Entrevista - Consejo General de Procuradores de España

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Entrevista - Consejo General de Procuradores de España

Entrevista

Gabriela Bravo, portavoz del Consejo General del Poder Judicial

Nº 95/Diciembre 2011

“LA

JUSTICIA

ES

RENTABLE”

Gabriela Bravo es la responsable de trasladar

a la sociedad los acuerdos del órgano de

gobierno de los jueces y magistrados. Firme

defensora de la necesidad de un pacto de

Estado que haga por fin de la Justicia una

prioridad, se muestra crítica con la lentitud

de la puesta en marcha de la nueva oficina

judicial. Y en ese esfuerzo por sumar

esfuerzos, valora de forma muy positiva

las propuestas de la Procura para agilizar

el proceso, como, por ejemplo, su acceso al

Punto Neutro Judicial.

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Procuradores


La actual portavoz del Consejo General

del Poder Judicial (CGPJ) es fiscal

especialista en menores desde 2001.

Nacida en Ràfol de Salem (Valencia),

ingresó en la carrera fiscal en 1989.

Ejerció primero en Cádiz, y en 1991

fue destinada a la Fiscalía del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad

Valenciana, trabajando en los juzgados

de Moncada, Gandía, Catarroja y Sueca.

Miembro del Secretariado de la Unión

Progresista de Fiscales, en mayo de

2007 fue elegida portavoz y presidenta

de esta asociación, cargos que tuvo que

abandonar al ser nombrada vocal del

CGPJ, a propuesta del PSOE, en la última

renovación de septiembre de 2008.

–Después de tres años de portavoz

en el CGPJ, ¿qué es lo que

más le ha sorprendido, al poder

observar el Poder Judicial y la Administración

de Justicia tan desde

dentro, por un lado, y con una

perspectiva tan global, por otro

–Más que sorprenderme, he confirmado

una percepción: que la Justicia

nunca ha sido una prioridad en ninguno

de los gobiernos habidos a lo largo

de estos más de 30 años de democracia.

Y luego, la evidente desconexión

entre el Poder Judicial y el ciudadano,

quizá fruto de que en la agenda política

nunca se le haya dado una prioridad.

Ha llegado un punto en que los ciudadanos

desconocen algunas de las instituciones

relacionadas con la Justicia;

por ejemplo, hay una absoluta confusión

entre Poder Judicial y el órgano

de gobierno de los jueces. En segundo

lugar, han asumido estereotipos que,

de alguna forma, se han colocado en

los medios de comunicación, como

que “la Justicia está politizada”, o

“todo funciona mal”. Hay un evidente

desconocimiento de la gran labor y el

esfuerzo que el capital humano, los

jueces, están desarrollando con el fin

de garantizar los derechos y libertades

de los ciudadanos.

–Cuando dice que ha podido

constatar en este tiempo que la

Justicia no es una prioridad, ¿quiere

eso decir que las cosas están

peor de lo que pensaba

–No, quiero decir que ahora mi

función como vocal del órgano de gobierno

es, por una parte, velar por la

independencia del Poder Judicial, y, al

mismo tiempo, cumplir con otro mandato

que es trabajar para garantizar un

buen funcionamiento de los juzgados

y tribunales de este país. Esta también

es una misión del órgano de gobierno

del Poder Judicial, misión en la que

nos hemos centrado y trabajado intensamente.

Hemos procurado además

implicar a todas las instituciones y administraciones,

y es cuando verdaderamente

te das cuenta del trabajo que

queda pendiente, de lo costoso que resulta,

de su complejidad… No significa

que no se haya hecho nada; se ha trabajado

mucho, se ha invertido mucho,

se ha recorrido un camino importante,

pero no ha sido suficiente.

–El CGPJ ha impulsado reformas

para agilizar los procedimientos,

como la Ley de Medidas de

agilización procesal que acaba de

ser aprobada por las Cortes. ¿Qué

más cosas se pueden hacer para

que nuestra Justicia sea más ágil

y eficiente

–Esa Ley realmente responde a las

propuestas realizadas en las reuniones

de trabajo de los órganos gubernativos

de los juzgados y tribunales, tendentes

a mejorar la agilización de los

procedimientos. Por tanto, lo que hizo

el CGPJ fue plantear estas propuestas

ante quien tiene la responsabilidad de

legislar, a los grupos parlamentarios,

para que las estudiaran y asumieran.

