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EDICIÓN TRIMESTRALAÑO DOS / NúMERO CUATROSEPTIEMBRE 2009Comité EditorialC.P. Jorge Cantú ValderramaDi r e c t o r Gen er a lLic. Pedro Quezada BautistaDi r e c t o r Ed i t o r i a lLic. Carla Eugenia Nazar de AlvaCo o r d i n ad o r a Ed i t o r i a lLic. José de Jesús Hernández GarcíaAs e s o r Ed i t o r i a lLic. Luz María Guzmán LozanoAs e s o r Ed i t o r i a lLic. Deniss González GalvánAs e s o r Ed i t o r i a lConsejo EditorialDr. Luis Eugenio Todd PérezCo o r d i n ad o r d e Cie n c i a y Te c n o l o g í a d e l Esta d oDr. Alejandro Treviño MartínezDi r e c t o r Gen er a l d e l Ins t i t u to d e Pr o f e s i o n a l i z a c i ó n pa r ael Se r v i c i o Pú b l i c o d e l Esta d o d e Nue v o l e ó nLic. Francisco Javier Gutiérrez VillarrealCo nse j er o d e l a Ju d i c at u r a d e l Esta d o d e Nue v o Le ó nLic. Rubén Zaragoza BuelnaDi r e c t o r d e Nor m a t i v id a d y Ges t i ó n d e l Ins t i t u to d ePr o f e s i o n a l i z a c i ó n d e Ser v i d o r e s Pú b l i c o sMag. Jorge Meza PérezCo o r d i n ad o r d e l Ins t i t u to d e l a Ju d i c at u r a, Ex t. Nue v o Le ó n.Po d e r Ju d i c i a l d e l a Fed er aci ó nLic. Artemio Benavides HinojosaDi r e c t o r d e l Arc h i v o Gen er a l d e l Esta d oLic. José Roble Flores FernándezDi r e c t o r d e l a Fa c u lta d Li b r e d e De r e c h o d e Mo n t er r e yDr. Pedro Torres EstradaDi r e c t o r d e Áre a d e De r e c h o y Análisis Po l í t i c o en EGAPDra. Ana María Alvarado LariosPr o f e s o r a d e l Depa r ta m en to d e De r e c h o d e l ITESMDr. José Luis Prado MaillardDi r e c t o r d e l a Fa c u lta d d e De r e c h o y Criminología d e l a UANLDr. Francisco Gorjón GómezResp o nsa b l e d e l Ce n t r o d e In v e s t ig a c i ó n d e Te c n o l o g í aJu r íd i c a y CriminológicaDra. Magda Yadira Robles GarzaDi r e c t o r a d e l Depa r ta m en to d e De r e c h o d e l a UDEMDra. Graciela Fulvi D´PietrogiacomoDi r e c t o r a d e l a Fa c u lta d d e De r e c h o d e l a URDr. Camilo Villarreal ÁlvarezRe c t o r d e l Co l e g i o d e Abo g a d o s d e Nue v o Le ó n, A.C.Lic. Magdalena de la Paz Rangel de LeónPr e si d en ta d e l a As o c i a c i ó n Ne o l o n e s a d e Abo g a d a s , A.C.Lic. Ma. Guadalupe Palomares AlonsoPr e si d en ta d e l Co l e g i o d e Abo g a d o s d e Mo n t er r e y, A.C.Lic. Gilberto Federico Allen de LeónPr e si d en t e d e l Co l e g i o d e No ta r i o s Pú b l i c o s, A.C.Lic. Guadalupe Rodríguez GonzálezPr e s id e n ta d e l Co l e g i o d e Ci e n c i a s Ju r íd i c a s d e l Es ta d o d e Nu e v o l e ó nLic. Isaac Rodríguez ArizpeEx-Pr e si d en t e d e l Co l e g i o d e Abo g a d o sLic. Iván de la Garza SantosDi r e c t o r d e l Ce n t r o d e In v e s t ig a c i o n e s Ju r íd i c a sd e l a Fa c u lta d Lib r e d e De r e c h o d e Mo n t er r e y


ContenidoPágina4RetosPágina10en la implementación delnuevo sistema penal acusatorioi f e l i p e b o r r e g o e s t r adaSeguridad pública, política criminológica yel nuevo sistema acusatorioi g o n z a l o r e y e s s a l a sPágina24Sistema de justicia oralfamiliar en Nuevo Leóni m a r í a g ua da lu pe b a l d e r a s a. d e g a r z aDificultades prácticas para la implementación del sistema de justicia orali e r n e s t o c a n a l e s s a n t o s37La justicia oral en lo contencioso administrativoi r o s a m a r í a d í a z l ó p e zReflexiones en torno al recurso contra sentencias de juicio oral penali c a r l o s e m i l i o a r e n a s b at i z4452Línea de tiempo 23 i Noticias 63 i Reformas 64


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónEDITORIALEl Derecho, visto en la perspectiva de la sociología del Derecho, ha sido concebido como unainstitución voluntaria, conscientemente creado por el ser humano para satisfacer sus necesidadesde orden, de paz y de progreso; y es construido y reconstruido en función de una realidadhistóricamente dada.El Derecho responde a una serie de imperativos sociales que condicionan y orientan su contenidonormativo, de tal forma que el conocimiento de un orden jurídico dado, nos pone en la perspectivaadecuada para conocer y entender al grupo social destinatario y las grandes fuerzas y tensiones queintervienen en su conformación; pero más aún, nos ubica en un plano de referencia objetivo paraconocer una visión de Estado, así como el sentido trascendente y la madurez del constructor de talmarco normativo. Bajo esta perspectiva podemos afirmar que las leyes son la biografía autorizada deuna sociedad.El Estado de Derecho, como producto de la pretensión más legítima de una nación por encuadrarnormativamente su ser, por esa misma dinámica natural que le es consubstancial, no es un estado decosas dado para siempre, sino todo lo contrario, es un concepto que se materializa en acciones enconstante evolución. De ahí su incondicionada e ilimitada vocación para atenuar la naturaleza entrópicade la sociedad, pues como pretensión siempre está en proceso de construcción, de reacomodosy de ajustes.En consecuencia, sin soslayar ni ignorar el bagaje histórico del Derecho es necesario, con la mayorentereza, asumir la responsabilidad de cuestionar con el respeto, la humildad y la prudencia necesarios,las estructuras jurídicas que nos rigen y con ánimo sereno y la mente lúcida reconstruirlas, reforzarlasen donde sean endebles o construir sus sustitutos, para que exista la debida tensión entre la norma yla realidad, según lo expresaba Hans Kelsen.La temática que se aborda en este número de la Revista SEPARATA, por especialistas en la materia,es un ejemplo de la vocación de transformación y adecuación del Derecho a los justos requerimientosde la sociedad. La reflexión sobre el estado actual de la cuestión, su diagnóstico y prospectiva, las fortalezasy debilidades del nuevo sistema, son materia de apuntes y propuestas.En efecto, en el Diario Oficial de la Federación de fecha 18 de junio de 2008, se publicó el Decreto porel cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos a través de la cuales se consagra el nuevo sistema de justicia y seguridad, que tiene comocaracterísticas establecer cambios fundamentales en los principios que vertebrarán al nuevo sistemade justicia penal. La oralidad en los procesos, la transparencia por vía de publicidad de los juicios, lapresunción de inocencia, la inmediación, los medios alternos de solución de controversias son, entreotros, los temas nodales del nuevo sistema de justicia penal.Nuevo León ha sido el Estado pionero en este tema de gran calado en nuestra estructura constitucionaly legal. Desde el año de 2004, con las primeras reformas al marco legal vigente, se daba inicioa la gran transformación que se ha convertido en modelo nacional, incorporando el sistema penalacusatorio preponderantemente oral.Se continúa trabajando en esta importante responsabilidad. En octubre próximo se cumplirá unaño en que el Poder Ejecutivo del Estado, el Poder Legislativo y el Poder Judicial, acordaron la creaciónde la Comisión Interinstitucional de Seguimiento a la Reforma Integral del Sistema Penal Acusatorio,que tiene por objeto continuar con la planeación, dirección, seguimiento y evaluación de los procesospara la implementación gradual e integral del modelo constitucional de justicia penal.5Pe d r o Qu e z a d a


Retos en laimplementacióndel nuevo sistemapenal acusatorioFe l i p e Bo r r e g o Es t r a d aLicenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas,con estudios internacionales en Derecho Mercantil y Derecho deCompetencia en la Universidad de Salamanca, España. Se desempeñócomo abogado postulante y director del despacho jurídico BorregoEstrada y Asociados; fue presidente del Colegio de AbogadosPostulantes de Zacatecas (1989-1991), y magistrado presidente delTribunal Superior de Justicia del estado de Zacatecas para el periodo1998-2004. Fue integrante de la terna de candidatos a ministro dela Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2004; se desempeñócomo diputado federal de la LX Legislatura hasta diciembre de 2008por el estado de Zacatecas; integrante de las comisiones de Justiciay Puntos Constitucionales, y pieza clave en el proceso de reformasconstitucionales en materia penal. Desde diciembre de 2008, porinvitación del presidente de la república, asume el cargo de secretariotécnico del Consejo de Coordinación para la Implementación delSistema de Justicia Penal.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónIntroducciónEl 18 de junio de 2008 fue publicada la reformaconstitucional en materia de justicia penal. Desdeluego, ésta fue producto de la síntesis de diversosproyectos y de arduas negociaciones, ya que implicael cambio de justicia penal más importantedesde hace cien años. Lo que mucha gente aúnse pregunta es si la reforma era verdaderamentenecesaria, y cuál es su verdadera trascendencia.Estos aspectos, lejos de ser evidentes, requierende una cabal comprensión para entender el significadomaterial de la mutación. En este sentido, noestá de más realizar una breve referencia al sistemainquisitivo mixto, el cual ha predominado enMéxico.El anterior sistema de justicia procesal penal fomentóla secrecía, la parcialidad, la administraciónde justicia formalista, entre otras prácticas inaceptablespor parte de todos los operadores. No esde sorprender, entonces, que la percepción de laciudadanía sea altamente negativa, pues no cumplíacon los fines para los cuales la justicia penal hasido diseñada: lejos de garantizar la protección delos derechos de los individuos y de la sociedad, seconvirtió en un instrumento facilitador del abusodel poder, la impunidad y la pérdida de credibilidadhacia las instituciones de procuración e imparticiónde justicia.Por otro lado, la reforma constitucional en materiapenal tiene por objeto el esclarecimiento delos hechos, proteger al inocente, procurar que elculpable no quede impune, y que los daños causadospor el delito se reparen a través del respetoirrestricto de los derechos fundamentales del gobernado–según lo establece el artículo 20 de laConstitución Política de los Estados Unidos Mexicanos–.Para lograr este objetivo se han establecidomecanismos de racionalización de los juicios yrecursos del erario público; mecanismos alternosde solución de conflictos, de aceleración y descongestióndel sistema; así como nuevos estándarespara el ofrecimiento y desahogo de pruebas.Al margen de ello, la reforma implica, ante todo,un cambio cultural. No se trata solamente de unanueva normatividad, sino de una transformacióntrascendental de los operadores del nuevo sistema,así como de la sociedad en general. Es en estoselementos sobre los cuales descansa el éxito delsistema acusatorio penal.Configuración del sistema penal acusatorioEl nuevo sistema acusatorio penal comprende,según el texto constitucional, los siguientes principios:publicidad, contradicción, concentración,continuidad e inmediación.La oralidad en los juicios es una característicaque el nuevo sistema ofrece a los mexicanos, yaque es la mejor manera de transparentar la justiciapenal y de hacer vigentes los principios rectores dela reforma, permitiendo así un mayor acercamientode la ciudadanía en general –y no solamente de losinvolucrados en el caso concreto– a la imparticiónde la justicia en materia penal, puesto que los argumentosde las partes, a efecto de fijar sus pretensiones–Ministerio Público imputando o acusando,e imputado defendiéndose por conducto de suabogado–, se expresan de manera verbal. En losmismos términos se desahogan las pruebas –ya nose leen expedientes o averiguaciones penales–, lostestigos declaran de viva voz, el perito explica suconocimiento públicamente, los documentos sonleídos en voz alta, fotos, videos y objetos son descritos,explicados o narrados por los intervinienteso testigos, y las resoluciones emitidas por el juez sehallan fundamentadas, pronunciadas y explicadasde manera verbal.Ahora bien, para la finalidad pretendida –culturizara la sociedad respecto al nuevo sistema– denada serviría la verbalización sustituta de la escritura,si no se permitiera a cualquier interesadoel ingreso a las salas donde se desarrollan las audiencias.Por ello, uno de los principios rectores delnuevo sistema es la publicidad, lo que se traduceen que las audiencias orales puedan ser presenciadaspor el público en general y los medios decomunicación, con las restricciones necesarias yobvias, como son el espacio físico y el orden y decoroen el desarrollo de la audiencia, siendo este7


secretaría general de gobierno“Permitir una injusticia significa abrir el caminoa todas las que siguen.”Willy Brandtpolítico alemán“Todapersonatienederecho aser oída, conlas debidasgarantías ydentro de unplazo razonable,por un juezo tribunalcompetente,independientee imparcial,establecido conanterioridadpor la ley, en lasustanciaciónde cualquieracusación penalformuladacontra ella…”un derecho para el imputado y para la sociedad,pues su objeto primordial es facilitar el derecho a lajusticia. A través de ella se realiza un claro y efectivocontrol de los actos de gobierno, dificultando asíla corrupción, ya que todo se realiza en presenciade los involucrados y de la sociedad, clarificando yresponsabilizando a cada uno de los operadoresdel sistema.La oralidad no descansa únicamente en la reformaconstitucional, sino que se trata de un estándarinternacional. El artículo 8.1 de la ConvenciónAmericana de Derecho Humanos es muy claro:“Toda persona tiene derecho a ser oída, con lasdebidas garantías y dentro de un plazo razonable,por un juez o tribunal competente, independientee imparcial, establecido con anterioridad por la ley,en la sustanciación de cualquier acusación penalformulada contra ella…”.Más allá de la relevancia del resto de los derechoscomprendidos en el artículo citado, el textoes contundente: existe un derecho a ser oído enla sustanciación de acusaciones penales; es decir,este derecho no se colma con la conformación ylectura de un expediente, sino que implica la obligación,por parte del órgano estatal de juzgamiento,de ver, conocer y escuchar a las partes involucradasen un asunto penal.Por otro lado, la publicidad transmite los valoresde justicia y legitima ésta frente a la sociedad, puesla persona interesada en el desarrollo de los juiciospenales en este nuevo sistema podrá percatarsede la posibilidad que se dará a los intervinientespara contestar o rebatir cualquier argumento, ofrecerpruebas para justificar su postura, y cuestionara los testigos de su contraria merced al principiode contradicción; todo lo cual, de ser posible, sedesarrollará en una sola audiencia ante la presenciadel juez.Estos últimos aspectos comprenden los principiosde concentración, continuidad e inmediación;es decir, desahogar todos los medios probatorios(explicados de forma oral por quien los ofrece) enla presencia del juez y durante una sola audiencia.Otros elementos, no menores, son el robustecimientode la carrera ministerial, el principiode oportunidad del Ministerio Público, el controlde las garantías durante las fases previas al juicio,la protección de los derechos de las víctimas yofendidos, la profesionalización de las policías deinvestigación y, por supuesto, la racionalización dela prisión preventiva con base en el principio depresunción de inocencia.En este último punto, no es desconocido paranadie que la carga de probar la inocencia correspondíaal inculpado, a pesar de la labor jurisprudencialpara precisar el reconocimiento implícitode este derecho humano en nuestra Constitución.Sin embargo, las prácticas en la procuración e imparticiónde justicia generaron todo lo contrario,al nulificar prácticamente los derechos procesalesdel imputado, siguiendo así el criterio del “derechopenal del enemigo”, o bien, la postura sostenidapor el célebre doctrinario Juan Jacobo Rousseauque, en El contrato social, afirma:…todo malechor, atacando el derechosocial, conviértese por sus delitos enrebelde y traidor a la patria, cesa de sermiembro de ella al violar sus leyes y le hacela guerra. Los procedimientos, el juicio, sonlas pruebas y la declaración de que ha rotoel pacto social, y, por consiguiente, de queno es ya miembro del Estado. 1Esta nulificación de derechos se veía reflejada desdeel primer contacto que se tenía con el presuntoresponsable, ya fuera por la sociedad –que, cansadade la impunidad generada por el propio sistemay la corrupción, intentaba hacerse justicia porsu propia mano–, o bien por la autoridad: policías,ministerios públicos e incluso jueces, estos últimosque, atendiendo a formulismos, soslayaban un verdaderoanálisis de la evidencia, así como del actuardel policía en las fases preliminares, a menos deque ello fuese aducido por el imputado.Así, lo que imperaba en el anterior sistema dejusticia penal era la presunción de culpabilidad, atal grado que la fase de instrucción que detonabala formalización de la prisión se abría prácticamentepara que el imputado demostrara su inocencia.Esto se veía además acentuado por la costumbre,la delegación de funciones, la falta de compromisoo la excesiva carga de trabajo de los juzgadores, loque provocaba la omisión del estudio de los me-


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónEl principio depresunciónde inocencia es lapiedra angularde este nuevo sistemade justicia penal, puestoda persona acusadade haber cometidoun ilícito tiene que ydebe ser consideradoy tratado comoinocentedios de prueba aportados por el imputado, y losjueces se concretaban a reproducir las órdenes deaprehensión o autos de formal prisión en la sentencia,agregándoles simplemente la graduaciónde culpabilidad, individualización de la pena y reparacióndel daño.Lo anterior constituía una franca violación al debidoproceso contemplado por diversos tratadosinternacionales –que constituyen parte de nuestroderecho interno, atento a lo que dispone el artículo133 de nuestra Carta Magna–, tales como la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos, ensu artículo 11; el artículo 8° de la Convención Americanade Derechos Humanos, y el 14 del Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos que, enesencia, precisan que toda persona acusada de undelito tienen derecho a que se presuma su inocenciahasta que, por sentencia firme, se demuestrelo contrario.La reforma procesal penal ha dado un vuelcoal trato que debe darse al imputado, estableciendo,en principio, que: “la carga de la prueba parademostrar la culpabilidad corresponde a la parteacusadora”, y, en segundo término, el derecho aque se le “presuma inocente mientras no se declaresu culpabilidad mediante sentencia emitidapor el juez de la causa”, situación que se encuentraexpresamente contemplada en el artículo 20, apartadoB, inciso I, de la Constitución.El principio de presunción de inocencia es lapiedra angular de este nuevo sistema de justiciapenal, pues toda persona acusada de haber cometidoun ilícito tiene que y debe ser considerado ytratado como inocente, lo que se traduce, evidentemente,en la racionalización de la prisión preventiva,situación que consistirá en que la utilizaciónde dicha medida cautelar será el último recursopara asegurar los fines del proceso penal.Asimismo, se dejan de lado presunciones deculpabilidad, por lo que la obligación que ahoraasume la fiscalía se ve robustecida, puesto quedeberá realizar una potente y eficaz labor de investigación,a efecto de sustentar su acusación yobtener sentencia condenatoria.En los diversos medios de comunicación sedifunde cotidianamente la imagen y demás datosde identificación de las personas a quienes se lesatribuye la comisión de una conducta delictiva,incluso de sus familiares, máxime si son reconocidosen el entorno social o se desempeñan comoservidores públicos. La fuente de información dedichos medios, en ocasiones, es la propia autoridad,que incluso convoca a ruedas de prensa parainformar la captura de algún presunto delincuente.Las consecuencias de ello son devastadoras parael presunto responsable, quien anticipadamentese ve sancionado con el rechazo social y la pérdidadel empleo, lo cual trasciende a sus familiares máscercanos, aun cuando en muchos de los casos elproceso penal culmina con una sentencia absolutoria.Si bien es cierto que esta comunicación puedeatender al derecho a la información, también lo esque se contrapone al derecho que la ley otorgaal imputado para que se le presuma inocente. Envirtud de ello, ninguna autoridad pública podrápresentar a una persona como culpable, ni brindarinformación sobre ella en ese sentido, sino hastaque se haya pronunciado sentencia condenatoria.Este derecho a la presunción de inocencia, sustentadoen el debido proceso, implica a su vez elderecho que tiene el imputado para ser juzgadopor un tribunal independiente e imparcial, separadode cualquier otro órgano de gobierno, e inclusode alguna supeditación jerárquica, pues el juez essólo súbdito de la ley y la razón. Así, las fases preli-9


secretaría general de gobiernoLa eficaciade un sistematan novedoso ycomplejo requierecompromiso porparte de sociedady gobierno.Paciencia, trabajo,infraestructura,capacitación yla convicciónrenovada enconsecuencias queserán benéficasminares o preparatorias del juicio serán conocidaspor un juez distinto, de modo tal que, al llegar lafase de juicio oral, el juzgador no se encuentre contaminado,evitándose el prejuzgamiento que sehace al momento de resolver sobre el control dela detención, alguna medida cautelar, vinculacióna proceso, o bien, al momento de la depuración delos hechos o pruebas que se van a aportar duranteel juicio oral.En términos generales, el nuevo procedimientopenal se configura de las siguientes etapas:investigación, etapas previas a juicio, juicio oraly ejecución de sentencia. Dentro de las primerasetapas existe la posibilidad de resolver los problemaspenales, sin necesidad de llegar hasta la etapade juicio oral; es decir, a través de los mecanismosalternativos de solución de conflictos –mediación,conciliación y suspensión provisional del procedimientoa prueba–.Respecto de estos mecanismos, algunas personashan afirmado que se trata de una perversiónde la justicia, y que implican “negociar con delincuentes”.Estas declaraciones carecen de sustento,pues se deben colmar ciertos requisitos para queuna controversia sea susceptible de arreglo extrajudicial:se debe tratar de un delito no grave, nicometido por medios violentos –primordialmentepatrimoniales; algunos códigos han establecido elrequisito de que la media aritmética de la pena noexceda de máximo cinco años–, el inculpado debeser primodelincuente y, más importante aún, la reparacióndel daño debe ser garantizada. Al cumplirestas condiciones, las partes suscriben un acuerdoreparatorio, que siempre será remitido a la autoridadjudicial para su aprobación y supervisión. Deno cumplirse dicho acuerdo, el procedimientocontinuará de manera regular.Es así como se cumple con dos fines torales enel sistema acusatorio: llevar a juicio únicamente lascontroversias que así lo merezcan –es decir, no saturarel sistema– pero, más importante aún, garantizarla reparación del daño. Se debe hacer especialhincapié en este último punto pues, aunque todaslas sentencias del sistema mixto contaban con unapartado especial sobre consideraciones respectode la reparación del daño, la realidad es que en lamayoría de los asuntos no se hacía efectiva ni estabasujeta a vigilancia judicial.Principales retos en la implementación ytrabajo del Consejo de CoordinaciónLa implementación del sistema de justicia penal,desde luego, trae consigo múltiples desafíos. Entreellos cabe destacar la asignación de recursos alas entidades y la Federación, el adecuamiento delos espacios públicos y la adquisición de nuevastecnologías. Es preciso mencionar, sin embargo,como piedras angulares de esta transición, la capacitacióny la difusión.Uno de los mecanismos primordiales para lograrel cambio cultural radica en brindar una capacitaciónque permita establecer el cambio deparadigmas respecto a valores, prácticas, destrezasy percepción de la función que se desempeña, loque al final del día se traducirá no sólo en beneficiodel justiciable, sino en la dignificación en el actuarde los operadores del sistema.Los ejercicios de difusión deben encaminarse aacercar la reforma a quienes serán sus beneficiariosdirectos, aun cuando su nicho de especialidadprofesional no sea el de alguno de los operadores.La interiorización cabal de una reforma estructural–acaso la más importante de todas, como la quenos ocupa– es condición para su permanencia yefectividad.La eficacia de un sistema tan novedoso y complejorequiere compromiso por parte de sociedady gobierno. Paciencia, trabajo, infraestructura, capacitacióny la convicción renovada en consecuenciasque serán benéficas, son todos factores quecontribuirán a que la renovación de las estructurasde investigación, procuración y administración dela justicia penal llegue a buen puerto.En tal virtud, la preparación de quienes habránde estar encargados de hacer de la reforma unarealidad efectivamente vivida, así como la interiorizaciónde los valores que la misma comporta porparte de la totalidad de la ciudadanía, se traduciráen eficacia para el sistema penal, a la vez que encondiciones para la cabal vigencia del orden jurídicoen un ambiente de respeto a los derechos fundamentales.Tales son, sin duda, los objetivos deenorme trascendencia que una modificación degran calado como ésta pretende. Tales son, también,los objetivos que motivaron la creación delConsejo de Coordinación para la implementacióndel sistema de justicia penal y de su Secretaría Téc-


“En materia de gobierno todo cambio essospechoso, aunque sea para mejorar.”Sir Francis Baconfilósofo y estadista británicocitas1Juan Jacobo Rousseau, El contratosocial, México, Editora Nacional, 1979,p. 217.nica, para la consecución de metas ambiciosas enel marco de un Estado plural y compuesto, comoes el nuestro.11Democratización de la justiciaLa reforma debe traer un cambio en la forma detrabajar, actuar y pensar de los involucrados en laimpartición de justicia, así como de la ciudadanía,entendida integralmente. Para la población gobernadaserá indispensable la interiorización de unacultura constitucional, auténtica cultura de libertadesen todos los ámbitos –y, en forma destacada,en el ámbito del sistema de justicia penal–, lo cuales condición para la consolidación y vigencia de lareforma del año pasado. Se trata de un factor imprescindiblepara la vigencia efectiva del sistemaacusatorio y adversarial, tendiente al juzgamientoadecuado y veraz de las conductas criminales.En efecto, resulta muy importante que la sociedadmexicana esté consciente de las ventajas quelos presupuestos de la reforma traerán en el perpetuoesfuerzo de instaurar, en forma definitiva, unEstado constitucional y democrático de derecho,pues la mayoría de ciudadanos en México esperansoluciones patrióticas, convenientes y prácticas asus exigencias y requerimientos enfocados a lograruna vida mejor.


Seguridad pública,política criminológicay el nuevo sistemaacusatorioGo n z a l o Re y e s Sa l a sDoctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónomade México, maestro en Ciencias Penales por el InstitutoNacional de Ciencias Penales, profesor de Derecho ProcesalPenal y Juicios Orales en el Instituto Tecnológico deEstudios Superiores de Monterrey, Campus Monterrey yCampus Ciudad de México.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León... A LucasLa política criminológica y el sistema generalde seguridad públicaLa política criminológica es el conjunto de principiosque deben orientar las políticas públicas parala prevención general y especial del delito. Bajoesta premisa, consideramos que la política criminológicaincide en todos los aspectos de la seguridadpública, ya sea en la organización y el funcionamientode los órganos policiales, en la creaciónlegislativa para la prevención general del delito oen los sistemas procesales penales y sistemas deejecución de sanciones penales, para obtener laprevención especial del delito.El sistema de seguridad pública es, en nuestroconcepto, el conjunto de instituciones orgánicas,dogmáticas y normativas (órganos, principios ynormas legales) que regula los procedimientospara la prevención general y especial del delito.Incluye, por supuesto, la protección a las víctimasdel delito, la reafirmación del estado jurídico deinocencia y la lucha contra la impunidad, y tienecomo supuesto fundamental el fortalecimiento delos derechos fundamentales de los integrantes dela sociedad.Las instituciones orgánicas que integran el sistemade seguridad pública comprenden tanto losórganos de poder público encargados de la protecciónde los derechos de los individuos, comolos grupos sociales reconocidos como agentesactivos ciudadanos. Es imposible, actualmente,concebir un sistema general de seguridad pública,sin la participación activa de quienes son sus destinatarios,es decir, los ciudadanos.Por otra parte, las instituciones dogmáticas delsistema de seguridad pública son un conjunto deprincipios considerados como valores fundamentalespara la convivencia pacífica y la seguridadpersonal, social, ciudadana y nacional. La mayoríade estos principios se encuentra descrita en nuestraConstitución federal y en los tratados internacionalessobre derechos fundamentales, civiles ypolíticos que México ha suscrito en su historia reciente.Entre estos principios se encuentran los queLas institucionesorgánicas que integranel sistema de seguridadpública comprendentanto los órganos depoder público encargadosde la protección de losderechos de los individuos,como los grupos socialesreconocidos como agentesactivos ciudadanos.se refieren al debido proceso penal, el respeto a losderechos de las víctimas del delito y la protecciónde los menores y adolescentes.Y, finalmente, por lo que respecta a las institucionesnormativas, el sistema de seguridad públicase expresa y regula en un conjunto que agrupacuatro diferentes sistemas normativos, que son:1. Las normas que regulan la actividad policialpara la prevención general del delito (derechopolicial).2. Normas jurídicas que describen lasconductas antisociales denominadas delitos,sus consecuencias jurídicas, los criterios paradeterminar la culpabilidad y normas para la propiainterpretación y aplicación de las normas penales(derecho penal sustantivo).3. Las normas legales que regulan losprocedimientos penales (derecho procesal penal).4. Las normas jurídicas que establecen la formade aplicación de las consecuencias jurídicas de losdelitos (derecho penal ejecutivo).13


