Gaceta de los Tribunales

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Gaceta de los Tribunales

Gaceta de los TribunalesPublicación del Organismo Judicial de la República de GuatemalaFundada en 1881AAOXCIXENERO a junio de 1980Primer SemestreNúmero dellal6SECCIONSUMARIOJUDICIALRESOLUCIONES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAPág.">Amparo:''Amparo:·Amparo:Interpuesto por José Herbert Fischer Saravia, en su calidad de representante legal de la SociedadIndustrial Nacional Hotelera, Sociedad Anónima, contra la .Sala Primera de la Corte deApelaciones de Trabajo y Previsión Social. DOCTRINA: Procede el Recurso de Amparo, cuandouna persona es afectada en el proceso en el que se benefician otras que no ejercitarol'l acciónjudicial por sí o por medio de representante, cuando así tenía que hacerlo por disposición legaLInterpuesto por Luis González Bauer en su caracter de representante le9al d'e la SociedadCompañia Agrfcola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima. en contra del JuzgadoSegundo de Primera Instancia y de lo Económico Coactivo del Departamento de Suchitepéquez.DOCTA 1 NA: La Constitución de la República establece que es improcedente el Amparo en losasuntos de orden judicial respecto a las partes y personas que intervienen en ellas . . . . . . . . . 4Interpuesto por Héctor Augusto Mazariegos Mej(a: en su calidad de rep.resentante legal de laSociedad "Auto Pullman Galgos, Sociedad Anónima", en contra del Juez de Primera Instanciade Alta Verapaz. DOCTRINA: Es improcedente el Amparo en asuntos de orden judicial,respecto a los interesados que puedan hacer valer acciones o recursos procesales . . . . . . . . . . . 5


11Amparo:GACETA DE LOS TRIBUNALESInterpuesto por Guiliermina Pineda Est::rada Vi:1c!:; :::lnstanc;a dei Ramo Cv;i de este depar'",.at·,r)e~::JPág.7Amparo: lnte;poestc por Jui;a Palmira Tobar Esc.obar cocrt::""'S .. a S.a ~de .a Cor:c oe ~DOCTRINA: Es i~ocedeute el Amparo en ios """'tos dei onien judc¡i ~a las ponesy personas que intervienon en ellos • . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . • • . . • . • . . • . . • . . . • • • • •'.Amparo:Penal~.Penal:' 'Penal:~·Penal:Interpuesto por Desidoro Véliz Flores contra la Sala Primera de la Corte de Apelaciones:DOCTRINA: Es improcedente el Amparo en asuntos del orden judicial respecto a las partes ypersonas que intervinieren en ellos ......................................... .Proceso contra Ramón Gildardo Dubón Zúñiga, por el delito de Homicidio. DOCTRINA:Cuando se denuncia infracción al Sistema de apreciación de la prueba denunciada Sana Critica,debe formularse tesis atendible al respecto, para que el recurso de Casación pueda prosperarProceso contra Trinidad Antonio Gómez Juárez, por el delito 'de Asesinato en el grado deTentativa. DOCTRINA: Debe existir concordancia entre el subcaso de procedencia invocado y,las leyes citadas como infringidas, para que el Recurso de Casáción pueda prosperar, ....... .Proceso en contra de Gonzalo de Jesús Escobar García por el delito de Parricidio en grado detentativa. DOCTRINA: Para que prospere el Recurso de Casación por error de derecho encalificación de los hechos que la Sala tuvo por probados, constituyendo delito, es indispensableque se demuestre la infracción a leyes sustantivas ·relacionadas con dicha calificación ...... .Proceso en contra de Julián Cóbar Malina y Manuel de Jesús Prado Alfara, José Ignacio AlvarezMarroquín, Mario Noé Ramírez Sicán, Elixalen Cruz Díaz y Luis Ramón López por el delito deHomicidio, Lesiones y Cohecho Activo. DOCTRINA: Cuando el Tribunal sentenciador alrealizar la valoración de la prueba quebranta las normas de estimativa probatoria contenidas enla ley y aplicables al caso, el Recurso de Casación por error de derecho en la apreciación de lamisma, debe prosperar ............................. ~ .................... .1012131719. Penal: Proceso en contra de Mario Roberto Foncea Méndez-Ruiz, por el delito de Homicidio.DOCTRINA: a) Si el procesado se sustancia en tribunal competente, satisfaciéndose lasformalidades esenciales del mismo, no se incurre en infracción constitucional. b) Para que existaerror de derecho en la apreciación de la prueba proveniente de no aplicación correcta delsistema de. la Sana Crítica, el Tribunal sentenciador debe infringir en realidad las reglasfundamentales de dicho sistema .......................................... .27Penal:·Penal:\Penal:'-Penal:·-..Penal:Proceso en contra de Marco Antonio Mora Nájera por el delito de Falsedad Material en unaletra de cambio. DOCTRINA: Es improcedente el Recurso de Casación que no es planteadodentro del término que imperativamente impone la ley ............................ .Proceso en contra de Gregario Nacianceno Méndez Méndez, Carlos Chavarría Mena Y René.Edelberto Contreras por los delitos de Homicidio y Lesiones contra el primero, y robo agravadoy daños contra los últimos. DOCTRINA: a) Cuando el Tribunal sentenciador no hace laadecuación correcta de la conducta del procesado, a la descripción contenida en la ley penal;Procede el Recurso de Casación de acuerdo can el caso de procedencia contenido en el artículo745, numeral 111 del Código Procesal Penal. b) Comete error de derecho en la apreciación de laprueba, el tribunal que al momento de realizar el análisis jurídico y valorativo de la misma, laap.recia como si se tratara de un medio de prueba distinto ........................ .Proceso contra Teodoro Galdámez Rodrfguez por el delito de Homicidio. DOCTRINA: Esimprocedente el Recurso de Casación cuando, basado el fallo sujeto a examen en pruebapresuncional, se verifica la censura invocando tesis equivocadas .................... · ·Proceso contra de Juan Ajcuc Choc por el delito de proxenetismo. DOCTRINA: a) Cuando seacuse error de derecho en la valoración de la prueba, las Leyes denunciadas como infringidasdeben ser las que con exactitud correspondan a la estimativa probatoria de la misma. b) Aldenunciarse error de derecho en la apreciación de la prueba por infracción al sistema de la SanaCrítica, debe formularse tesis al respecto ............................... · · · · · ·Proceso contra Angel Rogelio Alvarádo Córdova por los delitos de Homicidio, disparo de armade fuego y portación ilegal de arma de fuego. DOCTRINA: a) Si el tribunal aprecia la pruebasujetándose a los lineamientos legales y tomando en cuenta el sistema de valoración de la sanacrítica, no incurre en error de derecho y resulta improcedente el Recurso de Casacióninterpuesto con tal propósito. b) Si de los hechos que la Sala tuvo por probados no se deducela existencia de una circunstancia eximente de responsabilidad criminal, el Recurso de Casaciónplanteado en tal sentido, no puede progresar .......................... · · · · · ... .3839495255


'Penal:GACETA DE LOS TRIBUNALES 111Pág.Proceso en contra de Beltrán Vargas Huertas por los delitos de Estafa, Usurpación de derechosreales y Perjuria. DOCTRINA: Cuando se acuse error de derecho en la apreciación de la prueba,las leyes que se citen como infringidas deben sér las de estimativa probatoria, que correspondenal medio convictivo en que se indica que se cometió el error . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . 61\i:!enal:Proceso contra Juan López de la Cruz por el delito de Parricidio. DOCTRINA: Cuando sedenuncia error de derecho en la apreciación de la prueba, el recurrente debe formular tesis alrespecto, debiendo existir congruencia entre los subcasos de procedencia y las leyes citadascomo infringidas .................................................. .65·"Penal:Proceso contra Guillermo Oswaldo Morán Castro por el delito de Parricidio. DOCTRINA: Si loshechos que se declaran probados por un tribunal de Segunda Instancia, se estima como undelito distinto del que corresponde conforme la realidad del proceso se incurre en error dederecho en su calificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72f!enal: Proceso contra Jorge Abraham Cortez Cabrera·por el delito de Asesinato y Doble Violación. a)Para que prospere el Recurso extraordinario de la Casación por infracción a normaconstitucional, debe haberse producido en la realidad del proceso tal infracción y la otra de lanorma legal infringida debe ser de la tÍ'lisma naturaleza. b) Cuando se acuse quebrantamientosustancial de procedimiento, los fundamentos del recurso deben ser realmente concordantes conla ley citada como infringida. e) El Recurso extraordinario de Casación por error de derecho enla apreciación de la prueba, requiere para su viabilidad que con la técnica de la mecánicaprocesal inherente a esta clase de recursos, se citen como infringidas, normas auténticasestimativa probatoria. d) Para que pueda casarse un fallo por error de hecho en la apreciaciónde la prueba, tal error debe demostrar de modo evidente, la equivocación de los juzgadores . . . 75Contencioso-Administrativo: Interpuesto por José Sittenfeld Rosemberg, Juan Francisco Urruela Nanne,Luis Arturo Batres Santolino y Rene Andrino Guzmán, en representación de "IngenierosUrruela y Sittenfeld y Compañ(a Limitada, "Juan Francisco Urruela y Compañía Limitada",·~Govzueta Batres y Compañ(a, Sociedad de Responsabilidad Limitada" o "Ingenieros Andrino YArévalo Compañía Limitada". respectivamente, en contra de la sentencia dictada por el Tribunalde lo Contencioso Administrativo. DOCTRINA: No incurre en interpretación errónea de lasleyes ni en violación de las mismas, el Tribunal que no accede a la revisión de un contratoadministrativo para ejecución de una obra, por hechos extraordinarios acaecidos conposterioridad a su celebración, si su negatiya se sustenta en la existencia en el contrato de una ovarias cantidades adicionales o complementarias, en concepto de "gastos imprevistos" ...... .-Contencioso-Administrativo: Interpuesto por Carlos Humberto Soto Mazariegos, representante de GuatemalaMining Corporation y Compañfa Limitada (Transmetales Limitada), contra la sentencia que elTribunal de lo Contencioso Administrativo. DOCTRINA: Cuando se funda el recursO' decasación en error de hecho en la apreciación de las pruebas, es indispensable que el interesadocumpla con indicar en qué consiste el error alegado e identificar, sin lugar a dudas, eldocumento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador ............. .8589"'Contencioso-Administrativo: Interpuesto por Enrique Noveila Camacho en representación de la Sociedad"Cementos Progreso, Sociedad Anónima", contra la resolución número cero cuatro milcuatrocientos cuarenta y uno dictada por el Ministerio de Finanzas Públicas. DOCTRINA: Seinterpreta erróneamente la literal o) del artfculo 7o. del Decreto Ley 229, cuando se introducenen el supuesto normativo, elementos fácticos ajenos al mismo ...................... .Contencioso-Administrativo: Interpuesto por Carlos Humberto Soto Mazariegos, representante de GuatemalaMining Corporation y Compañfa Limitada (Transmetales Limitada), contra la sentencia dictadapor el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. DOCTRINA: Cuando se funde el recurso decasación en error de hecho en la apreciación de las pruebas, es indispensable que el interesadocumpla con indicar en qué consiste el error alegado e identificar, sin lugar a dudas, eldocumento o acto auténtico que demuestre la equivocación del juzgador .............. ."Contencioso-Administrativo: Interpuesto por Enrique Novella Camacho en representación de la Sociedad"Cementos Progreso, Sociedad Anónima", contra la resolución número cero cuatro milcuatrocientos cuarenta y dos, dictada por el Ministerio de Finanzas Públicas. DOCTRINA: Seinterpreta -erróneamente la literal o) del artfculo 7o. del Decreto Ley 229, cuando se introducenen el supuesto normativo, elementos fácticos ajenos al mismo ...................... .919294


IVGACETA DE LOS TRIBUNALES'Civil:Interpuesto por Julia Palmira Tobar Durán contra la sentencia proferida por la Sala Segunda ae P~g.la Corte de Apelaciones. DOCTRINA: Para que prospere el recurso de casación, es necesarioque se invoque con propiedad el caso de procedencia y si se aduce violación, aplicaciónindebida o interpretación errónea de las leyes o doctrinas legales aplicables, la impugnación debebasarse en los hechos que en la sentencia se tengan como establecidos . . . . . . . . . . . . . . . . . 95-.Civil:~!:ivil:"\Civil:'civil:Interpuesto por Osear Humberto Orellana Saldívar, contra la sentencia dictada por la-SalaSegunda de la Corte de Apelaciones. DOCTRINA: Para que el recurso de casación por error dehecho en la apreciación de las pruebas pueda prosperar, es imperativo que el error que se acusetenga incidencia en el resultado del proceso ......•............................Interpuesto por Alejandro Velásquez Valle contra la sentencia pronunciada por la Sala Octavade la Corte de Apelaciones el día veintinueve de junio de mil novecientos setenta y nueve.DOCTRINA: no prospera el recurso de casación por error de hecho en la apreciación de laprueba, si no se indica en forma clara y precisa una tesis que ponga de manifiesto y de modoevidente la equivocación del juzgador ....................................... .Interpuesto por Roberto Mancilla Palanca en representación de Román Ferraté Eguizabal contrael auto de tr~e de agosto de mil novecientos setentinueve, dictado por la Sala ~nda deApelaciones. DOCTRINA: a) Adquiere el carácter de definitivo y por tanto impugnable por víade casación, el auto que resuelve un recurso de nulidad y declara terminado el proceso; b)Comete quebrantamiento substancial del procedimiento el Tribunal que al resolver un recursode nulidad por violación de Ley, extiende los efectos de la excepción previa de prescripciónextintiva, negativa o liberatoria, acogida con anterioridad a instancia de uno de los demandados,a los otros que no la hicieron valer o consintieron su desestimatoria, sin que el sujeto procesalque la interpusiera sea mandatario de ell_os, o los vincule un litisconsorcio necesario en elejercicio de todas sus pretensiones ......................................... .Interpuesto por Delia Moreira Pérez de Vivar contra la sentencia dictada por la Sala Primera dela Corte de Apelaciones de fecha veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.DOCTRINA: Es improcedente el recurso de casación, cuando se funda en forma simultánea.bajo las mismas normas jurídicas, en: aplicación indebida o interpretación errónea de las leyessin formular la tesis o las tesis respectivas .........................•...........100101103106ACUERDOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109DIRECTORIO TELEFONICO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112NOMINA DE LOS FUNCIONARIOS DEL ORGANISMO JUDICIAL ......................... .HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115JURISDICCION DE LOS TRIBUNALES, SALAS DE LA CORTE DE APELACIONES 120Sección Estadística:RESOLUCIONES DICTADAS POR EL PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTESUPREMA DE JUSTICIA, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DE ENERO A JUNIO 1980 . • . . .J28RESOLUCIONES DICTADAS POR LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA DE LA REPUBLICA DURANTEEL PERIODO DE ENERO A JUNIO DE 1980..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129NOMINA DE ABOGADOS Y NOTARIOS INSCRITOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 1980 129


GACETA DE TRIBUNALES 1AMPARORecurso de Amparo interpuesto por José HerbertFischer Saravia, en su calidad de Gerente General yRepresentante Legal de la Sociedad Industrial NacionalHotelera Sociedad Anónima, contra la Sala Primera de laCorte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social.DOCTRINA:Procede el recurso de Amparo cuando una persona esafectada en un proceso en el que se beneficien otras que noejercitaron acción judicial por si o por medio derepresentante, cuando así ten(an que hacerlo pordisposición legal.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO:Guatemala, cuatro de marzo de mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso de amparointerpuesto por José Herbert Fischer Saravia, en su calidadde Ger-ente General y representante legal de la SociedadIndustrial Nacional Hotelera Sociedad Anónima, contra laSara Primera de la Corte de Apelaciones de trabajo y.Previsión Social.A N T E C E D E N T E S:Expone el recurr.ente que Marco Tulio MalinaValenzuela, presentó demanda ordinaria laboral ante elJuzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social de la PrimeraZona Económica del país, contra el Hotel DoradoAmericana- inicialmente y después la enderezó contra lafirma que representa, como propietaria del Hote!, OueMalina Valenzuela expresó en su demanda que corrlenzó atrabajar en el hotel en mención el cinco de Julio de milnovecientos setenta y siete como director, propietario yejecutante de un grupo musical en el Bar El Parlamento delcitado hotel en horario de las dieciocho horas a lasventicuatro harás, con treinta minutos, que no gozó devacaciones, no se le pagó aguinaldo, y laboró media horaextraordinaria cada día, y que tuvo ventajas económicas;que tal relación laboral fue interrumpida hasta el treinta yuno de enero del año pasado. Que la actitud asumida por laempresa constituyó un despido injustificado, reclamando elpago indeminización por diecinueve meses de servicio,vacaciones, aguinaldo y horas extras, ascendiendo lacantidad demandada a la suma de cuarenta y cuatro mitveintiun quetzales con sesenta centavos (0.44,021.60). A lade"manda acompañó diversos contratos en dondeoriginalmente el conjunto se denominaba Juan Carlos yMaría y Albaricoke posteriormente. Que se señaló día yhora para la audiencia, habiendo interpuesto el demandadolas excepciones dilatorias o previas de demanda defectuosa,falta de personalidad en el actor Marco Tulio MalinaValenzuela, falta de personalidad en la entidad demandadaindustria Hotelera Nacional Sociedad Anónima, Faltapersonería en Marc9 Tulio Malina Valenzuela, las quefueron declaradas sin lugar por el Juzgado de Trabajoaludido, se inter'pusq_, recurso de nulidad contra el auto quelas resolvió, el cual fue rechazado por su frivolidad y alapelarse, la Sala contra la que se recurre confirmó laresolución subida en grado. Significa aurgumenta e~recurrente, que tanto el Tribunal de Primer grado como elde Segunda Instancia, reconocieron expresamente que entreel actor Marco Tulio Malina Valenzuela y la empresademandada existió relación laboral y que aquel no actúo enrepresentación de otras personas sino que hizo valer underecho propio. Oue después de seguirse el trámite en elJuzgado de Trabajo, se dictó sentencia declarando sin lugarlas excepciones perentorias que menciona, condenando a la,empresa a pagar al actor Marco Tulio Malina ValenzuP.Ia,diversas cantidadeS' en concepto de indeminización pordespido injustificado, aguinaldo, horas extraordinarias,vacaciones y salarios caídos. Que al apelar, el tribunalrecurrido confirmó tal sentencia la cual contiene violacionesa 1 os derechos y garantías constitucionales quefundamentan el recurso de amparo. Que no obstante de queindica que el juicio fue seguido por Marco Tulio .. MolinaValenzuel.a por si contra la Industria Hotelera, más tardeindica "En sintésis está claro que en el caso sujeto a examenestamos frente a una relación laboral plurindividual y por lomismo la demanda estuvo vinculada con todos loscomponentes del conjunto Albaricoke cuyo jefe orepresentante lo es el actor; por consiguiente, éste accionóprocesalmente en nombre del grupo artístico y por lomismo las prestaciones contenidas en la" demandacorresponde en forma aiJcuota a cada uno de los integrantesdel mencionado conjunto por lo que en este aspecto tieneque modificarse la sentencia ..." y expresó en el fallo que lacondena se hacia en contra de Industria Nacional HoteleraSociedad Anónima en favor de los integrantes del grupo -artístico ALBARICOKE, Marco Tulio Molina Valenzuela,Miguel Angel Villagrán Galindo, Carlos Humberto DerasCarrillo y Armando Rodríguez, correspondiéndoles enforma proporcional a cada uno las prestaciones que fueronobjeto del proceso, haciendo después la condena pecunariaen cada uno de los renglones demandados. Continúaexponiendo el recurrente"., ... 8. Para concluir la presenteexposición de los HECHOS cabe resumir: a) La demandafue presentada por el señor MARCO TULlO MOLINAVALENZUELA en contra de INDUSTRIA NACIONALHOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA; b) La entidaddemandada interpuso· excepciones dilatorias de demandadefectuosa, falta de personalidad y falta de personería en elactor señor MARCO TULlO MOLINA VALENZUELA, quefueron declaradas SIN LUGAR por el Tribunal de PrimerGrado, con los argumentos de que el actor precisó yconcretó los hechos respecto a su persona, así como elsalario que manifestó haber devengado; que existió relaciónlaboral entre el actor y entidad demandada y que el señorMARCO TULlO MOLINA VALENZUELA no actuó enrepresentación de otras personas, sino que hizo valer underecho propio; e) La Honorable Sala Primera de la Cortede Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, en resolucióndel veinte de junio de mil novecientos setenta y nueve, al ·confirmarse lo resuelto por el Juez de Primer Grado, conrespecto a las excepciones dilatorias, compartió 'el criterioexpresado por el Juzgado; d) El Tribunal de PRIMERGrado condenó a la entidad demandada a pagarle al actorlas prestaciones reclamadas, con base en el salario que élmanifestó haber percibido mensualmente; e) La HonorableSala Primera de la Corte de Apelaciones de Trabajo yPrevisión Social, en SENTENCIA de fecha trece dediciembre de mil novecientos setenta y nueve, revocóparcialm'ente la sentencia de primer grado; declaró con lugarla excepción perentoria de improcedencia y exceso en laspretensiones del actor señor Marco Tulio Malina Valenzuelade obtener el pago de las prestaciones laborales reclamadasen su demanda con base en el salario global pactado en elcontrato y devengado por la totalidad de los miembros delgrupo o conjunto Albaricoke; f) Condenó a INDUSTRIANACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA apagarle sus prestaciones proporcionales al actor señorMARCO TULlO MOLINA VALENZUELA; y g) Condenó aINDUSTRIA NACIONAL HOTELERA, SOCIEDADANONIMA a pagarle prestaciones proporcionales a lossefiores MIGUE[ ANGEL VILLAGRAN GALINDO,CARLOS HUMBERTO DERAS CARRILLO Y ARMANDORODRIGUEZ, quienes no fueron parte denb'o del presente


2 GACETA DE TRIBLNALESjuicio, en calidad de actores; ni INDUSTRIA NACIONALHOTELERA, SOCIEDAD ANONI\IA tuvo la calidad dedemandada de-las personas cittldas en este apartado.Así pues, para declarar sin lugar las excepcionesdilatorias interpuestas por la entidad demandada la Salareconoció que el actor compareció por sí, sin atribuirse larepresentación de persona alguna, habiendo reclamado parasí un derecho propio; pero para condenar a la mismaentidad, en el mismo juicio, la Sala declaró que el actor yano actuó por sí, sino que lo hizo en representación delgrupo o conjunto musical Albaricoke, aún cuando jamásacreditó personería alguna.En cuanto a la supuesta base doctrinaria para sostenertan absurda tesis, contenida en la parte considerativa de laSentencia de Segunda Instancia, existe una evidentecontradicción y confusión entre el derecho sustantivo y elderecho adjetivo o procesal, puesto que aún acept'ando elcriterio de la Sala de la llamada "relación 'laboralplurindividual" y que todos los miembros del conjuntomusical estuvieron ligados con la entidad demandada poruna relación de trabajo -lo que yo también .sostuvedentro del juicio-, ello bajo ningún concepto significa queel actor señor Marta Tulio Malina Valenzuela haya actuadoprocesal mente en representación de los integrantes· delgrupo artístico, puesto que en Juicio, para comparecer enrepresentación de otra persona debe acreditarse lapersonería con que se actúa, desde la primeracomparecencia, y esto solo puede hacerse condocUmentación debidamente_ legalizada. Ningún Tribunal deDerecho puede SUPONER tal representación.RELACION ENTRE LOS HECHOS Y ELRECURSO DE AMPARO9. El Articulo 81, inciso 1 o. de la Constitución de laRepública y el Articulo 59 de la 'Ley Constitucional deAmparo, Habeas Corpus y de Constitucionalidad (Decretonúmero 8 de la Asamblea Constituyente). así como ladoctrina en materia de Amparo, son determinantes alexpresar que es improcedente el amparo en asuntos delorden judicial respecto a las partes y personas queintervinieren en ellos.Con el objeto de evitar cualquier equívoco alrespecto, claramente dejo constancia que dentro del JuicioOrdinario Laboral número 68·79 a cargo del Oficial 3o.,Notificador 2o. seguido ante el Juzgado Tercero de Trabajoy Previsión Social de la Primera Zona Económica del país;'identificado como Pieza de Segunda Instancia en la -SalaPrimera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y PrevisiónSocial como Juicio Ordinario No. 312· 79, a cargo delPresidente y Oficial 1 o., intervinieron como partes, encalidad de actor o demandante, el señor MARCO TULlOMOLINA VALENZUELA; y en calidad de demandado:1 NDUSTRIA NACIONAL HOTELERA, SOCIEDADANONIMA.Por consiguiente, respetando las disposiciones legalesantes referidas, el presente RECURSO DE AMPARO bajoningún concepto se relaciona con lo resuelto por ell'ribunalde Segunda Instancia con respecto al señor MARCO TULlOMOLINA VALENZUELA. La entidad que representocumplirá con lo dispuesto en la Sentencia de SegundoGrado, y pagará oportunamente al señor MOLINAVALENZUELA las sumas 0 que fue condenada, en laproporción referida en el indicado fallo.1 O. El recurso de Amparo se fundamenta en el hechode haber condenado la Sala Primera de la Corte deApelaciones de Trabajo y Previsión Social a INDUSTRIANACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA, dentrodel mismo Juicio, a pagar determinadas sumas de dinero porsupuestas prestaciones laborales, a los señores MIGUELANGEL VILLAGRAN GALINDO, CARLOS HUMBERTODE RAS CARRILLO Y ARMANDO RODRIGUEZ, quienesjamás han demandado a mi representada; no fueron parteen el Juicio; no se ent~bló litigio alguno entre dichaspersonas y mi representada; y por consiguiente, no se citó,ni se oyó, ni venció en proceso legal a INDUSTRIANACIONAL HOTELERA, SOCIEDAD ANONIMA.Ni los señores MIGUEL ANGEL VILLAGRANGALINDO, CARLOS HUMBERTO DE RAS CARRILLO YARMANDO RODRIGUEZ fueron parte como actores; niINDUSTRIA NACIONAL HOTELERA, SOCIEDADANONIMA fue parte demandad por las citadas personas,dentro del Juicio a que hago referencia. . . Ofresió suspruebas Consistentes en copias de diversos pasajes delproceso. Presentó sus fundamentos de derechotranscribiendo el contenido de los artículos 53, 80 y 240 de.Ja Constitución de la República. Hizo también referencia alos artículos 364 primer párrafo del Código de Trabajo; 163de la Ley del Organismo Judicial. Oue se infringieron dicepor la Sala los Artículos 205 y 206 de la Ley del OrganismoJudicial aplicables conforme lo dispuesto en el artículo 326del Código de Trabajo, y que también se violó el articulo 45del Código Procesal Civil y Mercantil aplicable conforme elarticulo 326 del Código de Trabajo. En su pedimento pidióque ante el temor de que se ejecutara la sentencia con dañosirreparables para la empresa, que se suspendieraprovisionalmente la resolución.11Con fecha cinco de febrero este Tribunal admitió parasu trámite el recurso de amparo interpuesto, pidiéndose losantecedentes completos a la Sala Primera de la Corte deApelaciones de Trabajo y Previsión Social de la PrimeraZona Económica, quien debería enviarlos dentro delperitorio término de cuarenta y ocho horas, y la pieza dePrimera Instancia del Juzgado Tercero de Trabajo yPrevisión Social; concediéndose '- el amparo provisionalsolicitado. Recibidos los antecedentes se dió audiencia porel término común de cuarenta y ocho horas al recurrentecon el carácter que actúa, al Ministerio Público y a MarcoTulio Malina Valenzuela confirmándose la suspensiónprovicional decretada.•El recurrente, evacuó la audiencia que se le confiriera,pidiéndose se dictara la resolución en los términossolicitados, el señor Marco Tulio Malina Valenzuela evacuóla audiencia que le fuera conferida y pidiendo que sedeclarara sin lugar el recurso de amparo por sernotoriamente improcedente y que se le condenara alrecurrente al pago de las costas y se le sancionara con multadel caso al profesional que patrocina el recurso. Fue abiertoa prueba el amparo y habiendo transcurrido procede aresolver.C O N S 1 D E R A N D 0:Es indiscutible que de conformidad con l-a doctrinacontenida en el inciso lo. del artículo 81 de laConstitución de la República, y el articulo 59 de la Ley deAn1paro Hábeas Corpus, y Constitucionalidad, esimprocedente el recurso de esta naturaleza en asuntos deorden judicial respecto a las partes y personas queintevinieron en ellos; y; de acuerdo con tal presupuesto queha quedado consagradd como doctrina jurisprudencia! enlos tribunales de amparo de la República, si la Sala Primerade la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social dela Primera Zona Económica, hubiera emitido condena soloa favor de Marco Tulio Molina Valenzuela al definir el


GACETA DE TRIBUNALES 3pfoceso que éste planteara contra la firma IndustriaNacional Hotelera Sociedad Anónima el asunto quedadaenmarcado dentro del ámbito doctrinal mencionado,areciendo de absoluto sustento legal para posibilitar suprocedencia; empero, siendo que en el fallo citado, hubodeclaración a favor de otras personas relativas a prestacioneslaborales no cuestionadas por estas, debe de analizarse elrecurso para llegar a conclusiones de certeza jurídica. Delestudio del proceso se ve que Marco Tulio MalinaValenzuela se presentó ante el Juzgado Tercero de Trabajoy Previsión Social de la Primera Zona Económicaplanteando demanda ordinaria laboral inicialmente contrael Hotel Dorado Americana, y después contra la firmaIndustria Nacional Hotelera Sociedad Anónima comopropietaria del mismo, reclamando las prestaciones a que seha hecho alusión en el historial de este fallo y tal como sedesprende de la demanda y consecutivos actos del proceso,compareció él pidiendo pronunciamiento judicial enasuntos relativos a sus derechos, pero no consta que hayatenido representación alguna para que demandara derechoscorrespondientes a Miguel Angel Villagrán Galindo, CarlosHumberto Deras Carrillo y Armando Rodrfguez, lo quemotivó que la Empresa demandada interpusiera entre otras -la excepción de falta de personería en Marco Tulio MalinaValenzuela en su calidad de actor, la que fue declarada sinlugar, es decir que no se le reconoció representación algunadecisión que fue confirmada por la Sala contra la que serecurre, estando claro que los dos tribunales reconocieronexpresamente que entre Marco Tulio Malina Valenzuela y lafirma demandada existió relación laboral y que aquel noactuó en representación de otras personas, sino lo que hizofue hacer valer un derecho propio, y no otra cosa; sedesPrende cuando la Sala mencionada exr.resó en la parteintroductiva de la sentencia que tenía a la vista para resolverla sentencia proferida por el Juzgado de Trabajo dentro deljuicio seguido por Marco Tulio MoHna Valenzuela (no_ hacerelación a ninguna otra persona) contra la firma hoteleraindicada, y como se ha dicho antes para nada mencionanque en el proceso hayan actuado como partes o sujetosprocesales las otras personas mencionadas; no obstante estoasentó: "En síntesis está claro que en el caso sujeto aexamen estamos frente a una relación laboral Plurindividualy por lo mismo la demand~ estuvo vinculada laboralmentecon todos los componentes del conjunto musicalAlbaricoke cuyo jefe o representante lo es el actor y porconsiguiente éste actuó procesalmente en nombre del grupoart(stico y por lo mismo las prestaciones o pretensionesc'Mtenidas en la demanda corresponde en forma alicuota acada uno de los integrantes del mencionado conjunto por loque•este aspecto tiene que modificarse la sentencia ...", loque en efecto hizo al expresar que la condena que se haceen el fallo en contra de la hotelera es en favor de losintegrantes del grupo artístico Albaricoke., señores, MarcoTulio Molina Valenzuela, Miguel Angel Villagrán Galindo,Carlos Humberto Deras Carrillo y Armando Rodríguez,correspondiéndoles a cada uno en forma proporcional lasprestaciones que fueron objeto del proceso, decisión queposteriormente avaló en el informe circunstanciado querindiera ante este Tribunal de Amparo en el que indica quela sentencia estaba bien dictada, fundada y sustentada endoctrina científica precisamente porque no hay norma dederecho positivo que defina el contrato objeto del procesoy que la doctrinE~ expresa que en esta clase de contratos larepresentación la tiene el representante del grupo, no siendoaplicable la representación común y corriente que unapersona neCesita para reclamar a favor de otra, lo que estácorroborado y fundado con principios básicos de derechode trabajo como lo son: el realismo, la subjetividad, tratarsede preceptos de orden público así como la tutelaridad paralos trabajadores, haciendo más flexible el proceso, sin ·lasformalidades del derecho común; y la economía pro:cesal.Ahora bien, para llegar a conclusiones cOn respecto alasunto jurídico que motiva el recurso de amparo convienetener presente lo siguiente: 1) Que al confirmar lo resueltopor el Juzgado Tercero de Trabajo y Previsión Social, encuanto a declarar sin lugar la excepción de falta depersonería en el actor Marco Tulio Malina Valenzuela,aceptó lógicamente que este no tenía representación algunade las otras personas para quienes emitiera pronunciamientoy que en todo caso el actor actuó por si haciendo valer underecho propio. 11) Que para su fallo de condena en favorde 1 as otras personas ajenas al actor, quienes no ejercieronninguna acción en el proceso, el Tribunal de SegundaInstancia tomó en cuenta como lo asienta en el informecircunstanciado, la doctrina científica y aceptada, lo quehizo ante la carencia de norma de derecho positivo quedefina el objeto del contrato denominado plurindividual,deduciéndose que la representación la obtiene o lafundamenta en doctrina científica acogiéndose al llamado·contrato plurindiVidual que no está contenido dentro de lasleyes laborales que rigen en nuestro país y 11 1) Que hubopor parte de la Sala, una equivocaCión, pues tal como loindica el recurrente: "... pues aún aceptando el criterio dela Sala de la llamada relación plurindivjdual y que todos losmiembros del conjunto musical estuvieron ligados con laentidad demandada por una relación de trabajo, ello bajoningún punto de vista significa que Marco Tulio MalinaValenzuela haya actuado PROCESALMENTE enrepresentación del grupo artístico, pues en juicio paracomparecer en representación de otra persona debeacreditarse la representación que se actua desde la primeracomparecencia y esto solo puede hacerse condocumentación debidamente legalizada. Ningún Tribunalpuede suponer tal representación ..." Del estudio de loactuado se concluye en que la Sala recurrida, al dictar lasentencia a que se ha hecho alusión, se extralimitó en lospoderes que le otorgan las leyes, pues aún ni acogiéndose alos principios que informa el dereCho laboral podía 'justificarse que en el presente caso existió unarepresentación que vinculará en su decisión a Miguel AngelVillagrán Galindo, Carlos Humberto Deras Carrillo yArmando Rodr(guez, quienes de acuerdo con lo que sedesprende del proceso e·n ninguna etapa. del mismodelegaron su representación en Marco Tulio MalinaValenzuela; es plausible la idea de que el Tribunal recurridobasado en los principios de derecho laboral a los que serefiere y a la tutelaridad hacia los trabajadores hayarecurrido a la representación del contrato plurindividual;pero debe tenerse también en cuenta que si bien dentro deun plano de derecho objetivo consustancial podría darsepor sentada tal representación, no puede aceptarse queprocesalmente así fuera; es decir que acogió en la sentenciapretensiones laborales extra procesales en relación a léis trespersonas que fueron favorecidas con _t.Jn pronunciamientosin que lo pidieran, sin que hubieran satisfecho losrequisitos de gestión en el_ proceso por medio derepresentante, habiéndose así comprendi


4 GACETA DE TRIBUNALESla forma que lo pide el recurrente; y siendo que no puedeextenderse el amparo en lo que concierne a iu que seresolvió en favor de Marco Tulio Malina Valenzuelaresultando en lo que a él respecta improcedente, no sesatisface a plenitud el requisito para que se condene encostas al tribunal recurrido.L E Y E S A P L 1 C A B L E S:Artículo : 43, 44, 53; 62, 74, 80, 81,82 inciso 1o.),83, 84, 240, 246, 261 de la Constitución de la República; 1inciso 1o.) y 2o.), ?o. inciso 1o.), 14, 16, 18, 23, 31, 33,34, 35, 44, 45, 59, 61, 65, 74, 83 de la Ley de AmparoHábeas Corpus y Constitucionalidad; 321, 322, 323, 324,325, 326,364,372,373 del Código de Trabajo; 27 Párrafo)B), 32, 38 de la Ley del Organismo Judicial.POR TANTO:LA CORTE SUPREMA OE JUSTICIA; CAMARAPENAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO:DECLARA: 1) Con lugar parcialmente el Recurso deAmparo presentado por Jase Herbert Fischer Saravia en sucalidad de Gerente General y representante legal de laSociedad Industria Nacional Hotelera SoCiedad Anónima:---en contra de la Sala Primera de la Corte de Apelaciones detrabajo y Previsión Social y en consecuencia lo resuelto pordicha Cámara a favor de los señores Miguel Angel VillagránGalindo, Carlos Humberto Deras Carrillo y ArmandoRodríguez, no afecta ni obliga al recurrente por las razonesconsideradas; 11) Sin lugar parcialmente en lo referente aldemandante Marco Tulio MOiina Valenzuela, dejandovigentes los efectos jurídicos de la sentencia proferida por laautoridad impugnada, en lo referente a la persona -mencionada quien sí podrá cobrar las prestaciones a quedicha sentencia se refiere en la parte que proporcionalmentele corresponde; 111) No hay especial condena en costasjudiciales,en virtud que fue declarado el req.usoparcialmente con lugar; y IV} Notifíquese y concertificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes a laautoridad recurrida para los efectos consiguientes;compulsándose además certificación para los efectosjurisprudenciales. (fs) C.E. Ovando 8.-·A.E. MazariegosG.-Juan José Rodas. --·J. Feiipé Dardón G. ·--R. RodríguezR. --Ante mf: M. Alvarez Lobos.·AMPARO:Interpuesto por LUIS GONZALEZ BAUER, en sucarácter de representante legal de la Sociedad CompañíaAgrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima.D OCT R 1 N A:La constitución de la República establece que esimprocedente el amparo en los asuntos del orden judicialrespecto a las partes y personas que if!tervienen en ellos.CORTE SUPREMA DE JIJ§TICIA, CAMARAPENAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO:Guatemala, veintiuno de marzo de mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para diCtar sentencia, el recurso deAmparo presentado por LUIS GONZALEZ BAUER, en sucarácter de representante legal de la Sociedad CompañíaAgrfcola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima.De acuerdo a las constancias procesales el recurrente es desesenta años de edad, casado, guatemalteco, industrial, deeste domicilio y vecindario. El recurso lo endereza encontra de los autos y resoluciones que se contienen en elproceso económico-coactivo número quince guión setenta yocho¡ tramitado en el Juzgado Segundo de Primera.InstanCia _:de lo Económico Coactivo del departamento deSuchltepéquez; y del estudio que se hace de todas lasconstancias de autos.A N T E C E D E N T E S:1.- Con Fecha veintinueve de febrero del año en curso,compareció el señor González Bauer con la calidad yaindicada, interponiendo Recurso de Amparo contra delJuzgado Segundo de Primera lnstanéia y de lo EconómicoCoactivo del departamento de Suchitepéquez, indicandoque la Municipalidad de San Antonio Suchitepéquez através del secretario municipal y con el Visto Bueno delalcalde interino, el veintinueve de noviembre de milnovecientos setenta y siete, creó el Título Ejecutivo, quecontiene una liquidación practicada en relación al de azúcarprcxiJcida en el Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y conla cual pretende establecer que tal empresa adeuda enconcepto de arbitrios la suma de CINCUENTA Y CUATROMIL DOSCIENTOS OUETZALES CON DIECINUEVECENTAVOS, más el veinticinco por ciento impuesto pormora en pago a razón de !rece mil ochocientos diecinuevequetzal es con setenta y ocho centavos.11.- Aduce en su memorial el recurrente que lamunicipalidad se basó para la creación del título ejecutivoen el Artículo 83 del Decreto Ley 1126 del Congreso, sinindicar específicamente el inciso. Dentro de sus argumentosmanifiesta que debió servir de base el Acuerdo Gubernativodel diecisiete de diciembre de mil novecientos setenta y seis,por medio del cual se autoriza a la municipalidad paracobrar los siguientes arbitrios, .... Por cada quintal deazúcar qúe -se produzca en el municipio y se extraiga de lajurisdicción, diez centavos de quetzal.111.- Sigue manifestando el recurrente que surepresentada se ha opuesto por no considerarse parte,excepcionando su falta de capacidad legal. Prosigueindicando que dichos arbitrios le corresponde cobrarlos a laMunicipalidad de San Antonio Suchitepéquez, peropagados, no a quien los produce por no existir arbitriosobre producción sino a quien los extraiga, al hechojur(dico consistente en un Título Ejecutivo creado porproducción de azúcar al que su representada se opuso, porno considerarse parte en el proceso, ya que el arbitrio seestablece sobre la extracción de la jurisdicción, y terminadiciendo que siendo su representada productora y nonecesariamente el extractor no podía ser objeto de arbitriomunicípal.IV.- El recurrente expone que ·su representada seopuso a la demanda por no considerarse parte en el procesopor las repercusiones graves que conlleva la misma encuanto a las medidas precautorias y para proteger losintereses de los socios por tratarse de una sociedadanónima.V.- "En Primera Instancia, mi repr-esentada interpusotodos los recursos que tuvo a su alcance, interponiendoprimeramente excepciones de previo y especialpronunciamiento, las que oportunamente fueron declaradaSsin lugar y así fueron confirmadas por el 1-tonorat5leTribunal de Segunda Instancia de Cuentas. Con festinazprotesta, mi Representada lamentó las decisiones judiciales,por violar abiertamente el debido proceso, y s-emanifestaban en contrario imperio el Acuerdo Gubernativoque creó el arbitrio municipal.- Posteriormente, al entrarse aconocer las excepciones para resolver en sentencia, mirepresentada se opuso a la ejecución, POR NOCONSIDERARSE PARTE EN LA MISMA, y el títuloejecutivo no ser suficiente. Utilizando todos los recursos,apeló. a la sentencia, la que fue confirmada por elHonorable Tribunal de Segunda Instancia de Cuentas.Actitud, también, que lamenta mi representada por


GACETA DE TRIBUNALES 5considerar que dichas sentencias violan los principiosconstitucionales que protegen el debido proceso yencuentran violando claramente el Acuerdo Gubernativoque creó tal arbitrio. ·Como consecuencia de la situación jurídica queemanan de las sentencias firmes, el Tribunal, JuzgadoSegundo de Primera Instancia y de lo Económico Coactivodel Departamento de Suchitepéquez, señaló el día SEIS DEFEBRERO DEL AÑO EN CURSO, para el remate de losbienes de mi representada, a fin de obtener con suproducto, el pago a favor de la Municipalidad de SanAntonio Suchitepéquez, por el monto reclamado, las costasprocesales y los intereses legales. Dicho remate se efectuócon las formalidades jurídicas y se hizo presente rematanteque depositara el diez por ciento del monto del reclamo yque pidiera al haber sido el único postor, que se leadjudicaran los bienes como consecuencia de hacer la mejorpostura. Esta situación, Honorable Tribunal Extraordinariode Amparo, coloca a mi representada ante la arbitrariedaddel proceso, y ante la INEXISTENCIA DE RECURSOALG!JNO DE EFECTO SUSPENSIVO y estandoprácticamente agotada la vía JUDICIAL la coloca, repito enla inminencia de un daño irreparable como consecuencia deun ilegal, injustificado y festinado proceso. Tal acto judiciallesiona los derechos y garantías que la Constitución de laRepública y las leyes a que me referiré otorgan a miRepresentada; por lo cual, me veo en la necesidad depresentar y plantear este RECURSO EXTRAORDINARIODE AMPARO".VI.- Después de agotadas las diligencias legales, elJuzgado Segundo de Primera Instancia y de lo EconómicoCoactivo de Suchitepéquez, fijó la audiencia del cuatro dejulio de mil novecientos setenta y nueve para el remate délas propiedades embargadas, el cual se efectuó en la fechafijada y por no existir otro postor, las propiedades enremate fueron adjudicadas al Ingeniero Juan de DiosAguilar por el valor de la cantidad demandada, másintereses y costas judiciales. Ante esta situación elrepresentante ~.legal de la Compañía presentó recurso denulidad por rio haberse resuelto previamente la reduccióndel emqargo. de acuerdo con el Artfculo 310 del DecretoLey 107, el cual fue declarado con lugar en resotución delmismo tribunal de fecha nueve de noviembre del añopróximo pasado, la cual deja sin efecto las diligenciasverificadas el cuatro de julio de ese año, situación en que seencuentran las actuaciones a la fecha.VIl.- El veintiséis de febrero del año en curso, seaceptó por su trámite el correspondiente recurso deAmparo interpuesto, solicitándose los antecedentes o en sudefecto informe circunstanciado al Juzgado Segundo dePrimera Instancia y ·de lo Económico Coactivo deSuchitepéquez, dentro del perentorio término de cuarenta yocho horas, más el de la distancia que se fijó en dos días.Los antecedentes y el informe respectivo fueron enviadosdentro del término correspondiente. por lo que esta Cámaraconstituida en Tiibunal de Amparo, dió vista al recurrente,a la Municipalidad de San Antonio SuchitepéqueZ y alMinisterio Público, revocando el Amparo Provisionaldecretado en vista que. el recurrente no cumplió con lo quepara el efecto determina el Artfculo 28 del Decreto número8 de la Asamblea Nacional Constituyente y se le relevó deprueba, teniéndose como interesado el juzgador que motivóel recurso para que si lo consideraba procedente manifiestelo pertinente.VIII.- Finalmente el recurrente presentó un memorial,en el que con argumentos iurfdicos formuló las peticionesque estimó convenientes. En dicho memorial solicitó que sedictara dentro del recurso de auto para mejor proveer,solicitud que este Tribunal de Amparo declaróimprocedente por no contemplarlo la ley de la materia;C O N S 1 D E R A N D O:La Constitución de la República establece que esimprocedente el amparo en los asuntos del orden judicialrespecto a las partes y personas que intervienen en -ellos. Enel caso de estudio, según se desprende de los antecedentes,Sociedad Compañía Agrícola Industrial Ingenió PaloGordo, Sociedad Anónima ha sido parte en el juicioejecutivo número quince guión setenta y ocho seguido en sucontra por la municipalidad de San Antonio Suchitepéquez,motivo por el que el interpuesto es improcedente y así debedeclararse, mayormente si se toma en cuenta que en dichoproceso el recurrente como él mismo lo afirma en elmemorial de impugnación, ha tenido a su alcance todos losmedios legales de defensa.LE Y E S A P Ll CABLE S:Las citadas y los Artículos: 27, 32, 38 inciso 14, 157,158, 159, 168, 169 del Decreto Legislativo 1762; lo., 7o.inciso 2o., 14, 19, 20, 21, 22, 24, 31, 35, 44,59 inciso lo.,61, 66, 71, 72, 73, 74 y 115 del Decreto número 8 de laAsamblea Constituyente; 80, 81, 83, 240, 246 de laConstitución de la República.POR TAN T 0:La Corte Suprema de Justicia, Cámara PenalConstituida en,¡. Tribunal de Amparo, DECLARA: a)notoriamente improcedente el recurso de Amparopresentado por el señor LUIS GONZALEZ BAUER, en sucarácter de representante legal de la Sociedad CompañíaAgrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad A~nim·a,contra los autos y resoluciones que se contienen -e¡,-· elproceso Económico Coactivo número quince guión setentay ocho, tramitado en el e Juzgado Segundo de PrimeraInstancia y de lo Económico Coactivo del departamento deSuchitepéquez; b) impone al Abogado Director una multade veinticincq quetzales que hará efectiva dentro de los ,cinco días- después de la notificación en la Tesorería deFondos Judiciales y en caso de insolvencia se convertirá enprisión personal a razón de un quetzal diario; e) se condenaen costas al recurrente y a la reposición del papel suplidoque procediere el sello de ley; d)devuélvanse losantecedentes a las autoridades recurridas; y e)oportunamente compulsese certificación para los efectosjurisprudenciales. Notifíquese. (Fs.) c .. E. OVANDO B.····JUAN JOSE RODAS. --J. FELIPE DARDON G.--JULIO GARCIA C. ···R. RODRIGUEZ R. ···Ante mí: M.ALVAREZ LOBOS.·AMPARO:Recurso de amparo interpuesto por Héctor AugustoMazariegos Mejía en su calidad de Gerente de la Sociedad"Autopullmans Galgos, Sociedad Anónima" en contra delJuez de Primera Instancia de Alta Verapaz.DOCTRINA:Es improcedente el amparo en asuntos del ordenjudicial, respecto a los interesados que puedan hacer valeracciones o recursos procesales.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO:Guatemala, veinticuatro de abril de mil novecientosochenta.En apelación y con sus antecedentes, se tiene a la


6 GACETA DE TR!Bl:\ALESvista para resolver, el juicio de amparo iniciado en virtud derecurso de la misma naturaleza planteado por HECTORAUGUSTO MAZARIEGOS MEJIA en su calidad deGerente de la Sociedad "AUTOPULLMAS GALGOS.SOCIEOAO ANONIMA", en contra del JUEZ OEPRIMERA INSTANCIA OE ALTA VERAPAZ. Oeconformidad con ias constancias de autos, el recurrente esde los siguientes datos de identificación- personal: deveintinueve años áe edad, casado, guatemalteco, mecánico,con domicilio en el departemento de Guatemala, actuó bajola dirección ..¡ procuración del Abogado Lionel EnriqueRíos Martínez; y del estudio que se hace de las actuaciones,ElRE S U L T A:catorce de enero de mil novecientos ochenta,comparecro la persona anteriormente mencionada,interponiendo recurso de amparo ante la Sala Cuarta de laCorte de Apelaciones, contra el funcionario ya indicado,manifestando que el representante legal de la empresa"Universal Motors Sociedad Anónima", sigue un- juicioejecutivo común ante el Juzgado de Primera Instancia deAlta Ver-apaz, contra la Empresa de Transportes Urbanosdenominada "El Candor, Sociedad Anónima'' y contra losseñores Luis Alberto Herrera Tobar v Roberto MazariegosBataglia en lo personal; el que aparece registrado en laSecretaría dei tribunal, con el número cuarenta setenta vocho, oficial del ramo civil. Indica además el recurrente,que en dicho juicio la parte actora por medio de escrito defecha cuatro de diciembre de mil novecientos setenta ynueve, solicitó que en vista de encontrarse embargados losbienes que enumeró e individualizó en el citado memorial,solicitaba el secuestro de los mismos~ según el presentado,con violación a lo dispuesto eh el artículo SEISCIENTOSSESENTA Y UNO del Código de Comercio, pues la ordende embargo contra e! titular de una empresa mercantil, sólopodrá recaer sobre ésta, en conjunto o en uno o varios desus establecimientos, por lo que estima que el secuestrosobre bienes de la empresa decretado por el Juez recurridode acuerdo a su criterio, es "a todas luces ilegal". Siguemanifestando el presentado, que dentro de-los vehículosque fueron secuestrados a petición de la parte actora, seencuentran varios que son propiedad a la empresa mercantilque representa, que fueron secuestrados por orden del J!Jezde Primera Instancia de Alta Verapaz el veintisiete dediciembre del año pasado; y presentó la documentación queacredita la propiedad de los vehículos a favor de la empresarepresentada por el recurrente; finalizando su exposición enlo que a hechos Se refiere en el sentido que dicho secuestrofué ordenado por la autoridad recurrida el día trece dedicieinbre y que se notificó un día antes de que lostribunales del orden civil salieran a vacaciones, lo que no lepermitió gestionar en dicho tribunal, y lo que considera unatentado al derecho de propiedad garantizado por laConstitución de la República; y que ante esa situación y envista de los graves daños y perjuicios que la resolución delJuez le estaba ocasionando, tuvo que acudir a la vía delamparo, por no tener como -ya se indicó, la posibilidad degestionar ante el Juez recurrido.RE S U L T A:Oue en la misma fecha en que fué presentado elrecurso de amparo que hoy se estudia, la Sala Cuarta de laCorte de Apelaciones constituída en Tribunal de Amparo,-admitió para su trámite el recurso mencionado, mandó apedir los antecedentes a la autoridad recurrida tal como lodispone la ley de la materia; y no concedió el amparoprovisional que le fué solicitado; ante- esa situación elrecurrente presentó recurso de apelación contra 1a part~ dela resolución que :e denegó el amparo provisional; y alconocer de la misma este Tribunal Supremo también revocópar::ialmente la resolución de primer grado, y porconsiJerarlo procedente, de acuerdo a la situación y lasconstancias de autos, otorgó el amparo provisional que lefué solicitado, dejando sin ningún efecto jurídico elsecuestro de los vehículos propiedad de la empresarepresentada por el recurrente.RE S U L T A:El dieciseis de enero del corriente año fue cursado elexpediente por "razón de JUrisdicción" a la Sala Primera dela Corte d~ Apelaciones; el veinticinco de enerosubsiguiente la Sala Primera de ia Corte de Apelacionesordenó que de los antecedentes se diera vista al recurrente,al Ministerio Público, al Licenciado Carlos Enrique JiménezGutiérrez en su calidad de representante legal de "UniversalMotors Sociedad Anónima"; así como a Luis ArturoHerrera Tobar y a Roberto Maz3riegos Bataglia y a laEmpresa "El Candor Sociedad Anónima". El treinta deenero por no considerar necesaria la apertura a prueba deljuicio de amparo que motivó la interposición del recurso deapelación que hoy se estudia, la Sala Primera de la Corte deApelaciones reveló de la misma procediendo a dictar lasentencia de primer grado. Habiéndose recibido en estaCámara Constituida en Tribunal de Amparo losantecedentes del proceso, todo lo actuado y la sentenciaimpugnada, se señaló día y hora para la vista; y únicamenteevacuó la correspondiente audiencia, el recurrente, quien enconcreto ~solicitó que la sentencia fuera revocada. Deconsiguiente, es el caso de hacer las consideracionesjurídicas, que han de servir para orientar la decisión en elpresente fallo; y,C O N S 1 O E R A N O 0:De conformidad con la doctrina del artículoCINCUENTA Y CUATRO del Oecreto número OCHO de laAsamblea Nacional Constituyente: "En la apelación sepodrá confirmar, modificar o revocar lo _resuelto portribunal de amparo". En el presente caso, el recurrentedenuncia como BASE FACTICA OE SU RECURSO que elJuez de Primera Instancia de Alta Verapazindiscutiblemente cometió abuso de poder y notoriailegalidad, pues además de embargar bienes que deconformidad con las leyes vigentes aplicables al caso, no esprocedente embargar unidades o vehículo de una empresamercantil individualmente, tampoco permite la ley que seembarguen y secuestren bienes, que obviamente pertenecena un~ empresa distinta de la demandada; es decir, que laempresa mercantil representada por el recurrente, no es lademandada en el juicio que motivó las actuaciones de laautoridad recurrida, por lo que se está atropellando elderecho conrtitucional de propiedad; como BASEJURIDICA el presentado manifestó al Tribunal de Amparo,que por haber sido decretada la ilegal medida del secuestrode vehícuhos de la empresa por él representada,necesariamente tuvo que acudir a la vía del ai-nparo, puesninguna gestión podía hacer en el Juzgado de Alta Verapaz,pues el mismo se encontraba cerrado por razón devacaciones.- mientras se consumaba el secuestro judicial delos vehículos ordenado por la autoridad recurrida; a criteriodel recurrente el Juez contra el cual interpuso amparo,infringió entre otras leyes el artículo SEISCIENTOSSESENTA Y UNO del Código de Comercio y fundamentójurídicamente su acción en los que estimó procedentes yaplicables del Decreto número OCHO de la AsambleaNacional Constituyente y en el CINCUENTA Y NUEVE,CINCUENTA Y SIETE,OCHENTA, OCHENTA Y OOS Y


GACETA DE TRIBll\ALES 7OCHENTA Y TRES de la Constitución de la Repúblicaentre otros; y al adecuar los hechos al derecho invocadohace un planteamiento concreto y categórico, en el sentidc.de. ~ue el recurso de amparo es legalmente procedente,~ollc1tando que se revoque la sentencia de la Sala Primera dela Corte de Apelaciones constituída en Tribunal deAmparo. El fundamento jurídico de la sentencia impugnadase puede resumir en lo siguiente; a) que el presentado aldecir que el Juez obró con abuso de poder y sin tenerfacultades para dictar la resolución que ordenó el embargoy secuestro de los vehículos propiedad de la empresarecurrente, no siendo además el tribunal competente paraconocer del asunto; está agregando "nuevos supuestos deprocedencia" al artículo OCHENTA de la Constitución dela República, lo que es contrario a las doctrinas de losartículos SETENTA Y SIETE Y DOSCIENTOSCUARENTA Y SEIS de la misma Constitución; b) que lasituación anterior hace que el recurso de amparo planteadono sea jurídicam.ente viable, por lo que el mismo debe serdeclarado sin lugar. Al respecto este Tribunal al conocer enapelación y realizar el análisis integral de todas lasactuaciones que constituyen el juicio de amparo que hoy seestudia en esta instancia privativa considera: 1) la situaciónfáctica que se produjo cuando el Juez recurrido ordenó elsecuestro de los vehículos, un día antes de que dichotrib\Jnal disfrutara de las vacaciones anuales, efectivamentecolocó al recurrente en una clara situación deINDEFENSION PROCESAL, porque al estar cerrando eltribunal, ten fa IMPOSIBILIDAD FISICA, de accionarprocesalmente en dicho tribunal, que era el que tenía elconocimiento del asunto; pero en la fecha que está dictandoeste fallo de segundo grado, las vaCaciones de dichotribunal, ya concluyeron, por lo que el recurrente desde elmomento en que las mismas terminaron, ha tenido laposibilidad jurídica, de hacer valer tercerías, incidentes,recursos y cualquier otra clase de defensas o impugnacionesprocesales; 11) si en su oportunidad este Tribunal privativootorgó el amparo provisional, fue precisamente por lasituación fáctica anteriormente descrita; y 111) siendo quede conformidad con la doctrina más generalmente aceptada,el recurso de amparo es un juicio destinado a impugnar losactos de autoridad violatorios de las garantías individuales ysociales contenidas en la Constitución de la .República yleyes complementarias; también debe tomarse en cuentaque nuestro ordenamiento jurídico acepta como valedera latesis que se trata de un medio exepcional de defensa de losderechos derivados de dichas garantías o de otrasdispociones legales que también otorgan derechos; y que lonormal común y corriente, es que cuando se trate deasuntos del orden judicial, se ha-ga uso de los recursosprocesales aplicables a la realidad jurídica del caso concretoque se juzga y el artículo OCHENTA Y UNO de laConstitución de la República en su inciso primero dice: "esimprocedente el amparo en asuntos del orden judicialrespecto de las partes y personas que intervienen en ellos";lo anterior se ve complementado por la doctrina delartfculo SESENTA Y UNO del Decreto número OCHO dela Asamblea Nacional Constituyente que dice que no podrárecurrirse en amparo en los asuntos del orden judicial. ..que tuvieren establecidos en la ley, procedimientos orecursos, por cuyo medio puedan ventilarse adecuadamentede conformidad con el principio jurídico del debidoproceso. Las consideraciones anteriores hacen que esteTribunal no tenga la posibilidad jurídica de r'evocar el fallovenido en apelación, sino por el contrario debe confirmarlo,pero por las- razones que indica y no por las esgrimidas porel tribunal de primer grado; en tal concepto, debe preferirseel fallo que en derecho corresponde.L E Y E S A P L 1 CA B L E S:Artículos 32, 38 inciso 14, 157, 159, 160, 163, 168,169 del Decreto Legislativo 1762; 44, 45, 49, 51, 61, 66,547, 548, 552 del Decreto Ley 107; 53, 59, 69, 81, 82, 83,240, Y 246 de la Constitución de la República, 7 inciso 2o.17, 24, 29, 31, 33, 34, 35, 48, 49, 51, 52, 53, 54,59 inciso1o., 61, 71, 73, 74 del Decreto número 8 de la AsambleaNacional Constituyente.POR TANTO:. La, Corte Suprema de J'usticia, Cámara Penalcons~ltUida en Tribunal de Amparo, con base en loconSiderado y leyes citadas, al resolver DECLARA: a) SINLUGAR el recurso de apelación planteado por HéctorAugusto , Mazariegos Mejía impugnando la sentenciaprote:id~ por la Sala Primera de la Corte de Apelacionesconst1tu1da en Tribunal de Amparo el dieciocho de febrerode mil novecientos ochenta; y en consecuencia CONFIRMAla sentenc1a venida en grado en todas sus partes y deja sinefecto el amparo provisional decretado; b) manda que conce~tificación de lo resuelto vuelvan los antecedentes altribunal de origen, debiendo además, compulsarsecer!i!icación para los efectos jurisprudenciales.Not1flquese.- C. E. Ovando B. ···A. E. Mazariegos G. -··JuanJosé Rodas. ··-Herib. Robles A .... Rol. T arres Moss. ···Antemf: M. Alvarez Lobos.·AMPARO:, Interpuesto por Guillermina Pineda Estrada Viuda dePerez, contra el Juez Séptimo de Primera Instancia delRamo Civil de este Departamento.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO:Guatemala. veintitres de mayo de mil novecientos ochentaSe tiene a la vista para resolver en apelación el recurs~de Amparo interpuesto ante este Tribunal porGUILLERMA PINEDA ESTRADA VIUDA DE PEREZen contra del Juez Séptimo de Primera Instancia del Ram~Civil de este departamento." Ai~!TECEDENTES: Manifiestan los recurrentes, que:1) El d1a s1ete del presente año y mes, a las nueve horascon cincuenta y siete minutos, el primero de Joscomp_are~i;ntes·solicitó al Registro General de la PropiedadcertlfJcacJon de la primera y última inscripción de dominiode la Finca Urbana número TREINTA Y NUEVE MILCIENTO SETENTA Y UNO (39171), folio DOSCIENTOSCUARENTA Y CUATRO (244), del libro SEISCIENTOSTREINTA Y SEIS (636), de Guatemala, la cual me fuéentregada el día de ayer en horas de la mañana. Y delcontenido rle dicha certificación con sorpresa nosenteramos que la señora GUILLERMA PINEDAESTRADA VIUDA DE PEREZ, es dueña de esta finca porhabérsela adjudicado el Licenciado Samuel Daniel Sandovalde León, en su carácter de Juez Séptimo de PrimeraInstancia de lo Civil de este departamento; que la ventatuvo _lugar en virtud de remate público por la cantidad deVeinticinco mil quetzales de conformidad con acta de fechaveintisiete de agosto de mil novecientos setenta y nueve yen rebeldfa de GUILLERMO CHACON CONSTANZA yAURA LILIA GIRON PELAEZ DE CHACON escrituraautorizada en esta_ciudad el. doce de -dic1embre del añopasado por el Notario Carlos Humberto Figueroa Aguja.- 11)Como consecuencia de lo anterior recurrimos a los serviciosprofesionales del Abogado Auxiliante, quién averiguó queen el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil


8 GACETA DE TRIBLNALESindicado anteriormente, la señora GUI LLERMA PINEDAESTRADA VIUDA DE PEREZ presentó demanda ejecutivaen la Vía de Apremio en contra nuestra, de fecha nueve dejulio del año próximo pasado, inventariado en el librorespectivo con el número DIEZ MIL DOSCIENTOSCUARENTA Y SIETE (10247), a cargo del NotificadorTercero, demandándonos !a suma de Veinticinco milquetzales, intereses y costas.- 111) Habiéndole solicitado alrespectivo Notificador poner a la vista el referido proceso,también se constató que a la demanda mencionada se le diótrámite por resolución de fecha ONCE DE JULIO DE MILNOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE, se nos confiereaudiencia por tres días y se señaló el LUNES VEINTISIETEDE AGOSTO del año pasc'io a ias diez horas, para la ventaen pública subasta d~ inmueble hipotecado, así se inició elreferido proceso.- IV} Del propio memorial de demanda seestableció awda..ac.tora solicitó fueramos notificados ennuestra Rt::::iiOt::NL:IA SitUada supuestamente en laQUINTA CALLE "B" Número SIETE GUIONCUARENTA Y CUATRO de la ZONA TRECE de estaCiudad (5a. Calle "B" 7-44, de la Zona 13) Lotificación"LA AURORA".- VI El título qúe sirve de base a lareferida ejecución lo constituye el testimonio de laEscritura Pública número veinte, de fecha quince dediciembre de. mjl novecientos setenta y siete, que autorizóel Notario Julio Armando Martini Herrera, en la cual seestipuló en la claúsula SEGUNDA que en garantía delcumplimiento de !as obligaciones contraídas en el contratoconstituimos primera, única y especial hipoteca sobre lasfincas Urbanas números treinta y seis mil trescientoscincuentidos, folio ciento ochenta y nueve; del libroseiscientos veintitrés de Guatemala, v ta número: TREINTAY NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y UNO (39171); folioDOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO (244). del libroSEISCIENTOS TREINTA Y SEIS (636) de Guatemala, yque consiste en inmuebles ubicados en la QUINCE CALLE"B" NUMERO SIETE GUION CUARENTA Y TRES DELA ZONA TRECE también de esta ciudad. VI) En elmismo contrato consta en la cláusula QUINTA que noscomprometimos expresamente: "que en. caso de ejecuci!)nrenunciamos al fuero de nuestro domicilio y nos sometimosa los Tribunal·es que elija la acreedora, señalando pararecibir notificaciones la DIRECCION DE CUALESQUIERADE LOS INMUEBLES DADOS EN GARANTIA:obligándolos a comunicar por escrito cualquier cambio delas mismas, en el entendido de que a la falta de tal aviso, setendrá por válidas y bien hechas legalmente lasnotificaciones, citaciones y emplazamientos que se noshagan en los lugares indicados, cualesquiera de ellos"VIl) Ahor bien, se constató en el propio proceso quela primera notificación que se nos hizo por parte delTribunal, fué hecha en la dirección proporcionada por laejecutante en su memorial de demanda, o sea la QUINTACALLE "B" SIETE GUION CUARENTA Y CUATRO DELA ZONA TRECE de esta ciudad, no sólo lugarcompletamente distinto del que nosotros señalamos en elcontrato referido, sino que tal dirección NO EXISTE en lanomenclatura de la ciudad, como pedimos fuera C-onstatadoen acta Notarial que adjuntamos, y que fácilmente se podráestablecer por medio de un reconocimiento Judicial en tallugar.- VIII) Como consecuencia de lo anterior ignoramos laexistEmcia del referido proceso, así como de las diferentesetapas procesales que ha tenido -el mismo; porque de lalectura del proceso se establece que se verificó el REMATEde la segunda de las fincas referidas, porque la primera yahabía sido liberada; se ha otorgado la correspondienteescritura traslativa de dominio; se aprobó el proyecto deliquidación, siendo la última resolución dictada por elTribunal, de fecha veintitrés de enero pasado en la que senos fija el término de diez días para que demos la posesióndel inmueble rematado al adjudicatario o rematante, bajoapercibimiento de ordenar el lanzamiento a nuestra costa ensu defecto, ya que ia primera resolución se nos hizo _en ellugar que indicó la actora, las demás fueron hechas por losestrados del tribunal.- IX} Efectivamente nosotroscelebramos con la señora GUILLERMA PINEDAESTRADA VIUDA DE PEREZ, un contrato de MUTUOCON GARANTIA HIPOTECARIA, del cual hicimos unpago para liberar uno de los inmuebles dados en garantía yhabíamos estado en plá~cas para cancerlar la deuda, porquealgunas personas nos habían ofrecido facilitarnos el dineroy esas gestiones se encontraba realizando el primero de lospresentados, para lo cual solicitó la certificación de la fincahipotecada al Registro y copia simple del contrato aludido,pues esperabamos efectuar una segunda hipoteca y cancelarla primera; pero se nos ha vedado . el derecho dedefendernos. ··X) Como se establece de las propiasactuaciones y dijimos antes solo la primera resolución senos hizo saber supuestamente en !a dirección proporcionadapor la ejecutante, la cual no existe, y las demás se hicieronpor los estrados del tribunal, por lo cual lógica y legalmenteno hemos quedado vinculados al proceso, toda vez que lasresoluciones deben hacerse saber a las partes en forma legaly sin ello no queda obligadas ni se les puede afectar en susderechos, máxime- que la primera resolución se nos debióhacer en forma personal, con todos los requisitos, ennuestra residencia situada en la quince calle "B" númerosiete guión cuarenta y cuatro de la zona trece de estaciudad, lugar donde tenemos más de diez años de residir yque señalamos en el contrato para responder de talobligación, llenando al efecto todas y cada una de lasexigencias contenidas en los artículos 66, 67 y 71 delCódigo Procesal Civil y Mercantil, que prescriben comodeben hacerse éstas, siendo nulas las notificaciones que sehicieren en forma distinta a la prevenida en el capítulotercero, título del Libro Primero del indicado Código; esdecir, que el procedimiento debió ventilarse adecuadamentede conformidad con el principio del DEBIDO PROCESO.XI) En el contrato que sirve de base a la ejecución instadaen contra nuestra, claramente se encuentra estipuladas lasobligaciones -contraídas; de suerte que sólo se puederenunciar a los derechos otorgados por la Ley, siempre quetal renuncia' no sea contraria al interés social, al órdenpúblico o perjudicial a tercero, ni esté prohibido por otrasleyes; pero resulta que las leyes procesales son de ordenpúblico, y como tales irrenunciadles; decimos ello porque alindicar y aceptar un lugar distinto de la propia residenciapara recibir notificaciones, como se hizo, en la escrituradoscientos veinte, implica una renuncia al derecho de sernotificado- en la forma prescrita por la ley; y esta


GACETA DE TRIBUNALES 9donde real y efectivamente hemos residido. El Artículo 66del Decreto Ley 107 ordena que "toda resolución debehacerse saber a las partes EN LA FORMA LEGAL y sin ellono quedan obligadas ni les puede afectar en sus derechos.-·~mandato que es conciencia del principio sustentado porla Constitución de la República en el artículo 53, el cualestimamos violado y que brinda la máxima protección enmateria de amparo. Estimamos que debió respetarse lascláusulas del contrato de mutuo celebrado con lademandante, porque de conformidad con la Ley. cuandolos términos o conceptos de un contrato son claros y no dalugar a dudas sobre !a intención de las partes, se estará alsentido literal de sus cláusulas.11) La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, constituidaen Tribunal de Amparo: admitió para su trámite 111apelación presentada, habiendo fijado el día diez de loscorrientes para la vista respectiva. Las partes en sendosalegatos manifestaron sus diferentes puntos de vistadependiendo cada uno de ellos sus respectivos intereses.C O N S 1 D E R A N D 0:Para que los derechos que la Constitución de laRepública reconoce a sus habitantes no sean simplesenunciaciones carentes de valor positivo en su defensa ycuando son conculcados se precisa de instrumentostécnico-jurídicos que hagan posible su ejercicio y respeto,contándose dentro de éstos y en forma muy especial elrecurso de ampllro que requiere para su viabilidad elagotamiento de toda posibilidad de reparación en la víaadministrativa o judicial. En el caso de estudio losrecurrentes manifiestan que hubo vulneración y violacióndel artículo 53 de la Constitución de la República, pues lefué vedado el derecho de defensa en el proceso ejecutivoque en la vía de apremio que les fuera promovido por laseñora Guillerma Pineda Estrada viuda de Pérez, cuyasubstanciación y definición ha quedado explicada en losantecedentes de este fallo; y, haciendo el estudiocorrespondiente del expediente se concluye en que al nohaberles notificado la ejecución en el lugar expresamenteseñalado por ellos, en el contrato de mutuo con garantíahipotecaria que ~sustenta tal ejecución, puesto que se lesnotificó en lugar inexistente, resulta a todas lucesmanifiesto que se les colocó en estado de indefensión, puesno quedaron vinculados al proceso en la forma que lo indicala ley y por lo mismo si se violó entre otros_el preceptoconstitucional que indican, lo que hace que este Tribunal deAmparo se incline por confirmar la sentencia que se ve enapelacion pues es manifiesta la procedencia del amparo porellos interpuestos; por otra parte, desprendiéndose delexpediente la posibilidad de una actuación delictiva por elasentamiento de la notificación que se hizo en lugarinexistente, debe adicionarse el fallo en e~ sentido decertificar lo conducente a efecto de esclarecer tal situación.L E Y E S A P L 1 C A B L E S:Las citadas y los Artículos: 77, 82, 83, 246 de laConstitución de la República; 22, 23, 24, 31, 33, 34, 35,45, 58, 59, 61, 65, 67, 68 y 74 de la Ley de Amparo,Habeas Corpus y Constitucionalidad; 66, 67, 71, y 77 delCódigo Procesal Penal;32,34,inciso2o.157, 158y 159dela Ley del Organismo Judicial, 418 del Código Penal, 318,331, 333,354 del Código Procesal Penal.POR TANTO:LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL, CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO, alresolver confirma la sentencia venida en apelación, con laadición de que debe certificarse lo conducente respecto alhecho mencionado, y que debe compulsarse copiacertificada del fallo, para los efectos jurisprudenciales.Notifíquese y con certificación de lo resuelto, devuelvánselos antecedentes al lugar de su origen. (fs) Lic. Carlos EnriqueOvando Baril!as Apolo Eduardo Mazariegos Gonzáles.--·Lic. Juan José Rodas -··Lic. José Felipe Dardón G.R. Rodríguez R.Ante Mi: M. Alvarez LobosAMPARO:Interpuesto por Julia Palmira Tobar Escobar contra laSala Segunda de la Corte de Apelaciones.DOCTRINA:Es improcedente el Amparo, en los asuntos del ordenjudicial reSpecto a las partes y personas que intervienen enellos.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO:Guatemala, veintiseis de mayo de mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver, el recurso de amparointerpuesto por JULIA PALMIRA TOBAR ESCOBAR,contra la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, quesegún su petitorio dictó la sentencia de fecha nueve de juniode mil novecientos setenta y nueve. La recurrente es decuarenta y nueve años; soltera, ama del hogar, guatemaltecade este domicilio.A N T E C E D E N T E S:De conformidad con lo expresado por la recurrente,la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones, dictó sentenciade Segunda Instancia en el juicio ordinario planteado pormí ante el Juzgado Sexto de Primera Instancia de lo Civil,que se identifica con el número 16965, Notificador-3o., yen el que las pretensiones procesales, se plantean -en lademanda y ampliación de la misma- la ilegalidad deltestamento de mi asesinado hermano, Federico T abarDurán, contenido en la Escritura pública NUMERO (75)setenta y cinco de fecha diecinueve de agosto de milnovecientos cincuenta y cuatro, y el que se designaheredero universal a la persona de Elfego CastellanosTobar".Al leer los autos encontramos que medianteresolución de veintinueve de junio de mi.! novecientossetenta y nueve, la Sala citada, en apelación examina lasentencia "de fecha diecinueve de marzo de mil novecientossetenta y cinco, dictada por el Juez Sexto de PrimeraInstancia del Ramo Civil departamental, en el juicioORDINARIO, seguido por JULIA PALMIRA TOBARESCOBAR, contra de ALBERTO VILLATORO GARCIA,CIRIACO BONILLA MORENO, ALICIA MONTUFARPINTO VIUDA DE CASTELLANOS, HADA CRISTINADEL SAGRARIO, VILMA MARITZA, ELFEGOBERNARDO -de apellidos- CASTELLANOSMONTUFAR, PRANNA LIDICE CASTELLANOSMONTUFAR DE ROSALES, ALMA NUBlA ELENACASTELLANOS MONTUFAR DE NEG y ALICIA EGIDAILEA CASTELLANOS MONTUFAR DE GARCIA; por lacual declara: 1) CON LUGAR la demanda ordinaria desimulación planteada por Julia Palmira Tobar Escobarcontra Alberto ViUatoro García, Ciriaco Bonilla Moreno yAlicia Montufar Pinto viuda de Castellanos; 11) SIMULADOABSOLUTAMENTE el testamento otorgado por FedericoT abar Durán en escritura número setenta y cinco, delprotocolo del notario Carlos Klussmann Benecke, de fechadiecmueve de agosto de mil novecientos cincuenticuatro; enconsecuencia: a) dicho testamento no produce ningún


10 GACETA DE TRIBUNALESefecto jurídico; "etc. realiza sus consideraciones legales yconcluye con que "REVOCA la sentencia apelada yresolviendo derechamente, DECLARA: 1) SIN LUGAR lademanda de mérito; y 11) Oue no hay especial condena encostas". Julia Palmira Tobar Escobar, por medio dememorial que tiene fecha siete de marzo del año en curso,recurre de amparo en contra de la Sala Segunda de la Cortede Apelaciones que dictó seniencia de Segunda Instancia enel juicio ordinario planteado por ella ante el Juzgado Sextode Primera Instancia cie lo Civil, que se identifica con elnúmero 16965, notificador 130 no consigna la fecha de lasentencia que contiene la base de su recurso, pues la únicacita que hace es en la petición, pero lo haceequivocadamente, ya que indica "con fecha nueve de junio"de mil novecientos setenta y nueve. Entre otras cosas, larecurrente expfesa: "la sentencia en mención, contiene unanotoria ilegalidad puesto que: teniendo que resolver, sobrelas dos acciones de simulación y de nulidad absoluta -y deoficio, en cuanto a la nulidad- por habérsela expuesto, loque hiciera el tribunal dentro de sus facultades" prosiguemanitestando "no me era dado poder interponer recurso deamparo, puesto que antes debería agotar íos procedimientosrecursos por cuyo ·medio pueda ventilarse adecuadamentede conformidad con el principio jurídico del debidoproceso como así lo establece el Artículo 61 de la Ley deAmparo y de Hábeas Corpus; y precisamente, porque lasentencia de segunda instancia, contenía las más manifiestasilegalidades, consistentes en violaciones de ley, porinaplicación de la misma, interpuse Recurso Extraordinariode Casación de Fondo en contra de la misma: Pero, porrazones de técnisismo, dicho recurso fue rechazado", Oue lasentencia que origina este recurso incurre en notoriailegalidad por los motivos siguientes: a) Porque teniendoobligación legal de pronunciarse con la debida separaciónsobre los dos puntos litigiosos sometidos a su conocimiento,lo hizo únicamente con relación a uno de ellos. b) porquesiendo dos pretensiones distintas las planteadas asienta quela simulación no cabe en los negocios jurídicos unilateralescomo el testamento y que las pruebas rendidas hubieransido viables en un caso de nulidad, y al pronunciarseresolvió solamente acerca de la simulación". Concluye consus argumentaciones diciendo: "la Sala dictó sentencia enforma tal que el ejercicio de sus facultades jurtsdiccionalesde manera que podrf3 causarme un agravio irreparable sipretendiera .. dársele autoridad de cosa juzgada en cuanto auna acción que se planteó pero, no se resolvió y este es elmeollo del recurso, para que concretamente se declare a lavista de los antecedentes, que: en este caso concreto, lasentenci.a no obliga a la recurrente en lo que se refiere a laNULIDAD ABSOLUTA DEL TESTAMENTO, ya que loreferente a esta acción, no existe pronunciamiento concretoy lo contrario ser(a atentatorio contra los art(culos de laConstitución de la República en que fundamento miderecho INVIOLABLE". Realiza su fundamentación dederecho y su petición concreta. Al recurso se le dió eltrámite de ley y se corrieron las audiencias respectivas.CONSIDERANDO:La sentencia dictada por la Sala Segunda de la Cortede Apelaciones el veintinueve de junio de mil novecientossetenta y nueve, por la que se revoca la proferida por elJuez Sexto de Primera Instancia del Ramo Civil y que hamotivado el presente recurso de Amparo. obedece a unproceso iniciado por la recurrente Julia Palmira TobarEscobar, de donde se desprende que la misma ha sido parteen el asunto judicial que se ventiló y quien ha tenido lasoportunidades procesales para hacer valer sus derechos.Siendo criterio reiterado de este Tribunal, que esimprocedente el amparo en asuntos del orden judicialrespecto a las partes y personas que intervienen en ellos.es'!:cl Cámara con base a tal criterio y en los artículosochenta y uno de la Constitución de la República y el 246de la misma, que establece que los Tribunales de Justiciainterpretaráñ que la Constitución prevalece sobre Cualquierotra Ley; y por otra parte del estudio de los hechos quemotivaron la interposición del recurso de amparo, sedesprende que se trata de circunstancias que fuerondefendidas mediante la interposición de recurs~ procesalesordinarios, estando en consecuencia la sentencia de segundaInstanci-a firme y de conformidad con nuestroordenamiento jurídico, ya causó ejecutoria y constituyócosa Juzgada; y en el p-resente caso, este Tribunal tampocopuede conocer del fondo de la situación planteada, puesdaría lugar a una tercera instancia, lo que está expresamenteprohibido por el artículo 245 de la Constitución de laRepública.Las razones qur• puedan asistir o no a la recurrente,no pueden ser analizadas ni conocidas por la vía privativadel amparo, de acuerdo a las consideraciones precedentesEn tal concepto, debe resolverse lo que en derechocorresponde.L E Y E S A P L 1 C A B L E S:Artículos ya citados y 1o., 44, 53, 62, 80, 83, 240,261 dé la Constitución de la República; 1o., 7o. 14, 19, 20,21, 22, 24, 31, 33, 34, 35,44, 59, 61, 66, 70, 71, 72, 74,76 y 11_5 de la Ley de Amparo Hábeas Corpus y ¡leConstitucionalidad; 1o., 27, 32,157, 158, 159, 163 y 168de la Ley del Organismo Judicial.POR TANTO:LA CORTE SUPREMA DE JUSTIC 1 A, CAMARAPENAL CONSTITUIDA EN TRIBUNAL DE AMPARO alresolver DECLARA: 1) Notoriamente improcedente elrecurso de amparo interpuesto por JULIA PALMIRATOBAR ESCOBAR, contra la Sala Segunda de la Corte deApelaciones. 11) Impone al abogado que patrocinó elrecurso una multa de CINCUENTA OUETZALES(0.50.00) que deberá hacer efectivo dentro del término decinco días en el Departamento de Tesorería DivisiónFinanciera del Organismo Judicial, •a que en caso deinsolvencia se substituirá por detención corporal y condenaa la recurrente al pago de las costas del presente recurso.111) Devuélvanse los antecedentes al Tribunal de origen yoportunamente compúlsese certificación del presente fallopara los efectos juri


GACETA DE TIUillJNALESl1Apelaciones constituida en Tribunal de Amparo, el veintede mayo del presente año recaida en el recurso de igualnaturaleza que planteó el mismo contra el Juez Primero dePrimera Instancia del Ramo Civil. El recurrente es decincuenta y dos años, casado, comerciante, guatemalteco,de este domicilio.A N T E C E D E N TE S:Desidoro Véliz Reyes interpuso recurso de amparo eldos de mayo del presente año ante la Sala Primera de laCorte de Apelaciones, contra el Juez Primero de PrimeraInstancia Civil de este Departamento, quien conoció en elprocesa. ejecutivo número veintiocho mil quinientos sesentay cinco (28565) a cargo del notificador tercero inicialmentey con posterioridad a cargo del cuarto, iniciado por losAbogados Otto Palma Figueroa y Carlos Girón Castro. Ensus peticiones de trámite solicitaron el embargo de fincasurbanas de su propiedad pero que finalmente llegaron a unatransacción en dicho procedimiento sobre el monto de locobrado, habiéndo suscrito un contrato de esa naturalezaante los oficios del Notario Mario Armando CabreraMárquez en el que figura su hermano Jesús Véliz Reyescomo comprador del crédito de los abogados mencionadosen virtud de haber pagado dichas pretensiones. Desde esaoportunidad afirma que se quedó tranquilo porque losabogados estaban pagados, por lo consiguiente el procesoejecutivo estaba fenecido desde el tres de diciembre de milnovecientos setenta y estimó que era innecesariopresentarse al Tribunal para señalar nuevo lugar para que sele notificara, pues el que existía en el juicio era la oficinadel Abogado Jorge José Salazar Valdez quien habíafallecido el veintinueve de noviembre de mil novecientossetenta y tres. Dice el recurrente que su hermano JesúsVéliz Reyes se presentó al Juzgado Primero de PrimeraInstancia Civil con una petición para reiniciar el procesoejecutivo sorprendiendo al Juez, el que a su criterio estabafenecido, terminado, archivado por existir transacción conlos ejecutantes y que su hermano no cumplió con elrequisito elemental de indicar el lugar para notificar a lapersona de la cual exige el cumplimiento de una prestacióno del que reclama un derecho y el juez sin hacer un estudiodetenido, jurídico, legal y justo del Contrato deTransacción presentado por el propio Jesús Vélíz Reyes sinexaminar el escrito para establecer el cumplimiento de los"requisitos de TODA PRIMERA SOLICITUD quedetermina el artículo 61 del Código Procesal Civil yMercantil y sin ponerse a considerar que en un juicio dondehabía existido transacción, que estaba fenecido, archivadopodía darse el caso que el lugar señalado para notificar vano fuera el mismo". Agrega que a sus espaldas se reinició elproceso ejecutivo, completamente ingnorándolo y se "dictóla resolución de fecha veintisiete de novi-embre de milnovecientos setenta y ocho, en la cuéil al darle trámite a lasolicitud del presentado Jesús Véliz Reyes, se fijó aDesidoro Véliz Reyes, el término de tres días para queotorgara la escritura traslativa de dominio respectiva, bajoapercibimiento de que en caso de rebeldía el Juez laotorgaría de oficio'' y que dicha resolución le fue notificadaen el lugar que se había señalado antes o sea la oficina delAbogado Salazar Valdez, quien ya había fallecido. Quecuándo él tuvo conocimiento de todas estas anomalías,ínter puso recurso de nulidad el que fue declaradoimprocedente por extemporáneo, luego presentó apelacióny el mismo corrió la misma suerte, por lo que comparece enamparo mediante el cual impugna el acto del Juez Primerode Primera Instancia Civil en el "cual ordenó notificarle enla dieciseis calle siete guión cincuenta y siete de la zona unode esta ciudad, lugar en el cual no es MI RESIDENCIA, NIHABITUALMENTE ME ENCUENTRO EN EL. AsimiSmoimpugnó el hecho de que en la fase procesal donde seapersonó Jesús Véliez Reyez, como parte, en el .procesoejecutivo 28565 a cargo del Notificador 4o., del JuzgadoPrimero de Primera Instancia del Ramo Civil de estedepartamento, NO FUI, NI SOY PARTE, porque no se menotificó en mi residencía como era el caso, por ser primerasolicitud del cesionario y ser notificación personal" yconcluye que al no haberse cumplido con tales requisitos,las notificaciones son nulas de pleno derecho. Oue al no sernotificado se ha "VIOLADO EN FORMA FLAGRANTELA GARANTIA CONSTITUCIONAL CONTENIDA EN ELARTICULO 53 de la Constitución de la República". LaSala sentenciadora, le dió el trámite de ley al recurso y confecha veinte de mayo dictó la sentencia correspondtente,declarando; improcedente por notoriamente frívolo,condenando al recurrente a las costas e imponiendo unamulta al Abogado patrocinador. Esta Cámara considera quelos hechos que motivaron el amparo y de los cuales se haresumido parte en los renglones anteriores, han sidorelacionados correctamente en la sentencia de la Sala, por loque no es necesario rectificarlos, modificarlos oadicionarlos.Contra la resolución dictada por el Tribunal deAmparo, el veinte de mayo del año en curso, Desidoro VélizReyes, ir1terpuso el recurso de apelación por no estar deacuerdo con ella y expresa que su recurso de amparo ensíntesis está fundado en dos circunstancias o hechos: lo.)"que no fue parte procesal en la última etapa del procesoejecutivo 28565, a cargo del Notilicador 4o. del JuzgadoPrimero de Primera Instancia del ramo Civil de estedepartamento, al NO NOTIFICARSEME EN MIRESIDENCIA, NI TENER CONOCIMIENTO DENINGUNA RESOLUCION EN DICHA ETAPA, con ello seme VEDO todo el derecho de defensa que determina elartículo 53 de la Constitución de la República"; "2o.) Oueaunque se tomara como parte en dicho proceso {legalmenteno lo fuí) el Juez Primero de Primera Instancia del RamoCivil, • dictó resoluciones, se hicieron de su partenotificaciones y se admitieron memoriales, con notoriaILEGALIDAD Y ABUSO DE PODER". Agrega: "ALVEDARSE MI DERECHO DE DEFENSA, no puede haceruso de ningún recurso o medio de defensa "EN TOTALESTADO DE INDEFENSION"C O N S 1 D E R A N D 0:Del análisis de las actuaciones de la sentenciaproferida por la Sala Primera constituida en Tribunal deamparo, así como de los memoriales presentados porDesidoro Véliz Reyes al hacer uso de la apelación, se llega ala conclusión de que la resolución objeto de impugnaciónestá acorde con las mismas y el Tribunal sentenciador hahecho aplicación de los preceptos legales adecuados parapreferirla, pues de conformidad con lo que establece elartículo ochenta y uno de la Constitución de la Repúblicaque dice: "Es improcedente el amparo: 1o. En asuntos delorden judicial respecto a las partes y personas queintervinieren en ellos", no queda otro camino que laimprocedencia del mismo y tomando en cuenta que en laapelación no se aporta nada nuevo que haga cambiar losargumentos que la Sala sentenciadora tomó como base paradictar su fallo, este Tribunal es del criterio que debemantenerse y así debe resolverse. Reafirmándose el criterioanterior con la circunstancia especial de que el problemadevenido de la notificación, el recurrente ya lo sometió a ladecisión de los Tribunales del orden civil y por tal razón ladecisión que al respecto se tomó, desde el punto de vistaprocesal, se encuentra firme. No siendo en consecuencia el


GACETA IJE TRIBlil'


