Sentencias de Amparo de 1999 - Poder Judicial

Sentencias de Amparo de 1999Exportadores, Sociedad Anónima” (PROEXSA), en contradel Director de la Empresa Nicaragüense de Electricidad(ENEL) León, Don RENE ALEGRIA; ordenóponerlo en conocimiento del Procurador de Justiciaremitiéndosele la copia correspondiente; asimismo, ordenógirar oficio al recurrido con copia del presente recursopara que dentro del término de diez días a partirde su recepción rinda el informe de ley ante la CorteSuprema de Justicia.- Dicha providencia le fue notificadaal recurrente, Señor JUAN CARRION CALERO, alas diez y cuarenta minutos de la mañana del veinticuatrode Noviembre de mil novecientos noventa y siete, yal recurrido, Señor RENE ALEGRIA, a las diez y cuarentay cinco minutos de la mañana del veinticuatro deNoviembre de mil novecientos noventa y siete.- A lasdiez y dieciocho minutos de la mañana del veinticincode Noviembre de mil novecientos noventa y siete, laSala Civil y Laboral del Tribunal de Apelaciones de la IIRegión dictó providencia ordenando la remisión de lasdiligencias del recurso de amparo a la Corte Suprema deJusticia para su tramitación, y emplazó a las partes paraque dentro del término de tres días más el correspondientepor razón de la distancia, ocurran ante el referidoTribunal a hacer uso de sus derechos. Esta providenciale fue notificada al recurrente, Señor JUAN CARRIONCALERO a las nueve y veinticinco minutos de la mañanadel veintisiete de Noviembre de mil novecientos noventay siete, y al recurrido, Señor RENE ALEGRIA, alas tres y cinco minutos de la tarde del veintiséis de Noviembrede mil novecientos noventa y siete.- A las docey treinta minutos de la tarde del cinco de Diciembre demil novecientos noventa y siete, el Doctor NOEL ER-NESTO ROIZ LACAYO presentó ante la Sala de loConstitucional de la Corte Suprema de Justicia escritode personamiento del Señor JUAN CARRION CALE-RO, en el cual solicitaba nuevamente la suspensión delacto reclamado.- A las diez y cuarenta y dos minutos dela mañana del cinco de Diciembre de mil novecientosnoventa y siete, compareció a personarse la DoctoraDELIA MERCEDES ROSALES SANDOVAL en sucarácter de Procuradora Auxiliar Constitucional y comoDelegado del Procurador General de Justicia, DoctorJULIO CENTENO GOMEZ.- A las ocho y cuarentaminutos de la mañana del tres de Febrero de mil novecientosnoventa y ocho, la Sala de lo Constitucional dela Corte Suprema de Justicia tuvo por personados en lospresentes autos de amparo al Señor JUAN CARRIONCALERO en su carácter de Presidente y ApoderadoGeneralísimo de la Empresa “PRODUCTORES YEXPORTADORES, S.A.” (PROEXSA), conforme loestablecido en el artículo 30 de la Escritura de SociedadAnónima ubicada en el reverso del folio once de las primerasdiligencias; a la Doctora DELIA MERCEDESROSALES SANDOVAL en su carácter de ProcuradorAuxiliar Constitucional y como Delegada del ProcuradorGeneral de Justicia de la República, Doctor JULIOCENTENO GOMEZ, y se les concedió la intervenciónde ley. Asimismo ordenó que el presente recurso pasaraa la Sala para su estudio y resolución. En este estado, yllegado el momento de resolver,SE CONSIDERA:La actual Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial“La Gaceta” correspondiente al No. 241 de fecha 20 deDiciembre de 1988, en su Arto. 27 de manera expresaseñala los requisitos que debe de contener la demandade amparo que se interpone ante el Tribunal de Apelacionescorrespondientes, o ante la Sala Civil de los mismos,en donde estuviere dividido en Salas, la que conoceráde las primeras actuaciones hasta la suspensión delacto reclamado inclusive, correspondiéndole al TribunalSupremo el conocimiento ulterior hasta la resolucióndefinitiva. La órbita del recurso de amparo, extraordinariopor su propia naturaleza, está circunscrita de maneraexpresa a la violación de las garantías individualesconsagradas en la Constitución Política, y debe interponersepor parte agraviada, entendiéndose como tal, todapersona ya sea natural o jurídica a quien perjudique oesté en inminente peligro de ser perjudicada por todadisposición, acto o resolución, y en general toda acciónu omisión de cualquier funcionario, autoridad o agentede los mismos, que viole o trate de violar los derechosconsagrados en la Constitución Política. Es obligacióndel Tribunal receptor del recurso, el examinar si la demandade amparo contiene todos los requisitos que demanera expresa señala el citado Arto. 27 de la ley respectiva,que si en el escrito que contiene el recurso faltarealguno o algunos de dichos requisitos, deberáconcedérsele al recurrente un plazo de cinco días paraque llene las omisiones y si dejare pasar dicho plazo, elrecurso deberá tenerse como no interpuesto en observanciaa lo señalado en el Arto. 28 de la ley respectiva.Examinando esta Sala el interpuesto por el Señor JUANCARRION CALERO en contra del Señor RENE ALE-GRIA, Delegado Regional INE/ENEL del Departamen-22

Sentencias de Amparo de 1999el Secretario de la Sala de lo Constitucional. Cópiese,notifíquese, y publíquese.- Julio R. García V.- JosefinaRamos M.- Francisco Plata López.-M. Aguilar G.- F.Zelaya Rojas.- Fco. Rosales A.- Ante mi: M.R.E., Srio.AMPARO EXTEMPORANEOVOTO 12-99Expediente: 0307Fecha: 03-02-99Hora:01:00 p.m.Recurrente: Juan Bautista Duarte SevillaRecurrido:Dr. Octavio Tablada ZelayaSENTENCIA NO. 12CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LOCONSTITUCIONAL. Managua, tres de Febrero de milnovecientos noventa y nueve. La una de la tarde.VISTOS;RESULTA:A las doce y treinta minutos de la tarde del siete deMayo de mil novecientos noventa y dos, mediante escritopresentado ante el Tribunal de Apelaciones de la RegiónV (Juigalpa), compareció el Señor JUAN BAU-TISTA DUARTE SEVILLA, quien dijo ser mayor deedad, casado, ganadero y del domicilio de Juigalpa, ainterponer Recurso de Amparo en contra del DoctorOCTAVIO TABLADA ZELAYA, Director Regional delInstituto Nicaragüense de Reforma Agraria (INRA) enla Región V y del Señor RICARDO CONRADO CAS-TAÑO, Director de Políticas Agrarias del Instituto Nicaragüensede Reforma Agraria (INRA) en la Región V.En el escrito de interposición del recurso, el recurrentemanifestó en síntesis lo siguiente: Que es dueño en dominioy posesión de una finca rústica denominada LACEQUERA ubicada en la comarca Los Serritos, municipiode San Miguelito, departamento de Río San Juan.Que dicha finca la ha venido trabajando eficientemente.Que en la finca anteriormente descrita, los recurridosSeñores OCTAVIO TABLADA ZELAYA y RICARDOCONRADO CASTAÑO, desde hace aproximadamenteunos ocho meses han estado insistiendo en querer meterdesmovilizados de la Resistencia Nicaragüense, fechadesde la cual ha protestado por escrito ante el SeñorOctavio Tablada, lo mismo que ante el Doctor GUSTA-VO TABLADA, Ministro del Instituto Nicaragüense deReforma Agraria, siendo infructuosas sus gestiones. Queel día veinticinco de Abril de mil novecientos noventa ydos, los recurridos Señores OCTAVIO TABLADAZELAYA y RICARDO CONRADO CASTAÑO, ordenaronintroducirse en su finca a cuatro sujetos desconocidospara él, ya que sólo conoce el seudónimo de quiendirige el grupo, siendo éste “El Caminante”. Que desdeel momento en que estos señores se introdujeron en sufinca le han causado serios perjuicios por cuanto se handedicado a cortar los cercos, los árboles que sirven paraforraje del ganado en el verano, así mismo han estadodespalando la reserva de montaña lo que además de causarleperjuicios a su propiedad se los causa a toda lazona; que lo han querido obligar a que desocupe la finca,que saque su ganado y que salgan los trabajadores ode lo contrario ellos los sacarán amarrados, asegurandoque esa finca se las entregó la Reforma Agraria,específicamente el Doctor Octavio Tablada. Que la actuacióndel Doctor Octavio Tablada viola el artículo 108de la Constitución Política que establece: “Se garantizala propiedad de la tierra a todos los propietarios que latrabajen productiva y eficientemente. La ley estableceráregulaciones particulares y excepciones, de conformidadcon los fines y objetivos de la reforma agraria”,razón por la cual, después de haber agotado la vía administrativaante el Instituto Nicaragüense de ReformaAgraria, interpone Recurso de Amparo en contra de loscitados Señores OCTAVIO TABLADA ZELAYA y RI-CARDO CONRADO CASTAÑO, para que previos lostrámites de ley, se les ordene revocar la autorizacióndada al Señor del seudónimo “El Caminante” y a losotros tres que lo acompañan. Pidió se gire oficio a laPolicía Nacional de la Región V a fin de que se ordeneel desalojo de las personas introducidas en su finca porórdenes de la reforma agraria. Acompañó a su escritode interposición del recurso copia de la escritura públicanúmero setenta, copia de carta fechada el diez de Juniode mil novecientos noventa y uno enviada al DoctorGustavo Tablada, Ministro del INRA y señaló casa paranotificaciones. A las diez y quince minutos de la mañanadel doce de Mayo de mil novecientos noventa y dos,el Tribunal de Apelaciones de la V Región dictó Auto enel cual resolvió: declarar admisible el recurso; suspen-26

Sentencias de Amparo de 1999prema de Justicia, el Doctor ARMANDO PICADOJARQUIN, de generales en autos y expuso en síntesislo siguiente: Que el artículo 130 de la Constitución Políticaestablece que “Ningún cargo concede a quien loejerce más funciones que las que le confieren la Constitucióny las Leyes”; que en los artículos 158, 159 y 160del mismo cuerpo de leyes se preceptúa respectivamente:“La justicia emana del pueblo y será impartida en sunombre y delegación por el Poder Judicial, integradopor los tribunales que establezca la ley”, “Los tribunalesde justicia forman un sistema unitario, cuyo órganosuperior es la Corte Suprema de Justicia”, “El ejerciciode la jurisdicción de los tribunales corresponde al PoderJudicial”. Es evidente que de conformidad con los artículosconstitucionales citados anteriormente, la funciónjudicial, considerada materialmente, es de esencia exclusivamentede función jurisdiccional y la principalcaracterística de la función jurisdiccional estriba en laaplicación de la ley al caso concreto. La función jurisdiccionalsupone una situación de conflicto preexistente,supone dos pretensiones opuestas, cuyo objeto es muyvariable. Ellas pueden referirse a un hecho, actitud oacto jurídico que se estimen contradictorios con un derechoo una norma legal, o a un estado de duda o errorsobre la interpretación, alcance o aplicación de una normao de una situación jurídica. Por lo tanto, si el antecedenteo motivo de la función jurisdiccional es un conflictode derecho que no puede dejarse a las partes resolver,el primer elemento del acto jurisdiccional consisteen la declaración que se haga de la existencia de tal conflicto.Esa declaración requiere un procedimiento especialprevio en el cual haya un debate contradictorio, audienciade pruebas y alegatos de las partes contendientes,habiéndose llegado a pensar que el “procedimiento”,con sus formalidades especiales, constituye un elementodel acto jurisdiccional. El Estado, por medio delas funciones legislativas y administrativas, crea situacionesjurídicas que deben ser voluntariamente respetadas.Cuando ese respeto voluntario no existe, cuandoesas situaciones o los actos que las engendran son motivode duda, de controversia, o de violación, el Estadodebe intervenir para evitar que los particulares lleguen aimponer por la fuerza su derecho, a hacerse justicia porsu propia mano. La función que el Estado realiza alefectuar esa intervención es precisamente la “funciónjurisdiccional”, en caso contrario, cualquier resoluciónque dicte un funcionario para decidir sobre conflictos deintereses, “sobre el tuyo y el mío”, dicho funcionarioestaría invadiendo la propia y exclusiva competencia delPoder Judicial que es el único que puede administrarjusticia, tal a como lo establecen con claridad los artículos158, 159, 160, 164 y 167 de la Constitución Política.Que en base a todo lo expuesto y específicamentecuando una resolución de cualquier funcionario, comola sometida al conocimiento de la Corte Suprema de Justiciamediante el Recurso de Amparo interpuesto, hayaviolado las normas constitucionales ya señaladas antes,pide al Alto Tribunal que ampare al recurrente en susderechos reclamados y que las partes hagan uso de susderechos ante los Tribunales de Justicia competentes. Alas ocho y quince minutos de la mañana del once deAgosto de mil novecientos noventa y dos, la Corte Supremade Justicia dictó auto teniendo por personados enel presente Recurso de Amparo al Doctor JOSECRESCENCIO OROZCO HUEMBES, en su carácterde Apoderado General Judicial del Señor JUAN BAU-TISTA DUARTE SEVILLA, al Doctor OCTAVIOTABLADA ZELAYA, en su carácter de Delegado delINRA Región V, al Doctor RICARDO CONRADOCASTAÑO, Director de Políticas Agrarias del INRARegión V y al Doctor ARMANDO PICADO JARQUINen su carácter de Procurador Civil y Laboral Nacional ycomo Delegado del Procurador General de Justicia,Doctor GUILLERMO VARGAS SANDINO, a quienesse les concedió la intervención de ley y se ordenó pasarel proceso al Tribunal para su estudio y resolución. Dichaprovidencia fue notificada a las partes. El HonorableMagistrado Doctor MARVIN AGUILAR GARCIA,se excusó de conocer del presente recurso por haberconocido de su admisibilidad cuando se desempeñó comoPresidente del Tribunal de Apelaciones de la V Región.Llegado el momento de resolver,SE CONSIDERA:El Arto. 26 de la Ley de Amparo vigente dispone que“El Recurso de Amparo se interpondrá dentro del términode treinta días, que se contará desde que se hayanotificado o comunicado legalmente al agraviado, la disposición,acto o resolución. En todo caso este términose aumentará en razón de la distancia. También podráinterponerse el Recurso desde que la acción u omisiónhaya llegado a su conocimiento”. En el caso de autosconsta que el día diez de Junio de mil novecientos noventay uno el hoy recurrente envió comunicación alDoctor Gustavo Tablada Zelaya, Ministro de Desarrollo28