secretaría general de gobiernoUn procesopenal tienetres funcionesprimordiales:la acción, la defensay la decisión.Tres son lasfunciones deun procesopenal: acusar,defendery decidir.La seguridad pública y la investigaciónpolicial: prevenir y sancionarEl éxito de un sistema general de seguridad públicaradica en los mecanismos de interacción de todassus partes, y son sus partes, ahora, las policías,el Ministerio Público, el órgano judicial, el ejecutorde las sanciones penales y el vigilante pospenitenciario.El sistema general de seguridad tiene hoy, comouno de sus pilares fundamentales, al sistema procesaldenominado acusatorio. En este sentido, elnuevo modelo procesal acusatorio integra nuevasfunciones y nuevos mecanismos de coordinaciónpara todos los integrantes del sistema de seguridadpública. Por ejemplo, las policías deben estarcapacitadas para realizar no solamente funcionesde apoyo al ciudadano y su seguridad (seguridadciudadana), sino también funciones de investigación.Por lo que respecta a esta función de investigación,resulta importante comentar lo siguiente:las policías deben cumplir dos funciones primordiales:investigar para prever e investigar para sancionar.Es decir, en el nuevo modelo de seguridadpública, los cuerpos policiacos deben realizarla prevención general y no esperar a la comisióndel delito para actuar. Esta actividad se desarrollacon labores de inteligencia o información criminal,confirmando o descartando que un hecho sea decarácter penal a manera de mecanismo de controly confirmación de una noticia criminal (notitia criminis),pero sobre todo acercando al ciudadano alos órganos de procuración e impartición de justicia.En este sentido, es importante destacar los mecanismosde colaboración y distinción de competenciasentre las policías de seguridad pública y laslabores de los órganos de procuración de justicia.El Ministerio Público inicia sus actividades a partirde la denuncia o querella presentada ante él. Estacircunstancia obedece, entre otras cosas, a queen nuestro país la acción penal continúa siendopública, salvo lo previsto en nuestra ConstituciónFederal en cuanto a la acción penal privada, queserá regulada en las leyes secundarias dentro de lavacatio legis de la reforma constitucional, publicadaen el Diario Oficial de la Federación el día 18 dejunio del 2008.Es decir, el Ministerio Público inicia su actividadinvestigatoria a partir de la sospecha del delito,mientras que los cuerpos policiales de seguridadpública deben actuar en previsión de la comisióndel delito, en circunstancias propicias a éste, paralo cual deben hacer trabajos de investigación einteligencia. También los cuerpos policiales debentomar en cuenta la posibilidad del delito paraconfirmar la sospecha no denunciada del mismo y,en caso de que se confirme, motivar de inmediatola participación del fiscal persecutor del delito.Los órganos policiales deben reducir y eliminar labrecha que se forma entre la comisión del delitoy la denuncia del mismo, para eliminar la cifra negrade delitos no denunciados. Es la oportunidadque se presenta para dignificar la actividad policial,acercando al policía, como agente de protección yservicio, con el ciudadano.Un proceso penal tiene tres funciones primordiales:la acción, la defensa y la decisión. Para laacción, actualmente sólo pública, se requiere unainvestigación previa que produzca datos que establezcanla comisión de un delito. Por eso se le llamatambién persecutor penal al Ministerio Público,en atención a que no solamente investiga el hechocriminal realizado, sino que presenta la acusaciónsobre el mismo en contra de una persona determinada,ante el órgano de decisión jurisdiccional.Lo que interesa ahora es determinar el papelque deben tener los policías en el marco de unnuevo sistema general de seguridad pública, quecontempla a su vez un nuevo modelo procesalpenal.A continuación estudiaremos las característicasmás importantes de los sistemas procesales, conénfasis en el nuevo sistema acusatorio y oral mexicano.Los sistemas procesales y el sistemageneral de seguridad públicaTres son las funciones de un proceso penal: acusar,defender y decidir. La forma en que se llevan acabo define el tipo de sistema procesal y la eficaciadel sistema de seguridad pública. Empecemos pordelimitar los fines y el concepto del sistema procesalpenal.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónObjetivos y concepto de sistema procesalpenalPartiendo de nuestro concepto de norma jurídicacomo la racionalización de un conflicto, un sistemaprocesal penal busca resolver los conflictosgenerados a partir de la sospecha de la comisiónde un delito. En este sentido, el sistema procesalpenal actúa a partir de la comisión o sospecha dela comisión de un delito, descartando con ello lafunción de previsión general del delito.Las policías en el nuevo sistema procesal,penal, acusatorio y oral.Así, vemos cómo, frente a los derechos de pretensiónde la víctima, que son en esencia su pretensiónpunitiva y su pretensión restitutoria dederechos, se encuentran en conflicto los derechosdel imputado, expresados en su pretensión de noresponsable, confirmando su estado jurídico deinocente y su pretensión de sanción proporcionada.Este conflicto de pretensiones es resueltopor un órgano de decisión jurisdiccional. El objetocentral del sistema procesal penal es precisamenteel conjunto de tres funciones fundamentales: laacusación, la defensa y la decisión. De esta forma,el sistema procesal penal se conforma, en aras deconseguir su propósito central, de un conjunto deórganos, normas y principios –como todo sistema–cuya estructura y funciones dependen de lafilosofía y la política criminológica que se adopteny expresen normativamente. Los elementos esencialesdel sistema procesal, como órganos fundamentalesnecesarios, son el órgano que ejerce laacción-acusación, el que desarrolla la función decisoriao jurisdiccional, y quien tiene a su cargo ladefensa del imputado.Mucho se ha discutido sobre el papel que tienenel sistema procesal penal y su cuerpo normativoregulador, el derecho procesal penal de laaplicación y ejecución del contenido del derechopenal sustantivo. Consideramos que no es así; esdecir, el sistema procesal penal, además de actualizarlos propósitos de la prevención general y especial,tiene como principal tarea resolver conflictospenales que surgen con la comisión de eventosantisociales considerados delitos.El sistema procesal tiene a cuestas la gran responsabilidadde determinar los mecanismos desolución de los conflictos penales para que las respuestasresolutoras de los mismos sean más ágilesy protejan los derechos de las partes involucradas.El proceso penal no tiene como propósito principalla previsión general, sino la prevención a lasociedad, especialmente en contra del autor deun delito, y por medio de la condena ejemplar yresocializadora puede realizar tal propósito. En losnuevos modelos procesales, especialmente delsistema acusatorio, se prevén mecanismos alternativospara evitar llegar a una sentencia que puedeser condenatoria, para resolver un conflicto penal.Un sistema completo y general de seguridadpública hace de sus policías órganos de prevencióngeneral y de prevención especial, porque previeneconductas delictivas al tiempo que ayuda enla investigación de delitos ya cometidos. El sistemaprocesal penal es el apoyo y expresión del buenfuncionamiento de la seguridad pública: si la funciónde prevención general del delito se hace deforma correcta y corresponsiva con la sociedad, seevitará el delito y, si la función de prevención especialse hace de manera adecuada, se evitará la impunidady, en consecuencia, se prevendrá a la sociedadespecialmente en contra del delincuente.Las policías que realizan la prevención generaldel delito son policías ciudadanas que se encuentrancerca del destinatario de la seguridad y acercan,en el caso de un conflicto penal, al ciudadanocon los órganos de persecución del delito.Sin embargo, las funciones de las policías y de laseguridad pública en general tienen una estrecharelación con los sistemas procesales penales que seapliquen. Así las cosas, estudiaremos a continuaciónla historia de los sistemas procesales penales y el modelopropuesto por nuestra constitución federal.15


secretaría general de gobiernoHistoria de los sistemas procesales penalesTal parece que la evolución de los sistemas procesalespenales corresponde a los avances en el desarrollopolítico de los pueblos. Así parece al constatarsu historia, como veremos a continuación.Contrario a todo lo que se piense, en la Romarepublicana se desarrolló primero el sistema acusatorioy posteriormente en el imperio, ante la desapariciónde las instituciones democráticas, apareceel sistema inquisitivo. Esto robustece lo queindican los maestros mexicanos Olga Islas y ElpidioRamírez en una de las obras más vanguardistasque, en 1979, anticipó para México la instauracióndel nuevo sistema acusatorio que apenas tres décadasdespués de dicha obra, pretende establecerseen nuestro país. Se trata del libro El sistemaprocesal penal en la constitución, donde se afirmaque el sistema acusatorio “es propio de de los regímenesdemocráticos respetuosos del individuo yde la sociedad”. 1En cambio, el sistema procesal penal inquisitivoes “una represión absoluta, que sacrifica al individuoy a la sociedad en aras del poder concentradode un individuo, o en un grupo, aun cuando se disfrazade protector social”. 2El sistema mixto se presenta con la RevoluciónFrancesa, como respuesta incompleta e insuficientea la necesidad de justicia.Contrario a todo lo que se pueda pensar, el sistemaacusatorio es más antiguo que el inquisitivo,pero en atención a que buscamos explorar conmás detenimiento el acusatorio, veremos primeroel sistema inquisitivo.El sistema inquisitivoDespués del esplendor del derecho en la Roma republicana,sucede el imperio, primero en su etapamoderada, conocido como principado, y despuésen su carácter totalitario. Y es precisamente en laépoca del imperio cuando se establece en Romael sistema inquisitivo. A la caída del imperio, seadapta sin problemas en las sociedades europeasque mezclaron el derecho romano con sus propiasnormas y costumbres, pero vieron en el sistema inquisitivouna forma de control y de mantenimientodel poder político. Este sistema se distingue porqueconcentra en la persona del juez dos de lasfunciones del proceso penal: acusar y decidir.Desaparece la imparcialidad desde el momentoen que quien juzga también acusa, además de queel juez es el representante y subordinado de quiendetenta el poder político. Así las cosas, desaparecela acusación privada, y al imputado se le persiguemás que juzgarlo y, en consecuencia, se limitan losderechos de defensa hasta hacerlos meramenteformales y no materiales. El proceso es en su mayorparte escrito, la tortura es un medio comúnpara la investigación, y la confesión así otorgadaes prueba plena. El proceso es secreto y sin derechode contradicción, al limitarse la actividad dedefensa. Baste recordar esa sala previa al puentede los suspiros del Palacio Ducal de Venecia, dondecualquier ciudadano podía en la oscuridad delanonimato acusar e iniciar un proceso penal contraquien fuese.Por lo que respecta a la valoración de la prueba,en la mayoría de los sistemas inquisitivos se encuentralimitada legalmente; es decir, se trata desistemas de valoración legal o tasada.La única posibilidad de revisión del proceso esante el rey, última instancia procesal.En cuanto a la historia del sistema inquisitivo, esconveniente tomar en cuenta lo siguiente:Si bien los antecedentes del inquisitivo puedenubicarse en los dos siglos previos a la caídadel Imperio Romano, se consolidó en el derechocanónico cuando el imperio reconoce y legalizala religión católica. La jerarquía eclesiástica reciénconformada requiere de un ordenamiento legalfuerte, que garantice su supremacía y supervivencia.Así es como se crea un gobierno paralelo alpolítico, conformando lo que Hermann Heller llamala “poliarquía”, que ya en plena Edad Media setraduce como la obediencia del ciudadano a tresórdenes diferentes de poder: el señor feudal, el reyo emperador y el clero, contando este último consu propia organización y derecho.Partiendo de la idea de que el clero católicoadquirió un poder tan importante como el de losreyes, era necesario que su sistema de enjuiciamientopor violación de sus normas legales fueracorrespondiente a tal idea totalitaria de poder. Esaquí donde tiene su génesis el sistema inquisitivo,que ha perdurado desde entonces hasta el sigloXXI. El imputado ve disminuidos, y a veces extinguidossus derechos de defensa, los procesos noson públicos pero casi siempre son decididos porcuerpos colegiados. La acción penal dejó de serprivada y se convirtió en un asunto de Estado; esdecir, se hizo acción pública, con el propósito dedeterminar la verdad histórica de los hechos: el juiciotiene como objetivo fundamental que el juzgadordetermine la verdad real de lo que sucedió.Las funciones del proceso se confunden en unsolo órgano, pues el monarca o, en su caso, la autoridadreligiosa, es en la mayoría de los casos quienejerce la acusación y quien decide al mismo tiempo.El proceso carece de continuidad, pues los procesossuelen durar meses con audiencias distantes.“Lo quemantienea la justiciacon vida es elespíritu y nola forma delas leyes.”Earl Warrenex juez norteamericano


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónAsí las cosas, el sistema inquisitivo echa sus raícesde forma compatible con el absolutismo y elpoder de los reyes derivado de la voluntad divina.Dios y el rey juzgan. Y si quien me juzga es Dios,¿a quién debo tener como defensor?, se preguntabanantes de la Revolución Francesa.Una figura importante surgió a finales del ImperioRomano y permaneció en la edad media comoparte esencial del sistema inquisitivo: el antecedentedel órgano investigador y acusador: el stationariumo el curio (en plural, stationarii y curiosi), quieneseran los encargados de realizar investigacionessecretas de los delitos y hacer la notitia crimins antelos magistrados, quienes juzgaban y poco a pocoempezaron a coordinar las funciones de los investigadoreshasta, ya en la Edad Media, arrogarse ladirección de la investigación, con lo que al mismotiempo de investigar y acusar, juzgaban.Dentro de lo poco bueno y rescatable del sistemainquisitivo medieval, destaca otra instituciónimportante: el defensor, que exigía un juicio públicoy con la oportunidad de ofrecer pruebas. Perono es sino hasta el Renacimiento cuando hay algunosatisbos de reforma del sistema inquisitivo.Se reconoce plenamente el derecho de defensaen un juicio público y contradictorio, con un sistemade revisión de la sentencia impuesta. Se podríahacer la acusación anónima. Y en el imperiohispánico surge el Tribunal de la Santa Inquisiciónpara juzgar no sólo los atentados contra la fe, sinotambién delitos comunes.En resumen, el sistema inquisitivo tiene comocaracterísticas las siguientes:1. Existe confusión de las funciones procesales,ya que el juez realiza la investigación y acusa, a lavez que decide.2. El derecho de defensa se encuentra limitado.3. La acción penal es de oficio o pública, y desaparecela acción penal particular directa.4. El proceso es preponderantemente escrito ysecreto.5. La prisión preventiva es la regla, y no la excepción.6. Los procesos suelen ser largos y con audienciasdiscontinuas.7. La investigación penal previa es secreta, conimposibilidad de la defensa de conocer las pruebasrecabadas antes del juicio.8. El sistema de valoración de pruebas es casisiempre tasado, determinado por la misma ley procesal,pero la confesión hace prueba plena, siendolo común el uso de la tortura para su obtención.El sistema mixtoSe caracteriza porque, a diferencia del inquisitivo,el proceso tiene dos etapas bien definidas: laprimera, de investigación e instrucción, paraque el juez se allegue de pruebas ofertadastanto por el órgano investigador como porla defensa. La segunda etapa es la de juicio.Este sistema es predominantemente escrito, ycon muchas limitaciones se considera públicoy contradictorio, a pesar de la desigualdadde derechos entre las partes. El sistema devaloración de pruebas también es mixto, algunastienen ya predeterminado su valor en la leyprocesal, y otras quedan al criterio del juzgador.Podemos decir que la primera fase del sistemamixto es predominantemente inquisitivo, y lasegunda tiende a ser acusatorio. La razón de estaafirmación es que en la etapa del proceso que serefiere a la etapa de juicio, formalmente es oral,público y contradictorio, donde el juez pretendeser imparcial en audiencias donde las pruebas ylos alegatos finales pueden desahogarse de formaoral, aunque en su mayor incidencia se trata delecturas de actuaciones previas al juicio. El sistemamixto previene por lo general dos instancias delproceso.Encontramos los antecedentes del sistema mixtoen el gran movimiento reformador del derechoen Francia, donde junto con el código civil y elpenal, se crearon los correspondientes códigos ad-17


secretaría general de gobiernojetivos. De tal forma que el Código de InstrucciónCriminal del 1808 sirvió de guía para la creación delresto de los códigos procesales penales que tomarondel francés sus aspectos más importantes.El Código de Instrucción Criminal mantuvo delsistema inquisitivo la acusación pública a cargo delEstado, como protector de los valores fundamentalesde la sociedad. El proceso tiene dos etapas:la de preparación, oscura e inquisitiva, en la quese recababan pruebas, y la de juicio en audienciapública y oral.Es fácil pensar que, después de haber vivido porsiglos un sistema absolutista y un proceso inquisitivo,sería difícil pasar de inmediato a un sistemaacusatorio con pleno respeto de los valores fundamentalesdel hombre. Sin embargo, es gracias alos iluministas del siglo XVII que en Francia surge elsistema mixto, como garante de algunos derechosdel individuo, lo cual representa al mismo tiempoel primer paso para el rescate del sistema acusatorio.Lo que quiero decir es que tampoco fue fácilestablecer el sistema mixto con una parte del sistemaacusatorio y otra del inquisitivo. El Estado noquería perder la oportunidad de sobrevivir comoente político supremo, y además tutelador de losderechos de los individuos, y es por esta razón quese encuentra justificación que, de forma paralelaa la Declaración de los Derechos del Hombre y elCiudadano, se creara un proceso penal donde elEstado se autonombra el guardián o garante (deahí las garantías) de tales derechos en un procesopenal, lo que a su vez provoca que el Estado sereserve el derecho de acción penal. Este sistemapretendió mantener un equilibrio entre los derechosde la víctima –a quien borró sistemáticamentecomo parte procesal e hizo simplemente elcoadyuvante de la acción pública del Estado– y losderechos de defensa frente a un juez imparcial.Un mérito, sin duda, para el sistema mixto esque trató de dividir las funciones procesales, asignandoal Estado el derecho de acción, a la defensasus derechos de contradicción, y al juez la funcióndecisoria. Pero al juez le dio también –al fin órganopúblico– algunas atribuciones probatorias para labúsqueda de la verdad histórica o real, y al órganoacusador de otorgaron derechos que generaronun desequilibrio con los que tiene la defensa. Digamosque es un sistema que quiere ser acusatorio,pero se queda en el camino para hacerlo, porla desproporción de las funciones atribuidas a losintervinientes del proceso.El modelo procesal francés del 1808 permitió lacreación de una figura que sucedió a los curiosi ystationarii romanos: el Ministerio Fiscal. Y es aquídonde cabe la reflexión sobre las verdaderas funcionese intenciones de la institución. La investigacióndel delito y la representación del Estado frentea los tribunales deben recaer en institucionesy personas diferentes, pero coordinadas, lo cuales difícil de conseguir en el sistema mixto, dondebajo el concepto de persecución se incorpora tantola función de investigar como la de acusar.Destaquemos lo positivo del sistema mixto:se tiene un catálogo de derechos fundamentalesque se convierten en la parte esencial y objetivode protección del sistema, al mismo tiempo que elimputado recobra su derecho de defensa, aunquede manera limitada, y se convierte en el sujeto centraldel proceso.Observamos las tres etapas del proceso penal:la primera se refiere a la investigación del delito, lasegunda es de instrucción del proceso, y la terceraes la de sentencia. La primera subsiste hasta elmomento en que se ejercita la acción penal porparte del órgano administrativo del Estado encargadode la investigación criminal: el MinisterioPúblico. La segunda se lleva al cabo ante el juez yconsiste en la aportación y desahogo de pruebasde las partes; y la tercera consiste en las conclusionesde las partes donde se determina la pretensiónpunitiva del Estado y la pretensión de absolucióno de sentencia proporcionada de la defensa, y lasentencia.Se observan bien definidas las tres funcionesdel proceso, pero con injerencia del juez sobre laactividad probatoria, y con un desequilibrio de derechosentre la acusación y la defensa.Por lo que respecta a la acusación, se hace responsablede la misma en su aspecto técnico al órganotécnico acusador, y la sentencia debe versarsobre la litis establecida previamente.En un sistema mixto, la mayor parte de los delitosson de acción penal pública, y solamente muypocos se dejan a la decisión de acción de la víctimau ofendido del delito.Lo positivodel sistemamixto esque se tieneun catálogode derechosfundamentalesque seconvierten en laparte esencialy objetivo deproteccióndel sistema, almismo tiempoque el imputadorecobra suderecho dedefensa, aunquede maneralimitada, y seconvierte en elsujeto centraldel proceso.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León“El hombre de talento esnaturalmente inclinado a la crítica,porque ve más cosas que los otroshombres y las ve mejor.”Montesquieuescritor y político francésEl proceso tiene dos instancias, por lo que hayun órgano judicial revisor.El proceso es preponderantemente escrito, conalgunas etapas de oralidad. No existe inmediaciónobjetiva ni subjetiva; es decir, el juez no presidematerialmente las audiencias y, por otra parte, asignavalor probatorio a los elementos de convicciónrecabados por el órgano acusador en la etapa deinvestigación.En resumen, en el sistema procesal penal mixtoobservamos las siguientes características:1. Es parcialmente inquisitivo en la etapa de investigacióny en la etapa de instrucción o de preparacióndel juicio2. No es público; es preponderantemente escrito,con algunos actos procesales orales, como eldesahogo de las pruebas testimoniales y, en algunasocasiones, las conclusiones.3. La acción penal es únicamente pública. Noexiste la acción privada, y quien ejerce la acción yacusa es un órgano administrativo (el MinisterioPúblico).4. El juez se reserva derechos en la actividadprobatoria, por lo que se afecta su imparcialidad.5. Se respetan algunos derechos y principios dedefensa, como la presunción de inocencia, pero deforma limitada, puesto que la prisión preventiva yla orden de aprehensión son la regla general.6. Las funciones procesales de acusación, defensay decisión se encuentran diferenciadas.7. Existe un órgano judicial revisor de la sentencia,pero no hay un órgano supervisor de la investigaciónpenal previa.El sistema acusatorioHistoriaExisten dos formas de estudiar al sistema acusatorio:la primera consiste en verlo como un modeloque se ha desarrollado en la historia occidental durantelos últimos 25 siglos con épocas de interrupciónen su desarrollo.Otra forma de estudiarlo es asignándole característicasdiferentes en el tiempo, lo que nos lleva adefinir tres tipos de sistema acusatorio: a) el clásico,b) el garantista victimal, y c) el adversarial.Cuando nos referimos a los orígenes del sistemaacusatorio, podemos hablar del modelo clásico,con desarrollo en Grecia y Roma, como a continuaciónexplicaremos. En cambio, el sistema acusatoriogarantista victimal, surgido en Europa en lasegunda mitad del siglo XX, tiene como objetivocentral el respeto a los derechos del imputado yde la víctima frente a los excesos del poder. Y, finalmente,el modelo adversarial del sistema acusatoriotiene como propósito fundamental el respetoal principio de contradicción, con reglas claras parael debate inter alias, y en torno a este principio escomo se desarrollan las reglas fundamentales delproceso.Veamos los orígenes del sistema acusatorio denominadocomo modelo clásico.A) Modelo acusatorio clásico. Entre los ateniensesera una institución fundamental el modelo deenjuiciamiento donde, de manera pública y conrespeto a los derechos de defensa, se resolvíanconflictos penales. Veamos, por ejemplo, el procesopenal de Sócrates que, de manera pública, oral ycontradictoria, fue un proceso donde las funcionesde acusar, de decidir y la defensa se encontraronclaramente diferenciadas. Y es quizás esa característica–la clara diferenciación entre las funcionesdel proceso– lo que distingue al sistema acusatorioen general, tal como lo era la elién griega, enla que además la función decisoria o jurisdiccionalera colegiada y, en algunas casos, incluso era popular–como cuando la causa penal se considerabade trascendencia política– y en una edificaciónabierta al sol (de ahí que se le llamara a tal recintoasamblea heliástica, del dios sol, o helios), dondellegaron a reunirse seis mil ciudadanos ateniensespara resolver casos relevantes. Para casos políticos,como el de traición o ataque a las instituciones políticas,funcionaba como gran jurado la asambleapopular, convocada por el arconte, ciudadano notable.Finalmente, quienes hubiesen sido arcontestenían derecho a conformar un tribunal especializadopara delitos de pena de muerte, denominadoel Tribunal del Misterio.19


secretaría general de gobiernoDe esta manera se explican los procesos tandiferentes de Sócrates y de Antígona “por haberledado sepultura a Polínice”, como se lee en Antígona,de Sófocles.En Roma la historia de los sistemas procesalespenales fue diferente. En un principio, durantelos tiempos monárquicos, antes de que los sietereyes dieran paso a la república, el juzgamientoera inquisitivo, pues el rey también juzgaba deforma directa, o por medio de sus magistradosllamados dunviros. Ya en la república vemos a loscónsules como los funcionarios que juzgabanpero, retomando las tradiciones griegas, secrearon asambleas ciudadanas para hacer juiciospenales públicos y orales. En algunas ocasionesesas asambleas ciudadanas, o centurias, sustituíanlas funciones de juzgamiento de los cónsules. Lascenturias son tal vez un antecedente de los juradosen juicio público. En estos jurados le correspondióa Marco Tulio Cicerón ejercer la abogacía. Parahacerlo, se preparó en Grecia con arte dramáticoy oratorio, y con el famoso abogado romanoEscévola.Quien presidía el jurado, era un questor,funcionario designado por el Senado para dirimirla accusatio (privada) y la accusatio denuncia(pública). La carga de la prueba eran del acusador,quien debía tener capacidad económica y moralpara formular su acusación, al efecto de que, deno probar su pretensión punitiva, debería resarcireconómicamente al acusado.Ya en la época imperial, se substituyó la funcióndel jurado en el prefecto urbano y el prefectovigilante, y existía una segunda instancia a cargodel Consejo del Emperador o Sacro Consistorio.Como sabemos, a la caída del Imperio Romanode Occidente, el derecho romano, y con él susistema procesal penal, se mezcló con el derechobárbaro o normas jurídicas de los pueblos invasoresdel Imperio Romano.Y fue tal vez en el territorio que hoy ocupan Alemaniay España, donde vemos la adaptación delsistema acusatorio romano. Por ejemplo, todo tipode acción penal era privada; es decir, dependía dela voluntad del ciudadano ejercerla o no. No existíanjuicios de oficio y, aunque el proceso no erapúblico, el juez era imparcial, pues no tenía derechosde recabar evidencias. De esta manera vemoslas tres funciones del proceso claramente diferenciadas:no hay proceso sin acción; quien decidía, deacuerdo con las pruebas aportadas, era un juez sinfunciones investigatorias; y la defensa tenía derechosde oposición equiparables a los derechos delacusador, también derechos probatorios.B) El sistema acusatorio garantista y victimal.Como lo comentábamos, el acusatorio es un sistemaque ha tenido algunos modelos en su implementación.El clásico, que cubre los orígenesdel sistema; el garantista, que nos transporta a lossiglos XX y XXI, con la necesidad de poner óbices alpoder público del Estado; y el adversarial.Por lo que respecta al modelo garantista y victimaldel sistema acusatorio, toma los aspectosesenciales del modelo clásico, actualizándolos detal forma que obedece su creación al movimientoneoconstitucionalista, que replantea los valoresfundamentales de la sociedad dentro de un marcogeneral de derechos fundamentales aceptadoscomo una carpeta universal de derechos.Así es como el individuo debe oponerse al poderdel Estado cuando se convierte en el imputadoy, en consecuencia, requiere de un sistema quegarantice sus derechos fundamentales frente a talgigante opositor. Pero también la gran olvidadadel proceso penal exige, en el sistema garantista yEn el territorio que hoyocupan Alemania yEspaña, donde vemos laadaptación del sistemaacusatorio romano.Por ejemplo, todotipo de acción penalera privada; es decir,dependía de la voluntaddel ciudadano ejercerlao no. No existían juiciosde oficio y, aunque elproceso no era público,el juez era imparcial,pues no tenía derechosde recabar evidencias.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León“El jurado está compuesto por docepersonas elegidas para decidir quiéntiene el mejor abogado.”Robert Lee Frostpoeta estadounidense.En elmodelogarantistadel sistemaacusatorio,el sujeto dederechosprotegiblesno sólo es elimputado,sino tambiénla víctimadel delito,gracias a losesfuerzos quela Organizaciónde las NacionesUnidas llevó acabo a partirde 1995 para elreconocimientode los derechosprocesales delas víctimas deldelito.victimal, el respeto de sus derechos ahora reconocidosen una carpeta universal. Aquálla, a quien sele obliga a actuar a la sombra del fiscal acusador,es la víctima del delito, que en el nuevo sistemaacusatorio reclama derechos procesales olvidadospor un derecho que dirigió toda su atención al protagonistadel drama penal, a su actor principal: eldelincuente.Y esta lucha del individuo con el Leviathan modernohace que las reglas procesales sean más clarasy simples.En el modelo garantista del sistema acusatorio,el sujeto de derechos protegibles no sólo es el imputado,sino también la víctima del delito, graciasa los esfuerzos que la Organización de las NacionesUnidas llevó a cabo a partir de 1995 para el reconocimientode los derechos procesales de las víctimasdel delito. La implementación de la tercera víaen las consecuencias jurídicas del delito hizo quese reconsiderara el sistema procesal penal comoun sistema victimal. Esta tercera vía considera que,además de la pena –como primera vía– y la medidade seguridad –como segunda–, la reparaciónde los derechos afectados a la víctima sea unaconsecuencia jurídica del delito, que exige el reconocimientodel papel trascendente de la víctima uofendido en el proceso penal.Es agradablemente sorprendente que, en México,al implementar el sistema acusatorio, entidadescomo Morelos volteen a ver a la víctima y le reconozcanuna función procesal, con un asesor jurídicopúblico diferente a las pretensiones punitivasdel Estado, que expresa el Ministerio Público. Estehecho, alarmante para los puristas del sistema acusatorioadversarial, es el reconocimiento de queen nuestro país las reformas se hacen tomando encuenta las necesidades de cada sociedad de la naciónplurisocietaria mexicana.Así es que, en el sistema acusatorio garantista ogarantizador de los derechos fundamentales, debentomarse en cuenta diferentes pretensiones: lapunitiva, a cargo del Estado; la reparatoria, de partede la víctima del delito; y la de absolución y confirmacióndel estado jurídico de inocencia del imputado.Tres pretensiones muy difíciles de equilibrardentro del marco de los derechos fundamentales.Apenas iniciado el siglo XXI, México incorporóen su Constitución Federal los derechos fundamentalesde la víctima en todo proceso penal.Ahora el reto es aplicarlos en una fórmula procesalque siempre estuvo pensada en y para dos partes:el acusador y el imputado.A mediados del siglo XX, uno de los más grandesprocesalistas penales en Italia, Francesco Carnelutti,cuando publica Las miserias del proceso penal, omitecomentarios sobre la víctima. La víctima fue lafigura olvidada en el derecho penal y procesal penal.Se hacía justicia encarcelando al culpable, sinreparar a la víctima en sus derechos violentados.En el modelo garantista del sistema acusatoriosubsiste el Ministerio Público como el órgano técnicoacusador y titular exclusivo de la acción penalpública, pero al mismo tiempo se le otorgan a lavíctima los derechos de acción particular en algunosdelitos, lo cual permite que, de forma directasin el paso de la investigación del Ministerio Público,pueda acudir ante el órgano jurisdiccional.Subsisten las funciones diferenciadas del procesopenal, puesto que el juez decide y el imputadotiene la defensa, pero quien ejerce la acción ya noes un órgano público, sino particular.Nada tiene que ver este sistema acusatorio garantistaque proponemos y estudiamos con el establecidocomo tal en Perú, a partir de su CódigoProcesal Penal de 1991 y su nuevo código de 2004.En Perú, el concepto de sistema acusatorio garantistacambia, puesto que se enfoca a los derechosfundamentales del imputado. El MinisterioPúblico conserva el monopolio de la acción penal,y no sólo eso, sino que además puede instruir lacausa penal, y el juez instructor sólo intervienecuando lo considera oportuno. El principio deoportunidad, que le otorga al Ministerio Públicofacultades para resolver conflictos sin juicio, se amplíaconsiderablemente.No estamos de acuerdo con ese concepto desistema acusatorio garantista peruano, pero debemosreconocer que en el Código Procesal Penal deese país se establecen normas claras que buscan elrespeto a los derechos humanos. 3C) El sistema acusatorio adversarial. Inspiradoen un sistema de partes adversarias o en conflicto,este sistema tiene sus orígenes en los procesosinglés y norteamericano, donde las partes conocen,previamente al juicio, todos los elementos deprueba que tienen; el jurado determina sólo unveredictum o dictamen sobre la verdad probadade culpable o no culpable, y el juez individualiza lasanción. El sistema obliga a resolver solamente deacuerdo con las pruebas desahogadas en el juicioy en presencia del juez y del jurado; permite obviarla audiencia de debate probatorio ante la confesióndel imputado, lo cual lleva a las partes de formadirecta a la audiencia para la individualizaciónde la sanción penal, donde puede haber desaho-21


