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0120 - Viento Sur

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se en el signo distintivo del panismo en el poder. Esa guerra no se le impuso a Calderón, no fue resultado de una crisis específica relacionada con algún salto cualitativo de la acción del crimen organizado que hubiera sucedido al tiempo que ocupaba Los Pinos y que requiriera por consiguiente, sin remedio, cambiar en forma radical las prioridades gubernamentales. Estamos, más bien, ante una guerra que no dice lo que es, que se disfraza, que precipita al país en una situación dominada mayormente por el desasosiego y la incertidumbre. Es una apuesta de Calderón preñada de consecuencias devastadoras y de largo plazo (Anguiano, 2011)/2. Sobre todo, lo que ha sido ampliamente criticado, la pretendida guerra contra el narcotráfico sólo apunta a lo más evidente que es la producción y trasiego de drogas hacia Estados Unidos sin atacar las causas de fondo que podrían desmantelar a ese negocio rentable/3. Es, entonces, una suerte de huida hacia adelante, de fuga ante una situación de crisis política acarreada por la manera fraudulenta como se convirtió en presidente de la República y la consiguiente crisis de legitimidad de las instituciones estatales que trajo consigo, que profundizó. Esta “ guerra del poder”, como advirtió el Subcomandante Insurgente Marcos, la hizo Calderón “ para distraer la atención y evadir el masivo cuestionamiento a su legitimidad (SCI Marcos, 2011)”/4. Es otra forma de la política del Estado (Aguirre Rojas, 2011), una expresión degradada de la incapacidad de formular alternativas a la crisis estatal que no cesa. 2/ Diego Osorno (2009, p. 303) destacó la importancia del contexto político-social en la decisión del nuevo presidente: “el contexto -la rebelión en Atenco y Oaxaca, la Otra Campaña lanzada por el EZLN, la crisis interna del sindicato de trabajadores mineros y, principalmente, las movilizaciones masivas encabezadas por López Obrador- fue un factor determinante para el anuncio de ‘la guerra contra el narco’, con la cual Calderón convertiría al narco, un problema recurrente de la administración pública en los últimos 100 años, en el gran y maligno enemigo que, al enfrentarlo, pudiera legitimar un gobierno cuestionado desde su origen “. 3/ Ravelo detalla cómo los gobiernos mexicanos incumplen las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para prevenir el lavado de dinero ni cumplen tampoco compromisos internacionales contraidos a través de la Convención de la Organización de Nacionaes Unidas (ONU) contra la Delincuencia Organizada (Palermo) y apenas cumple muy pocas cláusulas de la Convención contra la Corrupción (Mérida) (2011, pp. 78 y ss). Acaban de darse a conocer datos significativos: “Durante los últimos dos gobiernos federales el crimen organizado lavó en el país más de 46 mil 500 millones de dólares producto de actividades irregulares, revelan informes del Banco de México (BdeM). Sólo en el actual sexenio, con todo y guerra contra el narcotráfico y el crimen organizado, se tienen identificados recursos por 31 mil 325 millones de dólares, que se presupone tienen origen en actividades ilícitas” (La Jornada, 29/11/2011). 4/ Casi se puede sostener que hay un consenso en el sentido de que la guerra contra el narcotráfico fue una decisión política en busca de legitimación. Además de Osorno y Ravelo, Chabat (2010) y el trabajo de dos antiguos funcionarios del gobierno de Fox: Aguilar y Castañeda (2009, p. 13): “la razón primordial de la declaración de guerra del 11 de diciembre de 2006 fue política: lograr la legitimación supuestamente perdida en las urnas y los plantones, a través de la guerra en los plantíos, las calles y las carreteras, ahora pobladas por mexicanos uniformados”. 28 VIENTO SUR Número 120/Enero 2012

Seguridad, inseguridad y miedo El viraje hacia la guerra fue al inicio un elemental lance en busca de reconocimiento a través de acciones de fuerza, sacando a la calle al Ejército revestido ilegalmente con funciones policíacas (condenando de entrada a las distintas policías y a todo el aparato de procuración de justicia que parecieron como incompetentes y sospechosos)/5, pero de inmediato la situación se le fue de las manos al presidente, y la violencia impuso su propia lógica arrolladora. Proclamando el objetivo prioritario de restablecer la seguridad que sus propias acciones no han dejado de empeorar y generalizar, en realidad solamente busca desesperadamente un consenso social, un reconocimiento que no alcanza, sino todo lo contrario. Operaciones judiciales fallidas, criminalización de la disidencia y las resistencias sociales, enfrentamientos frecuentes y casi siempre inesperados entre las fuerzas paramilitares (cárteles de la droga) y militares (incluida la Marina, también empujada a la guerra fuera de su ámbito natural y sus funciones), retenes y operaciones militares selectivas y masivas, torturas y desapariciones forzadas han dejado una larga estela de violaciones reiteradas de los derechos humanos, que en lugar de legitimar al gobierno, han potenciado el desprestigio de las fuerzas armadas, que invariablemente aparecen como arbitrarias, prepotentes, turbias y por encima de legalidad/6. El gobierno del Partido Acción Nacional (PAN), así, le apostó a la seguridad que convirtió en el signo definitivo de su sexenio, canalizando recursos económicos y de todo tipo cada vez más desproporcionados (como lo señala el Sup Marcos en el texto citado), con lo que introduce una tendencia inédita que será muy difícil revertir y no dejará de tener consecuencias duraderas y de fondo tanto en el carácter de las fuerzas armadas como en su papel a futuro en el Estado. Pero más que una guerra para rescatar e imponer la seguridad perdida en ciertas regiones o estados sensibles por las acciones del crimen organizado, lo que ha hecho el presidente es generalizar la inseguridad en todo el país. La presencia masiva del Ejército en las calles de las ciudades y en todo tipo de lugares altera la vida de la gente, que más que sentirse protegida se siente amenazada y sufre toda clase de controles, ultrajes y represalias sin que dismi- 5/ El general en retiro, antiguo funcionario de seguridad de varios gobiernos priístas y exgobernador de Morelos, Jorge Carrillo Olea (2011, p. 200), escribe sobre Calderón: “la motivación inicial de su estrategia de seguridad consistió en dar un golpe de fuerza autoritaria que evidenciara la dureza de su presidencia, pero incurrió en errores y omisiones. Por principio de cuentas, no formuló ningún cálculo de probabilidades para su guerra. Sus policías propiamente no existen y sus fuerzas Armadas están diseñadas para otras circunstancias”. 6/ En una investigación reciente realizada en varios estados críticos (Baja California, Chihuahua, Guerrero, Nuevo León y Tabasco), Human Rights Watch (2011) concluye: “En vez de reducir la violencia, la guerra contra el narco ha provocado un incremento dramático en la cantidad de asesinatos, torturas y otros terribles abusos por parte de las fuerzas de seguridad, que sólo contribuyen a agravar el clima de descontrol y temor que predomina en muchas partes del país”. VIENTO SUR Número 120/Enero 2012 29

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