2002 Fianzas Primero - CNSF

Proyecto de Ley sobre el Contrato
de Fianza de Empresa
Trabajo presentado para el IX Premio de Investigación
sobre Seguros y Fianzas 2002
Lic. Claudio Ricardo Hernández Hernández
“Walrus”
IX
Premio de Investigación sobre
Seguros y Fianzas 2002
Primer Lugar
Categoría de Fianzas

ÍNDICE
Página
RESEÑA 1
TÍTULO PRIMERO.- Disposiciones generales.
Capítulo 1.- De la fianza de empresa en general. 4
Capítulo 2.- Del agente de fianzas. 10
Capítulo 3.- De la póliza. 11
Capítulo 4.- De la prima. 15
Capítulo 5.- De las garantías de recuperación. 16
Capítulo 6.- De los efectos de la fianza de empresa entre la institución de 21
fianzas y el beneficiario.
Capítulo 7.- De los efectos de la fianza de empresa entre la institución 29
afianzadora y el tomador, fiado, obligado solidario y
contrafiador.
Capítulo 8.- De la extinción de la fianza de empresa. 32
TÍTULO SEGUNDO.- Diversas clases de fianza de empresa.
Capítulo 1.- De la fianza de empresa legal o judicial. 42
Capítulo 2.- De las fianzas de fidelidad. 44
Capítulo 3.- De las fianzas que garantizan operaciones de crédito. 46
Capítulo 4.- De las fianzas expedidas en moneda extranjera. 47
TÍTULO TERCERO.- De los Procedimientos.
Capítulo 1.- De los procedimientos que puede ejercitar la institución de 49
fianzas en contra del Tomador, fiado, contrafiador u obligado
solidario.
Capítulo 2.- De los procedimientos para hacer efectiva una fianza de 57
empresa.
CONCLUSIÓN 78
OBRAS CONSULTADAS 78

RESEÑA
Aún y cuando en el año de 1995 se cumplieron cien años desde que se comenzaron a expedir
fianzas de manera profesional, a título oneroso, y de que han existido diversas Leyes que
regulan a las instituciones de fianzas, no se ha emitido una ley que únicamente se refiera al
contrato de fianza de empresa 1 .
La Ley Federal de Instituciones de Fianzas es una ley de policía 2 , que regula la actividad de las
instituciones de fianzas. Dicha ley fue expedida en el año de 1950 y, aunque ha sido reformada
y adicionada en varias ocasiones 3 , no ha sido creada una ley que regule solamente lo relativo al
contrato de fianza de empresa, tal como existe en la materia de seguros, en la que hay una
Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, y, aparte de ésta, una Ley
Sobre el Contrato de Seguro, que fueron publicadas ambas en el Diario Oficial de la Federación
el día 31 de agosto de 1935; es decir, antes de la aludida Ley Federal de Instituciones de
Fianzas.
El artículo 1 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas vigente señala que la misma “es de
interés público y tiene por objeto regular la organización y funcionamiento de las instituciones
de fianzas; las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar; así como la de los
agentes de fianzas y demás personas relacionadas con la actividad afianzadora, en protección
de los intereses del público usuario de los servicios correspondientes”.
Como puede verse, dista de su objetivo que se regule lo concerniente al contrato de fianza de
empresa, razón por la cual es necesaria la creación de una Ley sobre el contrato de fianza de
empresa. 4
1 Acerca de los cien primeros años puede verse la obra conmemorativa elaborada por la Asociación de Compañías
Afianzadoras de México, A.C. Centenario 1895-1995 de la Regulación de la Fianza de Empresa, Impresora y Litográfica
Heva, S.A., México, 1996.
2 Ruiz Rueda señalaba que es “indispensable la vigilancia de la administración pública sobre la constitución,
funcionamiento y actividades de las grandes empresas y en especial las de crédito, para poner coto a la ineptitud, a la
imprudencia, a la desmedida ambición de lucro y aún al abuso y a la posible explotación ilícita. Esta intervención
estatal se exige en forma genérica y aun exaltada, por la prensa y por aquellos que se sienten víctimas de los abusos
y atentados, verdaderos o supuestos, de las grandes empresas, y el estado se ha visto precisado a realizarla, no sólo
para reprimir –en su clásico papel de “estado gendarme” de la época del laisser faire, laiser passer – sino
principalmente para prevenir esos daños, aunque desempeñando de todas maneras el papel de policía.” “El régimen
publicista de las empresas de fianzas, en Fianza de Empresa. Estudios Jurídicos, Fianzas México, S.A. Imprenta
Madero, 1985, página 25
3 “...se advierte que, con evidente falta de técnica legislativa, la ley de control contiene dispersas en su articulado las
normas que rigen este contrato, sin reconocer como lo hizo el Ejecutivo en 1942, que ese lugar es inadecuado para tal
reglamentación. Por consiguiente, debe pugnarse por recopilar y completar las normas aplicables a la fianza de
empresa como contrato y, a semejanza de lo que ocurre en materia e Seguros, es necesario que se expida la “Ley
sobre el Contrato de Fianza de Empresa”. Independiente y separada de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de
manera que un ordenamiento de derecho privado reglamente este contrato a fin de que se resuelvan la mayoría de los
problemas y conflictos que surgen en relación a las fianzas, sin tener que acudir a interpretaciones imprecisas y a leyes
supletorias”. Álvarez Canelo, José Guadalupe, Noción y distinciones de la Fianza de empresa: el objeto de la obligación
fiadora, Tesis, Escuela Libre de Derecho, México, 1962, página 26.
4 Así se ha expresado, entre otros, el licenciado Juan Arturo Altamirano Dueñas: No existe en nuestra Legislación una
ley que regule en forma especial, técnica y estructuradamente la Fianza de Empresa, como sí existe, por ejemplo, una
ley sobre el Contrato de seguros (...) falta por tanto, una ley especial para la Fianza de Empresa que contenga en
forma sistemática, los principios técnicos operativos y procedimentales de esta figura de tanta relevancia en la
1

En la presente ley se establece cuál es la fuente de la obligación fiadora en la fianza de
empresa, estableciéndose que la misma puede derivar de un contrato celebrado directamente
con el acreedor o de un contrato celebrado con el fiado con estipulación a favor del tercero.
Entre otras iniciativas, se establece la posibilidad de que la póliza pueda ser expedida a través
de medios magnéticos o remotos de comunicación electrónica, además, que en la póliza se
expresará claramente el objeto a garantizar sin que se pueda presumir que la afianzadora se
obliga a más de aquello que expresamente se obliga a pagar.
También se establece el concepto de prima, que la misma deba ser pagada anualmente
mientras esté en vigor la fianza, que sea pagada en el domicilio de la institución de fianzas.
Se precisa que la caducidad procede sin distinción de beneficiario, tipo de fianza o
procedimiento para hacerla efectiva, al igual que la prescripción.
Se establece el derecho a hacer valer la proporcionalidad siempre y cuando la obligación
garantizada sea divisible por su naturaleza.
Se prevé también establecer disposiciones generales acerca de las relaciones entre la
institución de fianzas y el fiado, solicitante (que en el proyecto de ley se cambia el término por
“tomador”), obligados solidarios y contrafiadores; las relaciones entre la institución de fianza y
el beneficiario acreedor, entre ellas, que se obligan a pagar un interés, en caso de no existir
convenio, si no se paga la prima.
También se precisa que procede la vía ejecutiva para el cobro de primas vencidas y no
pagadas, como se contemplaba en la ley federal de Instituciones de Fianzas antes de la
reforma de julio de 1993.
Asimismo, se abarcan los diversos procedimientos para reclamar una fianza, dándole prioridad
al procedimiento convencional y haciéndose remisión a otros procedimientos que no se
contemplan en la ley, pero que se aplican para hacer efectiva una fianza, como es, por
ejemplo, el incidente que prevé el artículo 129 de la Ley de Amparo.
Se prevén normas en relación con las fianzas otorgadas ante autoridades judiciales penales y el
Ministerio Público en asuntos penales.
Se dispone expresamente que la afianzadora no tiene porqué otorgar garantía cuando pide la
suspensión en el caso de los amparos que promueva relacionados con fianzas reclamadas, y
ello porque es ilógico que las afianzadoras expidan fianzas para garantizar los posibles daños y
perjuicios que un tercero fiado pueda ocasionar con motivo de la suspensión y que se exija que
las afianzadora para obtener dicha suspensión tengan, a su vez que otorgar garantía, con lo
que se desconoce la acreditada solvencia de la cual gozan.
Se establece que la reclamación se puede presentar por fax, medios electrónicos o con
cualquier medio que se pueda acreditar la recepción. Se precisan los requisitos que debe tener
la reclamación y se expresa que el hecho de que una reclamación sea integrada no prejuzga
sobre la procedencia de la misma.
actualidad, en el medio financiero mexicano. “Legislación especializada en materia de fianza de empresa”, en Gaceta
del Comité Jurídico de la Asociación de Compañías Afianzadoras de México, A.C., Año 1, Volumen 1, página 3.
2

Los anteriores son sólo ejemplos de las normas que se pretende establecer en el proyecto y
que ayudan no sólo al sector afianzador, sino a los propios beneficiarios, al tener mayor certeza
sobre la forma en que deben presentar sus reclamaciones y los procedimientos que pueden
utilizar.
También se incluyen en la ley sobre el contrato de fianza de empresa algunas reglas que han
sido expedidas por autoridades administrativas y que verdaderas leyes en sentido material,
aunque no formal.
Muchas de las disposiciones de este proyecto se trasladan de la misma Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, o de Reglas que con relación a algunos tipos de fianza se han emitido,
modificándose solamente lo necesario y en ocasiones dejándose tan cual, por considerarse que
la redacción y motivos de su existencia son válidos y no hay que modificar sólo por el deseo de
hacerlo.
Para resaltar los cambios propuestos por el autor, con apoyo en doctrina o jurisprudencia, se
resaltan en negritas los mismos.
Con respecto a cada uno de los artículos se emite un comentario, para evidenciar el motivo por
el cuál se incluye en la Ley del cual se desprende la importancia que el proyecto pudiera tener
en el sector afianzador.
No se incluyen en este proyecto las instituciones relativas a la actuación de las instituciones de
fianzas como fiduciarias, ni al reafianzamiento, ni al reaseguro actividades que escapan a los
fines de este trabajo que se refiere exclusivamente al contrato de fianza de empresa.
Esta propuesta, he de reconocer, es sólo un proyecto que pretende abarcar diversos temas en
relación con la fianza de empresa, que son tantos que resultaría muy difícil preverlos todos,
pero espero que los preceptos y cambios que sugiero siembren la semilla para que se logre lo
que desde hace muchos años se ha venido propugnando: “que se expida una ley sobre el
contrato de fianza de empresa”. El presente trabajo es un proyecto perfectible, pero trato de
abarcar los aspectos más relevantes en relación con la fianza de empresa, aunque reconozco
que la elaboración de una Ley sobre el contrato motivo de este trabajo deberá ser una obra
hecha entre el sector afianzador, las autoridades ejecutoras y las encargadas de vigilar al
sector afianzador y, en definitiva, tomando en cuenta la opinión del público usuario.
3

TÍTULO PRIMERO
Disposiciones Generales.
De la fianza de empresa en general.
CAPÍTULO 1
“Artículo 1.- Por virtud del contrato de fianza de empresa, una institución de
fianzas se compromete, a título oneroso, con el beneficiario a pagar
determinada suma de dinero por el deudor, si éste no cumple con su obligación.
Comentario: El primer artículo propuesto comienza por definir el contrato de fianza de
empresa toda vez que existe “la necesidad de que el articulado de derecho privado, que
reglamente la fianza de empresa contenga la noción precisa y clara de este contrato, que no
pueda ser modificada por las reglas de control de derecho administrativo obligatorias para las
afianzadoras” 5
No se utiliza la denominación fianza mercantil, en virtud de que ésta “no necesariamente es
fianza de empresa, pero la fianza de empresa sí es necesariamente mercantil, y tiene además
la característica fundamental que consiste en que es otorgada por compañías afianzadoras. Por
eso se le ha llamado también fianza corporativa o de compañía” 6 .
Aunque el nombre “fianza de empresa” que fue seleccionado por Luis Rueda 7 ha sido criticado, 8
dado que el uso de tal vocablo se ha generalizado, se utiliza dicha denominación en el
proyecto.
Se establece en el artículo que se propone la obligación de pagar una determinada suma de
dinero, y no a señalar que el fiador se compromete a pagar, ya que pago o cumplimiento,
según se establece en el Código Civil Federal es la entrega de la cosa o cantidad debida o la
prestación del servicio que se hubiere prestado, pero, las afianzadoras por regla general se
obligan a pagar una cantidad en dinero si el fiado no cumple.
5 Álvarez Canelo, Noción y distinciones de la Fianza de empresa: el objeto de la obligación fiadora, Tesis, Escuela Libre
de Derecho, México, 1962, página 27.
6 Solís Marín Alberto “La Fianza de Empresa en México Breve reseña de su regulación legal (1895-2001)” en,
Compilación Jurisprudencial en Materia de Fianza de Empresa, Swiss Re México, S.A., Comité Jurídico, México, 2001.
7 En su Libro “El Contrato de Fianza de Empresa en el Proyecto de Código de Comercio Crítica y Contraproyecto”,
México, 1960, 1a. Edición hecha por el autor, páginas 10 a 19, Ruiz Rueda explica las razones por las cuales empezó a
utilizar la denominación de fianza de empresa y cómo se adoptó por la doctrina mexicana.
8 Así Arturo Díaz Bravo ha dicho que “Es criticable la expresión fianza de empresa porque: a) Con ella se induce a
confusión sobre las fianzas otorgadas por empresas que no son afianzadoras, que sin embargo no son fianzas de
empresa stricto sensu, aunque sí en sentido amplio; b) De seguir por el mismo camino, habría necesidad de rebautizar
ciertos otros contratos, y referirse, por ejemplo, al préstamo de empresa, crédito de empresa, arrendamiento de
empresa, etcétera. Contratos Mercantiles, quinta edición, Harla, México, 1995, página 212.
4

Así, si el fiado tiene la obligación de cumplir con la obligación de entregar un coche, la
afianzadora no cumple entregando otro coche, como bien fungible que es, sino que, con base
en lo dispuesto en la fianza, se obliga a pagar determinada suma de dinero a favor del
acreedor.
“Artículo 2.- El contrato de fianza de empresa puede celebrarse directamente
entre la afianzadora y el beneficiario de la misma o bien entre afianzadora y
deudor o cualquier otra persona con estipulación a favor del tercero
beneficiario”
Se establece en este artículo propuesto que la fianza pueda ser contratada directamente con el
acreedor, como sucede frecuentemente en las fianzas de fidelidad, o bien que sea un contrato
con estipulación a favor de tercero tal como lo ha establecido la doctrina e incluso la
jurisprudencia:
Al respecto, cabe citar los siguientes criterios emitidos por la Judicatura:
FIANZAS. ESTIPULACIONES A FAVOR DE TERCERO.
El artículo 2794 del Código Civil, dice: "La fianza es un contrato por el cual una persona
se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si este no lo hace" y no está en lo
cierto la autoridad responsable al pretender inferir que al decir el legislador que el fiador
se compromete con el acreedor, ya está exigiendo que el contrato de fianza se celebre
entre el fiador y acreedor. No hay necesidad siquiera de llamar la atención acerca del
significado del verbo "comprometer", que salvo la acepción jurídica que tiene en la
expresión "comprometer en árbitros", no tiene más que la acepción vulgar de asumir una
obligación, cuando se usa como reflexivo, como en el texto legal citado, (...) Esta
obligación bien puede asumirla el fiador mediante un contrato celebrado con el acreedor
directamente, como ocurre por lo general en la fianza de derecho común, que es la
definida en el artículo 2794 del Código Civil para el Distrito y Territorios Federales, o bien
en un contrato celebrado por el fiador con el fiado, con estipulación a favor del acreedor.
(...) Esta forma de contratación a favor de tercero es la usual y casi exclusiva de las
instituciones fiadoras y prueba de ello son los formularios que las compañías de fianzas
usan para la celebración de sus contratos.” 9
FIANZAS ESTIPULACIONES A FAVOR DE TERCERO.
(...) las fianzas a favor de la hacienda pública que otorgan las compañías, son, en primer
lugar, contratos porque a) nacen de un acuerdo de voluntades entre la fiadora y el
proponente de la fianza; b) ese acuerdo de voluntades crea obligaciones recíprocas para
las partes; o en otros términos, a ese acuerdo de voluntades conviene la definición de
contrato contenida en el artículo 1793 en concordancia con el 1792 del Código Civil (...)
estas empresas, solamente pueden otorgar fianzas a título oneroso y para ello es
indispensable que haya contrato que cree provechos y gravámenes recíprocos, como lo
establece el artículo 1838 del Código Civil. No puede en consecuencia, ser otra la fuente
de la obligación de la institución fiadora; no puede nacer de una declaración unilateral de
voluntad, porque ésta sólo puede crear obligaciones gratuitas a favor del destinatario de
esa declaración y nunca crear deudas a cargo del mismo. En segundo lugar la estipulación
9 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXXI, página 735.
5

a favor de tercero no constituye una fuente de obligaciones distinta del contrato sino que
por el contrario, es una parte del mismo, como lo dice el artículo 1868 del Código Civil
citado y lo confirma el 1870. No difiere pues del contrato, sino que es apenas una forma
de contratar en que por lo menos una de las obligaciones que crea el acuerdo de
voluntades, nace a favor de un tercero no contratante: al beneficiario de la estipulación.
Por esto, en doctrina se le llama muchas veces contrato a favor de tercero, en vez de
estipulación favor de tercero, expresiones que por lo demás, son perfectamente
equivalentes. Este contrato bilateral y oneroso denominado fianza de empresa, nunca se
concierta entre la fiadora y la hacienda pública. Esta nunca llega con la institución de
fianzas a un acuerdo de voluntades, en virtud del cual la compañía asuma la obligación de
fiadora y el fisco la contraprestación consistente en el pago de la prima. Ese acuerdo de
voluntades que hace nacer las obligaciones recíprocas, se efectúa entre la fiadora y el
fiado, estipulante de la fianza. Por eso, como esta Suprema Corte de Justicia ha dicho, en
estos casos el Estado, con el nombre de fisco o de hacienda pública, es un mero
beneficiario de una pura relación contractual, pero respecto de la cual no es parte
contratante, sino un tercero. La Tesorería de la Federación no contrata con las compañías
fiadoras ni adquiere para con ellas obligación alguna de pagarles las primas, como
contraprestación de la fianza onerosa, sino que únicamente adquiere el derecho que nace
del contrato estipulado a su favor. Esta situación se hace más patente, al examinar el
formulario de propuesta que firma el fiado, y la póliza, que es la notificación escrita de la
fiadora al tercero beneficiario. La redacción misma de la póliza impide confundirla con una
propuesta de contrato oneroso. (...)” 10
Al precisarse cuál es la fuente de la obligación fiadora, sin pretender acabar con las discusiones
doctrinarias acerca de la misma, en las cuales, a decir de Arturo Díaz Bravo se ha empleado
mucha tinta 11 , se intenta que exista mayor certidumbre acerca de dicha fuente. Así, Ruiz
Rueda 12 y el propio Díaz Bravo, 13 entre otros, han señalado que, por lo regular, la fuente de la
obligación fiadora es un contrato con estipulación a favor de tercero mientras que otros como
Concha Malo sostuvo que la fuente es una declaración unilateral de voluntad que se abstrae del
negocio que le da origen 14 .
Hay que señalar que, es tan discutida la fuente de la obligación fiadora, no solamente en la
fianza de empresa sino en la fianza civil que, inclusive, algunas legislaciones no definen a la
fianza como un contrato, aunque lo ubiquen dentro del capitulado relativo a los contratos, así
por ejemplo, el Código Civil de Colombia no define a la fianza como un contrato, sino que en su
artículo 2361 establece que “La fianza es una obligación accesoria en virtud de la cual una o
más personas responden de una obligación ajena, comprometiéndose para con el acreedor a
cumplirla en todo o en parte, si el deudor principal no la cumple.”
10 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXXI, página 732.
11 Díaz Bravo, Arturo, Op.cit. , página 222.
12 Ruiz Rueda, Luis, “La fianza de empresa a favor de tercero” en Fianza de Empresa, Estudios Jurídicos. Fianzas
México, S.A., Edición Conmemorativa Luis Ruiz Rueda, 1925-1985, Imprenta Madero, págs.77 a 98.
13 Díaz Bravo, Op.cit., página 222.
14 Concha Malo, Ramón, La fianza en México, Futura Ediciones, S.A. de C.V., México, 1988, página 77.
6

Y el Código Civil español tampoco define a la fianza como un contrato, ya que solamente
precisa que “Por la fianza se obliga uno a pagar o cumplir por un tercero, en el caso de no
hacerlo éste” 15
Artículo 3.- La fianza puede constituirse aún en el caso de que el deudor principal
consienta, ignore o contradiga la garantía.
Comentario.- Esta disposición encuentra como antecedente lo dispuesto por el Código Civil
Federal en su artículo 2796 y se traslada a esta Ley sobre el contrato de fianza de empresa
para evitar que el deudor principal pretenda eludir los efectos que surgen de la fianza para con
él, alegando que ni siquiera solicitó la garantía.
“Artículo 4.- La obligación de la afianzadora será siempre a título oneroso,
quedando prohibido obligarse en forma gratuita.”
Comentario.- Se reitera uno de los requisitos esenciales de la fianza de empresa, que siempre
debe ser onerosa, al ser mercantil y para diferenciarla de la fianza civil.
Para evitar prácticas insanas se establece la prohibición de que pueda expedirse una fianza de
empresa a título gratuito.
“Artículo 5.- La fianza no puede existir sin una obligación válida.
Puede, no obstante, recaer sobre una obligación cuya nulidad pueda ser reclamada a
virtud de excepción de nulidad por incapacidad del fiado.”
Comentario.- Este artículo tiene como antecedente lo dispuesto por el artículo 2797 del
Código Civil Federal, aunque en el propuesto se establece expresamente cuál es la excepción
única que no puede hacer valer la institución de fianzas, con lo que se recoge la opinión
mayoritaria de la doctrina en el sentido de que la excepción puramente personal que no puede
hacer valer el fiador frente al acreedor es la que se funda en la incapacidad del fiado 16 .
Artículo 6.- Podrá la institución de fianzas garantizar el cumplimiento de una obligación
futura.
Puede también garantizarse el cumplimiento de una obligación, cuyo importe no
sea determinado pero pueda determinarse. Sin embargo no se podrá reclamar en
contra de la institución de fianzas sino hasta que la obligación sea líquida.
Comentario.- Se distingue entre la obligación futura y la obligación ilíquida. Al respecto se
transcriben los siguientes comentarios de Rojina Villegas, en relación con el artículo 2798 del
Código Civil Federal:
15
Artículo 1822 del Código Civil Español, consultado en la siguiente página Web:
http://www.ucm.es/info/civil/jgstorch/leyes/ccivil.htm
16 Con respecto a las opiniones que sostienen que las excepciones personales son aquellas que se fundan en la
incapacidad del fiado y los que sostienen que son aquellas que derivan de la nulidad relativa, puede verse: Hernández
Hernández Claudio Ricardo, Relaciones entre la afianzadora y el beneficiario en la fianza de empresa, Tesis, Escuela
Libre de Derecho, 1998, páginas 129 a 133.
7

“Para las obligaciones futuras se estima que antes de que exista la relación jurídica
principal y, por consiguiente, sin que pueda determinarse que existirá una deuda, la ley
permite la constitución de la fianza, como ocurre en los casos de tutela, albaceazgo,
sindicatura, etc., pues sin que el tutor, albacea, o síndico hayan incurrido en
responsabilidad alguna y puedan reputarse deudores, necesitan caucionar su manejo
futuro mediante fianza. El artículo 2798 declara: “Puede también prestarse fianza en
garantía de deudas futuras, cuyo importe no sea aún conocido, pero no se podrá reclamar
contra el fiador hasta que la deuda sea líquida”.
En realidad en este caso sólo se deroga en parte el principio de la accesoriedad, supuesto
que la garantía no surtirá efectos si la obligación futura no llega a realizarse. Propiamente
debe hablarse en el caso de una caducidad de la fianza, más que de una extinción, pues
la misma queda supeditada para su existencia a una condición suspensiva, consistente en
que se realice o nazca la obligación futura. Conforme al principio que rige en materia de
condiciones suspensivas, entretanto no se cumpla el acontecimiento futuro e incierto, la
obligación no nace. De esta suerte, la fianza propiamente no ha engendrado la obligación
de responder por otro en el caso de deudas futuras, siendo menester que éstas se
realicen, o en otras palabras, que nazcan para que la fianza exista propiamente. Por esto
debe decirse que habrá una caducidad de la garantía en el sentido de que ésta no llegó a
constituirse cuando la obligación futura no tenga realización. En el artículo 2798, parece
que por obligaciones futuras se entienden aquellas cuyo importe no sea aún conocido, o
por lo menos, el precepto restringe el caso a las deudas futuras que se encuentran en
esas circunstancias, para declarar que no se podrá reclamar contra el fiador hasta que la
deuda sea líquida.
Existe indiscutiblemente una impropiedad en la terminología, en virtud de que en rigor el
artículo se ha querido referir a las deudas ilíquidas y no a las futuras, ya que las primeras
son justamente aquellas cuyo importe no se ha determinado ni puede determinarse en un
breve plazo. Del artículo 1189, interpretado a contrario sensu, hemos obtenido el
concepto de deudas ilíquidas, pues tal disposición estatuye: “se llama deuda líquida
aquella cuya cuantía se haya determinado o puede determinarse dentro del plazo de
nueve días”.
Por consiguiente, debe distinguirse el caso de la deuda ilíquida a que se refiere el artículo 2798,
del relativo a la deuda futura, en la que es su existencia misma la que no puede determinarse y
no su importe. En uno y en otro caso, la fianza puede constituirse, pero en cuanto a las
obligaciones ilíquidas es evidente que deban determinarse, pues el fiador sólo se obliga a pagar
por el deudor si éste no lo hace, siendo menester por tanto la determinación de la deuda”. 17
“Artículo 7.- La institución de fianzas puede obligarse a menos y no a más que el deudor
principal. En caso de duda sobre si se obligó por menos o por otro tanto de la obligación
principal, se presume que se obligó por otro tanto. Si se obliga a más se reducirá su
obligación a los límites de la obligación del deudor.
No podrá la institución de fianzas obligarse en términos más gravosos que el
deudor principal, no sólo en cuanto a la cuantía sino al tiempo, lugar, a la
condición o al modo de pago o a la pena impuesta, reduciéndose, en caso de
haberse obligado, a los términos de la obligación garantizada.”
17 Rojina Villegas, Derecho Civil Mexicano, Tomo VI, Vol. II, quinta edición, Editorial Porrúa, 1986, páginas 256 y 257.
8