secretaría general de gobiernogo de pruebas, pero tan sólo para tal propósito ypara la reparación a la víctima de sus derechos. Elsistema también otorga facultades al órgano acusadorpara la negociación con el imputado y consu defensor sobre aspectos probatorios, e inclusosobre el contenido de la acusación, hacia la confesiónjudicial, lo cual produce un procedimientoabreviado.Las características más importantes de estesistema son:1. Se encuentran perfectamente identificadas ydiferenciadas las funciones de acusación, defensay decisión.2. Las tres funciones se realizan como parte y ennombre de la sociedad, en un ámbito protegidopor el Estado, regulado por leyes previas, y garantizadopor el orden público a través de sus órganosde poder. Estas tres funciones se encuentran diferenciadasdesde el momento en que son desarrolladaspor tres personas u órganos diferentes, buscandoun equilibrio de funciones entre el acusador,el defensor y el juez. Un mismo órgano procesal nopuede realizar las funciones o facultades de algunode los otros órganos. Por esta razón, al juez se leprohíbe realizar funciones de investigador.3. La tutela legal no es de carácter privado, aunqueen algunos casos la acción penal puede serprivada o de interés particular, pero siempre que seejercite debe ser protegida por el Estado.4. En la Roma republicana el acusador era, enla mayoría de los casos, un ciudadano designadopor el questor después de un proceso de selecciónciudadana. En los sistemas modernos acusatorios,el acusador es una institución pública, algunas vecesautónoma del Ejecutivo, en otras seleccionadapor el Legislativo.5. Entre el acusador y la defensa existe igualdadde derechos, y se rigen bajo principios que en laactualidad se denominan “del debido proceso penal”,entre los cuales destaca el principio de contradiccióncomo el derecho que tiene una de laspartes en conflicto de controvertir los argumentosy las pruebas de la otra parte.6. El medio para el ejercicio del principio decontradicción es la oralidad y publicidad.7. En general, un sistema acusatorio respetatodos los principios conocidos como “del debidoproceso penal”.Se entienden como principios “deldebido proceso penal”, en términosgenerales, todas las garantías de seguridad eigualdad jurídicas de un proceso orientadashacia un juicio justo.En el derecho internacional, México suscribiódesde hace más de tres décadas diversos tratadosinternacionales, obligándose a respetar a suinterior derechos procesales propios del sistemaacusatorio. Entre estos instrumentos legales destacanel Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos, y la Convención Americana de DerechosHumanos, la cual generó dos instituciones: la CorteInteramericana de Derechos Humanos y la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos. Entreestos derechos procesales, podemos citar los siguientes:1. El juicio debe ser oral y público.2. Las audiencias serán concentradas; es decir, elmayor número de actos procesales debe celebrarseen el menor número de audiencias.3. El juez debe ser imparcial e independiente.4. La presunción de inocencia y la contradicciónson los principios fundamentales del proceso penal.5. Debe existir equilibrio entre los derechos delas partes.6. El juicio debe desarrollarse en un tiempo razonable.7. La prueba ilícita no debe ser considerada enel juicio.8. No se le debe enjuiciar a la misma personados veces por los mismos hechos.9. Derechos de defensa:a. Ser informado, antes de que declare, de laimputación que se le formula.b. Tener un abogado defensor.c. Guardar silencio, y que tal silencio no sepueda usar en su contra.d. Puede controvertir los argumentos y pruebasde la acusación.e. Puede impugnar la sentencia.f. Debe existir una relación estricta y directaentre la acusación y la sentencia.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónEn nuestropaís hemoselegido unsistema procesalpenal acusatorioadversarial, queal mismo tiempoes protector delas garantías dela víctima. Unamezcla de losdos modelos desistema acusatorioadversarial ygarantista victimal.La función de las policías en el nuevosistema acusatorio, adversarialy garantista mexicanoPor lo que respecta a las policías, de acuerdo conel juez Rodrigo Cerda San Martín, el sistema acusatoriorequiere, de las policías, las siguientes funciones:a. Función cautelar. Como deber de protecciónde los derechos fundamentales de las víctimas, imputadosy terceros afectados. Dentro de tales derechos,se encuentran el del estado de inocencia,el derecho de defensa y la atención a la víctima deldelito.b. Función investigativa. Que consiste, entreotras actividades, en recibir denuncias, detenciónen flagrancia, resguardo del lugar del delito e identificaciónde evidencias, identificar y declarar testigos,identificar personas vinculadas o posiblementevinculadas con hechos delictivos.c. Función de colaboración en el establecimientode la verdad judicial. 4Problemática para implementar elsistema acusatorio en MéxicoEn nuestro país hemos elegido un sistema procesalpenal acusatorio adversarial, que al mismo tiempoes protector de las garantías de la víctima. Unamezcla de los dos modelos de sistema acusatorioadversarial y garantista victimal. Pero esta decisiónla tomamos desde hace mucho tiempo.El Constituyente de 1917 pensó en un sistemapenal acusatorio, y así lo plasmó en nuestra Constitución,pero ¿qué fue lo que pasó en el momentode su aplicación? Fallaron las normas secundarias,que no quisieron abandonar los principios del sistemainquisitivo. Es en la creación de las normassecundarias, y en la interpretación judicial de lasmismas, donde radica el verdadero peligro parauna reforma a la justicia penal.El sistema constitucional de 1917 pretendía seracusatorio, diferenciando las tres funciones dedicho sistema y responsabilizando a los órganosjurisdiccionales de la función de decidir, a la defensahacer lo propio, y a la institución del MinisterioPúblico la función de acusar. En el mensaje queVenustiano Carranza envió al Constituyente queretano,afirmó que la reforma a la Constitución “proponeuna innovación que de seguro revolucionarácompletamente el sistema procesal que durantetanto tiempo ha regido el país, no obstante todassus imperfecciones y deficiencias. Las leyes vigentes,tanto en el orden federal como en el común,han adoptado la institución del Ministerio Público,pero tal adopción ha sido nominal, porque la fun-ción asignada a los representantes de aquél tienecarácter meramente decorativo para la recta ypronta administración de justicia”.Es decir, en el espíritu del Constituyente siempreexistió la idea de arrebatarle al juez la función persecutoriade los delitos, para dejársela al MinisterioPúblico, separando con esto las tres funciones delproceso. Pero las leyes secundarias le reservaron alos jueces algunas de sus facultades, como la deordenar más pruebas para mejor proveer, requerirterceros peritos y desproporcionar los derechosprocesales de las partes.Sin embargo, “Infortunadamente, el legisladorordinario nunca entendió la finalidad del Constituyentede Querétaro, e hizo del Ministerio Públicouna institución inquisidora, con plenas facultadespara investigar ante sí y decidir al margen de loscontroles del juez y de la defensa”. 5Los problemas para implementar un nuevosistema procesal penal se pueden resumiren los siguientes:a. La creación adecuada, puntual y, sobre todo,muy previsora de las normas secundarias.b. La capacitación de los operadores del nuevosistema exige, no solamente la transmisión de losconocimientos fundamentales y la práctica de losmismos, sino un adecuado mecanismo de evaluaciónconstante de su aplicación.c. La aplicación del nuevo enfoque policial deinvestigación para prever, e investigación para motivarla sanción.d. La adecuación de los planes de estudio entodas las instituciones educativas que preparena los futuros abogados, para incorporar las23


citas1Islas, Olga y Ramírez, Elpidio. El sistemaprocesal penal en la constitución. EditorialPorrúa, S.A., México, 1979. p.112Ibidem3Al estudiar al sistema procesal penaldel Perú, como un sistema acusatoriogarantista los autores Herbert Benaventey Laura Aida Pastrana en la obra colectivaDerecho Procesal Penal Aplicado, explicanlo siguiente: “Como se puede apreciar, unagarantía constitucional puede coadyuvar ala estructura del sistema de justicia penal; yeso es lo que persigue el sistema acusatoriogarantista moderno; así tenemos, y en formaenunciativa con cargo a ser desarrolladomás adelante, el siguiente cuadro: Principioacusatorio. El cual denota la presencia de unsujeto que lleve la imputación penal anteel órgano decisor. Asimismo, requiere delacusador una información precisa y detalladade los cargos que pesan sobre un acusado,lo que incluye la calificación jurídica –enrealidad, la razón jurídica de imputación–que los tribunales pudieran presentar ensu contra”. Ver Benavente Chorres, Hesbert;Pastrana Aguirre, Laura Aída, et alt. DerechoProcesal Penal Aplicado. Flores Editor yDistribuidor S.A. de C.V., Facultad de Derechode la Universidad Autónoma del Estado deMéxico y Anfade. México, 2009, pp. 43 y 44.4Véase: Cerda San Martín, Rodrigo. NuevaVisión del juicio oral penal. Librotecnia.Santiago de Chile, 2007. pp. 138 a 142.5Islas, Olga y Ramírez, Elpidio. Opus cit., pp.43 y 44.materias obligatorias de técnicas de litigio oral,mecanismos alternos para la solución de conflictosy especialidades terminales de la carrera.e. La revisión oportuna y constante de las reglasprocesales, para establecer criterios y reformaslegales.f. La voluntad política para continuar con lareforma.g. Integrar las reformas al sistema procesalpenal dentro de las prioridades de seguridadpública, y en la transmisión de los principios delnuevo modelo en las instituciones educativas parael ejercicio de la abogacía.La aplicación de las reglas nuevas debe sersupervisada para evitar casos como lo quedenominamos el Síndrome de Lucas, de acuerdocon el cual pueden aprenderse las reglas peroaplicarlas mal: Lucas es aquella famosa mascotaque, después de ser reprendida por hacer susnecesidades básicas en la alfombra de la casa y serllevada al patio, donde debía hacerlas, aprendióa ir al patio muy bien, pero después de hacer susnecesidades en la alfombra.Cuando lasreglas seaprenden mal, elsistema no avanza.Espero que nuestroslegisladorescomprendan lanecesidad de hacerbuenas y modernasleyes que permitanaplicar bien elmodelo acusatorio,adversarialy garantistamexicano.


Separata: Separata: del Periódico del Periódico Oficial Oficial del del Estado de de Nuevo Leónlíneadetiempo28 de julio de 2004: Se publicanen el Periódico Oficial del Estadolas reformas al Código de ProcedimientosPenales mediante lascuales se incluye la regulación,por primera vez en Nuevo León,de las normas relacionadas conel Procedimiento Abreviado y laSuspensión del Procedimientoa Prueba del Procesado, y comoinnovación nacional en materiapenal, se incorporó en la entidadel Sistema Penal Acusatorio preponderantementeoral.23 de febrero de 2005: concluyeen el Estado de Nuevo León,el primer juicio oral en México.7 de diciembre de 2005: Conlas reformas al Código Penal parael Estado de Nuevo León y Códigode Procedimientos Penales, seamplían los casos de aplicacióndel Juicio oral, a determinadosdelitos no graves; se busca superarel sistema basado en documentosen los que el desahogode pruebas se lleva a cabo enlargas etapas y donde el juez nosiempre se encuentra presente,permitiendo ahora que decidasobre una mejor información.10 de septiembre de 2006:Reformas al Código Civil, Códigode Procedimientos Civiles, Ley deMétodos Alternos para la Soluciónde Conflictos, con el objetivode incluir el sistema oral en lamateria civil y familiar.13 de diciembre de 2006: Seintegra un Comité Interdisciplinarioencargado del seguimiento,evaluación, análisis e implementaciónde la reforma, conformadopor representantes del PoderJudicial, del Poder Legislativo,de la Procuraduría General deJusticia, de la Defensoría de Oficio,de Escuelas y Facultades deDerecho, y de diversas organizaciones,logrando este Comité,entre otras cosas, la iniciativa dereforma conjunta al Código deProcedimientos Penales paraaumentar de 56 figuras delictivasque seguían el procedimientoacusatorio a 109 figuras. En elmismo documento también secontempla una reforma al Códigode Procedimientos Civiles paraaumentar los asuntos a tramitarmediante el sistema oral. Iniciativaconjunta de la Ley de la DefensaPública. Diagnósticos de lasituación del Estado en materiade procuración e impartición dejusticia y de defensa pública.1 de febrero de 2007: Entran envigor las reformas a la Ley Orgánicadel Poder Judicial del Estadoque incorporan a los Jueces deJuicio Civil Oral y de Juicio FamiliarOral.Igualmente las reformas al Códigode Procedimientos Civiles delEstado de Nuevo León, para establecerque las controversias quecon motivo de arrendamientos,alimentos, convivencia y posesióninterina de menores, cuandoéstas constituyan el objeto de laacción principal, así como solicitudesde divorcio por mutuoconsentimiento, se desahoguenoralmente.18 de Junio de 2008: Se publicanen el Diario Oficial de laFederación diversas reformas a laConstitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos, mediantelas cuales se establecen las basespara el nuevo Sistema de JusticiaPenal; la implementación del Sistemade Justicia Oral Penal; buscandoajustar en mayor medida elsistema de justicia a los principiosde un Estado democrático dederecho, reforzando las garantíasy derechos de las víctimas y acusados,y una mayor transparencia,celeridad e imparcialidad en losjuicios.La reforma prevé un régimen detransición y coexistencia entre elSistema Escrito y el Sistema PenalAcusatorio PreponderantementeOral en un plazo máximo de 8años, conforme a las capacidadesde cada orden de gobierno. Encuanto al nuevo Sistema Penitenciariodeberá incorporarse en laslegislaciones locales dentro de unplazo no mayor a 3 años.22 de septiembre de 2008: Seaprueba en el Congreso del Estadola nueva Ley de SeguridadPública.13 de Octubre de 2008: Se publicaen el Periódico Oficial del Estadode Nuevo León el Acuerdode creación de la Comisión Interinstitucionalde Seguimiento a laReforma Integral del Sistema PenalAcusatorio, el cual coordinaráy dará el seguimiento oportunoa aquellos trabajos tendientes aplanificar, dirigir, implementar,evaluar y dar seguimiento a losprocesos necesarios para continuarde una manera ordenaday con seguridad jurídica la transicióntotal al sistema penal acusatorioen el Estado.25 y 26 de septiembre de 2008:se aprueba el Modelo de Diagnósticopara la Implementación enlos Estados de la República la ReformaConstitucional en Materiade Justicia Penal, el cual reconoceque “la implementación de lasreformas constitucionales al igualque el diseño de las leyes secundarias,es tarea de gran dimensiónque conlleva enormes exigenciasde carácter presupuestal para eldiseño normativo, institucionaly organizacional a implementar;para la construcción de nuevosrecintos adecuados en los quese ejercerán las nuevas funcionesjudiciales, ministeriales y deinvestigación, de defensoría alinculpado y asesoría a la víctima,y se aplicarán los procedimientosalternativos de justicia; para elequipamiento de la infraestructuray la adquisición de tecnologíarequerida para un ejercicio máseficaz de las funciones asignadas,así como para la capacitación atodos los actores que intervienenen el procedimiento penal”.05 de agosto de 2009: se publicael Acuerdo por el cual se integrael Consejo de Coordinaciónpara la Implementación del Sistemade Justicia Penal, en cumplimientoal mandato constitucionalprevisto en el artículo novenotransitorio del Decreto de ReformaConstitucional publicado el 18de junio del 2008. Dicho Consejode Coordinación tiene por objetoanalizar y acordar las políticas decoordinación nacionales necesariaspara implementar, en lostres órdenes de gobierno, con laconcurrencia de la sociedad y laacademia, el nuevo Sistema deJusticia Penal. El Consejo estaráintegrado por: un Diputado, unSenador, el Secretario de Gobernación,un Ministro de la SupremaCorte de Justicia de la Nación,un Consejero de la Judicatura, unrepresentante de la ConferenciaNacional de Seguridad Pública,un representante de la ConferenciaNacional de Procuración deJusticia, un representante de laComisión Nacional de TribunalesSuperiores de Justicia de los EstadosUnidos Mexicanos, un representantedel sector académico,un representante de la sociedadcivil, el Procurador General de laRepública, el Consejero Jurídicodel Ejecutivo Federal y el Secretariode Seguridad Pública Federal.Asimismo, se dispuso que la SecretaríaTécnica del Consejo quedea cargo del titular del ÓrganoAdministrativo Desconcentradode la Secretaría de Gobernación,creado mediante Decreto del EjecutivoFederal publicado el 13 deoctubre de 2008, el cual tiene entresus fines, coadyuvar y brindarapoyo a las autoridades locales yfederales en la implementacióndel nuevo Sistema de Justicia Penal.25


Sistema de justiciaoral familiaren Nuevo LeónMa r í a Gua d a l u p e Ba l d e r a s A. d e Ga r z aDoctora en Derecho por la Facultad de Derecho y Criminología de laUniversidad Autónoma de Nuevo León. Juez Quinto de Juicio Familiar Oralde Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León.Catedrática de Posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología de laUniversidad Autónoma de Nuevo León.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónHa sido tan positivo el impacto quela oralidad ha tenido en la materia familiar en el estado, que vislumbroque antes de que termine la primera década del siglo XXI dichomodelo estará presente en la mayoría de los procedimientos en estarama tan importante del derecho, dados los resultados efectivosque se han obtenido en los juzgados familiares orales. La reforma sesigue llevando a cabo en forma gradual, con paso muy firme y seguro,para que no suceda lo que en otros países latinoamericanos,donde la transformación abarcó todos los procedimientos familiares,y ahora se encuentran colapsados porque ni las autoridadesjudiciales ni los abogados postulantes estaban lo suficientementepreparados para ello. En Nuevo León hemos tenido la oportunidadde capacitarnos día a día para dar un mejor resultado a las familiasnuevoleonesas en conflicto antes, durante y después de instauradoun procedimiento.El estado de Nuevo Leónmarcó la historia como la primerentidad federativa del país enimplementar los procedimientosorales. En efecto, a partir del25 de noviembre del 2004entró en vigor la regulación delprocedimiento oral aplicablea los delitos culposos nograves, posicionándolo comoel estado pionero en llevara cabo la reforma penal aladoptar el sistema acusatorio.Posteriormente se determinóincluir el sistema oral en lasmaterias civil y familiar.Siendo así, mediante los decretos número 356 y390 publicados en el Periódico Oficial del Estado deNuevo León de fechas 12 de abril y 10 de septiembrede 2006, respectivamente, se reformaron la LeyOrgánica del Poder Judicial del Estado de NuevoLeón, los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles,y la Ley de Métodos Alternos para la Soluciónde Conflictos. Dichas reformas se aplicaron esencialmentea los procedimientos en materias civil yfamiliar, determinando la creación de los juzgadosrespectivos y la competencia de los procedimientosque se conocerían por estos juzgados, habiéndoseestablecido en ellos que las mismas entraríanen vigor a partir del día 1º de febrero del año 2007.Nuevo León es un estado que siempre se hacaracterizado por estar un paso adelante en cuantoa la administración de justicia se refiere; siendoasí que, al terminar el primer periodo como presidentedel Tribunal Superior de Justicia, el 1º deagosto de 2007, nuestro actual presidente –en susegundo periodo–, licenciado Jorge Luis MancillasRamírez,1 en su informe refirió: “El Poder Judicialen Nuevo León ha experimentado un crecimientoordenado, provocado por la entrada en vigor deuna nueva época en materia de derecho común,iniciando con los juicios orales en materia penal,en materia de adolescentes infractores, así comoen los procedimientos del orden civil y familiar”. Enla actualidad, algunos de los procedimientos quecorresponden a estas últimas materias se llevan enla oralidad.Ante este panorama surge un cuestionamiento:¿Por qué se implementó la oralidad en NuevoLeón? La respuesta es la siguiente: de la iniciativadel decreto que reforma la Ley Orgánica del PoderJudicial, el Código Civil, el Código de ProcedimientosCiviles y la Ley de Métodos Alternos para lasolución de conflictos (Decreto 390, referido anteriormente),se desprende que el Plan Estatal deDesarrollo 2004-2009 del gobierno actual, que presideel licenciado Natividad González Parás, buscóconformar una administración humanista, democrática,competitiva. En este marco, se propuso elimpulso de reformas legales que contribuyen a latransformación y modernización del Poder Judicial,buscando que la impartición de justicia en elestado cumpliera con los principios constitucionalesde ser pronta, imparcial, expedita y transparente,razón por la cual se planteó la actualización delmarco normativo y la reestructuración del sistemaestatal de impartición de justicia, buscando transparentarel funcionamiento de la actividad del PoderJudicial. Para ello se propuso una reforma a loscódigos de procedimientos civiles y penales, con elobjetivo de evitar procesos largos y costosos, perosin descuidar la seguridad jurídica del gobernado.27


secretaría general de gobiernoEn opinión de la suscrita, en el estado de NuevoLeón se han cumplido con creces las expectativasque se tenían de la implementación de la oralidaden materia familiar.Es importante referir que antes del día 1º de febrerodel año 2007, en nuestro estado éramos trecejueces familiares en el Primer Distrito Judicial, cuyacompetencia abarcaba Monterrey, Guadalupe,San Nicolás y San Pedro, Garza García. Igualmenteconocían de la materia familiar los jueces mixtosque se encuentran en otros distritos judiciales delestado. Nuestra competencia era respecto de todoslos procedimientos contemplados en el artículo35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Enel mes de enero de ese año se nos convocó a losjueces familiares, civiles y mixtos a llevar un cursode capacitación, al igual que algunos secretariosfedatarios en esas áreas, en virtud de que un mesdespués entraría en vigor la reforma contempladaen los decretos mencionados, es decir, la oralidaden algunos de los procedimientos familiares y elarrendamiento en materia civil.El licenciado Catarino García Herrera –en esetiempo consejero del Consejo de la Judicatura delestado–, maestro reconocido tanto nacional comointernacionalmente, al ser uno de los principalesprecursores de la reforma de justicia penal, familiary civil en México, fue el coordinador del curso decapacitación en materia familiar y de arrendamientoal personal que iba a ser designado para ocuparlos juzgados de nueva creación en materia deoralidad. Nos trasmitió su experiencia observadaen otros países latinoamericanos, respecto a estenuevo modelo; nos habló al efecto de los pros ylos contras, de los aciertos y desaciertos, de los paradigmasque existían respecto de la oralidad enotros países, de los planes que se tenía contempladoimplementar en nuestro estado; pero, sobretodo, el maestro Catarino, nos comunicó su entusiasmopor el nuevo proyecto –debo decir que lasuscrita, después de escucharlo, se convenció delos beneficios tan grandes que se iban a obtenercon esta nueva forma de impartir justicia–, todavez que fue bastante explícito en su informaciónrespecto de la benevolencia y retos de la oralidad,por lo que, si en ese momento se me hubiera preguntadosi quería ser juez familiar oral, de inme-Antes del día 1º de febrero del año2007, en nuestro estado éramos trece juecesfamiliares en el Primer Distrito Judicial, cuyacompetencia abarcaba Monterrey, Guadalupe,San Nicolás y San Pedro, Garza García. Igualmenteconocían de la materia familiar los jueces mixtosque se encuentran en otros distritos judiciales delestado.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo Leóndiato hubiera aceptado, mas no fue así: habíamoscerca de veinte jueces tomando el curso, y ningunosabía quiénes iban a ser los jueces familiaresorales y de arrendamiento elegidos. Llegó el díaen que fuimos designados ocho jueces familiaresorales y dos civiles en arrendamiento, quienes debíamosponer en práctica lo aprendido en el curso,pero sobre todo la experiencia que como juecesfamiliares ya teníamos. Es importante referir que hepodido constatar, a lo largo de más de dos años ymedio que tengo de ser juez familiar oral, que sino hubiera tenido la experiencia de alrededor deveinte años de ser juez de primera instancia, habríaresultado difícil la transición a la oralidad.Siempre supe, y en su momento lo externé,que la materia familiar iba a superar a la materiapenal en cuanto al número de procedimientosque se conocerían en muy poco tiempo, puesno obstante que únicamente fueron tres tipos deprocedimiento con los que empezamos a trabajar–de conformidad con lo dispuesto por el artículo998 del Código de Procedimientos Civiles en vigoren la entidad: las controversias que se susciten conmotivo de alimentos, y convivencia y posesióninterina de menores cuando éstas constituyan elobjeto de la acción principal, así como las solicitudesde divorcio por mutuo consentimiento–, eranprecisamente éstos los que más se ventilaban enlos juzgados tradicionales. Ahora bien, es importantedestacar que a partir del 1º de julio del año encurso entró en vigor una nueva reforma al dispositivo989 antes mencionado, y ahora conocemostambién de otros procedimientos, como los actosde jurisdicción que versen sobre enajenación debienes de menores o incapacitados y transacciónacerca de sus derechos, adopción y el cambio derégimen de matrimonio, así como las acciones dedivorcio establecidas en las fracciones I, XI y XII delartículo 267 del Código Civil, siempre que no se haganvaler con alguna diversa de éstas.Ha sido bastante la aceptación que ha tenido laoralidad en la materia familiar. Desde el primer díaque iniciaron los juzgados familiares orales llegaronjusticiables al juzgado de mi adscripción a preguntarsobre los nuevos procedimientos, así comoabogados postulantes con diversas inquietudesacerca de los procedimientos de los que éramos“... la materia familiar iba a superar ala materia penal en cuanto al número deprocedimientos que se conocerían en muy pocotiempo, pues no obstante que únicamentefueron tres tipos de procedimiento con losque empezamos a trabajar, eran precisamenteéstos los que más se ventilaban en los juzgadostradicionales.”competentes. Luego se empezaron a presentar enla oficialía de partes algunos procedimientos, quefueron remitidos por dicha dependencia al juzgadode mi adscripción, y de inmediato se comenzóa cumplir la profecía de que los nuevos juzgadosfamiliares orales estarían muy concurridos.Fui asignada al Juzgado Quinto de Juicio FamiliarOral, y casi de inmediato me enviaron dosexpedientes remitidos por la oficialía de partes. Seme turnaron, de entrada, los procedimientos dedivorcio por mutuo consentimiento. Al revisarlos,advertí que faltaban algunas formalidades de lascontempladas en el artículo 1082 del código adjetivode la materia, por lo cual se requirió a los promoventespara que las subsanaran, lo que se cumplióa cabalidad, señalándose en consecuencia la fechapara el desahogo de la audiencia de avenimiento.Debo admitir que, al momento de desahogarla ensala de audiencias, las partes –la abogada defensora,el Ministerio Público, el secretario fedatarioy esta juzgadora–, nos olvidamos de que estábamosdesarrollando el primer procedimiento con elesquema de la oralidad en todo el país, y de quela audiencia se estaba videograbando. Es decir, sedesarrolló de la misma forma en que anteriormentese desahogaban en el procedimiento tradicional;la diferencia fue el lugar, ya que con el sistematradicional siempre se efectuaba en mi despacho.Sin lugar a dudas, creo que lo anterior se debe aque las salas de audiencias orales están tan estratégicamenteequipadas, que uno no se percata deque el proceso está siendo videograbado. Obviamentetampoco advertí ningún titubeo de parte29


secretaría general de gobiernode la pareja que se estaba divorciando, muchomenos del resto de las personas que nos encontrábamosen la sala. Nunca pensé que, al salir dela diligencia, me iba a encontrar con los medios decomunicación, que estaban a la espera de tomar lanota del primer procedimiento oral en materia familiaren todo el país. Fui entrevistada al respecto, yrecuerdo en forma clara que uno de los reporterosme preguntó por qué se había resuelto tan rápidoel procedimiento. Le contesté que el artículo 17constitucional habla de que la justicia debe de serpronta y expedita, y que debe impartirse por los tribunalesen los plazos y términos que fijen las leyes,refiriéndole que el artículo 1083 del Código ProcesalCivil en vigor en la entidad establece que, unavez que los solicitantes cumplan con las exigenciasdel numeral 1082 del citado ordenamiento legal, eljuez citará a los cónyuges, al Ministerio Público y,en su caso, al fiador, a una audiencia, señalando díay hora para que se verifique en un plazo de quincedías. Luego le referí al reportero que se estaba actuandoconforme a derecho, que incluso el mismodía que recibí la solicitud podía haber desahogadola audiencia, si hubiera contenido todos los requisitosdel mencionado artículo 1082, puesto que estabaante la presencia de un divorcio por mutuoconsentimiento, donde las partes están de acuerdoen disolver el vínculo matrimonial, y que lohabía resuelto dentro de los plazos que establecela legislación. Debo referir, que los justiciables enese entonces –como en la actualidad– quedaronbastante complacidos con la forma con la que sellevaron a cabo los diferentes procedimientos enmateria de oralidad.Tuve la oportunidad de resolver el segundoprocedimiento de ese mismo tipo al día siguiente,y algunos de los compañeros jueces me preguntaronsi había sido igual al de un día antes. Hastahoy sigo diciendo que ninguno es igual, que cadauno de los procedimientos, aunque sean del mismotipo, resultan diferentes tomando en cuenta lassituaciones que se pueden presentar.Ciertas resultaron las palabras del licenciado CatarinoGarcía Herrera, 2 cuando refirió: “La recientereforma jurídica no tiene precedente alguno, impulsaun verdadero cambio al esquema tradicionaldel trabajo judicial. Se tocan estructuras de viejocuño y se produce una renovación de los métodos,contenido y objeto del proceso jurisdiccionalen las materias constitucional, penal y civil.” Enefecto, la oralidad en los procedimientos judicialesha venido a ser un gran reto tanto para las autoridadesjudiciales como para los litigantes, en virtudde ser una nueva forma de decir el derecho, ya queel procedimiento oral es aquél que se sustancia ensus partes principales de viva voz ante el juez o tribunal.Así lo exige el principio de inmediatez, queimplica que el juez debe estar presente en cadauna de las audiencias, pues una queja reiterada delos justiciables en el procedimiento escrito era queno podían tener acceso a quien los iba a juzgar.En lo personal, en más de las 2 mil 54 audienciasque al día de hoy (20-8-2009) he desahogado –datoproporcionado por la coordinadora de las salas deaudiencias de los Juzgados Civiles y Familiares Orales–,percibo que a las partes les da mucha seguridadtener al juez frente a ellos, que los escuchemosde viva voz. He llegado a apreciar el gran respetoque tienen para la investidura del juez, confirmandocon esto lo que escribió el maestro italianoGuiseppe Chiovenda en cuanto a que el juez deberesolver no con base de escritos muertos, sino conbase en la impresión recibida directamente. Nohay que olvidar que su doctrina persiguió la concentración,la oralidad y la inmediación del juicio.Efectivamente, con la oralidad los jueces somoscapaces de descubrir por nosotros mismos –y noa través de lo que redactan los secretarios o escribientes–la forma en que se expresan las partes,la manera en la que se conducen los testigos y elímpetu jurídico con el que pronuncia sus alegatosel abogado ante la presencia de su cliente. La oralidadsignifica que el juez descubre por sí mismo laverdad, y cómo no habría de ser así, si ante su presenciase desahogan las pruebas, tiene todas lasfacultades para preguntar a las partes, interrogar alos testigos, solicitar información a los peritos, traerpruebas para mejor proveer, entre otros, teniendosiempre presente que la eficiencia y rapidez sonatributos ideales de este tipo de juicio.“ La reciente reforma jurídica no tieneprecedente alguno, impulsa un verdaderocambio al esquema tradicional del trabajojudicial. Se tocan estructuras de viejo cuño yse produce una renovación de los métodos,contenido y objeto del proceso jurisdiccional enlas materias constitucional, penal y civil.”Lic. Catarino García Herrera