Sentencias de Amparo de 1999otra propiedad en la misma ciudad de Diriamba. Que silos terrenos afectados por el decreto de utilidad tuvierancomo objeto la construcción de un parque, de Hospitaletc, entonces si nos encontraríamos ante proyectos deverdadera utilidad pública, pero en el caso presente elConsejo Municipal solo persigue como ya expusieron elentregar los terrenos afectados a ocupantes particulares.Que con fundamento en lo anterior y por considerar quese han violado las garantías consagradas a su favor enlos artículos 44 y 64 de nuestra Constitución ocurríanante esa Sala en referencia a interponer recurso de AmparoAdministrativo en contra del Consejo Municipal deDiriamba por haber emitido el Acuerdo número 44 delveintisiete de Noviembre de mil novecientos noventa ydos publicado el nueve de Junio del año en curso. Quebajo el Amparo del artículo 188 Cn. solicitaban se enviaranel presente recurso a este Alto Tribunal para quemediante sentencia firme se ordene al Consejo Municipal;fotocopia del Acta de defunción de BERNY PEREZDE JIRON; fotocopia de la partida de defunción de PE-DRO JOAQUIN PEREZ PARRALES; y fotocopia de laescritura de Cesación de Comunidad de la Propiedad yterminaban señalando casa para oír notificaciones en laciudad de Diriamba.IIAl observar que el escrito de interposición del recursoadolece de varias omisiones, la Sala Civil mediante autodictado a las diez y treinta minutos de la mañana delveintitrés de Junio de mil novecientos noventa y tres,concede a las recurrentes el término de cinco días paraque las subsanen bajo el apercibimiento de tener por nointerpuesto el recurso intentado al tenor de lo establecidoen el artículo 28 de la Ley de Amparo, si no lohicieren. Mediante escrito presentado el veinticuatro deJunio de mil novecientos noventa y tres, los recurrentesatienden el requerimiento de la Sala Civil por lo que estay mediante auto dictado a las nueve y treinta minutos dela mañana del veintiocho de Junio mil novecientos noventay tres, da por subsanadas las omisiones señaladas,admite el recurso y tiene como parte a las recurrentes enel carácter con que comparecen; ordena ponerlo en conocimientodel señor Procurador General de Justicia;oficia a los funcionarios recurridos para que rindan informeante este Supremo Tribunal; no se pronuncia sobrela suspensión del acto reclamado porque los recurrentesno lo pidieren ni tampoco concurren a las circunstanciasseñaladas en el artículo, 32 de la Ley deAmparo para que la misma proceda a la suspensión deoficio; y emplaza a las partes para que dentro de tresdías más el correspondiente por razón de la distancia,comparezcan ante esta Corte a ejercer sus derechos.Por recibidas las diligencias y mediante auto dictado alas ocho y veinticinco minutos de la mañana del veintede agosto de mil novecientos noventa y tres este AltoTribunal tiene por personados y les da la intervenciónde Ley a las recurrentes y al señor Procurador Generalde Justicia por medio de su Delegado; y ordena pasar elproceso al Tribunal para su estudio y resolución y porllegado el momento de resolverSE CONSIDERA:Por razones elementales de orden lo primero que tieneque examinar la Sala en presencia del recurso que analizamos,es saber si el mismo fue presentado o no dentrodel plazo de treinta días que al efecto y de manera expresaseñala el artículo 26 de la Ley de Amparo para conposterioridad pasar a examinar si en su interposición seobservaron y cumplieron por parte de las recurrentescon los requisitos que impone la Ley para suimplementación y que son una consecuencia de su formalismopor ser un recurso extraordinario y de rangoconstitucional. De lo expuesto por las recurrentes resultaque aunque el Consejo Municipal de Diriamba emitióel Acuerdo número 44 que impugnan por el presenterecurso, el veintisiete de Noviembre de mil novecientosnoventa y dos, este fue publicado el nueve de Junio demil novecientos noventa y tres por lo que habiéndosepresentado el recurso el día veintidós del mismo mes yaño esta Sala considera que el mismo fue interpuestodentro del término que para tal fin concede el Artículo26. Cabe pues examinar si las recurrentes dieron cabalcumplimiento a los requisitos que en forma determinanteestablece el artículo 27 de la Ley que nos rige, ya quede no ser así, el recurso intentado debe ser declaradoimprocedente y esta Sala quedaría imposibilitada paraentrar a conocer el fondo del Amparo. Al efecto en LaGaceta numero 155 del diecisiete de agosto de mil novecientosochenta y ocho, se publicó y entró en vigencia laLey de Municipios la que en su articulo 40 establece losiguiente: «Los actos y disposiciones de los municipiospodrán ser impugnados por lo pobladores mediante la30

Sentencias de Amparo de 1999incluyendo las recurrentes, solicitando a la InspectoríaDepartamental del Trabajo autorización para ello, lo quefue accedido. Continúan afirmando las recurrentes quecon esta resolución se han violado las siguientes disposicionesconstitucionales: Artículos 88, 87, 182, 183 y188 Cn.IIEl Honorable Tribunal de Apelaciones de la IV Región,admite el recurso y tiene como parte a las recurrentes,en el carácter que comparecen. Se le dio conocimientoal Señor Procurador de Justicia y a la funcionaria recurrida.Teniendo tanto la funcionaria recurrida como elSeñor Procurador General de Justicia, su domicilio legalen la ciudad de Managua, diríjase Exhorto a la Sala Civildel Tribunal de Apelaciones de la III Región, se declarasin lugar la suspensión del acto porque se trata deun acto positivo consumado ya que es contra una resolucióndictada por una autoridad para que se cumpla determinadacosa. Que se remitan los autos a la Salaexhortante una vez que se realicen estas diligencias, a laCorte Suprema de Justicia dentro del término de tresdías hábiles. Se dirigió oficio a la funcionaria recurridapreviniéndole que envíe su informe correspondiente a laCorte Suprema dentro del término de diez días despuésde notificada y se previene a las partes que deberánpersonarse dentro del término de tres días hábiles despuésde notificadas para hacer uso de sus derecho. Locual fue hechoIIILas recurrentes se personaron ante este Supremo Tribunal,así mismo la funcionaria recurrida y el Delegadodel Procurador General de Justicia. Mediante auto de laSala de lo Constitucional de este Tribunal Supremo, setiene por personados a las recurrentes, a la funcionariarecurrida y al Delegado del Procurador General de Justiciay se manda a pasar el proceso a la Sala para suestudio y resolución, por lo que esta Sala,CONSIDERA:IAfirman las recurrentes que con la resolución de la Directorade Asociaciones Sindicales del veintiocho deMayo de mil novecientos noventa y siete en la que seconfirma la desafiliación de las recurrentes del Sindicatofundado por ellas y sustenta la cancelación de la negociacióndel Pliego Petitorio, se les viola una serie dedisposiciones constitucionales. Del examen de las diligenciasexistentes se observa, que la Directora de AsociacionesSindicales del Ministerio del Trabajo, basa suresolución del veinte de Mayo de mil novecientos noventay siete, en una suspuestas renuncias de afiliados yde algunos miembros de la Junta Directiva del Sindicatoy por la inspección realizada por un Inspector del Trabajoen la empresa, el cual afirma, en su informe, que enatención a escrito y firmas presentados por miembros dela Junta Directiva del Sindicato, se decreta dicha inspecciónen lo que se afirma que para la formación del Sindicatose usó coacción, y que si firmaron sólo fue por ir apasear, de igual manera que una de las recurrentes ya notrabajaba en la empresa desde el veintiocho de Abril demil novecientos noventa y siete, de lo cual esta Sala noencuentra pruebas de esta afirmación, pues no fueronpresentado por la funcionaria recurrida documentos quedemuestren tal afirmación, tanto de la renuncia comodel despido de las recurrentes, de igual manera, en elfolio 1 del segundo cuaderno del expediente administrativo,se observa, un acta elaborada por los trabajadoresde la Empresa CUPID FUNDATION, el día dos de Mayode mil novecientos noventa y siete, la cual esta Sala consideraque no puede ser aceptada como válida por nocumplir lo establecido por el Reglamento de AsociacionesSindicales que establece en su Artículo 18 «Quedafacultado el Responsable de Asociaciones Sindicales dellugar del Sindicato o a quien éste delegue para asistir ala celebración de la Asamblea para verificar el cumplimientode los requisitos preceptuados por la Ley.», en elActa presentada se observa que su realización no fueverificada por la Dirección de Asociaciones Sindicales,sin embargo ésta es aceptada tanto por la Directora deAsociaciones Sindicales como por la Inspectora Departamental,para decretar Inspección en el sindicato, siendoésta uno de los principales fundamentos para la resolucióndel veinte de Mayo de mil novecientos noventa ysiete, en la que la Dirección de Asociaciones Sindicalesresuelve desafiliar a las recurrentes del referido sindicato,por lo que esta Sala estima que la Dirección de AsociacionesSindicales no actuó de conformidad con la Ley,IIRespecto a la violación del artículo 88 Cn., referente alConvenio Colectivo, se observa que el Departamento deConciliación del Ministerio del Trabajo, suspende la citade negociación del Pliego Petitorio, no cancela el mis-32

Sentencias de Amparo de 1999gan, y artículo 103 ya que cumplen una función social.Asimismo solicitan se ordene la suspensión del acto reclamado.IILa Honorable Sala Civil y Laboral del Tribunal de Apelacionesde la IV Región, mediante resolución del dosde Abril de mil novecientos noventa y uno, admite elrecurso, tiene como parte a los recurrentes. Se le dioconocimiento al Procurador General de Justicia, se dirigeoficio al funcionario recurrido, previniéndole que envíesu informe correspondiente a la Corte Suprema de Justiciadentro del término de diez días después de notificados,en cuanto a la suspensión del acto reclamado porconsiderar que no se causa perjuicio al interés general,ni se contravienen disposiciones de orden público, obligaa los recurrentes a otorgar garantía suficiente hastapor la suma de DOS MIL QUINIENTOS CORDOBAS,para responder por los daños y perjuicios que se ocasionen,la cual fue otorgada y considerada como buena porel Tribunal, declarando la suspensión del acto. Asimismoprevino a las partes que deberán personarse ante laCorte Suprema de Justicia, dentro del término de tresdías hábiles más el de la distancia, después de notificadospara hacer uso de sus derechos.IIISe personaron los recurrentes ante la Corte Suprema deJusticia y en auto del siete de Mayo de mil novecientosnoventa y uno, se les concedió la intervención de leycorrespondiente y se mandó a abrir a pruebas el procesopor el término de diez días, período en el que los recurrentespresentaron pruebas documentales a su favor.Vencido el término probatorio y siendo el caso de resolver,esta Sala,CONSIDERA:No habiendo vía administrativa que agotar, ya que laLey Orgánica del Instituto Nicaragüense de Acueductosy Alcantarillados INAA, Publicada en La Gaceta, DiarioOficial Nº 44, del 30 de Octubre de 1979, no estableceningún recurso que agotar y es sabido que los recursosordinarios que agotan la misma deben estar establecidosen la ley, esta Sala considera importante en estrictocumplimiento del principio de Legalidad, haceralgunas consideraciones necesarias. El artículo 39 de laLey de Amparo vigente establece: «Recibidos los autospor la Corte Suprema de Justicia, con o sin el informe,dará al Amparo el curso que corresponda. La falta deinforme establece la presunción de ser cierto el acto reclamado».Del examen de las diligencias existentes seobserva que el Honorable Tribunal de Apelaciones de laIV Región, en su resolución del dos de Abril de milnovecientos noventa y uno, ordena al funcionario recurridoque dentro del término de diez días después derecibido el oficio, enviara su informe correspondientejunto con las diligencias creadas a este Supremo Tribunal.Asimismo en auto del mismo Tribunal del ocho deAbril de mil novecientos noventa y uno, éste previene alas partes que deberán personarse ante la Corte Supremadentro del término de tres días hábiles más el de la distancia,para que hicieran uso de sus derechos. Sin embargohasta la fecha el funcionario recurrido LicenciadoDENIS MEJIA OBREGON, o quien le haya sustituido,si ya no ocupa la misma persona el cargo, no se ha personadoante esta autoridad, ni presentó su informe correspondiente,a fin de demostrar la legalidad de su actuacióncomo funcionario de esa Institución, por lo queno cabe más que tener por cierto lo afirmado y ampararal recurrente,POR TANTO:De conformidad con lo expuesto, artículos 424, 436 Pr.,188 Cn., 39, 44, 45, 46 y 48 de la Ley de Amparo, lossuscritos Magistrados dijeron: I- HA LUGAR AL RE-CURSO DE AMPARO interpuesto por los SeñoresPABLO JOSE CENTENO Y FRANCISCO JOSE RO-CHA LOPEZ, en el carácter en que comparecen, encontra del Señor DENIS MEJIA OBREGON, en su carácterde Responsable de la Dirección de AcueductosRurales del Instituto Nicaragüense de Acueductos y AlcantarilladosINAA, de ese entonces. II- En consecuenciavuelvan las cosas al estado que tenían antes de producirseel acto reclamado. III- Comuníquese medianteoficio y sin demora a la autoridad recurrida para su inmediatocumplimiento. IV- Cópiese, notifíquese ypublíquese. Esta Sentencia esta escrita en dos hojas depapel bond, con membrete de la Corte Suprema de Justiciay Sala de lo Constitucional y rubricadas por el Secretariode la Sala de lo Constitucional.- Cópiese,Notífiquese y Publíquese.- Julio R. García V.- JosefinaRamos M.- Francisco Plata López.- M. Aguilar G.- F.Zelaya Rojas.- Fco. Rosales A.- Ante mí; M.R.E., Srio.34

Sentencias de Amparo de 1999mañana del veintiuno de Enero de mil novecientos noventay nueve se tiene por separado al Honorable MagistradoDoctor MARVIN AGUILAR GARCIA, porhaber conocido de la admisibilidad del presente Recur-so.-CONSIDERA:IQue el escrito de interposición del Recurso de Amparo,cumplió con todos los requisitos formales establecidosen la Ley de Amparo, Ley No. 49, publicada en LaGaceta No. 241 del 20 de Diciembre de 1988. Esta Salade lo Constitucional observa que la Procuraduría Departamentalde Boaco notificó al señor ORLANDO CU-BAS ALONSO, que conforme resolución emitida por laComisión Nacional de Revisión de Confiscaciones de laciudad de Managua del trece de Mayo de mil novecientosnoventa y uno, debía de hacer entrega del bien inmuebleque ocupaba a la señora Nunila Barquero deSánchez, en el término de setenta y dos horas, y que elProcurador Departamental de Boaco no estaba facultadopara ordenar la desocupación de dicha propiedad al señorORLANDO CUBAS ALONSO, por simple resoluciónde la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones,cuyas facultades contenidas en el Decreto 11-90ya habían sido declaradas parcialmente inconstitucionalespor sentencia número veintisiete de las ocho y treintaminutos de la mañana del diecisiete de Mayo de mil novecientosnoventa y uno, en lo que se refiere a la partefinal del artículo 7 y 11 ya que los mismos le conferíana la Comisión Nacional de Revisión de Confiscacionesfacultades para dictar resoluciones ordenando la devoluciónde bienes o reconocimientos de derechos con auxiliode la fuerza pública, dándole a dicha resoluciones elcarácter de suficiente título para ejercer derecho plenosobre bienes reclamados, usurpando con ello facultadesde orden jurisdiccional, que única y exclusivamente pertenecenal Poder Judicial.- Asimismo el Procurador Departamentalde Boaco al dictar la resolución de las nuevede la mañana del doce de Noviembre de mil novecientosnoventa y uno, invadió la esfera de competenciadel Poder Judicial, infringiendo los artículos 148 y 160Cn., cuando en el presente caso no había ningún juiciotramitado en los tribunales comunes que indicase que laparte recurrente había sido tomada en cuenta y vencidopor sentencia firme.IIEsta Sala aclara que aunque si bien es cierto la parterecurrente únicamente expreso recurrir de Amparo encontra de la resolución dictada por el Procurador Departamentalde Boaco, doctor RAFAEL ANGEL JUAREZPEREZ, del contenido de la misma, se desprende unacto de ejecución de la resolución emitida por la ComisiónNacional de Revisión de Confiscaciones, que es inconstitucionalpor haber sido resuelto así por este SupremoTribunal, en sentencia número veintisiete de las ochoy treinta minutos de la mañana del diecisiete de Mayo demil novecientos noventa y uno, y que la ejecución contenidaen la resolución del Procurador Departamental deBoaco fue dictada posteriormente, ya que una vez quehabía sido declarada dicha inconstitucionalidad, por loque esta sentencia deber ser notificada a los Miembrosde la Comisión Nacional de Revisión de Confiscaciones.POR TANTO:De conformidad con el considerando expuesto, leyesreferidas y los artículos 424, 426 y 436 Pr., y los artículos27, 44 y 45 de la Ley de Amparo, los Magistradosde la Sala de lo Constitucional resuelven: I.- HA LU-GAR AL AMPARO interpuesto por el señor ORLANDOCUBAS ALONSO, mayor de edad, casado, oficinista ydel domicilio de la ciudad de Boaco, en contra del doctorRAFAEL ANGEL JUAREZ PEREZ, en su carácterde Procurador Departamental de Justicia de Boaco.- II.-Notifíquese la presente resolución a la Comisión Nacionalde Revisión de Confiscaciones.- III.- Esta Sala de loConstitucional aclara que no está declarando el dominioa favor del señor ORLANDO CUBAS ALONSO, dejandoa salvo los derechos de terceros para que los haganvaler en la vía correspondiente.- Esta sentencia estáescrita en dos hojas de papel bond, con membrete de laCorte Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucional yrubricadas por el Secretario de la Sala de lo Constitucional.-Cópiese, notifíquese y publíquese.- Julio R. GarcíaV.- Josefina Ramos M.- Francisco Plata López.- F.Zelaya Rojas.- Fco. Rosales A.- Ante mí; M.R.E., Srio.-36