–Con este mismo fin de agilizar

el proceso, los procuradores

quieren ampliar su papel como

colaboradores de la Administración

de Justicia. Por ejemplo, en

materia de ejecución. ¿Considera

razonable esta aspiración profesional

de la Procura

–Desde luego yo creo que la figura

del procurador, que además responde

a esa necesidad de que un técnico

siempre garantiza la buena llevanza

del procedimiento, necesidad a la que

responde históricamente, puede contribuir

con sus propuestas y con su

trabajo a la mejora de la agilización del

proceso. Todo lo que sea potenciar las

facultades de los procuradores, siempre

y cuando se contribuya con ello

a la agilización del procedimiento y a

una mayor eficacia del servicio, sería

positivo.

–La figura de un procurador de

la ejecución, que por delegación

de un secretario o del juez pueda

encargarse de ese trámite y ayudar

a agilizarlo, ¿podría ser una

solución para esta parte del proceso

que tanta insatisfacción genera

a los ciudadanos

–Me parece una propuesta en la

que se debería profundizar y estudiar,

para considerar si desde el punto de

vista del impulso, de la agilización, resulta

positiva para la marcha del pro­

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Entrevista

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cedimiento. Creo que es una iniciativa

muy interesante.

–La Procura reclama unas funciones

que le asimilen a la figura

del huissier, que asume funciones

semipúblicas. ¿Cree correcta esa

solución de cara al futuro cercano

–Estamos en un momento importante,

en donde hay que contar con

todos los que formamos parte del capital

humano de la Justicia, en el que

no sólo están los jueces y fiscales, sino

también los secretarios judiciales, los

abogados, los procuradores o los graduados

sociales. Desde el CGPJ se va a

seguir pidiendo al gobierno surgido tras

las elecciones un nuevo pacto de Estado

para abordar la reforma profunda

de la Justicia, porque seguimos estando

a mitad de camino. Hemos hecho

algunas cosas que eran urgentes, pero

no hemos hecho lo importante y, por

tanto, seguimos estando ahí. Los procuradores

tienen que aprovechar el momento

para hacer propuestas que de

alguna forma contribuyan y coadyuven

a esa mejora del servicio público, y se

ponga en valor su figura.

–La Procura ha creado, con sus

medios, una nueva plataforma

para el servicio del traslado previo

de documentos y escritos. ¿Ese esfuerzo

va en el camino correcto

–Igual que las notificaciones por

vía telemática. Si este sistema también

está funcionando es gracias a la colaboración

e implicación que desde un

primer momento mostraron los procuradores

en este ámbito.

–¿Se podría dar acceso a las

instituciones colegiales de la Procura

al Punto Neutro Judicial, en

orden precisamente a agilizar la

ejecución y la tramitación de los

procesos

–Tenemos que caminar hacia ese

sendero. La meta final es la puesta en

marcha del expediente electrónico y

esta sería una de las fases. Me parece

que sería una idea muy, muy positiva.

La Ley de Nuevas tecnologías ha establecido

un plazo de cinco años para

la implantación del expediente judicial,

y se está garantizando a todos los ciudadanos

la posibilidad de comunicarse

con la Administración de Justicia a través

de vías telemáticas. Creo que aquí,

“Todo lo que

sea potenciar las

facultades de los

procuradores,

siempre y cuando se

contribuya con ello

a la agilización del

procedimiento y

a una mayor eficacia

del servicio, sería

positivo”

en este punto, la figura del procurador

proponiendo y, sobre todo, coadyuvando

a que todo esto funcione, y a esta

posibilidad de comunicarse y de superar

este modelo decimonónico del correo

tradicional, sería muy importante.

–¿Cómo es el ambiente actual

dentro del Consejo Si hay discrepancias

al menos no se refle jan

tanto en la prensa, salvo quizás

en algunos nombramientos, como

en épocas recientes.

–Partiendo de un órgano como

este, constituido por 21 miembros,

que tiene una cierta complejidad, puedo

asegurarle que hemos trabajado

y estamos trabajando intensamente,

en primer lugar, para alcanzar acuerdos

satisfactorios que se adopten con

amplias mayorías. Y eso significa un

gran esfuerzo, porque no podemos

admitir, ni permitir, la paralización

del órgano por la disparidad de opiniones.

Por lo tanto, realizamos un

gran esfuerzo para aunar voluntades

y para conseguir que los acuerdos se

adopten con amplias mayorías.

–¿Ese esfuerzo de consenso

se puede cuantificar

–Más del 90% de los acuerdos

se han adoptado por unanimidad,

muchos, o por amplias mayorías. A

esto es a lo que me estoy refiriendo.