GACETA DE TRffiUNALES 15incongruencia del fallo con los hechos y circunstanciasestablecidas". Al respecto este Tribunal de Casación estimalo siguiente: a) De conformidad con el ordenamientojurídico vigente, la Constitución de la República prevalecesobre lo dispuesto en cualquier ley o tratado internacionalque se le oponga, precisamente por eso la misma contienelas llamadas garantías individuales y sociales, y una de lasprimeras es la llamada garantía del debido procesocontenido en el Artículo cincuenta y tres de la misma; b) la ..infracción al contexto de dicha norma implica la existenciade autoridades o Tribunales no competentes oextraordinarios, la aplicación de un procedimiento que nosea el aplicable en el que se infrinjan garantías procesalesaceptadas por la Constitución y las leyes, y que la personaencausada se encuentre en un estado de INDEFENSIONPROCESAL, que lesione el derecho de defensa plenamentegarantizado por la misma constitución. Con base en lospresupuestos anteriormente enunciados se concluye que enel presente caso, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones,sí es competente para conocer del proceso en el aspectoterritorial, funcional, por razón de la persona del encausadoy por razón de la materia, por lo que uno de los elementosnecesarios para que tenga vida jurídica la infracción a lanorma constitucional 'precitada, no se produce; por otraparte el Código de procedimientos penales es efectivamenteun cuerpo de leyes o disposiciones que a su vez contiene unprocedimiento penal que garantiza debidamente el derechode defensa en juicio y además es legalmente aplicable acasos como el presente, por lo que los otros elementosindispensables a la infracción y a la norma constitucional,como lo sería el estado de indefensión procesal y laaplicación de procedimientos ilegales tampoco se produce;y la falta de congruencia alegada por la recurrente, en casode existir y de haber sido planteada de conformidad con !aley, podría dar lugar a otro motivo de casación; pero no esidónea para dar vida jurídica a la infracción a normaconstitucional. En virtud de las consideraciones anterioresaplicables a la realidad jurídica y procesal del presente caso,es obvio que el recurso de casación planteado por infracciónal Artículo cincuenta y tres de la Constitución de laRepública no puede prosperar, por no darse los elementosconsubstanciales, de dicha infracción;-111-Como tercera base jurídica del recurso lainter"l:>onente del mismo invocó "ERRONEACALIFICACION DEL DELITO" indicando que sefundamenta en el sub-caso previsto en el inciso tercero delartículo setecientos cuarenta y cinco del Código ProcesalPenal el que indica "Cuando constituyendo delito loshechos que declaren probados en la sentencia, se hayacometido error de derecho en su calificación." Larecurrente afirma que al respecto ninguna argumentaciónhizo la Sala para cambiar la figura delictiva que se atribuyeal procesado, limitándose a realizar unas estimaciones vagase imprecisas; en condusión, la recurrente sostiene- comoparte fundamental de este aspecto de la acción de casaciónintentada, que la Sala no realizó un verdadero análisisrazonado de la situación jurídica del proceso. para arribar auna conclusión lesiva a los intereses del procesado y a laaplicación correcta de la ley, como lo es afirmar que no setrata de un delito de lesiones consumado, sino por elcontrario de un delito de homicidio en el grado detentativa. Después de analizar la sentencia de la Sala, sepodrá llegar a conclusiones válidas, sobre las afirmacionesde la presentada;-IV- La Defensora de Oficio del procesado, tambiénfundamentó su recurso en el caso de procedencia contenidoen el numeral VIII del Artfculo SETECIENTOSCUARENTA Y CINCO del Código Procesal Penal,acogiéndose al sub-caso ERROR DE DERECHO EN LAAPRECIACION DE lA PRUEBA; y al respecto manifestó aeste Tribunal de Casación que: "Los jueces están obligadosa valorar la prueba, de conformidad con el Artículoseiscientos treinta y ocho del Código Procesal Penal,empleando las reglas que se denominan de la sana crítica,enumerándose cuando son las reglas que fundamentalmentese deben emplear en la motivación de sus desiciones; sirve loanterior para señalar los errores cometidos en la sentenciapor la Sala"; seguidamente la recurrente procede acomentar párrafos de la parte considerativa de la sentenciaimpugnada mediante recurso de casación, denunciandovarios artículos como infringidos, argumentos que seanalizarán al realizar la confrontación comparativacorrespondiente;-V-BASE J t:RIDICA DE LA SENTENCIA DESEGUNDA INSTANCIA: La Sala sentenciadora tuvo comofundamento de la decisión tomada en su fallo,principalmente y forma resumida los siguientes aspectosfundamentales; a) para determinar la culpabilidad delenjuiciado la Sala dice textualmente: "pero con las demáspruebas analizadas se dá por establecida la culpabilidad delencausado ... declarándolo autor responsable del delito delesiones leves (se refiere al fallo de primer grado) tqmandoen cuenta para sancionarlo las circunstancias atenuantes:y su confesión otorgada en su primera declaración antejuez competente ...; está Cámara acepta que está probadaptenamente la culpabilidad del enca.usado con la analizada,pero no comparte el criterio en cuanto a la tipificación deldelito"; b) Dice la Sala: "ESTE TRIBUNAL ESTIMA que,aún cuando el procesado durante su indagatoria, NOCONFESO que su intención fuera darle muerte al sargentosegundo Osear Hernández Gamero, de la lectura de autos sededuce. En efecto: de la propia conciencia que ha demanifestarse por actos externos que la evidencien;planteándose el problema de determinar cuales· son lossignos reveladores de esa voluntad homicida. Considera laJurisprudencia como signos reveladores del dolo de muertelas siguientes circunstancias: la clase de arma y proyectil; eneste caso una navaja de nueve pulgadas de largo; la direccióndada a los golpes; en el caso que nos ocupa en el cuello,lesión venosa de la yugular externa derecha, seisperforaciones del intestino delgado y dos en mesenterio,lesiones que pusieron en peligro de muerte la vida delpaciente porque fueron dirigidas a partes vitales del cuerpohumano; la forma en que tuvo lugar la agresión; haberingerido licor con el fin de adquirir valor para cometer elhecho, el que se llevó a cabo a las cero horas con treintaminutos ... aprovechando la oportunidad de que su víctimase encontraba durmiendo-. en su casa; o sea por los mediosmodos, modos y ·forma en que se ejecutó el hecho, lo hizosin riesgo para su persona que procediera de ía defensa quepudiera hacer el ofendido ... las palabras que denotaban lamaligna complacencia del culpable al expresar ante elteniente Luis Alfredo Marroquín García... Acabó deherrir con esta navaja al Sargento Hernimdez Gameroy no me arrepiento de haberlo hendo. . . ojalá se memuera ... De lo anterior se llega a la conclusión, sin lugara duda de la existencia de voluntad homicida en elprocesado" · e} finaliza la Sala sus considera·cion~s enrelación a la calificación del delito en la forma siguiente; "yno se consumó por actos independientes de su voluntad, osea que estamos frente a un delito de homicidio calificadopor los agravantes de alevosía y premeditación, que


16 GACETA DE TRffil\ALEStipifican el delito de asesinato en ef grado de tentativa ... ".Hasta aquí los aspectos fundamentales de la sentencia desegundo grado;-VI-ESTIMACION JURIDICA ENTRE LOSARGUMENTOS DEL RECURSO, LA SENTENCIA DESEGUNDA INSTANCIA, Y LAS LEYES APLICABLESCITADAS COMO INFRINGIDAS POR ELRECURRENTE: Las facultades del Tribunal Supremo porla naturaleza técnica del recurso de casación estánLIMITADAS para sólo conocer de los artículos e 'incisoscuya infracción ha sido oportunamente planteada; com~existen distintas formas de infringir las disposiciones legalesvigentes, el rigorismo de este recurso extraordinarioaconseja que el recurrente manifieste a su juicio cual de esasformas deja el camino jurídico viable, para el éxito de laacción procesal planteada mediante su recurso. Al anal izaren el presente caso el memorial introductivo del mismo lasentencia de segundo grado, y las disposiciones leg~lescitadas como infringidas en relación a cada uno de esoscasos Y subcasos de procedencia invocados, se concluye enlo siguiente:1.- No es jurídicamente posible a este Tribunal deCasación, declarar procedente el recurso en la parte que serefiere a INFRACCION A NORMA CONSTITUCIONALespecíficamente por infracc¡ón al artículo cincuenta y tre~de la Constitución de la República que contiene la garantíadel debido proceso; porque como se consideró en estemismo fallo, en el presente caso, no se dieron en la realidadjurídica, los elementos consubstanciales, e integrativos de lacitada infracción, por lo que el recurso extraordinario de_casación, planteado en tal sentido, debe declararseimprocedente;11.- En lo referente al recurso porQUEBRANTAMIENTO SUSTANCIAL DEPROCEDIMIENTO, este Tribunal es del criterio que estaclase de recurso está instruido cuando se produzcainfr~cción a las leyes adjetivas o procesales, es decir cuandolos JUzgadores no han dado estricto cumplimiento a claras yterminantes normas procedimentales, al grado que suinfracción alt?;a -el procedimiento reglado, dando lugar aque su actuac1on se salga de los cauces procesales. En estoscasos es requisito indispensable para aceptar el recurso decasación por este motivo, que en los Tribunales de Instanciase .~a~a pedido la subsanación de falta, sino consta quequ1en mterpone el recurso haya cumplido con ese requisitoindispen~able, el mismo no puede admitirse. Sin embargo elArtículo SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE del CódigoProcesal Penal exige ese requisito, pero ind¡ca queúnicamente "CUANDO SIENDO POSIBLE" se hubierepedido la subsanación de la falta, ello implica que elcasacionista, debe indicar ante el Tribunal de casación, encaso no hubiere pedido oportunamente la subsanación· de lafalta, las razones por las cuales no le fue posible hacerlo opor la naturaleza de la situación, que pueda deducirse. 'demane~a inequívoca tal circunstancia. En el caso que hoy seestudia no consta entre los elementos que debe tener a lavista el Tribunal de casación que la recurrente haya pedidoen su oportunidad la subsanación de la falta denunciada,aceptando que ello se debió a que la falta denunciada ajuicio de las mismas, fue cometida al momento de preferirseel fallo_9e. segunda Instancia, cabe considerar, sí no debióentonces mterponer un recurso de aclaración a efecto deque quedará clara, la incOngruencia entre los hechos ycircunstan_cias que motivaron el proceso, y lo resuelto por elTribunal de segundo grado. Por otra parte los artículoscitados como infringidos, no se refieren a laCONGRUENCIA que deba existir entre el fallo y los hechosque hubieran motivado el proceso, aunando a lo anteriorque la recurrente no precisó si los consideraba infringidosen su totalidad, parcialmente o en algún párrafo o inciso; alno haber concordancia entre las leyes citadas comoinfringidas Y el caso de procedencia invocada; esta Cámarase encuentra imposibilitada de hacer el estudio comparativocorrespondiente, por lo que el recurso extraordinario decasación planteado en tal sentido, no existe imposibilidadjurídica de conocer el fondo del mismo, y en consecuenciatampoco puede prosperar, por lo que debe resolverse loprocedente.111.- La recurrente también invocó como sub-caso de_procedencia lo que denominó errónea calificación deldelito; dicho error cuando se produce consiste en dar unadenominación distinta a la que corresponde al delito queconstituyen los hechos probados; deben analizarse sí la Salasentenciadora siguiendo un orden lógico en la concepciónjuddica de su fallo, determinó primero, la existencia de loshechos, luego la participación del incriminado, es decir suculpabilidad; y posteriormente s.i realizó una exactaacomodación de los hechos antijurídicos a la categoríadelictual a que pertenecen; pero ·si esta calificación otipificación no corresponde con exactitud a la concordanciareferente a la adecuación del hecho o hechos con las o lanorma jurídica; entonces se produce la equivocación queobviamente es uno de los casos de procedencia del recursoextraordinario de casación. Este Tribunal encuentraDUBITAT1VO el argumento de la Sala sentenciadora paracambiar la tipificación del delito, pues en la forma como lohace no puede penetrarse en un elemento tan subjetivocomo es la intencionalidad del autor del delito, y no esaceptable jurídicamente de acuerdo a la filosofíajustificativa del Derecho Penal que se obtengan conclusioneseminentemente subjetivas o personales en contra delprocesado; en un delito que debe calificarse por el resultadoY no por la Probable o hipotética intención, la que por másque se argumente, siempre es una calificación apriorística;pero en el presente caso, la recurrente no indicó en ela~artado correspondiente a este caso de procedencia, ni ennmguna otra parte .de su memorial cuales fueron lasdisposiciones legales que a su juicio pudo haber infringido laSala al hacer lo que ella denominó ERRONEACALIFICACION DEL DELITO, citando y mencionandoúnicamente el artículo 148 del Código Penal, sin precisar en·forma clara y precisa los MOTIVOS de la infraccióriomitiendo citar las violaciones de otras leyes penale~sustantivas en concordancia con la mencionada. Deficienciade técnica en la interposición del recurso, que no es dablejurídicamente subsanar a este Tribunal de Casación, por loque tampoco es posible el análisis a fondo de esta parte del~ecurso; Y al haber omitido el. señalamiento preciso emequívoco de las leyes que estimó infringidas impide elanálisis comparativo, _por falta de un punto de c~mparaciónimprescindible;1 V; La recurrente también plantea recursoextraordinario de casación por ERROR DE DERECHO ENLA APRECIACION DE LAS PRUEBAS, perofundamentalmente se basa en que a juicio de ella entre otrasnormas la sala infringió lo dispuesto en el ArtículoSEISCIENTOS TREINTA Y OCHO del Código ProcesalPenal, que contiene como norma general de carácterimperativo, la estimación probatoria por medio del sistemade la sana crítica, siempre y cuando la ley para casoconcreto, no disponga que una prueba determinada, seavalorada o apreciada con otro sistema; al respecto cabeconsiderar dos aspectos fundamentales: a) la recurrente no


GACETA DE TRIBUNALES 17precisó tal como lo indica el Artículo 741 ~úmero '!delCódigo Procesal Penal si considera infringido d1cho articulo,en su totalidad o en uno de sus·párrafos, y por otra P.arte noprecisó, cuales de las reglas fundamentales de la sana crítica,que consideraba infringida en el presente caso con~~eto, Ylas razones o motivos de la infracción; en conclus10n, noformuló tesis a la infracción al sistema de la sana crítica Yha sido reiterado criterio de este Tribunal Supremo quePara poder analizar un recurso de casación, cuando sedenuncie error de derecho en la apreciación de la pruebaconsecuencia de vicios en la aplicación del sistema yaindicado, sino no se formula tesis al respecto resultajurídicamente imposible el análisis jurídico de Ta situaciónque motiva la interposición del recurso por ese sub-caso;por otra parte la recurrente al denunciar las leyes infringidasno precisó si las consideraba violadas en su totalidad o sól_oparcialmente y al relacionar el sub-caso de. P~~edenc1adenominado error de derecho en la aprec1ac1on de laprueba, es conveniente hacer constar que tampocorelacionó cada uno de los artículos citados con las pruebas aque se refiere; y es también reiterado criterio de esteTribunal Supremo, que cuando se interponga recurso por elsub-caso ya mencionado, debe existir absolutaCONGRUENCIA entre las leyes infringidas, las quenecesariamente han de ser de ESTIMATIVAPROBATORIA en relación directa con cada una de laspruebas, en las que se denuncie la existencia del error dederecho cometido en su apreciación; estos defectos detécnica en la interposición del recurso, hacen que tampocosea posible a esta Cámara conocer sobre el fondo de laexistencia de los errores denunciados. En tal concepto, deberesolverse lo procedente.LEYES APLICABLES:Las citadas y artículos: 16, 20, 24, 31, 40, 69, 99,100, 125, 189, 193, 201, 244, 250, 489, 490, 500, 505,638, 65:3, 654, 694, 700, 740, 741, 745, numerales ill, Vil 1y IX, 746 numeral Vil 1, .749, 750~ 752, 754 y 760 delCódigo Procesal Penal; 32, 38 inciso 2o., 157, 158, 159,170 y 176 del Decreto Legislativo 1762; 10, 13, 14 delCódjgo Penal'; 53 y.240 de la Constitución de la República.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, alresolver DECLARA: a) IMPROCEDENTE el recursoextraordinario de casación que como defensora de oficiodel procesado TRINIDAD ANTONIO GOMEZ JUAREZinterpuso MARIA ANTONIETA TORRES ARCE contra lasentencia condenatoria proferida por la Sala Cuarta de laCorte de Apelaciones que aparece identificada en elpresente falto; b) Por ser defensora de oficio no le imponemulta alguna y e) NOTIFIQUESE y con certificación de loresuelto devuélvanse los antecedentes al Tribunal de origen.--C. E. Óvando B. ---A. E. Mazariegos G. ---Juan José Rodas.---J. Felipe Dardón. ---R. Rodríguez ---Ante mi: M. AlvarezLobos.PENAL:Recurso extraordinario de casación, interpuesto porMario Roberto Paz Padilla, como defensor de oficio deGONZALO DE JESUS ·ESCOBAR GARCIA, contra lasentencia de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones delveintiSiete de septiembre del año en curso.DOCTRINA:Para que prospere el recurso de casaciOn por error dederecho en calificación de los hechos que la Sala tuvo porprobadas, constituyendo delito; es indispensable que sedemuestre la infracción a leyes sustantivas relacionadas condicha calificación.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL: Guatemala, catorce de enero de mil novecientosochenta.Se tiene a la vista para resolver, el recursoextraordinario de casación, interpuesto por MAR 10ROBERTO PAZ PADILLA, como defensor de oficio deGONZAL.O DE JESUS ESCOBAR GARCIA, contra lasentencia de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones delveintisiete de septiembre del año en curso, que por el delitode Parricidio en su grado de Tentativa, dictó en su contra.El procesado es de cuarenta y cuatro años de_ edad,soltero, jornalero, originario del municipio de El Progresodel departamento de Juti apa y vecino de esta Capital.Actuó como acusador el Ministerio Público; como ofendidaCándida o Candelaria Martfnez Alvarez, quien no fonnulóacusación; como defensor de oficio el Bachiller MarioRoberto Paz Padilla; como Abogado Director el LicenciadoLuis Gonzalo Vargas BocanegraANTECEDENTES:Al enjuiciado se le inició proceso penal, por denunciaque presentara Cándida o Candelaria Martínez Alvarez,quien· manifestó que el doce de abril del año en curso, a esode las cuatro horas con treinta minutos, en su casa dehabitación, se presen-l:ó armado de un verduguillo y leocasionó una herida cortante en el tórax. y herida cortanteen el antebrazo izquierdo. A la hora de su aprehensión se leincautó un machete corvo. En la declaración indagatoria elacusado confesó que él había agredido a su esposa oconcubina, pues lleva más de nueve años de hacer vidamarital con ella y que lo había hecho con el ánimo dematarla, por. . . . pues ella tenía un querido y que eso nolo soportaba. Cursadas las diligencias al Juzgado de PrimeraInstancia de lo Criminal, este tribunal el dieciséis de abril deeste mismo año dictó auto de prisión provisional, en virtudde encontrar motivos suficientes para estimar que eloc:usado podría resultar responsable de la comisión de unhecho delictivo. El informe Médico Legal fue rendido confecha dieciocho de mayo de este mismo año en el queconcluye: "a) necesita para su curación, treinta días detratamiento médico a partir de la fecha en que sufrió lalesión; b) con treinta dfas de abandono de sus laboreshabituales; e) flO le quedará cicatriz visible, impedimentofuncional ni deformidad como consecuencia de las lesionessufridas; d) se hace la salvedad de no haberla examinadopersonalmente". Posteriormente y desPués de habersecumplido con todos los requisitos de ley, el juzgado últimomencionado, el tres de agosto del presente año dictósentencia declarando: "1) que GONZALO DE JESUSESCOBAR GARCIA, es AUTOR responsable, en el gradode consumación del delito de LESIONES LEVES, por cuyainfracción le impone la pena principal de UN AÑO DEPRISION CORPORAL y como accesorias lo suspende ensus derechos políticos por igual tiempo de condena y elcomiso del arma. cuerpo del delito; il) que el culpadodeberá cumplir la pena corporal impuesta en el centro dereclusión que designe la Presidencia del Organismo Judicial,con abono de la prisión efectivamente sufrida desde elmomento de su detención; 111) Por su extrema pobreza, se


18 GACETA DE TRIBV:\ALESle exonera de la reposición del papel empleado en la causa yde las costas procesales; IV) encontrándose el culpadorecluído en la Granja Penal de Pavón, lo deja en la mismasituación en tanto el fallo es conocido en grado por eltribunal superior jurisdiccional; V) que en concepto deresponsabilidades civiles deberá pagar a CANDELARIAMARTINEZ ALVAREZ, la cantidad de CIENOUETZALES EXACTOS, dentro de tercero día deejecutoriado el fallo, sin necesidad de cobro orequerimiento alguno y en el entendido de que, en caso deinsolvencia, se seguirá para su pago el procedimiento civilque corresponde; VI) le suspende temporalmente la penacorporal impuesta por el término de DOS AI\JOS, bajo lassiguientes condiciones: a) Si durante 1 a suspensión sedescubre que tiene antecedentes · penales por habercometido delito doloso, sufrirá la pena que le hubiere sidoimpuesta; b} Si durante tal suspensión el beneficiadocomete nuevo delito, se revocará el beneficio otorgado,ejecutándose la pena suspendida más la que corresponda alnuevo delito cometido; y e) Transcurrido el término fijadosin que sea revocado el beneficio, se tendrá por extinguidala pena; Vil NOTIF lO U ESE el fallo, hágase saber alculpado su derecho de apelación y término parainterponerla; y, en su caso remítase el fallo en consulta a laHonorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones".RESUMEN DE LA SENTENCIA RECURRIDA:La Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, en elprimer considerando de su sentencia del veintisiete deseptiembre del año en curso, encuentra que la de primergrado está ajustada a derecho y que las aprecíaciones deljuzgador son correctas en cuanto a dictarla en formacondenatoria; pero al entrar al análisis de la misma en elsegundo considerando, la objeta, puesto que m·anitiesta queel juez calificó el comport


GACETA DE TRIBUNALES 19llana-simple- o sea aquella que se preste con lasformalidades establecidas en tal norma (siguemanifestando). y sobre la totalidad de los hechosimputados. Pero en el presente caso sigue diciendo elrecurrente, la confesión de su patrocinado, no reúne paraque se considere como tal. Manifiesta también que la Salahizo caso omiso de la aplicación del Artículo 707 delCódigo Procesal Penal y como consecUencia incurrió enerror en la valoración de la confesión judicial, pues si·hubiere aplicado e( indubio pro-reo, hubiera llegado a laconclusión completamente distinta y en lugar de haberdaro por probados aquellos hechos que configuran el delitode parricidio en su grado de tentativa, hubiera dado porprobados aquellos otros que configuran el delito de lésionesleves. También agrega que la Sala incurrió en error dederecho en la apreciación de la prueba de la confesiónjudicial, en virtud de no haber aplicado el Artículo 491 delCódigo Procesal Penal en su parte conducente, quemanifiesta que la confesión no puede dividirse en perjuiciodel confesante.Después de algunos otros aspectos de su recurso,tennina pidiendo que en virtud de lo expuesto, se case lasentencia y que se c·ondene a su defendido por el del ita delesiones leves.ALEGACION DE LAS PARTES:El recurrente presentó el dfa fijado para la vista unmemorial en el cual recalca sobre lo expuesto en su recursoy termina pidiendo que se case la sentencia y por loselementos de juicio dados en el proceso, se condene a supatrocinado por el delito de lesiones leves.CON S 1 DE R A N D 0:1.- Del análisis del recurso se colige que MarioRoberto Paz Padilla, lo interpuso en su carácter de defensordel procesado GONZALO DE JESUS ESCOBAR GARCIA,citando como casos de procedencia los contenidos en losnumerales 111 y VIII del Artículo 745 del Código ProcesalPenal, argumentando que la Sala sentenciadora~1ncurrió enerror de derecho en la calificación del delito y error dederecho en la apreciación de la prueba de confesión judicialrespectivamente;11.- La Sala sentenciadora al recibir en apelación lasentenciá de primer grado, la aprueba en cuanto a que laencuentra condenatoria, no así en lo que respecta a lacalificación del delito y a las penas impuestas al inculpado,pues al entrar a considerarla difiere de las apreciaciones deljuez y en tal virtud la mOOifica;111.- La Sala sentenciadora al hacer la modificación enla sentencia de primer grado, lo hace tipificando el delitocomo PARRICIDIO EN EL GRADO DE TENTATIVA yno como de LESIONES LEVES y para el efecto al nocompartir el criterio del Juz.gado de Primera Instancia,manifiesta que está plenamente probada la voluntadhomicida del agente y de consiguiente la existencia de un"dolo de muerte'',.. ya que sin ninguna reserva de su parte, elacusado enfáticamente reconoció que el propósito que leanimaba al herir a su concubina era "matarla por ...";IV.- Esta Cámara al entrar a analizar el recursopresentado y en su primer sub-caso relativo al contenido enel numeral 111 del Articulo 745, que se refiere a que:"Cuando constituyendo delito los hechos que se declarenprObados en la sentencia, se haya cometido error dederecho en su calificación.", encuentra que la Salasentenciadora en todas sus apreeiaciones ha ajustado susentencia a preceptos legales vigentes, si ésta hubiese hechouso del dictamen médico únicamente, indudablementedevendría la calificación del delito como el de lesionesleves, puesto que según el mismo, la ofendida necesitó parasu curación treinta días. Pero es lógico suponer que elforense, estaba dictaminando únicamente sobre las heridascausadas a la parte ofendida, pero en dicho informe noconstan las formas en que éstas-se produjeron, ni las causasque la motivaron y mucho menos las circunstancias que enese momento condicionaban la conducta del acusado. Espor estas y otras circunstancias apreciadas en la sentencia,que esta Cámara la encuentra en lo que se refiere a lacalificación del delito ajustada a derecho, por lo que nopuede prosperar el recurso de casación planteado, por estesub-caso;V.- Los argumentos esgrimidos por el recurrentedenunciando la infracción del Artículo 489 del CódigoProcesal Penal, numeral VIl, no son jurídicctnenteatendibles porque la confesión se refiere a hechos que si sondel conocimiento directo del encausado; en lo referente alprincipio de indivisibilidad de la confesión que sirve de baseal recurrente para denunciar infracción del Artículo 491,también del Código Procesal Penal, no cumplió con elrequisito de indicar si lo considera infringido en su totalidado parcialmente, no obstante lo anterior, es adecuadoconsiderar que los argumentos hechos valer no demuestranque se haya infringido el principio d~ la indivisibilidad de laconfesión, el que requiere otra serie de elementos que en elpresente caso se dieron; no aparecen tampocorazonamientos que al relacionarlos con el caso, sirvan debase para considerar infringidos los Artículos 701 y 707 delmismo cuerpo legal. Por lo anterionnente expuesto, viene ademostrar que los argumentos del recurrente a esterespecto, no tienen validez legal y por lo mismo no puedeprosperar el recurso de casación por este sub-caso, enconsecuencia el mismo debe declararse sin lugar.LEYES APLICABLES:Las citadas y los Artículos: 16, 20, 24, 31, 40, 99,100, 101, 189, 193, 244, 250, 489, 493, 497, 740, 741,757, 759, del Código Procesal Penal; 37, 38 inciso 2o., 157,158,159,168,170 y 172del Decreto del Congreso 1762.POR TANTO:·LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL; Al resolver DECLARA: a) Improcedente el recursoextraordinario de casación interpuesto por Mario' RobertoPaz Padilla, en su calidad de defensor de ofició de Gonzalode Jesús Escobar Garcfa, en contra de la sentencia de la SalaTercera de la Corte de Apelaciones el veintisiete deseptiembre del año próximo pasado; b) por ser defensor deoficio no se le impone multa alguna; e) Notifíquese y concertificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes altribunal de origen. (Fs.) C. E. OVANDO B.-- A E.MAZARIEGOS G. ---JUAN JOSE RODAS. --J. F.DARDON GARCIA. --R. RODRIGUEZ R. ---Ante mí. H.FERNANDO GUTIERREZ M.-p E N AL:Recurso extraordinario de casación interpuesto porJULIAN COBAR MOLINA.DOCTRINA:Cuando el Tribunal Sentenciador al realizar lavaloración de la prueba quebranta las normas de estimativaprobatoria contenidas en la ley y aplicables al caso, elrecurso de casación por error de derecho en la apreciaciónde la misma debe prosperar.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL; Guatemala, siete de febrero de mil novecientos


20 GACETA UE TRIBl"iALESochenta.Se tiene a la vista para resolver el recursoextraordinario de casación interpuesto por JULIANCOBAR MOLINA, contra la sentencia dictada por la SalaDécima de la Corte de Apelaciones el tres de julio de milnovecientos setenta y nueve, aclarada por resolución deveintisiete de agosto del mismo Wío, en el proceso que porel delito de HOMICIDIO, LESIONES y COHECHOACTIVO se instruyó en su contra y de MANUEL DEJESUS PRADO ALFARO, JOSE IGNACIO ALVAREZMARROOUJN, MARIO NOE RAMJREZ SICAN,ELIXALEN CRUZ DJAZ y LUIS RAMO N LOPES, a estosúltimos por homicidio y lesiones, en la persona del menorOtto René Melendez Rodríguez. El recurrente es decua-enta y tres años de edad, casado, comerciante,guatemalteco, con residencia en el lote P cuatro colonia ElMilagro zona diecinueve. Actuó como defensor el AbogadoMarco Antonio Ramos Gálvez y como defensor de los otrosprocesados el Bachiller José Ernesto Viteri Arriola. Laacusadora particular es la señora Mada lzolina RodríguezCastillo y oficialmente el Ministerio Público. En su recursode casación está auxiliado por el Abogado Alfredo E.Lursen B.A N T E CE D E N TE S:A JULIAN COBAR MOLINA se le instruyó procesoen el Juzgado Quinto de Primera Instancia ~el Ramo Penaljuntamente con Manuel de Jesús Prado Alfara, José IgnacioAlvarez Marroquín, Mario Noé Ramírez Sicán, ElixalenCruz Días y Luis Ramón López sin otro apellido por lamuerte del menor Otto René Melendez Rodríguez,acontecida el cinco de junio de mil novecientos setenta yocho en la zona siete de esta ciudad oportunidad en que secelebraba una feria cantonal y lesiones a Héctor RolandoGarcía Juárez en la misma ocasión. Al recurrente le apareceformulado el cargo siguiente: 1- "Que usted el día cinco dejunio de mil novecientos setenta y ocho, en hora nodeterminada pero durante la noche, en una feria situada enla octava calle y once avenida de la zona siete, en compañíade los señores Manuel de Jesús Prado Al faro, José IgnacioAlvarez Marroquín, Elixalen Cruz Dfaz, Mario Noé RamírezSicán, Luis Ramón López sin otro apellido, con armablanca é{lredió al señor Otto René Melendez Rodrfguezocasionándole herida corto punzante en la región dorsallado derecho, herida en la región pectoral punzo penetrantey herida axilar punzo penetrante habiendo fallecido dichapersona como consecuencia de las mismas''. 2- "Oue ustedel di a cinco de junio de mil novecientos setenta y ocho enhora no determlnada pera durante la noche, en una feriasituada en la octava calle y once avenida de la zona siete, encompañía de Jos señores Manuel de Jesús Prado Al faro, JoséIgnacio Alvarez Marroqufn, Mario Noé Ramírez Sicán, LuisRamón López sin otro apellido, Elixalen Cruz D íaz, conarma blanca agredió al señor Héctor Rolando García Juárezocasionándole dos heridas punzo cortantes una en la regióninguinal y otra en la región maxilar izquierdo habiendoquedado lesionado como consecuencia de las mismas". 3·~~aue usted el día seis de junio del año en curso, ofreció yentregó a los agentes DJVIRT GEDAIEZ RODRJGUEZMAZAR lEGOS y ARMANDO PINEDA GARCIA la sumade cien quetzales para que estos no llevaran a cabo sudetención e incumplieran con su deber como elementos. dela autoridad". El Tribunal de primer grado medianteresolución de veintiocho de febrero de mil novecientossetenta y nueve, dictó sentencia absolviendo a losprocesados por el delito de lesiones en la persona de HéctorRolando Garcfa Juárez p'or falta de plena prueba y por lasmismas circunstancias del cohecho Activo imputado aJulián Cóbar Malina, condenrm a los .mismos comoresponsables del delito de Homicidio en la persona delmenor Otto René Melendez Rodríguez imponiéndoles lapena de siete años veinte días de prisión liquida que tes·corresponde hechas la rebaja considerada relativa a rebajade penas, siendo la misma incomutable. La Sala Décima dela Corte de Apelaciones, dictó la sentencia el tres de julio demil novecientos setenta y nueve, confinnando la de primergrado en lo que respecta a Elixalem Cruz O íaz y JuliánCóbar Malina, con la reforma que se les condena por undelito de HOMICIDIO pero no ejecutado en cuadrilla,imponiéndoles como pena la de DIEZ AJiiOS DE PRJSJON,rebajada en una tercera parte por beneficio de rebajaconcedida por el decreto ochentitrés guión setenta y ochodel Congreso de la República quedando así la líquida enSEIS AÑOS OCHO MESES DE PRJSION inconmutables. Yla REVOCA en cuanto la condena de Jos procesadosMANUEL DE JESUS PRADO ALFABOrJOSE IGNACJQALVAREZ MARROOUJN y LUIS RAMON LOPEZ (sin otroapellido) absolviéndolos por falta de prueba paracondenarlos.DE LA SENTENCIA RECURRIDA:La Sala Décima de la Corte de Apelaciones. el tres dejunio de mil novecientos setenta y nueve, dictó la sentenciade segundo grado, por la que se confinnó la dictada por elJuzgado Quinto de Primera Instancia Penal con las refonnasen que el delito de homicidio es sin la calificación encuadrilla como venía; que la pena es de seis años ochomeses, impuestos a Julián Cóbar Malina y Elixalen CruzD íaz, absolviéndolos del delito de lesiones y absuelve a losdemás acusados. Esta sentencia es aclarada por resolucióndel veintisiete de agosto del mismo año, en el sentido deque Jos únicos obligados al pago de las responsabilidadesciviles provenientes del delito son Elixalen Cruz O íaz yJulián Cóbar Malina, no así los otros que fueron absueltos.Dice la Sala que del estudio de las actuaciones se llega a laconclusión que la sentencia que se examina, se encuentracorrecta en cuanto a la condena de los procesados ElixalenCruz O íaz y Julián Cóbar Malina, no así en lo tocante a losotros procesados, de conformidad con las razones que acontinuación se entran a analizar: "A) En primer lugaraparece plenamente demostrado en autos la muerte viol-entade Otto René Melendez Rodrlguez, con el acta del;Criptivalevantada en el lugar de los hechos, en el ReconocimientoJudicial que de el cadáver hizo el juez menor instructor delas primeras diligencias: el informe practicado en el cadáver;y la certificación de la Partida de Defuncióncorrespondiente B) También está demostrada la existenciade las lesiones sufridas por Héctor Rolando Garcra Juárez,con el infonne médico legal rendido al respecto. C) EsteTribunal estima as1m1smo plenamente probada laresponsabilidad criminal de Jos procesados Elixalen CruzO íaz y Julián Cóbar Malina, con los siguientes mediosprobatorios: En cuanto· al sindicado Elixalen Cruz O íaz:con su espontálea confesión ya que en sus tresdeclaraciones prestadas eri el proceso, en elpronunciamiento sobre el hecho concreto justiciable que lefue formulado y los careos que fueron practicadps entre supersona y el sindicado Julián Cóbar Malina y entre élmismo y Eduardo Cóbar Chavarrla, en las dos primerascl!)ramente expuso que el pleito del día y hora de loshechos fue entre eJ señor Julián Cóbar Malina y el menorque murió. Oue él ese día estaba trabajando en la FeriaCantonal que se celebra frente al Hospital San Vicente, en -el juego que le dicen "El Pulpo" juntamente con LuisRamón López (otro procesado). que el menor que murióiba acompañado de otros y que le pegaron a don Julián


GACETA DE TRIBUNALES 21Cóbar {su patrón) y que luego del pleito con el mismoresultó muerto el menor pero que no sabía quien habíaherido al mismo. En su segunda declaración o ampliación dela primera, dijo que en aquel día de los hechos dos jóvenesdesconocidos le estaban pegando al patojo del "Futío",siendo entonces cuando él fue a llamar Q su patrón donJulián Cóbar Malina y que cuando llegó este a dondesucedían los hechos, luego que les llamó la atención, uno delos jóvenes se levantó y le dijo "ya va a ver lo que le va apasar", y que efectivamente con posterioridad regresó conotros y le pagaron a su patrón y que él para defenderlointervino y que con un cuchillo que botó uno de los otros,les tiró cuchilladas e hirió al fallecido. Luego en unaseg.~nda ¡mpliación a su declaración, dijo que únicamente élera el responsable de los hechos y que ningún otro habíaparticipado. Al practicarse las diligencias de careo entre él yel otro procesado Julián Cóbar (su patrón} ratificó susúltimas declaraciones o sea reconociendo su culpabilidad enel hecho delictivo investigado. Luego al pronunciarse sobreél hecho concreto y justiciable que le fue formulado no loaceptó indicando que todo aquello que había confesado enlas ampliaciones de su declaración indagatoria lo habíahecho por el motivo de que un hermano del detenido JuiiánCóbar a quien conoce como Guayo ignorando su nombrecompleto, le había dicho que se hiciera cargo de los hechosy que él se hacía cargo o se prometía a sostenereconóinicamente a su mujer e hija y que además se iba aencargar de defenderlo y sacarlo libre, por lo que en aquellaoportunidad aceptó. Por último en los careos practicadosentre su persona y la del otro sindicado Julián Cóbar Malinay Eduardo Cóbar Chavarría, ratificó lo expuesto en ladiligencia de pronunciamiento sobre el hecho concreto yjustificable; pero agregó en el careo con el otro procesadoJulián Cóbar Malina, que el también era responsable delhecho investigado o sea la muerte del menor Otto RenéMelendez Rodríguez". Con estas declaraciones puso demanifiesto su intervención directa en el hecho delictivoinvestigado. "Y en cuanto a la responsabilidad criminal delprocesado JULIAN COBAR MOLINA en los hechosdelictivos investigados, también quedó probada a criterio deeste Tribunal con los siguientes medios probatorios: 1) Enprimer lugar con su confesión impropia, al reconocer en sudeclaración indagatoria que efectivamente los otrosprocesados Mario Noé Ramírez Sicán, Elixalen Cruz D íaz yLuis Ramón López trabajan con él en las Ferias Cantonales;y que a los otros procesados también los conocía porquetambién trabajan en las ferias antes citadas, reconoció quelos dos individuos que tuvieron una dificultad en el futillose fueron pero que luego después regresaron como a lamedia hora y ya en número como de veinticinco a treinta,armados con objetos que luego apedrearon los negocios queen aquel lugar estaban instalados, y que a él lo botaron y lopatearon, dejándolo golpeado tirado en el suelo y se fueron.Luego en otra parte de su declaración dijo que dos personasdesconocidas le estaban pegando a su einpleado Mario NoéRamírez Sicán, que lo había ido a llamar a él Elixalen·CruzDíaz, cuando el tomaba una agua gaseosa; y que habiendoido a aquel lugar donde sucedían los hechos, les dijo que sesepararan y así lo hicieron, pero que luego despuésregresaron como ya se expuso anteriormente sucedieron loshechos que ya quedan relatados. Como puede verse,recorloció que participó en los hechos de donde resultómuerto el menor Orto René Melendez Rodríguez; y laforma en que el dice que estos hechos sucedieron no losprobó durante toda la di !ación procesal, y por el contrarioaparecen declaraciones que. aclaran mas su participacióndelictiva". Prosigue la Sala expresando: "Con la pruebaanalizada este Tribunal Uega al convencimiento que elprocesado Julián Cóbar Malina sí participó directamente ala consumación Uel hecho delictivo investigado, pues hastael menor Mario Noé Ramírez Sicán, uno de sus trabajadoresal ser indagado manifestó que él atendía en aquel día y horade autos las mesas de futillo y que llegaron unos hombres -aquererle robar el dinero de ese negocio y que el que lo salvófue su patrón Julián Cóbar Malina; en consecuenciacorrecto está el fallo examinado en apelación en cuanto a lacondena del mismo y del otro sindicado Elixalen CruzDíaz". La Sala confirma la sentencia examinada en cuanto ala absolución de los procesados por el delito de lesiones ycohecho activo; la confirma también en lo tocante a lacondena de los procesados Elixalen Cruz O íaz y JuliánCóbar Malina en cuanto al delito de homicidio en lapersona del menor Otto René Meléndez Rodríguez, con lasreformas' ya citadas y la revoca en cuanto a la condena delos otros procesados, absolviéndolos de dicho cargo.DEL RECURSO DE CASACION:Julián Cóbar Malina 1 nterpuso recurso de casación encontra de la sentencia dictada por la Sala Décima de laCorte de Apelaciones el tres de ju~ io de mil novecientossetenta y nueve, ra que fue aclarada por resolución delveinti$iete de agosto del mismo iilo, el que está contenidoen memorial de fecha veintidós de octubre del mismo éfio.Interpuso su recurso por motivo de fondo, invocando comocaso de procedencia los contenidos en los artículos 744 y745 numeral Vil 1 del Código Procesal Penal, más adelanteindica por contener la sentencia a} error de derecho en laapreciación de las pruebas y b) error de hecho en laapreciación de las pruebas y señala como disposicionesinfringidas los artículos 33, 55, 189, 190 numeral IV en susliterales a) y b), 428, 489 numerales IV, VI, y Vil, 494,496, 635, 638, 641, 643 numerales 1 y 11, 644, 645, 652,653, 654, numerales 111 y VI, 655, 657 y 701 del CódigoProcesal Penal. Hace sus argumentaciones y fundamentos dederecho, así como su petición concreta. Este Tribunal le dióel trámite de ley y señaló día Y· hora para la vista, en la cualse recibió únicamente el memorial del recurrente, que obraen autos, por lo que es el caSo de resolver.CONSIDERANDO:~l-En términos generales y para fundamentarjurídicamente la acCión de casación intentada, el recurrenteinvocó como caso de procedencia el contenido en elnumeral VIII del artículo 745 del Código Procesal Penal,acogiéndose al sub-caso denominado ERROR DEDERECHO EN LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS yen relación con el sub·caso indicado, denunció comoinfringidas las siguientes disposiciones legales: Artículos 33que se refiere a la PRESUNCION DE INOCENCIA; 55 quese refiere al principio IN DUBIO PRO REO en caso deduda; 189 que regula lo referente a las CLASES DESENTENCIAS; 428 que se relaciona con la SOLEMNIDADQUE DEBE SER CARACTERISTICA AL ACTA DE LASDECLARACIONES DE LOS TESTIGOS, 489 numeralesIV, VI y. VIl se refiere cada inciso a distintas situacionesque deben darse para poder tener una declaración delprocesado como confesión, que sea sobre hecho, con plenoconocimiento y sin apremio; que sea verosímil y congruentecon las constancias del proceso; y que recaiga sobre hechosque el inculpado conozca directamente por Sus sentidos yno por referencias o inducciones; 494 es una normaprocesal que especifica las condiciones en que unaconfesión del culpado puede ser nula; 496 contiene lascondiciones y requisitos de lo que la ley denomina


22 GACETA DE TRIBlNALESCONFESION IMPROPIA; 635 tiene regulado lo referente ala CARGA DE LA PRUEBA en el proceso penalguatemalteco; 638 contiene las normas de o.rientacion y ladisposición, que cuando la ley no disponga lo contrario,todos los medios de prueba se apreciarán por medio delsistema de la sana crítica y como ya se indicó contiene lasnormas de orientación para hacer correcta aplicación delsistema de valoración ya indicado; 641 contiene lascircunstancias que puede producirse la llamada plenaprueba; 644 seiiala un régimen común para los medios deinvestigación y de prueba; 645 se refiere a laPROCEDENCIA de los medios de prueba;652 contiene unadisposición expresa de NULIDAD para las declaraciones detestigos que se hubieran tomado sin llenar los requisitosestablecidos en la ley; 653 contiene una norma específic~para aplicar el sistema de la sana crítica a las declaracionesde testigos que no tuvieren tachas absolutas; 654 numerales111 y VI, cada uno de los numerales indicados contiene unaforma de tachas absolutas; 655 esta disposición legalcontiene todo lo relacionado con las tachas relativas; citaademás como infringido el 657 que contiene las clases dedocumentos que hacen plena prueba y el 701 que indicaque la confesión lisa y .llana prestada con las formalidadeslegales, sóbre la totalidad de los hechos imputados y suscircunstancias hacen plena prueba; todos los artículOsanteriormente mencionados corresponden al CódigoProcesal Penal contenido en el Decreto número 52-73 delCongreso de la República La inclusión a·! principio de lapresente parte considerativa de este fallo de lasdisposiciones legales que el recurrente consideró infringidasen relación al sub-caso de procedencia invocado, tiene comofinalidad esencial. aislar el material jurídico que ha de servirpara realizar el correspondiente análisis comparativo yoportunamente orientar la fase puramente decisoria delpresente fallo; y principalmente porque ha sido reiteradocriterio de este Tribunai Supremo, que cuando se denunciela existencia de error de derecho en la apreciación de laspruebas, las leyes citadas como infringidas deben de serprecisamente las referentes a la ESTIMATIVAPROBATORIA de las pruebas, en las que según elrecurrente se hubiese cometido el error alegado y porque esconveniente hacer constar que el presentado no indicó conclaridad y precisión si consideraba infringido en su totalidado parc_ialmente cada uno de los artfcul~ citados, nitampoco hizo referencia alguna a la clase o forma deinfracción a su juicio cometida por la Sala sentenciadora encada una de las leyes citadas como violadas; con lasanotaciones considerativas anteriores en la parteconducente y necesaria, este Tribunal hará el estudio de losfundamentales argumentos juridicos del sujeto procesal quepara impugnar el fallo de segundo grado, hace uso de ladefensa extraordinaria y absolutamente técnica, queconstituye el recurso de casación;-11-Como primera base jurídica del recurrente puedeconsiderarse que el mismo denuncia que la Sala cometióERROR DE DERECHO EN LA APRECIACION DE LAPRUEBA DE CONFESION, al haber calificado sudeclaración indagatoria como CONFESION IMPROPIA"haciendo interpretacion equivocada de la norma que laregula infringiendo con ello los Ar¡iculos 496, 489 y 701del Código Procesal Penal"; sigue afinnando el recurrenteque la Sala incurre en el mencionado error de derecho alasignarle a su declaración indagatoria la calidad de medioprobatorio argumentando que de acuerdo a su criterio paraque una declaración pueda ser considerada como confesiónimpropia deben darse los requisitos fundamentales queestima que son y deben ser los síguientes: 1) reconocerdentro del proceso. hechos que perjudiquen al encausado;2) que habiendo reconocido -el encausado- hechosextraprocesaJes que también le perjudiquen, los ratifique enel proceso; y 3) que debe seguirse el miSmo régimen de laconfesión. El recurrente hace posteriormente una serie dear~mentos analizando las consideraciones de la Sala, parallegar a la condusión que los hechos que la Sala estima quele perjudican, desde su punto de vista, no tienen semejanteefecto jurídico y al respecto entre otras cosas el presentadotextualmente manifiesta: la •#perorata de la Sala aludida,en cuanto a esa circunstancia. que equivocadamente calificóde confesión impropia, es que como puede verse,reconoció el compareciente que participó en los hechos dedonde resultó muerto el menor OTTO RENE MELENDEZRODRIGUEZ y la forma en que él dice que esta; hechos. sucedieron no la probó durante toda la dilación procesallo cual tiene que considerarse como una manifestaciónfuera de orden, ridícula y falaz, porque vuelvo a insistir yes fácil determinarlo con darle lectura a mi declaroción, enmomento alguno he reconocido que participé en Jos hechosque dieron por resultado la muerte del menor mencionado,pero también como lo dejé analizado, las circunstancias aque hice referencia. y específicamente las que la Sala tomópara conformar mi confesión impropia; SON UCIT AS' enotra parte de su recurso el presentado tambiéntextualmente dice: "Si, en principio se procede a hacercomparación entre lo que aparece por mi declarado,contenido en el acta mencionada, y lo que se transcribiócomo mi declaración, SE PODRA ESTABLECER QUE NOSE TRANSCRIBID EXACTAMENTE LO QUEDECLARE ..." (lo anterior de acuerdo a la teoría jurídicadel recurso extraordinario de casación, daría lugar a errorde hecho en la apreciación de la prueba por tergiversaciónde la misma, pero no a error de derecho, como afirma elrecurrente). En otra parte del memoriai contentivo delrecurso, el presentado indica que a su juicio en el presentecaso, no se producen en la realidad procesal, los elementosconfigurativos de los requisitos contenidos en los numeralesIV, VI y Vil del Artículo 489 del Código Procesal Penal,argumentando fundamentalmente: a) que NORECONOCIO en su declaración hechos o actuaciones quepersonalm·ente hubiera ejecutado y que pudieran ser oconstituir hechos que produjeran la muerte del occiso·; quepor tal razón su declaración no contiene ningúnreconocimiento sobre hechos propios qve pudieran habertenido como resultado su participación en el delito, con loque se infringió el numeral IV del Artículo 489 ya citado;b} que al no haber realizado ninguna a;eptación de hechospropios en su contra ni de la comisión de delito alguno, noes lógico poder suponer o deducir que lo declarado por él"sea verosímil y congruente con las constancias delproceso" con lo que también se infringió el numeral VI delartículo precitado; y e) que también existe infrocción alnumeral VIII del mencionado articulo del Código ProcesalPenal porque su declaración al no reconocer ninguna clasede participación en el delito, no puede decirse que se refierea hechos que al presentado, le consten directamente por lossentidos y no por medio de inducción. En otra parte de sumemorial afirma el recurrente: "La Sala Décim¡;~ de la Cortede Apelaciones incurrió en error de derecho en laapreciación de la prueba, al haber calificado mi declaraciónindagatoria como confesión impropia, dándole valorprobatorio para fundamentar una sentencia condenatoria enmi contra, sin haber satisfecho la elemental exigencia legal,obligatoria, de valorar la prueba conforme a las reglas de lasana crítica, .... (indicando} que por ello infringió .... losArtículos 638, 641, 489 numeral IV, 494 y 701 del Código


GACETA DE T·RIBUNALES 23Procesal Penal ....Al respecto la Sala solo citó, relacionado con la sanacritica el articulo 638 del Código Procesal Penal, que es laque nonna tal obligación, pero la sola mención de esteartículo no satisface la exigencia que se eStá denunciando,pues es indispensable para el efecto, además de hacermención de la regla que para el caso se usa, es prcx:eder ·a suanálisis y debido razonamiento para detenninar lavaloración de la prueba ..." El recurrente hace unaexposición de la forma en que según él la Sala debió haberhecho aplicación de las reglas de la experiencia. ofreciendouna definición de lo que según su criterio debe entendersepor experiencia; de lo que en las mismas condiciones debeentenderse por LOGICA y la forma en que él estima quedebió aplicarla la Sala; en igual forma comenta y expone loreferente a la RELACION DE UNOS MEDIOS DEPRUEBA CON LOS RESTANTES y lo referente alDEBIDO RAZONAMIENTO SOBRE LOS MOTIVOS QUEPUDIERA TENER PARA ESTIMAR MEDIOSPROBATORIOS, para llegar a conclusiones de certezajurfdica; llega finalmente a la conclusión que su declaraciónindagatoria no constituye confesión impropia, porque noreune los requisitos para ser estimada como tal ni tampocolos requisitos a que se refiere el Artículo 489 ni se dan lassituaciones previstas en el Artículo 701, ambos del CódigoProcesal Penal; y en conclusión, de todos esos argumentosextrae su categórica afirmación qu_e la Sala al proferir elfallo de segundo grado, cometió error de derecho en laapreciación de la prueba consistente en darle valor deconfesión, impropia a su declaración;- 111-Como otra de las bases jurfdicas que l_e sirven defundamento jurídico el recurso de casación interpuesto esadecuado hacer constar que el presentado dice lo siguiente:"Al hacer revisión y estudio de la sentencia impugnada, enlo que corresponde al compareciente, Julián Cóbar Molina,se determina, sin esfuerzo alguno, que la Sala indicada. paraconformar la prueba que utilizó para condenarme ysupuest~mente para fundar su fallo, simple y sencillamente seconcreto a consignar el nombre y apellidos del comparecienteY de los señores Héctor Rolando Garcfa Juárez, MarioHumberto Garcfa Monroy, Pedro René Garcfa MonroyEnma Antonie~a Alanzo Gámez de Soberanis, Edgar Eleáza;Alvarado G1~on, Juan ~amilo Jiménez y Edilzar FelipeAlvarado G1ron Y transcnb1r de sus respectivas declaracionesINEXACTAMENTE y con excepción de Mario HumbertoGarcia Monroy, los párrafos que considedel ca5o (latranscripcibn de una declaración inexacta, como lo afkmael recurrente genera error de HECHO en la apreciación de laprueba. por TERGIVERSACION, pero no ERROR .DEDERECHO en la apreciación de la misma), que desde luegoson irrelevantes para sus efectos" al argumentar en esteaspecto, el recurrente cita otra serie de disposiciones legales,que además de no ser de estimativa probatoria, no fu"eroncitadas como infringidas en el apartado correspondiente.Dice además el recurrente que la Sala sentenciadora incurrióen error de derecho en la apreciación de la prueba al darlevalor legal a la declaración testifical de HECTORROLANDO GARCIA JUAREZ; "sin haber determinado laconcurrencia de tacha absoluta. y sin haber aplicado la sanacritica" (de conformidad con la ley las declaraciones quetengan tachas absolutas no pueden ser apreciadas por elsistema de la sana critica); dice además el recurrente que laSala no hizo aplicación del sistema de la sana critica alhacer la valoración de la declaración del testigo MAR JOHUM8ERTO GARCI.I'. MONROY; indicando que atribuyóesa declaración a lo dicho por el señor MAR JOHUMBERTO GARCIA RAMIREZ (lo anterior es un claroerror de HECHO en la apreciación de la prueba pero no dederecho); en otra parte de su extenso memorial elrecurrente manifiesta que el Tribunal de segundo gradotambién incurrió en error de derecho al valorar ladeclaración de PEDRO RENE GARCIA MONROY, al nohaber apreciado dicha declaración de confonnidad con lasnormas fundamentales de la sana crítica pues en taldeclaración dicho testigo uno hace referencia a hechos quepuedan considerarse como los que originaron el hecho"porque a su juicio carece de valor de acuerdo con elArticulo 652 del Código Procesal Penal (si la declaración esnula segln el recurrente, no puede acusar infracción alsistema de la sana crítica, porque para ello, es necesario quela declaración esté en condiciones jurídico procesales, depoderle conceder valor probatorio); sostiene además elrecurrente que la Sala sentenciadora incurrió en error dederecho en la apreciación de la prueba al darle valorprobatorio a la declaración de ENMA ANTONIETAALONZO GAMEZ DE SOBERANIS al no haberlaapreciado de conformidad con la Sana Crítica y al respectodenuncia infracción para la misma declaración del Artículo638 Y 652 del Código Procesal Penal (los que como ya se_analizó excluyen mutuéJTlente pues no puede valorarse porsana ~ríti~a atgo que es nUlo y sin ningún valor legal) citaademas la Infracción de otras disposiciones legales haciendouna relación de las razones por las cuales estima ¿ue en estecaso, la Sala infringió las normas fundamentales de la sanacrítica; agregando además que a su juicio dicha declaraciónes imprecisa; dice además que la Sala no relacionó estaúltima declaración con la del procesado y condenado denombre ELIXALEN CRUZ DIAZ, quien aceptó comohecho propio y en su contra, la comisión de los hechos queprodujeron las lesiones que le causaron la muerte al menorMeléndez Rodrfguez y que conformándose como lisa yllana confesión, sirvieron de base para condenarlo·habiéndose aceptado dice el recurrente de parte de la Sal~"los hechos que dicho procesado aceptó, EN CUANTO ASU PARTICIPACION PERSONAL Y EXCLUSION DELOS DEMAS ENCAUSADOS, por lo que no podrlaobtenerse otro medio probatorio que desvirtuara esaverdad, por inedia o razones distintas". En otra parte de sumemorial el recurrente manifiesta que es de criterio que laSala también incurrió en error de derecho al apreciar laprueba consistente en la declaración de ELBA PILARM~RALES DE RODAS, porque al valorar infringió losarticulas 638, 652. y otros; por las mismas razones sostieneel recurrente también que la Sala incurrió en el mismo erroral. valorar la declaración de EDGAR ELEAZARALVARAD~ GIRON, haciendo los razonamientos ycrgumentac1ones que estimó pertinentes; en igual sentido sepronuncia ~1 recurrente en lo relacionado con la declaraciónde EDIL~R FELIPE AL VARADO GJRON, sosteniendotambién como infringidos entre otras nonnas en relación aesa declaración, los artlculos 638 y 652 del Código ProcesalPenal. En otra pa~e de su recurso manifiesta el presentadoque la Sala también realizó ERROR DE DERECHO EN LAAPRECIACION DE 1-A PRUEBA al haber descalificado lasdeclaraciones de Olivia Gramajo Alvarado, Angelina PérezOrtiz, Antonio V anegas Portillo, Maria Guadalupe Borray¿García. Maria Elsa de Gramajo, Gregaria Chacón de LeónJosé Rubén Obregón, José Antonio Vásquez Higueros yJulián Chang Alejos "por considerar que. las mismasapél"ecen imprecisas y no enervan la prueba de cargo yaanalizada" sin haber usado la Sana Critica y porque sinfundamento y análisis alguno procedió a descalificar lasdeclaraciones de los testigos ya indicados;


24 GACETA DE TRffiUNALES-IV-El interponente del recurso extraordinario decasación también denuncia que el Tribunal que dictó lasentencia de segundo grado, incurrió en ERRORES DEHECHO EN LA APRECIACION DE LA PRUEBA, alomitir el examen de los informes médicos legales, emitidospor el servicio médico forense (señala las fechas) queestablecen las heridas que presentaba el menor, la causa dela muerte y cJase de arma usada para infer{rselas; que a sujuicio con dichos dictámentes pudo haberse establecido queel presentado y recurrente no pudo haberle causado dichaslesiones al menor fallecido; con los elementos de juiciocontenidos en li$ consideraciones procedentes, esteTribunal procederá a continuación a analizar los aspectosfundamentales c;Jel fallo de segunda instancia, para despuésrealizar el análisis comparativo. obligado para esta clase derecursos técnicos y extraordinarios; ·-V-FUNDAMENTACION JURIDICA DE LASENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA:Al analizar la sentencia de segunda instancia. la queaparece impugnada mediante el recurso extraordinario decasación, y hCJ::iendo un resumen, se encuentra que losprincipales fundamentos jurídicos del. Tribunal de segundogrado, pera tomar la decisión condenatoria de su fallo,fueron principalmente los siguientes:A) en primer lugar aparece plenamente demostrada enautos, la muerte violenta de Otto René MelendezRodríguez, con el acta descriptiva levantada en el lugar delos hechos, en el reconocimiento judicial que del cadáverhizo el Juez instructor; el informe de la autopsia practicadaen el cadáver y la certificación de la Partida de Defunsióncorrespondiente;. S) También está demostrada la existenciade las lesiones sufridas por Héctor Rolando Gir"cía Juárez,con el informe médico legal remitido al respecto. C) EsteTribu.nal estima asimismo plenamente probada laresponsabilidad criminal de los procesados Elixalen CruzDíaz y Julián Cc?bar Malina, con los siguientes mediosprobatorios. En cuanto a Elixalen Cruz D íaz: con suexpontanea confesión y los careos que fueron practicadosentre su persona y el sindicado Julián Cóbar Malina y entreel mismo y Eduardo Cóbar Chavarrfa, en cuanto a laresponsabilidad criminal del procesado JULIAN COBARMOLINA, en primer lugar con su confesión impropia. alreconocer en su declaración indagatoria que efectivamente.los otros procesados Mario Noé Ramírez Sicán. ElixalenCruz O íaz y Luis Ramón López, trabajan con él en lasFerias Cantonales y que a los otros procesados también losconocfan porque también trabajan en las Ferias antescitadas, reconoció que los- dos individuos que tuvieron unadificultad en el "futillo" se fueron pero que luegoregresaron como a la media hora y va en número como deveinticinco a treinta, a~mados con objetos, que luegoapedrearon los negocios que en aquel lugar estabaninstalados y que a él lo botaron y lo apedrearon, dejándolotirado en el suelo y se fueron. Aparecen declaraciones queaclaran mas su participación delictiva; así Héctor RolandoGarcía Juárez dijo que todo había sucedido porque cuandojugaban con el hoy fallecido en un Juego de la FeriaCantonal. se trabó una moneda y que al reclamar por dichasituación, se iban a pelear Otto (el fallecido) con elempleado que dirigfa o cuidaba aquel negocio, siendoentonces cuando llegó el dueño del mismo, un gordo y se lefué encima a Otto y que al intervenir él lo puyaron en lacadera Mario Humberto García Monroy, explica el casoigual que el anterior aclarando que cuando Otto y elempleado se iban a pelear llegó Julián y se fue para encimaa Otto René, que luego lleg(J'on los otros empleados concadenas y cuifldo uno de ellos puyó a Héctor RolandoGarcía Turcios y lueg::> cuando salieron huyendo Otto Renéllevaba dos cuchilladas ya que cuando cayó por las heridasque llevaba. don Juliirl le dió un machetazo en la espaldaPedo R.,é García Monroy, decléM""ó que como a las nuevede la noche ~tabal jugando en el futillo, pero se trabó unamoneda y Otto René llémá al encargado pa[a hacerle saberaquello y le dió otra moneda para que la metiera y la cual sevolvió a trabar; que el enc.-gado dió las bolas, pero cuandoOtto René le pidió queJe diera los otros cinco centavos quese habían perdido, el encargada no se los quiso dar, seinsultaron y salieron a peleone. que fue entonces cuandollegó el dueño del negocio, un señor gcrdo y se le dejó irencima a Otto, pero Rolando García se interpuso, el señorgordo principió a pelearse con él; que luego salieroncorriendo llevando va Edilzar cargado- a Otto que ibanpersiguiendo tuvieron que dejar herido a Otto. EnmaAntonieta Alonso Gámez de Soberanis, quien relata loshechos acaecidos en igual forma casi que el anterior. Elbadel Pilar Morales Rodas declaró que el dfa de los hechos,ella se e!1Contraba viendo televisión cuando oyó un ruido demucha gente oorriendo, salió a ver a la calle, o sea laséptima calle "A" y se dió cuenta que dos muchachosllevaban abrazado a otro, que al principio a ella le parecióque iban tomados de licor, pero luego se dió cuenta queaquel muchacho iba herido, que los iban persiguiendO variaspersonas encabezadas por un señor gordo con un macheteen la mar~o y otros atrás de él armados de palos, cadenas,que los muchachos que llevaban abrazado al otro cuar~dovieron sin duda que ya los alcanzaban, dejaron tirado allesionado y salieron corriendo. Oue el señor gordo llegóhasta donde estaba el lesionado y le dijo "te vas a morí(' noviendo realmente por la obscuridad si le pegó o no con elmachete que llevaba. Edgar Eleazar Alvarado Girónmanifestó que el dfa de los hechos a eso de las nueve de lanoche se encontraba en la séptima avenida "A" de la zonasiete, Colonia Ouinta Sarriayoa o mejor dicho caminabacuando vió que iba un muchacho no viendo si acompañadoo solo, cuando vió que se cayó pues iba herido y que atrásde aquel iba un señor {PrQo con un machete al cual podríareconocer y que aún viéndolo tirado sangrando le dió unmachetazo y salió corriendo. Agregó luego que el muchachose quedó allf botado y ya no se pudo levantar. Juan CamiloJiménez, manifestó que el día 'de autos a las veintiunahoras, cuando iba caminando por la séptima calle "A" vióque iba un jovencito perseguido por un grupo de personas,y que al darle alcance uno de ellos le dió un golpe conmachete, siendo lo único que vió y que luego habiendoregresado al lugar donde había visto lo sucedido encontróaquel muchacho con aburv;lante sangre. Edilzar FelipeAlvarado Girón quien dijo ser compañero de estudios delfallecido pero no amigo, declaió que te constaba que elseñor Julián Cóbar y sus empleados es el promotor de lamuerte del menor Otto René Meléndez Rodríguez, ya quevió c~ando el menor corría y lo seguían varias personas,constandole que fue Julián Cóbar el que le dió la heridamortal al referido menor ... Finaliza la Sala sentenciadora"con la prueba analizada este Tribunal llega alconvencimiento que el procesado Julián Cóbar Molina·s(participó directamente a la consumación del hecho delictivoinvestigado". Además, entre las leyes en que la Sala sefundó para proferir el fallo impugnado, aparecen como deESTIMATIVA PROBATORIA, las siguientes: 489 y 638del Código Procesal Penal.-VI-


GACETA DE TRIBUNALES 25-VI-ESTIMACION JURIDICA ENTRE LOS ARGUMENTOSDEL RECURSO, LA SENTENCIA DE SEGUNDAINSTANCIA. Y LAS LEYES APLICADAS POR ELRECURRENTE.Generalmente cuando el recurso se interpone pormotivo de fondo, las leyes citadas como infringidas son casisiempre de naturaleza sustantiva, con excepción del recursopor error de derecho en la apreciación de la prueba, en quecomo ya se consideró las leyes denunciadas como tales nosolo deben ser procesales o adjetivas, sino ser precisamentelas que corresponden a la estimativa probatoria de cada unade las pruebas en las que haya afirmado que se cometió departe de la Sala el error ya mencionado; para el efecto no essuficiente que únicanente se cite el número del artículo,sino especificarse con absoluta precisión los párrafos opartes del mismo que se estimen violados, o si por elcontrario se considera infringido íntegramente; es necesariotambién indicar las razones por las cl!.ales se denuncia lainfracción e identificar de manera inequívoca el cuerpolegal a que pertenecen. Las facultades del Tribunal Supremopor la naturaleza técnica del recurso extraordinario decasación, están LIMITADAS para solo conocer de losartfculos e incisos cuya infracción ha sido oportuna ylegalmente planteada; como existen formas de infringir lasdisposiciones legales vigentes, el rigorismo de este recursoextraordinario, aconseja que el recurrente, manifieste cualde esas formas a su juicio deja el camino jurídico viable,para el éxito de la acción procesal planteada mediante surecurso de casación. Al anal izar en el preserite caso elmemorial introductivo del recurso.- la sentencia de segundogrado; y las disposiciones legales citadas como infringidas,se concluye en lo siguiente:1- Como ya se analizó el recurrente manifestó a esteTribunal que "La Sala Décima de la Corte de Apelaciones,incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba,al haber calificado mi declaración indagatoria comoconfesión impropia, haciendo interpretación equivocada dela norma que la regula, infringiendo con ello los artículos496, 489 y 701 del Código Procesal Penal". Al respectocabe considerar que la Sala sentenciadora al referirse a ladeclaración del recurrente en concreto dice: "en primerlugar con su confesión impropia, al reconocer en sudeclaración indagatoria que efectivamente los otrosprocesados ... trabajan con él. .. que a él lo botaron Y lopatearon ... dejándolo golpeado tirado en el suelo ... quedos personas desconocidas le estaban pegando a suempleado. . . y que habiendo ido a aquel lugar dondesucedían los hechos, les dijo que se separaran y así lphicieron ... pero que luego después regresaron como ya seexpuso anteriormente y sucedieron los hechos ... Comopuede verse reconoció que participó en los hechos de donderesultó muerto el menor Otto René Meléndez Rodríguez losanteriores son conceptos que en su parte con,ducente sirvende ba·se a la Sala sentenciadora para calificar de confesiónimpropia lo declarado por el recurrente de nombre JULIANCOBAR MOLINA; es conveniente hacer constar que elArtículo 496 del Código Procesal Penal contiene unadefinición o concepto muy sencillo de lo que para losefectos de la aplicación del Código Procesal Penal debeentenderse por CONFESION IMPROPIA, manifestando quees "EL RECONOCIMIENTO QUE HAGA ELENCAUSADO DENTRO DEL PROCESO, DE HECHOSQUE LE PERJUDIQU-EN, y la ratificación de losreconocidos extraproceso, seguirán el mismo régimen de laconfesión", es decir, que en estricto sensu, no se tratapropiamente de una confesión en el sentido obvio y clarode la palabra, sino de una situación especial, en que elprocesado, reconoce una serie de hechos y circunstancias,que al verse adecuadamente COMPLEMENTADOS porotros mediqs de investigación o de prueba, en formaCOADYUVANTE Y COMPLEMENTARIA, puedenintegrar contra el encausado la SUFICIENTE PRUEBApara proferir un fallo condenatorio; pero en el presente casoy de acuerdo a las consideraciones con relación a lodeclarado en su indagatoria por JULIAN COBAR MOLINAhacen los Magistrados de la Sala Décima de la Corte deApelaciones, los hechos y circunstancias que en susconsideraciones, reconoció según ellos el procesado yacitado; de ninguna manera, y de acuerdo a la descripción delos mismos que ellos hacen en su fallo, no puededebeconsiderarse como~ CONFESION IMPROPIA, pues enrealidad 'no reconoce según la sentencia de segundainstancia, ningún hecho o circunstancia que lo comprometa,o que del o de los mismos, pueda deducirse como unarelación de indefectible causalidad lógica, que en algunaforma, de la confesión transcrita por los Magistrados, elprocesado ya citado, haya participado en el hecho delictivoque motivo el proceso que hoy se estudia en casación; esconveniente hacer constar que esta parte del fallo decasación, no prejuzga sobre la culpabilidad o inocencia delprocesado, simplemente se está llegando a la conclusión queen la forma que aparece transcrita la confesión- delrecurrente en el fallo de segundo grado, no reune lascondiciones elementales, para poder ser considerado comouna confesión impropia; ES EVIDENTE PUES EL ERRORDE HECHO COMETIDO POR LA SALA, al darle valor deconfesión impropia, a la declaración que aparece transcrHaen la sentencia de segundo grado; tergiversando sucontenido contra el procesado, haciendo constar ademásque para llegar a la conclusión anteriormente indicada, setomó como punto de referencia, únicamente; la descripciónque de la confesión hacen los señores Magistrados de laSala, pues por no ser la casación una tercera instancia,cuando se esta dictando la sentencia de casación, no esdable jurídicamente realizar el análisis de las pruebas, sinoúnicamente controlar conforme a derecho el análisis que delas mismas hizo el Tribunal de segunda instancia; enconclusión la Sala sentenciadora no cometió error dederecho en la apreciación de la prueba, al haberle dado elvalor de confesión impropia a la declaración que losMagistrados transcriben en el fallo de segundo grado; elArtículo 496 del Código Procesal Penal como se consideró,contiene una sencilla definición de los requisitos Ycircunstancias que deben concurrir en una declaración paraque pueda estimarse como confesión impropia, pero esdubitativo que se trate en forma absoluta de una norma demera estimativa probatoria; pues una cosa es considerar unadeclaración como confesión impropia y otra es la laborpuramente intelectual y lógica de analizar su valor eincidencia probatoria; la tergiversación que hace la Sala,indicando que existen conceptos en la declara::ión delprocesado que esta no contiene, es pues evjdente, pero ellono configura error de derecho en la apreciación de laprueba, sino de hecho, y así no fué denunciado por elrecurrente.11- El recurrente como ya se considedenunció que·la Sala había cometido error de derecho en la apreciaciónde las pruebas al analizar l_as declaraciones de los testigos denombres Héctor Rolando García Juárez, Mario RobertoGarcia Moflroy, Pedro René García Monroy, EnmaAntonieta Alanzo Gámez de Soberanis, Edgar EleazarAlvarado Girón, Juan Camilo Jirnénez y Edilzar FelipeAlvarado Girón, manifestando que al apreciar dichasdeclaraciones testificales, la Sala había omitido hacer


26 GACETA OE TR!Bt:NALESaplicación del sistema de apreciación de la pruebadenominado de la sana crítica, formulandoindividualmente, tesis al respecto, relacionada con cada unade las decj~raciones y acusando infracción al artículo 638del Código Procesal Penal y al artículo 653 del mismocuerpo legal, como también al 652 de ese mismo Código dederecho adjetivo. En efecto, la Sala después de afirmarindebidamente que el procesado Julián Cóbar Malina habíareconocido en su declaración su participación en los hechosen los que falleció el menor Otto René Meléndez ROOríguezdice lo siguiente: "y en la forma como él dice que estoshechos sucedieron no los probó durante la dilaciónprocesal, y por el contrario aparecen declaraciones que-i!C;(aran más su participación delictiva; así HECTORROLANOO GARCIA JUAREZ (transcribe unos conceptosde esa declaración); Mario Humberto García Monroy(transcribe conceptos de su declaración); entre esosconceptos dice.. . llegó don Julián y se le fué encima aOtto René (El occiso). que luego llegaron los otrosempleados con cadenas y cuchillos, siendo entonces cuandouno de ellos puyó a Héctor Rolando García Turcios, queluego cuando salieron huyendo Otto René (el occiso)llevaba dos cuchilladas; Pedro René García Monroy. _.. quefué entonces cuando llegó un señor gordo. .. y se le dejó irencima a Otto, pero como Rolando Garcfa se interpuso, elseñor gordo principió a pelearse con él (con Rolando) queluego salieron corriendo ...; Enma Antonieta AlanzoGámez de Soberanis ... que por el tumulto no vió quien fuéel que causó las heridas ...; E Iba Pilar Morales de Rodas ...que se dió cuenta que el muchacho iba herido, que lo ibanpersiguiendo varias personas ... encabezadas por un señorgordo con un ma:hete en la mano ... que el señor gordollegó hasta donde estaba el lesionado y le dijo ""te vás amorir"" ... no viendo realmente por la oscuridad si le pegóo no con el machete ...; Edgar Eleazar Alvarado Girón ...que trás de aquel iba un señor gordo con un machete al cualpodría reconocer, y que aún viéndolo tirado sangrando ledió un machetazo y salió corriendo ...; Juan CamiloJiménez vió que un jovencito era seguido por un grupo depersonas, y que al darle alcance uno de ellos le dió un golpecon un machete ...; Edilzar Felipe Alvarado Girón ... quele constaba el que el señor Julián Cóbar y sus empleados, esel promotor de la muerte de Otto René MeléndezRodríguez .... constándole que fué Julián Cóbar el que ledió la herida mortal al referido menor" la transcripciónanterior contiene partes conducentes en fonna literal, comoincluyeron los Magistrados de la Sala sentenciadora lasdeclaraciones, que utilizó como testigos de cargo; alrespecto cabe considerar: por razones de orden LOG ICOprecisamente el análisis de esta parte del recurso que serefiere a que según el recurrente la Sala cometió errores dederecho en la apreciación de la prueba testifical, y por laincidencia que puede tener; este Tribunal estima procedenteanalizar previamente si la Sala sentenciadora.· cometióERROR DE HECHO al no analizar en fonna completa eldictamen de la necropsia del fallecido, fundamentalmenteen lo que se refiere a la descripción de las heridas sufridaspor el occiso, y a la causa real y eficiente de la muerte; alrespecto se estima adecuado transcribir literalmente loconducente del dictamen de la necropsia correspondienteasí: "LESIONES: herida subclavicular media derecha detres centímetros de largo, obl ícua, saturada, herida obl ícuade decisiete centímetros de largo, en la región axilaranterior, saturada, otra herida de dieciseis centfmetros delargo, vertical que se inició en la base de la axila derechasobre la 1 ínea axilar posterior, hay sección de la arteriaaxilar derecha y de la cubital derecha con hemorragiamasiva secundaria., . . CONCLUSIONES: 1A) heridasproducidas por arma cortante en el tórax; y brazo derecho;18) Sección de arteria axilar y cubital derecha; lC}hemorragia masiva; shock hipovolémico irreversible.CAUSA DE LA MUERTE: Heridas producidas por armacortante en tórax y brazo derecho, sección de arteria axifary cubital derecha; hemorragia masiva, shock hipovolémicoirreversible". La Sala sentenciadora tomó en cuenta eldictámen de la necropsia únic


GACETA DE TRIBUNALES 27adecuadamente. En conclusión: la prueba testifical en quela Sala se fundó para proferir una sentencia de condena encontra del recurrente, no fue apreciada de conformidad conel sistema de la Sana crftica, lo que adolece de infracción alos Artículos 638 por interpretación errónea y 653 porinaplicación, del Código Procesal Penal, existiendo evidenteerror de derecho en la apreciación de dichas declaraciones,pues no concuerdan entre sí en sus aspectos fundamentales,ni tampoco concuerdan con lo declarado por el proceso ensu indagatoria y no existe coinCidencia con el dictamenmédico y su ampliación, pues algunos de los testi9)s leatribuyen al recurrente haber inferido las lesiones con unmachete pero, las lesiones descritas por el Médico forenseno están en lugares descritos por los testigos, nicorresponden a las heridas que de conformidad con la lógicay experiencia, son suceptibles de ser producidas con unmachete, según reglas de medicina forense aceptadasreiteradamente por nuestros Tribunales del orden criminal;en cuanto al error de hecho denunciado referente a laomisión del análisis completo de los dictirnenes completosrelacionados con necropsia del procesado, el mismo existepero por sí mismo no es suficiente para demostrar de mc:ttoevidente la equivocación del Juzgador; ppr lo que el recursode casación planteado debe prosperar por error de derechoen las dectaraciones de los señores Olivia Gramajo Alvarado,Angelina Pérez Ortíz, Antonio Vanegas Portillo, MaríaGuadalupe Borrayo Garcfa Mar fa Elsa de Gramajo, GregariaChacón de León, José Rubén Obregón, José AntonioVásquez Higueros y Julián Chang Alejas; en tal conceptodebe resolverse lo procedente;SENTENCIA EN CASACION:De conformidad con lo dispuesto en el Artfculo 754del Código Procesal Penal, si se tratare de casación defondo, al declaré~" procedente el recurso, el tribunal casarála resolución impugnada, y fallará sobre la materia de que setrate. En el presente caso como se ha encontrado que laSala ha incurrido en errores de derecho y de hecho-en laapreciación de las pruebas, es procedente hacer aplicaciónde la disposición legal Cflteriormente transcrita; y delestudio y análisis integ-al que se hace de las actuaciones sellega a las siguientes conclusiones: A) efectivamente talcomo lo consideró el Tribunal sentenciador en segunda1 ntancia. la muerte violenta del ofendido de nombre OTTORENE MELENDEZ RODRIGUEZ quedó debidamenteacreditada en el proceso con los siguientes elementos deconvicción: 1) el acta descriptiva post mortem levantadapor el señor Juez instructor de las primeras diligencias; 2) lacorrespondiente certificación de la partida de defunciónque obra en autos; y e) con el dictamen de la necropsiapracticada al cadáver del fallecido, en la que consta demanera indubitable que la causa real y eficiente de lamuerte fué "shock hipovolémico irreversible, consecuenciade heridas en el tórax producidas por arma cortante". "B)el procesado de nombre JULIAN COBAR MOLINA alrendir su correspondiente declaración indagatoria, y alserie ampliada convenientemente la misma, en ninguna dedichas diligencias reconoció en ninguna forma haber tenidoparticipación activa, en el hecho criminal que motivó lainiciación y fenecimiento del proceso que hoy se examinapor este Tribunal de casación, por lo que en realidad puedeafirma-se que en el presente caso, no se produce ningunaclase de confesión; C) el resto de medios de investigaciónque fueron recabados por los Jueces durante la fasepreparatoria del proceso y los elementos p;ubatoriosaportados por las partes durante el juicio, según se analizóal dictarse la sentencia de casación, no tienen la eficaciajurídica probatoria suficiente por adolecer de los erroresqué ya fueron analizados y considerados en la partecorrespondiente del presente, fallo por lo- que es el caso deconsiderar que no existe suficiente prueba para proferir unfallo de condena en contra del enjuiciado ya mencionado;0) en virtud de lo anterior es el caso de hacer correctaaplicación de las doctrinas contenidas en los artículos 33 y55 del Código Procesal Penal, y en consecuencia dictar lasentencia que en derecho corresponde.LEYES APLICABLES:'Artículos: 20, 24, 31, 33, 40, 55, 60, 64, 125, 193,201, 368, 369, 407, 428, 460, 462, 475, 489, 496, 498,500, 631, 635. 638..639, 642, 643, 652. 653. 657. 663,669, 679, 689. 694. 700, 730, 740. 743, 745 numeral VIII, 750,752, 754, 757 y 760 del Código Procesal Penal 32, 38,inciso 2o., 157, 158, 160, 163, 168, 169 del DecretoLegislativo 1762.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, -cámara Penal, confund001ento· en lo considerado y leyes citadas, al resolverDECLARA: l. Procedente el recurso de casación por errorde derecho y de hecho en la apreciación de las pruebas,planteado por JULIAN COBAR MOLINA, contra lasentencia dictada por la Sala Décima de la Corte deApelaciones el tres de julio de mil novecientos setenta ynueve, por medio de la cual se le condena como autorresponsable del delito de Homicidio, cometido contraOTTO RENE MELENDEZ RODRIGUEZ. 11.· En virtud dalo anterior CASA la sentencia impugnada y que ya fueidentificada anterionnente en lo que se refiere al recurrentey al fallar sobre el" asunto absuelve al procesado JULIANCOBAR MOLINA del cargo sobre el que se pronunció porfalta de prueba para demostrar su culpabilidad, yapareciendo que se encuentra purgando prisión, ordena suinmediata libertad por el medio más rápido. IIL·Notifíquese y con certificación de lo resuelto devuélvanselos antecedentes al Tribunal de origen, quedando el Juezque dictó la sentencia responsable de la inmediata y estrictaejecución de lo resuelto en el presente fallo. (fs) C.E.Ovando B. ···A. E. Mazariegos G. -·Juan José Rodas. --J.Felipe Dardón. ···R. Rodríguez R. --Ante mí: M. AlvarezLobos.PENALRecurso extraordinario de casación interpuesto por,Mario Roberto Fopsea Méndez Ruiz, contra la sentenciadictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones.DOCTRINA:a) Si el proceso se substancia en Tribunal competente,satisfaciéndose las formalidades esenciales del mismo, no seincurre en infracción Constitucional.b} Para que exista error de derecho en la apreciaciónde la prueba proveniente de no aplicación correcta delSistema de la Sana Cr(tica, el Tribunal sentenciador debeinfringir en la realidad las reglas fundamentales de dichosistema.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL: Guatemala, dieciocho de febrero de milnovecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver el recursoextraordinario de casación, interpuesto por Mario RobertoFonsea Méndez Ruiz, contra la sentencia pronunciada porla Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, el treinta deoctubre de mil novecientos setenta y nueve_, en el procesoque por el delito de Homicidio le fuera incoado en elTribunal Militar de la Zona Militar "General Justo Rutina


GACETA DE TRffiLNALESBarrios" constando que el recurrente según las constanciasprocesales es de treinta y seis años de edad, casado, militar,guatemalteco, originario· y vecino de esta ciudad, conresidencia en la veintisiete calle número dos guión treinta ytres de 1~ zona diecinueve, casado con la señora MaríaTeresa Rímola de Fonsea, con quien no ha procreado hijo,no ha estado preso antes, ni tiene apodo conocido;habiendo actuado como Abogado defensor el Licenciado:Guillenno Alfonso Monzón Paz, quien tiene también lacalidad de abogado director del recurso; como acusadoraparticular Alicia Romelia Luarca García Viuda de Paiz; y elMinisterio Público.ECTRACTO DE LA SENTENCIA RECURRIDA:La sentencia impugnada resume correctamente la deprimer_ grado y expresa que al -procesado se le señaló elsiguiente hecho justiciable: "que el día sábado quince deabril pasado (se refiere a mil novecientos setenta y ocho) alas veinte horas y cinco minutos, el agente de la PolicíaNacional Sabino Guevara Tenas de servicio en la sextaavenida de la Colonia San Francisco zona diecinueve, se diocuenta que dentro de una ambulancia de los BomberosMunicipales se encontraba una p~rsona herida a la que sellevaron sin darle tiempo a tomar los datos, momento enque usted llegó ofreciéndole darle un halón al Centro unodel Instituto Guatemalteco de Seguridad Social a bordo deun 'pick-up color amarillo, placas P sesentiséis milseiscientos ochenta y cinco {p 66, 685) o cincuenta y unmil ciento sesentisiete (51167), tomando por la Calzada SanJuan zona siete y a la altura de la veintitrés avenida de lamisma zona rebasó el jeep Toyota, color verde, pl~asoficiales O diez mil quinientos diecinueve (0-10519) del1 nstituto Nacional de Transformación Agraria; a las pocascuadras los rebasó el jeep identificado y al llegar a la treceavenida de la misma calzada San Juan, frente alestacionamiento_ Palmieri, entre veinte horas treintaminutos y veintiuna horas, usted rebasó nuevamente alcitado jeep atravesándole. el pick-up, cortándole el paso;quedándose el policfa en el pick-up, se bajó inmediatamentecon la pistola marca Colt, calibre cuarenta y cinco, númeroC doscientos treintiocho mil seiscientos treinta (C-238630),en la mano con cartucho en recámara y sin seguro; albajarSe el conducto-r del Jeep Toyota señor VicenteAntonio Paiz Bolaños, le ·pidió que se identificara y le dijeraporqué lo iba siguiendo, respondiéndole que no tenía queidentificarse con ningún hijo de ... , al reiterarle suidentificación, el señor Paiz Bolaños sacó un botón dorado,lo que no le aceptó como medio de identificación; ademásle pidió el salvoconducto del vehículo oficial, por Serprohibido que los sábados y domingos circulen esosvehículos, respondiéndole Paiz Bolaños con una bofetadaen la mandíbula. Al dispararle el·seíior Vicente AntonioPaiz Bolaños, con la pistola indicada, le hizo blanco en eltéi'ax, cayó y al bajarse el agente Sabino Guevara Tenas leapuntó con la citada aiJlla, lo que impidió su captura yabandonando el pick-up se alejó ..." Aprecia la Sala en sufallo que el óbito fue registrado, habiéndose recibido lacopia debidamente certificada, que con esto y las pruebasque serían analizadas más adelante se tiene por plenamenteprobado el hecho constitutivo de delito como lo constituyela muerte investigada Que encuentran plenamenteestablecidos los hechos que se pasan a enumerar" ... A) queel día sábado quince de abril de mil novecientos setenta yocho, a eso de las veinte y treinta y veintiuna horas el señorVicente Antonio Paiz BolañOs conduda el vehículo tipojeep marca Toyota, color verde, perteneciente al 1 nstitutode Transformación Agraria sobre la Calzada San Juan a laaltura de la veintitrés avenida de 1a zona siete; b) que enesta misma fecha y en igual ruta tripulaba el procesado supick-up placas P guión sesentiséis mil seiscientos ochenta vcinco, marca Chevrolet, siendo acompañado del agente de 1~policía na:ional Gabino Guevara Tenas; C) que por motivosde haberse rebasado estos vehículos, a la altura de la treceavenida de la misma calzada y zona, los conductores sebajaron y se suscitó un incidente; D) qüe en este lugar, elseñor Mario Roberto Fonsea Méndez Ruiz le dio-muerte alseña Bolaios Paiz con el revólver que pof\:aba al dispararley causarle una lesión en el tórax; E) que el hechor, luego decometido el hecho se dio a la fuga; F) que el sindicado esTeniente de Navío y fue detenido al día siguiente de loacontecido en su casa de habitación ubicada en la veintisietecalle número dos guión treintitrés de la zona seis delmunicipio de Mixco y al memento de la aprehensión le fuerecogida la pistola calibre cuarenticinco, marca Colt conuna tolva conteniendo siete cartuchos de igual calibre; G)que el disparo que le privó la vida al señor Paiz Bolaños, fuehecho a una distancia no menor' de cincuentiúncentímetros; F) que la prueba de la parafina fue positivapara el encausado y negativa para el extinto y H) que laconsorte del procesado, señora Mar fa Teresa R imola deFonsea había signado un acta en la Comandancia de laPolicía Militar Ambulante con el señor Mario René RuizMora, quien se obligó a cancelarle una deuda Estos hechosse encuentran plenamente establecidos con los siguientesórganos de convicción: 1) el señor Fonsea Méndez Ruiz, esconfeso de haber dado muerte al ofendido y su versióncalificada que se trata de un hecho punmente accidental, loresumió dé esta !nanera; que se encuentra amenazado por elseñor Mario Ruiz Mora y que el día de los hechos se pusomuy nervioso porque reparó que un jeep color verde conplacas oficiales lo seguía y por eso lo rebazó y cuando elotro conductor se le adelantó, procuró alcanzarlo hít>iendoaparcado, como también lo hizo el otro piloto, imbos sebajaron de los veh (culos y cuando le pidió el salvoconducto,este sujeto se encolerizó y le propinó una bofetada que lohizo trastrabillar y fue en ese momento que en fonnaaccidental se le disparó el arma que portaba y que tenía enla m~o derecha como prevención. Claramente manifestóque no negaba el hecho, pero afirmó que fue accidental yque quizás accionó el disparador, siendo todo producto dela causalidad y reconoció como propia el arma homicida, laque le fuera recogida al ser capturado y se le puso a la vistaal momento de la indagación. Esta declaración le fueampliada y en esta ocasión reiteró su tesis, insistiendo queel arma que portaba se le disparó al ser abofeteado y que noencañonó a la víctima. pero que cuando descendió de suvehículo iba preparado para defenderse con el arma en lamano por los numerosos atentados sufridos por miem !Y osde la institución armada. En cuanto a los hechos justiciablesque le fueron deducidos, no los aceptó sin dar mayoresdetalles. ti) la información testifical de los señoiesJerónimo El ías Sajché y Antonio Martínez, quienes si bienno identifican a los protagonistas, por lógica al examinarselos detalles que proporcionaron se infiere que a ellos serefieren, ya que la descripción de los vehículos y la formacomo se bajaron sus tripulantes denota una confinnación delo informado por el propio reo, siendo determinante lamanifestación del primero, quien vio cuando el sujeto queiba acompañado de un agente de la Policía, luego delalegato que sostuvieron, le disparó al individuo que seacompañaba de una dama, ya que el otro testigo solamenteescuchó la detonación y vio cuando e1 extinto cata. Laimpugnación que hace la defensa del dicho de tales testigos,no es valedera para restarle importancia convictiva,_pues susaseveraciones, además de coincidir en parte con la génesisdel suceso fatal es apreciable para el convencimiento del