Sentencias de Amparo de 1999ta y ocho dictado por el Tribunal de apelaciones, SalaCivil, Región III, se ordenó que se notificara al InspectorGeneral del Trabajo, doctor EMILIO NOGUERACACERES. Por auto de las cuatro y ocho minutos de latarde del veinticuatro de Febrero del corriente año dictadopor el Tribunal de Apelaciones de Occidente, se ordenóremitir las diligencias a la corte Suprema de Justiciay se emplazó a las partes para que dentro del términode tres días más el de la distancia ocurran ante el SupremoTribunal para hacer uso de sus derechos. En auto delas doce y siete minutos de la tarde del once de Marzo demil novecientos noventa y ocho dictado por el Tribunalde Apelaciones de Managua, se ordenó notificar al doctorEMILIO NOGUERA CACERES, Inspector Generaldel Trabajo. En escrito de las nueve y treinta y cuatrominutos de la mañana del ocho de Enero de mil novecientosnoventa y ocho se personó ante la Sala de loConstitucional, la doctora DELIA MERCEDES ROSA-LES SANDOVAL, en su carácter de Procurador AuxiliarConstitucional y como delegada del Procurador Generade Justicia. Por escrito de las once y quince minutosde la mañana del cuatro de Mayo de mil novecientosnoventa y ocho se personó el señor MAURICIO MEZAMATUTE en su carácter de Secretario General del Sindicato“MODESTO MARTINEZ RIOS”. El día dieciséisde Marzo del corriente año a las diez y cincuenta yun minutos de la mañana rindió informe el doctor EMI-LIO NOGUERA CACERES, en su carácter de InspectorGeneral del Trabajo.CONSIDERANDOUNICOLa Ley de Amparo, Ley No. 49, publicada en La GacetaNo. 241 del 20 de Diciembre de 1988, señala en suartículo 27 los requisitos formales que debe contener elescrito de interposición para que esta Sala pueda conocery resolver sobre el fondo del Recurso de Amparo.El artículo 27 inciso 5 de la referida ley dice: “El Recursopodrá interponerse personalmente o por apoderadoespecialmente facultado para ello”. En el caso sub judicela parte recurrente, compareció en su carácter de SE-CRETARIO GENERAL del Sindicato de Trabajadores“MODESTO MARTINEZ RIOS”, calidad que dijo acreditarmediante certificación de personería jurídica, certificaciónde la Dirección de Asociaciones Sindicales dela ciudad de Managua, asimismo certificación de la Directorade Asociaciones Sindicales, doctora MarleneRobleto U. Es criterio de esta Sala que tales documentalesúnicamente demuestran que el señor MAURICIOMEZA MATUTE efectivamente es el Secretario Generaldel Sindicato de Trabajadores “MODESTOMARTINEZ RIOS”, pero no demostró que se le hubieraconferido la facultad especial de interponer Recursode Amparo. Considera esta Sala que se debe aclarar queel hecho de ser representante legal, no es sinónimo demandatario especialmente autorizado, y que en el casode interposición de los Recursos se requiere que se lehaya conferido esa facultad especial, por lo que se debeconsiderar que no se cumplió con el requisito formal enel presente recurso.POR TANTO:De conformidad con el Considerando expuesto, artículos413, 424, 436 y 446 Pr., y artículos 27, inciso 5 y 41de la Ley de Amparo, los suscritos Magistrados de laSala de lo Constitucional declaran: SE DECLARA IM-PROCEDENTE el Recurso de Amparo interpuesto porel señor MAURICIO MEZA MATUTE, mayor de edad,soltero, trabajador agrícola y del domicilio de El Viejo,departamento de Chinandega, en su carácter de SecretarioGenera del Sindicato “MODESTO MARTINEZRIOS” contra de los siguientes funcionarios: doctorDENIS MELENDEZ, mayor de edad, casado, Abogadoy del domicilio de la ciudad de Chinandega, en sucarácter de Inspector del Trabajo de la ciudad deChinandega y el doctor EMILIO NOGUERA CACERES,mayor de edad, soltero, Abogado y del domicilio deManagua, en su carácter de Inspector General del Trabajo.La Honorable Magistrada Doctora JOSEFINA RA-MOS MENDOZA, disiente de la mayoría de sus colegasMagistrados y vota porque el presente recurso, cumplacon los requisitos establecidos para su resolución yuna vez hecho esto se examine si hubo o no violaciónconstitucional y expresa lo siguiente: En el ConsiderandoUnico se afirma que por no demostrar el recurrente,poder suficiente que lo acredite, el carácter en que comparece,es decir como Secretario General del Sindicatode Trabajadores “MODESTO MARTINEZ RIOS”, esrazón suficiente para declarar improcedente el presenterecurso, en primer lugar es importante no olvidar lo señaladopor el arto. 28 de la Ley de Amparo, en el se leobliga al Tribunal de Apelaciones, mandar a llenar lasomisiones que estime tenga el recurso, en el plazo decinco días y del examen de las diligencias se observa38

Sentencias de Amparo de 1999Apelaciones de la III Región el tres de Noviembre demil novecientos noventa y siete y el acta de compromisofue suscrita el ocho de Noviembre del mismo año. Adjuntolos correspondientes documentos de acta de compromiso,recibos por la suma de ciento cincuenta milcórdobas firmados por el señor Alcalde y el recurrentecon fecha de 10 de Noviembre de 1997. Comprobantede Egresos de la Alcaldía, cheque librado a favor deCARLOS BARQUERO con fecha diez de Noviembrede 1997. A las once y cincuenta y un minuto de lamañana, del dos de Diciembre de mil novecientos noventay siete, la Licenciada DELIA MERCEDES RO-SALES, mayor de edad, soltera, abogada y de este domicilioen su carácter de Procurador Auxiliar y Delegadadel señor Procurador General de Justicia, comparecióa personarse en el presente Recurso de Amparo adjuntandocertificaciones de su nombramiento. La Salade lo Constitucional dictó providencia a las diez de lamañana, del nueve de Enero del presente año teniendopor personado al Ingeniero Roberto Cedeño Borgen ensu carácter de Alcalde del Municipio de Managua, a laLicenciada Delia Mercedes Rosales Sandoval, en su calidadde Procuradora Auxiliar Constitucional y Delegadadel Procurador General de Justicia, concediéndoselesla intervención de Ley, ordenando que Secretaría informara,si el señor CARLOS BARQUERO BARQUEROse había personado ante este Alto Tribunal tal como leprevino la Honorable Sala Civil del Tribunal de Apelacionesde la III Región. La Secretaría de la Sala de loConstitucional de este Alto Tribunal en oficio del cuatrode Febrero del año en curso, informó que el señor CAR-LOS BARQUERO BARQUERO en el presente caso, nose había personado a la fecha, por lo que estando el casopara resolver.SE CONSIDERA:El artículo 25 de la Ley de Amparo establece que elRecurso de Amparo se interpondrá ante el Tribunal deApelaciones respectivo o ante la Sala para lo Civil endonde estuvieren divididos en Salas, el que conocerá delas primeras diligencias hasta la suspensión del acto inclusive,correspondiéndole a la Corte Suprema de Justiciael conocimiento ulterior hasta la resolución definitiva.El artículo 38 de la referida Ley preceptúa que a laspartes debe prevenírseles que deberán personarse dentrodel término de tres días hábiles, más el de la distancia,ante este Supremo Tribunal para hacer uso de sus derechosy si el recurrente no se personare dentro del términode Ley señalado se declarará desierto el Recurso. Enel presente caso radicados los autos, ante esta SupremaCorte de Justicia solamente se personaron el señor FuncionarioRecurrido, Ingeniero ROBERTO CEDEÑOBORGEN y la Procuradora Auxiliar Constitucional yDelegada del señor Procurador General de Justicia, nohabiéndolo hecho el señor recurrente CARLOS BAR-QUERO BARQUERO, según consta en informe de laSecretaría del cuatro de Febrero del presente año. Enconsecuencia esta Sala considera que no queda más quedeclarar la deserción del Recurso.POR TANTO:De conformidad con lo expuesto y Artículos 424, 426 y436 Pr., y artículo 25 y 38 de la Ley de Amparo lossuscritos Magistrados de la Sala de lo Constitucional dijeron:SE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DEAMPARO, interpuesto por el señor CARLOS BARQUE-RO BARQUERO, de generales en autos en contra delseñor Alcalde de la ciudad de Managua Ingeniero RO-BERTO CEDEÑO BORGEN, de que se ha hecho mérito.-Esta sentencia está escrita en dos hojas de papelbond tamaño legal con membrete de la Corte Supremade Justicia y Sala de lo Constitucional y rubricadas porel Secretario de la Sala de lo Constitucional. Cópiese,Notifíquese y Publíquese.- Julio R. García V.- JosefinaRamos M.- Francisco Plata López.- M. Aguilar G.- F.Zelaya Rojas.- Fco. Rosales A.- Ante mí; M.R.E., Srio.AMPARO NO HA LUGARVOTO 19-99Expediente: 0876-96Fecha: 10-02-99Hora:01:30 p.m..Recurrente: Dr. Julio Centeno GómezRecurrido:Comisión Nic. del CaféSENTENCIA No. 19CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LOCONSTITUCIONAL. Managua, diez de Febrero demil novecientos noventa y nueve. La una y treinta minutosde la tarde.-40

Sentencias de Amparo de 1999nada que ver con ese problema que era exclusivo de laCOMISION NICARAGUENSE DEL CAFÉ(CONICAFE). Que recurrió entonces ante el SeñorSecretario Ejecutivo de CONICAFE, Ing. AlvaroVelásquez S. por carta del veintinueve de Abril de milnovecientos noventa y seis, en la que le solicitó le fueraregistrado el contrato No. K/9014 para la cosecha 96/97a los señores VACATION TRADIN S.A. de París, Francia.Que el Ing. Alvaro Velásquez S., en representaciónde CONICAFE contestó el mismo día que si no se hacíanenteros los tributos ilegales no autorizarían el registrodel contrato antes relacionado. Que su representadacon fecha diez de Junio de mil novecientos noventa yseis insistió ante el mismo Secretario Ejecutivo deCONICAFE para que dejarán de cobrar los tributos ilegales.Sigue expresando el recurrente que en carta delonce de junio del mismo año respondieron al escrito derevisión de su representada que en ningún momento procederíana registrar los contratos de exportación hastaque no se cancelaran los tributos de dos dólares por quintala exportar, por lo que su representada dio por agotada lavía administrativa. Que los dos dólares por quintal aexportar que pretende cobrar CONICAFE es un actoilícito y antijurídico por que no existe ninguna disposiciónlegal que establezca tal tributación, por lo que constituyeuna violación a los Artículos 114 y 115 Cn. queestablecen la exclusividad indelegable de la AsambleaNacional y la potestad de la misma para crear, aprobar,modificar y suprimir tributos, y la disposición imperativade que el Estado no obligará a pagar impuestos quepreviamente no estén establecidos en una ley. Que almismo tiempo con fundamento en el Artículo 20 de laLey de Amparo alega y promueve la inconstitucionalidaddel Acuerdo Ministerial No. 01-12-26 del Ministerio deEconomía y Desarrollo creador de CONICAFE, ya quedicho acuerdo viola los Artículos 114 y 115 Cn. al pretendercrear en su Artículo 7 un tributo para gravar lasexportaciones de café a los mercados del exterior. Pideque se decrete la suspensión del acto por las graves consecuenciasque puede afectar a más de ochocientos pequeñosproductores de café, ordenando a CONICAFEque proceda a registrar los contratos de exportación 96/97. Dice acompañar todos los documentos a que hahecho referencia, para que una vez razonado le seandevueltos y las copias a la Procuraduría General de Justiciay el testimonio de las diligencias incoadas en la salarecurrida, librada por la Sala Civil del Tribunal de Apelacionesde Managua. Señala para oír notificaciones.CONSIDERANDOIQue el Artículo 25 de la Ley de Amparo, publicada enLa Gaceta No. 241 del veinte de Diciembre de mil novecientosochenta y ocho, dice: “El Recurso de Amparose interpondrá ante el Tribunal de Apelaciones respectivoo ante la Sala para lo Civil de los mismos, en dondeestuviere dividido en Salas, el que conocerá de las primerasactuaciones hasta la suspensión del acto inclusive,correspondiéndole a la CORTE SUPREMA DE JUS-TICIA el conocimiento ulterior hasta la resolución definitiva.Si el Tribunal de Apelación se negare a tramitarel recurso, podrá el perjudicado recurrir de Amparo porla vía de hecho ante la CORTE SUPREMA DE JUSTI-CIA”.IIQue el Tribunal de Apelaciones de Managua, Sala de loCivil en auto de las once y veinte minutos de la mañanadel cinco de Agosto de mil novecientos noventa y seisdeclaró inadmisible el Recurso de Amparo interpuestopor el Dr. Julio Centeno Gómez en su carácter de ApoderadoEspecial Judicial de la Sociedad“EXPORTADORA DE CAFÉ DEL NORTE SOCIE-DAD ANONIMA”, por ser extemporáneo. Que habiendoexaminado este Supremo Tribunal lo considerado porel Tribunal de Apelaciones, encuentra que de conformidada lo expresado en el mismo escrito de interposicióndonde el recurrente acepta que en pasadas cosechas,CONICAFE le obligó a su representada a dejar un depósitoen garantía y firmar un pagaré por no haber aportadolos dos dólares por quintal para su exportación, en elque además el recurrente admite el conocimiento que hatenido de la existencia del acto contra el que se recurredesde años atrás, por lo que su representada era conocedorade la política de registro, y no hizo uso en su momentode sus derechos que la Ley de Amparo la confierecuando han sido agredido sus derechos constitucionales.IIIExpresa el recurrente que el Tribunal de Apelaciones,Sala Civil, Región III le mandó a llenar omisión, nohabiendo expresado en ese momento nada acerca de laextemporaneidad del recurso, sino hasta que fue llenadala omisión, el Tribunal de Apelaciones declara inadmisibleel recurso por considerarlo extemporáneo. Es42

