Informe 2012 - Amnesty International

12INFORME 2012 AMNISTÍA INTERNACIONALEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDO

AMNISTÍA INTERNACIONALAmnistía Internacional es un movimiento global integrado por más de 3 millones de simpatizantes,miembros y activistas que trabajan en favor del respeto y la protección de los principios de derechoshumanos internacionalmente reconocidos. La visión de Amnistía Internacional es la de un mundo enel que todas las personas disfrutan de todos los derechos humanos proclamados en la DeclaraciónUniversal de Derechos Humanos y en otras normas internacionales de derechos humanos.La misión de Amnistía Internacional consiste en realizar labores de investigación y acción centradasen impedir y poner fin a los abusos graves contra todos los derechos humanos –civiles, políticos,sociales, culturales y económicos–. Tanto la libertad de expresión y asociación como la integridadfísica y mental, tanto la protección frente a la discriminación como el derecho a la vivienda: todosson derechos indivisibles.Amnistía Internacional se financia en gran medida con las contribuciones de su membresía y condonativos. No solicita ni acepta contribuciones de gobiernos para realizar su labor de investigacióny campaña en torno a los abusos contra los derechos humanos. Es independiente de todo gobierno,ideología política, interés económico y credo religioso.Amnistía Internacional es un movimiento democrático cuyas decisiones fundamentales sobrepolíticas las toma en sus reuniones bienales el Consejo Internacional, compuesto porrepresentantes de todas las Secciones de la organización. El Consejo designa a un Comité EjecutivoInternacional que lleva a la práctica sus decisiones. Las personas que componen el ComitéEjecutivo Internacional son: Bernard Sintobin (Bélgica, habla flamenca, tesorero internacional),Euntae Go (Corea del Sur), Guadalupe Rivas (México, vicepresidenta), Julio Torales (Paraguay),Nicole Bieske (Australia), Pietro Antonioli (Italia, presidente), Rune Arctander (Noruega),Sandra S. Lutchman (Países Bajos) y Zuzanna Kulinska (Polonia).Unidos contra la injusticia, trabajamos juntos por los derechos humanos.NOTA SOBRE LA EDICIÓN EN ESPAÑOL DEL INFORME 2012Por lo general, las citas de organizaciones internacionales que aparecen en el texto son la versiónoficial en español, pero no siempre ha sido posible localizarlas, como ocurre en ocasiones con lasdel Comité de Derechos Humanos de la ONU o el Tribunal Europeo. Asimismo, hay casos en que deningún modo hay versión oficial en español, como sucede con las de la Comisión Africanao el Consejo de Europa, al no tener estas organizaciones el español como lengua de trabajo.En ambos, EDAI ha traducido al español, entrecomilladas, sus citas.

12INFORME 2012 AMNISTÍA INTERNACIONALEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDOEste informe abarca el periodo comprendidoentre enero y diciembre de 2011.

© AP Photo/Ng Han GuanVarios periodistas entrevistan al artistay activista Ai Weiwei frente a su casa,tras el fin de su detención, Pekín(China), 22 de junio de 2011.

Prefacio / 11Abreviaturas / 13PRIMERA PARTEPerspectiva regionalÁfrica / 21América / 31Asia y Oceanía / 43Europa y Asia Central / 53Oriente Medio y Norte de África / 65SEGUNDA PARTEPaísesAfganistán / 79Albania / 83Alemania / 85Angola / 87Arabia Saudí / 90Argelia / 94Argentina / 97Armenia / 98Australia / 99Austria / 101Autoridad Palestina / 102Azerbaiyán / 105Bahamas / 107Bahréin / 108Bangladesh / 112Bélgica / 114Benín / 116Bielorrusia / 116Bolivia / 119Bosnia y Herzegovina / 120Brasil / 124Bulgaria / 128Burkina Faso / 130Burundi / 131Camboya / 134Camerún / 137Canadá / 139Chad / 141Chile / 144China / 146Chipre / 150Colombia / 151Corea del Norte / 156Corea del Sur / 158Costa de Marfil / 160Croacia / 163Cuba / 166Dinamarca / 168Ecuador / 169Egipto / 171El Salvador / 176Emiratos Árabes Unidos / 178Eritrea / 179Eslovaquia / 182Eslovenia / 184España / 185Estados Unidos de América / 189Etiopía / 193Federación Rusa / 197Filipinas / 202Finlandia / 204Fiyi / 205Francia / 206Gambia / 209Georgia / 210Ghana / 212Grecia / 213Guatemala / 216Guinea / 218Guinea-Bissau / 220Guinea Ecuatorial / 221Guyana / 224Haití / 225Honduras / 227Hungría / 229India / 231Indonesia / 236Irak / 238Irán / 242Irlanda / 247Israel y los Territorios Palestinos Ocupados / 249Italia / 253Jamaica / 257Japón / 259Jordania / 261Kazajistán / 263Kenia / 266Informe 2012 Amnistía Internacional

ÍNDICEINFORME 2012Kirguistán / 270Kuwait / 273Laos / 274Líbano / 275Liberia / 278Libia / 280Lituania / 286Macedonia / 287Madagascar / 290Malaisia / 291Malawi / 293Maldivas / 295Malí / 296Malta / 297Marruecos y el Sáhara Occidental / 298Mauritania / 301México / 303Moldavia / 308Mongolia / 310Montenegro / 311Mozambique / 313Myanmar / 315Namibia / 319Nepal / 320Nicaragua / 322Níger / 323Nigeria / 324Noruega / 329Nueva Zelanda / 330Omán / 331Países Bajos / 332Pakistán / 333Panamá / 337Paraguay / 338Perú / 340Polonia / 341Portugal / 343Puerto Rico / 344Qatar / 345Reino Unido / 346República Centroafricana / 351República Checa / 353República del Congo / 355República Democrática del Congo / 357República Dominicana / 361Ruanda / 363Rumania / 366Senegal / 368Serbia / 370Sierra Leona / 374Singapur / 377Siria / 378Somalia / 384Sri Lanka / 388Suazilandia / 391Sudáfrica / 394Sudán / 398Sudán del Sur / 402Suecia / 405Suiza / 406Tailandia / 407Taiwán / 410Tanzania / 411Tayikistán / 412Timor Oriental / 413Togo / 415Trinidad y Tobago / 416Túnez / 417Turkmenistán / 421Turquía / 422Ucrania / 427Uganda / 429Uruguay / 432Uzbekistán / 433Venezuela / 436Vietnam / 438Yemen / 440Zimbabue / 445TERCERA PARTESelección de tratados internacionalesy regionales de derechos humanos / 455Tratados internacionales de derechos humanos / 458Tratados regionales de derechos humanos / 472CUARTA PARTEContactar con Amnistía Internacional / 484Informe 2012 Amnistía Internacional

© Amnistía Internacional (foto: Grace Gonzalez)La mariposa es para nosotrasun símbolo de los deseos de realizarlos sueños, de desplegar las alas...luchando con fuerza por nuestrosderechos.Martha Munguía, Alianza de Centrosde Mujeres de NicaraguaMujeres, niñas, hombres y niñostoman la calle en Nicaragua el Díapor la Despenalización del Abortoen América Latina y el Caribe,28 de septiembre de 2011.

PREFACIO“SI ME SUCEDE ALGO, SEPAN QUEEL RÉGIMEN NO TEME A LOS PRESOS,SINO A QUIENES NO LOS OLVIDAN.”Razan Ghazzawi, bloguera siria, detenida durante 15 días en Siria en diciembre de 2011El Informe 2012 de Amnistía Internacional documenta el estado de los derechoshumanos en el mundo durante 2011. En cinco perspectivas regionales y unanálisis individualizado de 155 países y territorios, el informe muestra cómo eleco de las demandas de derechos humanos continuó resonando en todos losrincones del planeta.Millones de personas salieron a las calles de sus pueblos y ciudades, en untorrente de esperanza por lograr justicia y libertad. Ni la represión más brutalconsiguió silenciar las peticiones cada vez más urgentes para acabar con latiranía, pues la gente demostró que ya no seguía dispuesta a soportar sistemasde gobierno no cimentados en la rendición de cuentas, la transparencia, lajusticia y la promoción de la igualdad.La resistencia a la injusticia y la represión adoptó numerosas formas, y amenudo sirvió de inspiración para actos de enorme valor y resolución llevados acabo por comunidades y personas que se enfrentaban a obstáculosaparentemente insalvables. Ante la indiferencia, las amenazas y los ataques, losdefensores y las defensoras de los derechos humanos entablaron accionesjudiciales en los ámbitos nacional e internacional para acabar con la impunidadarraigada y la discriminación endémica.Este informe refleja un planteamiento para atajar los abusos contra los derechoshumanos basado en los retos y las oportunidades para el cambio. En unmomento en que Amnistía Internacional se adentra en su sexta década, esteinforme no sólo da testimonio de las dificultades de quienes viven sumidos en laoscuridad de las violaciones de los derechos humanos, sino también de laspersonas a quienes la dignidad humana les sigue sirviendo de inspiraciónpara actuar.Informe 2012 Amnistía Internacional11

DATOS ESTADÍSTICOSEn el recuadro de información básica que abre cada apartado de país se incluyen datosestadísticos extraídos de las siguientes fuentes:Todos los datos relativos a la esperanza de vida y alfabetización de la población adulta se hantomado del Informe sobre Desarrollo Humano 2011 del Programa de la ONU para el Desarrollo(PNUD), que puede consultarse en http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_ES_Complete.pdf.Los datos más recientes de los que se dispone son los de esperanza de vida al nacer (2011)y tasa de alfabetización de adultos (porcentaje de personas mayores de 15 años, 2005-2010).Para obtener información adicional, puede consultarse el sitio web del PNUDo www.uis.unesco.org.Para calcular el índice de desarrollo humano, el PNUD ha estimado que la tasa de alfabetizaciónde algunos de los países encuadrados en el grupo de países con un “desarrollo humano alto”es del 99 por ciento. En dichos casos se ha omitido el dato del recuadro de información básica.Todos los datos relativos a la población corresponden a cifras de 2011 y los relativosa la tasa de mortalidad de menores de 5 años, a cifras de 2009. En ambos casos se han tomadodel informe Estado de la Población Mundial 2011 del Fondo de Población de la ONU (UNFPA),que puede consultarse en http://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/documents/SWP_2011/SP-SWOP2011.pdf.Los datos de población se ofrecen únicamente a modo de indicación del número de personasque se ven afectadas por los asuntos que se describen en este informe. Amnistía Internacionalreconoce las limitaciones de dichas cifras y no se pronuncia con respecto a cuestiones como losterritorios en disputa o la inclusión o exclusión de determinados grupos de población.En algunos de los países que figuran en este informe falta la referencia a parte o a la totalidadde los indicadores citados. La omisión de esos datos se debe a diversas razones, entre ellasla ausencia de información en las listas de la ONU mencionadas anteriormente.Los datos estadísticos que se citan en este informe son los más recientes en el momentode la impresión de la obra y su única finalidad es proporcionar contexto. Debido a diferenciasen la metodología utilizada y el periodo que abarcan los datos subyacentes, las comparacionesentre países deben realizarse con la debida prudencia.12Informe 2012 Amnistía Internacional

ABREVIATURASACNURASEANCEDAWCEDEAOCIAComité Europeo para laPrevención de la TorturaConvención de la ONUcontra la TorturaConvenio Europeo deDerechos HumanosFAOLGBTOEAOITOMSONGONUOSCEOTANPNUDRelator especial sobrela libertad de expresiónRelator especial sobrela torturaRelator especial sobrelos pueblos indígenasRelatora especial sobrela violencia contra la mujerUEUNESCOUNICEFAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los RefugiadosAsociación de Naciones del Sudeste AsiáticoConvención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la MujerComunidad Económica de Estados del África OccidentalAgencia Central de InteligenciaComité Europeo para la Prevención de la Torturay de las Penas o Tratos Inhumanos o DegradantesConvención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o DegradantesConvenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanosy de las Libertades FundamentalesOrganización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la AlimentaciónLesbianas, gays, bisexuales y personas transgéneroOrganización de los Estados AmericanosOrganización Internacional del TrabajoOrganización Mundial de la SaludOrganización No GubernamentalNaciones UnidasOrganización para la Seguridad y la Cooperación en EuropaOrganización del Tratado del Atlántico NortePrograma de las Naciones Unidas para el DesarrolloRelator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresiónRelator especial sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas crueles,inhumanos o degradantesRelator especial sobre la situación de los derechos humanosy las libertades fundamentales de los indígenasRelatora especial sobre la violencia contra la mujer, con inclusión de sus causasy consecuenciasUnión EuropeaOrganización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la CulturaFondo de las Naciones Unidas para la InfanciaInforme 2012 Amnistía Internacional13

La policía de Malawi persiguea manifestantes. Al menos 19 personasmurieron y decenas más,niños incluidos, resultaron heridascuando la policía usó munición realdurante las manifestaciones por la malagobernanza, la escasez de combustibley los abusos contra los derechoshumanos celebradas en varias ciudades,22 de julio de 2011.

© Amos Gumulira/Africa Media Online

Guardacostas italianos rescatana un grupo de migrantes, Pantelleria(Italia), 13 de abril de 2011.

© AP Photo/Italian Coast Guard, Francesco Malavolta

12INFORME 2012 AMNISTÍA INTERNACIONALPRIMERA PARTE: PERSPECTIVA REGIONAL

Un hombre observa el vuelo de los avionesmilitares en Kurchi, Kordofán del Sur(Sudán), agosto de 2011. Tras el estallidodel conflicto en la región en junio, elgobierno sudanés lanzó reiteradosbombardeos aéreos indiscriminados quemataron e hirieron a civiles.© Carsten Stormer

ÁFRICATal vez éste sea el año en que se respete la libertad de expresióny asociación. [...] Tal vez éste sea el año en que los etíopes dejen de serencarcelados por sus convicciones políticas.Eskinder Nega, periodista y ex preso de conciencia etíope, en un discurso sobre la libertadde prensa pronunciado la víspera del Año Nuevo etíope, en septiembre de 2011; unos díasdespués había sido detenido y acusado formalmente de terrorismo y traiciónPERSPECTIVAREGIONALÁFRICALos movimientos populares del norte de África tuvieron eco en la poblacióndel África subsahariana, de manera especial en los países con gobiernosrepresivos. Sindicalistas, estudiantes y políticos de oposición se animarona organizar manifestaciones. La gente salió a la calle debido a susaspiraciones políticas, su búsqueda de una mayor libertad y su profundafrustración con una vida de pobreza. Protestaba contra su desesperadasituación social y económica y contra el alza del costo de la vida.Muchos de los factores subyacentes a los levantamientos del nortede África y de Oriente Medio existían también en otras partes de África.Uno de ellos era la existencia de gobernantes autoritarios, quellevaban decenios en el poder y recurrían al aparato de seguridad parareprimir la disidencia. La pobreza y la corrupción eran fenómenosgeneralizados, faltaban libertades básicas y era frecuente que hubieragrandes grupos marginados del resto de la sociedad. La brutalrepresión de las manifestaciones de 2011 ilustró lo poco queaprendieron los dirigentes políticos de la región de lo que les habíasucedido a sus homólogos del norte.PobrezaEn el último decenio, los índices de pobreza de África habían descendido,y se habían registrado avances en la realización de los Objetivos deDesarrollo del Milenio. Pero millones de personas continuaban viviendoen la pobreza, sin acceso a servicios esenciales, como agua nocontaminada, saneamiento, atención médica y educación.La rápida urbanización hacía que muchas personas tuvieranviviendas inadecuadas, a menudo en asentamientos precarios, dondecarecían de los servicios más básicos y corrían un riesgo constante deser desalojadas a la fuerza por las autoridades. En muchos casos, lasvíctimas de desalojo forzoso perdían sus pertenencias al ser destruidossus hogares. Muchas perdían también su medio de subsistencia, loInforme 2012 Amnistía Internacional21

La brutal represión delas manifestacionesde 2011 ilustró lo pocoque aprendieron losdirigentes políticos dela región de lo que leshabía sucedido a sushomólogos del norte.que las hundía aún más en la pobreza. Miles de personas sufrieron losefectos de los desalojos forzosos masivos de al menos cincoasentamientos informales de Nairobi, Kenia. Centenares fuerondesalojadas a la fuerza de un asentamiento del Territorio de la CapitalFederal de Nigeria. Los desalojos forzosos continuaron también enYamena, Chad y en diferentes zonas de Angola.La violencia, ejercida también durante las manifestacionesantigubernamentales, tenía en parte su origen en los altos niveles dedesempleo y pobreza. Las iniciativas contra la corrupción se vieronmalogradas a menudo por la falta de apoyo político. En Nigeria, porejemplo, el presidente destituyó sin mediar explicaciones a lapresidenta de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros seismeses antes de la fecha prevista para la conclusión de su mandato.Represión políticaAnimados por los acontecimientos del norte de África, manifestantesantigubernamentales salieron a la calle en Jartum y otras ciudades deSudán a partir de finales de enero. Fueron recibidos con golpes por lasfuerzas de seguridad, que detuvieron arbitrariamente a decenas deactivistas y estudiantes. Se denunció que muchos fueron torturados bajocustodia. En Uganda, los políticos de oposición pidieron a la poblaciónque imitase las protestas de Egipto y saliera a la calle, pero la violenciafrustró las manifestaciones. En febrero, el gobierno ugandés prohibiótodas las protestas públicas. La policía y el ejército usaron fuerza excesivacontra manifestantes, y el líder de la oposición Kizza Besigye fue acosadoy detenido. En Zimbabue, unos 45 activistas fueron detenidos en febreropor el mero hecho de entablar debates sobre los acontecimientos delnorte de África. Aunque luego se retiró el cargo, 6 de ellos fueronacusados formalmente de traición. En abril, las autoridades deSuazilandia reprimieron con fuerza excesiva protestas similares.Las fuerzas de seguridad dispararon fuego real contramanifestantes antigubernamentales en Angola, Burkina Faso, Guinea,Liberia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Sudán delSur, y causaron numerosas víctimas mortales. En general, lasautoridades no investigaron el uso excesivo de la fuerza ni nadie rindiócuentas por las muertes causadas.En la mayoría de los países africanos continuaron las detencionesarbitrarias, las palizas, las amenazas y las intimidaciones contradefensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas yopositores políticos. Algunas de estas personas murieron a manos degrupos armados o de las fuerzas de seguridad gubernamentales. Lasinvestigaciones sobre el homicidio en Burundi, en 2009, del defensorde los derechos humanos Ernest Manirumva no registraron avances22 Informe 2012 Amnistía Internacional

dignos de mención. En junio, cinco policías fueron declaradosculpables del homicidio en 2010 del activista de derechos humanosFloribert Chebeya en la República Democrática del Congo. Sinembargo, continuó la preocupación por que no se hubiera investigadoa algunos individuos presuntamente implicados en este crimen.Los gobiernos intentaron controlar la información pública enBurundi, Etiopía, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial,Liberia, Madagascar, República Democrática del Congo, Somalia,Sudán y Uganda. Impusieron restricciones a la información sobre ciertoshechos, cerraron o suspendieron temporalmente emisoras de radio,bloquearon sitios web específicos o prohibieron la publicación de ciertosperiódicos. Ruanda acometió un proceso de reformas para mejorar lalibertad de los medios de comunicación, pero algunos que habían sidocerrados por las autoridades en 2010 continuaron suspendidos, ytambién se condenó a dos periodistas a largas penas de prisión.Las asambleas nacionales de Angola y Sudáfrica debatierondisposiciones legales que podían imponer graves limitaciones a lalibertad de expresión y al acceso a la información. Un elemento máspositivo fue que el presidente Goodluck Jonathan sancionó finalmentecon su firma la Ley de Libertad de la Información en Nigeria.PERSPECTIVAREGIONALÁFRICAConflictosLa violencia política que había estallado en Costa de Marfil tras laselecciones presidenciales de noviembre de 2010 desembocó en unconflicto armado durante el primer semestre de 2011. Las fuerzas lealesa Alassane Ouattara recibieron el apoyo de tropas francesas y de lamisión de mantenimiento de la paz de la ONU. Tomaron el control delpaís a finales de abril y detuvieron al ex presidente Laurent Gbagbo y adecenas de sus partidarios. Cientos de miles de personas se vierondesplazadas a causa del conflicto y muchas huyeron a países vecinos,sobre todo a Liberia. Varios miles de civiles perdieron la vida o resultaronheridos en la capital económica, Abiyán, y en el oeste del país. Ambosbandos dieron muerte ilegítimamente a cientos de civiles en marzo yabril en la zona occidental de Duékoué y en las localidadescircundantes. Se atacaba a la gente por su origen étnico o su supuestaafiliación política. La misión de mantenimiento de la paz de la ONU noprotegió de manera adecuada a la población civil en Duékoué. Lasfuerzas de ambos bandos también cometieron actos de violencia sexual,incluidas violaciones. En octubre, la Corte Penal Internacional (CPI)autorizó una investigación sobre los crímenes de guerra y los crímenesde lesa humanidad cometidos por ambas partes en el conflicto. Trasdictarse una orden de detención contra él, Laurent Gbagbo fuetransferido en noviembre a la CPI, en los Países Bajos. Para mantener suLas fuerzas de seguridaddispararon fuego realcontra manifestantesantigubernamentalesy causaron numerosasvíctimas mortales.Informe 2012 Amnistía Internacional23

Sólo en contadasocasiones se hizo rendircuentas a algunosindividuos por la comisiónde violaciones dederechos humanos.En consecuencia,en muchos paísesde la región la gentehabía perdido la confianzaen los organismosencargados de hacercumplir la ley y en elsistema judicial.credibilidad, la CPI debía asegurarse todavía de que también seinvestigaran los crímenes cometidos por fuerzas leales al presidenteOuattara y se enjuiciara a los responsables. Asimismo, debía investigarlos crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidosantes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2010, ya que elpoder judicial de Costa de Marfil no podía o no quería hacerlo.La población de Sudán del Sur votó por abrumadora mayoría a favorde la independencia en un referéndum sobre la autodeterminacióncelebrado en enero. Tras fijarse la independencia de Sudán del Sur parael 9 de julio, las tensiones aumentaron en las denominadas zonas detransición de Abyei, Kordofán del Sur y Nilo Azul. En Abyei no se celebróel referéndum organizado por separado para enero y en mayo estalló elconflicto. Las Fuerzas Armadas de Sudán, apoyadas por milicias,tomaron el control de Abyei, acción que obligó a decenas de miles depersonas de la comunidad étnica dinka ngok a huir a Sudán del Sur. Enla ciudad de Abyei se saquearon y destruyeron casas. La misión demantenimiento de la paz de la ONU, desplegada en Abyei, tampocotomó en este caso medidas dignas de mención para impedir los ataquesy proteger a la población civil. Al terminar el año no se había encontradouna solución para la situación de Abyei.Como consecuencia de las discrepancias en materia deseguridad y de los resultados de las elecciones estatales, lasituación en Kordofán del Sur desembocó en un conflicto armadoentre el Movimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte y lasFuerzas Armadas de Sudán. Cientos de miles de personas sevieron desplazadas como consecuencia de la inseguridad y elconflicto. Las Fuerzas Armadas de Sudán llevaron a cabobombardeos aéreos indiscriminados, que causaron numerosasvíctimas en la población civil. La ONU y varias organizaciones,incluida Amnistía Internacional, documentaron estos ataquesindiscriminados y homicidios ilegítimos. A modo de ejemplo,Angelo al Sir, agricultor, describió cómo su esposa embarazada,dos de los hijos de la pareja y otros dos familiares murieron en unataque aéreo el 19 de junio en Um Sirdeeba, localidad situada aleste de Kadugli.En septiembre, el conflicto de Kordofán del Sur se extendió al estado deNilo Azul, causando de nuevo la huida de decenas de miles de personas aSudán del Sur y Etiopía. El gobierno sudanés dejó básicamente aislados delmundo exterior los estados de Kordofán del Sur y Nilo Azul al impedir elacceso de organizaciones humanitarias independientes, misiones devigilancia de la situación de los derechos humanos y otros observadores. ElConsejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana y el Consejo de Seguridadde la ONU no tomaron ninguna medida concreta para abordar la situación;24 Informe 2012 Amnistía Internacional

entre otras cosas, no condenaron la falta de acceso humanitario ni lasviolaciones de derechos humanos que se cometían.El conflicto de Darfur, Sudán, también continuó con toda suintensidad y obligó a más familias a abandonar sus hogares. Las queya vivían en campos para personas internamente desplazadas fueronatacadas por las autoridades sudanesas por su supuesto apoyo agrupos armados de oposición. Siguieron notificándose casos deviolación y otras formas de violencia sexual. Continuó la negativa deSudán a cooperar con la Corte Penal Internacional, cuyo fiscal solicitóuna orden de detención contra el ministro de Defensa, AbdelrahimMohamed Hussein, por crímenes de guerra y crímenes de lesahumanidad cometidos en Darfur.Los constantes combates librados en Somalia contra el grupoarmado islamista Al Shabaab adquirieron una dimensión regionalcuando tropas de Kenia y Etiopía intervinieron directamente en elconflicto. Los ataques indiscriminados de las diversas partesenfrentadas mataron o hirieron a miles de civiles, sobre todo enMogadiscio. Cientos de miles de personas continuaron desplazadascomo consecuencia del conflicto y la inseguridad. La sequía imperanteen esta parte de África empeoró la ya grave situación humanitaria, y enalgunas zonas de Somalia se declaró la hambruna. Las organizacioneshumanitarias hicieron frente a inmensas dificultades para acceder aquienes necesitaban ayuda de emergencia.Tampoco se atisbaba el final del conflicto en el este de laRepública Democrática del Congo. Las violaciones y otras formas deviolencia sexual seguían siendo endémicas, y eran cometidas tanto porfuerzas de seguridad gubernamentales como por grupos armados deoposición. Continuaron también otros abusos contra los derechoshumanos, como homicidios ilegítimos, saqueos y secuestros,cometidos sobre todo por grupos armados. El sistema de justicia de laRepública Democrática del Congo seguía siendo incapaz de abordarlas numerosas violaciones de derechos humanos cometidas duranteel conflicto. Continuó el reclutamiento y uso de niños y niñas soldadosen diversos conflictos, como los de la República Centroafricana, laRepública Democrática del Congo y Somalia.Algunos gobiernos africanos seguían mostrándose reacios agarantizar la rendición de cuentas por delitos de derechointernacional. Senegal continuó negándose a enjuiciar o extraditar alex presidente de Chad Hissène Habré. Al terminar el año, el gobiernode Burundi debatió una propuesta revisada de establecimiento de unaComisión de la Verdad y la Reconciliación; sin embargo, no parecíatener suficiente voluntad política para crear el Tribunal Especialrecomendado por la ONU en 2005.PERSPECTIVAREGIONALÁFRICAInforme 2012 Amnistía Internacional25

Continuó la tendencia a la abolición de la pena de muerte. ElParlamento de Benín votó a favor de ratificar el Segundo ProtocoloFacultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos,confirmando de este modo su intención de abolir la pena capital. EnGhana, la Comisión de Revisión de la Constitución recomendó laabolición de la pena de muerte. El fiscal general y ministro de Justiciade Nigeria informó a una delegación de Amnistía Internacional enoctubre de que el gobierno había aprobado la suspensión oficial de lasejecuciones. El gobierno de Sierra Leona había hecho un anunciosimilar en septiembre. En contraste con estas novedades positivas,Somalia, Sudán y Sudán del Sur figuraban entre los últimos países delÁfrica subsahariana que seguían ejecutando a personas, en muchoscasos después de juicios gravemente injustos.PERSPECTIVAREGIONALÁFRICAMarginaciónLas personas refugiadas y migrantes eran especialmente vulnerables alos abusos y violaciones de derechos humanos en muchos países. Hubopersonas de ciudadanía congoleña que se vieron expuestas de nuevo asufrir violencia por motivos de género al ser expulsadas de Angola.Mauritania detuvo arbitrariamente a miles de migrantes antes deexpulsarlos a países vecinos. Las personas refugiadas y migrantestambién eran sometidas a violaciones de derechos humanos enMozambique, donde al parecer eran víctimas, entre otras cosas, dehomicidios ilegítimos cometidos por funcionarios encargados de hacercumplir la ley. En Sudáfrica seguían soportando violencia y presenciandola destrucción de sus bienes. En diciembre, el ACNUR, la agencia de laONU para los refugiados, recomendó que los países de acogida tomaranmedidas para la cesación de la condición de refugiado de la mayoría delos ruandeses que hubiera en su territorio. Las organizaciones derefugiados y de derechos humanos expresaron su preocupación, por noestar claro que el ACNUR hubiera expuesto adecuadamente las razonesde esta recomendación y porque su implementación por determinadosEstados podía poner en peligro de ser devueltas a Ruanda a un grannúmero de personas que todavía necesitaban protección.Decenas de miles de personas originarias de Sudán del Surregresaron allí de Sudán porque corrían el riesgo de perder susderechos de ciudadanía sudanesa tras la declaración deindependencia de Sudán del Sur. Hicieron frente a numerosasdificultades, entre ellas hostigamiento antes del viaje y a lo largo de él yuna grave situación de derechos humanos a su llegada.La violencia y la discriminación contra las mujeres seguían siendofenómenos generalizados en muchos países, en ocasiones comoconsecuencia de normas y tradiciones culturales. La legislaciónInforme 2012 Amnistía Internacional27

vigente institucionalizaba la discriminación contra las mujeres enalgunos países. La discriminación afectaba también a la capacidad delas mujeres para acceder a los servicios de salud.Las mujeres y las niñas seguían siendo víctimas de violación yotras formas de violencia sexual en varios países en conflicto o en losque había un gran número de personas refugiadas o desplazadas.Entre ellos figuraban el este de Chad, Costa de Marfil, la RepúblicaCentroafricana, el este de la República Democrática del Congo ySudán (Darfur). A menudo los responsables eran miembros de lasfuerzas de seguridad gubernamentales, y en la mayoría de los casosno se llevaban a cabo investigaciones.La cuestión era si loslíderes políticos de Áfricaharían suyos estoscambios o los veríancomo una amenaza asu control del poder.Con sus reacciones antelas protestas y ladisidencia, en 2011 lamayoría de los dirigentespolíticos fueron parte delproblema, no la solución.DiscriminaciónSe agravó la discriminación basada en la orientación sexual o laidentidad de género reales o supuestas de las personas. Los políticos nosólo no protegieron el derecho a no sufrir discriminación, sino que amenudo, con sus declaraciones o acciones, incitaron a la discriminacióny la persecución basadas en la supuesta orientación sexual.En Camerún se perseguía a quienes supuestamente manteníanrelaciones con personas del mismo sexo. Decenas de personasfueron detenidas, y algunas, como Jean-Claude Roger Mbede,condenadas a largas penas de prisión. El gobierno camerunéspropuso también reformar el Código Penal para aumentar lascondenas de cárcel y las multas impuestas por mantenerrelaciones sexuales con personas del mismo sexo. En Malawi,Mauritania y Zimbabue también se detuvo y enjuició a hombresdebido a su supuesta orientación sexual. El gobierno de Malawipromulgó legislación que tipificaba como delito las relacionessexuales entre mujeres, y el presidente Bingu wa Mutharika dijodurante una concentración política que los gays eran “peores queperros”. En Nigeria, el Senado aprobó un proyecto de ley quepenalizaba aún más las relaciones homosexuales. En Ghana, elministro para la Región Occidental ordenó detener a todos los gaysy lesbianas.En Uganda, el proyecto de ley contra la homosexualidad no sedebatió en el Parlamento, pero tampoco se retiró formalmente. Enenero mataron en su domicilio a David Kato, destacado defensor de losderechos humanos y activista de los derechos de lesbianas, gays,bisexuales y personas transgénero. Se detuvo a un hombre por elhomicidio, y en noviembre se le impuso una condena de 30 años deprisión. En Sudáfrica, la presión de la sociedad civil para que seabordara la violencia contra gays, lesbianas, bisexuales y personastransgénero, en particular contra las mujeres lesbianas, llevó a las28 Informe 2012 Amnistía Internacional

autoridades a establecer un equipo de trabajo para prevenir laviolencia por motivos de supuesta orientación sexual.En Eritrea continuó la persecución por motivos religiosos. Decenasde personas fueron detenidas arbitrariamente y sufrieron, al parecer,malos tratos bajo custodia.Seguridad y derechos humanosÁfrica era cada vez más vulnerable a los actos de terrorismo dediversos grupos armados islamistas, entre ellos Al Qaeda en el MagrebIslámico, que actuaba en varios países del Sahel; la secta religiosaBoko Haram, que intensificó sus atentados con bombas en Nigeriadurante el año, y Al Shabaab, que estaba activo en Kenia y Somalia.Estos grupos armados fueron responsables de numerosos abusoscontra los derechos humanos, tales como ataques indiscriminados,homicidios ilegítimos, secuestros y tortura.Algunos gobiernos respondieron reforzando su cooperaciónmilitar, por ejemplo en el Sahel. Los países vecinos tambiénintervinieron militarmente. Nigeria estableció una fuerza militarespecial para hacer frente a Boko Haram en algunos estados. Lasfuerzas de seguridad gubernamentales fueron a menudoresponsables de violaciones de derechos humanos en el curso desu respuesta a la violencia de los grupos armados. En Mauritania,14 presos condenados por actividades terroristas fueron objeto dedesaparición forzada durante su traslado a un lugar desconocido. EnNigeria, las fuerzas de seguridad respondieron a la intensificación dela violencia en algunos estados deteniendo arbitrariamente yrecluyendo a cientos de personas, sometiendo a algunas adesaparición forzada y llevando a cabo ejecuciones extrajudiciales.PERSPECTIVAREGIONALÁFRICAHora de sumarse al cambioAl final del año era probable que la mejora del respeto y la protecciónde los derechos humanos no se desarrollara de manera tan rápida yespectacular en el África subsahariana como en el norte de África. Enalgunos lugares la situación podía incluso empeorar. Sin embargo,había factores, como el crecimiento económico sostenido, la demandade una mejor gobernanza, el surgimiento de una clase media, elfortalecimiento de la sociedad civil y la mejora del acceso a lastecnologías de la información y la comunicación, que podían contribuirgradualmente a la mejora de la situación de los derechos humanos. Lacuestión era si los líderes políticos de África harían suyos estoscambios o los verían como una amenaza a su control del poder. Consus reacciones ante las protestas y la disidencia, en 2011 la mayoríade los dirigentes políticos fueron parte del problema, no la solución.Informe 2012 Amnistía Internacional29

La lucha por la justicia no se agota en mí.Esta lucha es para todos los Troy Davisque vinieron antes que yo y todos los quevendrán después de mí.Troy Davis, ejecutado tras pasar 20 añosen el corredor de la muerteMartina Correia mira hacia la prisiónen el momento exacto en que suhermano, Troy Davis, era ejecutado enGeorgia (EE. UU.) el 21 de septiembre,pese a las serias dudas que existíansobre su culpabilidad. Dos mesesdespués, Martina murió tras una largaenfermedad.© Scott Langley

AMÉRICAUna afrenta para la democracia [y] una afrenta para el Estadode derecho.Marcelo Freixo, diputado estatal brasileño y víctima de numerosas amenazas de muertepor su labor de investigación y denuncia de las bandas criminales,habla sobre el homicidio de la jueza Patrícia AcioliPERSPECTIVAREGIONALAMÉRICAEl 11 de agosto de 2011, varios agentes de la Policía Militarefectuaron 21 disparos contra la jueza Patrícia Acioli frente a sucasa de Niterói, en el estado de Río de Janeiro (Brasil). El largohistorial de la jueza en casos penales contra policías brasileñosimplicados en violaciones de derechos humanos la había convertidoen blanco de numerosas amenazas de muerte. En octubre fuerondetenidos 11 policías, entre ellos un alto mando, y acusadosformalmente del homicidio. Según la información recibida, en elmomento de su muerte la jueza Acioli presidía una investigaciónsobre presuntas ejecuciones extrajudiciales y actividades delictivascometidas por los policías implicados. Su fallecimiento fue un durorevés para el movimiento de derechos humanos en Brasil, pero subúsqueda incansable de justicia sigue inspirando a innumerablespersonas que, como ella, se niegan a permitir que las violaciones deestos derechos queden impunes.La demanda de respeto por los derechos humanos se hizo oír entoda la región durante 2011: en los tribunales nacionales, en elsistema interamericano y en las calles. Las peticiones de justiciarealizadas por ciudadanos individuales, defensores y defensoras delos derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil ypueblos indígenas siguieron ganando fuerza, y a menudocondujeron a quienes las realizaban al enfrentamiento directo conpoderosos intereses económicos y políticos. En el núcleo demuchos de estos conflictos se encontraban políticas de desarrolloeconómico que dejaban a muchas personas, sobre todo a quienesvivían en la pobreza y a las comunidades marginadas, másexpuestas a los abusos y a la explotación.Informe 2012 Amnistía Internacional31

El ex capitán dela Armada Alfredo Astizy otros 15 hombres fueroncondenados a penas deentre 18 años de prisióny cadena perpetua porsu participación en 86crímenes de lesahumanidad cometidosdurante la décadade 1970.Demanda de justicia y del fin de la impunidadMuchos casos de derechos humanos avanzaron con lentitud,obstaculizados por la ausencia de un acceso significativo a lajusticia, por la falta de independencia del poder judicial y por ladisposición, en algunos sectores, a recurrir a medidas extremaspara evitar la rendición de cuentas y proteger intereses creados decarácter político, delictivo y económico. La dificultad paraconseguir que se respetaran los derechos humanos se vioexacerbada a menudo por homicidios y amenazas contra defensoresy defensoras de los derechos humanos, testigos, abogados,fiscales y jueces en países como Brasil, Colombia, Cuba,Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela. Los periodistas queintentaron denunciar los abusos de poder, las violaciones dederechos humanos y la corrupción se convirtieron también amenudo en víctimas de abusos en Latinoamérica y el Caribe.Sin embargo, en algunos países, a pesar de los obstáculos y delos frecuentes reveses, hubo avances significativos en lainvestigación y el enjuiciamiento de violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasado, y varios altos mandos del ejércitoy gobernantes militares de facto fueron declarados culpables ycondenados a prisión.El ex capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros 15 hombresfueron condenados a penas de entre 18 años de prisión y cadenaperpetua por su participación en 86 crímenes de lesa humanidadcometidos durante la década de 1970.En Argentina, el ex general del ejército Reynaldo Bignone y elpolítico y ex policía Luis Abelardo Patti fueron condenados en abrila cadena perpetua por cargos de asesinato, secuestro y torturacometidos en la localidad de Escobar durante la década de 1970.En octubre, el ex capitán de la Armada Alfredo Astiz y otros 15hombres fueron condenados a penas de entre 18 años de prisión ycadena perpetua por su participación en 86 crímenes de lesahumanidad cometidos durante esa década. Sus víctimas fueronsecuestradas y recluidas en el centro de detención secreta de laEscuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en BuenosAires, donde algunas murieron por torturas y otras fueron arrojadasdesde aviones. Entre los asesinados figuraban las monjas francesasLéonie Duquet y Alice Domon, las activistas pro derechos humanosAzucena Villaflor, María Bianco y Esther Careaga, cofundadoras delas Madres de Plaza de Mayo, y el escritor y periodista RodolfoWalsh.En Bolivia, la Corte Suprema condenó en agosto a siete exoficiales de alta graduación y a varios altos cargos civiles por su32 Informe 2012 Amnistía Internacional

participación en los sucesos conocidos como “Octubre Negro”, enlos que murieron 67 personas y más de 400 resultaron heridasdurante unas protestas celebradas en El Alto, cerca de La Paz,en 2003. Fue la primera vez en Bolivia que un juicio contraoficiales del ejército acusados de violaciones de derechos humanosconcluía ante un tribunal civil. Cinco ex oficiales del ejército fueroncondenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión, y dos exministros a penas de 3 años, cuyo cumplimiento se suspendióposteriormente.En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff sancionó la ley decreación de una Comisión de la Verdad encargada de investigar lasviolaciones de derechos humanos cometidas entre 1946 y 1988.Y en Chile, el número de casos de violaciones de derechos humanossometidos a investigación por los tribunales aumentó a su máximonivel con la presentación por una fiscal de 726 nuevas querellasque se sumaron a las más de 1.000 querellas presentadas en losúltimos años por familiares de personas ejecutadas por motivospolíticos durante el gobierno militar del general Augusto Pinochet.A su regreso a Haití después de 25 años de exilio, el expresidente Jean-Claude Duvalier fue sometido a una investigaciónpenal basada en denuncias de violaciones graves de derechoshumanos presentadas por víctimas y sus familiares. En Colombia,el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales fue condenado enabril a 35 años de prisión por su participación en la desapariciónforzada de 11 personas ocurrida en noviembre de 1985, despuésde que el ejército irrumpiera en el Palacio de Justicia, donde elgrupo guerrillero M-19 retenía a varios rehenes. En septiembre, elex director del servicio de inteligencia civil colombiano(Departamento Administrativo de Seguridad, DAS), Jorge Noguera,fue condenado a 25 años de prisión por el homicidio en 2004 delintelectual Alfredo Correa de Andreis y por su vinculación congrupos paramilitares.Pese a su importancia, estos casos fueron la excepción, y laimpunidad por violaciones de derechos humanos siguió siendo lanorma. Por ejemplo, en Colombia, otra ex directora del DAS, Maríadel Pilar Hurtado, implicada en un escándalo de escuchas yvigilancia ilegales y amenazas contra detractores del ex presidenteÁlvaro Uribe, siguió eludiendo la justicia. En 2010 había obtenidoasilo en Panamá.En México, las acciones judiciales contra los responsables deviolaciones graves de derechos humanos cometidas en las décadasde 1960, 1970 y 1980 seguían en punto muerto. Sin embargo, laPERSPECTIVAREGIONALAMÉRICALas prácticas de loscuerpos de seguridad enBrasil siguieroncaracterizándose porla discriminación, losabusos contra losderechos humanos,la corrupcióny las operacionespoliciales de estilo militar.Informe 2012 Amnistía Internacional33

Hubo indicios de queen varios casos la policíadominicana habíaadoptado una políticade disparar a matar enlugar de intentar detenera los sospechososdesarmados.Suprema Corte de Justicia resolvió que eran vinculantes lassentencias de la Corte Interamericana contra México, incluida laque ordenaba que las violaciones de derechos humanospresuntamente cometidas por militares fueran transferidas a lajurisdicción civil.En el ámbito de la justicia internacional, los avances fuerondesiguales. Por ejemplo, en octubre, el gobierno canadiense optópor no detener al ex presidente estadounidense George W. Bushcuando éste viajó a la Columbia Británica, pese a los claros indiciosde que había sido responsable de delitos de derecho internacional,incluida la tortura. Sin embargo, en diciembre, Francia extraditó alex jefe de Estado de facto Manuel Noriega a Panamá, donde habíasido declarado culpable in absentia del asesinato de algunosadversarios políticos, entre otros delitos.Sistema interamericano de derechos humanosEl sistema interamericano, y en concreto la ComisiónInteramericana de Derechos Humanos, fue blanco de continuosataques por parte de varios Estados durante 2011. Por ejemplo,Brasil retiró a su embajador ante la Organización de los EstadosAmericanos (OEA) como represalia por la petición de la Comisiónde que se suspendieran las obras del proyecto hidroeléctrico deBelo Monte hasta que se hubiera consultado debidamente a lascomunidades indígenas afectadas. Suscitó preocupación que elsecretario general de la OEA, José Miguel Insulza, apoyaraabiertamente la postura de Brasil y pidiera públicamente a laComisión que revisara su decisión en el caso de Belo Monte.Posteriormente, la Comisión Interamericana modificó las medidascautelares dictadas en el caso y dejó de exigir a Brasil la suspensióndel proyecto hasta que se realizaran las consultas.Ecuador, Perú y Venezuela también criticaron a la Comisión,acusándola de excederse en su mandato y de injerirse en susderechos soberanos. Las críticas de Ecuador y Venezuela estabandirigidas a la relatoría especial de la OEA para la libertad deexpresión, mientras que Perú criticó con dureza la decisión de laComisión de remitir a la Corte Interamericana de DerechosHumanos un caso de presuntas ejecuciones extrajudicialescometidas durante el rescate de 71 rehenes en 1997 (la operación“Chavín de Huántar”).Durante la segunda mitad de 2011, los Estados miembros de laOEA prosiguieron el debate sobre posibles reformas del sistemainteramericano de derechos humanos. El debate concluyó con la34 Informe 2012 Amnistía Internacional

publicación de un informe que el Consejo Permanente de la OEAestudiaría a principios de 2012. Aunque las recomendacionescontenidas en el informe fueron calificadas de esfuerzo parareforzar el sistema, en realidad algunas de las medidas propuestaspodrían debilitar su independencia y eficacia, y tener un impactoespecialmente grave en la labor de la Comisión y de sus relatores.Seguridad pública y derechos humanosLos gobiernos siguieron explotando motivos legítimos depreocupación sobre la seguridad pública y los elevados índices dedelincuencia para justificar o ignorar las violaciones de derechoshumanos cometidas por sus fuerzas de seguridad al responder aactividades delictivas o a grupos armados.El gobierno mexicano cerró los ojos ante las noticiasgeneralizadas de torturas, desapariciones forzadas, homicidiosilegítimos y uso excesivo de la fuerza por parte del ejército y, deforma creciente, de la marina, en su lucha contra los cárteles de ladroga. Más de 12.000 personas perdieron la vida en actos violentosatribuidos a organizaciones delictivas, y el presidente FelipeCalderón siguió desplegando a alrededor de 50.000 soldados einfantes de marina para realizar funciones de orden público. Huboindicios de que miembros de la policía y de las fuerzas de seguridadactuaban en connivencia con organizaciones delictivas en elsecuestro y asesinato de presuntos miembros de otrasorganizaciones delictivas, entre otros delitos. El gobierno siguióafirmando que los abusos eran excepcionales y que sus autoresrendirían cuentas de sus actos, pero durante 2011 sólo hubo uncaso de personal militar que compareció ante la justicia.En menor escala, también emplearon personal militar paradesempeñar funciones de orden público otros países de la región,como El Salvador, Guatemala, Honduras, la República Dominicanay Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez sacó a la calle a lastropas de la Guardia Nacional para atajar la delincuencia violentageneralizada.En medio de un elevado índice de delincuencia violenta, lasprácticas de los cuerpos de seguridad en Brasil siguieroncaracterizándose por la discriminación, los abusos contra losderechos humanos, la corrupción y las operaciones policiales deestilo militar. Aunque ciertos proyectos de seguridad públicatuvieron un éxito limitado en cuanto a reducir el grado de violencia,las reformas en seguridad pública del gobierno federal se vierondebilitadas por severos recortes presupuestarios y por una falta devoluntad política. Las comunidades socialmente excluidasPERSPECTIVAREGIONALAMÉRICAEl largo conflicto armadointerno de Colombiasiguió infligiendoindecibles sufrimientosa comunidades civilesde todo el país.Informe 2012 Amnistía Internacional35

Casi dos años despuésde que expirase el plazofijado por el presidenteestadounidense BarackObama para el cierre delcentro de detención deGuantánamo, quedabanaún en la base másde 150 detenidos.siguieron atrapadas entre la violencia de las bandas delictivas y losabusos de la policía, que a menudo trataba a los residentes comopresuntos delincuentes. En Río de Janeiro, el poder de las miliciassiguió aumentando. Estas bandas delictivas, integradas porex agentes y agentes en activo de las fuerzas de seguridad,aumentaron su influencia en muchas de las comunidades máspobres mediante la violencia y la extorsión, ayudadas poractividades económicas ilícitas y la creación de bases de poderpolítico. El atentado contra la jueza Acioli puso de relieve el alcancey la confianza de estas bandas.En la República Dominicana, la policía cometió violacionesgraves de derechos humanos, como detenciones arbitrarias,torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes,homicidios ilegítimos y desapariciones, en el marco dela denominada “política de mano dura” en la lucha contra ladelincuencia. Hubo indicios de que en varios casos la policía habíaadoptado una política de disparar a matar en lugar deintentar detener a los sospechosos, muchos de los cuales estabandesarmados.Conflicto armadoEl largo conflicto armado interno de Colombia siguió infligiendoindecibles sufrimientos a comunidades civiles de todo el país. Lasconsecuencias de los combates en los derechos humanos fueronespecialmente graves para los pueblos indígenas rurales y lascomunidades afrodescendientes y campesinas, miles de cuyosmiembros se vieron obligados a huir de sus hogares. Tanto losgrupos guerrilleros como los paramilitares y las fuerzas deseguridad, que en ocasiones actuaban en connivencia, fueronresponsables de abusos graves contra los derechos humanos y deviolaciones del derecho internacional humanitario.Algunas de las medidas legislativas de las autoridades, como laLey de Víctimas y Restitución de Tierras, fueron importantesprimeros pasos en los esfuerzos para reconocer los derechos a lareparación de algunas víctimas y para devolver algunos de losmillones de hectáreas de tierras robadas en el curso del conflicto.Sin embargo, la ley excluía a muchas víctimas, y el aumento delnúmero de amenazas y homicidios contra defensores y defensorasde los derechos humanos, especialmente contra quienestrabajaban en la devolución de las tierras, sembró dudas sobre lacapacidad del gobierno para cumplir su promesa de devolver lastierras a sus legítimos propietarios.36 Informe 2012 Amnistía Internacional

Las familias de migrantesdesaparecidos realizaronmarchas en todo el paíspara exigir que seadoptasen medidasencaminadas a localizara sus familiares.informado respecto a proyectos de desarrollo en gran escala que lesafectaban, incluidos proyectos de la industria extractiva. Perúaprobó una histórica ley en 2011 que hizo preceptiva la consulta alos pueblos indígenas antes de realizar proyectos de desarrollo ensus tierras ancestrales. Sin embargo, esto siguió siendo laexcepción. Pese a que todos los Estados de la región habíanrespaldado la Declaración de la ONU sobre los Derechos de losPueblos Indígenas de 2007, los derechos consagrados en ellaseguían distando de ser respetados.Al no respetarse los derechos de los pueblos indígenas no sólo seresintieron sus medios de subsistencia, sino que las comunidadestambién sufrieron amenazas, hostigamiento, desalojos odesplazamientos forzosos, ataques y homicidios a medida que seintensificaba la campaña para explotar recursos en las zonas donderesidían. En Brasil, Colombia, Guatemala y México se expulsó aindígenas de sus tierras, a menudo con violencia. Se tuvo noticia deuso excesivo de la fuerza contra quienes se manifestaban por losderechos de los indígenas y contra proyectos de desarrollo en Perú yBolivia. En Ecuador y México suscitó preocupación la presentaciónde cargos falsos contra dirigentes indígenas.Hubo nuevos indicios de que los gobiernos no se tomaban enserio los derechos de los pueblos indígenas o no mostraban lavoluntad política necesaria para paliar los efectos de décadas dearraigada discriminación. En abril, la Comisión Interamericanade Derechos Humanos pidió a Brasil que suspendiera laconstrucción de la represa de Belo Monte hasta que se hubieraconsultado de forma exhaustiva y efectiva con las comunidadesindígenas –lo cual incluía el acceso a una evaluación del impactosocial y medioambiental del proyecto en los idiomascorrespondientes– y se hubieran tomado medidas para salvaguardarlas vidas de las comunidades en aislamiento voluntario. Brasilrespondió con dureza a estas medidas cautelares, que la Comisiónsuavizó posteriormente.En Bolivia, después de varias semanas de protestas en las quedecenas de personas resultaron heridas cuando las fuerzas deseguridad emplearon gas lacrimógeno y porras para disolver uncampamento provisional, el presidente decidió cancelar laconstrucción de una carretera a través del Territorio Indígena yParque Nacional Isiboro-Sécure. Los manifestantes indígenasalegaron que la planificación de la carretera infringía las garantíasconstitucionales sobre la consulta previa y las leyes deconservación del medio ambiente.38 Informe 2012 Amnistía Internacional

En agosto, un estudio federal canadiense concluyó queel 39 por ciento de las redes de agua de las comunidades de lasPrimeras Naciones tenían deficiencias importantes que hacían queel 73 por ciento de las redes de agua potable y el 65 por ciento delas redes de aguas residuales constituyeran un riesgo medio oelevado para la salud.Derechos de mujeres y niñasLos Estados de la región no consideraron prioritaria en sus agendaspolíticas la protección de las mujeres y las niñas frente a laviolación, las amenazas y los homicidios. La aplicación de las leyespara combatir la violencia de género siguió suscitando granpreocupación, y la falta de recursos disponibles para investigar yenjuiciar estos delitos puso en entredicho la voluntad oficial deabordar la cuestión. El hecho de que no se juzgase a losresponsables de estos delitos afianzó aún más la impunidad por laviolencia de género en muchos países y contribuyó a fomentar unclima de tolerancia hacia la violencia contra mujeres y niñas.Las violaciones de los derechos sexuales y reproductivos de lasmujeres y las niñas seguían siendo una práctica extendida, conterribles consecuencias para sus vidas y su salud. En El Salvador,Chile y Nicaragua seguía estando prohibido el aborto en todas lascircunstancias, incluso para niñas y mujeres embarazadas comoconsecuencia de una violación o cuya vida o salud corría peligrosi continuaba el embarazo. Quienes intentaban abortar o ayudabana abortar a otra persona se enfrentaban a largas penas de prisión.En otros países, aunque la ley garantizaba el acceso a un abortosin riesgos, dicho acceso se veía negado en la práctica por unosprolongados procedimientos judiciales que lo hacían casiimposible, especialmente para quienes no podían permitirse pagarun aborto privado. El acceso a servicios de anticoncepción y ainformación sobre cuestiones sexuales y reproductivas seguíasuscitando preocupación, sobre todo para las mujeres y niñas másmarginadas de la región.PERSPECTIVAREGIONALAMÉRICAMigrantes: víctimas visibles, derechos invisiblesEn varios países se negó la protección de la ley a cientos de miles demigrantes regulares o irregulares.En México se descubrieron cientos de cadáveres en fosasclandestinas; algunos fueron identificados como pertenecientes amigrantes secuestrados. Las familias de migrantescentroamericanos desaparecidos realizaron marchas en todo el paísInforme 2012 Amnistía Internacional39

para exigir que se adoptasen medidas encaminadas a localizar a susfamiliares y para poner de relieve la suerte que corrían muchosmigrantes. Los migrantes centroamericanos, que atravesabanMéxico por decenas de miles, eran secuestrados, torturados,violados y asesinados por bandas delictivas, a menudo con lacomplicidad de funcionarios públicos. En el caso de los migrantesirregulares, el miedo a las represalias o a la expulsión hacía que raravez pudieran denunciar los graves abusos que sufrían.Los defensores y defensoras de los derechos de los migrantesfueron objeto de ataques sin precedentes en México, especialmentequienes trabajaban en la red de refugios que proporcionabanasistencia humanitaria a los migrantes.A lo largo de la frontera suroccidental de Estados Unidos conMéxico, funcionarios federales, estatales y locales encargados dehacer cumplir la ley discriminaban a migrantes regulares eirregulares según criterios raciales. Los migrantes sufríandiscriminación cuando intentaban acceder a la justicia y aprotección, y encontraban obstáculos a la hora de recibir educacióny atención médica. Estos obstáculos incluían políticas quesometían a los migrantes a comprobaciones adicionales y a laamenaza de ser denunciados a las autoridades de inmigración. Laspropuestas de nuevas leyes contra la inmigración obligaron aalgunos estudiantes a abandonar la escuela por temor a que suspadres fueran detenidos. Se presentaron recursos ante las cortesfederales contra las leyes de inmigración de Georgia, Indiana,Carolina del Sur y Utah.En la República Dominicana, los migrantes haitianos regularese irregulares fueron víctimas de violaciones de derechos humanos,incluidas expulsiones ilegales masivas y violentas en las que sesiguió negando a los dominicanos de origen haitiano su derecho a lanacionalidad dominicana. Se denunciaron palizas y la separaciónde niños de sus padres durante las expulsiones. Varios Estados,como Bahamas, no atendieron a los llamamientos de la ONU paraque se pusiera fin a las devoluciones a Haití por motivoshumanitarios, dado que proseguía la crisis humanitariadesencadenada en el país por el terremoto y el brote de cólerade 2010.Pena de muerteEn Estados Unidos fueron ejecutados durante el año 43 presos,todos por inyección letal. Eso elevaba a 1.277 el número depersonas ejecutadas desde que la Corte Suprema de Estados40 Informe 2012 Amnistía Internacional