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León“El conocimiento no viene al hombrede fuera: es un esfuerzo del alma poradueñarse de la verdad”Platónfilósofo griego y cofundador de la filosofía occidentalEn diversas ocasiones en que he ocurrido a darconferencias a otros estados de la República Mexicana,se me ha preguntado sobre el propósito delos juicios orales en Nuevo León. Les refiero que,de la exposición de motivos de dicha reforma, sedesprende que la raíz de ello fue dotar a la familianuevoleonesa de procedimientos prontos y expeditosque garanticen la seguridad jurídica, queexista transparencia y eficacia en nuestro sistemade justicia.El sistema oral es mucho más formal que el escrito.Su desarrollo debe ser ante la presencia deljuez, bajo pena de nulidad. El deber del juzgadores dirigir en forma directa y activa el procedimiento,y el compromiso de colaboración que tienenlos profesionales del derecho juntamente con laspartes, trayendo como consecuencia que todos,en conjunto, constituyan las piezas clave para sacaravante un procedimiento judicial de este tipo.Por lo que a mi respecta, debo decir que desdeque empecé a implementar este nuevo modelode impartir justicia, he podido darme cuenta que,tanto los abogados defensores como las autoridadesjudiciales, día a día tenemos que estar mejorpreparados en todos los aspectos concernientes aldesempeño de nuestra labor, toda vez que de locontrario la evidencia de la no preparación quedaplasmada en la videograbación. En efecto, el retoes que, cada vez que el juez ocurre a una audiencia,debe conocer el expediente a cabalidad y planearestratégicamente todo lo que se le puedepresentar, pues no hay que olvidar que lo que sele plantee debe ser resuelto en la misma audiencia,de conformidad con lo dispuesto por el artículo992 del Código de Procedimientos Civiles en vigoren el estado, tomando como base el principio deconcreción plasmado en el numeral 990 del citadocuerpo de leyes. Incluso el artículo 1054 del mismoordenamiento establece que, cuando no existieranpruebas por desahogar, se puede dictar en elmismo momento la resolución; ¿y cómo podría hacerloun juez que no conoce el procedimiento? Dela misma videograbación se desprendería dichacircunstancia, razón por la cual considero que lasautoridades judiciales no podemos exponernos aello, además de tener siempre presentes los principiosrectores de la actividad jurisdiccional que, deconformidad con el artículo 125 de la Ley Orgánicadel Poder Judicial, son: excelencia, objetividad, imparcialidad,profesionalismo e independencia.En cuanto al profesional del derecho, la oralidadexige pleno conocimiento de la materia familiar.No puede ser un improvisado, porque tambiénsu irresponsabilidad o falta de ética quedaría plasmada.De ahí he podido constatar que, tanto losprofesionales del derecho como las autoridadesjudiciales que manejamos la materia familiar oral,invertimos más tiempo en nuestra preparación.Además, la oralidad no exime al juzgador de cumplircon los requisitos de fundamentación y motivación;debe ser muy cuidadoso de observar losprincipios rectores del sistema oral y tener la suficientecapacidad para resolver en las audienciastodo lo que se le presente. En otras palabras, la oralidadno tiene cabida para autoridades judiciales yprofesionales del derecho faltos de experiencia yaptitud para manejar un litigio de esta naturaleza.Traigo a colación el pensamiento de Platón: “Elconocimiento no viene al hombre de fuera: es unesfuerzo del alma por adueñarse de la verdad”.El éxito del sistema oral familiar estriba en queuna gran parte de los procedimientos contenciososse está resolviendo antes del dictado de lasentencia, mediante convenio, lo cual ha sido bastantebenéfico para las familias con problemas ennuestro estado.Para llegar a lo que se ha referido, en este tribunaly en aquellos procedimientos contenciososdonde se advierte que es factible llegar a un convenio,contestada la demanda, se cita a las partespara que ocurran al juzgado a una audienciaconciliatoria, con la finalidad de darles alternativaspara que puedan solucionar sus problemas sin necesidadde que se continúe el procedimiento. Loanterior con el objetivo de que la familia no se sigadeteriorando, pues no hay que olvidar que en lamayoría de las ocasiones los procedimientos judicialesvienen a avivar más los conflictos de la familiaen disputa, y no es lo idóneo, ya que las partesen contienda, después de terminado un procedimiento,llámese de alimentos, de convivencia demenores, divorcio necesario (tres causales), seguiránteniendo relación por lo más sagrado que unhombre y una mujer pueden poseer en común–los hijos–, por lo que es deber de la autoridadjudicial, en la medida de sus posibilidades, darlesalternativas a los contendientes para que lleguen aconvenios y no se siga el procedimiento.31


secretaría general de gobiernoEs trascendental para nuestra sociedad que todos losimplicados en un juicio familiar –pero sobre todo los litigantes y lasautoridades judiciales– tomemos conciencia de la gran responsabilidadque tenemos en nuestras manos, como lo es que una familia no se sigadañando cuando se presenta un procedimiento judicial, porque no nadamás se afecta a sus integrantes, sino a toda la sociedad.Ahora bien, es importante referir que el profesionalismodel abogado es de suma importancia,en cuanto a un arreglo conciliatorio se refiere.Afortunadamente, en la actualidad son los menosaquellos litigantes que, cuando se cita a sus clientesen un juzgado para una audiencia conciliatoria,les dicen que no acudan, que no es obligatorio,que es mejor pelear la pensión, y como las partesconfían en su abogado, no ocurren, sin saber quelo único que pretende la autoridad judicial es queel procedimiento termine y, en su caso, si se estáen un procedimiento de alimentos, que sean lospropios progenitores quienes pacten la pensiónalimenticia, pues quién mejor que ellos sabe de lasnecesidades de sus hijos, lo que comen, la educaciónque se les puede dar, si tienen casa o no paravivir, si alguno se enferma a dónde lo deben llevarpara su atención y cuál es la capacidad económicareal con que cuenta el demandado.En la convivencia de los menores con el progenitorque no los tiene bajo su custodia, también lospadres pueden ponerse de acuerdo en cuanto alhorario de convivencia, las horas del día que tieneel hijo disponibles para no afectar sus laboresescolares, el horario con el que cuenta el padre envirtud de su trabajo, etc.En el divorcio necesario, al estar el juez frente afrente con los contendientes, les habla de las bondadesdel divorcio voluntario, en contraposiciónal necesario, de la importancia de que se pongande acuerdo y, si su objetivo es divorciarse, que lohagan en la alternativa que la autoridad les da,que no sea a través de un juicio, sino por mutuoconsentimiento, donde queden debidamente garantizadoslos derechos de los hijos. Constatandola autoridad lo que se ha referido, de que en algunasocasiones es el profesional del derecho quienobstruye la labor de la autoridad judicial –porquelas mismas partes en la audiencia preliminar enla que sí es obligatorio para ellos acudir lo hacenver–, cuando esta autoridad les ofrece alternativaspara llegar a un arreglo informándoles que eso eralo que se les pretendía ofrecer en la audiencia conciliatoria,y refieren que las razones por las que noacudieron a la cita en comento fue por recomendaciónde su abogado, de ahí la importancia de laética del abogado defensor. Lo más lamentablees que en otras ocasiones, en la propia audienciapreliminar, cuando se les da alternativas para quelas partes lleguen a un arreglo –de conformidadcon el artículo 1052 del Código Procesal en vigoren el estado, segundo párrafo–, los mismos seponen de acuerdo y uno de los abogados postulantesse opone –se ha llegado a escuchar que elfondo de ello es que si no se sigue el juicio no vaa poder justificar sus honorarios, circunstancia pordemás poco ética–. También ha habido veces enque las partes han tomado la determinación deno ser asesoradas, y le piden a esta autoridad quelos litigantes no estén presentes durante la conciliación,exponiendo que saben que deben llegara un convenio por el bien de sus hijos, y que susabogados –o al menos uno de ellos– tienen otrosintereses, circunstancias que quedan debidamentevideograbadas y en las que se ha visto la falta deprofesionalismo de algunos abogados, incluso escomún que a alguna de las partes se le nombre undefensor de oficio, porque prescinden del abogadoparticular en plena audiencia.Es trascendental para nuestra sociedad que todoslos implicados en un juicio familiar –pero sobretodo los litigantes y las autoridades judiciales–tomemos conciencia de la gran responsabilidadque tenemos en nuestras manos, como lo es queuna familia no se siga dañando cuando se presentaun procedimiento judicial, porque no nada más seafecta a sus integrantes, sino a toda la sociedad. Enefecto, si la familia es la burbuja de protección indispensablepara la supervivencia del ser humano,al ser el núcleo en donde se satisfacen desde su nacimientotodas sus necesidades de supervivencia–alimentación, abrigo, protección, se le trasmitenvalores, se le educa para ser un hombre de bien,hasta que logre su emancipación biológica–, si ellaestá desintegrada y conflictuada, es bastante difícilque se cumpla con dichos satisfactores, ya que porel contrario, una familia con estas característicasgenera estrés, descontento, desconfianza, frustración,temores, deseos de agresión, lo que afecta sinlugar a dudas el equilibrio emocional y físico de laspersonas que la integran. De ahí la importancia deque saquemos adelante a las familias en conflicto,dándoles alternativas para solucionar sus problemasde la mejor manera posible, ya que cuando no


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León“Una cualidad de la justicia eshacerla pronto y sin dilaciones,hacerla esperar es injusticia.”Jean de la Bruyèreescritor francésles es factible encontrar soluciones por sí mismos,los integrantes de los tribunales familiares estamoscomprometidos a brindarles una solución integrala sus problemas, toda vez que este fue el fin intrínsecopor el que el legislador del estado de NuevoLeón aprobó la reforma judicial familiar, con procedimientossencillos y rápidos para que las partes sedesgasten lo menos posible.En el procedimiento familiar oral, únicamente lademanda y la contestación se hacen por escrito,reuniendo las formalidades del artículo 612 y 614del Código de Procedimientos Civiles del estadode Nuevo León. El emplazamiento es la única notificaciónque se hace a petición de parte, todas lasdemás notificaciones se llevan a cabo de oficio. Sedesahogan dos audiencias. La primera, que se llamapreliminar, es sumamente importante por lasdiversas etapas que en ella se desahogan. A travésde la audiencia preliminar se allanan obstáculospara evitar interrupciones en el proceso y se resuelventodas las objeciones que se aduzcan sobrepresupuestos procesales, tratando de evitar dilaciones,incertidumbres, costos, gastos. En otras palabras,garantiza los principios de expeditez y celeridaden la impartición de justicia, trayendo comoconsecuencia el saneamiento y simplificación delprocedimiento. Lo que el legislador pretende conla oralidad, es que sea un procedimiento simplificado,transparente, que los litigantes no promuevanincidentes y recursos frívolos con el sólo objeto deaplazar el dictado de la sentencia.Las partes tienen frente a ellos al juez, que va aresolver la controversia que tienen si no decidenllegar a un convenio. El juez, de conformidad conel artículo 1052 del código de la materia, invita a laspartes a que acudan al centro de métodos alternospara que un mediador especializado en la materiafamiliar les dé las técnicas adecuadas para queellos mismos fijen las bases de un convenio, sinnecesidad de que siga interviniendo la autoridadjudicial. La experiencia que he tenido en la invitaciónque hago a las partes ha sido desalentadorapor una parte y no por otra. En cuanto a lo primero,nadie acepta mi invitación de acudir al centro,porque en Nuevo León no se tiene aún la culturade la mediación, no la tienen los contendientes,ni mucho menos los postulantes del derecho, razónpor la cual considero que debe hacerse másdifusión de las bondades del centro de métodosalternos, ya que en algunos países ha funcionadobastante bien. Ahora bien, ¿por qué digo que no esdesalentador que las personas no quieran ocurriral centro de métodos? Porque ante el juez sí lleganlas partes al convenio; es decir, después de que seles dan las alternativas lo hacen. Tan es así que en eljuzgado de mi adscripción se han llegado a más de390 convenios. Esto significa que tienen más confianzaen la autoridad judicial.33


secretaría general de gobiernoSi las partes llegan al convenio, se sanciona y seeleva a la categoría de sentencia ejecutoriada, concluyéndoseel procedimiento. Lo más interesantede esto es que las mismas partes fijaron la pensiónalimenticia de los hijos. En otros procedimientos sefija la convivencia; incluso, en procedimientos dedivorcio necesario, se llega a un convenio de divorciopor mutuo consentimiento, lo cual es bastantepositivo. En otras ocasiones llegan a acuerdosprobatorios, y se continúa el juicio únicamente poraquello en lo que no se hayan puesto de acuerdo.Si hubiera excepciones procesales hechas valer porlas partes, lo cual en materia familiar no es común,se entrará a su estudio y se resolverá lo conducente.Enseguida el juez de oficio admitirá y calificarálas pruebas de las partes (que deben reunir los requisitosde los artículos del código procesal de lamateria), y señalará fecha para el desahogo de laaudiencia de juicio, notificando a las partes de lafecha e informándoles que si no comparecen –y seofreció la prueba confesional en su persona–, serándeclarados confesos. Llegado el momento dela audiencia de juicio, se procede al desahogo delas pruebas de las partes. Y los abogados defensoresdeben tener muy claro lo que establece nuestralegislación en cuanto al desahogo de las pruebasy las formalidades que deben reunir –verbigracia,las preguntas en la prueba testimonial ya no se hacenpor escrito, sino en el acto de la diligencia–. Encuanto a la prueba confesional, debe presentarseel pliego de posiciones en sobre cerrado antes dela audiencia señalada para su desahogo; si no sehace así, no es factible que la probanza se lleve acabo. Es muy importante que estos detalles seantomados en consideración por el profesional delderecho, de lo contrario no va a lograr su objetivo.Si alguna de las partes ofreciera la prueba pericial,el juez debe nombrarlo de la lista de peritosoficiales –con el procedimiento escrito no es así,el juez únicamente nombra al tercero en discordia–.Esto no significa que las partes también tienenel derecho de nombrar uno de su intención.Los peritos deberán ocurrir también a la audienciade juicio, siendo interrogados por las partes y eljuez sobre su dictamen. A colación, comparto unaanécdota de una de las primeras conferencias quedi sobre la oralidad: al tratar el tema de la pruebaSi las partes llegan alconvenio, se sanciona y seeleva a la categoría de sentenciaejecutoriada, concluyéndoseel procedimiento. Lo másinteresante de esto es que lasmismas partes fijaron la pensiónalimenticia de los hijos.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónLa crisis económica que vive nuestro país ha impactado grandementeen los procedimientos judiciales que ya se encuentran terminados en los juzgadosfamiliares, algunos procedimientos concluidos, se están reactivando en los tribunales,ya que el desempleo y el alza en los precios de los productos básicos, han generado unincumplimiento en el pago de los conceptos alimenticios.pericial y al exponer la forma en que la oralidad seiba a desahogar, un litigante me refirió que ahoraninguno de los peritos querría rendir pruebaspericiales, por la responsabilidad que implicabaacudir a la audiencia y quedar videograbado, puesse podría incurrir en un delito penal. Le informéque precisamente eso era lo que se buscaba, quepersonas que no fueran profesionales no siguieranemitiendo peritajes favorables al mejor postor. Enla práctica ha acontecido que peritos que anteriormenteaceptaban y rendían peritajes ahora, en lamisma materia, se niegan a aceptar el cargo.También considero oportuno resaltar queaproximadamente el 50 por ciento de los procedimientosque se presentan en un juzgado familiaroral son divorcios por mutuo consentimiento, y enapariencia en este tipo de procedimientos no existeproblema. Pero nada más alejado de la realidad:siempre alguno de los consortes tiene inquietudesal respecto, y precisamente para eso está el juez enla audiencia de avenimiento, para disiparles todassus dudas, pero sobre todo para salvaguardar losderechos de los menores hijos del matrimonio, yvelar y hacer todas las adecuaciones oportunas alconvenio para que en ningún momento se lesionenlos intereses de éstos. Afortunadamente, siemprese logra tal circunstancia.Otro factor importante que deseo resaltares que la crisis económica que vive nuestro paístambién ha impactado grandemente en los procedimientosjudiciales que ya se encuentran terminadosen los juzgados familiares, como divorciospor mutuo consentimiento y juicios oralesde alimentos y, como consecuencia de éstos, laconvivencia de los menores con alguno de susprogenitores –que en la mayoría de las veces esel varón–. En efecto, algunos procedimientosconcluidos, que ya se encuentran sentenciados, yotros tantos que llegaron oportunamente a convenio,se están reactivando en los tribunales, dada laproblemática económica mundial que estamos viviendo,pues los reajustes laborales, el desempleoy el alza en los precios de los productos básicos,han generado un incumplimiento en el pago delos conceptos alimenticios que meses antes ellosmismos habían estimado que era posible cumplir–razón por la cual se comprometieron en su momento–,pero que ahora, dada la situación, les esimposible efectuar. Por ejemplo, , el caso donde elprogenitor varón se comprometió a entregar unadeterminada cantidad de dinero por concepto depensión alimenticia en el mes de enero de 2009,que en ese entonces era la cantidad de cinco milpesos quincenales –lo que correspondía al 50 porciento de su salario y demás prestaciones–, peroen la empresa donde desarrolla su actividad empezóa haber paros técnicos, y ahora el porcentajeque se comprometió a entregar –50 por ciento desu salario– equivale a dos mil pesos quincenales,si bien le va, porque a otros los despiden, lo quesin lugar a dudas provoca inestabilidad en la familia,porque a él no le alcanza y mucho menos a laex esposa, quien tiene bajo su guarda y custodiaa los hijos, lo que trae como consecuencia que sereabran los procedimientos que ya estaban concluidoscon ejecuciones de sentencia, o incidentesde reducción, o aumento de pensión alimenticia,debido a la situación económica que estamos viviendoa nivel mundial.En el juzgado de mi adscripción buscamos almáximo que no se ocasionen daños a las familias,por ello en ocasiones basta con que las partes ocurranal juzgado a hacer manifestaciones de algunainconformidad, o bien, en otros procedimientos,contestada que sea la demanda de ejecuciónde sentencia o convenio, se cita a las partes paradarles alternativas con el fin de que lleguen a unarreglo conciliatorio con el cual la familia se vea lomenos perjudicada. Afortunadamente se ha logradomucho al respecto, evitando mayores gastos alos progenitores, pero sobre todo, evitando que elestado emocional de los integrantes de la familiase deteriore más, porque ahora sí, las circunstanciasque se están presentando se salen de su control.Es importante referir que son muchas horas detrabajo del personal de un juzgado familiar las quese invierten, y que en la mayoría de las veces nose reflejan en la estadística mensual, aunque sí enla satisfacción del deber cumplido del funcionariopúblico.35


secretaría general de gobiernoP aradigmas y realidades de la oralidad:Mitosrelatos idealizados1. No va a funcionar la oralidad en Nuevo León.Por qué otros estados de la república no la han implementado.2. La inversión económica en la preparación delpersonal es muy costosa.3. Decisiones precipitadas.La escritura nos garantiza la certeza jurídica.4. Es imposible para el juez estar presente entodas las audiencias.5. Un proceso rápido no equivale a justicia.6. El juez carece de tiempo para dictar sentencias,por lo cual éstas no van estar debidamentefundadas y motivadas.7. Las partes de un procedimiento se van a sentirincómodas al momento de saber que se estágrabando la audiencia.8. Los testigos no van a querer declarar, porquese les va a grabar.Desventajasmenoscabos, inconvenientes1. El exceso de trabajo que se tiene en los tribunales.2. La “cultura” de la impuntualidad.3. El juez debe desahogar todas las diligencias,si no son nulas.4. El tiempo de que dispone el juez para el desahogode cada diligencia.5. Cambiar la infraestructura del sistema de justiciaes muy costoso.6. Las autoridades judiciales con muchos añosde experiencia no quieren modificar su forma detrabajo.7. La poca formación de los profesionales delderecho (autoridades y litigantes).Realidades1. El juicio oral es mucho más rápido que el escrito(artículo 17 constitucional).2. El sistema oral es mucho más formal que elescrito, es ante la presencia del juez, bajo pena denulidad.Realidad: El juicio orales mucho más rápidoque el escrito (artículo 17constitucional).3. La transparencia en las audiencias.4. Obliga a los jueces y abogados a esmerarseen su preparación jurídica.5. Se pueden llegar a arreglos por las partes,aunque no sean materia del juicio principal (verbigracia,en una oral de alimentos también se pactaconvivencia, o viceversa).6. El éxito del sistema oral familiar es que la mayoríade los procedimientos se resuelven antes deldictado de la resolución, a través de convenio.7. Menos desgaste emocional para las partes.8. El juez que está conociendo de un divorcionecesario puede suspenderlo para conocer un divorciopor mutuo consentimiento.9. Algunos de los procedimientos orales en losque no existe contienda, como el de adopciones,se han resuelto el mismo día en que se cita a laspartes a la audiencia (adopciones, cambio de régimenmatrimonial).10. El procedimiento oral se puede acortar respectoa la segunda etapa; es decir, la audiencia dejuicio, toda vez que si no hubiera diligencia especialpara su desahogo, o incluso habiéndola, sepuede desahogar en la misma audiencia.11. Al ser el procedimiento oral de orden público,se continúa acudan o no los interesados.12. Las partes pueden llegar a acuerdos probatorios,y dejar que el juez decida únicamente en loque no se pusieran de acuerdo.


citasTengo la plenacerteza de que elestado de Nuevo Leónva a seguir abriendocamino en cuanto areformas judiciales serefiere.Han sido muchas las ventajas que se han obtenidocon la oralidad, que a partir del 1º de julio delaño en curso, como ya quedó referido, entraron envigor otras reformas en materia familiar. Asimismo,se incrementó el número de juzgados familiaresorales, hasta llegar en la actualidad a quince.Concluyo diciendo que en Nuevo León se hansuperado los grandes paradigmas que se tenían dela oralidad. Ahora estamos convencidos, y sobretodos preparados para enfrentar los retos, tantode los procedimientos con los que inició este nuevoesquema, como de los demás procedimientosorales que en la actualidad conocemos los juecesfamiliares. Considero, así, que con excepción de losjuicios concernientes a nulidad de testamento, lassucesiones en las que no todos los herederos estuviesende acuerdo, y las peticiones de herencia(dada la complejidad de estos procedimientos),todos los demás contemplados en el artículo 35 dela Ley Orgánica del Poder Judicial son susceptiblesde llevarse a cabo a través del sistema de la oralidad,siempre y cuando se dé la creación de nuevosjuzgados familiares orales o la conversión de losjuzgados familiares (tradicionales), y se siga otorgandocapacitación oportuna a los funcionariosdel Poder Judicial. Traigo a colación lo referido porel licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, 3anterior presiente del Tribunal Superior de Justicia,cuando inauguró los últimos cuatro juzgados familiaresorales: “El Poder Judicial se ha esforzado poratender las demandas de los justiciables dando espaciosdignos, amplios y acordes al nuevo estilo dejusticia oral. Con estas acciones se demuestra queestamos avanzando, no vamos a dar un paso atrás,vamos a seguir adelante”.1Mancillas Rodríguez, Jorge Luis,“Concluye periodo al frente del TribunalSuperior de Justicia”, judicatus, revistajurídica del Poder Judicial del Estado deNuevo León, Monterrey, Nuevo León, año 9,No. 18, enero 2008, p. 52.2García Herrera, Catarino, “La reformapenal y los juicios orales”, judicatus, revistajurídica del Poder Judicial del Estado deNuevo León, Monterrey, Nuevo León, año 7,No. 13, julio 2005, p. 68.3Guerrero Gutiérrez, Gustavo Adolfo,“Informe de Labores 2008-2009”, PoderJudicial del Estado de Nuevo León,Monterrey, Nuevo León, Agosto 2009, p.16.37


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónDificultadesprácticas para laimplementacióndel sistema dejusticia oral39Er n e s t o Ca n a l e s Sa n t o sLicenciado en Derecho, egresado Suma Cum Laude de laEscuela Libre de Derecho (México), con estudios de postgradoen Columbia University, Stanford University, Universidadde Texas e Instituto Tecnológico y de Estudios Superioresde Monterrey. Abogado de empresas, postulante y árbitroen litigios internacionales; socio fundador del DespachoCanales y Socios Abogados, S.C.; miembro de los Consejosde Administración de Xignux, Axa Seguros, Internacional deInversiones, Ixe Grupo Financiero, Banco Nacional de México(Región Norte), Corporación EG, GP Investments y CompañíaMinera Autlán. Actualmente es Cónsul Honorario del Reinode Tailandia en Monterrey y miembro de los Consejos deInstitución Renace, A.B.P., Fundación Luis Barragán, Facultadde Derecho de la Universidad Autónoma de Nuevo León,Fundación Juan Soriano, Consejo de Desarrollo Social delEstado de Nuevo León, Consejo Consultivo Jurídico del Canal40 y del Instituto Mexicano para la Justicia, A.C. Ha escrito endiversos periódicos, publicaciones profesionales y revistas deprestigio.


secretaría general de gobiernoComociudadanos,nos hemosacostumbradoa vivir con estesistema, a tenerloal lado, a padecerloo servirnos de élsegún nuestrascapacidades.Sin embargo, lainseguridad queha generado unsistema corruptoahora nos rebasaa todos. Estacorrupción abarcaa la policía: el paísno cuenta conpolicías confiables,elementosfundamentales de laseguridad pública.Quien escribees abogado generalista, y conoce la operación yfuncionamiento del sistema penal, a través de suparticipación, por más de quince años, como presidentedel patronato de una organización de lasociedad civil, Renace A.B.P., dedicada a ayudar deforma gratuita a reos carentes de medios económicospara atender su defensa, víctimas de una injusticia,en procesos penales de competencia localy federal.Renace ha patrocinado a un grupo de penalistascon el propósito de identificar, en Nuevo León,casos de injusticias y asumir las correspondientesdefensas legales. Con este fin, se han analizadomás de veinte mil asuntos penales y se ha actuado,en representación de la defensa, en alrededor demil juicios penales.La conclusión que el patronato de Renace hasacado de estas labores, la podemos resumir señalandoque el sistema inquisitivo de procuración eimpartición de justicia que ha venido operando enel país contiene reglas que han contribuido a queexista una falta generalizada de credibilidad en lajusticia penal en México.Con el apoyo del CIDE se documentó que:I) Solo el 15 por ciento de los delitos son denunciados.El 85 por ciento de los crímenes que secometen en el país no pasan por el radar de lasautoridades, quedan impunes.II) En el 85 por ciento de los casos, el juez no llegaa conocer a las víctimas, acusados, testigos o peritos.III) Las policías no investigan. El 95 por ciento delos juicios penales son resultado de detencionesen flagrancia. Se trata de crímenes menores o burdos.IV) Según el tipo de delito, los gobiernos de losestados o el federal controlan los juicios penales através de los respectivos ministerios públicos: másdel 90 por ciento de los juicios penales en Méxicoreciben sentencias condenatorias.V) El 90 por ciento de las sentencias condenatoriasson con base en la confesión del acusado.VI) Más del 50 por ciento de los presos aún no hansido encontrados culpables.VII) Igual, más de la mitad de los presos lo están porrobos menores a cinco mil pesos.viii) El 70 por ciento de las órdenes de aprehensiónno han sido ejecutadas.ix) Más de la mitad de los procesados no tuvieronuna representación adecuada.x) El 80 por ciento de los mexicanos dice no confiaren el sistema de justicia.xi) Se estima que sólo el 2 por ciento de los quecometieron un delito cumplieron su sentencia.Como ciudadanos, nos hemos acostumbrado a vivircon este sistema, a tenerlo al lado, a padecerloo servirnos de él según nuestras capacidades. Sinembargo, la inseguridad que ha generado un sistemacorrupto ahora nos rebasa a todos. Esta corrupciónabarca a la policía: el país no cuenta conpolicías confiables, elementos fundamentales de laseguridad pública.El tema merece ser tratado de una manera completa,a riesgo no sólo de no contribuir a una solución,sino de que se agrave la inseguridad pública.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónEn este análisis encontramos que:1. La policía, fraccionada en federal, estatal ymunicipal, con una prácticamente nula coordinación,ha estado al servicio de ministerios públicosque cuentan con facultades discrecionales muyamplias, ejercidas en lo oscuro y con una mínimaintervención judicial, lo cual provoca la corrupción.2. Las actividades de averiguación e investigaciónde los delitos, propias de las policías, se hanrealizado en un marco donde la profesionalizaciónha chocado con la prevalencia de los intereses delos ministerios públicos en turno, o de sus respectivosjefes en los gobiernos federal y/o estatales.3. La actuación policiaca ha carecido de reglasque aseguren el cumplimiento de su importantedoble función: garantizar la seguridad pública y sometera la justicia a quienes delinquen. El enormepoder policiaco del Estado se encuentra fuera decontrol legal y, por ende, del judicial o ciudadano.4. En cuanto a los procesos o juicios penales, elsistema que vigente hasta ahora no ha sido conducentepara encontrar la verdad. Al contrario, eldesequilibrio de facultades en favor del MinisterioPúblico –y en contra de víctimas, acusados y de losmismos jueces–, el formalismo de crear expedientes–que no facilita un hilo conductor del proceso–,el que no todas las pruebas se contrasten enpúblico, la ausencia del juez en el desahogo de laspruebas y lo poco transparente del proceso, hancreado una absoluta falta de confianza ciudadanaen la justicia penal del país.5. El sistema de prisión preventiva –por la formacomo hasta ahora ha sido regulado– ha tenido elefecto de que el principio de presunción de inocenciano tenga vigencia en la mayoría de los casosen México. Igual falla encontramos en cuanto ala rehabilitación de los reos.¿Por qué se presenta esta situación?La principal causa la constituye, en opinión deexpertos académicos, que las reglas actualesconceden amplias facultades discrecionales a lasautoridades penales, en especial a los ministeriospúblicos.Actualmente estas facultades discrecionalesestán estructuradas de manera que pueden serejercitadas por la autoridad correspondiente, prácticamentesin contrapeso de ningún tipo, lo quepermite que la arbitrariedad y la corrupción permeenel sistema.Señalo cinco reglas que contribuyen a estadiscrecionalidad sin límites:1. El Ministerio Público está dotado, para efectosprácticos, de facultades absolutas para determinarel curso de las investigaciones y averiguacionesprevias. Los derechos de las víctimas y acusados yla supervisión judicial son nulas.2. El principio del monopolio del ejercicio de laacción penal es también fuente mayor de discrecionalidad.3. El valor probatorio que las reglas conceden alas pruebas constituidas por el Ministerio Públicootorga a éste una ventaja sobre la defensa. Y, aménque limita la facultad de apreciación judicial, atentacontra el concepto de “juicio” de equilibrio entrelas partes y la libre apreciación judicial.4. Que el Ministerio Público no tenga que demostrarla validez de sus pruebas en público, lequita contrapeso a su actuación.5. La falta de orden y el secretismo de los procedimientosescritos conllevan a que las actuacionesdel Ministerio Público puedan conducirse arbitrariamente.¿Pero, es posible un sistema penal sin unaamplia dosis de discrecionalidad?Por supuesto que las facultades discrecionalesforman parte de la esencia de todo “juicio”, lo quese ejemplifica con la decisión última de dictar unasentencia en un sentido o en otro. El “criterio” dela autoridad, del juzgador, desde luego que tieneque jugar un papel fundamental, tanto en el desarrollode las etapas previas del proceso como en lasdel juicio propiamente dicho.Lo criticable no es que las leyes penales contenganfacultades discrecionales a favor de los actoresdel proceso, si no que, al establecerse, estas facultadesdiscrecionales no hayan sido enfrentadascon otras reglas que sirvan de “contrapartida” paraque mantengan el ejercicio discrecional dentro demárgenes razonables e impidan que se caiga en laarbitrariedad.Es fundamental que las facultades discrecionalesno sean impunemente aplicadas de maneraarbitraria. Permitirlo es abrir las puertas a la corrupción,una corrupción que pervierte el sistema dejusticia al generar desconfianza pública y provocaimpunidad al inhibir la denuncia de parte de lasvíctimas.41