Sentencias de Amparo de 1999mento en que el área de construcción no es superior alos cien metros cuadrados. Que la nota suscrita por GonzaloCardenal le causa perjuicio al hipotecarle su legítimapropiedad en garantía de una deuda que no debe yque tampoco existía al momento que adquirió de la señoraKaltoff Frizell. Que se violan los artículos 44, 64,130, 32 Cn. que no agota la vía administrativa por queen este caso no existen recursos ordinarios previstos porla Ley, que solicita la suspensión del acto. El Tribunalde Apelaciones de Estelí I Región, dictó auto a las diez ycuarenta minutos de la mañana del treinta y uno de Marzodel presente año, teniendo por personados al DoctorNoel Danilo Torres, en su carácter personal ordenandoal señor Gonzalo Cardenal como Delegado y Jefe de laOficina de Administración de Cartera y Cobro D-3691que debería informar a la Excelentísima Corte Supremade Justicia dentro del término de 10 días contados desdeel día siguiente de la fecha de la notificación y recibidoel correspondiente oficio, ordenando poner en conocimientode la Procuraduría General de Justicia de la Repúblicalas diligencias, no dando lugar a la suspensióndel acto reclamado, remitiendo las diligencias originalesa la Suprema Corte de Justicia y se previene a las partesque deben personarse ante este Alto Tribunal dentro delplazo de tres días hábiles más el correspondiente al de ladistancia a hacer uso de sus derechos. Disiente el HonorableMagistrado Doctor José Ignacio Buitrago de la resoluciónde sus apreciables colegas y opina “porque debesuspenderse el acto reclamado, pues de oficio puedehacerse más aún en este caso se ofrece garantía a criteriodel Tribunal, Sala Civil y además es dudoso que elAmparo quede sin materia por la suspensión”. Ordenanenviar las diligencias al Honorable Tribunal de Apelacionesde la ciudad de Managua, en calidad de exhorto afin que se notifique al recurrido. Se asentaron las notificacioneslegalmente. El Licenciado Gonzalo CardenalAlvarado, presentó escrito a las tres y dieciséis minutosde la tarde, del dieciocho de Junio del presente año,personándose y agregando fotocopia del informe de ley,que había presentado el 25 de Mayo del año en curso.Auto dictado por la Sala de lo Constitucional de esteAlto Tribunal a las diez y diez minutos de la mañana,del quince de Julio del año en curso, teniendo por personadoal Licenciado Gonzalo Cardenal en su carácter deJefe de la Oficina de Administración de Cartera y Cobrodel Ministerio de Finanzas, concediéndosele la intervenciónde ley. Ordenando que Secretaría informe si elDoctor Noel Danilo Torres Rodríguez se personó anteesta Superioridad tal como se lo previno la HonorableSala Civil del Tribunal de Apelaciones de la I Región.Informe rendido por el Secretario de la Sala de lo Constitucional,el cinco de Agosto del año en curso a travésdel cual expone: “que por auto de las diez y cuarentaminutos de la mañana del treinta y uno de Marzo del añoen curso, dictado por la Honorable Sala Civil del Tribunalde Apelaciones de la I Región se admitió el Recursode Amparo interpuesto por el Doctor Noel Danilo TorresRodríguez; en contra del señor Gonzalo Cardenal,Delegado y Jefe de la Oficina de Administración de Carteray Cobro y se le previene al recurrente para quedentro del término de tres días hábiles más el término dela distancia, ocurra ante esta Superioridad a hacer usode sus derechos. La referida providencia le fue notificadaal señor Torres Rodríguez, a las nueve y treinta ycinco minutos de la mañana, del catorce de Abril de milnovecientos noventa y ocho, por medio de cédula que lacontenía integra la que entregaron personalmente en laSecretaría del Tribunal. El recurrente tenía que personarsecomo fecha última el veintitrés de Abril de milnovecientos noventa y ocho lo que no hizo habiendotranscurrido más del término establecido más el de ladistancia”. Providencia dictada por la Sala de lo Constitucionala las nueve y cincuenta minutos de la mañana,del seis de Agosto del año en curso, teniendo como parteal doctor Julio Centeno Gómez, Procurador Generalde Justicia de la República ordenando pasar el recurso ala Sala para su estudio y resolución y estando el casopara resolver.SE CONSIDERA:La deserción es un modo de terminar el Recurso deAmparo y se produce cuando el recurrente no cumplecon la obligación que le impone la parte final del Arto.38 de la Ley de Amparo en vigencia de comparecer porescrito para hacer uso de sus derechos, dentro del términoque le haya señalado el Tribunal de Apelaciones correspondiente.Del informe rendido por Secretaría secomprueba que el recurrente no se personó a como erasu obligación. La Ley presume que el no cumplimientopor el recurrente del señalado trámite de la comparecenciaante este alto Tribunal, manifiesta tácitamente suvoluntad de no perseverar en el recurso interpuesto yautoriza por consiguiente, para poner término a éste,declarando su deserción. En el caso de autos tal presunción,si no corresponde a la intención cierta y real del44

Sentencias de Amparo de 1999Corte Suprema de Justicia, el conocimiento ulterior hastala Resolución definitiva”. Si el Tribunal de Apelacionesse negare a tramitar el recurso, podrá el perjudicadorecurrir de Amparo por la vía de Hecho ante la CorteSuprema de Justicia. Este Tribunal en reiteradas sentenciasha señalado que corresponde a los Tribunales deApelaciones, las facultades de las primeras actuacionesseñaladas en los artículos 25 y siguientes hasta la suspensióndel acto, siendo de estricto cumplimiento examinarsi los recursos que se interponen en él, llenan losrequisitos de admisibilidad y procedencia para darle elcurso que corresponde hasta su resolución en la Sala delo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia.- EstaSala examinó la certificación de las diligencias aportadasconsiderando que el recurrente al interponer el Recursode Amparo omitió las generales de Ley de susrepresentados y del Funcionario recurrido y el PoderEspecial que adjuntó, no reunió los requisitos de ley, apesar que la Sala de lo Civil del Honorable Tribual deApelaciones de la III Región le previno al recurrentellenar las omisiones señaladas, éste no cumplió, ya queen los folios enviados por el Tribunal no rola ante estaSala escrito que el Doctor Sergio Lira Gutiérrez hayacumplido con lo estipulado en al artículo 27 inciso 1 dela Ley de Amparo y el artículo 28 de la misma ley estableceque si él recurrente dejase pasar los cinco díasestablecidos por la ley sin cumplir con lo ordenado porel Tribunal de Apelaciones se tendrá por no interpuesto.Que el auto dictado a las diez de la mañana, del tres deFebrero de mil novecientos noventa y siete, dictado porel Tribunal de Apelaciones, Sala Civil de la III Región através del cual se tiene por no interpuesto el presenteRecurso presentado por el Licenciado Sergio LiraGutiérrez en contra del Ingeniero Pablo Vigil Icaza,Ministro de Construcción y Transporte del gobierno dela República de Nicaragua, por no haber llenado los requisitoso formalidades de ley, fue debidamente notificado,en consecuencia es criterio de los miembros queconforman esta Sala estimar que el Tribunal de Apelaciones,Sala Civil y Laboral, III Región actuó correctamente,por lo que resuelve.POR TANTO:De conformidad con el considerando expuesto artículos424, 436 Pr., y artículo 25 y 28 de la Ley de Amparo,los suscritos Magistrados de la Sala de lo Constitucionaldijeron: NO HA LUGAR A ADMITIR POR EL DEHECHO, el Recurso de Amparo interpuesto por el LicenciadoSergio Lira Gutiérrez en su carácter supuestamentede Apoderado Especial de los Señores: GerardoFerrey y otros en contra del señor Ingeniero Pablo VigilIcaza, Ministro de Construcción y Transporte del Gobiernode la República de Nicaragua. Esta sentencia estáescrita en dos hojas de papel bond tamaño legal conmembrete de la Corte Suprema de Justicia y Sala de loConstitucional y rubricadas por el Secretario de la Salade lo Constitucional.- Cópiese, notifíquese y publíquese.Julio R. García V.- Josefina Ramos M.- Francisco PlataLópez.- M. Aguilar G.- F. Zelaya Rojas.- Fco. RosalesA.- Ante mí; M.R.E., Srio.-AMPARO DESIERTOVOTO 22-99Expediente: 1180-98Fecha: 13-02-99Hora:03:00 p.m..Recurrente: Sra. Mery Elizabeth Ochoa LópezRecurrido:Sr. Henry Maradiaga VarelaSENTENCIA NO. 22CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LOCONSTITUCIONAL.- Managua, trece de Febrero demil novecientos noventa y nueve.- Las tres de la tarde.-VISTOS,RESULTA:Mediante escrito presentado personalmente por MaríaElizabeth Ochoa López, mayor de edad, soltera, ama decasa, del domicilio de Cinco Pinos, municipio deChinandega, ante la Sala Civil del Tribunal de Apelacionesde la II Región, a las cuatro y veinticinco minutosde la tarde, del cinco de Diciembre de mil novecientosnoventa y siete, compareció exponiendo en síntesis losiguiente; Que es comodataria precaria de un predio urbanoy casa ubicada en el municipio de Cinco Pinos,propiedad de la Alcaldía Municipal en donde estaba situadoun cine, con los linderos siguientes: Norte, calleen medio, Roberto Ochoa López; Sur, Ronald OchoaCasco; Este, Alcaldía Municipal y Oeste Mélida Vásquez,46

Sentencias de Amparo de 1999sente año, en el cual expone que “Por auto de las tres yveintidós minutos de la tarde, del veintisiete de Abril demil novecientos noventa y ocho, se previno a la recurrentepara que dentro de tres días hábiles más el términode la distancia ocurra ante esta Superioridad a haceruso de sus derechos. La referida providencia le fue notificadaa la señora Mery Elizabeth Ochoa a las once yquince minutos de la mañana del cuatro de Mayo de milnovecientos noventa y ocho, por medio de cédula judicialque la contenía íntegra, la que dejaron en casa de laseñora Juana Ochoa Hernández Quintanilla en la ciudadde León. La recurrente tenía que personarse a esta Salacomo último día el Lunes once de Mayo del año en curso,lo que no hizo, habiendo transcurrido más de tresdías más el término de la distancia”. Auto dictado porla Honorable Sala de lo Constitucional a las diez de lamañana del dos de Julio de mil novecientos noventa yocho, pasando el presente recurso a la Sala para su estudioy resolución. Y estando el caso para resolver;CONSIDERANDO:El artículo 25 de la Ley de Amparo establece que elRecurso de Amparo se interpondrá ante el Tribunal deApelaciones respectivo o ante la Sala para lo Civil endonde estuviere dividido en Salas, el que conocerá delas primeras actuaciones hasta la suspensión del acto inclusive,correspondiéndole a la Corte Suprema de Justiciael conocimiento ulterior hasta la resolución definitiva.El artículo 38 de la referida ley preceptuó que a laspartes debe prevenírsele que deberán personarse dentrodel término de tres días hábiles, más el de la distanciaante este Supremo Tribunal para hacer uso de sus derechosy que si el Recurrente no se personare dentro deltérmino señalado se declarará desierto el recurso. En elpresente caso radicados los autos ante esta Sala de loConstitucional se personaron y además rindió el informeel funcionario recurrido y el Procurador Auxiliar Constitucional,debiéndose personar la recurrente según constaen informe de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional,el día once de mayo de mil novecientos noventa yocho, habiéndolo efectuado hasta el veintiséis de Mayodel corriente año, no cumpliendo con la disposición contenidaen el artículo 38 de la Ley de Amparo, habiendotranscurrido más de tres días más el término de la distancia.En consecuencia esta Sala considera que no quedamás que declarar la deserción del Recurso.POR TANTO:De conformidad con lo expuesto y artículos 424, 436Pr., y artículo 25 y 38 de la Ley de Amparo, los suscritosMagistrados de la Sala de lo Constitucional dijeron:DECLÁRASE DESIERTO EL RECURSO DE AM-PARO, interpuesto por la señor MERY ELIZABETHOCHOA LOPEZ, de generales expresadas en contra delseñor HENRY MARADIAGA VARELA en su carácterde Alcalde del Municipio de San Juan de Cinco Pinos,Departamento de Chinandega. Esta sentencia está escritaen dos hojas de papel bond tamaño legal con membretede la Corte Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucionaly rubricadas por el Secretario de la Sala de loConstitucional.- Cópiese, notifíquese y publíquese. JulioR. García V.- Josefina Ramos M.- Francisco PlataLópez.- M. Aguilar G.- F. Zelaya Rojas.- Fco. RosalesA.- Ante mí; M.R.E., Srio.-AMPARO IMPROCEDENTEVOTO 23-99Expediente: 1086-97Fecha: 18-02-99Hora:09:00 a.m..Recurrente: Sra. Luz Marina Carranza CaleroRecurrido:Dr. José Antonio Alvarado CorreaSENTENCIA NO. 23CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LOCONSTITUCIONAL.- Managua, dieciocho de Febrerode mil novecientos noventa y nueve.- Las nueve de lamañana.-VISTOS,RESULTA:Por escrito presentado a las dos y treinta minutos de latarde del veinticuatro de Octubre de mil novecientosnoventa y siete, ante el Tribunal de Apelaciones, SalaCivil, Región III, la señora LUZ MARINA CARRANZACALERO, mayor de edad, soltera, Licenciada en Físicay Matemática, del domicilio de Managua, comparecióen su carácter personal y expuso en síntesis: Que interponíaRecurso de Amparo contra el acto de resolución48

Sentencias de Amparo de 1999que volvieran las diligencias al Tribunal de origen porhaber omitido el carácter con que se admitió elpersonamiento de la recurrente. En escrito de las once ycincuenta y dos minutos de la mañana del dos de Diciembrede mil novecientos noventa y siete se personó laDra. DELIA MERCEDES ROSALES SANDOVAL ,en su carácter de Procurador Auxiliar Constitucional ycomo delegada del Procurador General de Justicia. Porescrito de las seis y veinte minutos de la tarde del uno deDiciembre de mil novecientos noventa y siete, rindieroninforme el Licenciado MIGUEL CAMPOSMARCENARO, en su carácter de Ministro de Gobernaciónpor la ley y el Licenciado MARIO SANDOVALLOPEZ en su carácter de Director del Departamento deRegistro y Control de Asociaciones del Ministerio deGobernación. Mediante auto de las once y treinta minutosde la mañana del siete de Enero de mil novecientosnoventa y ocho dictado por el Tribunal de Apelaciones,Sala de lo Civil, Región III se dictó el cúmplase con loordenado por la Sala de lo Constitucional en auto de lasocho y veinte minutos de la mañana del veintisiete deNoviembre de mil novecientos noventa y siete, y se aclaróque el Recurso de Amparo interpuesto por la LicenciadaLUZ MARINA CARRANZA CALERO fue en su carácterpersonal. Por auto de las ocho y cuarenta y dosminutos de la mañana del veintidós de Enero de mil novecientosnoventa y ocho dictado por la Sala de lo Constitucionalse tuvo por personados a la Licenciada LUZMARINA CARRANZA CALERO en su propio nombre;al Doctor JOSE ANTONIO ALVARADO CO-RREA, en su carácter de Ministro de Gobernación; a losseñores MARIO SANDOVAL LOPEZ en su carácter deDirector del Departamento de Registro y Control deAsociaciones y a MIGUEL CAMPOS MARCENAROen su carácter de Ministro por la Ley, ambos del Ministeriode Gobernación, y a la Doctora DELIA MERCE-DES ROSALES SANDOVAL en su carácter de ProcuradorAuxiliar Constitucional y como Delegada del ProcuradorGeneral de Justicia, Doctor Julio Centeno Gómezy ordenó que pasara el presente recurso a la Sala para suestudio y resolución.CONSIDERANDO:La Ley de Amparo, Ley No. 49, publicada en La GacetaNo. 241 del 20 de Diciembre de 1988, señala en suArt. 23: “El Recurso de Amparo sólo puede interponersepor parte agraviada. Se entiende por tal, toda personanatural o jurídica a quien perjudique o esté en inminentepeligro de ser perjudicada por toda disposición,acto o resolución, y en general, toda acción u omisiónde cualquier funcionario, autoridad o agente de los mismos,que viole o trate de violar los derechos y garantíasconsagrados en la Constitución Política”. En el casosub judice, la parte recurrente Licenciada LUZ MARI-NA CARRANZA CALERO, interpuso Recurso deAmparo en su carácter particular, tal y como lo manifestóen su escrito de interposición. Las resolucionesdictadas por el Director Departamental de Registro yControl de Asociaciones y el Ministro de Gobernaciónestán referidas a dejar sin efecto la XIX Asamblea celebradael 27 de Julio de 1997 por la ASOCIACION DESCOUTS DE NICARAGUA, por lo que esta Sala de loConstitucional observa que tales resoluciones se refierena una Asociación sin fines de lucro y no a una personaen particular y que en todo caso la parte recurrente alsentirse agraviada por ser parte de dicha Asociación debióinterponer el Recurso de Amparo como miembro dela misma, acreditándose debidamente para ello a fin deque procediera su recurso, por lo que resuelve:POR TANTO:De conformidad con el Considerando expuesto, Artículos413, 424, 436 y 446 Pr. y Artículo 23, y 41 de laLey de Amparo, los suscritos Magistrados de la Sala delo Constitucional declaran: SE DECLARA IMPROCE-DENTE EL RECURSO DE AMPARO interpuesto porla Licenciada LUZ MARINA CARRANZA CALERO,mayor de edad, soltera, Licenciada en Física y Matemática,del domicilio de Managua, en su carácter particularen contra del Doctor JOSE ANTONIO ALVARADOCORREA y del Doctor LUIS ARGUELLO VIVAS,ambos mayores de edad, casados, Abogados y del domiciliode Managua. El primero en su carácter de Ministrode Gobernación y el segundo en su carácter deDirector del Departamento de Registro y Control deAsociaciones de dicho Ministerio. Cópiese, notifíquesey publíquese. La Honorable Magistrada DoctoraJOSEFINA RAMOS MENDOZA, disiente de la mayoríade los Magistrados miembros de la Sala de lo Constitucionaly vota porque el presente recurso sea analizadoen el fondo y la misma se pronuncie si hubo o noviolación constitucional de parte de los funcionarios recurridosy expresa lo siguiente: Se afirma en el ConsiderandoUnico de la Sentencia que la recurrente interpuso50

