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Escenas Laborales - AELE

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JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA LABORALdel recurso de casación el de someter nuevamente los hechosa discusión, por lo que este extremo del recurso tambiéndeviene en improcedente;Quinto: Que, en cuanto a la causal de contravencióndel inciso cuarto del artículo ciento veintidós del CódigoProcesal Civil, basada en que la defensa de los interesesdel Estado está a cargo de los Procuradores Públicos, y sinembargo en el presente caso se ha declarado improcedenteel pedido de notificación al Procurador Público, debeprecisarse que esta causal no está contemplada expresamenteen las causales taxativamente previstas en el artículocincuentiséis de la Ley Procesal del Trabajo, no pudiendoconsiderarse en modo alguno aplicación supletoria delCódigo Procesal Civil, en cuanto al recurso de casación serefiere, dado el carácter extraordinario del mismo; queasimismo, aun cuando esta Sala Suprema se ha visto en lanecesidad de tomarla en cuenta de manera excepcional,pero bajo determinadas condiciones que en este caso nose advierte, pues al sostener el impugnante que no se haemplazado al Procurador Público, no ha tomado en cuen-ta que este aspecto ha sido ya resuelto respetando la pluralidadde instancias, por lo que esta causal también devieneen Improcedente;Sexto: Que, en consecuencia, el recurso de casación inexamine no cumple con las exigencias de fondo establecidasen el artículo cincuentiocho de la Ley Procesal de Trabajo;consideraciones por las que declararon IMPROCE-DENTE el recurso de casación interpuesto a fojas trescientosochenticinco, por la representante de la Autoridad Autónomade Majes, contra la sentencia de vista de fojas trescientossetentisiete, su fecha veintidós de setiembre del dosmil tres; en los seguidos por Walter Eulogio Congona Revillasobre indemnización por despido arbitrario y otro; CON-DENARON a la recurrente al pago de la multa equivalentea tres Unidades de Referencia Procesal; DISPUSIERON lapublicación de la presente resolución en el Diario OficialEl Peruano que sienta precedente de observancia obligatoriaen el modo y forma previsto en la Ley; y los devolvieron.-SS. WALDE JÁUREGUI, VILLACORTA RAMÍREZ, ACE-VEDO MENA, ESTRELLA CAMA, FERREIRA VILDÓZOLACOMENTARIO:1. ANTECEDENTES: PRONUNCIAMIENTO DELTRIBUNAL CONSTITUCIONAL (ENERO 2005)En el mes de julio 2005 publicamos y comentamos lasentencia del Tribunal Constitucional de fecha 28 de enerode 2005, recaída en el Expediente N° 4016-2004-AA/TC – Lambayeque, según la cual quedó determinado quelas contrataciones bajo modalidad, celebradas por períodosmayores de los 5 años, se consideran como de duraciónindeterminada si el trabajador continúa laborandodespués de la fecha de vencimiento del plazo estipulado ode las prórrogas pactadas, excediendo el límite máximopermitido.En el caso mencionado, el empleador: Instituto Nacionalde Desarrollo (INADE) al ejercer su defensa contra lademanda de uno de sus trabajadores que había cuestionadosu cese después de laborar por más de 10 años consecutivosmediante sucesivos contratos a plazo fijo, negóque hubiera existido un acto arbitrario dado “que los trabajadoresde los proyectos especiales dependientes deINADE ... están sujetos a un régimen especial que no lesreconoce estabilidad laboral, por tratarse de un proyectoespecial de carácter temporal”.No obstante lo afirmado por este organismo público,el Tribunal Constitucional mantuvo como criterio base desu pronunciamiento el hecho de que el contenido de losdiversos contratos suscritos por las partes sólo se encontrabandentro de los alcances del régimen laboral generalaplicable a la actividad privada.Por esta razón, dichos contratos no respondían al régimenespecial alegado por la parte demandada.En tal virtud, resultaba congruente concluir que al habersesuperado los límites determinados como válidos enla Ley, la relación laboral del trabajador se había convertidoen una de duración indeterminada.Lamentablemente, el Tribunal no llegó a pronunciarsesobre la validez o ineficacia de las normas de alcancesespeciales a que hizo referencia INADE y que, según lomanifestamos en el Comentario respectivo (numeral 4.2),están contenidos en el Título IV, artículo 32º del Reglamentode Organización y Funciones del INADE, aprobado porDecreto Supremo N° 017-93-PRES; según el cual “los trabajadoresde los Proyectos a cargo de INADE, por la naturalezade los mismos, son contratados a plazo fijo no dandolugar a estabilidad laboral”.Incluso, la Ley de Organización y Funciones del InstitutoNacional de Desarrollo –Decreto Legislativo N° 599– enel párrafo final de su Sétima Disposición Complementariahabía ya determinado que “el personal a cargo de los proyectosespeciales cualquiera sea la naturaleza de sus servicios,sólo podrá ser contratado a plazo fijo bajo la modalidaddel contrato de locación de obra, el mismo que enningún caso, podrá exceder a la fecha de culminación yentrega de la obra”.La omisión de referencias valorativas sobre estas particularidadesde la legislación aplicable a los trabajadoresde INADE por parte del Tribunal Constitucional, no permiteextraer conclusiones terminantes sobre ellas, pues pese36SETIEMBRE 2005