secretaría general de gobierno¿Cuál puede ser esta contrapartida que enfrentea las facultades discrecionales?Como ejemplo, puedo citar el caso de aquellas facultadesdiscrecionales otorgadas al Ministerio Públicoen las etapas previas del proceso. Es razonableque tengan su contrabalance en el aumento delos derechos de las víctimas y acusados quienes,con nuevos derechos, contarán con elementospara defenderse en los casos en que, por cualquierrazón, los ministerios públicos utilicen la discrecionalidadarbitrariamente.Igualmente, introducir o aumentar la participaciónjudicial en estas etapas, para supervisar elejercicio de las facultades discrecionales de los ministeriospúblicos, constituye una barrera al mal usode facultades discrecionales por parte de ellos.Sin embargo, el límite contundente de la arbitrariedades la presentación en audiencia pública,ante el juez, de las pruebas de cada una de laspartes en el juicio penal. El dique definitivo a la arbitrariedades que ministerios públicos, víctimas yacusados tengan que sostener sus respectivas evidenciasen una contrastación de pruebas realizadaen público, que es la esencia de los juicios orales.¿Por qué el juicio oralpuede salvar al sistema penal?Los ministerios públicos, al igual que lasotras partes del proceso penal, al estarsujetos a que la validez de sus aseveracionessea demostrada en audiencia pública, seobligan a buscar evidencias de calidad talque se puedan sostener por sí solas. Es decir,pruebas que puedan soportar, en escrutiniopúblico, ser contrapuestas con las pruebasde las otras partes en presencia del juez.Así, la sociedad, al poder conocer lasrazones de las decisiones judiciales, estaráen posición de entender el porqué de lassentencias de los jueces y comprobar queéstas no son arbitrarias.¿Qué efectos tiene el juicio oral en las etapasprevias del proceso?Al requerir al Ministerio Público pruebas de calidad,el juicio oral lo obliga a exigir –de las investigacionesy averiguaciones de delitos– un rigor técnicoque apruebe el juicio ciudadano. Este nuevo estándaraleja malas prácticas en la integración delos casos penales, y se constituye en un filtro contraabusos en las etapas previas al proceso.¿Cuál es la esencia del nuevo sistema penalcontemplado en la reforma constitucional?Su esencia radica en la acusación. Una acusacióndonde es precisamente el Ministerio Público, comorepresentante del Estado, quien tiene como deberdemostrar y sostener, con pruebas suficientes, laculpabilidad de una persona en la comisión deun delito ante un juez de juicio. Y no al contrario,como actualmente sucede, donde el ciudadano esquien debe probar su inocencia.Al respecto, la doctora Magaloni, investigadoradel CIDE, opina lo siguiente: ¿Cuál debe de ser elcalibre de la evidencia que tiene que aportar el MinisterioPúblico para que el juez penal decida queun acusado es culpable del delito que se le imputa?El término “sistema acusatorio” hace énfasis en“acusación”, que implica poder sostenerla, contarcon pruebas suficientes para ello.El nuevo sistema –que se conoce como acusatorio–-está centrado en que los juicios penalesse decidirán en audiencias públicas, presididas porjueces, donde se presenten todas las pruebas enuna misma o continuada sesión.Esta reforma puede ser analizada desde múltiplespuntos de vista pero, ¿qué significa para el ciudadanocomún? Algunas de las más importantesconsecuencias derivadas de ella son las siguientes:1. Mejores derechos para las víctimas y acusados.La víctima y el acusado van a poder aportarpruebas en sus respectivos procedimientos. Se corrigeasí la preponderancia actual de los ministeriospúblicos en la integración de las investigaciones.2. Equilibra las facultades de los ministerios públicoscon los derechos de víctimas y acusados. Laspruebas recabadas por las policías y los ministeriospúblicos no tendrán un valor probatorio mayorque las que aporten las otras partes del proceso.Así, se coloca en igualdad procesal el poder públicoy los ciudadanos.3. Control judicial en las etapas previas al juicio.Existirá un control judicial en la etapa de las investigacionesprevias de los delitos, a través de la creaciónde jueces de control, que serán distintos delos que presidan los juicios penales propiamentedichos. La intención es evitar que se pre-juzguesobre el fondo, como actualmente acontece al dictarsela orden de aprehensión.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León4. Prisión preventiva restringida. La prisión preventivaya no se dará en automático. Estará reservadapara los casos de peligrosidad o de riesgosde fuga.5. Averiguación profesional de los delitos. Lapublicidad de la audiencia de presentación depruebas incentivará la investigación profesional delos delitos, ya que la valoración de las pruebas estaráexpuesta al escrutinio público.6. Presencia obligatoria del juez. Se exige la presenciadel juez en el desahogo de todas las pruebas,con lo que se asegura que haya unidad tantoen la investigación como en los momentos en quese recaben las pruebas. Esto significa un orden enel proceso que las reglas de hoy no propician.7. Procesos más eficientes. Facilitará las salidasalternas al proceso y los procesos abreviados en loscasos de admisión de culpabilidad y la consecuentereparación del daño. Esto reducirá significativamentela duración de los procedimientos penalesy permitirá la concentración de la atención de lostribunales judiciales en los casos de crímenes enque existan pruebas contradictorias.Todos los puntos anteriores buscan poner diquesa la rampante corrupción actual, propiciando así latransparencia de la actuación de las autoridades,la igualdad de las partes en el proceso y un mayorcontrol e independencia judicial.Es muy significativo que la génesis de estoscambios proviniera de la sociedad civil: institucionesacadémicas, de profesionales y organizacionesde ciudadanos expusieron a la atención pública elfracaso del sistema vigente y propusieron solucionesavaladas por académicos mexicanos, y experimentadasen otros países con similar tradiciónjurídica.Estas instituciones desplegaron una actividadde convencimiento masivo, y de cabildeo específicoante grupos de poder y de opinión, legisladores,partidos políticos y autoridades responsables,enfatizando que es insostenible que México tolereun sistema con tal grado de desconfianza públicacomo el actual.Se puede afirmar válidamente que se trata de laprimera reforma a nuestra Carta Magna que no espromovida desde el poder, lo que en la situación ycircunstancias políticas actuales seguramente contribuyóa que fuera apoyada por una mayoría muyamplia de legisladores, incluyendo los de los trespartidos políticos principales.¿Qué implicaciones tiene el sistemaacusatorio para la función del MinisterioPúblico?Definitivamente es un cambio fundamental respectoa la manera en que los Ministerios Públicosejercerán sus funciones. Sus actuaciones tendránque ser más racionales y razonables por la transparenciaque implica el juicio oral. Implica un nuevotipo de relación de los ministerios públicos con losjueces penales, tanto en las etapas previas al procesocomo durante el juicio propiamente dicho.Otra implicación importante para las actuacionesde los ministerios públicos del nuevo sistemaconsiste en que contempla, para algunos casos,que se puedan dar salidas alternativas al proceso,de manera que el procedimiento penal termine sinnecesidad de completar todas sus etapas. En asuntosen que, en delitos no graves, se dé el reconocimientode culpabilidad y el acuerdo de reparacióndel daño, por ejemplo, no será necesario seguircon los trámites del juicio, sino que lo anterior serásuficiente para dar por concluido el caso penal.A esta modalidad se le conoce como “salidasalternas al proceso penal”, y se trata de un métodocuya finalidad es que lleguen al juicio oral sólolos casos que lo ameriten por presentar posicionescontrapuestas entre las partes.Bien y ¿cuándo será implementado el sistemaacusatorio?La reforma constitucional previó un periodo deocho años para la implementación de los nuevosprincipios de justicia penal. Al efecto, se ha creadouna Comisión Coordinadora de Implementaciónde la Reforma, con participación académico y ciudadana,y de los tres poderes federales.Sin embargo, estados como Nuevo León y Chihuahuaya han adoptado leyes que se ajustan alsistema acusatorio:El primero adoptó una implementación doblementegradual. Por una parte, únicamente comprendióuna porción de los delitos y, por otra, sóloaplicó los principios del nuevo sistema a la partefinal del proceso penal, dejando bajo el viejo sistemala investigación de los delitos. Esta convivenciade los dos sistemas en el tratamiento de un mismodelito ha tenido malos resultados, como lo demuestraun estudio de Renace sobre el tema, puesha producido el efecto de ampliar aún más las facultadesdiscrecionales de los Ministerios Públicos,pero sin un control autónomo que regule sus actuacionesy actos de molestia en perjuicio del ciudadano,en contrasentido de lo que se buscaba.43


secretaría general de gobiernoResultados de la reforma en Nuevo LeónPositivosI. Al ser el primero que implementó losjuicios orales en México, Nuevo León seposicionó a nivel nacional e internacionalcomo un estado vanguardista en elmejoramiento del sistema de justicia penal.II. Tanto a nivel Procuraduría, como a nivel judicial,se descongestionó el sistema al resolverse elrezago y la mayoría de los asuntos del día mediantela utilización de las salidas alternas al procedimiento.iii. Se ha empezado a transformar la cultura jurídica:de una cultura burocrática, lenta y opaca, haciauna cultura de rapidez y mayor transparencia.iv. La reforma no representó un gasto económicoimportante para el estado, ya que no se contratónuevo personal (jueces, ministerios públicos ydefensores). La capacitación fue facilitada al estadopor Proderecho y otros organismos, y los nuevostribunales se acondicionaron en instalaciones queya tenía el Poder Judicial.v. Se acortaron significativamente los procesospara los delitos menores y medios.vi. Existe mayor número de casos de liberacionescondicionadas, bajo supervisión judicial.vii. Se aplica el sistema oral en otras ramas comoen la justicia para adolescentes, violencia familiar yhasta civiles y mercantiles, como arrendamientos yprocedimientos administrativos.NegativosI. Mantiene un sistema de justicia mixto, en elque las viejas reglas contaminan las nuevas.II. Subsiste la oscuridad, discrecionalidad y desequilibrioprocesal en la etapa de la averiguaciónprevia, que es clave en el proceso penal.iii. Las salidas alternas incrementan los poderesde los ministerios públicos, al no requerir participaciónjudicial.Chihuahua, en cambio, implementó el nuevosistema en su integridad. No obstante, la ola deviolencia en ese estado oscurece los resultadospositivos. Pareciera que la reforma no tiene efectosfavorables en cuanto al tema de seguridad pública,pero hay que tomar en cuenta que la violenciase ha desatado principalmente en el ámbito decompetencia del gobierno federal –narcotráficoy crimen organizado– donde no se ha aplicado lareforma.También hay que notar que la violencia en elpaís se ha agravado en estados donde no se haconcretado ningún tipo de reforma penal, comoMichoacán y muchos otros.Chihuahua: reforma integrali. Chihuahua emprendió una reforma tanto paratodos los delitos como para todas las etapas delproceso penal.ii. Tardó dos años en capacitación de policías,ministerios públicos, jueces, defensores públicos ypersonal adscrito.iii. Instaló laboratorios para la investigacióncientífica de los delitos.iv. La violencia del crimen organizado y delnarcotráfico oscurecen los buenos resultadosde la reforma. Sin embargo, ha habido avancessignificativos en cuanto a la forma en que seimparte la justicia en el estado.De todas maneras, es un gran avance contar conexperiencias de campo. Hay que aprovecharlasapoyando los aciertos y evitando los errores. Paralograr la gran reforma a nivel nacional, habrá queconstruir modelos de éxito que sirvan de tipo. Porejemplo, el tratamiento de los delitos por homicidioen el Distrito Federal bien pudiera constituirseen un campo para la aplicación de los nuevos principios,toda vez que no hay duda que el DistritoFederal es una de las entidades con mejor capacidadtécnica para que estos delitos sean juzgadosen público, con base en una averiguación e investigaciónprofesional. La confianza pública que secrearía contribuiría en mucho a atender el clamorsocial sobre seguridad y justicia, con su correspondienteganancia política.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónMéxico tiene enfrente la tarea deimplementar la recientereforma constitucional sobre seguridad y justiciapenal. Es vital entender la manera en que losconceptos constitucionales pueden incidir en esta granpreocupación ciudadana sobre justicia y seguridadpública, y aprovecharla para que su implementaciónatienda las demandas de la sociedad civil. Lasautoridades pueden convertir esta tarea en una granoportunidad política.¿Cuál es el reto de la situación actual?Se hallaen la discusión pública el fracaso del sistemaactual de impartición de justicia en el país,caracterizado por una grave falta de confianza porparte de la ciudadanía, y demostrado por el bajísimoíndice de denuncias por parte de víctimas dedelitos.Por otro lado, han sido aprobados a nivel constitucionalnuevos principios para la procuracióne impartición de justicia penal, que requieren serimplementados en leyes y reglamentos. Existe laoportunidad de crear un amplio espacio de discusión,académica y pública, sobre el contenido deestos nuevos cuerpos legales.México tiene enfrente la tarea de implementarla reciente reforma constitucional sobre seguridady justicia penal. Es vital entender la manera en quelos conceptos constitucionales pueden incidir enesta gran preocupación ciudadana sobre justiciay seguridad pública, y aprovecharla para que suimplementación atienda las demandas de la sociedadcivil. Las autoridades pueden convertir estatarea en una gran oportunidad política.Nuevo León, por su parte, tendrá que evaluarlos avances y los errores generados con su reformahasta el día de hoy, a fin de dar cumplimiento almarco legislativo establecido en la reforma constitucional.Por lo cual será necesario que:i. Implemente un proceso penal acusatorio quese rija por los principios de publicidad, contradicción,concentración, continuidad e inmediación,en todas las etapas del proceso.ii. Posterior a ello, extender todos los delitos a lacompetencia del nuevo proceso acusatorio.iii. Implementar al juez de control en la etapapreliminar al juicio.iv. Extender la aplicación de las salidas alternasa más delitos.v. Adoptar los nuevos criterios para decretar laprisión preventiva y demás medidas cautelares.No sin antes evaluar los recursos económicos, materialesy humanos que se requerirán para implementarla reforma penal, así como proyectar, bajoun esquema calendarizado, los tiempos en que habránde generarse las reformas a todas las etapasdel proceso que aún están sin reformar, y las diversasleyes y reglamentos correlativos a la materia.El reto es llegar a establecer un sistema penalque merezca la confianza ciudadana. Por definición,un régimen democrático sólo se sostiene enla confianza de la mayoría de sus ciudadanos. Laimpartición de justicia en un país democrático, enconsecuencia, no puede sustraerse del requisitocubrir ampliamente esta confianza.45


La justicia oralen lo contencioso administrativoRo s a Ma r í a Dí a z Ló p e zLicenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México; con estudios de posgrado en el Sistema Cooperativo en laUniversidad de Laborough, en Nottingham, Inglaterra. Es doctorante en Derecho y Finanzas Públicas por la Universidad Autónoma deMéxico y tiene el título de maestría en Finanzas Públicas por la misma universidad. Se ha desempeñado como académica en diferentesuniversidades y funcionaria pública en instituciones como INFONAVIT, la Secretaría de la Reforma Agraria, la Secretaría de Gobernación, laProcuraduría General de la República, Comisión Nacional de Arbitraje Médico; ex magistrada del Tribunal Fiscal de la Federación y ex juezaOctava de lo Familiar; actualmente es sub comisionada jurídica de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en el estado de Nuevo León.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónLa implementación de la oralidaden la Ley de Justicia Administrativa para el Estadode Nuevo León, conjuntamente con la Ley de MétodosAlternos de Solución de Conflictos y el Juicioen Línea, implican para nuestro estado un saltocuántico en la impartición de justicia, lo que creaun ambiente de seguridad en los sujetos del procedimiento,llámense particulares o autoridades, yuna mayor convicción por parte de los juzgadoresde la importancia que reviste su función al encontrarsemás cerca de los problemas cotidianos delos justiciables.I) Una función primordial del Estado Mexicanoes la de asegurar a sus gobernados sus garantíasindividuales, destacando en este análisis el de laimpartición de la justicia.¿Cómo se ha respondido a ello en los ámbitoscivil, familiar, penal y administrativo contemporáneo?El objetivo de este artículo es el de escribircómo, en el estado de Nuevo León, esta premisase está cumpliendo en el ámbito de la justicia administrativa.II) En 1987, el Poder Judicial de la Federación inicióuna reforma judicial integral, pero aunque éstahabía comenzado desde hacía décadas en México,es hasta los años noventa cuando se consolida demanera formal. Uno de los productos judicialesque resultaron de esta reforma fue que en variasentidades del país nacieran instancias de lo que seconoce como justicia alternativa, lo que incluye aljuicio oral como culminación de un proceso alterno.El primer juicio oral se llevó a cabo en México el23 de febrero de 2005, en el estado de Nuevo León,donde las reformas judiciales se iniciaron en juniode 2004.Fernando Flores Gómez, fundador de la Maestríaen Derecho de la Universidad de Guadalajara,considera el juicio oral desde un punto de vistapragmático, “para abatir los grades rezagos”, peropide que no se abandone el juicio escrito, “porquees una tradición histórica que tiene muchas fallas,pero también tiene muchas bondades”. Es imperativoque se instale el juicio oral, según Flores Gómez,pero siempre y cuando sea optativo. 1Hasta hace un par de años nuestro derechoera predominantemente escrito, debido a que teníauna marcada influencia del derecho romanogermano,por lo que todas sus fases, desde la interposiciónde la demanda hasta la emisión de lasentencia definitiva, pasando por las diversas instancias,se implementaban por escrito, lo que hacíay hace a la impartición de justicia lenta, morosao burocrática. Esta excesiva lentitud predispone aljusticiable a la desconfianza, respecto al impartidorde justicia, como a sus determinaciones y, porende, respecto de las instituciones.Por las razones expuestas, se convirtió en unanecesidad reclamar –de los gobernantes de los distintosestados, de sus legisladores y de la sociedadmisma– una reforma trascendental en sus códigosprocesales, para ponerlos a tono con las modernasdoctrinas difundidas en Europa y América Latina.Así se tiene, por ejemplo, que con las Jornadas Iberoamericanade Derecho Procesal se originó la implementaciónde la oralidad en muchos países latinoamericanos,tanto en los procesos civiles comoen el Código Procesal Único para América Latina,donde la implantación de la oralidad en esta clasede procesos ha sido la panacea para superar la crisisen la composición de la litis, con el propósito deobtener “pronta y cumplida justicia”.En las diversas entidades de nuestro país, conel fin de dar solución y agilizar los trámites procesales,se han llevado a cabo múltiples acciones,desde la creación de más tribunales hasta la implementaciónde nuevos métodos de impartición dejusticia, entre los que se encuentran los medios alternosde solución de conflictos, como son la transacción,la mediación, la conciliación, el arbitraje yla amigable composición, hasta la oralidad comoun nuevo sistema de impartición de justicia.En este orden de ideas, es necesario destacarlas ventajas que ofrece la oralidad sobre el sistematradicional como medio de comunicación en elproceso judicial. Al respecto, célebres tratadistassostienen acerca de tal procedimiento que: “Esaquel que surge de un derecho positivo en el cuallos actos procesales se realizan de viva voz, normalmenteen audiencia, y reduciendo las piezasescritas a lo estrictamente indispensable”. 247


secretaría general de gobiernoImparcialidad del juez: La imparcialidad se entiende comoun presupuesto de la justicia, y ésta debe garantizar tanto lasubjetiva como la objetiva. Subjetiva quiere decir ausencia deinterés en el asunto; y, objetiva, que el juez conoce de los hechospor primera vez en el juicio.Los principios fundamentalesde los juicios orales son lossiguientes:1. Imparcialidad del juez2. Oralidad3. Inmediación4. Contradicción5. Publicidad6. Continuidad7. ConcentraciónOtro reconocido procesalista, Giuseppe Chiovenda,expone refiriéndose a la oralidad: “El nombremismo de oralidad, adoptado por la necesidadde expresar con una forma simple y representativaun complejo de ideas y características, puedeconducir a error si no se analizan los principiosdistintos, si bien estrechamente relacionados entresí, contenidos en esta fórmula y que dan al procesooral su aspecto especifico”. También mencionaque, “en los juicios orales el órgano jurisdiccionalha de conocer de las actividades del proceso, nocon base en escritos muertos, sino con base enla impresión recibida directamente”. Por ello, losprincipios que él resalta en este sistema son el deidentidad física del juez durante el proceso, la concentracióny la inapelabilidad de las resolucionesinterlocutorias. 3El tratadista García Herrera expresa que “sedebe entender al juicio oral como la herramientafundamental para materializar principios y valoresprocesales, tales como los de publicidad, concentracióncontradicción, inmediación, igualdad, lealtad,buena fe y dignidad humana”. 4Los principios fundamentales de los juiciosorales son los siguientes:a) Imparcialidad del juez.- La imparcialidad seentiende como un presupuesto de la justicia, yésta debe garantizar tanto la subjetiva como laobjetiva. Subjetiva quiere decir ausencia de interésen el asunto; y, objetiva, que el juez conoce de loshechos por primera vez en el juicio. Es importanteseñalar que existen dos jueces: el primero es el quese encarga de la etapa de preparación, y el segundoes el que se encarga de dictar sentencia en eljuicio oral. Este proceso evita que el segundo juezse forme un criterio previo en el asunto.b) Oralidad.- Prevalece la oralidad en la mayorparte del proceso. No obstante ello, puede haberconstancias escritas: se ven los argumentos delas partes y las objeciones; en el desahogo de laspruebas, los testigos declaran de viva voz, en persona,los peritos explican sus dictámenes de vivavoz, en persona; los documentos son leídos en vozalta, las fotos, el video y los objetos son descritos,explicados y narrados por los testigos. Por lo quese refiere a las resoluciones de los incidentes, sondictadas y fundamentadas verbalmente en el actopor el juez, y se hace la lectura correspondiente dela sentencia. Queda registro (grabación) de lo dichopor las partes y el juez, y las resoluciones queconstituyan actos de molestia (sentencia) debenconstar por escrito. En resumen, la oralidad tienecomo ventaja que constituye un presupuesto parala vigencia de los principios de publicidad, inmediacióny contradicción, lo que trae como resultadola expeditez del juicio.c) Inmediación.- Significa que el juez tiene queestar presente en todas las actuaciones y etapasdel proceso. Por lo tanto, no puede existir el desahogode alguna prueba sin la presencia del juezy de las partes. Es decir, los alegatos y el desahogode pruebas se llevan a cabo ante el juez, quiendictará sentencia. Principio de identidad física deljuez. En su sentencia, el juez sólo puede tomar encuenta la prueba rendida en juicio en su presencia,salvo las excepciones previstas por la ley. Ventajas:permite una mejor valoración de la prueba.d) Contradicción.- Tiene que existir una réplicay contrarréplica a lo expuesto por las partes. Es elderecho a contestar cualquier argumento de laspartes. Derecho a ofrecer pruebas para restar credibilidada las ofrecidas por la contraparte, o paraacreditar versión alternativa. Derecho a contraexaminara testigos y peritos de la contraparte. Derechoa objetar actuaciones y preguntas. Ventajas:produce mayor información y de mejor calidad.Garantiza justicia y dificulta actos de corrupción.e) Publicidad.- Significa que toda la audienciade juicio puede ser presenciada por el público engeneral, y que pueden estar presentes incluso losmedios de comunicación. Las puertas de las salasde audiencia están abiertas. Las audiencias sonpúblicas, con las excepciones que marca la ley, yactualmente se pueden observar en internet enla pagina del Poder Judicial de los estados que yahan adoptado este sistema.f) Continuidad.- Todo juicio debe seguir un procedimiento,el cual debe ser continuo y sin dilaciónalguna. De ahí que las diversas etapas en la audienciade juicio puedan desahogarse en un mismo díasin suspensión.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo Leóng) Concentración.- El proceso se debe llevar acabo en el menor número de audiencias posibles.Es decir, se realizan actos procesales de distinta naturalezay se llevan a cabo en una sola audiencia.Podemos decir que los dos últimos principios seencuentran estrechamente relacionados. Ventajas:expeditez, favorece la publicidad y permite al juezresolver casi de inmediato, con imagen fresca deljuicio.De la enunciación y exposición del contenidode los principios fundamentales de los juicios orales,podemos observar que este sistema tiene unalto grado de efectividad. Los estados que lo hanadoptado se han percatado de que es una formade hacer justicia de manera pronta e imparcial. 5Las funciones del juez en un juiciooral son las siguientes:1. Ordena y autoriza las lecturas pertinentes.2. Hace advertencias a las partes.3. Toma las protestas legales.4. Modera la discusión.5. Impide intervenciones impertinentes.6. No coarta la libertad de defensa. 6En el estado de Nuevo León el proyecto de reformaen materia de oralidad fue coordinada por el licenciadoCatarino García Herrera, en ese entoncesConsejero de la Judicatura local, profesional delderecho que ha estado muy inmerso en la reformajudicial haciendo realidad las ideas innovadorasde nuestro gobernador José Natividad GonzálezParás en cuanto a la oralidad en la impartición dejusticia.Nuevo León es uno de los estados precursoresde los juicios orales. Así, entre las reformas al CódigoPenal y de Procedimientos Penales de NuevoLeón, en junio de 2004 el Congreso de la entidadaprobó por mayoría los juicios orales, que entraronen vigor el pasado 10 de diciembre de 2004.De esta forma, Nuevo León se convirtió en laprimera entidad del país en establecer los juiciosorales en procesos de impartición de justicia delfuero común. Este nuevo procedimiento judicial,que operaba por primera vez en el país, pretendíaagilizar la impartición de justicia y abatir el rezagode más de cien mil averiguaciones previas que teníapendientes de resolver la Procuraduría Generalde Justicia del Estado.Sin embargo, no obstante que Nuevo León fueel primer estado en implementar este sistema, enmateria penal tiene aprobada y en vigor una reformaparcial, pues no incluyó todo el catálogo dedelitos, sólo los delitos culposos no graves, y por 38delitos dolosos, más los de querella y de oficio, queincluyen fraude y abuso de confianza de cuantíamínima: artículo 553 del Código de ProcedimientosPenales de Nuevo León.En materia familiar, también Nuevo León sepone a la vanguardia del país en materia de juiciosorales, al llevar a cabo el primer juicio oral en materiade adopciones, donde alrededor de 140 parejasse encuentran en lista de espera, y hay dieciochojuicios por presentar para que les den fecha, aefecto de concluir la adopción plena.En materia civil y familiar, los juicios orales seimplementaron a partir del 1 o de febrero del año2007.Considero que, en cualquier área en que se apliquenlos juicios orales, las ventajas son muchas. Asílo percibe la sociedad, por ejemplo, en la publicidadde los juicios, pues se tramita como un procesomucho más claro, abierto y transparente.49


secretaría general de gobiernoLa misión del Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo del estado se centra en resolverlas controversias que se le plantean, originadas entre laadministración estatal o municipal y los particulares, asícomo en tramitar y resolver todos los demás asuntos desu competencia con estricto apego a los principios dejusticia pronta, completa e imparcialIII) El tema de la oralidad en la impartición dejusticia administrativa no tiene muchos seguidores,pues se estima que no es la fórmula más adecuadapara el desarrollo de los procesos administrativos,dada la naturaleza de los temas debatidos, y por elhecho de que, en materia de pruebas, predominanlas documentales. La trascendencia del aspectoeconómico, la existencia de una amplia normatividadlegal y reglamentaria, da lugar a considerarlocomo algo insólito. Sin embargo, estimo que noresulta tan descabellado como pudiera suponerse,al haber menos apasionamiento que en materiascomo la penal, la familiar o la civil. Y si en ellas hatenido buen resultado dicho sistema, con mayorrazón deberá tenerla en estas materias, en las queapenas se está incursionando.En el área contenciosa administrativa, la evoluciónno sólo se da en cuanto a su organización ya los procedimientos que se siguen para resolverlas controversias que por materia le corresponden.Durante los últimos años este sistema ha evolucionadodinámicamente, no sólo a nivel federal, sinoen las diversas entidades federativas.Por lo que hace al estado de Nuevo León, es através de los decretos 213 y 214, publicados en elPeriódico Oficial del Estado el 5 de julio de 1991, quese promulga la Ley Orgánica del Tribunal ContenciosoAdministrativo del Estado de Nuevo León, ysu Código Procesal, lo que da origen a este órganojurisdiccional encargado de la administración dejusticia en el ámbito administrativo, que en su actividadenarbola los principios de legalidad, honradez,imparcialidad y eficiencia, buscando conello hacer efectivo el mandato constitucional deproporcionar a los gobernados una justicia pronta,completa e imparcial que asegure una tutela efectivade los derechos de los ciudadanos frente a lasautoridades. En el año de 1997, a través del decreto383, se abrogan esas leyes, para dar lugar a la Ley deJusticia Administrativa del Estado de Nuevo León,publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 defebrero del mismo año, con una nueva estructuradel Tribunal de lo Contencioso Administrativo, yuna normatividad más acorde con las necesidadesrequeridas para la impartición de justicia en el ámbitoadministrativo.La misión del Tribunal de lo Contencioso Administrativodel estado se centra en resolver lascontroversias que se le plantean, originadas entrela administración estatal o municipal y los particulares,así como en tramitar y resolver todos losdemás asuntos de su competencia con estrictoapego a los principios de justicia pronta, completae imparcial; también en hacer eficiente la administraciónde sus recursos financieros, materialesy humanos, vigilando y ejecutando las accionescorrespondientes para el buen funcionamiento deeste órgano jurisdiccional.El Tribunal de lo Contencioso Administrativodel estado de Nuevo León es un órgano públicocuyas atribuciones, todas referidas a la administraciónde justicia en la rama administrativa, son lassiguientes:1. Conocer y resolver, a través del juicio contenciosoadministrativo, las controversias que sesusciten entre los particulares y el Estado, o conorganismos públicos descentralizados, tanto en elorden estatal como municipal, cuando estos últimosactúen en su carácter de autoridad.2. Conocer y resolver los recursos de revisiónque las partes, en el juicio contencioso administrativo,interpongan en contra de los autos y otrasresoluciones dictadas en el procedimiento.3. Resolver los recursos de queja que las partesen el juicio contencioso administrativo interpongancontra la negativa, defecto o exceso en laejecución de los fallos y otras determinaciones deltribunal, por parte de las autoridades demandadasen juicio.4. Conocer del cumplimiento y ejecución de lassentencias definitivas dictadas en el juicio contenciosoadministrativo.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León5. A través de la Dirección de Orientación y ConsultaCiudadana, proporcionar a los ciudadanosinformación sobre los medios de defensa administrativos,y fungir como enlace entre los ciudadanosy la autoridad administrativa que corresponda,procurando la solución del conflicto administrativoplanteado.Finalmente, como una culminación a las ideas innovadorasde nuestro gobernador, José NatividadGonzález Parás, y a efecto de fortalecer la imparticiónde justicia administrativa en el estado de NuevoLeón, en periodo extraordinario de sesiones sereformó la Ley de Justicia Administrativa para elestado de Nuevo León, a través del Decreto 362,de enero de 2009, a efecto de ampliar la oralidad aeste tipo de juicios, la implementación del TribunalVirtual Administrativo y la de los métodos alternospara la solución de conflictos.En el título tercero de la Ley de Justicia Administrativaes donde se regula el procedimientooral, y las materias respecto de las cuales versará.Sin embargo, con la finalidad de que exista unacongruencia entre éste y la ley en su conjunto, sehicieron modificaciones a la misma, principalmenteal título segundo, que regula el juicio ordinario,y que resulta aplicable al título tercero en algunosaspectos, como los términos para la interposiciónde la demanda y la contestación, así como en eldesahogo de las pruebas.Por otra parte, se prevé que, en caso de que seimpugnen dos actos o más, y respecto de algunode ellos no proceda el juicio oral, se le dará el trámitede un juicio ordinario, conforme al referidotítulo segundo.Como ya lo señale en párrafos precedentes,esta innovación en el procedimiento administrativo,al igual que los métodos alternos de soluciónde conflictos, y ahora el juicio en línea, resultade gran trascendencia tanto para los justiciablescomo para el óptimo funcionamiento del estadode Nuevo León. Y si bien es cierto que su implementaciónimplica una serie de medidas presupuestariasy de capacitación, también lo es que losbeneficios mediatos e inmediatos permitirán la imparticiónde justicia pronta en el contencioso administrativo,y de esa forma se solventará con mayorrapidez la impartición de justicia, evitando conrezagos como los que a la fecha afectan al TribunalFederal de Justicia Fiscal y Administrativa, donde laampliación de la competencia y la falta de recursoshumanos han impactado enormemente la imparticiónde justicia a nivel federal.Adentrándonos a la materia, y al analizar el títulotercero, observamos que se conservan los términosque regulan la interposición de la demanday la contestación, sin que se haga referencia a unaposible ampliación en cuanto a la demanda y a lacontestación a la ampliación de la demanda. Tampocohay una regulación en cuanto a la formulaciónde los alegatos, al cierre de la instrucción, y a laemisión de la sentencia, por lo que es de pensarseque tales fases son inmediatas a la conclusión de laaudiencia de juicio, o bien, dentro y como parte dela misma, siguiendo los principios de inmediatez yconcentración del juicio oral.Con el sistema oral, el magistrado conoce únicamentede las controversias a que se refiere el artículo1 o de la Ley de Justicia Administrativa parael Estado de Nuevo León, que versan sobre sancionesno corporales (multas) por infracción a leyesy reglamentos, estatales y municipales, en materiade ecología y protección al medio ambiente; deservicios públicos de limpia, recolección y trasladode residuos sólidos; protección civil; prevención,combate, abuso, consumo y comercialización debebidas alcohólicas; espectáculos; anuncios; comercio,vialidad y tránsito. Pero se conservan lasformalidades a que se debe ajustar el escrito dedemanda y la contestación.Es evidente que la pretensión de implementartales juicios es reducir los tiempos en su instruccióny, con ello, en la impartición de justicia; y quelos justiciables tengan la oportunidad de gozar deuna justicia transparente, pública, pronta y eficaz.En la implementación de estas reformas se dejade lado, en beneficio de los justiciables, una seriede formalidades inherentes al procedimiento escrito,y se reducen los términos. Así, tenemos que, enel artículo 104 de la mencionada ley, las notificacionesde las resoluciones de carácter jurisdiccionalse tendrán por hechas a quienes estén presentes,o debería estarlo, sin necesidad de alguna de lasformalidades o términos previstos para el juicio ordinario,contenidos en los artículos del 35 al 41 deltítulo segundo de la Ley de Justicia Administrativapara el Estado de Nuevo León.En esta modalidad, las audiencias serán públicasy se llevarán a cabo con o sin la presencia delas partes, sancionando en términos de la propialey a la parte que no acuda a la audiencia. Estas audienciasse desarrollan en dos fases, una preliminar(artículos del 128 al 138) y una de juicio (artículosdel 139 al 142).En la audiencia preliminar se propone la solucióndel conflicto a través de la aplicación de cualquierade los métodos alternos disponibles. Unavez que se haya realizado el alegato de apertura,se procede al análisis y resolución de las causalesde improcedencia y sobreseimiento propuestas,así como las que se adviertan de oficio; se planteany resuelven las cuestiones incidentales; se establecenlos acuerdos probatorios, que son las pruebasque las partes pactan que sean introducidas al juiciooral para acreditar hechos que no podrán ser“El progresoconsiste en elcambio.”Miguel de Unamunoescritor y filósofo español51