Sentencias de Amparo de 1999carácter de Jefe de la Policía del Departamento deMasaya, a las doce y veinticinco minutos de la tarde delonce de Mayo del año en curso. A las once y quinceminutos de la mañana, del veinticinco de Mayo del presenteaño, el señor Leonel José Jarquín, se personó; laDoctora Delia Mercedes Rosales Sandoval, en su carácterde Procuradora Auxiliar constitucional, se personó alas diez y treinta minutos de la mañana, del veintiséis deMayo del corriente año, adjuntando certificaciones desu nombramiento. Providencia dictada a las ocho y treintaminutos de la mañana, del ocho de Junio del presenteaño, teniendo por personados al Comisionado René OrtegaSequeira, en su carácter de Jefe de la Policía delDepartamento de Masaya, a la Doctora Delia MercedesRosales en carácter de Procurador Auxiliar Constitucionaly Delegada del Procurador General de Justicia,concediéndoseles la intervención de ley y se ordena queSecretaría informe si el señor Leonel José Jarquín Méndezse personó ante esta Superioridad tal como le previno laHonorable Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de laIV Región, conforme auto de las once de la mañana, delseis de Mayo del presento año. El oficial notificador porla Ley de la Sala de lo Constitucional de la ExcelentísimaCorte Suprema de Justicia, hizo constar que no fue posiblelocalizar al señor Leonel Jarquín Méndez en el domicilioque señaló para notificaciones. Auto dictado porla Sala de lo Constitucional a ls nueve de la mañana, deltrece de Julio del año en curso, haciendo constar en autosque no fue posible notificar al recurrente por habercambiado de domicilio, ordenando la notificación a travésde la tabla de avisos de este Supremo Tribunal. Informerendido por el Secretario de la Sala de lo Constitucionalhaciendo constar que el señor Leonel José JarquínMéndez se personó ante esta Sala de lo Constitucional, alas once y quince minutos de la mañana, del veinticincode Mayo del presente año y tenía que personarse comofecha última el doce de Mayo, por lo que se deduce queha transcurrido más el término establecido. Providenciadictada a las nueve y dos minutos de la mañana del tresde Agosto del año en curso, ordenando pasar el recursoa la Sala para su estudio y resolución y estando el casopara resolver.SE CONSIDERA:La Ley de Amparo, conocida como Ley No. 49, publicadaen el Diario Oficial “La Gaceta” con el No. 241del 20 de Diciembre de 1988, en su artículo treinta yocho, parte infine, establece que “Si el recurrente no sepersonare dentro del término señalado anteriormente, sedeclarará desierto el Recurso”. El término a que se refieredicha disposición legal es de tres días, más el correspondientea la distancia en su caso. Del examen deautos y tomando en cuenta el informe rendido por Secretaríael día veintinueve de Julio del presente año, seconstata que el señor Leonel Jarquín Méndez, no cumpliócon la obligación que le impone la disposición legalantes indicada, razón por la cual no queda más que declararla deserción del Recurso de Amparo por él interpuestoante el Honorable Tribunal de Apelaciones de laIV Región, en contra del señor René Ortega, Jefe de laPolicía Nacional del Departamento de Masaya.POR TANTO:De conformidad con lo expuesto anteriormente y Arto.38 de la Ley de Amparo vigente y Artos. 424, 436 y 426Pr. los suscritos Magistrados de la Sala de lo Constitucionaldijeron: DECLÁRASE DESIERTO EL RECUR-SO DE AMPARO interpuesto por el señor LEONELJOSÉ JARQUÍN MÉNDEZ, de generales consignadasen autos en contra del señor RENÉ ORTEGA, Jefe de laPolicía Nacional de Masaya, de que se ha hecho mérito.Archívense las presentes diligencias. Esta Sentencia estáescrita en dos hojas de papel bond tamaño legal conmembrete de la Corte Suprema de Justicia y Sala de loConstitucional y rubricada por el Secretario de la Salade lo Constitucional.- Cópiese, notifíquese y publíquese.-Julio R. García V.- Josefina Ramos M.- Francisco PlataLópez.- M. Aguilar G.- F. Zelaya Rojas.- Fco. RosalesA.- Ante mí; M.R.E., Srio.-AMPARO NO HA LUGARVOTO 25-99Expediente: 0077Fecha: 17-02-99Hora:12:30 m..Recurrente: Sra. Alma Nubia Martínez de PérezRecurrido:Sr. Miguel Angel Pérez Pérez52

Sentencias de Amparo de 1999mayoría de sus colegas Magistrados y expone: “No estoyde acuerdo, porque estamos en presencia de una víade hecho de actos consumados y en estos casos no haynada que agotar”. Esta sentencia está escrita en dos hojasde papel bond tamaño legal con membrete de la CorteSuprema de Justicia y Sala Constitucional, firmada yrubricada por el Secretario de la Sala Constitucional.Cópiese, Notifíquese y Publíquese. Julio R. García V.-Josefina Ramos M.- Francisco Plata López.-F. ZelayaRojas.- Fco. Rosales A.- Ante mí; M.R.E., Srio.-AMPARO NO HA LUGARVOTO 26-99Expediente: 0812Fecha: 18-02-99Hora:01:30 p.m.Recurrente: Sr. Francisco Chacón BermúdezRecurrido:Sra. Violeta Barrios de ChamorroSENTENCIA NO. 26CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LOCONSTITUCIONAL. Managua, dieciocho de Febrerode mil novecientos noventa y nueve. La una y treintaminutos de la tarde.VISTOS;RESULTA:Mediante escrito presentado a las diez y un minuto de lamañana del veintinueve de Noviembre de mil novecientosnoventa y cinco, ante la Sala Civil del Tribunal deApelaciones de la V Región, compareció el señor FRAN-CISCO CHACON BERMUDEZ, mayor de edad, casado,Alcalde Municipal de Santo Domingo de Chontales,de ese domicilio, y manifestó que el dieciocho de Agostode mil novecientos noventa y tres fue electo AlcaldeMunicipal de Santo Domingo de Chontales, lo que demostrabacon la certificación adjunta y que a partir deese momento se ha venido desempeñando como tal enforma legal; que por diferentes anomalías el ConsejoMunicipal de Santo Domingo de Chontales procedió asuspender a los concejales, WILDER MIRANDAHERNANDEZ, LEONEL GONZALEZ COLINDRESy HERNALDO LAZO RIVAS, circunstancia está queconsta en el Acta número ocho del Consejo Municipalcelebrada a las ocho de la mañana del veintidós de Diciembrede mil novecientos noventa y cuatro, cuya certificaciónacompaña para comprobar su afirmación. Quelos concejales destituidos no hicieron uso de los recursosque concede el Arto., 40 de la Ley de Municipiospublicada en La Gaceta del diecisiete de Agosto de milnovecientos ochenta y ocho por lo que la destituciónquedó firme; que no obstante lo anterior los mencionadosEx-Concejales se han dado a la tarea de mantener enzozobra al municipio y su población al tomarse las instalacionesde la Alcaldía por la fuerza y a mano armada yostentando una representación que no tiene ha comenzadoel señor LAZO RIVAS a despachar como si en realidadfuera el Alcalde de Santo Domingo. Que el despropósitode los Concejales destituidos los ha llevado a engañarmaliciosamente a la señora Presidente de la Repúblicade quien han obtenido la emisión del Decreto número285-95 del veintiuno de Noviembre de mil novecientosnoventa y cinco, por medio del cual se nombracomo Delegado Presidencial al Doctor ROMANZELEDON CARRILLO para presidir la Sesión Extraordinariadel Consejo Municipal de Santo Domingo deChontales que tiene como único punto de agenda la remocióndel Alcalde CHACON BERMUDEZ. Que losConcejales destituidos solo tratan de justificar y legitimarsu actitud delincuencial a través de esa Sesión Extraordinariaque de llegarse a efectuar solo causaría dañosa nuestro ordenamiento Municipal, a nuestro OrdenJurídico y a nuestra Constitución Política. Que para evitarlas graves lesiones que se causarían ante el cumplimientodel Decreto número 285-95 emitido por la señoraPresidente de la República, ocurría ante la Sala Civila interponer formal recurso de Amparo en contra dedoña Violeta Barrios de Chamorro en su carácter de Presidentede la República y como autora del mencionadoDecreto 285-95 cuya suspensión pedía se decretara deoficio ya que de llegarse a realizar causaría tanto dañoque haría prácticamente imposible el restituirlo en susderechos. Que fundamentaba su recurso en los Artículos23 y siguientes de nuestra Ley de Amparo vigente y porla violación de los Artículos 25, 27, 30, 47, 48, 50, 82,54

Sentencias de Amparo de 1999ceso: la primera hace referencia a la notificación tardíade la suspensión de los efectos del Decreto Presidencial285-95, lo que, al tenor de lo expuesto por esta Sala ensentencia de las diez y treinta minutos de la mañana delquince de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco,convierte la notificación en extemporánea; y la segundatransforma la Sesión Extraordinaria celebrada deconformidad a las leyes que la rigen en un acto consumadocuyos efectos no es posible hacer desaparecer legalmentevolviendo las cosas a su estado anterior Estaúltima circunstancia hace converger al proceso en el inciso2 del Arto., 51, que establece que cuando el actoreclamado sea material o jurídicamente irreparable noprocede el recurso, motivo más que suficiente para declararla improcedencia del mismo, pero los Magistradosintegrantes de esta Sala por razones de precedencia,han decidido declararlo sin lugar.POR TANTO:Con fundamento en lo anterior y los artículos 424, 426 y436 Pr., los suscritos Magistrados Dijeron: NO HALUGAR AL RECURSO DE AMPARO interpuesto porel señor FRANCISCO CHACON BERMUDEZ en contrade la Excelentísima Señora Presidente de la Repúblicadoña VIOLETA BARRIOS DE CHAMORRO comoautora del Decreto Presidencial 285-95 del veintiuno deNoviembre de mil novecientos noventa y cinco.- LaHonorable Magistrada Doctora JOSEFINA RAMOSMENDOZA, disiente de la mayoría de sus colegas magistradosy expone: Se afirma en el Considerando I que:“no basta con señalar los números de los artículos constitucionalesviolados o infringidos, sino que necesariamentedebe señalarse concretamente el concepto de laviolación o de la infracción. El no cumplimiento de esterequisito será causal suficiente para declarar sin lugar elrecurso intentado”. Es importante señalar que el inciso4 del Artículo 27 de la Ley de Amparo, señala que elescrito deberá contener: Las disposiciones constitucionalesque el reclamante estime violadas, en ningún momentoestablece que deberá hacerse, una exposición fundamentadade los perjuicios que le cause a cada una delas supuestas violaciones constitucionales, pues en estecaso se estaría confundiendo el Recurso de Amparo propiamentedicho con el Recurso por Inconstitucionalidad,el que efectivamente en el inciso 4 del artículo 11 de laLey de Amparo, relativo a este recurso, establece: “Elescrito deberá contener: Una exposición fundamentadade los perjuicios directos o indirectos que la Ley, decretoley, decreto o reglamento le cause o pudiera causarle”.Asimismo la afirmación hecha en el referido considerandoLa ausencia o la falta de esa directa relaciónoriginada por el hecho de señalar como violadas normasque consagran garantías constitucionales que noguarden o tengan atingencias con la relación u omisiónreclamada conforman razones consideradas suficientespara que el recurso no pueda prosperar” es inadecuada,pues precisamente, es obligación de esta sala analizar silos artículos de la Constitución, señalados por el recurrentecomo violados, tienen relación con los perjuicioscausados por la acción u omisión del funcionario recurridoy no venir a declarar sin lugar un recurso, por elhecho de no haber sido fundamentados cada uno de losartículos señalados. Por todo lo antes expuesto, la suscritaMagistrada Doctora JOSEFINA RAMOSMENDOZA vota porque el presente recurso de amparosea estudiado en el fondo. Esta sentencia está escrita entres hojas de papel bond tamaño legal con membrete dela Corte Suprema de Justicia y Sala Constitucional, firmaday rubricada por el Secretario de la Sala Constitucional.Cópiese, Notifíquese y Publíquese.- Julio R.García V.- Josefina Ramos M.- Francisco Plata López.-Zelaya Rojas.- Fco. Rosales A.- Ante mí; M.R.E., Srio.-AMPARO POR EL DE HECHONO HA LUGARVOTO 27-99Expediente: 1157Fecha: 19-02-99Hora:01:30 p.m.Recurrente: Sra. María Luisa Lau GuerreroRecurrido:Sra. Violeta Barrios de ChamorroSENTENCIA NO. 27CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LOCONSTITUCIONAL.- Managua, diecinueve de Febrerode mil novecientos noventa y nueve.- Las ocho y treintaminutos de la mañana.-VISTOS;RESULTA:56

Sentencias de Amparo de 1999SENTENCIA NO. 28CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LOCONSTITUCIONAL.- Managua, diecinueve de Febrerode mil novecientos noventa y nueve.- Las once y treintaminutos de la mañana.-VISTOS,RESULTA:Por escrito presentado personalmente por el LicenciadoBonifacio Miranda Bengoechea, ante la Honorable SalaCivil y Laboral del Tribunal de Apelaciones de la TerceraRegión, a las diez y veinte minutos de la mañana delveintinueve de Abril de mil novecientos noventa y ocho,compareció el señor Denis Castro Calero, mayor de edad,soltero, transportista y de este domicilio, en su carácterde Presidente y Representante Legal de la Cooperativade Transporte Inter-urbano Norte Cotrán, R.L., exponiendoen síntesis lo siguiente: que el Doctor OrlandoCastrillo Sobalvarro en su calidad de Titular de la DirecciónGeneral de Transporte adscrita al Ministerio deConstrucción y Transporte (MCT) emitió el 10 de Febrerode mil novecientos noventa y ocho una resoluciónadministrativa en la que establecía una escala de valoraciónde vehículos tomando la fecha de su creación parala renovación de la tarjeta de Operación, que inmediatamenteal llegar a su conocimiento la resolución, decidióapelar el 24 de Marzo del mismo año ante el Ministro dela Construcción y Transporte, Ingeniero Edgard QuintanaRomero, habiendo transcurrido 30 días sin que lediera una respuesta, que la «Ley Reglamentaria para laEmisión y obtención de las Licencias de Funcionamientodel Transporte Terrestre» en ningún caso se refiere ala fecha de fabricación de los vehículos, sino que al Certificadode Inspección Mecánica, que la resolución de laDirección General de Transporte Terrestre tiene carácteradministrativo y jamás puede estar encima de la ConstituciónPolítica. Que la Dirección General de Transporteno existe legalmente ya que el Arto. 15 del Decreto 1-90 derogó «todas las leyes y decretos creadores y orgánicosdel Ministerio de Estado y Secretarías de la Presidenciade la República emitidos por el Ejecutivo y demásdisposiciones contrarias al presente decreto» quetambién fueron derogados los Decretos 328 o Ley Creadoradel Ministerio de Construcción y Transporte y laLey Orgánica del Ministerio de Construcción y Transporte,que al derogarse íntegramente el Decreto 378 des-apareció la estructura orgánica y las diferentes dependenciasdel Ministerio de Construcción y Transportequedando como asidero legal el Arto. 11 del Decreto 1-90 que no tiene relación a la fecha de fabricación de losvehículos, que no obstante el artículo 20 inciso dos de laLey No. 192 o Ley de Reforma Parcial a la ConstituciónPolítica de la República de Nicaragua, estableció un plazode 90 días después de la entrada en vigencia de lareforma constitucional para que el Poder Ejecutivo remitieraa la Asamblea Nacional la «Ley Orgánica queregula la organización, competencias y procedimientosdel Poder Ejecutivo», que la Ley 199 o Ley Marco deImplementación de las Reformas Constitucionales diouna tregua al Poder Ejecutivo, en la actualidad ésta yano tiene validez por que se venció el plazo establecidopor la reforma constitucional y al vencerse el plazo porla omisión del Poder Ejecutivo hasta el Decreto 1-90terminó siendo derogado, por lo que el Doctor OrlandoCastrillo, Titular de la Dirección General de TransporteTerrestre, no sólo violenta la Constitución y las leyes dela materia sino que también el principio de legalidadcontemplado en los Artos. 130 y 138 Cn., que interponeRecurso de Amparo en contra del Ingeniero EdgardQuintana Romero en su calidad de Ministro de la Construccióny Transporte y en contra del Doctor OrlandoCastrillo Sobalvarro, Funcionario de la Dirección Generalde Transporte Terrestre, habiendo violado los derechoscontemplados en los Artículos 5, 38, 99, 103, 130,131 y 183 Cn. Que solicita la suspensión del acto deotorgar la renovación de las tarjetas de operación utilizandoel criterio retroactivo e ilegal contenido en la resoluciónDGTT, y que se establezca el monto de la fianzaen caso de negársele la suspensión de oficio. Señalócasa para oír notificaciones. Adjuntó Poder Especial afavor del recurrente, Constancia extendida por la Directoradel Registro Nacional de Cooperativas del Ministeriodel Trabajo, con fecha 17 de Abril de 1998 en la cualaparecen los Representantes Legales de la CooperativaInter-urbana Norte R.L. Cotrán R.L., siendo el Presidentede la Junta Directiva el señor Denis Castro; escritointerponiendo apelación ante el señor Ministro deConstrucción y Transporte el 23 de Marzo del año próximopasado conteniendo resolución emitida por el DoctorOrlando Castrillo, Memorándum dirigido a los DelegadosDepartamentales. El Tribunal de Apelaciones dela Tercera Región en auto de las doce y veinte minutosde la tarde, del treinta de Abril del año relacionado,previno al recurrente para que dentro del término de58

