Revista nº 35, 3º trimestre año 2010 (PDF 5,11 Mb) - Asociación ...

Revista de responsabilidad civil y seguro
perlas cultivadas
tirada ésta de acusación que como consecuencia
del principio acusatorio que rige el procedimiento
penal tiene una consecuencia lógica e ineludible,
cual es que aquella persona a la que afecte la retirada
de acusación queda exenta de cualquier responsabilidad
penal cuando menos y como decía
las sentencia citada de esta Sección por inexistencia
subjetiva del hecho El recurrente solicitó
las siguientes cantidades: 23.499,57 euros por la
privación de libertad, 17.887,39 euros por gastos
de abogado y procurador, y 1.160.637,04 euros
por daños morales. Pues bien, a la hora de valorar
los daños derivados de la prisión preventiva,
esta Sala sigue regularmente varios criterios: la
duración de la propia prisión preventiva, la gravedad
del hecho ilícito imputado y su signifi cación
“La Sala de lo Contencioso-administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León
(sede en Valladolid), ante la que se interpuso el
recurso contencioso-administrativo, entendió –mediante
Auto de 4 de febrero de 2009– que no le
correspondía el conocimiento del recurso en cuestión,
dado que la reclamación se dirigió contra Ibermutuamur
y contra el INSS. Por tanto, reclamando
por responsabilidad patrimonial contra el INSS, ex
art. 142.2 Ley 30/1992, y siendo la desestimación
presunta atribuible al Ministro de Trabajo, entiende
que corresponde el conocimiento del recurso a
la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia
Nacional, a tenor de las previsiones del art.
11.1 de la LJCEl hecho de que las Mutuas Patronasocial,
la incidencia de la privación de libertad en
las relaciones familiares y sociales del afectado, y
los perjuicios económicos sufridos. Pues bien, en
el presente caso, dado que no se han acreditado
circunstancias específi cas que puedan incidir en
la cuantifi cación del daño, procede hacer una valoración
de conjunto, teniendo en cuenta además
que los gastos de abogado y procurador no son
susceptibles de indemnización y pueden sólo dar
lugar a resarcimiento por costas. Así, haciendo
una valoración prudencial, esta Sala calcula que
la indemnización debe quedar fi jada en la cantidad
de treinta mil euros, ya actualizada a la fecha de
la presente sentencia. A esta cantidad habrán de
añadirse, llegado el caso, los intereses de demora
en el pago que correspondan”.
Planteada cuestión de competencia entre TSJ y AN a propósito de
una reclamación patrimonial sobre deficiente asistencia sanitaria
prestada por Mutua de la Seguridad Social, el TSJª entendió
que era competente la AN. Frente a ello Tribunal Supremo, Sala
de lo Contencioso, Sección: 1, en sentencia de veintidós de Julio
de dos mil diez, considera que se aplica el mismo régimen que
el previsto en materia sanitaria entre Administraciones:
perlas cultivadas
les sean sujetos privados no es obstáculo para que
las mismas puedan ser objeto de reclamaciones en
el ámbito de la responsabilidad patrimonial de las
administraciones públicas ya que aquellas realizan
su labor prestando un servicio público por cuenta
del Sistema Nacional de Salud.
Por ello, debe insistirse que en cuanto las mismas
tienen atribuida, en virtud de las disposiciones
legales y reglamentarias más arriba enumeradas,
la colaboración con la administración pública
sanitaria en la gestión de la Seguridad Social de las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se encuentran sometidas al
mismo régimen que las administraciones públicas.
119