Unidos levantó la suspensión de la pena de muerte en 1976. Comodato más positivo, en marzo Illinois se convirtió en el decimosextoestado abolicionista de Estados Unidos, y en noviembre elgobernador de Oregón dictó una suspensión de las ejecuciones enel estado y pidió que se reevaluase la pena capital.Entre los ejecutados en 2011 se encontraba Troy Davis,ejecutado en Georgia en septiembre pese a que existían seriasdudas sobre la fiabilidad de su declaración de culpabilidad.Martina Correia, su hermana y una resuelta e intrépida activistacontra la pena de muerte hasta su propia muerte, en diciembrede 2011, sigue inspirando a las numerosas personas que defiendenla dignidad humana y la justicia en toda la región y más allá: “Lapena de muerte es una abominación. Una negación de la dignidadhumana. Su aplicación no sólo está determinada por el color y laraza, sino también por la capacidad para luchar contra el sistema.Intento ser una voz para quienes no la tienen. No me consideroespecial, creo simplemente que mi comunidad no es sólo la genteque vive en mi calle: es mi comunidad global. Y cuando matan aalguien en China o Uganda o Nigeria o Georgia o Texas, matan unpoco de nosotros”.PERSPECTIVAREGIONALAMÉRICAInforme 2012 Amnistía Internacional41

Su Su Nway, activista por los derechoslaborales, llega al aeropuerto de Yangón(Myanmar), 16 de octubre de 2011.Condenada inicialmente a 12 añosy 6 meses de prisión, fue excarceladacuando el gobierno concedió una amnistíaa unos 240 presos políticosel 12 de octubre de 2011.© REUTERS/Soe Zeya Tun

ASIA Y OCEANÍA¡Ya es hora, pueblo de China! Ya es hora.China pertenece a todos.Es hora de que tú mismo decidascómo quieres que sea el futuro de China.Zhu Yufu, disidente chinoPERSPECTIVAREGIONALASIA Y OCEANÍALa respuesta de varios gobiernos de la región de Asia y Oceanía a losvientos de cambio político procedentes de Oriente Medio y el norte deÁfrica fue aferrarse aún más al poder reprimiendo las reivindicacionesde derechos humanos y dignidad. Al mismo tiempo, el éxito de loslevantamientos en Túnez y en Egipto inspiró a defensores y defensorasde los derechos humanos, activistas y periodistas de Asia a alzar susvoces combinando las nuevas tecnologías con el activismo tradicionalpara hacer frente a las violaciones de sus derechos.Zhu Yufu, autor del poema que encabeza este texto, fue detenidoen marzo por las autoridades chinas. El fiscal presentó este poemacomo prueba principal que sustentaba el cargo de “incitación asubvertir el poder del Estado”. Zhu Yufu, que ya había pasado casi 9de los últimos 13 años en la cárcel por exigir más libertades políticas,fue uno más entre las decenas de críticos, activistas y disidentes quelas autoridades chinas detuvieron y hostigaron a partir de febrero enuna de las peores campañas de represión política habidas en el paísdesde las protestas de la plaza de Tiananmen de 1989. Además deZhu Yufu, en la larga lista de personas detenidas, puestas bajo arrestodomiciliario ilegal o sometidas a desaparición forzada figurabanLiu Xia, esposa del premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo, el abogadoGao Zhisheng y Ai Weiwei, artista de fama mundial. En varios casos,las autoridades chinas torturaron a los detenidos para conseguir su“confesión” y su promesa de que no utilizarían los medios sociales nicontarían a periodistas u otras personas los malos tratos recibidos.La dureza de la represión indicaba el grado de preocupación delgobierno chino por los mensajes “jazmín” que comenzaron a circularanónimamente por Internet en febrero, convocando a los ciudadanos yciudadanas chinos que estuvieran hartos de la corrupción, el malgobierno y la represión política a congregarse pacíficamente ysimplemente pasear por zonas designadas de determinadas ciudades.A pesar de la inocuidad de estos llamamientos, el gobierno chinoInforme 2012 Amnistía Internacional43

El éxito de loslevantamientos en Túnezy en Egipto inspiróa defensores y defensorasde los derechos humanos,activistas y periodistasde Asia a alzar sus vocescombinando las nuevastecnologías con elactivismo tradicionalpara hacer frente a lasviolaciones de susderechos.respondió a ellos en distintos momentos del año prohibiendo lasbúsquedas por Internet de las palabras “jazmín” y “Egipto”. Noobstante, en todo el país hubo decenas de miles de manifestacionescuyos asistentes intentaban proteger sus derechos humanos: civiles,políticos, económicos, sociales y culturales.El dinamismo con que invocaba sus derechos la ciudadanía enChina contrastaba con la situación de la vecina Corea del Norte, dondeno había señales de que la terrible situación de los derechos humanosfuera a mejorar tras la llegada al poder de Kim Jong-un, quien el 17 dediciembre, con menos de 30 años, sucedió a su padre comogobernante absoluto del país. Por el contrario, había indicios de quelas autoridades habían detenido a los funcionarios sospechosos depoder plantear dificultades o poner en tela de juicio una transiciónsuave, y se temía que estas personas fueran enviadas junto a loscientos de miles que ya sufrían detención arbitraria, trabajos forzosos,ejecución pública y tortura y otros malos tratos en los numerososcampos penitenciarios para presos políticos existentes en el país.Represión de la disidenciaPocos gobiernos de la región fueron tan brutales como el régimennorcoreano a la hora de reprimir las voces de su ciudadanía, pero entoda la región continuaron las violaciones del derecho a expresar yrecibir opiniones libremente. Varios gobiernos reprimierondeliberadamente las opiniones disidentes. En Corea del Norte,quienes se desviaban de la ideología oficial podían acabar pasando elresto de su vida en un desolado y remoto campo penitenciario parapresos políticos. Tanto Vietnam como Myanmar criminalizaron la libreexpresión de opiniones disidentes y tenían servicios de inteligenciadedicados a intimidar a las voces críticas y silenciarlas.Otros países también silenciaron las críticas, aunque por mediosno tan abiertamente violentos. El 1 de junio, Singapur, que seguíamanteniéndose como una excepción a las normas internacionalessobre la protección de la libertad de expresión, encarceló brevementeal escritor británico Alan Shadrake, de 76 años, tras acusarlo dedesacato al tribunal por criticar el uso de la pena de muerte por partedel poder judicial.En India, país orgulloso de su trayectoria en materia de libertad deexpresión y con unos medios de comunicación pujantes, el gobiernotrató de imponer nuevas restricciones sobre los medios sociales,incluidos los servicios de mensajería instantánea. En Malaisia continuóla presión sobre los medios de comunicación por Internet, que noobstante gozaban de una libertad ligeramente mayor que la prensa, laradio y la televisión, sometidos a una fuerte censura.44 Informe 2012 Amnistía Internacional

En Tailandia, el recién elegido gobierno de Yingluck Shinawatra(hermana del ex primer ministro Thaksin Shinawatra) no puso fin a laagresiva aplicación de la legislación –sumamente problemática–relativa a los delitos de lesa majestad, que prohibía cualquier críticacontra la familia real. Muchas de las personas contra las que se aplicódicha legislación habían publicado material en Internet que los fiscaleshabían encontrado reprobable, o –como en el caso de un hombre de 61años, Ampon Tangnoppakul, condenado a 20 años de cárcel– habíanenviado presuntamente mensajes de texto considerados ofensivos.Las autoridades de Corea del Sur recurrieron cada vez más a la Leyde Seguridad Nacional para hostigar a quienes eran consideradosopositores a la política oficial sobre Corea del Norte. En ocasiones, elresultado fue una aplicación absurda de la Ley, como en el caso dePark Jeonggeun, que se enfrentaba a detención y procesamiento porreenviar con intención satírica mensajes de la propaganda oficialnorcoreana a través de un microblog.Otras voces críticas que exigían derechos humanos y dignidad enla región generaron respuestas más severas y en ocasiones pagaronun alto precio por hacerse oír. Los periodistas paquistaníesconsiguieron mantener una actitud tenaz y en ocasiones díscola en losmedios de comunicación del país a pesar de la violenta reacción delgobierno, de los partidos políticos y de grupos insurgentes como lostalibanes paquistaníes. Al menos nueve periodistas murieron duranteel año, entre ellos Saleem Shahzad, que en la publicación por Internetdonde trabajaba había criticado abiertamente los poderosos serviciosmilitares y de inteligencia del país. Otros periodistas dijeron a AmnistíaInternacional que habían recibido graves amenazas de los poderosos yopacos servicios de inteligencia, las fuerzas de seguridad, partidospolíticos o grupos integristas.Los periodistas no fueron los únicos que sufrieron ataques porexpresar sus opiniones en Pakistán. Dos destacados políticos fueronasesinados por poner en tela de juicio el uso de las problemáticas leyessobre la blasfemia: Salmaan Taseer, gobernador de Punyab que secaracterizaba por expresar abiertamente sus opiniones, y Shahbaz Bhatti,ministro para las Minorías (y único cristiano del Consejo de Ministros).PERSPECTIVAREGIONALASIA Y OCEANÍAEn Corea del Norte,quienes se desviaban dela ideología oficial podíanacabar pasando el restode su vida en un desoladoy remoto campopenitenciario para presospolíticos.MinoríasEn Pakistán, como en muchos otros países de la región de Asia yOceanía, había una situación de discriminación constante y grave delas minorías religiosas y étnicas. A menudo se marginaba a laspersonas pertenecientes a minorías. En numerosas ocasiones losgobiernos no cumplían con su responsabilidad de proteger losderechos de estas personas, que en muchos casos sufríanInforme 2012 Amnistía Internacional45

En Indonesia se criticóa la policía por no evitarel ataque de unamuchedumbrede 1.500 personas contrala comunidad ahmadíen febrero, que se saldócon tres muertos ymuchos más heridos.directamente el acoso oficial. Esto consolidaba la discriminación,agravaba la pobreza, retrasaba el desarrollo general y, en muchospaíses, alimentaba la violencia.En la provincia paquistaní de Baluchistán, rica en recursos, lasfuerzas de seguridad y algunos grupos insurgentes se vieronimplicados en violaciones tales como desapariciones forzadas, torturay ejecuciones extrajudiciales. El gobierno no cumplió plenamente suspromesas de resolver las inveteradas quejas de la comunidad baluchirespecto a la distribución de los ingresos generados por grandesproyectos extractivos y de infraestructura. Esta provincia fue tambiénescenario de varias brutales agresiones contra la comunidad chií dePakistán, especialmente los chiíes hazaras, muchos de ellos de origenafgano residentes en la capital de Baluchistán, Quetta. Los gruposreligiosos extremistas apelaron abiertamente a la violencia contra loschiíes y se les permitió actuar y llevar a cabo actos de violencia, comoel homicidio a modo de ejecución de 26 peregrinos chiíes el 20 deseptiembre. Los grupos extremistas paquistaníes se atribuyeron laresponsabilidad de los ataques contra los chiíes incluso en Afganistán,donde un doble atentado con explosivos mató en diciembre aunos 70 chiíes que participaban en las procesiones religiosas de lafestividad de la Ashura en Kabul y en Mazar-e-Sharif.La comunidad ahmadí, grupo religioso radicado principalmenteen Asia cuyos miembros se consideran musulmanes, sufriódiscriminación sistemática en Pakistán e Indonesia. En Pakistán,donde los ahmadíes tienen prohibido legalmente declararsemusulmanes, esta comunidad sufrió un constante hostigamientooficial y, al no contar con suficiente protección o apoyo, también fueatacada por grupos religiosos integristas. En Indonesia se criticóa la policía por no evitar el ataque de una muchedumbrede 1.500 personas contra la comunidad ahmadí en el subdistrito deCikeusik en febrero, que se saldó con tres muertos y muchos másheridos. El gobierno central permitió que continuaran en vigor lasnormativas locales que restringían las actividades de los ahmadíes.Esta comunidad también sufrió discriminación por sus creenciasreligiosas en otros países de mayoría musulmana de la región de Asia yOceanía, como Bangladesh y Malaisia, donde se prohibió estudiar enalgunos colegios a los niños y niñas ahmadíes y se pusieron grandeslimitaciones al derecho de esta comunidad a la libertad de culto.Los musulmanes suníes fueron víctimas de discriminación enChina. La población uigur, predominantemente musulmana yétnicamente diferenciada, siguió siendo reprimida y discriminada enla Región Autónoma Uigur del Sin-kiang. El gobierno chino invocó laamenaza inconcreta del terrorismo y la insurgencia para reprimir los46 Informe 2012 Amnistía Internacional

derechos civiles y políticos e interferir con las prácticas religiosas de losuigures, mientras la afluencia de migrantes chinos de etnia han y ladiscriminación a su favor convertían a los uigures en ciudadanos desegunda clase en materia cultural, económica y social.También corrieron malos tiempos para otras minorías étnicaschinas. Al menos una decena de monjas y monjes o ex monjestibetanos se prendieron fuego (se cree que seis de ellos murieron) enprotesta por las restricciones a las prácticas religiosas y culturales, queincrementaron la sensación de alienación de los tibetanos yexacerbaron sus sentimientos de agravio. En Mongolia Interior latensión étnica también fue elevada. En toda la región estallaronnumerosas protestas cuando un camionero de etnia han quetransportaba carbón al parecer mató a un pastor de etnia mongol.PERSPECTIVAREGIONALASIA Y OCEANÍAConflictos armados e insurgenciaLa discriminación étnica y religiosa y los consiguientes agraviospolíticos y económicos fueron factores subyacentes a muchos de losdiversos conflictos armados y situaciones prolongadas de insurgenciaque afectaban a cientos de miles de personas en la región.Los conflictos que desde hacía decenios mantenía el gobierno deMyanmar con diversos grupos étnicos armados se reavivaron. Lasfuerzas gubernamentales lucharon contra insurgentes de etnia karen,shan y kachin, y en su lucha desplazaron a decenas de miles de civilesy cometieron violaciones de derechos humanos y del derechointernacional humanitario constitutivas de crímenes contra lahumanidad o crímenes de guerra.Los talibanes y otros grupos insurgentes de Afganistán perpetraronataques generalizados y sistemáticos contra la población civil, y fueronresponsables del 77 por ciento de las víctimas civiles del conflicto,según la ONU. Amnistía Internacional reiteró su llamamiento para quela Corte Penal Internacional investigara la situación, incluso cuando lasfuerzas internacionales de asistencia al gobierno afgano comenzaron atransferir la responsabilidad en materia de seguridad a las fuerzasgubernamentales de Afganistán. Muchos grupos afganos de lasociedad civil, en particular grupos de mujeres, expresaron su temor aser excluidos de las negociaciones con los grupos insurgentes, a pesarde que la Resolución 1325 del Consejo de Seguridad de la ONU pedíaque las mujeres estuvieran representadas significativa yadecuadamente durante las conversaciones de paz.Continuaron los conflictos de menor intensidad en la isla deMindanao, en Filipinas, así como en el sur de Tailandia, dos zonas enlas que la minoría musulmana había sido privada históricamente desus derechos ciudadanos y había sufrido un escaso desarrolloLos conflictos que desdehacía decenios manteníael gobierno de Myanmarcon diversos gruposétnicos armados sereavivaron. Las fuerzasgubernamentaleslucharon contrainsurgentes y en su luchadesplazaron a decenas demiles de civiles ycometieron violacionesconstitutivas de crímenesde guerra.Informe 2012 Amnistía Internacional47

La impunidad por lasviolaciones de derechoshumanos cometidas en elpasado afectó a muchospaíses de la región,especialmente a aquellosque se enfrentaban a suherencia de conflictos. Lafalta de justicia complicólos esfuerzos dereconciliación, y enmuchos casos dibujó unpanorama de injusticia yausencia de rendición decuentas por parte de lasfuerzas de seguridad.económico. Sin embargo, aún había esperanzas para Filipinas, ya quelas partes en el conflicto parecían tratar de conseguir la paz pese a unbreve estallido de violencia. En el sur de Tailandia, en cambio, lasituación era complicada: los insurgentes seguían haciendo blanco desus ataques a la población civil con la intención de intimidar a loshabitantes de la zona y desplazar a los budistas y a otros gruposconsiderados leales al gobierno central. Por su parte, el gobiernocentral tailandés no cumplió su compromiso de depurarresponsabilidades por las violaciones perpetradas por las fuerzas deseguridad, ni de ofrecer una respuesta estratégica y sostenible a laspeticiones de un mayor desarrollo político y económico en la zona.El desarrollo económico relativamente escaso, en especial de lascomunidades tribales adivasis, y la mala gobernanza dieron pábulo ala insurgencia en varios de los estados centrales y orientales de India.En los enfrentamientos entre los insurgentes maoístas y las fuerzas deseguridad murieron unas 250 personas. Los insurgentes recurrieron ala toma de rehenes y a los ataques indiscriminados, mientras que lasfuerzas gubernamentales violaron sistemáticamente los derechos delas poblaciones locales a las que en teoría protegían. Reconociendoque la estrategia gubernamental era cuestionable, el TribunalSupremo de India ordenó que se desmantelaran los gruposparamilitares de Chhattisgarh respaldados por el gobiernopresuntamente responsables de graves violaciones de derechoshumanos. El Tribunal Supremo permitió asimismo que Binayak Sen,preso de conciencia, fuera puesto en libertad bajo fianza mientrasse resolvía el recurso contra la cadena perpetua que le había impuestoen 2010 un tribunal de distrito de Chhattisgarh por sedición ycolaboración con grupos maoístas armados.Las fuerzas indias volvieron a ser criticadas en Jammu yCachemira por violar los derechos humanos. En marzo, AmnistíaInternacional publicó un informe que se ocupaba del uso indebido dela detención administrativa en aplicación de la Ley de SeguridadPública, a raíz del cual el gobierno del estado se comprometió areformar la Ley. En septiembre, la comisión de derechos humanosestatal encontró más de 2.700 cadáveres en enterramientosclandestinos e identificó 574 cadáveres como pertenecientes apersonas de la zona desaparecidas, lo que desmentía la afirmación delas fuerzas de seguridad de que las personas enterradas allí eraninsurgentes. La petición de la comisión de que el estado utilizarapruebas forenses avanzadas para identificar al resto de los cadáverescayó en saco roto.48 Informe 2012 Amnistía Internacional

Rendición de cuentas y justiciaLa impunidad por las violaciones de derechos humanos cometidas enel pasado afectó a muchos países de la región, especialmente aaquellos que se enfrentaban a su herencia de conflictos. La falta dejusticia complicó los esfuerzos de reconciliación, y en muchos casosdibujó un panorama de injusticia y ausencia de rendición de cuentaspor parte de las fuerzas de seguridad.Durante décadas, las comisiones especiales nombradas por SriLanka para abordar graves violaciones de derechos humanos habíanresultado fallidas, y lo mismo sucedió con la labor de la Comisión deExperiencia Adquirida y Reconciliación. La Comisión terminó sumandato con un informe en el que figuraban varias recomendacionesútiles para mejorar la situación de los derechos humanos en el país, perono investigó adecuadamente el papel de las fuerzas del gobierno en losataques contra miles de civiles durante las últimas fases del conflictocontra los Tigres de Liberación de Eelam Tamil. Las conclusiones de laComisión a este respecto fueron el resultado de un proceso plagado dedeficiencias, y contrastaban con los resultados del Grupo de Expertosdel secretario general de la ONU sobre la rendición de cuentas en SriLanka, según el cual existían denuncias creíbles de que ambas partesen el conflicto habían cometido crímenes de guerra y crímenes de lesahumanidad. El Grupo de Expertos recomendó que se abriera unainvestigación independiente sobre estas denuncias y se iniciara unexamen de la actuación de la ONU durante el conflicto de Sri Lanka.Al no procurarse justicia se fomentó un clima de impunidad en elque hubo nuevos casos de desaparición forzada en el norte y el este dela isla, así como amenazas y ataques contra periodistas, activistas ypersonas críticas con el gobierno. Aunque el gobierno levantó elestado de excepción, mantuvo la represiva Ley de Prevención delTerrorismo e incluso añadió nuevos reglamentos que permitían ladetención sin cargos ni juicio.En Camboya, las injerencias del gobierno también pusieron enpeligro el proceso de rendición de cuentas por los crímenesperpetrados durante el periodo del Jemer Rojo, al cerrarse un caso sinuna investigación completa y quedar paralizado otro. Y en Afganistán,algunos cargos oficiales destacados seguían ocupados por personascontra las que pesaban denuncias creíbles de responsabilidad encrímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.Mientras los acusados de violaciones de derechos humanosevadían la rendición de cuentas, muchos gobiernos utilizaban laflagelación para castigar a presuntos delincuentes, violando con ello laprohibición internacional relativa a las penas crueles, inhumanas odegradantes. Singapur y Malaisia siguieron imponiendo el castigo dePERSPECTIVAREGIONALASIA Y OCEANÍALa inseguridad,los desastres naturales,la pobreza y la falta deoportunidades adecuadasempujaron a cientos demiles de personas abuscar una vida mejoren otro lugar.Informe 2012 Amnistía Internacional49

azotes con vara para diversos delitos, como consumir alcohol,jugar y hallarse a solas en compañía de una persona del sexo contrarioque no fuera cónyuge o familiar. En Maldivas, la presión de laoposición política hizo que el gobierno mantuviera el castigo de losazotes con vara.Tal vez el avancepotencial mássignificativo respecto a lasituación de los derechoshumanos en la región fuela decisión de lasautoridades de Myanmarde poner en libertad amás de 300 presospolíticos durante el año.Personas migrantes y refugiadasLa inseguridad, los desastres naturales, la pobreza y la falta deoportunidades adecuadas empujaron a cientos de miles de personas abuscar una vida mejor en otro lugar, tanto dentro como fuera de laregión. Aunque numerosos gobiernos de la región dependían deltrabajo migrante como necesidad económica básica, muchos seguíansin proteger adecuadamente los derechos de las personas quebuscaban trabajo o refugio.Al menos 300.000 nepalíes emigraron al extranjero para evitar lapobreza y la herencia de un largo conflicto. Muchos de ellos lo hicieronengañados sobre sus condiciones laborales y trabajaban encondiciones que equivalían a trabajo forzoso. Aunque el gobiernonepalí promulgó leyes y mecanismos de reparación para proteger asus trabajadores migrantes, las investigaciones de AmnistíaInternacional documentaron que estas medidas no se aplicabanconvenientemente debido a la escasa sensibilización de la opiniónpública y a un seguimiento y un procesamiento inadecuados de losinfractores.En Malaisia, importante país receptor para los migrantes de laregión y escala para los solicitantes de asilo con destino a Australia, losmigrantes indocumentados solían ser detenidos y encarcelados oazotados con vara. En abril, los migrantes recluidos en el centro dedetención de Lenggeng, cerca de Kuala Lumpur, se amotinaron acausa de las malas condiciones de reclusión. El Tribunal Superior deAustralia declaró nulo un acuerdo bilateral entre Australia y Malaisiapara intercambiar 800 solicitantes de asilo que habían llegado por mara Australia por 4.000 refugiados (fundamentalmente de Myanmar)que se encontraban en Malaisia en espera de ser reasentados. ElTribunal alegó falta de garantías jurídicas para los refugiados enMalaisia.Pasos adelanteA pesar de los grandes obstáculos existentes, muchos activistas ydefensores y defensoras de los derechos humanos de la región de Asiay Oceanía pudieron abrirse camino para lograr un mayor respeto desus derechos, y el éxito logrado en un país sirvió de inspiración y ánimoen otros.50Informe 2012 Amnistía Internacional

En India, las comunidades adivasis de Orissa consiguieron en juliouna victoria en su lucha por defender su forma de vida cuando elTribunal Superior de este estado falló que el intento de VedantaAluminium de ampliar su refinería violaba el derecho de lascomunidades al agua, a la salud y a un medio ambiente saludable, yque la ampliación supondría más abusos contra las comunidadesadivasis.El primer ministro de Malaisia anunció en septiembre que trataríade derogar la Ley de Seguridad Interna, que entre otras cosas permitíala detención indefinida sin cargos ni juicio, y sustituirla por nuevasleyes sobre seguridad. La decisión se tomó en parte en respuesta almovimiento Bersih 2.0 (“Limpio”), que celebró una marcha en KualaLumpur en julio a la que asistieron miles de manifestantes pacíficos.La policía golpeó a los manifestantes, lanzó botes de gas lacrimógenodirectamente contra la multitud y detuvo a más de 1.600 personas.En marzo, Malaisia anunció que había firmado el Estatuto deRoma de la Corte Penal Internacional y que intentaría ratificarlo.Filipinas ratificó el Estatuto de Roma en noviembre.Tal vez el avance potencial más significativo respecto a la situaciónde los derechos humanos en la región fue la decisión de lasautoridades de Myanmar de poner en libertad a más de 300 presospolíticos durante el año y permitir a Aung San Suu Kyi presentarse a laselecciones parlamentarias. Las autoridades siguieron hostigando ydeteniendo a algunos disidentes y activistas de la oposición, lo cualhizo sospechar que su principal intención al adoptar esas medidas erasuavizar las sanciones impuestas al país, no iniciar un cambiogenuino. Pero, como los hechos se encargaron de demostrar enMyanmar y en otros lugares, es a través de estos resquicios por dondelos activistas políticos y los defensores y defensoras de los derechoshumanos pueden hacer oír su voz y decidir cuál será su futuro.PERSPECTIVAREGIONALASIA Y OCEANÍAInforme 2012 Amnistía Internacional51

Unos policías maltratan a un activistapolítico durante una protesta en Bakú(Azerbaiyán), 12 de marzo de 2011. Laprohibición de las manifestacionescriminalizó de hecho las protestas demarzo y abril, y provocó elencarcelamiento de muchas personas quelas organizaron y participaron en ellas.© Amnistía Internacional

EUROPAY ASIA CENTRALEstoy muy contento de estar en libertad. Le estoy sumamenteagradecido a Amnistía Internacional, que ha hecho campañadesde el principio. En mi opinión, ustedes me han salvado.Gracias a todas las personas que han tuiteado.Eynulla Fatullayev, periodista y preso de conciencia de Bakú, AzerbaiyánPERSPECTIVAREGIONALEUROPAY ASIA CENTRALUn día de primavera, de madrugada, llegó a su fin en un pequeñopueblo de Serbia una de las mayores operaciones de búsqueda ycaptura de la historia europea. El general Ratko Mladić, buscado entreotras cosas por el asesinato de 8.000 varones adultos y menores deedad en Srebrenica, por fin compareció ante la justicia. Dos mesesdespués, el serbocroata Goran Hadžić, último prófugo del TribunalPenal Internacional para la ex Yugoslavia, también fue detenido enSerbia y, posteriormente, trasladado a La Haya.Estas detenciones fueron dos hitos para las víctimas de losterribles crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia durante losconflictos armados de la década de 1990. Ordenadas hacía tiempo,permitieron a los sobrevivientes abrigar esperanzas de obtener al finverdad, justicia y reparación. Sin embargo, otras muchas personasseguían esperando en toda la región a que se les brindara también laoportunidad de ver que se hacía justicia sin más demoras.Libertad de expresiónEn agudo contraste con los movimientos de esperanza y cambiosurgidos en todo el mundo árabe, los regímenes autocráticos de variosEstados sucesores de la Unión Soviética reforzaron su control delpoder. Aplastaron las protestas, detuvieron a líderes de la oposición ysilenciaron las voces disidentes. La esperanza que había acompañadoa la desintegración de la Unión Soviética 20 años atrás debió deparecer a muchos un recuerdo lejano.En Bielorrusia se prohibieron y disolvieron las protestas por elpresunto fraude electoral del año anterior, se detuvo y multó a cientosde manifestantes y se impusieron restricciones aún más draconianas aInforme 2012 Amnistía Internacional53

En Azerbaiyán,las manifestaciones contrael gobierno estabanprohibidas en la práctica,y los intentos de protestade un reducido número depersonas críticas conel gobiernodesencadenaron una nuevacampaña de represióne intimidación.la libertad de reunión. También se actuó contra las ONG de derechoshumanos que expresaron críticas. En Azerbaiyán, las manifestacionescontra el gobierno estaban prohibidas en la práctica, y los intentos deprotesta de un reducido número de personas críticas con el gobiernodesencadenaron una nueva campaña de represión e intimidación. Lasmanifestaciones convocadas en marzo y abril para protestar por lacorrupción y pedir mayores libertades civiles y políticas se prohibieronsin justificación y se disolvieron por medios violentos a pesar de sucarácter pacífico. Como en Bielorrusia, los periodistas y las ONG queexpresaron críticas también sufrieron la dura respuesta de lasautoridades: se cerraron cinco organizaciones de derechos humanos yvarios periodistas informaron de casos de intimidación y acosoinmediatamente después de las protestas.En Asia Central, Turkmenistán y Uzbekistán continuaronrestringiendo gravemente el derecho a la libertad de expresión y deasociación. Se seguía negando la inscripción en el registro a lospartidos políticos realmente de oposición y, con raras excepciones, nose permitía actuar libremente a los activistas sociales. Se vigilaba porsistema a los periodistas y defensores y defensoras de los derechoshumanos críticos con el gobierno, que corrían peligro de sufrir palizas,detención y juicio injusto. En Tayikistán, Kazajistán y Kirguistán secelebraron nuevos juicios sin las debidas garantías y hubo casos dehostigamiento de personas que criticaban al gobierno y ponían aldescubierto abusos cometidos por funcionarios públicos.En Rusia no hubo un panorama uniforme. Como en otras partesde la región, se hostigó, intimidó y sometió a palizas a defensores ydefensoras de los derechos humanos y a periodistas por denunciarabusos. A menudo se prohibieron manifestacionesantigubernamentales y se impusieron multas o breves periodos dereclusión a sus organizadores y a los participantes en ellas. Lamayoría de los principales medios de comunicación y cadenas detelevisión continuaban sometidos a la poderosa influencia de lasautoridades locales y nacionales, algo habitual en la región. Sinembargo, el activismo cívico siguió creciendo y hubo diversascausas que concitaron un apoyo popular generalizado, entre ellas ladefensa del medio ambiente y la lucha contra los abusos cometidospor funcionarios públicos. Internet se mantuvo relativamente asalvo del control de las autoridades y creció en importancia comofuente alternativa de información y foro de intercambio deopiniones.En este contexto, en diciembre tuvieron lugar las manifestacionesmás multitudinarias que se celebraban en Rusia desde ladesintegración de la Unión Soviética, desencadenadas por las54 Informe 2012 Amnistía Internacional

denuncias generalizadas y los numerosos casos documentados defraude electoral en las elecciones parlamentarias que habían supuestoel retorno al poder del partido Rusia Unida, del primer ministro Putin,con un porcentaje de votos considerablemente reducido. Lasprotestas espontáneas que se produjeron al principio en todo el paísen los días posteriores a las elecciones fueron disueltas una tras otra, ycientos de personas fueron multadas o condenadas a breves periodosde cárcel. Las manifestaciones convocadas en Moscú durante lassemanas siguientes no pudieron prohibirse dadas sus dimensiones, ytranscurrieron de manera pacífica.En Turquía, los periodistas con actitud crítica y los activistaspolíticos kurdos, entre otras personas, se exponían a ser sometidos ajuicio sin garantías al denunciar la situación de la población kurda delpaís o criticar a las fuerzas armadas. Continuaron las amenazas deviolencia contra personas destacadas por exponer abiertamente susopiniones, y en noviembre entraron en vigor nuevas normativas quesuscitaron más preocupación con respecto a la restricción arbitrariade sitios web.PERSPECTIVAREGIONALEUROPAY ASIA CENTRALPersonas en movimientoEn el contexto de la agitación política del norte de África y OrienteMedio, miles de refugiados y migrantes emprendieron la peligrosaaventura de intentar llegar por mar a Europa en busca de seguridad yun futuro estable, a menudo en embarcaciones sobrecargadas y sincondiciones para la navegación. Según cálculos conservadores, almenos 1.500 personas perecieron ahogadas en el intento, entre lasque había niños y mujeres embarazadas. En lugar de tomar medidaspara impedir esas muertes en el mar, como incrementar el número deoperaciones de búsqueda y rescate, la respuesta de la Unión Europeafue aumentar la capacidad de Frontex, su agencia de seguridad defronteras, para disuadir de llegar a Europa por el Mediterráneo. Sedenunció que la OTAN no había rescatado a personas en situación depeligro en el mar, pese a que la principal justificación esgrimida para laintervención militar en Libia era evitar víctimas civiles.Quienes sobrevivían al viaje solían encontrarse con una Europamás bien hostil. En lugar de una respuesta humanitaria a la crisis, lareacción característica de los Estados europeos siguió siendo laaplicación de un enfoque basado en el control de los flujos migratoriosy en la vigilancia de las fronteras.Miles de personas que consiguieron llegar a la isla italiana deLampedusa soportaron duras condiciones de acogida comoconsecuencia de la falta de medidas de las autoridades italianas pararesponder a la creciente afluencia de refugiados y migrantes.La detención comoinstrumento de disuasióny control era, más queun último recursolegítimo, una prácticageneralizada.Informe 2012 Amnistía Internacional55

De hecho, algunosgobiernos y autoridades,en lugar de contrarrestarlos estereotiposy prejuicios quefomentabanla intolerancia y el odio,los reforzaron.Los recién llegados a la isla a menudo quedaban abandonados asu suerte: muchos debían dormir a la intemperie, con acceso escaso onulo a servicios de higiene y saneamiento. Llegar a las costas europeastampoco era garantía de protección: en abril, tras un acuerdo entre elgobierno italiano y las autoridades tunecinas, Italia empezó a efectuarexpulsiones sumarias y colectivas de tunecinos a Túnez.Muchos países europeos, entre ellos Francia y Reino Unido, senegaron a reasentar en su territorio a personas desplazadas por elconflicto armado de Libia, a pesar de haber participado en él bajo elmando de la OTAN.En toda la región, los Estados continuaron cometiendo violacionesde derechos humanos asociadas a la interceptación, detención yexpulsión de ciudadanos extranjeros, incluidas personas con derechoa recibir protección internacional. La detención como instrumento dedisuasión y control era, más que un último recurso legítimo, unapráctica generalizada.Los sistemas de determinación del asilo defraudaban a menudo aquienes buscaban protección, entre otras cosas porque en paísescomo Alemania, Finlandia, Francia, Países Bajos, Reino Unido, Sueciay Suiza se aplicaban procedimientos acelerados que no conteníansalvaguardias adecuadas contra la devolución a lugares dondehubiera peligro de sufrir abusos contra los derechos humanos. Sedevolvió a personas desde Turquía y Ucrania sin que hubieran tenidosiquiera acceso a los sistemas de solicitud de asilo de estos países.Tras la sentencia histórica dictada en enero por la Gran Sala delTribunal Europeo de Derechos Humanos en la causa M.S.S. v.Belgium and Greece, varios Estados europeos suspendieron ladevolución de solicitantes de asilo a Grecia en aplicación delReglamento Dublín II, en vista de que el país carecía de un sistemaoperativo de determinación de los casos de asilo. No obstante, algunosEstados continuaron llevando a cabo devoluciones a países como Iraky Eritrea en contra de lo aconsejado por el ACNUR, la agencia de laONU para los refugiados, así como devoluciones de romaníes aKosovo a pesar de que allí corrían peligro real de persecución ydiscriminación.En toda la región, cientos de miles de personas continuarondesplazadas a causa de los conflictos derivados de la desintegraciónde la antigua Yugoslavia y la Unión Soviética, sin poder regresar a sushogares debido en muchos casos a su condición jurídica –o la falta deella– y a la discriminación que sufrían en el acceso a ciertos derechos,entre ellos el de tenencia de la propiedad.Al negociar una nueva legislación de la UE sobre asilo, los Estadosmiembros no abordaron las deficiencias de sus sistemas de56 Informe 2012 Amnistía Internacional

determinación del asilo y de las disposiciones relativas a latransferencia de solicitantes al primer país de la UE al quehubieran llegado.DiscriminaciónAunque la discriminación seguía afectando a millones de personas entoda la región, los gobiernos continuaron sin dar prioridad a laaplicación de políticas para combatirla, aduciendo otras necesidadesurgentes. Alegaron factores económicos, pese a que existían múltiplesindicaciones de que las personas que ya sufrían marginación corríanel riesgo de que se agravaran las desigualdades que ya sufrían.O tan sólo intentaron eludir sus obligaciones, como hizo el gobiernoneerlandés, que en julio declaró públicamente que la principalresponsabilidad de erradicar la discriminación recaía en losciudadanos.De hecho, algunos gobiernos y autoridades, en lugar decontrarrestar los estereotipos y prejuicios que fomentaban laintolerancia y el odio, los reforzaron. La institución encargada de velarpor la igualdad en Rumania llamó la atención al presidente del país endos ocasiones por declaraciones contra los romaníes realizadas portelevisión.Tanto las legislaciones nacionales como la legislación europeacontra la discriminación siguieron presentando deficiencias. Enalgunos casos se perdió la oportunidad de solucionarlas debido a lareticencia de autoridades públicas o coaliciones de gobiernopreocupadas por la posibilidad de que reforzar la protección sirvierade estímulo a la oposición política. En Moldavia hubo críticas a lainclusión de la orientación sexual como motivo prohibido dediscriminación en el nuevo proyecto de ley contra la discriminación,por lo que el proceso de aprobación se paralizó. En España no seaprobó un nuevo proyecto de ley contra la discriminación antes de laselecciones parlamentarias de noviembre. En el ámbito europeo, elConsejo de la Unión Europea continuó con el debate de la nuevalegislación contra la discriminación en toda la UE presentada en 2008,si bien los participantes demostraron estar más interesados ensuavizar las propuestas o archivarlas que en aprobarlas. Además, laComisión Europea no hizo cumplir la legislación vigente, como laDirectiva sobre la Igualdad Racial o la Carta de los DerechosFundamentales de la Unión Europea, pese a las continuasinfracciones de los Estados miembros.En varias ocasiones se criticaron públicamente normas nacionalesy regionales contra la discriminación y se cuestionó su legitimidad. ElTribunal Europeo de Derechos Humanos había tenido un papelPERSPECTIVAREGIONALEUROPAY ASIA CENTRALEn muchos paísesde la región se sometióa debate la prohibicióngeneral del velo integral.Informe 2012 Amnistía Internacional57

En enero, Lituania cerróbruscamente suinvestigación sobredos centros de detenciónsecreta establecidospor la CIA en territoriolituano, aduciendorazones técnicasy de secreto de Estado.fundamental en la aplicación de la prohibición de la discriminaciónconsagrada en el Convenio Europeo y en el afianzamiento de laprohibición de discriminar por motivos específicos, como la identidadde género y la orientación sexual. Sentencias dictadas por el Tribunalen el pasado, como la que establecía que la segregación del alumnadoromaní en las escuelas era discriminatoria, no se aplicaron en variospaíses, como la República Checa y Croacia.La ratificación unánime de los principales instrumentos regionalesde derechos humanos, que habría reforzado la protección, no seprodujo. Por ejemplo, ningún país firmó ni ratificó en 2011 el Protocolo12 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe ladiscriminación. Como dato más positivo, el Consejo de Europa aprobóen mayo el nuevo Convenio sobre Prevención y Lucha contra laViolencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, que acontinuación firmaron 18 países de la región.Además de no reforzar los mecanismos nacionales ni europeospara abordar la discriminación, algunos gobiernos se mostraronproclives a preservar instrumentos discriminatorios o a promover sucreación. Numerosos Estados mantenían legislación, políticas yprácticas que discriminaban a los romaníes en el disfrute del derechoa la vivienda, y en varios países de la región, entre ellos Francia, Italia ySerbia, continuaron los desalojos forzosos de comunidades romaníes.En Rusia y Lituania se aprobaron propuestas legislativas quediscriminaban a las personas por su identidad de género u orientaciónsexual.La falta de protección jurídica integral y de una sólida defensa delos derechos por parte de quienes ocupaban puestos de autoridadvolvió a tener consecuencias adversas para la vida de las personas. Lahostilidad y la discriminación, frecuentemente promovidas porpartidos populistas de signo ultraderechista contra minorías étnicas yreligiosas y contra personas de determinada orientación o identidadsexual, seguían siendo motivo de preocupación en toda la región.Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero, además demigrantes y miembros de las comunidades romaní y musulmana,entre otros, fueron víctimas de ataques basados en el odio. Siguieronsin abordarse adecuadamente los crímenes de odio debido a lagunasen la legislación, sistemas de denuncia deficientes, investigacionesinadecuadas, defectos del sistema de justicia penal y falta deconfianza en la policía. Los arraigados prejuicios y estereotipostambién dieron lugar a conducta indebida basada en motivos étnicospor parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley.En muchos países de la región se sometió a debate la prohibicióngeneral del velo integral. En Bélgica y Francia entraron en vigor leyes58 Informe 2012 Amnistía Internacional

nacionales al respecto. Los debates entablados en torno a estasmedidas, que a menudo se basaron en suposiciones y no en datosfiables, contribuyeron a la estigmatización de la comunidadmusulmana. Las autoridades esgrimían opiniones estereotipadassobre símbolos considerados musulmanes, como el pañuelo, en lugarde contrarrestarlas. Llevar prendas de vestir y símbolos culturales yreligiosos concretos siguió dando lugar a discriminación contra losmusulmanes, en particular contra las mujeres, en el empleo y laeducación.Seguridad y medidas antiterroristasLos gobiernos europeos continuaron poniendo trabas a los esfuerzosconcertados por hacerlos rendir cuentas por su presunta complicidaden los programas de entrega y detención secreta dirigidos por la CIA.Algunos publicaron nuevos datos relativos a su participación en estasoperaciones, o fueron acusados una vez más de esa complicidad conla revelación de nuevas pruebas por parte de las ONG o los medios decomunicación. Otros llevaron a cabo investigaciones anodinaso intentaron hacer creer que iban a realizarlas, propusieroninvestigaciones que no cumplían las normas mínimas de derechoshumanos o se limitaron a negar toda implicación a pesar de existirabundantes pruebas de ella. En marzo, el Parlamento Europeo aprobóun informe de seguimiento de otro aprobado en 2007 sobre lacomplicidad de países europeos en estas operaciones dirigidas por laCIA, a fin de garantizar el cumplimiento de las resoluciones que habíadictado sobre la obligación de investigar las denuncias de abusoscontra derechos humanos fundamentales.En enero, Lituania cerró bruscamente su investigación sobre doscentros de detención secreta establecidos por la CIA en territoriolituano, aduciendo razones técnicas y de secreto de Estado. Enoctubre, el gobierno se negó a reabrir la investigación a pesar denuevas pruebas verosímiles de un posible vuelo de entrega deMarruecos a Lituania, presentadas por las ONG a las autoridades enseptiembre. El protocolo de la investigación de detenidos del gobiernobritánico, publicado en junio, se encontró con la firme oposición deONG y de expertos en derechos humanos internacionalmentereconocidos, así como de ex detenidos y sus representantes, debido ala preocupación que suscitaban el control gubernamental sobre larevelación de información, las vistas a puerta cerrada y la ausencia dedisposiciones que garantizaran una participación significativa de lasvíctimas. Muchos grupos y particulares aseguraron que nocooperarían con la investigación mientras no se revisara el protocolo,pero al final del año no se había hecho en él ningún cambio.PERSPECTIVAREGIONALEUROPAY ASIA CENTRALEl uso de garantíasdiplomáticas carentesde fiabilidad paraexpulsar a personasque presuntamenterepresentaban un peligropara la seguridadnacional fue en aumentoen países de todala región.Informe 2012 Amnistía Internacional59

Siguieron denunciándosenumerosos casos detortura en Ucraniay también en Rusia, apesar de las superficialesreformas de la policía.En agosto, las autoridades polacas ampliaron su investigaciónsobre la presencia de un lugar secreto de la CIA en su territorio, perocontinuaron poniendo trabas para acceder a la información a losabogados de las dos víctimas identificadas y no revelaron informaciónalguna sobre el progreso de la investigación. Las autoridades rumanasnegaron rotundamente la información revelada por los medios decomunicación en diciembre, según la cual se había identificado unlugar secreto de la CIA en Bucarest. Continuaron negando conrotundidad toda acusación de implicación en las operaciones de la CIAa pesar de la existencia de pruebas convincentes de que Rumaniahabía participado de manera voluntaria y comprometida en estosprogramas.Las autoridades finlandesas publicaron datos de vuelos realizadosen octubre y noviembre que indicaban que un avión en misión deentrega había aterrizado en su territorio y tomaron nota de losllamamientos realizados para que se llevara a cabo una investigaciónindependiente sobre la presunta complicidad del gobierno, pero alfinal del año no habían tomado ninguna decisión. Una investigaciónanunciada en noviembre sobre la presunta complicidad de Dinamarcase circunscribía a Groenlandia y sólo suponía una “revisióndocumental” de la información previamente recopilada en el curso dela investigación parlamentaria.Ante las obstrucciones a la investigación de ámbito nacional,algunas víctimas de entrega presentaron demandas ante el TribunalEuropeo de Derechos Humanos con la esperanza de que allí se tomaraalguna medida de rendición de cuentas. Había causas pendientesante el Tribunal contra Lituania, Macedonia y Polonia.Continuó el debilitamiento de las salvaguardias de los derechoshumanos en toda la región como consecuencia de las políticas yprácticas utilizadas para combatir el terrorismo. El uso de garantíasdiplomáticas carentes de fiabilidad para expulsar a personas quepresuntamente representaban un peligro para la seguridad nacionalfue en aumento en países de toda la región, como Alemania, Bélgica,Italia y Reino Unido. En noviembre, la ONU criticó a Alemania porcolaborar con servicios de inteligencia que aplicaban por sistemamétodos de coacción en los interrogatorios. En varios países,especialmente en Reino Unido, se utilizaban órdenes de control yotras formas de control social que constituían privación de la libertad,en vez de un proceso penal completo y con las consiguientessalvaguardias.En Turquía se iniciaban gran número de causas en aplicación deuna legislación antiterrorista defectuosa, que habitualmenteincumplían las normas relativas a juicios justos. Muchos de los60 Informe 2012 Amnistía Internacional

procesados eran activistas políticos, entre los cuales habíaestudiantes, periodistas, escritores, abogados y profesoresuniversitarios. Se los interrogaba por sistema sobre actividadesprotegidas por el derecho a la libertad de expresión.En Rusia, la situación en materia de seguridad seguía siendoirregular e inestable en el Cáucaso septentrional. Continuaron losataques de grupos armados contra agentes encargados de hacercumplir la ley y otros funcionarios, y la población civil se vio atrapadaen el fuego cruzado y en ocasiones fue atacada deliberadamente. Entoda la región, las operaciones de seguridad con frecuencia ibanacompañadas de graves violaciones de derechos humanos. Se tuvonoticia de casos de intimidación de testigos, así como dehostigamiento y homicidio de periodistas, abogados y activistas dederechos humanos.En España, el grupo armado separatista vasco ETA anunció el finde la lucha armada. En cambio en Turquía hubo muertes de civilestanto por bombardeos del ejército como por atentados con explosivosde grupos armados.PERSPECTIVAREGIONALEUROPAY ASIA CENTRALImpunidad en situaciones de posconflictoA pesar de la detención de los dos últimos inculpados del TribunalPenal Internacional para la ex Yugoslavia, se avanzó lentamente en labúsqueda de soluciones al problema de la impunidad de los delitoscometidos durante los conflictos armados de la década de 1990. Hubofalta de capacidad y de compromiso, y se retrocedieron algunos pasos.En Croacia, el presidente y las autoridades judiciales pusieron enmarcha algunas iniciativas para abordar lo sucedido en el país durantela guerra, pero el gobierno apenas tomó medidas. En cambio,destacadas figuras políticas participaron en ataques a la justiciainternacional, y el Parlamento aprobó una ley que contravenía laobligación de Croacia de cooperar con la República de Serbia enmateria penal. También se obstaculizó la cooperación regional al noeliminarse las barreras jurídicas a la extradición de acusados decrímenes de guerra entre Bosnia y Herzegovina, Croacia, Serbia yMontenegro.Un decenio después del conflicto armado de 2001 de Macedonia,los casos de procesamiento por crímenes de guerra que el TribunalPenal para la ex Yugoslavia había devuelto se anularon debido a laaprobación en el Parlamento en julio de una nueva interpretación de laLey de Amnistía que en la práctica garantizaba la inmunidad frente alprocesamiento ante tribunales nacionales.En Kirguistán, a pesar de haber facilitado el establecimiento dedos comisiones de investigación independientes, las autoridades noLas detencionesde Ratko Mladićy Goran Hadžićtransmitieron uncontundente mensajeno sólo a las personasafectadas, sino a todala región.Informe 2012 Amnistía Internacional61

investigaron eficaz e imparcialmente la violencia de 2010 y sussecuelas.Tortura y otros malos tratosLos sistemas de justicia también defraudaron con excesiva frecuenciaa las víctimas de tortura y otros malos tratos al no obligar a responder desus actos a los responsables. Algunos obstáculos para la rendición decuentas fueron la imposibilidad de acceder con prontitud a unabogado, la falta de ímpetu de los fiscales para investigar lasdenuncias, el miedo a sufrir represalias, la levedad de las penasimpuestas a los agentes de policía declarados culpables y la ausenciade sistemas con independencia suficiente para dar seguimiento a lasdenuncias e investigar los casos graves de conducta policial indebida.Persistieron algunas bolsas de impunidad arraigada. EnUzbekistán, aunque las autoridades aseguraban que la práctica de latortura se había reducido de manera significativa y se había aprobadolegislación para mejorar el trato a los detenidos, continuó recibiéndoseinformación durante todo el año sobre decenas de casos de tortura yotros malos tratos a personas detenidas y presas. En Turquía fueanulada en apelación una histórica sentencia de 2010 en la que, porprimera vez en la historia del derecho turco, se habían impuesto largaspenas de prisión a funcionarios del Estado por causar la muertemediante tortura. Siguieron denunciándose numerosos casos detortura en Ucrania y también en Rusia, a pesar de las superficialesreformas de la policía.En otras partes de la región, como Grecia y España, hubodenuncias de uso excesivo de la fuerza y malos tratos por parte de lapolicía en sus intentos de disolver manifestaciones contra medidas deausteridad.Pena de muerteBielorrusia, que seguía siendo el único país de la región que todavíaaplicaba la pena capital, ejecutó a dos hombres dentro de un sistemade justicia penal defectuoso, en el que todo el proceso continuabarodeado de secreto. Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar de queel Comité de Derechos Humanos de la ONU había pedidoformalmente su aplazamiento para poder examinar ambos casos.ConclusiónLas detenciones de Ratko Mladić y Goran Hadžić transmitieron uncontundente mensaje no sólo a las personas afectadas, sino a toda laregión. Un mensaje de esperanza ante largos años de espera, perotambién de advertencia a todos los que pensaban que podían eludir la62 Informe 2012 Amnistía Internacional

acción de la justicia gracias a amigos o vecinos influyentes o a oscurosintereses creados. Fueron el testimonio de lo que se podía conseguircuando las personas, la sociedad civil, los gobiernos y la comunidadinternacional se comprometían a respetar los derechos humanosuniversales.Aun así, demasiadas personas seguían cayendo por la brecha queseparaba la retórica de los derechos humanos de la realidad de sucumplimiento en la región. El apoyo firme a los derechos humanos seconsideraba a menudo incompatible con la defensa de la seguridaddel Estado o el suministro energético. Hubo desafíos a laindependencia y la autoridad del Tribunal Europeo de DerechosHumanos y, con excesiva frecuencia, la UE se mostró como un tigresin colmillos ante las violaciones de derechos humanos cometidas porsus Estados miembros. Asimismo, los Estados siguieron sin cumplir suprincipal obligación: respetar y defender todos los derechos humanospara todas las personas.PERSPECTIVAREGIONALEUROPAY ASIA CENTRALInforme 2012 Amnistía Internacional63

Tawakkol Karman, activista pro derechosyemení galardonada con el Premio Nobelde la Paz, grita consignas bajo la mirada deun policía durante una manifestacióncontra el gobierno en Saná (Yemen),15 de febrero de 2011.© REUTERS/Khaled Abdullah Ali Al Mahdi

ORIENTE MEDIOY NORTE DE ÁFRICANo tememos que nos maten, nos hieran, nos detengan o nos torturen.Ya no hay miedo. La gente quiere vivir con dignidad.Así que no vamos a parar.Ahmed Harara, dentista que resultó herido en un ojo por impactos de perdigonesdurante las manifestaciones de Egipto el 28 de enero de 2011 y luego en el otro,el 19 de noviembre de 2011, por lo que se quedó ciegoPERSPECTIVAREGIONALORIENTE MEDIOY NORTE DE ÁFRICAPara los pueblos y los Estados de Oriente Medio y el norte de África,2011 fue absolutamente trascendental. Fue un año de agitación ylevantamientos populares sin precedentes, en el que el estallido de lapresión, las reivindicaciones y las protestas reprimidas de unageneración incipiente acabó con una sucesión de gobernantes delarga data, que parecían casi invencibles hasta poco antes de su caída.Al final del año algunos de éstos seguían aferrados al poder, aunquerecurriendo a métodos extremadamente despiadados y con un futuroincierto. En ese momento, toda la región continuaba estremeciéndoseentre continuos temblores y réplicas del terremoto político y social delos primeros meses del año. Aunque aún quedaban muchosinterrogantes, parecía probable que los acontecimientos de 2011revistieran a la larga la misma relevancia para los pueblos de la regiónque la caída del Muro del Berlín, y del Imperio soviético para los deEuropa y Asia Central.En toda la región de Oriente Medio y el norte de África, el año 2011se caracterizó por las demandas multitudinarias de cambio, en las quese reivindicaba: mayor libertad para hablar y actuar sin el temorparalizador que infundía la represión del Estado; transparencia yrendición de cuentas de los gobiernos y erradicación de la corrupcióngeneralizada de los altos cargos; más empleo, oportunidades de trabajomás justas y medios para alcanzar un nivel de vida mejor, y justicia yderechos humanos, incluido el derecho de las personas a hacer su viday formar una familia con dignidad y seguridad. Cientos de miles depersonas –entre las que las mujeres ocupaban posiciones devanguardia bien visibles– abarrotaron las calles de Túnez, El Cairo,Bengasi, Saná y muchas ciudades más de la región para apoyar estasInforme 2012 Amnistía Internacional65