Comentario.- El artículo 2799 del Código Civil Federal dispone que el fiador no puede
obligarse a más que el deudor principal, lo cual pudiera legar a considerar que se refiere
únicamente al aspecto económico, pero en el precepto que se propone aclara que no puede
obligarse en términos más gravosos no solamente en cuantía, sino en cuanto a demás
circunstancias de modo tiempo, lugar, etc.
En este artículo se pretende dejar claro que la fianza que se contrate en condiciones más
gravosas no es nula, sino que se reduce a los términos de la obligación garantizada.
Artículo 8.- Por lo que respecta a las obligaciones de hacer, la fianza garantiza
los daños y perjuicios que pueda causar su incumplimiento” 18
Comentario.- En esta disposición se precisa que tratándose de fianzas que garanticen
obligaciones de hacer, en realidad se garantizan los daños y perjuicios que pueda causar su
incumplimiento.
“....podemos concluir que si el incumplimiento de las obligaciones de hacer o de no
hacer, no acarrea daños y perjuicios al acreedor, el fiador no deberá pagar la cantidad
que alzadamente y en forma arbitraria se estipuló. O bien, que si esos daños y perjuicios
son menores a dicha cantidad, el fiador deberá pagar solo el monto de los mismos.” 19
Artículo 9.- El contrato de fianza de empresa, así como los demás documentos que en
relación con la fianza otorguen o celebren las instituciones de fianzas, serán mercantiles
para todas las partes que intervengan, ya sea como beneficiarias, tomadores, fiadas,
contrafiadoras u obligadas solidarias, excepción hecha de la garantía hipotecaria.
Comentario.- En esta ley, nuevamente se precisa el carácter mercantil de la fianza de
empresa, acorde con lo que dispone el artículo 2 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
a pesar de que tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales a cargo de terceros,
en ocasiones los Juzgadores olvidan este carácter mercantil y pretenden que la fianza se
extinga como si fuera un crédito fiscal.
Artículo 10.- En lo no previsto por esta Ley, se aplicarán supletoriamente las
disposiciones del Código de Comercio y el Código Civil Federal, en ese orden,
siempre y cuando no sean contrarias a alguna de las contenidas en esta ley.
Comentario.- Por mucho que se pretenda abarcar en una ley, siempre quedan cabos sueltos,
razón por la cual es indispensable señalar expresamente cuál es la ley aplicable
supletoriamente. En esta disposición se alude concretamente al Código de Comercio y no se
emplea la terminología de “legislación mercantil” en primer término, como la refiere el artículo
113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, expresión que por su ambigüedad puede
llegar a causar confusión.
En la siguiente tesis se precisan los requisitos para que una ley sea aplicable supletoriamente a
otra:
18 Bonnecasse, Julian, Tratado Elemental de Derecho Civil, Editorial Pedagógica Iberoamericana, (traductor Antonio
Figueredo Hurtado y Yezid Humberto Medina Hurtado) México, 1995, página 1001.
19
Rojina Villegas, Derecho Civil Mexicano, Tomo VI, Vol. II, 5a. Edición, Edit. Porrúa, 1986, pág. 254.
9

“SUPLETORIEDAD DE UNA LEY A OTRA. REQUISITOS PARA SU PROCEDENCIA.
Los requisitos necesarios para que exista supletoriedad de una ley respecto de otra,
son a saber: 1.- Que el ordenamiento que se pretenda suplir lo admita
expresamente y señale la ley aplicable; 2.- Que la ley a suplirse contenga la
institución jurídica de que se trata; 3.- Que no obstante la existencia de ésta, las
normas reguladoras en dicho ordenamiento sean insuficientes para su aplicación al
caso concreto que se presente, por falta total o parcial de la reglamentación
necesaria, y 4.- Que las disposiciones con las que se vaya a colmar la
deficiencia no contraríen las bases esenciales del sistema legal de
sustentación de la institución suplida. Ante la falta de uno de estos requisitos, no
puede operar la supletoriedad de una ley en otra.” 20
CAPÍTULO 2
Del agente de Fianzas.
Artículo 11.- Las instituciones de fianzas podrán auxiliarse de agentes para celebrar
contratos de fianzas. Se entiende por Agente, la persona física o moral autorizada
debidamente por la autoridad respectiva, para realizar actividades de intermediación
en la contratación de fianzas.
Comentario.- Una de las distinciones entre la fianza de empresa y la civil es que ésta puede
emplear agentes que ofrezcan la fianza. Se establece en este artículo que el agente es un
intermediario.
Artículo 12.- El agente podrá ser trabajador de la institución de fianzas o
independiente, sin relación de trabajo.
Pueden ser agentes personas morales que se constituyan como sociedades anónimas
para realizar la actividad de intermediación.
Comentario.- En esta disposición se precisa que el agente de fianzas puede ser un empleado
de la afianzadora o una persona independiente a ella, que es lo más frecuente.
Cabe señalar que según el criterio de Mantilla Molina “Agente de comercio es la persona física o
moral, que de modo independiente, se encarga de fomentar los negocios de uno o varios
comerciantes” 21 . Pero según el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo, los agentes son
trabajadores de la empresa “cuando la actividad sea permanente, salvo que no ejecuten
personalmente el trabajo o que únicamente intervengan en operaciones aisladas”
20 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, abril de 1996, página 480
21 Mantilla Molina, Roberto L., Derecho Mercantil, Editorial Porrúa, Décimo novena edición, México, 1979, página 155.
10

CAPÍTULO 3
De la póliza.
Artículo 13.- La póliza es el medio a través del cual la afianzadora expresa la
aceptación de la oferta hecha por el fiado o tomador, en el caso de que la fianza
de empresa derive de una estipulación a favor de tercero o bien, del acreedor
cuando se celebre contrato con el propio beneficiario.
La póliza podrá emitirse a través de medios magnéticos o remotos de
comunicación electrónica. En estos casos deberán utilizarse medios de
identificación electrónica en sustitución de la firma autógrafa, conforme al
Reglamento de este artículo.
El beneficiario al reclamar o requerir el pago de la fianza deberá comprobar que la póliza
fue otorgada y en caso de pérdida o extravío podrá exigir a la institución de fianzas de
que se trate que le proporcione a su costa un duplicado. La devolución de la póliza a la
afianzadora establece la presunción de que su obligación fiadora se ha extinguido, salvo
prueba en contrario.
Comentario.- “Veamos- nos dice Humberto Ruiz Quiroz- como se realiza en la práctica la
expedición de las fianzas, propuestas por el fiado: el contratante llena el formulario que
contiene el clausulado uniforme que es firmado por él y del que nunca se le da copia (...) las
dos voluntades del contratante y la afianzadora pueden constar, y así sucede muchas veces, en
dos documentos distintos: la oferta mal llamada solicitud, y la póliza” 22
La globalización y el auge de las comunicaciones a través de medios electrónicos como Internet
podrá permitir como un medio más ágil y eficaz que se expidan pólizas de fianza a través de
este medio y el derecho no puede soslayar la influencia de la tecnología en la vida social,
El Código de Comercio fue reformado, (al igual que el Código Civil Federal, el Código Federal de
Procedimientos Civiles y la Ley Federal de Protección al Consumidor) mediante decreto de
reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2000, para establecer
en sus artículos 89 a 94 así como 1205 y 1298 lo relativo a la contratación por medios
electrónicos.
Inclusive, ahora, el pago de impuestos en México podrá ser realizado por medio de Internet.
“Si bien el análisis de las ventajas de la contratación electrónica para el seguro de
caución* daría lugar a un estudio específico sobre la materia, podemos enumerar aquí las
más evidentes:
• Facilitar acceso a mercados y clientes.
• Simplificación de los procesos administrativos.
22 Ruiz Quiroz, Humberto, “Los contratos a favor de tercero (Tercera parte)” en Revista de Investigaciones Jurídicas
de la Escuela Libre de Derecho, Año 9, Número 9, México, 1985, páginas 350 a 351.
11

• Seguridad jurídica de los contratos (aunque pueda parecer paradójico, la formalización
por medios electrónicos, con las adecuadas medidas de seguridad, es más fiable que la
firma manual en papel, más difícilmente verificable).
En definitiva, creo obvio que los aseguradores de caución no podemos resignarnos a quedar
fuera del gran avance que el desarrollo de la contratación electrónica nos ofrece.” 23
En la ley que se propone se establece ya como un hecho la expedición de pólizas a través de
medios electrónicos, sin embargo esto es algo que debe reglamentarse, por lo que la ley hace
la remisión al reglamento que se deba expedir y que deba ser realizado con apoyo en expertos
en este tipo de comunicaciones, razón por la cual aunque se fija en el proyecto que podrán
emitirse pólizas a través de medios electrónicos, su reglamentación escaparía a los alcances de
este trabajo.
Artículo 14.- La póliza de fianza expresará con letra y número el monto máximo
hasta el cual se obliga a pagar la afianzadora en caso de ser procedente una
reclamación con cargo a dicha fianza.
Comentario.- A pesar de que las afianzadoras establecen en sus pólizas el monto máximo
hasta el cual se pueden obligar a pagar con motivo del incumplimiento en que incurra el fiado,
aunque no es común, han llegado a existir casos en los que se condena a la afianzadora a
realizar pagos mayores al monto que garantizan. En este artículo, para evitar que se incurra en
excesos, se establece expresamente que en la póliza se establecerá el monto máximo que se
obliga a pagar.
En apoyo de esta propuesta se transcribe la siguiente tesis de la entonces tercera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación:
“FIANZAS, ALCANCE DE LAS
Si del texto de una póliza de fianza aparece que la afianzadora se constituye fiadora
exclusivamente hasta determinada suma de dinero, para garantizar el pago de
prestaciones principales y accesorias nacidas de un contrato de mutuo con interés, esto
significa que dicha afianzadora no está obligada a pagar cantidad alguna más de la fijada,
aun cuando por causa de intereses vencidos la obligación del fiador llegue a ser por
mayor cantidad que la que consta en la póliza.” 24
Artículo 15.- La póliza de fianza expresará con claridad el objeto a garantizar sin
que pueda presumirse que la afianzadora se obliga a más de aquello que
expresamente se obligó a garantizar.
Comentario.- Sucede frecuentemente que la afianzadora garantice el cumplimiento de alguna
determinada obligación, sin que se incluya expresamente en la póliza de fianza el pago de
accesorios. No obstante, los beneficiarios pretenden el cobro de conceptos que la afianzadora
23
Fernández Bargués, Justo, Ley de Comercio Electrónico en España, consultado en la página Web:
http://www.apfpasa.com.ar/boletin/N82.html#SP. *Hay que recordar que en algunos países no se regula en forma
independiente el seguro de la fianza habitual y a ésta se le ha llamado “seguro de caución”.
24 Semanario Judicial de la Federación, tercera época, vol. I, pág. 98
12

no se obligó expresamente a garantizar y es también usual que se condene a la afianzadora,
hasta el límite de lo garantizado, a pagar conceptos no garantizados, con el pretendido apoyo
en lo dispuesto por el artículo 1796 del Código Civil Federal que establece que “los contratos
desde que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son
conforme a la buena fe, al uso o a la ley”.
Como sustento de este numeral que se propone, se transcriben las siguientes tesis:
“CONDICIONES PACTADAS EN LA POLIZA DE FIANZA, DEBE ESTARSE A LO
DISPUESTO EN ELLAS. INTERPRETACION DEL ARTICULO 1851 DEL CODIGO CIVIL
PARA EL DISTRITO FEDERAL.
El artículo 1851 del Código Civil del Distrito Federal dispone: "Si los términos de un
contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al
sentido literal de sus cláusulas. Si las palabras parecieren contrarias a la intención
evidente de los contratantes, prevalecerá ésta sobre aquéllas". Una correcta
interpretación del artículo transcrito, permite establecer que, en tratándose de pólizas de
fianza debe estarse al sentido literal de sus cláusulas, sin que pueda dársele otra
interpretación que cause perjuicio a los asegurados (sic)... “. 25
“FIANZA OTORGADA PARA GARANTIZAR EL INTERES FISCAL. NO DEBE HACERSE
EXTENSIVA HACIA CONCEPTOS QUE EN LA RESPECTIVA POLIZA NO ESTEN
EXPRESAMENTE MENCIONADOS COMO OBJETO DE GARANTIA, AUNQUE PARTICIPEN
DE LA MISMA NATURALEZA JURIDICA QUE LA PRINCIPAL OBLIGACION
GARANTIZADA.
Las fianzas otorgadas por compañías legalmente autorizadas para ello son actos jurídicos
de naturaleza mercantil en los que, conforme a lo dispuesto por el artículo 78 del Código
de Comercio, predomina la voluntad de las partes contratantes, respecto de las
contraprestaciones a que se obliguen aquéllas. Por tanto, para hacer efectiva la fianza
otorgada por alguna de las aludidas compañías debe atenderse únicamente a los términos
literales de las respectivas pólizas, sin que sea válido exigir el pago de conceptos que no
hubiesen sido expresamente garantizados, aunque éstos pudieran tener la misma
naturaleza que la principal obligación objeto de garantía, pues ello equivaldría a suponer
incorrectamente que la ley tiene invariable e implícitamente el alcance de modificar las
contraprestaciones y obligaciones pactadas con libertad por los contratantes, conclusión
que carece de base jurídica, pues para que esa modificación opere por virtud de la ley es
menester que ésta así lo disponga en forma expresa e indubitable, constituyendo así una
o más excepciones a la regla de libertad de la partes en materia de contratos. (...)” 26
“FIANZAS OTORGADAS PARA GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL, INTERPRETACIÓN.
INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA NÚMERO 453, RUBRO: ''FIANZAS.
GARANTIZAN SUERTE PRINCIPAL Y CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA FALTA DE
PAGO. ‘‘, DEL APENDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACION 1917-1995.
El criterio de referencia fue sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (...) Las razones que adujo la Segunda Sala de la Suprema Corte de
25 Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo XI-marzo, página 241.
26 Semanario Judicial de la Federación octava época, tomo XV-febrero, página 168.
13

Justicia de la Nación al sustentarla, consisten en que como el artículo 1796 del Código
Civil Federal dispone que los contratantes no sólo se obligan al cumplimiento de lo
expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son
conformes a la buena fe, al uso o a la ley, se determinaba que las fiadoras deben
responder de todas las consecuencias que origine la falta de pago, con la única limitación
determinada por el monto mismo de la garantía otorgada. Pues bien, aun cuando
efectivamente el indicado precepto establece que los contratantes no únicamente se
obligan al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias
que, según su naturaleza, son acordes a la buena fe, al uso o a la ley, cabe advertir que
en términos del artículo 78 del Código de Comercio, debe prevalecer la voluntad de las
partes contratantes, respecto de las, contraprestaciones a que se obligan aquéllas (...) las
instituciones de fianzas, en tal hipótesis, únicamente adquieren una obligación de carácter
contractual y no de tipo legal. Más aún, en la actualización de los créditos la autoridad
fiscal realiza una nueva liquidación y confunde la naturaleza del deudor principal con la de
la afianzadora, quien responde solamente por la póliza en los términos literales en que
fue expedida y su derecho en el juicio fiscal se limita a combatir la ilegalidad del
requerimiento, por vicios propios, según lo establecido por el artículo 95, fracción V, de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, por lo que no podría impugnar esos conceptos,
ya que son excepciones personales del fiado. No está por demás precisar que la autoridad
fiscal ante quien se constituya una fianza está facultada para no aceptarla, previo
requerimiento al interesado, si no reúne las características que debe satisfacer en
términos de lo dispuesto por el artículo 68 del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación, y que, las afianzadoras carecen de atribuciones para obligar a quien pretenda
obtener determinada fianza, a efecto de que ésta incluya forzosamente conceptos
adicionales, distintos de los que aquél desee garantizar (...)”. 27
Artículo 16.- Las pólizas y documentos expedidos en papelería oficial de las
instituciones de fianzas, o a través de los medios electrónicos identificándose
plenamente, en los términos del Reglamento respectivo, salvo prueba en
contrario, se presumirán legalmente validas
Comentario.- En el último párrafo del artículo 12 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas
se establece una disposición similar, aunque en tal precepto se establece que “las fianzas” que
se emitan en papelería oficial se presumirán válidas, salvo prueba en contrario, y en el artículo
propuesto se aclara que las pólizas y documentos expedidos en papelería oficial o a través de
medios electrónicos son los que se considerará válidos y no la fianza en sí misma.
Artículo 17.- Para los efectos de esta ley, se entiende que existe una misma
responsabilidad, aunque se otorguen varias pólizas de fianzas:
I.-
Cuando una institución otorgue fianzas a varias personas y la exigibilidad de todas
las obligaciones afianzadas dependa necesariamente de un mismo hecho o acto;
II.- Cuando la institución otorgue fianzas para garantizar obligaciones a cargo de una
misma persona, cuya exigibilidad dependa necesariamente de la realización de un
mismo hecho o acto;
27 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, marzo de 1999, página 1398.
14

III.- Cuando se garanticen obligaciones incondicionales a cargo de una misma persona
que consistan en la entrega de dinero.
Comentario.- El artículo es una reproducción del artículo 20 fracciones I a III de la Ley Federal
de instituciones de Fianzas.
CAPÍTULO 4
De la Prima.
Artículo 18.- Prima es la contraprestación que se paga a la afianzadora por la
expedición de una póliza de fianza.
Comentario.- El uso del término “prima” se trasladó del seguro a la fianza, y en cuanto al
origen de la denominación, “prima” en el seguro, existen dos opiniones: una señala que el
término deriva del “PRIMIUM” que significa “Primero” que alude al hecho que un premio debe
ser pagado previamente antes que se dé cobertura a los riesgos y la segunda corriente es en el
sentido de “PRAEMIUM” o recompensa que remite al origen del seguro marítimo, en el cual
existían acuerdos para garantizar a los propietarios de las naves y había un Premio o
recompensa al navío que llegase a su destino. 28
Artículo 19.- Si no hay pacto entre las partes, en el caso de que exista un
término para el cumplimiento de la obligación, se cubrirá la prima en un solo
pago de ejecución instantánea y en el caso de fianzas de vigencia
indeterminada, el pago de la prima será anual hasta en tanto no sea cancelada
la fianza.
El pago de la prima se hará por adelantado, salvo que se pacte que sea por
períodos vencidos.
Comentario.- No existe una disposición en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que
establezca que la prima deba ser pagada en forma anual; sin embargo, esto no ha impedido
que en la práctica se pacte la anualidad de las primas. Inclusive, es en el Reglamento de
Agentes de Seguros y Fianzas publicado el que en su artículo 7 fracción III señala que los
agentes y apoderados de fianzas deberán informar a quien pretenda contratar una fianza “que
deberá pagar primas anuales durante el tiempo de vigencia de la fianza”
Artículo 20.- “Salvo pacto en contrario, la prima convenida para el período en
curso, se adeudará en su totalidad aun cuando la fianza sólo haya estado en
vigor durante una fracción del período”. 29
28 Bustamante Sánchez, Gabriel, ¿Premio o Prima de seguro, en www.goseguros.com/opiniones.
29 Esta es una propuesta de Ruiz Rueda, quien la incluyó en el artículo 20 de un contraproyecto realizado por él, “El
contrato de fianza de empresa en el proyecto...” Op. cit. página 120.
15

Comentario.- Sucede muchas veces que se expide una fianza para garantizar el pago de
rentas por un año, pero, antes de que venza tal plazo se da por terminado el contrato de
arrendamiento, y el fiado pretende que la afianzadora le devuelva parte del pago de la prima
aduciendo que no utilizó la fianza por todo un año, sino solamente por parte del mismo, pero la
afianzadora ya expidió la fianza, ya ingresó a su patrimonio el pago de la prima, ya está
obligada a pagar impuestos, etcétera, por lo que este artículo precisa que aunque la fianza
haya estado en vigor por menor tiempo al garantizado, el pago de la prima se adeudará en su
totalidad.
Artículo 21.- La prima deberá pagarse en las oficinas de la afianzadora, salvo
estipulación en contrario.
Comentario.- Las afianzadoras expiden fianzas de manera habitual, y por lo general es el
fiado, y en algunos casos especiales el acreedor, como en las fianzas de fidelidad, quien acude
a la afianzadora para solicitar la expedición de una fianza, por lo que esta disposición precisa
que el domicilio en que debe pagarse la prima debe ser en el de la afianzadora, admitiéndose la
estipulación en contra.
Artículo 22.- Los agentes y apoderados de fianzas sólo podrán cobrar primas contra
recibo oficial expedido por la institución afianzadora por lo que les está expresamente
prohibido recibir anticipos o pagos de primas con recibos distintos.
Los recibos expedidos en papelería oficial de las instituciones de fianzas y que sean
firmados por los agentes, hacen prueba plena en contra de las instituciones de fianza.
Las instituciones de fianzas, sus agentes o apoderados, no podrán ofrecer o hacer
descuentos o reducción de primas u otorgar algún otro beneficio no estipulado en la
póliza, como aliciente para tomar o conservar un contrato de fianza.
Comentario.- Con la finalidad de proteger al público usuario se trasladan a esta ley la
disposición contenida en el artículo 90 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas y se
precisa en su parte final, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 111 fracción VI de la
aludida Ley.
CAPÍTULO 5
De las garantías de recuperación.
Articulo 23.- Las instituciones de fianzas deberán tener suficientemente garantizada la
recuperación de lo que puedan llegar a pagar con motivo de la emisión de alguna fianza.
Comentario.- Relacionado con lo dispuesto en el artículo transcrito, hago referencia a las
siguientes palabras:
“Es muy frecuente que a este respecto se manifiesten dudas sobre la legitimidad de la
exigencia de las instituciones afianzadoras al solicitar las llamadas garantías de
recuperación, pues se piensa que las fiadoras deben asumir en todo caso las pérdidas de
la operación. Esto se hace por confundir dos instituciones, la de seguros y la de fianzas.
16

Ya establecimos, sin embargo, la diferencia fundamental entre ambas, al señalar que la
primera, mediante el pago de una prima corre un riesgo al que está expuesto el
asegurado, riesgo que de ocurrir será contrario a la voluntad de éste, ajeno totalmente a
él, no deseado, producto de fenómenos físicos o naturales en los que nada tiene que
hacer la voluntad. Por el contrario, en la fianza, por la que se garantiza el cumplimiento d
e una obligación a cargo de un tercero, el incumplimiento de éste, es lo que dará motivo
a la reclamación, es decir, insistiendo un poco sobre el particular, que en este caso sí
existe un acto de voluntad, negativo a la realización de la obligación asumida”. 30
Artículo 24.- Las fianzas de fidelidad y las que se otorguen ante las autoridades
judiciales del orden penal o ante el Ministerio Público tratándose de asuntos
penales, podrán expedirse sin garantías de recuperación que sean suficientes o
comprobables. Se exceptúan de esta regla las fianzas penales que garanticen la
reparación del daño y las que se otorguen para que obtengan la libertad provisional los
acusados o procesados por delitos en contra de las personas en su patrimonio en los que
sí se requerirán garantías suficientes y comprobables.
Comentario.- Se establece en esta disposición que las fianzas otorgadas ante el las
autoridades judiciales penales o ante el Ministerio Público en asuntos penales, podrán expedirse
sin garantías suficientes ni comprobables,
Artículo 25.- Las garantías de recuperación que las instituciones de fianzas están
obligadas a obtener en los términos de esta ley, podrán ser:
I.- Prenda, hipoteca o fideicomiso;
II.- Obligación solidaria;
III.- Contrafianza; o
IV.- Afectación en garantía en los términos previstos por esta ley.
No obstante, las afianzadoras podrán convenir otros tipos de garantía con los
obligados distintas a las señaladas.
Comentario.- “Las fronteras de las garantías se amplían permanentemente...Un costado
fundamental en el desarrollo del derecho de las garantías es su internacionalización. Este
fenómeno incide, en primer lugar, en los negocios internacionales produciendo y una cierta
expansión y generalización del uso de determinadas formas de garantía (por ejemplo las
llamadas garantías autónomas), para después pasar a ser utilizadas en el derecho doméstico y
para operaciones internas o nacionales” 31 , por tal razón se ha establecido en la disposición
que se comenta que se podrán convenir otros tipos de garantía, que de hecho se utilizan por
las afianzadoras: carta de crédito standby, indemnity agreement, fronting, etc.
Artículo 26.- La garantía consistente en prenda, sólo podrá constituirse sobre:
30 Capetillo Robles Gil, Alberto “Las fianzas en general”, en Revista Mexicana de Fianzas número 11, septiembre de
1976, página 212.
31 Alegría, Héctor, Reforma del derecho de Garantías en el Código Civil Argentino, Página 3, consultado en la siguiente
página Web: //www.alterini.org/to_ah1.htm
17

I.- Dinero en efectivo.
II.- Depósitos, préstamos y créditos en instituciones de crédito;
III.- Valores emitidos o garantizados por el Gobierno Federal o por instituciones de
crédito.
VI.- Valores aprobados como objeto de inversión por la Comisión Nacional Bancaria y de
valores. En este caso la responsabilidad de la fiadora no excederá del 80% del valor
de la prenda; y
V.- Otros bienes valuados por institución de crédito o corredor, sin que la
responsabilidad de la afianzadora exceda del 80% del valor de los bienes.
La prenda sobre efectivo o valores deberá depositarse en un plazo de cinco días hábiles
en una institución de crédito; y de ellos sólo podrá disponerse cuando la fianza sea
reclamada o se cancele, o cuando se sustituya la garantía.
Si los bienes se encuentran depositados en alguna institución de crédito, casa de bolsa,
persona moral o institutos para el depósito de valores, bastarán las instrucciones del
deudor prendario al depositario para constituir la prenda.
Si la prenda consiste en bienes distintos al dinero en efectivo o de valores, podrá quedar
en poder del otorgante, en cuyo caso se considerará como depositario judicial.
Si se reciben en prenda créditos en libros, bastará que se hagan constar en el contrato
correspondiente los datos necesarios para identificar los bienes dados en garantía; que
los créditos dados en prenda se hayan especificado debidamente en un libro especial que
llevará la sociedad y que los asientos que se anoten en ese libro sean sucesivos, en orden
cronológico y expresen el día de la inscripción, a partir del cual la prenda se entenderá
constituida.
El deudor se considerara como mandatario del acreedor para el cobro de los créditos y
tendrá las obligaciones y responsabilidades civiles y penales que al mandatario
correspondan. La institución acreedora tendrá derecho ilimitado de investigar sobre los
libros y correspondencia del deudor, en cuanto se refiere a las operaciones relacionadas
con los créditos dados en prenda.
En la garantía prendaria, podrá pactarse que un tercero tenga la posición
material de los bienes pignorados.
Comentario.- Este artículo es reproducción de lo dispuesto por los artículos 26, 27 y 125 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que no señalan como lo hace el Código Civil Federal
en su artículo 2859 que la prenda pueda quedar en poder de un tercero por lo que se incluye
en el último párrafo y no hace referencia a que para que el contrato de prenda surta efectos
contra tercero, deba inscribirse en el Registro Público.
Artículo 27.- La garantía que consista en hipoteca deberá constituirse sobre bienes
valuados por institución de crédito o sobre la unidad completa de una empresa industrial,
caso en el que se comprenderán todos los elementos materiales, muebles o inmuebles
afectos a la explotación, considerados en su conjunto, incluyendo los derechos de crédito
a favor de la empresa.
18