secretaría general de gobiernoEs evidenteque lapretensión deimplementartales juicioses reducir lostiempos en suinstrucción y,con ello, en laimpartición dejusticia; y quelos justiciablestengan laoportunidadde gozar deuna justiciatransparente,pública, pronta yeficaz.objeto del debate; y se califican las pruebas ofrecidaspor las partes en relación al fondo de la controversiaplanteada. En su caso, se ordena la preparaciónde las pruebas para su desahogo. Finalmentese fija la fecha y hora para la audiencia de juicio.La audiencia de juicio tiene como objetoproponer a las partes la solución del conflictoa través de los métodos alternos disponibles;conocer y resolver las cuestiones incidentales queen dicha audiencia se propongan; el desahogo delas pruebas que así lo requieran y se encuentrendebidamente ofrecidas y admitidas; escuchar losalegatos que verbalmente formulen las partes deljuicio; y, por último, fijar los puntos resolutivos dela sentencia.De igual forma, y a diferencia del juicio ordinarioen que el juzgador tiene un término para laemisión de su determinación después del cierrede la instrucción, en el juicio oral, y concretamenteen la audiencia de juicio, el magistrado deberáresolver en ese momento toda controversia que sesuscite en su desarrollo, observando los principiosa que se sujeta la impartición de justicia oral, con lafacultad de determinar el inicio y la conclusión decada una de las etapas de las audiencias conformea las reglas establecidas en la propia ley, teniendopor precluídos los derechos procesales que debieronejercitarse en una etapa anterior, cuando no sehubiera hecho en tiempo.Respecto a la representación de las partes, se siguenlas mismas formalidades que para los juiciosescritos, con la modalidad de que los representantesdeberán contar con facultades para suscribir,en su caso, el convenio correspondiente que resultede la aplicación de los medios alternos para lasolución de conflictos.Como una característica de estos juicios, se observael principio de continuidad en la celebraciónde la audiencia, la cual se regula en los artículos117 y 118 de la Ley de Justicia Administrativa parael Estado de Nuevo León, cuya finalidad tambiénpersigue acortar los tiempos para la conclusión finalde la controversia.Lo anterior trae como consecuencia que sóloen casos extraordinarios pueda suspenderse elprocedimiento, y siempre será el magistrado quiendecidirá si procede la suspensión, razonando paraello los motivos que la originan y anunciando el díay la hora en que se continuará con su celebración.Esto último tiene los efectos de una notificaciónpara todos los participantes.El ofrecimiento de las pruebas se ajusta al sistematradicional; esto es, a las disposiciones del títulosegundo.Por lo que respecta a su desahogo, en el casode la confesional la única diferencia que se observaconsiste en que las posiciones que acompañaronal escrito de demanda, o a la contestación, seformulan oralmente, y en ese mismo momento elmagistrado las calificará de legales.En la testimonial no es necesario presentar pliegode posiciones, y en su desahogo prevalece laoralidad. A diferencia de la tramitación en el juicioordinario, no se prevén medidas de apremio parahacer comparecer al testigo, y se precisa que, encaso de que no sea posible hacerlo comparecer, sedeclarará desierta la probanza.En los juicios orales se conservan como pruebasla inspección, la instrumental de actuaciones y lapericial, sujetándose al procedimiento previsto enel juicio ordinario, sin modificaciones relevantes,salvo por lo que hace a la forma en que se integrala instrumental, queen términos de los numerales119 y 120 de la ley objeto de análisis, la audienciase registrará por videograbación, audiograbacióno cualquier medio que a juicio del magistrado resulteidóneo para ello, con la finalidad de dar fepública, garantizando la fidelidad e integridad dela información, la conservación y reproducción desu contenido, y el acceso de aquellos que tenganderecho a la misma conforme a la ley.Al inicio de cada audiencia, el secretario haráconstar oralmente, en el registro a que se hace referenciaen el artículo 119 ya mencionado, la fecha,hora y lugar de su realización, el nombre del magistrado,de los demás servidores públicos de la sala yde las personas que intervendrán en el juicio.Las partes que intervengan en el desarrollo delas audiencias deberán rendir previamente protestade que se han conducido y se conducirán converdad durante el procedimiento. Para tal efecto, elsecretario dará lectura íntegra de las disposicionesdel Código Penal que tipifican y sancionan el delitode falsedad en declaraciones y en informes dados


a una autoridad, apercibiéndolos de las penas quese imponen a quienes declaran con falsedad. Igualmenteles hará saber que, en caso de conducirsecon falsedad, el magistrado procederá de oficio adar vista al Ministerio Público, a fin de que inicie laaveriguación correspondiente. La protesta así rendidasurtirá efecto en todas las intervenciones querealice quien protestó durante las actuaciones delprocedimiento.En cuanto a la tramitación de los incidentesque interpongan las partes, a diferencia del procedimientoordinario –en el cual, generalmentese llevan por cuerda separada–, en el juicio oral,aun cuando sean de previo y especial pronunciamiento–como en su caso el de competencia y deacumulación de autos–, en ningún momento sesuspenderá el procedimiento principal, por lo quesu sustanciación se llevará en todos los casos, enla misma pieza de autos, observando con ello elprincipio de continuidad de la audiencia, en estrictaobservación de lo dispuesto en el artículo 163de la Ley de Justicia Administrativa para el Estadode Nuevo León.En otro orden de ideas, es importante destacarque, en el caso de que se impugnen varias resolucionesy alguna de ellas se deba tramitar en términosdel título segundo, o bien, se haga el planteamientode la acumulación de autos, las actuacionesse remitirán del juicio oral a uno tradicional entanto el procedimiento se continuará en términosde las disposiciones de este último, es decir del títulosegundo que regula el juicio ordinario.En el análisis a la Ley de Justicia Administrativapara el Estado de Nuevo León, se observa que lostérminos mínimos a que se sujetan algunas de lasfases en la instrucción del procedimiento es de tresdías hábiles, y el máximo de veinte, con excepciónde la interposición de la demanda y su contestación,cuyos términos son de treinta días tambiénhábiles y se sujetan a lo dispuesto en el multicitadotítulo segundo, relativo al procedimiento ordinario.7Estimo que los tiempos consignados para lainterposición de la demanda y de la contestacióncasi se equiparan a los del juicio de nulidad, y delContencioso Administrativo del Distrito Federal,por lo que se propone que, de ser posible, se limitena veinte días, para de esta forma coadyuvar a lareducción del tiempo en la impartición de justicia,que es una de las finalidades del juicio oral.Es importante hacer notar que la Ley de JusticiaAdministrativa para el Estado de Nuevo León, enla implementación de los juicios orales no prevéla forma en que se han de tramitar los recursos olas formalidades para la interposición del juicio deamparo, como se hace en otro tipo de juicios.Por otra parte, aunado a las características dela oralidad, se suma la posibilidad de acudir a losmedios alternos de solución de conflictos, lo queen su caso implica un tiempo menor para obtenerel fallo decisivo y orienta hacia la cultura de la pazen el estado.En este orden de ideas, considero que la aceptaciónde la oralidad en los procesos no sólo civilesy penales, sino también los de índole administrativa,forma parte de la modernización del estadopara superar los graves problemas que hoy en díase presentan en la impartición de justicia, comoson la carga de trabajo, el número de tribunalesdedicados a la tramitación de los juicios escritosy la falta de elementos para implementarlos ensus diversas fases. De ahí la importancia y trascendenciade que, en nuestro estado, el gobernador,allegándose de notables juristas, entre los que seencuentran don Catarino García Herrera y don JoséLuis Gálvez Pérez, entre otros, se haya preocupadoy ocupado de llevar a cabo tales reformas, adoptandola oralidad en las diversas áreas de la imparticiónde justicia como son la penal, civil, familiary administrativa. De esta forma el usuario de losmedios de defensa y de solución de conflictos obtendráuna pronta y cumplida justicia y una mayorconfianza en quien se encarga de impartirla. Asimismo,al contar con un sistema de impartición dejusticia oral sobre uno escrito, automáticamentecambia el rol del juez, quien se involucra más conla controversia entre las partes, y tiene una mayorvisión de los acontecimientos puestos a su consideración,procurando entonces una efectiva y ágilsolución a los planteamientos jurídicos y sociales. 8En fin, la oralidad es una política pública moderna,implementada en Nuevo León, que lo distinguecomo una entidad federativa democrática.citas1. Díaz Betancourt José, LaGaceta, “Juicios orales en puerta”,p. 454, www.gaceta.udg.mx/Hemeroteca/paginas/454/454-102. Couture, Eduardo J.,Fundamentos de derecho procesalcivil, Buenos Aires, Argentina,Depalma, 1977, p. 1993. Chiovenda, Giuseppe, Curso dederecho procesal civil, ColecciónClásicos del Derecho, México,1995, p. 4294. García Herrera, Catarino, Técnicasdel juicio oral en el sistema penalde Nuevo León, Editorial USAID,Monterrey Nuevo León, 2005, p.35. Platas Sandoval, Eduardo, Losjuicios orales en México, ServiciosJurídicos Integrados, S.C.P., http://www.sji.com.mx/index26. Vescovi, Enrique, Teoría generaldel proceso, Universidad NacionalAutónoma de México, Primeraedición, 1978, p. 597. Gobierno de Nuevo LeónEstado de Progreso, Tribunal delo Contencioso Administrativo delEstado, http://www.nl.gob.mx/8. Compilación Legislativa del Estadode Nuevo León, Secretaría Generalde Gobierno, Coordinación deAsuntos Jurídicos y Normatividad,http://www.nl.gob.mx/53


Reflexiones en torno al recursocontra sentencias de juicio oral penalCa r l o s Em i l i oAr e n a s Bat i zEs licenciado en Derecho por la UNAM, maestro en Estudios Internacionales por la Universidad de Leeds en Inglaterra, ymaestro en Derecho Público por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es profesor de Derecho de licenciatura y deposgrado en la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Escuela de Graduados (EGAP) del TEC y la Facultad Libre deDerecho de Monterrey. Ha sido director general de Estudios de Legislación Universitaria en la UNAM, director generalde Derechos Humanos en la Procuraduría General de la República, director general de los Talleres Gráficos de la Nación,magistrado regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y actualmente es magistrado del TribunalSuperior de Justicia del Estado de Nuevo León.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónIntroducciónEn este artículo, más que describir la normatividadvigente aplicable al recurso contra sentenciasde juicio oral penal, lo que haré será presentar miopinión en torno a varios temas en debate sobreeste recurso, particularmente considerando quetodavía no se consolida, ni en Nuevo León ni en elpaís, la normatividad aplicable a los recursos en losjuicios orales penales.En Nuevo León las reformas de 2004, que introdujeronel sistema de juicios orales en materiapenal, así como las sucesivas reformas que hanampliado gradualmente el catálogo de delitos materiade estos juicios orales, 1 no incluyeron ningunamodificación al “Título Séptimo. Recursos” delCódigo de Procedimientos Penales del estado. Porlo tanto, las normas actualmente aplicables a losrecursos en el proceso penal oral son exactamentelas mismas que regían para el proceso penal tradicional.Esto, aunado a que en el panorama nacional–transcurrido un año de la reforma constitucionalde junio de 2008, que concede a los estados y a lafederación ocho años para implementar un sistemade juicios orales– son pocos los estados que yacuentan con un nuevo código de procedimientospenales que regule integralmente los nuevos procesospenales acusatorios, incluyendo la materiarecursal. 2 Así, la normatividad de los recursos en eljuicio oral penal sigue siendo un tema pendienteen su mayor parte, y por esto estimo más oportunoabordar en este artículo los temas que deberánatenderse en el próximo desarrollo del sistemarecursal penal, que hacer exégesis de lo avanzadohasta ahora.Los países de Latinoamérica que ya implementaronel proceso penal acusatorio, por regla generalregulan varios recursos, cada uno diseñado ad hocpara la impugnación de cierto tipo de resolucionesjudiciales, lo cual –dicho sea de paso– se estimaconveniente porque permite en mayor medida diseñarlos recursos en correspondencia con su objeto.Pues bien, debo precisar que en este artículome concentraré en temas relativos al recurso ordinariocontra sentencias pronunciadas por el juezde juicio oral, de tal manera que los comentariosque aquí haré no necesariamente son extensivos atodos los demás recursos. 3He elegidoconcentrarme en elrecurso ordinario contrasentencia definitivade juicio oral, porqueaquí se encuentran lostemas más debatidosdel régimen recursaldel proceso penalacusatorio.He elegido concentrarme en el recurso ordinariocontra sentencia definitiva de juicio oral, porqueaquí se encuentran los temas más debatidos delrégimen recursal del proceso penal acusatorio,principalmente los que surgen de las siguientesinterrogantes:* ¿Son importantes los recursos en el nuevo procesopenal acusatorio?* ¿La valoración de la prueba y la fijación de los hechosdeben, o no, ser revisados por un tribunal dealzada que no estuvo presente en la audiencia dejuicio, y que por lo tanto no estuvo en contactoinmediato con las pruebas, ni presenció el contradictorioentre las partes?* En su caso,¿ cómo el tribunal de segunda instanciadebe llevar a cabo el control judicial de lavaloración de la prueba realizada por el juez deprimera instancia?* En la segunda instancia del nuevo proceso penalacusatorio, ¿debe o no haber suplencia de la quejaa favor del inculpado?55


secretaría general de gobierno¿Son importantes los recursos en el proceso oral penal?La reforma constitucional de junio de 2008 nadadice sobre los recursos judiciales al alcance del inculpadoen el nuevo sistema de justicia penal acusatorioy adversarial, y tampoco en la exposiciónde motivos de esta importante reforma se hace referenciaa la materia recursal en los procesos penalesorales. 4 Incluso este tema ha sido poco tratadopor la doctrina jurídica.No obstante lo anterior, es indiscutible que losrecursos en el nuevo proceso penal oral conservansu gran importancia procesal, a tal punto que unsistema de recursos mal legislado o mal aplicadopuede hacer fracasar todo el proyecto de la oralidadpenal.La importancia procesal de los recursos derivadel hecho de que, para las partes litigantes, la sentenciadefinitiva y firme que puedan llegar a obteneral final de todas las instancias de un procesopenal será siempre la principal referencia que determinesu conducta procesal. Esto es, aun cuandoestadísticamente es más probable que un litigiopenal termine con un arreglo entre las partes quecon una sentencia –más adelante comentaremosesta realidad estadística–, esto no evita, sin embargo,que el fiscal y el abogado defensor, al momentode planear su estrategia procesal, primero tratende visualizar la sentencia final que pueden llegar aobtener y los costos de ésta, y después, en funciónde ello, definan su disponibilidad para negociaruna salida alternativa al juicio.Dicho con otras palabras: cualquier litiganteprefiere ganar, no la primera, sino la última instanciade un proceso judicial, y son los principios delas instancias ulteriores los que terminan prevaleciendosobre los anteriores. De tal manera que si,en un proceso judicial, la primera instancia se rigepor los principios de oralidad, inmediación y publicidad,pero la segunda instancia, o el juicio constitucionalde amparo, atienden a otros principiosincompatibles, entonces serán éstos los que en larealidad acaben imponiéndose sobre aquéllos. Poreso insisto: los recursos en el proceso penal oralson a tal punto importantes, que un mal diseñolegislativo de éstos o malas prácticas judiciales enla interpretación y aplicación de los mismos puedehacer fracasar todo el proyecto de la oralidadpenal.Incluso la importancia de los recursos no disminuyepor el hecho de que su incidencia tiendea disminuir al adoptarse un sistema de juicios orales.Esta disminución en el número de los recursosocurre principalmente porque los juicios orales“forzosamente” se adoptan junto con un régimenprocesal de salidas alternativas (vgr., suspensióncondicional de la investigación o el proceso, oacuerdos reparatorios entre las partes, incentivadospor un esquema institucional de conciliacióno mediación) que permite concluir el litigio penalanticipadamente, sin llegar a juicio o antes de dictarsentencia. 5 Lo cual tiene por efecto que disminuyaEs indiscutibleque los recursosen el nuevoproceso penaloral conservan sugran importanciaprocesal, a talpunto que unsistema de recursosmal legislado o malaplicado puedehacer fracasar todoel proyecto de laoralidad penal.Principales recursos penales en Latinoaméricavs resolucionesintraprocesales dictadassin sustanciaciónvs resoluciones dejuez de controlo equivalentevs sentenciasde juez de juiciovs sentenciasejecutoriasReconocimiento de inocenciaMéxico (Nuevo León)RevocaciónApelaciónApelaciónArgentina (Cd. Buenos Aires)ReposiciónApelaciónCasaciónRevisiónChileReposiciónApelaciónNulidadNulidadColombiaReposiciónApelaciónCasaciónRevisiónCosta RicaPanamáPerúRevocatoriaReconsideraciónReposiciónApelaciónApelaciónApelaciónCasaciónApelaciónCasaciónCasaciónRevisiónRevisiónRevisión


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónEn diversos países existe una tendencia que las sentenciasde juicio oral se impugnen porcentualmente menos que lassentencias de juicio escritural, pues aquéllas suelen ser máscontundentes para las partes, en la medida en que son resultadode un juicio en donde los litigantes se confrontan.el número de procesos penales, tanto en primeracomo en segunda instancia.Para ilustrar lo anterior, cabe decir que en NuevoLeón, la Procuraduría General de Justicia del estadoreportó que, desde noviembre de 2004 –cuandoentró en vigor la reforma que introdujo los juiciosorales penales en el estado– y hasta julio de 2007,de las 184 mil 448 averiguaciones previas iniciadaspor el Ministerio Público, 131 mil 586, equivalentesal 71 por ciento, fueron resueltas por salidas alternas,mientras que sólo 12 mil 240, equivalentes al 9por ciento, fueron consignadas ante los juzgadospenales y de preparación penal. 6 Además, de los 12mil 240 casos consignados, más del 50 por cientose resolvieron en sede judicial, a través de salidasalternas, sin que fuera necesario llegar hasta el dictadode la sentencia definitiva. 7Además, debe anotarse que es tendencia endiversos países que las sentencias de juicio oral seimpugnen porcentualmente menos que las sentenciasde juicio escritural, pues aquéllas suelen sermás contundentes para las partes, en la medida enque son resultado de un juicio en donde los litigantesconfrontan entre sí, y ante el público y eljuez, la fortaleza o debilidad de sus argumentos ypruebas. La sentencia del juez resuelve el debateque estuvo a la vista de todos en un proceso judicialtransparente.En Nuevo León, durante el primer semestre de2009, los diversos juzgados que resuelven juiciospenales tradicionales dictaron 833 sentencias definitivas,contra las cuales se interpuso recurso deapelación en 461 casos, equivalentes al 55 por ciento.8 Mientras que en el mismo periodo, los tres juzgadosespecializados en juicio oral penal dictaron57 sentencias definitivas, de las cuales se apelaron34, equivalentes al 59 por ciento. En este estado, elporcentaje de sentencias de juicio oral penal queson apeladas sigue siendo alto, lo cual, en mi opinión,se debe a que la segunda instancia y el juiciode amparo aún no se han sintonizado completamentecon los principios del juicio oral.Tendencias en grandes númerosAl adoptar un sistema de juicios orales penales consalidas alternativas, aplicable a todos los delitos,pueden esperarse –siguiendo las tendencias observadasen diversos países y hablando en grandesnúmeros– las siguientes cifras:Que del total de averiguaciones iniciadas por laProcuraduría, ésta consigne sólo el 10 por ciento,y que de estos procesos sólo el 50 por cientorequiera sentencia para resolverse, y que de estassentencias sólo el 30 por ciento sean apeladas. Porlo tanto, por cada 100 averiguaciones iniciadas,sólo alrededor de 1.5 casos llegarían a segundainstancia.57


secretaría general de gobiernoLa valoración de la prueba,¿debe o no ser recurrible?Las alternativas en debateson básicamente dos: elrecurso ordinario contrasentencia de juicio oralpenal debería ser deprocedencia limitada oestricta; o bien el recursoordinario contra sentenciasdebería ser integral.Todas las sentencias definitivas de primera instanciaincluyen aspectos justiciables, esto es, susceptiblesde ser revisados por una autoridad judicialsuperior. Pero esto no significa que todos los diversosaspectos de una sentencia deban ser justiciables,y mucho menos que lo sean a través de unúnico recurso, o bajo la competencia de un mismotribunal.Y, precisamente, uno de los puntos de mayordebate en torno al recurso ordinario contra sentenciasde juicio oral penal está relacionado con laspreguntas: ¿por qué causas o motivos, debería poderser recurrida la sentencia?, o, en otras palabras,el tribunal de alzada competente para resolver elrecurso ordinario, ¿qué aspectos de la sentenciadebería poder revisar, y cuáles no?Las alternativas en debate son básicamentedos: los que opinan que el recurso ordinario contrasentencia de juicio oral penal debería ser de procedencialimitada o estricta, esto es, procedente sólopor las siguientes causas:* Por la inobservancia o la errónea aplicación delderecho sustantivo en la sentencia (en el juicio dederecho en la sentencia);* Por la inobservancia o la errónea aplicación delderecho adjetivo en la sentencia, (irregularidadesformales en la sentencia), o* Por la inobservancia o la errónea aplicación delderecho adjetivo en el proceso (irregularidades enel proceso sancionadas con nulidad).Y quienes opinan que el recurso ordinario contrasentencias debería ser integral; esto es, procedentepor todas las causas anteriores, y adicionalmentepor la siguiente:* Por indebida valoración de la prueba y/o fijaciónde los hechos (en el juicio de hecho en la sentencia).En Costa Rica, Argentina y Chile tradicionalmentehabían limitado la posibilidad de recurrir una sentenciadefinitiva por errores en el juicio de hecho;esto es, por indebida valoración de la prueba y fija-ción de los hechos. Y, para justificar esta restricciónen el alcance del recurso, la razón que se invocacon mayor frecuencia es en el sentido de que elprincipio de inmediación que rige en el juicio deprimera instancia es incompatible con la posibilidadde la valoración de la prueba y la fijación de loshechos, sean revisados por un tribunal de alzadaque no estuvo presente en la audiencia de juicio.“La inmediación intenta que el tribunal recibauna impresión lo más directa posible de los hechosy las personas, y rige en dos planos distintos. Elprimero de ellos se refiere a las relaciones entrequienes participan en el proceso y el tribunal,y hace necesario que estén presentes y obrenjuntos. El segundo plano es el de la recepción dela prueba e implica que, para que el tribunal seforme un cuadro evidente del hecho y para quesea posible la defensa, la prueba se produzca anteel tribunal que dictará la sentencia y durante eldebate, en presencia de todas las partes, lo queobliga a la identidad física del juzgador con losjueces que presenciaron el debate.” 9Así, atendiendo al principio de inmediación,parecería lógico suponer que ningún tribunal dealzada puede revisar, y mucho menos sustituir, específicamenteen lo relativo a valorar la prueba yfijar los hechos, al juez de primera instancia, quees el único que estuvo físicamente presente en eldesahogo de pruebas y el debate entre las partes,y que por esta razón es el único autorizado parajuzgar los hechos.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León“Cuando hayas de sentenciar, procura olvidara los litigantes y acordarte sólo de la causa.“Epicteto de Frigiafilósofo grecolatinoTodapersonainculpadade delito tienederecho a quese presumasu inocenciamientras nose establezcalegalmente suculpabilidadPero el principio de inmediación y de identidadfísica del juzgador no puede interpretarse aisladamente,sino en armonía con el derecho humanoa un proceso penal con doble instancia. Derechoéste, consignado en el artículo 8.2.h) de la ConvenciónInteramericana sobre Derechos Humanos, 10cuyo texto es el siguiente:“Artículo 8.…2. Toda persona inculpada de delito tiene derechoa que se presuma su inocencia mientras nose establezca legalmente su culpabilidad. Duranteel proceso, toda persona tiene derecho, en plenaigualdad, a las siguientes garantías mínimas:…h) Derecho de recurrir del fallo ante el juez otribunal superior.”El principio de inmediación, interpretado demanera estricta, motivó que los antes referidospaíses –Costa Rica, Argentina y Chile– diseñaran surecurso contra sentencias con un alcance restringido,pero diversos precedentes de los tribunales internacionalesde derechos humanos y de las cortesnacionales supremas han establecido que el principiode inmediación no debe ser obstáculo paracumplir el derecho del inculpado a un procesopenal con dos instancias. Y en estos precedentescategóricamente se ha afirmado que la valoraciónde la prueba y la fijación de los hechos realizadospor el juez de primera instancia sí deben ser revisablesen segunda instancia, pues en caso contrarioel recurso ordinario carecería de alcance integral,y vulneraría el antes citado derecho humano delinculpado.En Costa Rica, por ejemplo, resultó decisivo elcaso Herrera Ulloa vs Costa Rica, resuelto en el 2004por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.En este caso, la referida corte estableció un importantísimoprecedente para la región, pues resolvióque un recurso de casación, procedente sólo parael examen del derecho aplicado en la sentencia,pero no de los hechos fijados en ésta, resulta transgresordel derecho a la doble instancia.De la referida sentencia dictada en el caso HerreraUlloa vs Costa Rica, resultan particularmenteinteresantes los puntos que a continuación setranscriben, y en los cuales se expresan los argumentosde las presuntas víctimas del Estado deCosta Rica, así como el razonamiento central de lacitada comisión:Los representantes de los periodistas MauricioHerrera Ulloa y Fernán Vargas, víctimas en estecaso, esencialmente manifestaron lo siguiente:“…el recurso de casación no es un recurso pleno,sino que es un recurso extraordinario. No autorizala revisión completa del caso en los hechosy en el derecho, sino que se resuelve en diversosy complicados formalismos, lo cual es contrario alartículo 8.2.h de la Convención. El recurso de casaciónno permite la reapertura del caso a pruebas, niuna nueva valoración de las ya producidas, ni ningúnotro medio de derecha que no esté comprendidoen la enumeración del artículo 369 del CódigoProcesal Penal de Costa Rica.” 11Costa Rica, por su parte, manifestó que ya habíareducido la excesiva formalidad del recurso de casación,dejando a salvo sólo las limitaciones necesariaspara hacer compatible el recurso con la oralidad.Parte central de su argumento es la siguiente:“…es cierto que el recurso de casación mantienelimitaciones –como lo sería la intangibilidad delos hechos probados– y que no resulta una revisiónplena, pero la Convención no lo exige. Además, estaslimitaciones son las estrictamente necesariaspara mantener un sistema procesal penal basadoen la oralidad. Es más beneficioso para el imputado(en general para la administración de justicia penal)que un sistema tenga previsto un recurso conciertas limitaciones, a cambio de un proceso penalmarcadamente oral.” 12Finalmente, los razonamientos en los que la ComisiónInteramericana fundó su fallo fueron en elsentido de que:“…el derecho de recurrir del fallo, consagradopor la Convención, no se satisface con la mera existenciade un órgano de grado superior al que juzgóy condenó al inculpado, ante el que éste tenga opueda tener acceso. Para que haya una verdaderarevisión de la sentencia, en el sentido requeridopor la Convención, es preciso que el tribunal superiorreúna las características jurisdiccionales quelo legitiman para conocer del caso concreto. Convienesubrayar que el proceso penal es uno solo através de sus diversas etapas, incluyendo la trami-59