El año 2011se caracterizópor las demandasmultitudinarias de mayorlibertad para hablary actuar sin el temorparalizador que infundíala represión del Estado.reivindicaciones y exigir cambios. Continuaron haciéndolo a pesar delas matanzas causadas en sus filas por las fuerzas de seguridad de losgobiernos. Lo hicieron con determinación, resolución y auténticocoraje, liberándose así del miedo que sus gobiernos llevaban tantotiempo tratando de sembrar entre ellas para tenerlas quietas y calladas.Al menos por una vez, el concepto de poder del pueblo quedótotalmente claro en toda la región y la sacudió hasta sus cimientos.Inicialmente, las protestas dieron expresión sobre todo a lafrustración del pueblo ante la pasividad de sus líderes a la hora deresponder a sus necesidades y aspiraciones. Esos líderesreaccionaron, como era de esperar, mandando a su policíaantidisturbios y a sus agentes de seguridad a aplastar las protestas,pero sólo consiguieron avivar el fuego y aumentar la indignación y larebeldía populares. A medida que los manifestantes eran abatidos atiros a sangre fría y sufrían detenciones masivas, torturas y abusos, laira popular se afianzaba. Sin dejarse intimidar por el derramamientode sangre, cada vez se concentraba más gente en las calles para exigirla destitución o el derrocamiento de unos líderes nacionales que sehabían ganado su desconfianza y su desprecio mientras trataban deconsolidar dinastías familiares para perpetuarse en el poder. La rápidacaída del presidente tunecino, Zin el Abidín ben Alí, y a continuacióndel egipcio, Hosni Mubarak, resonó en toda la región y envió unmensaje de esperanza a quienes abogaban por cambios y reformas enotros Estados. Durante cierto tiempo pareció que una nueva forma deefecto dominó alejaría del poder a otros gobernantes represivos yautoritarios. En el plazo de unos meses, en Libia acabaron abrupta ysangrientamente 42 años de abusos cometidos bajo el gobierno delcoronel Muamar al Gadafi, y en Yemen y Siria, arraigados regímenesluchaban desesperadamente ya por su supervivencia ante el continuoclamor de las masas, que pedían su desaparición. En Bahréin, elgobierno se valió de la represión y el uso excesivo de la fuerza paraasfixiar las protestas, pese a lo cual al acabar el año se habíacomprometido a llevar a cabo reformas políticas y de derechoshumanos. En Estados como Argelia, Jordania y Marruecos, quienesocupaban el poder se apresuraron a prometer reformas y mayorparticipación del pueblo en el gobierno, y en países ricos en petróleo ygas, como Arabia Saudí y otros Estados del Golfo, los gobernantesutilizaron sus reservas económicas para tratar de atender lasdemandas sociales y congraciarse con la población.LevantamientosEl año comenzó con Túnez en ebullición. Durante algún tiempo, elpresidente Ben Alí trató de sofocar las protestas por la fuerza bruta, tal66 Informe 2012 Amnistía Internacional

como había hecho en 2008 en la región de Gafsa. En pocas semanasmurieron violentamente unos 300 tunecinos, pero esta vez las muertesno debilitaron la determinación de los manifestantes. El 14 de enero,Ben Alí se dio por vencido. Con otros miembros de su clan, subió a bordode un avión para buscar refugio en Arabia Saudí. Fue un momentoapasionante, en el que tanto los gobiernos como los pueblos de la regióncomprendieron que se había conseguido lo que hasta entonces parecíaimpensable: hacer huir a un gobernante autocrático que llevaba másde 20 años en el poder. La precipitada caída de Ben Alí hizo sonar lasalarmas de los demás gobiernos represivos de la región, mientras quepara las multitudes que siguieron el desarrollo de los acontecimientos enAl Yazira y otras cadenas de televisión, el levantamiento tunecino supusoel renacer de la esperanza y les hizo sentir que también ellas podíanlograr lo que el pueblo de Túnez había conseguido.Dos semanas después, los hechos de Túnez se reproducían a mayorescala aún en Egipto. La plaza de Tahrir de El Cairo se convirtió en elcentro de gravedad y en decisivo campo de batalla, donde la poblaciónegipcia exponía sus reivindicaciones de cambio. Organizándose ycoordinando sus actividades con ayuda de Internet, las redes sociales ylos teléfonos móviles, en 18 días los manifestantes forjaron la“Revolución del 25 de Enero” y provocaron la caída del presidenteMubarak tras 30 años ininterrumpidos en el poder. Lo consiguieron apesar de la feroz represión de las fuerzas de seguridad y de los matonesa sueldo del gobierno: murieron al menos 840 personas, másde 6.000 resultaron heridas y millares más fueron detenidas, golpeadaso torturadas. El 11 de febrero, Hosni Mubarak anunció su dimisión y fuesustituido por el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas. Se retiró asu mansión de Sharm el Sheij, centro turístico del mar Rojo, hasta que,en agosto, fue citado en un tribunal de El Cairo para ser juzgado porcorrupción y por ordenar el homicidio de manifestantes.El derrocamiento de Mubarak, que se produjo bajo los focos de losmedios de comunicación internacionales, desencadenó una sucesiónde convocatorias de manifestaciones masivas en otras ciudades de laregión. En Bahréin, a partir de febrero, los manifestantes,pertenecientes sobre todo a la mayoría musulmana chií del país,organizaron actos pacíficos y levantaron un campamento de protestaen la plaza de la Perla de la capital, Manama, para exigir mayorparticipación en la dirección del país y el fin de su presuntamarginación por parte del gobierno de la familia Al Jalifa. Días mástarde, los manifestantes fueron desalojados con fuerza excesiva, queadquirió proporciones de brutalidad aún mayores cuando sereanudaron las protestas en marzo. En Irán, los líderes de lasmanifestaciones multitudinarias que el gobierno había aplastadoPERSPECTIVAREGIONALORIENTE MEDIOY NORTE DE ÁFRICAInforme 2012 Amnistía Internacional67

En Egipto,los manifestantesprovocaron la caídadel presidente Mubaraka pesar de la ferozrepresión de las fuerzasde seguridad. Al menos840 personas perdieronla vida.en 2009 convocaron nuevas protestas y fueron puestos bajo arrestodomiciliario por ello.En Argelia, para disuadir de convocar manifestaciones, el gobiernosacó a la calle a numerosos agentes de seguridad, pero trató también derebajar las tensiones levantando el odiado estado de excepción, quellevaba 19 años en vigor. El sultán Qabús bin Said de Omán prometiócrear miles de puestos de trabajo, mejoró las prestaciones de desempleoy ordenó la liberación de los manifestantes detenidos. El gobierno deArabia Saudí repartió entre la ciudadanía más de 100.000 millones dedólares estadounidenses, según informes, al tiempo que recordaba quelas manifestaciones públicas estaban prohibidas y movilizaba a lasfuerzas de seguridad para que actuaran contra cualquier persona queparticipara en el “Día de la Ira” que se había convocado en Riad.En Yemen, las protestas comenzaron en enero, a causa de unapropuesta de reforma constitucional que permitía al presidente AlíAbdulá Salé perpetuarse en el poder y ceder luego el relevo a su hijo.Continuaron durante todo el año, alentadas por lo ocurrido en Egipto yen otros lugares, mientras las fuerzas del presidente Salé disparabanindiscriminadamente contra las multitudes y él maniobraba para tratarde conservar su largo monopolio del poder. Al concluir el año, laposición del presidente yemení se encontraba gravemente erosionada.Sin embargo continuaba aferrado al poder, mientras el Consejo deCooperación para los Estados Árabes del Golfo Pérsico le ofrecíainmunidad de procesamiento a pesar de los numerosos homicidiosilegítimos y otras violaciones graves de derechos humanos cometidospor sus fuerzas. La impunidad garantizada al presidente Salé y a otrosresponsables constituyó un atentado contra la justicia y una indignantetraición a las víctimas de los crímenes de su régimen.En Libia, situada geográficamente entre Túnez y Egipto, losacontecimientos de estos dos países hicieron renacer la esperanza enun pueblo que, tras 42 años de gobierno de Muamar al Gadafi, carecíade libertad de expresión y de partidos políticos, sindicatos yorganizaciones de la sociedad civil independientes. Para mantenersedurante tanto tiempo en el poder, Gadafi había enfrentado a una partede la población contra otra, favoreciendo a quienes consideraba lealesy reprimiendo sin piedad la disidencia. Aunque anteriormente habíaestado excluido de la comunidad internacional por su presuntopatrocinio del terrorismo, en los últimos años gozaba de unprometedor acercamiento a las democracias occidentales, gracias aldesarrollo de la industria petrolera en Libia y a la importancia quehabía cobrado el país como lugar de tránsito hacia Europa parapersonas refugiadas y migrantes de África. Gadafi siguió mostrándoseconfiado y con un firme control de la situación ante la caída de Ben Alí68 Informe 2012 Amnistía Internacional

y Hosni Mubarak, pero en febrero estallaron manifestaciones contra elgobierno que desembocaron en una revuelta popular también enLibia. La rebelión degeneró rápidamente hasta convertirse en unconflicto armado internacional, con participación de la OTAN, queterminó el 20 de octubre con la captura de Gadafi y su violenta muertecuando trataba de huir del asedio a su bastión de la ciudad de Sirte.Asumió entonces el poder un Consejo Nacional de Transición, pero alfinalizar el año aún no había afianzado su autoridad, y Libia estabaatestada de armas y de milicias armadas que represaliaban a lospresuntos miembros de las fuerzas leales a Gadafi y constituían unaamenaza constante para la seguridad pública.En Siria, donde gobernaba desde 1970 la familia Al Asad, seobservaron en febrero las primeras señales de protesta, aunquetímidas y vacilantes. Sin embargo, en la meridional ciudad de Dera, aldetener las fuerzas de seguridad a unos niños que habían escrito enun muro consignas contra el gobierno y, según informes, someterlos aabusos, prendió la mecha de unas protestas masivas que sepropagaron rápidamente de una ciudad a otra. El gobierno, que seencontraba desprevenido, cerró el país a los medios de comunicacióninternacionales y a los observadores independientes. A continuaciónlanzó una implacable represión contra manifestantes inermes,valiéndose de francotiradores apostados en los tejados, disparandocontra la multitud y desplegando tanques del ejército en ciudades ypueblos, al tiempo que afirmaba que los homicidios eran obra demisteriosas bandas armadas contrarias al gobierno. Según informesde la ONU, al concluir el año habían muerto unas 5.000 personas, ensu mayoría civiles, y los heridos y detenidos se contaban por miles. Enciertos rincones del país parecía haber comenzado una incipienteguerra civil entre las fuerzas del régimen y soldados que habíandesertado para unirse a las protestas.El gobierno de Siria trató de ocultar la envergadura de las protestasy la violencia de su respuesta, pero en general no lo consiguió, graciasal valor y la determinación de activistas y testigos locales, que grabaronlas matanzas con las cámaras de sus teléfonos móviles y publicaroncientos de vídeos en Internet. Algunas de estas imágenes mostrabancuerpos de personas torturadas hasta la muerte bajo custodia y, envarios casos, mutiladas; algunos eran de niños.PERSPECTIVAREGIONALORIENTE MEDIOY NORTE DE ÁFRICARespuesta internacionalLos gobiernos de Estados Unidos y de otros países occidentales, quedesde hacía tiempo habían sido importantes aliados de los líderesautocráticos de Túnez y Egipto, no fueron conscientes al principio de latrascendencia de las protestas y tardaron en reaccionar. Sin embargo,Informe 2012 Amnistía Internacional69

Al concluir el año,Libia estaba atestadade armas. Miliciasarmadas represaliabana los presuntos miembrosde las fuerzas leales aGadafi y constituían unaamenaza constante parala seguridad pública.al poco tiempo se apresuraron a revisar sus políticas, reconociendofinalmente la naturaleza abusiva de los regímenes cuya continuidadpeligraba. Cuando Libia se sumió en un conflicto armado, intervinieronenérgicamente contra el coronel Gadafi con apoyo de los principalesEstados del Golfo y amparándose en un mandato del Consejo deSeguridad de la ONU para proteger a la población civil. Este mandatopreparó el terreno a una campaña aérea de la OTAN que inclinó labalanza del lado de las fuerzas contrarias al líder libio.En Bahréin, sede de la Quinta Flota de la marina estadounidense,y sobre todo en Siria y en Yemen, los manifestantes necesitabantambién desesperadamente protección contra las políticas asesinasde sus gobiernos. No obstante, en estos casos la comunidadinternacional se mostró mucho menos inclinada a prestarles apoyo. ElConsejo de Seguridad de la ONU, que había remitido el caso deMuamar al Gadafi a la Corte Penal Internacional, se abstuvo de hacerlo mismo con el presidente sirio, Bachar al Asad, pese a la existenciade convincentes indicios de que sus fuerzas estaban perpetrandocrímenes de lesa humanidad.La Federación Rusa, China y los gobiernos de las potenciasemergentes de Brasil, India y Sudáfrica utilizaron toda su influencia enel Consejo de Seguridad para bloquear acciones efectivas contra Siria,por más que la máxima responsable de la ONU en materia dederechos humanos denunciara los crímenes de lesa humanidadcometidos por el régimen de Al Asad. De igual forma, Arabia Saudídenunció los crímenes del gobierno sirio, al tiempo que negaba a supropio pueblo el derecho a manifestarse y tras haber mandado tropasa Bahréin sólo unas horas antes de que las autoridades de este paíspusieran en marcha una sangrienta campaña de represión en marzo.En resumen, resultaba lamentable ver de nuevo cómo gobiernos detodas las tendencias políticas actuaban de forma selectiva y, al margende su retórica, subordinaban los derechos humanos a lo queconsideraban más beneficioso para ellos y a sus intereses partidistas.Conflictos e intolerancia con la disidenciaLos levantamientos que llenaron los titulares durante todo 2011eclipsaron otros arraigados problemas que podían tenerconsecuencias desastrosas para los derechos humanos en OrienteMedio y el norte de África y repercutir en otras regiones.Israel mantuvo el bloqueo a Gaza, prolongando así la crisishumanitaria del territorio, y continuó con su agresiva política deampliar los asentamientos establecidos en el territorio palestino deCisjordania, que ocupaba desde 1967. Por otro lado, Fatah y Hamás,las dos principales organizaciones políticas palestinas, siguieron70 Informe 2012 Amnistía Internacional

divididas y atacando recíprocamente a sus simpatizantes pese a haberfirmado un acuerdo de reconciliación en mayo, mientras que lasfuerzas israelíes y los grupos armados palestinos aplicaban unapolítica de represalias en Gaza, atacándose entre sí en una tristedinámica, repetida hasta la saciedad, que continuaba cobrándose unelevado precio en vidas humanas.El gobierno de Irán se vio cada vez más aislado en el panoramainternacional y se mostró cada vez menos tolerante con la disidenciaen el interior, donde perseguía, entre otros, a defensores y defensorasde los derechos humanos y a activistas de los derechos de las mujeresy de las minorías. Se hizo amplio uso en el país de la pena de muerte,en teoría para castigar a delincuentes, pero también para intimidar a lapoblación. En todo el mundo, sólo China llevó a cabo más ejecucionesque Irán.Con respecto a otras partes de la región, no estaban claras lasrepercusiones que tendría en el ámbito de la seguridad la retiradade Irak de todas las fuerzas militares estadounidenses tras ocho añosde conflicto. La cuestión de la autodeterminación del SáharaOccidental seguía siendo una herida abierta, que envenenaba lasrelaciones gubernamentales en el Magreb.Persistían otras violaciones sistemáticas de derechos humanos,que fueron determinantes para explicar los levantamientos populares,pero que también se vieron agravadas por las respuestas de losgobiernos. En toda la región siguieron siendo práctica común ygeneralizada las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas,la tortura y los malos tratos, los juicios injustos y los homicidiosilegítimos a manos de fuerzas del Estado. Casi sin excepción, quienesocupaban el poder permitían a sus fuerzas matar y torturarimpunemente. En Egipto, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadascedió a las demandas populares y disolvió el Departamento deInvestigaciones de la Seguridad del Estado, tristemente famosodurante el gobierno de Hosni Mubarak por sus torturas. Sin embargo,la tortura no desapareció. El ejército se limitó a tomar el relevo,llegando a obligar a algunas manifestantes a someterse a “pruebas devirginidad” y deteniendo a miles de civiles a los que envió a juicio antetribunales militares injustos. Sin embargo, miles de egipcios, lejos decejar ante la represión de las nuevas autoridades, continuaronexigiendo cambios políticos, sociales y de derechos humanos.PERSPECTIVAREGIONALORIENTE MEDIOY NORTE DE ÁFRICALa inmunidadde procesamiento ofrecidaal presidente yemenífue un atentado contrala justicia y una indignantetraición a las víctimasde los crímenes cometidospor su régimen.DiscriminaciónSeguía habiendo discriminación por motivos de género, etnia, religión,origen nacional y otros factores, como la orientación sexual. En granmedida, el sentimiento de injusticia que esta situación engendraba seInforme 2012 Amnistía Internacional71

El gobierno de Siriatrató de ocultarla envergadura de lasprotestas y la violenciade su respuesta, peroen general no loconsiguió, gracias al valorde activistas locales.vio reflejado en la oleada de protestas, como quedó de manifiestocuando los bidún (apátridas) se concentraron en Kuwait para exigir serreconocidos como ciudadanos. Simultáneamente, la agitaciónagudizó también las divisiones. En Libia, las milicias agredieron a libiosy a extranjeros por el color de su piel. En Siria aumentó entre elentramado de credos y comunidades del país el temor a una posibleguerra civil de virulencia y odio comparables a los que habíandesgarrado Líbano entre 1975 y 1990, cuyo flagrante legado dedesapariciones forzadas y desconfianza seguía sin abordarse. EnEgipto, la discriminación contra los coptos siguió estando muyextendida. En Irán, las minorías religiosas y étnicas continuaronsufriendo discriminación en la ley y, en el caso de la minoría bahaí,persecución.Las personas migrantes, muchas de ellas procedentes del Áfricasubsahariana, se encontraban entre las principales víctimas delconflicto libio. Los combates obligaron a desplazarse a millares.Muchas escaparon a Egipto o a Túnez, pero otras quedaron atrapadasen Libia durante semanas o meses y sufrieron agresiones racistas,acusadas con frecuencia de ser “mercenarios” africanos reclutadospor el coronel Gadafi. Algunas de las que pasaron a Egipto y a Túnez,muchas de ellas eritreas y somalíes, no podían volver a sus países deorigen por miedo a ser perseguidas, y al final de 2011 permanecíanrelegadas en inhóspitos campos instalados en el desierto, a la esperade ser reasentadas en países europeos o en otras regiones dondeestuvieran a salvo. Otras perdieron la vida al tratar de llegar a Italiapor mar.En toda la región, trabajadores y trabajadoras migrantes de paísespobres y en desarrollo sufrían abusos y explotación, a pesar de habersido uno de los fundamentos de la economía en varios Estados delGolfo, entre otros países. La legislación laboral local no les brindaba ladebida protección, si es que llegaba a ofrecerles alguna. La peor partese la llevaban las trabajadoras domésticas, que con demasiadafrecuencia eran víctimas de discriminación múltiple: como mujeres,como migrantes y como extranjeras, cuya difícil situación interesabapoco o nada a sus propios gobiernos.Motivos de preocupación económicos: vivienday medios de vidaAl concluir 2011 era todavía demasiado pronto para evaluar cómohabía influido la “Revolución del 25 de Enero” egipcia en la suerte delos millones de personas pobres y marginadas que vivían en lospopulosos asentamientos informales del país. Muchas vivían en zonasdesignadas oficialmente como “inseguras” por la existencia de72 Informe 2012 Amnistía Internacional

inestables formaciones rocosas o de otros peligros, sin acceso aservicios básicos (agua potable, instalaciones higiénicas operativas oelectricidad) y expuestas a ser desalojadas de sus hogares a la fuerza,sin que se las avisara con suficiente antelación ni se las consultara.Durante el año, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas efectuónuevos desalojos forzosos en Manshiyet Nasser, con lo que perpetuóla política de Hosni Mubarak y dejó sin techo a más familias en esteenorme, caótico y precario asentamiento informal de las afueras deEl Cairo, en el que más de 100 personas habían perdido la vidaen 2008 por un desprendimiento rocoso.Asimismo, las autoridades israelíes continuaron con su política dedemolición de viviendas y edificios construidos sin permisos oficialesque ellas mismas denegaban cuando se les solicitaban, y siguierondesalojando de sus casas tanto a palestinos de Cisjordania, incluidoJerusalén Oriental, como a árabes israelíes residentes en pueblos “noreconocidos” oficialmente del Néguev y otros lugares. En cambio, a losmiles de judíos israelíes que vivían en los asentamientos establecidosilegalmente en tierras palestinas ocupadas se los animaba a ampliar,urbanizar y consolidar estos asentamientos, cuya misma existenciacontravenía el derecho internacional. Entretanto, el bloqueo de Israel ala Franja de Gaza seguía asfixiando la economía local y prolongandouna crisis humanitaria provocada deliberadamente, que se cebabasobre todo con los grupos de población más vulnerables: los niños, losancianos y quienes necesitan cuidados médicos especializados queno existían en Gaza. El bloqueo constituía sencillamente un castigocolectivo a los 1,6 millones de habitantes de Gaza y violaba el derechointernacional.Cuando Mohamed Bouazizi, de 24 años, se inmoló prendiéndosefuego el 17 de diciembre de 2010 en la localidad tunecina de SidiBouzid, pocas personas podían predecir la tormenta de protestas ycambios que ese trágico y mortal acto acarrearía. Un año más tarde, elestallido de euforia continuaba incombustible. Las conquistas inicialesde los levantamientos populares seguían en la cuerda floja, y la luchapor el cambio en Siria, Yemen, Bahréin, Libia y otros países continuabacobrándose un elevado precio en vidas humanas y en forma de gravesabusos contra los derechos humanos. Sin embargo, al concluir 2011era patente el sentimiento de que el antiguo y desacreditado ordenestaba pasando a la historia gracias a los valientes y decididosesfuerzos de la población. Para los pueblos de esta región parecíahaber empezado la larga marcha hacia la libertad, la justicia y losderechos humanos para todos.PERSPECTIVAREGIONALORIENTE MEDIOY NORTE DE ÁFRICAInforme 2012 Amnistía Internacional73

Mujeres y niños esperan para recibiratención médica en el Hospital AhmadShah Baba de Arzan Qimat (Afganistán).Los ataques contra personal de ayudahumanitaria y médicos, sobre todo en laszonas más afectadas por el conflicto,privaron a millones de personas deatención médica durante 2011.Febrero de 2011.

© James Oatway/Panos

12INFORME 2012 AMNISTÍA INTERNACIONALSEGUNDA PARTE: PAÍSES

© Glenna GordonPrisión Central de Monrovia (Liberia).Las celdas previstas para dos presossuelen albergar hasta ocho internos.Varias personas duermen en el suelo yotras en estrechas hamacas hechas consacos de arroz vacíos atados a los barrotesy las ventanas de la celda.

AFGANISTÁNREPÚBLICA ISLÁMICA DE AFGANISTÁNJefe del Estado y del gobierno:Pena de muerte:Población:Esperanza de vida:Hamid Karzairetencionista32,4 millones48,7 añosEn octubre se cumplieron 10 años de la intervenciónmilitar internacional en Afganistán. Debido alprolongado conflicto armado entre el gobierno afganoy sus aliados internacionales, por un lado, y lostalibanes y otros grupos armados, por el otro, seregistraron cifras sin precedentes de víctimas civiles,por lo que Amnistía Internacional pidió de nuevo a laCorte Penal Internacional que investigara posiblescrímenes de guerra y de lesa humanidad. Según laMisión de Asistencia de la ONU en Afganistán(UNAMA), durante 2011 perdieron la vida en elconflicto 3.021 civiles, el 77 por ciento a manos degrupos armados. Las autoridades judiciales, la policíay el Ejército Nacional Afgano cometían gravesviolaciones de derechos humanos de forma habitual.Continuaron las detenciones arbitrarias, y los serviciosde inteligencia recurrieron sistemáticamente a latortura y otros malos tratos. Se privaba a la poblaciónafgana, sobre todo a las mujeres y las niñas, de susderechos a la salud y a la educación. La ayudahumanitaria siguió siendo inaccesible para la mayoríade la población en las zonas controladas por lostalibanes y otros grupos insurgentes. La Oficina para laSeguridad de las ONG en Afganistán (ANSO)documentó 170 agresiones contra personal de ONG,lo que suponía un incremento del 20 por ciento encomparación con 2010. La violencia contra lasmujeres y las niñas era generalizada y quedabaimpune, sobre todo en las zonas controladas porla insurgencia. Las mujeres que denunciaban casosde violencia de género apenas recibían reparación.Información generalEl Parlamento se inauguró el 26 de enero, cuatromeses después de unas elecciones empañadas por laviolencia y el fraude electoral. Amnistía Internacionalse había mostrado preocupada por la inclusiónde candidaturas de presuntos autores de crímenes deguerra y otros abusos contra los derechos humanos.Nader Nadery, Fahim Hakim y Mawlawi Gharib,miembros destacados de la Comisión Independientede Derechos Humanos de Afganistán,fueron destituidos el 21 de diciembre, cuando, pocoantes de la publicación de un informe en el que sedocumentaban violaciones de derechos humanoscometidas en el pasado, el presidente Hamid Karzaino los renovó en sus cargos.En julio, la OTAN y la Fuerza Internacional deAsistencia para la Seguridad (ISAF) empezaron atransferir al gobierno afgano las competencias deseguridad en 7 provincias, y el 17 de noviembreempezó una segunda fase del proceso de transiciónen materia de seguridad en otras 17 provincias.El 20 de septiembre, dos hombres que se hicieronpasar por representantes de los talibanes asesinaronal ex presidente Burhanuddin Rabbani, quien sesuponía que estaba a cargo de las negociaciones depaz entre el gobierno afgano y los talibanes y otrosgrupos insurgentes. Pese a ello, las negociacionescontinuaron. En junio, el Consejo de Seguridad de laONU retiró a los talibanes de su lista de sanciones aAl Qaeda, con lo que quedaron desvinculados de estaorganización.Entre los 70 miembros del Alto Consejo de la Paz–órgano encargado de negociar con los talibanes ycon otros grupos armados–, sólo había 9 mujeres. Losgrupos afganos de derechos de las mujeres y lasorganizaciones de la sociedad civil del paísexpresaron honda preocupación con respecto a losderechos humanos, en especial los derechos de lasmujeres, pues temían que se renunciara a ellos porconveniencia. El gobierno afgano y sus aliadosinternacionales siguieron sin aplicar, ni en políticas nien la práctica, la Resolución 1325 del Consejo deSeguridad de la ONU, según la cual las mujeresdeben estar adecuada y significativamenterepresentadas en todas las fases de las negociacionesde paz.Abusos cometidos por grupos armadosLos talibanes y otros grupos armados perpetraronabusos dirigidos específicamente contra civiles, comoasesinatos y secuestros, así como atentadosindiscriminados con explosivos (muchos de ellossuicidas) en los que resultaron heridos civiles. De estaforma violaron las leyes de la guerra y cometieroninfinidad de abusos contra los derechos humanos.Aumentaron los homicidios selectivos de civilesAInforme 2012 Amnistía Internacional79

Aafganos que trabajaban para el gobierno o paraorganizaciones internacionales o que parecíanapoyarlos, en especial de funcionarios públicos yautoridades tribales.Según la UNAMA, los talibanes y otros gruposarmados fueron responsables del 77 por ciento de lasmuertes de civiles. Hicieron cada vez más uso deartefactos explosivos improvisados en mezquitas,mercados y otros lugares públicos, con lo queaumentó considerablemente el número de víctimasciviles.Los grupos armados atacaban sistemáticamente alos trabajadores de ayuda humanitaria: mataron a 31,hirieron a 34 y secuestraron y recluyeron a 140. El 28 de junio murieron 7 personas en un atentadocontra el Hotel Intercontinental de la capital afgana,Kabul, perpetrado por talibanes armados y atacantessuicidas cargados con explosivos. El 13 de septiembre, unos 10 insurgentes atacaronla embajada estadounidense, la sede de la OTAN yotros puntos destacados de Kabul. Murieron al menos11 civiles (entre ellos algunos estudiantes) y 5 policías,y más de 24 personas resultaron heridas. Los talibanesreivindicaron la autoría de los ataques, pero EstadosUnidos los atribuyó a la red Haqqani, que se creía queestaba radicada en las zonas tribales de Pakistán yrecibía apoyo de ese país. El 17 de septiembre, tras la detonación de unartefacto explosivo improvisado, murieron 9 civiles,entre ellos 5 menores de edad, en la provincia deFaryab, en el noroeste del país. El 31 de octubre murieron 3 empleados del ACNUR,la agencia de la ONU para los refugiados, en unatentado contra su sede en la ciudad meridional deKandahar perpetrado por talibanes armados yatacantes suicidas cargados con explosivos. El 6 de diciembre murieron hasta 71 personas en unatentado suicida con explosivos contra el santuario chiíde Abul Fazl, en Kabul. Otras 4 personas murieron enotra explosión casi simultánea en una mezquita chií deMazar-e-Sharif. Con estos atentados dio comienzo unagrave escalada de violencia sectaria, que hastaentonces había sido poco frecuente.Lashkar-e-Jhangvi, grupo armado paquistaní vinculadoa Al Qaeda y a los talibanes paquistaníes, reivindicó losatentados, que tuvieron lugar durante la festividad chiíde Ashura.Violaciones de derechos humanoscometidas por las fuerzas afganase internacionalesLa ISAF y la OTAN siguieron efectuando ataquesaéreos e incursiones nocturnas que se cobraron lavida de decenas de civiles. Según la UNAMA,el 14 por ciento de las muertes de civiles (al menos410) se produjeron en operaciones de la ISAF, laOTAN y las fuerzas afganas. El 20 de febrero, el gobernador de la provincia deKunar, en el este del país, afirmó que 64 civiles, entreellos 29 niños, habían muerto durante los cuatro díasanteriores en operaciones conjuntas de tierra y aireefectuadas por las fuerzas afganas y de la ISAF en eldistrito de Ghazi Abad. Altos cargos de la ISAFcuestionaron la cifra, pero accedieron a llevar a cabouna investigación conjunta. Posteriormente,funcionarios de la OTAN declararon que la mayoría delas víctimas eran insurgentes. El 23 de marzo, Jeremy Morlock, soldadoestadounidense que confesó haber participadoen 2010 en el asesinato de tres civiles afganos, fuecondenado a 24 años de prisión. En el consejo deguerra de la base conjunta de Lewis-McChord (EstadosUnidos) que lo juzgó, el soldado declaró ante el juezque “el plan era matar a gente”.Detenciones arbitrarias y torturay otros malos tratosLa Dirección Nacional de Seguridad –los servicios deinteligencia de Afganistán– continuó practicandodetenciones arbitrarias y negando a los detenidos elacceso a un abogado, a sus familias y a los tribunalesu otras instituciones externas. Según denunciasdignas de crédito, la Dirección Nacional de Seguridadtorturaba a los detenidos y tenía centros de detenciónsecreta. La OTAN dejó de entregar detenidos a lasfuerzas afganas después de que en un informe de laONU publicado en octubre se documentara el usosistemático de la tortura por parte de los agentes dela Dirección Nacional de Seguridad. Según elinforme, se había torturado a detenidos en 47 centrosde detención de la Dirección Nacional de Seguridady de la policía, en 22 provincias. En agosto, los familiares de un afgano detenido enabril en Kabul por vender presuntamente dinero falsoaseguraron a Amnistía Internacional que, trasdetenerlo, la Dirección Nacional de Seguridad lo habíatorturado para que confesara. Según la información80 Informe 2012 Amnistía Internacional

facilitada, el hombre, cuya identidad no se podíarevelar por motivos de seguridad, recibió puñetazos ypatadas hasta el punto de que acabó vomitando sangrey perdió el conocimiento.Las fuerzas estadounidenses siguieron deteniendoa afganos y, a veces, a extranjeros pese a no estarclaro que tuvieran autoridad legal para hacerlo y sinseguir el proceso legal debido. Unas 3.100 personascontinuaban recluidas en el centro de detenciónestadounidense de Parwan, situado junto al antiguocentro de detención de la base aérea del aeropuertode Bagram. Permanecían sometidas a “internamientopor razones de seguridad” por tiempo indefinido, yalgunas de ellas llevaban varios años recluidas. Enenero, Estados Unidos entregó a las autoridadesafganas una unidad de detención del centrocon 300 reclusos, en el marco de sus operaciones detransferencia de detenidos. El Departamento deDefensa de Estados Unidos declaró que, desde elcomienzo de los juicios en junio de 2010 (véase elapartado sobre Estados Unidos) hasta mayo, lasautoridades afganas habían celebrado másde 130 juicios en el mencionado centro y en elCentro de Justicia afgano de Parwan.Libertad de expresiónLos periodistas afganos continuaban trabajando apesar de la presión y la violencia que sufrían,ejercidas incluso por instituciones del Estado y otrosorganismos influyentes. La Dirección Nacional deSeguridad y el Consejo de Ulemas emprendieronacciones penales contra personas que habían escritoo hablado sobre cuestiones consideradas amenazas ala seguridad nacional o blasfemas. Tres hombres afganos detenidos y recluidos en 2010por haberse convertido al cristianismo quedaron enlibertad entre marzo y abril.Fuerzas del gobierno y grupos insurgentessecuestraron, propinaron palizas o mataron aperiodistas por motivos políticos. Según Nai,organización afgana que velaba por la independenciade los medios de comunicación, 80 periodistasfueron víctimas de agresiones y 3 perdieron la vida.En las zonas controladas por los talibanes y otrosgrupos armados se les impedía activamente informar,y con frecuencia eran víctimas de agresiones.El gobierno no investigó exhaustivamente lasagresiones contra periodistas, defensores de losderechos humanos y otras personas que ejercíanpacíficamente su derecho a la libertad de expresión,ni enjuició a los responsables. El 18 de enero fue liberado Hojatullah Mujadedi,director de Kapisa FM, emisora de radio del noreste delpaís, tras haber permanecido cuatro meses bajocustodia de la Dirección Nacional de Seguridad enKabul. Lo habían acusado de complicidad con lostalibanes. El 6 de julio, los talibanes amenazaron en laprovincia de Helmand a Niamatullah Zaheer, periodistade Ariana TV, por haber informado desde un punto devista crítico sobre ataques efectuados por ellos.Violencia contra mujeres y niñasLas mujeres y las niñas afganas continuaron siendovíctimas de discriminación, violencia intrafamiliar,matrimonio forzado y trata, y se las utilizaba comomoneda de cambio para solventar disputas. Confrecuencia, las fuerzas de los talibanes dirigían contraellas sus ataques. Según un informe conjunto deONU Mujeres y la Comisión Independiente deDerechos Humanos de Afganistán, en el 56 porciento de las bodas la novia tenía menos de 16 años.El Ministerio de Asuntos de la Mujer documentó3.742 casos de violencia contra las mujeres del 22 demarzo al 31 de diciembre. En septiembre, la FiscalíaGeneral dio un paso adelante al acceder a crear seisoficinas provinciales para combatir la violencia contralas mujeres.La policía y los tribunales hacían con frecuenciacaso omiso de las denuncias de abusos presentadaspor mujeres, por lo que sólo en contadas ocasionesse investigaban palizas, violaciones u otros actos deviolencia sexual. Se detenía a las mujeres quetrataban de huir de matrimonios en los que eranobjeto de abusos y se las enjuiciaba por “huida delhogar” u otras acusaciones relacionadas con la“moral”, que el Código Penal no contemplaba y queeran incompatibles con el derecho internacional delos derechos humanos. En abril, los talibanes secuestraron y mataron a unamujer en el distrito de Zurmat (provincia de Paktia).Aunque se rumoreó que se trataba de un homicidio ennombre del “honor”, los talibanes declararon que lahabían matado por trabajar para una ONG. Gulnaz, mujer de 21 años que cumplía en Kabul unacondena de 12 años de prisión por adulterio, quedó enlibertad en diciembre. Según profesionales de laabogacía, este tipo de cargos carecían de fundamentoAInforme 2012 Amnistía Internacional81

Aen la legislación afgana. Gulnaz llevaba recluidadesde 2009 por haber denunciado una violación a lapolicía. El tribunal y otras personas la presionaron paraque se casara con el hombre que más tarde fuecondenado por haberla violado.Derecho a la saludLos ataques selectivos contra personal de ayudahumanitaria y contra personas que trabajaban para elgobierno, principalmente médicos, privaron amillones de personas de atención a la salud, sobretodo en las zonas más afectadas por el conflicto y enlas controladas por los talibanes y otros gruposarmados. Aunque en determinadas zonas del paísmejoraron las tasas de mortalidad materna e infantil,las mujeres embarazadas y los niños de corta edadseguían soportando en general condiciones muyprecarias.Derecho a la educaciónLos talibanes y otros grupos armados atacaronescuelas y agredieron a estudiantes y docentes. En laszonas bajo su control se impedía acudir a la escuela amuchos niños y niñas, sobre todo a éstas. Según elMinisterio de Educación, había más de 7,3 millonesde niños y niñas escolarizados, de los cuales el 38 porciento eran niñas. Fuentes oficiales informaron de quehabía más de 450 escuelas cerradas y alrededorde 200.000 niños que no podían asistir a clase debidoa la situación de inseguridad, principalmente en lasprovincias del sur y el este del país. El 24 de mayo, los talibanes mataron a tiros a KhanMohammad, director de la escuela femenina dePoorak, en la provincia sudoriental de Logar. Habíacontinuado impartiendo clases a las niñas a pesar dehaber recibido numerosas amenazas de muerte de lostalibanes para que dejara de hacerlo.Personas refugiadas y desplazadasinternamenteSegún el ACNUR, entre enero y junio los afganosfueron los ciudadanos que mayor número desolicitudes de asilo presentaron en paísesindustrializados. Al concluir el año, el ACNURdocumentó más de 30.000 solicitantes de asiloafganos, y seguía habiendo alrededor de 2,7 millonesde refugiados afganos en Pakistán e Irán. El númerototal de personas desplazadas por el conflictoera de 447.647.Las personas internamente desplazadas tendían adirigirse a las grandes ciudades, sobre todo a Kabul,Herat y Mazar-e-Sharif. Muchas de ellas terminabanen asentamientos informales, donde se veíanobligadas a vivir en condiciones insalubres y dehacinamiento, con poco o nulo acceso a aguapotable, alojamiento adecuado y servicios de salud,y bajo constante amenaza de desalojo forzoso. Enoctubre, el Comité Internacional de la Cruz Rojacomunicó que se había registrado un aumentodel 40 por ciento en el número de personasdesplazadas por el conflicto en el norte del país encomparación con 2010. Según informes, a principios de junio almenos 12.000 personas se vieron desplazadas en laprovincia de Faryab a causa de enfrentamientos entrefuerzas del gobierno y los talibanes.Pena de muerteSe llevaron a cabo dos ejecuciones. Había másde 140 personas en espera de ejecución y el TribunalSupremo confirmó la condena a muerte de casiotras 100. En junio fueron ejecutados dos hombres (unpaquistaní y un afgano) en la prisión de Pul-e-Charkhide Kabul, tras haberles denegado el indulto elpresidente. Habían sido declarados culpables de unatentado cometido en febrero contra un banco en laciudad de Jalalabad (provincia de Nangarhar), que sesaldó con 40 muertos y no menos de 70 heridos, en sumayoría civiles.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Afganistán de junio a septiembre. Afganistán al cabo de 10 años: Lentos avances y promesas sin cumplir(ASA 11/006/2011)82 Informe 2012 Amnistía Internacional

ALBANIAREPÚBLICA DE ALBANIAJefe del Estado:Bamir TopiJefe del gobierno:Sali BerishaPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:3,2 millonesEsperanza de vida:76,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 15,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:95,9 por cientoLa violencia en el ámbito familiar seguía siendogeneralizada y persistía la trata de mujeres con finesde prostitución forzada. Cuatro manifestantesmurieron tras enfrentamientos con la policía. Hubodenuncias de malos tratos policiales. Lascondiciones de reclusión eran malas en general. Nose respetó el derecho de acceso prioritario a unavivienda que la legislación nacional garantizaba a laspersonas sin hogar con la condición de “huérfanas”.Información generalCreció la hostilidad entre gobierno y oposición tras losviolentos enfrentamientos de enero entre policías ymanifestantes que protestaban por el presunto fraudeelectoral y la corrupción gubernamental.Las elecciones municipales celebradas en mayodieron pie a nuevas acusaciones mutuas entre elgobierno y la oposición, así como a disputas sobre elrecuento de votos, especialmente en Tirana. Al finaldel año se había empezado a superar la situación deestancamiento político y comenzó el debate sobre lareforma electoral. La Comisión Europea volvió aconcluir en octubre que Albania no había cumplidolos criterios para ser candidato a miembro de laUnión Europea.Policía y fuerzas de seguridadEl 21 de enero estallaron violentos enfrentamientosentre la policía y los manifestantes durante lasmanifestaciones antigubernamentales organizadas enTirana por el opositor Partido Socialista. Se efectuarondisparos, que acabaron con la vida de tresmanifestantes. Otro más murió posteriormente. Al díasiguiente se cursaron órdenes de detención contraseis miembros de la Guardia Republicana–responsable de la seguridad de los edificiospúblicos– en relación con las muertes. La falta decooperación de la policía y de altos mandos de laGuardia Republicana y las demoras en la recopilaciónde pruebas de balística obstaculizaronlas investigaciones. Al término del año se estabainvestigando a 11 miembros de la GuardiaRepublicana en relación con las muertes. En totalhubo más de 140 heridos entre policías ymanifestantes. La policía golpeó a manifestantes quese dispersaban y a varios periodistas. Se detuvo almenos a 112 manifestantes, de los que unos 30fueron declarados culpables de prender fuegoa vehículos, agredir a agentes de policía y violar elperímetro de seguridad de la oficina del primerministro. El primer ministro Berisha calificó lasmanifestaciones de intento golpista del PartidoSocialista y acusó a la fiscal general de apoyarlo.Tortura y otros malos tratosSegún afirmaron los comisionados de la Oficina delDefensor del Pueblo que visitaron comisarías depolicía y centros de detención de Tirana tras lasmanifestaciones de enero, los manifestantesdetenidos –dos de los cuales tenían señales deagresiones– habían denunciado malos tratos durantela detención y habían sido presionadospsicológicamente para que hicieran declaracionesautoinculpatorias. Según informes, se presentaronnueve denuncias por malos tratos policiales. ElServicio de Control Interno de la Policía Estatal secomprometió en febrero a investigar las denuncias,pero al final del año no se había procesado a losresponsables. El defensor del Pueblo escribió a la fiscal general enrelación con el caso de Reis Haxhiraj, presuntamentesometido a graves malos tratos durante su detenciónen marzo. Según el defensor del Pueblo, ni la policía nila fiscal ni el juez ni el personal hospitalario habíanhecho constar los malos tratos o iniciado unainvestigación a pesar de que las lesiones eranevidentes y el detenido se había quejado de malostratos al comparecer ante el juez que ordenó sureclusión preventiva. Sus peticiones para entrevistarsecon la Oficina del Defensor del Pueblo fueron desoídas.La fiscal general dio instrucciones posteriormente a losfiscales y agentes de la policía judicial para quereunieran pruebas de malos tratos a detenidos a fin dellevar a los responsables ante la justicia, y se inició unainvestigación sobre los presuntos malos tratos infligidosa Reis Haxhiraj.AInforme 2012 Amnistía Internacional83

ADesapariciones forzadasEn diciembre, Ilir Kumbaro no compareció en la vistade extradición celebrada ante un tribunal de Londres,Reino Unido. Albania había pedido su extradicióna Reino Unido en 1995 por cargos de tortura ysecuestro en relación con la desaparición forzada deRemzi Hoxha, macedonio de etnia albanesa, y latortura de otros dos hombres. El juez revocó su fianzay dictó orden de detención contra él, pero al final delaño seguía sin conocerse su paradero. Continuaron enTirana las diligencias del juicio contra Ilir Kumbaro –inabsentia– y otros dos ex agentes del Servicio Nacionalde Inteligencia, Arben Sefgjini y Avni Koldashi.Condiciones de reclusiónInternos de las cárceles de Lezhë y Fushë-Krujë sedeclararon en huelga de hambre para protestar por lasduras condiciones de reclusión. El defensor del Pueblocriticó las condiciones de saneamiento en algunascárceles y centros de detención preventiva y citó lasordidez de los aseos, la presencia de roedores,la humedad de las celdas y la falta de higiene en lapreparación y distribución de alimentos. Asimismoseñaló la mala calidad de los materiales deconstrucción de los nuevos centros de detención deDurrës, Kavaja y Korça. Los centros de reclusiónpreventiva y la cárcel para mujeres de Tiranatenían problemas de hacinamiento, y los serviciosmédicos penitenciarios eran inadecuados, sobre todopara los internos con enfermedades mentales.Violencia en el ámbito familiarLa violencia en el ámbito familiar seguía siendogeneralizada. Las casas refugio para mujeressobrevivientes no eran suficientes para cubrir lademanda. El número de casos denunciados se elevóa 1.683 en los nueve primeros meses del año, 260 másque en el mismo periodo de 2010. El 82 por ciento delas víctimas (1.377) fueron mujeres. La mayoría de losincidentes, incluidos los de violencia contra menores deedad, no se denunciaban. La violencia intrafamiliar noestaba tipificada como delito específico y, salvo en loscasos más graves, era la víctima quien debía iniciar lasacciones judiciales. No se respetaba la legislación quedisponía la prestación gratuita de asistencia letrada a laspersonas que solicitaban órdenes de protección y,según informes, los trabajadores de la salud a menudono extendían partes de lesiones certificados a pesar delos programas de formación. En la mayoría de los casosse suspendían las actuaciones, bien porque la personadenunciante se retiraba, casi siempre debido a lapresión social y a su dependencia económica delagresor, bien por falta de pruebas escritas. Losperpetradores que incumplían los términos de lasórdenes de protección podían ser sancionados con unamulta o hasta dos años de cárcel, pero los tribunalesrara vez imponían penas privativas de libertad. Servete Karoshi murió en septiembre a manos de suesposo, quien había ignorado repetidamente lasórdenes de protección. Ella había denunciado loscontinuos actos de violencia pero no recibió protecciónefectiva.En marzo se aprobó legislación que establecía unaayuda económica mínima de 30 dólaresestadounidenses al mes para las víctimas sujetas auna orden de protección, y también para las víctimasde trata de personas.Trata de personasContinuó la trata de personas, sobre todo de mujeresjóvenes y niñas con fines de prostitución forzada,pero también de niños y niñas con fines demendicidad y trabajos forzados. Según lasestadísticas de 2010, 12 personas habían sidodeclaradas culpables de trata de personas. En suinforme anual sobre la trata de personas, elDepartamento de Estado de Estados Unidos observóque Albania había tomado medidas concretas paramejorar la estrategia destinada a combatir la trata,pero afirmó que “la corrupción generalizada, sobretodo en el poder judicial, seguía obstaculizando engeneral los esfuerzos para hacer cumplir la ley contrala trata y proteger a las víctimas”. El gobierno aprobóen febrero un plan nacional de acción contra la tratade personas.Derecho a la vivienda: romaníesEn febrero, unas 40 familias romaníes huyeron dellugar donde vivían, cerca de la estación de tren deTirana, tras ser atacadas. En julio se absolvió a doshombres de incitación al odio racial, pero se loscondenó a cuatro meses de cárcel por incendioprovocado. Las autoridades ofrecieron a las familiasromaníes alojamiento temporal en tiendas decampaña instaladas en las afueras de Tirana, peromuchas lo rechazaron por motivos de salud yseguridad, y por la lejanía de sus lugares de trabajo.Las familias que aceptaron trasladarse a ese lugar84 Informe 2012 Amnistía Internacional

aún seguían allí al final del año a pesar de que lasautoridades habían prometido rehabilitar para ellasdos edificios militares abandonados.Derecho a la vivienda:personas huérfanasLa legislación albanesa establecía que las personassin hogar de hasta 30 años de edad registradas comohuérfanas tenían prioridad en la adjudicación devivienda social, pero esta disposición no se aplicabasalvo raras excepciones, y muchos de esos huérfanosseguían viviendo en decrépitas residenciasestudiantiles abandonadas o hacían un gran esfuerzopara pagar el alquiler de una infravivienda privada. En junio, la policía desalojó a la fuerza a MjaftoniXhymertaj, de 22 años, y a su hijo de corta edad de suhabitación compartida en una residencia estudiantil deTirana, al parecer sin previo aviso por escrito nioportunidad de ejercer el derecho de apelación. A lajoven no se le ofreció alojamiento alternativo. MjaftoniXhymertaj se había criado en un orfanato, no teníaempleo, no gozaba de buena salud y vivía en la miseria.Posteriormente obtuvo permiso para volver, pero sinseguridad de tenencia. Las condiciones eran muydeficientes para una familia joven.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Albania en noviembre. Los incidentes de Albania deben ser investigados (PRE01/025/2011)ALEMANIAREPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIAJefe del Estado:Christian WulffJefa del gobierno:Angela MerkelPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:82,2 millonesEsperanza de vida:80,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4,2 por cada 1.000No se crearon mecanismos independientes depresentación de denuncias contra la policía. Variosestados federados siguieron llevando a cabodevoluciones de romaníes a Kosovo a pesar de queallí corrían peligro de sufrir persecución ydiscriminación. Las actuaciones penales contra elex presidente y el ex vicepresidente de las FuerzasDemocráticas de Liberación de Ruanda por crímenesde lesa humanidad y crímenes de guerra siguieronsu curso.Escrutinio internacionalEn mayo, el Comité de Derechos Económicos,Sociales y Culturales de la ONU instó a Alemania afirmar el Protocolo Facultativo del Pacto paragarantizar que sus políticas relativas a inversiones deempresas alemanas en el extranjero respetaban losderechos económicos, sociales y culturales y quelos solicitantes de asilo tenían garantizado el acceso ala asistencia social, la atención de la salud y elempleo en condiciones de igualdad.En noviembre, el Comité de la ONU contra laTortura recomendó a Alemania que, a fin de prevenirla tortura y otros malos tratos, se abstuviera debasarse automáticamente en información facilitadapor servicios de inteligencia extranjeros y prohibiera atodo agente u organismo alemán emprenderinvestigaciones en el exterior cuando éstas pudiesenimplicar la colaboración con instituciones extranjerassospechosas de ejercer coacción. Al Comité lepreocupaba la ausencia de iniciativas en curso parainvestigar la participación de Alemania en entregas.Asimismo recomendó que todas las denuncias detortura y otros malos tratos a manos de la policíafueran investigadas por organismos independientes yconsideró motivo de preocupación que los agentes depolicía no estuvieran obligados a llevar placas deidentificación personal en casi ningún estadofederado.Tortura y otros malos tratosLas investigaciones sobre los casos de presuntosmalos tratos no siempre eran efectivas debido a laausencia de mecanismos independientes depresentación de denuncias contra la policía en todoslos estados federados y a las dificultades paraidentificar a los agentes de policía. El estado de Berlínempezó a aplicar en julio un sistema de identificaciónpersonal de todos sus agentes de policía por mediode placas con su nombre o número. Seguían abiertas las investigaciones relativas al usoexcesivo de la fuerza en una manifestación celebradaen Stuttgart en septiembre de 2010. En relación conAInforme 2012 Amnistía Internacional85

Aellas, en marzo el Tribunal Municipal de Stuttgartimpuso una multa de 6.000 euros a un agente depolicía por usar pulverizador de pimienta contra unamujer que participaba en una sentada. Asimismo, elabogado de cuatro manifestantes a quienes el chorro apresión de un cañón de agua había causado graveslesiones oculares solicitó que el fiscal jefe fueraapartado de la causa por presunta parcialidad. El 4 de agosto, el Tribunal Regional de Fráncfortconcedió a Markus Gäfgen una indemnización pordaños morales al haber sido amenazado con sufrirdolores insoportables por dos agentes de policíaen 2002, cuando fue aprehendido como sospechosodel secuestro de un niño de 11 años. El Tribunal calificóla amenaza de “trato inhumano” según el ConvenioEuropeo de Derechos Humanos.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEl 13 de enero, el Ministerio del Interior federalordenó suspender por un año las transferencias desolicitantes de asilo a Grecia hechas en aplicación delReglamento Dublín II (véase el apartado sobreGrecia). En noviembre se amplió la suspensión hastael 12 de enero de 2013.El 9 de noviembre, las autoridades acordaronestablecer un programa permanente para elreasentamiento de refugiados vulnerables con unacuota de 300 al año durante los siguientes tres años.Los solicitantes de asilo que llegaban a aeropuertosde Alemania y se sometían al procedimientoacelerado de determinación de sus casos quedabansistemáticamente detenidos en las zonas de tránsitoaeroportuarias. Las autoridades no consideraban queesta práctica constituyera privación de libertad.Varios estados federados continuaron con lasdevoluciones de romaníes, ashkalíes y egipcianos aKosovo a pesar de que allí persistía el peligro real depersecución y estaban expuestos a múltiples formas dediscriminación. En agosto transcendió en los mediosde comunicación que las autoridades deBaden-Wurtemberg habían suspendido temporalmentelas devoluciones. En diciembre, el estado de Renaniadel Norte-Westfalia suspendió hasta el 1 deabril de 2012 la devolución a Kosovo de personasconsideradas vulnerables, como familias con menoresde edad, mujeres solteras y personas de avanzada edad.Se siguió discriminando a los solicitantes de asilo enel acceso a las prestaciones sociales: las que recibían,inferiores en un 31 por ciento a las concedidas aresidentes permanentes, distaban de alcanzar elumbral de subsistencia. El Tribunal Constitucionalestaba revisando la legislación que regulaba lasprestaciones sociales para solicitantes de asilo.Derechos de las personas migrantesLos servicios sociales seguían teniendo la obligaciónde informar de la situación de irregularidad de laspersonas al Departamento de Extranjería cuandoentregaban volantes de asistencia médica para recibirtratamiento no urgente. Esta práctica socavaba elderecho a la salud de las personas migrantesindocumentadas. Se aprobaron reformas de la Ley deResidencia que eximían de esta obligación alpersonal educativo.Seguridad y medidas antiterroristasPersistió la preocupación sobre varios aspectos dela política antiterrorista del gobierno. El reglamentode la Ley de Residencia permitía el uso de “garantíasdiplomáticas” para justificar la devolución depresuntos terroristas a lugares donde corrían peligrode sufrir tortura u otros malos tratos. El gobiernoalemán rehusó declarar que se negaría a compartirinformación y a cooperar en materia de inteligenciacon Estados que tuvieran un historial reconocido detortura. En abril, el periódico TAZ informó de que A.S.,uzbeko recluido en Tashkent que era testigo de lafiscalía federal alemana, había muerto en prisión, alparecer de un ataque al corazón. Había sidointerrogado en Tashkent en junio y septiembre de 2008por investigadores alemanes, en presencia demiembros del Servicio de Seguridad Nacional deUzbekistán, a pesar de que el relator especial de laONU sobre la tortura había concluido que la tortura erasistemática en las cárceles uzbekas. En enero, el ciudadano alemán Khaled el Masri retirósu recurso de apelación contra la decisión adoptadapor el Tribunal Administrativo de Colonia en diciembrede 2010. El Tribunal había desestimado la demanda deEl Masri contra Alemania por no solicitar la extradiciónde 13 ciudadanos estadounidenses sospechosos de sutraslado ilegal a Afganistán en 2004.Delitos de derecho internacionalEn mayo comenzó el juicio penal contra losciudadanos ruandeses Ignace Murwanashyaka y86 Informe 2012 Amnistía Internacional