Sentencias de Amparo de 1999año 1998, el recurso se presentó con posterioridad a los30 días que la Ley confiere, esto es más el recurrenteratificó personalmente el Amparo a las once y diez minutosde la mañana del trece de Mayo del año reciénpasado, habiendo transcurrido más de 3 meses de haberdictado la Resolución el Doctor Orlando CastrilloSobalvarro, debiéndose entender por consiguiente la resoluciónministerial que ahora se pretende impugnar porla vía de Amparo, el que resulta ser improcedente; enefecto el Art. 26 de la Ley de Amparo dice: «El Recursode Amparo se interpondrá dentro del término de 30 díasque se contarán desde que se haya notificado y comunicadolegalmente al agraviado, la disposición, acto o resolución.En todo caso este término se aumentará enrazón de la distancia. También podrá interponerse elRecurso desde que la acción u omisión haya llegado a suconocimiento”. Por lo que considera esta Sala Constitucionalque no cabe más que declarar la improcedenciadel Recurso, por haber sido interpuestoextemporáneamente. Puesto que el Recurso de Amparose interpuso ante el Tribunal de Apelaciones de la RegiónIII el 29 de Abril de 1998 debiendo haber sidopresentado el 24 de Abril del mismo año.POR TANTO:En base a los considerandos anteriores y Artos. 424,436, 426 Pr. Arto. 26 de la Ley de Amparo losinfrascritos Magistrados de la Sala de lo Constitucionaldijeron: ES IMPROCEDENTE POR EXTEMPORÁ-NEO EL RECURSO DE AMPARO interpuesto por elseñor Denis Castro Calero, en su carácter de RepresentanteLegal de la Cooperativa de Transporte Inter-UrbanoNorte COTRAN R.L., contra los señores, IngenieroEdgard Quintana Romero en su calidad de Ministro deConstrucción y Transporte y el Doctor Orlando CastrilloSobalvarro, Funcionario de la Dirección General deTransporte Terrestre. Esta sentencia está escrita en treshojas de papel bond tamaño legal con membrete de laCorte Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucional yrubricadas por el Secretario de la Sala de lo Constitucional.-Cópiese, notifíquese y publíquese.- Julio R. GarcíaV.- Josefina Ramos M.- Francisco Plata López.- M.Aguilar G.- F. Zelaya Rojas.- Fco. Rosales A.- Ante mí;M.R.E., Srio.-AMPARO DESIERTOVOTO 29-99Expediente: 1179-98Fecha: 19-02-99Hora:12:30 p.m.Recurrente: Sr. Noel Danilo Torres RodríguezRecurrido:Lic. Gonzalo Cardenal AlvaradoSENTENCIA NO. 29CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LOCONSTITUCIONAL. Managua, diecinueve de Febrerode mil novecientos noventa y nueve. Las doce y treintaminutos pasados meridianos.VISTOS;RESULTA:IMediante escrito presentado ante el Tribunal de Apelacionesde Estelí, el Señor NOEL DANILO TORRESRODRIGUEZ, interpuso recurso de amparo en contradel Señor GONZALO CARDENAL, en su calidad deJefe de la Oficina de Administración de Cartera y Cobrodel Ministerio de Finanzas por haber firmado notaen que se le informa a la expropietaria de la Casa queadquirió a través de Compra Venta y que ya se encuentradebidamente inscrita en el Registro de la PropiedadInmueble a su nombre, que se procederá a Hipotecardicha propiedad, en pago del impuesto correspondienteal avalúo catastral de la propiedad con un valor de C$444, 827.44 el que deberá ser cancelado en un plazo nomayor de cuatro meses. Afirma el recurrente que conesta resolución considera violadas las siguientes disposicionesconstitucionales: Arto. 32, 38, 44, 64, 114, 130y 183 y asimismo solicita la suspensión de la resoluciónrecurrida.IIEl Honorable Tribunal de Apelaciones de Estelí tienepor personado al recurrente y manda al funcionario recurridoque deberá informar ante la Corte Suprema deJusticia dentro del término de diez días, contados desdela notificación, que se ponga en conocimiento de laProcuraduría General de Justicia las diligencias enviándolela copia respectiva al Procurador Departamental deJusticia de esa ciudad para lo concerniente. Declara sin60

Sentencias de Amparo de 1999SENTENCIA NO. 30CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LOCONSTITUCIONAL.- Managua, diecinueve de Febrerode mil novecientos noventa y nueve.- La una de latarde.-VISTOS,RESULTAIPor escrito presentado personalmente a las once y treintaminutos de la mañana del cuatro de Marzo de milnovecientos noventa y ocho, compareció ante la SalaCivil del Honorable Tribunal de Apelaciones, de la RegiónIII (Managua), el Señor JOSE ANGEL BUITRAGOAROSTEGUI, mayor de edad, cafetalero, casado y deeste domicilio en su carácter de Presidente y ApoderadoEspecial de la SOCIEDAD EXPORTADORA DE CAFÉNicaragüense SOCIEDAD ANONIMA (CAFÉ NICAS.A.), interponiendo Recurso de Amparo en contra delLicenciado BYRON JEREZ SOLIS, Director Generalde Ingresos e Ingeniero Esteban Duque Estrada Ministrode Finanzas por el Acuerdo Ministerial No. 42-97del doce de Noviembre de mil novecientos noventa ysiete, acuerdo que modifico el Acuerdo Ministerial 51-95 que dice «Actualización de la Retención sobre el IR ala Producción y Comercialización del Café». El recurrenteconsidera que se le están violando sus derechosconstitucionales ya que «El Estado respeta y garantizalos derechos reconocidos en la presente Constitución atodas las personas que se encuentren en su territorio yestén sujetas a su jurisdicción». Asimismo « Las empresasque se organicen bajo cualesquiera de las formas depropiedad establecidas en esta Constitución, gozan deigualdad ante la ley y las políticas económicas del Estado.La iniciativa económica es libre»., por lo que consideraviolados los Artículos 27, Párrafo tercero, 32, 104,183 todos de la Constitución Política. El recurrente diceque con el objeto de agotar la vía administrativa confecha veintiocho de Noviembre, doce y veintidós deDiciembre antes de vacaciones de fin de año, reciénpasado, recurrió insistentemente ante el superior jerárquicopara que evacuara alguna respuesta, lo que resultóimposible transcurrió todo el período de vacaciones delEstado. Asimismo continuó manifestando el recurrenteque la vía administrativa se encuentra agotada puestoque no ha sido emplazado ni oído en ningún juicio. Pidióla Suspensión del acto, reclamado.IIPor auto dictado a las doce y cincuenta minutos de latarde del veinticinco de Febrero de mil novecientos noventay ocho, la Sala Civil del Honorable Tribunal admitióel recurso, mandando a dar intervención a laProcuraduría General de Justicia, entregándole copia delrecurso; dirigió oficio a los funcionarios recurridos paraque dentro del término de diez días contados desde lafecha en que reciban el oficio envíen su informe a esteTribunal Supremo, remitiendo también en su caso lasdiligencias que se hubieren tramitado; en cuanto a lasuspensión del acto en contra del cual se reclama, la salaconsideró que convergen los requisitos de procedenciaestablecidos en el artículo 32 de la Ley de Amparo paraque tal suspensión sea decretada de oficio; asimismo, lasala ordenó la remisión de los autos a esta Corte Supremay previno a las partes con relación a la obligación depersonarse ante este Tribunal dentro del término de tresdías hábiles, para hacer uso de sus derechos.IIIAnte este Supremo Tribunal se personaron: el recurrente,Señor JOSE ANGEL BUITRAGO AROSTEGUI, elrecurrido: el Licenciado BYRON JEREZ SOLIS, quienrindió el informe correspondiente, y la Doctora DELIAMERCEDES ROSALES SANDOVAL, en su carácterde Procuradora Auxiliar Constitucional y como Delegadadel Procurador General de Justicia, Doctor JULIOCENTENO GOMEZ; se les tuvo por personados en autode las once y treinta minutos de la mañana del cuatro deMarzo de mil novecientos noventa y ocho, y se mandópasar el proceso a la Sala para su estudio y resolución,por lo que es del caso dictar lo que en derecho correspondeny para ello,SE CONSIDERA :Por razones de orden y de método esta Sala de lo Consideralo primero que tiene que hacer en presencia de unRecurso como el interpuesto ante la Sala para lo Civildel Tribunal de Apelaciones de la III Región por el SeñorJOSE ANGEL BUITRADO AROSTEGUI, en contradel Licenciado BYRON JEREZ SOLIS, y el IngenieroESTEBAN DUQUE ESTRADA, es examinar si elrecurrente dio cumplimiento cabal a lo establecido demanera terminante en el Art. 26 de la Ley de Amparo,62

Sentencias de Amparo de 1999tivos de los Gobernantes o Funcionarios Públicos,contra quienes puede interponerse, por haber violadolos derechos de los quejosos. Que los actos recurriblesson actos de autoridad dentro del ámbito de Gobierno,actos de Derecho Público, que no son ejercidos por particulareso miembros directivos de las Asociaciones oComunidades como es el Fondo de Desarrollo de la IndustriaLáctea, con personalidad jurídica otorgada porel Poder Ejecutivo según Decreto 3-L del cinco de Abrilde mil novecientos sesenta y ocho. Que los actos deestas Asociaciones y de sus Directivos corresponden alDerecho Común y los quejosos pueden hacer uso de susderechos en la forma y vía respectiva. Por lo que altenor del Artículo 25 de la Ley de Amparo recurre anteeste Supremo Tribunal por la vía de hecho, acompañandoel Testimonio de Ley, ya que considera que los actosrecurridos son actos de autoridad dentro del ámbito degobierno, por cuanto el Fondo de Desarrollo de la IndustriaLáctea, es una Asociación de Derecho Público,que tiene por finalidad la regulación de los precios deleche a los productores por parte de las empresasprocesadoras, la regulación del precio de venta al públicoy como objetivo principal la industrialización de lamisma, con miras a satisfacer el consumo local nicaragüensey posibilitar la concurrencia de los mismos alMercado Común Centroamericano y otros de exportación;es creada por el Poder Ejecutivo, mediante Decretonúmero ochenta y dos del Ministerio de Economía,del día dieciocho de Julio de mil novecientos sesenta yseis; es una Asociación regulada por el Poder Ejecutivomediante Reglamento emitido por la Presidencia de laRepública, Decreto número seis del doce de Enero demil novecientos sesenta y ocho; uno de los MiembrosPropietarios y Suplente de la Junta Administradora esdesignado por el Presidente de la República, remuneradopor el Poder Ejecutivo; es una Asociación bajo laintervención del Poder Ejecutivo, puesto que los Miembrosnominados por la Asamblea General Ordinaria, ensesión de las diez de la mañana del veintiuno deAgosto de mil novecientos noventa y ocho,señores MANUEL CENTENO PASTORA, Tesorero yMANUEL CALLEJAS SEQUEIRA, Vice Tesorero, hansido resignados de sus cargos, para que sean asumidospor los nombrados por el señor Presidente de la República.Ofreció rendir fianza de Ley para la suspensióndel acto reclamado. Manifestó que funda su recurso enlos Artículos 23 y siguientes, 31 y siguientes, 37 y siguientesde la Ley de Amparo; cita como disposicionesviolados los Artículos 27 inco. final, 32 y 45 de la ConstituciónPolítica y Artículos 12, 16, 17 y 58 del Reglamentodel Fondo de Desarrollo de la Industria Lácteadel día doce de Enero de mil novecientos sesenta y ocho.Encontrándose el recurso en estado de sentencia, cabedictar la que en derecho corresponde.SE CONSIDERA:La actual Ley de Amparo vigente, publicada en el DiarioOficial “La Gaceta”, con el número 241, del veintede Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, expresamenteestablece en su Artículo 25: Que dicho recursose interpondrá ante el Tribunal de Apelaciones respectivo,o ante la Sala para lo Civil de los mismos, en dondeestuvieren divididos en Salas, el que conocerá de lasprimeras actuaciones hasta la suspensión del acto inclusive,correspondiéndole a la Corte Suprema de Justiciael conocimiento ulterior hasta la resolución definitiva.Agrega dicho artículo que si el Tribunal de Apelacionesse negara a tramitar el recurso, podrá el perjudicadorecurrir de Amparo por la vía de hecho ante la CorteSuprema de Justicia. Las actuaciones del Tribunal deApelaciones, finalizan con la remisión de los autos alTribunal Supremo para la tramitación correspondientedel recurso, previniéndole a las partes la obligación quetienen de personarse dentro del término de tres días hábilesmás el término de la distancia, para hacer uso desus derechos. (Artículo 38 de la citada Ley). Consideraoportuno la Sala Constitucional señalar que las facultadesdel Tribunal de Apelaciones con relación al Recursode Amparo se encuentran comprendidas del Artículo25 al Artículo 38 de la citada Ley, por lo que, entrelas actuaciones de los referidos Tribunales están: 1)Ser el que admite el recurso; 2) Si encontrare omisionesen el escrito de interposición, señalará al recurrente unplazo de cinco días para que proceda a llenarlas y declararcomo no interpuesto el recurso en el caso que éste nolo haga; 3) Tener por personado al mandatario especialdel recurrente 4) En el caso que el recurso sea interpuestopor un menor que hubiere cumplido quince años deedad, en el caso de ausencia o impedimento de su representantelegal, nombrarle a dicho menor un guardadorpara que lo represente, siempre y cuando el menor no lohaya designado por escrito; todos sin perjuicio de que elTribunal dicte las providencia que estime necesarias enbeneficio de dicho menor; 5) Poner en conocimientodel Procurador General de Justicia haciéndole entrega64