Cuando digo que este es un órgano

complejo lo que quiero es poner en

valor el esfuerzo, el trabajo, que exige

muchas reuniones, muchos cambios

de pareceres, para poder salvar las

dificultades propias de los individualismos

y que al final sea el sentido

institucional y la responsabilidad quien

nos aboque a adoptar decisiones en

las que quepamos todos. Y creo que

estamos dando un buen ejemplo.

–¿Pesa mucho el origen del

nombramiento de los vocales, el

partido que les ha propuesto, a la

hora de intentar conformar esos

acuerdos

–No, esto siempre lo he dicho y lo

mantengo. Creo que en escasas ocasiones

se nos ha podido imputar la imagen

de un Consejo dividido. Ha habido

momentos puntuales en los que no se

trataba tanto de pensar en quién nos

había propuesto, en temas relacionados

con la ideología y los principios de

cada uno. En la mayoría de los casos

lo que pesa es, primero, nuestra propia

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concepción jurídica de las cuestiones,

nuestra visión. En ocasiones cuesta llegar

a un acuerdo, pero finalmente, a base

de mucho diálogo, se alcanza, siempre

pensando que tenemos que actuar con

responsabilidad institucional.

–¿Ha sido positivo para la Justicia,

a su juicio, el modelo autonómico

que ha permitido descentralizarla

en gran parte del territorio

–Estamos en un estado autonómico

y, por tanto, uno de los servicios

esenciales para garantizar el funcionamiento

del Estado de derecho es la

Justicia. Transferir su gestión a las Comunidades

Autónomas buscaba acercarla

al ciudadano y, por tanto, creo

que el modelo es positivo. Otra cuestión

es cómo se ha gestionado, y ahí

soy bastante más crítica. Se tenía que

haber hecho un esfuerzo porque se

hubiera caminado siempre, en todos

los territorios, de forma homogénea,

con unas exigencias mínimas de funcionamiento,

de compromiso.

–¿Qué ha fallado, entonces

–Tenemos verdaderos ejemplos de

que, según las Comunidades Autónomas,

podemos incluso hablar de distintas

velocidades de la Justicia. Algunos

gobiernos autonómicos se han implicado

más, y por tanto, en algunas se

ha invertido mucho más que en otras.

Tenemos un modelo en el sistema judicial

que también requiere que el Poder

Legislativo lo aborde desde un pacto

de Estado, porque es necesario un

cambio. El problema de la Justicia

no es la descentralización; es posible

que se haya producido una cierta

descoordinación, lo que exige una

organización más homogénea o una

colaboración que permita que el

modelo en las distintas Comunidades

Autónomas actúe de forma mucho

más homogénea, sin distinción

si es territorio Ministerio o no. Es

muy importante que las Comunidades

Autónomas también sientan la

Justicia como algo esencial para su

funcionamiento y prosperidad. Yo

siempre digo que hay que implicarlas

para que apuesten por la Justicia,

porque un sistema judicial eficaz y

eficiente, una Justicia previsible, que

aporte seguridad jurídica, contribuye

a reforzar el sistema económico

“Desde el CGPJ se

va a seguir pidiendo

al gobierno surgido

tras las elecciones

un nuevo pacto

de Estado para

abordar la reforma

profunda de la

Justicia, porque

seguimos estando a

mitad de camino”

“Los procuradores

tienen que aprovechar

el momento para

hacer propuestas

que de alguna

forma contribuyan

y coadyuven a esa

mejora del servicio

público, y se ponga

en valor su figura”

de cualquier Comunidad Autónoma

y, por supuesto, del país.

–¿Nos puede poner algún

ejemplo, positivo y negativo, de

esa Justicia a dos velocidades

–Algunas Comunidades Autónomas

han sido siempre pioneras en las

apuestas, en los avances y en la modernización.

Voy a hablar de lo positivo;

por ejemplo, el País Vasco o

Cantabria, la vertiente norte del territorio

español. Van a una velocidad,

desde el punto de vista de las inversiones

y la modernización, un poco

mayor que en otras comunidades.

–¿Qué le parecen entonces la

postura de Comunidades Autónomas

que, como la madrileña,

se plantean devolver las competencias

en materia de Justicia

–El debate no deberíamos centrarlo

en si hay que devolver competencias,

y si ahora me resulta rentable

o no asumirlas. Lo que hay que

fijar es una meta común. La Justicia

es rentable, y ese es el mejor mensaje

que le podemos transmitir desde el

órgano de gobierno del Poder Judicial

a todos los políticos, cualquiera que

sea su ideología. Es rentable instaurar

un sistema judicial con previsibilidad

y seguridad jurídica. No hay que seguir

financiando la ineficiencia, sino

fijar procedimientos que sean ágiles

y establecer un nuevo modelo organizativo.