Straton Musoni ante el Tribunal Regional Superior deStuttgart. Estaban acusados, como ex presidente y exvicepresidente de las Fuerzas Democráticas deLiberación de Ruanda, de haber ordenadocometer 26 crímenes de lesa humanidady 39 crímenes de guerra en territorio congoleño entreenero de 2008 y noviembre de 2009 a través dellamadas telefónicas e Internet. Era el primer juicioque se celebraba en Alemania basado en el CódigoAlemán de Delitos contra el Derecho Internacional,que había entrado en vigor en 2002.Comercio de armasAunque el gobierno alemán apoyaba la creación deun tratado internacional integral sobre el comerciode armas, autorizó repetidamente transferencias dearmas que pudieron contribuir a la comisión deviolaciones de derechos humanos. En julio se publicóen medios de comunicación que el gobierno alemánhabía aprobado en principio la entrega de unas 200unidades de carro de combate principal Leopard 2a Arabia Saudí.Informes y visitasde Amnistía Internacional Germany: Briefing to the UN Committee against Torture 2011(EUR 23/002/2011)ANGOLAREPÚBLICA DE ANGOLAJefe del Estado y del gobierno: José Eduardo dos SantosPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:19,6 millonesEsperanza de vida:51,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 160,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:70 por cientoLas autoridades restringieron la libertad de reuniónmediante el uso excesivo de la fuerza, detenciones yreclusiones arbitrarias y cargos penales. El uso defuerza excesiva por parte de la policía provocómuertes. Los periodistas hicieron frente a unaumento de las restricciones. Dos periodistas fueronjuzgados y declarados culpables de difamación porescribir artículos críticos. Hubo nuevos desalojosforzosos y el gobierno incumplió su promesa derealojar a 450 familias que habían sido desalojadasen años anteriores. Continuaron las violaciones dederechos humanos contra personas de nacionalidadcongoleña expulsadas de Angola.Información generalEn mayo se retiró un proyecto de ley, cuyo propósitoera criminalizar los delitos cometidos por Internet,que había sido criticado por la sociedad civil porconsiderar que suponía un riesgo para la libertad deexpresión y de información. Persistía la preocupaciónde que el proyecto de ley pudiera ser introducido denuevo o que sus disposiciones se incorporasen alCódigo Penal aprovechando su revisión.Durante todo el año tuvieron lugar manifestacionescontra el gobierno en las que se pedía la dimisión delpresidente. En septiembre, una protesta degeneró enviolencia después de que presuntos miembros de losServicios de Inteligencia y Seguridad del Estado seinfiltrasen en la multitud y, según informes, causarandaños materiales y golpeasen a algunas personas,entre ellas periodistas. Se detuvo a algunosmanifestantes.En septiembre, el gobierno provincial de Luandadictó una ordenanza que indicaba las zonas en lasque podían celebrarse reuniones y manifestaciones.Quedaba excluida la plaza de la Independencia,donde habían tenido lugar la mayoría de lasmanifestaciones antigubernamentales durante el año.En junio, el Parlamento aprobó una ley contra laviolencia en el ámbito familiar.En julio, el presidente inauguró la primera fase delproyecto Ciudad de Kilamba, que comprendía 20.000nuevos apartamentos, 14 escuelas, un hospitaly 12 centros de salud. Durante el año se anunciaronotros planes de construcción de viviendas sociales endiversas zonas del país.En agosto, las autoridades de inmigración delaeropuerto internacional de Luanda negaron laentrada a Angola a las delegaciones de diversasorganizaciones de la sociedad civil que habían viajadopara asistir al Foro de la Sociedad Civil de laComunidad de Desarrollo del África Austral (SADC),cuya celebración estaba prevista coincidiendo con laCumbre de Jefes de Estado de la SADC. Se habíanhecho gestiones para que a estas personas se lesentregaran los visados a su llegada al aeropuerto.AInforme 2012 Amnistía Internacional87

ATambién se negó la entrada, pese a estar en posesiónde visados válidos, a dos periodistas mozambiqueñosque habían viajado para informar sobre la Cumbre.En noviembre, varios parlamentarios de partidos deoposición abandonaron el Parlamento durante undebate sobre el nuevo conjunto de disposicioneslegislativas en materia electoral para las eleccionesgenerales de 2012. La Unión Nacional para laIndependencia Total de Angola (UNITA) afirmó que elconjunto de propuestas contenía disposicionesinconstitucionales. En diciembre se aprobó la LeyOrgánica sobre la Comisión Nacional Electoral.Derecho a la vivienda: desalojos forzososContinuaron los desalojos forzosos, aunque en menorescala que en años anteriores, y miles de personasseguían corriendo el riesgo de ser desalojadas por lafuerza. Algunos desalojos previstos fueronsuspendidos. Miles de familias que habían sido objetode desalojos forzosos en el pasado seguían sin recibirindemnización.En junio, el gobierno anunció que más de 450familias de Luanda cuyas viviendas habían sidodemolidas entre 2004 y 2006 serían realojadas apartir de septiembre. Al terminar el año losrealojamientos no habían comenzado.El gobernador provincial de Huíla canceló enagosto las demoliciones previstas en el barrio de ArcoÍris, en el centro de la ciudad de Lubango, debido alas condiciones inadecuadas en las queaproximadamente 750 familias iban a serreasentadas. En junio se había concedido a lasfamilias un plazo de un mes –que se prorrogó por unmes más– para abandonar sus hogares, y se leshabían ofrecido tierras en una zona aisladaa 14 kilómetros de la ciudad. En agosto, según los informes, funcionariosmunicipales protegidos por agentes armados de laPolicía Nacional y la Policía Militar desalojaron por lafuerza a 40 familias en el barrio Km 30 de Viana,Luanda, al parecer después de que la tierra se vendieraa una empresa privada. Según SOS-Habitat,organización local de defensa del derecho a lavivienda, los funcionarios demolieron las casas de laspersonas que no estaban presentes y destruyeron suspertenencias. Según los informes, Firmino JoãoRosário murió por disparos de la policía cuandointentaba detener las demoliciones, y otro residente,Santos António, recibió un disparo en una mano. En octubre, miembros de los servicios comunitariosde la administración municipal de Lubango, protegidospor la Policía Nacional, demolieron 25 viviendaspertenecientes a familias de la zona de Tchavola, enLubango, provincia de Huíla. Los desalojos fueronacompañados de detenciones arbitrarias y usoexcesivo de la fuerza por parte de la policía. Todas laspersonas detenidas quedaron en libertad el mismo día.Las viviendas demolidas pertenecían a familias quehabían sido reasentadas en la zona tras ser desalojadaspor la fuerza para habilitar espacio para mejorasferroviarias en Lubango a partir de marzo de 2010.Policía y fuerzas de seguridadLa policía desempeñó sus funciones de manerapartidista, sobre todo durante algunasmanifestaciones contra el gobierno. Además, usófuerza excesiva, incluidos fuego real, perros y aerosolirritante para los ojos, para dispersar a losmanifestantes, y llevó a cabo detenciones yreclusiones arbitrarias. En septiembre, unos agentes de policía dispararoncon fuego real durante una protesta de conductores demototaxi en la ciudad de Kuito, provincia de Bie. Dosmanifestantes murieron tras recibir disparos en lacabeza y la espalda, y otros seis resultaron heridos. Losconductores protestaban contra el abuso de poder porparte de la policía, a la que acusaban de confiscar lasmotocicletas de taxistas que operaban de maneralegítima en la provincia, así como de detenerarbitrariamente e infligir malos tratos a variosconductores de mototaxi durante una operaciónde control de sus actividades. Al parecer, no se habíapuesto a disposición de la justicia a ningún agente porel uso de fuerza excesiva y los homicidios ilegítimos.En algunos casos se acusó a agentes policialesfuera de servicio de disparar y matar a personas. Enla mayoría de los casos, al terminar el año no se habíapuesto a los agentes a disposición de la justicia. El 12 de noviembre, según informes, un agente depolicía fuera de servicio mató a tiros a Francisco dosSantos con un arma de fuego reglamentaria despuésde que el fallecido hubiera intervenido para deteneruna pelea entre dos niños en el barrio luandés deRangel. Según testigos presenciales, uno de los niñosllamó a su padre, agente de policía, que llegó ycomenzó a disparar y luego se dio a la fuga. Dosdisparos alcanzaron en la espalda a Francisco dosSantos, que murió en un hospital ese mismo día. Al88 Informe 2012 Amnistía Internacional

terminar el año, el agente de policía continuaba enlibertad y no se habían practicado detenciones.Libertad de expresión: periodistasLos periodistas hicieron frente a un aumento de lasrestricciones. Varios estuvieron detenidos durantebreves periodos o fueron golpeados por la policía opor presuntos miembros de los servicios deseguridad, y sufrieron la confiscación o la destrucciónde sus pertenencias mientras informaban sobre lasmanifestaciones contra el gobierno. A dos se lesimpusieron penas de cárcel por presunta difamación. En marzo, Armando Chicoca, corresponsal de Voiceof America, fue declarado culpable de difamación ycondenado a un año de cárcel. Los cargos guardabanrelación con dos artículos que había escrito relativos adenuncias de acoso sexual y corrupción formuladascontra el presidente del Tribunal Provincial de Namibe.Armando Chicoca quedó en libertad condicional bajofianza en abril, en espera de la resolución de unrecurso. En octubre, William Tonet, director y propietario delperiódico Folha 8, fue declarado culpable de difamaren 2007 a tres generales del ejército. Según lainformación recibida, se le impuso una condena de unaño de prisión con una suspensión de dos años y elpago de una multa de 10 millones de kwanzas (másde 100.000 dólares estadounidenses). William Tonetpresentó un recurso, que estaba pendiente al finaldel año.Libertad de reuniónLa libertad de reunión fue objeto de restricciones entodo el país. La policía usó en algunos casos fuerzaexcesiva, incluidos perros y armas de fuego, parareprimir manifestaciones, y detuvo arbitrariamente amanifestantes y periodistas. Algunas personasquedaron en libertad sin cargos al cabo de unashoras o unos días, pero decenas de detenidos fueronjuzgados por desobediencia y resistencia a laautoridad. En marzo, durante una manifestación, la policíadetuvo a 3 periodistas y 20 manifestantes, y afirmóque se trataba de precauciones para “prevenirconsecuencias incalculables”. Los detenidosquedaron en libertad sin cargos unas horasdespués. También se detuvo a manifestantes enmayo, septiembre y octubre. El 9 de septiembre, lapolicía hizo uso de perros para dispersar a cientosde personas que se habían congregado ante untribunal donde se juzgaba a 21 personas en relacióncon una manifestación celebrada seis días antes. Sedetuvo a otras 27 personas, contra las cuales sepresentaron cargos de ataque a las fuerzas deseguridad; la causa fue desestimada por un tribunalel 19 de septiembre por falta de pruebas. Sinembargo, 18 de las 21 personas a las que se estabajuzgando fueron declaradas culpables dedesobediencia, resistencia y agresión el 12 deseptiembre. El 14 de octubre, el Tribunal Supremoanuló las sentencias condenatorias de esas 18personas, que quedaron en libertad.Presos de conciencia y posibles presosde concienciaUn total de 33 miembros de la Comisión delManifiesto Jurídico Sociológico del Protectorado deLunda Tchokwe continuaron en la cárcel sin juiciohasta que el Tribunal Supremo ordenó su liberaciónen marzo, pese a que en diciembre de 2010 se habíaderogado la ley en virtud de la cual habían sidoacusados. No se les concedió indemnización algunapor su reclusión ilegítima.En marzo, otros dos miembros de la Comisión,Mário Muamuene y Domingos Capenda, detenidosdesde octubre de 2010, fueron condenados a un añode cárcel por rebelión. Continuaron en prisiónaunque la condena expiró en octubre. Estas dospersonas y otros cinco presos –Sérgio Augusto,Sebastião Lumani, José Muteba, António Malendecay Domingos Henrique Samujaia– se declararon enhuelga de hambre en mayo y en octubre paraprotestar contra la continuidad de su detención y lasdeficientes condiciones de reclusión.Derechos de las personas migrantesDe acuerdo con el Comité Internacional para elDesarrollo de los Pueblos, al menos 55.000nacionales de la República Democrática del Congofueron expulsados de Angola durante el año, y almenos 6.000 de estas personas denunciaron habersufrido violencia sexual. No se exigieronresponsabilidades a nadie por los abusos contra losderechos humanos cometidos durante lasexpulsiones de personas migrantes congoleñasde Angola en los últimos años. Después de una visitaa Angola en marzo, la representante especial de laONU sobre la violencia sexual en los conflictosAInforme 2012 Amnistía Internacional89

Aexpresó su preocupación por la continuidad de losinformes de violencia sexual contra personasmigrantes de nacionalidad congoleña a manos de lasfuerzas armadas angoleñas durante las expulsiones.El ministro de Asuntos Exteriores angoleño negó lasdenuncias. En noviembre, la representante especialpidió a los gobiernos de Angola y RepúblicaDemocrática del Congo que investigasen estosinformes y pusieran a los responsables a disposiciónde la justicia. En diciembre, el ministro de AsuntosExteriores afirmó que el gobierno se coordinaría conla ONU para expulsar del país a ciudadanosextranjeros.Informes y visitasde Amnistía Internacional A pesar de que las autoridades seguían afirmando que nunca sehabían negado visados a Amnistía Internacional para visitar Angola, no sehabían atendido todavía las solicitudes presentadas en octubre de 2008,octubre de 2009 y noviembre 2010. Angola: Inminente desalojo forzoso de cientos de familias(PRE01/414/2011)ARABIA SAUDÍREINO DE ARABIA SAUDÍJefe del Estado y del gobierno: rey Abdulá bin Abdulazizal SaudPena de muerte:retencionistaPoblación:28,1 millonesEsperanza de vida:73,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 21 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:86,1 por cientoSe reprimieron implacablemente las protestasconvocadas a raíz de los acontecimientos de otraszonas de la región. Se detuvo a cientos de personaspor manifestarse o atreverse a pedir reformas, yalgunas fueron enjuiciadas por cargos políticos orelacionados con la seguridad. Continuaron enprisión miles de personas sospechosas de delitoscontra la seguridad. El sistema de justicia y lasituación de las personas detenidas, entre las quehabía presos de conciencia, siguieron rodeados dehermetismo, aunque era evidente que persistían latortura y los juicios manifiestamente injustos.Siguieron imponiéndose y aplicándose penascrueles, inhumanas y degradantes, en especial deflagelación. Las mujeres y las niñas sufrían gravediscriminación en la ley y en la práctica, así comoviolencia. La intensificación de las actividades decampaña en favor de los derechos de las mujerestuvo como consecuencia detenciones,aunque también pequeñas mejoras. Los trabajadoresy trabajadoras migrantes siguieron siendo víctimasde explotación y abusos, cometidos en generalimpunemente por sus empleadores. Al menos 82personas fueron ejecutadas, cifra muy superior a laregistrada los dos años anteriores.Información generalA principios de 2011, ante la convocatoria demanifestaciones en favor de reformas, el gobiernoofreció a la ciudadanía nuevas ayudas que, segúninformes, sumaban unos 127.000 millones de dólaresestadounidenses. No obstante, continuaroncelebrándose protestas de forma esporádica,protagonizadas sobre todo por musulmanes chiíes dela Provincia Oriental, que denunciaban sufrirdiscriminación y pedían la liberación de presospolíticos. El 5 de marzo, el Ministerio del Interiorreiteró la prohibición absoluta de las manifestacionespúblicas, y las amenazas y un amplio despliegue defuerzas de seguridad impidieron la celebración de un“día de la ira” convocado para el 11 de marzo porquienes propugnaban reformas. Aun así, a lo largo de2011 cientos de personas fueron detenidas enrelación con protestas, en su mayoría miembros de laminoría musulmana chií, activistas en favor de lasreformas y activistas de los derechos de las mujeres.Muchas de ellas quedaron en libertad sin cargos.A instancias, al parecer, de la familia gobernantede Bahréin, el 15 de marzo el gobierno envió allía 1.200 soldados saudíes, que cruzaron la carreteraelevada que unía ambos países en tanques y otrosvehículos blindados, para ayudar a aplastar lasprotestas en demanda de reformas.Seguridad y medidas antiterroristasEl Consejo Consultivo o Shura –organismo asesor delrey– debatió un nuevo anteproyecto de leyantiterrorista, pero al concluir el año éste no se habíapromulgado aún. En una versión del anteproyectofiltrada a Amnistía Internacional se proponía añadir90 Informe 2012 Amnistía Internacional

amplias facultades nuevas a las concedidas ya alMinisterio del Interior y prescribir penas de prisiónpara toda persona que criticara al rey o expresaraoposición al gobierno. Asimismo, permitía recluir a lospresuntos delincuentes sin cargos ni juicio por unperiodo potencialmente indefinido o, en caso de serjuzgados, celebrar juicios y vistas de apelación sin lasdebidas garantías, incluso por delitos penados con lamuerte. Además, el anteproyecto de ley facultaba alministro del Interior para ordenar escuchastelefónicas y registros domiciliarios sin autorizaciónjudicial. Preocupaba que la definición excesivamenteimprecisa de “terrorismo” incluida en él pudierautilizarse para castigar o suprimir la disidencialegítima.Continuaban recluidas miles de personassospechosas de delitos relacionados con la seguridad,muchas de las cuales llevaban largo tiempo privadasde libertad sin cargos, a pesar de que el límite legalde reclusión sin juicio era de seis meses. Entre ellashabía adversarios del gobierno que llevaban meses oaños recluidos sin juicio. Muchas personas recluidaspor motivos de seguridad llevaban meses o años sinhaber sido juzgadas ni condenadas o tras haber sidocondenadas por actos que no constituían delitosreconocibles internacionalmente como tales.En general, tras la detención y durante losinterrogatorios, las personas sospechosas de delitosrelacionados con la seguridad eran recluidas enrégimen de incomunicación, con frecuencia durantemeses, y no se les permitía recibir visitas de susfamiliares. Muchas eran torturadas o sometidas aotros malos tratos. Normalmente permanecíanrecluidas hasta que las autoridades determinabanque no constituían una amenaza para la seguridad ohasta que se comprometían a no llevar a caboactividades de oposición. Algunas quedaban enlibertad, pero volvían a ser detenidas al poco tiempo,y muchas quedaban recluidas sin cargos ni juicio.Siguió siendo imposible determinar de formaindependiente el número de personas encarceladaspor motivos de seguridad o por su presuntaimplicación en actividades terroristas, pero algunasdeclaraciones hechas por el gobierno en añosanteriores permitían deducir en cierta medida sumagnitud. En febrero, el ministro de Justiciaanunció que el Tribunal Penal Especial de Riadhabía dictado sentencia en 442 causas queafectaban a 765 personas sospechosas de delitosrelacionados con la seguridad. En abril, el Ministeriodel Interior manifestó que en los últimos añoshabían sido puestas en libertad 5.831 personasdetenidas por motivos de seguridad, 184 de ellasdesde principios de 2011; se había interrogado yremitido a los tribunales a 5.080 y se estabainterrogando aún a 616; se había interrogado a otras1.931 que podrían ser remitidas al Tribunal PenalEspecial, y se había declarado culpables de “delitosde terrorismo” a 1.612. Además, el Ministerio delInterior aseguró que se había indemnizado a 486personas condenadas por delitos contra laseguridad que habían permanecido recluidas trashaber cumplido condena.Libertad de expresiónLa Ley de Prensa y Publicaciones se hizo extensiva enenero a las publicaciones web y se modificó de nuevoen abril con disposiciones que restringieron aún másla libertad de expresión. Muchas de las personasdetenidas sin cargos ni juicio o condenadas en juiciosinjustos en los que no habían tenido asistencialetrada eran activistas de los derechos humanos,defensores pacíficos del cambio político, miembrosde minorías religiosas o ciudadanos que pedíanreformas. Abdul Aziz al Wuhaibi y otros seis hombres fuerondetenidos el 16 de febrero, una semana después dehaber pedido junto con otras personas la legalización delPartido de la Umma Islámica, que se habría convertidoasí en el primer partido político de Arabia Saudí. Fueronrecluidos prácticamente en régimen de incomunicaciónen la prisión de Al Hair y presionados para querenunciaran a sus actividades políticas; más tarde, cincode ellos quedaron en libertad, pero en el caso de AbdulAziz al Wuhaibi, que se negó a asumir esa renuncia, sepresentaron cargos en su contra. Fue condenado enseptiembre a siete años de prisión en un juiciomanifiestamente injusto. Entre otros cargos, fue acusadode “desobedecer al soberano” de Arabia Saudí. Sheij Tawfiq Jaber Ibrahim al Amer, clérigo chií, fuedetenido en febrero tras haber pedido reformaspolíticas en un sermón. Pasó una semana recluido enrégimen de incomunicación y posteriormente quedóen libertad. El 3 de agosto volvieron a detenerlo y loacusaron de “instigar a la opinión pública” por haberinsistido en pedir reformas. El preso de conciencia Mohammed Saleh al Bajady,empresario y cofundador de la ONG de derechosAInforme 2012 Amnistía Internacional91

Ahumanos Asociación Saudí de Derechos Civiles yPolíticos, fue detenido al día siguiente de haber asistidoa una manifestación celebrada el 20 de marzo enRiad a las puertas del Ministerio del Interior. Al parecer,se presentaron cargos contra él en relación con laformación de la Asociación y por dañar la reputacióndel Estado y estar en posesión de libros prohibidos. Fueenjuiciado, pero no se permitió a sus abogadosponerse en contacto con él ni acceder al juicio. Fadhel Maki al Manasif, activista de los derechoshumanos y defensor de los derechos de la minoríamusulmana chií, fue detenido el 1 de mayo y recluidoen régimen de incomunicación hasta el 22 de agosto,fecha en que quedó en libertad. El 2 de octubrevolvieron a detenerlo, cuando intervino al ver cómo lapolicía detenía a dos ancianos. El 10 de octubre se lepermitió llamar por teléfono a su familia, pero despuésde eso no se le volvió a permitir ver ni llamar a su familiani a su abogado, lo que despertó el temor de que lopudieran estar torturando. En noviembre, 16 hombres, entre ellos 9destacados reformistas que habían intentado fundaruna asociación de derechos humanos, fueroncondenados a entre 5 y 30 años de prisión en unjuicio manifiestamente injusto ante el Tribunal PenalEspecial, tras ser declarados culpables de cargoscomo formar una organización secreta, intentartomar el poder, incitar a oponerse al rey, financiaractividades terroristas y blanquear dinero. Algunosllevaban ya tres años y medio detenidos sin cargos yhabían sido interrogados sin la presencia de susabogados. Muchos habían sufrido reclusión enrégimen de aislamiento por tiempo prolongado.Durante meses se negó a sus abogados y a susfamilias toda información sobre los cargos contraellos, y se les impidió también el acceso a muchas delas vistas del juicio, que, según informes, comenzóen mayo. Firas Buqna y sus compañeros Hussam al Darwish yKhaled al Rashid fueron detenidos el 16 de octubre porla publicación de un episodio de “Nos estánengañando”, programa que hacían por Internet, en elque se hablaba sobre la pobreza en Riad. Quedaron enlibertad dos semanas más tarde.Represión de la disidenciaLas autoridades impidieron los intentos de organizarprotestas, y quienes trataron de manifestarse fuerondetenidos o sufrieron otras formas de represión. Muhammad al Wadani, profesor, fue detenidoel 4 de marzo en una concentración en demanda dereformas. Se creía que al concluir el año seguíarecluido en régimen de incomunicación,probablemente en la prisión de Al Hair. Khaled al Johani, única persona que acudió a lamanifestación del “día de la ira” convocada en Riadel 11 de marzo, fue detenido. Al finalizar el año seguíarecluido, acusado de haber apoyado una protesta y dehaberse comunicado con medios de comunicaciónextranjeros. Durante los dos primeros meses estuvorecluido en régimen de incomunicación y aislamientoen la prisión de Ulaysha, donde quizá fuera torturado.Más tarde fue trasladado a la prisión de Al Hair, enRiad, donde se le permitió comunicarse con su familia. Rima bint Abdul Rahman al Jareesh, integrante dela Asociación Saudí de Derechos Civiles y Políticos, ySharifa al Saqaabi fueron detenidas junto a más deuna decena de personas cuando se manifestabanfrente al Ministerio del Interior el 3 de julio. Formabanparte de un grupo de casi 50 personas, entrehombres, mujeres y niños, que pedían un juicio justo ola libertad para familiares varones suyos que llevabanhasta 10 años, en algunos casos, recluidos sin cargosni juicio. Las personas detenidas quedaron en libertadtras haberse comprometido por escrito a no volver amanifestarse, pero Rima bint Abdul Rahman alJareesh y Sharifa al Saqaabi permanecieron dos díasrecluidas en una prisión de Qasim, al norte de Riad.Previamente habían firmado peticiones en favor dereformas.Cientos de musulmanes chiíes fueron detenidos araíz de protestas celebradas en la Provincia Oriental.La mayoría quedaron en libertad, pero algunoscontinuaron recluidos. El 3 y el 4 de marzo, a consecuencia de unasprotestas realizadas en la ciudad de Al Qatif contra lareclusión prolongada de varios presos chiíes, 24personas fueron detenidas, entre ellas Hussain alYousef y Hussain al Alq, colaboradores habituales deun sitio web chií que abordaba fundamentalmente losproblemas de esta minoría. La policía propinó patadasy golpes al menos a tres de los manifestantes. El 8 demarzo, los detenidos quedaron en libertad sin cargos,tras haberse comprometido por escrito a nomanifestarse nuevamente. Hussain al Yousef volvió aser detenido el 27 de marzo y permaneció recluidohasta el 18 de julio, cuando dijo que padecía un fuertedolor de espalda y casi no podía moverse.92 Informe 2012 Amnistía Internacional

Derechos de las mujeresLas mujeres siguieron sufriendo grave discriminaciónen la ley y en la práctica. Para viajar, aceptar trabajoremunerado, matricularse en centros de educaciónsuperior y casarse, necesitaban la autorización de untutor varón, y su testimonio tenía menos peso en untribunal que el de los hombres. Se estimaba que laviolencia intrafamiliar seguía siendo muy común.Las mujeres se unieron a las reivindicaciones enfavor de las reformas y se organizaron para defendersus derechos. Un grupo lanzó en Internet la campaña"Women 2 Drive" (Mujeres al volante), que instaba a lassaudíes con permiso internacional de conducción aempezar a conducir por las carreteras del país a partirdel 17 de junio. Según informes, decenas de mujeressiguieron la consigna, y algunas fueron detenidas yobligadas a comprometerse por escrito a dejar deconducir. Al menos dos se enfrentaban a juicio. Estacampaña se integró posteriormente en un movimientonuevo y más amplio en favor de los derechos de lasmujeres y con el lema de “Mi derecho, mi dignidad”.En septiembre, el rey anunció que a partir de 2015las mujeres podrían votar y presentarse comocandidatas en las elecciones municipales, únicoscomicios públicos del país, así como ser designadasmiembros del Consejo Consultivo. Manal al Sharif, asesora de seguridad informática,fue detenida el 22 de mayo, un día después de que lapolicía le diera el alto cuando conducía, acompañadade su hermano, en la ciudad de Al Jobar. Además,el 19 de mayo había publicado en el sitio web de“Mujeres al volante” un vídeo en el que se la veíaconduciendo. Quedó en libertad 10 días después. El 27 de septiembre, Shaimaa Jastaniyah fuecondenada en Yidda a recibir 10 latigazos por haberconducido un automóvil. La sentencia fue confirmadapor el mismo tribunal que la había dictado y, al finalizarel año, se estaba recurriendo.Derechos de las personas migrantesLos trabajadores y trabajadoras migrantes seguíansiendo víctimas de explotación y abuso a manos deempleadores privados y públicos, y sus posibilidadesde obtener reparaciones eran escasas o nulas. Entrelos abusos más extendidos figuraban la imposición delargas jornadas laborales, el impago de salarios y laviolencia, sobre todo contra trabajadoras domésticas.Las mujeres empleadas en el servicio doméstico quehuían de su patrocinador debido a los abusos deque eran objeto acababan con frecuencia en peorescondiciones en el mercado de trabajo ilegal.Excepcionalmente, en el caso de Sumiati bintiSalan Mustapa, empleada doméstica indonesia quehabía necesitado tratamiento hospitalario en 2010tras haber sufrido cortes, quemaduras y golpes,presuntamente a manos de su empleadora, ésta fuecondenada a cuatro meses de prisión en octubre,pero posteriormente quedó en libertad, habida cuentadel tiempo que llevaba ya recluida.Tortura y otros malos tratosSe recibieron nuevamente informes de tortura y otrosmalos tratos, reiterada forma de abuso que parecíaseguir utilizándose de manera habitual en losinterrogatorios para obtener “confesiones” de lossospechosos. Un chií detenido, cuya identidad no se reveló parapreservar su seguridad, explicó a AmnistíaInternacional que lo habían torturado durante 10 días,hasta acceder a firmar una “confesión”, con métodoscomo obligarlo a permanecer durante largos periodosde pie y con los brazos levantados, azotarlo con uncable eléctrico, golpearlo en la cara, la espalda y elestómago y amenazarlo con permitir que fuera violadopor otros presos.Penas crueles, inhumanas o degradantesLos tribunales imponían de manera habitual penas deflagelación, ya fuera como condena principal osuplementaria. Más de un centenar de hombres ymujeres fueron condenados a flagelación. En diciembre, el Tribunal Supremo confirmó lascondenas de seis hombres beduinos a “amputacióncruzada” de la mano derecha y el pie izquierdo por“asalto”. Los seis habían sido juzgados ante un tribunalde Riad en marzo de 2011 sin asistencia nirepresentación letradas. Según la informaciónrecibida, la condena había sido confirmada en octubrepor un tribunal de apelación. El 23 de diciembre, a Abdul Samad Ismail AbdullahHusawy, ciudadano nigeriano, le amputaron la manoderecha por robo en Riad.Pena de muerteEl número de ejecuciones registradas creciódrásticamente, hasta situarse al menos en 82, másdel triple de las registradas en 2010. Entre laspersonas ejecutadas figuraban al menos 5 mujeresAInforme 2012 Amnistía Internacional93

Ay 28 extranjeros. Había como mínimo 250 presoscondenados a muerte, en algunos casos por delitosno violentos, como apostasía y brujería. Muchos eranextranjeros, condenados por delitos relacionados condrogas en juicios manifiestamente injustos. Según informes, Ruwayti Beth Sabutti Sarona, denacionalidad indonesia, fue decapitada el 18 de juniotras haber sido declarada culpable del asesinato de suempleadora. Al parecer, no se notificó su ejecución conantelación ni a su familia ni al gobierno indonesio.Los hermanos Muhammad y Saud Jaber Shahbahal Jaid, de nacionalidad saudí, fueron ejecutadosel 30 de julio. Habían sido condenados a muerte porasesinato en 1998. En el juicio no habían tenidoacceso a un abogado y, según informes, Saud habíaconfesado bajo coacción, al detener las autoridades asu anciano padre para presionarlo. Al parecer, no seinformó a sus familias previamente de lasejecuciones. Abdul Hamid bin Hussain bin Moustafa al Fakki, denacionalidad sudanesa, fue decapitado en Medinael 19 de septiembre. Había sido detenido en 2005 y, acontinuación, acusado y declarado culpable debrujería por haber accedido, al parecer, a preparar unhechizo para un hombre que trabajaba para la policíareligiosa. Presuntamente había sido golpeado bajocustodia y obligado a “confesar” brujería. Segúninformes, no se avisó de antemano a su familia de laejecución ni se le permitió repatriar el cadávera Sudán.Informes y visitasde Amnistía Internacional El gobierno siguió prohibiendo a Amnistía Internacional visitar el país.Funcionarios de la embajada de Arabia Saudí en Reino Unido se reunieronen julio con representantes de Amnistía Internacional para protestar por lapublicación del anteproyecto de ley antiterrorista por la organización. Saudi Arabia: Repression in the name of security (MDE 23/016/2011) Oleada de ejecuciones en Arabia Saudí (MDE 23/025/2011) Proyecto de ley antiterrorista saudí impide las manifestacionespacíficas (PRE01/357/2011) El sitio web de Amnistía Internacional bloqueado en Arabia Saudí(PRE01/364/2011) Arabia Saudí ejecuta a un hombre acusado de “brujería”(PRE01/466/2011) La condena de flagelación para una mujer saudí por conducir un auto,“inconcebible” (PRE01/486/2011)ARGELIAREPÚBLICA ARGELINA DEMOCRÁTICA Y POPULARJefe del Estado:Abdelaziz ButeflikaJefe del gobierno:Ahmed UyahiyaPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:36 millonesEsperanza de vida:73,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 32,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:72,6 por cientoEl gobierno levantó el estado de excepción vigente entodo el país desde 1992, pero mantuvo severasrestricciones con respecto a la libertad de expresión,asociación y reunión, y a la práctica de credosreligiosos. Las fuerzas de seguridad hicieron usoexcesivo de la fuerza para disolver manifestaciones yen respuesta a disturbios, a consecuencia de lo cualvarias personas perdieron la vida. Las personasdetenidas continuaban expuestas a sufrir tortura yotros malos tratos. Las mujeres seguíandiscriminadas en la ley y en la práctica, y carecían deprotección adecuada contra la violencia de género,incluida la intrafamiliar. No se tomaron medidaspara abordar el legado de impunidad de los gravesabusos contra los derechos humanos cometidos en elpasado. Se siguieron dictando condenas a muerte,pero no hubo ejecuciones. Se registraron atentadosde grupos armados, con víctimas mortales entre lapoblación civil.Información generalTras manifestaciones masivas y algunos disturbiosocurridos en enero, siguieron celebrándose durantetodo el año protestas periódicas contra el aumento delprecio de los alimentos y otros artículos, el desempleo,las precarias condiciones de vivienda, la corrupciónoficial y la violencia ejercida por las fuerzas deseguridad. Muchas de ellas fueron convocadas por elgrupo Coordinación Nacional para el Cambio y laDemocracia, que aglutinaba a partidos de oposición,sindicatos y organizaciones de derechos humanos. Elgrupo en cuestión fue fundado en enero, tras la violentarepresión de las manifestaciones y disturbios por partede las fuerzas de seguridad, que se saldó con la muerte devarias personas y cientos de heridos y de detenidos.En respuesta a las reivindicaciones de losmanifestantes, las autoridades tomaron algunas94 Informe 2012 Amnistía Internacional

medidas, como rebajar provisionalmente losimpuestos sobre algunos alimentos básicos y levantaren febrero el estado de excepción vigente desde1992. En abril, el presidente Abdelaziz Buteflikaanunció reformas, como nuevas leyes que permitiríanelecciones libres y libertad de prensa, y ladesignación de un comité para modificar laConstitución. Al concluir el año aún no se habíanpuesto en marcha plenamente, y muchas de las leyesadoptadas a raíz de las reformas recibieron críticaspor no ir lo bastante lejos.El gobierno permitió la visita de los relatoresespeciales de la ONU sobre la libertad de expresión y elderecho a una vivienda adecuada, pero siguiórechazando las solicitudes que desde hacía tiempovenían presentando para visitar el país el relator especialde la ONU sobre la tortura y el Grupo de Trabajo de laONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias.Libertad de expresión, asociacióny reuniónEl gobierno continuó restringiendo la libertad deexpresión e impidiendo las concentraciones públicasno autorizadas. Las manifestaciones masivascelebradas en enero en Argel, Orán y otras ciudadesfueron disueltas violentamente por miles de policíasantidisturbios y otras fuerzas de seguridad, aconsecuencia de lo cual se registraron lesiones ymuertes. Durante las semanas siguientes, sedesplegaron miles de agentes de seguridad enprevisión de protestas convocadas en Argel y otrasciudades para el 12 de febrero. Asimismo, segúninformes, las autoridades bloquearon en algunaszonas el acceso a Facebook y Twitter para impedir laorganización y coordinación de protestas.Tras el levantamiento del estado de excepción el 24de febrero, se permitieron en todo el país, salvo Argel,las manifestaciones siempre que se contara con ladebida autorización, que, sin embargo, se denegabacon frecuencia. No obstante, se celebraronnumerosas manifestaciones no autorizadas tanto enArgel como en otros puntos del país. A menudo, lasfuerzas de seguridad las dispersaron utilizando gaslacrimógeno y agua a presión, y detuvieron amanifestantes. Algunos de los detenidos fueronacusados de “concentración ilegal no armada” y deagresión a las fuerzas de seguridad, y juzgados antetribunales penales, aunque la mayoría fueronabsueltos.En diciembre, el Parlamento aprobó una nueva leysobre los medios de comunicación que restringía lasactividades periodísticas en ámbitos como laseguridad del Estado, la soberanía nacional y losintereses económicos, y prescribía cuantiosas multasa quien incumpliese sus disposiciones.Se tuvo noticia de organizaciones de derechoshumanos que aseguraban que en ocasiones lasautoridades les habían denegado el permiso paracelebrar reuniones, así como de sindicalistas queafirmaban haber sido hostigados por las fuerzas deseguridad. Según informes, el gobierno se negó aautorizar nuevas asociaciones o partidos políticos, ycomunicó a los que solicitaron su autorización quedebían esperar hasta la aprobación de las nuevasleyes. En diciembre, el Parlamento aprobó una nuevaley sobre asociaciones que daba a las autoridadesamplios poderes para suspender o disolver ONG yrestringía aún más su registro legal y financiación.Seguridad y medidas antiterroristasSe produjeron atentados de grupos armados, sobretodo de la organización Al Qaeda en el MagrebIslámico, dirigidos principalmente contra instalacionesmilitares, aunque a consecuencia de ellos tambiénmurieron civiles. Según informes, las fuerzas deseguridad mataron a más de 100 presuntosmiembros de dicha organización y de otros gruposarmados islamistas, a menudo en circunstanciaspoco claras, lo que suscitó el temor de que algunosde ellos hubieran sido ejecutados extrajudicialmente. Según la información recibida, el atentadoperpetrado por Al Qaeda en el Magreb Islámico contraun cuartel militar de Cherchel el 26 de agosto provocóla muerte de 2 civiles y 16 soldados.En febrero, en virtud de un decreto presidencial,se concedía al ejército poderes para combatir elterrorismo, a la vez que se levantaba el estado deexcepción.También en febrero se promulgó un decretopresidencial que modificaba el Código deProcedimiento Penal y autorizaba a los jueces aremitir a los presuntos terroristas a “establecimientosseguros” situados en lugares secretos, para suconfinamiento allí durante meses seguidos, lo que enla práctica equivalía a aprobar la detención secretadurante periodos prolongados.Las personas detenidas como sospechosas dedelitos de terrorismo eran presuntamente torturadasAInforme 2012 Amnistía Internacional95

Ay sometidas a malos tratos mientras se encontrabanrecluidas en el Departamento de Información ySeguridad (inteligencia militar) y, en algunos casos,estaban sometidas a régimen de incomunicación, loque podía constituir desaparición forzada. El 18 de julio, Abdelhakim Chenoui y MalikMedjnoun, que llevaban recluidos sin juiciodesde 1999, fueron condenados a 12 años de prisiónen un juicio, al parecer sin las debidas garantías, en elque fueron declarados culpables del asesinato delcantante cabileño Lounès Matoub años atrás. Lacondena se basó en una “confesión” que AbdelhakimChenoui afirmó haber hecho bajo coacción y de la queposteriormente se retractó.Derechos de las mujeresLas mujeres seguían estando discriminadas en lalegislación y en la práctica. En particular, deconformidad con el Código de Familia de 2005, losderechos de las mujeres se subordinaban a los de loshombres en cuestiones relativas al matrimonio, eldivorcio, la custodia de los hijos y las herencias.En mayo, tras haber visitado Argelia en abril, larelatora especial de la ONU sobre la violencia contrala mujer aseguró que el gobierno había tomadomedidas positivas para promover los derechos de lasmujeres, pero instó a las autoridades a abordar laviolencia contra las mujeres en la familia, el acososexual y la estigmatización de las mujeres solteras ylas mujeres que vivían solas.En noviembre, la Asamblea Nacional aprobó unaley para incrementar la representación de las mujeresen el Parlamento, pero no adoptó las propuestasexistentes para establecer una cuota del 30 porciento en todas las circunscripciones y para que secolocara a mujeres en los primeros lugares de laslistas electorales. En junio y julio se tuvo noticia de que grupos dehombres jóvenes de la septentrional localidad de Msilahabían agredido a mujeres a las que acusaban deprostitución.Impunidad: desapariciones forzadasLas autoridades siguieron sin tomar medidas parainvestigar los miles de desapariciones forzadas y otrosgraves abusos perpetrados durante el conflictointerno de la década de 1990 y garantizar que losperpetradores rindieran cuentas. Continuaronaplicando la Carta para la Paz y la ReconciliaciónNacional (Ley 06-01), que otorgaba impunidad a lasfuerzas de seguridad, trataba como delito la críticapública de su conducta y amnistiaba a miembros degrupos armados responsables de flagrantes abusoscontra los derechos humanos. Se presionó a familiasde personas desaparecidas para que aceptarancertificados de carácter general, en los que se hacíaconstar la muerte de sus familiares sin especificar lafecha ni la causa, como requisito para pedirindemnizaciones. Las fuerzas de seguridaddisolvieron manifestaciones organizadas porfamiliares de desaparecidos.Libertad de religiónDe conformidad con la Ordenanza 06-03, queregulaba las confesiones religiosas distintas del islam,la religión oficial, los cristianos, incluidos losconversos, seguían siendo objeto de procedimientosjudiciales por celebrar actividades religiosas noautorizadas. Asimismo, en virtud de la legislaciónseguían encontrando obstáculos para construir omantener iglesias. En mayo, el gobernador de laprovincia de Bejaia, en el noreste del país, ordenó, encumplimiento de la ley, cerrar todas las iglesias. Laorden fue revocada por el ministro del Interior. El 25 de mayo un tribunal de Cité Yamal, en laciudad de Orán, condenó a Abdelkarim Siaghi,cristiano converso, a cinco años de prisión y al pago deuna cuantiosa multa tras haberlo declarado culpablede “ofender al profeta Mahoma” en un juicio injusto,según informes, en el que no se permitió a susabogados interrogar a los testigos. Al final del año, elcondenado seguía en libertad en espera de que seresolviera un recurso de apelación.Pena de muerteLos tribunales siguieron dictando condenas a muerte,principalmente contra personas juzgadas in absentiapor delitos de terrorismo. La última ejecución habíatenido lugar en 1993.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Argelia de febrero a marzo.96 Informe 2012 Amnistía Internacional

ARGENTINAREPÚBLICA ARGENTINAJefa de Estado y de gobierno: Cristina Fernández de KirchnerPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:40,8 millonesEsperanza de vida:75,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 14,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:97,7 por cientoLas investigaciones y los enjuiciamientos deviolaciones de derechos humanos cometidas durantelos años de gobierno militar experimentaron avancessignificativos. Los pueblos indígenas corrían peligrode ser desalojados de sus tierras tradicionales.El acceso al aborto legal siguió siendo difícil.Información generalLa presidenta Cristina Fernández fue reelegida enoctubre. El partido gobernante obtuvo el control deambas cámaras del Congreso para los siguientes dosaños.En abril se incorporó al Código Penal el delito dedesaparición forzada, siguiendo la recomendaciónformulada por la Comisión Interamericana deDerechos Humanos en el caso de Iván Eladio TorresMillacura, desaparecido en 2003.En octubre, Argentina ratificó el ProtocoloFacultativo del Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales.Tras su visita a Argentina en abril, la relatoraespecial de la ONU sobre el derecho a una viviendaadecuada expresó su preocupación por el crecientenúmero de desalojos violentos que afectaban a losresidentes de asentamientos informales, campesinose indígenas.Derechos de los pueblos indígenasLas comunidades indígenas seguían viviendo bajo laamenaza de desalojo, pese a la vigencia de unaprohibición total de desalojos hasta noviembrede 2013, mientras se llevaba a cabo un estudio deámbito nacional de los territorios indígenas. Trasvisitar Argentina en noviembre, el relator especial dela ONU sobre los pueblos indígenas expresópreocupación por el número de desalojos forzosos,por que no se hubiese implantado un sistema deprotección real del derecho a la tierra y por la falta deun mecanismo de consulta a las comunidades sobrelos proyectos que les afectaban. En mayo finalizaron cinco meses de protestas en elcentro de Buenos Aires cuando el gobierno nacional sereunió por fin con la comunidad indígena toba qom deLa Primavera, provincia de Formosa. El gobiernoaccedió a garantizar la seguridad de la comunidad y ainiciar un diálogo sobre los derechos a la tierra y otrosderechos de la comunidad. Sin embargo, la familia deldirigente comunitario Félix Díaz siguió siendo objeto deamenazas y hostigamiento. Se habían presentadocontra él cargos relacionados con la dispersiónviolenta, por parte de la policía, de un corte decarretera organizado por la comunidad en noviembrede 2010, en la que murieron dos hombres, uno de ellospolicía. En noviembre murió por disparos Cristian Ferreyra,dirigente de la comunidad indígena lule-vilela de SanAntonio, provincia de Santiago del Estero. Ferreyraparticipaba en la defensa de las tierras tradicionales dela comunidad frente a la deforestación y la expansiónde las plantaciones de soja. En agosto, un tribunal de la provincia de Tucumánordenó la suspensión de los intentos de desalojar a lacomunidad indígena quilmes de Colalao del Valle–sometida a amenazas continuas de desalojo– hastaque concluyeran las actuaciones para determinar lapropiedad de las tierras donde vivía la comunidad.Justicia e impunidadSe hicieron avances significativos para condenar a losresponsables de violaciones graves de derechoshumanos cometidas durante el gobierno militar(1976-1983). En octubre, el ex capitán de la Armada Alfredo Astizy otros 15 hombres fueron condenados a penas deentre 18 años de prisión y cadena perpetua por suparticipación en 86 crímenes de lesa humanidadcometidos en el centro de detención secreta de laEscuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA),en Buenos Aires. Durante el régimen militar, cientos depersonas estuvieron recluidas en la ESMA tras sersecuestradas; algunas murieron por torturas y otrasfueron arrojadas desde aviones. En abril, el ex general del ejército Reynaldo Bignoney el político y ex policía Luis Abelardo Patti fueroncondenados a cadena perpetua por varios casos deasesinato, secuestro y tortura cometidos en la localidadde Escobar durante la década de 1970.AInforme 2012 Amnistía Internacional97

A En mayo, ocho ex soldados fueron condenados acadena perpetua por la masacre de Margarita Belénde 1976, en la provincia del Chaco, en la que fuerontorturados y ejecutados 22 presos políticos. En mayo, los ex generales Luciano Benjamín Menéndezy Antonio Domingo Bussi, en tanto que oficiales al mando,fueron juzgados como partícipes necesarios en actos deviolencia de género cometidos contra mujeres recluidas enel centro de detención secreta de Villa Urquiza, en laprovincia de Tucumán, en la década de 1970, y por laviolación sexual agravada en grado reiterado de una mujerde 19 años. Antonio Domingo Bussi murió en noviembremientras estaba bajo arresto domiciliario.Tortura y otros malos tratosEn febrero se divulgaron unas imágenes tomadas conun teléfono móvil de la tortura en 2010 de dos presosa manos de unos guardias penitenciarios de la prisiónde San Felipe, en la provincia de Mendoza. Lospresos Matías Tello y Andrés Yacante, de cuyaimplicación en la divulgación de las imágenessospechaban los funcionarios penitenciarios,recibieron amenazas y fueron trasladados a la prisiónde Almafuerte, donde afirmaron haber sidotorturados. Al finalizar el año nadie habíacomparecido ante la justicia por estos actos.Derechos sexuales y reproductivosLas mujeres continuaron teniendo dificultades paraabortar legalmente. En abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONUadoptó una resolución contra Argentina por obstaculizarel acceso al aborto legal a una mujer de 19 años quesufría una discapacidad mental y que había sido violadapor su tío en 2006. El Comité concluyó que el hecho deque el Estado no garantizara el derecho de la mujer aponer fin al embarazo le había causado dolor físico ymoral, y ordenó a Argentina el pago de unaindemnización por daños y la adopción de medidas paraimpedir similares vulneraciones de derechos en el futuro.Uso excesivo de la fuerzaLa policía hizo uso excesivo de la fuerza durante laexpulsión, en julio, de 700 familias de unos terrenosprivados en Libertador San Martín, provincia de Jujuy.En los sucesos murieron 4 personas, un policía entreellas, y al menos 30 resultaron heridas. El policía almando de la operación fue destituido y el ministro deGobierno y Justicia de la provincia dimitió.ARMENIAREPÚBLICA DE ARMENIAJefe del Estado:Sergue SarkisianJefe del gobierno:Tigran SarkisianPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:3,1 millonesEsperanza de vida:74,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 21,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,5 por cientoSe levantó la prohibición de celebrar reunionespúblicas en la plaza central de la capital y se aprobóuna Ley de Reuniones en la que se habíanintroducido mejoras. Sin embargo, continuabanexistiendo motivos de preocupación en relación conel ejercicio en la práctica del derecho a la libertad dereunión pacífica. La tortura y otros malos tratos enlas comisarías también seguían suscitandopreocupación.Información generalEn febrero comenzaron a celebrarse protestas a granescala, encabezadas por el Congreso NacionalArmenio, en la oposición. En ellas se pedían reformasdemocráticas, así como la puesta en libertad de todoslos activistas de la oposición detenidos tras lasprotestas posteriores a las elecciones de 2008 y unanueva investigación sobre los enfrentamientos entrepolicías y manifestantes, en los que 10 personashabían muerto y más de 250 habían resultadoheridas. El 26 de mayo se decretó una amnistíageneral para todas las personas encarceladas enrelación con las protestas de 2008. El 20 de abril, elpresidente ordenó una nueva investigación sobre las10 muertes ocurridas durante esos sucesos, pero alfinalizar el año no se había procesado a nadie enrelación con ellas.Libertad de reuniónHubo varias mejoras en relación con la libertad dereunión. Se levantó la prohibición de celebrarreuniones públicas en la plaza de la Libertad deEreván, en donde no se había permitido celebrarmanifestaciones desde los enfrentamientos de marzode 2008.Sin embargo, persistieron los motivos depreocupación en este sentido. En mayo, el comisario de98 Informe 2012 Amnistía Internacional

Derechos Humanos del Consejo de Europa denuncióque existían impedimentos ilegítimosy desproporcionados para ejercer el derecho dereunión pacífica, como intimidación y detención departicipantes en reuniones, interrupción de losmedios de transporte y prohibiciones generalizadasde celebrar reuniones en determinados lugares.La Comisión Venecia del Consejo de Europaconsideró que la nueva Ley de Reuniones se ajustabaen gran medida a las normas internacionales, peroque seguía suscitando preocupación. En este sentido,la Comisión hizo hincapié en que la Ley prohibía deforma generalizada la organización de reuniones enun determinado radio de la residencia presidencial, laAsamblea Nacional y los tribunales; que los siete díasde antelación con que había que solicitar autorizaciónpara una protesta constituían un plazoinusitadamente largo, y que los artículos queprohibían las reuniones destinadas a subvertir elorden constitucional o incitar a la violencia o al odiopor motivos raciales, étnicos o religiosos erandemasiado generales.Tortura y otros malos tratosLa tortura y otros malos tratos seguían siendo motivode preocupación. En un informe publicado enfebrero, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre laDetención Arbitraria afirmó que muchos de losdetenidos y presos con los que se había entrevistadohabían sufrido golpes y malos tratos en comisarías. Lapolicía y los investigadores recurrían a los malos tratospara obtener confesiones, y los jueces y fiscales senegaban a menudo a admitir pruebas de malos tratosdurante las actuaciones judiciales.En agosto, el Comité Europeo para la Prevenciónde la Tortura informó de que había recibido unaconsiderable cantidad de denuncias creíbles demalos tratos, en algunos casos constitutivos detortura, infligidos por la policía durante las entrevistasiniciales.A lo largo del año se adoptaron medidas para lacreación de un mecanismo nacional de prevención–órgano independiente encargado de realizar visitas alugares de detención–, conforme a las obligacionescontraídas por Armenia en virtud del ProtocoloFacultativo de la Convención contra la Tortura. Paradesempeñar tal función se creó en la Oficina delDefensor de los Derechos Humanos el Consejo deExpertos para la Prevención de la Tortura,cuya composición y directrices se aprobaron trasdebatirlas con ONG y expertos. La selección de susintegrantes comenzó en octubre. El 9 de agosto, siete jóvenes activistas de laoposición detenidos tras un enfrentamiento con lapolicía denunciaron que habían sido golpeados ysometidos a malos tratos bajo custodia policial. Segúninformes, fueron golpeados y detenidos cuandointentaron intervenir al ver que unos agentes de policíaestaban registrando a un hombre. Los activistasdivulgaron en Internet imágenes que afirmaron habertomado con sus teléfonos móviles, en las que se veía aalgunos de ellos con lesiones en el rostro y la espalda.Los siete fueron acusados de vandalismo y agresión afuncionarios del Estado, pero posteriormente seisquedaron en libertad bajo fianza. Al concluir el año nose habían realizado investigaciones sobre lasdenuncias de malos tratos policiales.Presos de concienciaEn diciembre había 60 hombres cumpliendo penasde prisión por negarse a realizar el servicio militar pormotivos de conciencia. El servicio alternativo seguíaestando bajo control militar.AUSTRALIAAUSTRALIAJefa del Estado:reina Isabel II,representada por Quentin BryceJefa del gobierno:Julia GillardPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:22,6 millonesEsperanza de vida:81,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 5,1 por cada 1.000Australia continuó conculcando los derechos de lospueblos indígenas, al privar a las tierras aborígenesde servicios básicos. La política sobre refugiadosprimaba las prácticas disuasorias, pues establecía ladetención preceptiva e indefinida en lugares remotosde las personas solicitantes de asilo que llegaban enembarcaciones.AInforme 2012 Amnistía Internacional99