GACETA DE TRIBUNALES 29criterio judicial y búsqueda de la verdad. El agente queacompañaba al sindicado, señor Gabino Guevara Tenas, enforma parca relacionó el momento del hecho fatídico, vaque solamente presenció el inicio de la causa que originó latragedia, es fedatario cuando los sujetos se bajaron de susautomóviles y oyó la detonación, no dándose cuenta de ladiscusión por el ruido de los veh fculos, pero si que el reotenía el arma en la mano y que aún a él mismo le apuntópor lo cual no pudo detenerlo. En iguales términos sepronunció el testigo Sergio Anfbal Pérez Estrada, quienafirmó haber visto cuando el hechor descendió de suvehículo con un arma de fuego en la mano, y luego escuchóun disparo, siendo concreto que no hubo discusión puestodo fue rápido y que el extinto no agredió al victimario.111) La prueba pericial acredita que los guanteletas deparafina, confonne el reactivo usado por el experto, dioresultado positivo en las regiones dorsal y palmar de lamano derecha del incriminado y fue negativa para el señorPaiz Bolaños, de lo que se establece que el primero habíadisparado antes de la fecha del examen. El mismo expertollegó a la conclusión que el anna que le fue incautada alincoado había sido disparada antes de la prueba o bien quese tuvo especial cuidado de limpiarla perfectamente despuésde cometido el hecho que se pesquisa, ya que encontróresiduos de aceite en el interior del cañón. Asimismo, fuedel criterio que un anna automática como la que motivó suesrudio, debe de halarse el disparador con un movimientode adelante hacia atrás y presionarse el seguro posterior dela misma. Posteriormente el experto amplió su dictamen novariando con ello el sentido del mismo, ya que fue claro alexpresar que los juicios deben de emitirse sobre basesconcretas y no sobre creencias personales como se lepreguntaba. Por su parte el perito Médico Legista adicionóel anterior dictamen sobre la causa de la muerte delofendido e hizo referencia a la cantidad de alcoholencontrado en las vísceras y que según su leal entender eldisparo que le produjo la muerte se hizo a una distanciamayor de cincuentiún centfmetros. Los indicios que sedesprenden de esta prueba se estima como mediocorrob0rativo de la prueba directa antes valorada. Losmotivos sobre los cuales el incoado calificó su conducta, esdecir que el disparo fue causal, no se encuentran 'debidamente establecidos, pues no existe prueba de lasintimaciones que en su contra hiciera el señor Mario RenéRuiz Mora, ya que solamente se presentó una certificaciónque acredita una relación .de carácter puramente civil entresu cónyuge y este sujeto; los testigos que ofreció y quedepusieron. señores Edwin Eleazar López, RodolfoSantisteban LimatU y Aillen Jessy Hallidan Sosa de Meoño,además de ser notoriamente imprecisos son referenciales ynada les consta de lo realmente acontecido; el perito de losTribunales de Justicia. con su criterio desvanece laposibilidad que el disparo fuera causal, mayormente con lasrespuestas dadas al cuestionario que se le dirigió en autopara mejor fallar proferido por este Tribunal en lo queatañe a los mecanismos requeridos para que puedadispararse un anna como la empleada en ta comisión deldelito pesquisado y la declaración prestada por el señorNarciso Clemente V ásquez Bravo, quien fue el encargado dela detención del reo y fue claro al contestar que no se diocuenta si el teniente de navío Fonsea Méndez Ruiz,estuviera lesionado, con lo que se deja margen de duda !ainfor,mación rendida sobre este extremo y la certificaciónmédica qu& el propio reo presentó, no habiendo sidoex;minado por Médico Forense ..." Agrega la Sala que loque integró es el delito de homicidio, teniendo al recurrentecomo autor del mismo, manteniendo lo resuelto en el fallode primer grado, en cuanto a esto así como lo que se refierea la pena que impuso de ocho años de prisióninconmutables, efectuada la rebaja a que se refiere eldecreto 83-79 del Congreso de la República, y lo referente aresponsabilidades civiles fijando la suma de cuatro mil'quetzales.HECHOS RELACIONADOSCON INEXACTITUD.Del estudio del proceso, se observa, que en los hechosque se tomaron como base para verificar la investigaciónjudicial, se encuentran ajustados a las constancias delproceso, no encontrándose ni-nguna exactitud en losmismos.PUNTOS OBJETOS DEL JUICIO.a) Oue el día sábado quince de abril de milnovecientos setenta y ócho, fue muerto en forma violenta elseñor Vicente Antonio Paiz Bolaños mediante un impactode bala que recibiera en el tórax; y b) que el reo yrecurrente Mario Roberto Fonsea Méndez Ruiz, fue el autordel disparo que a la postre causara la muerte que seinvestiga.RECURSO DE CASACION. .Exposición fáctico-jurídica del mismo. Mario RobertoFonsea Méndez Ruiz, interpone recurso de casación pormotivo de fondo, invocando como casos y sub-casos deprocedencia los contenidos en los incisos o párrafos 111, V,VIII y IX del artículo 745 del Código Procesal Penal en lasiguiente forma: A) INFRACCION CONSTITUCIONALIndicando que en el falla- impugnado se habían violado losarticulas 53 y 77 de la Constitución de la República, quegarantizan la inviolabilidad de la persona y sus derechos;que se han violado tales normas porque se le condenó por la ,Sala en un proceso seguido en el que no se observaron ·¡asformalidades procesales establecidas por la ley adjetivacorrespondiente por Jo siguiente: 11 ••• Al conferirse laaudiencia común por cinco días. mi defensor AbogadoGUILLERMO ALFONSO MONZON PAZ, la evacuóllenando los requisitos legales, haciendo la proposición delos medios de prueba como·lo señala la ley, en escrito quelleva fecha veintidós de mayo de mil novecientos setenta yocho y que fue recibido en la Auditoría de Guerra de laZona Militar General Justo Rufino Barrios, el veinticuatrodel mismo mes- y año. La acusadora particular señoraALICIA ROM ELlA LUARCA GARCIA VIUDA DE PAIZ,en memorial de fecha veintitrés de mayo de mil novecientossetenta y ocho, al evacuar l.a audiencia común que por cincodías se le- confirió tamblen solicitó la aperwra a prueba delproceso indicando los medios de convicción que iba a rendiren el perrada respectivo. El Tribunal Militar de la ZonaGeneral Justo Rufino Barrios, en resolución de fecha tres deagosto de mil novecientos setenta y ocho, señaló para laVista de Sentencia la Audiencia del cinco de octubre de eseaño a las quince horas, y la Auditoría de Guerra de lamisma Zona Militar, decretó la apertura a prueba delproceso en resolución de fecha tres de agosto del año milnovecientos setentiocho, habiendo señalado las audienciasrespectivas y dándole trámite a la prueba de expertos que sesolicitó por parte de mi defensor. No obstante lo anterior,de que se había decretado la Apertura a prueba del proceso,solicitada en la forma indicada, y además se había señaladolas audiencias respectivas, la propia Auditorfa de Guerra dela Zona Militar General Justo Rufino Barrios se negó adiligenciar los medios de prueba que ella había ordenadoque se recibieran; a solicitud de mi defensor GUILLERMOALFONSO MONZON PAZ, el Tribunal Militar de la ZonaGeneral Justo, Rufino Barrios, dictó la resolución de fecha


30 (;ACt:TA DE TRIBl\.\LESdieciocho de agosto del año pasado en la que resolvió "Encuanto a lo que pide, por el estado que guardan los autos,no ha lugar a continuar la tramitación del proceso". Enigual sentido y en la misma fecha se pronunció al respectode la solicitud que hizo mi defensor ya mencionado, en elsentido de que "No ha lugar a nombrar al Expertopropuesto señor EDGARDO OLOFF ZACHRISSONROGGE, por el estado que guardan los autos." Ante estasiguación de que se estaba violando flagrantemente elderecho de defensa al impedir, que el recurrente pUdieraprobar en juicio su inocencia, mi defensor, interpuso lanulidad del procedimiento, contra las dos resoluciones queya mencionaron, y al ser declarada sin lugar por el mismoTribunal Militar interpuso mi relacionado defensor, Recursode Apeloción, el que al ser conocido en Segunda Instanciapor la Honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones enresoluciones de fechas seis de noviembre de mil novecientossetenta y ocho, declaro con lugar el Recurso de Nulidadinterpuesto y ordenó al Tribunal Militar la continuación delproceso como corresponde conforme a la ley, así como lacontinuación del trirnite de la prueba de expertos. Eldiecinueve de febrero del año en curso, el Tribunal Militarde la Zona General Justo Rufino Barrios, ordenó laejecución de las resoluciones dictadas por la Honorable SalaCuarta de la Corte de Apelaciones, pero en lugar de ajustarlos autos a las normas procesales vigentes y al acatamientode la decisión del Tribunal de Segunda Instancia que habíaresuelto que se continuara con el trámite del períodoprobatorio, lo que hizo fue ordenar que se dictara lasentencia por el estado que guardaban los Autos. ante estasituación, nuevamente mi defensor impugnó de nulidad loactuado, solicitando que se ordenara la recepción de laspruebas propuestas por las partes, nulidad que fue denegadapor el mismo Tribunal Militar en resolución del veintisietede febrero del año en curso; ante esta situación el defensordel recurrente, Abogado GUILLERMO ALFONSOMONZON PAZ, interpuso Recurso de Apelación y laresolución fue confirmada por la Honorable Sala Cuarta dela Corte de Apelaciones; ante esta situación, el TribunalMilitar ya citado dictó sentencia de Primera Instancia encontra del recurrente , el dieciocho de mayo de milnovecientos setenta y nueve, en forma condenatoria y laHonorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones por suparte dictó la sentencia recurrida también condenatoria eltreinta de octubre de mil novecientos set~ntinueve. Comoestá probado con las constancias procesales hubo unaviolación total y absoluta, del derecho de defensa en juicio,incumpliéndose por violación, el artfculo 53 de laConstitución de la República, ya que no permitieron ni elTribunal Militar de la_Zona General Justo Rufi-no _Barrios, nila .Honorable Sala Cuarta de la Corte de Apelacíones quepudiera aportar los medios de prueba indispensables paraestablecer mi inocencia en el juicio, habiendo sido como·consecuencia condenado sin cumplirse con los requisitosestablecidos ni en el Código Procesal Penal ni en laConstitución de la República; esta negativa de deligenciarlos medios de prueba solicitados en tiempo, llenándose lasformalidades legales, incidió directamente en la sentenciacondenatoria dictada por la Honorable Sala Cuarta de laCorte de Apelaciones y contra la cual interpongo elpresente Recurso~ Extraordinario de Casación, máxime queen el propio fallo se hace constar que la confesión quepresté es de carácter calificado y que no establecí losextremos de esa calificación ..."B) ERRONEA CALIFICACION DEL DEUTO: Encuanto a este caso argumenta que en la sentencia se da porestablecido que Vicente Antonio Paiz Bolaños, falleció aconsecuencia de una herida perforan te del tórax, producidapor proyectil de arma de fuego, siendo la causa del deceso;y luego hace alusión a los hechos contenidos en los párrafosA), B), C), D), E), F), y H) a los cuales se hace alusión en elcontenido de la sentencia recurrWa. y que por lo mismo sehace innecesaria su repetición, que esos hechos fueron losque tomó en cuenta la Sala para calificC~" el delito comohomicidio porque en la aCci-ón--re_alizada por el recurrente sedio el dolo de muerte, asentando que "la clase de annautilizada, la importancia de la lesión causada. el incidentesucitado antes del crimen y la forma como tuvo lugar laagresión, dejaron margen de duda el animus necandi delhomicida. Continúa exponiendo el recurrente "... Encasación cuando se impugna un fallo por motivo de fondoen cuanto a infracción de ley sustantiva se refiere, debehacerse respetando los hechos que ese fallo da porprobados; 'de manera que debe examinarse en cuanto a esoshechos que se dan por probados; y que sirvieron al Tribunalde Segunda Instancia para que en conclusión los calificaracomo homicidio. Al afirmar la existencia del Homicidiodoloso, basado en los elementos fácticos que dio porprobados e imponer la pena señalada a esas fi~rasdelictivas, el Tribunal de Segundo grado incurrió eninfracción de ley sustantiva ya que al aceptar que la causade la tragedia se motivó de la era de violencia que priva enel país y en la actitud .. irreflexiva" del recurrente, loshechos que se dan POF- probados en el fallo de méritoquedan subsumidos en el artículo 124 del Código Penal quedice "Quien matare en estado de emoción violenta. se leimpondrá prisión de doS a ocho años", y no en la escogidapor la señtencía de mérito y por eso no existen razonesvalederas, para'aceptar la calificación del del ita que penaroncon manifiesta falta de motivación y clara infracción de losartículos 123 y 124, ambos del Código Penal, contenido enel Decreto número diecisiete guión setentitrés del Congresode la República; en relación en el caso de procedenciacontenido en el inciso tercero 111., del artículo 745 delCódigo Procesal Penal. Y se afirma esta infracción porque elpropósito está definido con toda claridad por la sentenciacuando se afirma, que el criterio de la Cámara es el de queel hecho se produjo o se integró, como producto de laconducta irreflexiva del Recurrente. Es decir que deacuerdo con el artículo 11 del Código Penal, el delito esdoloso, cuanqo el resultado ha sido previsto (dolo directo),o cuando sin perseguir ese resultado, el autor se lorepresenta como posible y ejecuta el acto (do! o indirecto);de tal forma que para la existencia de un homicidio dolosoes indispensable, como lo afinna la Sala, la declaración devoluntad del agente, asf como el acto de razonamiento oelaboración mental que es requisito indispensable para quepueda asegurarse que existe el dolo; sin embargo, escontradictorio y acusa infracción de ley sustantiva elaseguramiento que hace la Sala Cuarta de la Corte deApelaciones en el fallo de mérito, porque es indispensable· que si en la conducta del sujeto existe "Irreflexión", estohace desaparecer y excluye completamente el dolo demuerte, porque f-altaría una característica esencial en eldolo como es la reflexión y la aceptación en cuanto a laprevisión del resultado. De tal forma que la calificación deldelito que se ha hecho es errónea por cuanto que si bien escierto, se produjo como resultado la muerte del sujetopasivo señor VICENTE ANTONIO PAIZ BOLAIIIOS; estamuerte se originó de una alteración momentánea· ytemporal en la conducta del recurrente que le produjo unaalteración srquica de la facultad de razonamiento motivadapor un impulso ex temo que excluye totalmente la reflexióndel sujeto activo y en consecuencia una modificación de esedolo de muerte. En tal virtud siguiendo el principio indubioproreo es indiscutible que los hechos que se UJVieron por


GACETA UE TRIBUNALESprobados, encajan perfectamente en el delito de homicidioen estado de emoción violenta como se ha señalado. Losartículos citados comO infringidos, tienen relación lógicacon el caso de procedencia del recurso de Casación y lasrazones expuestas; además, el vicio señalado influye en ladecisión judicial impugnada, puesto que al calificarerróneamente los hechos declarados como homicidiodoloso, implícitamente esa errónea calificación repercutióen la imposición de una pena mayor que la señalada por laley para el Homicidio en estado de emoción violenta. queera lo procedente en derecho.C) ERRONEA CALIFICACION DE LACIRCUNSTANCIA QUE CONSTITUYE EXIMENTE DERESPONSABILIDAD PENAL: El presente caso deprocedencia de la casación, está previsto en el inciso V(Quinto), del ..-tículo 745 del Código Procesal Penal, quedice: "Cuando se haya cometido error de derecho en lacalificación de los hechos que se declaren probados en lasentencia, si constituyeren circunstancias eximentesatenuantes o agravantes de responsabilidad penal o de lapena o se hubiere omitido considerarlos como tales." Talcomo lo señalé, al referirme a la errónea calificación deldelito en la sentencia recurrida, se da por establecido en losautos., lo.s hechos que se dejaron transcritos en esa parte delRecurso. De acuerdo con el caso de procedencia señalado,la propia Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones,.omitió enel fallo, considerar la circunstancia eximente deresponsabilidad criminal, regulada en el artículo 23, incisosegundo del Código Penal, que se refiere a la causa deinimputabilidad por la no concurrencia en el momento de laacción de la capacidad de comprender (reflexión orazonamiento) el carácter ilfcito del hecho en virtud de laexistencia de un trastorno mental transitorio, que evita elposeer la voluntad necesaria y el razonamiento de la ilicitudpenal. En efecto, como ya lo hemos Indicado en otroap


32 l. \UI \Uf lll IIH \\U ouna confesión calificada, la que no existe en el presentecaso. Agrega, que la Sala no tomó en considzración lacircunstancia de que la víctima antes del hecho lo agredióde una bofetada en la mandíbula. causándole erosionesdentro del borde antera del labio inferior, hecho que seencuentra probado con el certificado médico extendido porel Doctor Julio Antonio Brañas lobos. Estas OMISIONESen que incurrió la Sala, son de suma gravedad porqueinciden sobre la declaración de responsabilidad criminaldecretada en su contra, omisiones graves por cuanto de ellasse desprende que nunca aceptó o que negó rotundamente elhaber disparado." •.•• 3 INFRACCION Al PRINCIPIO DEINDIVISIBILIDAD DE LA CONFESION: Expone elrecurrente, que en la sentencia se afirma que es confeso enhaber dado muerte al ofendido en su versión calificada, yademás determina que manifestó que nb negaba el hechopero que habfa afirmado que fue accidental de la siguientefonna: "afirmó que fue accidental y que quizá accionó eldisparador, siendo todo producto de la causalidad yreconoció como propia el arma homicida." Continúamanifestando el recurrente, que los razonamientos deltribunal sentenciador, son contrarios a· la lógica y a la leyporque divide la confesión al aceptar sol amente los hechosque le perjudican sin haber estimado lo que le favorececomo es: las explicaciones que dio respecto al incidente quetuvo con el señor Vicente Paiz Bolaños; que la Sala acepta yda por probado; su negativa rotunda de haber hecho eldisparo contra el mencionado señor; el hecho comprobadocon la certificación médica del Doctor Julio Antonio BrañasLobos, de techa diecisiete de abril dé mil novecientossetentiocho; el origen del incidente. Esto demuestra que elproceder de Ja Sala fue a todas luces ilegal, porque con surazonamiento, contrariando las reglas que sobre valoraciónde la prueba se consigna en el artrculo 638, se dividió laconfesión en desobediencia clara a lo dispúesto en elarticulo 491 en el que se recoge la doctrina de lainvisibilidad de la confesión, iJTlbos del Código Penal; puesademás consta en autos que se comprobó por otros mediosde prueba, lós hechos y circunstancia que contiene lasdeclaraciones del procesado como así lo dispone el últimode los artículos citados; que la confesión no puede dividirseen perjuicio del que confiesá, ninguna regla procesal obligaen forma específica a quien la hace aprobar lascircunstancias o hechos con que la califica, porque alcontrario, el artículo 49-1 del citado código, expresa que eljuez comprobará obligadamehte los hechos y circuntanciasque se contengan en la confesión. Continúa argumentandoen el sentido de que se faltó al sistema de valoración de lasana crítica, señala Jos artículos e incisos del CódigoProcesal Penal que fueron infringidos y culmina suargumentación expresando que se cumplió en lo que .a estaprueba se refiere con los requisitos que exige el recurso porfas siguientes razones: a) porque se razonó sobre el errorconsistente en darle a la confesión un valor que no tiene; b)la razón de la acusación como infringida de las normas devaloración, relacionadas con estas motivaciones y con laprueba impugnada por su aceptación contra el recurrénte;e) existe motivación lógica entre motivaciones, leyes citadascomo infringidas y caso de casación invocado y d) porúltimo el vicio repercutió en el fallo, puesto que si esaconfesión se analiza con los mandatos legales el fallo sehabr ia concebido en sentido diferente.DECLARACIONES TESTIMONIALES: Se expresaque en fallo proferido por la Sala, analiza como medio deprueba de la responsabilidad del recurrente, lasdeclaraciones testimoniales de Jerónimo Elías Sajché,Antonio Mart ínez, Sergio An íbal Pérez Esúada y del agentede la Palie ía Nac1onal, Gabinu Guevar a. a !as cuales lesotorga valor probatorio. atirmando en resumen losextremos que indican en !os parrafos al, b). e), como~arece en la parte considerativa del extracto de lasentencia de se.Junda instancia, ay-regando el recwrentA quetal tribunal al analizar la prueba, señaló la impu~Jn


(;,\CETA UE TIU!ll'\ALES 33establecidos los hechos que se pasan a enumerar", se llega ala cOnclusión que al fallo no aplicaron ni las reglas de lalógica, ni las reglas de la experiencia, ni menos elrazonamiento suficiente para valorarlas y tampoco se-hizoaplicación de la tacha absoluta de que adolecen lasdeclaraciones testimoniales ya relacionadas; todo ello,justifica que acusé como infringidos, los artículos 638, 643inciso 1, 653, 654 numeral VI del Código Procesal Penal enrelación con el caso de casación, contenido en numeral VIII(octavo), del artículo 745 del mismo Código Procesal Penal,!f;esto que todas las motivaciones que con respecto a eseerror contiene este recurso, demuestra que el Tribunal deSegunda Instancia. incidió en error de derecho de laapreciación de la declaración testimonial de Jerónimo ElíasSajché, Antonio Martínez, Sergio Aníbal Pérez Estrada yGabino Guevara Tenas, al darles un valor que jurídicanenteno tienen. He razonado la; argumentos y motivaciones quehe dejado expuestos, en cuanto se refiere al error dederecho acusado con respecto a la prueba de declaracionestestimoniales, llenando los requisitos legales y doctrinariosque exige este recurso, pues se razonó sobre los siguienteeXtremos: a) sobre el error consistente en darle a lasdeclaraciones testimoniales un valor que no tienen; b)porque se acusó como infringidas las normas de valoraciónrelacionados con los argumentos expuestos y con la 'pruebaimpugnada, por su aceptación contra el recurrente; e)porque existe relación lógica, entre motivaciones,. leyescitadas como infringidas y caso de casación invocado; y, d)porque el vicio repercutió en el fallo, puesto que si lasdeclaraciones testimoniales se analizan cumpliendo con losmandatos legales, la Sentencia se hubiera concebido ensentido diferente.5.5. PRESUNCIONES. En el mismo considerandosegundo de su fallo, la Sala Cuarta de la Corte deApelaciones afirmó: "Los indicios que se desprend~n deesta prueba, se estima como medio corroborativo de laprueba directa antes valorada", al referirse al numeral 111del considerando segundo en el que se anal izan "La pruebapericial de los guanteletes de parafinau y "la adición deldictamen que rindió el médico legista" sobre la causa demuerte del ofendido"; es decir, que la Sala considera yacepta que las pruebas de confesión y de declaracionestestimoniales son una prueba directa pero incompleta, y poreso dice que la adiciona "con prueba presuncional". En loshechos que la Sala califica como presunciones, figuran lossiguientes: 1) La prueba pericial acreditada que "losguanteletes de parafina, conforme al reactivo usado por elexperto, dio resultado positivo en la región dorsal y palmarde la mano derecha del incriminado y fue negativa para elseñor Paiz Bolaños, "concluyendo" que sé establece que elprimero había disparado antes de la fecha del ex,.,en"; 2)El mismo experto dictamina que el ai1Tla había sidodisparada antes de la prueba o bien que se tuvo especialcuidado de limpiarla perfectamente después de cometido elhecho que se pesquiza, ya que se encontró residuos deaceite en el interior del cañón. 3) Oue el perito médicolegista, adicionó el anterior dictamen sobre la causa de lamuerte del ofendido e hizo referencia a la cantidad dealcohol encontrado en las vísceras y que según su lealentender, el disparo que le produjo la muerte se hizo a unadistancia may-or de cincuentiún centímetos. Al respectqdelanálisis que hizo la Sala Cuarta de la Corte de Apelacionesde la prueba directa en que fundó los indicios, como mediocorroborativo, es necesario señalar los siguientes aspectos:a) En primer lugar, desconoció la Sala totalmente lacircunstancia de que el recurrente, es un Militar en servicioactivo, por cuyo motivo está legalmente autorizado por laprofesión que desempeña, para portar arma de fuego, encuyo caso era natural y obvio, LJUe la prueba periciol de !osguanteletes de parafina resultara positiva; b) Porque seasegura según la Sala, que el dictamen pericial determinaque el recurrente había disparado antes del "examen", locual no es cierto, porque lo que e! experto asienta en sudictamen, es que "sí disparó con arma de fuego de fechareciente", e) Oue en relación al peritaje del médico legista,únicamente se concretó a hacer referencia de la cantidad dealcohol encontrado en las vísceras del fallecido, pero nohizo ninguna referencia ni análisis probatorio al respecto delmismo, omitiendo en forma legal la consideración delcontenido de este informe que origina el indicio quecorrobora el ataque de que fue víctima el recurrente porparte del señor VICENTE ANTONIO PAIZ BOLAI'lOS. Detal forma, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, alhacer el' análisis respectivo de la prueba directa de losindicios probados, que corroboran según ella las pruebasanteriores, constituida por los dictámenes periciales vamencionados, cometió grave error de derecho en laapreciación de la prueba por los siguientes motivos: a)Porque el hecho de que la prueba de guanteletes de parafinahaya resultado positiva. no detennina la responsabilidadcriminal del recurrente, máxime que se trata de una pruebacircunstancial que ha perdido toda validez científica y sobretodo porque como ya lo indiqué, la profesión delrecurrente, lo autoriza por un lado a portar a1111a de fuegopara su defensa personal, y por otro porque la experiencianos demuestra que un Militar comúnmente dispara su armade fuego Por ser esa su profesión y lo afirmado parafundamentar el indicio, está sujeto a un juicio de discusiónque llega ah-ora al Tribunal Supremo para que decida, si en1 as circunstancias que obran dentro del proceso,concretamente en el informe pericial de fecha diecisiete deabril de mil novecientos setenta y ocho es cierto o no loafirmado por el Tribunal de Alzada, máxime que eseperitaje no fue rendido, ni al Tribunal Militar ni a laAuditoría de Guerra de la Zona General Justo RufinoBarrios, sino al señor Director General de la PolicíaNacional; de lo anterior se arriba a la conclusión de que laexperJencia que se afirma, usó en sus razonamientos noaparece en el presente caso; b} Porque los principios de lalógica, no solamente deben enunciarse, pÚesto que deacuerdo con el artículo 638 del Código Procesal Penal, debeel Tribunal de Segunda Instancia, explicar cómo operaronesas reglas o principios lógicos en el razonamiento del fallorecurrido; e) Fina!Fnente porque la Sala en absoluto valoróel contenido de la ampliación del Informe Médico Forense,rendido por el Doctor Valentín AguiJar Pellecer, elveintitrés de agosto de mil novecientos sl::!tenta y ocho, alSeñor Auditor de Guerra de la Zona Militar General JustoRutina Barrios, con lo cual faltó al debido razonamientocomo regla de apreciación de la Sana Crítica, en virtud deque el grado de ingestión alcohólica que presentaba elofendido es determinante, para la valoración adecuada deese medio de prueba directa de los indicios que el Tribuna!de Alzada tomó en cuenta para cOrroborar el resto de laprueba directa para establecer mi falta de responsabilidaden el hechO por haber sido agredido. Aprobado el error ehla apreciación de la prueba de dictámenes periciales, elhecho en que. basa la presunción el Tribunal de SegundaInstancia queda enervado y de ahí, que tampoco exista esapresunción. Por estos motivos, es que citó como infringidoslos artículos que a conünuación indico: el artículo 697 delCódigo Procesal Penal "Los indicios y las presuncionespueden considerarse contra el imputado o a su favor. Unindicio en Contra, se destruye por otro a favor de semejantevalor o naturaleza. La forma y los motivos por los cuales elerror imputado al fallo, coincide con la doctrina de este


34 GACETA DE TRIBUNALESartículo, es porque de los dictámenes periciales sedesprenden indicios favorables como los expresados conanterioridad, y de ahí que esta norma fue infringida por elfallo recurrido. El artículo 498 del Código Procesal Penal,dice: "Constituye indicio, la circunstancia o hechoconocido que sirve de antecedente para descubrir otracircunstancia o hecho desconocido u oculto. Constituyepresunción la inferencia que por la vía del razonamiento yde la experiencia, deduce el Juez del indicio. Entre elindicio y la presunción, debe existir, necesariamente,relación de causalidad". En el caso en discusión, la Sala alenumerar y calificar los hechos como presunc~ones, quedóencerrada en una situación ilegal porque de conformidadcon la ley debió decir, razonadamente, de cuáles hechosprobados infirió las presunciones y no omitir indicar quépresunciones había deducido, y referirse únicamente a losindicios que son el fundamento de esa presunción; es decir,debió indicar razonadamente cuál es la presunción, que deello se infiere, a qué hecho desconociqo u oculto dan Origenjurídico. Por estas motivaciones de orden legal, es permitidoacusar como infringidos los artículos citados, así comotambién los siguientes: 500, 503, 694, 695, 699 y 700 delCódigo Procesal Penal, en relación con los razonamientospor falta de aplicación de las reglas de la Sana. Crfticarelativas a la experiencia del juzgador, a la lógica, al debidorazonamie'nto sobre los motivos que el Tribunal hubiesepodido tener para estimar o desestimar los mediosprobatorios que a su juicio, prueban los indicios. queintegran la prueba presuncional que relaciona para llegar aconclusiones de certeza jurídica.TOdas las citas de leyes infringidas se hacen enconcordancia con el caso de CASACION por error dederecho en la apreciaci~ón de la prueba contenida en elartículo 745 inciso VIII del mismo Código Procesal Penal,ya que todos los artículos que aquí se citan comoinfringidos, tienen relación lógica con el caso deprocedencia invocado e igualmente la guardan con lasmotivaciones expuestas y éstas también con el caso deCASACION en que se apoya el Recurso; y todos los viciosapuntados repercutieron en la decisión judicial por lasrazones expuestas.E) ERROR DE HECHO: El Tribunal de SegundaInstancia omitió examinar la prueba existente en el procesocon perjuicio del procesado, y en consecuencia no fueincluida en el fallo para su valoración. Tal prueba consisteen la certificación médica extendida por el Doctor -JulioAntonio Brañas Lobos, con fecha diecisiete de abril de milnovecientos setenta y ocho, en la cual_ se afirma que elrecurrente al ser examinado, presentaba erosión (herida conbordes irregulares) de cinco mil rmetros de longitud ensentido vertical, con edema a su alrededor, de cuatromil rmetros de diámetro, loéalizada en la región mentonianaderecha, y también hemorragia submucosa de uncentfmetro y medio de diámetro, localizada un centímetropor dentro del borde interno del labio inferior y de la lfneamedia de éste, la cual cicatrizada en cinco días (folioveintiuno de la primera pieza de primera instancia). Estosdocumentos prueban fehacientemente la equivocación deljuzgador al calificar como homicidio y no como Homicidioen Estado de Emoción Violenta la muerte del señorVICENTE ANTONIO PAIZ BOLAiiiOS, pues ésta es lafigura delictiva que aparece tipificada en el proceso, y esaomisión repercutió en el fallo, por el hecho de que alcalificar el delito erróneamente, también se impuso mayorpena que la establecida en la ley para un delito más leve.Este error de hecho, al no haber apreciado la pruebaindicada, repercutió como ya lo indiqué, en la erróneaCalificación del delito y como consecuencia en la'imposición de la pena, ya con dicho documento se estableceplenamente que el incidente se produjo por la conductaagresiva del soñor VICENTE ANTONIO PAIZ BOLAiiiOS,quien como ya se estableció, con la ampliación del informemédico Forense del Doctor Valentín Aguilar Pellecer, defecha veintitrés de agosto de mil novecientos setentiocho, seencontraba en completo etilismo agudo el dfa de los hechosy ello indiscutiblemente originó que no tuviera ningúncontrol de sus actos por un trastorno orgánico, provenientede la ingestión del alcohol, en su facultad de discernimientoy agrediera, por cuyo motivo el arma que portaba se disparóaccidentalmente. Sin embargo, la Sala Cuarta de la Corte deApelaciones, no tomó en cuenta la certificación médicadescrita, que unida a la ampliación del informe médicoforense, q.ue omitió también valorar (sólo lo enumeró),producen indicios probados de los cuales debió haberseobtenido la presunción de mi falta de responsabilidad en elhecho, tal como lo expuso en mi confesión, y analizarla enotra parte del recurso.DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES.Con fecha diecisiete de este mes, se presentó alTribunal, un memorial conteniendo el alegatocorrespondiente, por medio del cual el recurrente, despuésde hacer una corta exposición de los motivos y casos quesujeta al conocimiento de este Tribunal Supremo, pidió queal dictar sentencia, se hiciera las declaraciones solicitadas enel memorial introductivo del recurso.CONSIDERANDO:1IN FRACCION CONSTITUCIONAL: Al respecto esteTribunal de casac10n, estima lo siguiente: a) Deconformidad con el ordenamiento juddico vigente, laconstitución de la República, prevalece sobre cualquier leyo tratado internacional que se le oponga, precisamente poreso la misma contiene las llamadas garantías -individuales ysociales, y una de las primeras es la llamada garantía deldebido proceso, contenida en el artrculo 53 de la misma; b)la infracción al contexto de dicha norma implica en primerlugar, la existenc'ia de tribunales no competentes oextraordinarios, que indebidamente hayan juzgado el caso;así como la aplicación de un procedimiento que deconformidad con la ley no ,sea el aplicable a la realidadjurídica del caso concreto que se juzga; o bien que siendoefectivamente el procedimiento aplicable se infrinjangarantías procesales aceptadas por la Constitución y lasleyes, al grado que la persona encausada se encuentre en unestado de INDEFENSION PROCESAL que lesioneplenamente el derecho de defensa, garantizado por laConstitución; con base en los presupuestos anteriormenteenunciados, se concluye que en e·J presente caso, la SalaCuarta de la Corte de Apelaciones, sí es competente paraconocer del proceso en los aspectos territorial, funcional,por razón de la materia y por razón del hecho atribuido a lapersona del encausado, por lo que el primero de loselementos necesarios para que tenga vida jurídica lainfracción a norma constitucional de acuerdo con ladoctrina del artículo precitado, no se produce en la realidaddel caso que hoy estudia; por otra parte, el Código ProcesalPenal, es efectivamente un cuerpo de normas ydisposiciones que a su vez contiene un procedimiento penalque garantiza debidamente el derecho de defensa en juicio,y además es legalmente aplicable a casos como el presente,porque otro de los elementos indispensables para que existainfracción a la norma constitucional ya citada, y laaplicación de procedimientos ilegales, tampoco se produce;


GACETA DE TRIBUNALES 35la afirmación del recurrente, consistente en que la falta dediligenciamiento de un medio de prueba, lo coloca en unasituación violatoria de la garantía contenida en el artículo53 de la Constitución no es atendible, puesto que el mismoque trató por todos los recursos legales de que se corrigieradicha situación, y la acción de nulidad intentada, fuerechazada y confirmada por el Tribunal de Alzada, lo quequiere decir que es una resolución que procesalmente seencuentra firme y ·¡a anomalía alegada no puede sersubsanada mediante el planteamiento que hace elrecurrente, no existiendo además en el proceso, elementosde juicio objetivos y jurídicamente suficientes para deducircon inequívoca certidumbre jurídica, que el nodiligenciamiento de una audiencia, fuera causa real yeficiente de un estado de indefensión procesal, que lesionela garantía del debido proceso por las razones anterioreS, lapárte del recurso de casación que se refiere a infracción adicha garantía, no J?Uede prosperar porque como ya seanalizó, no se dieron en la realidad jurídica del caso loselementos configurativos o consubstanciales. En loreferente a la infracción que el recurrente atribuye a la Salade lo dispuesto en el Artículo 77 de la Constitución, es deadvertir _que dicha norma consitucional, contiene unadisposición imperativa, que tiene como finalidad ese~cial,defender la vigencia de las d~sposiciones constitucionales,fundamentalmente a lo que a garantfas y derechos serefiere, pues dice "serán nulas ipso jure las leyes y lasdisposiciones gubemativas y de cualquier otro orden queregulen el ejercicio de los de:rechos que la Constitucióngarantice, si los disminuyen, restringen o tergiversen"; elrecurrente es del criterio que en esta norma quedancomprendidas las disposiciones judiciales, relacionadas conlos procedimientos; del análisis exegético del contenido dela norma constitucional transcrita, se llega a la conclusiónque contiene una manifestación de voluntad del poderconstituyente, encaminada a dejar en forma directa, sinefectos jurídicos, cualquier ley, disposición gupernativa ode cualquier otro orden, que tenga las consecuenciasprevistas en su mismo texto, es decir, que disminuya,restringa o tergiverse los derechos y garantías contenidas en·la consthución. Al respecto, este Tribunal considera que noes esta la ocasión, para pronunciarse sobre la legitimidad dela competencia del' Tribunal de casación, para conocer enrelación a la nulidad de una ley, disposición gubernativa ode cualquier otro orden que cambie los efectos legales yjurídicos de los derechos y garantras Constitucionales, pueslas facultades del Tribunal de casación para conocer pormotivo de fondo en lo referente a "infracción a normaconstitucional" tiene determinada extensión y límites;porque por irrebatible lógica jurídica, al no haber aceptadoeste Tribunal Supremo, que en el presente caso se hayainfringido la garantía contenid~ en el Artículo 53 de laConstitución, la infracción denunciada del Artrculo 77 denuestro máximo cuerpo de leyes, .naturalmente devieneimprocedente; con base en consideraciones anteriores, esteTribunal no está en la posibilidad jurídica de declarar conlugar, el recurso de casación por infracción a· normaConstitucional, en lo referente al planteamiento hecho porel recurrente, relacionado con la denunciada violación delartículo 77 de la Constitución; por tal razón, en lo que aeste otro aspecto se refiere, debe resolverse lo procedente.11ERRONEA. CALIFICACION DEL DELITO: Estimael recurrente que, al afirmar la existencia del homicidiodoloso, basado en los hechos que la Sala dio por probados,e imponer las penas señaladas a esa figura delictiva, taltribunal incurrió en infracción de norma de carácter.sustantivo, ya que al aceptar que la causa de la tragedia semotivó por la era de violencia que impera en el país y en laactitud irreflexiva del recurrente, el hecho se enmarcadentro del contenido del artículo 124 del Código Penal, osea que se trata de un homicidio en estado de emociónviolenta. No obstante esto y las demás exposiciones quehace el recurrente en el señalamiento del error denunciado,este Tribunal estima que él recorso en lo que a este caso serefiere, deviene improcedente por las siguientes razones: a)Porque denunció que hubo infracción a los artículos 123 y124 del .Código Penal, pero no se indicó en qué formafueron infringidos tales artículos por parte del Tribunal deSeg1,.1nda Instancia, lo que es aconsejable que se haga deacuerdo con la técnica que exige el recurso y sobre todoque se· cita como infringido el artículo 124 del instrumentolegal citado y la Sala en ningún momento hizo alusión almismo en la facción de su fallo; era pues, necesario indicarsi la infracción fue por violación de ley, aplicación indebida,o inaplicación para tener elementos y llevar a cabo elestudio comparativo indispensable en esta clase de fallos. b)y por otra parte, las razones o motivos que se invocan noson determinantes para concluir en que lo que se produjofue un homicidio en estado de emoción violeAta, noobstante de que el recurrente indica que debió habersecalificado el hecho con base en los mismos razonamientosque la Sala hace, pero el criterio de este Tribunal Supremo,es que la Sala en la calificación del delito, actuócorrectamente, pues los elementos tomados eil cuenta, ennada tienen que ver con el homicidio enastado Qe emociónviolenta, pues no existe circunstancias que lleven a laconvicción de que el estado de ánimo del procesado almomento de delinquir, fuera reflejo o consecuencia de untrastorno repentino, ocasionado por una impresión dadapor persona o cualquier otra circunstancia qu.e provocara eldescontrol de su estado psíquico o psicológico. No puedededucirse de la realidad que arroja el proceso, que el reohaya actuado involucrado en un grado psíquico tal quedisminuyera sus frenos inhibitorios. Los antecedentesrelacionados con la discusión, llevan a aceptar tocio locontrario, pues la causa provocadora del hecho más que alocciso, debe imputarse al procesado por su conductaintransigente, llevada a cabo al querer lograr laidentificación de Paiz Bolaños, llegando al extremo dehaberle atravesado el vehículo para lograr tal propósito, y sibien es cierto pudo haber sido abofeteado, esta situaciónque se produjo, no es suficiente para llegar a la conclusiónde que se dieran los elementos integrantes de un estadoemocional suficiente para pretender darle a la accióninvestigada, una calificación diferente a la que conconcierto realizara la Sala en el fallo que se impugna.111ERRONEA CALIFICACION DE LACIRCUNSTANCIA QUE CONSTITUYE EXIMENTE DER ESPONSABI Ll DAD PENAL: En la exposiciónfactico-jurídica del recurso, expone los motivos por loscuales cree que se incurrió en este vicio; los que se considerainnecesario repetir, pero el recurso en cuanto a este casoque se plantea al igual que los anteriores, se estimaimprocedente, pues se alega que hubo errónea calificaciónde la circunstancia que constituye la eximente, y según estaexposición, da por sentado que el Tribunal de segundainstancia, estimó equivocadamente los hechos probadoscomo constitutivos de eximente, lo cual no es Cierto, puesde.l fallo se ve que en ningún momento, tal tribunal aceptóhechos para configurar una eximente y poder alegar quecometió error en la calificación de la misma. El tribum;~lmencionado no ha calificado nada como constitutivo de


36 GACETA UE TRIBL:'iALESeximente y en todo caso lo que pudo darse, fue unaomisión, pero no una calificación errónea de eximente, puespara nada hace mención de una de ellas en el fallo, lo queimpide a este Tribunal, conocer de esa parte del recurso porausencia de un punto de comparación imprescindible.IVCONFESION. Sobre este medio de prueba acerca delcual el recurrente endereza su censura, debe tenersepresente que en el primer párrafo no es categórico al indicara que clase de confeción se refiere y en la cual se tncurrió enel error denunciado incurriéndose en error de derecho en suapreciación. Si quiso referirse a la confesión lisa y llana,puesto que citó como infringido· el art'ículo que lacontiene, debió asimismo citar como infringidos normas deestimativa probatoria relacionada con la misma, pero no lohizo asf; además su argumentación la base en que la Sala seapartó en su razonarñiento del contenido del articulo 638del Código Procesal Penal, pero en este párrafo, en donde serefiere sólo a la confesión no indicó claramente que talartículo haya sido infringido, una cosa es mencionarlo yotra señalarlo como objeto de una infracción, con el debidorazonamiento que justifique la afirmación, lo que debióhaberse hecho acorde con la técnica de que está investido elrecurso y lo exige la ley. Ahora bien, en el supuesto caso deque haya querido referirse a la confesión calificada· que eslo más probable pues es la que la Sala toma como base de susentencia-- no se citó como infringido el artículo que serefiere a la misma, ni siquiera en el apartado quecorresponde a los artículos e incisos y doctrinas qué seestiman infringidos; pero en todo caso, tratándose de unaconfesión calificada como quedó establecido en elrazonamiento de la Sala, debe tenerse presente como hasido sostenido con antelación, por este Tribunal Supremode que no se incurre en error de- derecho en la apreciaciónde la prueba por parte del tribunal que no admite laconfesión del reo en la parte que lo favorece cuando fuerecalificada, por~ ser tal estimación facultativa de losjuzgadores y que por tal circunstancia escapa del control dela casación, en casos como el presente, y porque el Tribunalde casación no puede legalmente realizar la estimación delas pruebas, facultad que está reservada a la ·instancias, sufunción es determinar de acuerdo con el planteamiento quele haya sido hecho, los errores que en la valoración de tosmismos, pudo haber cometido el Tribunal de segundogrado.VINFRACCION AL PRINCIPIO DEINDIVISIBILIDAD DE LA PRUEBA (confesión}.Efectivamente la doctrina del Artícu•o 491 del CódigoProcesal contiene como norma de general, el principio de laindivisibilidad de la confesión, al decir que ésta no puededividirse en perjuicio del confesante, y que el Juezcomprobará obligadamente los hechos y circunstancias quese contengan en ella, aunque la ley permita su estimación·ensentido favorable o desfavorable; es importante hacer notarque desde el punto de vista de la teoría general de la pruebay en lo que se refiere al Derecho Procesal Penal, laconfesión es el ·reconocimiento que hace el procesado de suparticipación activa en el hecho que se le imputa, o de suparticipación en hechos y circunstancias· que al verseadecuadamente completados por otros medios deconvicción o de prueba, se puede deducir con i nequ fvocacertidumbre jurfdica, su culpabilidad; entendida en esesentido que es el único en que jurfdicamente puede hacerse,es muy claro que la confesión no puede dividirse, pues lamisma no es en sí toda la declaración det' culpado, es tansolo la parte de su declaración que se refiere alreconocimiento de su· participación en el hecho delictivo,cuya comisión se le atribuyó como sujeto activo y que es lamotivación del hecho que dió lugar al proceso y del hechosobre el cual se pronunció; la afirmación de que unapersona (en casas como este el procesado participó en elhecho delictivo que se investigó) realmente no puede serdividida, poique conceptualmente contiene una secuenciade situaciones, que constituyen el hecho delictivo, enabsoluta concordancia con la teoría penal del iter críminis;en casos de confesión calificada por ejemplo, una cosa es elreconocimiento que el procesado hace de su participaciónen el hecho, y otra es la calificación que hace de la misma,es decir, cuando trata de justificar el hecho alegado oinvocando, a su favor la existencia de una o varias causasjustificativas de responsabilidad criminal; no es cierto pues,la afirmación del recurrente en el sentido de que lacomprobación de la causa de justificación invocada por elprocesado, fuera una obligación legal absoluta del Tribunal,pues la afirmación de la existencia de una o varias causas dejustificación, en el sentido estrictamente jurídico no fonnaparte de la confesión, forma parte de la declaración delculpado, pero no su confesión; al respecto y para mayorabundamiento cabe considerar, que por esa misma razónexisten muchas declaraciones del culpado sin queobligadamente contengan una confesión. porqueobviamente son dos cosas distintas; el recurrerrte al realizaruna sinonimia conceptual entre confesión, invocación decausa de jLLstificación y declaración del culpado, no se estáajustando a la realidad de la ley ni de la teoría procesal de laprueba; para el efecto es simple observar que la declaracióndel culpado como tal en forma general aparece regulada enel Artículo 407 del Código Procesal Penal; la confesión enel número 489 y las clases de confesión en los artículos490, 495 y 496; "el legislador tuvo que tratarlos en normaslegales separadas pues se.trata de materias distintas, aunquedesde luego, estrechamente vinculadas entre sf. De todo loanterior, este Tribunal está en condiciones de afirmar que alrealizar el estudio de la sentencia de segundo grado, enningún momento la Sala infringió el principio deinvisibilidad de la confesión reconocido categóricamentepor nuestro Código Procesal Penal. Afirma el recurrente enla línea cuarenta y dos y cuarenta y tres de la ~gina XIIIvuelta de su memorial que "el Tribunal incurrió en error enla apreciación de la confesión al darle un valor quejurídicamente no tiene", tal afirmación bastantecontundente, hace dubitativa la comisión del error dederecho de parte de la Sala, fundamentalmente porque elúnico argUmento en que la fui1damenta es lo que denominainfracción a1 principio de indivisibilidad de la confesión;pero al indicar que dicho error deviene de haberle !=lado a laconfesión un valor que jurídicamente no tiene, surge laduda si elle;> se debe según el recurrente a lo que denominaviolación a la indivisibilidad de la confesión o al simplehecho de darle un valor jurídico que no tiene, lo cual seríatergiversación, en cuyo caso, podría entrar dentro de lascategorías de los errores de hecho y no de derecho; elrecurrente afirma que al valorar la Sala la confesión delprocesado no se aplicaron ni las reglas de la lógica ni las dela experiencia, menos el· razonamiento para valorar esaprueba de confesión, lo cual no es exacto porque la Sala sírazona debidamente la orientación decisoria de su fallo; porotra parta los argumentos esgrimidos por el recurrente paraafirmar la existencia de error de derecho en la valoración· dela prueba de confesión, no son los suficientementeatendibles, para poder llegar a la conclusión de queefectivamente el Tribunal sentenciador incurrió en el error'indicado, pues se limita a realizar afirmaciones haciendo·


GACETA DE TRIBUNALES 37girar toda su argumentación sobre que se infringió a sujuicio el principio de indivisibilidad de la confesión, y a lano aplicación correcta del sistema de la sana crítica; pero alanalizar las normas de estimativa probatoria citadas, enconfrontación con lo resuelto por la Sala, y con losargumentos del recurrente no se encuentra posibilidadjurídica viable para que el recurso de casación por estesub-caso, en lo que a la prueba de confesión se refiere puedaprosperar.VIDECLARACIONES TESTIMONIALES. Efectuado elestudio de los argumentos que vierte el recurrente, enapoyo de la censura que hace con respecto a la prueba detestigos, se concluye en que el Tribunal de. segundainstancia no incurrió en el yerro denunciando, pues aménde que no es claro el recurrente en su exposiciónexpresando si se infringió el artrculo 638 del CódigoProcesal Penal en su totalidad, o en alguno de sus párrafos,el razonamiento de la Sala fue correcto en el análisis quehizo la prueba testimonial. En efecto, en relación a lasatestaciones de Jerónimo Elfas Sajché y Antonio Martínez,expresa que si bien no identificaron al procesado ni alofendido, los detalles a los que se refirieron concongruentes con lo que refleja el proceso; claramente se veque sus versiones la vertieron haciendo referencia a e!los yno a ·otras personas, coincidiendo sus dichos con lomanifestado por el reo en sus indagatorias. Por otra parte eltribunal es claro al decir que El fas Sajché vió cuando elsujeto que iba acompañado de un agente de la policía (elprocesado) luego de un alegato que sostuvieron disparó alindividuo que se acompañaba de una dama; que SergioAníbal Pérez Estrada sólo vió cuando el extinto caíadespués de haber escuchado la detonación y en lo que serefiere al agente de la policía fue claro al decir que habíapresenciado el inicio del hecho, cuando los sujetos sebajaron de sus vehículos oyó una detonación no así ningunadiscusión, pero si vió que el reo tenía un arma en la mano yque aún a él le apuntó por lo cual no pudo detenerlo.Señaló también el recurrente juicios contradictorios delTribunal de alzada con respecto a la prueba testifical,porque asegura que Jerónimo Elfas Sajché y AntonioMartrnez no identificaron a los protagonistas, describiendoúnicamente los vehículos y la forma como los tripulantes sebajaron más este· Tribunal estima que en tal valoración noexiste contradicción en los juicios del tribunal de segundainstancia y antes bién como con acierto lo asienta.., talesdichos coadyuvaron a concluir en la responsabilidad delencartado de acuerdo con lo aceptado en sus indagatorias.Expone también el recurrente -resumiendo Jos conceptosrespecto a las declaraciones testimoniales- que se concluyeen que no se aplicaron ni las reglas de la lógica, ni las reglasde la experiencia ni menos el razonamiento suficiente paravalorar, ni tampoco se hizo aplicación de las tachasabsolutas de que adolecen las declaraciones ya relacionadas(son los testigos en donde puedan darse las tachas no en lasdeclaraciones, todo lo cual justifica que se acuse comoinfringidos los artículos que señala, entre los que il"!cluye el638 del Código Procesal Penal, acerca del cual ya se expresóla omisión en que incurrió el recurrente; agrega que no seaplicaron los elementos que integran la sana crítica en talvaloración, repitiendo lo que había expuesto conanterioridad, pero no expone argumentaciones precisas yclaras al respecto como lo exige la técnica de un recurso deesta naturaleza; pero lo más importante es que si bien laSala en la valoración testimonial que se impugna enfatizósolo sobre la lógica -como lo sostiene el recurrente- locierto es que en tales razonamientos de valoración vaníncitos los demás elementos conformadores de tal sistemade valoración de prueba, pues es indiscutible que ese fue suproceder al analizar las ·declaraciones de los testigosmencionados en concatenación con los otros datos queaparecen en el proceso devenidos de los que manifestó elreo acerca del desarrollo y culminación del hecho sujeto a lainvestigación judicial; se enfatiza que la Sala si valoró latestifical aludida confqrme los lineamientos de la sanacrítica, pues la eXperiencia en esta clase de sucesoscriminales (homicidios) y la lógica en las operaciones deentendimiento obtenido mediante comparación de ideascon el objeto de establecer la relación causal entre el hechoy las conclusiones que se asientan en el fallo, llevan a laconclusión de que hubo apreciación de la Sala, acorde conla sana crítica aún cuando como se ha dicho antes no sehaya mencionado expresamente (solo lo hizo con la lógica)las reglas que integran tal valoración. Esto lleva a laconclusión de que el recurso en cuanto a esta impugnacióndebe declararse improcedente.VIlPRESUNCIONES: No obstante la abundanteargumentación expuesta por el recurrente para indicar quela Sala sentenciadora incurrió en error de derecho en laapreciación de esta clase de prueba, el recurso devieneimprocedente por las siguientts razones: a) no citó comoinfringido el ·artículo 638 del Código Procesal Penal, deestimativa p.robatoria, como debió haberse hecho debido ala técnica exigida en el planteamiento de este recurso; b)Argumenta en parte que la Sala en absoluto valoró elcontenido del informe médico rendido por el médicoforense Doctor Valentín Aguilar Pellecer, dando margen aque se dude en cuanto a esto, si se trata de un error dehecho (omisión en la valoración, o un error de derechocomo lo plantea) Jo que no es aceptable por la técnica delrecurso y e) porque la Sala no hace mención alguna en sufallo a la prueba de presunciones, sino que se refiere aindicios corroboradores de la prueba directa y debeentenderse que los indicios son diferentes a laspresunciones, pues esta prueba es el resultado de un procesológico deductivo consistente en que de varios hechosprobados (indicios) se obtiene como única conclusión unaverdad; de manera que acorde con la ley y los dictados de ladoctrina no puede haber ni siquiera una- sinonimia entreindicio y presunción por ser aquellos conformadores deestá; de manera que si la Sala no hizo alusión a prueba depresunciones, como en efecto así fué, no existe base algunapara que este Tribunal Supremo efectue un estudiocomparativo para determinar si se cometió el error que seplantea.C O N S 1 D E R A N D 0:VIIIERROR DE HECHO. Se deduce en el presente caso-por cuanto el recurrente no es concreto en suplanteamiento- que la Sala incurrió en el error denunciadoa! no tomar en cuenta en su valoración tá certificaciónmédica extendida por el Doctor Julio Antonio BrañasLo.bos del diecisiete de abril de mil novecientos setenta yocho, ni la ampliación del informe médico forense al quehace referencia. En cuanto a esta clase de motivo o casodebe estimarse que por medio de el no se trata de corregirinfracción de norma alguna de las que regulan el valor de losmedios de prueba, habida cuenta que se refiere a errores delógica en que püeden incurrir los juzgadores, tergiversandou omitiendo en su valoración el contenido de documentos oactos auténticos, de manera que en ese orden de ideas


38 GACETA DE TRIBl'"


GACETA DE TR!BLN,\LES 39-------------------------------,,-------------------------·---~contra del recurrente, y con fecha tres de diciembre de milnovecientos setenta y nueve, en virtud de apelación, laHonorable Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones,confirmó la sentencia relacionada aumentándole la pena alrecurrente; con fecha trece de diciembre del· mism_a añointerpuso recurso de aclaración y ampliación el cuál fuerechazado por la Honorable Sala Cuarta de la Corte deApelaciones.DEL RECURSO DE CASACION:Con fecha quince de enero del año en curso, MarcoAntonio Mora Nájera, actúa bajo su propio nombre y bajola dirección y procuración del Licenciado Jorge BonillaLópez, presentó recurso de casación en contra de lasentencia del tres de diciembre del año próximo pasado,dictada por la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones, pormotivos de FONDO y QUEBRANTAMIENTOSUBSTANCIAL DE PROCEDIMIENTO. El recurrenteestima infringidos: a) En el Recurso de Casación pormotivos del contenido en el inciso 1o. del Artículo 745, delCódigo Procesal Penal, los siguientes artículos: 1o. -10-13-36 inciso 1o., 325 del Código Penal; 19-31-33-55 delCódigo Procesal Penal; b) estimó infringido en el recurso decasación por motivos de fondo en el caso de procedenciacontenido en el inciso IV del Código Procesal Penal, lossiguientes artículos: 13-36 incisos lo., 2o., 3o. y 4o., 62,325 del Código Penal; 189 tercer párrafo,22-31-33-35-55-19-641 del Código Procesal Penal; e) estimóinfringido en el recurso de Casación por motivos de fondocontenido en el inciso, VI del Código Procesal Penal losartículos 2, inciso 6o., So., 9o., 14, 35-56-65·66 del CódigoPenal y 190 inciso e) del Código Penal; d) estimóinfringidos en el Recurso de Casación contemplados dentrodel inciso VIII del Artículo 745 del Código Procesal Penal,en la forma siguiente: a) Cuando en la apreciación de laprueba se haya cometido error de derecho, los siguientesArtículos: 657, 658 Segundo Párrafo del Código ProcesalPenal; 1o.-3o.-70 de la Ley de Cédula de Vecindad de laCasa de Gobierno de fecha cinco de agosto de milnovecientos treinta y uno, del Pres·idente de la República;4o. del Código Civil; 180 primer párrafo del CódigoProcesal Civil y Mercantil; 11, 26, 3o, de la Ley delOrganismo Judicial y Artfculo 1o. de la Ley del OrganismoJudicial, disposiciones transitorias y finales de la Ley delOrganismo Judicial; e) Estimó infringidos en el Recurso deCasación por motivos de fondo, contenido en el inciso VIIIdel Articulo 745 del Código Procesal Penal, que expresa,cuando en la apreciación de la prueba se haya cometidoerror de hecho, si de éste último resulta de documentos odiligencias judiciales o actos auténticos que demuestren demodo evidente la equivocación del Juzgado del Artfculo643, inciso IX del Código Procesal Penal; f) Estimóinfringidos en el caso de procedencia contenido en el incisoIX del Artículo 745 del Código Procesal Penal los siguientesArticulos: 50-63 de la Constitución de la República, 1o.,2o., 15 incisos 11, 111 segundo párrafo de dicho artículo quedice: "Los peritos o expertos podrán ser tachados";20-24-35- 46-138-669-671 dei,Código Procesal Penal; 672Código Procesal Penal; g) Estimó infringidos en el recursode casación contenido ene! caso de procedencia inciso X delCódigo Procesal Penal, el Articulo 325 del Código Penal,tipificación del delito; h) Artículos que estimó infringidosen el Recurso de Casación por quebrantamiento sustancialdel procedimiento inciso 11, del Articulo 746 del CódigoProcesal Penal, los siguientes: 53-15 primer párrafo, 11último párrafo y los precitados en 9-35-46-138-669-671 delCódigo Procesal Penal; i) Estimó infringidos en el caso deprocedencia contenido en el inciso IV, del Artículo 746 delCódigo Procesal Penal, el Articulo siguiente: 325 delCódigo Penal.CONSIDERANDO:El recurso de casación es eminentemente técnico yformalista, circunstancias que obligan al interponente asatisfacer con precisión y cabalidad todos y cada uno de losrequisitos exigidos para ello. Al realizar el estudiocomparativo que determina la ley para estos casos, seconcluye que el recurrente no cumplió con lo quedetermina el Artículo 748 del Código Procesal Penal. el cualen su contenido determina que el término para interponerel recurso de casación es de quince días contados desde laúltima notificación de la resolución respectiva y habiéndosehecho esta última el veintiuno de diciembre del añopróximo pasado, el recurso debió haber sido presentado elcatorce de enero del año en curso y no hasta el quince comofue hecho por lo que lógicamente deviene extemporáneo,razón por la cual no existe posibilidad jurídica de entrar alestudio del fondo del mismo, por lo que debe resolverse Joprocedente.LEYES APLICABLES:ArtícUlos: El ya citado y los Artículos 99, 244, 740,741, 744 y 752 del Código Procesal Penal; 32, 38 inciso2o,, 157, 158, 159 de la Ley del Organismo Judicial.POR TANTO:LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL, al resolver DECLARA: Improcedente el recursoextraordinario de casación interpuesto por Marco AntonioMora Nájera, contra la sentencia dictada por la Sala Cuartade la Corte de Apelaciones, el tres de diciembre del añopróximo pasado, por las razones consideradas. Notifíquesey con certrficación de lo resuelto devuélvanse losantecedentes a donde corresponde. (Fs.) C. E. OVANDO B.---A E. MAZAR lEGOS G. ---JUAN JOSE RODAS. ---J. F.DARDON GARCIA. ---R, RODRI.GUEZ R. ---Ante mí: M.ALVAREZ LOBOS.-PENAL:Recurso de casación interpuesto por GREGORIONACIANCENO MENDEZ MENDEZ contra la sentenciacondenatoria dictada por la Sala Tercera de la Corte deApelaciones.DOCTRINA:1.- Cuando el tribunal sentenciador no hace laadecuación correcta de la conducta del procesado, a ladescripción contenida en la ley penal; procede el recurso decasación de acuerdo con el caso de procedencia contenidoen el artículo 745 numeral 111 del Código Procesal Penal.11.- Comete error de derecho en la apreciación de laprueba, el tribunal que al momento de realizar el análisisjurídico y valorativo de la misma, la aprecia como si setratara de un medio de prueba distinto.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL: Guatemala, diez de marzo de mil novecientosochenta.-Se tiene a la vista para dictar sentencia el recursoextraordinario de casación, presentado por G R EGO R 10NACIANCENO MENDEZ MENDEZ, contra la sentenciacondenatoria dictada por la Sala Tercera de la Corte deApelaciones el trece de diciembre de mil novecientossetenta y nueve, en el proceso que por los delitos deHOMICIDIO Y LESIONES se tramitó en contra delrecurrente y por ROBO AGRAVADO Y DAÑOS en contrade Carlos Chavarría Mena y René Edelberto Contreras;


40 G.\CETA DE TR!Bl'i\LESresolviéndose en el fal!u impugnado que se declara alpresentado autor responsable de los delitos de HOMICIDIODOLOSO SIMPLE Y DISPARO DE ARMA DE FUEGO;actuó como acusadora particular la señora MARTA E LISACHAVARRIA CONTRERAS, como defensor el AbogadoBernardo Alfredo López Estrada; como Abogado delacusador particular y como defensor de los otrosprocesados_, actuaron en distintas etapas procesales, elLicenciado Ovidio Villegas Martínez y el de igual títuloAugusto CamPos Conde; y como acusador oficial elMinisterio Público quien se hizo representar por medio delauxiliar de Fiscalía Licenciado Miguel Angel GarcíaEscobar; de acuerdo a !as constancias procesales elrecurrente es de los siguientes datos de identificaciónpersonal: de cuarenta y dos años de edad, soltero, coninstrucción, comerciante, guatemalteco, con domicilio en eldepartamento de Guatemala, con residencia en la séptimaavenida y séptima calle número cuarenta y cinco de la zonauno y actualmente detenido en el segundo cuerpo de laPolicía Nacional, señaló para recibir notificaciones la quintaavenida diez- sesenta y ocho de la zona uno, segundo nivel,Edificio "Helvetia"; para la interposición del recursoextraordinario de casación actúo bajo la dirección yprocuración del Abogado Bernardo Alfredo López Estrada;y del estudio y análisis que se hace de las actuaciones;RESULTA: DEL RESUMEN DE LASENTENCIA RECURRIDA:Se trata de la sentencia condenatoria proferida por laSala Tercera de la Corte de Apelaciones el trece dediciembre de mil novecientos setenta y nueve, la cual en suparte resolutiva textualmente dice: "al resolver,CONFIRMA el fallo recurrido, con las reformas siguientes:a) Que el procesado GREGORIO NACIANCENO MENDEZMENDEZ, es autor responsable en curso real, de los delitosde: HOMICIDIO DOLOSO SIMPLE Y DISPARO DEARMA DE FUEGO, por cuyas infracciones lo sanciona porel primer delito señalado o sea el de homicidio, con la penade OCHO Al"lOS DE PRISION INCONMUTABLE; y por elsegundo delito, o sea por DISPARO DE ARMA DEFUEGO, con la pena de un año de prisión, conmutable ensu totalidad a razón de veinticinco centavos de quetzaldiarios; b) Que también se le sanciona como autorrespónsable de la comisión de dos faltas contra las personas,a los señores Contreras y Chavarría Contreras, a VEINTEDIAS DE ARRESTO par cada una, conmutables en sutotalidad a razón de veinticinco centavos de quetzal diariospor cada una; e) Dichas penas las cumplirá en los centrosdestinados para el efecto, principiando por la más grave;con abono de la prisión sufrida desde el dfa de sudetención; d) En concepto de responsabilidades civiles aque se le condena, se le fija las sumas de; DOS MILQUETZALES que pagará a los herederos legales delfallecido Julio Amílcar Chavarría Contreras; CIENQUETZALES para René Edelberto Contreras y DIEZQUETZALES para Carlos Chavarría Mena, cantidades quehará efectivas dentro de tercero dfa de ejecutoriado estefallo, sin necesidad de cobro o requerimiento alguno; e)Confirma el fallo en cuanto a la absolución de CarlosChavarría Mena y René Edelberto Contreras, sin otroapellido, de los hechos que se les sindicó, por falta de Plenaprueba; y encontrándose los demás pronunciamientosajustados a derecho también les da su confirmación; f)Amplía el fallo en el sentido que se deClara extinguida laaccron penal del procesado; JULIO AMILCARCHAVARRIA CONTRERAS, por haber fallecido, dejandoa salvo la acción civil, que se pudiera pretender, por lapersona que se crea con derecho, para que la ejercite antelos tribunales de! orden civd, g) Apareciendo que CARLOSCHAVARRIA MENA Y RENE EDELBERTO oEDELBERTO RENE CONTREHAS, como apareceindistintamente en el proceso. se encuentran guardandoprisión, por el medio más rápido ordena su !ibP.rtad.debiendo ofi.ciarse al señor Juez del proceso para sucumplimiento. Notifíquese. _." El análisis jurídico de lasentencia impugnada mediante recurso de cas-ación, se harájuntamente con el estudio del mismo en la parteconsiderativa del presente fallo;RESULTA: DE LA RECTIFICACION DE LOSHECHOS RELACIONADOS CON INEXACTITUD:Del estudio realizado no se encontro que ninguno delos descrílos en el recurso haya sido re~acionado coninexactitud-, ~ntendiendo ese concepto en su sentido naturaly obvio, Salvo apreciaciones de mero criterto jurídico; conla aclaración anterior se puede afirmar que se encuentraadecuada la relación histórica que el recurrente hizo de losmismos;RESULTA DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALESDEL MEMORIAL CONTENTIVO DEL RECURSO:El recurrente interpuso recurso extraordinario decasación por MOTIVOS DE FONDO invocando como casosde procedencia, los contenidos en los numerales 111, V yVIII del artículo número SETECIENTOS CUARENTA YCINCO del Código Procesal Penal; a criterio del recurrenteal proferir la sentencia de segunda instancia la Salasentenciadora incu-rrió en: a) error de derecho en lacalificacióíl de los hechos que la Sala tuvo por probados,constituyendo éstos la comisión de uno o varios delitos; b)error de dereCho en la calificación de los hechos que sedeclararon probados en la sentencia, constituyendocircunstancias modificativas eximentes de responsabilidadcriminal; y e) error de derecho en la apreciación de variaspruebas, las que específica separadamente en uno de losapartados de su mernortef. También en el apartado queestimó procedente, el presentado denunció que a su juicioel tribunal de segundo grado al proferir la sentencia que hoyes impugnada, infringió las siguumtes disposiciones legales;1) en relación al caso de procedencia contenido en elnumeral 111 del articulo SETECIENTOS CUARENTA YCINCO del Código Procesal Penal, los artículos CIENTOVEINTITRES, CIENTO VEINTICINCO,CUATROCIENTOS OCHENTA, CUATROCIENTOSOCHENTA Y UNO inciso primero, DIEZ del Código Penal;2) en· relación al caso de procedencia contenido en elnumeral V del articulo SETECIENTOS CUARENTA YCINCO del Código Procesal Penal, no citó como infringidaninguna disposición legal; y 3) en relación al "Sub-caso,error de derecho en la apreciación de la prueba" contenidoen el numeral VIII del artículo SETECIENTOSCUARENTA Y CINCO del Código Procesal Penal, citócomo infringidos por la Sala sentenciadora las disposicioneslegales siguientes; Artículos SEISCIENTOS TREINTA YOCHO, CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVEnumerales VI y VIl, CUATROCIENTOS NOVENTA YUNO, CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO,CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS, SEISCIENTOSCINCUENTA Y TRES, SEISCIENTOS CINCUENTA YSIETE, SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE,SETECIENTOS SIETE, SEISCIENTOS NOVENTA Y SEISdel Código Procesal Penal;RESUI.TA DE LAS ALEGACIONES DE LASPARTES:El d(a y hora para la vista, únicamente se presentópor escrito el recurrente solicitando que se declare co·n lugar


GACEl\ lJL HtiBI \\U> 41el tecurso extraordinar¡o de casaci6n planteado, ratificandoy 1eiterando todos los argumentos y conceptos delmemorial que contiene su recurso, insistiendo en losaspectos que el presentado estimó más importantes;manifestando concretamente que estima que el tribunal aldictar sentencia debe casar el fallo impugnado; formulandopetición ·en tal sentido, y que el recurso por él planteado seadeclarado procedente por las razones que hace constar en elmemorial presentado. Ni la acusadora particular, ni elMinisterio Público hicieron uso de la audiencia que se lesconfirió, relacionada con la vista del recurso de casaciónque hoy se estudia;RESULTA DE LOS HECHOS JUSTICIABLES:Los que le fueron formulados al procesado aparecenliteralmente transcritos en las sentencias de primero ysegundo grado, por lo que su inclusión en el presente fallo,es procesal mente innecesaria. En consecuencia, es el caso dehacer las consideraciones juddicas correspondientes, las quehan de servir para orientar la fase decisoria de la presentesentencia; y,CONSIDERANDO:-1-Como primera base jurídica de la acción de casaciónintentada, el recurrente plantea como caso de procedenciael contenido en el numeral 111 del artículo númeroSETECIENTOS CUARENTA Y CINCO del Código ProcesalPenal, que indica que habrá lugar a casación de fondocuando se haya cometido error de derecho en la calificaciónde los hechos que se declaren probados en la sentencia. E~recurrente al hacer valer su pretensión procesal manifiesta:"tomando en consideración que este caso de procedenciadel recurso extraordinario de casación, que dada lanaturaleza de la situación, cuando se produce este error departe de la Sala sentenciadora, en realidad las leyesinfringidas no son de naturaleza procesal, sino de naturalezasustantiva. El error básicamente consiste en que la Sala deApelaciones, considera probados de conformidad con la ley,una serie de hechos o circunstancias y fundamentalmente,la participación activa del indiciado, es decir, consideraprobada su CULPABILIDAD, pero al realizar la adecuaciónde la conducta o tipificación, dentro de una o varias figurasdelictivas, contenidas en el Código Penal, es decir, cuandose desnaturaliza el concepto general de la TIPICIDAD, queno es otra cosa que la adecuación exacta y correcta de unaconducta, en absoluta correlación con todos los elementosintegrantes de la figura delictiva contenida en el CódigoPenal, la que en Códigos como el nuestro, no es otra cosaque precisamente DESCRIBIR UNA CONDUCTADELICTIVA; entonces, cuando la conducta que se suponefué probada en juicio al procesado, coincide en todos susaspectos y elementos configurativos con la conductadescrita en el tipo legal, es aquí donde se puede afirmar queexiste una ABSOLUTA TIPICIDAD, correcta y sin lugar aninguna clase de dudas. Pero cuando se produce este errorde parte de la Sala sentenciadora, el error básicamenteconsiste en que, la Sala de Apelaciones, considera probadosde conformidad con la ley una serie de hechos ocircunstancias y fundamentalmente, la participación activadel indiciado, es decir, considera probada suCULPABILIDAD, pero al realizar la adecuación de laconducta o tipificación, dentro de una o varias figurasdelictivas, contenidas en el Código Penal. . . en otraspalabras, este error se caracteriza por una TIPIFICACIONERRONEA de parte de la Sala de Apelaciones, es decir, queen vez de realizar el encuadramiento correcto de acuerdocon IJ ley, encuadr9 lo conducb dt:;I!HIJ de un,¡ fr:)u'·' rnuvsimilar, peru que al reo! izar el r¡gurusfJ an~S ¡udd:cP, •­encuentra que la -conducta delictiva que !;-¡ S


42 G\CET .\DE TRIBl:\ALES--'------------------,------------·-·-·-----acuerdo con la sentencia de la Sala, no se hizo contra lapersona de ninguno, pues obligadamente debió tener en laparte resolutiV


G.\CF;TA DE TRIBlNUI::S 43por absoluta aplicación indebida. Indica además que existeerror de derecho en la calificación del delito y para ello laSala infringió en forma total lo dispuesto en el artfculoDIEZ del Código Penal, que se refiere a las relaciones decausalidad en el delito y afirma: "en este caso la acción quefué probada a los procesados es NORMALMENTEIDONEA para tipificar el delito de HOMICIDIO EN RIÑA"y no como según el presentado, equivocadamente lo hizo laSala. Para fundamentar más su exposición el recurrentehace una transcripción textual de las lesiones que según lasentencia de segunda instancia impugnada, sufrieron todoslos procesados, de acuerdo a los dictámenes médicos quesegún los Magistrados de la Sala obran en el proceso y dice:"apareciendo que el señor Gregario Nacianceno MéndezMéndez (el recurrente), sufrió herida contusa en la regiónfrontal lado izquierdo, que curó en ocho días con asistenciaquirúrgica por- igual tiempo y abandono de sus ocupacioneshabituales por dos días sin secuelas; Carlos Chavarría Mena,sufrió escoriaci·ones por raspones en ambos ~ados de lafrente; equ ímosis por contusión severas en la regiónoccipital, región dorsal (parte media de la espalda) regiónposterior de la cadera izquierda y cara externa del musloizquierdo, necesitó para su cur(Jción ocho dfas de asistenciaquirúrgica, con abandono de sus ocupaciones habituales,durante tres días sin secuelas; Edilberto René Contreras,sufrió herida producida por proyectil de arma. de fuego ensedal del cuero cabelludo, con orificio de entrada en laregión frontal y salida en la región parietal izquierda.Etilismo agudo. Necesitó para su curación diez días detratamiento qut.rúrgico a partir de la fecha en que sufrió lalesión, con· diez días de abandono de sus ocupacioneshabituales, no re quedó cicatriz visible, impedimentofuncional ni deformidad a consecuencia de la lesión sufrida;y Julio Amrlcar Contreras Chavarría, que sufrió heridapenetrante en el abdomen producida por proyectil de armade fuego, según lo descrito en el informe médico forensepor el Doctor Abe! Girón Ortíz, expresando que fué lacausa de la muerte ..." indica además en forma literal elrecurrente: "que se NOTE QUE A MI GREGORIONACIANCENO MENDEZ MENDEZ, TAMBIEN MEAPARECEN LESIONES, Y ESO UNICAMENTE esexplicable mediante la EXISTENCIA DE LA RIÑA ENTRETODOS LOS QUE PARTICIPAMOS EN EL HECHO". Enotra parte de larga exposición, el recurrente hace ver almomento de dictar la sentencia de segundo grado, losMagistrados de la Sala entre el fundamento legal citaron elARTICULO CIENTO VEINTICINco· DEL CODIGOPENAL, eso según él, se debe a que ellos mismos tuvieronconciencia que era la norma legal aplicable al caso. pero quese limitaron a citarlo como fundamento legal de su fallo,pero que al proferir la sentencia correspondiente hicieroncaso omiso del mismo, por lo que lo infringieron al nohaberlo aplicado; estos arqumentos son complementos de losanteriores y serán estudiados por este Tribunal de-casación,conjuntamente.-111-Como fundamento jurídico del caso de·procedenciacontenido en el numeral VIII del artfculo SETECIENTOSCUARÉNTA Y CINCO del Código Procesal Penal,concretamente del sub..:aso de ERROR DE DERECHO ENLA APRECIACION DE LAS PRUEBAS, el recurrente citóen primer lugar como infringido en forma total el articuloSEISCIENTOS TREINTA Y OCHO del Código ProcesalPenal, indica que transcribe una parte de la sentencia de laSala, en la cual los señores Magistrados hacen a su juicio unaapreciación de la prueba muy sui géneris, con un sist~a deapredación de la prueba, que dista mucho de ser el de lasana crítica. En su recurso el presentado hace ver alTribunal de Casación que el artículo precitado es categóricoal indicar cuáles son las reglas que los jueces obligadamentedeben aplicar al hacer el análisis de las pruebas por mediodel sistema de la sana crítica; asimismo el presentado indicacuáles .. son los medios· o sistemas fundamentales devalora~ión de la prueba por medio del sistema mencionado,ofreciendo un concepto de cada uno de ellos; indica ademásel recurrente que ruega a los Magistrados de la CorteSuprema de Justicia, que tomen en cuenta que los jueces alhacer aplicación del sistema ya relacionado, no deben hacerun RAZONAMIENTO INADECUADO, sino que por elcontrario claramente indica: "EL DEBIDORAZONAMIENTO", es decir, -afirma el recurrente- quesi no hay debi.do razonamiento, hay infracción al sistema dela sana crítica; hace además el recurrente una serie decomentarios transcribiendo partes de la sentencia desegunda instancia, con los cuales apoya su afirmaciónrelacionada con la infracción al artículo SEISCIENTOSTREINTA Y OCHO del Código Procesal Penal; indicaademás que la Sala de Apelaciones de a la declaración delculpado que contiene una DESCRIPCION DE LOSHECHOS, EL VALOR DE CONFESION, lo cual deacuerdo al criterio del presentado es contrario a las normasde la lógica y de la experiencia, dice además; "no larelaciona adecuadamente con los demás medios de pruebahasta el grado, que dicha declaración pueda racionalmentededucirse de manera inequívoca la culpabilidad; y losseñores Magistrados podrán apreciar que no se HACE ELDEBIDO RAZONAMIENTO PARA DARLE A UNADECLARACION DESCRIPTIVA EL VALOR DECONFESION actitud altamente peligrosa para la existenciadel derecho de defensa en juicio garantizado por laConstitución de la República y el Código Procesal Penal".Indica además que es lógico y es contrario a las reglas de laexperiencia darle a la prueba de dermonitratos y deparafina, un valor INDISCUTIBLE como si se tratara dePRUEBA TASADA; dice además, que la experiencia nosenseña que ·se trata de un medio corroborativo e indiciario.pero existen muchas situaciones en que esa prueba dedermonitratos resulta positiva sin haber disparado; sostieneel recurrente que el valor que la Sala le da a la prueba dedermonitratos, hace evidente, el desconocimiento quetienen los Magistrados de los efectos de esa prueba químicaque cada dfa pierde certeza y confiabilidad, además de quecon valorarla como prueba tasada se infringe el sistema de lasana crítica, y corno ya se indicó las normas de la lógica yde la experiencia; continuando con su exposición elrecurrente después de anal izar y comentar párrafos enterosde la sentencia de la Sala, al referirse a la valoración que eltribunal de segundo grado hizo de la declaración delculpado, manifestando que "EN NINGUN MOMENTO DELA MISMA EL RECURRENTE RECONOCIO HABERPARTICIPADO EN UN HECHO DELICTIVO ALGUNO,por el- contrario, hizo del conocimiento del tribunal queenContrándose trabajando en su establecimiento los demássujetos: llegaron a provocarlo, a golpearlo con piedras y arobarle y a quererlo secuestrar. .. LA SALA LE DA AESTA DECLARACION DESCRIPTIVA EL VALOR DECONFESION, lo cual es contrario a la LOGICA Y LAEXPERIENCIA .... NO HACE EL DEBIDORAZONAMIENTO PARA DARLE A UNADECLARACION DESCRIPTIVA EL VALOR DECONFESION". Por las razones anteriores y también enrelación a la prueba de declaración del culpado, elpresentado sostiene que la Sala también infringió lodispuesto en el artículo CUATROCIENTOS OCHENTA Y


44 GACETA DE TRIBUNALESNUEVE numerales VI y VIl del Código Procesal Penal,indica que fundamenta dicha afirmación en que de acuerdoa su especial punto de vista lo declarado por el recurrente,no es realidad una confesión. y solo produce prueba laconfesión que sea verosímil con las constancias del procesoy que recaiga sobre hecho que el inculpado conozcadirectamente, PERO EN EL PRESENTE CASO SOLOUNO DE LOS INCULPADOS RESULTO CONDENADOAUNQUE COMO ERA LOGICO TODOS FUERONPROCESADOS; indica que el sentenciado se limitó almomento de prestar su declaración a hacer unaDESCRIPCION DE LOS HECHOS Y CAPTURAR A UNODE LOS ATACANTES ENTREGANDOLO A LAAUTOR lOAD; indica además que "por las mismas razonesla Sala de Apelaciones infringió además los artículos 491del Código Procesal Penal, porque no obstante que laconfesión es INDIVISIBLE POR EXPRESO MANDATOLEGAL, LA SALA DE APELACIONES LA DIVIDIO,tomó una parte para procesar a fas otros implicados"sostiene además el presentado que la Sala también infringióla doctrina del artfculo cuatrocientos noventa y cuatro delCódigo Procesal Penal, porque a su juicio la declaración delculpado es NULA COMO CONFESION PORQUE NOREUNE LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS EN LOSNUMERALES VI Y VIl DEL ARTICULOCUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DEL CODIGOPROCESAL PENAL; que infringió además elCUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS del citado Códigoporque hizo una interpretación extensiva de lo declarado,en contra del procesado, tomando su declaración comoconfesión sin hacer ninguna calificación de la misma. "SILA SALA HUBIERA DADO CUMPLIMIENTO PARCIALA ESTE ARTICULO AL MENOS LA HUBIERACALIFICADO COMO CONFESION IMPROPIA" pero nisiquiera eso hizo -afirma el recurrente- haciendo evidentela infracción; dice además que la confesión impropiacuando se produce requiere ser complementada por otrosmedios de prueba pero que en el presente caso, ladeclaración del culpado contiene una descripción de loshechos que motivaron el proceso, en la cual el procesado noreconoce haber realizado ninguna conducta que seencuentre tipificada como delictiva; y que nunca poddahaber sido adACuadamente complementada por otrosmedios de prueba)>porque la Sala infringe lo dispuesto en latotalidad del articulo SEISCIENTOS CINCUENTA YSIETE del Código Procesal Penal, pues "CONFUNDE LOQUE ES PRUEBA DOCUMENTAL CON PERITAJE, pueses indiscutible que los dictámenes de los expertos porlógica, tienen que estar plasmados en un documento, peropara los efectos procesales, se trata solo de la manifestaciónde conocimiento y opinión que hacen los expertos alTribunal; NOTESE QUE LA SALA DE APELACIONES ENNINGUN MOMENTO CITA NINGUNA LEY DEESTIMATIVA O APRECIACION RELACIONADA CONLOS PERITAJES, es decir, ESPECIFICA PARA LOSPERITAJES O PRUEBA DE EXPERTOS, sin embargo, sinfundarse en ninguna disposición legal les dá valorprobatorio, tomándolas equivocadamente como PRUEBADOCUMENTAL, y sin fundarse en ninguna ley, no obstanteque son nulas todas las resoluciones judiciales que no seanfundadas en ley" por esas mismas razones el recurrentesostiene que la Sala también infringió por inaplicación elartfculo SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE también delCódigo Procesal Penal, que es el que se refiere a laESTIMATIVA PROBATORIA DE LOS EXPERTAJES. Enotra parte de su extensa exposición el recurrente sostieneque la Sala también infringió el articulo SETECIENTOSSIETE de nuestro Código adjetivo penal vigente, pues noexiste declaración del culpado en que reconozca haberdisparado y que infringiendo todas las disposicionesprocesales aplicables LA SALA DE APELACIONESACTUO COMO SI HUBIERA HECHO APLICACION DELA PRUEBA DE PRESUNCIONES JUDICIALES,tomando como indicios prueba directa por lo que tambiéninfringió -de acuerdo a lo expuesto por el presentado- elcontenido completo del artículo SEISCIENTOSNOVENTA Y SEIS DEL CODIGO PROCESAL PENAL,que dispone como apreciar la prueba indirecta. Indicaademás el recurrente: ''al analizar las declaraciones de lostestigos ISIDRO GIL RODRIGUEZ, LUIS ANTONIOCABRERA, lAMA EMPERATRIZ OlAS LOPEZ, SARAASUNCION LORETO RIVERA, ALVARO RENEVILLAF.UERTE, MARIO AUGUSTO MONZONPELLECER MENCOS, RICARDO LOPEZ MONZON yCARLOS VILLASEfilOR MIRON, la Sala de Apelacionesdice en forma ambigua ,... son Hnprecisos unos'"', sin decircuáles, y ""_otros se refieren a la conducta observada por losprocesados"" no dice Cual conducta, ni donde, ni cuando;se refieren tamBién los miembros del tribunal sentenciadora los testigos propuestos por el co-reo pero no hacenmención a la declaración de Luis Amoldo Cisneros Castillo,ni a la declaración del agente de la Policía MARCOANTONIO CABRERA ANDREU, a quien según elrecurrente entregó después de capturarlo al procesadoCarlos Chavarda Mena, en la estación de poltcia de VillaNueva, y quien "nos dejó preventivamente detenidos a losdos., indicando además "hay que hacer énfasis que la misma(se refiere a la sentencia impugnada) se comenta en formamuy general las declaraciones vertidas sin hacer laindividualización de la declaración de cada uno como esnormal dentro de las atribuciones de los juzgadores; en laestimación de que con todo lo expuesto no fuerondebidamente evaluados ya que, la Sala de Apelaciones, noaplica lo dispuesto en el artículo 638 del Código ProcesalPenal. .." Los principales argumentos jurídicos delrecurrente han quedado ya expuestos, después de exponeren forma suscinta los fundamentos jurfdtcos de la Sala, sehará ·el estudio comparativo o confrontación analítica queen derecho corresponde.-IV-FUNDAMENTO JU RIDICO DE LA SENTENCIADE SEGUNDA INSTANCIA:Este Tribunal de Casación en el presente fallo, y paralos fines que ya fueron indicados al final del.. considerando" precedente, hará una transcripción yalgunos breves comentarios en relación a los fundamentosjurfdicos que tuvo el tribunal de segundo grado para darle asu fallo, la orientación decisoria que dio lugar a lainterposición del recurso extraordinario de casación quehoy se estudia, y al respecto dice la Sala: "Es acertada laapreciación del señor Juez de la causa relativa a que, comoresultado de la pesquiza, no se obtuvo la prueba suficientepara establecer la intervención culpable de los procesadosCARLOS CHAVARRIA MENA Y RENE EDELBERTOCONTRERAS ... pues solo se cuenta con la denuncia quehizo el co·reo Gf!EGDRIO .. Correcta está la decisión deapreciar que s( se estuvo la prueba suficiente que determinala culpabilidad del procesado G R EGOR 10 ....., en losdelitos de Homicidio doloso simple y lesiones (nótese que alfinal lo condenan por homicidio y disparo de arma defuego) y Que dicha evidencia está integrada con laconcurrencia de elementos de juicio que adelante seexpresarán ... pues su actuación quedó tipificada comoDISPARO DE ARMA DE FUEGO (anteriormente dijeron


GACETA DE TRIBUNALES 45homicidio simple y lesiones) estableciéndose plenamente enel proceso que entre las once horas con treinta minutos ylas doce horas de la fecha de autos, se produjo en el interiordel bar los" Arcos" ... ún suceso violento, con lo afirmadopor el co-reo Méndez Méndez, de que fué agredido por losseñores: Carlos Chavarrfa Mena, René Edelberto Contrerasy Julio Amílcar Contreras ... quienes llegaron a agredirlo apedradas cuando atendía el negocio, sin motivo alguno,ocasionándole una herida en la región frontal izquierda,como consecuencia de la cual lo botaron al suelo,haciéndole perder el conocimiento por algunos segundos ...llevando a uno de sus atacantes al que capturópersonalmente. . . al preguntarle si momentos antes depresentarse a la Policía, participó en una riña tumultuariacon los señores RENE CHAVARRIA CONTRERAS,JULIO AMILCAR CHAVARRIA CONTRERAS YCARLOS CHAVARRIA MENA, aceptó haber tenido elproblema con varios individuos desconocidos en el interiordel bar ya mencionado ... No recuerda si disparó, porqueen el forcejeo, sus agresores se lo quitaron (se refiere alrevólver), pero si hubo detonaciones, no recordandocuantas ... que no se considera responsable de ~as lesionessufridas por los señores antes mencionados, porque alestarlo maltratando y destruyendo sus bienes, tuvo quedefenderse... por otra parte se cuenta con elreconocimiento en el lugar de los hechos, practicado por elseñor Juez instructor de las primeras diligencias ....constatando los daños y huellas en el interior del bar los"Arcos" que constituye medio de prueba directa,estableciendo que ocurrieron hechos violentos en ese lugar,confirmándolo una de las respuestas del co-reo CarlosChav.arda Mena en su declaración indagatoria ...advirtiendo con tal manifestación que si estuvieron en elinterior del referido establecimiento. Está probado tambiénque la disputa se originó en el interior del bar ... Obran enel proceso los documentos eonvictivos de que hace relaciónel señor Juez, los cuales estiman como buena prueba, losinformes médico forenses. . . (hace constar las lesionessufridas por todos los procesados), informe del jefe delgabinete de identificación y experto de los tribunales dejusticia ... 111 Con respecto al procesado GREGORIONACIANCENO MENDEZ MENDEZ, del análisis de laprueba- que obra en el proceso, se llega a la inequfvocaconclusión que el único responsable de los delitos en quequedó probada su culpabilidad, son los de HOMICIDIO YDISPARO DE ARMA DE FUEGO .... su defensor alexpresar agravios pide: que en caso de condena lo sea porHomicidio en riña Tumultuaria; tipificación que en estecaso, no es dable, porque para ello es cuestión indispensableque riñan varios acometiéndose entre sí, .confusa ytumultuariamente y no constare su autor, pero en este casoestá probada la existencia de dos partes, atacante yatacada .... y quien causó las lesiones que causaron lamuerte. . . y las lesiones lev(simas... lo fuéGREGORIO .... mediante disparo de arma de fuego. EsteTribunal. estima que no existe el concurso ideal del delito,como aprecia el fallo de examen, porque no efectuó unasola acción el encausado, sino varias, produciendo variosdelitos; o sea que nos encontramos ante un concurso real dedelitos, porque se realizaron varios hechos,. que originarondiversas infracciones independientes; debiendo sancionarseimponiendo las penas correspondientes, a las infraccionespenales cometidas, pero debe tomarse en cuenta a favor delprocesado las circunstancias acreditadas en el proceso que lefavorecen, ser delincuente primario, no ser peligrososocial. .. atenuantes, de su confesión y presentación a laautoridad voluntariamente ...." Para dejar una idea másclara del fundamento, jurídico del tribunal de segundainstancia, es adecuado hacer constar que a ninguna de lasdeclaraciones testificiales que apreció, les otorgó valorprobatorio alguno, tanto de cargo como de descargo, lo quehace evidente que la prueba testifical en et presente caso,ninguna influencia tuvo para proferir el fatro condenatoriocontra el recurrente. Dice también la Sala que "estáprobado que la disputa se originó en el interior del bar losArcos entre Méndez Méndez (el recurrente) y los otrosca-reos y el ahora fallecido Julio Amncar ChavarríaContreras, continuó fuera del mismo, lo que se deduce de lom_anifestado por _éStos {probablemente se refiere a todos losprocesados} en sus propias declaraciones indagatorias". Losanteriores, fueron los principales fundamentos jurídicos, ylos elementos y valoración probatoria,_ que el tribunal desegundo grado tomó en- cuenta para dictar, la sentenciacondenato'ria, hoy impugnada, mediante el recursoextraordinario de casación, cuyo estudio y resolución,corresponden a este Tribunal Supremo.-V-ESTIMACION JURIDICA ENTRE LOS ARGUMENTOSDEL RECURSO, LA SENTENCIA DE SEGUNDAINSTANCIA Y LAS LEYES APLICABLES CITADASCOMO INFRINGIDAS POR EL RECURRENTE.Generalmente cuando el recurso se interpone pormotivos de fondo, las leyes citadas como infri[lgidas soncasi siempre de naturaleza sustantiva, tal como sucede en elpresente casq, en que el recurrente entre una de lasmotivaciories de su acción de casación ejercitada por mediodel correspondiente recurso extraordinario, estimó que laSala había cometido error de derecho en la calificación delos hechos qtte la misma tuvo por probados; y como un casoexcepcional que también se da en la situación que hoy seestudia, es precisamente cuando el recurso también esplanteado por error de derecho en la apreciación de laspruebas, en cuyo caso, no obstante que también se trata de!.m recurso de casación por motivos de fondo, las leyesdenunciadas como infringidas además de ser eminentementeprocesales, deben ser precisamente las que corresponden ala estimativa probatoria de cada una de las pruebas, en lasque se afirme que de parte de la Sala, se cometió el error yamencionado; para el efecto no es suficiente que únicamentese cite el número del artrculo sin especificar con absolutaprecisión los párrafos· o partes del mismo que se estimenviolados, es necesario indicar si se consideran infringidos enforma In~egra o parcial y enmumerar con absoluta precisiónlos incisos que se consideren infringidos, cuando ese sea elcaso; requisito que satisfizo a cabalidad el recurrente. Comopresupuesto necesario y previo antes de entrar al análisiscomparativo correspondiente, se considera necesariopuntualizar, que las facultades. del Tribunal Supremo, por lánaturaleza técnica del recurso extraordinario de casació11,estan LIMITADAS para solo conocer de los artfculos eincisos cuya infracción ha sido oportuna y procesalmenteplanteada, en absoluta concordancia con los casos de.procedencia en que se funda el recurrente. Como existendiferentes formas de infringir las d,isposiciones legalesvigentes, el rigorismo_ de este recurso extraordinario,aconseja que el recurrente manifieste cual de esas formasdeja a su juicio el camino jurfdico viable, para el éxito de laacción procesal planteada mediante su recurso de casación,exigencia que también cumplió adecuadamente elpresentado. Al anal izar en el presente caso el memorialintroductivo del recurso, los fundamentosjurídicos-probatorios de la sentencia de segundo grado, y lasdisposiciones legales citadas como infringidas se concluyeen fa siguiente:


GACETA DE TRIBUNALES1.- Como uno de los casos de procedencia del recursoextraordinarto de casación es por error de derecho en lacalificación de los hechos que la Sala tuvo por probados,constituyendo delito y el otro por error de derecho en laapreciación de las pruebas, por lógica juddica, no obstanteque no fueron planteados en ese orden, debe conocerseprimero de la parte del recurso que se refiere a errores dederecho en la apreciación de las pruebas; pues en lasituación meramente hipotética de que llegase a prosperar efrecurso por error de derecho en la apreciación de laspruebas, dejarían de tener existencia jurídica y procesal,todos o algunos de los hechos probados por la Sala, y sedafactible que el recurso de casación planteado por error dederecho en la calificación de dichos hechos, ya no tuvieran'razón de ser; o al menos se delimitaría claramente, despuésdel análisis correspondiente, cuáles fueron los hechos queefectivamente quedaron probados, y sobre ese materialjuddico, este Tribunal debe realizar el estudiocorrespondiente, Para determinar si se cometió error dederecho en la calificación de dichos hechos o no. En virtudde lo anterior se principiará por analizar el recursoplanteado por uno de los sub-casos contenidos en elnumeral VIII del articulo SETECIENTOS CUARENTA YCINCO del Código Procesal Penal:11.~ Previamente a realizar la confrontación analfticaque corresponde y para contar con un punto decomparación más adecuado, se mencionarán las normaslegales en que se fundó la Sala sentenciadora y que lesirvieron d.e fundamento legal para dictar la sentenciaimpugnada, al respecto en la última parte de su fallo la Salatextualmente dice: "leyes aplicables, las citadas y artículos:los citados y 1, 10, 11, 13, 19 ...., 68, 69, 70, ... 123, 125,142, ... 480, 481 inciso 1o. del Código Penal.· 1, 2, 9, 11,... 489,490,624,635, 638, 639 .641, 643, 645,647,649,653, 663, 667, 729, 730, 731, 737, 797 y 798 del CódigoProcesal Penal". Se hace constar que se transcribieron conexactitud los artfculos del Código Penal, que pueden tenerrelación con la situación jur(dica planteada, y en igualforma los del Código Procesal que se refieren. aESTIMATIVA PROBATORIA, y los demás qu·e tienenrelación directa con los mismos, pues son precisamente esasnormas las que pueden ser de alguna utilidad en el análisisque es imprescindible en las sentencias de casación;111.~ Al hacer valer su recurso con base en el sub--casode procedencia denominado error de derecho en laapreciación de las pruebas, el presentado denunció enprimer lugar como infringido en su totalidad, el artrculoSEISCIENTOS TREINTA Y OCHO del Código ProcesalPenal que se refiere a la valoración de la prueba, mediante elsistema de sana crítica; indica en primer lugar en formageneral que la Sala lo infringió al determinar sin cumplircon los procedimientos o normas valorativas contenidas enel mismo, al decidir que existfa suficiente o plena prueba encontra del recurrente; al relacionarla ya en forma espedficacon la declaración del culpado, afirma que la Salasentenciadora, infringió dicha disposición procesal, al darlea la declaración del recurrente un valor y contenido encierta forma extensivo, pero fundamentalmente al darle alrealizar su valoración, el valor de confesión, a unadeclaración del culpado sencillamente DESCRIPTIVA, peroque en ningún momento, el presentado aceptó haberdisparado arma de fuego alguna contra alguno de losparticipantes en el hecho violento; que por otra parte noobstante que la Sala dió a la declaración del culpado el valorde confesión, no hizo una calificación jurídica de la misma,lo que de acuerdo a su criterio era obligación legal deltribunal sentenciador. Al respecto este Tribunal Supremo esdel criterio, que si bien es cierto que es muy convenienteque los tribunales de segunda instancia al tomar comoConfesión la declaración del Culpado, especifiquenclaramente en cual de las distintas clases de confesión,consideran que puede clasificarse a la declaración delculpado que le están dando carácter de tal; la simpleomisión de tal calificación jur(dica, no implica error dederecho en la apreciación de la prueba, pues s.i bien es ciertoque tal proceder es antitécnico, no es determinante para laeficiencia jurfdica probatoria, que pueda o no concedérselea la declaración del culpado al darle la categoría ocalificación procesal de confesión; en cuanto a la infracciónal sistema de la sana crítica, se hará conjuntamente con lasdemás pruebas por economía procesal;IV.· En relación a la declaración del culpado que eltribunal de segundo grado le dió el valor de una confesiónsin indicar la clase de la misma. El recurrente tambiéndenuncia como infringido en su totalidad el artículoCUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO del CódigoProcesal Penal que contiene el principio de laINDIVISIBILIDAD de la confesión. Este Tribunal hasostenido el criterio que la confesión es la parte de ladeclaración del culpado en la que reconoce su participaciónen el hechó t¡ue dio origen al proceso, o el reconocimientode hechos Claros y concretos que al verse claramentecomplementados por otros medios idóneos de investigacióno de prueba, eventualmente puedan servir para determinarde conformidad con la ley, su CULPABILIDAD; de dondese concluye que en el caso de estudio las razones esgrimidaspor el recurrente para afirmar que la Sala infringió elprincipio de la indivisibilidad de la confesión en el presentecaso, no son jurfdicamente atendibles; por las mismasrazones no pueden aceptarse las infracciones denunciadas alos artfculos CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO yCUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS del CódigoProcesal Penal, pues las mismas aunque se hubieranproducido en la realidad, no inciden en la posible eficaciajurídico probatoria;V.- Al estudiar detenidamente la sentencia de la Salaes evidente que tal como lo afirma el recurrente, la mismarealiza una sinonimia conceptual o confusión entre losDOCUMENTOS (medio de prueba) y los PERITAJES (otromedio de prueba distinto al primero, también aceptado pornuestra ley} es evidente también que en lo que se refiere a laprueba de dermon.itratos y de "guanteletes de parafina" laSala infringió por aplicación indebida en su totalidad elcontenido del articulo SEISCIENTOS CINCUENTA YSIETE del Código Procesal Penal, pues el informe quecontiene el resultado de dicha prueba, no es un documentoen el sentido procesal de la palabra, sino un PERITAJE, ypara hacer su valoracion debió haber aplicado el contenidoíntegro del articulo SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVEdel Código Procesal Penal, por lo que al no haberlo nisiquiera citado en su fallo y haber aplicado otra norma legalequivocada en su lugar, lo infringió por inaplicación, talcomo lo afirma el recurrente. Los dos errores de derechocometidos por la Sala, al apreciar la prueba de losdermonitratos y parafina, hacen adolecer de vicio en laestimación de la misma, por lo que en esas condiciones,ningún valor legal suficiente puede dársele; aunando a loanterior que tal comO' lo indica el recurrente en forma porsu especial naturaleza, se trata de una prueba indiciaria ycorroborativa de otras pruebas, por lo que no puedeapreciarse como si se tratara de prueba tasada; tal como loindica el recurrente;VI.- Al estudiar detenidamente la declaración delculpado de acuerdo con la transcripción que de la mismahace la Sala, se encuentra que como lo afinna el recurrentela misma contiene una descripción de acuerdo al especial


GACETA DE TRffiUNALES 47punto de vista del mismo, de la forma como el manifiesta altribunal que sucedieron los hechos; sin perjuicio de analizaroportunamente las infracciones al sistema de la sana críticadenunciadas en apreciación de las pruebas; este Tribunal esdel criterio que el encausado en su declaración, prestadacon todas las formalidades y ante tribunal competente,reconoce: a) que efectivamente estuvo presente en el lugardel hecho, el día y hora en que el mismo se produjo; b) queparticipó activamente en un hecho violento juntamente conlos demás procesados incluyendo al hoy occiso; e) que tuvoun revólver en la mano, que en el forcejeo, fué despojadodel mismo, y que se escucharon varias detonaciones; enotras palabras, con su declaración puede considerarseprobado los extremos que se refieren las tres literales queanteceden;VIl.- Se denunció también la infracción del artículoSEISCIENTOS TREINTA Y OCHO del Código Procesal·Penal, en su totaJidad relacionándolo adecuadamente contodas las pruebas que sirvieron de base a los Magistrados,pero al analizar el cuadro probatorio que ofrece la sentenciade segundo grado, se encuentra que las bases jurídicasfundamentales de la misma están: en la declaración delculpado y la prueba de dermonitratos, así como en otrassituaciones que prueban la existencia del hecho, pero no suparticipación en el mismo; por lo que se hace procesalmenteinnecesario, el análisis de infracciones al sistema de la sanacrítica, al haberse ya prununciado este tribunal sobre laspruebas fundamentales y sobre el grado de eficacia oineficacia; por lo que no se hace análisis a las infraccionesdenunciadas al artículo SEISCIENTOS TREINTA Y OCHOdel Código Procesal Penal, y demás leyes citadas, pues ya seindicó es innecesario;VIII.- En relación al caso de. procedencia contenidoen el numeral 111 del articulo SETECIENTOS CUARENTAY CINCO del Código :Procesal Penal, que se refiere a errorde derecho en la calificación de los hechos que la Sala tuvopor probados, constituyendo delito, el recurrente denunciócomo infringido en primer lugar, y por aplicación indebida,el contenido completo del artitulo CIENTO VEINTITRESdel Código Penal que contiene el delito, es decir, latipificación del delito de Homicidio simple y su penalidad;denunció también que al haber aplicado la Salaindebidamente la norma de derecho penal sustantivoprecitada, infringió por INAPLICACION la totalidad delarticulo ClENTO VEINTICINCO del Código Penal, quecontiene la tipificación y penalidad del delito deHOMICIDIO EN Rll'lA TUMULTUARIA, que es una de lasformas un tanto atenuadas del homicidio que aparecencontenidas en el Código Penal vigente. Para llegar aconclusiones de certeza jurídica al respecto de ambosplanteamientos, previamente debe hacerse un análisis de loshechos que la Sala tuvo por probados y la forma como estosquedaron después de analizarse la comisión o no de erroresde derecho en la apreciación de las pruebas, y en formamuy resumida, puede decirse que en principio y comofundamentales, la Sala tuvo por probados los hechossiguientes: a) que en el día, en el.lugar y a la hora queconstan en el proceso, se produjo un hecho violento entre elocciso los demás procesados y el recurrente; b) que comoconsecuencia de ese hecho o encuentro violento, uno deellos resultó muerto por lesiones producidas por proyectilde arma de fuego; e) que el recurrente reconoció que tuvoen la mano un arma de fuego que fué despojado de e11a enun forcejeo, que sostuvo con las otras personas queparticiparon en la acción violenta, que se produjeron variasdetonaciones y que uno de ellos falleció corPo consecuenciade un impacto de bala, y otro salió levemente lesionado,Pero que consta en autos que el recurrente al declarar no sehizo responsable del hech6; d) que con la prueba de los"dermonitratos de parafina" lo que resultó positiva para elrecurrente quedó demostrado que fué él el autor de losdisparOS que uno de ellos le ocasionó la muerte al occiso,este último hecho ya no se consideró probado en virtud delos errores de derecho cometidos por el tribunal de segundogrado, al analizar la v.aloración de esa prueba i.ndiciaria;IX.· Teniendo ya una idea lo suficientemente clara delos hechos que quedan probados, después de·l análisis ycomprobación de los errores de derecho que le fuerondemostrados a la Sala que cometió en la apreciación de unasola de las pruebas, se concluye que en las actualescircunstancias no existe posibilidad jurídica de estimar·, laculpabilidad del procesado, como precisamente el· autor deldisparo que ocasionó la muerte del occiso, y que causólesiones a ótro de los procesados; pero si existeq e!ementosprobatorios lo suficientemente idóneos y efiqac'es, parallegar a la conclusión, que sí participó activarrtent~;t en elhecho criminal al que ya se hizo referencia, y fM1 el queresultó la muerte del hoy occiso, Como ya se cons¡deloserrores de derecho cometidos por la Sala sentenciadora enla valoración de una prU'eba absolutamente indiciaria comolo es la de "guanteletes de parafina con dermonitratos", deser cierto también que no se le practicó dicha prueba a losdemás encausados, no obstante que todos participaron a laacción o acciones violentas y acometimientos que seprodujeron el día del hecho, y no obstante la ausencia deabundante prueba, este tribunal estima adecuado considerarque efectivamente la Sala sentenciadora infringió poraplicación ·indebida el contenido íntegro del artículoCIENTO VEINTITRES del Código Penal, pues del análisisde los errores de derecho, ya no existe ni siquiera unadubitativa e indiciaria prueba, para determinar con certezajurídica que el procesado sea precisamente el autor de losdisparos; y como consecuencia que infringió porinaplicación NO OBSTANTE QUE SI FUE CITADO PORLA SALA dentro de sus fundamentos legales, el articuloCIENTO VEINTICINCO del Código Penal;X.· De acuerdo a reiterado criterio de este TribunalSupremo, existe error de derecho en la calificación de Joshechos que la Sala tuvo por probados constituyendo delito,cuando no obstante estar debidamente _ probada laparticipación activa del encausado, en el hecho criminal quefué el que dib lugar a la iniciación y tramitación delproceso; es decir, que la conducta que efectivamente lequeda probada, no encuadra a cabalidad dentro de ladescripción contenida en la ley sustativa penal, y al darseuna situación de esa naturaleza el. recurso de casaciónplanteado con base en el numeral 111 del artículosetecientos cuarenta y cinco del Código Procesal Penal,debe prosperar y de inmediato, proceder a resolverse. Envirtud de que al declararse con lugar el recursoextraordinario de casación por el motivo enunciadoantfriormente, debe resolverse que el procesado es autorresponsable pero de HOMICIDIO EN Rll'lA y no dehomicidio simple; debiendo en consecuencia dictarse lasentencia en casación que en derecho corresponde;XI.- En las condiciones indicadas se h3ce tambiénprocesalmente innecesario el análisis de las demásdisposiciones del Código Penal que se consideraroninfringidas, por lo que esta Cámara por economía procesalse abstiene de hacer el estudio correspondiente.-VI­SENTENCIA EN CASACIONDe conformidad con la doctrina del articuloSETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO del CódigoProcesal Penal "Si se tratare de casación de fondo, el


48 ¡; \CETA DE TRIBl\\LEStribunal casará la resolución impugnada y fallará sobre lamateria de que se trate", por 1-o que es el caso de hacer elanálisis integral de las diligencias con el objeto de proferir elfallo que en derecho corresponde: 1.- La muerte violenta delocciso de nombre Julio Amílcar Chavarría Contreras haquedado debidamente demostrada en el proceso con lossiguientes elementos de convicción: a) con el actadescriptiva post mortem levantada por el seriar juezinstructor de las primeras diligencias; b) con la"'".Correspondiente certificación de la partida de defunciónq-úe obra en autos; y e) complementada con el informe de lanecropsia el que no obstante ser el resultado de un peritaje,la Sala sentenciadora lo apreció como ducumento; 11.- Laparticipación activa del procesado de nombre GR EGOR 10NACIANCENO MENDEZ MENDEZ ha quedadodebidamente demostrada en el proceso, con 1 os conceptoscontenidos en su declaración, en la que sí reconoce demanera expresa que participó en un encuentro violento conlos demás encausados, que fué despojado de un revólver enel forcejeo, y que escuchó varias detonaciones sin saberquien las hizo, y que no se hace responsable de ninguna de-las lesiones, porque al verse agredido, tuvo que tratar dedefenderse; la declaración anterior no es en sí una confesióncalificada porque no contiene el claro .reconocimiento de suparticipación en el hecho tratando de justificarlo con Ufla"causa de justificación", es más bien una de las ·formas deconfesión impropia con explicación justificativa. Esconveniente agregar que dicha declaración fue prestada Cflntodas las formalidades legales y ante tribunal competeryte,si.endo además verosímil y congruente con las constanCiasprocesales, es por otra parte sobre hechos que constanpersonalmente al declarante; 111.- La participación activa delos demás encausados en el encuentro violento en el que seprodujeron los disparos, lesiones y la muerte de un¿:¡ de laspersonas que 'allf estaban, ha quedado probada en elproceso, con las respectivas declaraciones indagatorias delos demás procesados, las que aunque difierensustancialmente con la del recurrente, en cuanto a quecontienen diversas versiones de los hechos, coinciden en laparte que interesa para los fines probatorios, que esprecisamente en su presencia y participación en elencuentro violento ya mencionado, lo cual quedadebidamente corroborado con todos los dictámenes médicoforenses, cuyo contenido ya aparece analizado en lasentencia de casación, y con lo que queda demostrado quetodos los que participaron en el hecho queda·ron lesionados,lo que demuestra de manera inequívoca que todos losencausados además de estar presentes en una u otra formatuvieron relación, con el hecho violento. En el presente casolos dictámenes médico forenses se toman como resultado delos peritajes practicados por el médico forense, que es unperito en esa rama del saber humano, y no como pruebadocumental; IV.- Al analizar la totalidad de declaracionesexistentes en el proceso, se concluye que -la incidenciapiobatoria que pudiera tener, no cambia en nada lasituación jurídica establecida hasta el momento, por lo queno son relevantes para el aspecto puramente decisorio delpresente fallo; V.- El reconocimiento judicial practicado enel interior del bar, es procesalment~e útil para demostrar queen ese lugar se realizaron acciones violentas; VI.- Por lasrazones que. aparecen en la sentencia de casación, ningúnvalor probatorio suficiente puede otorgarse a la prueba de"guanteletes de parafina" la que solo es indiciaria ycorroborativa, haciendo constar además que tal como loafirmó el recurrente no se practicó a los demás procesados,lo que hubiera sido conveniente para establecer laposibilidad de que ellos hubieran disparado con arma defuego en fecha reciente anterior al hecho o la fuerteposibilidad de que no lo hicieron; VIl.· Lo anterior haceque este Tribunal en relación al presente caso sea delcriterio Que todos los encausados participaron en una riñaen la que resultó muerto el occiso de nombre Julio Am ilcarChavarr(a Contreras y en consecuencia, lo procedente ser(ahacerle a todos aplicación de lo dispuesto en la doctrina delartfculo CIENTO VEINTICINCO del Código "Penal, quecontiene la tipificación del delito de HOMICIDIO ENRlliiA; pero como la doctrina del articulo SETECIENTOSSESENTA del Código Procesal Penal dice: "Cuando, ELRECURRENTE SEA UNO SOLO DE LOS PROCESADOS,LA SENTENCIA APROVECHARA A LOS DEMAS, ENLO QUE LES FUERE FAVORABLE, SIEMPRE QUE SEENCUENTREN EN LA MISMA SITUACION, Y LESFUEREN APLICABLES LOS MOTIVOS ALEGADOS PORLO QUE SE DECLARE LA CASACION DE LARESPECTIVA SENTENCIA. .." pero en casos como elpresente la absolución decretada por el tribunal de se~ndogrado se e""'*'tra finne y produce los efectos de cosajuzgada, no siendo dable jurfdicamente al Tribunal deCasación cambiar eso situcibn, porque lo resuelto en esterecurso an la sentencia da casación, en vez de favorecerlos,los perjudicerla, y ello y debido a las facultades limitadas deeste Tribunal, la situacibn jurfdica de los demás procesados,no es susceptible da ser modificado, mediante este recursoextraordinario. VIII,· En virtud de lo resuelto en lasentencia de CIIJci6n debe dictarse a fa~~or del procesadouna 581'1tencia ebsolbtoria en relación a los delitos dehÓinicidio simple y da disparo de arma de fuego, encorrecta , aplicecibn de las doctrinas de los articulasTREINTA Y TRES y CINCUENTA Y CINCO del CódigoProcesal Penal, Por falta de suficiente prueba paracondenarlo por esos delitos. IX.- En relación a las faltas esteTribunal es del criterio que no son susceptibles de serconocidas en casación, por lo que al respecto nada puederesolverse; X.- En tal concepto, es el caso de haceraplicación de lo dispuesto en el artículo SESENTA YCINCO del Código Penal que contiene las normas deorientación para realizar la aplicación e individualización dela pena relativamente indeterminada, y al respecto seprocede de la manera siguiente: a) no quedó demoStrada enel proceso la existencia de peligrosidad social en elrecurrente, ni tampoco la existencia de antecedentespersonales, entre todos los encausados; b) el móvil deldelito, f!n esta clase de hechos definitivamente esindeterminado, no así la intensidad y extensión del dañocausado, ·pues es evidente que se quitó una vida humana quees el máximo valor jurídico qLie tiene el hombre; e) laconfesión en el presente caso es un atenuante de pocaintensidad; por no ser una confesión lisa y llana sino por elcontrario un tanto reticente, y está a su favor no tenerantecedentes penales y haberse presentado voluntariamentea la autoridad. El análisis anterior hace .que este Tribunalconsidere al recurrente de nombre Gregario NaciancenoMéndez Méndez, es autor responsable y participante activoen el delito de HOMICIDIO EN RIÑA TUMULTUARIA,razón por la cual con base en los razonamientos hechos y enaplicación de lo dispuesto en el artículo CIENTOVEINTICINCO DEL Código Penal, debe imponérsele lapena de cinco años de prisión conmutables en su totalidad arazón de ciricuenta centavos diarios; en concepto deresponsabilidades provenientes del delito se fija la cantidadde UN MIL Cl EN OUETZALES que deberá pagar a quienessean declarados herederos legales del occiso, en tal conceptodebe declararse lo procedente.LEYES APLICABLES:Las citadas y artículos 32, 34 inciso 2o., 157, 158,


GACETA DE TRIBUNALES 49159, 170, 172 del Decreto Legislativo 1762 que contiene laLey del Organismo Judicial; lo., 10. 13 26 incisos 6o. ySo., 35, 36, 41, 42, 44, 50, 62, 65, 112, 113,119,120,121, 122 y 125 del Código Penal; 20, 24, 31, 33, 40, 45,60, 62, 64, 78, 82, 85, 86, 91, 93, 94 reformado por elDecreto 87·75 del Congreso; 125,182, 189,190, 191, 193,201, 230, 244, 357, 3fr7, 368, 386, 387, 407, 428, 462,475, 482, 489, 490, 491, 496, 631, 635, 638, 639, 641,fr43, 654, 653, frfr9, 689, 694, 730, 740, 741, 745numerales 111 y VIII, 749,750,752,754, y 760 del CódigoProcesal Penal; 240 de la Constitución de la República.POR TANTOLa Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, alresolver DECLARA: 1) Procedente el recurso de casaciónque por error de derecho en la calificación de los hechosque la Sala tuvo por probados constituyendo delito;presentado por el procesado GREGORIO NACIANCENOMENDEZ MENDEZ, contra la sentencia condenatoriaproferida por la Sala T efcera de la Corte de Apelaciones eltrece de diciembre de mil novecientos.setenta y nueve; 2}Procedente parcialmente la parte del recurso que contra lamisma Sala impugnando el referido fallo, también interpusoel recurrente por error de derecho en la apreciación de laprueba; 3) como consecuencia de lo anterior CASA lasentencia que por los delitos de HOMICIDIO DOLOSO YDISPARO DE ARMA DE FUEGO habfa dictado la SalaTercera de la Corte de Apelaciones y al resolver hace lassiguientes declaraciones de derecho; 1) que GREGORIONACIANCENO MENDEZ MENDEZ es autor responsabledel delito de HOMICICIO EN RIIIIA TUMULTUARIA en laque resultara fallecido el occiso de nombre Julio AmílcarChavarrra Contreras por cuya acción delictiva le impone lapena de CINCO AlijOS DE PRISION conmutables en sutotalidad a razón de cincuenta centavos diarios,abonándosela la prisión sufrida a partir del momento de sudetención; el lugar del cumplimiento de la condena lodetenminará el Presidente del Organismo Judicial; 11) enconcepto de responsabilidades civiles provenientes deldelito, deberá pagar a los herederos legales del occiso lacantidad de UN MIL CIEN QUETZAL ES, dentro de tercerodfa de notificado el presente fallo; 111) se le suspende en susderechos políticos durante el tiempo de la condena,debiendo el Juez ejecutor hacer de inmediato lacomunicación a donde corresponde; IV) se decreta elcomiso del revólver a favor del Organismo Judicial, por loque el Juez ejecutor tomará las providencias del caso; V) lasituación jurídica de los demás procesadps se encuentrafirme. VI) notiffquese y con certificación de lo resueltodevuélvanse los antecedentes al tribunal de origen, para losefectos procesales consiguientes. C. E. Ovande>.B. : .. A. E.Mazariegos G. -··Juan José Rodas. -·J. Felipe Dardón ··-R.Rodrlguez R. ···Ante mí: M. Alvarez Lobos.·?ENAL:Recurso de casación interpuesto por DEODOROGALDAMEZ RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada porla Sala Décima de la Corte de Apelaciones.DOCTRINA:Es improcedente el recurso de casación cuando,basado el fallo sujeto a examen en prueba presuncional, severifica la censura invocando tesis equivocadas.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL: Guatemala, veintiocho de marzo de milnovecientos ochenta.Se tiene a la vista para dictar sentencia, el recursoextraordinario de casación interpuesto por DeodoroGaldámez Rodríguez, contra la proferida por la SalaDécima de la Corte de Apelaciones, el veintinueve deoctubre del año pasado, en el proceso que por el delito deHomicidio se le incoara en el Juzgado Sexto de Primera1 nstancia del Ramo Penal de este departamento;desprendiéndose del estudio de autos que, el recurrente esde cuarenta y siete años de edad, guatemalteco, agricultor,originario de San Pedro Pínula, departamento de Jalapa,hijo de Mariano Galdámez y de Modesta Rodríguez, notiene apodo conocido, es ciudadano inscrito, no ha prestadoservicio militar y tiene su residencia en el lote ochenta Ycuatro "A", guión cuatro, Fracción "A", ColoniaMontserrat 1, de la zona cuatro, del municipio de Mixco.Aparece como defensor: el Licenciado Maynor SalvadorGuzmán Cortinas, acusa el Ministerio Público y actuó comoAbogadd director del recurso, el Licenciado AlfredoEduardo '-urssen Barrios.EXTRACTO DE LA SENTENCIA RECURRIDA:La Sala contra la que se recurre, dictó sentenciarevocando la de primera instancia, condenando alrecurrente por el delito de homicidio cometido en lapersona de Juan Antonio Velásquez Gaitán, e imponiéndolela pena de dieciséis años de prisión inconmutable, haciendolas demás declaraciones. Asentó que el hecho antijurídicoinvestigado quedó acreditado en el proceso, así: a)diligencia de reconocimiento judicial practicada por el juezinstructor; b) informe de la n·ecropsia practicada por elDoctor lsaías Ponciano Gómez, en la que se señala comocausa de la muerte, herida penetrante en el tórax, producidapor arma de fuego; e) certificación de la partida dedefunción; y, en lo que respecta a la reSponsabilidad delencausado, con la declaración de Esteban Cos Ramos,propietario de la cantina Las Mañanitas, lugar del suceso,quien expuso que el culpable había sido un individuo aqu_ien únicamente conocía como "Gámez", y que residía enla Colonia Montserrat; que estaba libando en ~unión delahora occiso y quien sin que mediara discusión, le hizo-tresdisparos a quemarropa, ocasionándole la muerte; que elprocesado negó,.. su participación en el crimen, pero quehabía aceptado vivir en la Colonia Montserrat, que almomento de. su detención, portaba el revólver Smith &Weson, calibre treinta y ocho especial, y que expresó loportaba por ser miembro del equipo de seguridad delVice-Presidente de la República. Por otra parte, la pruebade dermonitratos, le resultó positiva en la región dorsal ypalmar de la mano derecha. El agente captor, JoséGuillermo Salís Romero, quien expresó que al detenerlo lemanifestó que le había d~do muerte a la persona indicada,pero había sido debido a que estaba demasiado tomado. Alser oído nuevamente Esteban Cos Ramos, ratificó lomanifestado ante el Juez que conoció de las primerasdiligencias. Luego, expresó la Sala que las deposiciones deMaría Floridalma Solano, Viuda de Velásquez, OsearLaurencio Galicia Gramajo, Félix Culajay, Erwin AndulioLucero Hernández, no conducían a nada en el proceso porno constarle los hecbos. Culmina el análisis de los elementosde prueba, al referirse a la diligencia de reconocimientopersonal practicada en la sustanciación del proceso ensegunda instancia de. la que se desprende que había sidoreconocido el reo por el testigo en mención.RECURSO DE CASACION.EXPOSICION FACTICO·JURIDICA DEL MISMO.De su estudio se concluye en que el recurrente io planteó:1} por error de derecho en la apreciación de la prueba, así:En la declaración del. testigo: ESTEBAN COS RAMOS porhaberle dado valor probatoriO para fundar condena en su


50contra, sin haber efectuado esa valoración conforme lasreglas de la sana crítica, a lo cual estaba obligado pordisposición de ley, por lo que al omitir su aplicaciónincurrió en violación e inaplicación de la ley, infringiendo elartículo 6-38 en su totalidad, 653 en su primer párrafo, 655en su primer párrafo y primer caso; por contradicción 428en su totalidad y 652, también en su totalidad en relacióncon los artículos 444 y 445, todos del Código ProcesalPenal. Transcribe la parte considerativa del falloimpugnado, de lo expuesto por la Sala al valorizar ladeclaración de Esteban Cos Ramos y expone que no hacealusión a sjstema alguno de valoración para asignarle valorprobatorio, y que tratándose de un testigo, debió haberusado el sistema de la sana érítica y que ni siquiera citó losartículos 638 y 653 del Código Procesal Penal. Luego serefiere a la experiencia como elemento integrante de!sistema de la que obtiene como conclusión dice, de que enninguna parte del proceso fue identificado por el testigo decargo que sólo hizo alusión a un tal "Gámez", como lapersona que hiciera los disparos; continúa haciendo unaamplia exposición de lo que a su parecer constituye el errorde la Sala en cuanto a esta apreciación, enfatizando en lacircunstancia de que no fue identificado por su nombre,sino que el testigo en referencia se refiere a Gámez, lo quetambién no resulta determinante habida cuenta de que taltestigo en declaración del doce de mayo de mil novecientossetenta y nueve, hizo referencia a un individuo desconocidoy no dando su nombre.Que la Sala también faltó a la sana crítica al darlevalor al testigo, no obstan'te existir contradicción en susdeclaraciones pues en una dice que el deSconocido llegó a lacantina, cuando el que falleció ya se encontraba allí,mientras que en otra de fecha veintinueve de mayo del añopasado, invierte tal circunstancia, pues indicó que el señor"Gámez" se encontraba en la cantina, cuando llegó el ahorafallecido; luego señala otras contradicciones en las que sehace innecesario hacer énfasis en este recurso. En cuanto ala lógica, hace alusión con argumentos similares a losvertidos en el párrafo relativo a la experiencia. En lo queconcierne a la relación .de cada uno de los medios de pruebacon los restantes (como elemento integrante de la sanacdtica), indica que si bien se hizo una relación entre lodeclarado por el testigo, y lo que expresara el recurrente lamisma fue defectuosa, haciendo énfasis en anomalías encuanto al lugar de residencia expresando que en esteaSpecto el testigo no fue veraz, concluyendo que no se hizoaplicación del sistema aludido, viciándose los artículos a losque ha hecho mención."LEGALIDAD. En este párrafo el recurrente exponelo que estima es la legalidad en r-elación a la sana crítica yluego indica que las tres declaraciones de Esteban CosRamos, fueron recil:iidas sin cumplir con las máselementales exigencias que indica la ley, sobre todo, lascontenidas en los artículos 444 y 445 del Código P'rocesalPenal, expresando en forma extensa en qué forma no sehabía cumplido en la recepción de las declaraciones con losrequisitos mencionados, expresa: "La omisión de talescircunstancias, producen como efecto inmediato, el dehacer imposible la determinación de la capacidad de lapersona para declarar, así c9mo poder establecer si seencuentra comprendido ~ro de las tachas absolutas quese señalan en nuestrá legislación, por lo que suinobservancia tiene 'COmo efectos al restarle valor a lasdeclaraciones de dicho señor Cos Ramos absolutamente ... "También mencionó que la Sala Sólo había tomado encuenta lo que satisfacía a sus_ intereses para conformarprueba en su contra, sacrificando disposiciones y principioslegales. Lo anterior co!lfigura el error de derecho en laapreciación de la prueba, denunciado suficiente para que sedeclare procedente el recurso, casar la resoluciónimpugnada y fallar sobre el aSunto absolviéndolo por noexistir plena prueba con respecto al hecho formulado. 11)Indica el recurrente, que la Sala Décima de la Corte deApelaciones, incurrió en error de derecho, en la apreciaciónde la prueba al haberle asignado valor probatorio a ladiligencia de reconocimiento personal, llevado a cabo elquince de octubre de mil novecientos setenta y nueve, porel testigo Esteban Cos Ramos, para conformar prueba en sucontra, sin haber hecho aplicación en tal valoración delsistema de la sana crítica, infringiendo con tal proceder, elartículo 638 en relación al artículo 394, 709,710, todos ensu totalidad del Código Procesal Penal, que tomando encuenta la experiencia como elemento integrante de la sanacrítica, el .tribunal de segunda instancia debió tomar enconsideración que el testigo, en anterior oportunidad, yahabía estado en presencia del recurrente, cuando fuedetenido, pues compareció a la policía cuando seencontraba detenido v por lo mismo ya lo había conocido,lo que se deduce de su declaración del doce de mayo delaño pasado, donde al mencionar al recurrente, indicó que sellamaba Deodoro Galdámez Rodríguez, nombre queproporcionó a la Policía Nacional, cuando Jo detuvieron.Agrega ' ... Al respecto, nuestro Código Procesal Penal, enel artículo 709, tiene establecido como facultad del Juez, 'elapreciar los hechos que establezca con ocasión del ejerciciode sus funciones, ya sea por virtud de conocimiento aprevención, por conocimiento directo, o por cualquiera otradiligencia en que aparezcan debidamente señalados, v quepodrán apreciarse solos, o en su caso, en relación con losotros hechos del proceso, y en consecuencia, talreconocimiento personcJ!, es obligado relacionarlo con lasdeclaraciones del testigo Cos Ramos, por las circunstanciasque se señalaron de esas declaraciones, que como indiqué,hacen dudar de la veracidad de esa persona y por razonesobvias, tiene que correr la misma suerte la diligencia dereconociilliento personal. .." Menciona a continuación loscasos que según el Código Procesal Penal, obligan al Juez alreconocimiento personal, adecuando ~us tesis a los mismospara concluir en que la Sala sentenct,ldora incurrió en erroralegado. Expresa el recurrente qup· " ... Hay que concluiren- -cuanto a la validez de esta chlloJencia, que para que lasactuaciones judiciales tennan valo1 y puedan ser apreciadosLEGALMENTE POR EL JUEZ, deben llenar los requisitosformales de ley, y ello es imperativo, como se desprende delo dispuesto en el A1ticulo 710 citado, toda vez que ladiligencia de mél'ito no se llevó a cabo con las formalidadesde ley, adicionándose con la carencia o falta de validez delas declaraciones del testigo Cos Ramos, como se dejóseñalado, al hacer mención de la Regla de la LEG,ALIDAD,anteriormente.Así pues, al haber procedido la Sala aludida, a tomaren consideración como prueba, la diligencia dereconocimiento personal mencionada¡ incurrió en el errorde derecho en la apreciación de la prueba denunciada,porque omitió e inaplicó la ley, infringiendo los artículosaquí citados, lo que es suficiente para que se declareprocedente el presente recurso de casación, casar laresolución impugnada y fallar sobre el asunto, y comoconsecuencia, declarar por esa Honorable Corte Suprema deJusticia, que no existiendo prueba plena en mi contra, seme absuelve de los cargos que se me formularon ..." 111)Que el Tribunal de segunda instancia, incurrió en error dederecho en la apreciación de la prueba al haber asignadovalor probatorio al peritaje consistente en la práctica de laprueba de derrnonitratos (parafina), practicado alprocesado, sin haber hecho uso de la sana crítica,


¡;.\Lll .\. UE TI!IIH \.HES 51infringiendo los artículos 638 y 669 de! Cód¡go ProcesalPenal. O'ue la Sala mencionada, incurrió en tal error alhaberle asignado y tenido como prueUa, el peritaje realizadopor el Jefe del Gabinete de Identificación y experto de lostribunales de justicia, contenido en el informe emitído deldieciséis de mayo del año pasado. Al' hablar en cuanto a laexperiencia en este caso planteado como parte de la sanacrítica, expresa que los Magistrados debieron de habertomado en consideración que el peritaje no es absoluto.Que asim~smo, el resultado lógico y científico que debeobtenerse al practicarse dicho peritaje, es de que SE PUDOHABER DADO LA POSIBILIDAD DE QUE LA PERSONAHICIERA USO Y DISPARARA ARMA DE FUEGO, y nocomo d-esacertadamente lo hace el experto de los tribunalesde justicia, AFIRMANDO, dando certeza de que sí sedisparó arma de fuego, lo cual desde luego, no podía ser deotra manera, por el desconocimiento y falta de cultura delmismo, pues debe ser de conocimiento de los señoresMagistrados, que la positividad en la prueba de losdermonitratos, puede resultar como consecuencia de laacción de cerca de treinta elementos, por lo que no es sólopor la deflagración de la pólvora que se obtiene, para dari.ndicación de certeza. Es por tal circunstancia, que nuestroslegisladores, atenidos a la cultura y capacidad de nuestrosexpertos, al elaborar el Código Procesal, en lo quecorresponde al dictamen de expertos, dispone que NOOBLIGA AL JUEZ a aceptarlo, aunque sí puede hacerlo,relacionado con los hechos del ·proceso, para determinar lacerteza que se busca. (Artículo 669 del Código ProcesalPenal).0Agrega: •• • Así pues, al haber omitido la Salaaludida, la aplicación de la ley, para la valoración de esaprueba, y aún más, haber incurrido en el ridículo deconsiderar que no establecí la razón por la cual dio elresultado positivo, para así utilizarla en mi contra yconforme la prueba que utilizó para condenarme, incurrióen el error de derecho en la apreciación de la prueba, porviolación o inaplicación de la ley, infringiendo los artículos638 y 669 del Código Procesal Penal, lo que es suficientepara que se declare procedente el presente recurso decasación, casar la resolución impugnada y fallar sobre elasunto, y como consecuencia, declarar por esa Honorable ,Corte Suprema de- Justicia, que no existiendo prueba en micontra, se me absuelve de los cargos que se meformularon ..." IV) "... La Sala Décima c'e la Corte deApelaciones, incurrió en error de derecho en la apreciaciónde la prueba, al haberle dado valor probatorio a ladeclaración del agente de la policía nacional, JoséGuillermo Salís Romero, sin haberte hecho aplicación omención;.siquiera, del sistema de valoración señalado por la-ley y que es el de la sana crítica, infringiendo con talproceder, los artículos: 638, 652, que se debe 'relacionarcon los artículos 444, 445 y 655, todos del Código ProcesalPenal. .." Después de argumentar respecto a las s1tuacionesen las cuales se produjo el error denunciado, hace referenciaa la EXPERIENCIA en la siguiente forma:" ... Por mediode esta regla, parte del complejo del sistema de la sanacrítica, establecido como método para proceder a lavaloración de la prueba, si lo hubiera aplicado, hubieratenido que determinar la Sala aludida, que el mencionadoagente de la Policía Nacional, José Guillermo Sol fs Romero,no es testigo presencial y que como consecuencia de ello,no le consta ""absolutamente nada de los hechos'"', talcomo lo manifestó en su mencionada declaración.Que, 'la manifestación que hizo en lo que correspondeal procesado, fue por referencia, en lo que corresponde a loshechos en sf, lo que legalmente da lugar a tener tacharelativa, que asf mism~ y con mayor razón, obliga a estimarconvenientemente, conforme la sana cr ítrca, las tdch~s qul'al testigo le puedan resultar, y que narJ el caso, sería ""porhaber declarado referencialmente"", pero al respecto, laSala aludida no tomó en consideración tal circunstancia,sino que tomó lo declarado sin limitación alguna, dándolevalor probatorio,De lo manifestado por el agente aludido,referencialmente, tien'e que decirse que, por razones delógica, tiene que remitirse el nombre mencionado, al señorEsteban Cos Ramos, y que, por tal circunstancia,habiéndose dejado establecido que tal señor declarófaltando a la verdad, lo comunicado al mencionado agentede la au-toridad, no merece ser considerado y tomado enalgun~ forma como elemento de juicio, además de que no sepropio en alguna otra forma, alguna de esas circunstancias ..De lo· que también manifestó tal señor Salís Romero,de que el detenido Deodoro Galdámez Rodríguez, le habíadeclarado, al igual que la circunstancia antes analizada esmeramente referencial, y ello debió haber sido analizadopor medio del sistema de la sana crítica por la Sala, pero nolo hizo, y no puede considerarse como circunstancia paraconformar prueba en mi contra, porque no aparece que demi parte se haya hecho tal manifestación, toda vez que alprestar mi declaración indagatoria, como es la verdad, neguéque hubiera tenido alguna participación en el hecho que seme imputó, de lo cual no se aportó un solo elemento dejuicio en mi contra, por lo que en derecho y por justicia, ladeclaración de dicho agente no puede constituir pr.l.W_Q_a,para poder dictar sentencia condenatoria en mi contra ..."Agrega que en conclusión, al haber la Sala Décima de laCorte de Apelaciones hecho omisión o· inaplicación de laley, que se tiene establecida como sistema obligado paravaloración de la prueba, incurrió en error de derecho en laapreciación de la prueba que señala, infringiendo con ellolos artículos: 638, 653 y 655 del Código Procesal Penal, loque es suficiente para que se declare procedente el presenterecurso de casación, casar la resolución impugnada y fallarsobre el asunto, y como consecuencia, declarar por esaHonorable Corte Suprema de Justicia. que no existiendoprueba en mi contra, se me absuelva de los cargos que se meformularon.• CONSIDERANDO:Al verificar el fallo impugnado por recurso decasación, se ve claramente que el tribunal de segundainstancia, da por probada la culpabilidad y responsabilidaddel reo Deodoro Galdámez Rodríguez, con los siguienteselementos convictiVos: a) declaración del testigo EstebanCbs Ramos, propietario de la cantina Las Mañanitas, quefuera el escenario del trágico suceso y quien expresó que eldía y hora de autos, había presenciado el hecho investigadoy que el culpable había sido un individuo a quien conocíapor "Gámez", quien en e.sa ocasión, libaba con el ahoraocciso, a quien sin mediar discusión, le había hecho tresdisparos; b) con la prueba de dermonitratos que al serpracticada al procesado, salió positiva en las regiones dorsaly palmar de la mano derecha; e) el testimonio del agente dela Policía Nacional, Guillermo Salís Romero, quien expresóque cuando procedió a detener al procesado, este le habíamanifestado que le había dado mue'rte a un señor y que lohizo por encontrarse tomado, y d) diligencia dereconocimiento personal, practicada por el Tribunal desegunda instancia, el día quince de octubre del año pasado,por medio de la cual, el testigo Esteban Cos 'Ramos,inmediatamente reconoció a Deodoro Galdámez Rodríguez.Como fácilmente puede apreciarse, de los hechos que hansido expuestos, extrae el Tribunal de segunda instancia, laprueba para concluir en la culpabilidad del procesado y


52 GACI


GACETA DE TRffiUNALES 53ninguna de ellas se identificó con su cédula de vecindad, ymanifiesta li:ls leyes que a su juicio fueron infringidas por elTribunal de segundo grado; b) indica además, siemprerefiriéndose a las mismas decl'araciones: "al darle plenovalor como testigos a las declaraciones indagatorias de laspersonas que estuvieron sujetas a proceso, individualizadasen el fallo recurrido y en este recurso, la Sala sentenciadoraincurrió en error de derecho en la apreciación de la pruebatestimonial, no observó ninguna de las reglas de la sanacrftica enunciadas en el artículo. 638 del Código ProcesalPenal. .."; e) en relación al sub-caso de procedenciainvocado, el recurrente denunció como infringidas, lassiguientes disposiciones legales: artfculos SEISCIENTOSTREINTA Y OCHO, SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO,SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS, SEISCIENTOSCINCUENTA Y TRES del Código Procesal Penal; elNOVENO de la Ley de Cédula de Vecindad, contenida en elDecreto número UN MIL TRESCIENTOS TREINTA YCINCO de la Asamblea Legislativa de la República deGuatemala; y SEGUNDO Y TERCERO de la Ley delOrganismo Judicial, Decreto número MIL SETECIENTOSSESENTA Y DOS del Congreso;RESULTA DE LAS ALEGACIONES DE LASPARTES.El dfa y hora para la vista, ninguno de los sujetosprocesales, hizo uso de la audiencia que le fue conferida, esdecir, ninguna de las partes presentó su correspondientealegato;RESULTA DE LOS HECHOS JUSTICIABLES.Los que le fueron formulados al procesado, aparecenliteralmente transcritos en las sentencias de primero ysegundo grado, por lo que su inclusión en el presente fallo,es procesalmente innecesaria. En consecuencia, es el caso dehacer las consideraciones jurídicas correspondientes, las quehan éte servir para orientar la fase decisoria del presentefallo; y,CONSIDERANDO:• 1 .Como base jurídica de la acción de casaciónintentada, el recurrente se acoge al sub-caso de procedenciacontenido en el numeral VIII, del artfculo SETECIENTOSCUARENTA Y CINCO del Código Procesal Penal, como yase indicó anteriormente y que se refiere a la circunstanciade que la Sala sentenciadora incurra en error de derecho enla apreciación de las pruebas. El recurrente al hacer valer supretensión procesal, manifiesta: "interpongo recursoextraordinario de casación por error de derecho en laaprec;:iación de la prueba, al dar pleno valor a lasdeclaraciones indagatorias de Ruth Rivera Batres, ·soniaSarillas Campos o , Martha Yolanda GutiérrezEstrada ... quienes estuvieron sujetas a proceso y se lesrevocó el auto de prisión provisional, pues a estasdeclaraciones, no debió dárselas pleno valor probatorio,porque ninguna de ellas se identificó con su cédula devecindad, conforme la no~ma contenida en el artículo 9o.de la ley de Cédula de Vecindad, norma que fue violada enel fallo recurrido y que dice: uel testimonio dado porpersona que no compruebe su identidad, carece de valorlegal. ..". lnd'ica además el recurrente, que de acuerdo a sucriter-io, al darle valor probatorio a las declaraciones detodas las personas que primero estuvieron procesadas y queposteriormente salieron libres por revocatoria de auto deprisión, el Tribunal de Segunda Instancia infringió elcontenido del articulo SEISCIENTOS TREINTA Y OCHOdel C_ódigo Procesal Penal, que se refiere a que salvodisposición legal en contrario, todas las pruebas seránapreciadas de conformidad con el sistema de la sana crítica,y que dicho artículo contiene una nómina de reglas que"fundamentalmente usarán" los Jueces para realizar lavaloración probatoria, en correcta aplicación de dichosistema; el recurrente hacé una relación de esas normas deorientación que establece la norma legal citada, comoobligatorias para realizar la labor intelectual de asunción yvaloración de ~ta prueba. Por otra parte, manifiesta que sibien es cierto que el articulo CUATROCIENTOSCINCUENTA Y UNO del Código Procesal Penal, permiteque el juzgador tome como declaración de testigo, laindagatoria del procesado que "ha resuelto su situaciónjurídica antes de proferirse el fallo, también lo es que enobservancia de los artículos 2o. y 3o. de la Ley delOrganismo Judicial. .. la Sala sentenciadora en este caso,debió aplicar los artículos 9o. de la Ley de Cédula deVecindad ... que niega valor probatorio a las declaracionesde testigos que no se identifiquen con su Cédula deVecindad; y debió aplicar los articulos 638, 652 y 653 delCódigo Procesal Penal, el primero que indica que salvodisposición en contrario en valoración de la prueba, seobservarán las reglas de la sana crítica, y las enumera; elsegundo que dice que las declaraciones de testigos recibidassin que se hubiere cumplido con los requisitos de ley, notendrán valor alguno; y el último, que señala que solamentelas declaraciones de testigos que no tuvieran tachasabsolutas, serán apreciadas, en valoración de prueba,conforme las reglas de la sana crítica". En el desarrollo desu memori'al el recurrente insiste en los mismos argumentos, .concluyendo que la Sala realizó una valoración de la pruebadefectuosa, al dar valor a declaraciones testificales, sinapreciarlas de conformidad con el sistema de la sana crítica,y sin cumplir con otros requisitos legales, a juicio delrecurrente indispensables; todo lo cual, de acuerdo a supunto de vista, configura error de derecho en la apreciaciónde la prueba, y hace viable el recurso extraordinario decasación por ese sub-caso, indicando que las leyes citadascomo infringidas, las violó la Sala por inaplicación; por loque estima que el Tribunal Supremo debe casar la sentenciaimpugnada, y al fallar sobre la materia, absolver alpresentado por falta de prueba. Los argumentos anteriores,serán estudiados por este Tribunal de Casación, enconfrontación anal(tica con el fallo de segunda instancia ycon las leyes denunciadas como infringidas.. 11 .FUNDAMENTO JURIDICO DE LA SENTENCIA DESEGUNDA INSTANCIA.Este Tribunal de Casación en el presente fallo, y paralos fines que ya fueron inciicados anteriormente, hará unatranscripción y algunos breves comentarios, en relación alos fundamentos jurídicos qUe tuvo el tribunal de segundogrado, para darle a su sentencia, la orientación decisoria quedio lugar a la interp'osición del recurso de casación que hoyse estudia, y al respecto dice: "En cuanto se refie~e al delitode PROXENETISMO y por el cual también se decretóprisión provis1ona1 al citado encartado JUAN AJCUCCHOC, su culpabilidad si quedó debidamente probada, alreconocer en su declaración indagatoria, hechoS que leperjudican, al afirmar que el establecimiento comercialdenominado cantina El Golfo, también conocido como Baro cervecería Calzoncitos, es de su propiedad, y que laspersonas que allí laboran, llegaban a fichar, y por otraparte, todas las supuestas empleadas que prestarondeclaración del citado establecimiento (no indica la Sala los


54 GACETA DE TRIBUNALESnombres de ninguna de ellas), afirmaron que casi todasejerce! el comercio sexual~ cobrando por tal seiVicio la sumade tres quetzal es, de los cuales, dejan en caja la suma de unquetzal con cincuenta centavos, declaraciones éstas queconforme a la ley (no precisa la Sala cuál ley), deben sertomadas en cuenta (no indica para qué deben ser tomadasen cuenta), en vista que les fue revocado el auto de prisiónque pesaba en su contra, y en consecuencia a dichasdeposiciones debe reconocérseles fuerza probatoria ...".Los orincipales artículos de alguna incidencia en la estimativaprobatoria en la que la Sala fundamentó su fallo son lossiguientes: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO,SEISCIENTOS tREINTA Y CINCO, SEISCIENTOSTREINTA Y OCHO, SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO,SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS, SEISCIENTOSCUARENTA Y TRES, SEISCIENTOS CINCUENTA YCUATRO, SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO, delCódigo Procesal Penal; hasta aquí los fundamentos jurídicosdel tribunal de segundo grado, para dictar la sentenciaimpugnada mediante el recurso extraordinario de casación,y que han de servir a este Tribunal para realizar el análisiscomparativo correspondiente.- 111 -ESTIMACION JURIDICA ENTRE LOSARGUMENTOS DEL RECURSO, LA SENTENCIA DESEGUNDA INSTANCIA Y LAS LEYES APLICABLESCITADAS COMO INFRINGIDAS POR ELRECURRENTE.Generalmente cuando el recurso se interpone pormotivos de fondo, las leyes citadas como infringidas, soncasi siempre de naturaleza sustantiva, y como casoexcepcional, es el que se produce en la situación que hoy seestudia, que es precisamente cuando el recurso es planteadoacogiéndose al sub-caso denominado ERROR DEDERECHO EN LA APRECIACION DE LAS PRUEBAS, encuyo caso, no obst"nte que se trata de un recurso decasación por motivo de fondo, las leyes denunciadas comoinfringidas, además de ser eminentemente procesales, debenser precisamente las que corresponden a la estimativaprobatoria de cada una de las pruebas, en las que se afirmeque de parte de la Sala, se cometió e1 error ya mencionado;para el efecto no es suficiente que únicamente se cite elnumero Clel artrculo, sin especificar con absoluta precisiónlos párrafos o partes del mismo que se estimen violados, esnecesario indicar si se consideran infringidos en forma(ntegra o parcial, y enumerar con absoluta precisión, lospárrafos e incisos que se consideran infringidos cuando esesea el caso; requisito que no satisfizo a cabal idad elrecurrente. Como presupuesto necesario y previo antes deentrar al análisis comparativo correspondiente, se consideranecesario puntualizar, que las facultades del TribunalSupremo, por la naturaleza técnica del recursoextraordinari.o de casación, están LIMITADAS para sóloconocer de los ardculos e incisos cuya infracción ha sidooportuna y procesalmente planteada, en absolutaconcordancia con los casos de procedencia en que se fundael recurrente. Como existen diferentes formas de infringirlas disposiciones legales vigentes, el rigorismo de lamecánica procesal de este recurso extraordinario, aconsejaque el recurrente manifiesta cuál de esas formas, deja a sujuicio el camino jurídico viable, para el éxito de la acciónprocesal planteada mediante su recurso de casación,exigencia que aunque en forma muy generalizada ylacónica, cumplió. Al analizar en el presente caso elmemorial introductivo del recurso, los fundamentosjur(dico probatorios de la sentencia de segundo grado y lasdisposiciones legales vigentes citadas como infringidas por elrecurrente, se concluye en lo siguiente:1.- La sentencia de la Sala en lo que a estimativaprobatoria de la prueba testifical se refiere esABSOLUTAMENTE DEFICIENTE, al extremo que nisiquiera cita los nombres de las personas a las que otorgaVALOR PROBATORIO PARA CONDENAR, comoimperativamente lo dispone el tercer párrafo del inciso a)del numeral IV del artículo número CIENTO NOVENTAdel Código Procesal Penal; pero tal situación no fuedenunciada en ninguna forma por el recurrente, por lo queno es dabte a este Tribunal conocer de la misma, noobstante que se trata de una deficiencia procesal, quepodría invalidar la eficacia probatoria que se otorgó atestigos, que como se indicó. ni siquiera fueronindividuali~dos, ni mencionados por sus nombres en lasentencia ni se consideró que eran ofendidos_1 t- El recurrente indica que la Sala incurrió en errorde derecho en la apreciación de la prueba testífical, al haberotorgado valor probatorio a las declaraciones indagatorias,de personas· que no se identificaron con su Cédula deVecindad, y para el efecto, citó como infringidos el artículonoveno de la Ley de Cédula de Vecindad y segundo ytercero de la Ley del Organismo Judicial entre otros; esconveniente hacer constar que ha sido reiterado criterio deesta Cámara, que cuando se acuse error de derecho en laapreciación de la prueba, las leyes citadas como infringidas,deben ser de estimativa_ probatoria; y las señaladas no tienenesa condición, por lo que aunque efectivamente hubieransido violadas, no pueden servir de fundamento para queprospere el recurso de casación por ese sub-caso;111.- En lo referente a la infracción denunciada delarticulo SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS, del CódigoProcesal Penal, tal circunstancia se refiere a que los testigosque en su declaración no se haya cumplido con losrequisitos legales, las mismas no tendrán valor alguno; y elerror de derecho en la apreciación de las pruebas en casoscomo el presente, se realiza cuando las pruebas sí tienenalgún valor probatorio y se está realizando error en suvaloración; la omisión de requisitos procesales, no puede seranalizada en la vfa jurfdica del sub-caso de casación,invocado como caso de procedencia, por las facultadeslimitadas del Tribunal Supremo;IV.- La infracción denunciada de los artículos·SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y SEISCIENTOSCINCUENTA Y TRES, que son los auténticos de estimativaprObatoria citados por el recurrente, sin indicar si losconsidera infrtngidos total o parcialmente; implicainfracción al sistema de la sana crítica, pero el recurrente noformula tesis al respecto, por lo que de acuerdo con,reiterado criterio de este Tribunal, el recurso de casaciónplanteado en esa forma no pueda prosperar, porque alrealizar el análisis comparativo, haría falta la tesis indicada,la que en ~1 presente caso, tiene carácter de punto decomparación imprescindible. Por las razones indicadas, elrecurso de casación planteado, no está en condiciones depermitir a este Tribunal de Casación, .declararlo procedente;por lo que es el caso de resolver lo que en derechocorresponde.LEYES APLICABLES:Aftículos: 16, 20, 24, 40, 64, 69, 100, 125, 186, 190,inciso a) del numeral IV; 189, 193, 201, 244, 250, 407,428, 445, 446, 489, 635, 638, 641' 643, 652, 653, 655,745 numeral VIII, 749, 750, 752, 757 y 760 del CódigoProcesal P.,.nal; 32, 38 inciso 2o., 157, 158, 159, 168, 170 y172 del Decreto Legislativo 1762 y 240 de la Constituciónde la Rep~blica.


GACETA DE TRIBUNALES 55POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, con baseen lo considerado y leyes citadas, al resolver declara:IMPROCEDENTE el recurso extraordinario de casaciónplanteado por JUAN AJCUC CHOC, contra la sentenciacondenatoria dictada por la Sala Tercera de la Corte deApelaciones, el veintiocho de enero del corriente año; 11.·Impone al recurrente una multa de veinticinco quetzales;111.· El tribunal ejecutor deberá dictar de inmediato lasprovidencias necesarias para el cumplimiento del presentefallo y IV.~ Notiffquese y_,:on certificación de lo resuelto,devuélvanse los antecedentes al tribunal de origen.· C.E.Ovando B.--A.E. Mazariegos G.--Juan José Rodas.··· Fed.G. Barillas C.···Rol. Torres Moss.--Ante mí: M. AlvarezLobos.PENAL:Recurso extraordinario de casación 'interpuesto porAngel Rogelio Alvarado Córdova, contra la sentenciaproferida por la Sala Octava de la Corte de Apelaciones, consede en Ouezaltenango.DOCTRINA:a) Si el Tribunal aprecia la prueba sujetándose alos lineamientos legales y tomando en cuenta el sistema devaloración de la sana crrtica, no incurre en error de derechoY resulta improcedente el recurso de casación interpuestocon tal propósito.b) Si de los hechos que la Sala tuvo por probados no.se deduce la existencia de una circunstancia eximente deresponsabilidad criminal, el recurso de casación planteadoen tal sentido, no puede progresar.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL: Guatemala, cinco de mayo de mil novecientosochenta.Se tiene a la vista para resolver, el recursoextraordJnario _ de casación, interpuesto por ANGELROGELIO ALVARADO CORDOVA, contra la sentenciaproferida por la Sala Octava de la Corte de Apelaciones, consede en Quezaltenango, el quince de enero del año en curso,en el proceso que por los delitos de Homicidio, Disparo deArma de Fuego y Portación Ilegal de Arma de Fuego, se leinstruyó en el Juzgado Primero de Primera Instancia de ElQuiché, juntamente con Danilo Ezequiel De LeónQuinónez, Fredy Marvin Méndez Mérida y Germán de JesúsGonzález Girón. De autos se desprende que el recurrente esde treinta y seis años, casado, guatemalteco, peritoagrónomo, residente en Santa Cruz de El Quiché, sin apodoconocido, hijo de Miguel Angel Alvarado López y VicentaCórdova de Alvarado, ciudadano inscrito, sin haber estadoprocesado antes, aparecen como acusadores la señora M irnaEugenia de León Cabrera, Viuda de Zea y el MinisterioPúblico; como defensor del reo: el Licenciado José MarfaMoscoso Duarte; y como Director, el Licenciado AlfredoEduardo Lurssen Barrios.EXTRACTO DE LA SENTENCIA RECURRIDA.En la parte dispositiva del fallo se asienta que serevoca la sentencia absolutoria, en favor de Angel RogelioAlvarado Córdova, a quien tiene como autor de los delitosde homicidio y disparo de arma de fuego, e imponiéndole lapena de ocho años de prisión inconmutables, por el primeroY la de un año cuatro meses por el segundo y al pago de lasuma de mil quetzales, por concepto de responsabilidadesciviles; la" revoca en cuanto al procesado Danilo Ezequiel deLeón Ouiñónez y la confirma en cuanto a la situación deFredy Marvin Méndez Mérida y Germán de Jesús GonzálezGirón. Expresa el Tribunal de Segunda Instancia, que laculpabilidad y responsabilidad de Angel Rogelio AlvaradoCórdova, quedó probada con su propia confesión,calificada, quien aceptó que al salir del bar El Paraíso,situado en la ciudad de Santa Cruz de El Quiché, en día yhora de autos, Carlos Enrique Zea Morales {occiso), DaniloEzequiel de León Ouiñónez, Fredy Marvin Méndez y otrode apodo "Mapache", quisieron atacar tanto a él como a susacompañantes; luego los individuos Zea Morales y Danilo deLeón Ouiñónez, con las armas que portaban, le estabanapuntando por lo que al ser advertido por una de lasempleadas, se dio la vuelta y con un revólver que portaba, lehizo un ,disparo a cada uno de los mencionados, pero todofue en legítima defensa de su vida; y con algunas variantes,también al ser indagado, sostuvo esta postura eri el sentidode que había disparado en su defensa, habiendo sidorecibido .el testimonio también de los que estuvieronpresentes en el momento del trágico hecho: María ElsaOrellana, quien al ser oída depuso que no vio nada, Mar faLuisa Martinez Trigueros, a quien no se dio valorprobatorio por amistad con el reo y por ser contradictoriaen la forma que lo analiza el tribunal; Raquel Samayoa,cajero del Bar, quien dio su versión, pero nada dijo conrespecto a las armas y amenazas previas; Justo RufinoPereira López, acompañante en dfa v hora de autos del reo,quien después de narrar lo que presenció, indica que el reosacó un revólver que portaba y le hizo Un disparo a Carlos yotro a CaniJo, al ser advertido previamente por una mesarade que lo iban a balear, pero a la declaración no le da valorprobatorio la sala,_ en cuanto a los disparos, por noconcordar- con los informes médicos. Rigoberto Trujillo,cuya declaración no fue tomada en cuenta por la Sala parasu valoración, con vista de tener amistad con el reo, al igualque la declaración de Marco Antonio Peláez Cabrera.Luego, se asienta en el fallo en que el jurisdicente deprimera instancia tuvo por probada la legítima defensa enforma desacertada, pues está claro que el reo confesó ser elautor de los disparos, porque de León Quiñónez y ZeaMorales le estaban apuntando, pero el lugar de penetraciónde los proyectiles, se concluye en que los ofendidos no ledaban la cara al reo, sino la espalda y en esas circunstanciaslas deposiciones de las personas que declararon a favor deAlvarado Córdova ya descalificadas por tal razón se tornaninaceptables, haciendo imperativo revocar la sentenciaabsolutoria dictada en primera instancia por no estarajustada a la ley.SUSTENTACION FACTICO JURIDICA.A-1 Expresa el recurrente, que la Sala sentenciadora,incurrió en error de derecho en la apreciación de la prueba,al haberle dado a su declaración como ofendido y a suindagatoria, la calificación de confesión calificada, con laque tiene por probada su culpabilidad, infringiendo conello, los artículos 489 en todo su contenido que deberelacionarse con los artículos 407, 408,410, 411;.416 y418; también el artfculo 490 en sus párrafos primero ytercero, 494, 701 y 707, todos del Código Procesal Penal.Que tal tribunal incurrió en el error denunciado, al, considerar que la culpabilidad del recurrente y reo en Joshechos constitutivos de los delitos de homicidio y lesiones,quedó probada con su confesión, pues aceptó que en ellugar del suceso, el dla y hora de autos, Carlos Enrique ZeaMorales, Danilo Ezequiel de León Cuiñónez, Fredy MarvinMéndez Samayoa o Mérida y otro de sobrenombre"Mapache", corrieron a atacarlo a él y .a sus acompañantesY los dos primeros que portaban pistolas, le estabanapuntando, de lo que fue advertido por una de lasempleadas del bar y entonces él se dio la vuelta y con unrevólver que portaba, le hizo un disparo a cada uno de ellos;


56 GACETA DE TRffiUNALESes decir, a Zea Morales y a De León Quiñónez, pero todo lohizo en legftima defensa de su vida, y que estoJue narradoal ser oído como ofendido. Después de transcribir artículosrelacionados con la declaración de un procesado, exponeque al asignarle la calidad de confesión a una declaracióncomo ofendido, es más que un error de derecho y que deninguna manera puede constituirse confesión calificada encontra del que la presta, aunque sea procesado. Que la Salano tomó en cuenta que fueron las actitudes del fallecido ydel lesionado que lo obligaron a tomar esa postura, queestima cómo actuar en defensa de su vida. Que bajo ningunacircunstancia podfa transformarse la declaración de untestigo para calificarse como declaración de un procesado osindicado, que al haberlo hecho asr, la Sala incurrió en unode los más 'incalificables errores, pues no tomó en cuenta talfigura probatoria -confesión calificada- Se encuentradebidamente estructurada y por lo mismo, no es una simpleenunciación o disposición del juez que se va a 'conformarcomo medio de prueba, sino que tiene que llenarse lasmismas formalidades que la ley exige, especialmente el8rtrculo 489 citado, que señala cuáles son los requisitos quedebe reunir una declaración para tenerla como confesión,pero que la Sala en ningún momento hizo mención de talesrequisitos y tampoco analizó lo actuado y la propiadeclaración indagatoria para determinar la concurrencia ysu figuración, y no pod(a tenerse como confesión calificadaen el presente caso la del recurrente. Expresa: '': .. Seconsidera por otra parte indispensable, la conjugación de lodispuesto en el artrculo citado número 489, toda vez quedel análisis de lo actuado con lo declarado por el procesadoo sindicado, se llegará a establecer la ooncurrencia como yase dijo de los requisitos que conforman la confesión, pues side tal análisis se establece que no concurre alguno de esosrequisitos, tal confesión devendrá nula como lo estipula elartrculo 494 antes citado como infringido y la lógica, ylegalmente no habiéndose hecho análisis por la mencionadaSala de dichas disposiciones y declaración indagatoria ydemás actuaciones, no puede determinarse si efectivamenteconforma una confesión o por el contrario si es nula esaconfesión, por lo que la calificación hecha por la Sala alconstituir una infracción de ley por inaplicación de la ley,constituye error de derecho en la apreciación de la prueba yque fue determinante para la decisión tomada por losjuzgadores .•. " Continúa exponiendo que el Tribunal queprofirió la sentencia contra la que recurre, que en ningúnmomento hizo alusión, análisis o aplicación de las reglas dela sa11a cr(tica que es el sistema de valoración que establecela ley y que debió utilizar la calificación de la confesión yque de conformidad con el artfculo 639 citado, la Saladebió haber hecho uso de las siguientes reglas de la sanacrítica: De la experiencia: de la cual da el concepto segúnsu entender y entre otras cosas dice: .... ,Que asimismo porla misma experiencia, los señores_ Magistrados ten(an quehaber determinado que, si efectivamente se trataba de unaconfesión calificada ·que- no lo es--, en lo que corresponde ala supuesta calificación, se hizo de mi parte relación ahechos y circunstancias que fueron corroboradas con lasdeclaraciones de testigo de Justo Rutina Pereira López,Marco Antonio Peláez Cabrera, Raquel Samayoa O RaquelSamayoa Valdez, Rigoberto Trujillo, Marra Elsa Orellana,María Luisa Martínez Trigueros, declaraciones que sinfundamento legál alguno, se desvalorizaron por dicha Sala,que no me pueden perjudicar porque constituyen causasjustificativas de mi actuación y que como consecuencia lomanifestado en mi indagatoria señalada, tuvo origen en unactuar constante y desesperante de Carlos EnriqUe ZeaMorales, Danilo Ezequiel de León Quiñónez, Fredy MarvinMéndez Mérida y Germán de Jesús González Girón. Asípues, los señores Magistrados de la Honorable CorteSuprema de Justicia, al hacer uso y aplicación de laexperiencia como regla de valoración probatoria, tendrá quedeterminar que mi declaración indagatoria, en cuanto a susconceptos de manera alguna puede conformar un medio deprueba plena para condenarme. "DE LA LOGICA: da elconcepto de lo que a su parecer es la lógica como elementode la sana a-ítica y dice entre otras cosas" ... Si los señoresMagistrados hubieran hecho aplicación de esta regla y quelos señores Magistrados de la Honorable Corte Suprema deJusticia sí la aplicarán, hubieran llegado a la conclusión,obedeciendo la actitud del compareciente en relación conlos señores Carlos Enrique Zea Morales y Danilo Ezequielde León Quiñónez, que los hechos tuvieron una razónracional y justificativa de ser que no es producto de laimaginaciór:l o inventiva del indagado porque fuecorroborado por las personas que declararon como testigosy que se mencionaron en el punto anterior y que comoconsecuencia al haber sido considerada corno confesióncalifiéada y tomada para tener por probada mi culpabilidady responsabilidad, dio lugar a la infracción de ley porinaplicación o violación de la misma ..." DE LARELACION DE CADA UNO DE LOS MEDIOS DEPRUEBA CON LOS RESTANTES; Expone la finalidad deeste principio y expresa que por esta regla, correspondía aljuzgador relacionar su declaración indagatoria con lasdeclaraciones de los testigos ya mencionados antes paraestablecer si efectivamente se daban los requisitos ycircunstancias que se tienen por establecidos por la ley paraconstituir la confesión calificada y como tal, confonnarpruebaplena para emitir un fallo condenatorio. Que talcircunstancia, no se dio en el fallo, pues a pesar de quedescalificaron o desvalorizaron los medios de pruebamencionados, se tuvo que haber hecho mención de esesistema de valoración probatorio, cosa que no se hizo.DEL DEBIDO RAZONAMIENTO SOBRE LOSMOTIVOS QUE PUDIERA TENER PARA ESTIMAR ODESESTIMAR MEDIOS PROBATORIOS Y PARALLEGAR A CONCLUSIONES DE CERTEZA JURIDICA:Por este medio fundamental de la sana crftica indica, la Salatenía que haber manifeStado cuáles eran las razones,motivos o causas por las cuales consideró y le dio a susdeclaraciones como ofendido y procesado, la calidad deconfesión calificada. Que no se procedió a analizar en elcaso, el artrculo 490 del Código Procesal Penal, nohaciéndose también análisis alguno en cuanto a lajustificación de los hechos o causas justificativas, haciendouso de la sana cdtica; lo que correspond(a haberrelacionado tal disposición con los artfculos 489, 494, 701y 707 del Código Procesal Penal, y luego sostiene: ".,.. Alhaber incurrido en error de derecho en la apreciación de laprueba la Sala dicha, y haber calificado mi declaración detestigos como~ ofendido y a mi declaración indagatoriacomo confesión calificada, sin valorarla conforme las reglasde la sana crftica, dándole valor probatorio parafundamentar sentencia condenatoria en mi contra, dio lugara infringir el artrculo 641 del Código Procesal Penal, puestales diligencias no generan plena prueba y por lo mismo nopuede deducirse culpabilidad alguna en mi contra por losdelitos que se me condenó, lo que es determinante para ladecisión tomada por los juzgadores, al hacer unaapreciación equivocada e infringir las disposiciones aquícitadas, lo que es suficiente para declarar procedente elrecurso de casación que interpongo casando la resoluciónimpugnada y fallar sobre el asunto y como consecuencia,debe declararse por esa Honorable Corte Suprema deJusticia, que se me absuelve por falta de prueba plena ycomo se establece, por darse en mi favor causal de exención


GACETA DE TRIBUNALES 57de responsabílidad penal .. ."A-111 Error de derecho en la apreciación de la pruebaal no haberle dado valor probatorio a la declaración deMaría Luisa Mart(nez Trigueros por considerar que tieneamistad con el encartado Alvarado Córdova y por queademás, es contradictoria su deposición con la versión delreo, sin haber hecho uso y aplicación de las reglas de la sanacrítica, infringiendo los artículos 638, 652, 653, 654numeral 111 y V, 655, 645 y 643 numeral 1 del CódigoProcesal Penal, porque sin haber la debida fundamentaciónlegal, razonamiento o análisis debido, procedió a consi{:lerarque no le daba valor probatorio a lo declarado por la testigomencionada, faltando a las reglas de la sana critica. Exponeuna serie de argumentos y luego dice: "... Oue los señoresMagistrados de la Sala sentenciadora, al parecer muytendenciosamente, atribuyen amistad de la señorit::~Martínez Trigueros con el compareciente Angel RogelioAlvarado Córdova, dando la impresión ·de que eraúnicamente por el compareciente que se encontraba sentadaen una mesa de cantina, cuando en la misma habfamoscuatro hombres y que en ningún momento se ha establecidoo probado que tuvieran alguna vinculación con elcompareciente y que pudiera generar esa amistad atribuida,que de todas maneras no es causal de-desvaloración ..." Porotra parte, expone lo que estima necesario en abono de latesis de que no existen contradicciones entre lasdeclaraciones de esta testigo. Luego de manera categóricadice: "... Por último, debe hacerse manifestación de quenuestra legislación tiene señalados entre los medios deprueba "Los testigos" numeral 1o. del articulo 643 delCódigo Procesal Penal y que en relación con este medio deprueba es determinante, al establecer que en los casos que laley o la naturaleza del hecho no requiera especialmente otromedio de prueba, se podrá producir prueba de testigos(articulo 645 del citado Código), pero qÚe desde luego, lavaloración de este medio de prueba, se encuentradebidamente regulada, y por razones legales le es aplicableal principio general de valoración que se ha dejadomencionado, además de las especfficas, contenidas en losarticulas 653 y 654 del Código Procesal Penal, en lo quecorresponde a las tachas absolutas y que podrla ser lo quemovió a los seilores Magistrados de la Sala, a desvalorizar ladeclaración de la testigo Martln.Z Trigueros, quizá alconsiderar que la "Amistad" que le atribuyen, pudieraconsiderarse como generadora del interés personal,directo,indirecto en el asunto, o que su permanencia en la cantina yla salida con el procesado Alvarado Córdova "del lugar delos hechos" la situara, por su condición de la señorita·debar, en la tacha de falta de independencia económica omoral (numerales 111 y V del citado articulo 654), perosinceramente, creo que no llega all(, el criterio de losseñores Magistrados de la Sala aludida. Efectivamente, es elarticulo 652 del Código Procesal Penal, el que tienecontemplado, lo relacionado con la falta de valor alguno,delas declaraciones de testigo, pero asimismo, tiene señaladocuándo es que se tendrán sin valor( o sea cuando se hayanrecibido sin que se hubiera cumplido con los requisitos deley, y señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia,la amistad y la contradicción, no son requisitos que sedeban cumplir para recibir la declaración de testigos, sinoque para el caso serán las que se contienen en los ardculos:444, 445, 446, 447 y 459 del Código Procesal Penal, perolos señores Magistrados sentenciadores no hicieron ni~jquiera mención a requisitos y menos a las disposicionesseñaladas. oara llegar a negarle valor a esa declaración detestigo, que se ha venido anal izando.Debiera hacers~ de conocimiento de los integrantes dela Sala aludida, que para el análisis de la declaración detestigos, debe partirse del principio, en tanto se demuestrelo contrario, que los testigos dicen SU VERDAD, que laexpresan por la sensación que tuvieron de losacontecimientos, pero esa sensación pudo no habercorrespondido por causas de perturbación psicológica ~eorden general y de orden concreto, a la realidad delfenómeno. Una cosa es que el testigo sea sincero y otra muydistinta es la de que sea veddico. U na persona puededeclarar con plena sinceridad haber Visto un hecho endeterminada manera, pero ese hecho pudo haber acaecidoen forma distinta, o sea que a pesar de su buena fe yhonradez, puede no estar diciendo la verdad, lo cual desdeluego, no es la expresión del sentimiento del testigo, sinO lacorrespondencia de su sentimiento con la realidad externade los hechos. En el caso de las personas que se encontrabanen el B~r "El 'Parafso", en donde se iniciaron losacontecimientos que culminaron con los hechos que sepesquisaron, y espec(ficamente de la testigo MartrnezTrigueros, nadie puede negar que la mencionada testigo,estuvo en el establecimiento desde el inicio hasta el final delos hechos y por tal razón, no puede ducft.rse de que viounos hechos, los cuales según su entender los narró aldeclarar y por lo mismo, por principio legal, su testimoniotiene que tener como sincero, aunque no se considereverfdico, pero lQuién puede argumentar en contra de laveracidad del dicho de dicha seilorita?, no creo auehaya alguien y menos los seilores Magistrados de la Salasentenciadora, quienes equivocaron un actuar natural socialy una manifestación de la verdad de la testigo, consituaciones. y causas que son totalmente distintas. Al haberincurrido la Sala sentenciadora en Error de Derecho en laApreciación de la prueba, y calificar sin valor la declaraciónde la testigo Marra Luisa Martfnez Trigueros, sin hacer usoy aplicación debida de las Reglas de la Sana Critica,infringió las disposiciones que se dejaron señaladas y que esdeterminante para la decisión tomada por losjuzgadores ..."A-IV Error de derecho en la apreciación de la pruebaal no haber apreciado conforme a derecho la declaración deltestigo RAQUEL SAMAYOA, quien además deconsiderarse importante para el esclarecimiento del hecho yque no fue valorada conforme las reglas de la sana crftica,habiéndose infringido los artfculos 638, 652, 653 delCódigo Procesal Penal, en apoyo de sus tesis entre otrascosas, argumenta: '... la Sala en relación con dicho señoraduce: "es Importante para el


58 GACETA DE TRIBUNALESde dónde provenían los insultos y hacia quién eran dirigidosy respecto de las armas de fuego y amenazas, el señorSamayoa Valdez o Samayoa, simplemente no hizo alusión aellas, pero esta no alusión, de ninguna manera puede dárselaun cariz tendencioso como se adivina en la argumentaciónde la Sala, que casi lo hace aparecer como una negativa ocircunstancia inexistente, sólo porque no lo mencionó eltestigo, quien además hizo observación de la actituddeshonesta que asumió el fallecido al desnudarseargumentando dicho testigo que no se dio cuenta de 1~demás, porque atend(a el negocio. La actitud asumida porla ~la aludida, es semejante a la que se señaló para con latesti~ Marra Luisa Martrnez Trigueros, de que hizomamf1esto su total desconocimiento de las elementalesexlg~ncias de las. Reglas de valorativa probatoria, y que llevóa ma~, p~:wq_u~ no hizo conclusi~m alguna en cuanto a lo quepodna s1gn1f1car esa declaracion de testigo, para lo cual,debió haber hecho aplicación de lo dispuesto en el Artfculo638 citado, y a~l izar esa declaración para deterrn inar si sehebra recibido conforme la ley o si tenra alguna tachaabsoluta, que dfera facultades para no darle valor o para noapreciarla, en la valoración de prueba, confonne la SanaCr(tica. Lo expuesto por el mencionado testigo, también esconcordante con lo manifestado por el comparecienteAlvarado Córdova, al igual que con lo manifestado por latestigo Mart(nez Trigueros, en lo que a cada uno le consta osea lo que vio, por lo que deben tomarse en consideraciónpara tener por establecidos los motivos que indujeron alcompareciente a actuar y tener el fatal desenlace quemotivó el proceso.Al haber act\Jado la Sala aludida, en relación con eltestigo Raquel Samayoa Valdez o Raquel Samayoa, en lafonna que se dejó señalada, incurrió en error de Derecho,en la apreciación de la prueba, que se traduce en la noaplicación de la ley para la estimativa probatoria yespecrficamente de laJ Reglas de la Sana Crrtica, habiendocon ello infringido fas disposiciones que se dejaronseñaladas ..• "A-V Error de derecho en la apreciación de la pruebaconsistente en la declaración. del testigo Justo RufinoPereira López, al no haber hecho uso y aplicación de lasreglas de la sana crftica, infringiendo los artrculos 638 652y 663 del Código Procesal Penal. Indica que la menci;nadaSala incurrió en el error denunciado porque olvidándose deque es un tribunal de derecho sin fundamentación legalalguna, dispuso no darle crédito a esta declaración encuanto a los disparos por no concordar con el informemédico de la lesión de Da ni lo Ezequiel de León Ouiñónezni con el informe de la necropsia. Luego de una exten~argumentación expone: .. Al analizar lo declarado por eltestigo Pereira L6pez, en la parte que le preocupó a la salasentenciadora, y que consiste en: " ... pero al salir allíestaban Marvin, Germán, Danilo y Carlos, quienesprincipiaron a insultar nuevamente a Rogelio y a suscompañeros, siendo Danilo quien se le dejó ir encima aRogelio y al mismo tiempo, Carlos le apuntaba a Rogeliocon un revólver, entonces fue cuando una mesera de dichobar, quien no le sabe el nombre, le dijo a Roge! io""Cuidado Rogelio porque te bafean", momento en _queRogelio sacó un revólver que cargaba en la cinturahaciéndole un disparo a Danilo y otro a Carlos, por lo qu¿este último al sentirse herido, tiró la pistola, la cual cayócomo a tres metros de donde se encontraba detrás de unode los pinos ... "" Tal como se puede es{ablecer, de lomanifestado por el testigo Pereira López, para relacionarlocon lo dispuesto por la Sala mencionada, no aparece que sehaya mencionado o dicho que en el momento preciso de losdisparos que hizo el compareciente, Angel Rogelio AlvaradoCórdova, los señores De León Ouiñónez y Zea Morales, sehaya~ encontrado de cara o frente al compareciente y porlo m1smo, no es válida la inaceptación o descrédito de dichadeclaración, pues es lógico suponer que en un momentodeter_minado hayan cambiado de posición los heridos y porlo m1smo, no es dable hacer consideración- de tal naturalezaatribuyendo a un testigo, manifestación que no aparece e~!orr:na expr~sa ~~ su manifestación. Tal como lo dejémd1cado en relac1an con testimonio antes considerado, nopuede negarse la presencia del testigo Pereira López, en ellugar de los hechos, y tampoco se le puede exigir, comosupuestamente lo hacen los señores Magistrados de la Salade apelaciones aludida, que su declaración la hiciera~actamente en los mismos términos que los demás y que elm1smo procesado Alvarado Córdova, porque si así fuerate~rfa que estarse ante declaraciones falsas, toda vez qu~vanas personas que están frente a un acontecimiento, porr~ones _distintas, no pueden tener la misma percepción, yaun [nas, no pueden tener la misma capacidad dedescripción, porque cada uno expresa la sensación que tuvo?e ~os acontecimientos. La mencionada Sala, como se dejó10d1cado, no hizo uso o aplicación del sistema esta~ecidopara la estimativa, valoración o calificación de los medios deprueba Y para el caso, tampoco hizo mención o relación alas disposiciones que determinan o facultan ladesvalorización o no apreciación de las declaraciones detestigos, como lo son los_ artículos 652 y 653 del CódigoProcesal Y que tenían que dar lugar a su análisis por mediode 1~ Regla del debido Razonamiento sobre los motivos quepud1era tener para desestimar medios probatorios haciendoseñalam~e~to del no cumplimiento de los requisi~os de leypara rec1b1r Jas declaraciones de testigo o de la concurrenciade tachas absolutas, pero ello no sucedió. Al no haberobservado la Sala aludida, con las reglas de valoraciónprobatoria con la declaración del Testigo Justo RutinaPereira López, incurrió. en Error de Derecho en laApreciación de la Pruebá, que se traducen en violación oinaplicación de la ley y especrficamente de las Reglas de laSana Crítica, e infringió las disposiciones que se dejaronseñaladas .. ,"A· VI Se incurrió en error de derecho en la apreciaciónde la prueba consistente en la declaración de RigobertoTrujillo {sin otro apellido), pues la misma no fue valoradaconforme las reglas de la sana crítica infringiéndose losartículos 638, 652, 653, 654 numeral '1 11 y 1 655 en suprimer párrafo y casos 6., del Código Pro~esal Penal.Expresa que la Sala mencionada, incurrió en tal errorporque sin razonamiento, análisis y aplicación de laselementales reglas de estimativa probatoria, procedió aconsjderar ~in valor tal declaración, por amistad con el reo ypor 1mprec1so tal como se asienta en pasajes que transcribe.Luego aduce: "... En cuanto a la imprecisión tampocohizo indicación por la Sala, en qué consistía y cuáles eras lassituaciones o manifestaciones que dan lugar a hacer talconsider?ción, pues al igual que la amistad, tal circunstanciaa!larece mventada por la Sala y que en todo caso, de habers1do cierto, obliga al juzgador a analizarla y considerarla alefecto, siendo legalmente generadora de la tacha absoluta-numeral VI del artículo 654 del Código Procesal Penal·que desde luego da ·como resultado que no se aprecie esadeclaración en la valoración de la prueba conforme lasreglas, pero Para llegar a ello, ten fa que determinarse en quéconsiste esa imprecisión, o sea lo declarado no sea preciso,vago o falta de precisión, y ello no se determinóinfringiéndose con tal actuar las normas que se dejara~señaladas ..."A· VIl Error de Derecho en la apreciación de la prueba