Necesitamos la implicación

de todos; si estamos

todos implicados, lo podemos

conseguir, podemos

garantizar ese servicio público

de calidad, y con ello

vamos a ayudar a la economía

de este país.

–Abrimos legislatura,

y es por tanto tiempo

también de balances.

¿Qué le parece el

esfuerzo realizado en

estos últimos años en

materia de modernización

de la Justicia

–Hay que reconocer el

trabajo y el esfuerzo que

este Ministerio ha realizado

en aras a esa mejora

y modernización. Yo diría

que se ha hecho una parte

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importante, pero no suficiente. Las inversiones

han sido cuantiosas, y es verdad

que en esta legislatura tenemos

una nueva Ley de Jurisdicción Social,

una nueva Ley Concursal, se han aprobado

por fin las modificaciones procesales

para la puesta en marcha de la

nueva oficina judicial, el nuevo Registro

Civil… Se han atendido necesidades

importantes, pero no se ha abordado la

más urgente que era la necesaria modificación

del proceso penal. Desde ese

punto de vista yo siento una cierta

frustración. Es necesario ya, de una vez

por todas, abordar el nuevo modelo de

proceso penal, que se debe poner en

marcha siempre buscando, desde mi

punto de vista, tres premisas básicas:

el respeto a los derechos constitucionales;

la agilidad del procedimiento, fundamental;

y garantizar la imparcialidad

y la independencia del Poder Judicial.

–¿Con un fiscal instructor del

proceso penal, por ejemplo, como

usted defiende

–Eso lo decidirá el legislador, pero

es el modelo que en la mayor parte de

los países europeos se está aplicando.

Es un modelo que responde a unas necesidades

y a unas exigencias que son

compatibles con la velocidad que la Justicia

tiene que adoptar en el siglo XXI.

Por tanto, las exigencias de esa agilización

del proceso y de ese necesario

respeto a determinados derechos en

el marco de esa fase de obtención y

práctica de las diligencias, necesitaría

abordar con profundidad quién debería

dirigir esta investigación.

–¿Está funcionando el nuevo

modelo de oficina judicial como

se esperaba

–Con respecto a la puesta en

marcha de la oficina judicial yo ya

quiero anticipar que soy muy escéptica,

porque quizá ha defraudado las

grandes expectativas que teníamos

en este modelo. Que después de casi

dos años se haya implementado en

el territorio del Ministerio de Justicia

en determinadas ciudades y no

en todos los partidos ni provincias,

y que por parte de las Comunidades

Autónomas, solo algunas también

hayan asumido este reto del cambio

de modelo organizativo, me produce

una cierta frustración. Un cambio tan

profundo como era este, que fija nuevas

premisas y una nueva manera de

organizar las oficinas judiciales, y que

persigue fundamentalmente rentabilizar

y optimizar los recursos, se tenía

que haber abordado en su conjunto.

Volvemos a lo de antes: por qué unas

Comunidades Autónomas sí y otras

“Me parece una

idea muy, muy

positiva dar acceso

a las instituciones

colegiales de la

Procura al Punto

Neutro Judicial.

Tenemos que caminar

hacia ese sendero.

La meta final es

la puesta en marcha

del expediente

electrónico y esta

sería una de

las fases”

no, por qué unos territorios van avanzando

y otros no. Le ha restado brillantez

al proyecto, y además ha habido

muchas disfunciones.

–Pero allí donde ya está funcionando

la nueva oficina judicial,

¿qué conclusión sacamos

–Se están encontrando con los problemas

que genera la puesta en marcha

de un modelo sustancialmente

distinto, y una forma de trabajar y de

organizarse que nada tiene que ver a

como se venía realizando hasta ese

momento. Hay una cierta satisfacción

por parte de los secretarios judiciales,

y una cierta insatisfacción por

parte de los jueces, que consideran

que el nuevo modelo no está resultando

lo eficaz, ni está respondiendo

a los criterios de eficiencia, que se

pretendía. Se sigue trabajando en ello

para resolver todos los obstáculos,

pero hay una cierta desilusión debido

a que después de año y medio de

que entraron en vigor los cambios

legislativos, estén implementados en

una parte tan pequeña del país. Y

hay Comunidades Autónomas que ni

tan siquiera tienen previsto hacerlo.