ADerechos de los pueblos indígenasEl gobierno continuó limitando los fondos paravivienda y servicios municipales tales como agua ysaneamiento destinados a los pueblos aborígenes quevivían en tierras ancestrales del Territorio del Norte yque, por lo tanto, se veían de hecho obligados aabandonarlas para poder acceder a servicios básicos.Estaba previsto que en diciembre se presentasen alParlamento federal las recomendaciones de un grupode expertos sobre el reconocimiento constitucional dela población indígena australiana.Sistema de justiciaA pesar de que los pueblos indígenas representabanaproximadamente el 2,5 por ciento de la población deAustralia, el índice de indígenas entre la poblaciónreclusa adulta ascendía al 26 por ciento. La mitad detodos los menores recluidos eran aborígenes. Uninforme sobre justicia y juventud aborigen elaboradopor un comité parlamentario y publicado en junioseñaló que la tasa de reclusión de indígenasentre 2000 y 2009 había aumentado enun 66 por ciento. En septiembre y octubre se impusieron multas a losempleados de una empresa de seguridad que noevitaron la muerte de Ward, un anciano aborigen quefalleció en 2008 en una furgoneta penitenciaria debidoa un golpe de calor.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEn julio, los gobiernos de Australia y Malaisiaalcanzaron un acuerdo para intercambiara 800 solicitantes de asilo que habían llegado aAustralia en embarcaciones por 4.000 refugiados(procedentes sobre todo de Myanmar) que seencontraban en Malaisia en espera de serreasentados. Un total de 42 personas solicitantes de asilo(fundamentalmente de Afganistán), entre las quehabía seis menores de edad no acompañados,impugnaron su traslado a Malaisia. En agosto, un fallohistórico del Tribunal Superior declaró nulo elintercambio con arreglo a la Ley sobre Inmigraciónaustraliana, que prohibía que Australia expulsase asolicitantes de asilo a países en los que no existíansuficientes garantías jurídicas para la protección de losrefugiados (véase el apartado sobre Malaisia).En noviembre había 5.733 personas en centros dedetención de inmigrantes, de las que 441 eranmenores de edad y el 38 por ciento llevaban másde 12 meses recluidas. En casi todos los centros dedetención se tuvo constancia de un aumento en elíndice de suicidios y autolesiones entre los migrantes,incluidos casos de niños de tan sólo nueve años. Enjulio, el defensor del Pueblo de la Commonwealthinició una investigación; al finalizar el año aún no seconocían los resultados.En septiembre, el gobierno presentó legislaciónque reforzaba la protección de las personas quehuían de abusos –como la mutilación genitalfemenina, los homicidios en nombre del “honor” y lapena de muerte– no incluidos en la Convención dela ONU sobre el Estatuto de los Refugiados.Violencia contra mujeres, niños y niñasEn febrero, el gobierno federal y los gobiernosestatales y territoriales refrendaron el Plan Nacionalde Reducción de la Violencia contra las Mujeresy sus Hijos.Escrutinio internacionalEn enero, Australia se sometió por primera vez alexamen periódico universal de la ONU, en el que seevaluó su historial en materia de derechos humanos.Australia acordó ratificar el Protocolo Facultativo de laConvención de la ONU contra la Tortura y estudiar laposibilidad de ratificar el Convenio sobre PueblosIndígenas y Tribales (Convenio 169 de laOrganización Internacional del Trabajo). Sin embargo,se negó a promulgar una Ley de Derechos Humanos,a poner fin a la detención preceptiva de solicitantesde asilo, a permitir el matrimonio entre personas delmismo sexo y a indemnizar a los indígenas a quieneshabían separado por la fuerza de sus familias en lainfancia.Informes y visitasde Amnistía Internacional El secretario general de Amnistía Internacional visitó Australiaen octubre. Australia: ‘The land holds us’. Aboriginal Peoples’ right to traditionalhomelands in the Northern Territory (ASA 12/002/2011)100 Informe 2012 Amnistía Internacional

AUSTRIAREPÚBLICA DE AUSTRIAJefe del Estado:Heinz FischerJefe del gobierno:Werner FaymannPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:8,4 millonesEsperanza de vida:80,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4,1 por cada 1.000Austria no introdujo el delito de tortura en lalegislación nacional. Los menores de edad corríanmás riesgo de ser recluidos en espera de su expulsión.Escrutinio internacionalEn enero se evaluó el historial de derechos humanosde Austria mediante el examen periódico universal dela ONU. El gobierno aceptó 131 de las 161recomendaciones formuladas y se comprometió aponerlas en práctica en consulta con la sociedad civil.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesEn noviembre, tras consultar con la sociedad civil,Austria aprobó una ley por la que se establecía unmecanismo nacional de prevención en el seno de laOficina del Defensor del Pueblo, conforme a lodispuesto en el Protocolo Facultativo de laConvención de la ONU contra la Tortura. Lasorganizaciones de la sociedad civil expresaron supreocupación con respecto a la plena independenciadel mecanismo.Al final del año seguían pendientes de aprobaciónreformas de la Ley de Policía de Seguridad queautorizaban la vigilancia policial de personas sincontrol judicial.Tortura y otros malos tratosAustria no introdujo el delito de tortura en su CódigoPenal, a pesar de las recomendaciones formuladasreiteradamente por el Comité de la ONU contra laTortura. El ciudadano gambiano Bakary J., torturado porcuatro agentes de policía tras su expulsión fallidaen 2006, aún no había recibido una reparación ycontinuaba expuesto a ser expulsado. Su denunciaante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos seguíapendiente de resolución. En enero, el agente de policía que en febrerode 2009 había herido al ciudadano estadounidenseMike B., maestro afroamericano, durante unaoperación policial encubierta en Viena fue condenadopor el Tribunal Penal Regional de Viena al pago de unamulta por causar lesiones corporales graves. El TribunalSupremo redujo la cuantía de la multa en septiembre.Policía y fuerzas de seguridadEn junio, el Tribunal Penal Regional de Vienacondenó a tres hombres a cadena perpetua y 19 y 16años de cárcel, respectivamente, por el homicidio delrefugiado checheno Umar Israilov el 13 de enerode 2009. El Tribunal Administrativo Independiente deViena desestimó una denuncia presentada contra lapolicía por no haber protegido a la víctima. Sendosrecursos interpuestos contra esta decisión ante elTribunal Constitucional y el Tribunal Administrativoseguían pendientes.RacismoSe siguieron conociendo casos de conducta indebidade la policía por motivos raciales hacia ciudadanosextranjeros y miembros de minorías étnicas. No seabordaron las deficiencias estructurales del sistemade justicia penal para dar respuesta a ladiscriminación, entre ellas la ausencia de un sistemaintegral de recogida de datos que permitiera elregistro y la evaluación de estos casos.Derechos de las personas migrantesy solicitantes de asiloAunque el gobierno no había suspendido oficialmentelas transferencias de solicitantes de asilo a Grecia enaplicación del Reglamento Dublín II, no volvió arealizar ninguna tras la sentencia del TribunalEuropeo de Derechos Humanos en lacausa M.S.S. v. Belgium and Greece(véanse los apartados sobre Bélgica y Grecia).En julio entró en vigor una reforma de la Leyde Extranjería por la que los extranjeros deentre 16 y 18 años corrían mayor peligro dedetención en espera de su expulsión. El Ministerio del Interior llevó a cabo unainvestigación interna a raíz de la muerte bajo custodiapolicial de Reza H. en Viena en julio de 2010.Solicitante de asilo afgano que a la sazón decía tener16 años, Reza H. había intentado suicidarse y murióunos meses después a consecuencia de las lesionesAInforme 2012 Amnistía Internacional101

Asufridas. El ministerio tomó medidas posteriormentepara mejorar el intercambio de información entre lasautoridades responsables del asilo y la policía deinmigración. Al término del año seguían pendientes lasinvestigaciones emprendidas por la Oficina delDefensor del Pueblo.AUTORIDADPALESTINAAUTORIDAD PALESTINAJefe de la Autoridad Palestina:Mahmud AbásJefe del gobierno:Salam FayadPena de muerte:retencionistaPoblación:4,2 millonesEsperanza de vida:72,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 29,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:94,6 por cientoEn Cisjordania, la Autoridad Palestina, controladapor Fatah, detuvo y recluyó arbitrariamente asimpatizantes de Hamás; en la Franja de Gaza, laadministración de facto de Hamás actuó de modosimilar con seguidores de Fatah. En ambosterritorios, las fuerzas de seguridad sometían conimpunidad a torturas y otros malos tratos a laspersonas detenidas; en Gaza se produjeron cuatromuertes bajo custodia. Tanto la Autoridad Palestinacomo Hamás restringieron la libertad de expresión yasociación, y sus fuerzas de seguridad hicieron usoexcesivo de la fuerza contra manifestantes. En Gazase condenó a muerte a no menos de 8 personas y sellevaron a cabo 3 ejecuciones. En Cisjordania nohubo ejecuciones, pero un hombre fue condenado amuerte. Continuó la crisis humanitaria que afectabaa los 1,6 millones de personas residentes en laFranja de Gaza, provocada por el permanentebloqueo militar por parte de Israel y las sancionesimpuestas por otros Estados a las autoridades defacto de Hamás.Información generalCisjordania, incluida Jerusalén Oriental, y la Franja deGaza continuaron bajo ocupación israelí, aunquesendas autoridades palestinas que no eran Estadodesempeñaban sus funciones con competenciaslimitadas: el gobierno de la Autoridad Palestina,controlado por Fatah, en Cisjordania, y laadministración de facto de Hamás en Gaza.En septiembre, el presidente palestino MahmudAbás solicitó a la ONU la aceptación de Palestinacomo Estado miembro de pleno derecho; alconcluir 2011 aún se estaba estudiando la solicitud.En octubre, la UNESCO admitió a Palestina comomiembro. Las negociaciones entre Israel y laAutoridad Palestina continuaron estancadas.Las negociaciones indirectas entre Israel y Hamásfructificaron en la liberación de Gilad Shalit, soldadoisraelí que permanecía cautivo en Gaza desde 2006.El 18 de octubre quedó en libertad a cambio de laexcarcelación escalonada de 1.027 palestinosrecluidos en Israel, aunque para dejar en libertad aalgunos de éstos se impuso la condición de que semarchasen al exilio.Continuaron las iniciativas, con Egipto comomediador, para lograr la reconciliación de la AutoridadPalestina y Hamás y la formación de un gobiernopalestino unificado. En mayo se firmó en El Cairo unacuerdo marco de unidad, pero no se puso enpráctica en 2011.A pesar de los ceses de hostilidades anunciados,en Gaza grupos armados palestinos lanzaron ataquesindiscriminados con cohetes y morteros contra Israel,y fuerzas israelíes llevaron a cabo ataques aéreosque, según afirmaron, iban dirigidos contrapalestinos que habían participado en ataques a Israel.Israel continuó controlando las fronteras, el espacioaéreo y las costas de Gaza, y mantuvo el bloqueomilitar vigente desde 2007, que afectaba gravementea la población del territorio, especialmente a losmenores de edad y a las personas en situación másvulnerable, y perpetuaba la crisis humanitaria. Enmayo, la reapertura del paso fronterizo de Rafah entreGaza y Egipto mejoró el acceso de los residentes almundo exterior, pero no las condicioneshumanitarias: Israel mantuvo las restricciones a laimportación de una amplia variedad de productos aGaza, lo que repercutió negativamente en laseguridad alimentaria, la salud y las infraestructuraslocales. En torno a 36 palestinos murieron en ataquesaéreos y accidentes en los túneles subterráneosutilizados para transportar clandestinamenteproductos de Egipto a Gaza.102 Informe 2012 Amnistía Internacional

En Cisjordania, Israel mantuvo las numerosasrestricciones impuestas a la circulación de palestinosy continuó mejorando y ampliando asentamientosisraelíes construidos en territorio palestino,vulnerando así el derecho internacional. Colonosjudíos atacaron y agredieron a palestinos ydestruyeron sus bienes casi con total impunidad. Enestos ataques murieron tres palestinos, incluidos dosmenores de edad, y otros resultaron heridos. Ochocolonos israelíes, cinco de ellos miembros de lamisma familia, murieron a manos de palestinos.Detención y reclusión arbitrariasEn Cisjordania, las fuerzas de seguridad de laAutoridad Palestina detuvieron y recluyeronarbitrariamente a centenares de presuntossimpatizantes de Hamás; la mayoría quedaronrecluidos sin acceso al debido proceso jurídico.A muchos de ellos los detuvieron en septiembre,cuando el presidente Abás visitó la ONUen Nueva York.En Gaza, las fuerzas de seguridad de Hamásdetuvieron y recluyeron arbitrariamente a centenaresde presuntos simpatizantes de Fatah, que en generalno tuvieron acceso a un abogado y, en algunos casos,fueron sometidos a malos tratos. La ComisiónIndependiente de Derechos Humanos, órgano devigilancia creado por la Autoridad Palestina, indicóque había recibido más de 1.000 denuncias dedetención arbitraria en Cisjordania y más de 700en Gaza.En Gaza, Hamás mantuvo la prohibición de que laComisión Independiente visitase centros de detencióngestionados por las fuerzas de Seguridad Interna. EnCisjordania, desde marzo hasta mayo, tras las críticasde la Comisión a los Servicios Generales deInteligencia, la Autoridad Palestina en Cisjordaniaprohibió el acceso de la Comisión a centros dedetención gestionados por este organismode seguridad. El 21 de septiembre, agentes de las fuerzas deSeguridad Preventiva de la Autoridad Palestinadetuvieron a Saed Yassin y registraron su casa enNablús sin presentar una orden de detención ni deregistro. Lo mantuvieron cinco días recluido enrégimen de aislamiento antes de llevarlo ante un juez.Acusado de “trabajar contra la Autoridad Palestina”,fue absuelto y quedó en libertad tras pasar 22 días bajocustodia. Sus interrogadores le dijeron que lo habíandetenido como medida preventiva en relación con lavisita del presidente Abás a la ONU. Tras recibir numerosas citaciones para serinterrogado durante 2011, el activista juvenilMohammed Matar fue detenido en Gaza por agentesde las fuerzas de Seguridad Interna el 14 de agosto. Sele negó el acceso a su familia y su abogado hasta quequedó en libertad el 16 de agosto. Lo interrogaron enrelación con un viaje que había hecho al extranjero y suparticipación en el movimiento en favor de la unidadpalestina.Tortura y otros malos tratosLas personas detenidas eran sometidas a tortura yotros malos tratos, especialmente por parte de lasfuerzas de Seguridad Preventiva y los ServiciosGenerales de Inteligencia en Cisjordania, y de lasfuerzas de Seguridad Interna en Gaza. Todos estoscuerpos de seguridad podían someter a los detenidosa abusos con impunidad. La Comisión Independientede Derechos Humanos señaló que había recibidomás de 120 denuncias de este tipo en Cisjordaniay más de 100 en Gaza. Entre los métodosdenunciados se incluían palizas, colgar a la víctimapor las muñecas o los tobillos, y obligarla apermanecer de pie o sentada en posturas dolorosas(shabeh) durante periodos prolongados. La Comisióntambién recibió denuncias de tortura y otros malostratos policiales a sospechosos: más de 50 enCisjordania y 100 en Gaza.En Gaza, cuatro hombres murieron bajo custodiaen circunstancias sospechosas. Según informes, Adel Razeq murió cuatro díasdespués de su detención, practicada el 14 de abril sinorden judicial. Las autoridades de Hamás sostuvieronque su muerte se debió al agravamiento de unaenfermedad; su familia afirmó que se encontraba biende salud cuando lo detuvieron. Según Hamás, lamuerte se estaba investigando, si bien los resultados dela investigación no se hicieron públicos.Sistema de justiciaEl 16 de enero, la Autoridad Palestina manifestó quesus fuerzas de seguridad respetarían el derechoprocesal civil y que los civiles ya no serían juzgadosante tribunales militares. En la práctica, sin embargo,las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestinacontinuaron haciendo caso omiso de las órdenesjudiciales de dejar en libertad a personas detenidas,AInforme 2012 Amnistía Internacional103

Ay se siguió juzgando a civiles ante tribunales militaresque carecían de independencia e imparcialidad.En Gaza, Hamás continuó juzgando a civiles antetribunales militares sin las debidas garantíasprocesales y siguió recurriendo a jueces y fiscales quecarecían de la cualificación, formación eindependencia necesarias, en vez de trabajar con losnombrados por la Autoridad Palestina.Libertad de expresión, asociacióny reuniónTanto la Autoridad Palestina como las autoridades deHamás mantuvieron los estrictos controles impuestosa la libertad de expresión, asociación y reunión.Hostigaron y procesaron a periodistas, blogueros yotras personas críticas, y en marzo hicieron usoexcesivo de la fuerza contra manifestantes quepedían la unidad nacional; decenas de personasfueron objeto de detención y reclusión arbitrarias.Además, impidieron que la organización islamistaHizb ut Tahrir celebrase reuniones y disolvieron por lafuerza sus concentraciones pacíficas. Tambiénrestringieron las actividades de otros partidos políticosy ONG. Los días 30 de enero y 2 y 5 de febrero, la policía ylas fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestinarespondieron con violencia a las manifestacionespacíficas de solidaridad con las protestas celebradasen otros lugares de la región y golpearon y detuvieron aparticipantes y a periodistas que intentaron informar deellas. En Cisjordania, el profesor universitario y escritorAbdul Sattar Qassim, de 62 años, fue detenido el 25 deagosto; un tribunal de Nablús lo había acusado deinstigación y difamación por acusar a la Universidad deAn Nayah de no cumplir la orden judicial de readmitir atres alumnos expulsados. Quedó en libertad cuatrodías después; al finalizar 2011 aún no había concluidosu juicio. El 15 de marzo, policías de Hamás uniformados yvestidos de civil hicieron uso excesivo de la fuerzacontra miles de manifestantes que se habíanconcentrado cerca de la ciudad de Gaza para pedir lareconciliación de Hamás y Fatah. Utilizaron palos yporras para golpear a los manifestantes, entre los quehabía mujeres, periodistas y activistas de los derechoshumanos. También echaron abajo tiendas montadaspor los manifestantes, confiscaron material utilizado porlos periodistas y detuvieron a decenas de personas.Violencia contra mujeres y niñasLas mujeres y las niñas seguían discriminadas en laley y en la práctica y continuaban sufriendo violenciade género –incluso asesinato– ejercida por familiaresvarones. Grupos de derechos humanos de Gazaconfirmaron que en diciembre una mujer fue víctimade homicidio en nombre del “honor”. En mayo, la policía identificó el cadáver de la jovende 20 años Ayat Ibrahim Baradiyya, asesinada por sutío en nombre del “honor” y arrojada a un pozo cercade Hebrón hacía más de un año. Ese mismo mes, enrespuesta a la indignación que suscitó el caso, elpresidente Abás derogó todas las disposicionesjurídicas que permitían reducir la pena a los hombrescondenados por asesinatos cometidos en nombredel “honor”.Pena de muerteTribunales penales y militares de Gaza condenaron amuerte al menos a 8 personas declaradas culpablesde “colaboración con Israel” u otros delitos. Al menos3 hombres fueron ejecutados: uno por fusilamientoel 4 de mayo, y los otros 2, padre e hijo, en la horcael 26 de julio. Todos habían sido condenados enjuicios sin las debidas garantías procesales.En Cisjordania, un tribunal militar condenó amuerte a un hombre por asesinato y otros delitos. Nose registraron ejecuciones.Abusos cometidos por grupos armadosGrupos armados palestinos vinculados a Fatah, laYihad Islámica y el Frente Popular de Liberación dePalestina lanzaron de forma indiscriminada cohetes yproyectiles de mortero contra el sur de Israel,matando a dos personas y poniendo en peligro la vidade otras. La magnitud de los ataques con cohetes fuemayor que en 2010, pero muy inferior a la registradadurante la operación “Plomo Fundido”, ofensivamilitar israelí lanzada en 2008-2009. Daniel Viflic, de 16 años, murió el 7 de abril cuandoun misil disparado desde Gaza impactó contra elautobús escolar en el que viajaba. El 14 de abril, unos islamistas secuestraron ymataron en Gaza al activista italiano Vittorio Arrigoni.Fuerzas de seguridad de Hamás mataron a dossospechosos durante una redada el 19 de abril; otroscuatro fueron imputados y estaban siendo juzgadosante un tribunal militar.104 Informe 2012 Amnistía Internacional

ImpunidadLas autoridades de Hamás no investigaron loscrímenes de guerra y posibles crímenes de lesahumanidad cometidos presuntamente por el alamilitar de Hamás y otros grupos armados palestinosen Gaza durante la operación “Plomo Fundido”.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Cisjordania en mayo y noviembrey Gaza en noviembre. The Palestinian bid for UN membership and statehood recognition(MDE 21/003/2011) Evaluación actualizada de las investigaciones israelíes y palestinassobre el conflicto de Gaza, realizada por Amnistía Internacional (MDE15/018/2011)AZERBAIYÁNREPÚBLICA DE AZERBAIYÁNJefe del Estado:Ilham AliyevJefe del gobierno:Artur RasizadePena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:9,3 millonesEsperanza de vida:70,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 33,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,5 por cientoLas protestas pacíficas estaban prohibidas y sedispersaban violentamente. Se encarceló a activistasde la oposición. Se reprimían las protestas y laexpresión de disidencia y se restringía la libertadde expresión, reunión y asociación.Información generalLa frustración creciente con el régimen autoritario ylos estrictos controles sobre quienes expresabanopiniones discrepantes dieron lugar a una serie deprotestas en marzo y abril. Cientos de personas sereunieron en Bakú, la capital, para reclamar reformasdemocráticas y mayor respeto a los derechoshumanos. El gobierno reprimió estas señalesincipientes de protesta popular con una nuevacampaña de represión e intimidación. Lasautoridades encarcelaron a activistas juveniles ysimpatizantes de la oposición relacionados con laorganización de las protestas e intensificaron el acosoa los grupos de la sociedad civil y los medios decomunicación que hablaban en su nombre.Presos de concienciaEl 26 de mayo, tras una presión internacionalconsiderable, Eynulla Fatullayev, que había cumplidola mitad de una condena de ocho años y medio decárcel por cargos falsos, fue excarcelado en virtud deun indulto presidencial. El 26 de diciembre, JabbarSavalan, activista juvenil de la oposición, quedó enlibertad tras recibir un indulto presidencial. Habíasido detenido el 5 de febrero, tras hacer el díaanterior un llamamiento a la protesta a través deInternet y difundir un artículo de crítica al gobierno. Alparecer fue golpeado bajo custodia policial para quefirmara una confesión falsa y condenado a más dedos años de cárcel sobre la base de acusacionesinventadas de posesión de estupefacientes.Sin embargo, continuaron en prisión 16 activistasy simpatizantes de la oposición encarcelados enrelación con las protestas de marzo y abril yconsiderados presos de conciencia. Tras las protestas, 13 activistas y miembros departidos políticos de oposición fueron declaradosculpables de “organizar disturbios públicos y participaren ellos” y condenados hasta a tres años de prisión. Enningún caso se presentaron pruebas de que hubieranparticipado en alguna actividad distinta del ejerciciolegítimo de sus derechos. Cuatro de los 13 fueronademás declarados culpables de actos concretos deviolencia presuntamente cometidos durante lasprotestas. El 31 de marzo, Shahin Hasanli, uno de losorganizadores de las protestas, fue detenido y acusadode posesión ilegal de balas de pistola. El 22 de juliofue declarado culpable y condenado a dos años decárcel. Los fiscales no presentaron en el juicio pruebasde que estuviera en posesión de un arma de fuego en elmomento de su detención. El 18 de mayo, Bakhtiyar Hajiyev, activista de laoposición que había hecho un llamamiento a la protestaen Internet el 11 de marzo, fue declarado culpable deeludir el servicio militar y condenado a dos años deprisión. Había sido detenido en tres ocasiones desde quese presentó a las elecciones parlamentarias de 2010, sibien sólo había recibido una tarjeta de reclutamientoválida cuando fue detenido por segunda vez.AInforme 2012 Amnistía Internacional105

A El 27 de agosto se condenó a Vidadi Isgandarov,defensor de los derechos humanos y ex candidatoal Parlamento, a tres años de cárcel por presuntaperturbación del desarrollo de las eleccionesparlamentarias de 2010. Volvieron a presentarsecargos en su contra el 2 de mayo, al término de sudetención por participar en las protestas de abril, trasretirársele inicialmente por falta de pruebas.Libertad de expresión: periodistasDurante las protestas fueron en aumento los actos deviolencia contra periodistas independientes y deoposición, a quienes se impidió realizar su trabajo.Al final del año no se había llevado a cabo ningunainvestigación efectiva sobre tales actos ni se habíaprocesado a nadie. El 2 de abril se detuvo a varios periodistas quecubrían la información sobre las protestasantigubernamentales. Denunciaron que losfuncionarios encargados de hacer cumplir la ley leshabían impedido tomar fotografías y entrevistar aparticipantes en las protestas. El 26 de marzo, según informes, seis enmascaradossecuestraron y golpearon a Seymur Haziyev, reporterodel periódico opositor Azadliq. Según informó, sussecuestradores le advirtieron que no publicara artículoscríticos con el presidente. El 3 de abril, según informes, otro periodista deAzadliq, Ramin Deko, fue secuestrado, agredido yadvertido también de que no publicara artículoscríticos con el presidente.Libertad de reuniónLa prohibición de las manifestaciones criminalizó enla práctica las protestas de marzo y abril y llevó alencarcelamiento de muchas de las personas que lasorganizaron y participaron en ellas. El 11 de marzo, la policía dispersó a unas 100personas que intentaban concentrarse en la capital,Bakú, y detuvo a 43. También detuvo y hostigó apersonas que intentaron difundir información sobre lasprotestas antes de su celebración. El 12 de marzo, la policía disolvió protestas pacíficasen las que participaban 300 personas en el centro deBakú. Detuvo a unas 100 personas, 30 de las cualesfueron condenadas a entre 5 y 8 días de cárcel enjuicios sumarios, que duraron de 10 a 15 minutos. El 2 de abril, la policía disolvió violentamente otraprotesta de la oposición en el centro de Bakú en la queparticipaban alrededor de un millar de personas,usando porras, escudos y fusiles para golpear y detenera los manifestantes. La protesta, inicialmente pacífica,degeneró en violencia cuando varios manifestantes seresistieron a la detención. Se detuvo a unas 174personas antes y después de la protesta: 60 fueronsometidas a detención administrativa por periodos deentre 5 y 10 días, y 4 de los organizadores fueroncondenados a hasta 3 años de cárcel.Libertad de asociaciónLas ONG que trabajaban en cuestiones de reformademocrática y derechos humanos sufrían cada vezmás presiones y hostigamiento. El 4 de marzo, las autoridades desalojaron de susinstalaciones sin ninguna explicación formal ni motivolegal aparente a tres ONG locales con sede en Ganja: elCentro de Seguimiento de las Elecciones y Estudiossobre Democracia, la Asociación Pública Demos y elCentro Regional de Información de Ganja. Las secciones en Bakú de dos organizacionesinternacionales –el Instituto Nacional Demócrata yHuman Rights House– se cerraron el 7 y el 10 demarzo, respectivamente, con el argumento de que nohabían cumplido los requisitos de inscripción en elregistro. El 11 de agosto destruyeron la oficina de Leyla Yunus,directora del Instituto para la Paz y la Democracia,quien días antes se había pronunciado en contra de losdesalojos forzosos respaldados por el gobiernoy la demolición de edificios en el centro de Bakú conmotivo de un proyecto de reconstrucción. La demoliciónde su oficina comenzó sin previo aviso y a pesar de unaorden judicial que prohibía todo intento de derribo delinmueble antes del 13 de septiembre de 2011.Tortura y otros malos tratosVarios activistas detenidos durante las protestas demarzo y abril o después de ellas denunciaron habersufrido malos tratos en el momento de su detención ycon posterioridad, cuando estuvieron bajo custodiapolicial. Al término del año no se habían realizadoinvestigaciones efectivas sobre ninguna de estasdenuncias. Bakhtiyar Hajiyev afirmó que había sufrido malostratos y recibido amenazas de violación mientrasestaba bajo custodia policial en marzo, pero susdenuncias se desestimaron sin una investigaciónefectiva.106 Informe 2012 Amnistía Internacional

Tural Abbasli, dirigente de las juventudes delopositor Partido Musavat, sostuvo que había recibidogolpes al ser detenido el 2 de abril, y también mientrasse encontraba bajo custodia en la comisaría de policíadel distrito de Yasamal, en Bakú. Al parecer, la policía golpeó con porras a TazakhanMiralamli, del opositor Partido del Frente Popular,mientras se lo llevaba detenido el 2 de abril. Tazakhanresultó herido de gravedad en el ojo izquierdo. Segúnsu relato, recibió más golpes en el Departamento dePolicía del distrito de Sabail antes de su traslado alhospital, donde, además de la lesión en el ojo, se lediagnosticó fractura de un dedo, problemas de riñóny lesiones extensas de tejidos blandos.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Azerbaiyán en marzo y noviembre. ‘Don’t let them be silenced’: Azerbaijani activists imprisoned forspeaking out (EUR 55/010/2011) The spring that never blossomed: Freedoms suppressed in Azerbaijan(EUR 55/011/2011)BAHAMASMANCOMUNIDAD DE LAS BAHAMASJefa del Estado:reina Isabel II,representada por Arthur Alexander FoulkesJefe del gobierno:Hubert Alexander IngrahamPena de muerte:retencionistaPoblación:0,3 millonesEsperanza de vida:75,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 12,4 por cada 1.000Suscitó preocupación el trato infligido a las personasmigrantes haitianas. Se denunciaron casos de malostratos policiales. Se aprobó una nueva ley queregulaba la pena de muerte; no se llevaron a caboejecuciones.Información generalBahamas sufrió en 2011 un aumento continuado dela delincuencia violenta, que alcanzó la cifra históricade 127 homicidios conocidos durante el año, lo quesuponía un incremento del 35 por ciento respectoa 2010. En noviembre, el Parlamento aprobó nuevasleyes con el propósito manifiesto de mejorar elsistema de justicia penal. Un estudio oficial mostróque sólo el 5 por ciento de las muertes violentasocurridas entre 2005 y 2009 habían desembocado enuna condena por asesinato u homicidio.En junio, las autoridades respaldaron públicamentela resolución del Consejo de Derechos Humanos de laONU que condenaba la discriminación basada en laorientación sexual.Policía y fuerzas de seguridadDurante el año murió al menos una persona a manosde la policía en circunstancias no aclaradas.Hubo informes de malos tratos y de uso excesivode la fuerza a manos de la policía durante arrestos ydetenciones. El 12 de octubre, varios policías golpearon a SamuelDarling delante de su casa y lo detuvieronarbitrariamente. Cuando su esposa, que presenció lapaliza y la detención, acudió a la comisaría máscercana con su hijo de 8 años para denunciar el abuso,fue detenida y acusada de alteración del orden. Lafamilia presentó una denuncia formal y al finalizar elaño esperaba las conclusiones de una investigaciónpolicial.Pena de muerteHabía al menos cinco personas condenadas amuerte. Cuatro de ellas habían pasado más de cincoaños en espera de ser ejecutadas. Sus penas podíanser conmutadas en virtud de una sentencia de 1993del Comité Judicial del Consejo Privado de la Reina,máximo tribunal de apelación del país, con sede enReino Unido, según la cual la ejecución de unapersona cinco años después de ser condenada amuerte constituía una pena inhumana y degradante.En el contexto de un debate en curso sobreseguridad pública, las autoridades presentaron laretención de la pena capital como una medida paradisuadir de la delincuencia. En noviembre se aprobóuna ley que imponía la pena de muerte preceptiva yla “prisión por la totalidad de los años restantes de lavida de la persona condenada” para ciertascategorías de asesinato.Violencia contra las mujeresAl finalizar 2011 no se había votado aún un proyectode ley presentado ante el Parlamento en 2009 queBInforme 2012 Amnistía Internacional107

Bpenalizaba la violación conyugal. En octubre, laministra de Estado para el Desarrollo Social declarópúblicamente que el gobierno “no tiene intención devolver a presentar” el proyecto de ley antes de laselecciones generales, previstas para mayo de 2012.Según cifras policiales, entre enero y agosto fueronasesinadas 13 mujeres. La cifra más elevadaregistrada con anterioridad fue la de 2009, año enque fueron asesinadas 10 mujeres.Personas refugiadas y migrantesBahamas no atendió los llamamientos de dosagencias de la ONU pidiendo la suspensión pormotivos humanitarios de las devoluciones denacionales haitianos tras el terremoto de Haitíde 2010.Según las estadísticas del Departamento deInmigración, en 2011 fueron repatriados 2.392haitianos, lo que suponía el 72 por ciento de todas lasrepatriaciones llevadas a cabo en Bahamas duranteel año. Hubo informes sobre el uso de la violenciadurante detenciones de migrantes en situaciónirregular.BAHRÉINREINO DE BAHRÉINJefe del Estado:rey Hamad bin Isa al JalifaJefe del gobierno:Shaij Jalifa bin Salman al JalifaPena de muerte:retencionistaPoblación:1,3 millonesEsperanza de vida:75,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 12,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:91,4 por cientoBahréin sufrió una grave crisis de derechos humanosen la que al menos 47 personas perdieron la vida,incluidos 5 miembros de las fuerzas de seguridady 5 personas que murieron bajo custodia a causa detorturas. Las fuerzas de seguridad hicieron usoexcesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficosy detuvieron a centenares, que en algunos casosfueron considerados presos de conciencia. Muchasde las personas detenidas sufrieron torturas y otrosmalos tratos. Se sometió a juicio sin las debidasgarantías y ante tribunales militares a centenares deciviles, y destacados activistas de la oposición fueroncondenados a penas de hasta cadena perpetua.A personas que se manifestaron contra el gobierno,entre ellas estudiantes, las despidieron de susempleos o las expulsaron de la universidad. El reynombró una comisión de investigaciónindependiente, integrada por expertosinternacionales, que confirmó las graves violacionesde derechos humanos cometidas y pidióinvestigaciones independientes, rendición decuentas y otras reformas. Se condenó a muertea 5 personas; a 2 de ellas les conmutaron la penatras presentar un recurso. No hubo ejecuciones.Información generalEl 14 de febrero se iniciaron protestas masivas enfavor de reformas. La mayor parte de losmanifestantes pertenecían a la comunidad chií,mayoritaria, que se consideraba discriminada por laminoría suní gobernante. Las protestas seconcentraron en la plaza de la Perla de la capital,Manama, en donde se levantó un campamento deprotesta. El 17 de febrero, la policía y otras fuerzas deseguridad dispersaron a los manifestantes haciendouso excesivo de la fuerza. Dos días después, losmanifestantes levantaron de nuevo el campamento eintensificaron sus demandas de cambio. El 23 defebrero, el rey indultó a 23 destacados activistas de laoposición que se hallaban recluidos desde agostode 2010 y a otros más de 200 presos y detenidos.Según informes, un grupo reducido demanifestantes antigubernamentales atacó el 13 demarzo a trabajadores migrantes asiáticos en Manama,causando la muerte de dos y heridas a otros. El 15 demarzo, al continuar las manifestaciones y protestas, elrey declaró el estado de excepción durante tresmeses. Un día antes habían llegado al país en tornoa 1.200 soldados saudíes en vehículos blindadospara servir de refuerzo a las fuerzas de seguridadbahreiníes. A finales de marzo se habían aplastadolas principales protestas, aunque durante el resto delaño siguieron registrándose manifestacionesesporádicas en localidades predominantementechiíes. El rey levantó el estado de excepciónel 1 de junio.A finales de junio, el rey nombró la ComisiónIndependiente de Investigación de Bahréin, integradapor cinco expertos internacionales en cuestiones108 Informe 2012 Amnistía Internacional

jurídicas y de derechos humanos. Encargada deinvestigar las presuntas violaciones de derechoshumanos cometidas en relación con las protestas, laComisión presentó un informe al monarca el 23 denoviembre. El gobierno también inició un “diálogonacional” con la oposición parlamentaria, empresas,representantes de ONG y otros actores; sin embargo,el principal partido político chií de la oposición, AlWefaq, cuyos 18 miembros del Parlamento habíandimitido en febrero en protesta por la brutalidadpolicial, se retiró de las conversaciones a las dossemanas tras denunciar que las condicionesimpuestas eran inaceptables.Uso excesivo de la fuerzaDos personas murieron a consecuencia de laviolencia injustificada desplegada por las fuerzas deseguridad en respuesta a las protestas pacíficasdel 14 y 15 de febrero. El 17 de ese mes, policíaantidisturbios y otras fuerzas de seguridaddestruyeron el campamento de protesta levantado enla plaza de la Perla. Utilizaron gas lacrimógeno,golpearon a la gente con porras y dispararon aquemarropa con escopetas y balas de goma contralos manifestantes; cinco personas murieron y muchasotras resultaron heridas. Las fuerzas de seguridadtambién pusieron obstáculos y agredieron a personalmédico que intentaba socorrer a los heridos.El 16 de marzo, las fuerzas de seguridad lanzaronuna ofensiva coordinada. Respaldadas por tanques yhelicópteros, irrumpieron en la plaza de la Perla y lazona del Puerto Financiero y desalojaron a losmanifestantes utilizando escopetas, balas de goma ygas lacrimógeno, con lo que causaron muertos yheridos entre ellos. También tomaron el control delcomplejo médico de Salmaniya, el más importante deManama, y detuvieron a médicos y otrosprofesionales de la salud, a quienes acusaron deapoyar a los manifestantes. En respuesta a laspersistentes protestas organizadas en localidadespredominantemente chiíes, las fuerzas de seguridadactuaron en ocasiones haciendo un uso excesivo dela fuerza. Al finalizar el año, al menos 47 personashabían muerto en las protestas, incluidos 5 policías. Ali Abdulhadi Mushaima murió tras recibir variosdisparos en una manifestación celebrada el 14 defebrero en la localidad de Al Daih, al oeste de Manama.Alrededor de 10.000 personas que participaron en elcortejo fúnebre al día siguiente fueron atacadas sinprevio aviso por policías antidisturbios, que utilizarongas lacrimógeno y escopetas; Fadhel Ali Matrook murióabatido por disparos. Isa Abdulhassan, de 60 años, murió el 17 de febrerode un disparo en la cabeza realizado a quemarropacuando las fuerzas de seguridad irrumpieron en elcampamento de protesta de la plaza de la Perla. Ahmed al Jaber al Qatan, de 16 años, murió el 6 deoctubre en el hospital tras ser alcanzado porperdigones de escopeta durante una protesta en lalocalidad de Abu Saeiba. La policía antidisturbios habíautilizado escopetas y granadas ensordecedoras paradispersar a los manifestantes. El gobierno afirmó quehabía abierto una investigación sobre su muerte, peroal concluir el año no se había hecho público elresultado.Detención y reclusión arbitrariasMás de 1.000 personas fueron detenidas en relacióncon las protestas; en algunos casos se tratabade musulmanes suníes, pero la inmensa mayoría eranmusulmanes chiíes. La mayor parte de lasdetenciones se practicaron en marzo y abril, enmuchas ocasiones de madrugada y en la propia casade la persona. A menudo las llevaban a cabomiembros de las fuerzas de seguridad armados yenmascarados, que no presentaban órdenes dedetención y con frecuencia agredían a los detenidosy, en ocasiones, a los familiares. Por lo general, éstoseran conducidos a lugares no revelados, dondequedaban recluidos en régimen de incomunicacióndurante periodos que se prolongaban hasta variassemanas; allí eran interrogados y, en muchos casos,sometidos al parecer a tortura y otros malos tratos.A menudo se desconocía su paradero hasta quecomenzaba su juicio. El 17 de marzo, Ebrahim Sharif, secretario generalde la Sociedad de Acción Democrática Nacional(Waad), grupo político laico de oposición, fue sacadode su casa, en Manama, por agentes de seguridadarmados y enmascarados, que se negaron a presentaruna orden de detención cuando se les pidió. Lollevaron a un lugar no revelado, y pasaron semanashasta que su familia y abogado pudieron ponerse encontacto con él.Juicios injustosSe procesó a centenares de personas, incluidosactivistas políticos de la oposición, profesionalesBInforme 2012 Amnistía Internacional109

Bmédicos, profesores, estudiantes y activistas de losderechos humanos, por delitos presuntamentecometidos en relación con las protestas. Muchas deellas fueron sometidas a juicios a todas luces injustosante un tribunal militar especial –el Tribunal deSeguridad Nacional– creado en virtud del estado deexcepción. Entre las personas declaradas culpables ycondenadas a prisión había presos de conciencia.Según la Comisión Independiente de Investigación deBahréin, alrededor de 300 personas fuerondeclaradas culpables de cargos relacionados con elejercicio de la libertad de expresión. Otras fueroncondenadas a pesar de haberse retractado de sus“confesiones”, que denunciaron haber hecho bajotortura, y sin que el Tribunal investigara estasdenuncias. En algunos casos, el Tribunal deSeguridad Nacional denegó las solicitudes de ladefensa de llamar a testigos, y en muchas ocasionesno se permitió a los abogados defensores acceder asus clientes hasta que comenzó el juicio, por lo queno tuvieron tiempo suficiente para preparar sudefensa. En un primer momento, los recursospresentados contra las sentencias del Tribunal deSeguridad Nacional fueron oídos por el Tribunalde Seguridad Nacional de Apelación, que adolecía dedeficiencias similares.El 29 de junio, tras las numerosas críticas vertidascontra el Tribunal de Seguridad Nacional, el reydecretó que todas las causas pendientes ante elTribunal y relacionadas con las protestas de febrero ymarzo fuesen transferidas a tribunales civiles. El18 de agosto decretó que se continuasen juzgandoante aquél los delitos graves, si bien todos losrecursos contra sus sentencias debían presentarseante un tribunal civil, incluso en el caso de las que yahubieran sido confirmadas por el Tribunal deSeguridad Nacional de Apelación. En septiembre, untribunal militar condenó a 20 profesionales de lasalud a penas de hasta 15 años de prisión por cargostales como ocupación de un hospital estatal, posesiónde armas y robo de medicamentos. Antes de terminarel año se presentaron recursos ante un tribunal civil.A comienzos de octubre, todas las causas sehabían remitido a tribunales civiles, y el Tribunal deSeguridad Nacional ya había dejado de funcionar. Abdel Jalil al Singace, Hassan Mshaima y otros 19destacados activistas de la oposición, 7 de ellosjuzgados in absentia, fueron declarados culpables decargos como “establecer grupos terroristas paraderrocar el régimen real y cambiar la Constitución” enun juicio sin las debidas garantías ante el Tribunal deSeguridad Nacional que concluyó el 22 de junio. Ochode ellos, incluidos Abdel Jalil al Singace y HassanMshaima, fueron condenados a cadena perpetua, y losdemás, a periodos de prisión más breves. A la mayoríalos habían detenido en redadas llevadas a cabo demadrugada; los habían tenido recluidos en régimen deincomunicación durante largos periodos en los que,según denunciaron, fueron torturados y obligados afirmar “confesiones”, y no les habían permitido másque un acceso mínimo a abogados antes decomparecer ante el tribunal. Fueron declaradosculpables a pesar de que, según informes, el fiscal nopresentó pruebas de cargo sólidas. Al parecer, lamayoría fueron procesados por pedir el fin de lamonarquía y el establecimiento de una república. Nohabía indicios de que hubiesen recurrido o incitado a laviolencia, por lo que parecían ser presos de conciencia.El 28 de septiembre, el Tribunal de Seguridad Nacionalde Apelación confirmó las condenas impuestas alos 21, que continuaron encarcelados en espera delfallo del Tribunal de Casación sobre sus recursos.Tortura y otros malos tratosA muchas de las personas detenidas en marzo y abrillas llevaron a comisarías de policía y al Departamentode Investigación Criminal, en Manama, en dondeestuvieron recluidas en régimen de incomunicación yfueron interrogadas por miembros de la Agencia deSeguridad Nacional y otras fuerzas de seguridad. Ungran número de personas denunciaron que lashabían obligado a permanecer de pie durante largosperiodos y habían sufrido golpes, descargaseléctricas, privación del sueño y amenazas deviolación. Muchas afirmaron haber pasado semanasrecluidas en régimen de incomunicación tras finalizarsu interrogatorio.Las autoridades no llevaron a cabo investigacionesindependientes sobre casi ninguna de estasdenuncias. El Tribunal de Seguridad Nacionaltampoco investigó adecuadamente las denuncias detortura durante la prisión preventiva formuladas porlos acusados, y aceptó “confesiones” controvertidascomo pruebas inculpatorias. Sin embargo, ennoviembre, poco antes de la presentación del informede la Comisión Independiente de Investigación deBahréin y anticipándose a sus conclusiones, elgobierno anunció que modificaría el Código Penal110 Informe 2012 Amnistía Internacional

para tipificar la tortura como delito y que se estabaprocesando a 20 miembros de las fuerzas deseguridad en relación con denuncias de torturas adetenidos, muertes bajo custodia como consecuenciade malos tratos y homicidios ilegítimos de civiles. Alconcluir el año no se había dado a conocerinformación completa sobre estos procesamientos. Aayat Alqormozi, estudiante que había recitadopoemas durante las protestas de febrero, fue detenidacuando se presentó ante las autoridades el 30 demarzo; miembros de las fuerzas de seguridadenmascarados habían registrado la casa de sus padres endos ocasiones y habían amenazado con matar a sushermanos si no se entregaba. Pasó los primeros 15días recluida en régimen de incomunicación, y, segúncontó, durante ese tiempo le propinaron patadas ypuñetazos, le aplicaron descargas eléctricas en elrostro, la obligaron a permanecer de pie durante horas,la insultaron y amenazaron con violarla. El 12 de junio,el Tribunal de Seguridad Nacional la condenó a un añode cárcel tras declararla culpable de participación enprotestas ilegales, alteración de la seguridad pública eincitación al odio al régimen. Quedó en libertadcondicional el 13 de julio tras comprometerse a noparticipar en protestas ni criticar al gobierno. Su causafue remitida al Tribunal Penal Superior de Apelación,que el 21 de noviembre dictó su suspensión sin aclararla situación jurídica de Aayat Alqormozi. Al finalizar elaño ésta quedó en libertad, pero no se le permitióreanudar sus estudios en la Universidad de Bahréin.Muertes bajo custodiaCinco hombres detenidos en relación con lasprotestas murieron bajo custodia a consecuencia detorturas. Se creía que los autores de las torturas seencontraban entre los 20 agentes de seguridad queestaban siendo juzgados al final del año. Hassan Jassem Mohammad Mekki fue detenido ensu casa en la madrugada del 28 de marzo. Seis díasdespués se pidió a sus familiares que acudiesen aldepósito de cadáveres para identificar su cuerpo, que,según contaron, mostraba marcas y hematomas en lacabeza, el cuello y las piernas, que parecían haber sidocausados por golpes. Oficialmente, su muerte seatribuyó a una insuficiencia cardiaca, pero no se teníaconstancia de que se le hubiese practicado unaautopsia. La Comisión Independiente de Investigaciónde Bahréin concluyó que había fallecido aconsecuencia de los malos tratos sufridos bajo custodia. Ali Issa Ibrahim al Saqer murió bajo custodia el 9 deabril, pocos días después de ser citado por la policíapara interrogarlo sobre el homicidio de un agente depolicía durante las protestas de marzo. El Ministerio delInterior afirmó que había muerto mientras la policía loinmovilizaba. No se tuvo constancia de que se lehubiera practicado la autopsia. Al parecer, su cadáverpresentaba marcas que apuntaban a que había sufridotorturas. La Comisión Independiente de Investigaciónde Bahréin concluyó que su muerte se debió a losmalos tratos sufridos bajo custodia.Despidos de manifestantesMás de 2.000 personas que trabajaban en el sectorpúblico y más de 2.400 pertenecientes al sectorprivado fueron despedidas de sus empleos porparticipar en las manifestaciones o apoyarlas. Entreellas había profesorado universitario y de otros niveleseducativos y personal médico y de enfermería. Encasi todos los casos se trataba de musulmanes chiíes.A finales de noviembre, la Comisión Independiente deInvestigación de Bahréin informó de que 1.682empleados del sector público despedidos se habíanreincorporado a sus puestos.Pena de muerteEl Tribunal de Seguridad Nacional condenó a cincopersonas a muerte tras declararlas culpables dehomicidios cometidos durante las protestas. ElTribunal de Seguridad Nacional de Apelaciónconfirmó dos de las condenas y conmutó otras dos; laquinta causa estaba en la fase de apelación al finaldel año. Se trataba de los primeros ciudadanosbahreiníes condenados a muerte en más de 10 años.Seguía en espera de ejecución un ciudadanoextranjero condenado a muerte en 2010. No huboejecuciones. Ali Abdullah Hassan al Sankis y AbdulazizAbdulridha Ibrahim Hussain fueron condenados amuerte el 28 de abril por el Tribunal de SeguridadNacional, que los declaró culpables de matar a dospolicías durante las protestas de marzo. El Tribunal deSeguridad Nacional de Apelación confirmó lascondenas el 22 de mayo. El fallo del Tribunal deCasación sobre sus causas estaba previsto para enerode 2012. Su abogado solicitó que se celebrase unnuevo juicio alegando que el tribunal no habíainvestigado sus denuncias de tortura y que había sidoun tribunal militar de apelación el que habíaBInforme 2012 Amnistía Internacional111

Bconfirmado las condenas en un juicio sin las debidasgarantías.Comisión Independiente de Investigaciónde BahréinEn el sólido informe que hizo público el 23 denoviembre, la Comisión Independiente deInvestigación de Bahréin afirmó que había examinadomás de 8.000 denuncias, entrevistado a másde 5.000 personas, incluidos hombres y mujeres bajocustodia, y visitado varios centros de detención yprisiones, así como el complejo médico de Salmaniyaen Manama. Confirmó que muchas personasdetenidas habían sido torturadas por agentes deseguridad que consideraban que podían actuar conimpunidad; que la policía y otras fuerzas deseguridad habían hecho un uso reiterado de fuerzaexcesiva contra manifestantes, con los consiguienteshomicidios ilegítimos, y que las actuaciones judicialesante el Tribunal de Seguridad Nacional habíanadolecido de graves deficiencias. Entre otrasrecomendaciones, la Comisión pidió que todas lasdenuncias de tortura fuesen objeto de unainvestigación independiente, que se exigieseresponsabilidad penal a todos los autores de abusos,al margen de su rango, y que quedasen en libertadtodas las personas encarceladas a causa de suejercicio legítimo de la libertad de expresión. El reyy el gobierno se comprometieron a poner en prácticalas recomendaciones de la Comisión.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEl 2 de febrero, tras recibir quejas de vecinos por elruido, la policía detuvo a no menos de 200 hombresal irrumpir en una fiesta en Al Muharraq en la que secreía que participaban hombres homosexuales. Lamayoría de los detenidos quedaron en libertad sincargos, pero 50 fueron procesados, 30 de ellospor cargos de prostitución y otros actos ilícitos. Enmarzo fueron condenados a penas de hasta seismeses de prisión. El Tribunal Penal Superior deApelación confirmó las condenas en diciembre; porentonces todos habían quedado ya en libertad.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Bahréin en febrero, abril y noviembre pararealizar labores de investigación y mantener reuniones con el gobierno. Unperito médico participó en la visita de febrero, y un experto en actuaciónpolicial, en la de abril. En noviembre, una delegación de AmnistíaInternacional se encontraba entre los presentes cuando la ComisiónIndependiente de Investigación de Bahréin entregó su informe al rey. Crackdown in Bahrain: Human rights at the crossroads(MDE 11/001/2011) Sangrando pero incólumes: Violencia estatal injustificada contramanifestantes bahreiníes (MDE 11/009/2011) Bahrain: A human rights crisis (MDE 11/019/2011) Bahrain: Protecting human rights after the protests – AmnestyInternational submission to the UN Universal Periodic Review, May-June2012 (MDE 11/066/2011)BANGLADESHREPÚBLICA POPULAR DE BANGLADESHJefe del Estado:Zillur RahmanJefa del gobierno:Sheij HasinaPena de muerte:retencionistaPoblación:150,5 millonesEsperanza de vida:68,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 52 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:55,9 por cientoContinuaron las ejecuciones extrajudiciales, a pesar delcompromiso del gobierno de ponerles fin. No se llevarona cabo investigaciones independientes sobre losmiembros del Batallón de Acción Rápida sospechosos dehaber cometido más de 54 homicidios ilegítimos a lolargo del año ni se procesó a ninguno de ellos. El gobiernono puso en práctica su nueva política de apoyo a lasmujeres víctimas de violencia. Se introdujeronmodificaciones en las normas reguladoras del Tribunal deCrímenes Internacionales bangladeshí, que redujeron,pero no eliminaron, el riesgo de que las personasacusadas de perpetrar crímenes de guerra en 1971fuesen juzgadas sin las debidas garantías. El gobierno nogarantizó el derecho a los medios de vida y a la tierra delos pueblos indígenas que vivían en Chittagong HillTracts. Se impusieron más de 49 condenas a muerte y sellevaron a cabo al menos 5 ejecuciones.Información generalEn junio, el Parlamento aprobó la 15 enmienda a laConstitución, que eliminaba las disposiciones que112 Informe 2012 Amnistía Internacional

permitían la celebración de elecciones organizadaspor un gobierno de transición que no representase aningún partido. También prohibía que las fuerzasarmadas asumiesen el poder del Estado. Ese mismomes, el Banco Mundial anunció que Bangladeshhabía reducido los índices de pobreza y mejorado elnivel de vida. Sin embargo, más del 35 por ciento dela población rural y el 21 por ciento de la poblaciónurbana vivían bajo el umbral de la pobreza. Ennoviembre, el gobierno aprobó la Ley de Devoluciónde las Propiedades Adquiridas (Enmienda). La nuevaley ponía fin a las violaciones de los derechoseconómicos, sociales y culturales de los hindúesautorizadas legalmente, al permitirles reclamarpropiedades que les habían arrebatado con arreglo ala Ley sobre Propiedades Adquiridas vigente durantedecenios.Ejecuciones extrajudicialesEl Batallón de Acción Rápida fue presuntamenteresponsable de al menos 54 muertes en 2011,elevando a más de 700 personas el total de susvíctimas mortales desde 2004, fecha de su creación.También hirió y torturó a decenas más de personas.En muchos casos, los familiares de las víctimasafirmaron que éstas habían muerto tras ser detenidaspor el Batallón de Acción Rápida, y no en unenfrentamiento, tal y como afirmaba el Batallón.Las autoridades no investigaron estos sucesos demodo creíble. El 23 de marzo, agentes del Batallón de AcciónRápida dispararon en una pierna a Limon Hossain, de16 años, en Jhalakathi. Oficiales del Batallón alegaronque el joven pertenecía a una banda delictiva y queresultó herido cuando los agentes abrieron fuego enrespuesta a disparos efectuados por la banda. LimonHossain afirmó que, cuando los miembros del Batallónde Acción Rápida lo detuvieron y le dispararon,conducía el ganado a casa y se encontraba solo. Segúninformes, las conclusiones de una investigación que elgobierno llevó a cabo por separado –y que nunca sehicieron públicas– confirmaron las declaraciones delmuchacho. La policía acusó a Limon Hossain deintentar matar a agentes del Batallón de AcciónRápida.Violencia contra las mujeresEn virtud de una nueva Política Nacional deDesarrollo de la Mujer, dada a conocer en marzo, elMinisterio de Asuntos de la Mujer y la Infanciaanunció un plan para, entre otras cosas, “erradicar laviolencia y la opresión que sufren las mujeres, losniños y las niñas ofreciéndoles tratamiento médico,asistencia jurídica y asesoramiento cuando sonvíctimas de abusos”. Organizaciones de derechoshumanos afirmaron que las autoridades no habíanpuesto en práctica el plan, y que un gran número demujeres y menores de edad víctimas de violenciasexual y de otro tipo no recibían apoyo de lasinstituciones del Estado. En octubre, en la ciudad de Satkhira, un grupo dehombres secuestró durante varias horas a la defensorade los derechos humanos Shampa Goswami, quehabía alentado a una superviviente de violacióncolectiva a denunciar los hechos a la policía. Lossecuestradores amenazaron a Shampa Goswami contomar represalias contra ella si no dejaba de apoyar a lavíctima. Según contó Shampa Goswami a unadelegación de Amnistía Internacional que la visitó enSatkhira en noviembre, en un primer momento lapolicía hizo caso omiso de su petición de protección.Posteriormente, las autoridades se comprometieron aprotegerla, tras una enérgica campaña deorganizaciones nacionales e internacionales dederechos humanos.Justicia internacionalEn mayo, el Tribunal de Crímenes Internacionalesbangladeshí, creado en 2010 para juzgar a personasacusadas de abusos contra los derechos humanos agran escala durante la guerra de independenciade 1971, comenzó a abordar las deficiencias procesalesque estaban impidiendo que los juicios se celebrasencon las debidas garantías. Sus normas procesalesmodificadas estipulaban la libertad bajo fianza, lapresunción de inocencia hasta que se demostrase laculpabilidad y medidas para garantizar la protección devíctimas y testigos. Sin embargo, continuaba vigente ladisposición constitucional que negaba el derecho acuestionar la jurisdicción del Tribunal. Se dictó acta de acusación formal por crímenes deguerra contra Motiur Rahman Nizami, Ali AhsanMuhammad Mojahid, Muhammad Kamaruzzaman,Abdul Quader Molla y Delwar Hossain Sayeedi, deJamaat-e-Islami, y Salauddin Quader Chowdhury yAbdul Alim, del Partido Nacionalista de Bangladesh.Todos ellos continuaban recluidos, salvo Abdul Alim,que quedó en libertad bajo fianza. Cinco de losBInforme 2012 Amnistía Internacional113