Podrán comprender, además, el dinero en caja de la explotación corriente y los
créditos a favor de la empresa, originados en sus operaciones, sin perjuicio de la
posibilidad de disponer de ellos y de sustituirlos en el movimiento normal de las
operaciones, sin necesidad del consentimiento del acreedor, salvo pacto en
contrario.
La afianzadora podrá oponerse a las alteraciones o modificaciones que se hagan a dichos
bienes durante el plazo de la garantía hipotecaria, salvo que resulten necesarios para la
mejor prestación del servicio.
El monto de la fianza no podrá ser superior al 80% del valor disponible de los inmuebles y
podrá constituirse en segundo lugar si se establece sobre empresas industriales, si los
rendimientos netos de la explotación libres de otra carga, alcanzan para garantizar
suficientemente el importe de la fianza correspondiente.
Comentario.- Esta disposición se toma de lo dispuesto en el actual artículo 28 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, aunque, es menester señalar, es raro que se constituya
una hipoteca en los términos en que se encuentra redactado este artículo por parte de una
afianzadora. Por su practicidad se acude más a la figura de la afectación en garantía.
En este artículo se contempla la hipoteca industrial, llamada así en el artículo 3011 del Código
Civil Federal.
Se añade, para concordarlo con lo dispuesto en el artículo 67 de la Ley de Instituciones de
Crédito, el segundo párrafo.
“Esta garantía tiene el carácter de “hipoteca”, pues el bien objeto de la misma no se entrega al
acreedor, y el deudor tiene facultades de explotación y dirección de la empresa hipotecada, así
como la facultad de disponer y sustituir los bienes en “el movimiento normal de las
operaciones” –subrogación real- salvo pacto en contrario. El objeto de la garantía es “la unidad
completa de la empresa” y comprende los bienes “afectos a la explotación, consideradas en su
unidad”, es decir todos los elementos materiales, muebles e inmuebles que son parte de la
empresa. Con respecto a ciertos bienes, como los activos fijos o inmovilizados, éstos quedan
sujetos a un régimen diverso, pues el acreedor hipotecario tiene derecho a oponerse a su venta
o enajenación, si de ello puede derivar un menoscabo a su garantía”. 32
Artículo 28.- El fideicomiso sólo se aceptará cuando se afecten bienes o derechos
actuales 33 no sujetos a condición.
En la constitución del fideicomiso se podrá convenir el procedimiento para la realización
de los bienes o derechos afectos al mismo, cuando la afianzadora deba pagar la fianza, o
habiendo efectuado el pago tenga derecho a la recuperación. Las partes pueden autorizar
a la fiduciaria para que proceda a la enajenación de los bienes o derechos que constituyan
el patrimonio del fideicomiso y para que con el producto de esa enajenación se cubran a
la afianzadora las cantidades a que tenga derecho.
32 Arce Argollo, Javier, “Introducción al estudio de los medios de garantía modernos”, en Revista de Derecho Privado,
Número 18, Año 6, México, 1995, página 56.
33 Aquí empleo la palabra que usa Díaz Bravo, en lugar de la palabra “presentes” a que alude la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, Op.cit. página 221.
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Comentario.- Este artículo reproduce lo dispuesto en el artículo 29 de la ley Federal de
Instituciones de Fianzas.
Artículo 29.- En cuanto a la obligación solidaria y la contrafianza, esta forma de garantía
se aceptará, preferentemente, cuando el obligado solidario o contrafiador comprueben ser
propietarios de bienes raíces o establecimiento mercantil, inscritos en el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio.
Comentario.- Se establece que quienes se obliguen solidariamente o como contrafiadores,
“preferentemente” deberán comprobar ser propietarios de bienes inmuebles o establecimiento
mercantil inscritos en el Registro Público correspondiente, como lo hace el artículo 30 de la Ley
federal de Instituciones de Fianzas, y se señala tal palabra, ya que puede obligarse como
obligado solidario o contrafiador quien tenga dinero suficiente en el banco y no tenga bienes
raíces y, como se encuentra redactado el referido artículo 30 pareciera que solamente quien
tenga inmuebles puede constituirse como obligado solidario o contrafiador, además de que las
instituciones fiadoras, por lo regular, no cumplen con el requisito de verificar tal condición. De
nada sirve que el obligado solidario o contrafiador compruebe ser propietario de bienes raíces si
los puede vender inclusive al día siguiente de haberse obligado, ya que su obligación no es
real, sino personal.
No se establece en esta disposición el requisito que contiene el artículo 24 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, que señala que “Los representantes legales de personas morales que
se constituyan como obligados solidarios o contrafiadores de fiados, ...deberán tener conferidos
poderes para rigurosos actos de dominio y si estos no están limitados expresamente para que
el mandatario no pueda comprometer el patrimonio de su representada en relación con
obligaciones de terceros, la obligación solidaria o contrafianza así establecida surtirá los efectos
legales correspondientes ante la afianzadora. Cualquier derecho que por este motivo tuviere el
mandante, lo puede ejercitar en contra del mandatario pero nunca ante la institución de
fianzas”. Ello porque la obligación solidaria y la contrafianza son garantías personales, por lo
que tal disposición solamente genera incertidumbre e inseguridad en las instituciones de
fianzas.
“Artículo 30.- La afectación es garantía es el gravamen real por virtud del cual el
fiado, tomador, obligado solidario o contrafiador, expresamente y por escrito, podrán
afectar en garantía del cumplimiento de sus obligaciones con las instituciones de fianzas,
bienes inmuebles de su propiedad inscritos en el Registro Público de la Propiedad. El
documento en que se haga la afectación, ratificado por el propietario del inmueble ante
juez, notario, corredor público, o la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, se asentará
a petición de las instituciones en el Registro Público de la Propiedad.
La afectación en garantía surtirá efectos contra tercero desde el momento de su asiento
en el citado Registro, debiendo indicarse así en el propio asiento registral.
Las instituciones de fianzas podrán embargar bienes que hubieran sido afectados en
garantía, aun cuando dichos bienes hubieren pasado a tercero por cualquier título. Los
efectos del embargo se retrotraerán a la fecha del asiento en el registro público.
Los créditos a favor de la afianzadora, se pagarán con preferencia a los de acreedores
hipotecarios o embargantes, posteriores al momento en que se haya asentado la
afectación en garantía.
20

La cancelación de las afectaciones marginales se hará en los términos establecidos en la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Comentario.- En el artículo propuesto, que en esencia coincide con lo dispuesto en los
artículos 31 y 100 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, ya se establece que la
afectación en garantía es un derecho real.
Al respecto, cabe señalar que existen autores que consideran que la afectación en garantía
tiene la naturaleza de un derecho real 34 , mientras que para otros constituye solamente un
privilegio, para efectos de embargo 35 . Toda vez que desde mi punto de vista la afectación en
garantía participa de las características de los derechos reales se acoge en el proyecto la
primera de las opiniones.
CAPÍTULO 6
De los efectos de la fianza de empresa entre la institución de fianzas y
el beneficiario.
Artículo 31.- La institución de fianzas tiene el derecho de oponer al acreedor todas las
excepciones que sean inherentes a la obligación principal, excepto la excepción
fundada en la incapacidad del fiado 36 . Asimismo, puede oponer todas las excepciones
inherentes al contrato de fianza, salvo lo dispuesto en el artículo siguiente.
Comentario.- Una vez más se precisa que la única excepción que no puede hacer valer la
institución de fianzas es aquella que se funda en la incapacidad del fiado, de acuerdo con la
doctrina que ha interpretado que la única excepción puramente personal es precisamente la
que se basa en la incapacidad.
El artículo 2812 del Código Civil Federal dispone que el fiador tiene derecho de oponer todas las
excepciones que sean inherentes a la obligación principal, mas no las que sean personales del
deudor.
34 Entre otros: Serrano Hernández, Victorino, “Análisis y régimen de la afectación en garantía”, en Revista Mexicana de
Fianzas, número 16, página 160; De la Mata Pizaña, Felipe, “Naturaleza Jurídica de la Fianza Mercantil Inscrita”, en
Revista Ars Iuris, número 22, página 79.
35 Sánchez Medal, Ramón, De los contratos civiles, novena edición, México, Editorial Porrúa, 1988, pág. Página 466;
Orozco Laine, Jorge, “La figura jurídica de la afectación en garantía, en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas en
México”, Ponencias II Congreso Nacional de Derecho de Seguros y Fianzas, Asociación Mexicana de Derecho de
Seguros y Fianzas, A.C., 1998, páginas 5 y 6. Arce Argollo, Javier, Op.cit. , página 58
36 El Art.1994 del Código Civil de Argentina dice: “La fianza no puede existir sin una obligación válida. Si la obligación
nunca existió, o está extinguida, o es de un acto o contrato nulo o anulado, será nula la fianza. Si la obligación principal
se deriva de un acto o contrato anulable, la fianza también será anulable. Pero si la causa de la nulidad fuese alguna
incapacidad relativa al deudor, el fiador, aunque ignorase la incapacidad, será responsable como único deudor.”
Consultado en la página web:http://www.redetel.gov.ar/Normativa/Archivos%20de%20Normas/CodigoCivil.htm
21

No establece dicho Código cuáles son las “excepciones personales”. Algunos autores, han
considerado que las excepciones personales son aquellas que se basan en la nulidad relativa,
con base en lo dispuesto por el artículo; sin embargo, la doctrina mayoritaria ha establecido
que por excepciones personales deben entenderse únicamente aquellas que se basan en la
incapacidad del fiado. Al precisarse en el artículo propuesto que la única excepción que no
puede hacer valer la institución de fianzas es la que se basa en la incapacidad de fiado, se da
mayor claridad toda vez que los Juzgadores subjetivamente interpretan el término
“excepciones personales” en distintas formas, quedando a su entender lo que consideran que
puede ser una excepción personal.
Artículo 32.- La institución de fianzas no podrá hacer valer como excepción
ante el beneficiario la consistente en la falta de pago de la o las primas por
parte del tomador, fiado u obligados solidarios o de cualquier otro obligado.
Comentario.- Con esta disposición se evitaría la discusión existente acerca de la posibilidad de
que el fiador pudiera oponerse al pago de una reclamación alegando que el fiado no le pagó la
prima.
Cervantes Altamirano propuso como solución de lege ferenda lo que se establece en este
artículo 37 , y Ruiz Quiroz ha sostenido que es con base en la buena fe contractual; es decir,
conforme a lo dispuesto por el artículo 1756 del Código Civil Federal que la afianzadora no
puede oponerse ante el beneficiario por falta de pago de primas, aunque reconocía lo siguiente:
“Es conforme a la naturaleza de la fianza a favor de tercero y a la buena fe, la inoponibilidad de
las excepciones derivadas del contrato celebrado entre afianzadoras y fiado, aunque para una
mayor seguridad jurídica sería conveniente que la Ley Federal de Instituciones de Fianzas lo
dijera expresamente, pues aunque hasta la fecha no se ha hecho uso de este tipo de
excepciones, no es imposible que alguna vez se intentara hacerlas valer”. 38
Artículo 33.- La institución de fianzas no goza de los beneficios de orden y excusión,
pero no por tal hecho la obligación fiadora se convierte en solidaria.
Sin embargo, cuando la institución de fianza garantice el cumplimiento de una
obligación de dar, sin plazo, podrá exigir que se acredite que existió
interpelación extrajudicial al fiado en los términos de la legislación aplicable.
Comentario.- Toda vez que se ha malentendido que por el sólo hecho de renunciarse a los
beneficios de orden y excusión, la obligación fiadora se convierte en solidaria 39 , en este artículo
se precisa que la obligación fiadora conserva el carácter de subsidiaria.
37
Cervantes Altamirano, Fianza de empresa (Antecedentes históricos y naturaleza jurídica), Publicaciones del
Seminario de Derecho Mercantil y Bancario, Serie A, No. 26, UNAM, Escuela Nacional de Jurisprudencia, México, 1950,
página 133.
38 Ruiz Quiroz Humberto, Op. Cit., página 359.
39 Inclusive, Díaz Bravo define: ““Por el contrato de fianzas de empresa la fiadora se obliga por escrito, solidariamente
con el fiado, a pagar una deuda a cargo del mismo, a cambio de la prima que se obliga a pagar el tomador o
contratante”. Op.cit., pág. 215
22

Precisamente Luis Ruiz Rueda, había criticado un Proyecto de Código de Comercio que había
sido hecho por la Comisión de Legislación y de Revisión de Leyes de la antigua Secretaría de
Economía hecho en 1955 en el cual se establecía que la institución de fianzas se obligaba
solidariamente. 40
Una de las características de la fianza sea o no de empresa es la subsidiaridad, la cual no se
pierde por el hecho de que no se goce de los beneficios de orden y excusión
Los beneficios de orden y excusión se encuentran establecidos en los artículos ART. 2814 y
2815 del Código Civil Federal, y consiste el primero en que El fiador no puede ser compelido a
pagar al acreedor, sin que previamente sea demandado (el Código indebidamente utiliza el
término “reconvenido”) el deudor y el beneficio de excusión consiste en “aplicar todo el valor
libre de los bienes del deudor al pago de la obligación, que quedará extinguida o reducida a la
parte que no se ha cubierto”.
Pues bien, no por el hecho de que las instituciones de fianzas no gocen de tales beneficios
significa que la obligación fiadora adquiera el carácter de solidaria.
La solidaridad pasiva se da cuando “dos o más deudores reporten la obligación de prestar, cada
uno de por sí, en su totalidad, la prestación debida”.
En el caso de la institución fiadora, ésta adquiere una obligación propia que es distinta de la
obligación que se garantiza; es decir, no existe unidad de prestación, por lo que aun y cuando
no goce de los beneficios aludidos su obligación adquiere el carácter solidario.
Al respecto, citaremos la siguiente opinión de Manuel Mellado Rodríguez:
“Nos debemos plantear si la característica apuntada subsiste aun cuando, como es el caso de
los contratos bancarios, se produce una renuncia, por parte del fiador, al beneficio de excusión.
La respuesta debe ser afirmativa por cuanto una cosa es que aun teniendo bienes suficientes el
deudor se le reclame al fiador el cumplimiento de la obligación, y otra cosa es que al fiador sólo
se le “molestará” cuando llegado el momento del cumplimiento el deudor principal no cumpla y
en consecuencia deberá hacerlo su fiador...” 41
En la tesis profesional de José Álvarez Canelo éste dijo lo siguiente:
“...la obligación principal y la accesoria del fiador son diferentes, por la fuente de donde
derivan y por los modos de extinguirse; por lo tanto, debe evitarse toda confusión entre
solidaridad y fianza, pues en ésta no se encuentra identidad en la obligación de los
deudores principal y subsidiario.
El Código Suizo de las Obligaciones de 1911 al reglamentar la fianza incluyó la que titula
“solidaria”, descrita en su artículo 496 como sigue: “El que se obliga en calidad de
fideiiussor, pero con el agregado de la palabra: in solido, como deudor principal, como
pagador, codeudor u otra expresión equivalente, puede ser demandado antes que el
deudor principal”.
40 Ruiz Rueda, Luis, “El Contrato de Fianza de Empresa en el Proyecto...” Op. cit. páginas 49 a 59.
41 Ubaldonieto, Coordinador, José Ignacio Bonet Sánchez y Otros, Tratado de Garantías en la contratación mercantil,
Editorial Civitas, Madrid, España, 1996, página 179.
23

La particularidad de este tipo de fianza consiste en que el acreedor tiene acción para
demandar y ejecutar al fiador , antes que al deudor principal, por tanto, esta especie de
fianza solidaria en realidad no implica verdadera solidaridad; sino que equivale al caso en
que la fianza se otorga con la renuncia de los beneficios de orden y excusión, es decir,
esta solidaridad del fiador, sólo significa ausencia de los beneficios mencionados y, en
consecuencia, la obligación fiadora no pierde su carácter de subsidiaria y accesoria de una
principal a la que se encuentra supeditada; situación del todo opuesta a la de la
obligación subsidiaria que subsiste por sí misma, sin requerir la existencia de otra, sino
que ella misma es principal.
La Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece que “las instituciones de fianzas no
gozan de los beneficios de orden y excusión”, que aunque en calidad de renunciables, se
conceden al fiador de derecho civil. En comentarios a lo anterior, el licenciado JOSÉ
GÓMEZ GORDOA, ha expuesto en su curso de derecho mercantil que la obligación
derivada de la fianza de empresa prácticamente se convierte en solidaria, por ende, lo
mismo ocurriría previa renuncia, en la fianza de derecho común. Sin embargo, debe
notarse que esta solidaridad queda reducida al dato externo, al aspecto procesal, como
en el Código Suizo citado, porque en la fianza, a pesar de que existen deudores, uno
principal y otro accesorio, no hay identidad de obligación, sino que en el fondo las
obligaciones respectivas son distintas, por consiguiente no se trata de auténtica
solidaridad”. 42
Como bien lo ha dicho Ruiz Rueda, si solamente se quiere establecer que la afianzadora no
goza de los beneficios de orden y excusión “bastaría decir esto y suprimir toda mención a una
solidaridad imposible dentro del concepto que de la misma establece nuestro Código Civil". 43
Apoya lo dicho la siguiente tesis:
“FIANZA, SUBSISTE AUNQUE SE RENUNCIEN LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y
EXCISIÓN. - La calidad de fiador, esto es, de obligado subsidiario, no se pierde por el
solo hecho de haber renunciado a los beneficios de orden y excusión, pues esto solo
tiene por objeto, fortalecer más la garantía prestada, ninguno de esos beneficios
legales mira a la esencia, sino solo a la naturaleza de la fianza, por lo que bien puede
suprimirlos la voluntad expresa de las partes, sin que por eso deje de subsistir la
fianza con todos sus elementos esenciales. 44
En el artículo propuesto se alude también se establece que la afianzadora puede exigir que se
acredite que existió la interpelación extrajudicial, ya que es muy distinto que se deba
demandar al fiado antes que al fiador a que se le interpele de pago, en forma extrajudicial,
cuando la obligación no está sujeta a plazo.
42 Álvarez Canelo, Op.cit., páginas 33 a 35.
43 Ruiz Rueda, Luis, El Contrato de Fianza de Empresa en el Proyecto...Op. cit. pág. 59.
44 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo LXVIII, pág. 48. En el mismo sentido la siguiente tesis:
“FIANZA ADMINISTRATIVA. LA RENUNCIA A LOS BENEFICIOS DE ORDEN Y EXCUSION NO CONVIERTE EN SOLIDARIA
LA DEUDA.- Si bien es cierto que el artículo 118 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas prevé que éstas no
gozan de los beneficios de orden y excusión, y que el fisco tiene legítimamente la facultad de enderezar el
procedimiento de cobro en contra de la fiadora sin necesidad de requerir al fiado, no es menos cierto que esto no hace
solidaria la deuda. Semanario Judicial de la Federación, Segunda Sala, sexta época, volumen CXXXIII, página 55.
24

Es conveniente transcribir las siguientes palabras de Rojina Villegas:
“No debe confundirse el objeto directo, como obligación subsidiaria que asume el fiador, con los
beneficios de orden y excusión. En efecto, aun cuando se renuncien dichos beneficios, la
obligación del fiador siempre es condicional, o sea, para el caso de que el deudor no cumpla;
pero basta el vencimiento de la deuda principal, o que ésta se haga exigible conforme a
derecho, para que si el deudor no paga, deba hacerlo el fiador. Por consiguiente, cuando la
deuda no tiene plazo cierto, conforme al artículo 2080 del Código Civil, si se trata de
obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigir el pago sino después de los treinta días
siguientes a la interpelación que haga al deudor (y no al fiador), ya sea en forma judicial, ya en
lo extrajudicial, ante un notario o ante dos testigos. En el caso de las obligaciones de hacer,
para que éstas sean exigibles debe transcurrir el tiempo normalmente necesario para la
ejecución del hecho.
De esta suerte, para esa clase de obligaciones, aun cuando el fiador haya renunciado al
beneficio de orden, el acreedor debe interpelar al deudor en los términos indicados, para que la
deuda sea exigible, y sólo en el caso de incumplimiento podrá demandar al fiador, supuesto
que el objeto directo de la fianza, es el de crear una obligación a cargo de éste, si el deudor no
hace el pago.” 45
Artículo 34.- La transacción entre el acreedor y el deudor principal aprovecha a la
institución de fianzas pero no le perjudica y sólo queda obligada por la transacción
cuando consienta en ella. Puede la institución de fianzas transigir con el acreedor respecto
del pago de una reclamación, pero en este caso sólo podrá repetir en contra del fiado lo
que efectivamente hubiere pagado, más los accesorios legales.
Comentario.- La transacción es un convenio por el cual las partes haciéndose recíprocas
concesiones terminan una controversia presente o previenen una futura.
Implica la transacción la extinción de una obligación y el nacimiento de otra, por tal motivo la
institución de fianzas no puede quedar obligada por la transacción sino únicamente cuando
otorgue su anuencia con la misma.
En ocasiones, el beneficiario y la afianzadora llegan a un acuerdo para que la afianzadora
realice el pago de la cantidad estimada procedente, ya sea extrajudicial o judicialmente. En tal
caso, la afianzadora sólo podrá repetir en contra del fiado lo que efectivamente hubiere
pagado, más los accesorios legales.
Artículo 35.- La renuncia voluntaria que hiciere el deudor de la prescripción de la
obligación o de otra causa de liberación, o de nulidad absoluta o relativa, o
inexistencia o rescisión de la misma no impide que la institución de fianzas haga valer
esas excepciones.
Comentario.- En esta disposición que tiene su antecedente en lo dispuesto en el artículo 2813
del Código Civil Federal se determina que la institución fiadora puede hacer valer la excepción
fundada en nulidad relativa, debiendo concordarse esta disposición con las otras que señalan
que la única excepción que la institución de fianzas queda impedida de oponer es aquella que
se funda en la incapacidad del fiado.
45 Rojina Villegas, Derecho Civil Mexicano, Op. Cit. Pág. 286.
25

Artículo 36.- Cuando las instituciones de fianzas reciban una demanda o reclamación
podrán denunciar el pleito al deudor principal para que éste oponga excepciones y
defensas y rinda las pruebas que considere convenientes. Y, en caso de que no
comparezca al juicio, le perjudicará la sentencia que se dicte contra la institución de
fianzas.
Tratándose de juicios de nulidad el fiado solamente podrá comparecer para
aportar pruebas.
Comentario.- El artículo 118 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece la
denuncia del pleito al fiado para que éste rinda las pruebas que crea convenientes. Dicha
disposición concuerda con lo dispuesto por el artículo 2823 del Código Civil Federal.
En la norma que se propone, sin embargo, se añade expresamente que el fiado podrá oponer
excepciones, ya que como se encuentran redactados los aludidos artículos 118 Bis y 2823
pareciera que únicamente puede, el fiado, aportar pruebas.
Al respecto, Rojina Villegas al comentar el artículo 2823 del Código Civil federal señala lo que
se transcribe:
“La litis denuntiato a que se refiere el artículo 2823 es de gran utilidad para el fiador,
pues de esa manera se libera ya de la obligación que tiene de oponer todas las
excepciones inherentes a la obligación principal ya que para ese efecto llama al deudor.
En ocasiones, el fiador no está en aptitud de saber cuáles son esas defensas inherentes a
la obligación principal, y para no incurrir después en el peligro de que el deudor le oponga
esas excepciones cuando repita contra él, lo más práctico será que lo llame a juicio
(...)” 46
En efecto, una interpretación literal del artículo 118 Bis conduce a pensar que el fiado sólo es
llamado para aportar pruebas; sin embargo, al ser llamado a juicio y al poder pararle perjuicio
la sentencia que se dicte, adquiere el carácter de parte en sentido formal y material, y, como lo
dice la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer
Circuito que en seguida se transcribe, éste está en mejor aptitud de conocer la exigibilidad de
la fianza, de alegar y probar lo conducente, y para que en su caso, le pare perjuicio la
sentencia. Por lo que puede y debe ofrecer excepciones, ya que se convierte en coadyuvante
de la afianzadora, de lo contrario no tendría razón de ser su llamamiento al juicio.
Cabe señalar que al ser llamada a juicio el fiado, adquiere el carácter de parte en el mismo, de
conformidad con lo dispuesto por la parte final del artículo 1203 del Código de Comercio.
Además, el artículo 1 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en
segundo orden al juicio especial de fianzas señala que puede intervenir en un juicio “quien
tenga interés en que la autoridad judicial declare o constituya un derecho o imponga una
condena y quien tenga el interés contrario”.
46 Ibidem, pág. 314.
26

La doctrina también se ha pronunciado en el sentido de que el llamamiento a juicio del fiado no
es solamente con la finalidad de que aporte pruebas, sino también para que haga valer
excepciones y defensas.
Se puede concluir citando de nueva cuenta a Rojina Villegas, quien sostiene lo siguiente:
“El llamamiento a juicio no sólo tiene por objeto permitir, como dice impropiamente
el artículo 2823, que el deudor rinda pruebas, sino que fundamentalmente pueda
oponer excepciones, pues la eficacia de las pruebas dependerá de las excepciones
opuestas. Además, en nuestro sistema procesal no pueden rendirse pruebas respecto
a excepciones no opuestas, es decir, a cuestiones que no hayan sido objeto de la litis
o controversia. Por esta razón, el juez, al acordar la solicitud del fiador pidiendo que
se denuncie el juicio al deudor, debe conceder un término a éste para oponer
excepciones, igual al término que disfrutó el fiador para contestar la demanda...” 47
También por analogía, ya que aunque se refiere a un procedimiento laboral, aplicando el
principio jurídico que señala que en donde existe la misma razón se debe aplicar la misma
disposición, resulta conducente el siguiente criterio:
TERCERO INTERESADO EN LOS JUICIOS ANTE EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE,
DERECHOS DEL. Cuando se llama a juicio a un tercero interesado, deben otorgársele
todos los derechos de la parte con quien coadyuva, permitiéndosele oponer
excepciones distintas a las propuestas por la parte coadyuvada y rendir pruebas
diversas a las rendidas por ésta, pues de lo contrario ninguna utilidad le reportaría,
ya que vendría a ser un simple espectador que presenciara el litigio entre las partes,
sin tener posibilidad alguna para defender el interés jurídico que motiva su
llamamiento a juicio y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 481 de la Ley Federal
del Trabajo, también deben imponérsele las obligaciones que las partes propiamente
dichas reportan. 48
Articulo 37.- Cuando la institución de fianzas no realice el pago de la cantidad reclamada
con cargo a una póliza de fianza, dentro de los plazos legales, en el caso de ser
procedente la reclamación, deberá pagar al acreedor un interés moratorio sobre el
monto procedente, cuya tasa será igual al resultado de multiplicar el costo porcentual
promedio de captación de las instituciones de crédito del país que el Banco de México
publica periódicamente en el Diario Oficial de la Federación, correspondiente al mes
inmediato anterior a aquél en que los propios meses se devenguen por 1.25.
No podrá renunciarse previamente a la celebración del contrato de fianza, o antes de que
sea reclamada la fianza al derecho a cobrar intereses moratorios por parte del
beneficiario.
Cuando la obligación asumida en la póliza de fianza se denomine en moneda extranjera,
adicionalmente al pago de esa obligación, la afianzadora estará obligada a pagar un
interés moratorio que se calculará aplicando al monto de la propia obligación, el
porcentaje que resulte de multiplicar por 1.25 el costo de captación a plazo de pasivos
47 Ibidem, página 315.
48 Semanario Judicial de la Federación, Cuarta Sala, tomo CII, página 1213.
27

denominados en dólares de los Estados Unidos de América, de las instituciones de banca
múltiple del país, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación,
correspondiente a cada uno de los meses en que exista mora;
Los intereses moratorios se generaran por día, a partir de la fecha del vencimiento de los
plazos con que cuenta la afianzadora para resolver la reclamación, cuando la misma
sea procedente y hasta el día inmediato anterior a aquél en que se efectúe el pago.
Para su cálculo, las tasas de referencia deberán dividirse entre trescientos sesenta y cinco
y multiplicar el resultado por el número de días correspondientes a los meses en los que
persista el incumplimiento;
Las instituciones de fianzas promoverán ante los fiados y demás obligados, el reembolso
de las indemnizaciones que hubiesen cubierto conforme al presente artículo.
Comentario.- No se incluye en esta disposición lo relativo a la actualización del monto en
unidades de inversión, como lo establece el artículo 95 Bis de la Ley federal de Instituciones de
Fianzas, y ello porque se ha pasado por alto que en la exposición de motivos del Decreto por el
que se establecen las obligaciones que podrán denominarse en unidades de inversión y reforma
y adiciona diversas disposiciones del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto
Sobre la Renta” se dijo que “La UDI sería una unidad de cuenta, no una unidad monetaria, y
su uso sería voluntario. Ello significa que en las operaciones mercantiles las partes podrían
optar por pactar las obligaciones en nuevos pesos o en UDIS”.
Es decir, el uso de las unidades de inversión se planteó como voluntario. Además, al menos en
cuanto al aspecto fiscal, se ha considerado que las unidades de inversión son parte de los
intereses 49 , por lo que al establecerse en el vigente artículo 95 Bis que las obligaciones en
moneda nacional se denominarán en udis y que su pago se hará al valor de éstas a la fecha
en que se efectúe el mismo más aparte el “interés moratorio” se están cobrando dos sanciones
e interés sobre interés.
Tampoco se acoge lo dispuesto en la fracción V del actual artículo 95 Bis de la Ley federal de
Instituciones de Fianzas, el cual establece que “el derecho a las indemnizaciones a que se
refiere este articulo surgirá por el solo incumplimiento de la obligación de la afianzadora dentro
de los plazos referidos en la parte inicial de este articulo, aunque la obligación asumida en la
póliza de fianza no sea liquida en ese momento”, toda vez que atenta en contra del principio
que reza “in illiquidis non fit mora” que significa que no hay mora si no existe una obligación
líquida, además de que ya se ha visto la opinión de Rojina Villegas en el sentido de que puede
afianzarse una obligación ilíquida, pero no se podrá reclamar en contra de la institución de
fianzas sino hasta que la obligación sea líquida
49 Artículo 16 B del Código Fiscal de la Federación: “se considera como parte del interés el ajuste que a través de la
denominación en unidades de inversión, mediante la aplicación de índices o factores, o de cualquier otra forma, se
haga de los créditos, deudas operaciones, así como del importe de los pagos de los contratos de arrendamiento
financiero. Por tal motivo se ha dicho que “si por el hecho de convenir que las obligaciones en dinero se denominen en
UDIS resulta que su valor en pesos, es decir, su medida monetaria, se incrementa entre la fecha en que tal obligación
se contrajo y la fecha en que se paga, es indudable que al momento de cumplirse la obligación el deudor se entregará
al acreedor una cantidad de pesos superior a la cuantía de la obligación en la fecha en que ésta se contrajo, y tal
diferencia constituirá, entonces, una compensación en dinero, un provecho, rendimiento o utilidad, o sea un interés
que recibe el acreedor...”, Rodríguez Lobato, Raúl, “Las Unidades de Inversión y el Derecho Fiscal (Código Fiscal de la
Federación e Impuesto al Valor Agregado)” Las unidades de inversión y el sistema jurídico mexicano, Colección Foro
de la Barra Mexicana , Editorial Themis, 1995, página 121.
28