secretaría general de gobiernotación de los recursos ordinarios que se interpongancontra la sentencia… Independientemente dela denominación que se le dé al recurso existentepara recurrir un fallo, lo importante es que dichorecurso garantice una examen integral de la decisiónrecurrida.” 13En Argentina, por otra parte, el alcance restringidode la casación ha venido siendo flexibilizadopor los fallos de la Corte Suprema de Justicia de laNación, la cual, por ejemplo en el caso Casal, afirmólo siguiente:“A partir de una interpretación integradora delart. 8.2.h de la Convención Americana de los DerechosHumanos, y del art. 456 del Código ProcesalPenal de la Nación, debe concluirse que en nuestroderecho resulta aplicable la teoría del agotamientode la capacidad de revisión o de la capacidad derendimiento, lo cual produce como consecuenciael abandono de la limitación del recurso de casacióna las llamadas cuestiones de derecho.Una cuestión de hecho puede convertirse enuna de derecho y viceversa, lo cual obedece a queno sólo una falsa valoración de los hechos lleva auna incorrecta aplicación del derecho, sino que lamisma valoración errónea de los hechos dependede que no se hayan aplicado o se hayan aplicadoincorrectamente las reglas jurídicas que se imponena los jueces para formular esa valoración.” 14En conclusión, al principio de inmediación nodebe dársele una interpretación ortodoxa que impidaal inculpado el acceso a un tribunal de alzadacompetente para revisar integralmente la sentenciade primera instancia. Es decir, incluyendo tambiéncomo materia del recurso todo lo relativo a lavaloración de la prueba y la fijación de los hechos,que principalmente impacta en los rubros de declaraciónde existencia del delito y de culpabilidaddel procesado.El artículo 20, fracción II, de laConstitución Federal, reformado enjunio de 2008, ahora establece que,en el proceso penal acusatorio, lavaloración de la prueba “deberá realizarsede manera libre y lógica”.¿Como revisar la valoración de la prueba?En el punto anterior concluimos que el tribunal adquem sí debe tener competencia para fiscalizar eljuicio de hecho realizado por el a quo. Cabe ahorainterrogarnos, ¿cómo debe hacerlo? Pregunta éstaque a su vez implica dos temas:* Bajo el esquema de valoración libre y lógica dela prueba que rige para los procesos penales acusatorios,¿en qué supuestos la valoración realizadapor el juez de primera instancia debe considerarseilegal y ser revocada por el tribunal de alzada?, y*¿El tribunal de alzada revalora las pruebas sólopara revisar, o también para sustituir al juez a quo?El artículo 20, fracción II, de la Constitución Federal,reformado en junio de 2008, ahora estableceque, en el proceso penal acusatorio, la valoraciónde la prueba “deberá realizarse de manera libre ylógica”.En el sistema de valoración libre y lógica de laprueba, a diferencia de lo que ocurre en el sistematasado, ninguna prueba tiene un valor predeterminadopor la ley, sino que el valor o fuerzaconvictiva de cada probanza lo debe determinarel juzgador atendiendo a las particularidades delcaso. Pero aunque es atribución del juez asignara cada prueba su alcance convictivo, éste no estáautorizado para asignarle a la prueba cualquier valor,sino sólo uno que sea acorde con las reglas delcorrecto razonamiento humano.Además debe decirse que en el sistema de valoraciónlibre y lógica de la prueba, a diferencia delo que ocurre con el sistema de libre convicción,como el utilizado en los tribunales de conciencia olos tribunales con jurado popular, el juez está obligadoa explicitar su razonamiento; esto es, debeponer por escrito en su respectiva sentencia lasrazones que explican y justifican la valoración quele da a cada una de las pruebas y a todas ellas enconjunto.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo LeónEn suma, en el proceso penal acusatorio la valoraciónde la prueba debe hacerse de maneralibre y lógica, lo cual indudablemente se traduceen un margen de discrecionalidad o arbitrio parael juzgador, pero no en ausencia de reglas para valorar,porque al menos existen dos máximas quetodo juzgador debe observar en la valoración dela prueba:1. La valoración de la prueba debe hacerse encorrespondencia con las reglas del correcto razonamientohumano, lo cual por cierto no implicaque para cada prueba haya una única interpretacióncorrecta, ya que dos personas razonablespueden diferir entre sí al valorar una prueba, y2. El razonamiento que respalda la valoraciónde la prueba debe exteriorizarse por escrito. Estaexigencia –poner por escrito la motivación– contribuyea elevar los estándares de valoración y haceposible el control de la sentencia judicial.“Esta necesidad de exteriorización de los motivosde la decisión, retroactúa sobre la propia dinámicade formación de la motivación, obligandoa quien la adopta a operar, ya desde el principio,con unos parámetros de racionalidad expresa y deconciencia autocrítica mucho más exigentes. Puesno es lo mismo resolver conforme a una ‘corazonada’que hacerlo con criterios idóneos para sercomunicados. Sobre todo en un sistema procesalque tiene el principio de inocencia como regla dejuicio.” 15“…la obligación de motivar tiene una razón decarácter democrático, ya que se le indica al juezque tiene el poder de decidir pero también la obligaciónde explicar y justificar su decisión.” 16En correspondencia con lo anterior, la valoraciónde la prueba y fijación de los hechos realizadapor el juez de primera instancia deberá considerarseilegal y deberá ser revocada por el tribunalde alzada, en dos supuestos: cuando se haga sinmotivación, o cuando se haga con una motivaciónindebida. Lo cual ocurre en una diversidad de casos,de los cuales a continuación presento los quehe identificado como más importantes en la doctrinay la jurisprudencia extranjera.La valoración de la prueba o fijación de los hechosse hace sin motivación en los siguientes supuestos:a) Cuando en la sentencia no se expresa razonamientoalguno que justifique la valoración de laprueba. Esto ocurre frecuentemente cuando en lasentencia el juzgador se limita a enumerar o describirlas pruebas, y después de esto, sin expresar elrazonamiento que debe preceder a la conclusión,salta directamente hasta ésta.b) Cuando en la sentencia se expresa una valoraciónde la prueba que es sólo aparente, por cualquierade los siguientes supuestos:* Porque se integra por afirmaciones dogmáticaso se usan frases genéricas que incluso estánconsignadas en la ley, pero que no están referidasal caso concreto (ej. cuando como única motivaciónde una prueba indiciaria se afirma que “losindicios hacen prueba plena, atendiendo a la naturalezade los hechos y al enlace lógico y naturalnecesario que existe entre la verdad conocida y laque se busca”).* Porque es incomprensible.* Porque se estructura con afirmaciones contradictoriasentre sí.Por otra parte, debemos considerar que la valoraciónde la prueba o fijación de los hechos sehace con indebida motivación, principalmente enlos siguientes casos:a) Cuando la fijación de los hechos se construyecon exclusión o inclusión indebida de prueba, yespecíficamente:* Cuando en el razonamiento judicial no se incluyóuna prueba decisiva, y por lo tanto no hayexamen integral, sino parcial, del acervo probatorio.* Cuando se haya incluido en el razonamientouna prueba inexistente.* Cuando se haya incluido en el razonamientoalguna prueba ilícita, entendiendo por ésta la quese obtiene por medios ilícitos, pudiendo ser unallanamiento, detención arbitraria, torturas o tormentos,“…no puede otorgarse valor al resultadode un delito y fundar así un reproche. La ineficaciase extiende a todas aquellas pruebas que, conarreglo a las circunstancias del caso, no hubieranpodido ser obtenidas sin la violación de garantíasconstitucionales y resultaren su consecuencia.” 17(El art. 20 Constitucional, fracción IX, establece que“cualquier prueba obtenida con violación de derechosfundamentales será nula”).61


secretaría general de gobierno“Ganamos justicia más rápidamente si hacemosjusticia a la parte contraria.“Mahatma Gandhipolítico y pensador indiob) Cuando la conclusión fáctica se funda enprueba indebidamente valorada. Lo cual ocurre almenos en los siguientes siete casos:* Cuando se asigna a la prueba un carácter queno tiene (ej. se le considera como prueba confesionalsin serlo).* Cuando se le asigna a la prueba una eficaciaque no tiene (ej. el testigo de oídas prueba queotra persona dijo, no que tal acción ocurrió).* Cuando se le da a la prueba una valoraciónque implica una indebida inversión de la cargaprobatoria (no puede condenarse al imputado porno haber probado su inocencia).* Cuando se le da a la prueba una valoracióncontraria a la lógica (ej. es contrario al principio lógicode no contradicción tener por acreditado queel inculpado se encontraba en dos lugares distintosal mismo tiempo).* Cuando se le da a la prueba una valoracióncontraria a las reglas de la ciencia (ej. concluir queel disparo mortal se produjo a más de diez metrosde distancia, no obstante que el cuerpo del occisopresente una única herida de bala con tatuaje depólvora).* Cuando se le da a la prueba una valoracióncontraria a las máximas de la experiencia (ej. paraafirmar que el delito fue doloso, no basta probarque el inculpado huyó del lugar del crimen, puesde acuerdo con la experiencia también huye elque comete un delito culposo).* Cuando se le da valor como prueba, sin reunirésta los elementos formales y materiales que laconstituyen (ej. para darle valor a la prueba presuncionaldebe verificarse que ésta se construyasobre varios indicios, o uno singular pero de granvalor, que cada uno de ellos esté plenamente acreditado,que sean todos periféricos en relación aldato que se quiere dar por probado, que estén interrelacionadosentre sí, que no estén desvirtuadospor otros indicios de signo contrario, y por último,que los indicios permitan hacer razonablemente elenlace entre la verdad conocida y la que se buscaacreditar).Otro tema relativo al control judicial de la valoraciónde la prueba que me gustaría tratar aquí,tiene que ver con el carácter que adopta el tribunalde alzada cuando revalora las pruebas: ¿revalorapara revisar, o revalora para reemplazar al juez deprimera instancia?En mi opinión, lo que actualmente ocurre enel proceso penal tradicional es que el tribunal desegunda instancia, para resolver la apelación, realizasu propia valoración del acervo probatorio deljuicio, y luego confronta sus conclusiones fácticascon las del juez, y si entre éstas hay divergenciaentonces simple y sencillamente le da prevalenciaa sus propias conclusiones por sobre las del juez.Esto es, desde el principio el tribunal de alzada revaloralas pruebas para sustituir la valoración hechapor el juez, y ésta deviene ilegal siempre queno coincida con la del magistrado y por esta solarazón.Pero también, en mi opinión, lo que deberíaocurrir en la segunda instancia de los nuevos procesospenales acusatorios es lo siguiente. En primertérmino, el tribunal de alzada debería revisar lavaloración de la prueba y la fijación de los hechosrealizada por el juez, a efecto de determinar si éstaadolece de alguna causa de ilegalidad. Y sólo en elcaso de que se haya detectado en la sentencia algunade las causas específicas de ausencia de motivacióno de motivación indebida a las que me hereferido antes en este apartado, declarar entoncesla ilegalidad del fallo y decretar su insubsistencia. Ysólo después de esto debería proceder el tribunalde alzada a reemplazar al juez en la valoración delas pruebas.Lo anterior implica distinguir con toda claridaddos momentos en el trámite y resolución del recursocontra sentencias.a) Un primer momento en el que el tribunal dealzada hace un examen negativo o de anulaciónpara detectar, ya sea irregularidades procesalestrascendentes y previas a la sentencia (causas denulidad de la sentencia o del juicio, por vicio in procedendo),o ya sea para detectar irregularidades enel dictado de la sentencia (causas de nulidad de lasentencia por vicios in iudicando), las cuales puedenser por error o ilicitud en el juicio de hecho(valoración de pruebas y fijación de hechos), o porerror o ilicitud en el juicio de derecho (interpretaciónde la norma y subsunción de los hechos en lanorma). Este primer momento, es un “juicio sobreel juicio”.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo Leónb) En un segundo momento, que sólo tendríalugar cuando se hubiere declarado la nulidad, revocacióno insubsistencia de la sentencia recurrida,el tribunal de alzada haría un nuevo examen positivoo de juzgamiento con el material probatorioque obra en la causa. Esto lo haría para producirla sentencia que reemplazaría a la anulada. Estesegundo momento es propiamente “un segundojuicio en la misma causa”.La anterior distinción es relevante porque evitaríaque las sentencias de los jueces fueran revocadaspor los magistrados, simplemente por no coincidirla valoración de la prueba y la fijación de loshechos realizadas por unos y otros. Pues está claroque en un sistema de valoración libre y lógica dela prueba, no es causa de ilegalidad el no arribar alas mismas conclusiones dos personas razonables.Además, si consideramos que en el nuevo procesopenal acusatorio y oral la potestad de juzgar correspondeoriginariamente al juez de primera instanciaque directamente preside la audiencia y presenciael juicio, entonces deberemos variar esa antiguaidea de que la potestad de juzgar corresponde originalmenteal tribunal superior, el cual “recupera” lajurisdicción en virtud del efecto “devolutivo” de losrecursos. Y si esto es así, deberemos aceptar en elfuturo que, si juez y magistrado difieren al valoraruna prueba, entonces deberá prevalecer la interpretaciónfáctica del juez por sobre la del magistrado,a menos que éste identifique puntualmentealguna causa de ilegalidad en el fallo de primerainstancia, pues la simple discrepancia de criteriosno es causa suficiente para hacer prevalecer el criteriodel magistrado sobre el del juez.Dicho sea de paso, diversos autores y paísesprefieren que en el caso de que el tribunal de alzadadetermine la anulación de la sentencia recurrida,no sea éste quien dicte la sentencia de reemplazo,sino que proceda al reenvío del asuntoal juez de primera instancia para que sea él quiendicte la nueva sentencia. Esta solución, que desdeluego es más apegada al principio de inmediación,sin embargo puede ser causa de dilación enla impartición de justicia, razón por la cual, en miopinión, debe preferirse que sea el tribunal de segundainstancia quien dicte la sentencia de reemplazocuando la impugnada se hubiere anuladopor vicios in iudicando, pero deberá procederseal reenvío cuando lo que se anule sea el procesopor vicios in procedendo, a efecto de que el juezde primera instancia reponga el procedimiento ydicte nueva sentencia.“… tratándose de casación por errores in iudicando.En ese caso el reenvío es un derroche detiempo… Es que frente a errores de este tipo, ysiendo jurisdiccional el órgano de la casación, elsistema de reenvío no deviene razonable. A una sociedadsedienta de un servicio de justicia funcionalno se le puede imponer un mecanismo sin razónde ser que, además de dilatar innecesariamente lasolución final de los litigios, puede desembocar enmúltiples reenvíos, y con ello acabar en ‘una versiónprocesal del cuento de nunca acabar’, comodecía Alcalá-Zamora…” 185.- ¿Suplencia de la queja en segunda instancia?En el proceso penal tradicional existe una notoriadesigualdad procesal entre el fiscal acusador,por una parte, y el inculpado y su defensa, por laotra. Aquél, al integrar la averiguación previa, preconstituyelas pruebas de cargo en su propia sede(la Procuraduría) y a espaldas del indiciado (quienno tiene derecho a estar presente en las diligenciasde averiguación previa); y lo que representa aúnmayor ventaja es que dichas pruebas las aportaal proceso judicial sin que sea necesario volver adesahogarlas en éste. Así, todo proceso penal esla historia del acusado y su defensa tratando deremontar su desventaja inicial, ya sea objetandoel valor de las pruebas de cargo, u ofreciendo ydesahogando las pruebas que respalden su versiónabsolutoria. Desigualdad procesal que desdeluego se agrava con la desventaja material que implicaenfrentar a la poderosa institución de la Procuraduría,dotada de recursos, abogados especializados,servicios periciales y fuerza política, contrael inculpado que en la mayoría de los casos, porcarecer de recursos económicos, es asistido por undefensor oficial con muy poca infraestructura derespaldo pero gran carga de trabajo. Para ilustrarla desigualdad material entre acusación y defensa,En elprocesopenaltradicionalexiste unanotoriadesigualdadprocesalentre el fiscalacusador, poruna parte, yel inculpadoy su defensa,por la otra.63


citascabe citar que en Nuevo León “en el 2008, a la Defensoríade Oficio le correspondió sólo el 7.9 porciento del (presupuesto) asignado al Poder Judicial,y el 2.7 por ciento del asignado a la Procuraduría ySeguridad Pública.” 19Y en este contexto de desventaja es que tienecabida la institución de la suplencia de la queja,conforme a la cual el tribunal de segunda instanciainterviene a favor del inculpado, completandoo perfeccionando el agravio deficiente o inclusoausente que éste o su defensa hayan hecho valerpara impugnar una sentencia de condena.En cambio, lo que plantea el nuevo procesopenal acusatorio y adversarial es una estricta separaciónde funciones y de roles, dentro de la cualel juzgador debe ser absolutamente imparcial y notener prejuicio o parcialidad en contra o a favor deninguna de las partes. El juez no debe realizar funcionesde investigación persecutorias en respaldodel Ministerio Público, pero tampoco puede litigara favor del inculpado. Además, el juicio oral penaltambién desarrolla el principio o garantía de igualdadprocesal entre las partes, dando a acusador yacusado las mismas oportunidades para ofrecer ydesahogar sus pruebas, siempre con la presenciae intervención de su contraparte. Por estas razones,el proceso penal acusatorio adversarial no escompatible con la institución de la suplencia de laqueja.Pero el hecho de que la suplencia de la quejadeba estar ausente de los nuevos códigos procesalespenales no se traduce en desprotección para elinculpado. El proceso penal acusatorio es tambiéneminentemente garantista. Esto es, tutelar de losderechos fundamentales de todas las partes justiciables.Son derechos fundamentales del inculpado,entre otros, el principio de inocencia y la defensaadecuada y, en observancia de estos derechos,todo juez y tribunal está impedido para condenaral inocente y debe ordenar, en beneficio del inculpado,la reparación de cualquier violación procesalque pueda resultar determinante para un fallo decondena.Así, en la práctica, la observancia del principiode presunción de inocencia y del derecho a unadefensa adecuada, que son consustanciales alnuevo proceso penal acusatorio y garantista, sustituyenfuncionalmente la suplencia de la quejaque era correctiva de la desigualdad procesal enel otrora proceso penal predominantemente inquisitivo.1Las reformas al Código de ProcedimientosPenales del Estado, que introdujeron los juiciosorales, son las publicadas en el Periódico Oficialcon fechas 28 de julio y 10 de diciembre de2004. Las sucesivas reformas que han ampliadogradualmente el catálogo de delitos materiadel juicio oral son las publicadas en el PeriódicoOficial con fechas 7 de diciembre de 2005 y 30 demarzo de 2007.2Entre los estados que hasta agosto de 2009habían ya reformado integralmente sus códigosde procedimientos penales para regular el nuevoproceso penal acusatorio, destacan Chihuahua,Oaxaca, Durango, Estado de México y Morelos.3Recurso ordinario es aquel que puedepromoverse contra resoluciones judicialesque no han adquirido la calidad de firmes oejecutorias. Por otra parte, sentencia definitivaes aquella que pone fin a la instancia despuésde su completa tramitación, resolviendo eltema de fondo que fue materia del juicio. Y conestas categorías en mente, queda claro que elrecurso que comentaremos en este artículo esaquel que puede promoverse dentro de ciertoplazo para impugnar la sentencia absolutoriao condenatoria, dictada para concluir un juiciooral. Tampoco nos referiremos a las resolucionesjudiciales equiparables a la sentencia definitiva,que también suelen ser objeto de este recurso.Dichas resoluciones equiparables son aquellasque igual concluyen la instancia o hacenimposible la continuación del proceso, pero sinresolver el fondo del juicio, como es el caso de laresolución que sobresee el juicio por extinciónde la acción penal, o aquella que declara lalibertad del inculpado por desvanecimiento dedatos.4En la reforma a los artículos 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 73 fracciones XXI y XXIII, 115 fracción VII, y123 Apartado B, fracción XIII, de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos,publicada en el Diario Oficial de la Federación el18 de junio de 2008, sólo se hace referencia alderecho de la víctima u ofendido “a interveniren el juicio e interponer los recursos en lostérminos que prevea la ley”, y a que toda personaque se considere afectada por una extinciónde dominio “podrá interponer los recursosrespectivos para demostrar la procedencia lícitade los bienes…” Pero no se recoge el derechohumano del inculpado a una segunda instancia(derecho consignado en tratados internacionalesratificados por México), ni se establece algunaregla o principio constitucional específico paralos recursos.5Digo que “forzosamente” los juicios oralesse adoptan junto con un régimen de mediosalternativos al juicio, pues cualquier sistemajudicial que atiende determinado númerode procesos penales escriturales sólo podráatender un número menor de procesos penalesorales, a menos que incremente sensiblementesu capacidad instalada. Esto es, en materia deimpartición de justicia, la ecuación es simple:para aumentar la calidad o garantías en unproceso judicial, se requiere aumentar suduración o la cantidad de recursos que se ledestinan. Así, para que un sistema judicial queatiende procesos escriturales emigre a atenderprocesos orales, que son más garantistas y demayor calidad, “forzosamente” requiere queel número de éstos disminuya (precisamentecon medios alternativos al juicio), pues en casocontrario el sistema judicial entraría en crisis porinsuficiencia.6Fuente: Desplegado del Presidente del TribunalSuperior de Justicia del Estado de Nuevo León,con cifras reportadas por el propio Tribunal yla Procuraduría General de Justicia del Estado.Publicado en el periódico El Norte, el día 8 de juliode 2007.7Ídem.8Fuente: Estadística judicial correspondientea los juzgados penales, primero y segundotrimestres de 2009, publicada por la Direcciónde Informática del Consejo de la Judicatura delPoder Judicial del Estado (www.pjenl.gob.mx)9Bovino, Alberto. Principios políticos delprocedimiento penal. Buenos Aires, Editores delPuerto, 2005, p. 8510México ratificó la Convención Americana sobreDerechos Humanos el 24 de marzo de 1981 yaceptó la jurisdicción de la Corte Interamericanael 16 de diciembre de 1998.11Cfr. Sentencia dictada por la CorteInteramericana de Derechos Humanos, el 2 dejulio de 2004, en el Caso Herrera Ulloa vs CostaRica. Punto 137 de la sentencia.12Ídem. punto 139 de la sentencia.13Ídem. Puntos 159 y 164 de la sentencia.14Recurso Extraordinario promovido por elinculpado Casal, Matías E., el cual resolvió laCorte Suprema de Argentina, el 20 de septiembrede 2005. Este recurso extraordinario fue deducidocontra la denegatoria del recurso de casación,que a su vez fue interpuesto frente a la sentenciade primera instancia en la que se condenó alinculpado por el delito de robo con violencia.En la casación se impugnó la fijación de loshechos, argumentándose que el inculpadono había utilizado arma en el robo. El recursoextraordinario federal, fue admitido por suscitarcuestión federal suficiente, toda vez que sedebate el alcance otorgado al derecho delimputado a recurrir la sentencia condenatoriaconsagrado por el artículo 8.2h de la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos y el artículo14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civilesy Políticos.15Andrés Ibañez, Perfecto. “Acerca de lamotivación de los hechos en la sentencia penal”,en Doxa. Cuadernos de Filosofía del Derecho, No.12, Universidad de Alicante, España, 1992, p. 27116González Ruiz, Samuel, et al. El sistema dejusticia penal y su reforma. México, Fontamara,2006, p.11317Lorences, Valentín, y Tornabene, Ma. Inés.Nulidades en el proceso penal. Buenos Aires,Editorial Universidad, 2005, p.23818De Midon, Gladis E., La casación. Control deljuicio de hecho. Buenos Aires, Rubinzal-CulzoniEditores, 2001, p. 4819Ayala Chapa, Ma. de Lourdes. La reforma alsistema de justicia penal en Nuevo León, NuevoLeón, Institución Renace A.B.P., 2009, p.53


Separata: Separata: del Periódico del Periódico Oficial Oficial del del Estado de de Nuevo LeónSe transmitirán porinternet los juicios oralesde lesa humanidad enSanta Fe, ArgentinaEl gobierno de la provincia deSanta Fe en Argentina, transmitiráa través de Internet los juicios oralesen contra de diversas personasimputadas por delitos de lesahumanidad cometidos durante ladictadura de la Junta Militar, quegobernó de facto a ese país de1976 a 1983.La transmisión se llevará a caboa través de la página web oficialdel gobierno provincial www.santafe.gov.arEn dicho medio, todapersona podrá dar seguimiento alas partes de los juicios orales enlas ciudades de Rosario y SantaFe, que sean previamente autorizadaspara su difusión por lostribunales. Asimismo, el gobiernoprovincial facilitará a los mediosde comunicación televisivos unaconexión satelital para que laseñal sea transmitida de formagratuita.El comunicado oficial señalaque: “Se busca con esta medidagarantizar el acceso a la informaciónde la ciudadanía en relacióna estos juicios históricos en losque se juzgan las violaciones a losderechos humanos cometidasdurante la última dictadura, comoun aporte a la democracia y a labúsqueda de memoria, verdad yjusticia.”Fuente: La Secretaría de ComunicaciónSocial del Ministerio de Gobierno yReforma del Estado hará la transmisiónen línea a través de la página web oficialy facilitará una conexión satelital para latelevisación en vivo. (28 agosto 2009). Portalde la Provincia de Santa Fe, consultado enwww.santafe.gov.arnoticiasOpina Baltasar Garzónacerca de la reformaal sistema de justiciaen MéxicoEl juez español, Baltasar Garzón,quien es reconocido internacionalmentepor haber conducido ladetención del ex-dictador chilenoAugusto Pinochet por la muerte ytortura de ciudadanos españolesdurante su mandato, dictó unaconferencia ante la Comisión Nacionalde Tribunales Superioresde Justicia de los Estados UnidosMexicanos (CONATRIB) duranteuna reunión en Puerto Vallarta,México, que se llevó a cabo el 28y 29 de agosto de 2009.En dicha conferencia comentóque la reforma del Sistema de Justiciaen el país, mediante el procesode oralidad y de vigencia delprincipio acusatorio, es primordialpara la credibilidad y la justicia.Asimismo, previno acerca delas distensiones que se puedenpresentar en el proceso de cambiode un sistema a otro, peroaseguró que existe voluntad anivel estatal y federal respecto a laimplementación de esta reforma.Fuentes: Anuncian reunión de presidentesde tribunales en Puerto Vallarta. (24agosto 2009). Milenio, consultado en www.milenio.comMexico tendrá un sistema de justiciaconfiable: Garzón. (31 agosto 2009). El Informador,consultado en www.informador.com.mxMéxico tendrá un buen sistema de justicia:Garzón. (30 agosto 2009). Vallarta Opina,consultado en www.vallartaopina.netNuevo León es pioneroen juicios oralesPrimer juicio oralpenal en el paísEl 23 de febrero de 2005, concluyóel primer juicio oral penal enel país, resuelto en el JuzgadoSegundo de Juicio Oral, en el municipiode Montemorelos, NuevoLeón.Primera universidad delpaís que cuenta con sala dejuicio oralEl 22 de julio de 2009, fue inauguradala Sala de Juicios Orales en laFacultad de Derecho y Criminologíade la Universidad Autónomade Nuevo León, la cual tiene rangode Sede Judicial en el Estado, deconformidad con el Acuerdo General10/2009 del Consejo de laJudicatura, publicado el 17 de juliode 2009 en el Periódico Oficial delEstado.Primer juicio oral deadopciones en el paísEl 27 de julio de 2009, se llevó acabo en el Juzgado Quinto de JuicioFamiliar Oral del Primer DistritoJudicial del Estado, el primer juiciooral de adopciones en el país.Fuente: Sala de Prensa del Portal enInternet del Gobierno del Estado deNuevo León.65


secretaría general de gobiernoDiario Oficial de la Federacióní n d i ce d e le ye s y reforma s principalesPeríodo abril/agosto de 2009Fecha de Publicaciónen el Diario Oficial dela FederaciónOrdenamiento expedido o reformadoDisposiciones reformadas o derogadas6 abril de 2009 Reglamento de Transparencia, Acceso a laInformación Pública y Protección de DatosSe expide del Reglamento de Transparencia, Acceso a la InformaciónPública y Protección de Datos Personales de la Cámara de Diputados.Personales de la Cámara de Diputados15 abril de 2009 Reglamento Interior de la Secretaría de laSe expide el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública.Función Pública y Reglamento del Instituto deAdministración15 abril de 2009 Reglamento del Instituto de Administración yAvalúos de Bienes Nacionales.Se reforma los artículos 3, fracciones II y IV; 5, fracciones IV y V, y 16,párrafo tercero.16 abril de 2009 Ley de Ascensos de la Armada de México Se reforma la fracción V del artículo 51 de la Ley.17 abril de 2009 Ley General de Salud Se reforman el artículo 51, se adicionan los artículos 51 bis 1, 51 bis 2 y51 bis 3 de la Ley.17 abril de 2009 Estatuto Orgánico de la Financiera Rural Se modifican las fracciones I, II, III, IV, V, VII, VIIII y X del artículo 30.17 abril de 2009 Ley General de Educación Se reforman los artículos 2°, segundo párrafo, 8°, primer párrafo,32, segundo párrafo, 33, fracciones IV y VIII y 41, primer párrafo; seadicionan los artículos 7°., con una fracción XV; 30, con un tercerpárrafo; 33 con una fracción XIV y 49, con un segundo párrafo.17 abril de 2009 Ley General de Educación Se adicionan las fracciones XIII, XIV y XV al artículo 75 y una fracción III alartículo 76 de la ley.17 abril de 2009 Ley General de Educación Se adiciona la fracción IV bis al artículo 7°, y la fracción x al artículo 14,recorriéndose en su orden las demás fracciones de la ley.17 abril de 2009 Ley de Amparo, Reglamentaria de Los Artículos103 y 107 de la Constitución Política de losEstados Unidos MexicanosSe reforman los artículos 19; 27, tercer párrafo; 28, fracción I; 33, y seadiciona el artículo 87 con un párrafo tercero a la Ley de Amparo,reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la constitución Política delos Estados Unidos Mexicanos.17 abril del 2009 Ley General de Población Se reforman los párrafos primero y segundo y se adiciona un párrafotercero; se recorre el actual párrafo tercero, para pasar a ser párrafocuarto, del artículo 6° de la ley.29 abril de 2009 Reglamento de la Orden Mexicana de la Medalla Se modifican los artículos cuarto, quinto, sexto, octavo y noveno.de Honor Belisario Domínguez del Senado de laRepública30 abril de 2009 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Se reforma y adiciona el artículo 2 de la ley.Estado30 abril de 2009 Ley Federal sobre Metrología y Normalización Se reforma el artículo 13 de la ley.30 abril de 2009 Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos30 abril de 2009 Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos.4 mayo de 2009 Constitución Política de los Estados UnidosMexicanosSe adiciona un párrafo noveno al artículo 4o.; se reforma la fracción XXVy se adiciona una fracción XXIX-ñ al artículo 73.Se adiciona la fracción XXIX-O al artículo 73.Se reforma el párrafo primero de la fracción XXI del artículo 73.6 mayo de 2009 Código Fiscal de la Federación Se reforma el artículo 132, primer párrafo y se adicionan los artículos 123,último párrafo; 130, tercer y cuarto párrafos, pasando los actuales tercer aséptimo párrafos, a ser quinto a noveno párrafos, respectivamente; 131,último párrafo y 144, tercer párrafo, pasando los actuales tercer a décimosegundo párrafos, a ser cuarto a décimo tercer párrafos.6 mayo de 2009 Ley del Mercado de Valores Se adiciona la fracción VI bis al artículo 104.6 mayo de 2009 Ley del Servicio de Administración Tributaria Se adiciona el artículo 35.6 mayo de 2009 Ley Orgánica De Nacional Financiera Se reforman la fracción X del artículo 5.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León6 mayo de 2009 Ley de la Propiedad Industrial Se reforma el artículo 180.15 mayo de 2009 Reglamento Interior de la Consejería Jurídica delEjecutivo Federal19 mayo de 2009 Reglamento Interior para la Certificación deEstablecimientos de Atención MédicaReglamento interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.Reglamento interior para la certificación de establecimientos deatención médica.26 mayo de 2009 Ley del Seguro Social Se reforman los artículos 139, segundo párrafo, 165 primer párrafo, 168,fracción IV y último párrafo, 191, fracción II, y 198.28 mayo de 2009 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Serviciosy el Sector Público28 mayo de 2009 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadoscon las mismas28 mayo de 2009 Ley Federal de Responsabilidades Administrativasde los Servidores PúblicosSe reforman los artículos 1 en sus párrafos primero, segundo y sexto yen sus fracciones II y VI; 2 en sus fracciones II y VIII; 3 en sus fracciones II,III, VI, VII y VIII; 5 en su párrafo segundo; 7, 8, 10, 11, 12, 12 bis, 13, 14, 15,16, 17, 18 en su párrafo primero y en su fracción II; 19, 21, 22, 23 en suPrimer párrafo y en su fracción VIII,… (documento contiene 70 pág.)Se reforman los artículos 1 en sus párrafos primero, segundo, sexto yséptimo y en las fracciones II y VI; 2 en sus fracciones II, VI, VII y VIII; 3 ensus fracciones III, VII y VIII; 8, 9, 12, 13, 15, 16 en su párrafo segundo, 17 ensu párrafo primero y en su fracción III;…Se reforma el artículo 40 segundo párrafo y se adiciona el artículo 17 bis.28 mayo de 2009 Código Penal Federal Se reforma el artículo 217 párrafo segundo y se derogan sus párrafostercero y cuarto.6729 mayo de 2009 Ley Orgánica de la Procuraduría General de laRepública.29 mayo de 2009 Ley De Amparo, Reglamentaria De Los Artículos103 Y 107 De La Constitución Política De LosEstados Unidos Mexicanos29 mayo de 2009 Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de laFederaciónLey orgánica de la procuraduría general de la república.Se reforma el, párrafo cuarto del artículo 197.Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación29 mayo de 2009 Ley Federal de Extinción de Dominio,Reglamentaria del Artículo 22 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos29 mayo de 2009 Ley de Amparo, Reglamentaria de Los Artículos103 y 107 de la Constitución Política de losEstados Unidos Mexicanos.Ley Federal de Extinción de Dominio, Reglamentaria del Artículo 22 dela Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosSe reforma la fracción III del artículo 114, se adiciona un inciso h) a lafracción II del artículo 124 y se adiciona una nueva fracción XI para quela actual XI pase a ser XII en el artículo 159 de la Ley de Amparo.31 mayo de 2009 Ley General de Salud Se adiciona una fracción IV al artículo 64 de la ley.31 mayo de 2009 Reglamento de la Ley General para el Control delTabaco.1 junio 2009 Constitución Política de los Estados UnidosMexicanos.Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco.Se adiciona un segundo párrafo, recorriéndose los subsecuentes en suorden, al artículo 16.2 junio de 2009 Código de Comercio Se reforman los artículos 19, 21, fracciones V, VII, Y XII2 junio de 2009 Ley General de Sociedades Mercantiles Se reforman los artículos 177 y 194, último párrafo.4 junio de 2009 Código Fiscal de la Federación Se reforman los artículos 32, cuarto párrafo, y 59, primer párrafo en suencabezado, y se adiciona el artículo 59, fracción IX.4 junio de 2009 Ley del Impuesto sobre la Renta Se reforman los artículos 8o., quinto párrafo; 107, segundo y tercerpárrafos; 109, fracciones VIII Y XXII, y sexto y séptimo párrafos; 125 segundopárrafo, y 165, fracción I, y se adicionan los artículos 31, fracciónXXIII, y 109, fracción VI, segundo párrafo.