GACETA DE TRffiUNALES 59consistente en la declaración de Marco Antonio PeláezCabrera, al no haber aplicado en su valoración, las reglas dela sana crítica, habiendo violado los artfculos 638, 652,653, 654 y 655 en su primer párrafo y caso sexto delCódigo Procesal Penal. Que la Sala se limitó a expresar:~~ . . . y en iguales circunstancias se encuentra la declaraciónde Marco Antonio Peláez Cabrera ..." por lo que tampocose le da valor probatorio.A·VIII Error de derecho en la apreciación de laprueba al haber procedido a considerar que carece de valorprobatorio la diligencia de reconocimiento judicialcompletado con reconstrucción del hecho, sin haber hechouso de la sana critica, por lo que infringió por inaplicacibn einterpretación errónea, los artfculos 638, 681, 682, 683 y653 párrafo segundo del Código Procesal Penal. Que el errorconsistió en que la Sala expresó que tal diligencia carecía devalor sin que aparezca haber usado un sistema devaloración, enfatizando extensamente en argumentossimilares a esto.8. ERROR DE HECHO EN LA APRECIACION DELA PRUEBA: En el que incurrió la Sala al omitir el amén oconsideración de la declaración de Mada Elsa Orellana, noobstante de que buscaba contribuir a tener por establecidaslas causas que se dieron en la actitud del procesado.C. ERROR DE DERECHO EN LA CALIFICACIONDE LOS HECHOS, QUE CONSTITUYENDOCIRCUNSTANCIAS EXIMENTES DERESPONSABILIDAD PENAL, SE HUBIERE OMITIDOCONSIDERARLOS COMO TALES. Estima el recurrenteque el Tribunal se Segunda Instancia, omitió hacerconsideración de los hechos como eximentes de suresponsabilidad penal, infringiendo con ese actuar, la leypor inaplicación, los artfculos 24, numeral 1o., del CódigoPenal; 33, 55, 189 numerales primero y tercero, 190numeral IV literal a), 489, 490 párrafos primero y tercero,638, 641, 643, 653, 681, 682, 683 y 707 del CódigoProcesal Penal. Que el Tribunal procedió a tener susdeclaraciones como confesión calificada, sin haberprocedido a establecer si se satisfacfan los requisitos de unaconfesión, violando el articulo 489 citado, ni estimó talcalificación como lo exige el 707, que no hizorazonamiento para estimar que se daba la eximente y porende la absolución. Procede analizar lo que a su juicio nofue tomado en consideración por la Sala y que configurabanla legitima defensa, procediendo a argumentar sobre laagresión ilegitima, necesidad racion;¡l del m.edio empleadopara impedirla o repelerla, falta de próvocacion por partedél defensor, en una forma extensa, -indjcando los motivospor los cuales la Sala incurrió en error en cuanto a estesu~caso.DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES.Con techa primero de abril del año en curso, el reopresentó alegato enfatizando sobre los errores que denuncióen el recurso, pidiendo que se declarara procedente, secasara la sentencia y que se le absolviera por haber· obradoen legitima defensa de su persona y que se ordenara sulibertad.CONSIDERANDO:En cuanto al vicio denunciado y contenido en lospárrafos identificados como (A·I) y A-11), enfoca su censurael recurrente, en el sentido de que el Tribunal de SegundaInstancia, incurrió en error de derecho en la apreciación dela prueba, al haberle dado a su declaración como ofendido ya su indagatoria, la calificación de confesión calificada,infringiendo con ellos, los artfculos 489 en todo sucontenido, relacionado con los artfculos 407, 408, 410,411,416,418 y 490 en sus párrafos primero y tercero, 494,701 y 707 del Código Procesal Penal. Ahora bien, en formaextensa y que ha quedado resumida en la secciónfáctico-jurídica de este recurso, expone entre otras cosasque su declaración como ofendido y como sindiCado, nofue valorada conforme las reglas de la sana cdtica, lo quedebió haberse hecho en cumplimiento del articulo 638 delinstrumento legal citado; y, en forma exhaustiva hacealusión a la experiencia; a la lógica; a la relación de cadauno de los medios de prueba con los restantes; el debidorazonamiento sobre los motivos que se pudieran tener paraestimar il desestimar medios probatorios para llegar aconclusiones de certeza jurfdica, y que según él, la Sala noestimó en .los razonamientos que hizo para llegar a tener susdeclaraciones como confesión calificada. Efectuado elestudio comparativo de rigor, este Tribunal Supremoconcluye en la improcedencia del recurso en cuanto al errorque se examina por las siguientes razones: (A) El recurrentede a entender el equivoco de tal Tribunal por tomar sudeclaración que prestara como ofendido con el carácter deconfesión calificada; y se estima que la valoración efectuadapor la Sala fue correcta, pues la ley· es clara al establecer quetoda declaración del procesado en la que reconoZca haberparticipado en un hecho punible se tendrá como confesiónsi reúne los requisitos que la misma ley señala; de maneraque, acorde con tal doctrina, es indiferente que elprocesado haya declarado como ofendido, como testigo ocomo procesado, pues la ley habla de "toda declaración" yno especffica diferencia en cuanto a sus efectos en elproceso, bastando que reconozca el reo haber participadoen un hecho punible para que tenga esa fuerza probatoriasiempre que se den los requisitos exigidos, los que fueronsatisfechos en el caso de estudio, y que llevanirremisiblemente a integrar prueba en la responsabilidad delreo. (8) Por otra parte del estudio de la sentencia, objeto deesta clase de impugnación, se ve que el Tribunal de SegundaInstancia, si estimó en la valoración de tal prueba el sistemade la sana crrtica, pues se ve claramente que determinó en elfallo los motivos que tuvo para no otorgar valor a lostestigos que se indican asf: Marra Elsa Orellana porqueexpresó que nada vio, porque los protagonistas del hecho seencontraban afuera y ella estaba dentro del bar; Marra LuisaMartfnez Trigu~ros: su dechtración fue analizada en formapormenorizada, concluyéndose su falta de valor probatoriopretendido por el reo, por tener amistad con éste y resultarcontradictoria con las constancias del proceso; RaquelSamayoa Valdez y Justo Rufino Pereira López, no se les davalor porque sus narraciones no concuerdan con losinformes médicos ni con la versión del sindicadorespectivamente; en cuanto a la deposición de MarcoAntonio Peláez Cabrera, se encuentra en las mismascircunstancias del último de los mencionados, asentando laSara lo siguiente: que al analizar· en forma ponnenorizada,cada una de las circunstancias o elementos que constituyenla legitima defensa, el jurisdicente de primera Instancia, lohizo en forma desacertada, pues de lo confesadocalificadamente por el procesado Angel Rogelio AlvaradoCórdova, queda probado que es el autor de dos disparos dearma de fuego, uno contra Danilo Ezequiel de LeónOuiñónez y otro contra el hoy occiso Carlos Enrique ZeaMorales, y si bien indica que dispa¡ó en defensa de su vida,al analizar detenidamente los inforn'les médicos de lesionesy necropsia, se concluye en la falta de veracidad en lacalificación de la confesión del reo, que pretende, en elsentido de que las vfctimas estaban apuntándole con armasde fuego, pues los ofendidos presentaban orificios de


60 GACETA DE TRffiUNALESentrada de los proyectiles en las regiones corporales que seasientan en los informes de las que se deduce que no ledaban la cara al victimario, sino la espalda,,lo que hace quelas declaraciones de las personas que declararon en favor delreo, se tornen inaceptables. En otros términos, se ve alexaminarse el fallo, que tal tribunal, no se apartó delsistema de la sana crítica en la valoración que hizo de lostestigos con los que se pretendió probar la existencia de unacircunstancia eximiente de responsabilidad penal que nopudo haberse dado. La desordenada exposición que hace elrecurrente con el propósito de enervar los razonamientos dela Sala, no tienen la fuerza suficiente para lograr susobjetivos, pues en la valoración efectuada, se respetó la sanacrítica y por lo mismo, no puede aceptarse que haya habidoinfracción de los artículos que señala.Asimismo, en los casos de infracción de ley. la técnicadel recurso aconseja que si el recurrente denuncia un viciode esta naturaleza, debe expresar en forma precisa si talinfracción fue por: violación de ley, aplicación indebida ointerpretación errónea de la misma, para que el juzgador notenga que desentrañar qué es lo que se censura. y del-que seanaliza se ve que no se cumplió con esta exigencia, pues nose hace con precisión la formulación de tesis que indiquenen qué forma fueron infringidos los artículos que cita elrecurrente y tampoco se señala concretamente comoinfringido en cuanto a este planteamiento se refiere, elartfculo 638 del Código Procesal Penal que es fundamentalen esta clase de impugnaciones por referirse a una norma deestimativa probatoria; se hace alusión en forma general delos efectos de este artículo pero no se dice categóricamenteque se haya infringido y en qué forma para satisfacer lasexigencias de un recurso de esta clase; y C) Expresa el reoen su recurso que este Tribunal Supremo debe valorar loselementos de prueba a que alude, acorde con el sistema dela sana critica, con vista de que no hizo asi la Sala cuyofallo se impugna, lo que desde luego no es atendible, nisiquiera para motivar el estudio en 'este aspecto por quedartal función fuera del propósito para el que ha sido instruidoel rec!Jrso de casación, quedando reservada ta' funciónprocesal a las dos instancias.11En el Párrafo identificado como (A-111), se expresaque la Sala incurrió en error de derecho, en la apreciaciónde la prueba en lo que respecta a la declaración de MariaLuisa Martfnez Trigueros; en el párrafo (A,IV), que taltribunal incurrió en el mismo vicio en la declaración deRaquel Samayoa o Raquel Samayoa Valdez; en el párrafo(A-V), que se incurrió en el vicio apuntado en relación conla declaración de Justo Rufino Pereira López; en el párrafo(A-VI), que hubo error de derecho en la apreciación de ladeclaración de Rigoberto Trujillo (sin otro apellido); en elpárrafo (A-VIl), que se incurrió en el mismo error en lo-quese refiere a la declaración de Marco Antonio Peláez Cabrera;que ninguna de estas declaraciones fueron apreciadasoonforme el sistema de valoración de la sana critica. Paralos efectos de su estudio se han agrupado estos erroresdenunciados, porque de acuerdo con las impugnaciones delrecurrente, están relacionados con la confesión calificada ala que se hizo mención, concluyéndose en que si bien sehacen argumentaciones "in extenso" en cada uno de lostestigos mencionados, las mismas no son precisas, ni sehacen con la separación debida en cuanto se refiere a losartículos que se señalan como infringidos y por otra parteeste Tribunal Supremo, concluye, en que la Sala, en lavaloración de estas pruebas, sí atendió, los dictados de lasana crítica en la forma que se expresó al dejar analizado lorelativo a la confesión calificada; de ahí, que el recurso porestos sub-casos, resulta igualmente improcedente; deaceptarse que se incurrió en estos vicios denunciados, seestaría dando margen a contradicciones en el presente fallo,pues al analizarse como testimonios tendientes a probar laexistencia de .:;onfesión calificada, como eximente, se dejóclaramente asentado que los mismos no tenían ningún valoren materia de prueba como lo pretendía el reo por losmotivos expúestos con acierto eor la Sala.111En el párrafo identificaco como (A-VIII), expresa elrecurrente que tal Tribunal incurrió en error de derecho enla apreciación de la prueba, al haber estimado que carece devalor la· diligencia de reconocimiento Judicial.complementada con reconstrucción del hecho verificada elcuatro de. Junio de mil novecientos setenta y nueve, yanalizar sin fundamentación legal tal diligencia, sin haberhecho aplicación de las reglas de la sana aítica por lo queinfringió por inaplicación e interpretación errónea losartfculos 638, 681, 682 y 653, párrafo segundo del CódigoProcesal Penal. Ahora bien, la argumentación en la que elrecurrente basa su censura, no tiene ningún arraigo legal,pues del estudio del fallo, claramente se advierte que elTribunal de Segunda Instancia, analizó esas actUaciones ental forma que no puede decirse que haya faltado a las reglasmencionadas, y por otra parte, el recurrente indica que seinfringieron por inaplicación e interoretación errónea losartículo; q.Je señala, todos del Código Procesal Penal, mas pecade ímpreción en su planteamiento pues m su exposición al refe­Tirse a esteJiUbcaso, no explica cuáles de los artiCulas~ señalafueron infringidos por inaplicación (aplicación indebida) ycuáles lo fueron por interpretación errónea de la ley, y, siestimaba que todos lo fueron en las rnfraccionesmencionadas debió haberse explicado en forma clara eindividualizada para lograr el examen; su deficiencia enesto, hace que irremisiblemente se concluya en laimprocedencia del recurso en este sub-caso sujeto al análisisjurídico.IVAcusó el recurrente error de hecho en la apreciaciónde la prueba en lo concerniente a la declaración de MaríaElsa orellana, que según él fue omitida en su examen oconsideración, lo que incide en el resultado del proceso. Talerror, no se produjo, pues al efectuarse el estudio del fallo,se ve que la alegación toral se endereza en el hecho de quese omitió tal declaración, lo cual no es cierto, pues la sala sianalizó tal testimonio mencionado al indicar: " ... E~procesado Alvarado Córdova, afirma que la señorita Mar(aElsa Orellana, gritó diciéndole: "Rogelio le disparan", peroal ser o( da ésta depuso que no vio nada porque como dijo,ellos se encontraban afuera y ella se encontraba adentro del-Bar ... " Esto Ueva a la conclusión de que no omitió en suvaloración el dicho de tal señorita y que si fue analizado, ysi bien se hizo en forma precaria, en todo caso debió habersido objetada por otro sub-caso pero no por el que sedenuncia, lo que hace patente la improcedencia del recursopor este error.VDenunció también el recurrente, error de derecho en1 a ca 1 i f icación de los hechos que constituyendocircunstancias eximentes de responsabilidad penal, sehubieren omitido considerarlos como tales, sustentando sucensura en que habiendo la Sala hecho consideración de sudeclaración al calificar los hechos, apareciendo manifiestoen tales declaraciones- y haberse ategado en el curso delproceso un actuar del reo en defensa de su persona y


GACETA DE THIBUN"LES 61~----------.,--------¡--------------·----· aparecer patente causa que lo ec


62 GACETA DE TRffiUNALESprueba para condenarlo, expresando que la culpabilidad deltnismo no llegó a probarse por existir en su contra losdichos de quienes se dicen ofendidos Reginaldo MezaParada y Roberto Arria! a Sánchez, a los que niega eficaciaprobatoria por el interés que tienen en el resultado delasunto. Eflt;cuanto a Dora Felisa Sarillas y Horacio AntonioGudiel resultan referenciales. En cuanto al reo, al serindagado manifestó que celebró contrato de arrendamientocon Reginaldo Meza Parada porque el inmueble es de supropiedad y podía disponer del mismo; que la casaarrendada que habitaba el agraviado es de su prOpiedad yubicada en área nacional y no perteneciente a RobertoSánchez Arriola; que le corresponde la posesión que lecompró a Alfonso Vega Lara y que por lo mismo no haincurrido en los delitos que se le atribuyen: Asienta la Salaen el fallo: " ... Aportó como medios de prueba: elcompromiso de construcción que hizo Arcadio ColindresCifuentes con el encausado de una casa, la cualposteriormente se la dió en arrendamiento al presuntoofendido, sosteniendo el enjuiciado que el terreno dondeedificó es área nacional, lo que se comprobó con lasconstancias expedidas por el Secretario de la Oficina_,'.encargada del Control de las Reservas de La Nación,dependencia del Ministerio de Agricultura en donde seindica que José Luis Abularach y Abularach y RebertoArriola y Compañía no tienen ningún título de propiedadsobre el terreno, ni llinguna otra persona y nunca ha podidodemostrar tales extremos y si acaso poseen escrituras notienen ninguna validez, puesto que no han sido autorizadaspor ese Ministerio, de lo que se deduce que la fotocopieautenticada que obra a folios del siete al doce, en donde sedice que el bien objeto de la litis pertenece a RobertoArriola y- Compañía Limitada y plano adjunto al procesopara identificarlo, quedarran sujetos a si tienen o no algúnvalor, por otra parte del reconocimiento judicial practicadopor el Juez de Paz del Puerto


GACET \ JJE TH IBL \~\LE>contl-'s.iim plena dnl procesado porque indico que elconst1 uyó !a casa por medio de un señor Arcadio ColindresGifuentes y la Sal-a dio valor probatorio a una constanciaextendida por la Alcaldía del Puerto de San José donde sedice que Arcadio Colindres Cifuentes conStruyó una casa dehdbitación al procesado pero no dice en que lugar se laconstruyó, Ello por una parte, pero cabe hacer constar quelos Alcaldes no están facultados para celebrar contratos deconstrucción o de obra, de manera que tal constancia nopuede tener ningún valor legal. Luego la Sala no cumpliócon hacer análisis integral del procedimeinto como ordenael artículo 730 del Código Penal, que señaló comoinfringido porque yo en auto para mejor fallar en primeraInstancia pedí que se trajera a la vista la certificación quepresenté, extendida por (a Alcaldía Municipal del Puerto deSan José donde se hace constar que en los archivos de esaAlcaldía no existe ningún contrato de construcción o deobra celebrado entre el procesado y Arcadio ColindresCifuentes, de manera que la Honorable Sala no solo notomó en cuenta la confesión del procesado sino que diovalidez legal a documentos que no tienen ningún valor.Véase que la Honorable Sala dice que el procesado0demostró" que ha tenido el inmueble en .posesión porquese lo compró a Alfonso Vega Lara, hecho que no estáprobado en el proceso, luego se contradice la Sala al afirmarque el procesado tiene en pOsesión el inmueble porque se loadjudicó la 'Municipalidad del Puerto de San José,departamento de Escuintla y por último la Honorable Salacon un simple informe del Juez de Paz de aquel mismoPuerto da por sentado que el terreno donde el procesadoconstruyó una casa es área nacional. Además en sentenciacontra la que recurro se le da validez a un informe -quenunca fue ofrecido como prueba- de las Secretarías, de laoficina· encargada del control de reservas de la nación y conbase en ella afirma queJa certificación que en fotocopiapresenté con el memorial de querella no tiene valor y quequedaría sujeta -dice- "a si tiene o no algún valor". LaHonorable Sala sabe perfectamente que no se estáinvestigando si el inmueble es o no área nacional nitampoco si la certificación que presenta, en fotocopia,obrante a folios del siete al doce tienen ningún valor,porque eso sería materia de otro juicio difere-nte y loshechos justiciables y concretos que se formularon alprocesado no consisten en tal averiguación. La Sala omitióvalorar el contrato de arrendamiento celebrado entre elprocesado y el presentado, valoración que es de ley hacerlapuesto que con ese contrato de arrendamiento fue que elprocesado cometió el delito de estafa contra el patrimonioy al mismo tiempo con ese mismo contrato dearrendamiento cometió el delito de usurpación de derechosreales por construir un inmueble en propiedad ajena. Estoquedó probado en el proceso no solo con el citado contratode arrendamiento y la certificación~ ya referida, extendidapor el Registro General de la Propiedad y muyespecialmente con la propia- confesión del procesado, de ahíque la Sala infringió los artfculos 643 inciso 2o., en cuantono dió valor probatorio a la documentación legal aportadapor mí, también infringió el inciso 5o., de la misma norma1 egal porque no dió ningún valor probatorio alreconocimiento judicial practicado por el Juez de los actosen donde quedó demostrado que el procesado construyó uninmueble en propiedad ajena y al mismo tiempo que eseinmueble lo daba en arrendamiento al presentado, tambiéninfringió el inciso So. de la misma norma legal porque notomó en cuenta_ la propia confes.ión del procesado ytambién infringió -el inciso 9o.- de la misma norma puestoque con la actuación judicial practicada por el Juez dePrimera Instancia en la propia finca usurpada se establecióplenamente que el procesado Beltrán Val!~a-.- Huertasconstruyó en propiedad ajena y esa construcCIÓn me la diOen arrendamiento, defraudando mi patrimonio y usurpandoderechos reales. Sigue contradiciéndose la Sala cil atirrnarque por un lado el procesado tiene la posesión del inmuebleporque el procesado la obtuvo por compra y que tambiénporque la Municipalidad de aquel Puerto se la adjudicó ypor último dice que es área nacional. Si acaso fuera ciertoque la finca fuera área nacional, -lo cual no es ciertoporque existe inscripción registra!- también existiría unaflagrante contradicción al afirmar, la Seda que ese terrenofue adquirido por compra por el procesado y que ademásque lo~ tiene en posesión que le dió la Municipalidad delPuerto. Siendo área nacional --que IJO lo es-- de todosmodos el procesado cometió ambos delitos (Estafo yUsurpación de derechos reales) porque el procesado no·.podría comprar a un particular un áre nacional y el mi~:mlu ·procesado no podría arrendar lo que construyó e0propiedad ajena. ---2) La Sala infri'ngió también los inci:;os2o. y 3o. del Artículo 130 de la Constitución de laRepública porque el indicado inciso 3o_, claramente indicaque están exceptuadas de las reservas de la Nación losbienes sobre los que existen derechos inscritos en el-mismoRegistro con anterioridad al primero de marzo de mdnovecientos cincuentiséis, siempre que el Estado no tenga laposesión de los mismos. Consta en la certificación que enfotocopi-a acompañé del Registro Gen'eral de la Propiedadque ra finca objeto de la litis fue inscrita el primero de juniode mil novecientos cincuenticiflco y NUNCA HA ESTADOEN POSESION DEL ESTADO, sino que está en poses1ún dela Sociedad "Roberto Arriola y Compañía Limitada" y queesta finca se desmembró de la número treinta y seis (36).folio noventisiete (97) del libro quinto (5o.) de Escuintla lacual su primera inscripción de dominio es de fecha treintade Septiembre de mil ochocientos noventitrés con la cual seinfringió el inciso segundo (2o.l de dicha normaconstitucional. Resumiendo: el objeto del juicio y loshechos concretos y justiciables que se le formularon alprocesado no eran para investigar lo que la Sala afirmapuesto que la Sala hace aseveraciones que nada tienen quever con los hechos a investigar de manera que tambiéninfringió los artículos octavo y noveno (Bo. y 9o.) de la Leydel Organismo Judicial puesto que interpretó fuera de la leyla norma que ordena que los documentos públicos hacenplena prueba cuando fueren extendidos, autorizados olegalizados por Notario o por funcionario o empleadopúblico en el ejercicio de sus cargos, o sea el artículo 657del Código Procesal penal. ---3) Dice la Sala "tampoco hacometido el indiciado el delito de Perjurio porque según seve de la certificación que contiene las diligencias depOsiciones que se le articularon, si bien aceptó que elinmueble cuya desocupación se pide es de su propiedad,siendo de la nación, también lo es que demostró que tienela posesión del mismo y que la construcción edificada sobredicho inmueble es de su propiedad ya que fue construidapor él sobre el lote de terreno que le cedió o confirió laMunicipalidad de el Puerto de San José, por lo que elinmueble cuya desocupación se pide que es el localhabitado por Meza Parada es propíedad de Vargas Huertas yen esa virtud dicho procesado no ha cometido ningunaacción delictiva". En conclusión, llega la Sala en -su parteresolutiva a confirmar la Sentenci_a apelada con la reformade que a Beltrán Vargas Huertas lo absuelve por falta deplena prueba. La sala sigue insistiendo en cometer error dederecho en la apreciación de la prueba porque si bien esverdad que el procesado al ser indagado por el de'lito dePerjurio negó tal sindicación, pero yo ACOMPAf\JE y obraen autos -certificaCión extendida -por el Juzgado de Paz del


!IIP'64 GACETA DE TRffiUNALESPuerto de San José, departamento de Escuintla la que llevafecha veintiséis de Septiembre de mil novecientos setenta ysiete en seis hojas, en donde consta que el procesado bajojuramento y con malicia confiesa que la casa que arrendó alpresentado es de su propiedad, y para citar algunos casosconcretos en la pregunta tercera categóricamente admiteque es casa de su propiedad. En la quinta pregunta respondeque no carece de título de propiedad, pero en el curso delproceso no acompañó ningún título de propiedad; ademásen la pregunta novena respondió que no presentó tituloalterado del contrato de arrendamiento y si examina taltítulo se ve que no produce ningún efecto legal puesto queel acta de legalización de firma de este contrato no tieneninguna validez por carecer de defectos form"'es y de latotalidad de la diligencia de posiciones se desprende sinlugar a dudas el delito de Perjurio, puesto que sigueinsistiendo en que la casa arrendada es de su propiedad yque el lote lo compró, sin embargo y á está demostrado quela finca donde construyó la casa que arrendó al presentadoes propiedad plena de la Sociedad "Roberto Arriola yCompañra Limitada".- Luego entonces el procesado nopocHa obtener una Sentencia absolutoria porque estándebidamente probados los delitos por los que se les siguióprocedimiento criminal y en consecuencia al no aplicarle laspenas debidas se infringieron los artfculos: 256-263-264inciso 1o. y 9o. y 459 del Código Penal, asimismo de lorelacionado se desprende que infringieron los artículos:193-387475489 incisos: I-II-III-IV-V-VI-VII490491-500-631- 641- 643- l~isos: 11-V-VIII y, IX;657-680-701-709-730 del Código Procesal Penal; 130incisos 2o. y 3o. de. la Constitución de la República.C O N S 1 D E R A N D 0:1En el párrafo 1), de la substentación fáctico-jurfdica,el recurrente después de transcribir en forma fraccionada laparte considerativa de la sentencia contra la que endereza sucensura, expresa. que la Sala no analizó la prueba por élaportada, puesto que si se le lee detenidamente ladeclaración del procesado, se ve sin lugar a dudas queconfesó lisa y llanamente los delitos de estafa y usurpaciónde derechos reales. Que se asentó en el fallo que elsindicado 11 demostro" que hab(a tenido en poseSión elinmueble porque se lo compró a Alfredo Alfonso VegaLara, lo que no está probado en el proceso. Agrega que taltribunal da por sentado que el terreno donde el procesadoconstruyó una casa es área nacional, y le da validez a uninforme rendido por la Secretarfa de la oficina encargadadel control de reservas de ¡la nación, no obstante de que nofue ofrecido como prueba. Oue omitió valorar el contratode arrendamiento celebrado entre el procesado yrecurrente, lo que debió habet hecho, pues de este sededuce la comisión del delito de usurpación de derechosreales por construir un inmueble en propiedad ajena; lo quequedó probado con el cOntrato aludido, la certificaciónextendida por el Registro General de la Propiedad y con laconfesión del procesado, infringiendo por tal motivo elTribunal de segunda instancia el articulo 643 del CódigoProcesal Penal ~en sus incisos 2) por cuando no dio valorprobatorio a la dOcumentación aportada por él 5o) porqueno le dio valor probatorio al reconocimiento judicial; So)porque no tomó en cuenta la propia, confesión delprocesado y 9o) puesto que con la propia actuaciónpracticada por el juez en la finca usurpada_,_ se estableció queel procesado construyó en propiedad ajena y que se la dioen arrendamiento defraudando su patrimonio y usurpandoderechos reales. En cuanto a esta párrafo que se supone serefiere al sub-caso que el recurrente trata de enmarcardentro del numeral VIII del articulo 745 def CódigoProcesal Penal. relativo a error de derecho en la apreciaciónde la prueba, se hace patente la improcedencia del recursopues cita ccmo infringido el artículo 643 en sus incisos 2).5) 8) y 9) del Código Procesal Penal, que señala cuales sonlos medios de prueba; pero no citó como infringido ningunode los artfculos relativos a la estñnativa probatoria comodebe hacerse en esta clase de impugnaciones; por otra partefácilmente se advierte que en forma desordenada argumentaacerca de los errores en que según él incurrió la Sala, perono es preciso en indicar en que forma se cometiron talesinfracciones ni se formula tesis impugnativa con la claridady precisión que exige un recurso de esta naturaleza, relativasa cada uno de los medios de prueba que señala.11Se alega en al párrafo 2) de este recu= que huboinfracción de los incisos 2) y 3 del artfculo 130 de laConstitución de la República y de los artículos 8 y 9 de laLey del Organismo Judicial, pero en sus argumentos se notauna marcada imprecisión en el planteamiento del sub-caso,pues en lo que a los preceptos constitucionales se refiere selimita a citarlos y a expresar su contenido, pero no es claroal indicar en que forma fueron infringidos por el Tribunalde Segunda Instancia; y por otra parte, en cuanto a losart(culos mencionados de la ley del Organismo Judicial,indica que se interpretó fuera de la ley la norma que ordenaque los documentos públicos hacen plena prueba cuandofueren extendidos, autorizados o legalizados por Notario,funcionario público o empleado público en el ejercicio desus cargos o sea el articulo 657 del Código Procesal Penal.Es decir que dentro del sub-caso relativo a infracción denonna constitucional enmarca otro que no tiene esanaturaleza faltándose a la técnica y a la concordanciaindispensable del recurso lo que lo hace improcedente encuanto a este sub-caso.111En cuanto al sub-caso contenido en el párrafo3) delmemorial del recurso se impugna la decisión de la Sala deno haber condenado al reo por el delito de perjurio,expresando que "- .. en conclusión llega la Sala en su parteresolutiva a confirmar la sentencia apelada con la reformade qUe a Beltrán Vargas Huertas lo absuelve por falta deplena prueba, insistiendo tal tribunal en cometer error dederecho en la apreciación de la prueba ... " y expresa acontinuación los motivos por los cuales estima que si secometió el delito de perjurio_ Como fácilmente se advierte,se trata de un planteamiento en que con las mismas tesis seestán impugnando errores que se relacionan con lanaturaleza del delito al no haber estirhado la Sala que seprodujo por parte del procesado a quien absuelve, y otrosen lo tocante a la apreciación de la prueba, citándose alfinal artfculos de orden constitucional y otros del CódigoProcesal Penal y Código Penal, sin indicar.;e en que formafueron infringidos en reladón al caso; no se citan comoinfringidas normas relativas a la estimativa probatoria y estoes suficiente para concluir ·en su improcedencia.L E Y E S A P L 1 CA 8 L E S:Anlculos citados y 44, 53, 62, 74, 240, 24.6 de laCons!ftución de la República; 1, 11, 21, 22, 27, 32, 67, 85,189, 190, 193, 214, 305, 387, 428, 462, 475, 589, 635,638, 641, 646, 657, 679, 701, 740, 741, 743, 744, 745numerales VIII, IX y X, 752, 759, del Código ProcesalPenal, 32, 38, inciso 2o., 157, 158,159, 163, 169 de la Ley


GACETA: DE TRIBUNALES 65-del Organismo Judicial.POR TANTO:LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL: OECLARA: Improcedente el recursoextraordinario de casación interpuesta por Reginaldo MezaParada, contra la sentencia proferida por la Sala Novena dela Corte de Apelaciones, el dieciocho de febrero de milnovecientos ochenta; como consecuencia impone aírecurrente una multa de veinticinco quetzales que deberáenterar a la Tesorería de Fondos Judiciales dentro de!término de tres di' as, cuidando que el tribunal ejecutor quese cumpla con esto. Notifíquese y con certificación de loresuelto devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.(fs) C.E. Ovando B. -·A.E. Mazariegos G. ···Juan JoséRodas ... J. Felipe Dardón G. ···R. Rodríguez R. -·Ante mf:M. Alvarez Lobos.·PENAL:Recurso Extraordinario de Casación interpuesto porJUAN LOPEZ DE LA CRUZ, contra la sentencia proferidapor Sala Novena de la Corte de Apelaciones.DOCTRINA:Cuando se denuncie error de derecho en laapreciación de !a prueba, el recurrente debe formular tesisal respecto, debiendo existir congruencia entre los sub--casosde procedencia y las leyes citadas como infringidas.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL: Guatemala, veintitres de mayo de mil novecientosochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso extraordinariode casación, interpuesto por JUAN LOPEZ DE LA CRUZ,contra la sentencia proferida por la SALA NOVENA de laCorte de Apelaciones, el veintiocho de enero del año en curso,en el proceso que por el delito de parricidio le fuera incoadoen el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Escuíntla. Elrecurrente es de cuarenta años de edad, soltero, guatemaltecoagricultor, originario de Guazacapán del departamentode Santa Rosa, actualmente recluido en la Granja PenalModelo de Rehabilitación "Canada" situada en el municipiode Escuintla; habiendo actuado como defensor el LicenciadoPorfirio Hernáildez y como acusadora ldubina !guardiaNavarro y el Ministerio Público.EXTRACTO DE LA SENTENCIA RECURRIDA:la sentencia que hoy se impugna, resume a caba1idadla de primer grado y expresa en su parte conducente que elprocesado se le acusa del siguiente hecho justiciable:"1) Que Juan lópez de la Cruz, es responsable combautor de Ufl delito de Parricidio cometido por emociónviolenta, .en la persona de Juana Gaitán !guardia; 11) Por lainfracción anterior, le impone como sanción seis años, ochomeses de prisión con carácter de inconmutable, o sea elresultado de la pena mfnima que es de veinte años rebajadaen dos terceras partes por las atenuantes ya consideradas,que el reo deberá cumplir en la Granja Penal o penitenciadaque determine la Presidencia del Organismo Judicial; 111) Locondena al pago de las responsabilidades Civiles que fija elTribunal en la suma de Un mil quetzales que el reo debehacer efectiva dentro del tercero dfa de estar firme elpresente fallo, a los herederos legales de la víctima; IV) Loexonera de la reposición de papel suplido en la causa Bl sellode Ley, asl como al pago de costas judiciales; V) Losuspende en el ejercicio de ·sus derechos poi Iticos deciudadano durante el tiempo que dure la condena; VI) alestar firme el presente fallo dese aviso a donde.corresponda;VIl) Hágase saber a los sujetos procesales, el derecho y eltérmino para interponer el recurso de apelación, o en sucaso, consúltese". La Sala Novena de la Corte deApelaciones manifiesta que •"Juan López de la Cruz,aparece sometido a procedimiento criminal, señalándose lacomisión del hecho concreto y justiciable siguiente:"porque el quince de septiembre de mil novecientos setentay ocho a las diecinueve horas, en la calle denominada "LasPampas" del parcelamiento Los Angeles del Puerto de SanJosé, con su revólver calibre treinta y ocho marca Smith &Wesson número· K-seiscientos mil trescientos cincuentaguión ciento cuarenta y dos guión cuatro mil ochocientosochenta y tres, hizo seis disparos al cuerpo de su mujer ocompañera de hogar Juana Gaitán !guardia, produciéndoleheridas graves en cara interna del brazo derecho, paredanterior de la axila del mismo lado, región mamilar o tetilladel lado, izquierdo, que le ocasionaron la muerte en elmismo lugar del suceso''. Al entrar a considerar la Sala elcaso que nos ocupa manifiesta:" ... Civiles que fijó en UnMil Ouetzales". Hace las citas de las leyes aplicables ymanifiesta que en apoyo de lo considerado y leyes citadas:"CONFIRMA la sentencia apelada, con la REFORMA deque la pena que se impone a JUAN JOSE DE LA CRUZ,por el delito de Parricidio, es la inconmutable de VEINfEAÑOS DE PRISION ..."RECURSO DE CASACION:JOSE LOPEZ DE LA CRUZ interpone recurso decasación por motivo de fondo, invocando los casos deprocedencia contenidos en los numerales IX y 111 delartículo 745 del Código Procesal Penal en la siguientefonna: 1) En cuanto al caso de procedencia "a): 1)Artículos de la Constitución de la República que se estimaninfringidos. Estimo que en la sentencia recurrida se haninfringido los articulas 85 párrafo Primero y 86, PárrafoPrimero de la Constitución de la República. 2) Razones ymotivos-de la infracción: De conformidad con el PárrafoPrimero del Articulo 85 de la Constitución de la República,el estado promoverá la organización de la familia "Sobre labase jurrdica_del patrimonio"; y, según el Párrafo Primero86 de la misma Constitución en "La Ley determinará laprotección que corresponda a la mujer •.. dentro de launión de hecho y lo relativo a la forma de obtener sureconocimiento", disposiciones constitucionales de las quese desprende que para que una mujer goce de una especialprotección como tal dentro de la familia, es necesario que lamisma tenga la condición de esposa por habe:r cqntrafd0matrimonio con un varón, o bien su unión de hecho· debidamente reconocida le concede jurfdicamente laposibilidad de dicha protección. De ahí que la Salasentenciadora al estimar como "circunstancia calificativa"la de haber sido la occisa Juana Gaitán !guardia,simplemente "concubina" sin haber estado unida a mf porel víncul'o matrimonial ni haberse declarado por nosotrosnuestra unión de hecho, ni haberse reconocido la mismajudicialmente, nuestras relaciones de hombre a mujerfueron simplemente de hecho en el sentido corriente de lapalabra, pues, según se establece en el Articulo 173 delCódigo Civil (Decreto ley número 106), es necesaria ladeclaración de la unión de hecho para que la mismaproduzca efectos legales, de manera que al calificar el hechopor el que se me condena como Parricidio, es decJr, comohomicidio calificado por la circunstancia de que,conociendo yo el vfnculo, haya dado muerte a la personacon ·quien hacia vida marital, según se tipifica tal delito enel Artículo 131 del Código Penal (Decreto Número 17·73)del Congreso de la República), asimiló las relaciones quetuve con la occisa a la unión de hecho declarada oreconocida. infringiendo de tal manera los dos .artículos de


66 l, \Ul \ IH rH IHl \\LE~la Constitucibn de la República antes indicados. Alotorgarle a la ofendida una protección mayor que la que sedes"prende de tales disposiciones constitucionales,rompiendo así las bases jurídico-constitucionales de lafamilia, y, de consiguiente, el orden público. 11) En cuantoal caso de procedencia b): 2) Articulo de la ley que seestime infringida: Considero que en la sentencia se infringióel Articulo 131 del Código Penal (Decreto Número 17-73del Congreso de la República)_ 2) Razones y motivos de talinfracción: La infracción (por aplicación indebida} a laseñalada disposición legal consiste en lo siguiente. Según lamisma, comete el delito de Parricidio quién, conociendo elvrnculo matare a su cónyuge o al la persona con quien hacevida marital. Ahora bien, si para que se de tal figura esnecesario que entre el sujeto activo y el pasivo del del itaexista un vínculo, de carácter familiar, resulta claro de ladebida interpretación de dicho Articulo 131 del CódigoPenal que dicho vínculo a que se refiere es un vínculo decarácter jurídico y no de una pura relación de hecho -noreconocida por el ordenamiento jur(dico como productorade efectos de derecho; es decir, de un elemento normativode tal tipo penal. He ahí que, para que constituya parricidioel hecho de que una pe~sona mate a otra con quién hacevida marital, es necesario que entre ellas sea el vínculo queexige la figura como elemento normativo del tipo penal,Pues el mismo debe tener carácter de vrnculo jurídicoProductor de consecuencias jurídicas y no meramentefáct-ico que no origine ningún efecto de derecho entre lasreSPectivas personas. De lo contrario, ·padr(a pensahe enque un hombre hace vida marital con una ~ujersupongamos porunoscincod(asy la mató, incurriría endicho delito-de-Parricidio, o, inclusive, si lo hiciere el primerd(a en que de hecho han mantenido una unión marital en elsentido corriente y metajurfdico de vocablo, lo cual resultainadmisible y creada un verdadero caos y relajamiento deorden jurídico que organiza y protege la familía,.asimilandoa ésta cualquier tipo de relación marital entre un hombre yuna mujer, siendo asi mismo posible que de puro hecho unhombre haga vida marital con dos, tres o más mujeres almismo tiempo. Por ello no debe olvidarse al interpretardicha disposición del Código Penal, que ese vínculo que seexige exista entre el sujeto activo y el pasivo del delito deParricidio para que esta pueda darse, debe tener el carácterde ser un vrnculo concreto de carácter jurfdico, lo cual solola adquiere la unión de hecho entre un hombre y una mujercuando, concurriendo los requisitos legales para ello, al serla misma declarada o reconocida, siendo< tal lainterpretación que debe hacerse a este respecto del artrculo131 del Código Penal de conformidad a las reglas de lahermenéutica previstas en al Artículo 10 del DecretoNúmero 1762 del Congreso de la República (Ley delOrganismo Judicial) y en los incisos lo., 3o., y 4o., delmismo Decreto". Sigue manifestando el recurrente en sumemorial, que debe agregarse a lo , expuesto que susargumentos se refuerzan si se considera que en el p.etfto deParricidio es elemento subjetivo del tipo penal al"conocimiento" del sujeto pasivo del vfnculo a que serefiere y hace unas menciones doctrinarias de tratadistas delderecho penal respecto a las caracterfsticas del delito deParricidio, concluyendo su exposición en que la salasentenciadora ha incurrido en error de derecho al calificarlos hechos que declara probados como constitutivos deldelito de Parricidio y manifiesta que no dándose elementosconstitutivos del delito de Parricidio, la comisión del delitodel recurrente debe' calificarse Homicidio Cometido enEstado de Emoción Violenta, conforme el Artículo 124 delCódigo Penal, ya que como consta en la secuela del procesoél actuó en estado de emoción violenta, debido a la afrentaque en su presencia le hiZO su concubma_ TenntniJ pidtendoentre otras cosas de trámite que se declare procedentr; elrecurso presentado, que en consecuencia se case la st·ntcnctdy que al fallar se le condene por el de!ito de Hom1cid1nCometido en Estado de Emoc1Cm V10lenta en la persona ll·Juana G aitán lguardia.C O N S 1 O E R A N O 0:1.- Al referirse a preceptos constitucirm


GACETA DE TRIBt;!'I


68 GACETA DE TRffiUNALESalegan errores de derecho en la apreciación de la prueba, sino se citan como infringidas normas relativas a la estimativaprobatoria.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPE N AL: Guatemala, veintiocho de Mayo de milnovecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver el recursoextraordinario de casación interpuesto por Hip61itQ GarcraLópez contra la sentencia proferida por la Sala Novena de laCorte de Apelaciones cbn sede en Antigua Guatemala, elveintiséis de febrero del año en curso, en el proceso que porel delito de Homicidio le fuera incoado en el JuzgadoSegundo de Primera Instancia del departamento deEscuintla, apareciendo como acusadora la señora JesúsOliva Beltetón, y el Ministerio Público, como defensor elLicenciado Porfirio Hernández y como Director elLicenciado Gustavo Antonio de León Asturias. Del procesose desprende que el reo y recurrente es de cincuenta y unaños de edad, guatemalteco, soltero, tractorista, conresidencia en el Municipio de la Democracia deldepartamento de Escuintla, es ciudadano inscrito, no tieneapodo conocido, hijo de Vfctor López Zepeda y NazariaGarcfa Corado.EXTRACTO DE LASENTENCIA RECURRIDALa Sala contra cuyo fallo se endereza el recurso, confecha veintiséis de febrero del corriente año, dict6 lasentencia correspondiente, confirmando la proferida por eljurisdicente de primera instancia con la re. ~.ma de queHipólito Garcfa López le impone la pena inconmutable dedoce años de prisión y de que el pago de lasresponsabilidades civiles ha de hacerse a favor de quienesresulten como herederos legales de la vfctima. Para llegar atal determinación tomó en cuenta que la mu~""te violentaque diera origen a este proceso quedó acreditada con elreconocimiento judicial practicado por el Juez menor de laDemocracia departamento de Escuintla, con la certificaciónde la partida de defunción y con el informe de la necropsiay que la culpabilidad del sindicado quedó evidenciada conlos siguientes medios de convicción: a} informacióntestifical de Rosa Aura Oliva Chacón viuda de Silva y Cruzdel Rosario Dávila o Dávila Alvarado, quienes afirman habervisto cuando el catorce de abril del año pasado a lasveintiuna horas más o menos encontrándose Sáez Pachecoen unión del segundo de los mencionados testigos en la·cantina de Rosa Paredez y en ocasión en que el ahora occisose levanto de la mesa para pagar el licor consumido a OlivaChacón viuda de Silva oyó un disparo que el procesado hizoa Sáenz Pachecho quien siguió disparándole después queeste cayó al suelo, extremos que corroboró la primera enforma substancial, testigos que son uniformes en cuanto a lafecha, lugar y modo como se cometió el delito y aunquefueron tachados en la fase probatoria no se aportó pruebacon respecto a las tachas. b) con las declaraciones de FélixDCaz GarcCa y Ricardo Saravia Leiva, que generanpresuncióh grave y precisa de la participaci6n directa delenjuiciado en el hecho delictivo que se le atribuye e)declaraciones de Everildo Dávila Lara y Afda ConsueloHernández; d) la prueba de dermonitratos practicada alenjuiciado que dió resultado positivo, que se intent6inutilmente desvirtuar con las atestaciones de EduardoColindres y Norberto Reyez Gómez; y d) el hecho dehaberse incoado proceso contra el ahora occiso originado delas lesiones .que se dice le infirió al hoy procesado. Expresóasimismo el Tribunal de Segunda Instancia en el fallo que la-...:preub8 de descargo proveniente de las declaraciones deGu111enno Zepeda Rivera, Jerónimo González Polanco,Domingo Canas Balán y Arcadio Dávila Balán, no lograenervarla del cargo, máxime que no fueron recibidas con losrequisitos de ley.EXPOSICION FACTICO-JURIDICADEL RECURSOTal como se desprende del memorial que lo contiene,se asienta que fue interpuesto con base en el caso deprocedencia contenido en el inciso VIl del articulo 745 delCódigo Procesal Penal, en cuanto a lo que se refiere aerrores de derecho en la apreciación de la prueba, los queplantea asf: PRIMER ERROR DE DERECHO EN LAAPRECIACION DE LA PRUEBA, exponiendo queconsiste: " •. .en haberles reconocido valor probatorio decargo a 1~ declaraciones de los tes1igos Rosa Aura Olivaviuda de Silva y Cruz del Rosario Dávila o Dávila Alvaradono obstante, que, habiéndose constituido en acusadoraparticular dentro del proceso y, por tanto en sujetoprocesal, la compañera de hogar del fallecido MaximilianoSáenz Alvarado, Jesús Oliva Beltetón, a tales testigos no seles preguntó acerca de si conocfan a dicha acusadoraparticular, y sobre si tenlan con ella parentesco, amistad,enemistad o relaciones de cualquier otra especie, requisitode ley de · inexcusable cumplimiento para constatar laexistencia o inexistencia de tachas en los testtgos, y cuyaomisión determina que las declaraciones en cuestióncarezcan de todo valor de conformidad con la ley. Alreconocerse, pues valor probatorio ·a las deposiciones dedichos teiltigos Rosa Aura Oliva Chacón viuda de Silva yCruz del Rosario Dávila o Dávila Alvarado, se infringieron elPárrafo Primero del Artfculo 445 del Código Procesal Penal(Decreto Número 62·73 del Congreso de la República) encuanto en el mismo se manda a que el testigo debe serpreguntado, inmediatamente después de la protesta acercade ''si conoce al procesado y a los otros sujetos procesales;si tiene con ellos parentesco, amistad, enemistad orelaciones de cualquier otra especie"; y, comoconsecuencia, se infringió asimismo el Artfculo 662 delmismo Código Procesal Penal, que taxactivamente estableceque "Las declaraciones de testigos recibidas sin que sehubiere cumplido con los requisitos de ley, no tendrán valoralguno . .. "SEGUNDO ERROR DE DERECHO EN LAAPRECIACION DE LA PRUEBA. En cuanto a éste indicaque se dio en la valoración de la prueba constituida por lasdeclaraciones de los testigos Rosa Aura Oliva Chacón viudade Silva y Cruz del Rosario Dávila o Dávila Alvarado,indicando que " ... tiene carácter subsidiario respecto. alerror anterior y consiste en otorgarles valor probatorio atales declaraciones estimando que "las pequeñasdiscrepancias que existen en cuanto a diferencia de metroso centfmetros a que fueron hechos los disparos y demásalegadas, no son de substancial relevancia", pues por .elcontrario, al analizar las declaraciones de dichos testigosresultan las mismas tan contradictorias, tanto en lo dichopor cada uno de ellos consigo mismo como en lo afirmadopor uno respecto a lo dicho por el otro, que, conforme a lasreglas de la sana crftica aparecen las mismas comoinaceptables para formar la convicción judicial sobre loshechos, de manera que, al estimar la Sala sentenciadora locontrario, infringe en su totalidad el articulo 638 delCódigo Procesal Penal (Decreto NUMERO 52·73 delCongreso de la República) y el Párrafo Primero del Articulo663 del mismo Código, asl como la regla de lógica yexperiencia y, por tanto, de sana crítica, según la cual unmismo hecho no puede ocurrir de dos modos o formassubstancialmente diferentes y contradictorias o en dos lugares


GACETA DE TRffiUNALES 69distintos ..."expresando a continuación la serie decontradicciones en que incurrieron estos testigos uno con elotro y consigo mismo y que por la forma como ha deresolverse este sub·caso se estima innecesario puntualizar enellas.TERCER ERROR DE DERECHO EN LAAPRECIACION DE LA PRUEBA Se indica que consiste enque: "... estimando la Sala sentenciadora que miculpabilidad se evidenció "con los elementos


70 LACET e\ UE TR llllNALESprocesado, después de dispararle a Sáenz Pacheco salió"tranquilamente y tomO camino para abajo, es decir para elmonte", pues en cinco minutos no iba a caminar elenjuiciado únicamente diez metros por muy tranquilamenteque lo hiciera, máxime que el testigo dice que él y suacompañante se fueron "despacio". Al reconocerle valorprobatorio a la declaración testimonial de Félix OfazGarcía, la Sala sentenciadora infringió los Artículos 638 y653 del Código Procesal Penal (Decreto Número 52-73 delCongreso de la República) que establecen que lasdeclaraciones de testigos deben valorarse conforme la sanacrítica, toda vez que, conforme a ésta, dicha declaraciónpor contradictoria no merece crédito, infringiéndoseasimismo el Artfculo 655 del mismo Código en cuanto porel mismo se establece la contradicción como tacha relativa aconsiderarse en las declaraciones testificales •.."SEPTIMO ERROR DE DERECHO EN LAAPRECIACION DE LA PRUEBA: Manifiesta que"- .. Esteerror consiste en haberle reconocido la Sala sentenciadoravalor probatorio a la declaración de "Ricardo SaraviaLeiva", persona que no presto declaración dentro delproceso, tratándose, en consecuencia, de una declaracióninexistente. En efecto, quien declaró en el mismo esRicardo Sanabria Leiva, que, como-se ve, tiene un apellidosemejante al de "Saravia" pero que legalmente es unapersona distinta a la del supuesto testigo Ricardo SaraviaLeiva. Con tal proceder se infringen en la sentenciaimpugnada los Artlculos 428 443, .444, 445, 446 y 455 delCódigo Procesal Penal (Decreto Número 52-73 del Congresode la República) que establecen los requisitos que debenobservarse en la recepción de la prueba testifical; Y, enconsecuencia, se infringió asimismo el Artfculo 652 delmismo Código en tanto que el mismo determina que "Lasdeclaraciones de testigos recibidas sin que se hubierecumplido con los requisitos de ley, no tendrá valor alguno",dado a que la declaración de Ricardo Saravfa Leiva nisiquiera existe en el proceso ..."OCTAVO ERROR DE DERECHO EN LAAPRECIACION DE LA PRUEBA: Con respecto a estemanifiesta "... este error consiste en haberle reconocidovalor probatorio a lo declarado por el testigo EverildoDávila Lara, quien prestó testimonio dos veces: la primerael cuatro de mayo del año pasado, y la segunda cuando fuerepreguntado el once de julio del mismo año de milnovecientos setenta y nueve. En efecto, habiéndoseconstituído en parte acusadora la señora Jesús OlivaBeltetón, este testigo no fue preguntado, como es de ley,sobre si conocfa a dicha persona como sujeto procesal y sitenfa con ella parentesco, amistad, enemistad o relacionesde cualquier otra especie, infringiéndose asf lo establecidoal efecto en el Párrafo Primero del Articulo 445 del CódigoProcesal Penal (Decreto Número 52-73 del Congreso de laRepública); y, consecuentemente, el Artfculo 6~2 -delmismo Código que establece que las relaciones test1f1calesrecibidas sin cumplirse con los requisitos de ley carecen detodo valor ..."NOVENO ERROR DE DERECHO EN LAAPRECIACION DE LA PRUEBA En cuanto a este indica:"... Este error es subsidiario del anterior y consiste en quela Sala sentenciadora le reconoce valor probatorio de cargoa lo dicho por el testigo Everildo Dávila Lara cuando, por elcontrario, habiendo declarado tal testigo en dos ocasiones,como se vio, en su primera declaración dijo que "el díasábadO de Gloria catorce de abril del año en curso {milnovecientos setenta y nueve) a eso de las veintiuna hora contreinta minutos, en la Aldea Pilar, iba por la calle Central,cuando oyó disparos, y vio cuando el señor Hipó lito Garc faLópez, iba en carreras llevando una pistola", agregando ensu segunda deposición de once de julio del ailo pasado, queprecisamente él "al mismo tiempo"_ que escuchó losdisparos vio al procesado que iba corriendo, lo cualsignifica, por el contrario, precisamente que según dichotestigo no fue el enjuiciado quien hizo los disparos demérito. Al reconocerse valor probatorio de cargo a loexpuesto por dicho testigo se incurre en error de derecho enla apreciación de la prueba con infracción de los Artfculos638 y 653 del Código Procesal Penal (Decreto Número52-73 del Congreso de la República) según los cuales lasdeclaraciones testificales deben valorarse conforme la sanacrítica y según la lógica más elemental resulta imposiblecreer que si una persona va corriendo con una pistola en lamano por determinado lugar, esa misma persona, al.mismotiempo_, esté haciendo disparos con arma de fuego en unlugar diferénte ..."DECIMO ERROR DE DERECHO EN LAAPRECIACION DE LA PRUEBA Con relación al mismoexpresa: "... Consiste este error de derecho en laapreciación de la prueba que a mi juicio se incurre en lasentencia impugnada en que, al igual de lo hecho con losdemás testigos a que me he refe·rido, le concede valorprobatorio a la declaración de la testigo Afda ConsueloHernández, a quien, no obstante que la señora Jesús OlivaBeltetón, se constituyó en acusadora particular, no se 1~preguntó acerca de si conocía a ésta como sujeto procesal n1si ten fa con ella parentesco, amistad, enemistad o relacionesde cualquier otra especie, infringiéndose así, el PárrafoPrimero del Artfculo 445 del Código Procesal Penal(Decreto Número 52-73 del Congreso de la República) queordena se pregunte a los testigos sobre tales datosinmediatamente después de la protesta; Y, en consecuencia,se infringió asimismo el Artfculo 652 del mismo Código queestablece taxactivamente que no tendrá valor alguno lasdeclaraciones de testigos recibidáS sin que se hubierecumplido con los requisitos de ley ..."C O N S 1 D E R A N D 0:PRIMER error de derecho en la apreciación de laprueba: Descansa su censura el recurrente en lacircunstancia de que se le reconoció valor probatorio decargo a las declaraciones de Rosa Aura Oliva Chacón viudade Silva y Cruz del Rosario Dávila o Dávila Alvarado, noobstante de que no se cumplió con preguntarles si conoc(ana la acusadora señora Jesús O-liva Beltetón, parentesco,amistad y otros requisitos que era necesario satisfacer y quepor lo mismo se infringieron el párrafo primero del artículo445 y el artrculo 652 del Código Procesal Penal. En elQUINTO error denunciado siempre con relación a laapreciación probatoria, expresa Hipólito Garcfa López quese incurrió en el mismo en lo que respecta a la declaraciónde Félix Díaz Garcfa, quien habiendo declarado en tresocasiones en el proceso, no se le preguntó si conocía a laacusadora, reconociéndole no obstante valor probatorioinfringiéndose el primer párrafo del artfculo 445 y 652 delCódigo Procesal Penal. En lo atinente al SEPTIMO error dederecho denunciado lo plantea asf: porque la Salasentenciadora reconoció valor probatorio a la declaraciónde Ricardo Saravia Leiva, pero qujen declaró fue RicardoSanabria Leiva que es una persona distinta al supuestotestigo analizado, infringiéndose loa artrculos 428, 443,444, 445, 446 y 455, as( como el artrculo 652 del CódigoProcesal Penal. En lo que respecta al OCTAVO error dederecho denunciado, se plantea porque se dio valorprobatorio a la declaración del. testigo Everildo- D~víla Lara,quien tampoco se le preguntó acerca de que si conoc(a a la


(, \CFTA !lE TH IHl \\LES 71acusadora señora Jesús Oliva Beltetón, incurriéndose eninfracción a los artículos 445 párrafo primero y 652 delCódigo Procesal Penal. Y en cuanto al DECIMO error al quehace alusión lo basa en el hecho de que se le concedió Valorprobatorio a la declaración de la testigo Aída ConsueloHernández, a quien no se le preguntó si conocfa a la señoraJesús Oliva Beltetón quien se constituyó en acusadorainfringiéndose el párrafo primero del artículo 445 y elarticulo 652 del Código Procesal Penal. Ahora bién, estaCámara, respondiendo al orden lógico que caracteriza elrecurso y tomando en cuenta el principio de economíaprocesal, de obligado acatamiento procede analizar en estaparte considerativa, lo relativo a los errores denunciados porla similitud que guardan en su planteamiento y del estudiode éstos, se concluye en su improcedencia, pues comofácilmente se ve, cita como infringidos disposiciones lega~ esque contienen preceptos generales respecto a la prueba detestigos, pero no cita ni una sola norma de estimativaprobatoria especffica que la Sala pudo haber violado aldictar el fallo, como debió haberse hecho con vista de quese trata de sub-casos de error de derecho en la apreciaciónde la prueba. ,11SEGUNDO error de derecho en la apreciación de laprueba. Lo enmarca en el hecho de que la Salasentenciadora otorgó valor probatorio a los testigos RosaAura Oliva Chacón viuda de Silva y Cruz del Rosario Dávilao Dávila Alvarado estimando que "... las pequeñasdiscrepancias que existen en cuanto a la diferencia demetros o centfmetros a que fueron hechos los disparos y demás alegadas no son de substancial relevancia ..." con loque el recurrente no esta de acuerdo pues según él lasdeclaraciones de los mencionados testigos soncontradictorias tanto en lo dicho por cada uno de ellosconsigo mismo como en lo afirmado por uno con respectoal otro, señalando en el planteamiento del recurso seiscontradicciones entre lo dicho por uno y otro testigo;cuatro contradicciones en que incurrió la testigo Rosa AuraOliva Chacón viuda de Silva y seis contradicciones en queincurrió el testigo Cruz del Rosario Oávila o DávilaAlvarado y que las explica en forma separada en la secciónfáctica de su recurso, argume!ltando que estas declaracionesson inaceptables conforme a la sana crítica para formarconvicción judicial sobre los hechos y que al estimar locontrario la Sala sentenciadora infringió en su totalidad elartículo 638 y el párrafo primero del artículo 653 delCódigo Procesal Penal, .así como la regla de lógica yexperiencia y por lo tanto de sana crftíca según la cual unmismo hecho no puede ocurrir de dos modos o formassubstanciales diferentes y contradictorias o en dos lugaresdistintos. Al verificarse el estudio comparativo relacionadocon este error denunciado, se ve que el recurrente seGalacomo infringido en su TOTALIDAD el artículo 638 delCódigo Procesal Penal que contiene lo relativo al sistema devaloración probatoria de la sana cr(tica, sin embargo, en lalacónica exposición de su tesis impugnativa indica que fueinfringida la regla de la lógica y experiencia y por lo tantode la sana critica, según la cual un mismo hecho no puedeocurrir de dos modos o formas substancialmente diferentesy contradictorias o en dos lugares distintos y esprecisamente en esta parte donde se peca de imprecisiÓn enel planteamiento de su tesis y el análisis que hace no es losuficientemente completo pues da entender como que si lasana crftica estuviera conformada solo por reglas de lógica yde experiencia, lo cual· ni legal ni doctrjnalmente puede seraceptado, pues es indiscutible que tomando en cuenta ladoctrina contenido en el artículo 638 del Código ProcesalPenal, además de los elementos que cita el recurr~ntc,existen otros sobre los que debió haberse argumentado si secitó como infringido en su totalidad tal artículo, lo r:¡ue nohizo y que no puede ser suplido por la especial naturalezatécnica de este recurso. Ta! situación lleva ineludiblementea desestimarlo en cuanto a este sub-caso, sobre todo r:¡ue dela sentencia impugnada no se desprende que el hecho hayaocurrido de ... dos formas contradictorias como lo asienta elinteresado, pues substancialmente consta a los testigos quela muerte de Maximiliano Sáenz Pacheco fue ocasionadacon arma de fuego por el reo y que el hecho trágico tuvocomo escenario la residencia de Rosa Aura Oliva Chacónviuda de Silva como esta claramente determinado en elproceso.111En lo que respecta al TERCER error de derecho en laapreciación de la prueba se expresa que la Sala incurrió enel mismo, porque se asentó en el fallo que las declaracionescontenidas en el literal b), o sean las de Félix. O faz Garcfa yRicardo Saravía Leiva, generan presunción grave y precisade la participación directa del enjuiciado en el hecho que sele atribuye, y que siendo presunción según 1a ley, lainferencia que por vía del razonamiento y de la experienciadeduce el juez del indicio, la presunción no puede inferirseo gei1erarse de otros medios de investigación o de prueba;sino de hechos que se han tenido por probados y queconstituyen indicios, viciándose así los artículos 498 y 500del Código Procesal Penal. Asimismo al plantear elCUARTO error de derecho en la apreciación de la pruebamuestra su inconformidad porque la Sala asienta en el falloque su responsabilidad se evidenció con los testigos a quealude, sosteniendo que apreciando en conjunto tanto laprueba directa consistente en la testimonial mencionada,como la "presunción" que según el tribunal general lasdeclaraciones del literal "B", les otorga tanto a la prueba detestigos como a la prueba indirecta constituida por talpresunción el mismo valor probatorio con lo cual seinfringió el artículo 694 del Código Procesal Penal. Encuanto a estos dos errores relativos a la pruebapresuncional, verificado el estudio comparativo se concluyeen su improcedencia, pues en lo que se refiere al casoseñalado como TERCER error, señalan como infringidos losartículos 498 y 500 del citado Código, pero estas normas serefieren a modos de integración de tal prueba, pero no secitaron art(culos relacionados con la estimativa probatoria;y en lo que respecta al CUARTO error se cumplióparcialmente con este requisito; por otra parte, ha quedadoestablecido con carácter jurisprudencia! que cuando seintroduce recurso de casación impugnado la pruebapresuncional, es necesario que se impugne la apreciación dela prueba que da por establecido los hechos de los cuales hasido deducida por el Tribunal de instancia, lo que no ocurreen ninguno de estos dos casos planteados por el recurrentepor lo mismo conlleva a su improcedencia.IVEn cuanto al SEXTO error de derecho en laapreciación de la prueba, se le da asidero en la circunstanciade que se dio valor probatorio al dicho de Félix DíazGarcfa, no obstante las deficiencias y contradicciones enque incurre las cuales en forma pormenorizada se refiere elrecurrente quien expresa que con tal proceder la Salasentenciadora infringió los artículos 638, 653 y 655 delCódigo Procesal Penal ya que dicha declaración por sercontradictoria ·por las razones que menciona no merececrédito y que no fue valorada acorde can el sistema de lasana crítica. En cuanto a este caso conviene tener presente


72 GACETA DE TRffiUNALESque la técnica del recurso aconseja que cuando se denuncieinfracción de norma debe de asentarse claramente si seinfringió por violación de ley, aplicación indebida ointerpretación errónea lo que no se hizo en el presente caso;asimismo no se dejó sentado con claridad si el artículo 638 delCódigo Procesal Penal que es el específico con relación a lasana crrtica, fue infringido en su totalidad o en algunas de suspartes tal como el mismo recurrente lo indicó con precisiónen el se-gundo error denunciado, y esto conlleva a ·laimprocedencia derivada de que la imprecisión hace imposibleel análisis comparativo correspondiente.VEn cuanto al NOVENO e-rror de derecho en laapreciación de la prueba denunciado se base en que la Salasentenciadora reconoce valor probatorio a la declaración deEverildo Dávila Lara, no obstante las contradicciones que semencionan en la exposición fáctica de su recurso y que alreconocerle tal valor se infringieron los·artrculos 638 y 653del Código Procesal Penal, según los cuales las declaracionesde testigos deben valorarse conforme las reglas de la sanacrítica y según la lógica más elemental resulta imposible creerque si una persona va coi-riendo con una pistola en la manopor determinado lugar esa misma persona al mismo tiempoesté haciendo disparos con arma de fuego en lugar diferente.En cuanto a este error cabe considerar lo que Ya se dijoanteriormente en el sentido de que no se concretó si elartículo 638 del instrumento legal citado, fue infringidoparcial o totalmente ni se fomuló tesis impugnativasatisfactoria al respecto.LEYES APLICABLES:Artículos citados y 44, 53, 62, 74, 240, 246 de laConstitución de la República; 1, 32, 40, 60, 67, 181, 182,193,244,305,318,498,499,500,501,502,506,616,629,641,643,645,652,653,657,669,679,694,696,697,700,740, 741, 743, 745 Numeral VIII, 752, 759, del CódigoProcesal Penal; 32, 38, inciso 2o., 157, 158, 159, 169 de laLey del Organismo Judicial.POR TANTO:LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL, DECLARA: Improcedente el recurso extraordinariode casación interpuesto por Hipólito Garcfa López, contra lasentenc;a proferida por la Sala Novena de la Corte deApelaciones, con sede en Antigua Guatemala, el veintiséis defebrero del año en curso; como consecuencia impone alrecurrente una multa de veinticinco quetzales que deberáenterar a la Tesorería del Organismo Judicial dentro deltérmino de tres días. cuidando el tribunal ejecutor que secumpla con esto. Notitrquese y con certificación de loresuelto devuélvanse los antecedentes a donde corresponde.(fs) C. E. Ovando B. ·--A. E. Maza riegos G. ---Juan José Rodas.--'J. Felipe Dardón G. --R. Rodríguez R. ---Ante mí: M.Alvarez Lobos.-PENALRecurso extraordinario de casación interpuesto porGuillermo Oswaldo Motán Castro, contra la sentenciaproferida el quince di: febrero del año en curso por la SalaSexta de la Corte de Apelaciones.DOCTRINA:Si los hechos que se declaran probados por un Tribunalde Segunda 1 nstancia. se estiman como un delito distinto delque corresponde conforme la realidad del proceso se incurreen error de derecho en su calificación.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL: Guatemala. diecisiete de junio de mil novecientosochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso extraordinariode casación interpuesto por Guillermo Oswaldo MoránCastro, contra la sentencia proferida el quince de febrero delaño en curso por la Sala Sexta de la Corte de Apelaciones en elproceso que por el delito de Homicidio le tUera incoado en elJuzgado de Primera Instancia del departamento de Zacapa.Consta en el proceso que es de veintidos años de edad. soltero.guatemalteco. estudiante. con domicilio en el departamentomencionado y residencia en la cárcel departamental, hijo deJuan Bautista Morán Lobos y de Martha Julia Castro R ivas,no ha prestado servicio militar. no tiene apodo conocido ni haestad? detenido antes. Aparecen como sujetos procesales.ademas d~l_ recurrente. el Ministerio Público. no huboacusador particular, actuó como defensor el LicenciadoManuel Francisco Cordón y Cordón y como abogado directordel recurso el Licenciado Carlos Humberto Rosal .. Martínez.EXTRACTO DE LA SENTENCIA RECUA RIDALa Sala contra cuyo tallo se recurre, con fecha quincede febrero .del año en curso lo dictó confirmando el dePrimera instancia con la reforma de que impone al procesado;la pena de ocho años de prisión correccionalinconmutables; habiendo expresado que se sometió aprocedimiento criminal al encausado acusado de que el díaveintiuno de julio del año pasado como a las dieciséis horascon quince minutos. en la terminal de buses de la ciudad deZacapa, fr~nte a la distribuidora La Montaña. sin motivoalguno desenfundó un arma que portaba con la cual le hizo undisparo a Rolando Barahona Pinto habiéndolo lesionado aconsecuencia de lo cual falleció el veintiocho del mismo mes.Se asienta que el procesado en su declaración indagatoriaexpresó que el día de autos, se acercó su amigo (el hoy occiso)Rolando Barahona Pinto a pedirle que le mostrara su pistola,con tan mala suerte que al sacarla con poco cuidado paramostrársela, el percutor se le trabó en la trabila o pretina delpantalón y se disparó hiriendo al ofendido en la regiónumbilical derecha ante lo cual lo condujo de jnmediato en untaxi al hospital para su curación. Expresa el tribunal que en elproceso aparece la declaración del agente de la policíanacional Fermín Ortrn Mejra a quien únicamente consta elarribo del herido al hospital y la versión del procesado de queaccidentalmente se le habla ido un tiro ocasionando !.. ionesal ofendido; Estela Garcl a de Oliva indicó que solamente oyóun disparo y vio herido al ofendido y al procesado quien seinclinaba a recogerlo, Roberto Ezequiel Vargas Leivaqueviocuando el procesado sacó el arma sin duda para mostrársela alhoy fallecido; que al momento oyó un disparo cayendoherido, y que el procesado se dedicó a levantarlo; MarraCristina Osuna Hernández quien manifestó que vio a MoránCastro y a Barahona Pinto platicando frente al negocio LaMontaña, conversando acerca de armas de fuego que viocuando aquél sacó un arma de fuego y luego de oír un disparocayó el otro herido;- Dolores Hernández Mej ía expresó quevio cuando el procesado tenía un arma en la mano platicandocon el ahora occiso. pero que no apreció cuando le disparó.Obra en et proceso la declaración de la madre del occiso quienindicó no constarle nada de los hechos; Israel Pinto Orellanaquien dijo que vio cuando et reo amenazó con su revolver alocciso, diciendo: "le hago un hoyo a aquel". Luego asienta laSala en el fallo que la declaración del procesado constituyeplena prueba para un fallo de condena y hace alusión a lasotras declaraciones ya analizadas llegando a la conclusión deque el procesado cometió el delito investigado estimando quela prueba de dermonitratos practicada en Morán Castro saliópositiva y teniéndolo en conclusión como autor del delito de


GACETA DE TRIBUNALEShomicidio e imponiéndole la pena de ocho años de prisióninconmutables, confirmando con esta reforma el fallodictado por el juez 'de Primera 1 nstancia Departamental.EXPOSICION FACTICO-JUR ID ICA:Expresa el recurrente que interpone recurso decasación por motivo de fondo,. con base en el caso deprocedencia contenido en el inciso 111 del articulo 745 delCódigo Procesal Penal, porque si bien constituyen delitos loshechos que se declararon probados en la sentencia, se cometióerror de derecho en su calificación, luego asienta:"Efectivamente en la parte considerativa de la sentenciarecurrida, la Sala sentenciadora textualmente tiene porprobado, que el recurrente "Al declarar en forma indagatoriamanifiesta que el día de autos, se acercó su amigo el occisoRolando Barahona Pinto a pedirle que se le mostrara supistola, con tan mala suerte que al sacarla con poco cuidadopara mostrárselél, el percutor se trabó en la trabilla o pretinadel pantalón y se disparó, hiriendo al ofendido en la regiónumbilical derecha, ante lo cual lo condujo de inmediato en untaxi al Hospital para su curación". También tiene porprobado la Sala, que al declarar el policfa nacional FermínOrtil Mejla "únicamente le consta el arribo del herido alHospital y la versión del procesado de que accidentalmente sele hab(a ido un tiro lesionando al ofendido". También se tienepor probado ~lo djj;M oor la testigQ Mirna Estela García deOliva: ..... /'quien manifiesta que solamente oyó undisparo, vio al ofendido y al procesado en el momento que se~inclinaba para recogerlo para su traslado al hospital". Eltribunal sentenciador igualmente tiene por probado lo dichopor el testigo Roberto Ezequiel Vargas Leiva, "el que indicahaber visto cuando Morán Castro sacó un arma de fuego, sinduda para mostrársela a B'"arahona Pinto, que al momento oyóel disparo, cayendo herido este último y Morán Castro sededicó a levantarlo". El fallo impugnado asientatextualmente: "De las declaraciones testimoniales dedescargo solamente Roberto Ezequiel Vargas Leiva corroborala declaración del procesado en el sentido de que al sacar ésteel arma para mostrársela sin duda al occiso, aquella sedisparó". De donde se concluye que la Sala le da todo su valorprobatOrio a dicha declaración, teniendo por consecuenciapor probado que la muerte del señor Barahona Pinto fue~ausada en forma imprudente por el oresentado, es decir,culposamente y no dolosamente. Dicho testigo no fuetachado, declaró constantemente con lo depuesto por mí,inclus-ive se tuvo por ciertos y probados los hechos expuestos,tanto es así, que la propia Sala afirma, que su declaracióncorrobora la mí a, de donde se llega a la conclusión, queefectivamente ese Tribunal de segundo grado, cuyo falloimpugno, tiene por probado que cometí el delito dehomici~io culposo en la persona del señor Rolando BarahonaPinto, sin embargo cometió el error de derecho de calificarlocomo homicidio simple. LOS ARTICULOS E INCISOS DELA LEY Y LAS DOCTRINAS LEGALES QUE SE ESTIMENINFRINGIDOS, EXPRÉSANDOSE LAS RAZONES YMOTIVOS DE LA INFRACCION. El recurrente estima quese infringieron por parte de la Sala sentenciadora al dictarse elfallo que se impugna las siguientes normas jurfdicas:Artículos 11, 12 (en sus dos párrafos), 123 (en su primerpárrafo) y 127 (en su primer párrafo) del Código Penal(Decreto número 17-73 del Congreso de la República). Lainfracción a dichas normas se concreta en lo siguiente: Losartículos 11 y 123 del indicado Código por haberse aplicadoindebidamente y los artfculos 12 y 127 por inaplicación;efectivamente el articulo 11 del Código Penal, establece queel delito es doloso, cuando el resultado ha sido previsto ocuando, sin perseguir ese resultado, el autor se lo representacomo posible y ejecuta el acto: por su parte, el artfculo 123del referido cuerpo de leyes, en la parte que-se denuncia comoinfringida estatuye que comete homicidio quien diere muertea alguna persona. Al interrelacionarse estos dos preceptos, sepUEde definif que comete el delito de homicidio quien dieremuerte a otra persona, siempre que el resultado haya sidoprevisto o .cuando, sin perseguir ese resultado. el autor se lorepresenta como posible y ejecuta, el act9;- lo_ queprecisamente no es el caso del fallecimiento deJ señorRolando BBrahona Pinto, porque la Sala sentenciadora tuvopor probado que yo admití que el hecho se com~tió por meraimprudencia y que el testigo Roberto Ezequiel Vargas Leiva,corroboró mi declaración, consecuentemente el Tribunal_sentenciador tuvo por probado que el hecho no se realizómediante dolo, sin embargo cometió el error de derecho decalificarlo equivocadamente. ·Por otrolqdo se infringieron los artículos 12 del. CódigoPenal, que dice: El delito es culposo, cuando con ocasión deacciones u omisiones lícitas, se causa un mal por imprudencia,negligencia o impericia. Los hechos culposos son punibtes enlos casos expresamente determinados por la ley; y el 12.7 .qelmismo cuerpo de leyes, en su primer párrafo, que literalmenteexpresa: Al autor de homicidio culposo se le sancionará conprisión de dos a cinco años. Relacionando ambos preceptos se_llega a que comete homicidio culposo, quien diere muerte _aalguna persona, con ocasión de acciones u omisiones lícitaspor imprudencia, negligencia o impericia a cuyo autor se leimpondrá la pena de dos a cinco años. Que efectivamente es lafigura delictiva de la cual soy autor, ya que por mostrar unarmá de fuego al occiso, lo cual es una acción lícita, pero poruna mera imprudencia, no manipular debidamente el arma,causé la muerte de Rolando Barahona Pinto, que es la verdad.real e histórica, la que admitió en mi declaración indagatoria,­y así lo tuvo por probado la Sala de Apelacione


GACETA DE TRIBUNALESinCtirFró en 'el error denunciado, pues calificó el ilrcitoilívestigádb l:(>ma constitutivo del delito de homicidio sinteOérbástante fáctico-jur(dico para hacerlo, pues tomandotifil Cliehta 1o_s hechos que quedaron probados_con el material~ue


GACETA DE TRWUNALES 75contenido en el numeral 111 del art(culo SETECIENTOSCUARENTA Y CINCO del Código Procesal Penal que serefiere a· "Cuando constituyendo delito los hechos que seconsideran probados en la sentencia, se haya cometido errorde derecho en su calificación." Se considera cometido esteerror de parte de la sala sentenciadora. CUando la mismaconsidera y declara probados de conformidad con la ley unaserie de hechos fundamentalmente la participación activa delprocesado en el o los delitos investigados, es decir suCULPABILIDAD;· pero al realizar el tribunal de segundogrado la adecuación de la conducta o tipificación, dentro deuna o varias de las figuras delictivas prev,istas previamente enel Código Penal, se desnaturaliza el contenido exacto de lamisma, produciéndose lo que perfectamente podría llamarseuna equivocación o error en la tipificaciónj en otras palabras,en vez de realizar el encuadramiento correcto yabsolutamente apegado a la realidad jurídica y procesal delcaso, se produce una TIPIFICACION ERRONEA.--Otra delas caracterfsticas del recurso extraordinario de casación porel caso de procedencia ya indicado es que en el mismo, eltribunal al resoiWr-debe en forma absolt.Lta RESPETAR loshechos que la Sala tuvo por probados, pues ya se indicó quecon base en ellos determinarse sí existe error de derecho en sucalificación, tal como se afirma en la sentencia del caso quehoy se resuelve; pero en la misma se hacen algunasconsideraciones sobre el valor jurfdico de algunos elementosde prueba {en la casación), se hacen consideraciones sobre ladeclaración del procesado, relacionándola con la de RobertoEzequíeJ Vargas Oliva; conteniendo además consideracionessobre otras declaraciones testificales cc;m referencia a ladeclaración de Israel Pinto Orellana; derivándose delcontenido y eficacia jurídica probatoria de los elementos deconvicción ya mencionados, la viabilidad del recurso decasación; con la cual en realidad no se están respetando loshechos que la Sala tuvo por probados, sino que pot elcontrario se les están introduciendo al menos a uno de ellos(al principal) una config..¡ración jurfdica distinta; deduciendode tal situación, la viabilidad del recurso por error de derechoen la calificación de los mismos; pero de acuerdo a reiteradocriterio de este Tribunal y de acuerdo al punto de vista delfirmante; las pruebas sólo pudieron haber sido analizadas, sise hubiera interpuesto el recurso también por error dederecho o por error de hecho en la apreciación de 185 mismas;pero no habiéndose invocado ninguno de esos sub-casos, elTribunal de Casación, a juicio del suscrito, ninguna facultadtenra para estudiar la eficacia de las pruebas y hastacambiarla. En virtud de lo anterior, el infrascrito es delcriterio que con fundamento en los hechos que la Sala tuvopor probados, los que deben ser efectivamente respetados yde acuerdo a la teoría general del recurso de Casación la Sa_l~no cometió ningún error de derecho en su calificación de losmismos. el suscrito no encuentra elementos para podersostener que se trate de un delito culposo; el que tienecaracterísticas propias que lo hacen diferente del delitodoloso. Con base en las consideraciones anteriores firmo laresolución pero con voto razonado; lamentando disentir en elpresente.caso, del autorizado criterio de los miembros de estaCámara; suscribiéndome de los mismos con muestras deconsideración, como su siempre atento y seguroservidor.---Guatemala, 17 de junio de 1980.(f} A.E.Maza riegos G."--PENAL:Recurso de casación presentado por FreddyHer'melindo Santos Gómez, en su calidad de defensor deoficio del procesado Jorge Abraham Cortes Cabrera o JorgeAbraham Cortez Cabrera.OOCTRINA:1.- Para que prospere el recurso extraordinario decasación por infracci6n a norma constitucional, debe haberseproducido en la realidad del proceso tal infracción y la otra dela norma legal infringida debe ser de la misma naturaleza.11.- Cuando se acuse quebtantamiento sustancial deprocedimiento, los fundamentos del recurso deben serrealmente concordantescon la ley citada como infringida.111.- El recurso extraordinario de casación por error dederecho en la apreciación de la prueba, requiere para suviabilidad que con la técnica de la mecánica procesalinherente a esta clase de recursos, se citen como infringidas,n9rmas de auténtica estimativa probatoria.IV.- Para que pueda casarse un fallo por error de hechoen la apreciación de la prueba, tal error deQe demostrar demodo evidente, la equivocación de los juzgadores.CORTE SUPREMA OE JUSTICIA, CAMARAPENAL: Guatemala, veintitrés de junio de mil novecientosochenta.Se tiene a la vista para resolveF, el recursoextraordinario de casación presentado por FREDOYHERMELINOO SANTOS GOMEZ, en su calidad de defensorde oficio del procesadO de nombre JORGE ABRAHAMCORTES CABRERA o JORGE ABRAHAM CORTEZCABRERA, contra la sentencia condenatoria dictada por laSala Tercera de la Corte de Apelaciones, el once de diciembrede mil novecientos setenta y nueve, por medio de la cual sedeclara al procesado ya mencionado, autor responsable de losdelitos de ASESINATO Y OOBLE VIOLACION:apareciendo como acusador particular Fulgencio lópezHernández como padre y en representación de la menor SilviaGuadalupe López Arias; Marfa Concepción Rodrfguez deúnico apellido como madr-e de la menor Sonia MaribelRodríguez (no le aparece otro apellido); como acusadoroficial actuó el Ministerio Público por mediO de los auxiliaresde fiscalía, Abogados Héctor Abe! Calderón Véliz, RodolfoBolaños "R" y Ha roldo Cabrera Enrlquez; como defensor delprocesado actuó la persona ya mencionada y lo dirige yauxilia en la interposición del presente recurso el AbogadoMarco Antonio Dardón Castillo; de conformidad con lasconstancias de autos, el recurrente es de los siguientes datosde identificación personal: de treinta y dos años de edad,soltero, guatemalteco, Perito Contador, estudiante, pasantedel Bufete Popular de la Universidad de San Carlos deGuatemala, con domicilio en el Departamento de Guatemala,con residencia en' la diecisiete calle •• A" cuatro- cincuenta yocho de la zona tres, lugar que señaló para recibirnotificaciones, citaciones y emplazamientos; y del estudio yanálisis que sthace de las actuaciones.RESULTA OEL RESUMEN OE LA SENTENCIARECURRIOA:Se trata de la sentencia condenatoria proferida por laSala Tercera de la Corte de Apelaciones el once de diciembrede mil novecientos setenta y nueve, la cual en su parteresolutiva textualmente dice: "CONFIRMA la sentenciaelevada en apelación únicamente en la parte que esabsolutoria para el procesado en relación con los hechos quese refieren a la violación de la menor Silvia Guadalupe LópezArias, por falta de plena prueba de la culpabilidad de JorgeAbraham Cortés Cabrera en lo que a ese hecho se refiere, y laREVOCA en la parte que lo absuelve también de los hechosrelacionados con la menor Sonia Maribel Rodr(guez;resolviendo sobre ese extremo esta Sala DECI:-ARA: a) queJorge Abraham Cortés Cabrera es autor de un delito deviolación calificada, precedida de la sustracción de la menorSonia Maribel Rodríguez y seguida de su muerte, hechos queforman un concurso ideal; b) lo CONDENA a sufrir la pena detreinta años de prisión, que por su duración es inconmutable;e) la pena impuesta deberá ser cumplida en el lugar quedesigne la Presidencia del Organismo Judicial, abonándoselala prisión sufrida durante la instrucción del proceso; d) se lecondena al pago de las costas judiciales y a la reposición delpapel empleado en la causa; e) se le suspende en el ejercicio desus derechos poi lticos por todo el tiempo de la condena y e)se le condena al pago dentro de tercero dla, de la suma de tresmil quetzal es (0.3,000.00) en concepto de responsabilidadesciviles a favor de quien resulte heredero de la menor Sonia'Maribel Rodrrguez. NOTIFJQUESE y devuélvase concertificación de lo resuelto". El análisis jurfdico de lasentencia impugnada mediante el recurso extraordinario de


76 (;ACETA DE TRIBLNALEScasación, se hará juntamente con el estudio del mismo, en laparte considerativa del presente fallo.RESULTA DE LA RECTIFICACION DE LOSHECHOS RELACIONADOS CON INEXACTITUD:Del estudio realizado no se encontró que ninguno de losrelacionados en el recurso haya sido descrito con inexactitud,entendiendo este concepto en su sentido natural y obvio,salvo apreciaciones de mero criterio jurídico; con laaclaración anterior se puede afirmar que se encuentraadecuada la relación histórica que el recurrente hizo de losmismos.RESULTA DE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALESDEL MEMORIAL CONTENTIVO DEL RECURSO:El recurrente interpuso en primer lugar recurso decasación según el mismo lo indica en su memorial por"quebrantamiento SUSTANCIAL del procedimiento" y paraello invoca como caso de procedencia el numeral IV delartfculo SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS del CódigoProcesal Penal, haciando un análisis comentado de algunas delas partes considerativas de la sentencia impugnada,acogiéndose al caso de procedencia que en la ley aparece así:.. cuando en la sentencia no se exprese clara yterminantemente cuáles- son los hechos que se consideranprobados, o resulte manifiesta contradicción entre ellos",también se fundamenta en la interposición del recursoextraordinario de cas·ación que hoy se estudia, en et caso deprocedencia contenido en el numeral VIII el artículo delCódigo Procesal Penal ya citado, que se refiere a ta situaciónprocesal consistente en "incongruencia del fallo con loshechos y circunstancias que hubieran sido objeto delproceso", indicando varias razones, entre ellas que se violó "ladefensa en juicio del proce.sado". Interpone también elrecurrente recurso extraordinario de casación "por MOTIVODE FONDO", y para ello se acoge a lo dispuesto en el numeralIX del artfculo SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO delCódigo Procesal Penal, denunciando que en el presente caso yde acuerdo a su criterio la Sala sentenciadora incurrió en"infracción a norma constitucional"" argumentando parafundamentar su afirmación; también manifiesta que dea~uerdo a su punto de vista el tribunal que dictó la sentenciaimpugnada también incurrió en "error de derecho en laapreciación de las pruebas, dec acuerdo al sub-caso deprocedencia contenido en el numeral VIII del artfculo delCódigo Procesal Penal últimamente citado, y que seinfringieron las reglas del sistema de valoración de la pruebadenominado 11 sana critica", haciendo una relación de cadauna de esas reglas y de las razones por las cuales estima que"enel caso de estudio, fueron infringidas por la Sala, hace ademásun análisis comentado de fracciones de la parte cansiderativade la sentencia del tribunal de segundo grado, que consideróprocedentes para fundamentar la acción de casaciónintentada; hace además un análtsis comentado de acuerdo a supunto de vista de la forma como la Sala analizó y valoró cadauna de las pruebas que individualmente c.ita y comenta; sumemorial contiene además Jos fundamentas jurídicos en quebasa las aseveraciones de su recurso, las que como es lógicoanalizarán en la parte del presente fallo, que se referirá a lascorrespondientes consideraciones jurf dicas.RESULTA DE LAS ALEGACIONES DE LASPARTES:En 1 a oportunidad procesal correspondiente, elrecurrente hizo uso de la audiencia que le fuera conferidareiterando los conceptos de su memorial ihicial.RESULTA DE LOS HECHOS JUSTICIABLES:Los que fueron señalados al encausado aparecenliteralmente transcritos en las sentencias de primero ysegundo grado, por lo que la inclusión de los mismos en elpresente fallo, es procesal mente improcedente.Habiéndose señalado para la vista el día veintitrés demayo del presente año, es el caso de hacer las consideracionesjurídicas correspondientes, las que han de ser V' ir para orientarla fase decisoria del presente fallo; y,CONSIDERANDO:- 1 -De conformidad con el último párrafo de la doctrinadel artfculo SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE delCódigo Procesal Penal, cuando se tratare de violación degarantía constitucional. .. "en todo caso, antes de cualquierotro análisis, se hará el que a esta materia corresponda". Enaplicación de la disposición imperativa anteriormentetranscrita este .Tribunal procede al análisis de la parte delrecurso que se refiere a "infracción a norma constitucional";y al respecto conveniente se considera hacer constar que elrecurrente al plantear recurso extraordinario de casación pormotivos de fondo, manifestó que acogiéndose al caso deprocedencia contenido en el numeral IX del -artículoSETECIENTOS CUARENTA Y CINCO del Códigoanteriormente citado, fundamentaba parte de su acciónprocesal de casación, en ia circunstancia que de acuerdo a sucriterio la Sala al proferir su fallo, había incurrido enviolación a norma constitucional, y al respecto manifestó enforma concreta que acusaba como infringida de parte de laSala sentenciadora, la norma contenida en el articuloCINCUENTA Y TRES de la Constitución de la República,que dice que nadie puede ser condenado sin haber sido citado,ofdo y vencido en proceso legal seguido ante tribunales oautoridades. competentes y preestablecidas; en el que seobserven ~as formal ida des y garantfas esenciales del mismo; ytampoco podr_! ",,,;r a'!'ectado temporalmente en sus derechos,sino en virtud de procedimiento que reúna Jos mismosrequisitos ... manifiesta el recurrente: ''En el presente caso seha- violado la defensa que tiene derecho por mandatoConstitucional, el señor JORGE ABRAHAM CORTEZCABRERA -procesado-, porque se le ha condenado por lahonorable Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, por elDELITO DI( RAPTO, sin que se le haya motivado auto deprisión provisíonal por dicho delito (la anterior no es cierto,en ningún momento la Sala sentenciadora, condenó alprocesado por el delito de rapto, como equivocadamente loafirma el recurrente) y sin que se le haya señalado el hechoconcreto y justiciable por ese delito; (los hechas concretos yjusticiables no se señalan de acuerdo a una valoración aconcepción puramente jurídica; sino de acuerdo a situacionesde orden estrictamente fáctico), en consecuencia, no existiójuicio penal por ese hecho, viciándose las garantíasconstitucionales, como es la defensa en juicio, así como lasgarantras procesales, establecidas en nuestro ordenamientojurídico, como es la norma ya citada de la Constitución de laRepública ..."; el recurrente cita como infringidos artrculosdel Código l'l-ocesal Penal y uno del Código Penal, perotratándose que está invocando el sub-caso de procedenciareferente a la "infracción a norma constitucio"nal" por lógicajurídica, únicamente pueden citarse como infringidas,normas constitucionales, por lo que analizar las otrasdisposiciones citadas, no está dentro de las espec(ficasfacultades procesales de este Tribunal de Casación. La partefundamental del argumento del recurrente para afirmar que laSala de Apelaciones al dictar el fallo impugnado, incurrió eninfracción a norma constitucional, se basa en una premisaequivocada y que no es cierta, pues como ya se indicóanteriormente, el procesado no fue sentenciado por el delitode rapto; y cuando se formula un hecho concreto y justiciablepara que se prOnuncie el procesado y el misma pase a formarparte de la litis, el criterio es fáctico y no jurídico, con lo cualse concluye que la otra premisa del recurrente no esjurídicamente atendible; lo que hace que este Tribunal, no