Bdetenidos habían pasado más de 18 meses bajocustodia sin cargos. En octubre se dictó acta deacusación formal contra Delwar Hossain Sayeedi porayudar presuntamente a las fuerzas armadaspaquistaníes a cometer genocidio; matar, torturar yviolar a civiles desarmados; incendiar casas dehindúes, y obligar a hindúes a convertirse al islam. Nose encausó a nadie por los crímenes cometidosinmediatamente después de la victoria de las fuerzasindependentistas a finales de 1971.Derechos de los pueblos indígenasEl gobierno no impidió la confiscación de tierras depueblos indígenas por parte de colonosbangladeshíes en Chittagong Hill Tracts, lo queprovocó violentos enfrentamientos entre las doscomunidades que se saldaron con pérdida depropiedades y, en ocasiones, de vidas. Los colonosbangladeshíes solían entrar en las tierras de losindígenas y apropiarse de ellas para fines agrícolas.Según contaron los indígenas a la delegación deAmnistía Internacional que visitó la zona en marzo,los colonos bangladeshíes, envalentonados por latolerancia del ejército hacia sus acciones, a menudohabían incendiado casas de indígenas,generalmente a la vista de soldados u otros agentesencargados de hacer cumplir la ley, sin que nadiese lo impidiese. En marzo, indígenas de Langadu, en el distrito de lascolinas de Rangamati, contaron a AmnistíaInternacional que funcionarios locales y soldados de launidad local de la Guardia Fronteriza bangladeshí nohabían impedido un ataque inminente de colonosbangladeshíes contra ellos en la localidad deRangipara. Según afirmaron, los soldados semantuvieron al margen mientras los colonosincendiaban sus casas el 17 de febrero.Tortura y otros malos tratosAl menos tres hombres murieron bajo custodia,presuntamente tras ser torturados. El gobiernoanunció que se presentarían cargos penales contralos policías responsables de estas muertes. Sinembargo, al concluir el año no se había acusado niprocesado a nadie. El gobierno no se comprometióa procesar a los policías, los miembros del Batallónde Acción Rápida u otro personal de seguridad quepresuntamente torturaron a miles de personas bajosu custodia a lo largo del año. En marzo, tras quedar en libertad, MahmudurRahman, director de un diario, contó a AmnistíaInternacional que lo habían golpeado brutalmente en laespalda durante una noche que pasó en la comisaría en elacantonamiento del ejército. Lo habían detenido amediados de 2010 tras publicar artículos que sacaban a laluz la presunta corrupción del gobierno. Los golpes fuerontan brutales que permaneció inconsciente durante variashoras. Afirmó que no tenía sentido denunciarlo, puessabía que las autoridades no se molestarían en actuar.Pena de muerteAl menos 5 hombres fueron ejecutados y másde 49 personas fueron condenadas a muerte.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Bangladesh en marzo, junio y noviembre. Crimes unseen: Extrajudicial executions in Bangladesh(ASA 13/005/2011)BÉLGICAREINO DE BÉLGICAJefe del Estado:rey Alberto IIJefe del gobierno:Elio Di Rupo(sustituyó al gobierno provisional de Yves Letermeen diciembre)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:10,8 millonesEsperanza de vida:80,0 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4,6 por cada 1.000Las autoridades continuaron dejando a gran númerode solicitantes de asilo en la indigencia y sin hogar.El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló queBélgica había vulnerado el principio de nodevolución (non-refoulement), al devolver a personasa un país en donde corrían un riesgo real de tortura, yque también había conculcado el derecho a unrecurso efectivo. El gobierno intentó basarse engarantías diplomáticas para expulsar a personasextranjeras a países en donde podrían sufrir tortura yotros malos tratos. Entró en vigor una ley queprohibía y penalizaba llevar el rostro cubierto.114 Informe 2012 Amnistía Internacional

Personas refugiadasy solicitantes de asiloLa “crisis de recepción” iniciada en 2008 se agravó alfinalizar 2011. Según las ONG, desde octubre de 2009hasta el final de 2011 se denegó el acceso al sistemaoficial de recepción a más de 12.000 solicitantes deasilo, incluidos menores de edad, que se quedaron sinalojamiento ni asistencia médica, social y jurídica.A pesar de que el gobierno adoptó algunas medidaspositivas, el número de personas que vivían en la calleaumentó hasta superar las 4.000. En virtud delegislación adoptada en noviembre, se limitó el derechode recepción en el caso de algunos grupos desolicitantes de asilo y se elaboró una lista de “países deorigen seguros”. A los solicitantes de asilo procedentesde estos “países seguros” se les comunicaba la decisiónen un plazo de 15 días y podían ser expulsados deBélgica antes de resolverse el recurso de apelación. El 21 de enero, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos falló, en la causa M.S.S. v. Belgium andGreece, que Bélgica y Grecia habían vulnerado elConvenio Europeo de Derechos Humanos (véase elapartado sobre Grecia). El 1 de julio se concedió asilo en Bélgica alciudadano marroquí M.L., que llevaba un año bajodetención administrativa. Tras cumplir en Bélgica unacondena a seis años de prisión por delitos deterrorismo, el 16 de marzo de 2010 había solicitadoasilo. En mayo, el comisionado para PersonasRefugiadas y Apátridas afirmó que se lo podía deportarsi las autoridades de Marruecos ofrecían al gobiernogarantías diplomáticas de que allí no sería sometido atortura ni otros malos tratos. El Consejo de loContencioso en Materia de Extranjería anuló estadecisión, por lo que se concedió asilo a M.L..Al finalizar el año estaba pendiente de resolución unrecurso presentado por el gobierno. El 13 de diciembre, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos emitió su fallo sobre la causa Kanagaratnamand others v. Belgium. Concluyó que, al mantenerrecluidos a tres niños y a su madre en un centro dedetención cerrado durante cuatro meses en 2009,Bélgica había violado la prohibición de la tortura y otrosmalos tratos en el caso de los tres niños, y el derecho ala libertad en el caso de la madre y los tres niños.Tortura y otros malos tratosAl menos en dos ocasiones el gobierno intentóbasarse en garantías diplomáticas para expulsar apersonas extranjeras a países en donde podían sufrirtortura y otros malos tratos. A.A., ciudadano daguestaní recluido desdeseptiembre de 2010, se exponía a ser extraditado a laFederación Rusa por cargos de participación en lasactividades de grupos armados ilegales. Los cargos sebasaban en declaraciones de un testigo queposteriormente se retractó de ellas, pues al parecer lashabía hecho bajo tortura. Los tribunales belgasrechazaron los recursos de A.A. contra la extradición,basándose en parte en garantías diplomáticas de queno sería sometido a tortura en la Federación Rusa. Alfinalizar el año aún no se conocía la decisión delMinisterio de Justicia en relación con la extradición. En marzo, el ministro de Justicia decidió permitir laextradición de Arbi Zarmaev, de etnia chechena, a laFederación Rusa, a pesar de que el Tribunal de Apelaciónse había pronunciado en contra por considerar que noexistían garantías suficientes de que en ese país serespetarían sus derechos humanos. La decisión delministro de Justicia se basó en parte en las garantíasdiplomáticas ofrecidas por las autoridades rusas de queno sería sometido a tortura. Al finalizar el año, el Consejode Estado aún no había resuelto el recurso presentadopor Arbi Zarmaev contra esta decisión.DiscriminaciónContinuaba existiendo discriminación por motivos dereligión; afectaba especialmente a las personas consímbolos o indumentaria considerados musulmanesque intentaban encontrar empleo. El 23 de julio entró en vigor una ley que prohibía ypenalizaba llevar el rostro cubierto en público. Aunquesu redacción era neutra, la ley parecía perseguir el usodel velo integral. La legalidad de la ley se impugnó anteel Tribunal Constitucional; la causa seguía abierta alfinalizar el año.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesTras someterse al examen periódico universal de la ONUen mayo, las autoridades decidieron crear una InstituciónNacional de Derechos Humanos y ratificar el ProtocoloFacultativo de la Convención de la ONU contra la Torturay el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional deDerechos Económicos, Sociales y Culturales.En junio, Bélgica ratificó la ConvenciónInternacional para la Protección de Todas lasPersonas contra las Desapariciones Forzadas.BInforme 2012 Amnistía Internacional115

Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Bélgica en marzo y junio. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma los derechosde los solicitantes de asilo en la UE (EUR 03/001/2011) Belgium: A fundamental step forward on human rights, the ratificationof the Enforced Disappearance Convention (EUR 14/001/2011) Belgium: Amnesty International welcomes commitment to establisha National Human Rights Institution (EUR 14/002/2011) Suggested recommendations to States considered in the 11th roundof the Universal Periodic Review, 2-13 May 2011 (IOR 41/008/2011)Derechos Civiles y Políticos. Al terminar el año, elproceso de ratificación no había concluido.Condiciones de reclusiónLas cárceles seguían adoleciendo de problemas dehacinamiento. En la prisión de la ciudad de Cotonú,la población reclusa era seis veces mayor que sucapacidad, lo que se traducía en duras condiciones.Según cifras oficiales sobre población penitenciaria,el 99 por ciento de los 2.300 reclusos del país sehallaban en detención previa al juicio.BBENÍNREPÚBLICA DE BENÍNJefe del Estado y del gobierno:Thomas Boni YayiPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:9,1 millonesEsperanza de vida:56,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 118 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:41,7 por cientoBIELORRUSIAREPÚBLICA DE BIELORRUSIAJefe del Estado:Alexander LukashenkoJefe del gobierno:Mijaíl MiasnikovichPena de muerte:retencionistaPoblación:9,6 millonesEsperanza de vida:70,3 añosMortalidad infantil (‹5 años): 12,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,7 por cientoEl presidente Boni Yayi fue reelegido en marzo entreprotestas de los partidos de oposición, quesostenían que la compilación de las listaselectorales había implicado la exclusión de unaproporción considerable del electorado. Las subidasde precios de productos básicos dieron lugar adisturbios sociales. En mayo y junio, losfuncionarios públicos se declararon en huelga porreivindicaciones salariales.Represión de la disidenciaEn marzo, las fuerzas de seguridad dispersaronmanifestaciones de partidarios de la oposición queprotestaban contra la reelección del presidente BoniYayi. Algunos manifestantes, entre ellos el parlamentarioRaphaël Akotègnon, estuvieron detenidos durantebreves periodos bajo custodia policial.Pena de muerteEn agosto, Benín dio un paso importante hacia laabolición de la pena capital al votar la AsambleaNacional a favor de la ratificación del SegundoProtocolo Facultativo del Pacto Internacional deAumentaron durante el año las restricciones a lalibertad de expresión, asociación y reunión. Elgobierno siguió llevando a cabo ejecuciones.Continuaron detenidas y fueron sometidas a tortura yotros malos tratos personas consideradas presos deconciencia. El derecho a un juicio justo fue objetode restricciones.Información generalLa agitación social aumentó debido a unempeoramiento de la situación económica, y elgobierno reaccionó imponiendo restricciones a lalibertad de reunión y asociación.El 17 de junio, el Consejo de Derechos Humanos dela ONU expresó su preocupación por la situación enBielorrusia. Condenó las violaciones de derechoshumanos cometidas tras las elecciones de diciembrede 2010 e instó al gobierno a cooperar plenamente conlos mecanismos de derechos humanos de la ONU y apermitir que los observadores internacionalesdesempeñaran su trabajo en lugar de detenerlos oexpulsarlos. Las relaciones con la Unión Europea se116 Informe 2012 Amnistía Internacional

deterioraron. El 10 de octubre, el Consejo de la UniónEuropea anunció que prorrogaría hasta el 31 deoctubre de 2012 la prohibición de viajar impuesta a losresponsables de violaciones de las normas electoralesinternacionales y de la represión de la sociedad civil.Pena de muerteEl gobierno ejecutó a dos hombres e impuso doscondenas a muerte durante el año. Andrei Burdyka y otro hombre fueron ejecutadosentre el 14 y el 19 de julio. La madre de Andrei Burdykarecibió la confirmación oficial de su muerte a los tresmeses. La otra familia aún no la había recibido al finaldel año. Las ejecuciones se llevaron a cabo a pesar deque el Comité de Derechos Humanos de la ONU habíapedido formalmente al gobierno bielorruso, el 17 dediciembre de 2010, que no ejecutara a los doshombres hasta que hubiera examinado su caso.Tortura y otros malos tratosNo existía un sistema independiente de vigilancia delos lugares de detención. Los fiscales solíandesestimar las denuncias contra agentes encargadosde hacer cumplir la ley, y quienes denunciaban seexponían a sufrir represalias de la policía. El 28 de febrero, Alyaksei Mihalevich, candidatopresidencial acusado de organizar la manifestacióndel 19 de diciembre de 2010 en Minsk, ofreció unaconferencia de prensa tras quedar en libertad bajofianza. En ella afirmó que él y otros detenidos habíansufrido torturas y otros malos tratos, como sersometidos a registros corporales sin ropa hasta seisveces al día y obligados a permanecer de pie enposturas forzadas. Zmitser Dashkevich, condenado el 24 de marzo ados años de trabajos forzados en relación con lamanifestación de diciembre de 2010, soportó reclusiónen condiciones de aislamiento en ocho ocasionesdurante el año. Este régimen de reclusión incluíaprivación del sueño, de ejercicio y de ropa de cama.Además, se impedía a los reclusos tumbarse o sentarseen las literas por el día.Libertad de expresiónEn marzo, el periodista Andrzej Poczobut fue acusadode “injurias al presidente” y “difamación delpresidente” por unos artículos que había escrito parael periódico polaco Gazeta Wyborcza. El 5 de junio sele impuso una condena condicional de tres años.Libertad de asociaciónGrupos de derechos humanos registrados y noregistrados se enfrentaron a procesamientos yhostigamiento a lo largo del año. El 3 de octubre sereformó la Ley de Asociaciones Públicas para prohibirque las ONG bielorrusas dispusieran de fondos ocuentas bancarias en el extranjero. La Comisión deVenecia del Consejo de Europa observó que el CódigoPenal, que consideraba delito participar en lasactividades de partidos políticos u otras asociacionespúblicas no registrados, “era incompatible con unasociedad democrática”. El 4 de agosto se detuvo al presidente de la ONGCentro de Derechos Humanos Viasna, Ales Bialiatski, yel 12 de ese mes se lo acusó de “ocultación debeneficios de cuantía elevada”, delito que comportabahasta siete años de cárcel. Los cargos se referían al usode una cuenta bancaria personal en Lituania paraapoyar la labor de derechos humanos de Viasna. Lasautoridades bielorrusas habían retirado a Viasna elreconocimiento oficial como ONG en 2003, lo queconllevaba la prohibición de abrir una cuenta bancariaen el país. El juicio comenzó el 2 de noviembre,y el 24 de ese mes Ales Bialiatski fue condenado acuatro años y medio de prisión. Amnistía Internacionallo consideró preso de conciencia y pidió su libertadincondicional. El 12 de enero, el Ministerio de Justicia censuróformalmente al Comité Bielorruso de Helsinki porenviar un informe al relator especial de la ONU sobre laindependencia de magistrados y abogados en relacióncon las restricciones que sufrían los abogados. Señalóque el informe era un “intento de desacreditar a laRepública de Bielorrusia ante el mundo”. En junio seimpuso a la organización el pago con carácterretroactivo de un impuesto por unos fondos recibidosde la Comisión Europea en 2002 y que inicialmentetenían exención tributaria. El impuesto ibaacompañado de una segunda advertencia delMinisterio de Justicia por quebrantar la normativasobre ONG. En diciembre, el Ministerio de Haciendasolicitó al Ministerio de Justicia el cierre del ComitéBielorruso de Helsinki.Libertad de reuniónAumentó durante el año la restricción de lasconcentraciones públicas de toda índole. El 3 deoctubre, el Parlamento aprobó varias modificacionesde la Ley de Asociaciones Públicas. Con arreglo aBInforme 2012 Amnistía Internacional117

Bellas, para organizar cualquier tipo de reunión públicase necesitaba un permiso oficial: los organizadoresdebían comunicar las “fuentes económicas”utilizadas para el acto y no estaban autorizados aanunciarlo hasta que se hubiera concedido elpermiso, lo cual podía no ocurrir hasta cinco díasantes de su celebración. Además, los funcionariosencargados de hacer cumplir la ley tenían mayorpotestad para realizar grabaciones de audio y vídeo,limitar el acceso de participantes al acto y practicarregistros corporales. En mayo, junio y julio hubo “protestas silenciosas”cada semana. Por todo el país, grupos de personas sededicaron a pasear en silencio, aplaudir o hacer sonarlas alarmas de sus teléfonos móviles simultáneamente.Viasna informó de que las autoridades habían detenidoa más de 2.000 personas participantes en “protestassilenciosas”, y de que habían golpeado a algunas deellas y las habían sometido a otras formas de usodesproporcionado de la fuerza. Hasta el 80 por cientode las personas detenidas inicialmente fueron despuéscondenadas a cumplir entre 5 y 15 días de detenciónadministrativa o al pago de una multa. El 29 de julio, elgobierno aprobó una nueva ley draconiana queobligaba a solicitar permiso oficial para cualquierconcentración de personas con el fin de realizar una“acción o inacción como forma de expresión públicade una actitud sociopolítica o como protesta”. Roman Kislyak, abogado de derechos humanos, fuedetenido el 16 de octubre tras bajar a pie y en solitariopor la avenida principal de Brest pidiendo la libertad deAles Bialiatski con un megáfono. Se lo acusó departicipar simultáneamente en un piquete y unamarcha. A la mañana siguiente compareció ante untribunal administrativo, cuyo titular devolvió el caso a lapolicía para que continuara la investigación. El 28 deoctubre, el Tribunal de Distrito de la zona Lenin deBrest impuso una multa equivalente a tres euros, y eltribunal de apelación confirmó el fallo.Presos de concienciaEntre enero y junio continuaron los juicios entabladoscontra destacados activistas políticos por organizaro participar en la manifestación mayoritariamentepacífica del 19 de diciembre de 2010 en Minsk.Al final del año continuaban bajo custodia enrelación con estos hechos seis activistas, todos ellosconsiderados presos de conciencia. ZmitserBandarenka fue condenado a dos años de trabajosforzados el 26 de marzo; Andrei Sannikau, a cinco,el 14 de mayo; Pavel Sevyarynets, a tres, el 16 demayo, y Mykalau Statkevich, a seis, el 26 de mayo.A Zmitser Dashkevich y Eduard Lobau loscondenaron el 24 de marzo a dos y cuatro años,respectivamente, por vandalismo. A otros lesimpusieron condenas condicionales, como a laesposa de Andrei Sannikau, Iryna Khalip. Se liberó aotros seis presos de conciencia durante el año, entreellos tres a los que comunicaron que sus casoshabían sido archivados, y otro que quedó en libertadbajo fianza y solicitó asilo en el extranjero.Juicios injustosA pesar de las garantías legislativas, las personasacusadas en relación con la manifestación del 19 dediciembre de 2010 tuvieron muy pocasoportunidades de acceso a sus representantesletrados y no pudieron reunirse con ellos en privado.Según varios abogados, era frecuente que lesdenegaran el acceso a sus clientes con el argumentode que no había salas disponibles para reuniones. Elgobierno informó de que sólo había dos salas paraabogados en el centro de detención del Comité deSeguridad del Estado (KGB) en Minsk y por esemotivo se habían restringido las reuniones.Se inhabilitó para ejercer la abogacía a letradosque defendían a dirigentes de la oposición acusadosde organizar disturbios masivos en diciembrede 2010. Pavel Sapelko, que había defendido aAndrei Sannikau, fue inhabilitado en marzo de 2011.Tamara Sidorenko, defensora de Alyaksei Mihalevich,perdió su licencia el 7 de agosto de 2011.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Bielorrusia en diciembre. Puede que siga pendiente el indulto de dos hombres bielorrusos(EUR 49/010/2011) Belarus: Six months after the Presidential elections clampdown ondissenting voices continues unabated (EUR 49/015/2011) The human rights situation in Belarus: Written statement to the 18thsession of the United Nations Human Rights Council (EUR 49/017/2011)118 Informe 2012 Amnistía Internacional

BOLIVIAESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIAJefe del Estado y del gobierno:Evo Morales AymaPena de muerte: abolicionista para los delitos comunesPoblación:10,1 millonesEsperanza de vida:66,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 51,2 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:90,7 por cientoDecenas de personas resultaron heridas cuando lapolicía dispersó con violencia un campamentomontado por manifestantes indígenas durante unamarcha a La Paz para protestar por los planes deconstruir una carretera que iba a atravesar unterritorio indígena protegido. Se dictaron condenasen el caso de “Octubre Negro” de 2003.Información generalLas tensiones sociales aumentaron durante el año, enmedio de reiteradas protestas por cuestioneseconómicas y derechos indígenas.En marzo, el Comité de la ONU para la Eliminaciónde la Discriminación Racial se congratuló por la leyaprobada por el Congreso en enero para combatir ladiscriminación racial. Sin embargo, expresópreocupación por su aplicación, por la escasarepresentación de los pueblos indígenas en losórganos de toma de decisiones, por el inadecuadoacceso a la justicia y por la falta de claridad encuanto a los mecanismos de la nueva Ley deDeslinde Jurisdiccional para garantizar lacoordinación y colaboración con el sistema de justiciaordinario.Derechos de los pueblos indígenasEl 25 de septiembre, decenas de personas resultaronheridas cuando la policía empleó gas lacrimógeno ytoletes para disolver un campamento provisionalestablecido por manifestantes indígenas cerca deYucumo, en el departamento de Beni. Los indígenasparticipaban en una marcha de unos 580 kilómetrosorganizada desde Trinidad, departamento de Beni,hasta La Paz, para protestar por los planes delgobierno de construir una carretera a través delTerritorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure(TIPNIS). Estos planes vulneraban tanto las garantíasconstitucionales relativas a la consulta previa con lospueblos indígenas como las leyes de conservación delmedio ambiente. La policía detuvo a cientos demanifestantes indígenas y los llevó a las localidadesde San Borja y Rurrenabaque para que el ejército losdevolviera a sus lugares de origen.El gobierno declaró que la carretera traeríadesarrollo económico. Sin embargo, los manifestantesindígenas alegaban que abriría la zona a lasindustrias extractivas y fomentaría la deforestacióny la producción de coca. La represión policial provocóla dimisión de los ministros de Defensa y deGobierno, así como protestas en todo el país.En octubre, el presidente Morales canceló elproyecto. En noviembre, un juez ordenó el arrestodomiciliario del subcomandante de la Policía Nacionalpor ordenar presuntamente la operación policial deYucumo. Las investigaciones penales sobre laactuación policial continuaban al finalizar el año.ImpunidadLos responsables de violaciones graves de derechoshumanos, tales como desapariciones forzadas yejecuciones extrajudiciales, cometidas antes de larestauración de la democracia en 1982, siguieroneludiendo la acción de la justicia.Al finalizar el año, las fuerzas armadas no habíanentregado a los fiscales información sobre violacionesde derechos humanos cometidas en el pasado, pesea que la Corte Suprema había ordenado sudesclasificación en abril de 2010. El gobierno nopresionó para que se revelase la información. En agosto, la Corte Suprema condenó a siete exoficiales de alta graduación por su participación en lossucesos conocidos como “Octubre Negro”, en los quemurieron 67 personas y más de 400 resultaron heridasdurante unas protestas celebradas en El Alto, cerca deLa Paz, a finales de 2003. Era la primera vez que unjuicio contra oficiales del ejército acusados deviolaciones de derechos humanos concluía ante untribunal civil. Cinco ex oficiales del ejército fueroncondenados a penas de entre 10 y 15 años de prisión,y dos ex ministros fueron condenados a 3 años. Alfinalizar el año, el ex presidente Gonzalo Sánchez deLozada y dos de sus ministros, que habían huido aEstados Unidos poco después de los sucesos, estabanpendientes de los procedimientos de extradición. Otrosministros huyeron posteriormente a Perú y España. Cuatro oficiales del ejército sometidos ainvestigación por la tortura en 2009 de un recluta enBInforme 2012 Amnistía Internacional119

BChallapata, departamento de Oruro, fueron puestos enlibertad en abril después de que un juez anulase loscargos formulados en su contra. En julio, la CorteSuperior del Distrito de Oruro anuló la decisión del juezy ordenó que las actuaciones judiciales continuasen enla jurisdicción civil. El juicio no había comenzado alfinalizar el año. En 2010 se habían divulgado unasimágenes de vídeo, filmadas en 2009, en las que seveía a unos oficiales que sumergían repetidamente enagua al recluta. En septiembre, un juez revocó los cargos formuladoscontra cinco miembros de la Policía Nacional acusadosde participar en la dispersión de un grupo demanifestantes que habían cortado una carretera en laprovincia de Caranavi en mayo de 2010. En aquellaoperación murieron 2 personas y resultaron heridas almenos 30. Al finalizar el año, los fiscales estudiaban laposibilidad de formular nuevos cargos. Las actuaciones judiciales relativas a la masacre dePando de 2008, en la que murieron 19 personas, en sumayoría campesinos, y resultaron heridas otras 53,prosiguieron, aunque sufrieron retrasos.Tortura y otros malos tratosEn febrero, Gróver Beto Poma Guanto murió en unhospital dos días después de recibir una paliza amanos de unos instructores de la escuela militarconocida como Escuela de Cóndores de Bolivia(ESCOBOL), en Sanandita, departamento de Tarija.Al finalizar el año había tres militares sometidos ainvestigación en relación con el caso. Sin embargo,pese a los reiterados llamamientos para que el casofuera transferido a la jurisdicción civil, éstepermaneció en el sistema de justicia militar, quecarecía de independencia e imparcialidad.BOSNIAY HERZEGOVINAREPÚBLICA DEBOSNIA Y HERZEGOVINAJefe del Estado: presidencia de carácter rotativo:Željko Komšić, Nebojša Radmanović, Bakir IzetbegovićJefe del gobierno:Nikola ŠpirićPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:3,8 millonesEsperanza de vida:75,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 14,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:97,8 por cientoAumentó la retórica nacionalista y disgregadora, y nose logró la formación de un gobierno de coaliciónhasta finales de diciembre, 15 meses después de laselecciones generales. Varias instituciones estatales,entre ellas el poder judicial, se debilitaron durante elaño. Comenzó el juicio de Ratko Mladić. Continuaronlos procesamientos por crímenes de derechointernacional, pero avanzaron con lentitud, y persistióla impunidad. Siguió negándose acceso a justicia yreparación a las víctimas civiles de la guerra.Información generalLa retórica nacionalista y disgregadora debilitó lasinstituciones estatales, entre ellas el poder judicial. Lafalta de voluntad de los principales partidos políticospara ponerse de acuerdo tras las eleccionesgenerales de octubre de 2010 dio lugar a unasituación de parálisis política. A finales de diciembre,15 meses después de las elecciones, se acordó lacomposición del Consejo de Ministros, pero aún no sehabían aprobado los presupuestos; la financiación delEstado era temporal.Ratko Mladić, ex jefe del Estado Mayor del Ejércitode la República Srpska, fue detenido en Serbia enmayo (véase el apartado sobre Serbia) y transferido alTribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia.La comunidad internacional mantuvo su presenciaen Bosnia y Herzegovina. Unos 1.300 soldados de lasfuerzas de mantenimiento de la paz de la UniónEuropea (UE) continuaron en el país. En junio sedecidió poner fin a la Misión de Policía de la UE enBosnia y Herzegovina antes del fin de junio de 2012.Prosiguieron las negociaciones con la UE para laadhesión, y en junio se inició el Diálogo Estructurado120 Informe 2012 Amnistía Internacional

UE-Bosnia y Herzegovina sobre Justicia, procesoformal consultivo sobre asuntos judiciales. Enseptiembre se consolidó la presencia de la UE en elpaís cuando Peter Sørensen asumió oficialmente elcargo de representante especial de la UE para Bosniay Herzegovina.En una resolución adoptada en noviembre, elConsejo de Seguridad de la ONU reafirmó el papelindependiente del alto representante de la ONU enBosnia y Herzegovina –cuyo titular seguía siendoValentin Inzko– como “autoridad máxima en el teatrode operaciones en lo tocante a la interpretación de laaplicación de los aspectos civiles del Acuerdo de Paz”.Justicia internacionalAl final de 2011 había pendientes seis causas porcrímenes de guerra relativas a Bosnia y Herzegovinaante la sala de primera instancia del Tribunal PenalInternacional para la ex Yugoslavia. Otras tres estabanen fase de apelación. En septiembre, tras un juicio que había durado másde dos años, el Tribunal declaró al ex jefe del EstadoMayor del Ejército yugoslavo, Momčilo Perišić, culpablede crímenes de lesa humanidad y de violaciones de lasleyes y costumbres de la guerra por su complicidad enasesinatos, actos inhumanos, persecuciones pormotivos políticos, raciales o religiosos y ataques contraciviles en Sarajevo y Srebrenica, y lo condenó a 27 añosde cárcel. Momčilo Perišić presentó recurso deapelación por 17 motivos en noviembre. Continuaron las actuaciones judiciales contra elex dirigente bosnio Radovan Karadžić. En 2011, elTribunal examinó las pruebas sobre crímenescometidos en el noroeste de Bosnia y Herzegovina–incluidos los de los campos de Manjača y Trnopolje ylos homicidios ilegales perpetrados en los acantiladosde Korićanske–, así como sobre otros muchos crímenescometidos durante el conflicto de 1992-1995. El 31 de mayo fue transferido al Tribunal RatkoMladić, ex jefe del Estado Mayor del Ejército de laRepública Srpska. En octubre se presentó contra él unacta modificada de acusación formal que conteníacargos por genocidio, crímenes de lesa humanidad ycrímenes de guerra. Inicialmente en una sola acta deacusación, tanto Radovan Karadžić como Ratko Mladićhabían sido procesados por genocidio y por exterminio,terrorismo, asesinato, persecución, expulsión, actosinhumanos, actos de violencia, ataques ilegítimoscontra civiles y toma de rehenes, constitutivos decrímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.En diciembre, el Tribunal admitió la propuesta de lafiscalía de reducir el número de cargos incluidos en elacta de 196 a 106 y de limitar el número de municipiosafectados de 23 a 15.Sistema de justicia: delitos de derechointernacionalEl sistema de justicia nacional continuó inmerso en elingente trabajo atrasado sobre causas abiertas porcrímenes de guerra. Se retrasó la aplicación de laEstrategia Nacional de Enjuiciamiento de losCrímenes de Guerra, principalmente debido a la faltade apoyo político y económico. También dificultaronla resolución de las causas por crímenes de guerralos obstáculos políticos que impedían mejorar lacooperación regional, como el hecho de que no seeliminaran los impedimentos jurídicos para extraditara presuntos criminales de guerra entre Bosnia yHerzegovina, Croacia, Serbia y Montenegro. En juniose estancó una propuesta de acuerdo bilateral entreSerbia y Bosnia y Herzegovina para resolver elproblema de las investigaciones paralelas sobre casosde crímenes de guerra.Concluyeron seis procesos sobre 10 acusados denivel inferior e intermedio transferidos al TribunalEstatal de Bosnia y Herzegovina por el Tribunal PenalInternacional para la ex Yugoslavia, conocidos como“procesos 11bis”. Sin embargo, el enjuiciamiento dedelitos de derecho internacional ante tribunalesnacionales de Bosnia y Herzegovina continuóavanzando con lentitud. La práctica continuada deaplicar de forma no armonizada el derecho penal enlas causas por crímenes de guerra –debido a que seaplicaba el Código Penal de 1976 a las causasabiertas ante los tribunales de las distintas entidades–obstaculizaba gravemente la acción justa y eficaz dela justicia. Entre otras cosas, impedía calificar actoscomo crímenes de lesa humanidad, no permitíainiciar procesamientos basados en la responsabilidadde mando y comportaba desigualdad ante la leydebido a la levedad de las penas preceptivas mínimasy máximas por crímenes de guerra.La Sala de Crímenes de Guerra del Tribunal Estatalde Bosnia y Herzegovina seguía desempeñando elpapel principal en el enjuiciamiento de crímenes deguerra en Bosnia y Herzegovina. Sin embargo, losataques verbales a ésta y otras instituciones judicialesdedicadas a investigar y enjuiciar los crímenes deBInforme 2012 Amnistía Internacional121

Bguerra y la negación por parte de altos cargospolíticos de este tipo de crímenes –como el genocidioperpetrado en Srebrenica en julio de 1995–menoscabaron los esfuerzos del país en este ámbito.Además, las autoridades no recogieron informaciónsobre el total de investigaciones y enjuiciamientos detodos los niveles iniciados por delitos de derechointernacional.En enero se amplió la prestación de servicios deapoyo a testigos en el ámbito estatal para queabarcara el periodo previo al juicio. Sin embargo, enlas causas abiertas en las entidades siguieron sinexistir medidas de apoyo y protección, a pesar de quela Estrategia Nacional de Enjuiciamiento de losCrímenes de Guerra consideraba necesaria suadopción. Esta situación disuadía a las víctimas deintentar obtener justicia. Se presentó una propuestade reforma de la ley que permitiese a las fiscalías delas entidades solicitar el Programa de Protección deTestigos de Bosnia y Herzegovina, pero su aprobaciónrequería un apoyo parlamentario generalizado.Las autoridades no pusieron en marcha unprograma integral de reparación a las víctimas dedelitos de derecho internacional cometidos durante elconflicto.Derechos de las mujeresSobrevivientes de actos de violencia sexualconstitutivos de crímenes de guerraEl Comité de la ONU contra la Tortura recomendó enenero que la legislación que penalizaba la violación yotras formas de violencia sexual constitutivas decrímenes de guerra se pusiera en consonancia conlas normas internacionales, pero el gobierno nointrodujo los cambios necesarios. El Código Penal deBosnia y Herzegovina de 2003 exigía que la víctimahubiera sido objeto de fuerza o amenazada de ataqueinminente contra su vida o su integridad física. Seargumentaba que este requisito no tenía en cuentalas circunstancias del conflicto armado, que podíanconsiderarse coercitivas y, por tanto, viciarel consentimiento de las relaciones sexuales.Aunque el número de procesamientos einvestigaciones relacionados con crímenes de guerrade violación y otras formas de violencia sexualcometidos durante la guerra había aumentadodesde 2010, continuó siendo escaso en comparacióncon la elevada incidencia de delitos de violación yotras formas de violencia sexual durante el conflicto.La fiscalía informó a Amnistía Internacional enjunio de que había 100 causas en las que estaballevando a cabo investigaciones por cargos deviolación y otras formas de violencia sexual, y de queel Tribunal Estatal había confirmado 6 actas deacusación formal. Sólo se había dictado sentenciadefinitiva en 21 causas desde 2005. Las autoridadesno determinaron el número total de casos de este tipoinvestigados y enjuiciados en las entidades.En la mayor parte del país, sobre todo en las zonasrurales, las sobrevivientes no podían disfrutar de suderecho a una reparación y eran estigmatizadas comovíctimas de violación. En particular no podían accedera servicios médicos adecuados ni siquiera cuandosus dolencias eran consecuencia de violación. Sóloalgunas de las que sufrían trastorno de estréspostraumático pudieron solicitar asistenciapsicológica. Muchas sobrevivientes vivían enla pobreza y la mayoría no recibía ayuda paraencontrar trabajo o continuar sus estudios.Además, como todas las demás víctimas civiles dela guerra, las sobrevivientes eran discriminadas en elacceso a prestaciones sociales en comparación conlos combatientes de guerra. El Ministerio de DerechosHumanos y Refugiados preparó el borrador de unanueva Ley sobre los Derechos de las Víctimas deTortura y las Víctimas Civiles de Guerra y establecióun grupo de trabajo encargado de elaborar unprograma para mujeres víctimas de violencia sexualdurante el conflicto y con posterioridad, pero ambasmedidas requerían mayor elaboración y su posterioradopción.Desapariciones forzadasContinuaron las exhumaciones a pesar de que la faltade gobierno causó problemas de asignaciónpresupuestaria para ese fin. En enero, la Fiscalía delEstado asumió el control de las exhumaciones queanteriormente habían dirigido fiscales locales, lo quecontribuyó a acelerar la recuperación de restos depersonas desaparecidas enterrados en fosascomunes y clandestinas. Había aún unas 10.000personas de las que seguía sin saberse nada. Larenuencia de testigos con información privilegiada afacilitar datos sobre las fosas comunes seguía siendoel principal obstáculo en el proceso.En febrero se creó el Registro Central de PersonasDesaparecidas como base de datos permanente enBosnia y Herzegovina. En él se reunieron y verificaron122 Informe 2012 Amnistía Internacional

los nombres de unas 34.000 personas a partir devarias bases de datos existentes. Estaba previsto quela base de datos sirviera al Instituto de PersonasDesaparecidas, de carácter estatal, para abordarestratégicamente los casos pendientes.A pesar de las precisas identificaciones porcomprobación del ADN realizadas en los últimos añospor la Comisión Internacional sobre Desaparecidos,empezó a decaer el ritmo del proceso deidentificación. Según informó la Comisión, ya sehabían identificado mediante métodos clásicos unos8.000 cadáveres. Pero, dada la existencia de cientosde fosas comunes secundarias, la recuperación departes de cadáveres de personas ya identificadas yenterradas podía continuar durante años.A pesar de los avances en la recuperación eidentificación de restos de personas desaparecidas yen el procesamiento de autores de crímenes, siguiónegándose a las familias de las víctimas el derecho aobtener justicia y reparación.La falta de aplicación de la Ley sobre PersonasDesaparecidas de 2004 ocasionó problemas a losfamiliares, entre otros que el Instituto de PersonasDesaparecidas no funcionara independientementey que no se hubiera creado un fondo de ayuda paraellos. Además, siguieron sin ejecutarse numerosassentencias del Tribunal Constitucional de Bosnia yHerzegovina sobre causas relacionadas condesapariciones forzadas.Personas refugiadas y desplazadasinternamenteLos datos oficiales de la ONU, que señalaban más deun millón de retornados en todo Bosnia yHerzegovina, no reflejaban el número de refugiados ydesplazados internos que realmente habíanregresado a sus hogares de antes de la guerra. Lasostenibilidad del retorno seguía siendo un problemapara los que querían volver, ya que se enfrentaban adiscriminación en el acceso a asistencia médica,pensiones, protección social y empleo.Según el ACNUR, la Agencia de la ONU para losRefugiados, casi 8.600 personas aún vivían en 159centros colectivos u otros lugares de alojamientotemporal 16 años después de la guerra. Estos centroscarecían de servicios básicos, como agua corriente,calefacción y electricidad, y todavía no se habíanencontrado soluciones duraderas para las personasespecialmente vulnerables que residían en ellos.DiscriminaciónDerechos de las minoríasLas autoridades no dieron cumplimiento a la sentenciadel Tribunal Europeo de Derechos Humanos dediciembre de 2009 en la causa entablada por DervoSejdić, romaní, y Jakob Finci, judío.Los demandantes habían denunciado que se lesnegaba el derecho a postularse para ocupar cargos eninstituciones estatales por no pertenecer a ninguno delos grupos étnicos dominantes, ya que ese derechose reservaba a musulmanes bosnios, croatas y serbiosen virtud de la ordenación jurídica vigente. El Tribunalhabía fallado que tanto el marco constitucional comoel sistema electoral discriminaban a los demandantesy que las autoridades tenían la obligación de corregiresta discriminación.Al término de 2011, el Parlamento estableció otracomisión temporal encargada de redactar lasreformas de la legislación pertinente.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEn su informe de progreso de 2011, la ComisiónEuropea informó de discriminación generalizada contralesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero;amenazas y hostigamiento a activistas de sus derechose intolerancia y apología del odio por parte de políticosy medios de comunicación hacia esta comunidad. Alfinal del año no se habían observado avances.Seguridad y medidas antiterroristasLas autoridades de Bosnia y Herzegovina siguieronconculcando los derechos de algunas personas quese habían asentado en su territorio durante la guerrao con posterioridad y que más adelante habíanobtenido la nacionalidad. Como consecuencia de lasdecisiones adoptadas por la Comisión Estatal para elExamen de Decisiones sobre Naturalización deCiudadanos Extranjeros, algunas perdieron laciudadanía y fueron objeto de actuacionesencaminadas a su expulsión. Aún no se habíanaplicado las recomendaciones del Comité de la ONUcontra la Tortura relativas a la devolución.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Bosnia y Herzegovina en junioy noviembre. Key international court ruling delivers victory to victims of crimescommitted during the war in the former Yugoslavia (EUR 70/017/2011)BInforme 2012 Amnistía Internacional123

BBRASILREPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASILJefa del Estado y del gobierno:Dilma Rousseff(sustituyó a Luiz Inácio Lula da Silva en enero)Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunesPoblación:196,7 millonesEsperanza de vida:73,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 20,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:90 por cientoPese a algunos avances importantes en la política deseguridad pública, los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley siguieron usando fuerza excesivay cometiendo ejecuciones extrajudiciales y torturas.Los escuadrones de la muerte y las miliciascontinuaron siendo motivo de preocupación. Huboinformes de hacinamiento grave, condicionesdegradantes y torturas y otros malos tratos en lasprisiones y centros de reclusión de menores, así comoen los calabozos policiales. En las zonas rurales, losconflictos de tierras desembocaron en numerososhomicidios de activistas medioambientales ydefensores de los derechos a la tierra. Continuaronimpunemente los ataques de hombres armados asueldo de los terratenientes contra comunidadesindígenas y de quilombolas (afrodescendientes).Miles de personas fueron desalojadas por la fuerzapara abrir paso a grandes proyectos de desarrollo.Información generalLa primera mujer que presidía el país, Dilma Rousseff,tomó posesión de su cargo el 1 de enero prometiendopromover el desarrollo y erradicar la pobreza extrema.Pese al fuerte crecimiento económico y a las mejorasen la mayoría de los indicadores sociales yeconómicos logradas durante la última década, segúnlos datos del censo, más de 16,2 millones debrasileños continuaban subsistiendo con menosde 70 reales (aproximadamente 40 dólaresestadounidenses) al mes. En junio, el gobierno federallanzó un plan nacional para erradicar la pobrezaextrema en un plazo de cuatro años. Durante el año,siete ministros se vieron obligados a dimitir entredenuncias de corrupción que implicaban el usoindebido de fondos públicos.El nuevo gobierno se comprometió a aplicar unaagenda de derechos humanos en su política exterior.En marzo, Brasil apoyó la creación del cargo derelator especial de la ONU sobre los derechoshumanos en Irán, pero en noviembre se abstuvo enuna resolución del Consejo de Seguridad de la ONUque condenaba los abusos contra los derechoshumanos en Siria, lo que suscitó críticas.Incumpliendo las promesas que hizo cuando fueelegido miembro del Consejo de Derechos Humanosde la ONU, Brasil se negó a aceptar las medidascautelares dictadas por la Comisión Interamericanade Derechos Humanos sobre el proyectohidroeléctrico de Belo Monte.Los proyectos de desarrollo en gran escala delPrograma de Aceleración del Crecimiento siguieronplanteando riesgos para los pueblos indígenas, lascomunidades de pescadores, los pequeñosagricultores y las comunidades urbanas marginadas.En enero, las inundaciones y los corrimientos de lodoque afectaron a la Região Serrana, zona montañosapróxima a la ciudad de Río de Janeiro, causaron lamuerte de más de 800 personas –la mayoría en laslocalidades de Nova Friburgo y Teresópolis– y dejaronsin hogar a más de 30.000. Hubo denunciasgeneralizadas de corrupción por el uso indebido defondos públicos destinados a ayuda humanitaria paralas personas damnificadas por las inundaciones.Algunos residentes que se habían quedado sin hogar acausa de la inundación que afectó a la ciudad de Ríode Janeiro y la localidad de Niterói en 2010 seguíanviviendo en condiciones precarias en espera de que seles proporcionara una vivienda adecuada.En mayo, el Supremo Tribunal Federal reconocióunánimemente que los derechos de las unionesestables entre personas del mismo sexo eranequivalentes a los de las parejas heterosexuales.Violaciones de derechos humanoscometidas en el pasadoEl 18 de noviembre, la presidenta Rousseff ratificó lasleyes que limitaban a 50 años el periodo de vigencia delos secretos de Estado y creaban una Comisión de laVerdad para investigar las violaciones de derechoshumanos cometidas entre 1946 y 1988. Estaba previstoque la Comisión, integrada por siete personas nombradaspor la presidenta, recogiese testimonios durante dos añosy después publicase un informe. Estas reformasrepresentaron un avance importante para abordar laimpunidad. Sin embargo, suscitaron preocupaciónciertas condiciones que podrían afectar al resultado de124 Informe 2012 Amnistía Internacional

las labores de la Comisión, sobre todo la posibilidad deque la Ley de Amnistía de 1979, cuya interpretaciónhasta entonces beneficiaba a los responsables decrímenes de lesa humanidad, excluyera el enjuiciamientode quienes fueran declarados responsables de estoscrímenes en virtud de este proceso.Seguridad públicaEn medio de un elevado grado de delincuenciaviolenta, las prácticas de los cuerpos de seguridadsiguieron caracterizándose por la discriminación, losabusos contra los derechos humanos, la corrupción ylas operaciones policiales de estilo militar. Lasprometidas reformas en la seguridad pública sevieron debilitadas por severos recortespresupuestarios y por una falta de voluntad política.Algunos estados invirtieron en proyectos deseguridad específicos, como las Unidades de PolicíaPacificadora (UPP) en Río de Janeiro, el proyectoMantente Vivo en Minas Gerais y el Pacto por la Vidaen Pernambuco. Al finalizar 2011 se habían instalado18 UPP en la ciudad de Río de Janeiro. Ennoviembre se realizó una importante operaciónpolicial y militar en la zona sur de la ciudad paraacabar con las bandas delictivas en Rocinha y Vidigalcomo preparación para la instalación de nuevasunidades. Aunque las UPP representaron unimportante avance al alejarse de la actuación policialbasada en el enfrentamiento violento, seguíahaciendo falta una inversión más amplia en serviciossociales para las comunidades que vivían en lapobreza. Además, continuaba siendo necesaria unareforma global del sistema de seguridad, queincluyera formación de la policía, servicios deinteligencia y control externo. Las informacionesrecibidas sobre uso excesivo de la fuerza y corrupciónen algunas unidades indicaban la ausencia demecanismos de vigilancia efectivos para supervisar lapresencia de las UPP en las comunidades.Las comunidades socialmente excluidas siguieronsufriendo la violencia de las bandas delictivas y losabusos de la policía, que a menudo trataba a losresidentes como presuntos delincuentes. Estoaumentó, a su vez, la privación social y alejó a lascomunidades de servicios estatales más generales,como el acceso a las escuelas, a la atención médicay al saneamiento.Entre enero y septiembre, 804 personas murieronen situaciones calificadas de “actos de resistencia”en los estados de Río de Janeiro y São Paulo.Aunque en Río de Janeiro esta cifra representó unadisminución en 177 personas respecto del añoanterior, aumentó el número de muertes violentasregistradas por la policía como “indeterminadas”. En julio, Juan Moraes, de 11 años, desapareciódurante una operación de las fuerzas de seguridad enla favela de Danon, en Nova Iguaçu (estado de Río deJaneiro). Su cadáver fue hallado posteriormente en laorilla del río Botas, en Belford Roxo, municipio de NovaIguaçu. Una investigación de la policía civil concluyóque el niño había muerto a manos de la policía military que su cadáver había sido trasladado por agentes deesta institución. En total, los cuatro policías implicadoslo habían estado también en al menos otros 37homicidios registrados como “actos de resistencia”.Tras esta muerte, la policía civil introdujo nuevasmedidas, como la obligación de investigar el lugar delcrimen y realizar investigaciones forenses y de balísticaen los casos registrados como “actos de resistencia”.En São Paulo se introdujeron medidas similares.Desde abril, todos los casos de muertes a manos de lapolicía en el área metropolitana de São Paulo seremitieron a una unidad especializada en homicidios, elDepartamento de Homicidios y Protección de la Persona.Escuadrones de la muerte y miliciasSe creía que había agentes de policía implicados enescuadrones de la muerte y milicias que sededicaban a operaciones de limpieza social yextorsión, así como a tráfico de armas y de drogas. En febrero, la operación “Guillotina” de la policíafederal sacó a la luz una red de corrupción que seextendía a varios altos cargos de la policía civil de laciudad de Río de Janeiro. Un total de 47 policías enactivo y ex policías fueron acusados de formación debandas armadas, malversación, tráfico de armasy extorsión. También en febrero, en el estado de Goiás, 19 agentesde la policía militar, incluido el subcomandante delcuerpo, fueron detenidos y acusados de estarimplicados en escuadrones de la muerte. En junio, unacomisión especial que investigaba la implicación de lapolicía en los escuadrones de la muerte en el estado dioa conocer un informe que analizaba 37 casos dedesaparición forzada en los que se sospechaba laimplicación policial. Tras la publicación del informe,varios miembros de la propia comisión recibieronamenazas de muerte.BInforme 2012 Amnistía Internacional125