Se quita, asimismo, lo que actualmente dispone el artículo 95 Bis de la Ley federal de
Instituciones de Fianzas en su fracción VII, ya que rompe con el principio dispositivo que rige a
los juicios mercantiles, así como la al establecer una condena al pago de la indemnización “aun
cuando no se hubiere demandado el pago” de las indemnizaciones establecidas en este
articulo, el juez o arbitro, además del importe que resulte de la obligación asumida en la póliza
de fianza, deberá condenar al deudor a que también cubra esas prestaciones conforme a las
fracciones precedentes;
CAPÍTULO 7
De los efectos de la fianza de empresa entre la institución afianzadora
y el fiado, tomador 50 , obligado solidario o contrafiador.
Artículo 38.- El fiado, tomador, obligado solidario o contrafiador están obligados
a pagar la prima a la institución de fianzas y, en caso de no hacerlo en tiempo,
salvo que se haya pactado un interés distinto, deberán pagar un interés igual al
establecido en el artículo 37.
Comentario.- Generalmente en los mal llamados “contratos solicitud” se pacta el pago de un
interés para el caso de que no se cubran primas; sin embargo, muchas veces no se celebra por
escrito el contrato, y las instituciones de fianzas no pueden cobrar más que la prima sin el
interés que se genere como daños y perjuicios, por tal motivo en la propuesta se establece un
interés legal con respecto a la falta oportuna de pago de primas.
Artículo 39.- Si la afianzadora recibe una reclamación o requerimiento con
cargo a alguna póliza de fianza por parte del beneficiario, lo hará del conocimiento
del fiado o, en su caso, del tomador, obligados solidarios o contrafiadores, en el
plazo que haya pactado con ellos, o en su defecto dentro del plazo de cinco
días siguientes a la fecha en que se les reclamó o requirió el pago,
haciéndoles saber el momento en que se vence el plazo establecido en la Ley, en las
pólizas de fianza o en los procedimientos convencionales celebrados con los
beneficiarios, para resolver o inconformarse en contra de la reclamación.
Por su parte, el fiado, tomador, obligados solidarios y contrafiadores,
estarán obligados a proporcionar a la afianzadora dentro del plazo que se
haya convenido o en su defecto dentro de los cinco días siguientes a la
fecha en la cual reciban la comunicación por la que se les hace saber la
presentación de la reclamación o del requerimiento los documentos y elementos que
sirvan para determinar la procedencia o improcedencia de la reclamación o
requerimiento y, en su caso, su cuantificación, incluyéndose en este caso las
excepciones relacionadas con la obligación principal que la afianzadora pueda
oponer al beneficiario de la póliza de fianza. Asimismo, cuando se considere que la
50 “El tomador o contratante, llamado en la ley solicitante...puede serlo cualquier persona física o moral, y por
supuesto, el propio fiado (...) la expresión solicitante, aplicada por la ley a quien contrató con la empresa fiadora, es de
una obvia impropiedad, pues al celebrarse el contrato dejó de ser solicitante para convertirse en tomador o contratante
– vocablo éste ambiguo, pero que permite distinguirlo de la empresa fiadora- de la fianza”. Díaz Bravo, Contratos
Mercantiles, Op. Cit. Página 216.
29

eclamación es total o parcialmente procedente, tendrán la obligación de proveer de
fondos a la institución de fianzas, para que ésta haga el pago de lo que se
reconozca al beneficiario.
En caso de que la afianzadora no reciba los elementos para desvirtuar la
reclamación o no se le provisione de fondos, podrá decidir libremente el pago de la
reclamación o requerimiento presentado por el beneficiario y, en este caso, el fiado,
tomador, obligados solidarios o contrafiadores, estarán obligados a rembolsar a la
institución de fianzas lo que a ésta le corresponda en los términos del contrato
respectivo o de esta Ley, sin que puedan oponerse a la institución fiadora, las
excepciones que el fiado tuviera frente a su acreedor, incluyendo la del pago de lo
indebido, por lo que no serán aplicables en ningún caso, los artículos 2832 y 2833
del Código Civil Federal.
No obstante lo establecido en el párrafo que antecede, el fiado conservará sus
derechos, acciones y excepciones frente a su acreedor para demandar la
improcedencia del pago hecho por la afianzadora y de los daños y perjuicios que con
ese motivo le hubiere causado. Cuando los que hubieren hecho el pago a la
afianzadora fueren el tomador o los obligados solidarios o contrafiadores, podrán
recuperar lo que a su derecho conviniere en contra del fiado y por vía de
subrogación ante el acreedor que como beneficiario de la fianza la hizo efectiva.
Comentario.- Se cambia el impropio término de “solicitante” por el de “tomador” 51 . La Ley
Federal de Instituciones de Fianzas no establece un plazo para informar al fiado, contratante,
obligado solidario o contrafiador que se ha presentado una reclamación o requerimiento con
motivo de una fianza en la que hayan intervenido ni tampoco para que éstos aporten los
elementos de prueba para desvirtuar el monto o la procedencia de la reclamación, por lo que
en este artículo se establece un plazo para tales efectos.
Artículo 40.- Si la institución de fianzas paga al acreedor la reclamación, deberá ser
indemnizada por El fiado, tomador, obligado solidario o contrafiador, cualquiera de ellos,
de:
I.- La deuda principal;
II.- De los intereses respectivos pagados por la afianzadora al beneficiario, incluyendo
los que hubiere garantizado y los que hubiere pagado en términos del
artículo 37.
III.- De los gastos efectuados desde que les comunicó la reclamación o requerimiento.
IV.- De los daños y perjuicios que hubiere sufrido por causa del deudor principal.
Comentario.- En la Ley Federal de Instituciones de Fianzas no se establece qué conceptos
comprende la indemnización a favor de la institución de fianzas, por lo que se debe acudir a lo
dispuesto por el artículo 2829 del Código Civil Federal. El precepto que se ha propuesto
traslada parte de esta disposición, pero se añade que se indemnizarán los intereses pagados
que se hubieren garantizado, así como los que pague la afianzadora con motivo de la
procedencia de la reclamación.
51 El término tomador o estipulante es empleado por Ruiz Rueda en su Contraproyecto, relativo a la fianza de
empresa, El proyecto, Op. cit. Páginas 113 a 134.
30

“Artículo 41.- Salvo prueba en contrario, la obligación a cargo del fiado de indemnizar a
la institución de fianzas de que se trate, se derivará del acreditamiento por parte de la
institución de fianzas de haber emitido póliza de fianza o comprobar en cualquier otra
forma que ésta le fue de utilidad al fiado, aun cuando éste no haya prestado su
consentimiento para la constitución de la fianza”.
Comentario.- Se traslada esta disposición que se encuentra en el artículo 24 de la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas a este proyecto.
No se incluye en la ley lo dispuesto por el artículo 102 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas que establece que “En la quiebra, concurso o liquidación de deudores por primas,
solicitantes, fiados, contrafiadores u obligados solidarios, las instituciones de fianzas estarán en
la misma posición y gozarán de los mismos privilegios que las instituciones de crédito tienen
respecto de los créditos derivados de sus operaciones directas”, ya que tal disposición es
obsoleta.
Tal artículo constituye una reminiscencia de lo dispuesto por el artículo 983 del Código de
Comercio, hoy derogado, que concedía privilegios a las instituciones de crédito en las quiebras,
los cuales ya no están vigentes.
Al respecto, se cita la siguiente tesis
“QUIEBRA, ACUMULACIÓN A LOS AUTOS DE LA (INSTITUCIONES DE CRÉDITO,
DEROGACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS EN FAVOR DE LAS).
El artículo 983 de Código de Comercio, hoy derogado por la Ley de Quiebras y de
Suspensión de Pago, establecía la acumulación a los autos de la quiebra, de todos los
juicios pendientes contra el fallido, excepto los que tuvieren por objeto remates para
pagar deudas de Bancos o de Instituciones de Créditos. El mismo privilegio existía en los
artículos 109 de la Ley General de Instituciones de Crédito de tres de mayo de mil
novecientos cuarenta y 40 de la Ley Orgánica de la Nacional Financiera, S.A.; pero la Ley
de Quiebras y de Suspensión de Pagos de treinta y uno de diciembre de mil novecientos
cuarenta y dos, que es posterior a las antes citadas, vino a derogar expresamente el
artículo 983 del Código de Comercio, y tácitamente los artículos 109 de la Ley de
Institución de Crédito y 40 de la Ley Orgánica de la Nacional Financiera, S.A., porque
contiene disposiciones totalmente incompatibles con la dicha leyes. La intención del
legislador de acabar con los privilegios a favor de los bancos y demás instituciones de
crédito, aparece clara al haber suprimido en la citada Ley de Quiebras, la fracción III del
artículo 983 de Código de Comercio, y esto se hace más evidente, con las consideraciones
que sobre el particular contiene la exposición de motivos de la respectiva Ley de
Quiebras.” 52
52 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CV, página 2463.
31

CAPÍTULO 8
De la extinción de la fianza de empresa
Artículo 42.- La obligación de la institución de fianzas se extingue al mismo tiempo que
la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones, con independencia
del tipo de procedimiento para hacerla efectiva, tipo de fianza o beneficiario.
Comentario.- Se establece que la fianza de empresa podrá extinguirse tanto por vía directa
como por vía de consecuencia y se añade, para evitar interpretaciones que niegan que la fianza
pueda extinguirse por alguna causal, que la fianza se extingue con independencia del tipo de
procedimiento, fianza o beneficiario
Artículo 43.- La quita reduce la fianza en la misma proporción que la deuda principal.
Comentario.- La quita es de explorado derecho, se llama al perdón parcial o remisión parcial
de un adeudo.
Por el carácter accesorio de la fianza, la misma se extingue en la misma proporción en que se
extingue la obligación principal; es decir, solamente hay una reducción, pero no una extinción
total de la fianza.
Sirve de apoyo la siguiente tesis:
“ARRENDAMIENTO, LA FIANZA SUBSISTE EN CASO DE DISMINUCION DE RENTAS.
El artículo 2847 del Código Civil (...) establece que la quita reduce la fianza en la
misma proporción que la deuda principal, y la extingue en el caso de que en virtud de
ella, quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones. Ahora
bien, si arrendador y arrendatario modificaron el contrato que celebraron y
disminuyeron el monto de la renta estipulada, no puede decirse que haya existido
novación, sino sólo una remisión parcial, por lo que ésta, de conformidad con lo
dispuesto en el precepto legal antes citado, sólo redujo la fianza que se otorgó con
motivo de dicho contrato, en la misma proporción que la deuda principal, y no la
extinguió, ya que no se sujetó la obligación principal a nuevos gravámenes o
condiciones.” 53
Artículo 44.- La fianza se extingue cuando se nova la obligación principal, como en el
caso de que la obligación garantizada quede sujeta a nuevos gravámenes o condiciones,
salvo que se pida el consentimiento de la afianzadora para seguir garantizando.
Comentario.- El artículo 2847 del Código Civil Federal establece que la quita reduce la fianza
en la misma proporción que la deuda principal y la extingue, en el caso de que “a virtud de
ella” quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones.
53 Semanario Judicial de la Federación, Tercera Sala, quinta época, tomo: LXVII, página 3073.
32

El artículo 2213 del Código Civil Federal dispone que “hay novación de contrato (sic) cuando las
partes en él interesadas lo alteran substancialmente, substituyendo una obligación nueva a la
antigua”.
El artículo 2220 señala también que “La novación extingue la obligación principal y las
obligaciones accesorias. El acreedor puede, por una reserva expresa, impedir la extinción de
las obligaciones accesorias que entonces pasan a la nueva”.
Por último, el artículo 221 señala que el acreedor no puede reservarse la fianza sin
consentimiento del fiador.
Como está redactado el artículo 2847 pareciera que solamente cuando hay quita y que con
motivo de la misma quede sujeta la obligación principal a nuevos gravámenes o condiciones se
extinguirá la fianza. En realidad si la obligación garantizada se sujeta a nuevos gravámenes o
condiciones existe una novación y la fianza se extingue.
Al respecto, la siguiente tesis de la extinta Tercera Sala es aplicable en forma analógica:
“FIANZA EN EL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO.
El artículo 1768 del antiguo código civil para el distrito, solamente rige en el caso de
que se pacten nuevas condiciones en el contrato de arrendamiento; pero no cuando
el acreedor acepte del deudor principal, que le cubra en plazo, sin perjuicio de su
derecho para demandar al fiador, desde luego, o en caso de incumplimiento. La
extinción sólo se opera cuando se nova el contrato primitivo, pues no otra cosa sino
una novación, es la que resulta de pactar nuevos gravámenes o condiciones, y
filosóficamente a ella quiso aludir el legislador en el artículo citado; cuya mente es la
de no permitir que la fianza subsista cuando se altera el contrato primitivo, y se hace
así más onerosa o más extensa en el tiempo la obligación del fiador: nota: el artículo
innovado corresponde actualmente al artículo 2847 del Código Civil para el Distrito
Federal vigente.” 54
Artículo 45.- La condonación de la deuda principal extingue la fianza de empresa, pero
la de ésta deja subsistente la primera.
Comentario.- Lo accesorio sigue la suerte de lo principal, pero no puede suceder lo mismo a la
inversa; esto es, que lo principal siga la suerte de lo accesorio, por tal razón aunque se
condene la fianza, subsiste la obligación garantizada.
“Artículo 46.- La institución de fianzas queda liberada de su obligación fiadora en el caso
de que el acreedor consienta en la cesión de deudas hechas por el fiado a un tercero, sin
la anuencia de la afianzadora.”
Comentario.- El artículo 2056 del Código Civil Federal establece que “el deudor substituto
queda obligado en los términos en que lo estaba el deudor primitivo; pero cuando un tercero
ha constituido fianza, prenda o hipoteca para garantizar la deuda, estas garantías cesan con la
substitución del deudor, a menos que el tercero consienta en que continúen”
54 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo XLIV, página 2128
33

El fiado y sus demás obligados, son los que están obligados al pago de la prima y sus obligados
asumen su responsabilidad por él y no por otra persona.
Por tal motivo, si el acreedor acepta la cesión de deudas que hace el fiado, tal hecho produce la
extinción de la fianza, a no ser que la institución de fianzas consiente en la misma, para lo cual,
pienso, debe solicitar garantías al nuevo fiado.
Artículo 47.- La institución de fianzas quedará libre de su obligación si por culpa o
negligencia del acreedor no puede subrogarse en los derechos, privilegios o hipotecas del
mismo acreedor.
Lo anterior será inaplicable tratándose de derechos no cesibles o transmisibles
por disposición legal como por su propia naturaleza, ni cuando sean
inseparables de la persona del acreedor. 55
Cuando se hayan garantizado obligaciones de hacer o de dar, las instituciones de fianzas
podrán substituirse al deudor principal en el cumplimiento de la obligación 56 , por si o
constituyendo fideicomiso en el caso en que el beneficiario o el propio fiado les
informe que no podrá terminar en el plazo establecido para el cumplimiento de
la obligación garantizada.
Comentario.- En este artículo se contemplan tanto la subrogación para cumplir como para
recuperar que se encuentran establecidas en los artículos 121 y 122 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.
Salvador Pompa y Padilla ha dicho con respecto al artículo 121 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas que “en caso de aceptar la subrogación para cumplir se tendría que
modificar en nuestro derecho los conceptos de fiador y de deudor, y reconocer un plazo de
gracia en la ley en adición al garantizado, para que esta subrogación se pueda dar. El art. 121
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas es inoperante, ya que se obliga al beneficiario a
aceptar un plazo adicional para que se le cumpla con todas las consecuencias que de ello
derivan, como es el caso de la cesión de deuda, ya que esto es lo que verdaderamente sucede,
la afianzadora sustituye al deudor, y el Beneficiario está obligado a respetar la disposición de la
Ley de Fianzas, que creó una prerrogativa de derecho a favor de la Afianzadora para que esta
cumpla la obligación afianzada con un nuevo plazo, ya que mientras esté vigente el plazo
Afianzado, la obligación afianzada no está incumplida. Es importante destacar, en el
procedimiento de reclamación regulado en la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que el
derecho que tiene el Beneficiario sobre la póliza de fianza, es del requerir el pago de dinero de
la misma, Art. 93 Fracción I y no el de cumplimiento de la obligación. ¿Cuál subrogación”. 57
55 Al respecto, puede verse Concha Malo Ramón, Op. cit. Páginas 30 a 32.
56 Un caso es comentado por el lic. Raúl Latapí Boysselle: “recordamos el caso de Villa Coapa en vísperas de las
Olimpiadas de 1968, en donde las afianzadoras terminaron unas obras por su cuenta a costos más elevados que el
simple pago de sus fianzas, pero que permitió la oportuna terminación en tiempo”. “La función de las Instituciones de
Fianzas en la Sociedad” en Revista Mexicana de Fianzas, No. 11, septiembre de 1976, página 206.
57 Pompa y Padilla, Salvador, “Efectos jurídicos del cumplimiento de las obligaciones afianzadas” en Ponencias II
Congreso Nacional de Derecho de Seguros y Fianzas, Asociación Mexicana de Derecho de Seguros y Fianzas, A.C.,
1998, página 19.
34

La crítica hecha por Pompa y Padilla se salva en el artículo propuesto con la adición hecha al
final en el sentido de que el beneficiario o el propio fiado le informe a la afianzadora que no se
podrá dar cumplimiento en el plazo establecido con respecto a obligación garantizada. Y con
ello, no es necesario el otorgamiento de un plazo adicional o de gracia, con respecto a una
obligación ya incumplida en cuanto al plazo. Ya que antes de que llegue tal acontecimiento se
le informa a la afianzadora la imposibilidad de que se llegue a terminar en tiempo, por lo que
ésta quedaría facultada para substituirse en el cumplimiento de la obligación del fiado.
Artículo 48.- La prórroga o espera concedida por el acreedor al deudor principal, sin
consentimiento de la institución de fianzas, extingue la fianza.
Se entiende por prórroga el otorgamiento de un plazo al fiado, antes de que
venza el término para el cumplimiento de su obligación y por espera se entiende
el otorgamiento de un plazo al fiado una vez que ha vencido el término para el
cumplimiento de su obligación.
Para que se produzca la extinción por prórrogas o esperas deben reunirse los
siguientes requisitos:
a) La prórroga o espera debe de ser en relación directa con la obligación
garantizada con la fianza.
b) La espera o prórroga debe ser expresa, ya sea por escrito o por signos
inequívocos que demuestren la intención de que se otorga prórroga o espera.
En el caso de que la institución fiadora otorgue desde la expedición de la póliza
de fianza su consentimiento para garantizar aún en el caso de que se otorguen
prórrogas o esperas al fiado, las mismas no excederán de dos, ni por un plazo
mayor a un año. En caso de que se requieran más plazos o más tiempo, se
deberá solicitar la anuencia por escrito de la afianzadora.
Comentario.- En esta disposición que en su primer párrafo es idéntica al artículo 119 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se establece qué se debe entender por prórrogas y
esperas y los requisitos para que se produzca la extinción de la obligación fiadora.
Muchas veces se expiden pólizas de fianza en las que se establece que la afianzadora acepta
seguir garantizando aún en el caso de que se otorguen prórrogas o esperas al fiado y, llega a
suceder, que indefinidamente se van otorgando las prórrogas o las esperas o muchas veces ni
siquiera se dieron tales pero, al percatarse el beneficiario que ha transcurrido el plazo para que
se extinga la obligación fiadora por caducidad, simula con el fiado que otorgó una prórroga o
una espera, por lo que, por seguridad jurídica se propone en el texto que “las prórrogas o
esperas no deben exceder de determinado número, (...) y tampoco exceder de determinado
plazo” 58
Artículo 49.- La institución de fianzas en todo momento tendrá derecho a oponer al
beneficiario la compensación de lo que éste deba al fiado, excepto cuando el deudor
hubiere renunciado previa y expresamente a ella y en los demás casos en que la ley
establezca que no opera la compensación.
58 Hernández Hernández Claudio Ricardo, Op.cit., página 212.
35

Comentario.- El Código Civil Federal establece en su artículo 2192 en qué casos no procede la
compensación, entre otros: si una de las deudas fuere por alimentos y si las deudas fuesen
fiscales, excepto en los casos en que la ley lo autorice.
Artículo 50.- Las oficinas y las autoridades dependientes de los poderes de la
Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, deberán acordar,
dentro de los treinta días naturales de recibidas, las solicitudes de cancelación de la
fianza por parte de la institución de fianzas o del propio fiado, quienes deberán
acompañar copia de la documentación que acredite que procede dicha cancelación. En
caso de que las autoridades no resuelvan estas solicitudes dentro del plazo mencionado,
se entenderán canceladas las fianzas en cuestión para todos los efectos legales.
Tratándose de fianzas expedidas ante la Federación para garantizar obligaciones
fiscales a cargo de terceros, si las autoridades correspondientes no resuelven la
solicitud dentro del plazo de tres meses, se entenderá la respuesta en sentido
negativo.
Comentario.- La disposición que se ha propuesto, concuerda con lo dispuesto por el artículo
128 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas; sin embargo, en dicha Ley no se establece
quién puede solicitar la cancelación por lo que pudiera interpretarse que la solicitud la puede
hacer el propio fiado, razón por la cual, ahora, se establece expresamente que quien la puede
solicitar es la institución de fianzas y el propio fiado. Además, se establece que se debe
acompañar las pruebas documentales que justifiquen la cancelación.
Se ha dicho que “... el artículo 128 debió establecer que se acordará la cancelación, siempre y
cuando existan los elementos objetivos que determinen que es procedente la misma, ya que el
precepto, como está redactado, es peligroso para las autoridades, porque podría llegarse al
extremo de que sin contarse con algún elemento objetivo, como por ejemplo una resolución
favorable al fiado o una remisión de deuda, el fiado o la fiadora solicitaran lisa y llanamente la
cancelación de la fianza y, si no se diera una resolución que negara la cancelación, se tendría
por cancelada la fianza, a pesar de que no existiera una razón válida para ello” 59 .
Aunque el licenciado, Alejandro Velasco Oceguera critica dicha postura, por considerar que “la
simple omisión por parte de la autoridad en relación con esa solicitud es lo que origina la
cancelación de la póliza de fianza sin que el precepto legal sujete a condición alguna dicha
cancelación” 60 , concluye que “Se puede pensar en que en estricto sentido y en aras de una
justicia mejor entendida quizás sí debiera exigirse un elemento objetivo que permitiera la
posibilidad de que la institución afianzadora solicitara la cancelación de la póliza de fianza, sin
embargo, el propio precepto legal exime a éstas a (sic) cubrir alguna condición que no sea la
propia solicitud hecha por escrito ante la autoridad que resulte ser la beneficiaria de la póliza
de fianza”. 61
59 Ibidem, página 216.
60 Velasco Oceguera, Alejandro, Alcance obligacional de algunas pólizas de fianza emitidas por institución afianzadora,
tesis, Escuela Libre de Derecho, México, 2001, página 109.
61 Ídem.
36

Asimismo, se traslada lo dispuesto por el Código Fiscal en su artículo 37 en el que se dice que
“Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en
un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifíquela resolución, el interesado
podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa
en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar
a que ésta se dicte”.
Apoya lo dispuesto en el último párrafo del artículo propuesto la siguiente jurisprudencia por
contradicción de tesis:
“NEGATIVA FICTA. SE CONFIGURA ANTE LA FALTA DE CONTESTACIÓN, EN UN PLAZO
DE TRES MESES, A LA SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FIANZA Y DEL CRÉDITO
FISCAL RESPECTIVO FORMULADA A LA AUTORIDAD FISCAL, SIENDO IMPUGNABLE
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
Si del análisis relacionado de los artículos 37, primer párrafo, 210, fracción I y 215 del
Código Fiscal de la Federación, así como de las fracciones IV y XV y penúltimo párrafo del
diverso numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, se desprende que cualquier petición formulada a la autoridad fiscal que no
sea contestada en un plazo de tres meses se considerará resuelta de forma negativa y,
por ende, que al ser esta materia del conocimiento exclusivo del citado tribunal podrá
impugnarse ante él, es indudable que la falta de contestación en el lapso indicado a la
solicitud formulada para que cancele una fianza y el crédito fiscal respectivo, configura
una negativa ficta que causa agravio al contribuyente, de manera que éste podrá acudir,
en defensa de sus intereses, ante el citado órgano jurisdiccional administrativo. Además,
a través de la impugnación de esa negativa ficta por el interesado, se podrá obligar a la
autoridad a que en la contestación dé a conocer los fundamentos de hecho y de derecho
en que sustente aquélla, esto es, si bien es cierto que la facultad de la autoridad
hacendaria para cancelar o no aquellos actos es discrecional, también lo es que dicha
atribución no es arbitraria, por lo que está sujeta a los requisitos de fundamentación y
motivación aludidos (...)” 62
Artículo 51.- Cuando la institución de fianzas se hubiere obligado por tiempo
determinado, quedara libre de su obligación por caducidad, si el beneficiario no presenta
su reclamación o requerimiento de la fianza dentro del plazo que se haya estipulado en la
póliza, el cual no podrá exceder del plazo establecido para que prescriba la
obligación garantizada o el plazo o la obligación fiadora.
Si la afianzadora se hubiere obligado por tiempo indeterminado, quedará liberada de sus
obligaciones por caducidad, cuando el beneficiario no presente la reclamación o
requerimiento de la fianza dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a
partir de la fecha en que la obligación garantizada se vuelva exigible, por incumplimiento
del fiado.
La caducidad “corre a partir de la fecha en que se hiciere exigible la obligación
garantizada, sin que sea obstáculo para ello, la existencia de requisitos de
62 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XV, enero de 2002, página 72.
37

procedibilidad o cualquier actividad que el acreedor o beneficiario de la
obligación fiadora debiere realizar para poder demandar judicialmente su
incumplimiento”. 63
La afianzadora podrá oponerse al pago por caducidad independientemente del
beneficiario, del tipo de fianza o del procedimiento para hacerla efectiva.
Sin que obste a lo establecido en los tres párrafos anteriores, la afianzadora
podrá hacer el pago al beneficiario, sin que el fiado o demás obligados puedan
oponer como excepción la caducidad.
Comentario.- En la reforma a la Ley Federal de Instituciones de Fianzas publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 14 de julio de 1993 se introdujo a la caducidad como una forma
de extinción directa de la obligación fiadora; sin embargo, a pesar de que la ley no distingue,
toda vez que las afianzadoras hicieron uso del derecho establecido en el artículo 120 de la
aludida ley comenzaron a perder los juicios de nulidad en los que se invocaba tal causal de
extinción, pronto surgieron distinciones y jurisprudencias que negaron en principio, la
aplicación de la caducidad a las fianzas emitidas para garantizar obligaciones fiscales a cargo
de terceros, tesis que adoptó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 64 ,
para, posteriormente extenderse dicho criterio hasta negar la aplicación de dicha causa de
extinción cuando las autoridades a que se refiere el artículo 95 de la Ley “optan” por requerir” y
no por “reclamar” la fianza 65 , a pesar de que dichos términos eran y son utilizados como
sinónimos por la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
En la norma propuesta se incluye tanto a la reclamación como el requerimiento y se precisa
que la caducidad opera sin distinción de tipo de beneficiario, de procedimiento o de fianza. 66
Se quita el requisito de que la caducidad opere dentro de los ciento ochenta días posteriores a
la expiración del plazo de vigencia de la fianza, ya que la exigibilidad y la vigencia de la fianza
son dos cuestiones distintas.
Si la obligación se hace exigible, no puede exigirse requisito de procedibilidad, como una
rescisión, que queda en manos del propio acreedor, para poder exigir el pago de la fianza.
También se establece que aún y cuando haya operado la caducidad, la afianzadora podrá
realizar el pago sin que el fiado o sus obligados puedan oponer tal excepción al repetir la
63 Ruiz Rueda, “El contrato... “Op.cit. página 130. Tal propuesta de Ruiz Rueda se refiere a la prescripción, pero encaja
en lo dispuesto en este artículo para la caducidad.
64 Semanario Judicial de la Federación, novena época, tomo IV, agosto de 1996, páginas 203 a 236.
65 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, diciembre de 2000, página 12.
66 Puede verse al respecto, la tesis del licenciado Luis Alberto Valle Vidal titulada Análisis de la caducidad contemplada
en el artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en relación con el procedimiento utilizado por la
autoridad ejecutora para hacer efectiva la fianza, en la cual concluye que “la caducidad contemplada por el artículo 120
de la Ley federal de Instituciones de Fianzas, como medio para que las instituciones afianzadoras queden liberadas de
sus obligaciones, es un plazo razonable para las partes, y que la misma deberá operar independientemente del
procedimiento utilizado para hacer efectiva la fianza, de la obligación garantizada y del beneficiario de la fianza”,
Universidad Nacional Autónoma de México, México, 2001, página 172. También puede verse Hernández Hernández
Claudio Ricardo, Op.cit. página 220.
38

afianzadora en su contra, aunque se establece que solamente podrá reclamar la afianzadora
aquello que ésta hubiere pagado, perdiendo la afianzadora el derecho a los accesorios.
Se pretende tal disposición porque, muchas veces la afianzadora está garantizada y el deudor
incumplido, a sabiendas que el plazo para que el acreedor presentara su reclamación ha
transcurrido, se opone al pago de la reclamación alegando la caducidad,; sin embargo, el
derecho de extinción por caducidad es propio de la afianzadora, ya que su obligación es distinta
a la obligación garantizada y aunque renuncie a hacer valer una causa de extinción propia de la
misma, por vía directa, eso no le quita su carácter de fiadora porque conserva los demás
derechos y obligaciones derivadas de la fianza.
Artículo 52.- Presentada la reclamación o requerimiento a la institución de fianzas
dentro del plazo que corresponda conforme a lo dispuesto en el artículo anterior, el
beneficiario conservará su derecho para hacer efectiva la póliza, el cual quedará
sujeto a la prescripción. La institución de fianzas se liberará por prescripción cuando
transcurra el plazo legal para que prescriba la obligación garantizada o el de tres años, lo
que resulte menor.
La afianzadora se liberará por prescripción en el plazo previsto en el primer
párrafo de este artículo independientemente del tipo de procedimiento para
hacerla efectiva, de tipo de fianza o de beneficiario.
El requerimiento escrito de pago hecho por el beneficiario a la institución de fianzas o, en
su caso, la presentación de la reclamación de la fianza, interrumpe la prescripción, salvo
que el Tribunal o árbitro correspondiente considere que la reclamación ante la
afianzadora era improcedente.
La prescripción con respecto a la afianzadora no se interrumpe con la
reclamación o requerimiento que haga el beneficiario al fiado."
Comentario.- Se establece en este artículo no que “habrá nacido el derecho para hacer
efectiva la fianza” con posterioridad a la presentación de la reclamación o requerimiento para
que no se extinga la fianza por caducidad, como impropiamente lo dice el vigente artículo 120
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas sino que el acreedor “conservará su derecho”.
Asimismo, también se establece que la prescripción opera en el plazo que se prevé con
independencia del tipo de procedimiento, del tipo de fianza o de la clase de beneficiario,
porque, al igual que ha sucedido con la caducidad, se ha pretendido que en cuanto a la
prescripción, no se aplicable el artículo que prevé la extinción de la obligación fiadora, sino que
sea aplicable, tratándose de fianzas que garantizan obligaciones fiscales ante la federación, el
artículo 146 del Código Fiscal de la Federación 67 , a pesar de que éste se refiere a créditos
fiscales y la fianza no por el hecho de garantizar el pago de un crédito fiscal, adquiere la
naturaleza de éste para transformarse de mercantil a fiscal.
El actual artículo 120 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone que si la
reclamación “resulta” improcedente no se interrumpe la prescripción, pero ello no debe
entenderse como una facultad de la afianzadora, sino que en todo caso corresponde decidir si
fue o no procedente la reclamación al Juzgador o árbitro.
67 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, octubre de 2000 página 286.
39