GACETA DE TRffiUNALEStenga la posibilidad juiídica de analizar la denunciadainfracción a norma constitucional, pues cuando las premisasno están basadas en la realidad fáctica y jurídica, a ningunaconclusión cierta puede llegarse; las razones anteriores sonsuficientes para que este Tribunal no pueda aceptar la partedel recurso de casación que se refiere a violación a norma~constitucional, por lo que al respecto, debe resolverse loprocedente.- 11-t:n el presente caso el recurrente también planteó surecurso extraordinario de casación porQUEBRANTAMIENTO SUSTANCIAL DELPROCEDIMIENTO, invocando al respecto dos sub-casos,oontenidos en el numeral V del artículo SETECIENTOSCUARENTA Y SEIS DEL Código Procesal Penal que serefiere a la situación procesal existente "cuando en lasentencia no se expresa clara y terminantemente, cuáles sonlos hechos que se consideran probados, o resulte manifiestacontradicción entre ellos", al respecto y en su parte esencial yconducente el recurr~nte a'lJumenta: "Con base en eseprincipio doctrinario (se umere a que el quebrantamiento deprocedimiento implica violación, infracción,desconocimiento, omisión o negación respecto a las leyesprocesales) se desprende que en el error denunciado no hubosólo OMISION SINO TAMBIEN NEGACION por parte de laSala sentenciadora, al no considerar los otros hechos queestán plenamente probados, según las constancias procesales.Esta denuncia la hago con fundamento en lo dispuesto en elsegundo párrafo del artfculo 747 del Código ProcesalPenal ... toda vez que el error se cometió en segunda instanciay en la sentencia proferida por la honorable Sala Tercera de laCorte de Apelaciones". El recurrente para argumentar yfundamentar sus puntos de vista. transcribe literal el siguientepárrafo de la Sala: "Esta Sala encuentra probado lo siguiente:a) en primer lugar debe considerarse probado el hecho de quela señora María Concepción Rodrfguez denunció desde elveintisiete de noviembre de mil novecientos setenta y seis a lasveintitrés horas y cuarenta y cinco minutos~ según consta enel parte rendido por la Policía al Juez Décimo de Paz de loPenal, que un individuo al que conocía con el sobrenombre de"copa rota" se había llevado a su hija Sonia Maribel, en formaviolenta, 'aproximadamente a las veinte horas y ..."; diceademás el recurrente: ,. En el párrafo transcritoanteriormente, no se menciona el lugar de la desaparición dela menor Sonia Maribel Rodrfguez. Ante ese hecho que la Salasentenciadora considera probado, se encuentra también elhecho que la señora María Concepción Rodríguez, tambiénpresentó denuncia en la sección de quejas y denuncias delCuerpo de Detectives de la Policfa Nacional a las quince horasdel día veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta yseis (denuncia que obra a folio treinta y tres de la primerapieza de primera instancia), en donde sindica al señor JORGELOPEZ MENDEZ, oomo responsable. del hecho, que de su"champa" se llevó a su hija Sonia Maribet Rodríguez, a eso delas diecinueve horas con treinta minutos. En el caso de análisisse evidencian las siguientes contradicciones y omisiones,derivadas de la parte del considerando 11 ya transcrito", Elrecurrente en varios numerales analiza las contradicciones aque el mismo hace referencia en el memorial contentivo delrecurso, fundamentalmente dice que en ninguna de ambasdenuncias se menciona el lugar de desaparición de SoniaMaribel, y que existe omisión para que ese hecho puedaconsiderarse probado; que la señora MarCa ConcepciónRodríguez también sindica a Jorge López Méndez personadistinta del procesado; entre otras cosas indica además que laSala también tuvo como otro hecho probado, que el treintade noviembre del mismo año, fue encontrado el cadáver de laniña Sonia Maribel oculto entre el monte en lugar apartado ~del tránsito dt las personas, a inmediaciones del anilloperiférico, según pudo constatar! o el Juez Segundo de Paz delo PenaL .. con evidentes muestras de haber sido violadosexualmente. Y estrangulada ... manifiesta el recurrente guede ello no puede deducirse que el autor oo ese hecho haYa sidoprecisamente el procesado, indicando además que con laautopsia practicada Por el médico forense se pretende dar otener por probada la muerte de la menor Sonia MaribelRodríguez y su violación, "pero la violación y muerte" seevidencia precisamente con el cadáver de la misma. Elrecurrente también comenta la circunstancia. de que la Salaotorgó valor para tener probados algunos hechos a lasdeclaraciones testificales de varias personas, entre ellas losagentes de policía; el recurrente afirma que en autos noconsta como lo dice la sentencia de segunda instancia que elprocesado les haya indicado a esos testigos, el lugar donde seencontraba el cadáver de la menor Sonia Maribel; agrega quela Sala da por probada la violación y la muerte con el dicho dedos agentes de policCa, que lo mismo sucede en la declaraciónde esos agentes en lo refe:-ente a la menor Silvia GuadalupeLópez Arias, sin embargo, no obstante que afirman lo mismoen este caso, no les otorgó ningún valor la Sala; finalmente,afirma el recurrente que la Sala al resumir los hechosdelictivos "para luego calificar tal consideración en la figuratipo como lo es el rapto (tal afirmación no es cierta); y que alconsiderar la Sala la existencia de un delito de violación-calificada y otro delito de asesinato, previstos en distintosart{culos del Código Penal, "no expresa clara yterminantemente cuál de estos dos hechos considera la Salaprobados, existiendo manifiesta contradicción entre ellos".En el presente caso de procedencia por queOFantamientosustancial de procedimiento invocado por el recurrente,prácticamente se dan dos sub-motivos de casación biendelimitádos; a) que no se exprese en la sentencia c1ara yterminantemente cuales son los hechos que se consideranprobados; y b) que resulte una manifiesta y evidentecontradicción entre tos hechos que el tribunal de segundogrado, haya considerado probados. Al respecto cabeconsiderar que la ley no exige una redacción absolutamenteperfecta desde el punto de vista estrictamente gramatical, loque la ley estima necesario, es que se diga qué hechos tiene eltribunal de segundo grado por debidamente probados. en loque a hechos propiamente punibles se refiere;la expresión delos hechos probados generalmente se hace en la parteconsiderativa del fallo, al realizarse el análisis de los medios deinvestigación y de prueba, recabados y rendidos dentro delproceso. En el presente caso el recurrente sostiene la tesis quela Sala sentenciadora al cometer el error denunciado no sólocometió OMISION sino también NEGACION, "al noconsiderar los otrOs hechos que están plenamente probados",es decir, que acepta que efectivamente consideró hechos queestán probados, pero que dede considerar otros quetambién están probados; al respecto cabe considerar que eltribunal de Gasación cuando conozca desde este primersub-caso, sus LIMITADAS facultades son única yexclusivamente para establecer si en la sentencia no seexpresan clara y , terminantemente- los hechos que seconsideren probados, y de la lectura del fallo de segundogrado, se concluye que la Sala si cumplió con esta exigencialegal, pues en la sentencia consta clara e indubitablemente,cuáles son los hechos punibles que consideró probados.cualquier tipo de error que hipotéticamente pudiera existir enlos mismos, podrf a ser analizado en otro sub-caso de casación;razones por las cuales es obvio que el recurso extraordinarioplanteado por este sub-caso, no encuentre camino jurídicoviable para prosperar, pues como ya se indicó, en ese sentidola sentencia de la Sala, si llena les requisitos de ley.Respetando los hechos que la Sala tuvo por probadoscorresponde ahora determinar a este Tribunal si existe


78 GACETA DE TRffiUNALESmanifiesta contradicción entre los mismoS, a efecto deestablecer si es factible que prospere el recurso, por el otrosub-caso planteado por el motivo denominadoquebrantamiento sustancial del procedimiento; y del análisisy estudio que se hace del memorial cqntentivo del recurso ydel contenido de la sentencia impugnada se concluyey: 1) paralos efectos de este sub-caso, la "manifiesta contradicción"debe existir única y exclusivamente entre los hechos puniblesque la Sala tuvo por probados. v no entre otros hechos que acriteriod:~l rerurrente, debió tener JXlr J:X"C)bados, pero no lo hizo;2) -este Tribunal al realizar la controntación analít1ca entretodos los hechos que la Sala tuvo por probados, no encuentraque exista entre ellos la "manifiesta contradicción" requeridapor la ley, para que un recurso de casación, por este sub-caso,puech ser declarado con Jugar; y 3) en esta parte de su recursoel recurrente hace otra serie de argumentos que más parecereferirse a otros sub-casos de procedencia contenidos en la leyprocesal penal. pero que no pueden ser atendibles para elsub-caso de procedencia que se estudia, por falta de relaciónlógica; en tal concepto debe resolverse lo procedente.El recurrente también inte:puso recurso extraordinariode casación por quebrantamiento sustancial deprocedimiento de conformidad con el sub-caso deprocedencia contenido en la doctrina del numeral VIIItambién del articulo SETECIENTOS CUARENTA Y SEISdel Código Procesal Penal que indica que procede el recursode casación por el motivo indicado cuando existauincongruencia del fallo con los hechos y circunstancias quehubieren sido objeto del proceso" manifestando el recurrentequea su juicio en el presente caso los hechos y circunstanciasque fueron objeto del proceso son: "UNO: la violación sexualde la menor Guadalupe López Arias, y la investigación yesclarecimiento del hecho, así como del autor; DOS: laviolación sexual y la muerte de la menor Sonia MaribelRodrfguez, único apellido y la averiguación del responsablede los hechosu. y continuando ca;, su equivocación elrecurrente afinna: .. pero no existe ningún hecho concreto yjusticiable ni se le motivó •. al procesado Jorge AbrahamCortez Cabrera, auto de prisión provisional por el delito derapto" por lo que afirma que considera infringidos variosartfculos del Código Procesal Penal que con el primero, el diezy el inciso tercero del artículo SEISCIENTOS DIECISIETE;al final de su argumentación~ en relación a este sub-caso elrecurrente argumenta también lo relacionado con infraccióna norma constitucional, es decir, con otro su~caso, lo queademás de ser antitécnico da lugar a confusión.Al respecto, este Tribunal de Casación estimaconveniente hacer constar, que el sub-caso de procedenciainvocado en la parte rlel recur!\o que se está analizando esabso:utamente taxativo, y requiere que se p¡oduzta en todasu extensión, exacutud y cabalidad una incongruencia delfallo con circunstancias que fueron objeto del proceso; en elcaso de estudio al analizar detenidamente los argumentos delrecurrente, en análisis Comparativo con la sentenciaimpugnada se concluye en lo siguiente: 1) el recurrente esabsolutamente concreto en sus argumentaciones al resumir endos los hechos que fueron objeto del proceso; 2) la Salasentenciadora en la parte medular de su fallo sf se refiere aesos hechos, absolviendo al procesado del cargo que elrecurrente_ expone como número U NO por falta de suficientepruebadeterminativade su culpabilidad y para ello en la parteconsiderativa de la sentencia, se hace referencia que despuésdel análisis valorativo de los elementos de convicciónexistentes, se llegó a la decisión que los mismos no tenían lasuficiente eficacia jurfdica probatoria. y como consecuencia,el. tribunal de segundo grado, dictó sentencia absolutoria afavor del procesado; en reladón al hecho identificado omencionado por el recurrente como el número DOS, la Sala alrealizar la labor de asunción y valoración de la prueba,llegó ala conclusión que existía prueba en contra del encausado y locondenó como autor responsable de los mismos,imponiéndole las sanciones establecidas en la ley. y deacuerdo al sistema de la pena relativamtne indeterminada; 3)Como ya se consideró el recurrente al argumentar en relación-a este sub-caso, insiste en las afirmaciones relacionadas coninfracción a norma constitucional, lo que es antitécnico ydificulta al tribunal al estricto análisis campa rativo, y por otraparte el recurrente insiste en la equivocación de afirmar que eltribunal de segundo grado, sentenció al procesado por eldelito de RAPTO,Io que no es cierto; 4) las razones invocadasal confrontarlas con el fallo de segunda instancia, no sonracionalmente idóneas para llegar a la lógica e inequívocaconclusión que existe incongruencia del fallo con los hechos ycircunstancias que fueron objeto del proceso, por lo que elrecurso de casación planteado por tal sub-motivo, esteTribunal 'tampoco está posibilitado jurídicamente dedeclararlo procedente; por lo que ef' tal sentido deberesolverse lo que corresponde.. 111-Como primera base jurídica de la acción de casaciónintentada por motivo de fondo, el recurrente se acogió al casode procédencia denominado "infracción a nonnaconstitucional", pero como nuestro ordel_lamiento procesalpenal vigente, establece que en todo caso se hará previamenteel análisis que a esta materia se refiere; el estudio yconsideraciones referentes a este caso de procedenciainvocado, ya se hizo al principio del presente fallo. Comosegunda base jurídica de la acción intentada por motivo defondo, el recurrente invoca el sub-caso de procedenciadenominado error de derecho en la apreciación de la prueba,previsto en el primer párrafo del numeral VIII. del artículonúmero SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO del CódigoProcesal Penal y al respecto manifiestá: "Existe error dederecho en la apreciación de las pruebas, cuando el juzgadorse equivoca al autorizar las pruebas que analiza ya fuere pormala interpretación de las leyes concernientes a la estfmativaprobatoria, o por falta de aplicación de las mismas, o bien leniega el valor que le asigna la ley, o no se otorga en todo sualcance ... de conformidad con el articulo 638 del CódigoProcesal Penal ... en general los Jueces- están obligados avalorar las pruebas empleando las reglas que en derecho sedenominan ""SANA CRITICA"". Además, esa normaprocesal enumera cuáles son las reglas de la sana crítica, quefundamentalmente deben emplear los jueces en la motivaciónde sus decisiones ... " seguidamente el recurrente ofrece unconcepto de lo que de acuerdo a su punto de vista debeentenderse por experiencia, la lógica, la que divide en variosprincipios el de identidad, el de contradicción, el terceroexcluí do, el de razón suficiente, las leyes del silogismo; y alfinal dice: "la naturaleza de cada uno de estos principios oleyes del pensamiento y la forma como funcionan en elámbito puramente jurí elico, son del conocimiento de todos ycada uno de los señores Jueces y Magistrados de todas lasjerarquías. De donde deviene procedente denunciar viciadoun fallo en donde falta una sola de esas leyes y reglas de lógica,como la sentencia recurrida". El recurrente continúa suargumentación ofreciendo conceptos fundamentales sobre"la relación de cada uno de los medios de prueba con losrestantes", "del debido razonamiento sobre los motivos quepudiera tener para estimara desestimar medios probatorios".Seguidamente el recurrente después de los comentarios yamencionados, entra a fundamentar los errores de derecho enla apreciOCión de la prueba comentado en forma separada,párrafos completos de la sentencia de segunda instancia, alrespecto es de importancia transcribir las siguientes frases delrecurrente: "Es lamentable y desafortunado, la forma comose principia ... porque la Sala al decir ""esta Sala encuentra


GACETA DE TRIDUNALES 79probado"", refiriéndose a los hechos denunciados por MaríaConcepción Rodríguez, consistentes en que el procesado sellevó con engaño a su hija Sonia Maribel Rodríguez, de nueveaños de edad y que posteriormente la violó sexualmente yluego le dio muerte A PR lOA 1 da por probada la culpabilidaddel procesado, sin hacer ningún análisis de las pruebas, porqueprecisamente este análisis puede establecer si es o no culpable,y no como consideró la Sala sentenciadora, ya que partió deun presupuesto APRIORISTICO al determinar lae;ulpabilidad del procesado sin analizar las constanciasprocesales, violando el silogismo como principio de la lógica,y ésta a su vez como regla de la sana crítica", indica además elrecurrente que la acusadora particular Marfa ConcepciónRodríguez, fue legalmente citada para responder alinterrogatorio que mediante llamamiento especial se leformulara y, al no comparecer a la audiencia señalada, suausencia es desfavorable a su' pretensión y la Sala según elrecurrente infringió los artfculos SEISCIENTOS SESENTAY TRES, SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO primerpárrafo y SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO del CódigoProcesal Penal; manifiesta que la Sala viola principios deorden lógico, pues sin sentar una premisa mayor v uppa menor,violentamente salta a la conclusión principiando su análisispor la afirmación que se tiene como hecho probado laculpabilidad del procesado, sin hacer ningún estudio-jurídicoprevio. Sigue manifestando el recurrente que en la primeraparte de su exposición la Sala da credibilidad a la declaraciónde "unos vecinos" sin identificarlos y sin que esasdeclaraciones consten en autos, es decir, que se llegue a lamera conjetura y no a la conclusión lógica y en la segundaparte de sus elementos considenltivos la Sala dice nuevamenteal usar la expresión por el dicho de varias personas",pero noindica los nombres y el número de esas personas para quemerezcan el calificativo de varias, no se refiere a ningunadeclaración que concretamente aparezca físicamente en elproceso; en otra parte de su memorial el recurrente al analizarel fallo impugnado, en el que se afinna que está plenamenteprobado el lugar donde apareció el cadáver de la occisa; elrecurrente indica que tal circunstancia del proceso esabsolutamente cierta, pero que ello no _implica que de esehecho real y cierto, indiscutiblemente probado por serinexistente, pueda concluirse en la culpabilidad delprocesado. Dice además que con el dictamen de la necropsiase establece la existencia de la muerte y las causas de la misma, _pero que ello racionalmente no prueba la culpabilidad delencausado; insiste en que para condenar al encausado la Salasentenciadora tomó en cuenta declaraciones de la acusadoraMaría Concepción Rodríguez,, y Matilde Chinchilla quienesdeclararon a los agentes del Ministerio Público que identifica,que dichas personas declararon que el procesado era conocidocon el sobrenombre de "copa rota", pero que esasdeclaraciones fueron rendidas dentro de una etapa delproceso que posteriormente fue dejado sin efecto por viciosde procedimiento, al respecto el recurrente considerainfringidos los articulas TREINTA Y OCHO, TREINTA YCINCO y CINCUENTA Y CINCO del Código Procesal Penal,y manifiesta que los considera infringidos por las siguientesrazones: 1) el sobrenombre "copa rota" no es base paradeterminar la participación del procesado en el hecho; 2) noestá plenamente probado que el encausado le apoden "coparota"; 3) el sobrenombre "copa rotaiÍ no fue objeto delproceso; 4) no es cierto que los testigos ·mencionados en lasentencia hayan afirmado categóricamente que el procesadole apoden "copa rota", hasta ver sus declaraciones; 5) la.declaración de la acusadora particular adolece de tachaabso~uta por ser madre de la fallecida; y la declaración deM atilde Chinchilla adolece de vicios formales al grado que NOFUE PROTESTADA LEGALMENTE. Sostiene además quela Sala no relacionó esas declaraciones con las de Rosa MaríaGonzález, Ofelia Sierra de Reyes y Sonia Marina Acevedo,quienes declararon que nada les consta de los hechos, ·que alnQ haber relacionado esas declaraciones, el tribunalsentenciador infringió otra de las reglas de la sana crítica y losartículos "44-444·445 y 652 del Código Procesal Penal".Argumenta además el recurrente que OMITIDCONSIDERAR parte de las declaraciones de los señoresHiginio García Sales y otros {eso sería error de hecho, nadatiene que ver con el error de derecho); el presentado hace unarelación del contenidO de las declaraciones a las que ya se hizoreferencia indicando que: "la sentencia recurrida CARECEFUNDAMENTALMENTE DE LA RELACION DE CADAUNO DE LOS MEDIOS DE PRUEBA CON LOSRESTANTES; siendo suficiente para casar el fallo recurrido,por no cumplir con el mandato legal en la aplicación de lasreglas denunciadas de la sana crítica y por ser notoria laviolación de los artículos 428,429,638, 645, 647 y 653 delCódigo Procesal Penal". El presentado dice que debeprosperar el recurso de casación planteado porque la Sala nootorgó a las declaraciones testificales a que hizo referencia, elvalor que tienen en toda su extensión; se refiere además alinforme de la trabajadora social, en donde la misma concluyeque el encausado es un peligroso social, pero indica que dichatrabajadora social, no tiene conocimientos amplios sobrepsicología, psiquiatría, criminología, n i sobre otra clase' deaspectos técnicos y científicos que la capaciten para indicar sien rea 1 idad se trata de un peligroso social, sigueargumentando que el procesado en ningún momentoreconoció haber tenido participación en los hechos que se leimputan por lo ·que la Sala in·fringió también los artículos"489 incisos IV, VI y VIl, 490 y 716 del Código ProcesalPenal" y que al darle valor probatorio a una denunciacontenida en un parte policíaco infringió el artfculo "118"del mismo cuerpo legal. En relación a las declaracionestestificales de los agentes Edwin Al da na Mejía, Carlos JacintoRivera López, Juan Antonio Barrios- Reyes y FranciscoGilberto Flores a juicio del recurrente adolecen de tachaabsoluta por ser sus declaraciones "impreci.sas, reticentes ydudosas" y al final comenta que las declaraciones, sos4iienenque el procesado es también autor de la muerte de la menorSilvia Guadalupe López Arias" y que viene al caso preguntarpor qué sí se les da valor para probar un delito, y para el otrono; el recurrente vuelve a citar una serie de artfculos condiferentes aspectos del proceso, finalmente el presentadoofrece un concepto de lo que debe entenderse por prueba depresunciones judiciales, explica la que son los indicios y laforma como deben relacionarse para que. integren prueba deculpabilidad, transcribe literalmente los hechos que la Salatuvo por probados a manera de INDICIOS y finalizadiciendo: "Por las razones y motivos ·expuestosanteriormente, el juzgador se equivocó al emitir su fallo decondena, con base a su presunción judicial, que no reúne losrequisitos legales, con evidente violaCión de las normas queestablecen la estimativa probatoria. Los hechoS que consideróprobados, no se encuentran coordinados entre sí en tiempo,lugar y acción, no están naturalmente enlazados en cuanto asu fin ... los hechos son varios, son equívocos; dan lugar adiversas conclusiones ... carecen del debido razonamientológico ... razones por las cuales denunció infringidos los artfculos33, 498, 500, 502, 505, incisos 11 y 111, 506, 635, 638último párrafo, 697, 698, 699 y 700 del Código ProcesalPenal; los anteriores argumentos serán estudiados por esteTribunal oportunamente, cuando se realice el estudiocomparativo correspondiente.·IV·En k1 referente al error de HECHO en la apreciación delas pruebas, ei recurrente expone al tribunal: "Exist&:errordehecho en la... apreciación de las pruebas, Cuando la


80 GACETA DE TRffiUNALESimpugnación se refiere a AFIRMACIONES DE HECHO y noa su apreciación o valoración, y que mediante un simpleCOTEJO con un documento o acto auténtico, se ponga demanifiesto EVIDENTEMENTE la equivocación deljuzgador. . . En el presente caso, el tribunal de segundainstancia, la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones, OM ITIOEXAMINAR, con perjuicio para el procesado, muchosmedios probatorios, entre ellos se encuentran los siguientes,que demuestran de modo evidente la equivocación deljuzgador. .."Y en síntesis el recurrente afirma al tribunal quehubo clara omisión de análisis probatorio, en los siguientesmedios de prueba: 1) acta de reconocimiento judicial yreconstrucción de los hechos de fecha seis de octubre de milnovecientos setent-a y siete, que obra a folio ciento sesenta ytres al ciento sesenta y se;s, de la segunda pieza de primerainstancia; 2) declaración testimonial de Higinio-García Sales,de fecha dieciseis de noviembre de mil novecier"!:os setenta ysiete, fglio doscientos cuarenta y cuatro al doscientoscuarenta y seis, tercera pieza de primera instancia; 3)declaración destímonial de María Benesia Palala de Oliva, detecha dieciseis. de noviembre de mil novecientos setenta ysiete, folios doscientos cuarenta y nueve al doscientoscincuenta y uno de la tercera pieza de primera instancia; 4)declaración testimonial de Dorotea Rosario Vásquez deAvilade fecha dieciseis de noviembre de mil novecientos setenta ysiete, folio doscientos cincuenta y cuatro al doscientoscincuenta y seis de la tercera pieza de primera instancia; 5)declaración de lvo Constantino Suárez Pineda de fecha dos dediciembre de mil novecientos setenta y siete, foliostrescientos noventa y dos y trescientos noventa y tres de latercera pieza de primera instancia; 6) declaración deGuadalupe Sinay Reyes, de fecha dos de diciembre de milnovecientos setenta y siete, folios trescientos ochenta y nueveal noventa, cuarta pieza de primera instancia; 7) "diligenciade repreguntas mediante llamamiento especial" dirigidas alagente de policía Francisco Gilberto Flores, de fecha cuatrode octubre de mil novecientos setenta y siete, folios cientocincuenta al cincuenta y tres de la segunda pieza de primerainstancia; 8) "diligencia de repreguntas mediantellamamientO especial dirigida al policía Juan Antonio BarriosReyes, de fecha cuatro de octubre de mil novecientos setentay siete, folios ciento cincuenta y tres al cincuenta y cinco de lasegunda pieza de piimera instancia. El recurrente manifiestaque 1 as diligenCias enunciadas anteriormente, fueronpracticadas durante el transcurso del proceso y "si bien escierto ·como dice la Sala sentenciadora· que dichasdec~laraciones fueron rendidas en una etapa del proceso queposte_riormente fue dejada sin efecto por vicios deprocedimiento¡ estas diligencias y declaraciones testimonialesTAMBlEN CONSTITUYEN UN HECHO REALCONTENIDO EN ACTUACIONES JUDICIALES Y PORCONS'IGUIENTE DEBEN SER ACEPTADOS COMOINDICIOS FAVORABLES AL PROCESADO ..." A criteriodel recurrente también se omitió ~1 análisis de los siguientesmediOs probatorios; 9) -,.Diligencia de repreguntas dirigidasmediante llamamiento especial al agente de policía CarlosJacinto Rivera Lópe:z, de fecha catorce de julio de milnovecientos setenta. y ocho, folios cuatrocientos treinta ycinco al treinta y ocho, de la quinta pieza de primerainstancia; 10) -denuncia que presentó en la sección dehomicidios y asesinatos del cuerpo de detectives de la Po.licía_Nacional de f-echa once de noviembre de mil novecientossetenta y seis, que obra a folio treinta y cinco de la primerapieta de primera instancia; 11) denuncia rendida por lasección de homicidios y cuerpo de detectives de la PolicíaNacional, folio treinta y seis de la primera pieza; 12) a foliotreinta y tres de la primera pieza de primera instanciaQenuncia donde María concepción Rodríguez (la acusadoraparticular) sindica como autor del hecho a JORGE LO PEZMENDEZ; 13) informe firmado por el Secretario del Cuerpode Detectives de fecha veintiocho de noviembre de milnovecientos setenta y siete, folio trescientos setenta y ochode la cuarta pieza de primera instancia; y 14) informe delDoctor Julio Roberto Barrios Flores, médico forense auxiliarde los tribunales, folio noventa y seis y noventa y siete de laprimera pieza de primera instancia. A criterio del recurrentela omisión de diligencias y actas auténticas así comodocumentos especificados en numerales anteriores,demuestra de manera evidente la equivocación del juzgador yhacen posible que prospere el recurso extraordinario decasación, por errores de HECHO en la apreciación de laspruebas; los argumentos del recurrente y la comisión de loserrores denunciados, así como la eventual incidencia quepudieran te'ner en la fase puramente decisoria del presentefallo serán estudiados, al realizar el análisis comparativoobligado para esta clase de recursos extraordinarios.-V-FUNDAMENTO JURIDICO DE LA SENTENCIADE SEGUNDA INSTANCIA.Este Tribunal de Casación en el presente fallo, hará latranscripción y algunos breves comentarios en relación a losfundamentos jurldicosquetuvo el tribunal de '"'!Jlndo grado,para darle a su fallo la orientación que dio lugar a lainterposición del recurso extraordinario de casación, que hoyse estudia, y al respecto dice la Sala "EN RESUMEN: estaSala considera probados los hechos siguientes: PRIMERO:que Jorge Abraham Cortez Cabrera, alias "copa rota", se llevóa la niña Sonia Maribel Rodríguez, en la noche del veintisietede noviembre de mil novecientos setenta y seis; SEGUNDO:que la niña no retornó a su hogar, ni esa noche ·ni en los díassub-siguientes; TERCERO: que siguiendo indicaciones delprocesado Jorge Abraham Cortez Cabrera, la policía localizóel cadáver de la· niña Sonia Maribel Rodríguez el treinta denoviembre, con evidentes señales de haber sido violadasexualmente y Juego estrangulada, lo que se corroboró con laautopsia practicada por el médico forense; CUARTO: que elprocesado JORGE ABHAHAM.CORTEZ CABRERA tieneun amplio historial delictivo por diversos delitos, en cuentapor un delito- similar al que motiva este proceso, consistenteen la violación y muerte de la menor Rosa Fernanda MejJa;durante la instrucción del proceso por violación y muerte dela menor Rosa Fernanda Mej la, fue procesado y condenadopor otro delito sexual cometido contra un homosexual (esconveniente hacer constar que estos hechos a que se refiere elnumeral cuarto de esa parte de la sentencia de la Sala, no sonobjeto del presente proceso, en el que de conformidad con laley debe establecerse su probable participación yconsecuentemente su culpabilidad en los hechos sobre loscuales se pronunció). Estos hechos probados constituyenbase suficiente para considerar .probado, que Jorge AbrahamCortez Cabrera violó a la menor Sonia Maribel Rodríguez, yluego le_ dio muerte para tratar de ocultar la violación, y queen consecuencia -es autor de un delito de violación y otro deasesinato. El delito de violación debe considerars-ecomprendido en lo dispuesto en el artículo 175 del CódigoPenal, porque la muerte de la niña resultó con el motivo de laviolación ... por no haberse acreditado que la niña no habíacumplido la edad de diez años"~ En la primera parte de sufallo ia Sala dice textualmente: "En primer lugar debeconsiderarse probado el hecho que la señora MaríaConcepción Rodríguez denunció desde el veintisiete denoviembre de mil novecientos setenta y seis a las .... segúnconsta en parte .... que un individuo al que se conocía con elsobrenombre de "copa rota", se había llevado a su hija SoniaMari be! en forma violenta •.. debe tenerse en cuenta que


GACETA DF. TRIBUNALES 81hasta ese momento aún no habla sido capturado el sindicadoy que la denuncia en su contra estaba fundada en informaciónde los vecinos; b) consta en autos, por el dicho de variaspersonas, que esa misma noche se inició la búsqueda de SoniaMaribel, y desde ese momento se sindicó como responsahle alindividuo llamado con el apodo "copa rota"; e) estáplenamente probado que el día treinta del mismo mes denoviembre fue encontrado el cadáver de la menor SoniaMaribel oculto entre el monte en un lugar apartado deltránsito de las personas, a inmediaciones del anillo periférico,según pudo constatar! o el Juez Segundo de Paz de lo Penal, alser avisado por la Policía ...; d) tanto la muerte porestrangulación como violación sexual fueron corroboradaspor la autopsia ...; e) esta Sala considera probado que elprocesado ... era conocido con el sobrenombre de "coparota", con las declaraciones ... propuestas precisamente oorla defensa y que prestaron declaración en el transcurso delproceso; si bien es cierto que sus declaraciones fueronrendidas en una etapa del proceso que posteriormente fuedejada sin efecto por vicios de -procedimiento; ;,USdeclaraciones constituyen un hecho real contenido enactuaciones judiciales y por consiguiente deben ser aceptadascomo INDICIOS para ser relacionados con otras constanciasprocesales". Aparecen además en el proceso según lasentencia de la Sala con las declaraciones de los agentes EdwinAldana Mejía, Juan Antonio Reyes y Francisco GilbertoJuárez, que el procesado después de ser capturado fue amostrarles el lugar en donde se encontraba el cadáver de laniña; indica además la sentencia que el encausado cumplióanteriormente una condena de cuatro años, según consta conel informe de Estadística Judicial, por haber abusadosexualmente de un homosexual; se comenta además-en elfallo que en la declaración de Rosa de Jesús Rodríguezpropuesta precisamente por la defensa,la testigo indicó que elencausado solía tomar sus alimentos en un comedorpropiedad de ella, que el día del hecho el procesado no llegó acomer; el procesado por su parte sostuvo que en esa nocheestuvo invitado a comer en casa de la señora Benisia Pala la deOliva, a su vez la señora de Oliva también indicó que eldetenido estuvo esa noche en su casa, no existiendo perfectacoincidencia en la hora en que estuvo y la hora en que salió; la~eñora de Oliva y el procesado Coinciden que el mismo y unseñor de nombre Rufino Oliva y otros individuos fueron abuscar a·la menor a la "bomba" pero no la encontraron, queesto sucedió a las veintitrés horas; la señora de Oliva dijo quecuando el procesado llegó a comer a su casa llegó nervioso ycallado diferente a su conducta habitual. Hasta aquf losfundamentos jurídicos de la sentencia de segunda instancia,hoy impugnada mediante el recurso extraordinario decasación.-VI-ESTIMACION JURIDICA ENTRE LOSARGUMENTOS DEL RECURSO, LA SENTENCIA DESEGUNDA INSTANCIA Y LAS LEYES APLICABLESCITADAS COMO INFRINGIDAS POR EL RECURRENTE.Generalmente cuando el recurso se interpone pormotivos de fondo, las leyes citadas como infringidas son casisiempre de naturaleza sustantiva( sin embargo existe comocaso excepcional, cuando el recurrente alega error de derechoen la apreciación de las pruebas, situación en que no obstanteque se trata de un recurso extraordinario de casación pormotivo de fondo, las leyes denunciadas como infringidasademás de ser de naturaleza eminentemente procesal, debenser precisamente las que corresponden a la estimativaprobatoria de cada una de las pruebas, en las que se afirme quede parte de la Sala se cometieron los errores anteriormentemencionados; para el efecto no es suficiente con queúnicamente se cite el número del artículo, sin especificar conabsoluta precisión los párrafos o partes del mismo que seestimen violados, es necesario indicar si se consideraninfringidos en forma íntegra o parcial, y enumerar conabsoluta precisión los incisos o párrafos que se considerenviolados, cuando ese sea el caso; requisito que no satisfizo acabalidad el recurrente. Como presupuesto necesario y previoa entrar: al análisis comparativo correspondiente, se consideranecesario puntualizar, que las facultades del TribunalSupremo, por la naturaleza técnica del recurso extraordinariode casación, están LIMITADAS para sólo conocer de losartículos, incisos o párrafos de los mismos, cuya infracción hasido oportuna y procesalmente planteada, en absolutaconcordancia con los casos o sub-casos de procedencia en quese funda el recurrente. Como existen diferentes formas deinfringir las disposiciones legales vigentes, el rigorismo y lamecániCa procesal de este recurso extraordinario, aconsejanque el recurrente manifieste cuál de esas formas deja a sujuicio el camino jurídico viable para el éxito de la acciónprocesal planteada, mediante la interposición del recursoextraordinario de casación. Al analizar en el presente caso, elmemorial introductivo del recurso, la sentencia de segundogrado y las disposiciones legales citadas como infringidas porel recurrente, se concluye en lo siguiente:1.- Previa'mente a realizar la confrontación analítica quecorresponde y para contar con un punto de comparación másadecuado, se mencionarán las normas legales en que se fundóla Sala sentenciadora, y que le sirvieron de fundamento Jegalpara dictar la sentencia impugnada: "LEYES APLICABLES:Artículos: 19, 31 ... 427,428,445,453,462,489,490.496,498,499,500,502,503.504.505,506,635,637.638,639,641 643. 645, 653, 655, 669, 694, 698, 699, 700,701 y709 del Cód-igo Procesal Penal" se omiten los artículos delCódigo Penaj citados por el tribunal sentenciador en segundainstancia, por considerarse que ninguna vinculación lógicapueden tener con el sub-caso invocado en diferentessituaciones poT el recurrente; se incluyeron los del CódigoProcesal que se refieren a la ESTIMATIVAPROBATORIAdelas pruebas que fueron tomadas en cuenta por la Sala, yalgunos otros que sin ser de estimativa probatoria en elsentido estricto del concepto, pueden tener alguna relacióndirecta o indirecta con la misma;11.· En relación al subacaso de procedencia denominadoERROR DE DERECHO EN LA APRECIACION DE LAPRUEBA, el recurrente principia haciendo un análisis de lo'que de acuerdo a su punto de vista es el sistema de apreciaciónde la prueba conocido como "sana crftica" y como ya seindicó anteriormente proporcionó un concepto de cada unade las normas de orientación que de conformidad con la leyson fundamentales para aplicarlo; de acuerdo a lo expuesto,laSala sentenciadora al tener por probado que el procesado sellevó con engaño a la niña Sonia Maribel Rodríguez, la violósexualmente y luegó le dio muerte; manifiesta queapriorísticamente la Sala dio por probada su culpabilidad sinningún análisis de las pruebas; y que al darle valor a ladeclaración de la acusadora particular María ConcepciónRodríguez, la que no asistió a responQer el interrogatoriomediante llamamiento especi·al, que al tlmer por probada laculpabilidad en forma apriorística se violó el principio delsilogismo de la "sana crítica" y se infringieron los artículos"663-664 primer párrafo y 668 del Código Procesal Penal".Los dos primeros se refieren a facultades discrecionales quetiene el Juez en el proceso, y al tercero a que laincomparecencia será tenida como condición desfavorable asu pretensión; al respecto cabe afirmar que no formula unatesis clara en relación a la infracción al sistema de la "sanacrítica" en relación a esa declaración; y las normas que citacomo infringidas no son precisamente las de auténticaestimativa probatoria ,¡:fe las declaraciones, no indica en qué


82 ¡; ICYTIIlETHIIII \ IU:::'forma tue1 on v!olddas de dCUel dü a su C11te110, n1 si fueroninfringidas parctal u lOt::~Jrnente, en esas condiciones no esdable jurídicamente de~-te l1 !bU na! aceptar la existencia d~_error de derecho e11 !a a¡xFclaCIÓn de la prueba ya indicada;111.- En la página doce, línea veintidos, aparece el punto"segundo" del memorial introductivo del recurso, en elmismo hace una exposición comentada, pero no cita ningunaley como infringida; lo mismo sucede con el numeraldenominado "tercero" del memorial que ap'arece en la 1 íneacuarenta y ocho del folio doce vuelto, en el que comenta laimprecisión de la Sala al darle valor a la declaración de laquellama "varias personas" pero tampoco precisa la cita deninguna ley como infringida; a línea diecinueve de la páginatrece aparece el "cuarto" análisis y comentarios sobre partesde la sentencia de la Sala, refiriéndose a infracciones alsistema de la sana crftica, pero en ese apartado, tampoco citaninguna ley como violada; igual circunstancia se produce en elnumeral "quinto" del memorial que aparece a línea cuarentadel folio trece vuelto;'en la línea número uno del folio catorceaparece el numeral "sexto" del memorial se refiere a lacircunstancia de que la Sala considera probada con el dicho devarias personas, cita los nombres de algunas; el apodo quedicen al procesado; que realizar lo anterior y no obstante quese había enmendado el procedimiento la Sala infringió losartículos "38-35 y 55 del Código Procesal Penal"; al respectocabe considerar que los artfculos anteriores se refieren a lainvestigación oficial necesaria, al principio decontradi~ción yal principio in dubio pro reo, pero ninguno de ellos es deESTIMATIVA PROBATORIA, por lo que ninguna relaciónpueden tener con errores de derecho en la apreciación de laprueba. Es conveniente hacer constar que los demásar:tfculosdel Código Procesal Penal citados como infringidos por elrecurrente, siempre dentro del numeral sexto de su memorial:"654 (se refiere a las tachas de los testigos),444 (protesta delos testigos), 445 (formas de la declaración de testigos), 44(principio de inmediación procesal), 488 (declaraciones quepodrán tacharse)"; afirma nuevamente que darle valor a lasdeclaraciones de Matilde Chinchilla y a otras se violó elsistema de la sana crítica, pero no indica la ley infringida, nisostiene tesis concreta al respecto; cita además comoinfringido el artículo "652 (nulidad de las declaraciones detestigos). Todos los artículos citados corresponden al CódigoProcesal Penal, pero ninguno de ellos es precisamente deESTIMATIVA PROBATORIA, por lo que no pueden servirde fundamento jurídico, para analizar errores de derecho enla- apreciación de la prueba, como los denunciados. En elmismo punto sexto del memorial contentivo del recurso,aparecen comentarios referentes a las declaraciones deDorotea Rosales Vásquez de Avila, María 8enisia Pala! a deOliva; insiste el recurrente en que es notoria la infracción a lasoormas de la sana crítica, y entre otros esta vez citaadecuadamente como infringidos los artículosSEISCIENTOS TREINTA Y OCHO Y SEISCIENTOSCINCUENTA Y TRES del Código Procesal Penal, se diceadecuadamente porque efectivamente son de auténticaEST 1 MA T IV A PROBA TO R lA, pero la actitud del recurrentese limita a citarlOs como infringidos, sin indicar si en parte oen su totalidad, y no sostiene tesis concreta alguna referente ala infracción, por 10 que ningún asidero j1Jddico ofrecen, paraque pueda prosperar por ese sub·caso el recursoextraordinario de casación planteado.IV.· A linea ocho del folio dieciseis del memorialintroductivo del recurso el recurrente comenta el informe dela trabajadora social que hizo el estudio de la personalidad ysituación socio-económica del procesado, manifestando quela misma no está científicamente capacitada para realizar estaclase de estudios, al respecto cabe considerar que deconformidad con la doctrina del artículo SETECIENTOSNOVENTA Y OCHO del Código Procesal Penal. los juecesapreciarán los informes de los trabajadores sociales, "deconformidad con el sistema de la sana crítica", de dondf: sededuce que el recurrente para atacar la eficacia juridtcaprobatoria, invocando error de derecho en la apreciación de laprueba, de acuerdp a la mecánica procesal del recursoextraordinario de casación, debió tratar de demostrar que alapreciar dicho dictamen, los juzgadores infringieron elsistema de valoración anteriormente aludido, al no hacerloasí, este Tribunal está imposibilitado jurídicamente deconocer del fondo de sus argumentos, por deficienciastécnicas en el planteamiento de la sitúación invocada. En elnumeral "octavo" de su recurso, el recurrente comenta ladeclaración del procesado, manifestando que en relación al"sobrenombre" el mismo en ningún momento ha aceptaQoque a él le digan "copa rota", pero que indicó que"de vez encuando le him dicho que cante esa canción". Indica que alencausado le llamaban por el apodo de "copa rota'' es un"HECHO QUE NO FUE OBJETO DEL PROCESO", insisteen que en su declaración indagatoria y ampliaciones de lasmismas el encausado no aceptó ser llamado por esesobrenombre, para el efecto citó como infringidos losartículos "489 incisos IV, VI, VIl (que son los requisitos quedebe llenar la concesión o más bien sus condicionesprocesales), 490 (se refiere a las clases de confesión) y 716((:Studio previo a la sentencia); en el numeral "noveno" delmemorial se denuncia como infringido el artículo CIENTODIECIOCHO, y el numeral "décimo" se denuncia comoinfringido el artículo cuatrocientos noventa, todos losartículos mencionados son del Código Procesal Penal, peroninguno de éllos se refiere a ESTIMATIVA PROBATORIApor lo que la denuncia de su infracción, no puede lógicamenteservir de base para estudiar, probables errores de derecho en laapreciación de las pruebas, que pudieran haber sidocometidos por la Sala; refiriéndose el punto "décimo" ainfracciones al artículo CUATROCIENTOS NOVENTA delCódigo Procesal Penal que se refiere a las clases de confesión,y no a las normas de orientación para realizar la valoraciónjurídica de las proebas;V.- Sin citar ninguna ley como infringida el recurrenteinsiste en el punto "décimo primero" de su extenso memorialque el encausado en ningún momento reconoció suparticipación activa, en el hecho y ningún hecho que leperjudique en relación al delito que fue motivo del proceso;en .el numeral "décimo segundo" se refiere a la declaraciónprestada por Rosa de Jesús Rodrfguez, Benisia Palala deOliva, quienes se dieron cuenta que cuando se tuvo noticia dela desaparición de la niña fallecida, en encausado fue una delas personas que colaboró para buscarla, indica el recurrenteque al no dar valor la Sala a estas declaraciones infringió losartículos: "45-38-55-428-429-{;38 y 645 del Código ProcesalPenal" de los artículos denunciados como infringidos el deestimativa probatoria es el .seiscientos treinta y ocho que serefiere a la estimación por sana crítica de las pruebas engeneral, omitió citar el espec(fico para los testigos, y ningunatesis formula al respecto; por lo que sus argumentos nopueden ser de utilidad jurídica, para establecer la probableexistencia de errores de derecho en la apreciación de laspruebas a que se refiere. En el apartado "décimo tercero" delmemorial, se refiere a las declaraciones testificales de losagentes de policía Edwin AldanaMejía, Carlos Jacinto RiveraLópez, Juan Antonio Reyes y Francisco Gilberto Juárez, enel sentido de que fue el procesado la persona- que fue a·mostrarles el lugar en donde se encontraba el cadáver de lamenor Sonia Maribel; el recurrente comenta lascontradicciones en que a su juicio incurrieron esos agentes alser repreguntados, y que tres de ellos manifestaron que nadales consta del hecho; pero ninguna norma de estimativaprobatoria para la prueba testifical cita como infringida el


83presentado, !imitándose a citar el artículo "654 inciso VI y700" del Código Procesal Penal, que no pueden considerarsecomo normas de valoración de la prueba testifical, por lo queel error de derecho en las declaraciones indicadas, con esa citade ley' que además no reúne los demás requisitos técnicos, nopuede ser analizado~por·este Tribunal de Casación. En elnumeral "décimo cuarto" el recurrente hace referencia a lascontradicciones que de acuerdo a su criterio existen ~tre lasdeclaraciones de los agentes ya indicados, hace referencia aque la policía afirma que el encausado también es responsablede la violación de la menor Silvia Guadalupe López Arias,manifiesta que el mismo cuadro probatorio ofrece el procesoen relación a la menor SoniaMaribel, por lo que no se explica,por qué existe prueba para un hecho y en cambio se leabsuelve del relacionado con la menor L6pez Arias, las leyesque al respecto cita como infringidas no aparecen en estecaso, pues las relaciona desde el punto .. uno" hasta el"décimo cuarto" y como ya fueron anal izadas separadamentea ninguna conclusión distinta puede llegar este Tribunal.VI.- El presentado censura la fonna como la Salaintegró la prueba de presunciones judiciales en contra delprocesado y manifiesta que en lo referente al primer hechoque la Sala tuvo por probado, consistente en que el encausadose llevó a la niña Sonia Maribel Rodrfguez, el mismo CARECEDEL PROCESO LOG ICO DEDUCTIVO toda vez que elexamen de los hechos que cree conocidos son equivocados, yen esa virtud, su inducción también carece de certeza, hace unanálisis comparativo del valor que se le da a los agentes depolicía para tener por probado un hecho y no se le da paratener por probado otro hecho, pero ese argumento no esadecuado para servir de asidero jur(dico a la contundenteafirmación hecha al principio; alega además la existencia deFALTA DE RELACION DE CAUSALIDAD, pero noformula una tesis idónea y aceptable al respecto; al comentarel segundo hecho que la Sala tuvo por probado,consistente enque la niña no reto'rnó a su hogar ni esa noche ni lassubsiguientes; manifiesta que ese hecho es VAGO, al noindicar el fallo recurrido si es un indicio (es evidente que laSala lo tomó como indicio); en lo referente al hecho terceroinsiste en que la Sala le otorga valor probatorio a los agentespara probar un hecho y para otro no, pero como ya se dijo, elrecurrente debió haber atacado directamente el valorprobatorio que se les dio denunciando adecuadamente lanorma infringida, la parte de la misma que se considerainfringida y la forma de infracción no haciendo unacomparación, con el hecho de que si se les otorgó o nó,eficacia probatoria para probar o no probar otro hecho; a loanterior, debe agregarse que los artículos SEISCIENTOSCINCUENTA Y CUATRO Y SETECIENTOS, citadosincompletamente como violados, en realidad no son de meraestimativa probatoria; en relación al cuarto hecho que la Salatuvo por probado el recurrente indica que se refiere a algototalmente ajeno al proceso e indica queja Sala sentenciadorainfringió el artículo SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE delCódigo Procesal Penal que se refiere a los indicios favorables ydesfavorables y la compensación racional entre los mismos,analizando las demás críticas que el recurrente hace a laaplicación de la prueba de presunciones judiciales.Dice además que al agente Carlos Jacinto Rivera Lópezal ser


84GACETA DE TRWUNALESeq uivocac1on del juzgador. Al respecto el recurrentemanifiesta que se cometió error de HECHO en las siguientespruebas: a) RECONOCIMIENTO JUDICIAL YRECONSTRUCCION DE LOS HECHOS, diligencia que acriterio del recurrente la Sala OMITID SU ANALISIS, en lamisma consta que Rodolfo Castañeda Oliva dijo que en lafecha del hecho estuvo jugando con Sonia Maribel Rodrfguez,que habfa mucha gente y que no vio que ninguna persona se lahubiera llevado. Indica también que en esa diligencia existe ladeclaración de Mar fa Benisia Palala de Oliva quien indicó queel día de los hechos el procesado estuvo con el esposo de lamisma tratando asuntos de trabajo hasta las rliez de la noche;que el procesado, su esposo y otras dos personas se fueron abuscar a la niña a una bomba de agua; b) declaracióntestimonial de Higinio García Sales, quien manifestó que eldía de los hechos, Vio al procesado arriba de la "bomba''. Loanterior no es elemento que sea eficaz para contradecir demanera absoluta los hechos probados por la Sala; e) citanuevamente la declaración de María Benisia Pala! a de Oliva,quien manifiesta que el día de los hechOs estuvieron reunidosen su casa de habitación, ella, su familia y el procesado, desdelas seis de la tarde hasta las once de la noche. Aunque fueracierto lo anterior, no consta de manera rigurosamente exactala hora y el día en que el hecho delictivo se produjo; d}declaración de Dorotea Rosales Vásquez de Avila, quienmanifestó que observó al procesado Jorge Abraham CortezCabrera y compañeros, aproximadamente durante mediahora, cuando se encontraban arriba de la bomba de agua enbusca de la menor desaparecida; que el procesado ya indicadofue capturado el día treinta de noviembre a las seis y media dela mañana en la "champa" número veintitrés que habitaba enel asentamiento Roosevelt. Esta declaración no es suficientepara dejar sin valor los hechos declarados probados por eltribunal de s-egundo grado; e) declaración de lvo ConstantinoSuárez Pineda quien manifestó que el procesado estuvo con élen la dieciocho calle y sexta avenida, desde las nueve de lanoche hasta las cinco de la mañana, componiendo unmicrobús Toyota qué se les descompuso, vehículo con el cualtrabajaban. Este testigo no indica la fecha, pero parece ser quese refiere al veintisiete de noviembre de mil novecientossetenta y seis; posteriormente aclaró que anduvo con él elveintinueve de noviembre y no el veintisiete;f) declaración deGuadalupe Sin ay Reyes, quien indicó que muchas veces dejósu niña pequeña recomendada al procesado, cuando ella se ibaal mercado y que nada le sucedió. Lo anterior no es idóneopara destruir los hechos que la Sala tuvo por probados; g)diligencia de repreguntas mediante llamamiento especialdirigidas a los agentes de policía Francisco Gilberto Flores, endonde manifestó que él había detenido a JORGE LOPEZMENDEZ, quien resultó ser Jorge Abraham Cortez Cabrera,que el procesado manifestó ser responsable de los hechos máso menos a las ocho de la mañana, QUE NO LE CONSTA QUEEL PROCESADO SE HAYA LLEVADO A LA MENORSONIA MARIBEL RODRIGUEZ EN DONDE APARECIOEL CADAVER; asf como la diligencia de repreguntasmediante llamamiento especial dirigidas al agente JuañAntonio Barrios Reyes, quien dijo que el procesado lesconfesó ser autor del hecho como a las veinte horas treintaminutos, que no vio que el procesado se haya llevado a_ la niña,que no le consta que el procesado se los haya llevado al lugaren donde apareció el cadáver de la misma. Lo anterior nodesvirtúa los hechos probados por la Sala, se refiere tambiénel recurrente a la denuncia rendida por la sección dehomicidiosdel veinte de noviembre de mil novecientossetenta y seis, en donde se dice "fuimos ordenados por laJefatura de servicios para que a borde. de fa unidadP-cincuenta mil, ochenta nos constituyéramos en la veinteavenida y anillo periférico de la zona once por. tenerseconocimiento que en ese lugar se encontraba el cadáver deuna persona" (se referran a la menor Sonia Maribel); indica elrecurrente que lo anterior deja sin efecto el indicio de la Salaque indica, que fue el procesado el que personalmente lesindicó el lugar donde estaba la occisa.-Sin embargo, tal partese refiere a otro cadáver que fue reconocido por el JuezDécimo Segundo de Paz; j) también el procesado denuncióerrores de hecho en la apreciación de la prueba en la diligenciade repreguntas del agente Carlos Jacinto Rivera López, en lamisma manifiesta que el procesado le dio a conocer que él eraresponsable de los hechos entre las diez y once de la mañana,y que no le consta que el procesado se haya llevado a losagentes al lugar en donde apareció el cadáver de la niña; hablatambién de la existencia de un parte policiaco en donde lamadre de la víctima señala como autor de fa muerte de su hijaal individuo JORGE LOPEZ MENDEZ. Las exposicionesanteriores no tienen la eficacia jurídica suficiente para dejarsin efecto los hechos probados por e! tribunal de segundogrado; indica también que se cometió error en el informesuscrito por el secretario del cuerpo de detectives, que esedocumento afirma que el detective número trescientoscuarenta y uno de la sección auxiliar de tribunales, realizó lasinvestigaciones correspondientes y dice "pero con resultadosnegativos" ya que las personas vecinas a dicho individuo, se ,negaron a proporcionar datos sobre él. Lo anterior no esdeterminante como para cambiar lo resuelto por la Sala. Serefiere también el recurrente al informe del médico psiquiatrade los tribunales de justicia, Doctor Julio Roberto BarriosFlores, indicando que la Sala sentenciadora OMITID ELANA LISIS-de dicho informe, sin embargo, la omisión de eseanálisis no puede considerarse determinante.Finaliza el recurrente así: "la omisión del análisisprobatorio de esta prueba documental influyó en laaceptación por la Sala sentenciadora de los hechos que lamisma llama indicios; dando lugar la concepción de un fallo"''injustamente contrario'"'.Este Tribunal es del criterio que la Sala en- fonnadeficiente en su sentencia menc~onó los nombres de HiginioGarcía Sales, María Benisia Pala la de Oliva y Dorotea Vásquezde Avila; pues no precisa· en qué consiste su valor para serrelacionados como indicios con otras declaraciones, y no haceun análisis, ni siquiera superficial de las mismas; esta omisiónde análisis, obviamente configura ERROR DE HECHO ENLA APRECIACION DE LA PRUEBA; lo mismo sucede conlas diligencias y documentos mencionados en las literales e),f) y g) del presente fallo, pero ninguno de estos erroresdemuestra de manera evidente la equivocación de losjuzgadores, por lo que el recurso de casación planteado porerror de hecho, no tiene el camino jurídico viable paraprosperar; por lo que debe resolver lo procedente.LEYES APLICABLES:Artículos: 240,245 de la Constitución de la Repúblicaj16, 20, 24, 31, 33, 40, 62, 6'f, 69, 99,100, 125, 189,193,201,244,250,489,490,496,498,500,502,503,504,505,506, 638, 653, 654, 655, ~694, 698, 699, 700, 741, 745numeral VIII y IX, 746 numeral V y VIII, 749, 750,752, 757,segundo párrafo del 759 y 760 del Código Procesal Penal; 32,38 inciso 2o., 157, 158, 159, 168, 170 y 172 del DecretoLegislativo 1762.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, al resolverDECLARA: a) IMPROCEDENTE el recurso extraordinariode casación que en calidad de defensor de oficio delprocesado de nombre Jorge Abraham Cortez Cabrera o JorgeAbraham Cortés Cabrera, interpuso el Bachiller FreddyHermelindo Santos Gómez, contra la sentencia condenatoriadictada por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones en


GACETA DE TRffiUNALES 85fecha once de diciembre de mil novecientos setenta y nueva;b) no le impone ningunamultaportratarsedeundefeñsordeoficio; y e) Notitfquese y con certificación de lo resueltovuelvan los antecedentes al tribunal de origen. C. E. OvandoB.-·A. E. Mazariegos G.···Juan José Rodas.···J. FelipeDardón.···R. Rodrlguez R.--Ante mi: M. Alvarez Lobos.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARAPENAL: Guatemala, tres de julio de mil novecientos ochenta.A sus antecedentes el memorial presentado porFREDDY HERMELINDO SANTOS GOMEZ, en su calidadde defensor de oficio del procesado JORGE ABRAHAMCORTEZ CABRERA. o JORGE ABRAHAM CORTESCABRERA; y en virtud que contra la sentencia de casación,no es procedente el recurso de aclaración; NO HA LUGAR adarle trámite al recurso interpuesto. Notiffquese. Artfculos:24, 40, 64, 125, 142, 181, 183, 201, 244, 314 y 761 delCódigo Procesal Penal; 32,38 inciso 2o., 86 inciso 2o., 157,158 y 159 del Decreto Legislativo 1762.· C .. E. Ovando B.-·A.E. Maza riegos G.--Juan José Rodas.·- J. Felipe Dardón.···R.Rodrlguez R.·- Ante mi: M. Alvarez Lobos.·CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:Recurso de de Casación interpuesto por JoséSittenfeld Rosemberg, Juan Francisco Urruela Nanne, LuisArturo Batres Santolino y René Andrino Guzmán, enrepresentación de: "Ingenieros Urruela y Sittenfeld yCompañia Limitada". "Juan Francisco Urruela y CompañiaLimitada", "Goyzueta Batres y Compañia, Sociedad deResponsabilidad Limitada" e "ingenieros Andrino y ArévafoCompañ(a Limitada,, respectivamente; contra la sentenciadictada por el Trib!Jilal de lo Contencioso Administrativo, eldos de julio de mil novecientos setenta y nueve.DOCTRINA:No incurre en interpretación errónea de las leyes ni enviolaci6n de las mismas, el Tribunal que no accede a larevisi6n de un contrato administrativ-o para ejecuci6n de unaobra, por hechos extraordinarios acaecidos con posterioridada su celebración, si su negativa se sustenta en la existencia enel contrato de una o varias cantidades adicionales ooomplementarias, en concepto de "gastos imprevistos".CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARACIVIL:GUATEMALA, doce de Marzo de mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso de casaci6ninterpuesto por Jorge Sittenfeld Rosemberg, Juan FranciscoUrruela Nanne, Luis Arturo Batres Santolino y René AndrinoGuzmán, en representación de: ''Ingenieros Urruela ySittenfeld y Compañ(a Limitada", "Juan Francisco Urruela yCompañia Limitada", "Goyzueta Batres y Compañia,Sociedad de Responsabilidad Limitada" e "IngenierosAndrino y Arévalo, Compañia Limitada", respectivamente;contra la sentencia pronunciada por el Tribunal de loContencioso Administrativo el dos de julio de milnovecientos setenta y nueve, en el recurso que de esanaturaleza interpusieran contra·la resolución cuatrocientosnoventa y dos (492), dictada por el Ministerio deComunicaciones y Obras Públicas el veinte y ocho de julio demil novecientos setenta y siete.ANTECEDENTES:-1-EI dieciocho de julio de mil novecientos setenta ycinco, las sociedades comparecientes suscribieron con elMinisterio de Comunicaciones y Obras Públicas, el contratonúmero cuarentiseis (46) por virtud del cual se obiJgaron enforma solidaria a ejecutar los trabajos de construcción de laPlanta de purificación de agua "Lo de Coy", Obra X P-9 queforma parte del Acueducto Nacional Xayá·Pixcayá,localizada al sureste de la población de Mixco de estedepartamento, por el valor total de seis millones doscientoscincuenta y nueve mil novecientos setenta y un quetzalesexactos (Q 6,259,971.oo). Las empresas adjudicatarias de laobra se comprometieron a entregar los trabajos total ysatisfactoriamente terminados, dentro de un plazo máximode setecientos treinta dras calendario a contar de la fecha enque recibieran la transcripción del Acuerdo Gubernativoaprobando el contrato. Las obligaciones contraídas ycondiciones pactadas constan en el instrumento respectivo,las cuales se· complementan con las bases de la licitación,especificaciones especiales y documentos pre-sentados. Enmemorial del veintitrés de junio de mil novecientos setenta yseis, dirigido al Ingeniero SupervisOr de la Unidad Ejecutoramencionada, las recurrentes expusieron: "EI4 de febrero de1976, como consecuencia del terremoto que destruyó granparte de la República de Guatemala, sobrevinieron hechosextraordinarios e imprevisibles que se proyectaron, seproyectan y seguirán proyectando en el futuro mediato y quelógicamente hacen onerosa la prosecusión de la obracontratada y de las obligaciones contra(das por los quesuscriben este documento. El hecho en sí, se enmarca en loque en Derecho se denomina la Te_orra de la imprevisión, queestá colocada en los artfrulos 1330 del Código Civil y 688 delCódigo de Comercio. la Teorfa de la imprevisión no es nuevaen· el derecho; lejos de ella. es la flexibilización de_ lasobligaciones contraídas y la forma de adecuarlas, partiendodel supuesto de que hechos extraordinarios e imprevisibleshubieren ocurrido. Lógicamenté los artículos de la léymencionados, tienen tres presupuestos: 1 o. Que la obligacióndel contratista haya sido constituida bajo ciertas Condicionesy que éstas hayan cambiado posteriormente de una maneranotable; 2o. Que el cambio de las condiciones originales sedeba a hechos extrao-rdinarios imposibles de prever y deevitar; y 3o. Que el cambio de tales condiciones haga que elcumplimiento de la prestación se vuelva demasiado onerosapara el obligado. Pretender discutir que el terremoto que e14de febrero de 1976 creó esas condiciones sería del todo iilúti1y por demás necio; fue un hecho extraordinario y fue unhecho imprevisto e imprevisible, que ocurrió y que cambió.como consecuencia, las condiciones bajo las cuales lossuscritos habían contratado la ejecución de la Planta dePurificación "Lo de Coy". Que tomándose en cuenta losaspectos económicos y legales que de tal hecho derivan, endefinitiva, pedfan: "PR !MERO: con base en la cláusula 17 delcontrato número 46, suscrito con el Ministerio deComunicaciones y Obras Públicas, el dla 18 de julio de 1975,que se tenga por presentado formal reclamo de renegociaciónde precios y prórroga del plazo contractual. abriéndose elperiodo conciliatorio. SEGUNDO: Que se tenga porpresentado formal reclamación de renegociación de preciosde mano de obra por la cantidad deQ 1.002,064.85,1o queimplica un incremento del 16o/o del95o/o del valor total delcontrato o sea Q 6,259,971.oo, toda vez que el otro 5o/o yaha sido ejecutado. TERCERO: Que se tenga por presentadaformal reclamación por la suma de Q 140,000.oo como costoadicional en los gastos de administración del proyecto, todavez que se impone el exceso de demanda de personaladministrativo y se proyecta en el tiempo contractual en lasdiversas obras que tanto el Gobierno como las empresasparticulares han iniciado en todo el país y especialmente enlas zonas afectadas por el terremoto del4 de febrero de 1976.CUARTO: Que se tenga por presentada formal reclamaciónde incremento del renglón de transporte en la cantidad de O20,000.oo con fundamento en los hechos expuestos en elpresente memorial. QUINTO: Que. se tenga por presentadaformal reclamación de prórroga del plazo contractual en 90días calendario adicionales a los 730 días originalmentepactados y prórrogas ya concecida• SEXTO: Que al aceptar


86 t; \CET \u E TR!Ill' :, \LESlas reclamaciones planteadas, los incrementos tanto en elrenglón de mano de obra calificada y no calificada, comocostos de administración y transporte, para los fines de pago,las partes se atengan a la cláusula primera ~n la parte que serefiere al "control del avance de la.obra y para los fines depago" por estimaciones parciales, debiéndose en cadaestimación realizar los incrementos porcentualescorrespondientes. SEPTIMO: Oue se suscriba el documentomOdificativo por incr~:::rnentos y prórroga en los términosusuales del Ministerio de comunicaciones y Obras Públicas.OCTAVO: Que se cite a las partes·a juntas conciliatorias aefecto de agotar dicha vía pidiéndose previamente losinformes y dictámenes que el Ministerio de Comunicaciones yObras Públicas considere a lo solicitado por las preséntadas entodos sus aspectos y alcances". Tramitada la solicitud conintervención del Jefe del Proyecto de Construcción,Supervisión y Diseño del Acueducto Nacional Xayá Pixcayá,el Director de la Unidad Ejecutora y Asesoría Jurídica de lamisma y oídos la Contraloría de cuentas y el MinisterioPúblico, el Ministerio de Comunicaciones y Obras Públicas,resolvió el trece de junio de mil novecientos setenta y siete;"a) Dar por agotada la fase conciliatoria prevista en laCláusula Décima Séptima del contrato celebrado; y b)denegar la solicitud de renegociación de precios y prórrogadel plazo contractual en la ejecución de tos trabajos deconstrucción de la Planta de Purificación de Agua "Lo deCoy", Obra XP-9 del Acueducto Nacional Xayá-Pixcayá.Notifíquese, transcrfbase a donde corresponde y arch ívese".Interpuesto recurso de reposición contra dicha res'olución fuedeclarado sin lugar.. li-Las compañías contratistas ante tal denegatoria ymediante el recurso respectivo, acudieron a la vía contenciosoadministrativa, a fin de que en sentencia se declare: "Conlugar el presente recurso, y como consecuencia de ello,revocar la resolución impugnada, o sea, la númerocuatrocientos noventidos dictada por el Ministerio deComunicaciones y Obras Públicas el veintiocho de julio deeste año, resolución que al desestimar el recurso de reposicióninterpuesto por nuestras representadas en contra de laresolución de ese mismo Ministerio de fecha trece de julio demil novecientos setenta y siete, confirma la denegatoria de lasolicitud de renegociación de precios y prórroga del plazocontractual en la ejecución de los trabajos de construcción dela Planta de Purificación de Agua "Lo de Coy", Obra XPguión nueve del Acueducto Nacional Xayá-Pixcayá. 2.- Quelos hechos señalados en esta demanda y los ampliamentedetalladOs en el memorial que promovió el procedimientoconciliatorio ante el Ministerio de Comunicaciones y ObrasPúblicas, son hechos extraordinarios imposibles de prever yde evitar, que hacen demasiado· oneroso para nuestrasrepresentadas el cumplimiento de las obligaciones contraídasen las condiciones originalmente pactadas en el contratoadministrativo número cuarentiseis, celebrado con elGobierno de la República el dieciocho de julio de milnovecientos setenticinco. 3.- Oue por consiguiente procede larevisión det convenio contenido en el contrato antesmencionado, reviSion que debe abarcar una renegociacióndelas condiciones en los renglones relativos a mano de obra,gastos generales de administración, transporte y plazo delcontrato. 4.- Que 1 a renegociación debe hacerse de acuerdo'Con los incrementos porcentuales del valor total del contratoal que hemos hecho referencia en la parte expositiva de estademanda y que, el plazo contractual, debe ampliarse enIJOVenta días calendario, contados a partir del veintmueve--cfeabril de mil novecientos setentiocho. 5.- Oue 1 as costasjudiciales son a cargo de El Estado". Tramitada la demanda yunificada la personería en el señor Luis Arturo BatresSantolino, posteriormente fue ampliada en los términossiguientes: "En el punto tercero de la petición de sentencia, seconsignó que se declarara procedente la revisión del convenioc0· tenido en el contrato administrativo a que se refiere esterecurso, indicándose que dicha revisión debería abarcar unarenegociación de las condiciones en los renglones relativos amano de obra, gastos generales de administración, transportey plazo del contrato. En realidad, según se desprende de laexposición de hechos y de la fundamentación jurídica en quedescansa la demanda, !os incrementos, alzas y escasez, sedieron en los renglones relativos a mano de obra, gastosgenerales de administración y transportes, pero estosrenglones, en sí, están involucrados dentro de los renglonesgenerales de la obra, vale decir, que no constan en el contratobajo esas denominaciones específicas. Por ese motivo, paraevitar confusiones y clarificar más la justa reclamación de lasempresas contratistas, se mcxiifica y amplía la demanda en elsentido de que los incrementos, escasez y alzas inmoderadas eincontrolables, provocadas por el fenómeno telúrico y queconstituyen los hechos que hicieron variar en fonna notablelas condiciones bajo las cuales se celebró el contrato de obra,afectaron e incidieron especialmente los reng1onesmencionados para la renegociación que se plantea no esespecíficamente sobre dichos renglones, que como ya dije, noestán individualmente especificados bajo esa denominaciónen el contrato, sino sobre el precio total de la obra y sobre elplazo de entrega de la misma. Dicho en otras palabras, lo quese pretende es una renegociación del precio global de la obra,tomando como base las incidencias que sufrieron losrenglones iñdicados como consecuencia del terremoto delcuatro de febrero. En ese mismo sentido, como lógico yobligado corolario, se demanda una ampliación del plazo delcontrato". El Ministerio Público y el Ministerio deComunicaciones y Obras Públicas se opusieron a laspretensiones de las compañías recurrentes, teniéndose porcontestada la demanda en sentido negativo por parte dedichas dependencias estatales. Durante el período respectivo,se recibieron los elementos probatorios siguientes: PORPARTE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS: a)Fotocopia de la escritura pública autorizada por el NotarioCarlos Rafael López Estrada, que documenta un contrato deobra celebrado entre el l·nstituto Nacional de ElectrificaciónINDE, y la empresa Hochtief Acktieggeselleschafft FurHech-Und Tisfbauten Verm. Gebr. Helfmann; b) fotocopiade escritura autorizada por el Escribano de Cámara y deGobierno, que documenta el contrato de obra celebradotambién entre el Instituto Nacional de Electrificación 1 ND E yla sociedad "Ingenieros Civiles Asociados, SociedadAnónima, ICA"; e) expediente administrativo relacionadocon el caso; d) informe rendido por ejecutivo del BANVI,contestando un pliego de preguntas que el Tribunal le enviaray fuera presentado por las recurrentes; e) Informe rendidopor el Jefe del Departamento de Estudios Económicos delBanco de Guatemala, en contestación a un Pliego dePreguntas que le dirigiera el Tribunal, presentado por losrecurrentes; f) Informe rendido por el GerentedeiiNDE en lamisma- forma que los Funcionarios anteriores; g) Informerendido por el Gerente de INTECAP, también respondiendo aun pliego de Preguntas que le fuera presentado por elTribunal; h) Informe rendido por el Instituto Guatemaltecode Seguridad Social, IGSS, según cuestionario que le fueraenviado. PDR PARTE DE LA-AUTORIDAD RECURRIDA,se tuvieron como-prueba en el proceso losdocumentos queobran en el Especiente administrativo.SENTENCIA RECURRIDA:El dos de julio de1 año próximo pasado, el Tribunal delo Contencioso Administrativo dictó sentencia y declaró sinlugar el recurso interpuesto; como consecuencia, firme la


GACETA DE TRffiUNALES 87resolución impugnada. Al efecto consideró: "La jurisdiccióncontencioso administrativa conocerá de las cuestionesreferentes a la interpretación, cumplimiento, rescición yefectos de los contratos celebrados por la admíoistración paraobras y servicios públicos, a través de esta facultad losrecurrentes pretenden se obligue al Estada· como sujetocontratante haga una revisión del contrato, abarcando unarenegociación de las condiciones de los renglones relativos amano de obra, gastos generales de administración, ytransporte; tomando en consideración un hechoextraordinario imprevisto e imprevisible como lo fue elterremoto del cuatro de febrero de mil novecientos setentiseisy además el proceso inflacionario que ya estaba en caminocuando se suscribió el contrato. La modificación del contratocon el cambio de condiciones) a fundamentan en el articulo1330 del Código Civil que contiene la Teorfa de laimprevisión, que claramente estipul-a que el contrato podráser revisado mediante declaración judicial, cuando lascondiciones bajo las cuales fuera contralda la obligacióncambiaren de manera notable, a consecuencia de hechosextraordinarios imposibles de prever y de evitar, haciendo sucumplimiemo demasiado oneroso. Pero esta Teorla debeinterpretarse cuando sucede un hecho que perjudica a ~nosolo de los contratantes, pero, el movimiento telúrico delcuatro de febrero afectó también al Estado y tiene a su cargola reconstrucción nacional para restablecer todos losdeterioros causados por el terremoto, luego la Teorla de lalmpreví$ión no podrá aplicarse a este caso; esto sin tomar enconsideración la cláusula primera del contrato númerowarentiseis (46}, suscrito por el Gobierno y las recurrentes elocho de julio de mil novecientos setenta y cinco (8-7-75), queestablece: que el Gobierno no aceptará reclamaciones porpérdidas o ganancias precalculadas derivadas de fluctuacionesen cantidades de trabajo, además existe una cantidad sobre eldiez por ciento más o menos del valor del contrato enconcepto de gastos imprevistos, renglón que el Estado hasoportado. Fue un hecho evidente que la mano de obraescaseó después del terremoto, pero no fue promulgadaninguna ley que modificara en forma alguna el AcuerdoGubernativo del veintiocho de noviembre de mil novecientossetenta y tres, que regula lo relativo al Salario Mlnimo,que esuna garantla que el Gobierno otorga a los trabajadores, losincrementos sobre dichos salarios se rigen por la librecontratación. El transporte afectó a los contratistasejecutores de la Obra pero, deben tomarse en cuenta losesfuerzos que realizó el Gobierno para que quedara luegoexpedita la carretera con ruta hacia Puerto Barrios, pero esteproblema , tenra y tiene solución, por lo que no amerita larenegociación del contrato, porque se pueaen utilizar losservicios de FEGUA. En cuanto al proceso inflacionario, talsituación ya existra y los técnicos en asuntos económicospronosticaron los efectos de este fenómeno que es mundial,luego al suscribir el contrato previeron el alza de los costos ypara cubrir tales emergencias esta el renglón denominadoimprevistos. t:n conclusión, este Tribunal no tiene elementossuficientes de juicio para conocer el estado financiero delGobierno que tiene que resolver todos los problemaseconómicos que se le presentan, teniendo ya un presupuestoy alrededor de él todos sus ingresos y ejJ"esos, unarenegociación (lnicamente se puede hacer en este caso enfonna conciliatoria como lo establece el contrato de mérito;los expertos financieros y asesores del Ministerio son losúnicos capacitados para aconsejar. modificar las cláusulas delcontrato; además, la parte recurrente hasta el momento haincumplido con entregar la obra, no obstante que el plazo fueampliado precisamente porque se tomaron en cuenta losdestrozos ocasionados por el terremoto y esta modificacióndel contrato se hizo en forma conciliatoria y voluntaria, esdecir, que ha prevalecido el consentimiento expreso de laspartes, característica de todo contrato. Como consecuenciadebe declararse sin lugar el recurso contenciosoadministrativo interpuesto, siendo lo procedente enderecho."RECURSO DE CASACION:Lo interponen las compañías contratistas por motivosde fondo, Gon fundamento en los artículos: 255 de laConstitución de la República y 621 inciso ·1 o., subcasosprimero y tercero, del Código Procesal Civil y Mercantil.Acusan violados los artículos 9o. y 11 o incisos 1 o. y 4o. delDecreto 1762 del Congreso de la República, Ley delOrganismo Judicial, e interpretado erróneamente el artículo1330 del Decreto-ley 106, Código Civil. Estiman no ajustadaa derecho la interpretación que hace el Tribunal sentenciadorde este precepto substantivo porque, según lo aseveran, debeentenders.e que contiene una excepción a la regla general queel mismo Código Civil establece en su articulo 1519, encuanto a que los contratos deben cumplirse conforme a loconvenido ..." Es por eso que el citado artículo tiene sufundamentación jurrdica en el caso de que con posterioridada la celebración de un contrato, ocurran hechosextraordinarios imposibles deprevery de evitar. Desde luego,se nota en primer lugar que esta disposición legal es diferenteal caso fortuito o de fuerza mayor. Para el honorable Tribunalsentenciador, no estimó como un caso de excepción elartrculo que comentamos, al considerar que ya en el contratocuya renegociación pretendemos, estaba prevista lafluctuación de cantidades de trabajo y que además se fijó unacantidad sobre el diez por ciento más o menos del valor delcontrato en concepto de gastos imprevistos y que en el mismocontrato se estipuló que el Gobierno no aceptabareclamaciones por pérdidas o ganancias precalwladas.Efectivamente as( aparece estipulado en el contrato, perocomo ya dijimos, nosotros apoyamos nuestra petición en uncaso excepcional imprevisible considerado por la Ley, cuyaerrónea interpretación acusamos. Nunca hemos negado lostérminos del contrato original, pero lo que si invocamos ennuestro favor, es la ocurrencia de circunstancias imposibles deprever que motivaron que el cumplimiento del contrato enforma y tiempo convenido nos han causado enormes pérdidaseconómicas y esto es precisamente lo que en justicia trata deevitar la disposición legal contenida en el citado articulo queestimamos mal interpretado por el Tribunal de 11o ContenciosoAdministrativo. Por otra parte, estima el Tribuanl a-quo quela teorfa del citado articulo 1330 del Código Civil no esaplicable en el presente caso, porque el hecho imprevisibleocurrido cual fue el terremoto del cuatro de febrero de milnovecientos setenta y seis, también afectó al Estado, lo quequiere decir que a juicio del Tribunal sentenciador, ladisposición legal que comentamos, sólo tiene aplicacióncuando el hecho imprevisibiB ocurrido afecta a una sola de laspartes contratantes, lo cual también estimamos equivocado,porque en el presente caso, si bien es cierto que el terremoto'indicado afectó al Estado, también lo es que esa circunstanciano puede estimarse como impeditiva de la aplicación de lacitada ley $Í se estima que, como es un hecho establecido yaceptado por el Tribunal sentenciador, el terremoto, noafectó al Estado en las obligaciones que contrajo en elcontrato cuestionado, aunque sf en otros aspectos de mayorimportancia, pero totalmente distintos a la obra contratadacon nosotros. Queremos decir, que la argumentaciónsustentada en el fallo que impugnamos, a e~te respecto,podría aceptarse como lógica y con sustentación jurfdica, si elhecho imposible de prever hubiera afectado al • afectadoal Estado en lo referente al negocio o oontrato de laconstrucción de la obra mencionada, pero es evidente que encuanto a las estipulaciones de ese contrato, ningúnmenoscabo sufrió en sus intereses el Estado ni menos en las


88 GACETA DE TRffiUNALESobligaciones que contrajo". Las entidades recurrentesaprecian también equivocada la argumentación del Tribunalde lo Contencioso Administrativo en lo relativo al renglónsalario, "porque si bien es cierto que existe esa diSposiciónque fija el salario mfnimo, no lo es menos que al ocurrir elhecho ya relacionado que hizo escasear la mano de obra en elrenglón de construcciones por norma harto conocida deeconomfa, el salario subió debido a la excesiva demanda ynadie podrfa haber intentado siquiera, forzar a lostrabajadores a prestar sus servicios por el salario mfnimo.Además, es notorio que esa disposición sólo señala el salariom(nimo, pero no obliga a ser aceptado, desde luego que sumisma naturaleza de "mfnimo" está indicando que no es elque los trabajadores están obligados a aceptar sino el que lospatronos están obligados a pagar. Pero, como es natural y asrocurrió efectivamente, el terremoto o sus consecuenciasmejor dicho, hicieron subir exageradamente el valor de lamano de obra por la simple ocurrencia de su escasez, deconformidad con la ley económica de la oferta y la demanda.Resulta entonces no solo equivocada sino innecesaria lainvocación de esta disposición por el Tribunal de loContencioso Administrativo y es evidente que esta otraequivocación incidió en la interpretación errónea del referidoarticulo 1330 del Código Civil". En lo tocante al otro motivode fondo, o sea por violación de la ley, expresan lascompañfas impugnantes que se infringió el articulo 9o. delDecreto 1762 del Congreso de la República porque "eltribunal sentenciador desatendió el claro tenor literal delarticulo 1330 del Código Civil, al atribuir a este preceptocaprichosamente un sentido totalmente contrario al queresulta de su contexto, como ya quedó explicado en elpárrafo anterior. También se violaron los incisos 1 o. y 4o. delarticulo 11 o. del mismo Decreto 1762 del Congreso de laRepública porque no conteniendo pasajes obscuros elarticulo 1330 del Código Civil, le dio una interpretacióndistinta al de su tenor literal, so pretexto de consultar suespfritu, y el inciso 4o. de ese mismo articulo 11o. delDecreto 1762 del Congreso de la República, también fueviolado, desde luego que, si a juicio del Tribunal la citada Leyno era suficientemente clara, debió interpretarla atendiendo"al modo que parezca más conforme a la equidad y a losprincipios ge_nerales del derecho como reza este precepto legalnormativo de la interpretación de las leyes". Transcurrida lavista es el caso de resolver.CONSIDERANDO:. 1·Afirman las empresas comparecientes -argumentaciónque califican principal de su recurso· que el Tribunal de loContencioso Administrativo al aceptar que en el contratocuya renegociación pretenden, estaba prevista ya lafluctuación de cantidades de trabajo y que se fijó una sumasobre el diez por ciento más o menos del valor de la obra enconcepto de gastos imprevistos, amén de que se estipuló queel Gobierno no aceptada reclamaciones por pérdidas oganancias precalculadas, interpretó erróneamente el artfculo1330 del Código Civil, Decreto Ley 106, pues tal precepto alreferirse a hechos excepcionales que están fuera de todaprevisión, como lo fue el terremoto del cuatro de febrero, demil novecientos setenta y seis, contiene una excepción a laregla general que el mismo Código establece en su articulo1519, en cuanto a que los contratos deben cumplirseconforme a lo convenido. El artículo en cuestión introduceen la Legislación civil guatemalteca la "Teorfa de laimprevisión" o del "Riesgo sobreviniente", que tiende amantener la equivalencia de las prestaciones cuando laeconom(a del contrato es alterada por acontecimientosextraordinarios ajenos -a la voluntad de las partes, o poreventos imprevistos e inevitables, haciéndolo gravementeoneroso para el deudor, o en general, para uno de loscontratantes. La doctrina y la jurisprudencia que han ido,históricamente, por delante en la elaboración del Derecho,requieren para la aplicación de esta Teor(a, los supuestosfácticos siguientes: a) imprevisibilidad del hecho, suceso ocircunstancia que ocasiona la mayor onerosidad, puesto quesi estaba previsto o era previsible se entiende que el deudorcontrató asumiendo el riesgo, y si el evento dañoso eraevitable, los riesgos han de ser imputables al contratista atrtul.o de culpa o negligencia; b) posibilidad de cumplimientodel contrato, ya que si no fuera asC, se estarra ante un hechode fuerza mayor en la teorCa del incumplimiento; e) aumentograve en la onerosidad de la prestación, no siendo a esterespecto suficiente, que el contratista haya sufrido unadisminución de los beneficios esperados, sino es preciso que etcumplimiento de la prestación resulte excesivamente dañosoo lesivo 'por su desproporción evidente; y d) que lamodificación de las condiciones de ejecución y la onerosidadconsiguiente, no haya llevado al empresario a interrumpir larealización de la obra o la prestación del servicio. En esta 1 rneade- pensamiento, cabe precisar si los hechos aceptados por elTribunal sentenciador, escapan o no al ámbito del artCculoqUe se acusa inf.ringido.• 11-Los contratos administrativos en sus modalidades másdpicas: obras, servicios y suministros, llevan consigoordinariamente muchos riesgos por constituir casi siempreacuerdos de larga duración y gran volumen económico,caracterrsticas que hacen que durante su ejecución se den,con frecuencia, Cambios importantes, unas veces ordenadospor la Administración, y otras, como resultado de laintervención de factores de diversa r ndole, que causan unaverdadera mutación .substanCial de las bases· inicialmenteconvenidas. De ah(, que la equivalencia de sus prestacionespueda ser afectada por un triple áleas: a) el administrativointegrado por el~conjunto de modificaciones ~ese producenen el seno del contrato por la acción unilateral del Estado; b)el empresarial, conformado por los riesgos comercialesinternos del negocio; y e) el coyuntural constituido por losriesgos externos provenientes de la alteración de lascondiciones económicas que tornan más oneroso elcumplimiento de las obligaciones. La justicia conmutativa delcontrato exige que tcxlos esos riesgos o cc.nbios seandistribuidos equitativamente entre las partes, a fin de que nose menoscabe la equivalencia y reciprocidad de lasprestaciones. Asf, los primeros se imputan única yexclusivamente a la Administración, que los origina en elejercicio de su "potestas variandi"; los segundos, alcontratista empresarial, quien los ha previsto y tomado encuenta a la hora de calcular la oferta; y los últimos, portratarse de eventualidades no imputables a las partes, sonmateria propia de la Teor(a de la imprevisión. No cabe dudaque al estipularse en el contrato número cuarentiseis (46) deldieciocho de julio de mil novecientos setenta y cinco, que elGobierno no aceptar( a reclamaciones por pérdidas oganancias precalculadas derivadas de fluctuaciones en lascantidades de trabajo, se alude al áleas del contratista, queasume siempre el riesgo de un mrr.¡or costo o la ventura de uninsospechado baneficio (principio de riesgo y ventura). Porconsiguiente, si esos riesgos se comprenden dentro delsupuesto hipotético de la norma analizada, se desvirtúan susentido y alcances, pues las causas productoras de esoscambios no tienen las notas de la imprevisibilidad y de lainevitabilidad, a que ella se contrae, ·tas que s( reúne elmovimiento telúrico cuyos efectos perjudiciales se tratan deequilibrar.. 111·Ahora bien, como la T eorfa de la imprevisión tiene


GACETA DE TRffiUNALES 89carácter excepcional y restringido, obviamente solo tieneap 1 icación, producidos aquellos presupuestos fácticos,cuando no se haya previsto en las estipulaciones particularesdel contrato o en su legislación especial, un régimen propio derevisión de precios, pues no podrfan aplicarse al mismocontrato administrativo ambos remedios simultáneamente; ode otra manera, la revisión que dicha Teor(a preconizasolamente es posible concederla ante el déficit normativo delcontrato que hace necesario arbitrar la regla que provea a lasexigencias de la situación. En el caso sub-judice el Tribunalsentenciador al aceptar que en el contrato antes identificadose fijó una cantidad sobre el diez por ciento más o menos delvalor de la obra, en concepto de ngastos imprevistos", con lacual se cubren los incrementos que se pretenden obtener através de la revisión del contrato, no interpretó erróneamenteel artfculo 1330 del Código Civil, porque no asevera que elterremoto acaecido sea ajeno al supuesto de la norma, ni niegalos efectos perjudiciales que produjo, sino sostiene que enbase al contrato celebrado, esos efectos deben afrontarlos lasentidades recurrentes con la suma relacionada, la que si bienes cierto está inclufda en el valor total de la obra, essuplementaria o adicional; o lo que es lo mismo, no tienecontraprestación alguna y su destino es especffico. Podrfaargumentarse en contra de estas apreciaciones, que loscontratantes no podfan cubrir por anticipado consecuenciasnocivas de hechos que no eran de su conocimiento almomento de celebrar el contrato; pero ese criterio sólo enapariencia es 16gico, pues no existe obstáculo legal ni racionalque impida a las partes estipular una cantidad en previsión decontingencias "in género", cualquiera que éstas sean,incluyéndose desde luego, las de carácter extraordinario. Yjustamente este es el mecanismo previsor que laAdministración utiliza en los contratos que celebra para la,ejecución de obras. servicios o suministros, toda vez que tienedeterminadas sus posibilidades de obligarse, limitaciones quevienen impuestas por los principios presupuestarios delingreso y del gasto públicos, que operan como factorescondicionantes de la normativa contractual. En efecto, por laseguridad y certidumbre financiera. el Estado necesita saberpreviamente a contratar, cuáles son los recursos con quedispone para la atención de servicios y realización de obras, yaque no puede contraer obligaciones cuyo importe exceda delcrédito legislativo o autorizado. Por otra parte, y en abono delcriterio expuesto, no debe olvidarse que la especial naturalezade la actividad administrativa y de su derecho, cuyacomprensión y elaboración científica no puede hacersesiguiendo el puro conceptualismo jurídico-privado, exige quese tomen en cuenta sus peculiaridades, amén de las realidadesjurídicas, polfticasy económicas que subyacen en el fondo desus instituciones. El contrato viene a ser asr. en 1-a esfera delDerecho Público, no un simple instrumento para la obtenciónde prestaciones de carácter patrimonial en las relaciones dealteridad que provoca la sociabilidad humana, sino una de lastécnicas de cooperación de los administrados con laAdministración, por lo que el contratante particular no esconsiderado como un sujeto contrapuesto, parte adversa o enconflicto, sino antes bien, un colaborador voluntario queaunque persigue un interés pecuniario, no tiene que serforzosamente opuesto al interés del Estado, que no es otroque el bien común. Se concluye entonces, sin entrar al análisispor innecesario, de los otros hechos aceptados por el Tribunaly redargü idos expresamente -que el terremoto afectó tambiénal Estado y no sólo a las compañías contratantes y que fueevidente que-la mano de obra escaseó como efecto del mismo,pero que no se promulgó ley alguna que modificara elAcuerdo Gubernativo del veintisiete de noviembre de milnovecientos setenta y tres, que regula lo relativo al SalarioMfnirno- que el artfculo en que basan sus pretensiones lasrecurrentes, no fue infringido, pues el Juzgador aún cuandohaya inclufdo en sus consideraciones algunos hechos que noencajan en la hipótesis del precepto, irrelevantes para los finesde este recurso, fundamentó esencialmente su decisión, en laexistencia de un régimen previsional en el contrato celebrado,el que, se reitera, es compatible con la excepcionalidad dedicho artfculo, Cuya brevedad e imprecisión requieren delauxilio del procedimiento interpretativo, por lo que tampocovioló los artfculos 9o. y 11o. incisos lo. y 4o. del Decreto1862 del Congreso de la República, Ley del OrganismoJudiciaL En suma, el recurso que se analiza devieneimprocedente y asf debe declararse.LEYESAPLICABLES:Artículos citados y 223, 240. 24 7 y 255 de laC o n s 't i t u e i ó n d e 1 a R e p ú b 1 i e a ;25,26,66,67,86,87,88,620,621 inciso 1o.,627,633,635 delCódigo Procesal Civil y Mercantil; 6,14 y 50 de la Ley de loContencioso Administrativo; 7, 10,27,28,32.38 inciso 2o.,116,143,157,159,163,169,179,180,181, y 182 de la Ley delOrganismo Judicial.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,DESESTIMA el recurso de casación interpuesto; condena alas empresas recurrentes al pago de las costas del mismo y alde una multa de Doscientos quetzales, a razón de cincuentaquetzal es cada una, que dentro de tercero d(a deberán enteraren la Tesorer(a del Organismo Judicial y en caso deinsolvencia se convertirá en diez dfas de prisión. Dentro dedicho término, también deberán reponer el papel empleadoen la forma que manda la Ley, bajo apercibimiento deimponerle multa de cinco quetzal es.Notiffquese y con certificación de lo resueltodevuélvanse los antecedentes.(f). A.E. MAZARIEGOS.--·JUAN JOSERODAS.---FED.G.BAR 1 LLAS C.-·- HE R lB. ROBLESA.---ROL.TO R RES MOSS.-.. Ante mf: M.ALVAREZLOBOS.CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:Recurso de Casación interpuesto por Carlos HumbertoSoto Mazariegos, representante de Guatemala MiningCorporation y Compañfa Limitada (Transmetales Limitada),contra la sentencia que el Trubunal de lo ContenciosoAdministrativo dictó el tres de octubre de mil novecientossetenta y nueve.DOCTRINA:Cuando se funde el recurso de casación en error dehecho en la apreciación de las pruebas, es indispensable que elinteresado cumpla con indicar en qué consiste el error alegadoe identificar, sin lugar a dudas, el documento o acto auténticoque demuestre la equivocación del juzgador.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARACIVIL:Guatemala, diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso de casacióninterpuesto por Carlos Humberto Soto Mazariegos,representante de "Guatemala Mining Corporation yCompañía Limitada", de nombre comercial ''TransmetalesLimitada", contra la sentencia que el Tribunal de loContencioso Administrativo dictó el dos de octubre de milnovecientos setenta y nueve, en el recurso que de esa_naturaleza planteó el mismo recurrente.ANTECEDENTES:Carlos Humberto Soto Mazariegos, ejercitando larepresentación mencionada, compareció al Tribunal de loContencioso Administrativo impugnando la resolución cerocuatro mil trescientos sesenta y seis (04366) dictada por el