BEn São Paulo, un informe de la policía civilatribuyó 150 muertes ocurridas entre 2006 y 2010 ala actuación de los escuadrones de la muerte en elnorte y el este de la ciudad.En Río de Janeiro, las milicias siguieron dominandograndes zonas de la ciudad: extorsionaban a losresidentes más pobres exigiéndoles dinero a cambiode protección y proporcionaban ilegalmente servicioscomo transporte, telecomunicaciones y gas. Estaimposición de servicios ilegales o no regulados pusoen peligro a las comunidades vulnerables. Quienes seoponían a las milicias eran objeto de amenazas,intimidación y violencia. En agosto, la jueza Patrícia Acioli murió de 21disparos frente a su casa en Niterói, en el áreametropolitana de Río de Janeiro. La jueza habíarecibido una serie de amenazas de muerte en relacióncon su postura inflexible contra las milicias y ladelincuencia policial. Diez policías, junto con elcomandante del Batallón de São Gonçalo, fuerondetenidos en relación con el homicidio, y al concluir elaño estaban en prisión pendientes de juicio. Entre octubre y diciembre, Marcelo Freixo,presidente de la Comisión de Derechos Humanos delestado de Río de Janeiro y diputado estatal, que habíaencabezado una investigación sobre las milicias,recibió 10 amenazas de muerte.Tortura y otros malos tratosLa tortura era generalizada tanto en el momento de ladetención como durante los interrogatorios y lareclusión en comisarías de policía y prisiones.Condiciones de reclusiónLa población penitenciaria alcanzó en 2011 una cifrade alrededor de 500.000 reclusos, el 44 por ciento delos cuales estaba en prisión preventiva. El gravehacinamiento, las condiciones degradantes, la torturay la violencia entre reclusos eran habituales.En octubre de 2011 se remitió al Congreso unproyecto de ley largo tiempo esperado para lacreación de un mecanismo nacional de prevención yun Comité Nacional de Prevención y Erradicación dela Tortura, a tenor de lo exigido en el ProtocoloFacultativo de la Convención de la ONU contra laTortura. Al finalizar el año, tres estados –Río deJaneiro, Alagoas y Paraíba– habían aprobadolegislación para la creación de mecanismospreventivos estatales, y uno de ellos, el de Río deJaneiro, había empezado a aplicarla. En septiembre, una niña de 14 años fue atraída conengaños a la colonia penal agrícola de Heleno Fragoso(centro penitenciario de régimen semiabierto), en elárea metropolitana de Belém, donde la drogaron y laviolaron durante cuatro días. Finalmente huyó y dijoa la policía que en el lugar había otras dos adolescentesa las que estaban utilizando como prostitutas. Treintamiembros del personal del centro, entre ellos elsuperintendente del sistema penitenciario, fueronsuspendidos de sus funciones en espera de unainvestigación. Tras recibir amenazas de muerte, laniña, y otra niña que también había sido violada en elcentro, se vieron obligadas a entrar en el Programa deProtección de Niños y Adolescentes Amenazadosde Muerte.En la mayoría de los estados, muchas prisiones ycalabozos policiales estaban bajo el control de hechode bandas delictivas. En febrero, en el estado de Maranhão, murieron seisreclusos –cuatro de los cuales fueron decapitados– en unmotín que estalló como protesta por el hacinamientoimperante en la Delegación Regional de Policía dePinheiro, donde había 90 detenidos en una celdadestinada a 30. Según el colegio de abogados del estado,se elevó a 94 el número total de reclusos fallecidos bajocustodia en el estado desde 2007.Conflictos de tierrasPueblos indígenas y comunidades quilombolasLas comunidades indígenas siguieron siendo objeto dediscriminación, amenazas y violencia en el contextode los conflictos de tierras. En octubre suscitópreocupación la presentación por la presidentaRousseff de un decreto para facilitar la concesión delicencias medioambientales a grandes proyectosde desarrollo, especialmente los que afectaban a lastierras de comunidades indígenas o quilombolas.La situación en Mato Grosso do Sul seguía siendograve. Según el Consejo Indigenista Misionero (CIMI),1.200 familias vivían en condiciones sumamenteprecarias, acampadas junto a carreteras, esperandola restitución de sus tierras. Los retrasos en el procesode demarcación exponían a las comunidades a unmayor riesgo de sufrir violaciones de derechoshumanos. Un grupo de hombres armados amenazó y atacó enreiteradas ocasiones a 125 familias de la comunidadguaraní kaiowá de Pyelito Kue después de que éstavolviera a ocupar sus tierras tradicionales en el126 Informe 2012 Amnistía Internacional

municipio de Iguatemi, estado de Mato Grosso do Sul.En septiembre llegaron a la comunidad en doscamiones unos hombres armados que dispararonbalas de goma, prendieron fuego a las chozas,golpearon a la gente y profirieron amenazas cuando losresidentes huían presas del pánico. Varias personas,entre ellas niños y ancianos, resultaron heridas degravedad en un ataque que los fiscales federalescalificaron de genocidio y formación de una miliciarural. En noviembre, 40 hombres armados, muchos deellos encapuchados, atacaron el campamento guaivirysituado cerca de la frontera entre Brasil y Paraguay,mataron a tiros al dirigente indígena Nísio Gomes y sellevaron en un camión su cadáver, cuyo paraderose desconocía al finalizar el año.En febrero, tres hombres acusados de matar aldirigente guaraní kaiowá Marcus Veron fuerondeclarados culpables de secuestro, formación debanda delictiva y tortura, aunque se les absolvió delcargo de homicidio. Al concluir el año, los tresestaban en libertad pendientes de una apelacióncontra sus condenas. Marcus Veron murió de unapaliza en tierras tradicionales en febrero de 2003. En febrero, el Instituto Brasileño de Medio Ambientey Recursos Naturales Renovables concedió la licenciamedioambiental para que comenzaran las obras delproyecto hidroeléctrico de Belo Monte, en el estado dePará. Las comunidades indígenas y locales protestaroncontra los planes, alegando que el proyecto afectaría asus medios de subsistencia y que la licencia se habíaotorgado sin un proceso justo de consulta con losafectados. En abril, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos pidió a Brasil que suspendiera elproceso de concesión de licencias hasta que sehubieran celebrado consultas libres, previas einformadas con los grupos afectados y se hubierantomado medidas para salvaguardar su salud y suintegridad física. Las autoridades federalesrespondieron retirando a su representante ante laOrganización de los Estados Americanos (OEA)y suspendiendo sus contribuciones a la Comisión,entre otras medidas.Homicidios en zonas ruralesLos activistas que defendían el derecho a la tierrasiguieron siendo objeto de amenazas y homicidios ensu lucha por el acceso a la tierra y por denunciaractividades ilegales de tala y de cría de ganado en laregión del Amazonas. En mayo, unos hombres armados mataron a tiros alos activistas medioambientales José Cláudio Ribeiroda Silva y su esposa, Maria do Espírito Santo, en elmunicipio de Ipixuna, estado de Pará. Los dosfallecidos habían denunciado las actividades detaladores, rancheros y productores de carbón ilegalesen la región. En septiembre fueron detenidos treshombres en relación con los homicidios. Sin embargo,continuaron las amenazas contra los familiaresy la comunidad de las víctimas. En mayo, Adelino Ramos, dirigente rural ysobreviviente de la masacre de Corumbiara de 1995,murió por disparos en Vista Alegre do Abunã, en elmunicipio de Porto Velho, estado de Rondônia. Ramoshabía denunciado las actividades de taladores ilegalesque actuaban en las fronteras de los estados de Acre,Amazônia y Rondônia.Tras los homicidios, la ONG Comisión Pastoral de laTierra presentó a la Secretaría Especial de DerechosHumanos, de ámbito federal, los nombres deotras 1.855 personas amenazadas debido a conflictosde tierras en todo el país.Hubo informes sobre conflictos violentos de tierrasen muchos otros estados del norte y el nordeste deBrasil. En junio, unos hombres armados atacarona 40 familias del Assentamento Santo Antônio BomSossego y del Acampamento Vitória, en el municipio dePalmeirante, estado de Tocantins. Los atacantesdispararon contra los asentamientos y amenazaron conmatar a los activistas que defendían el derecho a latierra. En el estado de Maranhão, los residentes de lacomunidad quilombola de Salgado se quejaron deestar sufriendo una campaña continuada dehostigamiento e intimidación a manos de agricultoreslocales, que destruyeron cosechas, mataron ganado,vallaron fuentes de agua y enviaron amenazas demuerte a los dirigentes de la comunidad.Derecho a la viviendaEn los núcleos urbanos de Brasil, los proyectos dedesarrollo en gran escala –como los preparativos parala Copa del Mundo de 2014 y para los JuegosOlímpicos de 2016– pusieron a comunidades quevivían en la pobreza en peligro de sufrir intimidación ydesalojo forzoso. En abril, la relatora especial de laONU sobre el derecho a una vivienda adecuada dijoque había recibido informes sobre violaciones deBInforme 2012 Amnistía Internacional127

Bderechos humanos cometidas durante desalojosrealizados en ciudades de todo el país, incluidas SãoPaulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, PortoAlegre, Recife, Natal y Fortaleza. En febrero, un grupo de trabajadores delayuntamiento provistos de buldóceres, y acompañadosde guardias municipales, llegó sin previo aviso a lacomunidad de Vila Harmonia, en Recreio dosBandeirantes, Río de Janeiro, una de las variascomunidades amenazadas de desalojo debido a laconstrucción del corredor de autobuses Transoeste.Los residentes informaron de que los trabajadoresmunicipales les habían ordenado que se marcharan deinmediato, sin darles tiempo a sacar sus pertenenciasde las casas antes de que las derribaran.En São Paulo, miles de familias estabanamenazadas de desalojo para abrir paso a obras dedesarrollo de infraestructura urbana, como laconstrucción de una carretera de circunvalación, laampliación de las carreteras que seguían el curso delrío Tietê y la construcción de zonas verdes a la orilla dearroyos y ríos, donde se ubicaba el 40 por ciento de lasfavelas de la ciudad. Los residentes afectados por losdesalojos se quejaron de la ausencia de consultas yde lo inadecuado de las indemnizaciones.Defensores y defensoras de los derechoshumanosEl Programa Nacional de Protección de los Defensoresde los Derechos Humanos estaba ya en plenofuncionamiento en cinco estados –Pará, Pernambuco,Espírito Santo, Minas Gerais y Bahía–e implementándose en otros dos –Ceará y Río deJaneiro–. Sin embargo, en muchos casos, losproblemas burocráticos reducían su eficacia, y algunosdefensores incluidos en el programa se quejaron deque no habían recibido protección adecuada.Varias ONG locales fueron objeto de intimidacióny de amenazas. En la localidad de Cantanhede, estado de Maranhão,los activistas de la Comisión Pastoral de la Tierrarecibieron amenazas de muerte cuando se hallaban enlas inmediaciones de un tribunal al que habían acudidopara asistir a una vista relacionada con un conflictosobre tierras. En la ciudad de Río de Janeiro, los miembros de laRed de Comunidades y Movimientos contra laViolencia recibieron amenazas telefónicas y fueronintimidados por agentes de policía.Derechos sexuales y reproductivosEn los cinco años transcurridos desde que sepromulgó la Ley Maria da Penha sobre violencia en elámbito familiar habían sido condenadas en aplicaciónde ella más de 100.000 personas.En agosto, el Comité de la ONU para la Eliminaciónde la Discriminación contra la Mujer concluyó, en unadecisión histórica, que Brasil había incumplido suobligación de garantizar a las mujeres “serviciosapropiados en relación con el embarazo, el parto y elperiodo posterior al parto, proporcionando serviciosgratuitos cuando fuere necesario”. La decisión fueadoptada en el caso de Alyne da Silva Pimentel,afrodescendiente de 28 años y residente en uno delos distritos más pobres de Río de Janeiro, que en2002 estaba embarazada de seis meses de susegundo hijo cuando murió por complicacionesderivadas del embarazo después de que su centro desalud local diagnosticara erróneamente sus síntomasy se demorase en facilitarle atención de emergencia.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Brasil en abril.BULGARIAREPÚBLICA DE BULGARIAJefe del Estado:Georgi ParvanovJefe del gobierno:Boyko BorisovPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:7,4 millonesEsperanza de vida:73,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 10 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:98,3 por cientoSe criticó a las autoridades por no impedir laviolencia contra la comunidad romaní, que enseptiembre se extendió por todo el país. En Sofía seagredió a musulmanes tras una manifestación desimpatizantes de un partido político“ultraderechista”. Se tuvo noticia de que eranhabituales las detenciones de solicitantes de asilo,en contravención de la legislación nacional y de laUnión Europea.128 Informe 2012 Amnistía Internacional

DiscriminaciónEl Comité de Derechos Humanos de la ONU expresóen julio su preocupación por la discriminacióngeneralizada que continuaba sufriendo la comunidadromaní en el acceso a la justicia, el empleo y servicioscomo la vivienda y la educación. Recordó a lasautoridades su obligación de prevenir, investigar ycastigar los delitos de odio y los actos de hostigamientocontra minorías y comunidades religiosas,especialmente los romaníes y los musulmanes.Ataques contra romaníesLa violencia contra la comunidad romaní se extendió portoda Bulgaria a raíz de que un minibús conducidopor un romaní atropellara a un hombre no romaní enla localidad de Katunitza el 24 de septiembre. Elincidente desencadenó manifestacionesmarcadamente antirromaníes. En Katunitza seprendió fuego a varias casas de romaníes. El ComitéBúlgaro de Helsinki y otras ONG criticaron a lasautoridades por no haber tomado antes las medidasnecesarias para contener la violencia. Segúninformes, la policía no vigiló las entradas a algunosbarrios romaníes hasta días después, cuando detuvoa más de 350 personas. Según informaciónpublicada en los medios de comunicación, el fiscalgeneral envió instrucciones a las fiscalías regionalesen respuesta a las protestas, recordándoles lanecesidad de reaccionar ante los actos que pudieranconstituir violencia por motivos raciales, religiososy étnicos.Según informes, se celebraron variosprocedimientos penales contra personas detenidasdurante las protestas y con posterioridad.Ataques contra la comunidad musulmanaEl 20 de mayo se agredió a musulmanes que estabanrezando ante la mezquita de Banya Bashi, en Sofía,cuando una manifestación organizada porsimpatizantes del partido político nacionalista UniónNacional Ataque (Ataka) degeneró en violencia.Según informes, cuatro musulmanes y unaparlamentaria de dicho partido resultaron heridos. Seabrió una investigación, pero, según el ComitéBúlgaro de Helsinki, las agresiones se enjuiciaroncomo actos de “vandalismo” y no de violenciadiscriminatoria. El Comité de Derechos Humanos dela ONU expresó su preocupación por la agresión ycriticó a las autoridades por la deficiente vigilancia delcumplimiento de la legislación vigente contra ladiscriminación.Ataques contra lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEl 18 de junio, tras celebrarse la marcha del Orgulloen Sofía, cinco voluntarios de la organización del actofueron agredidos por un grupo de desconocidos. Losactivistas, tres de los cuales resultaron heridos leves,sospechaban que sus agresores los habían seguido alterminar la marcha y consideraban preocupante quelas autoridades trataran los hechos como un caso devandalismo y no de delitos de odio debido a que elCódigo Penal búlgaro no reconocía la orientaciónsexual como posible motivo para cometer talesdelitos. Según el ministro del Interior, la investigaciónpolicial sobre el caso se cerró sin que se hubieraidentificado a los agresores.Sistema de justiciaEn noviembre, el Comité de la ONU contra la Torturaseñaló con preocupación la falta de transparencia enla selección y el nombramiento de jueces y miembrosdel Consejo Judicial Supremo. Manifestó que elprincipio de independencia del poder judicial nohabía sido respetado por altos cargos públicos ni seaplicaba plenamente en el seno de la judicatura. El Tribunal Europeo de Derechos Humanosdeterminó en las causas Kanchev v. Bulgaria yDimitrov and Hamanov v. Bulgaria que Bulgaria habíaviolado el derecho a una vista judicial en un plazorazonable y el derecho a un recurso efectivo. Enfebrero resolvió que el primero de estos requisitos nose había cumplido en el caso de un hombre que habíatenido que esperar 12 años y 4 meses la finalizaciónde las actuaciones penales en su contra. En mayo, elTribunal pronunció la misma sentencia en una causarelacionada con dos personas cuyos procesos habíandurado 10 años y 8 meses, y 5 años y 3 meses,respectivamente.Tortura y otros malos tratosEn noviembre, el Comité de la ONU contra la Torturaexpresó su preocupación por el uso excesivo de lafuerza y las armas de fuego por parte de agentesencargados de hacer cumplir la ley y pidió a Bulgariaque tomara medidas para erradicar toda forma dehostigamiento y malos tratos por parte de la policíadurante las investigaciones.Instituciones psiquiátricas El Tribunal Europeo de Derechos Humanos vio enfebrero la causa de un hombre al que habían puestoBInforme 2012 Amnistía Internacional129

Bbajo tutela y posteriormente habían ingresado en uncentro asistencial para personas con trastornospsiquiátricos en el pueblo de Pastra. El hombre habíadenunciado que las condiciones de vida allí constituíanmalos tratos y que su privación de libertad era ilegítimay arbitraria.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEl Comité Búlgaro de Helsinki denunció ennoviembre que las autoridades habían puesto bajocustodia a solicitantes de asilo, en contravenciónde la legislación nacional y de la directiva sobreprocedimientos de asilo de la Unión Europea.Según informes, había hasta un millar desolicitantes recluidos en centros de detención deLiubimets y Busmansti. El director de la AgenciaEstatal para los Refugiados afirmó que la limitadacapacidad de los centros de acogida en régimenabierto había dado lugar a esa práctica. En elborrador de la Estrategia Nacional sobre Asilo,Migración e Integración también se reconocía queBulgaria carecía de capacidad institucional paracumplir los requisitos básicos de la acogida desolicitantes de asilo. En julio, el Tribunal de Plovdiv falló en contra deextraditar a Rusia a un hombre de etnia chechena,Ahmed Razhapovich Chataev, que tenía reconocida lacondición de refugiado en Austria desde 2003. Segúninformes, había sido detenido el 19 de mayo cuandointentaba cruzar la frontera de Bulgaria con Turquía.El motivo de su detención fue una solicitud deextradición cursada por la Fiscalía General de laFederación Rusa, por cargos de incitación alterrorismo y financiación de actividades terroristas. ElTribunal de Plovdiv resolvió que la condición derefugiado de Ahmed Chataev era válida en Bulgaria.Las ONG expresaron su preocupación por el peligroreal que corría Ahmed Chataev de sufrir dañosgraves, que incluían tortura y otros malos tratos, si eraextraditado a Rusia.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Bulgaria en junio. Bulgaria: Authorities must urgently act to stop the escalation ofviolence targeting the Roma community (EUR 15/002/2011)BURKINA FASOBURKINA FASOJefe del Estado:Blaise CompaoréJefe del gobierno:Luc-Adolphe Tiao(sustituyó a Tertius Zongo en abril)Pena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:17 millonesEsperanza de vida:55,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 166,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:28,7 por cientoEntre febrero y julio se produjeron graves disturbiosy el presidente disolvió el gobierno. Se presentaroncargos contra unos 300 soldados, a los que se detuvotras los disturbios.Información generalDesde febrero hasta julio, Burkina Faso sufrió una delas más graves oleadas de disturbios desde la llegadadel presidente Blaise Compaoré al poder en 1987.Miembros del ejército salieron a la calle en variasocasiones para protestar contra las penas de cárcelimpuestas a cinco oficiales militares por atacar a uncivil en relación con el impago de prestaciones. Elpresidente reaccionó disolviendo el gobierno ydestituyendo al jefe del Estado Mayor. En septiembrese presentaron cargos contra unos 300 soldados, alos que se detuvo; muchos de ellos fueron juzgadospor rebelión, violación, robo y saqueo.En marzo y abril, miles de personas se manifestaronen la capital, Uagadugú, y en otras ciudades por losaltos precios de los alimentos y el alza del coste de lavida. Los manifestantes pedían la renuncia delpresidente Compaoré y el fin de la impunidad.Uso excesivo de la fuerzaEn febrero estallaron protestas contra el gobierno entodo el país a raíz de la muerte del estudiante JustinZongo, que falleció tras ser golpeado por agentes depolicía en la ciudad de Kudugú, a 100 kilómetros aloeste de Uagadugú. Informes posteriores contradijeronlas declaraciones oficiales que sostenían que la muertese había debido a meningitis, y señalaron que habíasido consecuencia de agresiones físicas.Durante los enfrentamientos posteriores entre losmanifestantes y las fuerzas del orden, cientos depersonas resultaron heridas y cinco perdieron la vida,130 Informe 2012 Amnistía Internacional

entre ellas un agente de policía, tras disparar lasfuerzas de seguridad con munición real contra losmanifestantes. En agosto, tres agentes de policíafueron declarados culpables de homicidio involuntarioen el caso de Justin Zongo y se les impusieroncondenas de entre 8 y 10 años de cárcel.Pena de muerte En enero, Issoufou Savadogo fue condenado amuerte por la Sala de lo Penal del Tribunal deApelaciones de Uagadugú tras haber sido declaradoculpable de asesinato. En diciembre, dos personas fueron condenadas amuerte, una de ellas in absentia, por la Sala de lo Penaldel Tribunal de Apelaciones de Bobo-Diulasso trashaber sido declaradas culpables de asesinato.Derecho a la salud: mortalidad maternaAunque se había identificado la salud materna comouna prioridad para el gobierno, al terminar el año nose había logrado ningún progreso real ni en la calidadde los servicios de salud materna ni en la mejora delacceso a planificación familiar y anticoncepción. Serecibieron informes de algunos avances en relacióncon la rendición de cuentas del personal médico. En septiembre, dos funcionarios de salud fuerondespedidos por “mala práctica profesional grave” enBobo-Diulasso tras la muerte de una mujerembarazada a la que se había encerrado en una salade maternidad sin supervisión alguna. En octubrefueron condenados a penas de cárcel y se concedió elpago de indemnizaciones a la familia.BURUNDIREPÚBLICA DE BURUNDIJefe del Estado y del gobierno:Pierre NkurunzizaPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:8,6 millonesEsperanza de vida:50,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 166,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:66,6 por cientoLa impunidad seguía siendo generalizada y seafianzó aún más. Aumentó el número de ejecucionesextrajudiciales y homicidios políticos. El sistema dejusticia seguía estando politizado. Tanto losdefensores y defensoras de los derechos humanoscomo los periodistas se enfrentaban a una represióncada vez mayor. El gobierno se comprometió aestablecer la Comisión de la Verdad y laReconciliación en 2012, pero no se registraronavances en el establecimiento de un TribunalEspecial.Información generalEl partido gobernante, Consejo Nacional para laDefensa de la Democracia-Fuerzas para la Defensade la Democracia (CNDD-FDD), consolidó su controldel poder tras la retirada de la mayoría de los partidosopositores de las elecciones de 2010. Las fuerzas deseguridad sometieron a miembros de la oposiciónpertenecientes a las Fuerzas Nacionales deLiberación (FNL) a homicidios ilegítimos, actos dehostigamiento y detenciones ilegales.Unas 40 personas murieron en una masacreperpetrada en Gatumba el 18 de septiembre. Unmédico italiano y una monja croata resultaronmuertos en un ataque contra un hospital de Ngozi ennoviembre, el primero que se lanzaba contra personalinternacional de ayuda humanitaria desde 2007.Algunos dirigentes clave de la oposición, comoAgathon Rwasa, de las Fuerzas Nacionales deLiberación, y Alexis Sinduhije, del Movimiento por laSolidaridad y la Democracia (MSD), continuaban enel exilio. Dos nuevos grupos armados de oposiciónanunciaron su existencia a finales del año. Varios exmiembros de las Fuerzas Nacionales de Liberación seimplicaron en la oposición armada dentro de Burundiy en la vecina República Democrática del Congo.Sistema de justiciaEl sistema de justicia seguía estando politizado ycarecía de recursos suficientes. La poblaciónburundesa no confiaba en la justicia convencional y amenudo recurría a la “justicia popular”.La sucesión de detenciones y citaciones por motivospolíticos de abogados, periodistas y defensores ydefensoras de los derechos humanos puso demanifiesto la limitada independencia del poder judicial.Los miembros del Colegio de Abogados de Burundi sedeclararon en huelga en julio para mostrar su apoyo alos abogados recluidos durante varios días por ejercersu derecho a la libertad de expresión.BInforme 2012 Amnistía Internacional131

B François Nyamoya fue detenido el 28 de julio yacusado formalmente de influir en testigos en un juicioconcluido varios años antes. También estuvo detenidoen 2010 por cargos politizados relacionados con sufunción de portavoz del partido Movimiento por laSolidaridad y la Democracia. Al terminar el añocontinuaba recluido.Continuaron las demoras en las comisiones queinvestigaban denuncias de violaciones de derechoshumanos cometidas por las fuerzas de seguridad.Estos retrasos contrastaban con la rapidez de lostrabajos de la comisión que investigaba la masacreperpetrada el 18 de septiembre en Gatumba. Sedetuvo y acusó a 21 personas, y el juicio comenzó ennoviembre. Sin embargo, se aplazó tras alegar ladefensa que la policía no había seguido losprocedimientos apropiados durante susinvestigaciones y que le había negado el acceso a losexpedientes de sus clientes.Ejecuciones extrajudiciales e impunidadAumentaron las ejecuciones extrajudiciales. La ONUdocumentó 57 homicidios ilegítimos cometidos porlas fuerzas de seguridad. En otros 42 asesinatos, quese creía cometidos por motivos políticos, seguía sinconocerse con certeza la identidad de los autores.Los casos en los que estaban implicados agentes dela seguridad del Estado consistían sobre todo enhomicidios de miembros y ex miembros de lasFuerzas Nacionales de Liberación y de otros partidosde oposición. El gobierno seguía negando quehubiera agentes de las fuerzas de seguridadimplicados en homicidios ilegítimos. Audace Vianney Habonarugira, coronel de lasFuerzas Nacionales de Liberación desmovilizado, fuehallado muerto el 15 de julio. En marzo había escapadoa un intento de asesinato en Kamenge, al dispararcontra él un individuo a quien se identificó comoagente de los servicios de inteligencia. En los mesesprevios a su asesinato se había negado a convertirse eninformante de los servicios de inteligencia y fue objetode persistentes seguimientos. Una comisión deinvestigación examinó el fallido intento de asesinato,pero no se derivaron enjuiciamientos.Las comisiones de investigación se utilizaron parademorar enjuiciamientos de agentes de las fuerzas deseguridad presuntamente implicados en homicidiosilegítimos y en intentos de asesinato. En abril y mayo,sendas comisiones comenzaron a investigar lasejecuciones extrajudiciales y la violencia relacionadascon las elecciones de 2010. Ninguna de las doscomisiones hizo públicas sus conclusiones ni diolugar a enjuiciamientos fructíferos a lo largo del año.La falta de identificación de los cuerpos antes desu entierro negaba a los familiares de las víctimas elderecho a la verdad y la justicia. A pesar de la ordendictada por el ministro del Interior en noviembre paraque se llevaran a cabo tales identificaciones, lasautoridades locales seguían enterrando de maneraapresurada los cadáveres. Léandre Bukuru fue secuestrado el 13 de noviembreen su domicilio de Gitega por hombres que vestíanuniformes policiales. Al día siguiente se encontró enGiheta su cuerpo decapitado, que fue enterrado pororden de un administrador local, sin la presencia de sufamilia y sin que se llevara a cabo una investigaciónpolicial. Su cabeza fue encontrada dos días después enGitega. La fiscalía abrió un expediente, pero no exhumóel cuerpo para proceder a su examen.Libertad de asociación y reuniónLas autoridades seguían restringiendo el derecho dereunión pacífica a las organizaciones de la sociedadcivil, pese a haberse dado pasos positivos pararestituir la condición jurídica del Foro para elFortalecimiento de la Sociedad Civil el 28 de enero. El 8 de abril, segundo aniversario del asesinato deErnest Manirumva, defensor de los derechos humanosy destacado activista contra la corrupción, la policíadisolvió una marcha pacífica por la justicia. GabrielRufyiri, presidente del Observatorio para la Luchacontra la Corrupción y la Malversación Económica(OLUCOME), y su colega Claver Irambona fuerondetenidos, interrogados y liberados sin cargos variashoras más tarde.Tortura y otros malos tratosLa comisión de investigación sobre las denuncias detortura infligida en 2010 por el Servicio Nacional deInteligencia (SNR) no informó públicamente. No seiniciaron investigaciones judiciales ni enjuiciamientosen relación con las denuncias de tortura.Libertad de expresiónDefensores y defensorasde los derechos humanosAl seguir sin hacerse justicia por el asesinato deErnest Manirumva, los defensores y defensoras de los132 Informe 2012 Amnistía Internacional

derechos humanos quedaban en situación de riesgo,sobre todo quienes trabajaban en la campaña Justiciapara Ernest Manirumva. Los defensores eran objetode reiteradas citaciones, amenazas y vigilancia. Dosmiembros del personal de la ONG en la que trabajabaErnest Manirumva (OLUCOME) sufrieron incidentesde seguridad en junio, incluido un asalto de hombresarmados.El fallo dictado por el Tribunal de Alta Instancia deBujumbura el 22 de junio, en el que se pedíaninvestigaciones adicionales sobre el caso deManirumva, parecía un paso positivo. Sin embargo, laspreguntas formuladas a activistas de los derechoshumanos durante entrevistas con autoridades judicialesindicaban intentos de implicar falsamente a la sociedadcivil en el asesinato. Las autoridades judiciales nohabían tenido en cuenta previamente lasrecomendaciones de la Oficina Federal de Investigaciónde Estados Unidos (FBI) en el sentido de interrogar yrealizar pruebas de ADN a funcionarios policiales y deinteligencia de alto rango implicados por testigos. ElTribunal no fijó un calendario para completar lasinvestigaciones, lo que suscitó la preocupación de queel juicio pudiera estancarse una vez más.PeriodistasLos periodistas hacían frente a un aumento de larepresión. Hubo periodistas independientes a los quese citó en repetidas ocasiones ante las autoridadesjudiciales para que respondieran a preguntasrelacionadas con su trabajo. Se observó una tendenciacreciente entre los magistrados a equiparar las críticasal gobierno con la incitación al odio étnico. Lascitaciones casi nunca daban lugar a enjuiciamientos,pero eran intimidatorias y llevaban mucho tiempo. Losperiodistas y los defensores y defensoras de losderechos humanos recibían con frecuencia amenazastelefónicas de agentes de inteligencia.El gobierno impuso amplias restricciones a losmedios de comunicación después de la masacredel 18 de septiembre en Gatumba. El 20 deseptiembre, el Consejo Nacional de Seguridad ordenóque los periodistas no publicaran, comentaran nianalizaran información sobre la masacre ni sobreningún otro caso en fase de investigación.Las autoridades hostigaron y amenazaronsistemáticamente al personal de la Radio PúblicaAfricana (RPA). El 14 de noviembre, la RPA recibióuna carta del ministro del Interior en la que se decíaque la emisora se estaba utilizando “paradesacreditar a las instituciones, deslegitimar al poderjudicial, condenar gratuitamente a individuos, incitara la población al odio y la desobediencia y favorecerel culto a la mentira”. En ella se ordenaba a laemisora que aportara documentación económica einformes de actividades en el plazo de 10 días. Jean-Claude Kavumbagu, director de Netpress,quedó en libertad en mayo después de pasar 10 mesesen la cárcel. Había sido acusado de traición, cargo queacarreaba cadena perpetua, por un artículo en elque se ponía en duda la capacidad de las fuerzas deseguridad para proteger el país de ataques terroristas.Fue absuelto de traición, pero declarado culpable deperjudicar a la economía. Varios empleados de la RPA fueron citados, segúnlos informes, por las autoridades judiciales. BobRugurika, director de la emisora, fue interrogado porlas autoridades judiciales en múltiples ocasiones.Condiciones de reclusiónLas cárceles estaban abarrotadas y la mayoría de lospresos se encontraban en espera de juicio.Algunas personas acusadas de delitos gravesfueron trasladadas de la capital, Bujumbura, acárceles de provincias remotas. Las autoridades nojustificaron esta decisión, que aislaba a los acusadosdurante los procedimientos previos al juicio. Dosdetenidos por la masacre de Gatumba fuerontrasladados a las localidades de Rumonge y Rutana.Un periodista acusado formalmente de presuntaparticipación en actividades terroristas fue llevado porel Servicio Nacional de Inteligencia a la ciudad deCankuzo.Justicia transicionalEl comité establecido para reformar la Ley sobre laComisión de la Verdad y la Reconciliación de 2004presentó al presidente Nkurunziza un anteproyectode ley en octubre. En caso de ser aprobada por elParlamento, la ley excluiría de la Comisión a losgrupos religiosos y de la sociedad civil, lo que pondríaen peligro su independencia. Además, podría impedirque el Tribunal Especial, órgano judicial establecidopara hacer el seguimiento de la Ley sobre la Comisiónde la Verdad y la Reconciliación, enjuiciara casos deforma independiente. El anteproyecto de ley noprohibía explícitamente la concesión de amnistías, nisiquiera por genocidio, crímenes de guerra ycrímenes de lesa humanidad.BInforme 2012 Amnistía Internacional133

CComisión Nacional Independientede Derechos HumanosEn junio se constituyó formalmente la ComisiónNacional Independiente de Derechos Humanos deBurundi. La escasez de recursos impidió queinvestigara con eficacia las violaciones de derechoshumanos. A petición del gobierno de Burundi, elConsejo de Derechos Humanos de la ONU puso finprematuramente al mandato del expertoindependiente sobre los derechos humanos enBurundi. En su informe de junio, el expertoindependiente había puesto de relieve la falta deindependencia judicial, las violaciones de la libertadde expresión y la ausencia de enjuiciamiento de losactos de tortura que se observaban en el país.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Burundi en marzo, julio, noviembrey diciembre. Burundi: Commission must investigate conduct of security forces(AFR 16/004/2011) Burundi: Submission to the Technical Committee revising the lawfor a Truth and Reconciliation Commission (AFR 16/008/2011) Burundi: Strengthen support for National Human Rights Commission(AFR 16/009/2011) Burundi: Release prominent lawyers jailed on spurious charges(PRE01/369/2011)CAMBOYAREINO DE CAMBOYAJefe del Estado:rey Norodom SihamoniJefe del gobierno:Hun SenPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:14,3 millonesEsperanza de vida:63,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 87,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:77,6 por cientoLos desalojos forzosos, los conflictos sobre tierras ylas apropiaciones de tierras continuaron a granescala y afectaron a miles de personas. La situaciónse vio agravada por el aumento de las concesiones detierras con fines económicos otorgadas por elgobierno a intereses empresariales. La impunidad deque gozaban los responsables de abusos contra losderechos humanos y la ausencia de un poder judicialindependiente seguían siendo problemas graves. Lasautoridades continuaron restringiendo el derecho ala libertad de expresión, asociación y reuniónpacífica, amenazando, hostigando y emprendiendoacciones legales contra defensores y defensoras delos derechos humanos con el fin de silenciarlos. Lascomunidades de base y los activistas en favor delderecho a la tierra y a la vivienda corrían especialpeligro. Se pospuso una polémica propuesta de leydestinada a regular las ONG y las asociaciones, a laque la sociedad civil había mostrado su oposicióngeneralizada. Importantes sucesos en las SalasEspeciales de los Tribunales de Camboyaamenazaron con hacer fracasar el proceso y negarjusticia a las víctimas de las atrocidades cometidaspor el Jemer Rojo.Información generalContinuaba el conflicto fronterizo con Tailandia por lapropiedad de la zona en torno al templo de PreahVihear, declarado Patrimonio de la Humanidad, loque provocó enfrentamientos armados entre los dospaíses a comienzos de 2011. En julio, la CorteInternacional de Justicia falló que ambas partesdebían retirar sus tropas de la zona, pero el fallo sólose acató en parte.En agosto, el Banco Mundial afirmó que endiciembre de 2010 había dejado de conceder nuevoscréditos a Camboya, que no reanudaría mientras nose llegase a un acuerdo con las personas que seguíanviviendo en el lago Boeung Kak, en la capital, PhnomPenh. Desde 2008, casi 4.000 familias habían sufridoel desalojo forzoso de la zona.En octubre, el gobierno prohibió temporalmente elenvío de trabajadores y trabajadoras del serviciodoméstico a Malaisia, tras una serie de incidentesrelacionados con denuncias de abusos sufridos pormujeres y niñas camboyanas contratadas paratrabajar como empleadas domésticas. También seacusó a agencias de contratación en Camboya dedetener ilegalmente a mujeres y niñas paraproporcionarles formación antes de enviarlas alextranjero.En noviembre, Camboya asumió oficialmente lapresidencia de la Asociación de Naciones del SudesteAsiático (ASEAN), que comenzaría de forma efectiva134 Informe 2012 Amnistía Internacional

en enero de 2012. El gobierno anunció su intenciónde presentar su candidatura como miembro nopermanente del Consejo de Seguridad de la ONUen 2013-2014.Desalojos forzososMiles de personas seguían sufriendo lasconsecuencias de los desalojos forzosos, losconflictos sobre tierras y las apropiaciones de tierras,que a menudo eran consecuencia de concesionesmineras o concesiones de tierras con fineseconómicos relacionados con proyectosagroindustriales o de urbanismo. Según cálculos deONG locales, 420.000 personas se habían vistoafectadas en zonas que ocupaban aproximadamentela mitad del país y que se venían vigilandodesde 2003. Según otro cálculo, el 10 por ciento dela población de Phnom Penh había sido objeto dedesalojo forzoso o, en algunos casos, desalojadamediante reasentamientos voluntarios programadosdesde 2001. Hoy Mai contó a Amnistía Internacional cómo sufamilia y otras 118 de la localidad de Bos, en laprovincia de Oddar Meanchey, fueron desalojadas a lafuerza en octubre de 2009 por un grupo de agentes deseguridad, funcionarios y otras personas que parecíanser trabajadores de la empresa Angkor Sugar, en elcontexto de una concesión de tierras con fineseconómicos a esa compañía. Incendiaron sus casas, ylas familias perdieron todas sus pertenencias y sustierras de cultivo. Hoy Mai, embarazada de cincomeses, pasó ocho meses encarcelada tras intentarrecurrir a las autoridades. A pesar de las promesas deque le entregarían otra parcela de terreno, no recibiótierra ni indemnización, por lo que tanto ella como sushijos quedaron sin hogar y en la indigencia. En septiembre, ocho familias del lago Boeung Kakfueron desalojadas a la fuerza, según informes, portrabajadores de la empresa que utilizaron excavadorasmientras agentes de policía observaban la escena. Trasla demolición de sus casas se quedaron sin hogar, apesar de que, en agosto, el gobierno había ordenado laconcesión de 12,44 hectáreas de tierra destinadasa la construcción de viviendas en la zona para lasfamilias que seguían viviendo allí. Soung Sophorn,activista juvenil del partido de Sam Rainsy, fuebrutalmente golpeado por la policía cuando protestabaen el lugar de la demolición.Justicia internacionalLas deficiencias en los procedimientos y lasdenuncias de injerencias del gobierno pusieron entela de juicio la credibilidad de las Salas Especialesde los Tribunales de Camboya.Los jueces coinstructores anunciaron el cierre de lacausa 003 en abril, sin que al parecer hubieranllevado a cabo investigaciones completas. La causa004 seguía siendo instruida. En octubre, la Sala deCuestiones Preliminares rechazó la solicitud de unavíctima de que se le permitiese personarse comoparte civil en las causas 003 y 004. Los dos juecesinternacionales que apoyaron la solicitud revelaronque se había incurrido en diversos errores, como lapresunta manipulación de documentos, que negabanlos derechos de víctimas y acusados. Días antes dehacerse públicas estas conclusiones, el juezinstructor internacional presentó su dimisiónalegando injerencias políticas. Se retrasó susustitución por el juez suplente LaurentKasper-Ansermet al no aceptar el gobierno deCamboya este nombramiento. En noviembre comenzó el juicio de Nuon Chea, IengSary y Khieu Samphan, de edades comprendidas entrelos 79 y los 85 años, que presuntamente habían sidoaltos dirigentes durante el periodo del Jemer Rojo yestaban imputados en la causa 002 por crímenes delesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Lasalud de las personas acusadas era motivo depersistente preocupación. La Sala de Primera Instanciadeterminó que la acusada Ieng Thirith, de 79 años, noestaba en condiciones de ir a juicio, y suspendió losprocedimientos iniciados contra ella y ordenó supuesta en libertad. En diciembre, la Sala del TribunalSupremo anuló esta decisión y ordenó que Ieng Thirithcontinuase recluida en un hospital o en otro centroadecuado, a la espera de un examen médico y de otraevaluación de competencia para comparecer en juicio.Defensores y defensorasde los derechos humanosSindicalistas, activistas del derecho a la tierra y a lavivienda, trabajadores de ONG y otros defensores ydefensoras de los derechos humanos continuabansufriendo amenazas, hostigamiento y agresionesfísicas por parte de las autoridades, que tambiéniniciaron acciones legales contra ellos, con el fin deimpedirles llevar a cabo actividades pacíficas. Lashuelgas y protestas de sindicalistas y trabajadores seCInforme 2012 Amnistía Internacional135

Cdisolvieron haciendo un uso innecesario o excesivo dela fuerza. Las mujeres estuvieron a la cabeza de laresistencia pacífica a los desalojos en el lago BoeungKak. En diversas ocasiones, varias resultaron heridasdurante la intervención violenta de agentes deseguridad en protestas pacíficas. En noviembre, Kong Chantha, Bo Chhorvy, HengMom y Tep Vanny fueron detenidas, recluidas yacusadas de “insultar” y “obstruir la labor de losagentes” tras participar en una protesta pacífica en ellago Boeung Kak. Quedaron en libertad bajosupervisión judicial, y, de ser declaradas culpables,podrían ser condenadas a una cuantiosa multa y hastaun año de cárcel. Aumentaron las amenazas escritas y verbales y elhostigamiento físico contra Loun Savath, monje budistay defensor de los derechos humanos que apoyaba ydefendía a comunidades en peligro de perder sustierras y casas. En abril, sus superiores en Phnom Penhle prohibieron quedarse en ninguno de los monasteriosde Phnom Penh, prohibición que posteriormente seextendió al resto del país. En junio, el sindicalista Sous Chantha fue declaradoculpable de distribución de drogas y condenado a 10meses de cárcel. Quedó en libertad tras suspendersedos meses de la condena y haber pasado ya nuevemeses en prisión preventiva. Al parecer, los cargos ensu contra eran infundados y su finalidad era hacer queél y otros sindicalistas desistieran de defender losderechos laborales.Libertad de expresión, asociacióny reuniónA medida que aumentaba la movilización de activistasy comunidades de base para celebrar reuniones yprotestas sobre cuestiones relacionadas con losderechos humanos, las autoridades intentaban ponerfin a las asambleas y limitar las protestas. Lasamenazas contra algunas ONG de derechos humanoscríticas con el impacto de un proyecto dereestructuración ferroviaria en comunidades que sehabían visto obligadas a reasentarse provocó laprimera suspensión oficial de una ONG local,Samakhum Teang Tnaut. Indígenas kuys que vivían en los lindes del bosquePrey Lang se reunieron en varias ocasiones a lo largodel año para protestar contra la destrucción de sustierras ancestrales y las restricciones a su acceso albosque debido a las concesiones a empresas minerasy agroindustriales. En agosto, unas 300 personas, ensu mayoría indígenas, viajaron a Phnom Penh. Másde 100 fueron detenidas y pasaron breves periodosrecluidas sin cargos por distribuir folletos sobre PreyLang que, según sostuvo la policía, podrían “alterar elorden social”. En septiembre, la policía armada frustró los intentosde dos ONG locales, el Centro Camboyano paralos Derechos Humanos y el Grupo de Protección de losRecursos Naturales, de celebrar sesiones de formaciónprivadas en el distrito de Sandan, provincia deKompong Thom. Se impusieron condiciones para lafutura celebración en la provincia de reunionesrelacionadas con los derechos humanos. En enero, Sam Chankea, empleado de una ONGlocal de derechos humanos, la Asociación para losDerechos Humanos y el Desarrollo de Camboya(ADHOC), fue declarado culpable de difamación poruna entrevista en la que habló acerca de un conflictosobre tierras entre una comunidad y la empresa KDCInternational en la provincia de Kompong Chhnang.Fue condenado a pagar una elevada multa y unaindemnización a la empresa.Novedades jurídicasLa Ley de Prisiones, aprobada en noviembre por laAsamblea Nacional, incluía disposiciones quepermitían a empresas privadas recurrir a mano deobra entre la población reclusa, que podía acabartrabajando en condiciones de explotación. Semodificó el cuarto anteproyecto de ley de sindicatostras las críticas que habían recibido los anteriores porparte del sector de la confección y sindicatoscamboyanos e internacionales, relacionadas condisposiciones que tipificaban como delito elincumplimiento de algunos aspectos de la ley.Persistía la preocupación en torno a las disposicionesimprecisas sobre la suspensión, anulación ydisolución de sindicatos.A lo largo del año, el gobierno intentó concluir elanteproyecto de ley sobre Asociaciones yOrganizaciones No Gubernamentales, a pesar de queel Código Civil ya incluía disposiciones adecuadassobre regulación de organizaciones. Los tres primerosanteproyectos fueron recibidos con críticasgeneralizadas por parte de la sociedad civilcamboyana, organizaciones internacionales y otrosgobiernos. Tras recibir el cuarto anteproyecto críticassimilares, el primer ministro anunció en diciembre136 Informe 2012 Amnistía Internacional

que lo retrasaría hasta 2014 si fuese necesario paraalcanzar un consenso.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Camboya en febrero, noviembrey diciembre. UN-Cambodia Court: Excessive secrecy, exclusion and fears ofinappropriate interference (ASA 23/004/2011) Eviction and resistance in Cambodia: Five women tell their stories(ASA 23/006/2011) Desalojos y resistencia en Camboya: Cinco mujeres cuentan sushistorias. Recomendaciones (ASA 23/007/2011) Cambodia: Proposed law on associations and non-governmentalorganizations – A watershed moment? (ASA 23/012/2011)CAMERÚNREPÚBLICA DE CAMERÚNJefe del Estado:Paul BiyaJefe del gobierno:Philémon YangPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:20 millonesEsperanza de vida:51,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 154,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:70,7 por cientoEl gobierno seguía imponiendo restricciones a lasactividades de opositores políticos y periodistas.Las personas sospechosas de mantener relacionessexuales con personas del mismo sexo eran recluidasy en algunos casos condenadas a largas penas decárcel. El gobierno redujo algunas condenas deprisión y conmutó penas de muerte, pero no reveló sunúmero.Información generalEl presidente Biya fue reelegido tras obtener el 75 porciento de los votos en las elecciones presidencialescelebradas el 9 de octubre. De los 22 candidatospresidenciales de la oposición, el rival que le siguió ennúmero de sufragios, John Fru Ndi, del FrenteSocialdemócrata, sólo consiguió un porcentajeligeramente superior al 10 por ciento. Los partidospolíticos opositores afirmaron que las elecciones nohabían sido limpias. Los observadores de los comiciosenviados por la Unión Africana, la OrganizaciónInternacional de Países Francófonos y laCommonwealth afirmaron que, en términosgenerales, las elecciones habían sido limpias,mientras que el embajador de Estados Unidos enCamerún declaró que los observadores del gobiernoestadounidense habían apreciado irregularidadesgeneralizadas en todos los niveles.Antes de comenzar un nuevo mandato ennoviembre, el presidente Biya dictó un decreto por elque se conmutaban condenas impuestas por lostribunales. De acuerdo con el decreto, las personasque cumplían penas de cárcel de duración igual oinferior a un año serían excarceladas, y a las quecumplían cadena perpetua se les reduciríala condena a 20 años. Las penas de muertese conmutaban por cadena perpetua. Los presoscondenados por delitos económicos, robo conagravantes o asesinato quedaban excluidos delindulto presidencial.Hubo varios ataques de grupos armados en lapenínsula de Bakassi, restituida a Camerún porNigeria en cumplimiento de una sentencia dictadapor la Corte Internacional de Justicia en 2002. En unode esos ataques, perpetrado en febrero, dos soldadoscameruneses perdieron la vida y al menos 13 civilesfueron secuestrados.Cargos de corrupciónVarias decenas de ex funcionarios públicos acusadosde corrupción permanecían bajo custodia, muchos deellos en espera de juicio o cumpliendo penas decárcel. Al terminar el año no había concluido el juiciode Titus Edzoa y Thierry Atangana por nuevoscargos de corrupción, aunque les faltaba poco tiempopara cumplir la condena de 15 años de prisiónque se les había impuesto en 1997 tras un juiciosin garantías.ImpunidadMuchos miembros de las fuerzas de seguridad quehabían cometido u ordenado la comisión de gravesviolaciones de derechos humanos, incluidoshomicidios ilegítimos, durante las manifestaciones ylos disturbios que tuvieron lugar en febrero de 2008seguían disfrutando de impunidad. El poder judicialno investigó las violaciones ni puso a sus autores adisposición de la justicia.CInforme 2012 Amnistía Internacional137

CLibertad de expresiónDurante el año se encarceló a varios periodistas ydetractores del gobierno, y se puso en libertada algunos. Bertrand Zepherin Teyou, escritor detenido ennoviembre de 2010 cuando se disponía a presentar sulibro sobre la esposa del presidente, quedó en libertadel 29 de abril. El Tribunal Superior de Dualá lo habíadeclarado culpable de “ultraje a una personalidad” y lohabía condenado a una multa de 2.030.150 francosCFA (unos 4.425 dólares estadounidenses) o dos añosde prisión. Defensores y defensoras de los derechos humanos yprofesionales de la abogacía siguieron pidiendo laliberación del ex alcalde Paul Eric Kingué, que cumplíapena de cárcel en relación con los disturbios de febrerode 2008. En su petición alegaban que Paul Eric Kinguéhabía sido perseguido por criticar los abusos cometidospor las fuerzas gubernamentales. Kingué tambiénestaba procesado por presunta corrupción. Pierre Roger Lambo Sandjo, músico, cumplió los tresaños de cárcel a los que había sido condenado y quedóen libertad en abril, sin que se le exigiera el pago de lamulta de 330 millones de francos CFA impuesta en 2008.Unos defensores de los derechos humanos sosteníanque había sido encarcelado por componer una canciónen la que criticaba la reforma de la Constitución quepermitía al presidente presentarse a la reelección. Reinnier Kazé, corresponsal de la Agence FrancePresse, fue detenido el 23 de febrero por gendarmesmientras cubría una manifestación de la oposición enDualá. Los agentes borraron grabaciones de sudictáfono antes de ponerlo en libertad el día siguiente. En mayo, la policía impidió la exhibición pública deun documental sobre presuntos abusos contra losderechos humanos vinculados a la produccióncomercial de bananas. Según informes, en eldocumental se afirmaba que los cultivadores debananas en pequeña escala eran expulsados de sustierras sin indemnización y que los trabajadores de lasplantaciones estaban mal pagados. Gueimé Djimé, miembro del grupo de derechoshumanos OS-Civil Droits de l’Homme, radicado enKousséri, provincia del Extremo Norte, murió pordisparos mientras dormía la noche del 10 de junio.Miembros de OS-Civil Droits de l’Homme habíanrecibido, según los informes, amenazas de muerteanónimas relacionadas con la oposición del grupo alnombramiento de dos jefes locales. Aunque se detuvoa cuatro hombres sospechosos del homicidio deGueimé Djimé, al terminar el año no se había puesto aninguno de ellos a disposición de la justicia.Libertad de asociación y reuniónA los grupos políticos y de derechos humanos se lesnegaba con frecuencia el derecho a organizaractividades o manifestaciones pacíficas. Al menos ocho activistas políticos, entre los quehabía ex miembros de una asociación de estudiantes,fueron detenidos en febrero en Yaundé por agentes delservicio de seguridad de la Dirección para la Vigilanciadel Territorio; se habían reunido para organizar unamanifestación en memoria de las víctimas de lasviolaciones de derechos humanos cometidas durantelas manifestaciones de febrero de 2008. A losdetenidos se les negó el acceso a abogados y se losacusó formalmente de poner en peligro la seguridaddel Estado. Quedaron en libertad provisional, pero alterminar el año no habían sido juzgados. En abril, la policía detuvo en Dualá al activistapolítico Mboua Massock cuando se disponía aorganizar un acto para protestar contra las eleccionespresidenciales de octubre. Lo llevaron a 35 kilómetrosde Dualá y lo dejaron abandonado. En mayo, la policía antidisturbios detuvo en Yaundéa 37 agricultores y dispersó a más de un centenar porintentar manifestarse contra las malas carreteras y elinsuficiente apoyo del gobierno a la agricultura. Losdetenidos quedaron en libertad sin cargos el 1 de junio.Las fuerzas de seguridad seguían deteniendo amiembros del Consejo Nacional del CamerúnMeridional (SCNC) y perturbando o impidiendo lacelebración de sus reuniones. El SCNC propugnabala secesión de las provincias anglófonas del Camerún,mayoritariamente francófono. En febrero, miembros de las fuerzas de seguridaddetuvieron al presidente nacional del SCNC, el jefeAyamba Ette Otun, y a otras personas que loacompañaban cuando viajaba a Bamenda, capital dela provincia Noroccidental. Según los informes,Ayamba Ette Otun regresaba de Buea, provinciaSuroccidental, donde había entregado unmemorándum del SCNC a una delegación de laComisión Africana de Derechos Humanos y de losPueblos que visitaba la zona. Todos los detenidosquedaron en libertad sin cargos varios días después. El 1 de octubre, miembros de las fuerzas deseguridad perturbaron el desarrollo de una138 Informe 2012 Amnistía Internacional

concentración del SCNC en Buea y detuvieron a 50personas, alegando que el SCNC no había obtenidoautorización previa para celebrar el acto. Los detenidosquedaron en libertad sin cargos varios días después.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEl gobierno se proponía reformar el Código Penal parapermitir la imposición de condenas de hasta 15 añosde cárcel y cuantiosas multas a las personasdeclaradas culpables de mantener relacionessexuales con personas del mismo sexo. Los tribunalessiguieron dictando condenas de hasta cinco añoscontra los hombres declarados culpables demantener relaciones homosexuales. Jean-Claude Roger Mbede fue condenado a tresaños de prisión el 28 de abril tras ser declaradoculpable de mantener relaciones homosexuales. Ennoviembre, el Tribunal de Apelación de Yaundé aplazóla resolución de su recurso hasta febrero de 2012. Frankie Ndome Ndome, Jonas Nsinga Kimie eHilaire Nguiffo fueron condenados a cinco años decárcel en noviembre por mantener relacioneshomosexuales. Al terminar el año, Joseph Magloire Ombwa, NicolasNtamack, Sylvain Séraphin Ntsama y Emma LoutsiTiomela continuaban en espera de juicio tras serdetenidos en agosto. Stéphane Nounga y otra personaconocida como Eric O., también detenidos en agosto,quedaron en libertad provisional. Entre las personas detenidas y liberadas porpresuntas relaciones homosexuales figuraban JeanJules Moussongo, Steve O., Depadou N. y Pierre Arno.Algunos detenidos habían caído en trampas tendidaspor miembros de las fuerzas de seguridad o agentes asus órdenes que decían ser gays en busca derelaciones.Pena de muerteEn marzo, el gobierno informó a AmnistíaInternacional de que 17 personas habían sidocondenadas a muerte en 2010. Las autoridadesafirmaron que todas habían presentado recursocontra las condenas dictadas en su contra, pero nofacilitaron información adicional sobre penas demuerte impuestas en 2011.En virtud de un decreto presidencial dictadoel 3 de noviembre, se conmutaron las condenas amuerte por cadena perpetua. Sin embargo, el decretoexcluía a las personas declaradas culpables deasesinato o robo con agravantes y no especificaba elnúmero de reclusos cuyas condenas habían sidoconmutadas.CANADÁCANADÁJefa del Estado:reina Isabel II,representada por David JohnstonJefe del gobierno:Stephen HarperPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:34,3 millonesEsperanza de vida:81 añosMortalidad infantil (‹5 años): 6,1 por cada 1.000Continuaron las violaciones sistemáticas de losderechos de los pueblos indígenas. Hubo avanceslimitados en el tratamiento de los motivos depreocupación suscitados por violaciones de derechoshumanos asociadas a las operaciones antiterroristasy policiales.Derechos de los pueblos indígenasEn marzo, la Corte de Derechos Humanos deCanadá desestimó una queja por discriminaciónque alegaba que los fondos que dedicaba elgobierno federal a la protección de la infancia enlas comunidades de las Primeras Naciones eranconsiderablemente inferiores a los destinados porlos gobiernos provinciales a las comunidadesmayoritariamente no indígenas. La Corte resolvióque, a los efectos de una queja por discriminación,no se podía comparar al gobierno federal con losgobiernos provinciales. Al finalizar el año estabapendiente una apelación.En abril, una fuga en un oleoducto provocó elvertido de unos 4,5 millones de litros de crudo en elterritorio tradicional de los cree del lago Lubicon, enel norte de Alberta, en lo que fue el mayor vertidosufrido en la provincia desde 1975. En agosto, elgobierno provincial permitió que el oleoducto volvieraa funcionar sin realizar una consulta significativa conlos lubicon. Varios órganos internacionales dederechos humanos llevaban tiempo expresando suCInforme 2012 Amnistía Internacional139