–Entonces, ¿cuál es el futuro,

sirve el nuevo modelo de oficina

judicial, o no

–Creo que este modelo sirve, superando

los problemas y las deficiencias

y mejorándolo. Es un modelo

que además surge, no lo podemos

olvidar, de un pacto

de Estado, en el que todas

las fuerzas políticas estaban

de acuerdo, y que su filosofía

es muy acertada puesto

que persigue reconducir las

funciones de cada una de

las piezas fundamentales de

la Administración de Justicia.

Es decir, centrar el juez en

su función constitucional de

juzgar y hacer ejecutar lo juzgado,

y residenciar una parte

importante de la tramitación

en las funciones del secretario

judicial, figura que no se

estaba optimizando lo suficiente.

A partir de ahí es necesario

un trabajo común, de

colaboración entre todos, para

ir salvando las dificultades y

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Procuradores


evitar las disfunciones que un nuevo

modelo supone. Ahora bien, creo que

tenemos que ser exigentes; en primer

lugar, para que las deficiencias se superen

antes y funcione con mayor eficacia;

y luego, para que la implantación

sea una realidad en todo el territorio.

–El CGPJ siempre reclama un

pacto de Estado en materia de Justicia.

Por la información que tiene,

¿cree que en esta nueva etapa que

se abre, con el Partido Popular en

el poder, se dan las condiciones

para alcanzarlo

–Lo que yo le puedo asegurar es

que desde luego el CGPJ va a seguir trabajando

en ello, y va a seguir instando

y liderando la reforma de la Justicia, y

pidiendo este pacto de Estado porque

no hay otra forma. Hemos llegado a un

punto en que son tantas las premisas

que necesitamos para que la reforma

de la Justicia sea una realidad, que es

necesario plantearlo desde un consenso

de todas las fuerzas políticas. Es

necesaria una nueva reordenación de

la demarcación judicial, tenemos una

planta judicial que en su momento

cuando se diseñó, en 1870, respondía

a unas necesidades que nada tienen

que ver con la velocidad del siglo XXI.

Es cierto que aquella ley se modificó

en el año 1989, pero desde entonces

España ha avanzado mucho, en complejidad

y también en el sistema de

comunicaciones. No podemos seguir

invirtiendo en un sistema obsoleto,

hay que abordar un nuevo diseño de

la planta judicial porque hay partidos

judiciales cuya existencia no se justifica

ni por el número de habitantes,

ni por el nivel de litigiosidad, ni por

la complejidad, mientras existen otros

con unas carencias evidentes.

–¿Y cómo conjugamos esa necesidad

de cambiar las cosas con

la situación de crisis económica,

de debilidad presupuestaria

–Somos conscientes de que ante

esta difícil situación económica no

podemos exigir grandes dotaciones

económicas ni grandes inversiones.

Ha llegado el momento, no solo en la

Administración de Justicia, ya que se lo

debieran de plantear en todas las Administraciones,

de buscar fórmulas que

nos permitan rentabilizar, optimizar y

“Hemos llegado a

un punto en que son

tantas las premisas

que necesitamos

para que la reforma

de la Justicia sea

una realidad, que es

necesario plantearlo

desde un consenso

de todas las fuerzas

políticas”

“Si apostamos todos

por una Justicia de

calidad más eficaz

y más eficiente,

también estaremos

ayudando a este país

a salir de la situación

económica en la que

se encuentra”

racionalizar los recursos que tenemos.

Desde el punto de vista político, organizativo,

económico y jurídico se tendrá

que ir valorando si el actual modelo

del partido judicial hoy en día es

sostenible, y si no lo es será necesario,

como ya estamos planteando desde

este Consejo, abordar un nuevo modelo

de planta judicial. Otro grupo

de trabajo del CGPJ se va a dedicar

por ejemplo a estudiar los tribunales

de instancia, hacia este nuevo modelo

de órgano cuasi-colegiado al que

tenemos que ir avanzando, porque

también la crisis nos está impidiendo

crear nuevas oficinas judiciales. Hay

que aprovechar los recursos de las

que existen, e intentar aumentar el

número de jueces sin que ello suponga

la creación de una nueva oficina

judicial.

–¿Cree por último que tendremos

este pacto de Estado en materia

de Justicia que usted propugna

en esta nueva legislatura

–Yo confío en que podamos conseguir

ese pacto de Estado. Y además

lo vamos a intentar. Desde el CGPJ

se va a seguir insistiendo en que la

Justicia tiene que ser una prioridad en

la agenda política. Estamos seguros

de que si apostamos todos por una

Justicia de calidad más eficaz y más

eficiente, también estaremos ayudando

a este país a salir de la situación

económica en la que se encuentra. q

RAÚL DE ANDRÉS

Entrevista

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