El artículo 1172 del Código Civil Federal no debe ser aplicado a la fianza de empresa y ello
porque en materia civil la regla es que la fianza sea gratuita y la excepción que sea onerosa. Al
expedirse fianzas de manera habitual, la institución fiadora quedaría en estado de inseguridad
jurídica si un beneficiario interrumpe continuamente la prescripción para con el fiado sin que la
afianzadora se llegue a enterar, a pesar de que transcurran años, además, al no gozar las
instituciones de fianzas de los benéficos de orden y excusión, no puede afectarles la
interrupción de la prescripción que se haga con el deudor principal.
Artículo 53.- La obligación de la afianzadora se reducirá proporcionalmente en la
misma medida en que el fiado haya dado cumplimiento a su obligación, siempre
y cuando se acredite que la obligación garantizada es de naturaleza divisible con
independencia de que las partes le hayan dado el carácter de indivisible.
Comentario.- En este artículo se establece en forma expresa el derecho de la afianzadora a
hacer valer la excepción de extinción proporcional de la fianza, en la medida en que el fiado
haya dado cumplimiento a su obligación.
Al respecto, cabe señalar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el
siguiente sentido con respecto a este tema al resolver la contradicción de tesis 16/95:
“FIANZA, EXIGIBILIDAD DE LA. DEBE ATENDERSE AL CARACTER ACCESORIO QUE
GUARDA RESPECTO DE LA OBLIGACION PRINCIPAL.
El artículo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, establece que en lo no
previsto por esa Ley tendrá aplicación la legislación mercantil y el Título Decimotercero de
la Segunda Parte del Libro Cuarto del Código Civil para el Distrito Federal. En este sentido
es necesario atender al contenido del artículo 2842 del Código Civil para el Distrito
Federal que se encuentra en el Título mencionado por el ordenamiento que rige a las
instituciones de fianzas que dispone que la obligación del fiador se extingue al mismo
tiempo que la del deudor y por las mismas causas que las demás obligaciones. Del texto
de este precepto se desprende el carácter accesorio que tiene el contrato de fianza
respecto de la obligación principal, por lo tanto, si la obligación principal es divisible y se
lleva a cabo un cumplimiento parcial de ésta, en la misma proporción debe extinguirse la
obligación de la fiadora; por el contrario, si la naturaleza de la obligación es indivisible o
las partes o el juzgador así lo determinan, dicha obligación no podrá considerarse
cumplida si no se realiza en su totalidad y, consecuentemente, la fianza deberá ser
exigible también en forma total. Es decir, dado el carácter accesorio del contrato de
fianza, deberá entenderse en los mismos términos del contrato principal, en virtud de que
se otorgó para garantizar su cumplimiento y, por lo tanto, deberá ser exigida atendiendo
a la naturaleza divisible o indivisible de la obligación garantizada.” 68
Sin embargo, en la jurisprudencia transcrita se alude a la posibilidad de que las partes
establezcan la indivisibilidad de la obligación o que si el Juez determina que es indivisible,
tendrá tal carácter.
Ello ocasiona que obligaciones que por su propia naturaleza son divisibles, por acuerdo entre
las partes se establezca como indivisible, e inclusive el beneficiario exige al deudor que le
68 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo III, febrero de 1996, página 39.
40

entregue una fianza en la que se establezca que la misma se hará efectiva hasta por el cien por
ciento del monto garantizado independientemente del grado de avance que haya tenido dicho
fiado. Por tal motivo en el artículo que se propone se establece que procederá la reducción
proporcional siempre y cuando se acredite que la obligación es divisible, aunque las partes le
hayan dado otro carácter.
“Tema por demás complejo es el de la divisibilidad y aprovechamiento de las obligaciones. Lo
que define en primera instancia si la obligación divisible o aprovechable es el objeto de la
misma. Sin embargo, por una disposición de la Ley, las partes en un contrato pueden convenir
en crear una obligación indivisible, y esta conversión es la que puede resultar injusta, ya que
habiendo provecho o beneficio para el acreedor, por el pacto de indivisibilidad, no es
considerado ese provecho, siendo considerado un incumplimiento cuando hay beneficio y
siendo solicitada una indemnización cuando el daño o el perjuicio no se ha causado, o no se ha
causado en toda la proporción reclamada, esto equivale a una pena convencional sin reducción,
lo cual no es equitativo ya que la pena sin reducción es por tiempo, y este no es el caso.
El Art. 2003 del Código Civil establece que: “las obligaciones son divisibles cuando tienen por
objeto prestaciones susceptibles de cumplirse parcialmente. Son indivisibles si las prestaciones
no pudiesen ser cumplidas sino por entero”. El artículo reconoce la parcialidad en cuanto
aprovecha al acreedor, y no reconoce el aprovechamiento cuando no admita parcialidad el
cumplimiento de la obligación. Es este mismo criterio el que debe aplicarse a la obligación
accesoria, ya que el aprovechamiento derivado del cumplimiento parcial igualmente aprovecha
al fiador, liberándolo parcialmente de su obligación (...)
Es recomendable que la calificación de aprovechabilidad de una obligación, en caso de
controversia, quede a cargo de un tercero conocedor del objeto de la obligación, y que
mediante dictamen concluya si existe o no ese aprovechamiento en beneficio del acreedor,
independientemente de que se considera indivisible una obligación”. 69
69 Pompa y Padilla, op.cit. página 18.
41

TÍTULO II
Diversas clases de fianza de empresa
CAPÍTULO 1
De la fianza de empresa legal o judicial.
Artículo 54.- Las instituciones de fianzas por las fianzas que otorguen, se
considerarán de acreditada solvencia, y no estarán obligadas a constituir depósitos o
fianzas legales.
Por lo tanto, tratándose de cualquier resolución en contra de una institución
de fianzas por la que ésta tenga que solicitar la suspensión del acto
reclamado en el caso de interponer amparo, no está obligada a exhibir
garantía para tal efecto.
Comentario.- Si la afianzadora puede otorgar una fianza para que se garantice los posibles
daños y perjuicios con motivo de la suspensión en el amparo, es ilógico que se solicite una
garantía para obtener la suspensión del acto reclamado cuando ha obtenido resolución
desfavorable en un juicio en el que se le exige el pago de una fianza.
Al respecto se cita la siguiente tesis, que, aunque se refiere a una Ley anterior a la vigente Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, el criterio resulta aún válido:
“INSTITUCIONES DE CREDITO (COMPAÑIAS DE FIANZAS).
Para obtener la suspensión, las instituciones de crédito no están obligadas a otorgar
fianza, dada su solvencia reconocida por la Ley de Instituciones de Crédito, (...) el
Estado confiere a las compañías afianzadoras, facultades para que otorguen
fianzas en los casos que la misma ley prevé, a fin de asegurar a los
intereses de particulares que litiguen ante los tribunales o que por
cualquiera causa necesiten otorgar una garantía; de manera que si la ley
faculta a estas últimas instituciones, para que otorguen fianzas, con mayor
razón debe eximírseles de dar garantías para suspender los actos que las
afecten, cuando la misma ley que autoriza su creación, las exime de tal
obligación.” 70
El argumento que se da para que se exija garantía a las instituciones de fianzas es que la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas no puede ir más allá de lo dispuesto por la Ley de Amparo,
ya que se dice que ésta Ley al ser reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales
tiene mayor valor jerárquico. Tal argumento desde mi punto de vista no es válido ya que tanto
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas como la Ley de Amparo emanaron de un proceso
legislativo, son Leyes Federales creadas por el Congreso de la Unión, y por lo tanto con el
mismo nivel jerárquico, de conformidad con el artículo 133 Constitucional, por lo que “no
existe fundamento jurídico para suponer que algún tipo de ellas sea superior y otras inferior;
70 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo LXXI, página 4798.
42

cuando entre ellas existen contradicciones se debe estar al principio de ley posterior deroga a
la anterior”. 71
Artículo 55.- Las autoridades federales o locales están obligadas a admitir las fianzas,
aceptando la solvencia de las instituciones de fianzas, sin calificar dicha solvencia ni exigir
la constitución de depósitos, otorgamiento de fianzas o comprobación de que la
institución es propietaria de bienes raíces, ni la de su existencia jurídica.
Las mismas autoridades no podrán fijar mayor importe para las fianzas que otorguen las
instituciones de fianzas, que el señalado para depósitos en efectivo u otras formas de
garantía.
La infracción de este precepto será causa de, responsabilidad.
Comentario.- Toda vez que el artículo 13 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas la
considero como una disposición adecuada, se incluye tal cual en este proyecto, sin agregarle ni
quitarle nada.
Artículo 56.- No por el hecho de que una institución de fianzas expida una fianza
ante una autoridad judicial o administrativa se convierte en parte en el juicio o
procedimiento en el cual fue exhibida la póliza de fianza.
Comentario.- Muchas veces se ha pretendido que por el sólo hecho de que una afianzadora
expida una fianza ante una autoridad judicial, por tal motivo se convierte en parte en el juicio.
Al respecto, se cita la siguiente tesis:
“FIANZAS. COMPAÑIAS QUE LAS OTORGAN PARA QUE EL ACUSADO OBTENGA
LIBERTAD CAUCIONAL. SON PARTE EN EL PROCESO RESPECTO A LA GARANTIA Y
QUEDAN SOMETIDAS A LAS NORMAS DEL CODIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES EN
CUANTO A LAS NOTIFICACIONES DE LAS RESOLUCIONES.
Es verdad que el fiador de un procesado no puede considerarse parte en la relación
procesal penal, porque ésta sólo se establece entre el reo, el Ministerio Público, en su
caso el ofendido, y el juez; pero no es este concepto restringido de la relación procesal
penal el que debe servir como base para interpretar los preceptos relativos a las
notificaciones, sino la noción amplia, en la que encuentran cabida todos aquellos cuyos
intereses jurídicos resultan en alguna forma afectados con motivo de una causa penal, y
en atención a ello tienen derecho a estar informados de las resoluciones que les atañen.
Cuando las compañías de fianzas otorgan garantía para que el procesado goce de la
libertad provisional, las mismas adquieren, por ese solo hecho el carácter de partes
interesadas en el proceso y automáticamente (sic) quedan sometidas a las normas
conducentes del Código de Procedimientos Penales aplicables. Esto se infiere del propio
artículo 416 del Código Federal de Procedimientos Penales, pues dispone que cuando un
tercero haya constituido depósito, fianza o hipoteca para garantizar la libertad de un
inculpado, las órdenes para que comparezca éste se entenderán con aquél. Así pues, al
otorgar fianza en un proceso penal, las mencionadas compañías adquieren el carácter de
partes interesadas, con independencia de la facultad que las mismas tienen, de
71 Arteaga Nava, Elisur, Derecho Constitucional, Oxford University Press Harla-México, S.A. de C.V., 1998, página 23.
43

conformidad con el artículo 101 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, para acudir
al proceso respectivo, a fin de que se ventilen las cuestiones que les conciernan.” 72
Considero que no por el hecho de otorgarse una fianza ante una autoridad judicial la
afianzadora se convierte en parte del juicio.
En efecto, como ya se ha indicado en la mayor parte de las veces en que una afianzadora emite
una póliza de fianza es el fiado o solicitante quien acude ante la afianzadora y le pide que ésta
emita una póliza para garantizar alguna obligación. La afianzadora emite tal documento, y se lo
entrega al fiado o solicitante y éste la exhibe ante la autoridad judicial que le solicitó la
garantía. Y, la afianzadora no por el sólo hecho de emitir la póliza se convierte en parte en el
juicio ante el cual se expidió la fianza, ya que resultaría más oneroso para la institución de
fianzas expedir una fianza ante una autoridad judicial y, luego, contratar abogados para
apersonarse en todos los juicios en que emitió una fianza ante la incertidumbre de que se
dictara algún acuerdo en su contra y que el mismo quedara firme por no recurrirlo.
Artículo 57.- Las autoridades dependientes de los poderes de la Federación, del Distrito
Federal, de los estados y de los municipios, estarán obligadas a proporcionar a las
instituciones de fianzas los datos que pidan sobre antecedentes personales o económicos
de quienes soliciten fianzas de dichas instituciones.
Deberán informar también sobre la situación del asunto, ya sea judicial, administrativo, o
de cualquier otra naturaleza, para el que se haya otorgado la fianza.
Comentario.- Esta disposición se toma del artículo 128 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas.
De las fianzas de fidelidad
CAPÍTULO 2
Artículo 58.- Las fianzas de fidelidad son aquellas que garantizan el pago de la
responsabilidad pecuniaria en que incurra el fiado por sí o en connivencia con
otros, derivada de la comisión de algún delito patrimonial sobre los bienes que
el acreedor le haya confiado.
Comentario.- Generalmente el fiado en este tipo de fianzas es un trabajador, pero puede que
tenga confiados bienes con motivo de un contrato de comisión, por ejemplo, por lo que en el
artículo que se propone no se limita que sólo sea empleado del beneficiario.
Por lo regular las instituciones de fianzas ofrecen diversos tipos de fianzas de fidelidad: global,
individual, etcétera, por lo que sería inconveniente que el legislador estableciera un catálogo de
este tipo de fianzas.
Artículo 59.- Puede convenirse por la afianzadora con el acreedor que realizará
el pago de la fianza aún y cuando no exista sentencia firme que condene al
fiado, pero dicho pago se considerará sujeto a condición resolutoria de que la
72 Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 79, sexta parte, página 35.
44

sentencia absuelva al fiado, debiendo en tal caso el acreedor rembolsar el monto
pagado por la afianzadora más los intereses respectivos.
Si la afianzadora realiza el pago sin que se acredite que existe sentencia que
condene al fiado, no podrá exigir al fiado o demás obligados de éste sino hasta
que existe sentencia firme que condene al fiado y en este caso, sólo podrá
recuperar hasta el monto que efectivamente hubiere sido condenado el fiado a la
reparación del daño.
Comentario.- Si la fianza garantiza una responsabilidad de tipo penal, mientras no exista una
determinación judicial que haga legalmente responsable al fiado, no se acredita la exigibilidad
de la fianza. Ruiz Rueda cita una resolución dictada el 24 de diciembre de 1959, por el C. Juez
Primero de Distrito en el Distrito Federal, en Materia Civil, en el juicio Distribuidora Atlántida,
S.A. de C.V., “Distilby”, S.A., de C.V., “Ron Castillo”, S.A. de C.V. y “Comercio Mundial”, S.A.
de C.V. Vs. “Crédito Afianzador, S.A., expediente 165/59; en la que se dijo que “las sociedades
actoras para demostrar la procedencia de su acción estaban obligadas a acreditar que la
señorita G....I....M...en el desarrollo de sus funciones, dentro de las referidas sociedades había
cometido algún delito patrimonial e intencional en perjuicio de las sociedades antes citadas,
toda vez que de acuerdo con las características del contrato de fianza, fijadas en el artículo
2794 del Código Civil, “Crédito Afianzador”, S.A., estaba obligado a responder por las
responsabilidades en que incurriera, en la especie, dicha empleada, siempre y cuando dichas
responsabilidades fueran el resultado inmediato y directo de la comisión de un delito
patrimonial e intencional, según los términos del contrato de fianza celebrado. Ahora bien, de
las pruebas que rindió en este juicio la parte actora, no aparece demostrado en forma
fehaciente que la mencionada G...I....M....hubiera cometido alguno de los ilícitos penales de
índole patrimonial tipificados en el Código Penal, circunstancia ésta que es fundamental para la
procedencia de la acción ejercitada en este juicio. Al respecto, debe señalarse desde luego, que
la comisión de alguna de estas figuras delictivas sólo es dable acreditarla mediante la
existencia comprobada de las actuaciones de un tribunal de orden penal en que así conste,
toda vez que si las disposiciones del derecho penal son de estricta aplicación (...)”. 73
Sin embargo, por práctica comercial y en ejercicio de la autonomía de la voluntad las
afianzadoras en muchas ocasiones se obligan a pagar aún en el caso de que no exista
sentencias condenatoria en contra del fiado, lo que pueden hacer, pero, en tal caso, es claro
que no pueden exigir la recuperación de lo pagado sin acreditar tal extremo y tampoco por
mayor cuantía a la responsabilidad del fiado.
En cuanto a la posibilidad de que las instituciones de fianzas paguen aún y cuando no exista
sentencia condenatoria al fiado, se transcriben las siguientes tesis:
“POLIZA GLOBAL DE FIDELIDAD ABIERTA.
Cuando se trate de esta clase de pólizas, su pago definitivo no deberá subordinarse a la
existencia de una sentencia penal ejecutoriada contra el afianzado, por el delito o delitos
amparados en la póliza, porque así se desprende de una correcta interpretación del
contrato de fianza base de la acción y por la autonomía de la jurisdicción civil, respecto de
la penal; además, si la compañía de fianzas no solicita por escrito la colaboración del
beneficiario y la aportación de mayores pruebas para el proceso, el pago de la póliza que
73 Citado por Luis Ruiz Rueda, “El Contrato...” Op.cit., págs. 35 y 36.
45

haga dentro de los sesenta días posteriores a la reclamación respectiva, demuestra que
cuando pagó, estuvo convenida de que se cumplieron todas las condiciones pactadas para
la exigibilidad de su obligación y sólo podrá alegar error, si de los datos, elementos y
pruebas que se le entregaron, o de la investigación privada que practicare, se
desprendiere ese error, bien por conducta dolosa de la beneficiaria, por la demostración
de su mala fe, o por la omisión de algunos elementos de convicción necesarios para la
procedencia del pago.” 74
“FIANZAS, EXIGIBILIDAD DE LAS OTORGADAS POR UNA INSTITUCION DE.
Si del contenido de las cláusulas de la póliza respectiva se desprende que no era
necesario siquiera la existencia de denuncia por querella penal para la exigibilidad de la
fianza, por haberse dejado a la voluntad de la acreedora el que se procediera penalmente
en contra de los fiados, menos puede admitirse que fuera necesaria una sentencia
condenatoria penal para que hubiera la exigibilidad, aún cuando en la póliza se haga
mención a comisión de delitos contra la propiedad, en los términos del Código Penal.” 75
CAPÍTULO 3
De las fianzas que garantizan operaciones de crédito
Artículo 60 - Las instituciones de fianzas sólo podrán otorgar fianzas que garanticen
operaciones de crédito, exclusivamente cuando se trate de:
1. El pago derivado de operaciones de compraventa de bienes y servicios o de
distribución mercantil.
2. El pago total o parcial, del principal y accesorios financieros, derivados de créditos
documentados en títulos inscritos en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios.
3. El pago derivado de contratos de arrendamiento financiero.
4. El pago de financiamientos obtenidos a través de contratos de crédito garantizados
con certificados de depósitos y bonos de prenda expedidos por un almacén general de
depósito.
5. El pago derivado de descuentos de títulos de crédito o de contratos de factoraje
financiero.
6. El pago de créditos otorgados por instituciones financieras para la exportación e
importación de bienes y servicios.
7. El pago de créditos obtenidos para la adquisición de inmuebles, financiados por
entidades del grupo financiero al que pertenezca la afianzadora de que se trate.
8. El pago derivado de créditos para la adquisición de activos fijos o bienes de consumo
duradero.
9. El pago de créditos derivados de programas especiales de apoyo a la micro y pequeña
empresa que ejecuten instituciones nacionales de crédito.
74 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen LXXXVIII, cuarta parte, página 34.
75 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen XXXVI, cuarta parte, página 60.
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Comentario.- Se traslada a este proyecto esta disposición que se encuentra establecida en la
Regla Primera de las reglas de Carácter general Para el Otorgamiento de Fianzas que
Garanticen Operaciones de Crédito, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 25 de
mayo de 2000.
Artículo 61.- Salvo lo establecido en el artículo anterior, queda expresamente
prohibido que las afianzadoras garanticen el pago de créditos directos como el
mutuo o el préstamo mercantil.
El fiado o y el beneficiario que simulen que realizan una operación distinta al
mutuo o el préstamo mercantil, con la finalidad de que la afianzadora garantice
la misma quedarán sujetos a las disposiciones penales.
Comentario.- En no pocas ocasiones, a sabiendas de que las instituciones de fianzas no
garantizan operaciones de crédito directo, como el mutuo o el préstamo mercantil, se simula
que se celebra una operación distinta y dado que la simulación es refractaria de la prueba
directa, es difícil para las afianzadoras acreditarla, por tal razón en el artículo se establece
expresamente que quienes celebren este tipo de actos quedarán sujetos a las disposiciones
penales.
CAPÍTULO 4.
De las fianzas expedidas en moneda extranjera
Artículo 62.- Las instituciones de fianzas podrán asumir responsabilidades en moneda
extranjera, cuando la obligación garantizada se haya convenido en dicha moneda, en los
casos siguientes:
I.- Por la expedición de fianzas directas:
a) A exportadores nacionales de bienes o servicios que deban cumplir obligaciones
exigibles en el extranjero, incluyendo aquellas pólizas que se otorguen como
contragarantía;
b) A proveedores extranjeros de bienes o servicios que deban cumplir obligaciones
con residentes en México;
c) A proveedores, tanto nacionales como extranjeros, cuando el beneficiario sea una
entidad o dependencia del Sector Público, a fin de garantizar la entrega de
productos o el cumplimiento de los contratos derivados de licitaciones
internacionales o contratos, cuyos insumos de importación se cotizan en moneda
extranjera, o bien, al tipo de cambio en que se pacte;
d) Que se deriven de la subcontratación de negocios provenientes de licitaciones
internacionales cuyos insumos de importación se coticen en moneda extranjera y
en donde finalmente el beneficiario principal sea una entidad o dependencia del
Sector Público, y
47

e) En cualquier otro caso distinto de los antes mencionados, se requerirá la previa
autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la que podrá otorgarse
tomando en cuenta las necesidades de servicio y las condiciones económicas que
imperen en el país.
II.- Por reafianzamiento tomado:
a) A instituciones afianzadoras mexicanas que hayan asumido responsabilidades en
moneda extranjera conforme a la fracción anterior, y
b) A instituciones extranjeras en operaciones donde las obligaciones a garantizar y
sus efectos se lleven a cabo por extranjeros o nacionales, en el exterior.
Comentario.- Por la importancia, dado que frecuentemente personas que no reúnen los
requisitos pretenden que la afianzadora emita póliza en moneda extranjera, se inserta en esta
proyecto lo dispuesto por la Regla Primera de las Reglas Generales para Operaciones de
Fianzas y Reafianzamientos en Moneda extranjera Celebradas por Instituciones de Fianzas
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de agosto de 2000.
Artículo 63.- En las pólizas de fianzas o bien en la documentación que las instituciones
afianzadoras expidan con motivo de las responsabilidades que asuman en moneda
extranjera, deberá establecerse lo siguiente:
I. Que el pago de las reclamaciones que realicen las instituciones de fianzas en el
extranjero, se efectuará por conducto de instituciones de crédito mexicanas o filiales
de éstas, a través de sus oficinas del exterior, en la moneda que se haya establecido
en la póliza;
II.
Que las primas relacionadas con la expedición de fianzas en moneda extranjera, se
cubran a las instituciones afianzadoras en la misma moneda de expedición de la
póliza;
III. Que el pago que hagan las instituciones de fianzas por concepto de comisiones y
otros cargos relacionados con la expedición de fianzas a agentes autorizados, se
cubra por el equivalente en moneda nacional al tipo de cambio que rija en el
momento en que se cubran las primas, sin perjuicio de que la parte que corresponda
a entidades o agentes extranjeros se realice en moneda extranjera, y
IV. Que para conocer y resolver de las controversias derivadas de las fianzas a que se
refieren las presentes Reglas, serán competentes las autoridades mexicanas, en los
términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de la Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros y otras disposiciones legales aplicables,
sin perjuicio de que en los casos de fianzas en que el cumplimiento de la obligación
garantizada surta sus efectos fuera del territorio nacional, se apliquen las normas
correspondientes y los usos y costumbres internacionales.
Comentario.- También se toma en esta Ley, íntegramente el texto de la Regla Octava de las
Reglas Generales para Operaciones de Fianzas y Reafianzamientos en Moneda extranjera
Celebradas por Instituciones de Fianzas.
48