JURISPRUDENCIA LABORALa estar contenidas en una norma legal expresa, su redacciónpresenta rasgos confusos. En efecto, el Decreto LegislativoN° 599 en su artículo 11º precisa, por una parte,que “los trabajadores de INADE están sujetos al régimenlaboral de la Ley N° 4916 y demás disposiciones laboralesque regulan a los trabajadores de la actividad privada”,sin embargo –como queda dicho– la parte pertinentede la Sétima Disposición Complementaria al referirse a lostrabajadores de los proyectos especiales los sujeta a unrégimen especial cuyos alcances adolecen de imprecisióno, por lo menos, siembran dudas sobre la naturaleza delos servicios que prestan.Se menciona, así, que dicho personal sólo podrá sercontratado a plazo fijo “bajo la modalidad del contratode locación de obra” utilizando para ello una terminologíano usual en la legislación laboral, sino más bien emparentadacon la contenida en el Código Civil cuando éstelegisla sobre la prestación de servicios refiriéndose amodalidades tales como la “locación de servicios” y el “contratode obra”.Queda, así, la duda respecto a si la norma del INADEse refiere al contrato de obra considerado en los artículos1771º y siguientes del Código Civil, o al Contrato paraobra determinada o servicio específico regulado en elartículo 63º de la Ley de Productividad y CompetitividadLaboral.El pronunciamiento del Tribunal Constitucional no alcanzóal análisis y valoración de las dos normas ya citadassobre regulación laboral particular, aplicable al personalcomprendido en los proyectos especiales del INA-DE, por lo que no ha sido posible obtener su apreciaciónal respecto.2. CRITERIO DE LA SUPREMA EN EL RECURSO DE CASA-CIÓN: EXP. N° 2230-03 – AREQUIPAMediante el recurso de casación interpuesto por laAutoridad Autónoma de Majes que forma parte del IN-ADE (Instituto Nacional de Desarrollo), se cuestiona esencialmentela inaplicación de los dos dispositivos legalesantes citados (7 a Disposición Complementaria –últimopárrafo– del Decreto Legislativo N° 599 y artículo 32ºdel Decreto Supremo N° 017-93-PRES) que, como ha quedadodicho, contendrían la legislación especial aplicablea los Proyectos Especiales a cargo del INADE, uno delos cuales sería el promovido por la Autoridad Autónomade Majes.Esta causal fue, a su vez, declarada improcedente porla Sala de Casación, arguyendo que el recurso de casaciónno tiene por finalidad volver a someter a consideraciónpor la Corte Suprema aquellos hechos que ya fueronobjeto de análisis y pronunciamiento por las instanciasinferiores.Sin embargo, de alguna manera la Sala Suprema expresóo ratificó las argumentaciones que posiblemente fueronexpuestas en los pronunciamientos previos, pero quepara efectos legales resultaban definitorias. En este sentidose resalta que los contratos de trabajo suscritos por eltrabajador no pueden ser desnaturalizados por la normatividadespecial pretendida por la parte demandada, razónésta que la tornaría inaplicable.Se afirma, también, que con tales disposiciones particularesse estaría vulnerando el Principio de Continuidaddel contrato de trabajo que “considera inadmisibleque durante la vigencia de éste se le desmejore su posición,privándolo de un derecho reconocido por la Leycomo es la estabilidad laboral”, argumento que implicaría,a la vez, la aplicación de la norma más favorable altrabajador.Consideramos, ciertamente, discutible el razonamientocontenido en este aspecto del pronunciamiento, pues nosólo no se detalla qué tipo de estabilidad laboral (absolutao relativa) es la que se atribuye a un texto legal quetampoco se precisa, sino que, además, pone en tela dejuicio la validez de otras normas legales, como es el casode los contratos de trabajo del régimen de exportaciónde productos no tradicionales a que se refiere el DecretoLey N° 22342, los mismos que, según el artículo 80º de laLey de Productividad y Competitividad Laboral (LPCL) “seregulan por sus propias normas”.De acuerdo a lo dispuesto principalmente en los artículos7º y 32º del Decreto Ley N° 22342, resulta viable ypermitida la contratación de personal eventual en el númeroque las empresas industriales de exportación no tradicionalrequieran, para atender operaciones de producciónpara exportación, derivadas de contratos o documentosque así lo acrediten. Tales contratos se elaboraránpara obra determinada y podrán realizarse cuantas vecessea necesario, siempre que correspondan a lo expresadoen los artículos mencionados.Como puede apreciarse, la contratación temporal indefinidade trabajadores bajo el régimen y condicionesdel Decreto Ley N° 22342, reconocida y aceptada expresamentecomo válida por el artículo 80º de la LPCL, podríaestar corriendo peligro, si se aceptaran en forma genéricay sin distingos los argumentos expresados en el CuartoConsiderando de la Sentencia emitida por la Sala Supremaen la Casación que comentamos.Caso contrario, es decir, si este pronunciamiento no llegaa cuestionar la validez de lo dispuesto por el Decreto LeyN° 22342 en razón de que constituye una excepción amparadapor una norma que tiene fuerza de Ley, ¿por qué seestaría desconociendo la validez de las normas contenidasen el Decreto Legislativo N° 599 y en el art. 32º del Reglamentode Organización y Funciones del INADE, situacionesque también se encuentran amparadas por una norma confuerza legal indubitable, pese a la falta de propiedad desus términos?––––––––––SETIEMBRE 2005 37

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