Sentencias de Amparo de 1999novecientos noventa y siete, le fue notificada Resolucióndel Jefe de la Oficina de Administración de Carteray Cobro D-3697, adscrita al Ministro de Finanzas, en laque manda hipotecar su propiedad y la conmina a pagarla suma de Ciento ochenta y cuatro mil doscientos noventay cinco córdobas con setenta y ocho centavos decórdobas. interpone formalmente Recurso de Amparoen contra del Licenciado GONZALO CARDENALALVARADO, mayor de edad, casado Administrador deEmpresas y de este domicilio, actuando en carácter deDirector de la oficina de Administración de Cartera yCobro, por lo que considera el recurrente que se le estánviolando sus derechos constitucionales de acuerdo al artículo32 Cn que dice:» Ninguna persona ésta obligada ahacer lo que la ley no mande, ni impedida de hacer loque ella no prohibe». Y artículos 44 de la Cn párrafotercero que dice : « Se garantiza el derecho de propiedadprivada de los bienes muebles e inmuebles, y de los instrumentosy medio de producción. Se prohibe la confiscaciónde bienes. Los funcionarios que infrinjan estadisposición responderán con sus bienes en todo tiempopor los daños inferidos. Y Artículos 64, 114 y 115todos de la Constitución Política.IIPor auto dictado a las cuatro de la tarde del doce deFebrero de mil novecientos noventa y ocho, la Sala Civildel Honorable Tribunal de Apelaciones de Estelí admitióel recurso, mandando a dar intervención a laProcuraduría General de Justicia, entregándole copia delrecurso; dirigió oficio a los funcionarios recurridos paraque dentro del término de diez días contados desde lafecha en que reciban el oficio envíen su informe a esteTribunal Supremo, remitiendo también en su caso lasdiligencias que se hubieren tramitado; en cuanto a lasuspensión del acto en contra del cual se reclama, la salaconsideró que esta en contravención con la parte finalrequisitos de procedencia establecidos en el Artículo 32, de la Ley de Amparo para que tal suspensión sea decretadade oficio; y Artículo 33 inc. 1 y 2 de la mismaLey de Amparo. Asimismo, la sala ordenó la remisiónde los autos a esta Corte Suprema y previno a las partescon relación a la obligación de personarse ante este Tribunaldentro del término de tres días hábiles, para haceruso de sus derechos.IIIAnte este Supremo Tribunal se personaron: el recurrente,Señora LIDIA AMANDA ARAUZ SOBALVARRO,el recurrido: el Licenciado GONZALO CARDENALALVARADO, quien rindió el informe correspondiente,y la Doctora DELIA MERCEDES ROSALESSANDOVAL, en su carácter de Procuradora AuxiliarConstitucional y como Delegada del Procurador Generalde Justicia, Doctor JULIO CENTENO GOMEZ; seles tuvo por personados en auto de las doce y cincuentaminutos de la tarde del treinta de Marzo de mil novecientosnoventa y ocho, y se mandó pasar el proceso a laSala para su estudio y resolución, por lo que es del casoresolver lo que en derecho corresponden y para ello,SE CONSIDERA:El Recurso de Amparo, según la ley de la materia, debede llenar los requisitos formales de la ley de amparo loprimero que tiene que hacer la Sala Constitucional delTribunal Supremo en presencia de un Recurso como elinterpuesto ante la Sala para lo Civil del Tribunal deApelaciones de Estelí I Región por la Señora LIDIAAMANDA ARAUZ SOBALVARRO, en contra del LicenciadoGONZALO CARDENAL ALVARADO, esexaminar si el recurrente dio fiel cumplimiento a loestablecido de manera terminante en el artículo 26 de laLey de Amparo, que establece « El Recurso de Amparose interpondrá dentro del término de treinta días, que secontará desde que se haya notificado o comunicado legalmenteal agraviado, la disposición, acto o resolución.En todo caso este término se aumentará en razón de ladistancia». Considerando en éste recurso que el recurrentese personó ante el supremo tribunal de apelacionesa las dos y treinta minutos de la tarde del tres deDiciembre de mil novecientos noventa y siete presentandosu recurso de amparo cincuenta días después de haberrecibido la notificación de la resolución por lo que altenor del artículo mencionado debe declararse extemporáneoel Recurso presentado, y no puede entrar a analizaren consecuencia el fondo del Recurso.-POR TANTO:De conformidad con lo expuesto, disposición citada yartículos 424, 426 y 436 Pr., y artículos 26, de la Leyde Amparo los suscritos Magistrados resuelven: ES66

Sentencias de Amparo de 1999presentó el hoy recurrente a la casa de la Señora YadiraChavarría Velásquez, quien es la Secretaria del ConsejoMunicipal de Sébaco, estando presente además la SeñoraMiriam Acuña Cruz, quien es miembro del ConsejoMunicipal, a interponer formal Recurso de Revisión anteel Consejo Municipal, y las Señoras Yadira ChavarríaVelásquez y Miriam Acuña Cruz, después de tomar eldocumento, se negaron a firmar la copia en señal delrecibido del mismo.- Que con lo anterior dan por agotadala vía administrativa. Que por lo antes expuesto interponeRecurso de Amparo en contra del señor EVENORVALLEJOS AGUIRRE, mayor de edad, casado, Oficinista,del domicilio de Sébaco, en su carácter de AlcaldeMunicipal de Sébaco, por haber violado lo dispuesto enlos artículos 130 y 183 Cn. que aseguran que ningunaautoridad puede atribuírse facultades que no tiene, y quecomo consecuencia de lo mismo ha vuelto inexistente elproceso electoral, la inscripción de ternas, la votación,la proclamación del triunfo de una terna, y la toma deposesión de la misma; el artículo 47 Cn. al haber negadola inscripción y votación de los ciudadanos nicaragüensesde la casta indígena de Sébaco mayores de 16 añosde edad, y otros mayores de 21 años que fueron privadosde esos derechos por el Alcalde; el artículo 5 Cn.que establece que el Estado reconoce la existencia de lospueblos indígenas, que gozan de los derechos, deberes ygarantías consignados en la Constitución, y en especiallos de mantener y desarrollar su identidad y cultura, tenersus propias formas de organización social; el artículo48 Cn. que establece la obligación del Estado de eliminarlos obstáculos que impidan de hecho la igualdadentre los nicaragüenses y su participación efectiva en lavida política, económica y social del país; el art. 50 Cn.que establece el derecho de los ciudadanos de participaren igualdad de condiciones en los asuntos públicos; elart. 51 Cn. que establece el derecho de los ciudadanos aelegir y ser elegidos en elecciones periódicas; el art. 182Cn. que establece la supremacía de la Constitución Políticasobre las demás leyes, dejando sin valor alguno lasleyes, tratados, órdenes o disposiciones que se le opongano alteren sus disposiciones. Asimismo, solicitó quese suspenda el último acto del señor Alcalde como es laToma de Posesión de la Junta Directiva de la ComunidadIndígena de Sébaco.- Señalaron lugar para notificaciones.-A las nueve de la mañana del diecinueve deMayo de mil novecientos noventa y ocho, la Sala de loCivil del Tribunal de Apelaciones de la Sexta Regióndictó providencia admitiendo el Recurso de Amparo porestar en tiempo y forma; ordenó poner en conocimientodel mismo al señor Procurador General de Justicia enviándolecopia del recurso; ordenó girar oficio y enviarcopia del recurso al funcionario recurrido, previniéndoleque deberá enviar por escrito un informe sobre loactuado a la Corte Suprema de Justicia adjuntando lasdiligencias creadas si las hubieren, dentro del términode diez días; declaró sin lugar la suspensión del actosolicitada; y emplazó a las partes para que se personenante la Corte Suprema de Justicia dentro del término detres días hábiles más el de la distancia, para hacer uso desus derechos.- Dicha providencia le fue notificada alrecurrente el día veintiuno de Mayo de mil novecientosnoventa y ocho.- A las ocho y cuarenta y cinco minutosde la mañana del veintiocho de Mayo de mil novecientosnoventa y ocho, compareció a personarse ante la CorteSuprema de Justicia, el señor VICTOR MANUELCHAVARRIA DAVILA, en su calidad de recurrente.-A las nueve y veinticinco minutos de la mañana del unode junio de mil novecientos noventa y ocho, comparecióa personarse y a rendir el informe ordenado ante la Salade lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, elseñor EVENOR VALLEJOS AGUIRRE, en su calidadde Alcalde Municipal de Sébaco.- A las once ycincuenticinco minutos de la mañana del ocho de juniode mil novecientos noventa y ocho, compareció a personarsela Doctora DELIA MERCEDES ROSALESSANDOVAL, en su calidad de Procurador AuxiliarConstitucional y como Delegada del Procurador Generalde Justicia, Doctor JULIO CENTENO GOMEZ.-En providencia de las once y cuarenta minutos de lamañana del nueve de Junio de mil novecientos noventa yocho, la Sala de lo Constitucional de la Corte Supremade Justicia tuvo por personados en los presentes autos deamparo al señor VICTOR MANUEL CHAVARRIADAVILA quien manifiesta ser miembro de la Junta Directivade la Comunidad Indígena; al señor EVENORVALLEJOS AGUIRRE, quien manifiesta gestionar ensu carácter de Alcalde Municipal de Sébaco; a la DoctoraDELIA MERCEDES ROSALES SANDOVAL, ensu carácter de Procurador Auxiliar Constitucional y comoDelegada del Doctor JULIO CENTENO GOMEZ, ProcuradorGeneral de Justicia, a quienes se les concede laintervención de ley. En la misma providencia se ordenaa la Secretaría de la Sala que informe si el señor VICTORMANUEL CHAVARRIA DAVILA interpuso el presenterecurso ante la Honorable Sala Civil del Tribunal deApelaciones de la Región Sexta dentro de los treinta días68

Sentencias de Amparo de 1999en tres hojas de papel bond tamaño legal con membretede la Corte Suprema de Justicia y Sala de lo Constitucionaly rubricadas por el Secretario de la Sala de lo Constitucional.Cópiese, notifíquese y publíquese.- Julio R.García V.- Josefina Ramos M.- Francisco Plata López.-M. Aguilar G.- F. Zelaya Rojas.- Fco. Rosales A.- Antemí; M.R.E., Srio.-AMPARO IMPROCEDENTEVOTO 34-99Expediente: 0848-96Fecha: 24-02-99Hora:09:00 a.m.Recurrente: Sra. Nadine Ubau RochaRecurrido:Sra. Petrona Mendoza BucardoSENTENCIA NO. 34CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA DE LOCONSTITUCIONAL. Managua, veinticuatro de Febrerode mil novecientos noventa y nueve. Las nueve de lamañana.VISTOS;RESULTAMediante escrito presentado a las cuatro y treinta minutosde la tarde del dieciocho de Marzo de mil novecientosnoventa y seis, ante la Sala Civil del Tribunal deApelaciones de la IV Región, compareció la señoraNADINE UBAU ROCHA, mayor de edad, casada, Licenciadaen Biología y del domicilio de Granada quienmanifestó que es Profesora de educación media en elCentro Educativo El Capulin número dos desde el añode mil novecientos noventa y dos. Que el día veinticuatrode Enero de este año, la Directora de dicho centro lenotificó verbalmente que estaba despedida lo que le fueconfirmado por la Delegada Departamental del MED,Licenciada MARIA ELENA MALESPIN quien justificótal decisión por abandono de trabajo en los días diecisiete,dieciocho y diecinueve de Enero del presente año.Que su ausencia en esos días la tenía justificada medianteconstancia médica ya que se encontraba enferma, porlo que de acuerdo con el derecho que le concede la Leyde Carrera Docente, impugno tal decisión ante la Comi-sión Departamental de Carrera Docente quien mediantenotificación efectuada a las cuatro de la tarde del seis deFebrero de este año le hizo saber que en virtud de suresolución número cero tres, se revocaba el despido decretadoen su contra. Que por recomendación de la ComisiónDepartamental se presentó a desempeñar las funcionesde su cargo en su centro laboral a partir del ochode Febrero. Que sorpresivamente el veintiuno de Febrerofue notificada la resolución número 17-96 de la ComisiónNacional de la Carrera Docente por medio de lacual se revocaba la emitida por la Comisión Departamentaly se le daba curso a la orden de despido decretadaen su contra. Que con base en lo expuesto interponíarecurso de Amparo en contra de la resolución número17-96 dictada el diecinueve de Febrero por la ComisiónNacional de Carrera Docente integrada por PETRONAMENDOZA BUCARDO, Presidente, HECTORGARCIA, Secretario, JOSE SIERO PEREIRA,MARLENE ROBLETO, FRANCISCO AVILES y AN-TONIO PALACIO, y en contra de la Licenciada MA-RIA ELENA MALESPIN, Delegada Departamental delMED y autora del acto de mis despido. Que considerabaviolados sus derechos Constitucionales garantizados enlos artos.,46, 57, 80 y 82 inciso 6 y 120 de la ConstituciónPolítica. Que de conformidad con el artículo 11 dela Ley 14, Ley de Carrera Docente, daba por agotada lavía administrativa ya que de conformidad con el artículodicho contra tal resolución no existe recurso legal algunosalvo el de Amparo, por lo que estando en tiempopedía se le admitiera el recurso con la finalidad de restablecerel imperio de la Constitución. Solicitaba que deoficio se suspendiera el acto reclamado debido a los dañosy perjuicios que la ejecución del mismo le causaba.IILa Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de la IV Región,mediante auto dictado a las once de la mañana deldiecinueve de Marzo de mil novecientos noventa y seis,admite el recurso interpuesto; ordena ponerlo en conocimientodel Procurador General de Justicia; oficia a losfuncionarios recurridos para que informen a este AltoTribunal; declara sin lugar la suspensión del acto y emplazaa las partes para que dentro del plazo de tres díasmás el término por razón de la distancia, comparezcanante esta Corte a ejercer sus derechos. Recibidas las diligenciasen esta Suprema Corte y por auto de las ochoy treinta minutos de la mañana del cuatro de Junio de70

Sentencias de Amparo de 1999quín Chamorro, R.L.», interponen recurso de amparoen contra de los Señores ORLANDO CENTENO RO-QUE, en su calidad de Delegado Departamental de Transportede León, Ingeniero ORLANDO CASTRILLOSOBALVARRO, Director General de Transporte Terrestre,Ingeniero PABLO HURTADO VIGIL, ViceMinistro de Construcción y Transporte y IngenieroEDGAR QUINTANA, Ministro de Construcción yTransporte, por ser el primero quien de forma verbal ymediante la entrega de una fotocopia de una comunicaciónque contiene el permiso provisional número DGTT-622-03-98, que informa que el Director General de TransporteTerrestre decidió extender el permiso provisionalpor el período de tres meses, al Señor José Nieves LeytónZapata, en la ruta León Poneloya y viceversa y que laDelegación lo ubicaría en el itinerario respectivo, rutaque les corresponde a ellos, que no estando de acuerdointerponen recurso de apelación ante el Director Generalde Transporte Terrestre, quien hasta la fecha ha guardadosilencio administrativo, por no haberse pronunciadosobre la admisión o no de dicho recurso, pues fue elDelegado Departamental de Transporte de León quiendeniega la Apelación que no fue interpuesta ante él. Asimismorecurren en contra del Vice Ministro y el Ministropor ser éstos las autoridades de donde emanan y setransmite la orden superior, para imponerles la nuevaunidad. Afirman los recurrentes que con este acto se hanviolentado las siguientes disposiciones constitucionales:artículo 4, 34 inc. 2, 4 y 8 y 104. De igual manera,solicitan la suspensión del acto.IIEl Honorable Tribunal de Apelaciones de la II Región,admite el recurso de amparo interpuesto por los recurrentes,hágase saber al Procurador General de Justicia,remitiéndole la copia correspondiente, de conformidadal artículo 32 de la Ley de Amparo, de oficio ordena lasuspensión de los efectos del permiso provisional N°DGTT-622-03-98, firmado por el Director General deTransporte Terrestre, que se gire oficio a los funcionariosrecurridos para que dentro del término de diez díasa partir de su recepción rindan el informe de ley ante laCorte Suprema de Justicia, que para la notificación delos funcionarios recurridos, se gire exhorto al Tribunalde Apelaciones de Managua, lo cual fue cumplido por elTribunal Exhortado. Mediante escrito presentado por elSeñor JOSE NIEVES LEYTON ZAPATA, solicita re-visión de la actuación del Tribunal de Apelaciones deLeón, por haber decretado la suspensión de los efectosdel permiso provisional que le fue concedido. Por autodel Tribunal de Apelaciones de León, se declara sin lugara la revisión solicitada por el Señor Leytón Zapata yremite las diligencias a la Corte Suprema de Justicia,para su tramitación, emplazando a las partes para quedentro de tres días hábiles más el correspondiente porrazón de la distancia ocurran ante el referido Tribunal ahacer uso de sus derechos, para la notificación del presenteauto a los funcionarios recurridos, gira exhorto alTribunal de Apelaciones de Managua, lo cual fue cumplidopor el Tribunal Exhortado.IIIAnte la Corte Suprema de Justicia, se personan los recurrentes,el Señor José Nieves Leytón Zapata, en su carácterde tercero interesado, el Ministro de Construccióny Transporte, el Delegado Departamental de Transportey la Delegada del Procurador General de Justicia.Mediante auto de la Sala Constitucional se tienen porpersonados a los recurrentes, al tercero interesado, a losfuncionarios recurridos que se personaron ante la mismay a la Delegada del Procurador General de Justicia. Habiendorendido su informe los funcionarios recurridosante esta Superioridad, pasa el presente recurso a la Salapara su estudio y resolución, por lo que,CONSIDERANDO:El Decreto 11-90 «LEY REGLAMENTARIA PARA LAEMISION Y OBTENCION DE LAS LICENCIAS DEFUNCIONAMIENTO EN EL TRANSPORTE TERRES-TRE», establece en su artículo 18°, que: «Las resolucionesde las Oficinas Regionales en aplicación de esta Leypodrán ser objeto de apelación ante la Dirección Generalde Transporte Terrestre, dentro del tercero día, másel término de la distancia, después de haber llegado aconocimiento del afectado por medio de notificación.Fuera del término establecido no se tramitará ningúnrecurso y la resolución quedará firme. Interpuesta entiempo la apelación, si el afectado lo pidiera o la Direcciónlo estima necesario, ésta concederá ocho (8) díaspara que aquel aporte la pruebas que estimara pertinentes;concluido dicho término la Dirección resolverá elrecurso sin más trámite.» Del examen de las diligencias72