TÍTULO TERCERO
De los Procedimientos
CAPITULO 1
De los procedimientos que puede ejercitar la institución de fianzas en
contra del Tomador, fiado, contrafiador u obligado solidario.
Artículo 64.- Las instituciones de fianzas podrán establecer procedimientos
convencionales con el tomador, fiado, obligado solidario o contrafiador, ante árbitros o
tribunales con la finalidad de que resuelvan sus controversias o hacer efectivas las
garantías de recuperación a favor de la afianzadora.
En el procedimiento convencional las partes deberán sujetarse a lo establecido en el
libro quinto del código de comercio, con las siguientes modalidades:
I.-
El procedimiento podrá pactarse en el propio contrato de fianza cuando sea
con estipulación a favor del tercero beneficiario, o en documentos por
separado, ratificados ante notario o corredor públicos, o ante la Comisión Nacional
de Seguros y Fianzas. Asimismo, podrá pactarse en cualquier estado del juicio ante
el juez que conozca de la demanda que se hubiere interpuesto en los términos de los
artículo 73 a 75 de esta ley, o durante el procedimiento seguido ante la Comisión
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.
Los Tribunales y, en su caso, la citada Comisión, se ajustaran al procedimiento
convenido por las partes y a petición de las mismas, darán por terminados el juicio
o el procedimiento arbitral iniciado por ellas;
II.- El procedimiento convencional establecido conforme al presente artículo, podrá
acordarse por separado con el fiado, tomador o con cualquiera de los obligados
solidarios o contrafiadores, sin que surta efecto para los que no hubieren celebrado.
Comentario.- Según el artículo 1051 del Código de Comercio, el procedimiento mercantil
preferente a todos es el que libremente convengan las partes, por lo que la disposición que se
agrega en este Proyecto concuerda básicamente con lo dispuesto por el artículo 103 Bis de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
Artículo 65 - El documento que consigne la obligación del tomador, fiado, contrafiador u
obligado solidario, acompañado de la certificación de la o las personas facultadas por el
consejo de administración de la institución de fianzas de que se trate, de que ésta pagó
al beneficiario, y de una copia simple de la póliza, llevan aparejada ejecución para el
cobro de la cantidad correspondiente y sus accesorios.
Igualmente, dicho documento y la mencionada copia traerán aparejada
ejecución para el cobro de las primas vencidas y no pagadas, así como sus
49

accesorios, con la certificación de la o las personas facultadas por el consejo de
administración de la institución de fianzas respecto a la existencia del adeudo.
La certificación a que se refieren los párrafos anteriores, hará fe en los juicios
respectivos, salvo prueba en contrario.
Para el ejercicio de la acción de reembolso en la vía ejecutiva no es necesario
que la afianzadora acredite que hizo del conocimiento de cualesquiera de los
obligados que existía una reclamación de pago; sin embargo, si se demuestra
que éste no tuvo conocimiento de la reclamación, podrá oponer a la institución
de fianzas las excepciones que tenga en contra del acreedor.
Comentario.- El artículo se relaciona con el artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de
Fianzas.
Antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la federación el 14 de julio de 1993 el
referido artículo 96 precisaba los documentos que traían aparejada ejecución, tanto para el
cobro de lo pagado por la afianzadora, como para el cobro de las primas no pagadas y sus
accesorios.
El vigente artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, sin embargo, establece
que “El documento que consigne la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado
solidario, acompañado de una copia simple de la póliza y de la certificación de la o las
personas facultadas por el consejo de administración de la institución de fianzas de que se
trate, de que ésta pagó al beneficiario, llevan aparejada ejecución para el cobro de la cantidad
correspondiente así como para el cobro de primas no pagadas y accesorios.”
Como está redactado actualmente el artículo 96 las afianzadoras solamente pueden cobrar
primas en la vía ejecutiva acompañando la certificación de que existió el pago al beneficiario,
ya que así lo ha interpretado la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la
contradicción de tesis 111/2000-PS. En la que dijo:
“Si bien es cierto que el artículo 96 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas permite
el cobro de primas vencidas no pagadas y accesorios, en la vía ejecutiva, también lo es
que dicha reclamación únicamente puede deducirse en esa vía, siempre y cuando en la
propia demanda la empresa afianzadora también pretenda la recuperación del pago
hecho al beneficiario de la póliza, y exhiba los documentos que cumplan con los
requisitos formales de ejecución previstos en ese numeral, consistentes en el documento
que consigne la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u obligado solidario, una
copia simple de la póliza respectiva y la certificación de que la citada empresa pagó al
beneficiario el monto de la garantía. De ahí que no pueda entablarse la demanda en esa
vía para reclamar únicamente el importe de primas vencidas y accesorios, en forma
independiente de la acción de recuperación mencionada” 76
Por lo que se propone en el artículo precisar que:
a).- Con el documento en que conste la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u
obligado solidario, una copia de la póliza de fianza y con la certificación de la persona o
personas autorizadas por el Consejo de Administración de que la institución de fianzas
76 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, noviembre de 2001, página 13.
50

pagó al beneficiario, la afianzadora podrá ejercitar en la vía ejecutiva el cobro de lo que
pagó más los accesorios correspondientes.
Esto es acorde con lo dispuesto por el numeral 2829 del Código Civil Federal, mismo que
dispone que el “fiador que paga por el deudor debe ser indemnizado por éste: de la deuda
principal; de los intereses respectivos, desde que haya comunicado el pago al deudor, aún
cuando éste no estuviere obligado por razón del contrato a pagarlos al acreedor, de los gastos
hechos desde que dio noticia al deudor de haber sido requerido de pago y, de los daños y
perjuicios que haya sufrido por causa el deudor.”
b).- Con el documento en que conste la obligación del solicitante, fiado, contrafiador u
obligado solidario, una copia de la póliza de fianza y con la certificación de la persona o
personas autorizadas por el Consejo de Administración de que existe un adeudo por
primas vencidas y no pagadas se podrá ejercitar también la vía ejecutiva.
Y con ello la afianzadora no pierde el derecho de demandar en la vía ejecutiva el pago de
primas vencidas, siendo impráctico que la afianzadora tuviera que esperarse a demandar el
pago de una suma que se hubiere reclamado por un beneficiario (lo que puede que no llegare
a suceder jamás) para poder ejercitar el cobro de primas en una vía expedita, teniendo que
demandar el pago de las mismas en la vía ordinaria mercantil con la afectación que conlleva en
la recuperación “estos recursos que propiamente forman parte de su patrimonio”
Por último, toda vez que algún Tribunal Colegiado ha llegado a señalar que “para que proceda
la acción ejecutiva mercantil ejercitada por la afianzadora en contra de su fiado, es necesario
que la demandante pruebe haber dado cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118 bis de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas” 77 , a pesar de que el artículo 96 de la Ley aludida en
ninguna parte establece tal requisito, se dispone expresamente en la parte final del artículo
propuesto que no es necesario que la afianzadora acredite que hizo del conocimiento de
cualesquiera de los obligados que existía una reclamación de pago para que proceda la acción
de la institución de fianzas, indicándose la consecuencia por la falta de comunicación de la
reclamación: que el fiado le pueda oponer las excepciones que tenga en contra del acreedor.
Artículo 66.- La institución de fianzas tendrá acción contra el tomador, fiado,
contrafiador y obligado solidario, antes de haber ellas pagado, para exigir que garanticen
por medio de prenda, hipoteca o fideicomiso, la recuperación de lo que pueda llegar
a pagar la afianzadora, incluyendo los accesorios, con motivo de sus fianzas en los
siguientes casos:
a).- Cuando se le haya requerido o reclamado judicial o extrajudicialmente el pago de
alguna cantidad en virtud de fianza otorgada.
En el caso de que la institución de fianzas haya expedido diversas fianzas ante
diversos beneficiarios, bastará que se haya reclamado el pago de una sola de
ellas para que la institución de fianzas tenga acción para exigir las garantías de
recuperación con respecto a las demás fianzas.
77 Sentencia dictada por mayoría de votos y cuya tesis puede consultarse en el Semanario Judicial de la Federación,
novena época, tomo V, enero de 1997, páginas 472 y 473.
51

).- Cuando la obligación garantizada se haya hecho exigible aunque no exista el
requerimiento o reclamación a que se refiere el inciso anterior;
c).- Cuando cualquiera de los obligados sufra menoscabo en sus bienes de modo que se
halle en riesgo de quedar insolvente;
d).- Cuando el bien dado en garantía disminuya su valor de tal forma que resulte
insuficiente para garantizar la recuperación de lo que llegue a pagar la
afianzadora.
e).- Cuando alguno de los obligados haya proporcionado datos falsos respecto a su
solvencia o a su domicilio;
e).- Cuando la institución de fianzas compruebe que alguno de los obligados a que se
refiere este artículo incumpla obligaciones de terceros de modo que la institución
corra el riesgo de perder sus garantías de recuperación; y
f).- Cuando han pasado cinco años desde el otorgamiento de la fianza, si fue
contraída por tiempo indefinido.
g).- En los demás casos previstos en la legislación mercantil.
Comentario.- Se trae a esta ley la disposición contenida en el artículo 97 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, pero se añaden más causales para que se pueda garantizar la
recuperación de lo que se pueda llegar a pagar.
Así, hay casos en los que se reclama por el beneficiario una cantidad más algún accesorio que
deba ser liquidado en ejecución de sentencia, pero la afianzadora demanda que se garantice
conforme al monto reclamado, pero puede dicho monto crecer al momento en que se efectúe el
pago de la fianza, por lo que se establece que la garantía incluirá los accesorios.
Asimismo, muchas veces se expiden fianzas ante diversos beneficiarios para garantizar
diversas obligaciones de un mismo fiado. Como se encuentra redactado el artículo 97 las
afianzadoras sólo pueden exigir que se les garantice el pago con motivo de la fianza
reclamada, ya que por lo regular sólo se puede acreditar el requisito de la reclamación; sin
embargo, si el fiado incumple con una obligación para con un beneficiario lo más seguro es
que incumpla con los demás, por lo que para evitar que se siga un juicio por cada fianza
incumplida agravándose los riesgos, se establece que basta y sobra que se reclame una sola de
las fianzas para que se puede exigir el garantizamiento con respecto a las demás.
Artículo 67.- Las instituciones de fianzas tendrán acción contra el tomador, fiado,
contrafiador u obligado solidario, para obtener el embargo precautorio de bienes antes
de haber ellas pagado, con la sola comprobación de alguno de los extremos a que se
refiere el artículo anterior.
Por lo tanto, para ejercitar la providencia precautoria, no es necesario que se
acredite ninguno de los supuestos que establece el artículo 1168 del Código de
Comercio, sino que basta que se compruebe cualquiera de los supuestos que
establece el artículo 66.
La acción a que se refiere este artículo podrá ser ejercitada por las instituciones de
52

fianzas, antes del juicio, simultáneamente con la demanda o después de haber iniciado el
juicio respectivo. En el primero de los casos señalados, las instituciones de fianzas
deberán entablar la demanda en la forma y plazos prescritos por el Código de Comercio.
Cuando durante la substanciación del procedimiento a que se refiere este artículo, la
afianzadora haga pago de la reclamación con cargo a la fianza o fianzas por las que se
promovió el mismo y en su caso, se decrete la medida precautoria aquí prevista, la
institución fiadora podrá elegir cualquiera de los procedimientos de recuperación
establecidos en esta Ley o bien, si el juicio no ha sido concluido, dentro del mismo podrá
acogerse al procedimiento señalado en el siguiente párrafo.
La afianzadora informará al juez sobre el pago efectuado y sin mayores formalidades,
demandará el reembolso de lo pagado y sus accesorios al fiado o a los obligados
solidarios que hayan sido demandados y embargados en su caso, acompañando las
copias necesarias para traslado, así como la certificación del adeudo a que se refiere el
artículo 65 de esta Ley y solicitará que se declare que el embargo precautorio adquiera el
carácter de definitivo, por el monto pagado y sus accesorios.
Será motivo de responsabilidad que los jueces no acaten lo dispuesto en el
párrafo anterior.
Posteriormente se continuará con el procedimiento correspondiente.”
Comentario.- Esta disposición se encuentra actualmente en el artículo 98 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas, pero se traslada a este proyecto con las modificaciones que considero
pertinentes.
Se cambia el término que emplea el referido artículo 98 de “secuestro precautorio” por el de
“embargo precautorio”, en virtud de que el término secuestro tiene el siguiente significado:
“SECUESTRO.- Depósito de una cosa litigiosa en poder de un tercero hasta que se decida
a quién debe entregarse (Arts. 2539 a 2545 del Código Civil para el distrito Federal)
Existen dos especies de secuestro, el convencional y el judicial (...) 78
Se precisa expresamente en este artículo que para que proceda la providencia precautoria
basta y sobra que se satisfaga alguno de los supuestos que establece el artículo anterior, toda
vez que aún y cuando el artículo 97 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas establece
claramente los supuestos a que remite el artículo 98, algunos Jueces sin analizar el perjuicio
que ocasionan al sector afianzador, no conceden la medida precautoria “al no actualizarse los
supuestos a que se refiere el artículo 1168 del Código de Comercio (...) No siendo óbice para lo
anterior de que, el promovente de dicha providencia funda su petición en lo dispuesto por el
artículo 97 inciso a) y 98 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas(...)” 79
Artículo 69.- En caso de haberse constituido prenda a favor de una institución de
fianzas, en los términos del artículo 26 de esta ley, la propia institución podrá solicitar
en su oportunidad y en representación del deudor prendario, la venta de los bienes
78 De Pina Rafael, et al, Diccionario de Derecho, Editorial Porrúa, México, 15ª. Edición, 1988, página 437
79 Sentencia dictada el día 13 de diciembre de 2001 en el expediente 783/2001 por el C.
Juez Décimo Tercero de lo Civil de la ciudad de México
53

correspondientes, aplicando la parte del precio que cubre las responsabilidades del fiado,
conforme a las reglas siguientes.
I.-
Cuando proceda solicitará por escrito al depositario de los bienes que constituyen la
prenda, bajo su mas estricta responsabilidad, la entrega de los mismos para lo cual
deberá proporcionar a dicho depositario copia certificada de la constancia expedida
por el beneficiario de la fianza de haber recibido el pago de la reclamación de la
póliza.
II.- En su caso y sin mas formalidad que la entrega de la constancia a que se refiere la
fracción anterior, la institución de fianzas podrá ejercitar los derechos del deudor
prendado para haber efectivos los préstamos o créditos concedidos por la institución
de crédito de que se trate y que constituyan la garantía prendaria en favor de la
institución fiadora;
III.- Si la prenda se hubiere constituido en dinero en efectivo o en depósitos ante una
institución de crédito, en los términos de la fracción del artículo 26 de esta ley, la
institución de fianzas podrá aplicarlos en recuperación de lo pagado y los accesorios
que le correspondieran conforme al contrato celebrado con el fiado.
IV.- Cuando la prenda se haya constituido sobre valores de los señalados en el articulo
26 de esta ley, la institución de fianzas podrá solicitar su venta a través de una casa
de bolsa, siendo a cargo del deudor prendario los gastos que con este motivo se
ocasionen;
V.- La prenda constituida sobre bienes distintos de los anteriormente mencionados, se
hará efectiva conforme a lo siguiente:
a).- La institución de fianzas en representación del deudor prendario, solicitará a un
corredor publico o a dos comerciantes, si en lugar no hubiere corredores, a que
procedan a la venta directa de dichos bienes.
b).- Si transcurrido el término de quince días hábiles no se ha podido lograr la
venta de los bienes, el corredor público o los comerciantes que estén
encargados de su venta, harán una convocatoria dentro de los siguientes diez
días hábiles, la cual deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación o en
alguno de los periódicos de mayor circulación del lugar en que se encuentren
los bienes solicitando postores y fijándose como base para posturas las dos
terceras partes del precio de avalúo que al efecto se mande practicar, o del
precio convenio por las partes en el contrato relativo lo que resulto mayor. La
vigencia del avalúo no deberá exceder de tres meses.
c).- Pasado diez días hábiles sin lograr la venta de dichos bienes se hará una
nueva convocatoria y su respectiva publicación, en la forma indicada en el
inciso anterior, en la que el precio corresponderá al que resulte de hacer una
rebaja del 25% del que sirvió de base para la primera convocatoria y, así
sucesivamente, hasta conseguir su venta, previa la publicación de las
convocatorias respectivas, con el mismo intervalo para cada caso.
d).- Efectuada la venta de los bienes pignorados, el corredor o los comerciales que
la hubieren realizado, entregarán los bienes al comprador, extendiendo para tal
54

efecto el documento que formalice la operación, el cual servirá de constancia
de la adquisición para los efectos que sean de interés del adquirente.
e).- El producto de la venta de dichos bienes se entregará a la institución de
fianzas, para que ésta recupere las cantidades erogadas durante el proceso de
venta, así como los demás adeudos incluyendo los accesorios convenidos por
las partes o establecidos en la ley y, del remanente que resulte, aplicará lo
necesario para recuperar la cantidad pagada al beneficio de la póliza de fianza.
f).- A falta de postores, la institución de fianzas tendrá derecho para adjudicarse
los bienes pignorados en el valor que corresponde a las dos terceras partes del
precio de cada convocatoria.
VI.- El deudor prendario podrá oponerse a la venta de los bienes dados en garantía en
cualquier momento del procedimiento, haciendo pago a la institución de fianzas de
las cantidades que se le adeuden u ofreciendo pagar dentro de las 72 horas
siguientes a partir de que manifieste su oposición. Transcurrido dicho término sin
que la institución de fianzas hubiere recibido el pago ofrecido, se continuará el
procedimiento para la venta de dichos bienes, sin que por ulteriores ofrecimientos
del deudor prendario pueda suspenderse, a menos que hiciera el pago de las
cantidades a favor de la institución fiadora;
VIII.- Si antes de llevar a cabo la venta se vencen o son amortizados los valores dados en
prenda, la institución de fianzas podrá conservar con el mismo carácter las
cantidades que por este concepto reciba en sustitución de los títulos cobrados o
amortizados. Tanto los valores como el importe de su venta, podrá aplicarlos la
institución en pago de los adeudos a su favor;
VIII.- Cuando la institución de fianzas hubiere aplicado el producto de la venta de los
bienes al pago de los gastos efectuados con ese motivo y a la recuperación de las
cantidades que le adeude el fiado, el sobrante que resulte a favor del deudor
prendario, deberá entregárselo de inmediato o proceder a la consignación
correspondiente, acompañando la documentación comprobatoria de las aplicaciones
que se hubieren hecho conforme a las fracciones anteriores; y
IX.- La institución de fianzas responderá ante el deudor prendario, de los daños y
perjuicios que se le causen por violaciones al procedimiento establecido en este
articulo.
Comentario.- Este artículo es fiel reproducción de lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas.
“Artículo 70.- En los casos de fianzas garantizadas mediante hipoteca, fideicomiso sobre
inmuebles o la afectación en garantía de bienes inmuebles prevista en el articulo 30 de
esta ley, las instituciones de fianzas podrán proceder a su elección para el cobro de las
cantidades que hayan pagado por esas fianzas y sus accesorios:
I.- En la vía ejecutiva mercantil.
II.- En la vía hipotecaria.
55

III.- Haciendo vender los inmuebles conforme de las siguientes reglas:
a).-
b).-
c).-
d).-
e).-
f).-
g).-
h).-
i).-
j).-
La institución de fianzas solicitará, bajo su mas estricta responsabilidad, a un
corredor público o a la institución fiduciaria, que proceda a la venta de los
bienes de que se trate, previo avalúo practicado por institución de crédito, o
tomando como referencia el valor convencional fijado de común acuerdo por las
partes, lo que resulte mayor. El avalúo no deberá tener una antigüedad mayor
de tres meses.
Se notificará al propietario de los bienes, el inicio de este procedimiento por
medio de carta certificada con acuse de recibo, a través de un notario o
corredor público o en vía de jurisdicción voluntaria.
El propietario podrá oponerse a la venta de sus bienes acudiendo, dentro del
término de cinco días hábiles después de la notificación, ante el juez de
primera instancia del lugar en que los bienes estén ubicados, o al juez
competente del domicilio de la institución de fianzas, haciendo valer las
excepciones que tuviere.
Del escrito de oposición, se dará trasladado por tres días a la institución de
fianzas y al fiduciario, únicamente para que se suspenda la venta de los bienes.
Si se promoviera alguna prueba, el término no podrá pasar de diez días para el
ofrecimiento, admisión, recepción y desahogo de las mismas.
El juez citara en seguida a una junta, que se celebrara dentro de los tres días
para oír los alegatos de las partes y dentro de los cinco días siguientes,
pronunciara una resolución, la cual podrá ser apelada solo en efecto devolutivo.
Si se declara infundada la oposición, se notificará a la institución fiadora y al
fiduciario para proceder desde luego a la venta de los bienes,
independientemente de que el deudor sea condenado al pago de gastos y
costas.
Se adjudicara el bien al comprador que mejores condiciones ofrezca, mediante
la escritura publica correspondiente que firmara el deudor y si se negare, la
institución de fianzas o el fiduciario podrán solicitar que lo haga el juez.
En caso de no encontrarse comprador, el corredor o el fiduciario, formularán
una convocatoria que se publicara en el Diario Oficial de la Federación, o en
alguno de los periódicos de mayor circulación donde se encuentren ubicados los
bienes, para que dentro de un plazo de diez días naturales a partir de la fecha
de la publicación de la convocatoria, en publica subasta se venda el inmueble al
mejor de los postores, sirviendo de precio base el señalado en el inciso a), con
un descuento del 20%. De ser necesario, con el mismo procedimiento se
llevarán a cabo las convocatorias siguientes con el descuento mencionado
sobre el precio base señalado.
A falta de postores, la institución de fianzas tendrá la facultad de adjudicarse el
inmueble de que se trate, a un precio igual del que sirvió de base en cada
almoneda.
56

k).-
l).-
El producto de la venta será entregado a la institución de fianzas y, en su caso,
a la fiduciaria, para que se aplique en la cantidad necesaria a recuperar lo
pagado por la afianzadora, los accesorios del caso, los gastos y costas
respectivos, así como las primas que estuvieren pendientes de pago, todo ello
con base en los términos de la contratación con el deudor hipotecario o con el
fideicomitente, según sea el caso. De existir algún remanente, se pondrá a
disposición de este último y, en su caso, se hará la consignación respectiva,
acompañando la documentación relativa, acompañando la documentación
relativa a las aplicaciones a que se refiere este inciso.
Para lo que no se encuentre previsto en las presentes reglas, se aplicará
supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, en la inteligencia
de que en todo momento la institución de fianzas estará obligada a respetar los
derechos de los acreedores preferentes.
Si se declara infundada la oposición, la institución de fianzas podrá proceder desde luego a la
venta, y el deudor será condenado en las costas y, además, al pago de una multa del cinco por
ciento del interés del pleito, cuyo importe se adjudicara a la beneficencia pública. La resolución
del Juez será apelable sólo en el efecto devolutivo.
En el caso de que el corredor, dentro del plazo de sesenta días, no obtenga la venta al precio
de avalúo, hará las reducciones que procedan siguiendo las reglas que para el remate de
inmuebles, señala el Código Federal de Procedimientos Civiles.
Comentario.- Este artículo se deja en los mismos términos en que se encuentra redactado el
artículo 124 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas.
CAPITULO 2
De los procedimientos para hacer efectiva una fianza de empresa.
“Artículo 71.- La institución de fianzas podrá establecer en sus pólizas de fianza o
documentos adicionales a las mismas, procedimientos convencionales para hacer efectiva
la fianza. Si el beneficiario, sin distinción de ninguna clase, acepta la póliza sin
comunicar a la afianzadora su decisión de no someterse al procedimiento establecido en
la póliza o que el texto de la misma en cuanto al procedimiento se modifique, dentro del
plazo de diez días naturales, contado a partir de la fecha en que dicho beneficiario
hubiere recibido la póliza de fianza y en su caso, los documentos adicionales a la misma
se consideraran aceptados los procedimientos convencionales por parte del beneficiario”
Comentario.- En el artículo 103 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se contempla
la posibilidad de convenir procedimientos de reclamación con el beneficiario, quien por lo
regular al ser el beneficiario de una estipulación hecha en su favor sólo recibe la póliza de
fianza y posteriormente la reclama, pero se establece en la póliza que al recibir dicha póliza
puede oponerse al procedimiento establecido en la misma.
57

En el artículo propuesto expresamente se establece que el procedimiento convencional podrá
pactarse sin que se distinga la clase de beneficiario, ya que existen criterios que consideran
que las autoridades fiscales no pueden pactar ningún convenio con las afianzadoras para hacer
efectiva una fianza sino que deben ceñirse al procedimiento de ejecución.
Artículo 72.- Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones de fianzas podrán pactar
procedimientos convencionales con los beneficiarios antes o con posterioridad a
la emisión de alguna póliza de fianza.
Comentario.- Con los grandes beneficiarios, las instituciones de fianzas muchas veces
establecen los procedimientos para hacer efectiva una fianza, a través inclusive de lo que se
llama una póliza global en la que se establecen las directrices para la presentación de la
reclamación, y a dicha fianza se le añaden los documentos de inclusión o pólizas en donde se
establece en concreto el fiado y la obligación a garantizar.
ARTICULO 73.- Salvo lo que se haya dispuesto en el procedimiento convencional,
Los beneficiarios de fianzas de empresa deberán presentar sus reclamaciones por
responsabilidades derivadas de los derechos y obligaciones que consten en la póliza
respectiva, directamente a la institución de fianzas por escrito o cualquier
otro medio por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción de
la reclamación, incluyendo la transmisión facsimilar o electrónica, debiendo
en los dos últimos casos exigir a la afianzadora que le remita por el mismo medio
acuse de recibo de su reclamación.
En caso que la institución de fianzas no le dé contestación dentro del término legal,
que pague una cantidad menor a la reclamada o que exista inconformidad
respecto de la resolución emitida por la misma, el reclamante podrá, a su elección,
hacer valer sus derechos ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios
de Servicios Financieros o bien, ante los tribunales competentes en los términos
previstos por el artículo de esta Ley.
Comentario.- Lo ideal es que el beneficiario y la afianzadora pacten un procedimiento
convencional para presentar una reclamación, lo que generalmente sucede con los grandes
beneficiarios (verbigracia, el estado de México, PEMEX, etc.). Pero, en defecto de ese
procedimiento convencional, se prevé en este artículo que la reclamación pueda ser
presentada por fax o medios electrónicos como podría ser, por correo electrónico (claro que las
copias de los documentos los tendrá que copiar por escáner 80 el beneficiario)
Sucede muchas veces que el beneficiario reside en un lugar que se encuentra apartado del
domicilio de la institución de fianzas o de sus oficinas y también es frecuente que espere hasta
el último día para presentar su reclamación con la esperanza de que el fiado cumpla con su
obligación dentro del plazo establecido en la ley o en la fianza para que se extinga la fianza por
caducidad, y resulta para el mismo incómodo trasladarse desde su domicilio al de la
afianzadora, que puede estar en otra ciudad. Por tal motivo se prevé en la ley que pueda
presentar su reclamación a través de fax o por correo electrónico. Aunque, hay que admitirlo,
existe el inconveniente de probar que efectivamente la afianzadora recibió tal comunicación,
por lo que deberá solicitar el acuse de recibo correspondiente.
80 Escáner. Es un dispositivo de entrada con un funcionamiento similar a una fotocopiadora, pero cuyo resultado es el
de imágenes (...)” consultada en el diccionario informático “El Rinconcito” en la siguiente página Web:
http://www.elrinconcito.com/dicciona/E.htm
58

