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Para ello, la autoridad judicial deberá atender primordialmente al interés superior del menor.
De oficio o a petición de parte interesada durante el procedimiento, se allegará de los elementos
necesarios para ello, debiendo escuchar al Ministerio Público, a ambos progenitores y a los menores,
para evitar conductas de violencia familiar o cualquier otra circunstancia que amerite la necesidad de
la medida considerando el interés superior de éstos últimos. Durante la tramitación del juicio,
designará tutor especial a los menores.
En todo caso protegerá y hará respetar el derecho de convivencia con los progenitores, salvo que
exista peligro para el menor.
La protección para los hijos incluirá las medidas de seguridad, seguimiento y terapias necesarias para
evitar y corregir los actos de violencia familiar, las cuáles podrán ser suspendidas o modificadas en
los términos que disponga el Libro Segundo de este Código.
Para el caso de los mayores incapaces, sujetos a la tutela de alguno de los ex cónyuges, en la
sentencia de divorcio deberán establecerse las medidas a que se refiere este artículo para su
protección.
Artículo 269. Antes de que se provea definitivamente sobre la patria potestad o tutela de los hijos,
podrán acordar los Jueces, a petición de los abuelos, o hermanos mayores, cualquier providencia que
se considere benéfica a los menores.
Artículo 270. El padre y la madre, aunque pierdan la patria potestad, quedan sujetos a todas las
obligaciones que tienen para con sus hijos.
Artículo 271. El cónyuge que diere causa al divorcio perderá todo lo que se le hubiere dado o
prometido por su consorte o por otra persona en consideración a éste; el cónyuge inocente
conservará lo recibido y podrá reclamar lo pactado en su provecho.
Artículo 272. En los casos de divorcio necesario, el Juez de Primera Instancia sentenciará al cónyuge
culpable al pago de alimentos a favor del inocente, tomando en cuenta las circunstancias del caso,
entre ellas, las siguientes:
I. La edad y el estado de salud de los cónyuges;
II. Su calificación profesional y posibilidad de acceso a un empleo;
III. Duración del matrimonio y dedicación pasada y futura a la familia;
IV. Colaboración con su trabajo en las actividades del cónyuge;
V. Medios económicos de uno y otro cónyuge, así como de sus necesidades; y,
VI. Las demás obligaciones que tenga el cónyuge deudor.
En todos los casos, el cónyuge inocente que carezca de bienes o que durante el matrimonio se haya
dedicado preponderantemente a las labores del hogar o al cuidado de los hijos, o que esté
imposibilitado para trabajar, tendrá derecho a alimentos.
En la sentencia se fijarán las bases para actualizar la pensión y las garantías para su efectividad.
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