90 GACETA DE TRffiUNALESMinisterio de Finanzas Públicas el treinta y uno de marzo demil novecientos setenta y ocho, la cual declaró sin lugar elrecurso de revocatoria que Transmetales Limitada interpusocontra la resolución DFLC·R·doscientos setenta y uno(OFLC-R-271) proferida por la Dirección General de RentasInternas. En el recurso de lo contencioso Administrativo,Soto Mazariegos manifiesta que al revisarse la declaraciónjurada de renta presentada porTransl]letales Limitada, por elperfodo impositivo comprendido del primero de enero altreinta y uno de diciembre de mil novecientos setenta y tres,el auditor fiscal de la Dirección General de Rentas Internas,Augusto Beteta G., adujo omisión de timbres fiscales enoperaciones entre compañfas, basándose en el artículo 2o.inciso e), numeral So. del Decreto Legislativo 1831 quecontiene la Ley. de Papel Sellado y Timbres, pero no tomó encuenta que tanto su representada como Recursos del NorteLimitada, son empresas subsidiarias de la entidad "BasicResources lnternational S.A" y que ésta sitúa alfinanciamiento para las operaciones de ambas empresas através de transferencias bancarias en el Banco de Américalocal, en el cual tiene su cuenta de depósitos la entidad querepresenta, por lo que la parte de financiamiento que lee-.Jrresponde a Recursos del Norte Limitada se lo traslada surepresentada por medio de cheques depositados en cuenta dedepósitos que aquella tiene en el Banco Granai & Townson.Son estos cheques los q~e detalla el auditor fiscal en su cédulanúmero tres, aduciendo que existe omisión de timbres fiscalespor la suma de diez mil setecientos setenta quetzal es, pero loscheques emitidos a nombre de Recursos del Norte Limitadano constituyen pago ni son préstamos, ni generan obligaciónentre estas empresas, son únicamente distribución delfinanciamiento de la casa matriz en el exterior y de acuerdocon el articulo 82 del Decreto Legislativo 203, LeyMonetaria, el pago de cheques contra cuentas bancarias dedepósitos están exentos de cualesquiera impuestos ycontribuciones fiscales y municipales. Terminó pidiendo que,al dictar sentencia, se revoquen las resolucionesadministrativas mencionadas y se absuelva a su representadadel cargo formulado por omisión de timbres fiscales enoperaciones entre compañ ras.SENTENCIA RECURRIDA:El Tribunal de lo Contencioso Administrativo al dictarsentencia estimó: que las fotocopias de las escrituras públicasnúmeros sesenta y cuatro y sesenta y cinco (64 y 65) del oncey dieciocho de junio de mil novecientos setenta y cuatro,respectivamente, sólo prueban que las sociedades "Recursosdel Norte Limitada" y "Transmetales Limitada" quedaronintegradas a las sociedades extranjeras "Basic Resourceslnternation~l S.A." y "Basic Resources lnternational(Bahamas) Limitad"; se hace constar únicamente que "BasicResources 1 nternational S.A." ha proporcionado a"Transmetales Limitada" fondos que están empleando comocapital de trabajo, pero no aparece en autos ningÚn mediopara desvanecer los ajustes hechos por la autoridadadministrativa respectiva. En consecuencia de lo anterior,declara sin lugar el recurso y confirma las resolucionesrecurridas.RECURSO DE CASACION:Contra el fallo antes señalado, Carlos Humberto SotoMazariegos, representante de Guatemala Mining Corporationy Compañfa Limitada, de nombre comercial "TransmetalesLimitada'', manifiesta que interpone casación por motivos defondos y señala como caso de procedencia el contenido en elartículo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. Agregaque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dedeapreciar la prueba en su verdadero significado, dado que se haequivocado al afirmar en la sentencia impugnada, que "talesextremos no fueron probados en forma fehaciente", lo cualno es cierto, ya que su representada si aportó pruebasabundantes y fehacientes dentro del juicio, estando la mismacontenida en el expediente administrativo y en el propiorecurso, documentos auténticos, marcados del número uno alcinco, consistentes en copia legalizada de la escritura númerosesenta y cuatro, autorizada en esta ciudad e~ once de junio demil novecientos setenta y cuatro, por el Notario EmilioMeOOía Paredes; copia legalizada de la escritura sesenta ycinco, autorizada e& dieciocho de junio de mil novecientossetenta y cuatro, por el mismo notario, con lasque se pruebaque su representada y Recursos del Norte Limitada sonsubsidiarias de Basic Resources lnternational,_ S.A., quiensitúa el financianiento para las operaciones de ambasempresas.. También quedó probado que el financiamientopara las oPeraciones de ambas empresas se sitúa en un sólobanco por razones de economfa en la comisión y manejo delas transferencias, como por conexiones internacionales deeste Banco. También quedó probado que la parte delfinanciamiento que le cciresponde a Recursos del NorteLimitada, se lo traslada su representada por medio de chequesgirados a favor de Recursos del Norte Limitada. El Tribunalde lo Contencioso Administrativo reconoce que las entidadesúltimamente metteionadas quedaron integradas a lassociedades extranjeras Basic Resources lnternational, S.A yBasic Resources lnternational (Bahamas) Limitad y que laprimera ha proporcionado a Transmetales Limitada fondosque está empleando como capital de trabajo, pero no tomó encuenta en su verdadero valor las demás pruebas. Por otraparte, rio Solo se ha tergiversado el contenido de la pruebaaportada por Transmetales Limitada, sino que se le dá plenavalidez al reporte del auditor fiscal. Por lo tanto, si se hademostrado que los cheques situados a favor de Recursos delNorte Limitada, no son documentos que se encuentrencomprendidos en el artfculo 2o. inciso e) numeral 5o. delDecreto Legislativo 1831, Ley de Papel Sellado y Timbres,razón por la que tales transferencias no están sujetas al pagode impuesto del tiinbre, habiéndose dictado una sentencianegativa, debido a que la documentación aportada fuetergiversada en su contenido y no fueron por lo tantodebidamente apreciadas por el Juzgador, quien al no tomar encuenta la naturaleza y origen de las operaciones, incurrió enerror de hecho que dio, a su vez origen a la equivocación delJuzgador, lo que influyó en el fallo dictado. Pidió se case lasentencia recurrida y se revoque la resolución cero cuatro miltrescientos sesenta y seis dictada por el Ministerio de FinanzasPúblicas.CONSIDERANDO:Cuando se funde el recurso de casación en error dehecho en la apreciación de las pruebas, es indispensable, Paraque el mismo prospere, que el interesado cumpla con indicaren que consiste el error alegado e identificar, sin lugar a dudas,el documento o acto ~uténtico que demuestre laequivocación del juzgador. Al hacer el estudio del memorialde impugnación, se advierte que el recurrente se limitaúnicamente a mencionar las escrituras sesenta y cuatro ysesenta y cinco que el notariQ Emilio Mendfa Paredesautorizó en esta ciudad el once y dieciocho de junio de milnovecientos setenta y cuatro, respectivamente, pero omitemencionar en que consiste, a su juicio, el error o equivocacióncometida por el juzgador al apreciar esos documentos;asimismo, hace referencia a las pruebas cuatro y cinco, perosin indicar en que consisten tales elementos de prueba y al noidentificarlos, cerno manda la ley, también omitió exponer lasrazones por las que se equivocó el juzgador al apreciarlas.En esas circunstancias, esta Cámara no está en Japosibilidad de hacer el examen comparativo para establecer si


GACETA DE TRffiUNALES 91concurre o no el error de hecho en la valoración probatoria.LEYES APLICABLES:Artfculos: 86, 87, 88, 619 inciso 6o., 620,621 inciso2o., 633, 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 26, 27,32, 38 inciso 2o., 143, 157, 159, 163, y 169 de la Ley delOrganismo Judicial.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,DESESTIMA el recurso de casación interpuesto; condena a larecurrente en las costas del mismo; a una multa de cienquetzal es que deberá hacer efectiva dentro del término decinco dfas en la Tesorerfa del Organismo Judicial, la que encaso de insolvencia conmutará con diez d(as de prisiónsimple; y a la reposición del papel empleado al del sello de ley,dentro de igual término, bajo apercibimiento de imponerleuna multa de cinco quetzales si no lo hiciere. NotiHquese ycon certificación de lo resuetto,-devúelvanse los antecedentes.(fs.) C. E. Ovando B. -·Julio Garcfa C. ··-fed. G. Sarillas C.···Herib. Robles A ··-Rol. Torres Moss. ···Ante mi: M. AlvarezLobos.·CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOInterpuesto por ENRIQUE NOVELLACAMACHOenrepresentación de la Sociedad "CEMENTOS PROGRESO,SOCIEDAD ANONIMA" antes "CEMENTOS NOVELLA,SOCIEDAD ANONIMA" controla resolución número cerocuatro mil cuatrOcientos cuarenta y uno dictada por elMinisterio de Finanzas Públicas.DOCTRINA:Se interpreta erróneamente la literal o) del artrculo 7o.del Decreto-Ley 229, cuando se introducen en el supuestonormativo, elementos fácticos ajenos al mismo.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARACIVIL:Guatemala, dieciocho de marzo de mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver er recurso de casacióninterpuesto por ENRIQUE NOVELLA CAMACHO, enrepresentación de la Sociedad "CEMENTOS PROGRESO,SOCIEDAD ANONIMA", antes "CEMENTOS NOVELLA,SOCIEDAD ANONIMA", contra lasentenciadel Tribunal delo Contencioso-Administrativo del tremta de marzo de m1lnovecientos setenta y nueve, en el recurso de igual naturalezaque interpuso dicho personero, contra la resolución númerocero cuatro mil cuatrocientos cuarenta y uno, dictada por elMinisterio de Finanzas Públicas, el cuatro de abril de milnovecientos setenta y ocho.ANTECEDENTES:El expediente administrativo se inició con los ajustesformulados a "Cementos Nove/la, S. A." por el período deimposición comprendido del uno de enero al treinta y uno dediciembre de mil novecientos setenta y uno, que asc1enden ala suma de sesenta mil setecientos quetzales, y que se refierena los subsidios que para recreación, publicidad y propagandadio la empresa al equipo de futbol de su mismo nombre;ajustes con los que ésta no se conformó. La Dirección Generalde Rentas Internas dictó la resolución identificada en la parteintroductiva de este fallo, que aprobó la liquidaciónpracticada por la División respectiva del Departamento defiscalización de dicha dependencia. Contra esta resoluciónCementos Novel/a, Sociedad Anónima, interpuso Recurso deRevocatoria, el que fué declarado sin lugar por el Ministeriode Fin-anzas Públicas y originó el RecursoContencioso-Administrativo, cuya sentencia ha sidoimpugnada por el presente recurso de casación.SENTENCIA RECURRIDAEl Tribunal de lo Contencioso-Administrativo declaró:"A) SIN LUGAR el Recurso Contencioso-Administrativointerpuesto por CEMENTOS PROGRESO, SOCIEDADANONIMA, contra la resolución número cero cuatro milcuatrocientos cuarenta y uno (04441), dictada por elMINISTERIO DE FINANZAS PUB LilAS el cuatro de abrilde mil novecientos setenta y ocno, la cual CONF 1 RMA·Notifíquese .. . t., Al efecto consideró: si bien es cierto que elfutbol es un Qeporte que proporciona recreación al pueblo,también lo es que los trabajadores de la empresa para gozar deeste entretenimiento, deben pagar su ingreso a los partidos, esdecir no fue un medio recreativo gratuito y específicamentedesti~ado a los trabajadores de la empresa, aún cuando sesintieran muy satisfechos de los triunfos del equipo quellevaba el nombre del lugar donde laboran. Que es importanteseñalar que el citado equipo no se sostenía sólo con lasubvención de ~~cementos Novel la Sociedad Anónima'', puespor su condición de rentado, tenía ingresos por cada una desus intervenciones, -como cualquier otro de su categoría,tngresos que no declaraba la empresa. Esto es lógico, dice elmismo tribunal, porque el equipo estuvo desvinculad~u Cementos Novel! a Sociedad Anónima" y, era una ent1dadnueva diferente a la Empresa que lo impulsó en sus inicios, loque d~uestran lasconstanciasque aparecen en el expedienteadministrativo que acreditan que el equipo de futbolCementos NoveUa, fue reconocido por las autoridadesdeportivas que actúan por delegación del Estado,confo!m.e elartfculo 115 del Decreto 48-69 del Congreso de la Republica;de consiguiente el equipo se sostiene con los fondo~ quepercibe por sus actuaciones, los cuales no estuv1~ronafectos a pago del impuesto sobre la renta de conform 1dadcon el artículo 2o. del Decreto Ley 229. Por otra parte, aduceel Tribunal sentenciador que el gasto de la empresa paramantener el equipo Cementos Novella, no constituía unaerogación necesaria .ni indispensable para la fábrica: c?mocorrectamente discierne el Ministerio de Finanzas Publicas,cuando dice: "El gasto objetado no fue necesario paraproducir mantener e incrementar rentas por capitalesproduct~res de renta, para aceptar su deducibilidad"; Y encuanto a que constituye un medio de propaganda, esindudable que el prestigio del equipo divulgó el nombre de laEmpresa, pero tal divu igación no es necesaria, porque''CementOs Novella, Sociedad Anónima", hoy "CementosProgreso, Sociedad Anónima", no tiene competidores en laRepública.RECURSO DECASACION:Se basa en el caso contenido en el inciso 1o. del artículo621 del Código Procesal Civil y Mercantil, relativo ainterpretación errónea de la ley. Expresa el recurrente quereiterada jurisprudencia de la Corte Supreina de Justicia, haconsagrado que "la errónea interpretación de la ley seproduce si se da a la ley un sentido distinto del quecorresponde a su tenor literal o a su espíritu". En la sentenciaimpugnada, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dioa la literal 1) del articulo 7o. de la Ley del Impuesto sobre laR~nta contenida en el Decreto-Ley 229 y sus reformas, unsentido distinto del que corresponde a su tenor, pues para ladeducibilidad del gasto la literal invocada no imponecondición alguna, sino, únicamente establece que sean gastosincurridos en proporcionar medios recreativos, culturales oeducativos a los trabajadores. En efecto no establece esanorma ni es ese su sentido, que la recreación sea totalmentegratuita, como tampoco prohibe que otra entidad o personacontribuya al gasto que ocasiona la misma. Es igualmenteincorrecta agrega, la interpretación que se dió a la letra i) delartfculo 7o. de la Ley mencionada, puesto que dichoprecepto legal no señala que los gastos incurridos ende


92 GACETA DE TRffiUNALESproporcionar medios recreativos a los trabajadores, seannecesarios para producir, mantener o incrementar rentas ocapitales productores de rentas, por lo que también aquí setomó en un sentido distinto el tenor literal de la norma. En sucriterio es procedente el recurso de casación por el motivomencionado, pero también lo es porque el tribunal interpretóerróneamente, además, la literal o) del artrculo 7o. delDecreto-Ley 229, ya que dicho artfculo al establecer: "larenta neta se determina de acuerdo con la clasificación decontribuyentes y las modal ida des que fija el Reglamento,deduciendo de la renta bruta ... o) los gastos de publicidad opropaganda de. la empresa;'', es bastante claro y no puede nidebe dársele un sentido o finalidad distintos a los que expresa;es decir, no condiciona que el gasto para la publicidad, solopueden efectuarlo las empresas que tengan competidores enla República, o a que no haya otras fábricas que elaboren losmismos productos. De ah( que el Tribunal de leContencioso·Administrativo, al afirmar que su representadano tiene necesidad de hacer publicidad por no tenercompetidores en la República, también infringió el artfculo9o. de la Ley del Organismo Judicial. Concluye el recurrente,que 1~ interpretación errónea que el Tribunal dió a las literalesi y o) del artfculo 7o. del Decreto-Ley 229, incide en el fallo,pues de haber aplicado en su tenor literal las normas citadas,necesariamente se hubiera declarado deducible el gasto enque incurrió la empresa que representó, al proporcionarmedios recreativos a sus trabajadores y hacer publicidad, en lacantidad de sesenta mií setecientos quetzal es (0.60,700.00).Transcurrido el dfa de la vista procede dictarsent~ncia.CONSIDERANDO:El recurrente afirma que el Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo interpretó erróneamente el inciso o) delart(culo 7o. de la Ley del impuesto sobre la Renta, al darle unsentido o contenido que no le corresponde. Efectivamente,del aná.lisis de dicha norma, se establece que no supedita ladeducción del gasto por publicidad o propaganda a condición· alguna, por lo que el Tribunal sentenciador al estimar que, elgasto efectuado por la Empresa para mantener al equipo defutbol, del Club Cementos Novella, no es una erogaciónnecesaria ni indispensable para la fábrica, porque no tienecompetidores en la República y que por ello no requieredivulgación alguna, interpreta erróneamente el preceptoindicado, pues introduce en el supuesto normativo elementosfácticos ajenos al mismo. De consiguiente, por eseseñalamiento el recurso prospera e inútil resulta hacer elestudio del otro inciso del artrculo citado, que también seacusa infringido.-11-De conformidad con el artrculo 7o. inciso o) de la Leydellmpuestosobre la Renta, son deducibles de la Renta Brutalos gastos de publicidad o propaganda. De modo queacreditado en autos que la firma recurrente incurrió enegresos de esa naturaleza al mantener un equipo de futbol dela liga de no aficionados, deben dichos gastos tenerse comodeducibles en el per(odo impositivo comprendido del uno deenero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos setentay uno, pues si tal equipo obstentó tl nombre de la empresapatrocinante y con éste hizo sus presentaciones deportivas,obviamente contribuyó a divulgar las actividadesconcernientes a la mismaLEYES APLICABLES:La citada y artlculos 255 de la Constitución de laRepública; 66, 86, 87, 88, 126, 127, 128 inciso 5o.; 186,621,627, 630, 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 26, 27,38 inciso 2o., 157, 159, 163, 169 de la Ley del OrganismoJudicial; 41 y 50 de la Ley de lo Contencioso·Administrativo.POR TANTO:Esta Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, CASA lasentencia impugnada y al resolver conforme la leyDECLARA: 1) Procedente el Recurso ContenciosoAdministrativo interpuesto por el personero legal de laempresa "Cementos Novel la, Sociedad Anónima" de nollJbreactual "Cementos Progreso, Sociedad· Anónima", enconsecuencia, REVOCA la resolución número cero, cuatromil cuatrocientos cuarenta y uno, proferida por el Ministeriode Finanzas -Públicas el cuatro de abril de mil novecientossetenta y ocho; 11) La empresa nombrada tiene derecho adeducir de la renta bruta, del período de imposicióncomprendido del uno de enero al treinta y uno de diciembrede mil novecientos setenta y uno, la cantidad de sesenta milsetecientos quetzales para determinar la renta neta, laimponiblé y el impuesto respectivo por el períodomencionado; 111) No hay condena en costas; IV) El recurrentedeberá reponer el papel empleado al del sello de ley, dentrodel término de tres dfas, bajo ~ercibimiento de imponerleuna multa de cinco quetzales si asf no lo hace. NotiHquese ycon certificación de 1 o resuelto, devuélvanse 1 os antecedentes.(fs) F.E. Ovando B. --J. Felipe Cardón. --Fed. G. Sarillas C.--Herbi. Robles A. ---Rol. Torres Moss. --Ante mf: M. AlvarezLobos.CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:Recurso de Casación interpuesto por Carlos HumbertoSoto Mazariegos, representante de Guatemala MiningCorporation y Compañia Limitada (Transmetaies Limitada),contra la sentencia que el Tribunal de lo CorltenciosoAdministrátivo dictó el tres de octubre de mil novecientossetenta y nueve.DOCTRINA:Cuando se funde el recurso de casación en error dehecho en la apreciación de las pruebas, es indispensable que elinteresado cumplacon'indicar en que consiste el error alegadoe identificar, sin lugar a dudas, el documento o acto auténticoque demuestre la equivocación del juzgador.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARACIV-IL:Guatemala, veintiocho de marzo de mil novecientos ochenta.Se tieOe a la vista para resolver el recurso de casacióninterpuesto por Carlos Humberto Soto Mazariegos,representante de "Guatemala Mining Corporation yCompañra Limitada", de nombre comercial "TransmetalesLimitada", contra la sentencia que el Tribunal de loContencioso·Administrativo dictó el dos de octubre de milnovecientos setenta y nueve, en el recurso que de esanaturaleza planteó el mismo recurrente.ANTECEDENTES:Carlos Humberto Soto Mazariegos, ejercitando larepresentación mencionada, compareció al Tribunal de loContencioso Administrativo impugnando las resolucionescero siete mil cero veintiocho (07028) y cero nueve milochocientos setenta y siete (09877) dictadas por el Ministeriode Finanzas. Públicas el diesciséis de mayo y veinte de julio demil novecientos setenta y ocho respectivamente; ésta últimadeclaró sin lugar el recurso de revocatoria qJe TransmetaJesLimitada interpuso contra la Resolución DF LC·R·Doscientossetenta (OFLC-R-270) proferida por la Dirección General deRentas 1 nternas. En el recurso de lo ContenciosoAdministrativo, Soto Maza riegos manifiesta que al revisarse ladeclaración jurada de renta presentada por TransmetalesLimitada, por el per(pdo impositivo comprendido del prime.ro de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientossetenta y dos, el auditor fiscal de la Dirección General de Ren·tas Internas, Augusto Beteta G. adujo omisión de timbres


GACETA DE TRIBUNALES 93fiscales en operaciones entre cornpañ fas, basándose en elartfculo 2o. inciso e), numeral 5o. del Decreto Legislativo1831 que contiene la Ley de Papel Sellado y Timbres, pero notomó en cuenta que tanto su representada como Recursos delNorte Limitada, son empresas subsidiarias de la entidad"Basic Resources lnternationa!, S.A. "y que ésta sitúa elfinanciamiento para las operaciones de ambas empresas através de transferencias bancarias en el Banco de Américalocal, en el cual tiene su cuenta de depósitos la entidad querepresenta, por lo que la parte de financiameinto que lecorresponde a Recursos del Norte Limitada se lo traslada surepresentada. por medio de cheques depositados en cuenta dedepósitos que aquella tiene en el Banco Granai & Townson.Son estos cheques 1 os que detall a el auditor fiscal en su cédulanúmero tres, aduciendo que existe omisión de timbres fiscalespor la suma de tres mil trescientos sesenta quetzales(3,360.00) pero los cheques emitidos a nombre de Recursosdel Norte Limitada no constituyen pago ni préstamo, ni,generaf obligación entre estas empresas, son únicamentedistribución del financiamiento de la casa matriz en elexterior y de acuerdo con el artfculo 82 del DecretoLegislativo 203, Ley Monetaria, el pago de cheques contracuentas bancarias de depósitos están exentos de cualesquieraimpuestos y contribuciones fiscales y municipales. Tenninópidiendo que, al dictar sentencia, se revoquen las resolucionesadministrativas mencionadas y se absuelva a su representadadel cargo formulado por 'omisión de timbres fiscales enoperaciones entre compañ fas.SENTENCIA RECURRIDA:El Tribunal de lo Contencioso Administrativo al dictarsentencia estimó: que las fotocopias de las escrituras públicasnúmeros sesenta y cuatro y sesenta y cinco (64 y 65) del oncey dieciocho de junio de mil noveCientos setenta y cuatro,respectivamente, sólo prueban que las sociedades "Recursosdel Norte Limitada" y "Transmetales Limitada" quedaronintegradas a las sociedades extranjeras "Basic Resources1 nternational, S.A." y uBasic Resources lnternational(Bahamas) Limitad"; se hace contar únicamente que "BasicAesources lnternational S.A." ha propordonado a"Transmetales limitada" fondos que están empleando comocapital de trabajo, pero no aparece en autos ningún mediopara desvanecer los ajustes hechos por la autoridadadministrativa respectiva. En consecuencia de lo anterior,declara sin lugar el recurso y confirma las resolucionesrecurridas.RECURSOSDECASACION:Contra el fallo antes señalado, Carlos Humberto SotoMazariegos, representante de Guatemala Mining Corporationy Compañfa Limitada, de nombre comercial ''TransmetalesLimitada", manifiesta que interpone casación por motivos defondo y señala como caso de procedencia el contenido en elarticulo 621 del Código Procesal Civil y Mercantil. Agregaque el Tribunal de lo Contencioso Administrativo dedeapreciar la prueba en su verdadero significado, dado que se haequivocado al afinnar en la sentencia impugnada, que ·~talesextremos no fueron probados en forma fehaciente", lo cualno es cierto, ya que su representada si aportó pruebasabundantes y fehacientes dentro del juicio, estando la mismacontenida en el expediente administrativo y en el propiorecurso, documentos auténticos, marcados del número uno alcinco, consistentes en copia legalizada de la escritura númerosesenta y cuatro, autorizada en esta ciudad el once de junio demil novecientos setenta y cuatro, por el Notario EmilioMendía Paredes: copia legalizada de la escritura sesenta ycinco, autorizada el dieciocho de junio de mil novecientossetenta y cuatro, por el mismo notario, con lasque se pruebaque su representada y Recurso~ del- Norte Limitada sonsubsidiarias de Basic Resources lnternational, S.A. quiénsitúa el financiamiento para las operaciones de ambasempresas. También quedó probado que el financiamientopa!"a las operaciones de ambas empresas se sitúa en un sólobanco por razones de economía en la comisión y manejo delas transferencias, como por conexiones internacionales deeste banco. También quedó probado que la parte delfinanciamiento que le_ corresponde a RecursOs del NorteLimitada, se lo traslada su representada por medio de chequesgirados a favor de Recursos del Norte Limitada. El Tribunalde lo Contencioso Administrativo reconoce que las entidadesúltimamente mencionadas Quedaron integradas a lassociedades extranjeras Basic Resources lnternational, S.A. yBasic Resourtes lnternational (Bahamas) Limitad y que laprimera ha proporcionado a Transmetales Limitada fondosque está empleando como capital de trabajo,pero no tomó encuenta en su verdadero valor las demás pruebas. Por otraparte, no solo se ha tergiversado el contenido de la pruebaaportada por Transmetales Limitada, sino que se le dá plenavalidez al reporte del auditor fiscal. Por lo tanto, si se hademostrado que los cheques situados a favor de Recursos delNorte Limitada, no son documentos que se encuentrancomprendidos en el artfculo 2o. inciso e) numeral 5o. delDecreto Legislativo 1831, Ley de Papel Sellado y Timbres,razón por lo que tales transferencias no están sujetas al pagode impuesto del timbre, habiéndose dictado una sentencianegativa, debido a que la documentación aportada fuetergiversada en su contenido y no fueron por lo tantodebidamente apreciadas por el Juzgador, quien al no tomar encuenta la -naturaleza y origen de las operaciones, incurrió enerror de hecho que dio, a su vez origen a la equivocación delJuzgador, lo que influyó en el fallo dictado. Pidió se case lasentencia recurrida y se revoque lss resoluciones cero siete milcero veintiocho y cero nueve m ir ochocientos setenta y sietedictadas por el Minsterio de Finanzas Públicas.CONSIDERANDO:Cuando se funde el recurso de casación en error dehecho en la apreciación de las pruebas, es indispensable, paraque el mismo prospere, que el interesado cumpla con indicaren que consiste el error alegado e identificar sin lugar a dudas.el documento o acto auténtico que demuestre laequivocación del juzgador. Al hacer el estudio del memorialde impugnación, se advierte que el recurrente se limitaúnicamente a mencionar las escrituras sesenta y cuatro ysesenta y cinco que el notario Emilio Mendfa Paredesautorizó en esta ciudad el once y dieciocho de junio de milnovecientos setenta y cuatro respectivan,ente, pero omitemencionar en que consiste, a su juicio, el error o equivocacióncometida por el juzgador al apreciar esos documentos;asimismo, hace referencia a las pruebas cuatro y cinco, perosin indicar en que consisten tales elementos de prueba y al noidentificarlas, como manda la ley. también omitió exponer lasrazones por las que se equivocóefjuzgador al apreciarlas.En esas circunstancias, esta Cámara no está en laposibilidad de hacer el examen comparativo para establecer siconcurre o no el error de hecho en la valoración probatoria.LEYES APLICABLES:Artrculos: 86, 87, 88,619 inciso 6o., 620,621 inciso2o., 633, 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 26, 27,32,38 inciso 2o., 143, 157, 159, 163 y 169 de la Ley delOrganismo Judicial.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,DESESTIMA el recurso de CASACION interpuesto;condenaa la recurrente en las costas del mismo; a una multa de cien.quetzales .que deberá hacer efectiva dentro del término de


\94GACETA DE TRffiUNALEScinco días en la Tesorer(a del Organismo Judicial, la que encaso de insolvencia conmutará con diez d(as de prisiónsimple; y a la reposición del papel empleado al del sello de ley,dentro de igual término, bajo apercibimiento de imponerleuna multa de cinco quetzales si no lo hiciere. Notiffquese ycon certificación de lo resuelto, devuélvanse los antecedentes.(fs) C. 1;. Ovando B. ---Juan José Rodas. ----Fe. G. Barillas C.--Herib. Robles A. --Rol. Torres Moss. --Ante mi: M.Alvar8z Lobos.-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVOInterpuesto por ENRIQUE NDVELLACAMACHOenrepresentación de la Sociedad "CEMENTOS PROGRESO,SOCIEDAD ANONIMA" antes "CEMENTOS NOVELLA,SOCIEDAD ANONIMA" contra la resolución número cerocuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos dict¡¡da por elMinisterio de Finanzas Públicas.DOCTRINA:Se interpreta erróneamente la literal o) del artículolo. del Decreto-Ley 229, cuando se introducen en elsupuesto normativo, elementos fácticos ajenos al mismo.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. CAMARACIVIL: Guatemala, nueve de abril de mil novecientosochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso de casacióninterpuesto por ENRIQUE NOVELLA CAMACHO, enrepresentación de la Sociedad "CEMENTOS PROGRESO.SOCIEDAD ANONIMA:, antes CEMENTOS NOVELLA,SOCIEDAD ANONIMA",contra la sentencia del Tribunal delo Contencioso Administrativo del treinta de marzo de milnovecientos setenta y nueve, en el recurso de igualnaturaleza que interpuso dicho personero, contra laresolución número cero cuatro mil cuatrocientos cuarenta ydos, dictada por el Ministerio de Finanzas P.úblicas, elcuatro de abril de mil novecientos setenta y ocho.ANTECEDENTES:El expediente administrativo se inició con los ajustesformulados a "Cementos Novella, S.A" por el período deimposicíón comprendido del uno de enero al treinta y unode diciembre de mil novecientos setenta, que asciende a lasuñla de sesenta y nueve mil ochenta y cinco quetzal es concincuenta centavos y que se refieref.l a los subsidios que pararecreación, publicidad y propaganda dio la empresa alequipo de futbol de su mismo nombre; ajustes con los queésta no se conformó. La Dirección General de RentasInternas dictó la resolución identificada en la parteintroductiva de este fallo, que aprobó la liquidaciónpracticada por la División respectiva del Departamento defiscalización de dicha dependencia. Contra esta resolución,Cementos Novella, Sociedad Anónima, interpuso Recursode Revocatoria, el que fue declarado sin lugar, por elMinisterio de Finanzas Públicas y originó el RecursoContencioso Administrativo, cuya sentencia ha sidoimpugnada por el presente recurso de casación.SENTENCIA RECURRIDA:El Tribunal de lo Contencioso Administrativodeclaró: "A) SIN LUGAR el Recurso ContenciosoAdministrativo interpuesto por CEMENTOS PROGRESO,SOCIEDAD ANONIMA, contra la resolución número cerocuatro mil cuatrocientos cuarenta y dos (04442), dictadapor el MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS el cuatrode abril de mil novecientos setenta y ocho, la cualCONFIRMA. Notifíquese ... ". Al efecto consideró: Si bienes cierto que el futbol es un deporte que proporciona'recreación al pueblo, también lo es que los trabajadores dela emprespara gozar de este entretenimiento, debián pagarsu ingreso a los partidos, es decir, no fue un mediorecreativo gratuito y especrficamente destinado a lostrabajadores de la empresa, aún cuando se sintieran muysatisfechos de los triunfos del equipo no llevaba el nombredel lugar donde laboran. Oue es importante señalar que elcitado equipo no se sostenra solo con la subvención de"Cementos Novella, Sociedad Anónima", pues por sucondición de rentado tenfa ingresos por cada una de susintervenciones, corno cualquier otro de su categorra,ingresos que no declaraba la empresa. Esto es lógico, dice elmismo Tribunal, porque el equipo estuvo desvinculado de"Cementos Novella, Sociedad Anóniman y era una entidadnueva, diferente a la Empresa que lo impulsó en sus inicios,lo que demuestran las constancias que aparecen en elexpediente' administrativo que acreditan que el equipo defutbol "Cementos Novella", fue reconocido por · lasautoridades deportivas que actúan por delegación delEstado, conforme el articulo 115 del Decreto 48-69 delCongreso de la República. De cons_iguiente,_ el eQUipo sesostuvo con los mgresos que percibía por sus actuaciones.los cuales no estuvieron afectos al pago del impu~sto so!1'-,:;la renta de conformidad con el artículo 2o. del Decreto Lt'Y229. Por otra parte aduce el Tribunal' sentenciador, el gastode la empresa para mantener el equipo Cementos Novel!J,no constituía una -erogación necesaria ni indispensable par


GACETA DE TRIBUNALES 95fija el Reglamento, de.cfúcieftdo de la renta bruta ... o) losgastos de publicidad o propaganda de la empresa", es bastanteclaro y no puede ni debe dárse/e un sentido o finalidaddistintos a los que expresa; es decir, no condiciona que elgasto para la publicidad sólo pl,leden efectuarlo las empresasque tengan competidores en la República, o a que no hayaotras fábricas que elaboran los mismos productos. De ahí que,el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al afirmar quesu representada no tiene 11ecesidad de hacer publicidad por notener competidores en la República, también infringió elartículo 9o. de la Ley del Organismo Judicial. Concluye elrecurrente, que la interpretación errónea que el Tribunal dio alas literales i) y o) del artículo 7o. del Decreto Ley 229, incideen el fallo, pues de haber aplicado en su tenor literal lasnormas Citadas, necesariamente se hubiera declaradodeducible el gasto en que incurrió la empresa que representó,al_ proporcionar medios recreativos a. sus trabajadores y hacerpublicidad, en la cantidad de sesenta y nueve mil ochenta ycinco quetzal es con cincuenta centavos (Q 69,085.50).Transcurrido el día de la vista, procede dictar sentencia.CONSIDERANDO:- 1 -El recurrente afirma que el Tribunal de to ContenciosoAdministrativo interpretó erróneamente el inciso o) delarticulo 7o de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, al darle unsentido o contenido que no le corresponde. Efectivamente,del análisis de dicha norma, se establece que no supedita ladeducción del gasto por publicidad o propaganda a condiciónalguna, por lo que el Tribunal sentenciador al estimar que, elgasto efectuado por la Empresa para mantener el equipo defutbol del Club Cementos Novella, no es una erogaciónnecesaria ni indispensable para la fábrica, porque no tienecompetidores en la Replibtica y que por ello no requieredivulgación alguna interpreta erróneamente el preceptoindicado, pues introduce en el supuesto normativo elementosfactivos ajenos al mismo. De consiguiente, por esteseñalamiento, el recurso prospera, e inútil resulta hacer elestudío del otro inciso del artículo citado, que también seacusa infringido.- 11 -De conformidad con el artículo 7o. inciso o) de la Leydel Impuesto sobre la Renta, son deducibles de la Renta Brutalos gasto• de publicidad o propaganda. De modo queacreditado en autos que la firma recurrente incurrió enegresos de esa naturaleza al mantener un equipodefutbol enla liga de no aficionados, deben dichos gastos tenerse comodeducibles en el período impositivo comprendido del uno deenero al treinta y uno de diciembre de mil novecientossetenta, pues si tal equipo ostentó el nombre de la empresapatrocinante y con éste hizo sus presentaciones deportivas,obviamente contribuyó a divulgar las actividadesconcernientes a la misma.LEYES APLICABLES:La citada y artículos 255 de la Constitución de laRepública; 66, 86, 87, 88, 126, 127, 128 inciso 5o., 186,621,627, 630, 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 26, 27,38 inciso 2o., 157, 159, 163.'169 de la Ley del OrganismoJudicial; 41 y 50 de la Ley de lo Contencioso Administrativo.POR TANTO:Esta Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil CASA, lasentencia impugn_ada y al resolver conforme la leyDECLARA: 1) Procedente el recurso ContenciosoAdministrativo interpuesto por el personero legal de laempresa, "Cementos Novella, Sociedad Anónima" denombre actual "Cementos Progreso, Sociedad Anónima", enconsecuencia, REVOCA la resolución número cero cuatromil cuatrocientos cuarenta y dos, proferida por el Ministeriode Finanzas Públicas el cuatro de abril de mil novecientossetenta y ocho; 11) La Empresa nombrada tiene derecho a,deducir de la renta bruta, del perí oda de imposicióncomprendido del uña de enero al treinta y uno de diciembrede mil novecientos setenta, la cantidad de sesénta y nueve milochenta y cinco quetzal es con cincuenta centavos (O •69,085.50), para determinar la renta neta, la imponible y elimpuesto respectivo por el período mencionado; 111) No haycondena en costas; IV) El recurrente deberá reponer el papelempleado al del sello de ley, dentro del término de tres días,bajo apercibimiento de imponerle una multa de cincoquetzales si así no lo hace. Notifíquese y con certificación delo resuelto, devuélvanse los antecedentes.(fs). C. E. OVANDO B.---JULIO GARCIA C.---FED.G.BARILLAS C.---Herib. Robles A.--Roi.Torres Moss. AnteMr: M. Alvarez Lobos.CIVIL:Recurso de casación interpuesto por JULIA PALMIRATOBAR DURAN, contra la sentencia proferida por la SalaSegunda de la Corte de Apelaciones-.DOCTRINA:Para que prospere el recurso de casación, es necesarioque se invoque con propiedad el caso de procedencia y si seaduce violación, aplicación indebida o interpretación erróneade las leyes o doctrinas legales aplicables; la impugnacióndebe basarse en los hechos que en la sentencia se tengan comoestablecidos.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARACIVIL:Guatemala, veintidos de enero de mil novecientos ochenta.Para resolver, se tiene a la vista el recursO extraordinariode casación interpues'to por JULIA PALMIRA TOBARDURAN, contra la sentencia proferida por la Sala Segunda del_a Corte de Apelaciones con fecha veintinueve de junio de m~lnovecientos setenta y nueve, en el juicio ordinario que dichapersona entabló a ALBERTO VILLATORO GARCIA,CIRIACO BONILLA MORENO, ALICIA MONTUFARPINTO VIUDA DE CASTELLANOS, ADACRISTINADELSAGRARIO, VILMA MARITZA, ELFEGO BERNARDO,de apellidos CASTELLANOS MONTUFAR; PRAMMALIDICE CASTELLANOS MONTUFAR DE ROSALES,ALMA NUBlA CASTELLANOS MONTUFAR DE HEG yALICIA EGIDA !LEA CASTELLANOS MONTUFAR DEGARCIA, ante el Juzgado Sexto de Primera Instanciadepartamental.ANTECEDENTES:El veintiocho de ·agosto de mil novecientossesentinueve la recurrente inició demanda en la vía ordinaria,contra CARLOS KLUSSMANN BENECKE, CIRIACOBONILLA MORENO y ALBERTO VILLATORO GARCIAy mediante la ampliación de las mismas del dieciséis de marzode mil novecientos setenta, incluyó como demandados aJULIA TERRAZA DE MARTINEZ, JULIO TOBARROSALES, CARLOS ENRIQUE TOBAR ESCOBAR,ALICIA MONTUFAR PINTO VIUDADECASTELLANOS,por SIMULACION ABSOLUTA de la escritura públicanúmero setenta y cinco {75) del Protocolo del Notario CarlosKlussmann Benecke, de fecha diecinueve de agosto de milnovecientos cincuenta y cuatro, por la ~ual su hermanoFEDERICO TOBAR DURAN, quien murió porenvenenamiento lento con arsénico, el día treinta de octubrede 1964 dejó como heredero universal a ELFEGOCASTELLANOS LAPARRA ya fallecido. La recurrente


96 GACHA UE TRIBUi'óALESexpresa que dicha simulación demandada le perjudicadirectamente por ser heredera legal de su hermano yaindicado y que la acción la ejercita también contra CiriacoBonilla Moreno y Alberto Villatoro García, porque éstos seprestaron a cometer la simulación del referido testaniento,siendo falso que fueran testigos presenciales de dicho acto yque el Notario valiéndose de su Protocolo en una forma ilegallogró la firma de su hermano en los momentos en que ésteestaba semi-inconciente, apareciendo que los testigosfirmaron el testamento en la oficina del Notario autorizantemuchos días después del otorgamiento y sin haberlo leído,pues tal instrumento aparece faccionado en casa de FedericoTobar Durán. Expresa además la demandante, que en eltestamento existe un gravísimo error que demuestra demanera fehaciénte que el causante ignoró siempre eltestamento faccionado por el Notario Klussmann Benecke,pues en el se dice que el testador no ha otorgado otrotestamento anterior, y sí había otro a favor de su hermanoGuillermo 'Tobar Durán, en escritura pública autorizada porel Notario Eduardo Rodríguez Genis el dieciseis de agosto demil novecientos cincuenta, el cual fue otorgado con todos losrequisitos de ley. Agrega la recurrente que el NotarioKlussmann Benecke instituyó a un supuesto heredero, hizocorrlparecer a testigos también supuestos, así como otorgólegados simulados, todo ello para darle al testamento todas lasapariencias de legalidad. Continúa manifestando que laincomparecencia de los testigos al acto está plenamenteprobada por expresa confesión de ellos, dada de manera claray terminante ante Juez competente. Que la demanda tambiénla entabló contra Julio Tobar Rosales y Carlos Enrique TobarEscobar, por haber transado con el supuesto heredero de suhermano Federico Tobar Durán, en escritura del catorce dejufio de mil novecientos cincuentiseis, autorizada por elNotario Rafael Ugarte Rivas; asimismo demanda a JuliaTerraza de Martínez por ser cesionaria en la mortual delcausante y a Alicia Montúfar Pinto viuda de Castellanos. porser representante y tutriz de sus hijos menores ElfegoBernardo, Pranna Lidice, Ada Cristina del Sagrario, AlmaNuvia Elena, Alicia Egida llea y Vilma Maritza CastellanosMontúfar herederos de Elfego Castellanos Laparra. Pidió: a)se declare con lugar la demanda y como consecuerlciatambién la simulación absoluta y la nulidad absoluta delnegocio jurr dico o expresión de última voluntad contenida enla escritura pública número setenticinco, del diecinueve deagosto de mil novecientos cincuenticuatro autorizada por elNotario Carlos Klussmann Benecke, que contiene eltestamento de Federico Tobar Durán; igualmente se declarela nulidad de todas las operaciones e inscripciones llevadas acabo en los bienes del testador, con base en el testamentoimpugnado; y se condene en costas a los demandados. Enrespuesta a la demanda: 1- Julio Tobar Rosales y CarlosEnrique Tobar interpusieron las excepciones previas dedemanda defectuosa, falta de personalidad y de personería enlos presentados, prescripción de la acción, caducidad de lamisma y cosa juzgada. Solamente se declaró con lugar la defalta de persOnalidad en ellos; 2· Julia Terraza García deMart ínez interpuso la excepción previa de falta depersonalidad para ser demandada, la que fue declarada conlugar; 3- Carlos Klussmann Beneck-e, las excepciones previasde cosa juzgada, prescripción de la acción y caducidad de lamisma. Fue declarada con lugar la excepción de cosa juzgada;4- quedaron como únicos demandados Ciriaco BonillaMoreno, Alberto Villatoro García y Alicia Montúfar Pintoviuda de Castellanos. El segundo de los nombrados se allanó ala demanda y en rebeldía de los dos restantes se tuvo porcontestada en sentido negativo.PRUEBAS RENDIDAS:Por la parte actora: a) declaración de los demandadosAlberto Vil! atoro García, Ciriaco O rellana Moreno y AliciaMontúfar Pinto viuda de Castellanos; b) fotocopiaautenticada de la escritura número treinta y siete del cuatrode febrero de mil novecientos cincuenta y seis autorizada porel Notario Pedro Antonio lbañez, que contiene la cesión de laparte alícuota de los derechos que correspondían a JulioTobar Rosales y Carlos Enrique Tobar Escobar, a favor deJulia Terraza García de Martínez, en la herencia de FedericoT abar Durán; e) fotocopia autenticada del testimonio de laescritura número cinco de fecha catorce de enero de milnovecientos cincuenta y cuatro autorizada por el NotarioCé::-!os Klussmann Benecke, que se refiere a la venta queFederico Tobar y Durán y Guillermo de los mismos apellidos,hicieron de la finca urbana número dos mil setenta y ocho,(2078) folio ciento sesenta y seis (166), del libro noventa ydos (92) de Guatemala, consistente en un solar en CiudadVieja de esta ciudad capital, a favor de Bertha Die Castro; d)fotocopia del testimonio de la escritura número trescientostreinta y nueve, de fecha veintinueve de marzo de milnovecientos cincuenta y cuatro, autorizada por el NotarioMaximiliano Cifuentes Monzón, que se contrae a la venta delsolar ya identificado, a favor de René Montes Rodríguez; e)fotocopia autenticada del testimonio de la escritura númerotrescientos cuarenta, de fecha veintinueve de marzo de milnovecientos cincuenta y cuatro, que autorizó el NotarioMaximiliano Cifuentes Monzón, que contiene la compraventaque hace ''Berta Dick Castro'', de una fracción de la finca dosmil setenta y ocho, folio ciento sesenta y seis del· libronoventa y dos de Guatemala, a favor de Marcos MontúfarRuiz; f) fotocopia del testimonio de la escritura númerosetecientos éuarenta y dos del nueve de diciembre de milnovecientos cincuenta y ocho, autorizada por el NotarioLeopoldo Mal donado Sobra les, referente a la compraventa delas fincas diez mil noventa (10090) y nueve mil ochocientoscincuenta y siete (9857), folios doscientos ochenta y uno(281) y cuarenta y dos (42), del libro cuatrocientos sesenta(460) de Guatemala, respectivamente; g) fotocopia deltestimonio de la escritura número trescientos cincuenta, defecha once de diciembre de mil novecientos cincuenta y ocho,autorizada por el Notario Héctor Fajardo Cadena, por la cualel Licenciado Carlos Klussmann "Benecke~· venae a laentidad Benjamín Tenenbaum y compañía limitada, pormedio de su representante legal AbrahamTenenbaum Sayetuna fracción de terreno de las fincas número diez mil noventay nueve mil ochocientos cincuenta y siete, folios doscientosochenta y uno y cuarenta y dos del libro cuatrocientossesenta y dos de Guatemala; h) fotocopia de la escrituranúmero cuatrocientos ochenta y siete, de fecha catorce dejulio de mil novecientos cincuenta y siete, autorizada por elNotario Rafael Ugarte Rivas en la que comparecieron ElfegoCastellanos Laparra, Julio Tobar Rosales y Carlos EnriqueT abar Escobar y que contiene la transacción celebrada por laspersonas mencionadas, disponiéndose que CastellanosLa parra cede a los hermanos Tobar Rosales y Tobar Escobar,la mitad o sea el cincuenta por ciento de la masa hereditaria deFederico Tobar Ourán; i) testimonio de.la escritura númerosetenta y cinco, de fecha diecinueve· de agosto de milnovecientos cincuenta y cuatro, autorizada por el NotarioCarlos Klussmann, que contiene el testamento otorgado porFederico Tobar Durán; j) fotocopia de la escritura númerocuatrocientos tres, de fecha dieciséis de agosto de milnovecientos cincuenta, autorizada por el Notario EduardoRodríguez Genis, que contiene el testamento de FedericoTobar Durán, en el que instituye como su único y universalheredero de todos sus bienes, derechos y acciones a suhermano Guillermo Tobar Durán; k) acta levantada por elNotario Luis Felipe Rosales el doce de enero de milnovecientos sesenta y ocho, en la que se hace constar que se lepusieron a 1 a vista a Alberto Vil! atoro Garcí a, por solicitud de


GACETA DE TRffiUNALES 97Julia Palmira Tobar Escobar, varios documentos relacionadoscon el testamento de Federico Tobar Durán; y que los testigosCiríaco Bonilla Moreno y Viltatoro García, no estuvieronpresentes en el acto testamentario de Tobar Durán y que ellosno tenían nada que ver en el asesinato del causante; 1)fotocopia de la certificación de la partida de fallecimiento deFederico Tobar Durán; m) certificación de la partida denacimiento de Julia Palmira Tobar Escobar; n) fotocopia de .lacertificación extendida por la Dirección General de Rentas,de la liquidación de la mortual de José Guillermo TobarDurán; ñ) certificación extendida por el Juzgado Cuarto dePrimera Instancia de lo Civil de este departamento,contentiva de las diligencias de posiciones articuladas porJulia Palmira Tobar Escobar a Alberto Villatoro García; o)informe de la Sección del Cuerpo de Detectives de la PolicíaNacional, referente a establecer la residencia de CarlosEnrique Tobar Escobar, el veintinueve de octubre de milnovecientos setenta y uno; p) fotocopia de la certificaciónextendida por el Juzgado Segundo de Primera Instancia de loCriminal, relacionada con la declaración indagatoria deCiriaco Bonilla Moreno; q) dos certificaciones extendidas porel Juzgado Quinto de Primera Instancia de !o Criminal; laprimera sobre declaración prestada por el Licenciado CarlosKlussmann Benecke en el proceso sobre averiguar la muertede Federico Tobar Durán; y la segunda, de la querellapresentada ante el Juez Séptimo dePazde lo Criminal de estaCiudad, por Julio Tobar Rosales y Carlos Enrique TobarEscobar contra Elfego Castellanos Laparra sindicándolo de lamuerte de Federico Tobar Durán.Por la parte demandada no se rindió ninguna prueba.SENTENCIA RECURA IDA.Expresa en su parte considerativa y decisoria: "En lademanda y en sus ampliaciones presentadas, la parte actorapretende que en sentencia se declare la nulidad deltestamento otorgado por el señor FEDERICO TOBARDURAN, en escritura pública sesenta y cinco que autorizó elNotario Carlos Klussmann Benecke, de fecha diez y nueve deagosto de mil novecientos cincuenta y cuatro. Basa supetición en que la declaración testamentaria está viciada desiinulación absoluta y carece, por lo mismo, de efectojurídico alguno; consistiendo la simulación en el hecho de quelos testigos instrumentales que participaron en el acto delotorgamiento, no estuvieron presentes en el dl'a y horaconsignados por el Notario, ya que, según sus apreciaciones,esos testigos suscribieron como tales en el protocolo, en fechadistinta a la que según la escritura lo hicieron así. La sentenciaapelada se desarrolla en torno al problema de la simulación ycon los elementos de convicción aportados al proceso, el Juezde los autos, llega a la conclusión de que, efectivamente, eltestamento objeto de la controversia está viciado desimulación porque se probó que los testigos no actuaronrealmente en el acto en que se autorizó el instrumento, porparte del Notario Klussmann Benecke. Planteado así el caso,el punto a discutir es si se da o no la simulación en el negociojurídico que se configura en el testamento de cuya aclaractónconceptual depende acoger o denegar la pretensión planteadaen el juicio. Doctrinariamente se entiende que hay simulacióncuando un acto jurídico pretende dar aspecto y semejanza deverdad a lo que no es tal. La simulación aspira a crear unambiente o apariencia falsa que induce a los demás a erroracerca de la verdad del hechó que se háCe manifiesto. Estainstitución jurídica es tratada en nuestro Código CiVil comoun vicio del consentimiento negocia! y opera en fonnaabsoluta o relativa. Artículos 1257 y 1286 del Código citado.Ahora bjen, si la simulación es un vicio del consentimiento yéste a su vez es una de las bases en que descansa la validez delnegocio jurídico, debe quedar claro, para una interpretacióncorrecta de las instituciones, de que no todos los negociosjurídicos pueden verse afectados por simulación. Laclasificación de los negocios que debe traerse a colación en elpresente caso, es la que los divide en negocios jurídicosunilaterales y negocios jurídicos bilaterales, estando, dentrode los primeros, el acto de testar; y dentro de los segundos, elde contratar. Si observamos la sistemática d~l Código Civil ensus artículos 1284, inciso 2o., 1288 y 1310, se insiste en quera Simulación tiene lugar entre partes, término quejurídicamente supone la existencia de un acto contractual, loque confirma la doctrina que considera a la simulación comoun vicio propio de los negocios jurídicos bilaterales. Y siendo,que el acto de testar es una declaración unilateral de voluntado sea un negocio jurídico unilateral, es evidente que es unnegocio de tal naturaleza no puede darse la simulación. A eserespecto, en el Diccionario de Derecho Privado, "página3631", Se dice lo siguiente: "Los actos unilaterales no sontampoco susceptibles de simulación precisamente por supropio carácter de unilateralidad, ya que al faltar el concursoo coincidencia de div~rsas partes, la oposición entre lavoluntad intencionat y ·la voluntad declarada en el mismosujeto podrá configurarse como reserva mental pero nuncasimulación". Si a lo anterior sumamos la circunstancia de queel testigo en un testamento no es parte del negocio jurídico,no existe ningún consentimiento capaz de viciarse. En el casoconcreto que conoce esta Sala, la parte actora ha pretendidoque se declare la simulación con base en pruebas queevidencian que los testigos instrumentales del testamentodiscutido no estuvieron presentes como lo indica el Notarioautorizante. Pero sucede que esas pruebas sólo podrían serpertinentes si se refirieran a una pretensión diferente, porquesi en el acto de otorgar un testamento, el notario no cumplecon los requisitos solemnes de forma que .sean necesarios parasu validez, ello conllevaría una pretensión de nulidad, porqueconforme el artículo 977 del Código Civil, es nulo eltestamento que se otorga sin la observancia de lassolemnidades esenciales que la ley establece, ya que es un actoformal ad-solemnitaten; pero, semejante ;>roceder noconfigura un acto de simulación y sobre ello debepronunciarse esta Sala por ser el hecho controvertido. Enconsecuencia, esta Sala considera que en base a losrazonamientos anteriores, la sentencia re_currida no se ajustaal derecho vigente y es imperativo revocarla. LEYESAPLICAS LES: las citadas y artículos: 26, 51, 126, 127, 128,177, 178, 186 y 602 del Código Procesal Civil y MercantilCONSIDERANDO: Visto que en el proceso la actora litigóbajo el beneficio de asistencia judicial gratuita y no existiendoevidencias de mala fe, debe resolverse, que no hay condena encostas.· LEYES APLICABLES: artfculos: 90,572,573 y 574del Código Procesal Civil y ~ercantil. POR TANTO: estaSala, con base en lo considerado, leyes citadas y en lo quepreceptúan los artículos: 66,67, 86, 87,88 y 610 del CódigoProcesal Civil y Mercantil; 45 inciso di, 157,158,159,163 y169 de la Ley del Organismo Judicial, REVOCA la sentenciaapelada y resolviendo derechamente, DECLARA: 1). SINLUGAR la demanda de mérito; y JI) Que no hay especialcondena en costas"RECURSO DE CASACION:Señala la impugnante como caso de procedencia, elcontenido en el artículo 621, inciso lo. del Código ProcesalCivil y Mercantil en cuanto a "Violación e inaplicación de lasleyes aplicables."Acusa como infringidos los artículos 977 párrafoprimero, 1301 -


98 GACETA DE TRIBUNALEScuando se aleguen como motivos de la Casación de Fondo, laviolación de ley, aplicación indebida e interpretación erróneade la ley, debe indicarse con precisión la tesis del recurrente.Acatando la jurisprudencia anterior, cumplo con indicar latesis que sustento, en los siguientes términos: El Artículo1301 del Código Civil, Decreto-Ley número 106, estableceque: "Hay nulidad absoluta en un negocio jurídico, cuandosu objeto sea contrario al orden público o contrario a leyesprohibitivas expresas, y por la ausencia o no concurrencia delos requisitos esenciales para su existencia. Los negocios queadolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni sonrebalidables por confirmación". Su pretensión relativa a lanulidad del negocio jurídico o declaración de última voluntaddel causante en la escritura pública número setenta y cinco,autorizada en esta ciudad el diecinueve de Agosto de milnovecientos cincuenta y cuatro, por el Notario CarlosKlussmann Benecke, la fundamentó en que hubo ausencia yno concurrencia de un requisito esencial para la existencia deltestamento, como lo era la presencia, de principio a fin en elacto, de dos testigos instrumentales; y, además, porque talacto 'de última voluntad, se hizo contraviniendo leyesprohibitivas expresas, como lo constituyen los Artículos 42,44 y 51 del Código de Notariado, Decreto número 314 delCongreso de la República que, precisamente exigen, comorequisito ESENCIAL para la facción de un testamento, lapresencia de dos testigos idóneos y conocidos del Notarioautorizante. El requisito de la presencia de dos testigosinstrumentales en la facción de un testamento, constituyeuna formalidad AD-SOLEMNITATEN. Esta calidad desolemne significa que cualquier acto, para tenerse comoauténtico y eficaz debe estar revestido de la forma exigida porla ley para su validez; o lo que es lo mismo, que si se viola estaformalidad, el acto es nulo e insubsistente, o sea, que no nacea la vida jurídica, y, por ende, no puede producir efectojuddico alguno. Así, precisamente, lo establece el segundopárrafo del Artículo 1301 del Código Civil, Decreto-Leynúmero 106. Precisamente, porque un acto de últimavoluntad se lleve a efecto contraviniendo leyes prohibitivasexpresas, o porque en el mismo exista ausencia o noconcurrencia de los requisitos esenciales para su existenCia, esque el Artículo 1302 del Código Civil, Decreto-Ley 106,establece que: "LA NULIDAD PUEDE SER DECLARADADE OFICIO POR EL JUEZ CUANDO RESULTEMANIFIESTA." Es claro que el vicio que afecte de nulidad elacto debe resultar manifiesto, porque de lo contrario, seríanecesario seguir un jukio ordinario para demostrarlefehacientemente al Juez tal vicio .. Un simple ejemplo bastadapara demostrar este acierto: supongamos que una personademanda a su cónyuye el divorcio por causal_ determinada,pero en el transcurso del litigio se aporta un documento con elque se acredita que el actor, antes de contraer el matrimoniocuyo divorcio pretende, estaba casado con tercera persona.En este caso, el segundo matrimOnio -que se pretendedisolver mediante el divorcio- devendrfa nulo einsubsistente; y, ante ello, el Juez, DE OFICIO, debe declararde inmediato la nulidad del segundo matrimonio, aunque lapretensión formulada en la demanda por el actor sea eldivorcio. Lo anterior es aSí, porque si un acto o negociojurídico está afectado de nulidad absoluta, senci11amente nopuede nacer a la vida jurfdica, o, lo que es lo mismo, no puedeproducir efecto jurídico alguno. Es INEXISTENTE. Pues, lomismo acontece en el presente caso, por las razonessiguientes: La Sala sentenciadora, en la sentencia recurrida,da por sentado que el ACTO·de testar es un NEGOCIOJUR ID ICO UN !LATERAL. Y agrega que, la parte actor a hapretendido que se declare la simulación "con base en pruebaque evidencia que los testigos instrumentales del testamentodiscutido no estuvieron presentes como lo indica el Notarioautorizante. Pero sucede que esas pruebas sólo podían serpertinentes si se refirieran a una pretensión diferente, porquesi en eJ acto de otorgar un testamento, el Notario no cumplecon los requisitos solemnes y de forma que sean necesariospara su validez, ello conllevaría una pretensión de nulidad,porque conforme el Artículo 977 del Código Civil, es nulo eltestamento que se otorga sin la observancia de lassolemnidades esenciales que la ley establece, .ya que es un actoformal ad-solemnitatem; En el presente caso, y aún cuando lapretensión ORIGINAL que hice valer en la demanda fué.lasimulación cEI negocio jurídico contenido en la escritura deltestamento que impugnó, de todo lo actuado durante elproceso, resulta completamente MANIFIESTO, con elal la na miento a la demanda del testigo instrumentalALBERTO VILLA TORO GARCIA, y con las confesionesfictas del otro testigo instrumental, CIRIACD BONILLAMORENO y de - ALICIA MONTUFAR PINTO viuda deCASTELLANOS, que los testigos instrumentales noestuvieron presentes, de inicio a fin, en la facción deltestamento de don Federico Tobar Durán. Esta presencia dedos testigos instrumentales durante la facción de untestamento, es un requisito esencial ·ad·solemnitaten·establecido en los Artículos 42, 44 y 51 del Código deNotariado y 977 del Código Civil, Decreto-Ley 106, queentraña que el testamento de mérito, como acto o negociojurídico unilateral, se hizo o faccionó en contravención a loque prohiben estas normas; y, como consecuencia, que laausencia o no concurrencia de los. dos testigos instrumentalesdurante la facción del testamento de mérito, siendo unrequisito es'encial para la existencia del testamento, entraña laNULIDAD.ABSOLUTA DEL MISMO, su INEXISTENCIA.Por si lo anterior fuera' poco, yo no sólo hice valer comopretensión la simulación absoluta del negocio jurídicocontenido en la escritura del testamento que impugno, puestoque en memorial que presenté al Juzgado de primer grado elnueve de diciembre de mil novecientos setenta y tres, ampliéla demanda en el sentido de hacer valer como pretehsión, laNULIDAD ABSOLUTA DEL NEGOCIO JURIDICOCONTENIDO EN LA ESCRITURA DE TESTAMENTO;ampli.ación que fué admitida para su trámite y notificada a laspartes del proceso; y, sobre esta otra pretensión, la Salasentenciadora hizo caso omiso en la sentencia. La teoría quesostiene la Sala sentenciadora sería legal y justa, en el caso deque el neg9cio estuviera afectado de nulidad relativa. pues eneste caso puede revalidarse por confirmación (Artículos 1304del Código Civil, Decreto-Ley 106). El Artículo 1309 delmismo Código citado dispone que el negocio que adolece denulidad relativa surte todos sus efectos mientras en sentenciafirme no se declare dicha nulidad; sin embargo, los negociosque adolecen de nulidad absoluta no producen efecto ni sonrevalidables por confirmación. De conformidad con elartículo 1302 del Código Civil, Decreto-Ley número 106, lanulidad absoluta puede ser declarada de oficio cuando resultemanifiesta. En el presente caso, la nulidad absoluta resultamanifiesta, puesto que hasta en la sentencia recurrida sedeclara como hecho probado; y, lo único que se considera esque el negocio jurídico es nulo, pero no simulado. Si la Salasentenciadora sabía que el testamento es nulo, tenía quedeclararlo hu lo. Señala la sentencia de mérito en la últimaparte del primer Considerando que: "esta Sala considera queen base de los razonamientos anteriores, la sentenciarecurrida no se ajusta al derecho vigente y es imperativorevocarla." Pues, si la Honorable Sala, consideraba que lasentencia de primer grado no se ajustaba al derecho vigente, ladictada por dicha Sala tampoco se ajusta al derecho vigente,porque si el testamento no es simulado y el Juez a·quo dictóuna sentencia como si lo fuera, aún cuando tal testamento esNULO, afectado de nulidad absoluta con arreglo-a la ley, deconformidad COr:"! el artículo 1302 del Código Civil, de oficiotenía que haber declarado' tal-nulidad. Al no hacerlo, violó


GACETA DE TRffiUNALES 99este último artículo por inaplicación. De no declararse lanulidad absoluta del acto del negocio jurídico contenido en eltestamento impugnado, sería tanto como que un Tribunal, asabiendas, le confiera plenos efectos jurídicos a un acto onegocio que no los tiene, porque ni siquiera ha nacido a la vidajurídica. Conforme el aforismo latino "IURA NOVITCURIA", el Juez conoce el derecho; y, precisamente por ello,no tiene ninguna obligación de atenerse única yexclusivamente a los fundamentos de derecho que el actor.leindica en su memorial de demanda, o el demandado en larespectiva contestación: tiene que aplicar el derecho o normajurídica que se adecúa estrictamente a la controversia que sele plantea; y, ésto es precisamente, lo que la Salasentenciadora no hizo en el fallo recurrido. Ni siquiera puedepresumirse que la Honorable Sala desconociera o pasaradesapercibida la doctrina del Articulo 1302 del Código Civil,Decreto-Ley número 106, puesto que en el Considerando,con toda claridad,cita en forma pormenorizada los elementosque debe reunir la nulidad de un negocio jurídico, aún cuandoomite citar la norma especffica. RAZONES POR LASCUALES SE ESTIMAN COMO INFRINGIDAS LASNORMAS JURIDICAS YA CITADAS. Argumenta que laSala sentenciadora infringió el Artfculo 1301 del CódigoCivil, Decreto-Ley número 106, que violado porinapHcación, porque esta norma es la que tipit1ca la nulidadabsoluta del acto o negocio jurídico contenido en la escrituraque contiene el testamento de don Federico Tobar Durán,objeto del presente juicio; y que, además establece que talesactos o negocios no producen efecto jurfdico algunq, ni sonrevalidables por confirmación; o lo que es lo mismo, quenunca nacieron a la vida jurídica.- La Sala sentenciadora dapor probado en su fallo que el acto o negocio jl!rídicoimpugnado en la demanda es nulo, porque contraviene leyesprohibitivas expresadas y por la ausencia o no concurrenciade los requisitos esenciales para su existencia. Pero a pesar deello, no aplicó al caso concreto de estudio esta norma,i nfringiendola, consecuentemente, por inaplicación. ElArt(culo 1302 del Código Civil, Decreto-Ley número 106,que obliga al Juez a declarar de oficio la nulidad absoluta,cuando ésta resulte manifiesta, también fue infringido porinaplicación, porque a pesar de que tal nulidad absolutaaparece manifiesta en el proceso, la Sala sentenciadora no ladeclaró, como era su obligación. El Artfculo 977 del CódigoCivil, Decreto-Ley 106, que sanciona con la nulidad absolutael testamento que se otorga sin la observancia de lassolemnidades esenciales que la ley establece, también se violópor inaplicación, porque de haberse aplicado, conjuntamentecon el Artículo 1302 ya citado, se habr(a declarado la nulidadabsoluta del acto o negocio jurídico contenido en la escrituradel testamento que se impugna en la demanda. El artículo42del Código de Notariado, Decreto número 314 del Congreso.de-la República~ violado por inaplicación, en los siguientesincisos: Inciso 3o., porque no estuvieron presentes, durante elacto del testamento, los dos testigos idóneos que la ley exige,ya que en autos quedó acreditado en forma fehaciente que losmismos firmaron la escritura de testamento como veinte díasdespués y en lugar distinto, como era la oficina del NotarioCarlos Klussmann Benecke. Inciso So., porque los dostestigos instrumentales, por las mismas razones invocadas enel inciso inmediato anterior, no firmaron el testamento en elmi$fllo acto, sinO días después en la oficina del Notario que loautorizó, y sin leer su contenido. El Artículo 44, inciso 2o.del Código de Notariado, Decreto número 314 del Congresode la República, que fué violado por inaplicación, porquecomo formalidad esencial -ad-solemnitaten- establece lapresencia de dos testigos en el acto del otorgamiento deltestamento que impugnó; y, como ha quedadofehacientemente demostrado en autos, los testigosprenotados no estuvieron presentes en talacto. El Art(culo 51del Código de Notariado,·Decreto númefo 314 del Congresode la República, también violado por inaplicación, que obliga-imperativo legal- al Notario a asociarse a dos testigosinstrumentales para la autorización de un testamento,lo queomitió el Notario Carlos Klussmann Benecke en eltestamento de don Federico Tobar Durán, ante la abundantey fehaciente prueba que existe en autos. Y, Por inaplicación,también fue violado el Art(culo 3o. de la Ley del OrganismoJudicial, Decreto número 1,762 del Congreso de laRepública, que establece que son nulos los actos ejecutadoscontra el tenor de la ley, salvo que en ella misma se acuerde suvalidez. De conformidad con la prueba fehaciente que obra enautos, el testamento de don Federico Tobar Durán,autorizado por el Notario Carlos Klussmann Benecke, comoacto de .última voluntad del causante, se ejecutó contra eltenor de los Art{culos 42, incisos 3o. y So., 44, inciso 2o. y51, todos del Código de Notariado, Decreto número 314delCongreso de la República, sin que ninguno de estos artículos eincisos acuerde la validez de tal testamento en las condicionescomo fué otorgado.Transcurrida la vista se pasa a dictar semencja.CONSIDERANDO:A examinar el presente caso se aprecia que la interesadaseñala como fundamento del recurso el sub-motivo"violación e inaplicación de las leyes aplicables", texto queno corresponde al inciso 1o., del artículo 621 del CódigoProcesal Civil y Mercantil, que se contrae a la "violación,aplicación indebida o interpretación erronea de las leyes odoctrinas legales aplicables," con lo cual incurre en defectotécnico al señalar el caso de procedencia; además, se aparta dela doctrina y jurisprudencia sentada por esta Corte, en elsentido de que cuando se aduce cualesquiera de lossub-motivos del citado artículo, es requisito esencial que lai!'npugnación se haga con base en los hechos que en lasentencia recurrida se tengan como establecidos, exigenciascon la cual no cumple la recurrente. De lo anteriormenteexpuesto, esta Corte, Cámara Civil, concluye conque siendoademás la casación eminentemente técnica, limitada,formalista y extraordinaria, el recurso interpuesto no pueQeprosperar.LEYES APLICABLES:Artículos 66, 86, 87, 88, 621 inciso 1 o,, 627,633, 635del Código Procesal Civil y Mercantil; 27, 32,38 inciso 2o.,143, 157, 159, 163, 169 de la Ley del Organismo Judicial.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,DESESTIMA el recurso interpuesto; condena a la recurrenteal pago de las cost¡;¡s causadas; le impone una multa decincuenta quetzal es que deberá hacer efectiva dentro de cincodías en la Tesorería del Organismo Judicial, laque en caso deinsolvencia conmutará con diez días de prisión; y deberáreponer el papel empleado al del sello de ley, en el mismotérmino, bajo apercibimiento de imponerle una multa decinco quetzales si así no lo hace. Notifíquese y concertificación de lo resuelto devuélvanse los antecedentes. C. E.Ovando B. --·Julio Garcla C. -·-Fed. G. Barrillas C. ··-Herib.Robles A. --·Rol. Torres Moss. --·Ante mí: M. Alvarez Lobos.ASUNTO: Recurso de Aclaración interpuesto por JuliaPalmiraTobar Escobar.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARACIVIL:Guatemala, veintisiete de mayo de mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso de aclaracióninterpuesto por JULIA PALMIRA TOBAR ESCOBAR,contra la sentencia dictada por esta Corte, Cámara Civil, el


100 GACETA DE TRffiUNALESveintidos de enero del año en curso; y,CONSIDERANDO:Procede la aclaración cuando los términos de unasentencia sean obscuros; ambiguos o contradictorios. En elpresente caso el Tribunal estima que la resolución recurrida,no contiene los supuestos a que se refiere la norma legaltranscrita, por lo que debe hacerse la declaratoriacorrespondiente.LEYES APLICABLES:Artículo 66, 596 primer párrafo, del Código ProcesalCivil y Mercantil; 26, 27, 32, 157 y 159 de la Ley delOrganismo Judicial.POR TANTO:Esta Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil,DECLARA: Sin lugar el recurso de aclaración interpuesto.Notiflquese. Ovando B. ·-Garcfa C. -Barillas C. -·Robles A.-Torres Moss. ···Ante mi: M. Alvarez Lobos.CIVILRecurso de Casación interpuesto por OSCARHUMBERTO O RELLANA SALDIVAR, contra la sentenciadictada por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones.DOCTRINA:Para que el recurso de casación por error de hecho en laapreciación de las pruebas pueda prosperar, es imperativo ,queel error que se acuse, tenga incidencia en el resultado delproceso.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARACIVIL:Guatemala, cuatro de marzo de_ mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso de casacióninterpuesto por OSCAR HUMBERTO ORELLANASALDIVAR, contra la sentencia dictada por la Sala Segundade la Corte de Apelaciones el primero de agosto de milnovecientos setenta y nueve, en el juicio ordinario de divorcioque siguió contra MARIA ISABEL GUERRA PAZ en elJuzgado Primero de Familia.ANTECEDENTES:Expuso el recurrente que contrajo matrimonio con lademandada el diecinueve de enero de mil novecientos setentay cuatro y que procreó un hijo que responde al nombre deOSCAR RAFAEL ORELLANA GUERRA. Vivieron juntossolamente diez dras, ya que la vida en común no era posible;asimismo que concurrieron a un Tribunal de Familia yacordaron la pensión alimenticia que'deb(aserfijada.lnvocócomo causal del divorcio la separación o abandono voluntariode la casa conyugal o la auserl';ia inmotivada por más de unaño. Al respecto, afirmó que con su esposa tiene más de unaño de estar separados, ante lo cual y con base en las causasenunciadas promovió el juicio. Pidió que se declarara conlugar la demanda y en consecuencia disuelto el vínculomatrimonial, se cancelara la partida respectiva y al pago decostas. El dos de octubre de mil novecientos setenta y ochoMaria Isabel Guerra Paz, contestó la demanda en sentidonegativo e interpuso las _excepciones perentorias de Falta deFundamentación Jurrdica de la Pretensión del actor,Inexistencia de Causal para demandar el dívorcio y la Falta deDerecho en el actor para demandarla, al mismo tiempo quepidió se dedarara sin lugar la demanda; y procedentes conlugar las excepciones .. as( como se condenara en costas aldemar.dante.PRUEBAS RENDIDAS:Por la parte actora: a) declaración de María IsabelGuerr~ Paz; b) declaración de los testigos ALFREDOEFRAIN FUENTES ROCA, HUGO ENRIQUE PAZGUZMAN y JAIME AUGUSTO PEREZ LARA, e)certificación extendida por el Juzgado Cuarto de Familia deljuicio de alimentos número cuatro mil ochocientos cincuentay cuatro, diagonal setenta y cuatro, a cargo del notificadortercero; d) reconocimiento judicial practicadp en el inmuebleubicado en la sexta calle treinta y siete guión doce, zona onceSanta Rita 11, para establecer si el demandante vive en elmismo; e) certificación de la partida de nacimiento de"OSCAR RAFAEL" hijo de los contendientes en el juicio;f} certificación de la partida de matrimonio de los mismos.Por la parte demandada: a} las certificaciones acompañadasporel actor con su escrito de demanda, antes señaladas; b)certificación del acta y aprobación de la misma por et JuzgadoCuarto de familia; e} certificación que contiene fntegro eljuicio oral de alimentos número Cuatro mil ochocientoscincuenta y cuatro diagonal setentiCtJatro a cargo delnotificador tercero, tnmitado en el Juzgado Cuarto deFamilia.SENTENCIA RECURRIDA:Al examinar el fallo de Primera Instancia estimó la Salaque la prueba rendida por el demandante o sea la declaraciónde Jos testigos mencionados en autos; el reconocimientojudicial y lo declarado por la parte demandada, no essuficiente para evidenciar que la separación de los cónyugeshaya sido VOLUNTARIA, convenida o de común acuerdo,asentando por el contrario, que en la segunda instancia elactor OSCAR HUMBERTO ORELLANA SALDIVAR fuedeclarado confeso fictamente, en lo que respecta a que él diólugar en forma directa a la separación por incumplir con susobligaciones alimenticias, lo que provocó la imposibilidad devivir juntos. Que dicho Tribunal ha mantenido firme elcriterio en el sentido que la separación, como causa dedivorcio debe ser voluntaria, extremo que no se probó por elactor, quien tenía el "onus probandi". En consecuenciarevocó la de primer grado, declaró sin lugar la demanda ycondenó en costas al actor.RECURSO DE CASACION:Se funda "en el caso de procedencia contenido en elarticulo 621 inciso 2o., submotivo 2o., del Código ProcesalCivil y Mercantil", o sea por error de hecho en la apreciaciónde las pruebas. El recurrente acusa como infringidos losartículos 177, 178, 186 párrafo primero del Códigomencionado y argumenta que no se tomó en cuenta unaprueba que constituye un documento auténtico suscrito antefuncionario en el ejercicio de su cargo y aprobado asimismopor éste y que hace plena prueba como lo establece la ley, yaque aportado el juicio llenándose todos los requisitoslegales. Efectúa un resumido análisis de lo considerado por laSala en lo que toca a las pruebas y hace resaltar precisamenteque la demanda por él planteada se basa en un documentoauténtico, consistente en certificación del convenio"celebrado en el juicio oral de alimentos número cuatro milochocientos cincuenta y cuatro del año de mil novecientossetenta y cuatro, a cargo del notificador Tercero, del JuzgadoCuarto de Familia, en el que se lee a partir del punto quinto:"LOS SUJETOS PROCESALES SOLICITAN QUE SEHAGA CONSTAR TAMBIEN QUE SE ENCUENTRANSEPARADOS DE HECHO DESDE EL PRIMERO DEABRIL DEL AI'JO EN CURSO, SEXTO: MANIFIESTANLAS PARTES QUE ADEMAS DE DARLE SUAPROBACION A LO AQUI CONVENIDO, A SU COSTA YCON LAS FORMALIDADES LEGALES SE LESEXTIENDE UNA CERTIFICACION A CADA UNO, UNAVEZ FIRME LA RESOLUCION ..."o sea que sostiene quela separación si fue voluntaria legalmente a partir del


GACETA DE TRffiUNALES 101convenio celebrado y esto sucedió con fecha nueve de julio demil novecientos setenta y cuatro, separación que no se hainterrumpido como se probó. En el presente caso, agrega elrecurrente, de la simple lecturade las cláusulas transcritas quecontiene el convenio, se arriba a la conclusión de que estamosante la voluntad expresa de los sujetos procesales OsearHumberto Orellana Saldivar y María Isabel Guerra Paz,misma 'que consta de común acuerdo, sin viólencia, nicoacción alguna, ya que en un convenio se hace constar -loacordado por las partes. Arguye asimismo, que la Salacometió error de hecho en la apreciación de la prueba, r¡j nohaber ni siquiera considerado, el contenido del mencionadoconvenio tantas veces citado, omitió el análisis jurídicoindispensable para darle o negarle valor probatorio a talmedio de prueba, la prueba básica por excelencia en esteproceso civil, pues, contiene, la voluntad de las partesmanifestadas expresamente y aprobada por un juezcompetente. Para este caso de examen, la ley dispone que losdocumentos autorizados por funcionario o empleadospúblicos en ejercicio de su cargo, producen fé y hacen plenaprueba,salvo el derecho de las partes a redargüirlos de nulidado falsedas. Expone también, que el documento que no sétomó en cuenta como prueba, llena todos los requisitoslegales exigibles en esta clase de convenios y no ha sidoimpugnado por la demanda; respeta el criterio de la Sala,cuando manifiesta que invariablemente ha sostenido que laseparación como causal de divorcio debe serVO LUNTAR lA,o sea de común acuerdo, pero no acepta que haya dejado deprobar la causal de divorcio, al tener él la carga de la prueba.De manera que estando aportado el documento ignorado porla Sala, como prueba con todas las formalidades legales delcaso·, se cometió error de hecho en la apreciación de la prueba,porque la sentencia que revocó la de Primera 1 nstancia y quees objeto de este recurso extraordinario de casación, de habertomado en cuenta el contenido de dicho documento, quecoincide con el criterio de la Sala, pues consta en e_l mismo demanera indubitable la manifestación de la voluntad de laspartes, la cual es separarse de cuerpos desde el día primero deabril de mil novecientos setenta y cuatro, separación que hasido ininterrumpida, como se probó con la declaración de lademandada, Maria Isabel Guerra Paz, no habría revocado lasentencia de primer grado, entablada por el recurrente, errorreparable por medio del recurso interpuesto. Aunque no esnecesario que cuando se invoque error de hecho en laapreciaclón de las pruebas se cite la ley infringida, en este casosi se cita, porque es tan claro, tan de bulto el error en queincurrió la Sala en la sentencia que dió motivo a,~te recurso,que sin mucho esfuerzo se comprende que-/ lo hizo conviolación clara del primer párrafo del artículo 186 del CódigoProcesal Civil y Mercantil, en relación con el caso deprocedencia de error de hecho en la apreciación de la pruebaque hEn::omentado.Transcurrido el dfa de la vista procede resolver.CONSIDERANDO:Con apoyo en el caso de procedencia contenido en elinciso 2o. del articulo 621 del Código Procesal Civil yMercantil, el recurrente argumenta que en el fallo impugnadose Cometió error de hecho al haberse omitido el análisis de lacertificación del convenio a que llegaron él y la demandada,en el juicio oral de alimentos número cuatro mil ochocientoscincuenta y cuatro del año de mil novecientos setenta ycuatro, donde consta que se encuentran separados de hechodesde el primero de abril del citado añ:>. Tal documentoefectivamente fue, preteridO por la Sala sentenciadora al hacerla valoración de la prueba aportada, pero dicha omisión esirrelevante a los fines del juicio, pues con el mismo sólo seacredita que los sujetos procesales sblici-::aron que se hicieraconstar que se encontraban separados de hecho desde elprimero de abril indicado, pero no que la separación invocadahaya sido voluntaria, convenida o de común acuerdo,elemento que integra la causal de divorcio aducida. De modoque no tieniendo incidencia el error cometido en el resultadodel proceso, el recurso de casación que se examina no puedeprosperar.LEYES APLICAS LES:Artículos: 66, 86, 87, 88, 620,621 inciso 2o., 627,633y 635 del Código Procesal Civil y Mercantil; 27, 32,38 inciso2o., 143, 157, 159 y 169 de la Ley del Organismo Judicial.POR TANTO:Esta Corte Cámara Civil, DESETIMA el recursointerpuesto; condena en costas al recurrente y le impone unamulta


102 GACETA DE TRIBUNALESdemanda ordinaria de reivindicación de la finca treinta.y sietemil cuatrocientos veinticuatro (37424) folio treinta y siete(37) del libro doscientos diez (210) de Quezaltenango, y depago de daños y perjuicios, entablada por Mateo SánchezCabrera en su calidad de Representante legal de la mortual deAntonio Sales Bravo, por falta de plena prueba y comoconsecuencia absuelto de la misma al demandado AlejandroVelásquez Valle".SENTENCIA RECURRIDA:La Sala Octava de la Corte de Apelaciones confirmaparcialmente la sentencia apelada en el numeral i) en lo quedeclara sin lugar la demanda ordinaria de pago de daños yperjuicios entablada por Mateo Sánchez Cabrera en su calidad.de Representante de la Mortual de Antonio Sales Bravo. Serevoca parcialmente en el numeral 1) ·y totalmente en elnumeral 111. y resolviendo conforme a derecho DECLARA: 1)Con lugar la demanda ordinaria de Reinvindicación de la fincarústica número treinta y siete mil cuatrocientos veinticuatro(37424), folio treinta y siete (37) del libro doscientos dies(210) de Quezaltenango, establada por Mateo SánchezCabrera en su calidad de Representante de la Mortual deAntonio Sales Bravo; 2) que en consecuencia el demandadoAlejandro Velásquez Valle está obligado a entregar el raízrelacionado al actor dentro de tercero día de ejecutoriadoeste fallo; 3) se condena en el pago de las costas del juicio a laparte demandada por ser la vencida. Notiffquese ... "Para elefecto la Sala Consideró: 1) La parte actora se alza eñ contrade la sentencia proferida por el Juez de Primer Grado, en sutotalidad, tanto en su parte considerativa como en laresolutiva, por no estar de acuerdo con la misma y en estainstancia solicitó reconocimiento judicial en el inmueble enlitigio con el fin de constatar la existencia real, ubicación,extensión, linderos antiguos y actuales, contrucciones,cultivos y si es el mismo descrito en la certificación delRegistro de la Propiedad, y quién esta ocupando el raíz quemotiva el juicio. Este reconocimiento se practicó por partedel Juez de Paz del municipio del Asintal del departamento deRetalhuleu. 11) Los medios de prueba aportados al juicio porla parte actora, pues el juicio se siguió en rebeldía de la partedemandada, son los siguientes: a} Certificación extendida porel Segundo Registro de la Propiedad relativa a la 'FincaRústica número treintisiete mil cuatrocientos veinticuatro(37424), folio treinta y siete (37) del libro doscientos diez(210) de Quezaltenango consistente en un terreno situado enel paraje "Tibajzaj" del municipio de Colomba, con unaextensión superficial de cuarenta y dos cuerdas, y con lascolindancias antiguas siguientes: Al norte, oriente y ponientecon Carlos Gerónimo y al sur: con Sabino Gómez, la cualfigura inscrita a favor de Antonio Sales; b} Confesión ficta deldemandado en siete preguntas que contiene el pliego deposiciones que le articuló el actor, y que se refieren a que estáocupando el inmueble que motiva este juicio, que cultiva elmismo, que reconoce que carece de derecho alguno, quedesde hace quince años hace suyos los frutos del mismo, quereconoce que el inmueble que díó origen a este juiciopertenece a la Mortual de Antonio Sales Bravo y que estádispuesto a reintegrar el mismo; e) reconocimiento Judicialpracticado por el Juez de El Asir.tal del Departamento deRetalhuleu con fecha diez de octubre del año pasado en lacual estableció la existencia real del inmueble así como suubicación en la Aldea el Xab antiguamente Tibaj Xabjurisdicción del muni'cipio de Colomba del departamento deOuezaltenango, con una extensión superficial de diecinuevemil doscientos cincuenta y siete metros cuadrados, con suscolindancias antiguas al norte, oriente y poniente: CarlpsGerónimo ya fallecido, y al sur: Sabino Gómez, y así mismosus colindancias actuales al ·norte: Osear Monterroso, Sur:Julián Juárez Cabrera, Oriente: Río el Xab, y al poniente:Alejandro Velásquez Valle, estableció además que no tienenningún tipo de construcción o cultivo, que se encuentratotalmente enmantado, que se encuentra circulado concuatro hilos de alambre espigado y estableció que además élbien raíz es.el mismo que motiva estas diligencias. 111) Delanátisis de los medios de prueba antes relacionados se-llega a lacondusíón que la parte actora, probó sus proposiciones dehecho contenidas en su demanda, pues cori la certificaciónregistra! quedó establecido que la Finca rústica númerotreinta y siete mil cuatrocientos veinticuatro (37424) foliotreinta y siete (37) del libro doscientos diez (210) deOuezaltenango pertenece a la Sucesión de Antonio SalesBravo, y que en consecuencia el Representante de dichamottual tiene derecho de reivindicarlo por ser de la masahereditaria de parte del demandado Alejandro VelásquezValle que lo detenta sin título alguno y de donde la demandaordinaria de reivindicación es procedente, no así en loreferente a Daños y Perjuicios en virtud de que de los mediosde prueba analizados no quedó probado tal extremo de dondeen esta pretensión de la demanda merece desestimarse. Encuanto a las costas expresamente impugnadas, procede lacondena en costas a la parte demandada por ser la partevencida, consideraciones leg"ales por las cuales esta Sala,revoca parcialmente el literal 1) y en su totalidad elliteralll)de la sentencia apelada, debiéndose dictar la que en derechoprocede".RECURSO DECASACION:Alejandro Velásquez Valle con el auxilio del AbogadoAstolfo Humberto Martínez Morales, interpuso recurso decasación contra la sentencia de la Sala Octava de la Corte deApelaCiones y cita como caso de procedencia el oontenido enel inciso 2o. del artfculo 621 del Código Procesal Civil yMercantil, o sea error de hecho en la apreciación de la prueba.En el que, afirma, incurre el Tribunal al valorar la pruebaconsistente en "a) el escrito de demanda; b) la certificaciónexpedida por el Segundo Registro de la Propiedad, que elactor acompailó a s.u demanda; e) el acta de tomad e posesióndel interventor; e) el acta de reconocimiento judicialpracticada en-Segunda Instancia; y d) el pliego de posicionesconforme a las cuales se me tuvo por confeso", al efectoexpresa; "a) por razón de ubicación: Como muy bien dijo lasentencia de primera instancia (folio cincuenta y tres vueltode la pieza de primera instancia), en la certificación registra!se nombra un terreno ubicado en el municipio de Colomba,departamento de Quezaltenango y la demanda viene ·referidaa un terreno ubicado en el municipio de El Asintal, deldepartamento de Retalhuleu. Cierto es que el Juez Menor deEl Asintal asienta que se trata de un mismo inmueble que laaldea El Xab era antes el paraje Tibaj Xab, y no Tibaj Xajcomo dice la certificación registra!, pero no da razón a~una alrespecto, o sea que lo mismo pudo haber dicho lo contrario.Cierto es también que este aspecto se pudo haber clarificadodocumentalmente mediante certificación o informe deCartografía más no se hizo y el tribunal no tiene (derecho)por que suplir las deficiencias de la prueba de la parte actora.En concreto, no está probado de manera fehaciente que hayaidentidad entr,e la aldea el Xab, El Asintal, Retalhuleu y elparaje Tibajxaj del municipio de Colomba, departamento deOuezaltenango. b) Por razón de impresición: en la acta detoma de posesión del interventor, folio catorce vuelto, se diceque el Juez Menor puso en posesión del terreno de la mortualde JOSE VELASQUEZ MENDEZ persona que no era nipodía ser parte en el juicio, se dieron los colindantes y se pusoen posesión al interventor; aunque no lo dice es obligado quecuando se practicó el reconocimiento judicial efl SegundaInstancia el mismo se practicó sobre el mismo terreno o seaque no se sabe exactamente si va tal reconocimiento sobre elinmueble de la mortual de JOSE VELASQUEZMENDEZ o


GACETA DE TRffiUNALES 103sobre un inmueble de la mortual de ANTONIO SALESBRAVO, ya que, formalmente, al interventor se le puso enposesión del primer inmueble mencionado y la parte actorajamás hizo alguna observación al respecto, situación que no essuperable tampoco por el órgano jurisdiccional. e) Por razónde áreas: el actor dice en su demanda que la finca de lamortual de ANTONIO SALES BRAVO mide DIEZ Y OCHOMIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS METROSCUADRADOS, o sea las cuarenta y dos cuerdas que dice lainscripción registra!; en la ya tantas veces dicha acta de tomade posesión del Interventor se ratifica que el terreno en que seencuentra el funcionario autorizante, Juez Menor de ElAsintal, Retalhuleu, mide cuarenta y dos cuerdas. En la actade reconocimiento judicial practicada el d(a diez de octubrede mil novecientos setenta y ocho se habla de una finca quemide DIEZ Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA YSIETE METROS CUADRADOS o sea NOVECIENTOSQUINCE METROS CUADRADOS MAYOR A LA QUE SEDEMANDA; pese a lo cual se dice, reitero, que se estableciófehacientemente que es la finca TREINTA Y SIETE MILCUATROCIENTOS VEINTICUATRO, folio TREINTA YSIETE del libro DOSC 1 EN TOS D 1 EZ de Quezaltenango que,como ha quedado bien claro mide únicamente cuarenta y dosy no cuarenta y cuatro.ci.Jerda~ y fracción como dice la últimaacta. eh) Por razón de colindancias; como ya se dijo arriba lafinca propiedad de la mortual tiene registrados doscolindantes: Al norte, oriente y poniente: Carlos Gerónimo yal sur: Sabino Gómez. Recalco y perdóneseme la insistenciaque ningún rfo aparece por rumbo alguno. El actor en sudemanda señala como actuales colindantes: por el norte aOsear Humberto Monterroso de León; al oriente: a MarfaMonterroso Ralda, Río Xabdepc:rmedio;a sur:JuliánJuárezMéndez y al poniente: Alejandro Velásquez Valle.Independientemente de si la toma de posesión del interventory reconocimiento judicial tantas veces dichos se realizaronsobre terreno de la mortual de José Velásquez Méndez o de lamortual de Antonio Sales Bravo, en las actas respectivas seconsignan colindantes actuales diferentes así: al norte; OsearMonterroso quien podría ser pero no es formalmente elcolindante Osear Humberto Monterroso de León que dice lademanda: al sur: Julián Juárez Cabrera, quien no es ni podríaser él colindante Julián Juárez Méndez de la demanda; encuanto al rumbo oriente ambas diligencias son imprecisaspues únicamente dan como colindante al rio Xab cuando lademanda menciona a María Monterroso Ralda. El únicocolindante coincidente soy yo, al demandado AlejandroVelásquez Valle. Se concluye pues que no hay coincidenciaentre los colindantes que dice al actor son los actuales y losque se estableció en autos. Es de hacer hincapié en que la fincaobjeto de las medidas de intervención y reconocimiento estádelimitada al oriente por el rfo Xab lo cual es completamentedesconocido e inexistente en la primera inscripción del bieninmueble de la mortual de Antonio Sales Bravo.En cuanto a los colindantes he de hacer notar que, auncuando el reconocimiento judicial del diez de octubre últimoafirma que se estableció fehacientemente la identidad de lafinca propiedad de la mortual de Antonio Sales Bravo, ningúnindicio u orientación de acerca de la sustitución decolindantes en el tiempo, se limita a repetir aunquedeficientemente lp que dice la demanda o sea nombres decolindantes antiguos y nombres del actual, as(, sencilla- ysimplemente. Esto señores Magistrados, no es ni puede serprueba de sustitución material decolindancias.d) Por falta de concresión en las posiciones y consecuenteirrelevancia de las mismas. Como quedáron trascritas lasposiciones conforme a las cuales se me tuvo por confeso pasoa analizar lo que de ellas aparece. Verán los señoresMagistrados de la Honorable Corte Suprema de Justicia,Cám_ara Civil, que todas -van referidas "al inmueble quemot1va este juicio" y que para determinarlo se remite alescrito de demanda. Pues bien: en el escrito de demandaNINGUN H~CHO se imputa a ALEJANDRO VELASOUEZVAL~E. el absolvente. Toda la demanda, no sólo la parteconducente es contra JOSE VELASQUEZ MENDEZ; él es eldemandado. Dichas posiciones en ningún momento hacenrelación al escrito de modificacion de la demánda donde ya seme menciona de tal manera que no puede afectarme ladeclaración de confeso, que si es válida, en cuanto a hechosque se imputan a otra persona. Dicho de otra manera:Resultaría que soy confeso de que José Velásquez Méndezestá ocupando el inmueble que motiva el juicio. Consiste elerror de hecho en la apreciación de la prueba en conclusiónen que de ninguma mariera se ha establec1do la identidad de lafinca TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOSVEINTICUATRO, folio TREINTA Y SIETE, del libroDOSCIENTOS DIEZdeQuezaltenangocon laque se dice queyo pose~, extremo este último que tampoco se ha probado ylos prop1os documentos que ya he mencionado en que elJuzgador; Sala Octava de la Corte de Apelaciones. se basa paratenerlo por probado demuestran su_equivocación. Son ellos:El escrito de demanda, el acta de toma de poseción delinterventor, la certificación del Segundo Registro de laPropiedad, el pliego de posiciones, el acta de reconocimientojudicial, todos obrantes en autos.Transcurrido el díade la vista procede resolver.CONSIDERANDO:Para que prospere el recurso de casación fundado en elsub·motivo de error de hecho en la apreciación de la pruebaes n~~~sario que el ínterponente exprese con claridad Yprec1s1on en que consiste el error y que identifique sin lugar aduda el documento o acto auténtico que demuestre laequivocación del Juzgador. En el casosub~judice el recurrenteno cumple de modo evidente con esos requisitos, puesargumenta en forma tal que confunde el vicio señalado con elde error de derecho, circunstancia que determina laimprocedencia del que se examina y asf debe resolverse.LEYESAPLICABLES:Artfculos 66, 86, 87, 88, 619,633 inciso 6o., 635 delCódigo Procesal Civil y Mercantil; 32, 38 inciso 2o. 143 157159, 163, 168, 169 de la Ley del OrganismoJudici;l. ' 'POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, con apoyoen lo consideratlo y leyes citadas, DESESTIMA el recurso decasación retac1onado al principio; condena al recurrente alpago de las costas del mismo y a una multa de cincuentaquetzales, que dentro de cinco días deberá enterar en laTesorería del Organismo Judicial, que en caso de insolvenciase conmutará con diez días de prisión. El recurrenteasimismo, deberá reponer el papel empleado en la forma quela ley manda dentro del indicado término, bajoapercibimiento de imponerle cinco quetzales de multa si no lohace. Notiffquese y con certificación de lo resueltodevuélvanse los antecedentes. (fs) C. E. Ovando Sarillas:···Juan José Rodas, -·Fed. G. Sarillas C. ···Herib. Robles A···Rol. Torres Moss. ·-Ante mf: M. Alvarez Lobos.·CIVIL:Recurso de casación interpuesto por Roberto MancillaPolanco, mandatario de Román Ferraté Eguizabal contra el31:1to de trece de Agosto de mil novecientos setentinueve,dictado por la Sala S~gunda de la Corte de Apelaciones en elproceso ordinario seguido en el Juzgado Segundo de PrimeraInstancia de esta capital, por el recurrente contra RigobertoMolina Paz y compañeros.