Sentencias de Amparo de 1999AMPARO IMPROCEDENTEVOTO 36-99Expediente: 1236-98Fecha: 24-02-99Hora:01:00 p.m.Recurrente:Francisco Hernàndez Baez y otros.Recurrido:Sala Civil T.A.Región IIISENTENCIA NO. 36CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LOCONSTITUCIONAL. Managua, veinticuatro de Febrerode mil novecientos noventa y nueve.- La una de la tar-de.-VISTOS,RESULTA:Por escrito presentado personalmente a las doce y treintay cinco minutos de la tarde del siete de Agosto de milnovecientos noventa y ocho ante la Secretaría de la Salade lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia,comparecieron los Señores FRANCISCO ANTONIOHERNANDEZ BAEZ, MANUEL ANTONIO LARAMASIS, ANA MARIA OVIEDO GUTIERREZ y LI-DIA AUXILIADORA GRANADOS LOPEZ, todosmayores de edad, comerciantes, casados, y de este domicilio,manifestando en síntesis: “Que por escrito interpuestoel día veinticuatro de Junio de mil novecientosnoventa y ocho ante la Sala de lo Civil del Tribunal deApelaciones de Managua, interpusieron Recurso deAmparo en contra de los Señores: Capitán JOSEMARQUEZ CHAVEZ, Jefe de Seguridad Pública delDistrito Seis de la Policía Nacional, Comisionado ROGERANTONIO RAMIREZ GUZMAN, Jefe del Distrito Seisde la Policía Nacional, y el Primer Comisionado FRAN-CO MONTEALEGRE CALLEJAS, Director de la PolicíaNacional, por intentar el cierre de sus negocios através de la negativa de extender nuevas licencias paraoperar, y posteriormente a través de la intimidación verbalcon amenazas de clausura por la fuerza, decomisode los bienes de sus comercios, y seguidamente por lapráctica abusiva de la sustracción ilegítima, sin ningúnrespaldo gubernativo, de mercaderías que posteriormenteal ser reclamadas sólo regresan los envases vacíos demanera jactanciosa. Que sus comercios están operandocon la misma actividad comercial desde hace más de unadécada y con reconocimiento de las autoridades correspondientestales como COMMEMA, MINSA y la mismaPolicía Nacional. Que el Tribunal de Apelacionesde Managua, el trece de Julio de mil novecientos noventay ocho, mandó a que los recurrentes ratificaran personalmenteel recurso y que acompañaran las respectivasnotificaciones. Que en escrito presentado personalmentepor los recurrentes, aclararon al Tribunal que la fechade recibido que tiene la resolución que le fue entregadaa Manuel Lara Masís de manera personal, es la mismafecha en que les entregaron las correspondientes a losdemás recurrentes, y que tal circunstancia puede verificarseen los expedientes que lleva en sus archivos laPolicía; por lo tanto, desde este momento solicitan a laCorte Suprema de Justicia que ordene a la Policía remitirtales archivos para adjuntarlos a la presente causapara así demostrar la legitimidad de su pretensión. Quela Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de Managuaemitió resolución la cual les fue notificada el veintisietede Julio de mil novecientos noventa y ocho, en laque se les deniega la admisión del recurso por extemporáneo,tomando la fecha de notificación de la disposiciónpolicial la que aparece en el folio veintinueve (29),o sea dieciséis de marzo de mil novecientos noventa yocho, pero esa no es la última resolución emitida por lainstitución castrense sino la que aparece en el folio treinta(30) y que corresponde al diecinueve de Junio de milnovecientos noventa y ocho, y que es a partir de ella quese debe empezar a contar el plazo. Que de dicha resolucióninterpusieron recurso con fecha veintiocho de Julio.Que el día cuatro de agosto de mil novecientosnoventa y ocho fueron notificados por la Sala del autoen el cual se dicta no ha lugar al recurso y manda alibrar testimonio de las piezas solicitadas. Que el testimonioles fue entregado el día siete de agosto de milnovecientos noventa y ocho. Que de conformidad alartículo 25 de la Ley de Amparo y artículo 478 Pr. ysiguientes, vienen a interponer recurso de hecho con elfin de que se les admita el Recurso de Amparo denegadopor la Sala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones deManagua. Que insisten en que se hace necesario la presentaciónde los documentos que están en poder de losarchivos de la Policía en los cuales rolan todas las diligenciasactuadas en su contra y que en las mismas constanlas fechas de recibido de las notificaciones anteriormenteseñaladas para con ellos poder demostrar que efectivamenterecurrieron de amparo en tiempo y forma.Asimismo aclaran que la Sala de lo Civil del Tribunal deApelaciones expresa en la resolución de las once y trein-74

Sentencias de Amparo de 1999consecuencia, se declara tramitable el recurso de amparoque interpuso el recurrente en contra de la HonorableSala de lo Civil del Tribunal de Apelaciones de la CircunscripciónManagua; y III) Es improcedente por inadmisibleel Recurso de Amparo que por el de hecho hanintroducido las Señoras ANA MARIA OVIEDOGUTIERREZ y LIDIA AUXILIADORA GRANADOSLOPEZ, en contra de los Señores: Capitán JOSEMARQUEZ CHAVEZ, Jefe de Seguridad Pública delDistrito Seis de la Policía Nacional, Comisionado ROGERANTONIO RAMIREZ GUZMAN, Jefe del Distrito Seisde la Policía Nacional, y el Primer Comisionado FRAN-CO MONTEALEGRE CALLEJAS, Director General dela Policía Nacional. Esta Sentencia está escrita en treshojas de papel bond con membrete de la Corte Supremade Justicia y Sala de lo Constitucional y rubricada por elSecretario de la Sala Constitucional. Cópiese, notifíquesey publíquese.- Julio R. García V.- Josefina Ramos M.-Francisco Plata López.- M. Aguilar G.- F. Zelaya Rojas.-Fco. Rosales A.- Ante mí; M.R.E., Srio.-AMPARO IMPROCEDENTEVOTO 37-99Expediente: 0606-94Fecha: 25-02-99Hora:08:30 a.m.Recurrente: Dr. Denis Plata BravoRecurrido:Sra. María Ortensia Rivas CordonSENTENCIA NO. 37CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LOCONSTITUCIONAL. Managua, veinticinco de Febrerode mil novecientos noventa y nueve. Las ocho ytreinta minutos de la mañana.VISTOS,RESULTA:Por escrito presentado personalmente a las diez y cincominutos de la mañana del veintisiete de Septiembre demil novecientos noventa y cuatro, ante la Sala para loCivil y Laboral del Tribunal de Apelaciones de la RegiónIII, compareció el doctor DENIS PLATA BRA-VO, mayor de edad, casado, Abogado y Notario Públicoy de este domicilio, en el cual manifiesta en síntesislo siguiente: “Que desde el primero de Abril de mil novecientosnoventa y dos es arrendatario de la casa númerocuarenta y dos, situada en Altamira D’Este, de laDistribuidora Vicky dos y media cuadra al lago, mediantecontrato suscrito con la señora OLGABERMUDEZ DE LACAYO, renovado el primero deAbril de mil novecientos noventa y tres al primero deAbril de mil novecientos noventa y cuatro. Que duranteel arriendo ha cumplido con el pago de todos los serviciose impuestos, de conformidad con lo estipulado en lacláusula sexta del contrato, por lo que ha mantenido aldía el pago del teléfono Número 70001, perteneciendola cuña de servicio a la arrendadora, señora OLGABERMUDEZ DE LACAYO. Que desde el inicio delContrato le reclamó a la arrendadora, el mal estado deltecho del inmueble, por donde se filtraba agua productode las lluvias, así como de la existencia de saurios quehan destruido la armazón del techo que durante más deveinte años la arrendadora no refaccionó, por lo que conla aparición de los huracanes Gert y Allen, el día veintede Septiembre de mil novecientos noventa y tres se produjoen todo el inmueble, especialmente en su oficinade Abogado y Notario una avalancha de lodo y aguaputrefacta, ocasionándole cuantiosos daños materiales;por lo que desde el día nueve de Noviembre de mil novecientosnoventa y tres, demandó a la arrendadora conAcción de Daños, Dolo, Responsabilidad, Indemnizacióny Derecho Legal de Retención ante el Juez Cuartode Distrito para lo Civil de conformidad con el Artículo1424C, quien decretó como medida precautelar, por lasreglas del Embargo Preventivo, el derecho legal de retencióndel inmueble arrendado a su favor, dejándole engoce, uso y disfrute de la casa arrendada; la demandafue inscrita al margen del número registral de la propiedad;que el juicio se encuentra pendiente del trámite deApelación. Que posteriormente, el catorce de Diciembrede mil novecientos noventa y tres, la arrendadora lodemandó con Acción de Desahucio a la cual le opuso lasexcepciones perentorias de falta de acción y las dilatoriasde Oscuridad de la Demanda, falta de causa de pediry acumulación de autos. Que el Juez de la causa, declarócon lugar la demanda de Desahucio sin haber acumuladolos autos, sin tramitar las excepciones opuestas yotros defectos procesales. Que el día veintidós de Septiembrede mil novecientos noventa y cuatro, la señoraOLGA BERMUDEZ DE LACAYO, solicitó suspenderel servicio telefónico instalado en el inmueble arrendado,accediendo TELCOR con la complacencia de las76

Sentencias de Amparo de 1999IISentados los principios fundamentales expresados en elConsiderando que antecede, siendo el Amparo una Instituciónde Derecho Público, creada con el firme propósitode obtener el control de la legalidad, manteniendo yrestableciendo la vigencia y efectividad de las normasconstitucionales propias de un verdadero estado de derecho;la primera función del Organo Jurisdiccional es deobservar el cumplimiento exacto de los requisitos esencialesy formales que debe contener todo Recurso deAmparo, los que están íntimamente ligados a los principiosfundamentales de éste, sin los cuales no se puededar curso a este tipo de procedimiento. Sin entrar alfondo del asunto, este Supremo Tribunal examina depreferencia, el recto procedimiento aplicable al caso deautos. El Decreto No. 1450 “Reglamento de ServicioTelefónico y de Télex”, publicado en La Gaceta, DiarioOficial No. 112 del ocho de Junio de mil novecientosochenta y cuatro, regula todo lo concerniente a la solicitud,instalación, mantenimiento y demás circunstanciasdel Servicio Telefónico y Télex en toda la república deNicaragua; en su Artículo 37 establece que “La DirecciónComercial de TELCOR será la encargada de la aplicaciónde las normas establecidas en el presente Reglamento”y en el Artículo 38 taxativamente señala que“De las resoluciones dictadas por la Dirección Comercial,cabrá el Recurso de Revisión ante la Dirección Legalde TELCOR quien resolverá dentro de los treintadías posteriores a la interposición del recurso, dándosepor agotada la vía administrativa”. El recurrente estabaen la obligación de haber agotado este recurso ordinario,para poder hacer uso del Recurso de Amparo. Nodemuestra en las presentes diligencias el haber agotadola vía administrativa, por lo que esta Sala de lo Constitucionalcon apoyo en las consideraciones hechas y artículoscitados, concluye declarando que en el presente casono se agotó la vía administrativa correspondiente, motivopor el cual debe ser declarada la improcedencia deeste Recurso.POR TANTO:En base a las consideraciones hechas, disposiciones legalescitadas, Artículos 424 y 436 Pr., Artículo 27 inc.6 de la Ley de Amparo vigente y Artículos 37 y 38 delDecreto No. 1450 “Reglamento de Servicio Telefónicoy Télex”, publicado en La Gaceta No. 112, del ocho deJunio de mil novecientos ochenta y cuatro, los suscritosMagistrados RESUELVEN: Declárase improcedente elRecuso de Amparo interpuesto por el doctor DENISPLATA BRAVO en contra de la licenciada MARIAHORTENSIA RIVAS CORDON y la Ingeniera KATHIASETHMAN; ambas funcionarias administrativas delINSTITUTO NICARAGUENSE DE TELECOMUNI-CACIONES Y CORREOS (TELCOR). La HonorableMagistrada Doctora JOSEFINA RAMOS MENDOZA,disiente de la mayoría de sus colegas Magistrados de laSala de lo Constitucional y expone: “El Amparo estádelimitado en los artículos 45 y 188 Cn, así como en elartículo 3 de la Ley de Amparo, teniendo como objeto elproteger a las personas contra toda disposición, acto oresolución, en general contra toda acción u omisión,emanada de cualquier funcionario, autoridad o agentede los mismos que viole o trate de violar los derechos ygarantías consagradas en la Constitución Política. IgnacioBurgoa en su libro EL JUICIO DE AMPARO, ensus páginas 139 y 140 señala que: El amparo teórica ehistóricamente se concibe como un medio de control delorden constitucional contra todo acto de autoridad queafecte o agravie a cualquier gobernado y que se ejercitaexclusivamente a impulso de éste. Por consiguiente laConstitución es el objeto natural de esta institución. Elfundamento del amparo se implica en los conceptos desoberanía, poder constituyente, Poder Público y Constitucióny en los principios de legitimidad, deontología,fundamentabilidad, supremacía, rigidez, reformabilidade inviolabilidad constitucionales. Estos conceptos y principios,en su conjunto interrelacional e interactivo, nosólo entrañan la fundamentación jurídica, política y sociológicade amparo, sino la justificación innegable deeste medio de control constitucional, en cuya teleogía seconjugan de modo inescindible dos objetivos; la protecciónindividualizada del gobernado y la tutela de la LeySuprema del país. Sin el amparo, el orden constitucionaly todos los principios que proclama y sobre los quese asientan, quedaría expuesto a su violación y quebrantamientoimpunes, quedando entonces como meras declaracionessin vigencia, ni oportunidad pragmática. Enbase a todo lo anteriormente señalado la suscritamagistrada estima que la función primordial del órganoJurisdiccional una vez admitido el recurso es cumplircon el objeto del amparo, es decir: el proteger a laspersonas contra toda disposición, acto o resolución, engeneral contra toda acción u omisión, emanada de cualquierfuncionario, autoridad o agente de los mismos que78