“Artículo 74.- El escrito de reclamación deberá contener, al menos los siguientes
datos con el objeto de que las instituciones de fianzas cuenten con elementos
para la determinación de su procedencia (total o parcial) o improcedencia:
I.- Fecha de la Reclamación;
II.- Número de póliza de fianza relacionado con la reclamación recibida;
III.- Fecha de expedición de la fianza;
IV.- Monto de la fianza;
V.- Nombre o denominación del Fiado;
VI.- Nombre o denominación del Beneficiario;
VII.- Domicilio, número de telefacsímil o dirección de correo personal electrónico
del beneficiario para oír y recibir notificaciones.;
VIII.- Descripción de la obligación garantizada;
IX.- Referencia del contrato fuente (Fechas, número de contrato, etc.);
X.- Descripción del incumplimiento de la obligación garantizada que motiva la
presentación de la reclamación, acompañando la documentación que sirva como
soporte para comprobar lo declarado, y
XI.- Importe de lo reclamado, que nunca podrá ser superior al monto de la fianza".
Comentario.- Muchas veces los beneficiarios no saben en qué forma presentar su reclamación,
por lo que presentan una reclamación deficiente. En este artículo, que concuerda con la
Circular F-10.1.4 emitida por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas el día 27 de octubre de
1999, se precisa la información mínima que debe ser proporcionada por el beneficiario a la
institución fiadora, añadiéndose que deben señalar domicilio o dirección de correo electrónico.
El sector afianzador, en aras de la simplificación y la prontitud para responder a una
reclamación, podrá utilizar medios como el fax o el correo electrónico para realizar
comunicaciones a los beneficiarios, quienes en no pocas ocasiones señalan domicilios en los
que al momento de pretender notificárseles algún acto por las afianzadoras están desocupados
o no hay nadie que responda, por lo que es más práctico que se les notifique por fax o por
correo electrónico. Cabe señalar que inclusive, para las notificaciones que puede realizar el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa se prevén las notificaciones por transmisión
facsimilar o electrónica, en el artículo 253 del Código Fiscal de la federación.
Artículo 75.- En las reclamaciones en contra de las instituciones de fianzas se
observará lo siguiente:
I.-
El beneficiario solicitará a la afianzadora el pago de la fianza, acompañando
copia de la documentación y de los elementos que sean necesarios para
demostrar la existencia y la exigibilidad de la obligación garantizada por la
fianza. En caso de que se ponga en duda la exactitud de la
documentación, la afianzadora podrá solicitar que se coteje con sus
originales.
La institución afianzadora tendrá derecho a solicitar al beneficiario todo tipo de
información o documentación que sean necesarias relacionadas con la fianza motivo
de la reclamación, para lo cual dispondrá de un plazo hasta de 15 días naturales,
contado a partir de la fecha en que le fue presentada dicha reclamación. En este
caso, el beneficiario tendrá 15 días naturales para proporcionar la documentación e
información requeridas y de no hacerlo en dicho término, se tendrá por integrada la
reclamación.
59

Si la institución no hace uso del derecho a que se refiere el párrafo anterior, se
tendrá por integrada la reclamación del beneficiario, para los efectos de la
reclamación presentada ante la institución afianzadora
La integración de la reclamación no prejuzga sobre su procedencia o
improcedencia.
Una vez integrada la reclamación en los términos de los dos párrafos anteriores, la
institución de fianzas tendrá un plazo hasta de 30 días naturales, contado a partir de
la fecha en que fue integrada la reclamación para proceder a su pago, o en su caso,
para comunicar por escrito presentado directamente en el domicilio del
beneficiario, por transmisión facsimilar o electrónica o cualquier otro medio
por el que se pueda comprobar fehacientemente la recepción, las razones,
causas o motivos de su improcedencia;
II.-
Si a juicio de la institución fiadora procede parcialmente la reclamación podrá
hacer el pago de lo que reconozca dentro del plazo que corresponda,
conforme a lo establecido en la fracción anterior y el beneficiario estará
obligado a recibirlo, sin perjuicio de que haga valer sus derechos por la
diferencia, en los términos de la siguiente fracción. Si el pago se hace
después del plazo referido, la institución deberá cubrir los intereses que
establece esta ley, contado a partir de la fecha en que debió hacerse el pago,
salvo que la liquidación del monto garantizado se determine hasta
que exista resolución judicial o laudo arbitral, y no haya existido
posibilidad de que la afianzadora cuantificara el monto procedente,
caso en el cual los intereses se causarán a partir de la fecha en que
cause estado la resolución.
III.- Cuando el beneficiario no esté conforme con la resolución que le hubiere
comunicado la institución, podrá a su elección, continuar con su reclamación
ante la Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros a efecto de que la misma se lleve a través de un procedimiento
conciliatorio, o hacer valer sus derechos ante los Tribunales competentes,
conforme a lo establecido en los términos de los artículos 78 y 79 de esta
Ley; y
IV.-
La sola presentación de la reclamación o requerimiento a la institución de
fianzas en los términos de la fracción I de este artículo, interrumpirá la
prescripción establecida en el artículo 52 de esta Ley, salvo que el Juez o
árbitro, determine que al momento de presentarse la reclamación la
misma era improcedente.
Comentario.- En esta disposición no se reducen los plazos para solicitar información o
documentación al beneficiario y para que éste la proporcione y también para que la afianzadora
dé respuesta a la reclamación, ya que desde el punto de vista de quien esto escribe son plazos
mínimos necesarios para estudiar la reclamación y pedir la información o documentación
adicional y también para que el beneficiario prepare la información solicitada. Aunque, cabe
señalar, hay quien considera dichos plazos excesivos. Así Pablo Retes González Cos ha dicho:
60

“En este sentido, sería conveniente que el procedimiento de reclamación, como lo
anotamos anteriormente, se substanciara bajo las características definitorias de los juicios
sumarios: simpliciter, breviter ac sine strepitu et figura iudicii (simplemente, brevemente,
sin solemnidad y figura de juicio).
Desde la perspectiva de la técnica de los procesos de ejecución, es indispensable que los
plazos en que la institución de fianzas debe dar contestación a la reclamación presentada
por el beneficiario sean reducidos al mínimo, eliminando el margen de discrecionalidad de
la institución afianzadora por lo que a la integración de la reclamación se refiere.” 81
Se establece en esta disposición expresamente que el hecho de que la reclamación quede
integrada no prejuzga sobre la procedencia de la misma, toda vez que existen abogados de
beneficiarios y aún jueces que han malinterpretado el artículo 93 de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas y han llegado a determinar que por no haber solicitado documentación
la afianzadora al beneficiario, la reclamación quedó integrada y por lo tanto que es procedente.
Se dispone también que la afianzadora deberá cubrir los intereses que establece esta ley,
contado a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, salvo que la liquidación del monto
garantizado se determine hasta que exista resolución judicial o laudo arbitral, y no haya
existido posibilidad de que la afianzadora cuantificara el monto procedente. En un caso real, un
beneficiario reclamó la devolución de un anticipo otorgado a un fiado para la construcción del
estacionamiento de un hotel, y éste aunque no llegó a terminar el estacionamiento, sí amortizó
parte del anticipo aunque existían diversas facturas y trabajos realizados que no se podía
determinar sino fuera pericialmente, el anticipo invertido, pero, el beneficiario solicitó el pago
total de la fianza. Después de muchas vicisitudes la H. Tercera Sala del Tribunal Superior de
Justicia del Distrito Federal dictó sentencia en la que dijo 82 :
“...la contratista sí adquirió parte de los materiales y los aplicó en la ejecución de la obra, y por
ende, es procedente que dicho importe sea deducido del anticipo entregado, consecuentemente
deberá efectuarse la compensación respectiva por así proceder; lo anterior independientemente
de que aún no se encuentre determinada la cantidad precisa, puesto que ello deberá realizarse
en ejecución de sentencia por peritos, máxime que los dictámenes rendidos en autos no
aportan ningún elemento para poder cuantificar tales cantidades. Por otra parte, con las
probanzas antes referidas, valoradas conforme al artículo 197 del Código Federal de
procedimientos Civiles, la enjuiciada acreditó que su fiada sí procedió a aplicar parte del
anticipo en la ejecución de la obra, y como consecuencia, procede deducir la misma del importe
total de la póliza de fianza otorgada y presentada como fundatorio de la acción, ya que de lo
contrario sería ilegal el hecho de que se condenara a la demandada al pago de la totalidad de la
cantidad garantizada cuando que hubo cumplimiento parcial, motivos por los que procede
revocar en lo conducente la sentencia de primer grado(...) consecuentemente, procede
condenar a la parte demandada únicamente al pago de la cantidad que resulte a favor de la
parte actora después de compensar las deudas de ambas partes previa liquidación que se haga
a juicio de peritos respecto de la cantidad que por compra de materiales haya aplicado la
contratista, así como el importe de las estimaciones que no fueron pagadas, esto debido a que
la fianza únicamente se otorgó para garantizar la correcta aplicación del anticipo...”
81 Exposición del licenciado Pablo Retes González Cos, que dio en el Tercer congreso Nacional de seguros y Fianzas
celebrado en Boca del Río Veracruz en el mes de noviembre del año 2000, denominada “La Fianza ante otras
alternativas de garantía”, misma que entregó en disco magnético a los asistentes a dicho Congreso.
82 Sentencia de fecha 21 de mayo de 1998 dictada en el toca 4242/97.
61

En tal caso, es claro que la afianzadora no podría determinar el importe del anticipo invertido
sino que se requería de una prueba pericial y, por lo tanto, el cálculo de intereses moratorios a
cargo de la afianzadora no deberían ser a partir de que transcurrió el plazo legal para resolver
la reclamación presentada ante ella, sino a partir de que se determinó la cantidad procedente,
judicialmente, a juicio de peritos.
Existe un principio general de derecho que reza “in illiquidis non fit mora” esto es, que mientras
no exista una cantidad líquida no puede existir mora a cargo del deudor. Dicho principio no es
absoluto, porque sería el pretexto para que las afianzadoras no cubrieran una reclamación si no
existe una cantidad que puede ser cuantificada por ella misma, pero, por tal razón se matiza el
mismo y se precisa en el artículo propuesto que si la determinación de la cuantía no fue
imputable a la afianzadora, sino hasta que de determina en el juicio o procedimiento arbitral
respectivo, el pago de los intereses empezará a corre no desde que venció el plazo para que
pagara la institución fiadora, sino hasta que quede firme la resolución que la condena, previa
liquidación.
Muchas veces los beneficiarios presentan una reclamación sin justificar la exigibilidad de la
misma y, a pesar de que la institución de fianzas le solicita información o documentación, no la
exhiben. Sin embargo, al presentar la demanda en contra de la afianzadora o continuar su
reclamación ante la CONDUSEF exhiben documentación que habían ocultado a la afianzadora,
con la que acreditan la procedencia de la misma, y se pretende y así se hace al condenarse a la
afianzadora a pagar intereses, que ésta pague los mismos a partir de que venció el plazo para
realizar el pago o comunicar la improcedencia del mismo, a pesar de que ante la afianzadora la
reclamación a todas luces era improcedente por no acreditarse la exigibilidad de la obligación.
Un ejemplo nos ayudará a explicar mejor lo que se ha dicho:
Supongamos que A celebra un contrato con B de obra a precios unitarios y tiempo determinado
y le exige a B que le garantice la devolución del anticipo otorgado a éste para la realización de
la obra en el caso de que no haya sido invertido o amortizado total o parcialmente. B acude con
la afianzadora C y ésta acepta la estipulación a favor de A emitiendo la póliza que garantiza la
obligación de devolver el anticipo no invertido o amortizado. B no cumple con la obligación de
amortizar totalmente el anticipo, por lo que A acude ante la afianzadora C y le reclama el pago
total de la fianza, pero sin acreditar la existencia del anticipo (ya que no le exhibe el
comprobante fehaciente de que lo entregó), ni la exigibilidad total de la fianza (ya que no
exhibe las estimaciones presentadas por el fiado). La afianzadora C le solicita documentación e
información para integrar la reclamación: la constancia fehaciente de entrega del anticipo y las
estimaciones, entre otros documentos. El acreedor hace caso omiso de la solicitud y la
afianzadora rechaza el pago de la reclamación Inconforme A presenta su demanda, pero ahora
sí acreditando que entregó el anticipo y que el fiado no amortizó nada y el Juez condena a la
afianzadora al pago de la fianza, pero, como el artículo 93 de la vigente Ley federal de
Instituciones de Fianzas señala que los intereses se generarán a partir del vencimiento del
plazo que la afianzadora tenía para pagar, la condena al pago de intereses, a pesar de que era
imputable a él mismo el que la afianzadora rechazara la reclamación.
Ahora bien, imaginemos que A presenta su demanda un día antes de que venza el plazo para
que prescriba la obligación fiadora. La afianzadora hace valer la excepción de prescripción
aduciendo que la reclamación presentada por A fue improcedente. En tal caso el Juzgador debe
analizar si la reclamación era o no procedente al presentarse ante la afianzadora, con los
elementos exhibidos ante ella, es decir, como quedó integrada y, por lo tanto, si el Juez declara
62

que la reclamación no era procedente en la etapa ante la afianzadora, debe absolver a la
afianzadora por prescripción.
Se dispone expresamente en la norma propuesta que el Juez o árbitro es quien tiene que
declarar si era o no procedente la reclamación al momento de haber sido presentada ante la
afianzadora, para determinar si fue interrumpida o no la prescripción.
Artículo 76.- Tratándose de la reclamación de una fianza que garantiza una
operación de crédito, en los términos del artículo 60 de esta Ley, los
beneficiarios deberán hacerlo por escrito en la casa matriz, sucursales o bien en
las oficinas de servicio de las instituciones de fianzas, acompañando los
documentos originales que acrediten la existencia y exigibilidad del crédito
afianzado así como de un informe acerca de las gestiones de cobro realizadas
por el beneficiario hasta ese momento. Y en este caso, la afianzadora tendrá
treinta días hábiles para resolver la reclamación.
Comentario.- Esta disposición se pone en la Ley, aunque se encuentra en similares términos
en las reglas Décima Tercera y Décima Quinta de las reglas de carácter general para el
Otorgamiento de Fianzas que Garanticen Operaciones de Crédito.
Artículo 77.- El beneficiario, con posterioridad a la comunicación de la
institución de fianzas por virtud de la cual rechaza el pago de la reclamación,
realiza un pago menor al reclamado o bien no le da contestación a la
reclamación, podrá continuar su reclamación ante la Comisión Nacional Para la
Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros o bien ante los
Tribunales Competentes.
Comentario.- Se precisan los casos en los que se podrá acudir ante los Tribunales o la
Comisión aludida para continuar el trámite de reclamación.
Artículo 78.- El trámite de reclamación ante la Comisión Nacional Para la
Protección y Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros se llevará a
cabo en los términos establecidos por la Ley de Protección y Defensa al Usuario
de Servicios Financieros.
Comentario.- En la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros se prevé
una instancia de conciliación y el procedimiento arbitral.
“Artículo 79.- Los juicios que sigan los beneficiarios en contra de una
institución de fianzas, con motivo de una reclamación de fianzas, se
substanciarán en la siguiente forma:
I.-
Se emplazará a la institución de fianzas y se le correrá traslado de la demanda,
para que la conteste en un plazo de cinco días, hábiles aumentados con los que
correspondan por razón de la distancia, contados a partir del día siguiente a
aquél en que surta efectos el emplazamiento.
II.- Se concederá un término ordinario de prueba por quince días, hábiles, de los
cuales los primeros cinco días serán para el ofrecimiento y los diez
posteriores para su desahogo.
63

III.- Una vez transcurrido el término probatorio, las partes gozarán de un plazo de
tres días para alegar por escrito;
IV.- El tribunal o juez dictará sentencia en el plazo de cinco días hábiles.
V.- Contra las sentencias definitivas dictadas en los juicios a que se refiere este
artículo, procederá el recurso de apelación en ambos efectos. Contra las demás
resoluciones, procederán los recursos que establece el Código de Comercio;
VI.- Las sentencias y mandamientos de embargo dictados en contra de las instituciones
de fianzas, se ejecutarán exclusivamente por conducto de la Comisión Nacional e
Seguros y Fianzas, conforme a las siguientes reglas:
a).- Tratándose de sentencia que condene a pagar a la institución, la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas, dentro de los diez días siguientes al recibo de
la ejecutoria, la requerirá para que cumpla. Si dentro de las setenta y dos
horas siguientes la institución no comprueba haberlo hecho, la Comisión
Nacional de Seguros y Fianzas ordenará el remate en bolsa, de valores
propiedad de la institución y pondrá la cantidad que corresponda a disposición
de la autoridad que conozca el juicio;
b).- Tratándose de mandamientos de embargo dictados por la autoridad judicial o
administrativa, la Comisión Nacional de seguros y Fianzas determinará los
bienes de la institución que deben afectarse en garantía exclusiva del
cumplimiento de las obligaciones por las que se ordenó el embargo. La misma
Comisión dictará las reglas sobre el depósito de dichos bienes.
VII.- El Código de Comercio y el Código Federal de Procedimientos Civiles, en ese orden,
son supletorios de las reglas procesales contenidas en este artículo y son aplicables
al juicio todas las instituciones procesales que establecen dichos ordenamientos.
VIII.- Los particulares podrán elegir libremente jueces federales o locales para el trámite
de su reclamación.
Comentario.- En el artículo precisado se establece la vía especial de fianzas, estableciéndose
que procede con motivo de la reclamación de una fianza, y precisándose que el plazo para dar
contestación a la demanda es de cinco días hábiles contados a partir de que surta efectos el
emplazamiento, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1075 del Código de Comercio, en
virtud de que es frecuente que los Juzgadores no tomen en consideración el día en que surte
efectos el emplazamiento.
Asimismo, se establece un término probatorio de quince días hábiles, precisándose que los
primeros cinco días serán para el ofrecimiento y los demás para su desahogo, toda vez que
como está redactado el actual artículo 94 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas produce
confusión ya que solamente habla del término probatorio de diez días y existen Jueces que tal
término lo toman como el de ofrecimiento de pruebas y otros más como de ofrecimiento y
desahogo.
Se establece el plazo de tres días para ambas partes para alegar y se quita el término
“sucesivamente”, que se entiende como primero al actor y luego la institución de fianzas
64

demandada, porque en la práctica los Juzgadores otorgan sólo el término de tres días sin
hacer la distinción.
Las demás fracciones del artículo se dejan igual que como están establecidas en el artículo 94
de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, a excepción de la fracción VIII actual, porque
sería reiterativa de lo que ya se dijo en el artículo 31.
Artículo 80.- En el caso de que la institución de fianzas haya llamado a juicio al fiado y
existe condena, en caso de que éste no pague, y la afianzadora cubra el adeudo, ésta
podrá requerir al fiado el monto pagado, más los accesorios legales a través de un
incidente y, en caso de que el fiado no pague al momento del requerimiento, se le
embargarán bienes suficientes que basten a cubrir el monto de lo adeudado mediante el
remate correspondiente.
Comentario.- Con la disposición anterior, que fue propuesta por el licenciado Gustavo Maya
Hernández, 83 procedería una recuperación más rápida por parte de la afianzadora.
Articulo 81.- Las fianzas que se otorguen ante autoridades judiciales distintas a las
penales, se harán efectivas a elección de los acreedores de la obligación principal,
siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 73 a 75 y 78 de esta ley.
Tratándose de fianzas expedidas exclusivamente para garantizar la reparación
del daño ante una autoridad penal, el acreedor también podrá presentar la
reclamación en los términos de este artículo, acompañando la sentencia que
condene a la reparación del daño.
Para el caso de que se hagan exigibles las fianzas señaladas en los párrafos anteriores,
durante la tramitación de los procesos en los que hayan sido exhibidas, el acreedor de la
obligación principal podrá iniciar un incidente para su pago, ante la propia autoridad
judicial que conozca del proceso de que se trate, en los términos del la legislación
procesal aplicable al proceso en el que haya sido exhibida la fianza. En este
supuesto, al escrito incidental se acompañaran los documentos que justifiquen la
exigibilidad de la obligación garantizada por la fianza.
Comentario.- En esta disposición se establece expresamente que el acreedor en el caso de las
fianzas otorgadas exclusivamente para la reparación del daño ante autoridades judiciales del
orden penal o el Ministerio Público podrán utilizar los procedimientos establecidos en los
artículos 73 a 75 y 78 o la vía incidental.
Considero conveniente esta disposición ya que muchas veces el beneficiario debe esperar a
que el Juez ordene a la autoridad ejecutora que haga efectiva la fianza, quedando el cobro de
la fianza sujeto a las vicisitudes y a la rapidez lentitud con que se conduzca el Juzgado
respectivo.
También se establece que el incidente se haga en los términos de la legislación que se esté
aplicando en el proceso, ya que como se encuentra redactado el artículo 94 bis de la Ley
83 Propuesta hecha por el licenciado Gustavo Maya Hernández en el trabajo titulado Proposición para que las
Instituciones de Fianzas ejecuten al fiado en el procedimiento especial de fianzas, México, 2001, páginas 101 a 107, y
que fue presentado en el VIII Premio de Investigación sobre Seguros y Fianzas 2001.
65

Federal de Instituciones de Fianzas, el incidente debe tramitarse conforme al Código Federal de
Procedimientos Civiles.
Artículo 82.- Para hacer efectiva una fianza otorgada para garantizar los
posibles daños y perjuicios con motivo de la suspensión en los juicios de
amparo, se estará a lo dispuesto por el artículo 129 de la Ley de Amparo.
Comentario.- El artículo 129 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente:
“Cuando se trate de hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y
contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, se tramitará ante la autoridad
que conozca de ella un incidente, en los términos prevenidos por el Código Federal de
Procedimientos Civiles.
Este incidente deberá promoverse dentro de los seis meses siguientes al día en que se notifique
a las partes la ejecutoria de amparo; en la inteligencia de que, de no presentarse la
reclamación dentro de ese término, se procederá a la devolución o cancelación, en su caso, de
la garantía o contragarantía, sin perjuicio de que pueda exigirse dicha responsabilidad ante las
autoridades del orden común.”
Para evitar conflictos de leyes se establece expresamente que para hacer efectiva la fianza
otorgada con motivo de la suspensión en el amparo, se remite expresamente a lo dispuesto en
el referido artículo 129.
Tiene relación con lo expuesto el siguiente criterio:
“AUTONOMIA DE LA LEY DE AMPARO EN EL INCIDENTE DE RESPONSABILIDAD
CIVIL.
El artículo 129 de la Ley de Amparo es de aplicación exclusiva en la tramitación del
incidente para hacer efectiva la responsabilidad proveniente de las garantías y
contragarantías que se otorguen con motivo de la suspensión, porque se trata de una ley
especial exactamente aplicable al caso. Si bien la Ley Federal de Instituciones de Fianzas
establece en sus artículos 93 y 94 del procedimiento a seguir cuando se instaura un juicio
contra una Institución de Fianzas, esta ley es de carácter general, y no puede existir
conflicto entre esta última y la Ley de Amparo porque la Ley Orgánica de los artículos 103
y 107 de la Constitución Federal regula la forma de otorgar garantías a los particulares y
el procedimiento se debe seguir en presencia precisamente de los Poderes Públicos
Federales o locales, razón por la cual la Ley de Amparo es autónoma y no puede estar
subordinada a leyes federales o a leyes locales.” 84
“Artículo 83.- Las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del
beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 73 a 75, 78 y 79 ,
o bien, de acuerdo con las disposiciones que a continuación se señalan y de conformidad
con las bases que fije el Reglamento de este artículo, excepto las que se otorguen a
favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros,
84 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen X, cuarta parte. página 61.
66

caso en que se estará a lo dispuesto por el artículo 143 del Código Fiscal de la
Federación, aunque la fianza conserve su naturaleza mercantil:
I.-
Al hacerse exigible una fianza a favor de la Federación, la autoridad que la hubiere
aceptado, con domicilio en el Distrito Federal o bien en alguna de las entidades
federativas, acompañando la documentación relativa a la fianza y a la obligación por
ella garantizada, deberá comunicarlo a la autoridad ejecutora más próxima a la
ubicación donde se encuentren instaladas las oficinas principales, sucursales,
oficinas de servicio o bien a la del domicilio del apoderado designado por la
institución fiadora para recibir requerimientos de pago, correspondientes a cada una
de las regiones competencia de las Salas Regionales del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa.
La autoridad ejecutora facultada, por conducto del funcionario facultado para ello,
quien deberá firmar el requerimiento 85 , en los términos de las disposiciones que le
resulten aplicables, procederá a requerir de pago, en forma personal, o bien por correo
certificado con acuse de recibo, a la institución fiadora, de manera motivada y fundada,
acompañando los documentos que justifiquen la exigibilidad de la obligación garantizada
por la fianza, en los establecimientos o en el domicilio del apoderado designado, en los
términos a que se hace cita en el párrafo anterior.
Tratándose del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, el requerimiento de
pago, lo llevarán a cabo en los términos anteriores, las autoridades ejecutoras
correspondientes.
En consecuencia, no surtirán efecto los requerimientos que se hagan a los agentes de
fianzas, ni los efectuados por autoridades distintas de las ejecutoras facultadas para ello;
II.- En el mismo requerimiento de pago se apercibirá a la institución fiadora, de que si
dentro del plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha en que
surta efectos la notificación de dicho requerimiento no hace el pago de las
cantidades que se le reclaman, se le rematarán valores en los términos de este
artículo;
III.- Dentro del plazo de treinta días naturales señalado en el requerimiento, la institución
de fianzas deberá comprobar, ante la autoridad ejecutora correspondiente, que hizo
el pago o que cumplió con el requisito de la fracción V. En caso contrario, al día
siguiente de vencido dicho plazo, la autoridad ejecutora de que se trate, solicitará a
la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se rematen en bolsa, valores propiedad
de la institución, bastantes para cubrir el importe de lo reclamado;
IV.- En caso de inconformidad contra el requerimiento de pago, la institución de fianzas
dentro del plazo de 30 días naturales, señalado en la fracción III de este artículo,
demandará, ya sea directamente o por correo certificado con acuse de
recibo, en el caso de que la afianzadora tenga su domicilio fuera de la
población de la sala respectiva, la improcedencia del cobro ante la Sala Regional
85 Se hace la aclaración porque se ha llegado a decir que “El hecho de que el requerimiento de pago no haya sido
firmado por el titular, no es base para declararlo nulo” Sexta Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la
Federación. Tomo: Tercera Parte, CVI, Página 46.
67