104 GACETA DE TRIBUNALESDOCTRINA:A} Adquiere el carácter de definitivo y por tanto,impugnabJe por vía de casación, el auto que resuelve unrecurso de nulidad y declara terminado el proceso.8) Comete quebrantamiento substancial delprocedimiento el Tribunal que al resolver un recurso deNulidad por violación de ley, extiende los efectos de laexcepción previa de prescripción extintiva, negativa oliberatoria, aCogida con anterioridad a instancia de unode los demandados, a los otros que no la hicieron valer oconsintieron su destimatoria, sin que el sujeto procesalque la interpusiera sea mandatario de ellos, o los vinculeun litis consorcio necesario en el ejercicio de todas suspretensiones.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA CAMARA CIVIL,GUATEMALA, veinticuatro de Abril de mil novecientosochenta.En virtud de recurso de casación interpuesto porRoberto Mancilla Palanca, mandatario de Román FerratéEguizabal, se conoce el auto de trece de agosto de milnovecientos setentinueve~ dictado por la Sala Segunda de laCorte de Apelaciones en el proceso ordinario seguido en elJuzgado Segundo de Primera 1 nstancia de esta Capital, por elrecurrente, contra Rigoberto Malina Paz, Miguel MalinaMurillo, Berta Murillo Cuadra de Malina, Antonio MalinaMurillo, Esmeralda Malina Murillo, Lucrecia CastañedaMalina, Estuardo Castañeda Malina, Beatriz CastañedaMalina, Enrique Malina Baca, Dinorah Baca Díaz de Malina,Geydée Malina Baca de Castañeda, Carlos René Molinc daca,Dinorah Molina Baca de Muñoz, F!afael Molina Baca, EdgarMalina Flamenco, Miriam Malina F!amentO, EsperanzaFlamenco de Malina y Roberto Malina Baca.ANTECEDENTES:A.- El veinticuatro de octubre de mil novecientossetenticinco ante el Tribunal de Primera Instanciaidentificado, el mandatario Mancilla Palanca expuso en sudemanda: su poderdante es legítimo propietario de la fincarústica número mil ochocientos veintidos (1822}. foliodoscientos sesenta {260) del libro cuarentisiete (47) Antiguode Guatemala, denominada finca "Las Mercedes" o "SanNicolás", cuya primera inscripción de dominio establece quetiene la extensión de una caballería, cincuenticinco manzanasy tres mil seiscientas noventiseis varas cuadradas, o seaochocientos treintiocho mil ciento sesen~dos punto ceroocho metros cuadrados (838,162,08 mtrc» ) y lassiguientescolindancias: Norte, con terrenos de Santa Rosita y Valle delas Vacas; Sur, terreno de Mariano Montenegro; Oriente,mismo colindante; y Poniente terreno nombrado "SanGaspar de Mejía". Esta inscripción data desde el veintiuno deseptiembre de mil ochocientos ochentiuno. Su mandantedesde la fecha en que compró el inmueble ha efectuado lassiguientes desmembraciones: a favor de Alfonso CastañedaMedinilla, veintisiete hectáreas, dos áreas y noventidoscentíareas, el veintiuno de agosto de mil novecientoscincuenticinco; siete porciones que en total miden doce milsetenticinco punto cero nueve metros cuadrados (12tJ75.09Mtrs2). a favor de Antonio, Marina de Compaignac, Antonio,Luis, Enrique, Ethel de Ruano y Sara, todos de apellidosFerraté Felice, el trece de octubre de mil novec_ientossesentiseis; cuatrocientos cincuenta metros cuadrados {450Mtrs2), para Antonio Ferraté Fe! ice, el cinco de julio de milnovecientos sesentinueve; cinco porciones que sumandoscientos veintiocho mil cuatrocientos setenticinco puntocuarenticinco metros cuadrados (228,475.45 Mtrs2), paraLuis Alberto, Ramón, Enrique, María Ethel de Ruano,Antonio, Marina de Compaignac y Sara Estela, Ferraté Felice,el dieciocho de junio de mil novecientos setenticuatro; a favorde si mismo, .una porción de veintiSiete mil quinientoscuarenta punto ochentitrés metros (27,540.83 Mtrs}, el dosde julio de mil novecientos setentíseis; y para Enrique FerratéFelice, mil setecientos cincuenta punto sesentitres metroscuadrados (1,750.63 Mtrs.2), el veinticinco de Agosto de milnovecientos setenticinco. Elárea de todas lasdesmembraciones es de quinientos cuarenta mil quinientosochenticuatro metros cuadrados (540,584. Mtrs.2) quededucida de la extensión original, deja la de doscientosnoventisiete mil quinientos setenta y ocho punto cero ochometros cuadrados (297 578.08 Mtrs2). Las desmembracionesde mérito se hicieron erl la parte poniente de la finca que tienecomo límite un camino carretero o servidumbre que soportael inmueble, que conduce a la finca del Licenciado Mariano S.Montenegro; de donde colige que no se ha efectuadomodificación alguna en la parte de la finca que queda aloriente de tal servidumbre, que es a la que corresponde elresto del área últimamente indicada y se ubica dentro de estascolindanciaS: Oriente y Sur, con el démandado RigobertoMalina Paz; Norte, predio municipal deAcatán; y al Ponient'e,resto de la finca desmembrada, camino carretero de pormedio o servidumbre descrita.La finca propiedad de dicho demandado, que seidentifica con el número dos mil doscientos cincuentisiete(2257). folio doscientos diecinueve (219) del libroochenticinco (85) de Guatemala, que colinda por el sur yoriente con la de su representado, ha sido objeto de variasunificaciones y también de múltiples desmembraciones, loque no tendría nada de malo, si no fuera por el hecho de quesu propietario al efectuar varias de esas desmembraciones,usurpó 1a -pro'piedad de su mandante y se apropió de latotalidad de lo que queda de la finca matriz, pues los planos ymedidas de las fracciones desmembradas, coincidenexactamente con la forma y medidas de la finca usurpada.Expresó los fundamentos de derecho en que apoya suspretensiones, ofreció las pruebas del caso y pidió que ensentencia se declare: uu Con lugar la presente demandaordinaria de reinvindicación de la propiedad de mi mandantey nulidad de los negocios jurídicos que dieron origen a lasfincas rústicas formadas en terreno propiedad del mismo. 11)Que como consecuencia se ordene al Registro de la PropiedadInmueble la cancelación de las inscripciones de dominio detodas las fincas identif~cadas en el punto octavo de laexposición de los hechos de esta demanda, en virtud de quetodas ellas se encuentran dentro de la propiedad de mimandante: 11 1) Que se condene a la parte demandada al pago afavor de la parte actora, de la surna que en concepto de dañosy perjuicios corresponde legalmente. IV) Que se condene encostas a la parte demandada".B.- Rigoberto Malina Paz interpuso la excepción previade prescripción extintiva, negativa o liberatoria, en base a lossiguientes hechos: el actor Ferraté Eguizabal pretende ignorarque el veinte de agosto de mil novecientos cincuenticincoante los oficios del notario Ernesto Zamora Centeno, porescritura número ciento noventinueve (199), dejó constanciaexpresa que con Alfonso Castañeda Medinilla eran condueñosproindivisos por partes iguales, de la finca rústica conocidacon el nombre de "San Nicolás" o "Las Mercedes", .ubicadaen Santa Rosita de este departamento, inscrita en el Registrode la Propiedad bajo el número mil ochocientos veintidos(1822). folio doscientos sesenta (260) dellibrocuarentisiete(47) Antiguo de Guatemala. Oue por ese iintrumentodispusieron poner fin al condominio y dividieron el inmueble.Al efecto, se desmembró una porción de veintisiete hectáreas(27), dos áreas (2) y noventidos centíareas (92) equivalentes adoscientos setenta mil doscientos noventidós metroscuadrados (270,292 Mtrs 2) que fué inscrita a favor deCastañeda Medinilla y que formó la finca doce mil quinientoscinco (12,505), folio ciento setentisiete (177) del libro


GACETA DE TRIBUNALES 105cuatrocientos setentisiete (477} de Guatemala. El resto de.lafinca pasó a ser propiedad exclusiva de Ramón FerratéEguisabal. Que de tal división se desprende: el área de la fincamatriz nunca tue la que consta en su pdmera inscripción dedominio; el demandante tuvo conocimiento del área real amás _tardar el veinte de agosto de mil novecientoscincuenticinco, cuando la partió en dos porciones iguales; deesa área real le dió la mitad a Castañeda Medinilla, por lo quela extensión de su finca es de doscientos setenta mildoscientos noventidós metros cuadrados (270.,292 Mtrs2),misma que desmembró, por lo que concluyó que nada le hacefalta a dicho inmueble, asr como que ha transcurrido enexceso el tiempo durante el cual pudo el actor haberreclamado a cualquiera de sus vecinos si no hubiera estado deacuerdo con el área de su finca que él declaró conocer yaceptó en 1 a finca de la participación. Acompañócertificaciones extendidas por el Registro de la Propiedad,una que contiene el testimonio de la escritura relacionada ylas demás relativas a las fincas números mil ochocientosveintidos (1822), doce mil quinientos cinco (12,505),setecientos cincuentiocho {758), y dos mil cientocuarenticinco (2, 145); folios doscientos sesenta (260), cientosetentisiete (177), doscientos trece (213) y doscientos cuatro(204); libros cuarentisiete (47). cuatrocientos setentisiete(477), ciento ocho (108) y setentitrés (73) de Guatemala,respectivamente.C) En idénticos términos que Rigoberto Malina Paz, losdemandados Miguel Molina Murillo, Bertha Molina Cuadra deMalina y Enrique Malina Baca, interpusieron también laexcepción de prescripción extintiva, 'negativa o liberatoria.O) Tramitada la excepción y recibidas las pruebaspertineptes se resolvió sin lugar, improcedencia que fuéapelada únicamente por el demandado R igoberto MolinaPaz. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones medianteauto del once de julio de mil novecientos setentiocho, revocóel de primer grado y declaró con lugar la excepción, en lo querespecta al apelante.E) En memorial del cuatro de diciembre del año citado,Roberto Ismael Mancilla Palanca con la representaciónostentada en juicio, amplió la demanda así: los demandadosson propietarios de las fracciones de terreno que conformanel área de la finca de su mandante; aparentemente esasfracciones proceden de la finca rústica propiedad deRigoberto Molina Paz, de donde los hechos que hicieronposible esas nuevas fincas, son obra de dicho señor, quien poreso evidentemente tiene causa común con ellos, y debeintervenir en el proceso, pues la sentencia que se dicte laafectará. Con ese razonamiento pidió se eniplazara en cafidadde tercero a Malina Paz. El Juzgado del conocimiento enresolución del cinco de diciembre, punto IV, mandó oir porveinticuatro horas a este último, quien interpuso contra ésta,recurso de nulidad por violación de ley, él que fue declaradosin lugar por auto del siete de junio de mil novecientos setentay nueve, que no consintióAUTO RECURRIDO:Al conocer en grado la Sala Segunda de la Corte deApelaciones, revocó el auto impugnado y declaró:"PR !MERO: con lugar el recurso de nulidad, por violación deley, interpuesto por el demandado Rigoberto Malina Paz, encontra de la resolución de fecha cinco de diciembre de milnovecientos setentiocho y por ende, que la misma es nula.SEGUNDO: resolviendo el escrito de fecha cuatro dediciembre de mil novecientos setentiocho, por improcedente,en virtud de haber terminado el presente juicio, no ha lugar ala solicitud. TERCERO:· que se manda levantar las medidasprecautorias dictadas dentro del proceso al quedar firme lapresente resolución; y CUARTO: que no hay especialcondena en costas por aparecer renunciado a su cobro elrecurrente, al estimar que por parte del Juez a-quó no ·haexistido mala fe. Notifíquese .. "La Sala para hacer la declaratoria de mérito, consideró:"que por tener la resolución del once de julio de milnovecientos setenta y ocho, la naturaleza de un autodefinhivo ejecutoriado y por ende, que ha causado valor decosa juzgada material, al tenor de los artículos 157, 171 y 172de la Ley del Organismo Judicial (Decreto 1762 del Congresode la República), incuestionable resulta que ha de producir,como efecto de imperativo legal, la casación absoluta delproceso de mérito, así como que, por la naturaleza de laexcepción previa interpuesta de prescripción negativa,extintiva o liberatoria declarada con lugar, sus efectosabarcan y favorecen a la totalidad de las personas, que a másdel demandado Rigoberto Malina Paz, aparecen asimismodemandados, pues de aceptarse una tesis contraria, ellovendría a constituir un desquiciamiento de nuestroordenamiento jurídico-legal y por lo que, en consecuencia,debe accederse a lo solicitado·por el interponente del recursode nulidad, el tantas veces citado demandado RigobertoMalina Paz, en el sentido de que la resolución del cinco dediciembre de mil novecientos setenta y ocho es nula, porviolación de ley y por lo que ha de dictarse la resolución queconforme a derecho corresponde, así como hacer los demáspronuciamientos que solicita en el memorial intrOOuctoriodel recurso". Interpuestos recursos de aclaración y deampliación por el. actor, fueron rechazados de plano pornotoriamente frívolos e improcedentes.RECURSO DE CASACION:E 1 presente recurso de casación lo sustenta elmandatario de la parte actora, en los casos de procedenciacontenidos en los artículos 621 inciso 1o. y 622 incisos 1o. y6o. del Código Procesal Civil y Mercantil, por estimar que laresolución impugnada contiene violación de ley einterpretación errónea de la misma, y quebrantarsubstancialmente el procedimiento el Tribunal al habersenegado a conocer, teniendo la obligación de hacerlo, yotorgar el fallo más de lo pedido.Sostiene que la Sala violó el artículo 1501 del CódigoCivil, por que si bien es cierto que el segundo párrafo de esteprecepto establece que "la prescripción de la obligaciónprincipal produce la prescripción de la obligación accesoria"también lo es que cuando planteó su demanda claramenteexpresó que emplazaba a dieciocho personas, las queaparecen nombradas en su memorial inicial, sin que hubieraentre ellas vínculo de accesoriedad alguno; y por otra parte,también es claro que su intención como apoderado del actor,es conseguir la reinvindicación del derecho de propiedad quese le ha usurpado a éste y la nulidad de los negocios jurídicosrealizados que dieron origen a las nuevas fincas, así como seordene la cancelación de las inscripciones de dominiorespectivas. Que no ex·ige a los demandados el cumplimientode una obligación, puesto que ni ellos ni su mandante hanmanif~stado su voluntad en cuanto a negocios alguno; luego,si no reclama el cumplimiento de una obligación, sino.quesele devuelva a su poderdante lo que legítimamente lepertenece, no puede hablarse de obligaciones, ni muchomenos de obligaciones principales y accesorias.Que interpreto erróneamente la ley e infringió losartículos 171 y 172 de la Ley del Organismo Judicial, porque_no puede negatse que el último párrafo del primero de esosartfculos nqe.para los autos ejecutoriados, pero el hecho deque la resolución de segunda instancia del once de julio de milnovecientos setenta y ocho, tenga ese carácter, no significaque el pro_ceso haya terminado para todos los demandados, yaque dicha resolución se refiere exclusivamente a uno, aRigoberto Molina Paz, y no a todos como la Sala lo declara.Que las tres identidades que exige el otro de los preceptos


106 GACET.\ DE TI! llll '\\LEScitados, se dan únicamente en relaClón a Malina Paz, parteinteresada en la resolución, pero no respecto a los otrosdiecisiete demandados, porque la Sala no los tomó en cuentaen su resolución, por no haber ellos apelado al desestimarse laexcepción de prescripción extintiva, negativa o liberatoria,que también hicieron valer.Acerca de los motivos de forma invocados, delcontenido en el inciso 1o. del artículo 622 del CódigoProcesal Civil y Mercantil, expresa: que el Tribunal desegundo grado al aseverar que el proceso está fenecido, senegó a conocer del mismo, a administrar justicia, por lo queinfringió el artículo 12 de la Ley del Organismo Judicial, todavez que la litis no concluyó cua;-;do se declaró con lugar laexcepción previa de prescripción interpuesta por Malina Paz,única persona a quien se excluyó del juicio; e igualmenteinfringió el artículo 157 de la Ley del Organismo Judicial,pues si bien es cierto que los autos ponen fin a un artículo oresuelven materias que no son de puro trámite, o el asuntoprincipal antes de finalizar su substanciación, en el caso deque se trata esos efectos se produjeron para la persona a que serefiere la resolución que acogió la defensa previa deprescripción, o sea~el sujeto procesal que la provocó, quien norepresenta el derecho de todos.En lo que concierne al inciso 6o. de la misma norma,señala infringidos los artículos 26·y 603 del Código ProcesalCivil y Mercantil, porque el primero de ~!los es sumamenteclaro y terminante al prescribir que los Tribunales no podránresolver de oficio sobre excepciones que solo pueden serpropuestas por las partes, lo que no se cumplió, ya que laresolución que acogió la excepción de prescripción hechavaler por Rigoberto Malina Paz, limitó esas declaraciones aéste; y el segundo, porque la apelación se considerara sólo enlo desfavorable al recurrente y que haya sido expresamenteimpugnado. El tribunal superior no podrá por lo tanto,enmendar o revocar la resolución en la parte que no es objetodel recurso. Que como solo R igoberto Malina Paz fué elapelante, la Sal á debió concretarse a conocer de su petición, asaber: "A} Que se tenga por interpuesta la nulidad en contrade la resolución dictada por este Juzgado el cinco dediciembre de mil novecientos setentiocho, por medio de lacual se tiene por ampliada ta demanda y se me emplaza comotercero dentro del proceso. 8) Se de a la misma el trámite delos incidentes. C) Que se de audiencia a la parteactorapor elténnino de dos días. D) En su oportunidad se dicte el autodeclarando procedente la nulidad interpuesta, en virtud dehaberse infringido la ley y se declare nula la resolucióndictando la que corresponda, que debe rechazar la petición dela parte actora y se ordene levantar las medidas precautoriascitadas ..."At disponer la Sala en el punto segundo, concluye, queel proceso está terminado, resolvió algo en favor de personasque no intervinieron en el incidente de nulidad objeto de laapelación, y aplicó los efectos extintivos de la excepción deprescripción a los otros demandados, aspecto que ni siquieraera materia de discusión.CONSIDERANDO:Con apoyo en los casos de procedencia contenidos enlos incisos 1o. v 6o. del artículo 622del Código Procesal Civily Mercantil, el recurrente denuncia quebrantamientosubstancial del procedimiento, impugnaciones que por losefectos que producen se examinan con prioridad.En cuanto al primero de esos motivos, o sea que la SalaSegunda de la Corte de Apelaciones se negó a conocer, conobligación de hacerlo, al declarar que el proceso terminó conla procedenCia de la excepción previa de prescripciónextintiva, negativa o liberatoria a .la que se contrae laresolución del once de julio de mil novecientos setentiocho,argumenta que esta afirmación es exacta, pero solo en lo qu-eatañe a R igoberto Malina Paz, por lo que el juicio debecontinuar con los otros demandados. El examen del auto quese cuestiona evidencia que el vicio señalado no se cometió,pues el Tribunal jurisdiccional sí cumplió con su funciónjerárquica en el asunto sometido a su conocimiento y lodemuestra precisamente el propio auto, que revoca el deprimer grado y declara con lugar la nulidad interpuesta, por loque no ·infringió los artículos 12 y 157 de la Ley delOrganismo Judicial.Del otro motivo alegado en relación con el inciso 6o .• esdecir, que el fallo otorgó más de lo pedido al extender a losdemandados los efectos extintivos de la citada excepción deprescripción, cabe apreciar, que el análisis comparativo delpetitorio del recurso de nulidad interpuesto contra laresolución del cinco de diciembre de mil novecientos setentay ocho y 1o resuelto en alzada al declararse con lugar ·elmismo, evidencia que la Sala sí se excedió en sus atribucionesal pronunciarse sobre un extremo no controvertido. Enefecto, el principio de congruencia procesal contenido en elartículo 26 y lo prescrito por el artículo 603, ambos delCódigo Procesal Civ-il y Mercantil, imponen a los Tribunalesde Justicia la obligación de ajustar sus decisiones a lospetitorios de las partes, sin que puedan desbordar ese marcolegal, como n.o se·a en aquellas situaciones en que se les facultapara resolver sobre asuntos no deducidos en juicio, se trate decuestiones implícitas en los puntos controvertidos, o biensean consecuencia lógica de su declaración. En el casosubjudice, la nulidad interpuesta por Rigoberto Malina Paz,aún cuando una de sus argumentaciones· sea la terminacióndel procesó, lo que debe en~enderse respecto de él, se limita aque se deje sin efecto la resolución que lo emplaza comotercero, como reza la literal O) de su petitorio, por lo que laSala al agregar en el ordinal segundo de la resoluciónimpugnada: En virtud de haber terminado el presente juicio",sí cometió el vicio acusado e infringió los artículos indicados;vicio que da a su resolución el carácter de definitiva paraimpugnarla por la vía de la casación. De consiguiente, por estainfracción procedimental, el recurso que de tal naturaleza sehace valer, prospera e innecesario resulta el estudio de losotros motivos invocados.LEYES APLICABLES:Articulas citados y 1o ... 25, 51, 61 inciso 6o., 116inciso9o.,66,67,86,87,88, 126,127,186,613,615,617,620, 624, 627, 631, 633, del Código Procesal Civil vMercantil; 32,38 inciso 2o., 156, 157, 159 v 169 de la LevdelOrganismo Judicial.POR TANTO:La Corte Suprema de Justicia, Cám~ra Civil, CASA elauto impugnado; en consecuencia lo anula para que la SalaSegunda de la Corte de Apelaciones resuelva la apelacióninterpuesta por Rigoberto Malina Paz, contra la resolución defecha siete de junio de mil novecientos setentinueve, conarreglo a la ley. Condena al pago de las costas a dicho Tribunaly ordena al recurrente reponer el papel suplido en la formalegal correspondiente dentro del término de tres días, bajoapercibimiento de imponerle una multa de cinco quetzal es sino lo hace. NO TI F IQUESE y con certificación de lo resueltodevuélvanse los antecedentes. (fs). C. E. OVANDO B.--JULIO GARCIA C. --FED. G. SARILLAS C. -·HERIB.ROBLES A. --ROL. TORRES MOSS. ---Ante mí: M.ALVAREZ LOBOS.·CIVIL:·Recurso de casación interpuesto por DELIAMOREIRA PEREZ DE VIVAR contra la sentencia dictadapor la Sala Primera de la Corte de Apelaciones de fechaveintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y nueve.


GACETA DE TRIB(j:'liALES 107DOCTRINA:Es improcedente el recurso de casación, cuando sefunda en forma simultánea, bajo las mismas normas jurídicasen: aplicación "indebida o interpretación errónea de las leyes,sin formular la tesis o las tesis respectivas.CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, CAMARACIVIL:Guatemala, veintinueve de abril de mil novecientos ochenta.Se tiene a la vista para resolver el recurso de casacióninterpuesto por DELIA JOSEFINA MORE IRA PEREZ DEVIVAR contra la sentencia dictada por la Sala Primera de laCorte de Apelaciones con fecha veintiocho de noviembre delaño pasado, en el juicio ordinario que inició dicha personaante el Juzgado Quinto de Primera Instancia de lo Civil,contra el Banco de los Trabajadores.ANTECEDENTES:Expresa la recurrente que: con dicha entidad bancariacelebró un contrato de mutuo con hipoteca, por el cual se ledió la suma de seis mil quetzales conforme escritura públicanúmero un mil veintiocho del dieciocho de noviembre de milnovecientos setenta y cinco, autorizada por el Notario LeonelRodríguez Obregón, documento que en la cláusula segundaliteral "d" la demandante se comprometió a pagar la cantidadmutuada, por medio de setenta y dos cuotas mensualesniveladas consecutivas de ciento doce quetzales concincuenta centavos (0'.112.50) cada una que incluyeron entreotros rubros una prima de seguro de incendio y"TERREMOTO", las que se principiarían a cubrir el últimodía del mes calendario en que empezanfa correr el plazo delpréstamo. Los pagos serían en forma mensual con descuentosautomáticos del sueldo de la actora, por haberlo autorizadoasí dicha persona. Que en los recibos de descuentos que se lehan hecho por la Tesorería General de la Nación, en losmismos se ha incluido el PAGO DE LA PRIMA DESEGUROS. En la cláusula séptima estipula que la partedeudora se comprometió a suscribir un seguro sobre laconstrucción del inmueble hipotecado debiendo cubrir losriesgos que el Banco acreedor señalara; se indicó además, quepara el caso que no tomara el seguro, el Banco pod(a hacerlo anombre de ella. El día cuatro de febrero de rltil novecientossetenta y seis. fecha en que ocurrió el terremoto en todo elterritorio de la República, el inmueble hipotecado situado enla población de Chimaltenango, e inscrito a su nombre en elRegistro General de la Propiedad bajo el número cinco milnovecientos setenta y cuatro {5,974), folio doscientosveinticinco (225) del libro ciento cincuenta y ocho (158) deaquel departamento, sufrió daños considerables, que a lafecha lo hacen inhabitable en su totalidad. En vista de loanterior concurrió a la Aseguradora del Crédito HipotecarioNacional de Guatemala, donde le informaron que supropiedad no estaba asegurada contra ninguna clase desiniestros por parte del Banco de los Trabajadores, tal como seobligó, por la escritura ya identificada, máxime que ella síestá pagando la prima de seguro, manifiesta que al no habersesuscrito el seguro por parte del Banco de Jos Trabajadores,contra siniestros, en este caso terremoto, la entidaddemandada le ha ocasionado daños irreparables así comoperjuicios derivados del mismo; y que por parte de dichainstitución hubo enriquecimiento indebido por estar yapagadas las amortizaciones que como ya dijo incluyen laprima de seguros, la cual no ha sido cubierta por la entidaddemandada, de donde devienen los daños citados. Pidió que aldictar sentencia se declarara con lugar la demanda, enconsecuencia, que el Banco de los Trabajadores está obligadoa pagarle las prestaciones que reclama, lo que deberá hacerdentro de tercero día de estar fijado el monto, el que solicitase determine en ejecución de sentencia por la vía incidental; yque se condene en costas a la otra parte. Esta, al contestar lademanda lo hizo en sentido negativo, arqumentando que laactora conforme el contrato ya señalado, éra la obligada asuscribir el seguro y en su defecto, el Banco acreedor; ·queademás el primer pago de la deudora debió hacerse el dí


108 GACETA DE TR lllUNALESefectuó de la cuota nivelada, en donde consta que le cobraronintereses por mora en el pago, así Como la prima de seguro, laconstancia extendida por el Administrador de Rentas de' Chimaltenango, en donde consta el d(a que le fué entregado elcheque correspondiente a su sueldo de Maestra de Educacióndel mes de enero de mil novecientos setenta y seis. Y la copiasimple legalizada, que contiene la escritura de mutuo congarantía hipotecaria, la que lleva el número un mil cientoveintiocho .de fecha veintiocho de noviembre de milnovecientos setenta y cinco, autorizada por el Notario Lean elRodríguez Obregón. Acusa como infringidos del CódigoCivil: los artículos 1519, 1534, 1593, 1597 y 1628. Dice larecurrente, que los artículos señalados en párrafos anterioresfueron violados por el fallo que impugna, porque dentro delas causas indicadas en los mencionados preceptos cuando secumple lo pactado en un contrato por el perfeccionamientodel mismo, obliga a los contratantes a lo que se ha pactado,siempre que estuviere dentro _de las disposiciones legalesrelativas a dicho negocio; y así los que han celebrado dichocontrato están obligados a concluirlo, y su inejecución ocontravención por culpa o dolo, tiene que resarcir los daños yperjuicios ocasionados. Y en nuestra ley sustantiva (CódigoCivil), está el artículo 1628 que dice:""Toda persona quecause un daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, seapor descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvoque demuestre que e! daño o perjuicio se produjo por culpa onegligencia inexcusable de la víctima". Y el artículo 1648 delmismo cuerpo legal reza: La culpa se presume, pero estapresunción admite prueba en contrario. El perjudicado sóloestá obligado a probar el daño o perjuicio sufrido. Afirma,asifnismo: "el fallo impugnado está vio!'ando los artículos1519 y 1534 de nuestra ley sustantiva vigente en materia civiltal no condenar al pago de daños y perj!Jicios a que estáobligada la entidad bancaria demandada, ya que está·demostrado en el juicio, que yo, sí cumplí con lo pactado enel centrado de mutuo, o sea, que he pagado la suma de cientodoce quetza/es con cincuenta centavos mensualmente decuotas niveladas que incluyen amortización a capital,intereses legales y PRIMA DE SEGURO de incendio yTERREMOTO. Si bien el juzgador del fallo impugnado,manifiesta que en la cláusula séptima del contrato de mutuocon garantía hipotecaria, dice que yo, estoy obligada a tomarla prima de seguro o suscribir el seguro, y que si no Jo tomabala entidad bancaria PODRA hacerlo, pero aquí hay unainterpretación errónea del contrato que contiene el mutuocon garantía hipotecaria, por parte del juzgador, pot.que si envirtud de la cláusufa SEGUNDA inciso "d" establece que yopagué una cuota nivelada a la entidad bancaria acreedora, eneste caso el banco de los trabajadores, y en dicha cuotanivelada, está incluida PRIMA DE SEGURO DE INCENDIOY TERREMOTO, se interpreta que si la entidad banc~riaacreedora está recibiendo YA ESA PRIMA DE SEGURO,dicha entidad es la obligada a suscribir dicho seguro, por loque tiene más validez la cláusula SEGUNDA en su inciso "d",que la cláusula séptima, porque aquí, se debe entender que siya está p_agada la prima de seguro de mi parte, se colige que laobliga a suscribir el seguro es la entidad bancariaacreedora." Por los motivos señalados anteriormente, estimaque han sido violados los articulas 1519 y 1534 del CódigoCivil, en los Cuales fundamenta su demanda, motivos queseñala como base para la procedencia del Recurso de Casaciónde Fondo por violación de l•ley. ERROR DE DERECHO ENLAAPRECIACION DE LAS PRUEBAS. Enlotocanteaestesub-motivo del recurso, la interesada trae a cuenta que el falloimpugnado se funda para declarar !a improcedencia de sudemanda en !a consideración de que ella estaba obligada apagar la cuota nivelada, de acuerdo con el contrato de mutuocon garantía hipotecaria, con la Institución bancariaacreedora; la primera cuota, en el mes de enero de milnovecientos setenta y seis, con el sueldo que devenga comoMaestra de Educación Primaria, y que lamentablemente,como a todos los Maestros del área rural, sus sueldos no sonpuntuales, dichos sueldos al departamento de Chimaltenangollegaron hasta el día sábado siete de febrero de milnovecientos setenta y seis, pero por ser día sábado no podía ira pagar a la Institución Bancaria la cuota nivelada, y lo hizohasta el día lunes nueve de febrero de mil novecientos setentay seis, y este pago a trazado, lo comprobó con la constanciaque le extendió el Administrador de Rentas deChimaltenango, documento este que no se tomó en cuenta,pero que sí demuestra fehacientemente el porqué de su atrasopara cumplir con la obligación con el Banco. Asimismo, no setomó en cuenta el contenido de la escritura número un milciento veintiocho que contiene el mutuo con garant-íahipotecaria, que dispone que los pagos mensuales, se harán enforma de pescuentos automáticos del salario de la partedeudora, quien autoriza expresamente a su patrono para queefectúe dichos descuentos, y los envíe al Banco; que los dosprimeros abonos de las cuotas niveladas, los hizodirectamente a dicha entidad, no así la tercera que ya eldescuento fue automático; que tampoco se tomó en cuenta elrecibo del primer pago de la cuota nivelada hecha por elladirectamente a la entidad bancaria acreedora, recibo este endonde se hace constar que si pagó seguro, y que por mora alpago de la cuota nivelada, le cobran los intereses, documentosestos que el Juzgador no les dio el mayor valor al apreciardicha prueba. Citó por este sub-motivo como leyes infringidasla primera parte del art(culo 186 del Código Procesal Civil yMercantil y el artículo 127 del mismo Código, sobre elmomento ¡;je la valoración de las prt,Jebas y las que debendesestimarse, con el argumento, repetido, que la pruebadocumental desechada en la sentencia de segunda instancia esprueba de la ajustada a derecho. Por todo lo cual, sostiene quees procedente el recurso por Error de derecho en laapreciación de !aprueba aludi


GACETA DE TRWUNALES 109ACUERDO NUMERO 5-80LACORTESUPREMADEJUSTICIA.CONSIDERANDO:Oue para la administración de Justicia se hace necesarioel pronto establecimiento de dos nuevas plazas: una de Juezde Primera Instancia Suplente y otra de Juez de Paz Suplente,atendiendo a que las actualmente establecidas no sonsuficientes para llenar de momento las necesidades delservicio y, de esa cuenta, los Jueces de Primera InstanciaDepartamentales sufren demora en la concesión de susvacaciones y repetidas veces un Juez propietario tieneobligadamente que a tender a otro Juzgado por falta de JuezSuplente disponible;CONSIDERANDO:Que en tanto se incluya en el Presupuesto delOrganismo Judicial la Partida destinada para los sueldos de lasnuevas plazas, los mismos serán cubiertos con fondosprivativos del Organismo Judicial,POR TANTO:En uso de la facultad que le confieren los artículos 248de la Constitución de la República, 32-38-52 y 60 de la Leydel Organismo Judicial,ACUERDA:1.- Crear una nueva plaza de JUEZ DE PRIMERAINSTANCIA SUPLENTE:2.- Crear una nueva plaza de JUEZ DE PAZ SUPLENTE:3.- Ampliar el Acuerdo Número doscientos seis de estaCorte, de fecha siete de agosto de mil novecientossesenta y ocho, en el sentido de que los fondosprivativos del Organismo Judicial se tomen tambiénpara cubrir los sueldos mensuales de las nuevas plazascreadas, as(:al Juez de Primera Instancia Suplente 0.600.00b) Juez de Paz Suplente 0.400.00Que hacen un total de UN MIL OUETZALES(0.1,000.000).Y asimismo se cubra la bonificación profesional, labonificación de emergencia y viáticos con carácter derepresentación correspondiente a dichas plazas.4.- Este Acuerdo surtirá sus efectos por el tiempo que ajuicio de esta Corte sea procedente para satisfacer lasnecesidades del servicio que sobre el particular seconfrontan en la actualidad; y,5.- El presente Acuerdo entrará en vigor a partir delprimero de febrero próximo entrante.Dado en el Palacio del Organismo Judicial, enGuatemala a los veintiun días del mes de enero de milnovecientos ochenta.COMUNIOUESE:(fs) C.E. Ovando B. --Mazariegos G. --Rodas --F. Dardón G.---Julio García C. --F. Sarillas C. --H. Robles A --R.Rodríguez R. --Rol. Torres Moss. --Ante mi: M. AlvarezLobos.ACUERDO NUMERO 16-80LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIACONSIDERANDO:Es preocupación de esta Corte contribuir a elevar elnivel académico de los servidores del Organismo Judicial querealizan estudios Universitarios, lo cual redunda en beneficiode la administración de Justicia y, por ende, de la ciudadaníaen general;CONSIDERANDO:Para tal propósito es necesario estimular a dichosservidores, otorgándoles una ayuda pecrJniaria que lespermita sufragar, en parte, los gastos de matrícula o cuotasuniversitarias que correspondan;CONSIDERANDO:De conformidad con lo preceptuado por el Artículo248 de la Constitución de la República, los ingresos de laTesorería del Organismo Judicial por conceptos derivados dela administración-de justicia son privativos y corresponde a laCorte Suprema de Justicia determinar su inversión deconformidad con la ley;POR TANTO:Con fundamento en lo que para el efecto prescriben losartículos 32 y 38 de la Ley del Organismo Judicial,ACUERDA:Artículo lo. Secrea"LA AYUDA UNIVERSITARIA"para todos los laborantes del Organismo Judicial que realicenestudios en cualquiera de las Universidades del pafs.Artículo 2o. Dicha· ayuda consiste en el derecho arecibir una vez al año, la cantidad de CINCUENTAOUETZALES (0.50.00), cada una de las personas quecumplan con el requisito que a continuación se indica.Artículo 3o. Para tener derecho a la ayuda a que serefiere el artfculo Primero de este Acuerdo, es necesariopresentar en la Secretaría de la Presidencia del OrganismoJudicial, antes del quince de marzo de cada año, constancia ocertificación en la que se acredite que se aprobaron en sutotalidad el número de cursos que correspondan a los dossemestres del año inmediato anterior.Artículo 4o. Se faculta a la Dirección Financiera delOrganismo Judicial para que con cargo a Fondos Privativosrealice las erogaciones que sean necesarias.Artículo So. Por esta única vez, se fija hasta el treinta yuno de marzo de este año para presentar la documentaciónrespectiva.Artículo 6o •. Este Acuerdo entra en vigorinmediatamente.Dado en el Palacio del Organismo Judicial, a losveintidós d(as del mes de febrero de mil novecientos ochenta.COMUNIOUESE.(fs.) C. E. Ovando B. ---Mazariegos G. --Rodas --F.Daraón G. ---Julio Garcfa C. ---H. Robles A. ----F. Baríllas C.---R. Rodrlguez R. ---Rol. Torres Moss. --Ante m(. M.Alvarez Lobos.-ACUERDO NUMERO 25-80LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIACONSIDERANDO:Los laborantes del Organismo Judicial, que realizanestudios universitarios, se han visto en la imposibilidad deobtener dentro del lapso fijado las constancias ocertificaciones de estudios, lo cual hace nugatoria la"AyudaUniversitaria" creada por Acuerdo número 16-80 de fechaveintidos de febrero de este año, emitido por esta Corte;asfmismo, quienes han culminado el pensum de estudioscorrespondiente se hallan excluidos del beneficio otorgadopor dicho Acuerdo. no obstante que deben realizar gastosnecesarios para la culminación de su carrera académica.


110 GACETA DE TRffiUNALESCONSIDERANDO:De conformidad con lo preceptuado por el artículo 248de la Constitución de la República, los ingresos de laTesorería del Organismo Judicial por conceptos derivados dela administración de justicia son privativos y corresponde a laCorte Suprema de Justicia determinar su inversión deconformidad con la ley.POR TANTO:Con fundamento en lo que para el efecto prescriben losartículos 32 y 38 de la Ley del Organismo Judicial,ACUERDA:Artículo lo. Se reforma el artículo 3o. del Acuerdonúmero 16~80 emitido por esta Corte ei veintidos de febrerode este año, en el sentido de que el plazo para presentar laconstancia o certificación de estudios vence el últímo dfahábil del mes de diciembre de cada año.Artículo 2o. Se adiciona el artículo 3o. del Acuerdonúmero 16·80 relacionado, en el sentido de que la aprobaciónde la totalidad de cursos que correspondan a los dos semestresdel año inmediato anterior, podrá realizarse hasta el últimodel mes de febrero de cada año.En ningún caso podrán acumularse dos o más pagos porconcepto de "ayuda Universitaria".Artículo 3o. Se ampl fa el Acuerdo 16-80 de esta Corte, .con los siguientes beneficios para los laborantes delOrganismo Judicial.a) Si aprueban el exarnen Técnico Profesional dentro delaño siguiente de culminado el pensum de estudios,tendrán derecho a recibir la cantidad de CINCUENTAaUETZALES (0.50.00).b) Si aprueba el examen de Tesis dentro de los 10 mesessiguientes al examen Técnico Profesional, tendráderecho a recibir la cantidad de CIEN aUETZALES •(a.100.00).En ambos casos, la constancia o certificación quecompruebe tales extremos. deberá contener además la fechaen que se culminó el pensum de estudios o se aprobó elExamen Técnico Profesional en su caso.Artículo 4o. Se faculta a la Dirección Financiera delOrganismo Judicial, para que con cargo a fondos privativosrealice las erogaciones necesarias.Artículo So. Este Acue.rdo entra en vigorinmediatamente.Dado en el Palacio del Organismo Judicial, a los veintedfas del mes de marzo de mil novecientos ochenta.COMUNIQUESE.(fs.) C. E. Ovando 8. ·--Mazariegos G. ·--Rodas. -··F.DardónG ..... Julio Garcfa C. ---F. Sarillas C.---H. Robles A.·-·R. Rodríguez R. ··-Rol. Torres Moss. --·Ante mf: M.Alvarez Lobos.ACUERDO NUMERO 34·80LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIACONSIDERANDO;Oue para la administración de justiCia se estimanecesario el pronto establecimiento de un nuevo Juzgado dePaz, en el departamento de Alta Verapaz, efl virtud de que porAcuerdo del Señor Presidente de la República de fechaveintiuno de abril de mil novecientos ochenta, fue elevado a lacategoría de municipio el Parcelamiento Fray Bartolomé delas Casas que corresponde al departamento indicado.POR TANTO:Esta Corte, con base en lo expuesto y en los artrculos248 de la Constitución de la República y 28,38 y 60 de la Leydel Organismo Judicial.ACUERDA:1 o. Crear el siguiente Tribunal de Justicia:JUZGADO DE PAZ EN EL MUNICIPIO DE FRAYBARTOLOME DE LAS CASAS del Departamento deAlta Verapaz, que quedará bajo la jurisdicción deprimera instancia en dicho departamento.2o. La cantidad destinada para cubrir mensualmente lossueldos del personal, OOnificación de emergencia ydemás gastos del Juzgado, ascienden a la suma de UNMIL VEINTE aUETZALES EXACTOS (a.1,020.00).distribuidos así:SUELDOS:J Juez1 Secretario2 Oficiales (0.145.00 c/u)a.210.00a.170.00a.290.00.1 Oficial Interprete 0.145.oo a. 815.ooOTROS GASTOS:Alquileresa.150.00Gastos de escritorio a. 55.00 a. 205.00TOTALa.1,020.00TOTAL: UN MIL VEINTE auETZALES EXACTOS(a.1,020.00)3o. Este Acuerdo surtirá sus efectos y entrará en vigor, almomento en que el Ministerio de Finanzas PúblicasAPRUEBE los puestos y salarios, asf como los gastosdel Juzgado de Paz que se crea.DadÓ en el Palacio del Organismo Judicial, enGuatemala a los cinco d(as de mayo de mil novecientosochenta.COMUNiaUESE(fs) C. E. Ovando B. ····Mazariegos G. ····Rodas --F.Dardón G. ····Julio García C. ····F. BarillasC.····H. Robles A.----R. Rodríguez R. ····Rol. Torres Moss. --Ante Mf: M.Alvarez Lobos.ACUERDO NUMERO 35-80LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIACon vista de que por Acuerdo del Presidente de laRepública, de fecha nueve de noviembre del año próximopasado, se creó el Tribunal Militar de la Zona Militar u CoronelAntonio José de lrisarri", con sede en la ciudad de Cobán,departamento de Alta Verapaz, es procedente determinar elTribunal de Segunda Instancia que conocerá de los asuntos de• aquel Tribunal.POR TANTO:Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 240 dela Constitución de la República, 27, 37, 38y41 de la Ley delOrganismo Judicial,ACU E RO A:Que a la Sala Tercera de la Corte de Apelacionescorresponderá conocer de los asuntos del Tribunal Militarde la Zona Militar ,.Coronel Antonio José de lrisarri", consede en la ciudad de Cobán del departamento de AltaVerapaz.Este Acuerdo surte sus efectos inmediatamente.Dado en el Palacio del -Organismo Judicial, enGuatemala a los seis días del mes de mayo de milnovecientos ochenta.COMUNiaUESE.(fs) C. E. Ovando B. -··Mazariegos G. ·-·Rodas ···-F.Dardón G. ·--Julio Garcfa C. --·F. Sarillas C. -·--H. RoblesA. ·---R. Rodríguez R. -·--Ante Mí: M. Alvarez Lobos.·


GACETA DE TRIDUNALES 111ACUERDO NUMERO 44-80LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIACONSIDERANDO:Es imperativo contar con los servicios técnicos de unprofesional en la rama de la construcción de edificios, quegarantice la buena marca de los proyectos de inversión quereal iza la Corte Suprema de Justicia en el interior de laRepública y con base en el dictámen favorable de laDirección Financiera.POR TANTO:En uso de la facultad que le confieren los ardculos248 de la Constitución de la República y 32 y 38 de la Leydel Organismo Judicial.ACUERDA:1.- Crear la plaza de Supervisor de Obras del OrganismoJudicial con un sueldo base mensual deQUINIENTOS QUETZALES (0.500.00), más labonificación profesional y de emergenciacorrespondientes.2.- Se autoriza a la Dirección Financiera para erogarmensualmente la citada cantidad con cargo a FondosPrivativos, mientras se logra su inclusión en elPresupuesto General de Gastos de la Nación.3.- El presente acuerdo surte sus efectos a partir delprimero de junio del año en curso.Dado en el Palacio del Organismo Judicial, enGuatemala a los dos día del mes de junio de mil novecientosochenta.COMUNIQUESE:(fs) C.E. Ovando B. ---Mazariegos G. ---Rodas --F.Dardón G. ---Julio García C. ----F. Sarillas C. ---H. RoblesA. ---R. Rodríguez R. ---Rol. Torres Moss. --Ante m(: M.Alvarez Lobos.-ACUERDO NUMERO 45-80LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIACONSIDERANDO:Conforme solicitud que fuera presentada por laDirección Financiera del Organismo Judicial, se determinóla necesidad de que el Departamento de Procesamiento dei)atos de esa Dirección, cuente con un Analista de Sistemasque respalde la implementación de las diferentesaplicaciones previstas y a la vez ·complete la organizació_n desu persona 1 técnico.POR TANTO:En uso de la facultad que le confieren los artículos248 de la Constitución de la República y 32 y 38 de la Leydel Organismo Judicial.ACUERDA:lo. Crear la plaza de Jefe Analista de Sistemas delDepartamento de Procesamiento de Datos de laDirección Financiera del Organismo Judicial, con unsueldo base mensual de SEISCIENTOS QUETZALES(0.600.00) más la bonificación de emergenciacorrespondiente.2.- Se autoriza a la Dirección Financiera para erogar,mensualmente, la citada cantidad con cargo a FondosPrivativos, mientras se logra su inclusión en elpresupuesto general de gastos de la Nación.3.- El presente Acuerdo surte sus efectos a partir delprimero de junio del año en curso.Dado en el Palacio del Organismo Judicial, enGuatemala a los dos días del mes de junio de milnovecientos ochenta.COMUNIQUESE:(fs) C. E. Ovando B. --Mazariegos G. ----Rodas ---F.Cardón G. ---Julio García C. ---F. Sarillas C. --H. RoblesA. --R. Rodríguez R. ----Rol. Torres Moss. ---Ante Mr: M.Alvarez Lobos.-ACUERDO NUMERO 47-80LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIACONSIDERANDO:. Con la emisión del Decreto 78-79 del Congreso de laRepúblicá que contiene el Código de Menores, ~e. creaninstituciones para proteger integralmente a la fam1ha Y enespecial a los menores de edad, pero para la realizaciónefectiva de tal objeto en lo que al Organismo Judicial serefiere, es necesario de inmediato dar cumplimiento a lodispuesto en dicha ley, organizando los Tribunales de esajurisdicción privativa;POR TANTO:Con fundamento en lo que determinan los artfculos32 y 38 de la Ley del Organismo Judicial; y 51 y 54 delDecreto 78-79 del Congreso de la República,_ACUERDA:1. Organizar la jurisdicción de menores,siguiente:l. Se integra con el siguiente personal, el,TRIBUNAL DE MENORES:1. Magistrado ·Coordinador de la Jurisdicciónde Menores1 Secretario Tribunal de Menores4 Oficiales Tribunal para Menores0.230c/u1 Notificador Tribunal para Menores1 Trabajador Social1 Conserje Porteroen la fonnaSUELDOMENSUAL0.785.000.485.000.920.000.210.000.210.000.110.0011. El actual Tribunal de Menores se transforma en elJuzgado Primero de Primera "Instancia de Menores,con el mismo personal con que ha venidofuncionando.111. Se crean los Juzgados Segundo y Tercero de PrimeraInstancia de Menores, con el siguiente personal cadauno:1 Juez de Menores1 Secretario Ramo Menores4 Oficiales Ramo de Menores 0.230.00 c/u2 Trabajadores Sociales 0.210.00 c/u1 Notificador Ramo de Menores1 Comisario Ramo de Menores0.800.000.250.000.920.000.420.000.210.000.150.002. Remitir fotocopia del presente Acuerdo al Ministeriode Finanzas Públicas para que en cumplimiento de laLey, se realicen las transferenCias correspondientes enel Presupuesto General de Gastos de la Nación.3. Los Juzgados de Primera Instancia de Menorestendrán su sede en la ciudad capital y su jurisdicciónserá la siguiente:A. JUZGADO PRIMERO:Conocerá de todos los casos que ocurran en la ciudadcapital.B. JUZGADO SEGUNDO:Conocerá de todos los casos que ocurran en losdepartamentos de: San Marcos, Huehuetenango, ElQuiché, Quetzaltenango, Sololá, Baja Verapaz,Chimaltenango, Izaba!, El Progreso, Jalapa, SantaRosa.C. JUZGADO TERCERO:Conocerá de todos los casos que ocurran en losdepartamentos de: Retalhuleu, Alta Verapaz, ElPetén, Sacatepéquez, Suchitepéquez, Escuintla,Chiquimula, Zacapa, Jutiapa, Totonicapán.4. Los asuntos que actualmente se encuentran entrámite en el Tribunal para Menores, deberándistriburise en cada uno de los Juzgados de PrimeraInstancia de Menores, conforme la jurisdicciónestablecida.5. El presente Acuerdo surte efectos a partir del nuevede julio del año en curso.Dado en el Palacio del Organismo Judicial, en laciudad de Guatemala, a los veinticinco días del mes de juniode mil novecientos ochenta.COMUNIQUESE:(fs) C. E. Ovando B. ---Mazariegos G. --Rodas -F.Dardón G. ----Julio Garcfa C. ---F._Barillas C. ---H. RoblesA. ---R Rodrfguez R. ---Rol. Torres Moss. ---Ante mf: M.Alvarez Lobos.-


112 GACETA DE TRffit::\ALESDIRECTORIO TELEFONICO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIAPLANTA TELEFONICA Extensiones Secretaría Directos102 532001104 532003Alarmas 303 532005Contraloría 27414 532007532008Procesamiento Ext. 110 20358 532008532009Mecánica 179 532031265 532033Supervisión: 532036532038BASAMENTO:Servicio de Seguridad 220Archivo General de Protocolos 230 29306Microfilm 207Dirección Financiera 241Director 267 86251Contador 268 532359Auditor Interno 298--348Tesorera Organismo Judicial 208 24415Procesamiento de datos 270-257Estadística Judicial 215-322-331 28418Archivo General de Tribunales 211Almacen de Suministros 203-329 532174Departamento de Reproducción 146VESTIBULOSupervisión General de Tribunales 142 81280Supervisión Auxiliar de Tribunales 243 28534Delegación Contraloría de Cuentas 245Almacén Judicial 209Predio del Almacén Judicial 47159Patronato de Cárceles y Liberados 210 86943Relaciones Públicas 202 538854Vocal lo. Lic. Apolo Eduardo Mazariegos González 223 346 20334Vocal 2o. Lic. Juan José Rodas 231 333 82420Vocal 3o. Lic. José Felipe Cardón 235 234 86418Vocal 4o. Lic. Julio Garcfa Castillo 232 28206Vocal So. Lic. Federico Guillermo Barillas C. 228 199 27603Vocal 6o. Lic. Heriberto Robles Alvarado 233 23111Vocal 7o. Lic. Vicente René Rodríguez R. 225 346 28421Vocal So. Lic. Alvarado Rolando Torres Moss 227 224 86929SEGUNDO NIVEL:Presidencia 212 20347Secretario Específico 328 23549Secretario Privado 214 20165Secretaria del Presidente 213 20347Secretaria del Secretario Privado 239 20165Portero de la Presidencia 218Jefatura de Personal 217 28415Secretario Corte Suprema de Justicia 221 28416Sub-Secretario Corte Suprema 226SOTANO 11 DIRECTORIO TORRE DE TRIBUNALES.Cooperativa de Consumo 261SOTANO 1 Extensiones Secretaría DirectosMantenimiento 219-229 84423 84423Bodega Departamental 204


GACETA DE TRIBUNALES 113BASAMENTO, Despacho Juez de TurnoClínica Médica27821628209Clínica Dental 105Delegación Policfa de Servicio 335VESTIBULOJardín Infantil {exterior) 320JUEZ Secretaría DirectosJuzgado lo. de Familia 311 309Juzgado 2o. de Familia 148 149Juzgado 3o. de Familia 138 130Juzgado 4o. de Familia 137 101PRIMER NIVELJuzgado lo. de Paz de Tránsito 111 27006Juzgado 2o. de Paz de Tránsito lOO 100 27511Juzgado 3o. de Paz de Tránsito 117 28130Juzgado 4o. de Paz de Tránsito 107 28130Juzgado 7o. de Paz Penal 286 287 532157Juzgado 13o. de Paz Penal 293 292 535527SEG-IJNOO NIVELJuzgado 1 o. de Paz Penal 116 27512Juzgado 2o. de Paz Penal 109 27512Juzgado 3o. de Paz Penal 113 27513Juzgado 4o. de Paz Penal 135 27513Juzgado 5o. de Paz Penal 124 27515TERCER NIVELJuzgado 5o. de Familia 112 103Juzgado 12o. de Paz Penal 289 291 28679Juzgado 2o. de 1ra. Instancia de Tránsito 157 290Juzgado 3o. de lra. Instancia Civil 159 299CUARTO NIVELJuzgado 1 o. de 1 ra. Instancia Penal 158 21946Juzgado 2o. de 1 ra. Instancia Penal 162 22841Juzgado 3o. de Ira. Instancia Penal 279 152 23434Juzgado 4o. de lra. Instancia Penal 120 23435llUINTO NIVELJuzgado 1 o. de Paz Civil 205 206Juzgado 2o. de Paz Civil 176 174Juzgado 3o. de Paz Civil 170 175Juzgado So. de Paz Penal 336 312 84659Juzgado lOo. de Paz Penal 313 337 84959Juzgado llo. de Paz Penal 306 307 84657SEXTO NIVELJuzgado 5o. de lra. Instancia Penal 334 23436Juzgado 6o. de 1 ra. Instancia Penal 171 23837Juzgado 7o. de 1 ra. Instancia Penal 187 184 532163Juzgado 8o. de 1 ra. Instancia Penal 183 24642Juzgado 9o. de 1 ra. 1 nstanci a Pena 1 186 25048SEPTIMO NIVELJuzgado 1 o. de 1 ra. Instancia Civil 255 266Juzgado 2o. de 1 ra. Instancia Civil 256 258Juzgado 4o. de 1 ra. Instancia Civil 277 259Juzgado lo. de lra. Instancia Tránsito 253 250 538232Juzgado lOo. de Ira. Instancia Penal 264 25147OCTAVO NIVELJuzgado 1 o. de Trabajo 269 260Juzgado 2o. de Trabajo 273 271Juzgado 3o. de Trabajo 263 262


114GACETA DE TRIBUNALESJuzgado 4o. de TrabajoJuzgado 4o. de Paz CivilJuzgado 5o. de Paz Civil274 275168 131160 160 164JUEZ SecretaríaDirectosNOVENO NIVELSala 1ra. de Trabajo PresidenteVocal 2do.Sala 2da. de Trabajo Presidente.Sala 10a. de Apelaciones PresidenteVocal 2do.TRIBUNAL CONTENCIOSOADMINISTRATIVO PresidenteVócal 2do.DECIMO NIVELSala 1 ra. Corte de Apelaciones Presidente.Vocal 2do.Sala 2da. Corte de Apelaciones PresidePL-.Vocal 2do.Ofic!ate:.Sala 3ra, Corte de Apelaciones PresidenteVocal 2do.Sala 4ta. Corte de Apelaciones PresidenteVocal 2do.ExtensionesSectetaría119 Vocal 1ro. 125123 Secretaría283 Vocal 1ro. 284118 Vocal 1ro. 122108 Secretaria276 Vocal 1ro. 295281 Secretarra516 Vocal 1ro. 198247 Secretaría 190288 Vocal 1ro. 192246 Secretaria 28819380311 Vocal 1ro. 150. 153 Secretar(a 151155 Vocal 1 ro. 154156 SecretaríaDirectos2892285043802112818185030DECIMD PRIMER NIVELExtensío nesSecretariaDirectosTRIBUNAL DE CUENTASPresidenteVocal lo.Vocal 2o.Secretar fa13414513318185744JUZGADO 5o. Instancia Civil JUEZJl.JZGADO 6o. Instancia Civil JUEZJUZGADO 7o. Instancia Civil JUEZ136294332132297280DECIMD SEGUNDO NIVELJUEZSecretaríaJuzgado 1 o. de 1 a. lnst. de CuentasJuzgado 2o. de 1a. lnst. de Cuentas.Juzgado 1o. Económico CoactivoJuzgado 2o. Económico CoactivoJuzgaáo 3o. Instancia de TránsitoArchivo y Recopilación de Leyes del Tribunal Cuentas169167161178173172166165177326237534105DECIMD TERCER NIVELJefatura AdministrativaComisión LiquidadoraJEFEAUDITORPagaduria y CajaContadorArquitectoPlanilleroContralor11530423B2011281271211142422154384421DECIMD CUARTO NIVELMagistratura Coordinadora de la Jurisdicción paraMenoresMAGISTRADOJuzgado 6o. de Paz CivilJuzgado 3o. de lns. MenoresJUEZJUEZ163222324140244535572


GACETA DE TRffiUNALES115DECIMD OUINTD NIVELSALA DE VISTA TORRE DE TRIBUNALES.DECIMD SEXTO NIVELTaller Reparación Equipo de OficinaCasa Máquina Ascensores321191TRIBUNALES FUERA DEL EDIFICIO CENTRALJuzgado 9o. de Paz Penal, La Florida, 4a. Calle10-32, Zona 19 JuezSecretarioJuzgado lo. y 2o. de 1ra. Instancia para Menores,7a. Avenida 20.58 zona 191054491053224716CAMARA CIVILCAMARA PENALNOMINA DE LOS FUNCIONARIOS DEl. ORGANISMO JUDICIALlo. de Enero al 30 de Junio de 1980Magistrado Vocal Tercero:Magistrado Vocal Quinto:Magistrado Vocal Sexto:Magistrado Vocal Séptimo:Magistrado Vocal Primero:Magistrado Vocal Segundo:Magistrado Vocal Cuarto:Magistrado Vocal Octavo:PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIALDE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIADE LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDADLicenciado: CARLOS ENRIQUE OV-!\NDO BARII.LASLicenciado Alvaro Rolando T arres MossLicenciado Julio Garcra CastilloLicencii¡ldo Federico Sarillas CalziaLicenciado Heriberto Robles AlvaradoLicenciado Apolo Eduardo Mazariegos GonzálesLicenciado Juan José Rodaslicenciado José Felipe Cardón GarcraLicenciado Vicente René Rodr(guez Ram(rezCORTE DE APELACIONESSALA PRIMERA DE LA CORTE DE APELACIONES (Sede en esta capitll}Presidente:Magistrado:Magistrado:Magistrado Suplente:Magistrado Suplente:Secretario:Licenciado Jorge Luis God(nez GonzálesLicenciado Hugo América Lobos HernándezLicenciado Urbano Gramajo CastillaLicenciado Julio César Faggiani TorresLicenciado Carlos Ramiro Reyes LealLicenciado Rodrigo Fortuny MartínezSALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES (Sede en eStl capital)Presidente:Magistrado:Magistrado:Magi•trado Suplente:Magistrado Suplente:Secretario:Licenciado Luis Alfonso Juárez y AragónLicenciado Roberto de la Hoz Zepeda·Licenciado Servio Tulio Aquino SarillasLicenciado René Arturo Villegas LaraLicenciado Luis Emilio Anzuelo LópezLicenciada Mirna del Carmen Ruano Rivera de NajarroSALA TERCERA DE LA CORTE DE APELACIONES (Sede en eStl capital)Presidente:Magistrado:Magistrado:Magistrado Suplente:Magistrado Suplente:Secretario:Presidente:Magistrado:Licenciado Francisco Fonseca PenedoLicenciado Carlos Arnulfo Rodr(guez y Rodr(guezLicenciado José Erasmo Miranda MoscosoLicenciado Alfonso Carrillo CastilloLicenciado Rodolfo Vielman CastellanosLicenciada Marta Alicia Sarillas de CastroSALA CUARTA DE APELACIONES (Sede en esta capitll)Licenciado César Augusto Villalta PérezLicenciado Miguel Angel Gonzáles Estrada


116GACETA DE TRIBUNALESRAMO CIVILPrimero:Segundo:Tercero:Cuarto:Quinto:Sexto:Séptimo:RAMO PENAL:Primero:Segundo:Tercero:Magistrado:Magistrado Suplente:Magistrado Suplente:Secretario:Presidente:Magistrado:Magistrado:Magistrado Suplente:Magistrado Suplente:Secretario:Presidente:Magistrado:Magistrado:Magistrado Suplente:Magistrado Suplente:Secretario:Licenciado Rodrigo Herrera MoyaLicenciado Manuel Arturo García GómezLicenciado Salvador Chicas CarrilloLicenciada Oiga Ester Morán González de MoliñaSALA OlJINTA DE APELACIONES (Sede en Jalapa)Licenciado Ronán Amoldo Roca MenéndezLicenciado Eliseo Martrnez ZeladaLicenciado Humberto Velásquez AguirreLicenciado Marco Rodolfo Bolaños RamírezLicenciado Guillermo Alfonso Rodrfguez SerranoBachiller Vidal Rodríguez NoriegaSALA SEXTA DE LA CORTE DE APELACIONES (Sede en Zacapa)Licenciado Roberto Salvador Cuéllar EstradaLicenciado Francisco Zetina PachecoLicenciado Jorge Paul Castellanos FernándezLicenciado Rolando Romeo Cabrera SamayoaLicenciado Romilio Lemus RuizBachiller Humberto Urzúa SagastumeSALA SEPTIMA DE LA CORTE DE APELACIONES (Sede en Ouezaltenango)Presidente:Magistrado:Magistrado:Magistrado Suplente:Magistrado Suplente:Secretario:Licenciado Horacio Mijangos MoralesLicenciado Rubén Pérez MoralesLicenciado Haroldo Wolley NuilaLicenciado Fausto Angel Barrios MoralesLicencjado Carlos Leonidas Gamboa RomeroLicenciado Manuel Raymundo Velarde SantizoSALA OCTAVA DE LA CORTE DE APELACIONES (Sede en Ouezaltenango)Presidente:Magistrado:Magistrado:Magistrado Suplente:Magistrado Suplente:Secretario:Licenciado Vrctor Raúl Barrios RoffianoLicenciado Adalberto AUQI.!Sto Herrera PalaciosLicenciado Otto Marroqu l'n GuerraLicenciado Otto Salvador Vaidez OrtizLicenciado José Maria Barrios MartínezLicenciado Osberto Augusto MaldonadoSALA NOVENA DE LA CORTE DE APELACIONES (Sede en Antigua Guatemala)Presidente:Magistrado:Magistrado:Magistrado Suplente:Magistrado Suplente:Secretario:Licenciado Humberto Velásquez AguirreLicenciado Alberto Arévalo AndradeLicenciado Víctor Manuel Sarceño VillanuevaLicenciado Guillermo Alvarez del CidLicenciado Reginaldo Sierra CalderónLicenciada Gilda Amparo Flores ArévaloSALA DECIMA DE LA CORTE DE APELACIONES (Sede en esta capital}Presidente:Magistrado:Magistrado:Magistrado Suplente:Magistrado Suplente:Secretaría·Licenciado Tomás Baudilio Navarro BatresLicenciado Víctor Manuel Sarceño VillanuevaLicenciado Luis Alfonso Juárez y AragónLicenciado Rubén Pérez MoralesLicenciado Roberto Martí nez RecinosLicenciado José Arturo Moreira GarcíaJlJECES DE PRIMERA INSTANCIA (Departamento de Guatemala)Licenciado Jorge Enrique Ouiroa MotaLicenciado Carlos Alfonso Alvarez Lobos VillatoroLicenciado Carlos Guzmán EstradaLicenciado. Mauro Roderico Chacón CoradoLicenciado José Víctor Taracena AlbaLicenciado José Santos Marroquín GarridoLicenciado Samuel Daniel Sandoval de LeónLicenciado Fernando Antonio Bonilla MartínezLicenciado Baudilio Portillo MerlosLicenciado Jaime Rafael Marroquín Garridq


GACETA DE TRffiUNALES117Cuarto:Quinto:Sexto:Séptimo:Octavo:Noveno:Décimo:RAMO CIVILPrimero:Segundo:Tercero:Cuarto:Quinto:Sexto:Primero:Segundo:Tercero:Cuarto:Quinto:Sexto:Séptimo:Octavo:Noveno:Décimo:Undécimo:Duodécimo:Décimo Tercero:Licenciado Julio Ernesto Morales PérezLicenciado Elizeo Antonio Ochoa AguirreLicenciado Luis Alberto Cqrdón y Cordónlicénciado Enrique Pellecer HernándezLicenciado Ramiro de Jesús Guerra FigueroaLicenciado Raúl Sao VillagránLicenciado Jorge Armando Valvert MoralesJUECES OE PAZ DE LA CAPITAL.Br. Francisco Artola GarcfaBr. Roberto Anchissi CáceresBr. Fenelón Palacios LópezBr. Felipe Arturo Castillo de LeónBr. Maria Isabel Prem CariasBr. Ramiro Humberto Alfaro GarcfaJUECES DE PAZ DEL RAMO PENALBr. Romeo Sandovai VásquezBr. Rafael Mendoza PellecerBr. Jorge Rodolfo Rivera BoschBr. Rodrigo Garcfa CastilloBr. Carlos Antonio Alburez RocaBr. Rigoberto Efrafn Paredes UrbinaBr. Alvaro Hugo Salguero LemusBr. Gustavo Dougherty LieckensBr. Javier Oswaldo Alegria DfazBr. Julio Roberto Contreras QuinterosBr. Max Ramiro Leal EspinozaBr. Angel Antonio Comte CojulúnBr. Mario Hilario Leal BarrientosJUECES DE PAZ DEL MUNICIPIO DE GUATEMALAPrimero de Paz de Mixco: Br. Héctor Efrafn Trujillo Aldana·Segundo de Paz de Mixco: Br. José Augusto Morales RojasSan J.osé PínulaBr. Marco Horacio Mejla RamazziniSan Juan Sacatepéquez: Br. Gustavo Ezequiel Morales L.Amatitlán:Br. Claudio Herrera HermosillaVilla Canales:Br. Marco Tulio Melina ZeladaVilla Canales:Br. Ernesto Salvador Alvarez .GálvezChinautla:Br. Sergio Ernesto Alvarez Meneses.Primero:Segundo:Tercero:Cuarto:Quinto:JUECES DE FAMILIA DEL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA:Licenciado Byron Dfaz OrellanaLicenciado RobertO Anfbal Valenzuela ChinchillaLicencia do César Homero MéndezLicenciado Héctor Edmundo Zea RuanoLicenciado Marciano Castillo RodasAlta V erapaz:Baja VerapazChimaltenango:lo. de Chiquimula:2o. de Chiquimula:El Progreso:1 o. de Escuintla:2o. de Escuintla:1 o. de Huehuetenango:2o. de Huehuetenango:1 o. de Izaba!:2o. de Iza bal:Jalapa.1 o. de Jutiapa:2o. de Jutiapa:El Petén:1 o. de Quezaltenango:2o. de Quezaltenango:JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEPARTAMENTALES:Licenciado José Ricardo Gómez SamayoaLicenciado Marco Antonio Mejfa CabreraLicenciado Mariano Alfonso Cabrera GarcfaLicenciado Salvador FigueroaLicenciado Manuel Antonio AguiJar LetonaLicenciado Salvador Contreras LópezLicenciado Juan Francisco Pérez Garcf aLicenciado Manuel Vicente Roca MenéndezLicenciado Julio René Garcfa y GarcfaLicenciado Carlos Joaqufn Sosa MarroqufnLicenciado R igoberto Urzúa SagastumeLicenciado Moisés Osear Leonel Hernández EspañaLicenciado Olegario Antonio Labbé MoralesLicenciado Manuel Alfonso Ramfrez VilledaLicenciado Rubén Anfbal Delgado PazLic~nciado Vfctor Manuel Marroqufn CardonaLicenciado Emilio Rodrfguez BarrutiaLicenciado Edwin Edmundo Domfnguez Rodas


118GACETA DE TRffiUNALESFamilia de Ouezaltenango:lo. de El Quiché:2o. de El Quiché:Retalhuleu:Sacatepéquez:1 o. de San Marcos:2o. de San Marcos:Coatepeque:1 o. de Santa Rosa:2o. de Santa Rosa:Sololá:lo. de Suchitepéquez:2o. de Suchitepéquez:Totonicap·án:Zacapa:Licenciado Francisco Armando López BarriosLicenciado Miguel Angel García HernándezLicenciado Jorge Alejandro Rodríguez VásquezLicenciado Rubén Antonio Berganza SandovalLicenciado Felipe Garda CanoLicenciado Juan Carlos Ocaña MijangosLicenciado Manuel Angel Galindo LealLicenciado José Marra Barrios MartfnezLicenciado Héctor Aníbal de León VelascoLicenciado René Eduardo Solis OvalleLicenciado Marra Eugenia Villaseñor VelardeLicenciado Héctor Augusto Valdez DfazLicenciado Luis Ricardo Soto LópezLicenciado Julio César del Aguila OrozcoLicenciado Enrique González RodríguezTRIBUNAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIALSALA PRIMERA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:Presidente:Licenciado Osear Najarro PonceMagistrado:Licenciada Zoila Esperanza de León MartfnezMagistrado:Licenciado Donaldo García PeláezMagistrado Suplente:Licenciado Byron Dfaz OrellanaMagistrado Suplente:Licenciada Ana Josefa CastroSecretario:Bachiller Pedro Al va JordánSALA SEGUNDA DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:Presidente:licenciada Marfa Luisa Juárez CastellanosMagistrado:licenciado René Sarillas CalziaMagistrado:Licenciado Héctor González PinedaMagistrado Suplente:Licenciado César Homero MéndezMagistrado Suplente:Licenciado Eugenio Mota ASturiasSecretarioZONAS ECONOMICAS DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL:Zona Número 1. GuatemalaJuez Primero:Licenciado Carlos Rubén Garcla PelaezJuez Segundo:Licenciado Raul Alfredo Pimentel AfreJuez Tercero:Licenciado Víctor Manuel Rivera-WoltkeJuez Cuarto:Licenciado Felipe Garda CanoJurisdicción: Guatemala, Chimaltenango El Progreso, Sacatepéquez y Santa Rosa.Zona Número 2.Juez:Jurisdicción: EscuintlaEscuintlaZona No. J. MazatenangoJuez:Jurisdicción: Retalhuleu, Suchitepéquez.Zona No. 4. QuezaltenangoLicenciado Marco Tulio Monzón MataLicenciado Luis Ricardo Soto LópezJuez:Licenciado Alfonso Nicolás Tobar LópezJurisdicción: Quezaltenango, San Marcos, TotonicapánZona Número 5. Cobán Alta VerapazJuez:Jurisdicción: Alta Verapaz y Baja VerapazZona Número 6. Puerto BarriosJu~tz:Jurisdicción: Chiquimula, Izaba! y Zacapa.Zona Número 7. JalapaJuez:Jurisdicción: Jalapa y Jutiapa.Zona Número 8. Santa Cruz del QuichéJuez:Jurisdicción: El Quiché y SololáLicenciado José Ricardo G6mez SamayoaLicenciado Moisés Osear Hernández EspañaLicenciado Olegario Antonio Labbé MoralesLicenciado Miguel Angel Garcfa Hernández


GACETA DE TRffiUNALE~119Zona Número 9. El PeténJuez:Jurisdicción: El Petén;Licenciado Vfctor Manuel Marroqufn Cardona~Zona Número 10. Huehuetenango:JuezJurisdicción: HuehuetenangoPrimero:LicePrimero:Segundo:Tercero:Cuarto:Licenciado Julio René Garcfa y GarcfaJUECES DE MENORES:Licenciado Ramón Francisco González PinedaJUECES SUPLENTES DE PRIMERA INSTANCIAlicenciado Hiram OrdóñezLicenciado Miguel Angel Garcfa GuillermoLicenciado Marco Tulio Mejla ParedesJUECES SUPLENTES DE PAZBr. Marco Tulio Monroy Rivera ·Br. Jorge Mario Marroqu(n LorenzanaJUECES DE PAZ DE TRANSITOBr. Osear SarillasBr. Napoleón Gutiérrez VargasBr. Carlos Ignacio Herrera CorderoBr. Ernesto Salvador Alvarez GálvezTRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO:Presidente:Licenciado Valer\tfn Gramajo CastillaMagistrado:Licenciado Roberto Kleé F leischmanMagistrado:Licenciado Ana Maria Vargas Dub6n de OrtizMagistrado Suplente:Licenciado Alvaro Solórzano BarrientosMagistrado Suplente:Licenciado Carlos Gabriel NavarrnSecretario:Licenciada Zully Eugenia Cantora! CamposTRIBUNAL DE CONFLICTOS DE JURISDICCION:Presidente:Licenciado Francisco Cetina PachecoMagistrado:Licenciado Carlos Gustavo de León AsturiasMagistrado:' Licenciado Carlos Octavio de León ToledoMagistrado Suplente:Licenciado Enrique Tercero CastroMagistrado Suplente:Licenciado Ricardo René Chacón AlvarezSecretario:Licenciado Miguel Alvarez LobosMAGISTRADOS DEL TRIBUNAL DE SEGUNDA INSTANCIA DE CUENTAS:Presidente:Licenciado Luis René Sandoval MartínezMagistrado:Licenciada Oiga Argentina Cer6n de GarcfaMagistrado:Licenciada Consuelo Ruiz SchellMagistrado Suplente:Licenciado José Sarillas CalziaMagistrado Suplente:Licenciado !talo Alejandro OrellanaSecretaria:Bachiller Aura Marina Valdez DfazPrimero:Segundo:Primero:Segundo:Primero:_Segundo:Tercero:JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DE CUENTAS:Licenciado Ricardo Alvarez GonzálezLicenciado Tácito Orozco GonzálezJUECES DE LO ECONOMICO COACTIVO:Licenciada: Ada Luisa Morales LandaLicenciado Mariano Toasperm QuinterosJUECES DE PRIMERA INSTANCIA DE TRANSITO:Licenciado Luis Arturo Morales CardonaLicenciado Cannen Elggutter FigueroaLicenciado Eduardo Sotomora FuentesSERVICIO MEDICO FORENSE:Jefe del Departamento Médico: Doctor Arturo CarrilloJefe de Casos Hospitalarios: Doctor Alfredo Gil GálvezMédico Auxiliar:Doctor lsaias PoncianoMédico Auxiliar:Doctor Fausto Aguilar R.Médico Auxiliar:Doctor Abel Gir6n Ortiz


120GACETA DE TRIBUNALESMédico Auxiliar:Alta VarapazBaja VerapazChimaltenangoChiquimula:Escuintla:Tiquisate:Huehuetenango:lzabal:JalapaJutiapaPeténPoptúnOuezaltenango:Coatepeque:Quiché:Retalhuleu:Sacatepéquez:San Marcos:Santa Rosa:Totonicapán:Zacapa:Director:Director:Presidente:Ouezaltenango:Escuintla:Doctor Alonso René Portillo P.MEDICOS FORENSES DEPARTAMENTALES:Dr. Moisés Eduardo Cortez PacDr. Guillermo Rubén ArriolaDr. Emilio Mendizábal FerrignoDr. Hugo René López ArauzDr. Erik de LeónDr. Ramiro Augusto CardonaDr. Jorge Luis Altuve EscobarDr. Angel Marfa Vásquez CuellarDr. Héctor Guillermo CárcamoDr. Otoniel Morales Roldán·Dr. Plinio Dardón Valenzuela· Dr. Tomás Azurdia ArriagaDr. Isabel lxquiac LópezDr. Juan Santa Marfa ·Dr. Hipólito Dardón LetonaDr. Erwin Alarcón RecinosDr. Carlos Contreras PachecoDr. Francisco Pratdesaba B.Dr. Miguel Angel MontepequeDr. Germán Aguilar RodrlguezDr. Armando Andrino G.ARCHIVO GENERAL DE PROTOCOLOS:Licenciado Manuel Cordón DuartePATRONATO OE CARCELES V LIBERADOS:Licenciado Carlos Arturo Valvert CruzJUNTA GENERAL OE PRISIONES:Licenciado Carlos Arturo Valvert CruzJUNTA REGIONAL DE PRISIONES:Licenciado Enrique Adolfo RodrfguezLicenciado Julio Augusto ReyesDEPARTAMENTO DE ESTADISTICA JUDICIAL:Bachiller Elfito Nájera MelchorARCHIVO GENERAL OE TRIBUNALES:Bachiller Mario Rigoberto LimaTesorera:DIRECTOR FINANCIERO:Bachiller Arturo Morales FigueroaContadora Dora Julia Cóbar de del Valle.JURISCICCION DE LOS TRIBUNALESSALAS DE LA CORTE DE APELACIONES(Primer "Semestre 1980)SALA PRIMERA (GUATEMALA)Juzgado 1o. de 1a. Instancia de lo Civil ............................ GuatemalaJuzgado 3o. de 1a. Instancia de lo Civil ......................•...•. GuatemalaJuzgado 5o. de 1a. Instancia de lo Civil •.........•...........•..••. GuatemalaLos asuntos Civiles y de Familia de los Juzgados de Primera Instancia delos Departamentos de:Alta VerapazBaja Veraoaz1o. de 1a. Instancia de Escuintla2o. de 1a. Instancia de SuchitepéquezSALA SEGUNDA (GUATEMALA)Juzgado 2o. de 1a. Instancia de lo Civil ............................ Guatemala


GACETA DE TRffiUNALES121Juzgado 4o. de 1a, Instancia de lo Civil ............................ GuatemalaJuzgado 6o. de 1a. Instancia de lo Civil ............................ GuatemalaJuzgado lo. de 1 a. Instancia de lo Civil ............................ GuatemalaJuzgado 1o. de Familia . ......................................... GuatemalaJuzgado 2o. de Familia •........................................ GuatemalaJuzgado 3o. de Familia ......................................... GuatemalaJuzgado 4o. de Familia•........................................ GuatemalaY los asuntos Civiles de Sanidad del Juzgado2o. de 1 a. Instancia de EscuintlaJuzgados de Familia del Departamento de Escuintla.SALA TERCERA (GUATEMAlA)Juzgado 1o. de 1a. Instancia de lo Criminal ......................... GuatemalaJuzgado 2o. de 1a. Instancia de lo Criminal ........................• GuatemalaJuzgado lo. de 1a. Instancia de lo Criminal ......•.................. GuatemalaY los Asuntos Penales de los Juzgados de · 1 a. Instancia de losDepartamentos de:Baja VerapazEl PeténTribunál de la Base de Poptún (General Luis García león)Los Asuntos Penales de Sanidad de los Departamentos de:Baja VerapazEl PeténSALA CUARTA (GUATEMAlA)Juzgado 3o. de 1a. Instancia de lo Criminal ••.•••..•...•....•••••••• GuatemalaJuzgado 4o. de 1a. Instancia de lo Criminal •••••••••••••••.•...•••.• GuatemalaJuzgado Bo. de 1a. Instancia de lo Criminal ..•...•.••••.•••••.•.••.• GuatemalaTribunal Militar de la zona Central "General-Justo Rutina Barrios"Y los asuntos Penales de SANIDAD del Juzgado de1a. Instancia de:Alta Verapaz1 o. de 1 a. Instancia de SuchitepéquezSALA QUINTA (JALAPA)Conocerá de los Asuntos Civiles, Penales y de Familia de:Juzgado 1o. de 1a. Instancia de JutiapaJuzgado 2o. de 1a. Instancia de JutiapaJuzgado 1 o. de 1 a. Instancia de Santa RosaJuzgado 2o. de 1a. Instancia de Santa RosaJuzgado de 1 a. Instancia de JalapaTribunal Militar de la Zona de Jutiapa "General Aguilar Sta, Marra"Y los Asuntos Civiles y Penales de Sanidad de:Juzgado 1o. de 1a. Instancia de JutiapaJuzgado 2o. de 1a. Instancia de JutiapaJuzgado 1o. de 1a. Instancia de Sta. RosaJuzgado 2o. de 1a. Instancia de Sta. RosaY tribunal Militar de la Zona de Jutiapa "General Aguilar Sta. Marra.SALA SEXTA (ZACAPA)Conocerá de los Asuntos Civiles, Penales y Familia de:Juzgado 1o. de 1a. Instancia de ChiquimulaJuzgado 2o. de 1a. Instancia de ChiquimulaJuzgado 1o. de 1a. Instancia de Izaba! (Asuntos Penales)Juzgado 2o. de 1a. Instancia de Izaba! (Asuntos Civiles y Familia)Juzgado de 1a. Instancia de El ProgresoJuzgado de 1 a. Instancia de ZacapaTribunal Militar de la Zona de Zacapa "Capitán General Carrera"Y la Base Militar de Puerto BarriosY los Asuntos Civiles y Penales de Sanidad de:Juzgado 1o. de 1a. Instancia de ChiquimulaJuzgado 2o. de 1a. Instancia de ChiquimulaJuzgado 1o. de 1a. Instancia de Izaba! (Asuntos Penales)Juzgado 2o. de 1a. Instancia de Izaba! (Asuntos Civiles)Juzgado de 1 a. Instancia de El ProgresoJuzgado de 1 a. Instancia de ZacapaTribunal Militar de la Zona de Zacapa "Capitán General Rafael Carrera".Y la Base Militar de Puerto Barrios.


122GACETA DE TRIBUNALESSALA SEPTIMA (QUEZAL TENANGO)Conoc_erá de los Asuntos Civiles, Penales y FamiliaJuzgado lo. de la. Instancia de QuezaltenangoLos Asuntos Civiles Penales y de Familia de:Juzgado lo. de la. Instancia de HuehuetenangoJuzgado 2o. de 1 a. Instancia de HuehuetenangoJuzgado 2o. de la. Instancia de San MarcosJuzgado de la. Instancia de CoatepequeJuzgado de la. Instancia de TotonicapánTribunal Militar de la zona "General Manuel Lisandro Barillas"Los asuntos Civiles, Penales de SANIDAD de;Juzgado lo. de la. Instancia de HuehuetenangoJuzgado 2o. de la. Instancia de HuehuetenangoJuzgado 1 o. de la. Instancia de QuezaltenangoJuzgado 2o. de la. Instancia de San MarcosJuzgado de 1 a. Instancia de CoatepequeJuzgado de la. Instancia de TotonicapánJuzgado Militar de la Zona "General Manuel Lisandro Sarillas"SALA OCTAVA (QUEZALTENANGO)Conocerá los Asuntos de Familia, Civiles y Penales de:Juzgado 2o. de la. Instancia de QuezaltenangoJuzgado 1 o. de 1 a. Instancia de San Marcos.Juzgado 2o. de 1 a. Instancia de Huehuetenango.Juzgado de Familta de QuezaltenangoJuzgado de 1 a. Instancia de El QuichéJuzgado 2o. de 1 a. Instancia de El QuichéTribunal Militar "General Gregario Solares", El Quiché....SALA NOVENA (ANTIGUA GUATEMALA)Conocerá de los asuntos Civiles, Penales, de Familia y Civiles y Penales de Sanidedde:Juzgado de 1 a. Instancia de SacatepéquezJuzgado de 1 a. Instancia de SololáJuzgado de 1 a. Instancia de Chimaltenan