593/2008, dimanante de los autos de juicio ordinario nº 515/2007 del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Sanlúcar de Barrameda. 2. DECLARAR FIRME dicha Sentencia. 3. IMPONER LAS COSTAS a la parte recurrente. 4. Y remitir las actuaciones, junto con testimonio de esta resolución al órgano de procedencia, que la notifi cará a la parte recurrida no comparecida D. José Ángel Jiménez Girón, llevándose a cabo la notifi cación de la presente resolución por este Tribunal únicamente alas partes recurrente y recurrida comparecidas antes esta Sala. Contra la presente resolución no cabe recurso alguno. 101
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