del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de la jurisdicción que
corresponda a la ubicación de los establecimientos o la del apoderado designado, a
que se hace cita en la fracción II, primer párrafo de este artículo, donde se hubiere
formulado el citado requerimiento, debiendo la autoridad ejecutora, suspender el
procedimiento de ejecución cuando se compruebe que se ha presentado
oportunamente la demanda respectiva, exhibiéndose al efecto copia sellada de la
misma; y
En el caso de que el término para inconformarse venza en un día inhábil para el
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el plazo para presentar la
demanda de nulidad se prorrogará al primer día hábil siguiente.
V.- El procedimiento de ejecución solamente terminará por una de las siguientes causas:
a).- Por pago voluntario hecho por la afianzadora o el fiado;
b).- Por haberse hecho efectivo el cobro en ejecución forzosa;
c).- Por sentencia firme del Tribunal Fiscal de la Federación, que declare la
improcedencia del cobro; y
d).- Porque la autoridad que hubiere hecho el requerimiento se desistiere del cobro.
e).- Por transacción hecha entre el beneficiario y la afianzadora o el fiado.
Los oficios de desistimiento de cobro, necesariamente deberán suscribirlos los funcionarios
facultados o autorizados para ello.
Comentario.- El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas fue declarado
inconstitucional porque la Judicatura consideró que se transformaba la fianza en un crédito
fiscal.
Al respecto resultan relevantes los siguientes criterios:
“FIANZA. NUNCA PUEDE SER CREDITO FISCAL.
La obligación contractual que nace de un contrato de fianza no puede ser un impuesto, porque
no se ha fijado unilateralmente y con carácter de obligación general por el Estado. Tampoco es
un derecho en los términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, pues no es la
contra prestación requerida por el Poder Público en pago de servicios administrativos prestados
por él. No es tampoco producto, porque no es ingreso que percibe el Estado por actividades
propias o por explotación de sus bienes, ni es ingreso ordinario del erario a título de impuesto,
derecho, rezago o multa. Por tanto el pago derivado de un contrato de fianza no cae en
ninguna de las situaciones previstas por los cinco primero artículos del Código Fiscal de la
Federación; y por tanto, de acuerdo con los artículos 12 y 113 de la Ley de Instituciones de
Fianzas, debe concluirse que nunca una obligación contractual de tal carácter que se rige por el
derecho privado puede ser transformada en un crédito fiscal regido por el derecho público.” 86
86 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXVIII, página 352.
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“FIANZAS, ANTICONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTICULOS, 95, 95 BIS Y 130 DE LA
LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE.
Los citados preceptos son anticonstitucionales porque cambian la naturaleza mercantil de las
obligaciones derivadas de un contrato de fianza, convirtiéndolas en créditos fiscales, cuando se
trata del cobro de una fianza otorgada a favor del Estado; y el legislador ordinario carece de
facultades para modificar las instituciones jurídicas establecidas y cuya existencia supuso el
constituyente al admitirlas en nuestra Carta Magna, porque se está en presencia de una
obligación puramente contractual que por su esencia y naturaleza jurídica repugna y excluye
los caracteres que identifican el crédito fiscal; porque, además, los aludidos dispositivos legales
al quitar competencia a los tribunales residentes en las jurisdicciones de cada Estado para
conocer de los juicios a que den lugar las obligaciones derivadas de un contrato de fianza,
implican una invasión a la soberanía de dichos Estados.” 87
“FIANZA, ORIGINA CREDITO MERCANTIL Y NO FISCAL.
El argumento esencial consistente en que el legislador está en aptitud de dictar normas que
transformen una obligación mercantil en crédito fiscal, como en el caso, en que se trata del
pago de una fianza cuyo beneficiario es el Estado, sin que éste prive de defensa a la Compañía
Afianzadora. El argumento anterior no es suficiente para sostener la constitucionalidad de los
preceptos legales reclamados y decretos de 26 de diciembre de 1953. En primer lugar, porque
las recurrentes no indican, salvo su deseo pragmático de obtener el beneficio unilateral de la
celeridad en el pago por el uso de una vía propia de la soberanía del Estado, qué motivos
jurídicos son los que han de prevalecer para hacer que las fianzas otorgadas a favor del Estado
deban de hacerse efectivas en una vía privilegiada, cuando en tales casos el propio Estado no
interviene como autoridad, sino como mero beneficiario de una pura relación contractual. En
segundo lugar, porque las facultades otorgadas por la Constitución al legislador ordinario para
dictar norma sobre las constituciones jurídicas establecidas y cuya existencia supone al
legislador constituyente, no abarcan las de trastornar la naturaleza de dichas instituciones, esto
es, la facultad de desnaturalizarlas, ni las de sustituir por otros sus elementos esenciales.
Acontece que mediante una simple declaración legislativa se pretende cambiar una obligación
contractual de naturaleza mercantil en un crédito fiscal, lo cual contraría nuestro pacto
fundamental, que sólo autoriza al H. Congreso de la Unión para legislar en materia de
comercio, es decir, para la promulgación de leyes encaminadas al mejor régimen normativo de
los actos, problemas o situaciones de tal naturaleza; pero no para cambiar la esencia jurídica
de los actos, ni para darles un doble carácter reconociendo que para los particulares sean de
derecho privado y declarando que para el Estado lo son de derecho público (...). En tercer lugar
es de advertirse que nos encontramos en presencia de una obligación puramente contractual,
que por su esencia y naturaleza jurídica repugna y excluye los caracteres que identifican al
crédito fiscal. El que nace de un contrato de fianzas no puede ser un impuesto, porque no ha
sido fijado unilateralmente y con carácter de obligatorio por el Estado, y menos comprende una
situación jurídica en la que se encuentre un indeterminado número de personas. Tampoco es
un derecho en los términos del artículo 3o. del Código Fiscal de la Federación, pues no es la
contraprestación requerida por el Poder Público en pago de servicios administrativos prestados
por él. No se está en presencia de un producto, porque tampoco es un ingreso que percibe el
Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho
público o por la explotación de sus bienes ni menos se trata de algún ingreso ordinario del
Erario Federal no clasificable como impuesto, derecho o producto, ni se trata de algún rezago o
87 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXXI, página 551.
69

multa. (...) En cuarto lugar cabe advertir que las reformas señaladas implican una censurable
pretensión de invalidez por órganos subordinados del Ejecutivo Federal, como la Secretaría de
Hacienda y sus dependencias, la soberanía de los Estados, al intentar sustraer de la jurisdicción
rígida marcada por la Constitución, asuntos de naturaleza mercantil, cuando se trata de fianzas
otorgadas a favor de alguna autoridad estatal, ya que sujetan a las autoridades de los Estados
a la jurisdicción del Tribunal Fiscal de la Federación, el cual por ser un órgano administrativo
que forma parte del Poder Ejecutivo Federal, no tiene competencia para resolver asuntos que
de acuerdo con las Constitución General de la República y particulares de los Estados, deben
ser resueltos por el Poder Judicial.” 88
En realidad, la obligación de la afianzadora sigue siendo mercantil, por lo que se precisa en el
artículo esta naturaleza.
Ahora bien, por lo que toca a la inconstitucionalidad de dicho artículo 95 por ser una ley que va
en contra del artículo 13 Constitucional, en una tesis relativamente reciente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ésta ha determinado que el referido artículo 95 o es violatorio de
la garantía establecida en el referido artículo 13 Constitucional.
Dicha tesis es del tenor siguiente:
“FIANZAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O
MUNICIPIOS, PARA GARANTIZAR OBLIGACIONES DIVERSAS DE LAS FISCALES EN MATERIA
FEDERAL A CARGO DE TERCEROS. EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES
DE FIANZAS QUE PREVÉ EL PROCEDIMIENTO PARA HACERLAS EFECTIVAS, NO TRANSGREDE
EL PRINCIPIO DE IGUALDAD CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 13 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.
Si se toma en consideración que el citado precepto constitucional tutela el principio de igualdad
en el sentido de que ninguna persona o corporación puede tener fuero, al prohibir la existencia
de privilegios o prerrogativas en favor de una persona o grupo de personas señalados
individualmente, es inconcuso que el artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas,
que establece que las fianzas que las instituciones otorguen a favor de la Federación, del
Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, se harán efectivas a elección del
beneficiario, siguiendo los procedimientos establecidos en los artículos 93 y 93 bis de la citada
ley, o bien, de acuerdo al que previene el propio artículo 95, excepto las que se otorguen a
favor de la Federación para garantizar obligaciones fiscales a cargo de terceros, no transgrede
el principio constitucional en mención. Lo anterior es así, porque el señalado artículo 95 al
referirse a la Federación, al Distrito Federal, a las entidades federativas y a los Municipios,
únicamente establece un ámbito personal de validez referente a los elementos que integran los
diversos niveles del sistema de gobierno, con lo cual no se da un trato diferente, una
jurisdicción o una esfera competencial, ya que dicho precepto se aplica por igual a todos los
integrantes de los diferentes niveles de gobierno que se coloquen en la hipótesis normativa
prevista y que opten por el trámite de las fianzas expedidas a su favor en términos del
precepto en cita.” 89
88 Semanario Judicial de la Federación, quinta época, tomo CXXIX, página 136.
89 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, diciembre de 2001, página 192.
70

Mientras no se creen Tribunales especializados en materia de financiera, propuesta que han
hecho diversas personalidades del sector afianzador y asegurador 90 se recoge en esta
disposición el procedimiento que actualmente se establece en el artículo 95 de la Ley Federal
de Instituciones de Fianzas.
En el párrafo primero de este artículo se precisa que la remisión para el cobro de fianzas que
garantizan obligaciones fiscales ante la federación es únicamente en cuanto al procedimiento
que establece el artículo 143, ya que de la lectura del artículo 95 se entiende que la remisión al
Código fiscal de la Federación es solamente en cuanto al procedimiento, pero, han existido
voces que ha dicho que la remisión es no solamente en cuanto al procedimiento, sino también
en cuanto a la extinción, llegando extremo de considerar que la fianza se extinga como si fuera
un crédito fiscal, lo que para quienes sostienen tal criterio les parece más “técnico”.
Se elimina la disposición que se encuentra establecida en la fracción I del actual artículo 95 de
la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, misma que establece que “las instituciones de
fianzas estarán obligadas a enviar según sea el caso, a la Tesorería de la Federación, a la
Tesorería del Distrito Federal, o bien a las autoridades estatales o municipales que
correspondan, una copia de todas las pólizas de fianzas que expidan a su favor”, ya que,
además de que dicha disposición no es observada por las afianzadores, resulta impráctica
porque carece de sentido que se envíen a dichas autoridades las pólizas de fianza porque no se
justifica ninguna finalidad.
Se precisa que la presentación de la demanda de nulidad debe empezar a computarse a partir
del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación del requerimiento.
Se establece expresamente que la presentación de la demanda pueda hacerse por correo
certificado.
También se dispone que en el caso de que si el último día para presentar la demanda de
nulidad por parte de la institución de fianzas termina en un día inhábil, el plazo se prorrogaba
al día hábil siguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 258 fracción III del
Código Fiscal de la Federación. La propuesta se apoya en la siguiente jurisprudencia:
FIANZAS. EN EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA INCONFORMARSE CON EL REQUERIMIENTO DE
PAGO DE LAS OTORGADAS A FAVOR DE LA FEDERACIÓN, DISTRITO FEDERAL, ESTADOS O
MUNICIPIOS, CUANDO GARANTIZAN OBLIGACIONES NO FISCALES A CARGO DE TERCEROS,
ES APLICABLE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
El artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, (...) dispone que, en caso de
inconformidad contra el requerimiento de pago de esas fianzas, la institución afianzadora,
dentro del plazo de treinta días naturales, demandará la improcedencia del cobro ante la Sala
Regional del Tribunal Fiscal de la Federación correspondiente. Pues bien, la circunstancia de
que el referido artículo 95 establezca que el plazo mencionado debe computarse naturalmente,
no impide la aplicación de la norma de excepción prevista en la fracción III del artículo 258 del
Código Fiscal de la Federación, que previene que si el último día del plazo señalado en periodo
90 Entre otros, Aurelio González Alcocer quien ha propuesto “promover las reformas legales necesarias para la creación
de tribunales especializados en la aplicación de leyes que regulan al sector financiero, como órganos dependientes del
Poder Judicial Federal, previa selección y capacitación profesional del personal jurídico necesario”. En “Arbitraje y
seguro”, en Ponencias II Congreso Nacional de Derecho de Seguros y Fianzas, Guanajuato, Gto., noviembre, 5, 6 y 7
de 1998, página 154.
71

o fecha determinada es inhábil, el término se prorrogará hasta el siguiente día hábil, habida
cuenta de que el hecho de que la ley especial permita la posibilidad de acudir al Tribunal Fiscal
de la Federación para demandar la improcedencia del cobro de que se trata, implica que las
instituciones de fianzas ejercitarán sus derechos ante el referido tribunal y, consecuentemente,
el procedimiento respectivo se seguirá conforme a las reglas previstas en el Código Fiscal de la
Federación; en esas condiciones, aun cuando el término para la presentación de la demanda de
nulidad se cuenta por días naturales, según lo previene la fracción V del artículo 95 de la Ley
Federal de Instituciones de Fianzas, y en él quedan incluidos tanto los hábiles como los
inhábiles, debe entenderse que si el último día de dicho término resulta inhábil, el plazo
respectivo se prorrogará al primer día hábil siguiente, conforme lo establece la fracción III del
artículo 258 del código tributario, que en la especie resulta aplicable.” 91
Artículo 84.- En el caso de que la afianzadora acredite que interpuso demanda
de nulidad, mientras no exista sentencia firme que declare la validez del
requerimiento de pago impugnado, incluyendo la sentencia de amparo, no
podrán rematarse valores a cargo de la afianzadora, por lo que basta la sola
presentación y admisión de la demanda de nulidad para que se suspenda el
procedimiento de ejecución, sin necesidad de que la institución fiadora lo
solicite
Comentario.- Se establece expresamente que la presentación y admisión de la demanda de
nulidad suspende el procedimiento de ejecución, por lo que las afianzadoras no deben solicitar
la suspensión en términos de lo dispuesto por el artículo 208 Bis de la Ley Federal de
Instituciones de Fianzas.
Resulta aplicable el siguiente criterio:
FIANZAS, LA SUSPENSION A QUE SE REFIERE LA FRACCION V DEL ARTICULO 95 DE
LA LEY DE, SUBSISTE CUANDO SE PROMUEVE EL JUICIO DE AMPARO.
La fracción V del artículo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas ordena la suspensión
con sólo que se presente la demanda, y la VI, interpretada a contrario sensu, que el
procedimiento de ejecución no termina en el supuesto a que dicha fracción alude si no se dicta
sentencia firme que declare la procedencia del cobro. Interpretados congruentemente ambos
preceptos, debe concluirse que la suspensión persiste mientras no haya sentencia firme, y no la
hay en los casos en que contra ella se promueva el juicio de amparo. Cuando la sentencia llega
a ser firme, o bien termina el procedimiento de ejecución, si es improcedente el cobro, o, en su
hipótesis contraria, si resulta que es procedente, concluye la suspensión y queda viva la
facultad de ejecución.” 92
Artículo 85.- El fiado podrá intervenir como coadyuvante de la afianzadora en el
juicio de nulidad interpuesto por ésta únicamente con la finalidad de que aporte
pruebas y, en su caso, le pare perjuicio la sentencia que se dicte.
91 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, septiembre de 2000, página 7
92 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen CII, tercera parte, página: 44.
72

Comentario.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es improcedente
la denuncia del pleito al fiado cuando se promueve juicio de nulidad 93 . La razón que se aduce
es porque el fiado no es parte en términos de lo dispuesto por el artículo 198 del Código Fiscal
de la Federación.
En el artículo propuesto se establece que el fiado puede intervenir como coadyuvante de la
afianzadora, únicamente para que aporte pruebas y le pare perjuicio la sentencia. Contrario al
juicio civil, en este caso se prevé que la única finalidad para que intervenga en el juicio de
nulidad es para que aporte pruebas.
Apoya lo dicho la siguiente tesis:
“FIANZAS. DENUNCIA DEL PLEITO AL FIADO.
El artículo 2823 del Código Civil Federal expresa que si el fiador hubiere renunciado a los
beneficios de orden y excusión, al ser demandado por el acreedor puede denunciar el pleito al
deudor principal, para que éste rinda las pruebas que crea convenientes, y en caso de que no
salga a juicio para el indicado objeto, le perjudicará la sentencia que se pronuncie contra el
fiador, disposición que resulta aplicable en el caso de las fianzas fiscales, conforme lo dispone
el artículo 113 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, de lo cual se deduce que si en
cualquier asunto, sea civil o mercantil, se demanda al fiador, en el caso la compañía de fianzas,
ésta puede denunciar el pleito al fiado, porque éste está en mejor aptitud de conocer la
exigibilidad de la fianza, de alegar y probar lo conducente, y para que en su caso, le pare
perjuicio la sentencia. Ahora bien, en materia fiscal el cobro a la institución fiadora del importe
de su garantía se hace mediante un requerimiento, que sustituye de algún modo la demanda
en su contra, por lo que si aquélla viene a defender su derecho, no al contestar una demanda,
sino al promover ante el Tribunal Fiscal la nulidad del cobro, debe concluirse que es al
promover esa nulidad cuando debe darse oportunidad a la institución fiadora para denunciar el
juicio al deudor principal, para los efectos antes señalados, pues de lo contrario se la privaría
de las defensas que tuviera frente a la autoridad, al ser requerida de pago o al pretender
exigirle el pago de lo indebido, y frente a su fiado cuando tratara de repetir en su contra.” 94
Artículo 86.- Las autoridades a que se refiere el artículo 83 de esta ley, podrán
convenir el procedimiento de reclamación con la institución de fianzas, conforme
a lo dispuesto en el artículo 71.
Comentario.- Existe el criterio sostenido entre otros por el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito 95 de que “la autoridad administrativa no cuenta con
facultades para celebrar convenios que modifiquen los procedimientos para hacer efectivas las
pólizas de fianza, ni para establecer casos de prescripción o caducidad distintos a los
establecidos en la ley, pues según lo dispuesto por el artículo 95 de la ley anteriormente citada,
para la exigibilidad de esas fianzas se estará al procedimiento previsto en el Código Fiscal de la
Federación, que es de orden público; de donde resulta que no son aplicables las convenciones o
acuerdos suscritos por las partes, pues éstas no pueden modificar o derogar la ley, ya que, de
93 Instancia: Segunda Sala. Fuente: Apéndice de 1995. Época: Octava Época. Tomo III, Parte SCJN. Tesis: 449
Página: 327. Tesis de Jurisprudencia.
94 Semanario Judicial de la Federación. séptima época, volumen 90 sexta parte, página 148.
95 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, febrero de 2002, página 814.
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permitirse, sería tanto como legislar, y ésta es una atribución privativa del Congreso de la
Unión”.
Tal criterio desconoce que lo que se conviene es sobre la manera de hacer efectiva una fianza,
que es de carácter mercantil, y si el propio legislador faculta a los interesados a celebrar un
convenio para tal efecto, no es cierto que al convenirse la forma de hacer efectiva la fianza se
esté “legislando”, por lo que en el artículo que se proyecta se establece que las autoridades
podrán convenir el procedimiento para hacer efectiva la fianza.
“Artículo 87.- Las fianzas otorgadas ante el Ministerio Público en asuntos
penales, o ante autoridades judiciales del orden penal, a excepción de las que
garantizan exclusivamente la reparación del daño, se harán efectivas conforme a
las siguientes reglas:
I.- La autoridad judicial, o en su caso el Ministerio Público, para el solo efecto de la
presentación del fiado, requerirá personalmente o bien por correo certificado con acuse
de recibo, a la institución fiadora en sus oficinas principales, sucursales, oficinas de
servicio o bien en el domicilio del apoderado designado para ello. Dicho requerimiento
podrá hacerse en cualquiera de los establecimientos mencionados, en el domicilio del
apoderado de referencia, que se encuentre mas próximo al lugar donde ejerza sus
funciones la autoridad judicial de que se trate o en el domicilio que haya señalado la
afianzadora en la póliza de fianza;
II.- Si dentro del plazo concedido, no se hiciere la presentación solicitada, la autoridad
judicial o el Ministerio Público lo comunicara a la autoridad ejecutora federal o local,
según sea el caso, para que proceda en los términos del articulo 83 de esta ley. Con dicha
comunicación deberá acompañarse constancia fehaciente de la diligencia de
requerimiento;
III.- La fianza será exigible desde el día hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado
a la afianzadora para la presentación del fiado, sin que lo haya hecho, por lo que el
plazo para que la institución de fianzas se libere por caducidad comenzará a
partir de tal fecha.”
Comentario.- El artículo 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas se refiere a las
fianzas otorgadas ante “las autoridades judiciales dl orden penal” pero, puede otorgarse una
fianza ante el Ministerio Público que no es una autoridad judicial.
Por ejemplo, el artículo 399 del Código Federal de Procedimientos Penales establece que “Todo
inculpado tendrá derecho durante la averiguación previa o el proceso a ser puesto en libertad
provisional, inmediatamente que lo solicite, si se reúnen los requisitos que dicho artículo
establece”.
El artículo 135 del mismo Código federal Procesal Penal señala que
“El Ministerio Público dispondrá la libertad del inculpado, en los supuestos y cumpliendo con los
requisitos establecidos por el artículo 399 para los jueces, sin perjuicio de solicitar su arraigo
en caso necesario. El Ministerio Público fijará la caución suficiente para garantizar que el
detenido no se sustraerá a la acción de la justicia, ni al pago de la reparación de los daños y
perjuicios que pudieran serle exigidos (...) Cuando el Ministerio Público deje libre al indiciado,
lo prevendrá a fin de que comparezca cuantas veces sea necesario para la práctica de
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diligencias de averiguación previa, y, concluida ésta, ante el Juez a quien se consigne, quien
ordenará su presentación y si no comparece sin causa justa y comprobada, ordenará su
aprehensión, mandando hacer efectiva la garantía otorgada. El Ministerio Público podrá hacer
efectiva la garantía si el indiciado desobedeciere, sin causa justificada, las órdenes que dictare.
La garantía se cancelará y en su caso se devolverá por el Ministerio Público, cuando se resuelva
el no ejercicio de la acción penal. Consignado el caso, tal garantía se considerará prorrogada
tácitamente, hasta en tanto el Juez no decida su modificación o cancelación”.
Como puede verse, al menos en materia Federal, el Ministerio Público fija la caución en la
averiguación previa, y por lo tanto, muchas fianzas no son expedidas ante una autoridad
judicial, sino una autoridad administrativa, y ésta misma autoridad puede hacer efectiva la
garantía, según lo señala el referido artículo.
Por lo tanto, en el artículo propuesto, ya se incluye expresamente al Ministerio Público.
También, en este artículo se excluyen las fianzas que se otorgaron exclusivamente para
garantizar la reparación del daño, ya que en este caso no se requiere la presentación del fiado,
sino acreditarse la sentencia (a pesar del “criterio” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
en el sentido de que no se requiere exhibir dicha sentencia para exigir la fianza).
Se establece en el artículo que el requerimiento para la presentación del fiado podrá hacerse en
el domicilio que se haya señalado en la póliza de fianza.
Apoyan lo que se establece en este precepto las siguientes tesis:
“FIANZAS PENALES. SI SE EXHIBIERON PARA GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL
DAÑO, PARA SU CADUCIDAD DEBE ATENDERSE A LA REGLA DEL ARTÍCULO 120,
SEGUNDO PÁRRAFO, Y NO AL ARTÍCULO 130, AMBOS DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS, Y LA AUTORIDAD JUDICIAL DEL ORDEN PENAL NO
DEBE REQUERIR A LA INSTITUCIÓN FIADORA LA COMPARECENCIA DE SU FIADO A
JUICIO.
De la exégesis del artículo 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, se advierte que
sólo las fianzas otorgadas ante las autoridades judiciales del orden penal se harán efectivas
conforme a las reglas que ahí se prevén, cuando se requiere la presentación del fiado, reglas
que se limitan o sustentan en la obligación del fiado para comparecer a juicio, en el momento
en que el Juez de la causa lo determine y, por consecuencia, se haga o no efectiva la fianza
correspondiente; sin embargo, ello no es extensivo en los casos en que exclusivamente se
garantizó la reparación del daño dentro de la causa penal indicada en la propia fianza. Así, si la
fianza de que se trata únicamente fue expedida para garantizar el pago de la reparación del
daño, entonces no se encuentra sujeta a la regla especial antes indicada, porque no se plasmó
la obligación del fiado a presentarse en determinado momento, como lo sería en el caso de que
se garantizara la libertad provisional bajo caución, por lo que es inconcuso que la figura jurídica
de la caducidad, en términos del artículo 120, párrafo segundo, de la ley invocada, es la que
legalmente debe ser tomada en cuenta para resolver la litis que fue sometida a consideración
de la Sala Fiscal responsable.” 96
96 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIII, mayo del 2001, página 1145.
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“FIANZAS.- LEGITIMACIÓN ACTIVA PARA HACERLA EFECTIVA.-
Con total independencia de que la póliza de fianza haya sido expedida ante la Agencia Tercera
del Ministerio Público Federal, sí existe legitimación activa o facultades para que el Juez Tercero
de Distrito en el Estado de Sonora, ordene hacer efectiva la fianza cuando la Compañía
Afianzadora sea omisa en la presentación de su fiado previo requerimiento que le haga la
autoridad judicial en mención; dado que conforme a las disposiciones del Código Federal de
Procedimientos Penales en vigor, sí se faculta al Juez que conoce de la causa penal, para que
en caso de no comparecer el indiciado, se revoque el beneficio de la libertad condicional y en
consecuencia, solicite a la autoridad responsable que haga efectiva la garantía otorgada ante la
Agencia del Ministerio Público que se encarga de integrar la averiguación previa
correspondiente.” 97
FIANZAS PENALES.- LAS OTORGADAS PARA GARANTIZAR LA PRESENTACIÓN DEL
INDICIADO, SON LAS QUE SE PUEDEN HACER EXIGIBLES CONFORME AL
PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 130 DE LA LEY FEDERAL DE
INSTITUCIONES DE FIANZAS.-
El artículo 130 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas que previene el procedimiento para
hacer exigibles las fianzas otorgadas ante las autoridades judiciales del orden penal, solamente
aplica para las fianzas en las que se haya garantizado la presentación del sujeto fiado ante la
autoridad correspondiente, ya que el precepto que nos ocupa así lo desprende del contenido de
su fracción I, por lo que en este contexto, las fianzas otorgadas ante las autoridades judiciales
del orden penal que garanticen conceptos diferentes al señalado, como podrían ser los posibles
pagos de las sanciones pecuniarias y reparación del daño que se determinaran en los procesos
judiciales en los que se hayan otorgado, no estarán sujetas para su exigibilidad al agotamiento
del procedimiento que establece el artículo 130 de referencia, ya que al ser diversas las
hipótesis garantizadas, es que por tanto deben de estarse a los términos convenidos en la
respectiva póliza para su exigibilidad. 98
Se establece también que el plazo para que opere la caducidad comienza a partir del el día
hábil siguiente al del vencimiento del plazo fijado a la afianzadora para la presentación del
fiado, sin que lo haya hecho.
Se sustenta lo dispuesto en cuanto a la caducidad el siguiente criterio:
“FIANZAS PENALES. EL PLAZO DE CADUCIDAD QUE ESTABLECE EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 120 DE LA LEY RELATIVA, SE EMPIEZA A COMPUTAR AL DÍA
SIGUIENTE DE AQUEL EN QUE VENCE EL PLAZO QUE SE OTORGA A LA AFIANZADORA
PARA PRESENTAR AL FIADO, SIN QUE HUBIERA CUMPLIDO.
La interpretación sistemática de lo dispuesto en los artículos 120, segundo párrafo y 130 de la
Ley Federal de Instituciones de Fianzas, conduce a establecer que tratándose de fianzas
penales, el cómputo del plazo de ciento ochenta días naturales que debe transcurrir para la
procedencia de la caducidad, inicia en la fecha en que se hace exigible la obligación garantizada
a la institución afianzadora, lo cual tiene lugar a partir del día siguiente al del vencimiento del
plazo fijado a aquélla para la presentación del fiado, sin que lo hubiera hecho. Ello, porque así
97 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, cuarta época, año II, número 6, enero 1999, página 234.
98 Revista del Tribunal Fiscal de la Federación, año II. No. 9. abril de 1999, página 267.
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se dispone en los preceptos legales invocados y se corrobora con lo establecido en el artículo
95 de la propia ley, que prevé el procedimiento para la efectividad de las fianzas otorgadas a
favor de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados y de los Municipios, en el que se
impone la obligación a la autoridad judicial de comunicar el hecho del incumplimiento de la
afianzadora a la autoridad ejecutora correspondiente, acompañándole la documentación
relativa a la fianza y a la obligación por ella garantizada, a partir del momento en que aquélla
se hace exigible. Además, porque dada la hipótesis descrita y con ello el surgimiento del
derecho para exigir el pago a la afianzadora, el plazo de caducidad no puede depender del
arbitrio o discrecionalidad del juzgador, o del rezago en sus funciones, pues tal eventualidad,
además de resultar contraria a lo establecido en la ley, atentaría contra la seguridad jurídica
que requiere certidumbre para el cómputo de los plazos que en cada caso dispongan las
leyes.” 99
En cuanto al domicilio convencional:
“FIANZAS PENALES. REQUERIMIENTO PERSONAL A LA INSTITUCION FIADORA DOMICILIO.
Aun cuando la Ley Federal de Instituciones de Fianzas dispone en su artículo 130, fracción I, que las
fianzas otorgadas ante autoridades judiciales del orden penal, se harán efectivas para el solo efecto de la
presentación del fiado, requiriendo personalmente a la institución fiadora en su oficina matriz,
este precepto no es el aplicable al caso en el que se objete el requerimiento de pago de una
fianza en atención a que éste carezca de uno de los documentos justificativos de la exigibilidad
del crédito por no haberse notificado el auto del Juez Penal por el que se requirió a la empresa
fiadora para que presentara al fiado, en virtud de que la sociedad reconoce que señaló como
domicilio para todos los efectos que produjera la fianza expedida, determinado lugar
consignado en la propia póliza.” 100
99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, diciembre de 2000 página 13.
100 Semanario Judicial de la Federación, sexta época, volumen XLIX, tercera parte, página 44.
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CONCLUSIÓN
Es necesario que se emita una Ley sobre el contrato de fianza de empresa en la cual se
establezcan diversas disposiciones que resuelvan la mayor parte de los conflictos surgidos en
relación con este contrato, precisándose su fuente, las garantías de recuperación,
procedimientos de recuperación, procedimientos para que las afianzadoras se garanticen, así
como los procedimientos para hacer efectiva la fianza, con lo que se daría mayor seguridad y
certeza tanto al sector afianzador, como a los fiados, tomadores, obligados solidarios,
contrafiadores y, sobre todo a los beneficiarios.
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