secretaría general de gobierno5 junio de 2009 Ley de Expropiación Se reforman los artículos 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o, 20 y 20 bis y seadicionan un primer párrafo, recorriéndose los demás párrafos, y unafracción III bis al artículo 1º.5 junio de 2009 Ley Federal de Derechos Se reforman los artículos 264, primer párrafo, 265 y 275; y se adicionanlos artículos 61-d y 267.8 junio de 2009 Código de Comercio Se reforma el artículo 1350.8 junio de 2009 Código de Comercio Se reforma el segundo párrafo del artículo 1069.8 junio de 2009 Reglamento de la Ley de Ascensos y Recompensasdel Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.Se reforman los artículos 92, 93 y 118, y las fracciones I y IV delartículo 119, y se derogan las fracciones v, para quedar como párrafosegundo, y VI del artículo 119, del reglamento de la Ley de Ascensos yRecompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos.9 junio de 2009 Ley de Premios, Estímulos y Recompensas Civiles. Se reforma el artículo 72.9 junio de 2009 Ley de Cámaras Empresariales y susConfederaciones.Se reforman la fracción XI, del artículo 16 y se adiciona una fracción VIII,recorriéndose las fracciones VIII a x, manteniendo su contenido paraquedar como fracciones IX, X Y XI.9 junio de 2009 Código de Comercio Se adiciona un párrafo segundo, recorriéndose en su orden los actuales,al artículo 1051.10 junio de 2009 Ley Federal para el Control de SustanciasQuímicas Susceptibles de Desvío para laFabricación de Armas QuímicasSe expide la Ley Federal para el Control de Sustancias QuímicasSusceptibles de Desvío para la Fabricación de Armas Químicas10 junio de 2009 Código Federal de Procedimientos Penales Se adiciona una fracción XVII al artículo 194.10 junio de 2009 Ley Federal de Protección al Consumidor Se reforma la fracción XXI del artículo 24 y el artículo 25 bis11 junio de 2009 Ley General de Salud Se adiciona un artículo 222 bis.11 junio de 2009 Ley General de Salud (en materia de trasplantes ydonación de órganos)Se reforman los artículos 17 bis, fracción VIII; 313; 314, fracciones VI, XIIIY XIV; 316; 329, primer párrafo; 336; 338, fracciones IV y V; 339; 343; 344;345; se adicionan las fracciones XV, XVI Y XVII al artículo 314; un terceroy quinto párrafos, recorriéndose el actual tercero para pasar a ser cuartoal artículo 322; un tercer párrafo al artículo 337; un artículo 341 bis, y sederoga la fracción vii del artículo 314.12 junio de 2009 Ley de Ciencia y Tecnología Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones.12 junio de 2009 Ley Federal ye Procedimiento ContenciosoAdministrativo12 junio de 2009 Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscaly Administrativa12 junio de 2008 Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial delEstado12 junio de 2009 Ley Federal de Procedimiento Contencioso AdministrativoSe reforman los artículos 4o., primer párrafo, 13, primero y actualsegundo párrafos; 14, fracción i, segundo, tercero y quinto párrafos;24, fracción i y el inciso a); 65, primer párrafo; 66; 67, último párrafo y68, primer párrafo y se adicionan los artículos 1-a; 13, con los párrafossegundo y tercero, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 14,con un tercer párrafo, recorriéndose los demás párrafos en su orden; 31,con un párrafo segundo y el capítulo X denominado "del juicio en línea"al título II, que comprende de los artículos 58-A al 58-S a la, 58-s.Se reforman los artículos 37, fracción VIII y 41, fracción XXX; se adicionanlos artículos 38, con una fracción X, pasando la actual a ser XI; 41, conuna fracción XXXI, pasando la actual a ser XXXII y recorriéndose ensu orden las demás fracciones; 47, con una fracción VIII; 48, con unafracción VII, pasando la actual a ser VIII; 49, con una fracción v, pasandola actual a ser VI y 50, con una fracción VI.Se reforman los artículos 18, primer párrafo; 19; 23; 24 y 25, segundopárrafo.Se adiciona un artículo 50-A y un inciso d) a la fracción v del artículo 52.


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León12 junio de 2009 Leyes Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos;de Ascensos y Recompensas del Ejército yFuerza Aérea Mexicanos; para la Comprobación,Ajuste y Cómputo de Servicios en el Ejército yFuerza Aérea Mexicanos; Orgánica de la Armadade México; de Ascensos de la Armada de México;y para la Comprobación, Ajuste y Cómputo deServicios de la Armada de México. (Están en unsolo documento)Se reforman y adicionan diversas disposiciones de Leyes Orgánica delEjército y Fuerza Aérea Mexicanos; de Ascensos y Recompensas delEjército y Fuerza Aérea Mexicanos; para la Comprobación, Ajuste yCómputo de Servicios en el Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos; Orgánicade la Armada de México; de Ascensos de la Armada de México; y para laComprobación, Ajuste y Cómputo de Servicios de la Armada de México.(Están en un solo documento)17 junio de 2009 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Se reforma la fracción VI y se deroga la fracción VII.17 junio de 2009 Ley General de Turismo Decreto por el que se expide la Ley General de Turismo.17 junio de 2009 Reglamento de la Ley de Nacionalidad Reglamento de la Ley de Nacionalidad17 junio de 2009 Ley de Amparo, Reglamentaria de Los Artículos103 y 107 de la Constitución Política de los EstadosUnidos Mexicanos18 junio de 2009 Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollode los BioenergéticosSe reforma el artículo 3 bis.Reglamento de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos18 junio de 2009 Ley del Seguro Social Se reforma el primer párrafo del artículo 44.6919 junio de 2009 Ley Federal de Radio y Televisión Se reforma el artículo 79-A; se adicionan una fracción VIII al artículo 7-A,un artículo 12-a,un artículo 59-bis, para pasar el actual 59-bis a ser el59-ter, un artículo 64-bis y un artículo 107.19 junio de 2009 Estatuto Orgánico de la Financiera Rural Se adiciona el artículo 26 bis, la fracción V al artículo 27 bis, la fracciónIX al artículo 31, el artículo 36 bis, la fracción XIV al artículo 51, últimopárrafo al artículo 71; se derogan las fracciones VI, IX Y XI al artículo 27ter y la fracción XVII al artículo 37; se modifica el artículo 27, la fracción IVdel artículo 27 bis, 27 ter y su fracción XII, la fracción XIII del artículo 51,el segundo párrafo del artículo 63, las fracciones II Y III del artículo 71, yel último párrafo del artículo 77.22 junio de 2009 Ley General de Educación Se reforma y adiciona el artículo 41.23 junio de 2009 Ley General de Bibliotecas Se reforman los artículos 2o.; 4o.; 7o., fracciones II, V, IX, XI Y XV; 8o.,fracciones II Y IV; 10, fracción III, inciso c); 13 y 14, fracción III.24 junio de 2009 Código Penal Federal Se adicionan un párrafo tercero al artículo 211 bis 2; un párrafo terceroal artículo 211 bis 3; un párrafo último al artículo 223; y los artículos 250bis y 250 bis 1.24 junio de 2009 Ley de Coordinación Fiscal Se reforma el artículo 4024 junio de 2009 Ley de los Derechos de las Personas AdultasMayores24 junio de 2009 Estatuto del Servicio Profesional en el InstitutoFederal de Acceso a la Información PúblicaSe adiciona una fracción XXX al artículo 28.Estatuto del servicio profesional en el Instituto Federal de Acceso a laInformación Pública.25 junio de 2009 Ley de Instituciones de Crédito Se reforman los artículos; 94 bis; 96 bis; 98 bis; 106, fracción XX; 107 bis,primer Párrafo y fracción VI; 109 bis, último párrafo; 109 bis 1, primero,cuarto y último párrafos; 109 bis 2, primer párrafo y fracción I; 109 bis 3;109 bis 5, segundo y último párrafos; 109 bis 6; 109 bis 8; 110, primero,segundo y último párrafos; 110 bis 1, tercero, cuarto y último párrafos;119, último párrafo; 133; 134; 135 y 136 primer párrafo; se adicionan losartículos 48 bis 5; 81 bis; 108 bis 2; y se deroga el inciso I) de la fracciónIV del artículo 108, y 118-A.


secretaría general de gobierno25 junio de 2009 Ley para la Transparencia y Ordenamiento de losServicios Financieros25 junio de 2009 Ley de Protección y Defensa al Usuario deServicios FinancierosSe reforman los artículos 3, fracciones I, IV, V, VIII Y IX; 4, primer párrafo;7, primer párrafo; 11, primero, segundo, cuarto, quinto, sexto, séptimoy octavo párrafos y las fracciones V y VI; 12, primero, segundo, cuarto yúltimo párrafos; 13; 15, primer párrafo; 18, primer párrafo; 20, primer párrafo;23, primero y segundo párrafos y las fracciones I, tercer párrafo y IV;la denominación de la sección V, "sanciones que corresponde imponera la comisión nacional para la protección y defensa de los usuarios deservicios financieros"; 41; 42, primer párrafo y las fracciones III, IV y V; 43,primero y último párrafos y las fracciones II, III y VI; 44, fracción i, inciso e);y 51; y se adicionan los artículos 2 bis; 3 con una fracción v bis; 6, sextopárrafo; 10 bis; 10 bis 1; 10 bis 2; 11, fracciones II bis, VII y VIII; 11 bis; 11bis 1; 12, fracción IV recorriéndose en su orden las fracciones actualesSe reforman los artículos 2o. Fracción IV; 5o.; 8o. Quinto párrafo; 11fracciones III, IV, V, VI y XXVI; 24; 26, fracciones I y XVIII; 31; 67, segundopárrafo; 68, fracciones I, IV, V, Y VII y X; 94, fracción II, fracción III inciso b),fracciones IV Y XII; 99; 100 y 101, se adicionan los artículos 11, fraccionesXXVIII a la XLI pasando la actual fracción XXVIII a ser fracción XLII; 22,fracción XXV; 22 bis; 26, fracción XIX, pasando la actual fracción XIX a serfracción XX; 68, fracción i bis, fracción vi segundo párrafo y una fracciónxi; 68 bis; 68 bis 1; el título séptimo, "de la supervisión" con los artículos92 bis y 92 bis 1, pasando el actual título séptimo denominado "de lassanciones y del recurso administrativo" a ser título octavo; 94, fracción IVbis, se deroga los artículos 94 fracción X; 102, 103 y 104.25 junio de 2009 Ley de Instituciones De Crédito Se reforma la fracción VI del artículo 46 bis 1.26 junio de 2009 Ley Orgánica de la Financiera Rural Se reforma la fracción XXIII y último párrafo del artículo 7o.; se adicionael artículo 8o. Bis y se deroga el artículo 21.9 julio de 2009 Ley del Seguro Social Se reforman la fracción VIII del artículo 5-a, las fracciones XX y XXI,del artículo 304 A y, la fracción IV del artículo 304-B; se adicionan lospárrafos tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, con lo que elactual tercero pasa a ser noveno, del artículo 15-A; el párrafo segundodel artículo 75, y la fracción XXII del artículo 304-A.13 julio de 2009 Estatuto Orgánico de la Financiera Rural Se adiciona el artículo 23 bis y se modifica la fracción IV del artículo 24 yla fracción IX del artículo 25.16 julio de 2009 Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda Se reforman los artículos 10, fracción XV; 72 fracciones I, II y VI, y 105, sextopárrafo, y se adicionan los artículos 72, fracción II bis y 105, séptimo yoctavo párrafos, pasando los actuales séptimo a décimo octavo párrafosa ser noveno a vigésimo párrafos.16 julio de 2009 Reglamento Interior del Banco de México Se reforman los artículos 54, párrafo primero, y 55 y se adiciona unúltimo párrafo al artículo 54.17 julio de 2009 Reglamento para el Uso y Conservación de lasÁreas, Objetos y Colecciones de Palacio Nacional21 julio de 2009 Reglamento para el Otorgamiento de Pensionesdel Régimen de Cuentas Individuales del Institutode Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadoresdel Estado21 julio de 2009 Reglamento para el Otorgamiento de Pensionesde los Trabajadores Sujetos al Régimen del ArtículoDécimo Transitorio del Decreto por el que seexpide la Ley del Instituto de Seguridad y ServiciosSociales de los Trabajadores del Estado.22 julio de 2009 Reglamento Interior de la Secretaría de la DefensaNacionalSe reforman los artículos 3o., primer párrafo; 4o., fracciones IV y V; 5o,fracciones I y II; 6o., fracciones V y VI; 7o., y 8o.; y se adicionan los artículos1o., con un párrafo segundo; 3o., con un párrafo segundo; 4o., con lafracción vi; 6o., con las fracciones VII y VIII y 21 y se deroga la fracción III,del artículo 5º.Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones del Régimen de CuentasIndividuales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de losTrabajadores del EstadoReglamento para el Otorgamiento de Pensiones de los TrabajadoresSujetos al Régimen del Artículo Décimo Transitorio del Decreto por elque se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales delos Trabajadores del Estado.Se reforma y adiciona los artículos 10, fracción IX, 80, párrafo primero yfracción v, y 81; se adicionan las fracciones IV bis y IV ter al artículo 80 delreglamento interior de la Secretaría de la Defensa Nacional


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León13 agosto 2009 Ley para Regular las Actividades de Las SociedadesCooperativas de Ahorro y PréstamoDecreto por el que se expide la Ley para Regular las Actividades de LasSociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo13 agosto 2009 Ley General de Sociedades Cooperativas Se reforman el artículo 1o; fracción v del artículo 11, primer párrafo delartículo 33; fracción IV del artículo 34; segundo y tercer párrafos delartículo 74; y se adicionan un segundo párrafo al artículo 33; artículos 33bis; 33 bis 1; 33 bis 2; 33 bis 3; fracción IV al artículo 34; un tercer párrafoal artículo 36; el artículo 40 bis; segundo y tercer párrafos al artículo 42;un cuarto párrafo al artículo 43; el artículo 43 bis; 43 bis 1; 45 bis; 46 bis;46 bis 1; 46 bis 2; 46 bis 3; 55 bis; 65 bis; artículos 78 bis a 78 bis 13; asícomo las secciones I y II al capítulo i del título III, que comprenderán losartículos 74 a 78 y 78 bis a 78 bis 13.13 agosto 2009 Ley de Ahorro y Crédito Popular Se derogan los artículos sexto, décimo y décimo primero transitorios.13 agosto 2009 Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Se reforman el artículo 2, primer párrafo, las fracciones IV y V del artículo3, la fracción I del artículo 4 y el primer párrafo del artículo 18, y adicionala fracción VI al artículo 3.13 agosto 2009 Ley de Instituciones de Crédito Se adicionan las fracciones V y VI al artículo 103.14 agosto 2009 Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosSe adiciona un segundo párrafo al artículo segundo transitorio y unartículo tercero transitorio al decreto por el que se declaran reformadoel párrafo cuarto y adicionados los párrafos quinto y sexto, y se recorreel orden de los últimos dos párrafos del artículo 18 de la ConstituciónPolítica de los Estados Unidos Mexicanos, publicado el 12 de diciembrede 2005.20 agosto 2009 Ley General de Salud Se reforma la fracción XXIII del artículo 3; el párrafo primero del artículo192; y se adiciona un apartado C al artículo 13, un párrafo segundo alartículo 191, los párrafos segundo, tercero y cuarto con dos fraccionesal artículo 192; el artículo 192 bis; el artículo 192 ter; el artículo 192quáter; el artículo 192 quintus; el artículo 192 sextus; el artículo 193 bis;un párrafo segundo al artículo 204; un capítulo VII denominado "delitoscontra la salud en su modalidad de narcomenudeo" al título décimooctavo; los artículos 473 a 482.20 agosto 2009 Código Penal Federal Se reforma el artículo 195, 195 bis y 199; y se adicionan los párrafostercero y cuarto a la fracción I del artículo 194.20 agosto 2009 Código Federal de Procedimientos Penales Se reforman las fracciones IV y V del artículo 137; el inciso 12 de lafracción I y la fracción XV del artículo 194; los artículos 523, 526 y 527;el nombre del capitulo III denominado “de los que tienen el hábito o lanecesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos” denominándose“de los farmacodependientes”; se adiciona una fracción vi al artículo137, un artículo 180 bis; se derogan los artículos 524 y 525.24 agosto 2009 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos24 agosto 2009 Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorropara el Retiro.24 agosto 2009 Reglamento Interior de la Secretaría de MedioAmbiente y Recursos Naturales24 agosto 2009 Reglamento Interior de la Secretaría le la FunciónPública24 agosto 2009 Reglamento del Instituto de Administración yAvalúos de Bienes NacionalesSe reforman ya adicionan los artículos 75, 115, 116, 122, 123 y 127. Sereforman el párrafo cuarto del inciso c) de la fracción IV del artículo 115;el primer párrafo del inciso b) de la fracción V de la base primera delartículo 122; el primer párrafo de la fracción IV del apartado B del artículo123; el artículo 127, y se adicionan los párrafos segundo y terceroal artículo 75; los párrafos cuarto y quinto a la fracción II del artículo116, recorriéndose en su orden los actuales cuarto y quinto; un párrafosegundo, recorriéndose en su orden los actuales segundo a quinto, alinciso B) de la fracción V de la base primera al artículo 122.Reglamento de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el RetiroSe reforman los artículos 5, fracción VII y 152 y se adicionan lasfracciones XIX BIS y XIX ter al artículo 14.Se reforman los artículos 6 en su fracción x y 12 en su fracción III; seadicionan los artículos 12 con las fracciones II bis, II ter Y XII bis y 90.Se reforma el artículo 15 en su párrafo primero.24 agosto 2009 Reglamento Interior de la Secretaría de Turismo Se reforman los artículos 22, en sus fracciones III, IV y V; 25 ter, primerpárrafo, y 25 quáter, en sus fracciones IX Y XI.71


secretaría general de gobiernoPeriódico Oficial del Estadoí n d i ce d e le ye s y reforma s principalesPeríodo abril/agosto de 2009Fecha de Publicaciónen el Periódico Oficialdel EstadoOrdenamiento expedido o reformadoDisposiciones reformas o derogadas1 de abril de 2009 Constitución Política del Estado Libre y Soberanode Nuevo León8 de abril de 2009 Ley para la Promoción de Valores y Cultura de laLegalidad del Estado de Nuevo León y de la Leypara el Reconocimiento al Mérito Cívico PreseaEstado de Nuevo León8 de abril de 2009 Reglamento Interior de la Secretaría General deGobiernoDecreto núm. 367.- por el cual se reforman los artículos 48 fracción III;63 fracciones, XIII, XVI, XVII y XLIX; 82 en la fracción tercera de su primerpárrafo; 85 fracción V; 110; 112 párrafo i; 128 párrafo III; 134 y 135. Seadicionan la fracción IX con tres párrafos y las fracciones L y LI al artículo63 recorriéndose el actual l para hacer una fracción LII; un nuevo títulox denominado “de la fiscalización superior del estado” que contiene losartículos 136, 137, 138, 139 y 140; asimismo por tal motivo se recorre lanumeración de los títulos X, XI y XII actuales para ser los nuevos títulosXI, XII y XIII respectivamente.Decreto núm. 365.- por el cual se reforman los artículos 2, fracción VI; 3párrafo primero; se adicionan la fracción VII al artículo 2 recorriéndosela actual fracción VII a ser VIII; las fracciones X, XI y XII recorriéndose lasactuales fracciones X, XI y XII para ser las fracciones XIII, XIV y XV respectivamentedel artículo 9 y un capítulo IV, que contiene los artículos 12 a24, denominado “del recinto de los hombres y mujeres ilustres del estadode Nuevo León”, todas disposiciones de la Ley para la Promoción deValores y Cultura de la Legalidad del Estado de Nuevo León y; se reformala fracción v del artículo 9 de la Ley para el Reconocimiento al MéritoCívico Presea Estado de Nuevo LeónAcuerdo por el cual se reforma el Reglamento Interior de la SecretaríaGeneral de Gobierno, por modificación de las fracciones XV y XVI delartículo 19, y por adición de las fracciones XVII a la XXI del referido artículo19.17 de abril de 2009 Código Penal para el Estado de Nuevo León Decreto núm. 371.- por el cual se reforma por modificación de la fracciónIV del artículo 356, y la fracción IV del artículo 367, al Código Penalpara el Estado de Nuevo León17 de abril de 2009 Código Penal para el Estado de Nuevo León Decreto núm. 372.- por el cual se reforma el artículo 219 del CódigoPenal para el Estado de Nuevo León28 de abril de 2009 Decreto por el que se crea el Comité de Emergenciapara la Prevención y Atención de la EpidemiaViral Relacionada con la Influenza Porcina en elEstado de Nuevo LeónDecreto administrativo1 de mayo de 2009 Constitución Política del Estado Libre y Soberanode Nuevo LeónDecreto núm. 373.- por el cual se reforma el segundo párrafo y seadicionan cuatro párrafos al artículo 20 de la Constitución Política delEstado Libre y Soberano de Nuevo León8 de mayo de 2009 Código Penal para el Estado de Nuevo León. Decreto núm. 376.- por el cual se reforman los artículos 246, 249 fracciónIII y 250, y se adiciona un último párrafo al artículo 249, todas disposicionesdel Código Penal para el Estado de Nuevo León15 de mayo de 2009 Decreto por el que se crea la Comisión Científica Decreto administrativopara la Prevención y Atención de Epidemias yEmergencias de Salud del Estado de Nuevo León.25 de mayo de 2009 Ley Estatal de Salud del Estado de Nuevo León. Decreto núm. 377.- por el cual se reforman las fracciones I, V y VI del artículo45, y se adiciona una fracción VII al mismo ordinal, de la Ley Estatalde Salud del Estado de Nuevo León13 agosto 2009 Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Se reforman el artículo 2, primer párrafo, las fracciones IV y V del artículo3, la fracción I del artículo 4 y el primer párrafo del artículo 18, y adicionala fracción VI al artículo 3.25 de mayo de 2009 Ley Estatal de Salud del Estado de Nuevo León. Decreto núm. 377.- por el cual se reforman las fracciones I, V y VI del artículo45, y se adiciona una fracción VII al mismo ordinal, de la Ley Estatalde Salud del Estado de Nuevo León


Separata: del Periódico Oficial del Estado de Nuevo León25 de mayo de 2009 Código Penal para el Estado de Nuevo León. Decreto núm. 380.- por el cual se reforma el artículo 262 del CódigoPenal para el Estado de Nuevo León25 de mayo de 2009 Código Penal para el Estado de Nuevo León. Decreto núm. 381.- por el cual se reforma el artículo 284 del CódigoPenal para el Estado de Nuevo León3 de junio de 2009 Reglamento Interior de Promotora de DesarrolloRural de Nuevo León.Expedición de reglamento10 de junio de 2009 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operacióndel Programa de Apoyo para las Personascon Discapacidad10 de junio de 2009 Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operacióndel Programa de Apoyo Directo al AdultoMayor10 de junio de 2009 Ley de Transporte para la Movilidad Sustentabledel Estado de Nuevo León10 de junio de 2009 Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso del EstadoExpedición de acuerdoExpedición de acuerdoDecreto núm. 383.- por el cual se reforman los artículos 89 fracciónIV, 106 fraciones III y V, y 107 párrafo segundo y fracciones I, II y III, y seadicionan dos últimos párrafos al artículo 107, de la Ley de Transportepara la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León.Decreto núm. 384.- por el cual se reforma el inciso g) y se adiciona uninciso h), pasando el actual inciso h) a ser inciso i) de la fracción XIII delartículo 39), del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso delEstado10 de junio de 2009 Código Penal para el Estado de Nuevo León. Decreto núm. 387.- por el cual se reforma el artículo 345 del CódigoPenal para el Estado de Nuevo León.7315 de junio de 2009 Acuerdo por el que se crea la ComisiónInterinstitucional de Promoción para la Creacióndel Parque Agroindustrial de Nuevo León.Expedición de Acuerdo por el que se crea la Comisión Interinstitucionalde Promoción para la Creación del Parque Agroindustrial de Nuevo León15 de junio de 2009 Código Penal Para El Estado De Nuevo León. Decreto núm. 386.- por el cual se adiciona un último párrafo al artículo229 del código penal para el estado de nuevo león.24 de junio de 2009 Ley De Seguridad Pública Para El Estado DeNuevo León.Decreto núm. 385.- por el cual se reforman los artículos sexto, séptimoy noveno transitorios de la ley de seguridad pública para el estado denuevo león.24 de junio de 2009 Código Penal para el Estado de Nuevo León Decreto núm. 395.- por el cual se adiciona en el libro segundo “parteespecial” un título vigésimo tercero con un capítulo denominado “delitocontra el consumo” que contiene el artículo 430, del Código Penal parael Estado de Nuevo León1 de julio de 2009 Reglamento Interior de la Agencia de Protecciónal Medio Ambiente y Recursos NaturalesExpedición de reglamento2 de julio de 2009 Ley de Seguridad Pública para el Estado de NuevoLeón10 de julio de 2009 Reglamento para el Gobierno Interior delCongreso del Estado de Nuevo León13 de julio de 2009 Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yTesorería General del EstadoDecreto núm. 396.- por el cual se reforma la fracción XXXII del artículo222 y el quinto párrafo del artículo 223, y se adiciona la fracción XXXIIIal artículo 222 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de NuevoLeónDecreto núm. 403.- por el cual se adiciona el inciso k) recorriéndose elactual k) para ser inciso l) de la fracción III del artículo 39 del Reglamentopara el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nuevo León.Acuerdo por el cual se reforma el Reglamento Interior de la Secretaríade Finanzas y Tesorería General del Estado.17 de julio de 2009 Código Penal para el Estado de Nuevo León. Decreto núm. 397.- por el cual se reforma por modificación el artículo16 bis, fracción I; y se adiciona el artículo 313 bis I, del Código Penal parael Estado de Nuevo León.


secretaría general de gobierno17 de julio de 2009 Código Penal para el Estado de Nuevo León. Decreto núm. 399.- por el cual se reforma por modificación del segundopárrafo y adición de un tercer párrafo, recorriéndose los actuales tercery cuarto párrafos para ser cuarto y quinto, del artículo 395 del CódigoPenal para el Estado de Nuevo León.; se reforma por modificación elartículo 182 bis 7 del Código de Procedimientos Penales del Estado deNuevo León; y se reforma por modificación el artículo 44 de la Ley queRegula la Ejecución de las Sanciones Penales.17 de julio de 2009 Código de Procedimientos Penales.Código Penal del Estado de Nuevo León.17 de julio de 2009 Ley de La Defensoría Pública para el Estado deNuevo LeónDecreto núm. 400.- por el cual se reforman por modificación losartículos 200; 385 fracción VI y 577 del Código de ProcedimientosPenales del Estado de Nuevo León; y se reforma por modificación elartículo 384 del Código Penal del Estado de Nuevo León.Decreto núm. 401.- por el cual se reforma el artículo 31 de la Ley de laDefensoría Pública para el Estado de Nuevo León, por modificación desu fracción IX y adición de una nueva fracción X.27 de julio de 2009 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicosdel Estado y Municipios de Nuevo León29 de julio de 2009 Acuerdo por el que se crea el Premio EstatalDenominado “Premio Nuevo León a la Competitividad”.29 de julio de 2009 Ley de Seguridad Pública para el Estado de NuevoLeón.10 de agosto de 2009 Acuerdo por el cual se emiten los LineamientosGenerales para la Operación del “ProgramaTemporal de Apoyo a las Empresas para laGeneración y Protección del Empleo”.14 de agosto de 2009 Reglamento Interior del Instituto Estatal de laJuventud.14 de agosto de 2009 Reglamento para la Gestión de Becas, Estímulos eIntercambios Académicos del Instituto Estatal dela Juventud.21 de agosto de 2009 Ley de Señalamientos Viales para el Estado deNuevo León.Decreto núm. 404.- por el cual se reforma el artículo 73 de la Ley deResponsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipiosde Nuevo LeónExpedición de acuerdoDecreto núm. 402.- por el que se reforma el artículo 27 de la Ley deSeguridad Pública para el Estado de Nuevo León, por adición de uncuarto párrafoExpedición de acuerdoSe expide reglamento interiorSe expide reglamentoDecreto núm. 410.- por el que se expide la Ley de Señalamientos Vialespara el Estado de Nuevo León.


de la ediciónCarolina FaríasCo o r d i n a c i ó nDominica MartínezCu id a d o e d i t o r i a lRosa María SalazarDi s e ñ o e d i t o r i a l yc o o r d i n a c i ó n d e p r o d u c c i ó nEduardo Antonio ParraRe v i s i ó n d e t e x t o s© D.R. 2009, de los textos:Felipe Borrego EstradaGonzalo Reyes SalasMaría Guadalupe Balderas A. de GarzaErnesto Canales SantosRosa María Díaz LópezCarlos Emilio Arenas Batiz© D.R. 2009, de las fotografías:p o r ta d a / 27147, Flickr.compá g i n a 1 / Donde_se_esconde_el_sol, Flickr.compá g i n a 2 / Brymo, en Flickr.compá g i n a 4 / Katya Mokolo, Flickr.compá g i n a 7 / Universidad de Monterreypá g i n a 9 / Universidad Regiomontanapá g i n a 10 / Universidad de Monterreypá g i n a 13 / Universidad Regiomontanapá g i n a 18 / Gonzálo Barrientos, flickr.compá g i n a 21 / Facultad Libre de Derecho de Monterreypá g i n a 22 / Tecnológico de Monterreypá g i n a 23 / Lucas Hale, Flickr.compá g i n a 26 / Tambako The Jaguar, flickr.compá g i n a 30 / Wally Gobetz, flickr.compá g i n a 35 / Isobel T, flickr.compá g i n a 36 / Aristeo Jiménezpá g i n a 38 / Toni Matés Urtós, flickr.compá g i n a 43 / Jody Sticca, flickr.compá g i n a 44 / Pontificia Universidad Católica de Chile, flickr.compá g i n a 47 / Gary Bridgman, flicikr.compá g i n a 50 / Hermés, flickr.compá g i n a 55 / Fabio StaR_DusT, flickr.compá g i n a 56 / Gregory James Walsh, flickr.compá g i n a 59 / Brian Yap, flickr.compá g i n a 61 / M. T. Hawley, flickr.compá g i n a 63 / Guillermo Esteves, flickr.com© D.R. 2009, de la publicación:Fondo Editorial de Nuevo LeónZaragoza 1300Edificio Kalos, Nivel C2, Desp. 202CP 64000, Monterrey, N.L., MéxicoTeléfono: (52) 81 8344 2970 y 71www.fondoeditorialnl.gob.mxIMPRESO EN MÉXICO


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