Cpreocupación por la falta de respeto al derecho de loslubicon a la tierra.En agosto, un estudio federal concluyó que el 39por ciento de las redes de agua de las comunidadesde las Primeras Naciones tenían deficienciasimportantes que hacían que el 73 por ciento de lasredes de agua potable y el 65 por ciento de lasredes de aguas residuales constituyeran un riesgomedio o elevado para la salud. Un estudiogubernamental anterior había relacionado losdefectos de las redes de agua de las PrimerasNaciones con la provisión insuficiente de recursospor parte del gobierno.En octubre, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos celebró una vista sobre unadenuncia formulada por el Grupo de TratadoHul’qumi’num, en la que se alegaban violaciones delderecho a las tierras indígenas en la isla deVancouver (provincia de la Columbia Británica).Estaba previsto que la Comisión emitiera unaresolución en 2012.Hubo pocos avances en la implementación de lasconclusiones de la Comisión de Investigación deIpperwash, creada para examinar la muerte en 1995por disparos de la policía de un indígena desarmadodurante una protesta celebrada en Ontario. Losincidentes ocurridos en la comunidad tyendinagamohawk en Ontario en 2008, en los que la policíaprovincial apuntó con rifles de alta potencia amanifestantes desarmados y a transeúntes, y laausencia de una revisión imparcial de estosincidentes pusieron de relieve la necesidad urgentede que se aplicaran las conclusiones de Ipperwash.La Comisión de la Verdad y la Reconciliación, cuyomandato era documentar los abusos cometidoscontra niños y niñas de las Primeras Naciones, métise inuit, y los daños generales causados por el sistemahistórico de internados escolares de Canadá, asícomo sensibilizar a la población en general alrespecto, mantuvo reuniones durante todo el año.Derechos de las mujeresEn julio, la ministra federal responsable de laSituación de la Mujer declaró públicamente que elgobierno no tenía intención de crear un plan deacción nacional para abordar el elevado índice deviolencia que sufrían las mujeres indígenas.En octubre se inició una investigación provincial enla Columbia Británica sobre la respuesta policial a loscasos de mujeres desaparecidas y asesinadas,muchas de ellas indígenas, ocurridos en Vancouver.Antes de que se abriera la investigación, 17 delas 20 organizaciones a las que se había concedido lacondición de terceristas se retiraron delprocedimiento debido a sus dudas sobre laimparcialidad de éste.Seguridad y medidas antiterroristasEn febrero concluyeron las vistas de la Comisión paralas Denuncias contra la Policía Militar sobre posiblesentregas de prisioneros por parte de soldadoscanadienses en Afganistán a la custodia deautoridades afganas, a pesar del grave peligro de quefueran torturados. Al finalizar el año no se había dadoa conocer el informe de la Comisión.En octubre se hizo público que los agentes de laReal Policía Montada de Canadá carecían deinformación que implicase a Abdullah Almalki enactividades delictivas, y que sólo lo consideraban un“árabe que andaba por ahí” en octubre de 2001,cuando enviaron información a las autoridades siriasrelacionándolo con el terrorismo. Abdullah Almalki fueencarcelado y torturado en Siria entre mayo de 2002y marzo de 2004. Una investigación pública concluyóen 2008 que las acciones adoptadas por lasautoridades canadienses en su caso y en el de otrosdos hombres contribuyeron a las violaciones dederechos humanos que éstos habían sufrido. Elgobierno no se disculpó ni les ofreció indemnizaciónalguna. Al finalizar 2011 se estaba tramitando unademanda civil presentada por los tres hombresen 2008.El 1 de noviembre se cumplió el plazo a partir delcual Omar Khadr, ciudadano canadiense capturadopor fuerzas estadounidenses en Afganistán en 2002,cuando tenía 15 años, y detenido en Guantánamodesde octubre de aquel año, podía optar a cumplir elresto de su condena en Canadá. Khadr había sidocondenado a ocho años de prisión en octubrede 2010 tras alcanzar un acuerdo sobre sudeclaración de culpabilidad. Al finalizar 2011 elgobierno canadiense no había adoptado una decisiónsobre su petición de traslado.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEn junio, el gobierno volvió a introducir un proyectode ley que penalizaría a las personas solicitantes de140 Informe 2012 Amnistía Internacional

asilo que entrasen en Canadá de forma irregular,como las que llegaban por vía marítima en gruposorganizados por traficantes de personas. Laspropuestas incluían una prolongada detenciónpreceptiva sin una revisión oportuna de los motivosde la detención, así como otras medidas quevulneraban normas internacionales.Policía y fuerzas de seguridadEn abril, agentes de la Real Policía Montada deCanadá de Prince George (Columbia Británica)usaron un arma Taser contra un niño de 11 años. LaReal Policía Montada anunció en septiembre que losagentes implicados no serían castigados ni acusadosformalmente.En junio, el Servicio de Policía de Toronto dio aconocer una revisión interna sobre la actuaciónpolicial llevada a cabo durante la celebración de lascumbres del G-8 y el G-20 de 2010, en las que másde 1.000 personas fueron detenidas. Al finalizar2011, aún continuaba la revisión civil independiente,a cargo de la Junta del Servicio de Policía de Toronto,sobre algunos aspectos de la operación policial. Losgobiernos provincial y federal rechazaron laspeticiones de que se abriera una investigaciónpública.Justicia internacionalEn octubre, el gobierno optó por no detener al expresidente estadounidense George W. Bush cuandoéste viajó a la Columbia Británica, pese a los clarosindicios de que había sido responsable de delitos dederecho internacional, incluida la tortura.Informes y visitasde Amnistía Internacional Canada/USA: Visit to Canada of former US President George W. Bushand Canadian obligations under international law. Amnesty Internationalmemorandum to the Canadian authorities (AMR 51/080/2011) Amicus Curiae Case of the Hul’Qumi’Num Treaty Group V. Canada.Submitted before the Inter-American Commission on Human Rights(AMR 20/001/2011)CHADREPÚBLICA DE CHADJefe del Estado:Idriss Déby ItnoJefe del gobierno:Emmanuel Djelassem NadingarPena de muerte:retencionistaPoblación:11,5 millonesEsperanza de vida:49,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 209 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:33,6 por cientoAumentaron las detenciones arbitrarias y lasreclusiones ilegales, así como la tortura y los ataquescontra defensores y defensoras de los derechoshumanos, periodistas y sindicalistas. La violación yotras formas de violencia contra mujeres y niñas eranprácticas muy extendidas. Continuaron los desalojosforzosos en la capital, Yamena. No se hizo rendircuentas a miembros de las fuerzas de seguridadchadianas y de grupos armados que eranresponsables de abusos contra los derechoshumanos, ni se prestó ayuda a las víctimas.Información generalSe organizaron elecciones legislativas y presidencialesen febrero y abril, respectivamente. La oposiciónboicoteó las presidenciales. El presidente Déby fuereelegido y nombró un nuevo gobierno en agosto.Miles de chadianos regresaron de Libia alintensificarse la violencia en ese país. Másde 280.000 refugiados de Darfur, Sudán,y unos 130.000 chadianos internamente desplazadosseguían viviendo en campos en el este de Chad. ElACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados,examinó con Chad y Sudán la posibilidad depromover el retorno voluntario de refugiadossudaneses. Al menos 68.000 personas, procedentesen su mayoría de la República Centroafricana,seguían viviendo en campos de refugiados en el surde Chad.Continuaron desplegados cerca de la localidad deGoré, en la frontera con la República Centroafricana,miles de soldados chadianos, enviados allí en 2010.Violencia contra mujeres y niñasLa violación y otras formas de violencia contramujeres y niñas siguieron siendo prácticas muyextendidas en varias zonas de Chad. Entre lasCInforme 2012 Amnistía Internacional141

Cvíctimas había chadianas internamente desplazadas,así como refugiadas y mujeres de las poblacioneslocales y, en algunos casos, niñas. No sedenunciaban todos los casos, entre otras razones portemor a represalias por parte de los agresores, que amenudo eran miembros de las mismas comunidadesque las víctimas o de grupos armados y de las fuerzasde seguridad. Los responsables actuabangeneralmente con impunidad. La noche del 4 al 5 de marzo, una niña de 15 añosfue secuestrada y violada varias veces por al menostres hombres que vestían uniforme militar en la casa deun trabajador humanitario, durante un registroefectuado en busca de armas en la localidad de GozBeida, en el este de Chad. Aunque la familia presentóuna denuncia, al terminar el año las autoridades nohabían respondido. En julio, una mujer y su hija de 13 años fueronvioladas por hombres que vestían uniforme militar en lalocalidad de Goré, en el sur de Chad. La niña murió enseptiembre como consecuencia de las lesionessufridas. Al terminar el año no se tenía constancia deque se hubiera abierto investigación alguna. El 25 de diciembre, una mujer y tres muchachasrefugiadas de Darfur fueron violadas por cuatrohombres armados cuando recogían leña cerca delcampo de refugiados de Gaga, en el este de Chad.Según información recibida por las organizacioneshumanitarias, la policía detuvo posteriormente a tressospechosos.Niños y niñas soldadosEl 15 de junio, Chad y la ONU firmaron un plan deacción sobre niños y niñas asociados a fuerzas ygrupos armados en Chad, con el objetivo de poner final reclutamiento y uso de niños y niñas soldados. Alterminar el año no se sabía con certeza si habíacomenzado la implementación del plan.Condiciones de reclusiónLas condiciones de reclusión eran duras y equivalíana tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes.En los centros de reclusión prevalecían condicionesde hacinamiento, y en muchos casos los reclusos notenían acceso a servicios de salud adecuados ni aotros servicios básicos. Muchos reclusos estabanenfermos y sufrían malnutrición.Muertes bajo custodiaEl 17 de septiembre, nueve hombres murieron porasfixia cuatro horas después de haber sido recluidosen el cuartel de la Gendarmería Nacional de lalocalidad de Léré, en la región de Mayo-Kebbi Oeste,en el sur de Chad. Algunos habían sufrido malostratos en el momento de su detención. Después delas muertes, los demás detenidos del cuartel fuerontrasladados a la prisión central de Yamena, dondeotro hombre, Bouba Hamane, falleció posteriormente.Al terminar el año no se tenía constancia de que sehubiera abierto investigación alguna sobrelas 10 muertes.Tortura y otros malos tratosLa policía, la gendarmería y los miembros de laAgencia Nacional de Seguridad (ANS) torturaban demanera habitual a las personas detenidas, enocasiones con la participación de las autoridadesadministrativas locales. El 20 de septiembre, Guintar Abel, funcionario de lasubdivisión de Ngondong del departamento de LacWey, en el sur de Chad, murió en un hospital tressemanas después de haber sido golpeado por unsubprefecto local y sus guardaespaldas. Al terminar elaño no se tenía constancia de que se hubiera tomadomedida alguna.Detención y reclusión arbitrariasLos miembros de la ANS seguían practicandodetenciones arbitrarias y recluyendo a los detenidossin cargos y, en algunos casos, sin permitirles recibirvisitas de familiares, médicos o abogados. Asimismo,la policía y la gendarmería recluían a muchaspersonas por asuntos civiles, en contra de lodispuesto en la Constitución y las leyes chadianas. Dos estudiantes, Bebkika Passoua Alexis yNedoumbayel Nekaou, fueron detenidos el 7 mayo enuna estación de autobuses de Yamena por tener en supoder, presuntamente, documentos que animaban alos chadianos a organizar manifestaciones. Ambosestuvieron recluidos en régimen de incomunicaciónbajo custodia de la ANS antes de ser trasladados a laprisión central de Yamena. Se les impuso una condenacondicional de ocho meses de cárcel y quedaron enlibertad el 22 de septiembre.142 Informe 2012 Amnistía Internacional

Defensores y defensorasde los derechos humanosLos defensores y defensoras de los derechoshumanos seguían sufriendo intimidación yhostigamiento por parte de las autoridades, sobretodo los que desempeñaban su labor en zonasremotas del este y el sur del país. Kedigui Taroun Grace, presidenta local de laorganización nacional de mujeres Célula[0] deCoordinación e Información de las AsociacionesFemeninas, fue detenida por la policía junto con otrascinco mujeres el 19 de septiembre en la localidad deSarh, en el sur de Chad, luego de una manifestación deprotesta contra la destitución de un subprefecto local.Las seis quedaron en libertad el mismo día, peroKedigui Taroun Grace fue detenida de nuevo el 29 deseptiembre. Volvió a quedar en libertad ese mismo día.No se la acusó formalmente de ningún delito, pero lasautoridades locales le advirtieron de que estaba“politizada”. El 19 de diciembre, Daniel Deuzoumbe Passalet,presidente de la organización chadiana DerechosHumanos sin Fronteras, fue detenido en Yamena. Enuna entrevista concedida el día anterior a Radio FranceInternationale había mostrado su preocupación por laimpunidad en torno a la muerte de diez hombres quese encontraban en septiembre bajo custodia de laGendarmería Nacional de Chad en Léré. DanielDeuzoumbe Passalet fue liberado el 30 de diciembre,al resolver el Tribunal Superior de Yamena reunido enMoussoro que no existían pruebas suficientes para suinculpación.Libertad de asociación y reuniónMiles de manifestantes, entre los que habíamagistrados, docentes y trabajadores de la salud,protestaron de manera pacífica en Yamena enoctubre y noviembre contra los bajos salarios y elaumento de los precios de los alimentos y elcombustible. En el contexto de las manifestaciones,muchas personas fueron detenidas y golpeadas, yalgunas quedaron recluidas.Libertad de expresión: sindicalistasLos sindicalistas eran objeto de hostigamiento ydetención arbitraria. Boukar Barka, de 61 años, secretario general de laConfederación Sindical de Chad, fue detenido el 4 denoviembre en su domicilio, en Yamena, por miembrosde los servicios de seguridad. Las autoridadesafirmaron que la detención estaba relacionada con unasentencia judicial dictada anteriormente contra él pormalversación. Quedó en libertad el 11 de noviembre,pero fue detenido de nuevo el 13 de noviembre yestuvo recluido en la comisaría de policía de Moursalhasta su traslado a la prisión central de Yamena el 14de noviembre. Más tarde fue acusado formalmente de“provocación directamente vinculada a unamanifestación no armada”.Antes de su detención yreclusión, Boukar Barka y su sindicato habían apoyadoa antiguos trabajadores de Tchad CameroonContractor, empresa subcontratista de Essorelacionada con el proyecto del oleoductoChad-Camerún.Desalojos forzososContinuaron en Yamena los desalojos forzososiniciados en 2008; afectaron a cientos de personas,cuyos hogares fueron destruidos. Los desalojos sellevaron a cabo sin el debido proceso, sin avisoadecuado y sin consulta. No se proporcionó viviendaalternativa ni otra forma de indemnización a laspersonas que perdieron su hogar, pese a habersedictado algunas órdenes judiciales en ese sentido. Alterminar el año, la mayoría de los lugares desalojadospor la fuerza seguían desocupados. Las autoridadesmunicipales de Yamena anunciaron nuevos planes dedesalojo, que afectaban especialmente a quienesvivían en las zonas de Sabangali y Gassi 3 y 4de la capital.Justicia internacional: Hissène HabréAunque la Unión Africana sostenía desde 2006 queel ex presidente de Chad Hissène Habré debía serjuzgado en Senegal “en nombre de África”, el juiciono tuvo lugar. En julio, la Comisión de la UniónAfricana determinó que Ruanda era “el país másadecuado al que confiar el juicio de Hissène Habré”.Esta decisión se produjo tras la reunión de laAsamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de laUnión Africana, que instó a Senegal a acelerar eljuicio de Hissène Habré o extraditarlo a otro paísdispuesto a celebrarlo. Organizaciones de derechoshumanos y víctimas chadianas y sus abogadosmanifestaron su preferencia de que el juicio secelebrase en Bélgica, país que había investigado elcaso, había presentado cargos contra Hissène Habrépor graves violaciones del derecho internacional deCInforme 2012 Amnistía Internacional143

Clos derechos humanos y humanitario y había dirigidouna solicitud de extradición a Senegal en 2005,reiterada en noviembre de 2011. El gobierno de Chadapoyó públicamente esta opción. En noviembre, elComité de la ONU contra la Tortura pidió a Senegalque cumpliera con su obligación de enjuiciar oextraditar a Hissène Habré.ImpunidadContinuaron actuando con impunidad funcionarios ymiembros de grupos armados chadianos que eranresponsables de graves violaciones de derechoshumanos, como homicidios ilegítimos, violación yotras formas de tortura. El 10 de enero, el presidente aprobó una ordenanzapor la que se concedía amnistía para delitoscometidos por miembros de grupos armados. Entre losbeneficiarios figuraban presuntos autores de crímenesde derecho internacional. Al terminar el año no se habían puesto en prácticaimportantes recomendaciones de la comisiónencargada de investigar los acontecimientos quehabían tenido lugar en Chad entre el 28 de eneroy el 8 de febrero de 2008, a pesar de un decretopresidencial de 23 de mayo de 2011 por el que seestablecía un comité de seguimiento. Entre lasrecomendaciones figuraba la de abrir investigacionessobre la suerte del líder opositor Ibni Oumar MahamatSaleh, sometido a desaparición forzada tras serdetenido en su domicilio, en Yamena, por miembros delos servicios de seguridad el 3 de febrero de 2008.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Chad en marzo, mayo, junio, septiembrey noviembre. A compromised future. Children recruited by armed forces and groupsin eastern Chad (AFR 20/001/2011) Chad: Government must immediately repeal amnesty ordinance(AFR 20/002/2011) No homes, no justice, no dignity. Victims of forced evictions in Chad(AFR 20/004/2011) Chad: Briefing to the UN Committee on the Elimination ofDiscrimination against Women, 50th session, October 2011(AFR 20/009/2011) Chadian students to face trial over protest pamphlets,12 de septiembre de 2011CHILEREPÚBLICA DE CHILEJefe del Estado y del gobierno: Sebastián Piñera EcheniquePena de muerte: abolicionista para los delitos comunesPoblación:17,3 millonesEsperanza de vida:79,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 8,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:98,6 por cientoHubo protestas generalizadas durante el año por laeducación y contra la política medioambiental yotras políticas del gobierno. Siguió aumentando elnúmero de querellas por violaciones graves dederechos humanos cometidas durante el régimenmilitar (1973-1990), aunque menos de un tercio delos condenados cumplía penas de prisión. Persistióel uso inadecuado de la legislación antiterroristacontra activistas indígenas.Información generalDecenas de miles de estudiantes, profesores,sindicalistas y otras personas se manifestaron paraexigir cambios fundamentales en el sistema deeducación pública. Aunque en su gran mayoríafueron pacíficas, algunas manifestaciones terminaronen enfrentamientos con la policía.En junio, tras la oposición y las protestasgeneralizadas, una corte de apelaciones ordenó lasuspensión del polémico proyecto HidroAysén deconstrucción de represas hidroeléctricas en laPatagonia. Sin embargo, la corte levantó la orden desuspensión en octubre. La Corte Suprema desestimódos apelaciones más contra el proyecto.En mayo se exhumaron los restos del ex presidenteSalvador Allende dentro de una nueva investigaciónjudicial sobre su muerte. En julio, los expertosforenses internacionales confirmaron que sufallecimiento durante el golpe de Estado militarencabezado por el general Augusto Pinochet en 1973no había sido obra de terceros.Al finalizar el año, el Congreso debatía un proyectode ley contra la discriminación y otro que reconocía alas parejas civiles del mismo sexo.Derechos de los pueblos indígenasEn septiembre, el gobierno cedió a las peticiones desuspender un proceso de consulta nacional con los144 Informe 2012 Amnistía Internacional

pueblos indígenas y acordó estudiar la revocacióndel Decreto 124, que regulaba las consultas con lospueblos indígenas. La decisión se adoptó ante lascríticas generalizadas al Decreto 124, según lascuales éste incumplía lo previsto en el Convenio169 de la Organización Internacional del Trabajosobre Pueblos Indígenas y Tribales, que estableceel derecho de los pueblos indígenas a participar enlos procesos de toma de decisiones que les afectan.Continuó suscitando preocupación el usoinadecuado de la legislación antiterrorista contraactivistas mapuches, incluidos menores de edad. Enagosto, la Comisión Interamericana de DerechosHumanos presentó un caso ante la CorteInteramericana de Derechos Humanos sobre laaplicación selectiva, injustificada y discriminatoria dela ley antiterrorista contra indígenas mapuches. Al finalizar el año, cinco mapuches menores de edadseguían enfrentándose a un proceso judicial en virtudde la ley antiterrorista, pese a las enmiendasintroducidas a dicha ley en junio, que excluían de suaplicación a los menores de 18 años. En junio, la Corte Suprema confirmó parcialmentela apelación en el caso de cuatro activistas mapuchescondenados en marzo por delitos comunes poruna corte civil en Cañete. La corte de Cañete habíadesestimado los cargos de terrorismo formuladoscontra ellos por el ministerio público. Sin embargo, lasactuaciones se habían llevado a cabo en virtud de lalegislación antiterrorista, que permitía el uso detestigos anónimos. La Corte Suprema redujo laspenas, pero no ordenó un nuevo juicio, dando asívalidez a las declaraciones de culpabilidad, basadasen el testimonio de un testigo anónimo. Los cuatrohombres realizaron una huelga de hambre de 87 díascomo protesta por el uso de la legislaciónantiterrorista y por las violaciones del debido proceso.La huelga finalizó con la creación de una Comisiónpor los Derechos del Pueblo Mapuche, de carácterindependiente. En febrero, la Comisión Interamericana de DerechosHumanos dictó medidas cautelares en favor de lospueblos indígenas de Rapa Nui (Isla de Pascua). LaComisión pidió al gobierno que garantizara que lasactuaciones de sus funcionarios durante las protestas ydesalojos no pusieran en peligro la vida ni la integridadfísica de los indígenas. La iniciativa se adoptó tras losviolentos enfrentamientos de diciembre de 2010. Seiniciaron actuaciones penales contra algunosmiembros de clanes y al finalizar el año proseguían lasinvestigaciones sobre la actuación policial.ImpunidadEn agosto, la Comisión Valech II dio a conocer uninforme en el que se confirmaban cinco casosadicionales de desaparición forzada, 25 de homicidiospolíticos y 9.795 de tortura. La Comisión se habíacreado en 2010 para evaluar casos de desapariciónforzada, homicidios políticos, encarcelamiento políticoy tortura que no se habían presentado ante lascomisiones Rettig y Valech. Al finalizar el año, elnúmero total de personas reconocidas oficialmentecomo desaparecidas o asesinadas entre 1973 y 1990era de 3.216, y el de sobrevivientes deencarcelamiento político y de tortura, de 38.254.El número de casos de violaciones de derechoshumanos sometidos a investigación por los tribunalesaumentó a su máximo nivel con la presentación poruna fiscal, en enero, de 726 nuevas querellas, que sesumaron a las más de 1.000 querellas presentadasen los últimos años por familiares de personasejecutadas por motivos políticos.Según el Programa de Derechos Humanos delMinisterio del Interior, en mayo había 1.446investigaciones en curso. Entre el año 2000 y finalesde mayo de 2011, 773 ex miembros de las fuerzas deseguridad habían sido acusados formalmente ocondenados por violaciones de derechos humanos, yhabía 245 condenas confirmadas. Sin embargo,sólo 66 de ellos estaban en prisión, pues el resto sehabía beneficiado de penas no privativas de libertad ode la reducción o conmutación posterior de la pena.Policía y fuerzas de seguridadSe conocieron casos de torturas y otros malos tratos,incluidas palizas y amenazas de violencia sexual,contra estudiantes detenidos arbitrariamente por lapolicía en manifestaciones estudiantiles. En agosto, Manuel Gutiérrez Reinoso, de 16 años,murió por un disparo de la policía durante lasmanifestaciones estudiantiles organizadas en lacapital, Santiago. Poco después, cinco policías fuerondestituidos y dimitió un general de la policía. Ennoviembre, la Corte Marcial ordenó la libertad bajofianza del policía acusado de efectuar el disparo.Se tuvo constancia de uso excesivo de la fuerzadurante operaciones policiales contra comunidadesmapuches.CInforme 2012 Amnistía Internacional145

CDerechos sexuales y reproductivosEl aborto siguió constituyendo delito en todas lascircunstancias. En septiembre, la Comisión de Saluddel Senado acordó debatir propuestas paradespenalizarlo en determinados casos, pero elpresidente Piñera dijo que vetaría cualquier proyectode ley en ese sentido.CHINAREPÚBLICA POPULAR CHINAJefe del Estado:Hu JintaoJefe del gobierno:Wen JiabaoPena de muerte:retencionistaPoblación:1.347,6 millonesEsperanza de vida:73,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 19,1 por cada 1.000Ante el temor de que se iniciase un movimiento deprotesta inspirado en los acontecimientos de OrienteMedio y el norte de África, las autoridadesemprendieron en febrero una de las más durascampañas de represión sufridas en el país desde lasmanifestaciones de 1989 en la plaza de Tiananmen,dirigida contra activistas políticos, defensores ydefensoras de los derechos humanos yciberactivistas. Se intensificaron el hostigamiento,la intimidación, las detenciones arbitrarias e ilegalesy las desapariciones forzadas de personas críticascon el gobierno. Aumentaron las medidas deseguridad en las regiones habitadas por minoríasétnicas, al registrarse protestas de sus habitantescontra la discriminación, la represión y otrasviolaciones de sus derechos. Las autoridadesincrementaron sus continuos esfuerzos porconseguir que todas las prácticas religiosasestuviesen bajo el control del Estado, lo que setradujo en una intensa persecución de practicantesde algunas religiones. La fortaleza económica deChina durante la crisis económica mundialacrecentó la presión ejercida por el país en el ámbitode los derechos humanos en el mundo, casi siemprecon efectos negativos.Información generalA pesar de la crisis económica mundial, la economíachina continuó mostrándose fuerte, lo que suscitó eltemor de que los actores internacionales semostrasen reacios a criticar el historial de China enmateria de derechos humanos, tónica que ya habíaquedado patente en el pasado reciente. Chinarecurrió cada vez con mayor éxito a su influenciaeconómica y política en ascenso para presionar aotros países a fin de que devolviesen a un númerocreciente de ciudadanos chinos de determinadasprocedencias, como uigures, que al llegar al paíscorrían peligro de ser sometidos a juicios singarantías, tortura y otros malos tratos bajo custodia,y otras violaciones de derechos humanos.Libertad de expresiónLas autoridades continuaron utilizandoindebidamente la legislación penal para reprimir lalibertad de expresión. Detuvieron a cerca de 50personas y hostigaron e intimidaron a decenas másdurante la campaña de represión de las “protestasdel jazmín”, que comenzaron en febrero en respuestaa los movimientos populares de Oriente Medio y elnorte de África. En un creciente número de ciudadesse difundió un llamamiento, inicialmente anónimo,que invitaba a pasear pacíficamente los domingoscomo forma de protesta contra la corrupción, larepresión de derechos y la ausencia de reformaspolíticas.En marzo, China modificó la Normativa sobreAdministración de Publicaciones y añadió comonuevo requisito que toda persona que distribuyesepublicaciones a través de Internet o redes deinformación debía solicitar autorización o searriesgaba a sufrir sanciones penales. Las autoridadescerraron o asumieron el control directo de una seriede publicaciones que habían difundido artículos deperiodismo de investigación sobre cuestionesdelicadas. Según informes, prohibieron quecentenares de palabras, como “democracia” y“derechos humanos”, se utilizasen en los mensajesde texto de los teléfonos móviles. Dos veteranos activistas detenidos durante las“protestas del jazmín” fueron condenados a largaspenas de prisión por sus escritos de carácter político.El 23 de diciembre, Chen Wei fue acusado de “incitar ala subversión del poder del Estado” y condenado anueve años de cárcel por 11 artículos que había escrito146 Informe 2012 Amnistía Internacional

apoyando la democracia y las reformas políticas.El 26 de diciembre, Chen Xi, acusado del mismo delito,fue condenado a 10 años de cárcel por la publicaciónde 36 artículos en el extranjero. Asimismo, Ding Mao yLiang Haiyi quedaron bajo custodia en las provinciasde Sichuan y Guangdong, respectivamente, por suparticipación en las “protestas del jazmín”.Defensores y defensorasde los derechos humanosLas autoridades continuaron hostigando, intimidando,persiguiendo y criminalizando a activistas quedefendían la democracia y los derechos humanos. Secondenó a largas penas de prisión a activistas queapoyaban al Partido de la Democracia de China. En marzo, Liu Xianbin fue acusado de “incitar a lasubversión del poder del Estado” y condenadoa 10 años de cárcel por su activismo en favor de lademocracia, su apoyo al movimiento de la Carta 08,que pedía reformas democráticas, y sus escritos sobrela reforma política. El activista de los derechos humanos ChenGuangcheng se encontraba sometido ilegalmente aarresto domiciliario, junto con su esposa, Yuan Weijing,y su hija, desde su excarcelación en septiembrede 2010. Un movimiento popular de apoyo a ChenGuangcheng, invidente, adquirió fuerza en todo el país,y muchos activistas publicaron fotografías en Interneten las que aparecían con las características gafasnegras del activista. Policías vestidos de civil robaron ygolpearon a seguidores suyos que se habíandesplazado a su ciudad natal desde distintas partes delpaís para intentar verlo.Desapariciones forzadasAumentó el número de personas víctimas dedesaparición forzada. Muchas permanecían recluidasen secreto, como Hada, activista político mongol;otras quedaron o continuaron sometidas ilegalmentea arresto domiciliario, entre ellas Liu Xia, esposa delpremio nobel de la paz Liu Xiaobo, y Zheng Enchong,abogado de Shanghái que defendía el derecho a lavivienda.El 30 de agosto, las autoridades dieron a conocerun proyecto de reforma del Código de ProcedimientoPenal que contenía los primeros cambios propuestosdesde 1997. Aunque algunas eran positivas, lasreformas suponían legalizar la detención duranteperiodos de hasta seis meses sin notificárselo a lafamilia o las amistades de la persona detenida.Muchos expertos en cuestiones jurídicasconsideraron que con este cambio se legalizaban lasdesapariciones forzadas. El proyecto incluía tambiénla prohibición de utilizar pruebas ilegales, comoconfesiones hechas bajo coacción y otras pruebasobtenidas mediante tortura y otros malos tratos. Sinembargo, la tortura continuaba siendo una prácticageneralizada en los centros de detención, propiciadapor políticas gubernamentales como exigir al personalde prisiones y centros de detención “transformar” alos disidentes religiosos para que abjurasen de su fe. El 16 de diciembre, Gao Zhisheng, conocidoabogado de derechos humanos que había sido víctimade desaparición forzada en varias ocasiones a lolargo de casi tres años, fue enviado a prisión paracumplir una condena de tres años por “violarreiteradamente la libertad condicional”, cuando sólofaltaban unos días para que finalizasen los cinco añosde libertad condicional que le habían impuesto. Segúnse creía, durante su desaparición había permanecidobajo custodia oficial.Desalojos forzososEl desalojo forzoso de ciudadanos de sus viviendas ygranjas, sin respetar el debido proceso ni ofrecer unaindemnización adecuada, aumentó a buen ritmo y secaracterizó por una creciente violencia. El 21 de enero,el Consejo de Estado promulgó nuevas normativassobre la expropiación de casas en zonas urbanas.Aunque supusieron un paso en la dirección correcta,las normativas sólo se ocupaban de quienes vivían en lasciudades, pero no de los arrendatarios ni de otraspersonas que no eran propietarias de sus viviendas, demodo que la mayoría de la población china quedabadesprotegida frente a los desalojos forzosos. El 29 de diciembre, la ex abogada Ni Yulan fuejuzgada por los cargos de “buscar pelea” y “fraude”y se enfrentaba a una posible pena de prisiónprolongada. Ni Yulan había sido víctima de desalojoforzoso en 2008, antes de los Juegos Olímpicos dePekín, y tenía que desplazarse en silla de ruedas aconsecuencia de las palizas recibidas durante sudetención.Pena de muerteEn febrero, la Asamblea Nacional Popular aprobó laoctava reforma del Código Penal chino, que eliminabala pena de muerte como castigo para 13 delitos pero,CInforme 2012 Amnistía Internacional147

Ca la vez, añadía algunos delitos nuevos punibles conla muerte y ampliaba el ámbito de aplicación de éstaen el caso de otros. China continuó aplicandoampliamente la pena de muerte, incluso por delitosno violentos y tras juicios sin garantías. Se calculabaque las ejecuciones ascendían a millares; sinembargo, las estadísticas sobre condenas a muerte yejecuciones seguían siendo información clasificada.Libertad de religiónLas autoridades seguían tras su objetivo de que todaslas prácticas religiosas estuviesen controladas por elEstado, incluidos aspectos tales como la supervisiónde la doctrina religiosa, el nombramiento de líderesreligiosos, el registro de grupos religiosos o laconstrucción de lugares de culto. Las personas quepracticaban religiones prohibidas o no autorizadaspor el Estado corrían peligro de sufrir hostigamiento,detención, encarcelamiento y, en algunos casos,persecución violenta. Entre las religiones prohibidasse incluían las casas-iglesia protestantes clandestinasy las confesiones católicas que aceptaban laautoridad de la Santa Sede. Seguía sin conocerse lasuerte que habían corrido alrededor de 40 obisposcatólicos, y se suponía que las autoridades losmantenían recluidos. Desde el 10 de abril hasta el final del año, todas lassemanas se detuvo en Pekín a miembros de la iglesiaclandestina Shouwang cuando intentaban celebrar unservicio dominical al aire libre en el noroeste de laciudad. En la mayoría de los casos eran recluidos encomisarías de policía o sometidos a arrestodomiciliario, a fin de impedir que se celebrase elservicio religioso. Se había impedido reiteradamente ala iglesia utilizar locales alquilados y tomar posesión deun edificio que había adquirido años atrás.Falun GongLas autoridades continuaron con su campañasistemática, de alcance nacional y a menudo violentacontra Falun Gong, grupo espiritual prohibidodesde 1999 por considerarlo “culto herético”. Elgobierno prosiguió con el segundo año de unacampaña de tres destinada a incrementar el índice de“transformación” de los practicantes de Falun Gong,proceso mediante el cual se les presionaba, amenudo con tortura física y mental, para querenunciasen a sus creencias y a la práctica de FalunGong. Los que se negaban a abjurar de su fe corríanpeligro de sufrir mayores torturas y otros malos tratos.Para llevar a cabo este proceso, las autoridadesutilizaban centros de detención ilegales, a los que sealudía informalmente con el nombre de “centros delavado de cerebro”. Fuentes de Falun Gongdenunciaron que cada tres días moría un practicantebajo custodia oficial o poco después de quedar enlibertad, y afirmaron que seguía sin conocerse lasuerte que habían corrido miles de ellos. El 5 de marzo, Zhou Xiangyang, practicante de FalunGong, fue detenido en su casa en Tangshan, provinciade Hebei, y llevado a la prisión de Binhai, en laciudad de Tianjin. Zhou, que había pasado más denueve años detenido y había sido sometido a trabajosforzados y torturas tales como privación del sueño,descargas eléctricas, golpes, y estiramientos sobre unamesa baja con las extremidades sujetas al suelo,comenzó de inmediato una huelga de hambre. Lasautoridades continuaron negándole el acceso a unabogado. En respuesta a un llamamiento escrito por suesposa, Li Shanshan, más de 2.500 personas quevivían en su ciudad y en los alrededores firmaron unapetición para que fuera puesto en libertad. Li Shanshanfue detenida en septiembre, junto con el hermanomayor de Zhou y al menos otras cuatro personas.Región Autónoma de Mongolia InteriorMergen, pastor de etnia mongol, fue asesinado el 10de mayo por un conductor de un camión detransporte de carbón, de etnia han, lo que provocóprotestas generalizadas en toda la región. Lasrelaciones ya eran tensas debido a las quejas de lospastores de la región, que veían sus medios de vidaamenazados por las apropiaciones de tierras y losdaños medioambientales sufridos por los pastos parael ganado a causa de empresas mineraspertenecientes en muchos casos a chinos deetnia han. Del 23 al 31 de mayo, cientos de pastores yestudiantes participaron en protestas mayoritariamentepacíficas, celebradas a diario por toda la región.Aunque las autoridades respondieron a algunas de lasquejas planteadas, desplegaron a gran número deefectivos militares y de seguridad y detuvieron adecenas de manifestantes. También bloquearon sitiosde Internet que mencionaban las protestas,restringieron el acceso a la telefonía móvil y cerraron lamayoría de los sitios web en lengua mongol.148 Informe 2012 Amnistía Internacional

Región Autónoma Uigur del Sin-kiangLas autoridades intensificaron las medidas deseguridad mediante una serie de campañasde “mano dura” en las que aumentó el número depatrullas callejeras operativas día y noche y se intentó“movilizar a la sociedad para luchar” contra actosque, según las autoridades, afectaban a la seguridaddel Estado. Según informes, barrios enteros de laciudad de Urumqi fueron acordonados por controlesde seguridad.Las severísimas restricciones a la entrada y salida deinformación de la región no permitieron conocer concerteza la suerte que habían corrido centenares depersonas detenidas durante la campaña de represiónposterior a las protestas de 2009 en Urumqi. En enero,el presidente del Tribunal Superior Popular de laRegión Autónoma aludió a causas abiertas en relacióncon las protestas de 2009, pero las autoridades noofrecieron información sobre los juicios. Era habitualque los familiares de las personas detenidas norecibiesen información sobre su suerte y su paradero yque, por temor a las represalias de las autoridades, nose comunicaran con las que habían salido del país.La libertad de expresión en la región seguía siendoobjeto de graves restricciones, entre ellas laimputación de imprecisos delitos de “separatismoétnico” y “terrorismo” por actos como la distribuciónde materiales u obras literarias de “contenidoseparatista”. Noor Ul Islam Sherbaz murió el 13 de noviembre, alparecer a causa de torturas sufridas en prisión.Cumplía cadena perpetua, impuesta en un juicio singarantías por “asesinato” y por “provocar unincidente”. Se le había acusado de arrojar piedrasdurante las manifestaciones de 2009, y en el momentode su detención tenía 17 años. Según un amigo de lafamilia que tenía acceso a información procedente dela cárcel, allí lo habían golpeado frecuentemente conporras eléctricas. A su familia no se le permitió ver elcadáver, que las autoridades enterraron sin haberpracticado la autopsia. Aparte de su “confesión”, quepudo haber sido extraída bajo tortura, las autoridadesno aportaron pruebas suficientes durante el juicio, enel que Noor Ul Islam estuvo representado por unabogado designado por el tribunal.El gobierno chino recurrió a la presión económica ydiplomática sobre otros países, incluidos Kazajistán,Malaisia, Pakistán y Tailandia, para que expulsasen oentregasen a más de una decena de uigures a lasautoridades chinas. Los uigures devueltos a Chinacorrían peligro de sufrir detención arbitraria, tortura yjuicio sin garantías, y a menudo quedaban recluidosen régimen de incomunicación.Región Autónoma del TíbetDesde el 16 de marzo hasta finalizar el año, 10 monjeso ex monjes y 2 monjas se prendieron fuego en zonastibetanas de China. Al parecer, 6 murieron aconsecuencia de ello. Estos actos parecían responder alas medidas de seguridad cada vez más punitivasimpuestas a instituciones religiosas y comunidadeslaicas de la región después de las protestas de marzode 2008. Tras la primera autoinmolación, la dePhuntsok Jarutsang, se produjeron protestas,detenciones masivas (como la de 300 monjes delmonasterio de Kirti), desapariciones forzadas y posibleshomicidios cometidos por las fuerzas de seguridad.Dos ancianos tibetanos (un hombre y una mujer)murieron cuando habitantes de la zona se enfrentarona las fuerzas de seguridad para intentar poner fin a lasdetenciones. Un tercer hombre murió comoconsecuencia de las heridas sufridas cuando la policíareprimía una manifestación frente a una comisaría depolicía. Algunas personas relacionadas con lasprotestas celebradas en torno a las inmolacionesfueron condenadas a penas de hasta 13 años deprisión. A pesar de la cadena de autoinmolaciones, nohubo señales de que las autoridades chinas tuviesenintención de abordar las causas subyacentes a lasprotestas y dar respuesta a los motivos de queja de lacomunidad tibetana.Región Administrativa Especialde Hong KongLibertad de expresión, asociación y reuniónLas fuerzas de seguridad y la policía hicieron un usoexcesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos. Durante una manifestación pacífica celebrada el 15de mayo, Día Internacional contra la Homofobia y laTransfobia, la policía amenazó con detener a losparticipantes si no dejaban de bailar. Alegó que losorganizadores –incluida Amnistía Internacional HongKong– no habían solicitado “autorización para unespectáculo público temporal”. Voces críticasconsideraron que esta amenaza constituíahostigamiento, pues carecía de fundamento jurídico. El 2 de julio, la policía detuvo a 228 personas queparticiparon en la marcha anual del 1 de julio en favorCInforme 2012 Amnistía Internacional149

Cde la democracia, alegando obstrucción del acceso a unlugar público y reunión ilegal. La Asociación dePeriodistas de Hong Kong afirmó que 19 periodistashabían sido agredidos con pulverizadores de pimienta yuna periodista había sido detenida durante la marcha, ala que asistieron 10.000 personas. La policía tambiénintentó detener a Law Yuk Kai, director de Hong KongHuman Rights Monitor, cuando observaba cómoretiraban y detenían a manifestantes que estabanbloqueando el tráfico. Todas las personas detenidasquedaron en libertad ese mismo día. Posteriormente,varias fueron acusadas de alteración del orden público.Durante una visita de tres días que el viceprimerministro chino Li Keqiang realizó a Hong Kong enagosto, la policía estableció “núcleos de seguridad”para mantener a la prensa y los manifestantesalejados de él. Miembros del Consejo Legislativo,entre otros, criticaron estas tácticas, al considerar queresultaban opresivas y socavaban la libertad deexpresión. La policía se llevó a rastras a una personaque vestía una camiseta conmemorativa de lamatanza de Tiananmen en 1989.Novedades jurídicas En junio, el gobierno presentó polémicas propuestasque, en algunas circunstancias, pondrían fin a laselecciones parciales como forma de sustituir a losmiembros del Consejo Legislativo cuyo mandatofinalizase antes de tiempo. También en junio, el Comité de Reforma Legislativahizo público un documento consultivo sobre lacreación de una Ley y una Comisión de OrganizacionesBenéficas. Amnistía Internacional y otros grupos dederechos humanos criticaron la definición deorganización benéfica que aparecía en la propuesta,que excluía las actividades de defensa de los derechoshumanos a la vez que otorgaba reconocimiento aotros 13 sectores, incluido el de los derechos de losanimales.Discriminación El 30 de septiembre, el Tribunal Superior falló a favorde una trabajadora doméstica filipina y estableció quelas disposiciones sobre inmigración que prohibían a laspersonas extranjeras empleadas en el serviciodoméstico solicitar el derecho de residencia eraninconstitucionales. El gobierno presentó un recursocontra el fallo. Quienes criticaban la postura delgobierno consideraban que la exclusión constituíadiscriminación por razón de etnia. El 25 de noviembre, una mujer transexual que sehabía sometido a una operación de reasignación sexualperdió el segundo recurso contra una resolución que lenegaba el derecho a casarse con su novio tras elcambio de sexo. El Tribunal de Apelación consideróque todos los cambios potenciales de la legislacióncorrespondían al Consejo Legislativo, y no a lostribunales. La apelante afirmó que llevaría el caso alTribunal de Última Instancia.Personas refugiadas y solicitantes de asiloEn julio, el gobierno presentó el proyecto de Ley sobreInmigración (Enmienda) de 2011, con el que daba unpaso hacia la creación de un marco jurídico paragestionar las quejas presentadas en virtud de laConvención de la ONU contra la Tortura.CHIPREREPÚBLICA DE CHIPREJefe del Estado y del gobierno: Demetris ChristofiasPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:1,1 millonesEsperanza de vida:79,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 3,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:97,9 por cientoCientos de migrantes irregulares, incluidas personascuyas solicitudes de asilo se habían rechazado,soportaron largos periodos de reclusión en penosascondiciones sólo por su condición de inmigrantes.Información generalContinuaron las negociaciones entre dirigentesgrecochipriotas y turcochipriotas sobre asuntos comoel reparto del poder.En noviembre entró en vigor una nueva legislación porla que se incorporaba al derecho nacional la directivasobre retornos de la Unión Europea (UE), en medio deexpresiones de preocupación por las personas que seconsumían en centros de detención de inmigrantes.Fijaba en seis meses la duración máxima de ladetención de inmigrantes previa a su expulsión, conprórrogas de hasta 18 meses en ciertas circunstancias.El Parlamento promulgó en diciembre legislaciónque asignaba atribuciones a la Oficina del150 Informe 2012 Amnistía Internacional

Comisionado de Administración (Defensor del Pueblo)para actuar como institución nacional de derechoshumanos.Personas refugiadas,solicitantes de asilo y migrantesLas personas migrantes, incluidos los solicitantes deasilo rechazados, permanecían largos periodosdetenidas en pésimas condiciones sólo por sucondición de inmigrantes. El uso de instalacionesinadecuadas –como los calabozos policiales de breveestancia y dos alas de la Prisión Central de Nicosia–también era motivo de preocupación. Segúninformaron algunas personas detenidas, su acceso aasistencia letrada y médica era escaso o nulo.En diciembre, unas 200 personas se consumían encentros de detención de inmigrantes. Muchos notenían perspectiva inmediata de expulsión de Chipre,por lo que su detención parecía arbitraria, innecesariay, por tanto, ilegal. El Tribunal Supremo ordenó laliberación de algunos basándose en que su detenciónse había prolongado ilegalmente. Sin embargo, trassu puesta en libertad volvieron a ser detenidos deinmediato por los mismos motivos.Estaba prevista la inauguración de un nuevo centrode detención de inmigrantes en la localidad deMennoia, con capacidad para 276 personas,a principios de 2012. La UE había financiadoel 30 por ciento de su construcción. En diciembre se llevó a cabo la devolución de unsolicitante de asilo tamil a Sri Lanka tras haberdesestimado las autoridades competentes un recursocontra el rechazo inicial de su solicitud. En vista de lascircunstancias de su devolución, se expresópreocupación por el hecho de que se le hubieranegado la oportunidad de solicitar una revisión judicialde la decisión ante el Tribunal Supremo yla suspensión de su expulsión.Policía y fuerzas de seguridadHubo varias denuncias de malos tratos policiales amigrantes y solicitantes de asilo. Según informes, unos 35 agentes de policíasometieron a fuertes golpes, amenazas e insultos a ungrupo de solicitantes de asilo detenidos en la comisaríade policía de Larnaca. Uno de los solicitantes al parecersufrió lesiones en una pierna y estuvo varios días sinrecibir asistencia médica. Al final del año seguíanpendientes sendas investigaciones emprendidas por elDefensor del Pueblo y la autoridad encargada deatender denuncias contra la policía.Defensores y defensorasde los derechos humanosLas ONG internacionales pro derechos de losrefugiados y migrantes expresaron su preocupaciónpor el procesamiento del director ejecutivo de KISA,ONG de acción por la igualdad y contra el racismo,después de que las autoridades presentaran cargospenales contra él “por causar disturbios y participaren una asamblea ilegal”. Los cargos estabanrelacionados con acontecimientos ocurridos en elFestival del Arco Iris, acto contra el racismo celebradoen Larnaca en noviembre de 2010, en el que, segúninformes, los participantes habían sido agredidos pormiembros de una manifestación contra lainmigración. La vista judicial, programada paradiciembre, se aplazó a febrero de 2012.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Chipre en noviembre.COLOMBIAREPÚBLICA DE COLOMBIAJefe del Estado y del gobierno: Juan Manuel Santos CalderónPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:46,9 millonesEsperanza de vida:73,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 18,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:93,2 por cientoEl gobierno siguió manifestando su compromiso paralos derechos humanos. Pese a ello, hubo pocas mejorastangibles en la situación general de estos derechos. Ellargo conflicto armado interno siguió afectando sobretodo a los derechos humanos de la población civil,especialmente de los pueblos indígenas, lascomunidades afrodescendientes y campesinas, losdefensores y defensoras de los derechos humanos,los dirigentes comunitarios y los sindicalistas.La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras,sancionada por el presidente Juan Manuel Santos enCInforme 2012 Amnistía Internacional151

Cjunio, fue un paso importante para el reconocimientode los derechos de muchas víctimas del conflicto y parala devolución de parte de los millones de hectáreas detierras robadas, a menudo con violencia, a suslegítimos propietarios. Sin embargo, la persistenciatanto de los homicidios de quienes luchaban por larestitución de las tierras como de las amenazas contraellos puso en peligro la aplicación de la ley.El gobierno se comprometió a poner fin a laimpunidad por los abusos contra los derechoshumanos, y se hicieron avances en algunos casosemblemáticos. No obstante, las autoridades nogarantizaron el procesamiento de la mayoría de losresponsables, especialmente los de delitos sexualescontra mujeres y niñas. Suscitó preocupación laposibilidad de que los planes del gobierno de ampliarel ámbito de la jurisdicción militar perjudicaran losescasos avances realizados en la lucha contra laimpunidad.Durante las elecciones locales y regionales deoctubre murieron violentamente más de 40candidatos, una cifra considerablemente mayor quela de los comicios de 2007. Resultaron elegidosvarios candidatos –algunos como gobernadores dedepartamentos– que, al parecer, manteníanestrechos lazos con políticos condenados osometidos a investigaciones penales por vínculosilegales con grupos paramilitares.Conflicto armado internoLos grupos guerrilleros, los paramilitares y las fuerzasde seguridad siguieron cometiendo delitos dederecho internacional tales como homicidiosilegítimos, secuestros o desapariciones forzadas, ydesplazamientos forzados. Los habitantes de laszonas rurales, especialmente los pueblos indígenas ylas comunidades afrodescendientes y campesinas,fueron las poblaciones de mayor riesgo, así comoquienes vivían en la pobreza en las zonas urbanas,los defensores y defensoras de los derechos humanosy los sindicalistas.Según la Organización Nacional Indígena deColombia, en los primeros 11 meses de 2011murieron violentamente 111 indígenas. En junio, los paramilitares dieron muerte a cincodirigentes del pueblo indígena zenú del municipio deZaragoza, departamento de Antioquia. El 26 de febrero fue hallado en el municipio deBagadó, departamento del Chocó, el cadáver deldirigente juvenil indígena katío Crisanto TequiaQueragama. Los dirigentes indígenas culparon de sumuerte al grupo guerrillero Fuerzas ArmadasRevolucionarias de Colombia (FARC).En 2011 había alrededor de 308.000 personasdesplazadas forzosamente, frente a las 280.000de 2010. En octubre, alrededor de 400 indígenas delmunicipio de Pradera, departamento del Valle delCauca, huyeron de sus casas tras los combates entrelas fuerzas de seguridad y las FARC. En marzo, más de 800 afrodescendientes de la zonarural de Buenaventura, Valle del Cauca, fuerondesplazados forzosamente durante los combates entrelas fuerzas de seguridad y las FARC. En enero, unas 5.000 personas, entre ellasalrededor de 2.300 niños y niñas, se vieron obligadas ahuir de sus casas del municipio de Anorí,departamento de Antioquia, tras recibir amenazas delas FARC.El 2 de noviembre, el gobierno emitió el Decreto4100, en virtud del cual se creó el Sistema Nacionalde Derechos Humanos y Derecho InternacionalHumanitario. Según el gobierno, este organismomejoraría la coordinación y la implementación de laspolíticas estatales de derechos humanos.La Ley de Víctimas y Restituciónde TierrasLa Ley de Víctimas y Restitución de Tierrasreconocía la existencia de un conflicto armado ylos derechos de las víctimas. Disponíareparaciones para algunos sobrevivientes deabusos contra los derechos humanos, incluidoslos perpetrados por agentes estatales. Sinembargo, se temía que muchas víctimas nopodrían reclamar una reparación, y que no sedevolverían aún a sus legítimos propietariosextensiones significativas de tierras robadas.También suscitaba preocupación la posibilidad deque algunas personas retornadas se vieranobligadas a ceder el control de sus tierras a loscausantes de su desplazamiento forzoso.Se siguió amenazando y matando a dirigentes decomunidades desplazadas y a personas que pedíanla devolución de las tierras robadas. El 30 de junio, Antonio Mendoza Morales, dirigentede la Asociación de Desplazados de San Onofre y LosMontes de María, murió a manos de unos hombres152 Informe 2012 Amnistía Internacional

armados no identificados en San Onofre,departamento de Sucre.Fuerzas de seguridadEn la primera mitad de 2011 se tuvo noticia de almenos 17 ejecuciones extrajudiciales cometidas pormiembros de las fuerzas de seguridad, en las que sepresentaba falsamente a las víctimas como“miembros de la guerrilla muertos en combate”.Aunque esta cifra suponía un aumento respectoa 2010, seguía siendo muy inferior a la de 2008, añoen que se registraron cerca de 200 de estas muertes. En julio, un juez condenó a ocho miembros delejército a penas de entre 28 y 55 años de prisión por elasesinato, cometido en 2008, de dos jóvenes en elmunicipio de Cimitarra, departamento de Santander.Ésta era la primera condena dictada contra lossoldados implicados en el homicidio de más de unadecena de jóvenes de Soacha, cerca de Bogotá, a losque el ejército presentó falsamente como “guerrillerosmuertos en combate”.La mayoría de las miles de ejecucionesextrajudiciales cometidas en el curso del conflicto,incluidas las que investigaba la Fiscalía General de laNación, siguieron sin resolverse.Al finalizar el año, seguían debatiéndose en elCongreso unas medidas para ampliar el papel delsistema de justicia militar en la investigación deviolaciones de derechos humanos en las queestuvieran implicadas las fuerzas de seguridad.El sistema de justicia militar había cerradosistemáticamente este tipo de investigaciones sinesforzarse seriamente en hacer rendir cuentas a losresponsables. De aprobarse, estas medidas seríancontrarias a las normas internacionales de derechoshumanos, que establecen que las violaciones dederechos humanos deben ser investigadasexclusivamente por los tribunales civiles.El Congreso también estaba debatiendo medidasque permitirían a autores de abusos contra losderechos humanos, entre ellos miembros de lasfuerzas de seguridad, beneficiarse de amnistíasde facto.Grupos guerrillerosLas FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN),de menor tamaño, cometieron abusos graves contralos derechos humanos y violaciones del derechointernacional humanitario tales como homicidiosilegítimos, toma de rehenes, desplazamientosforzosos y reclutamiento de menores de edad. Según informes, el 22 de mayo los guerrilleros de lasFARC atacaron una lancha en el municipio de MedioAtrato, departamento del Chocó: mataron a tres civilese hirieron a otros dos. El 19 de marzo, los guerrilleros del ELN mataron a unjoven indígena en el municipio de Tame, departamentode Arauca, después de que los miembros delresguardo (reserva) indígena donde vivía se negaran aser reclutados forzosamente por el grupo guerrillero. El 9 de julio, unos guerrilleros de las FARC detonaronun coche bomba en el centro urbano del municipio deToribío, departamento del Cauca, una zona habitadamayoritariamente por indígenas. La explosión y loscombates entre las FARC y las fuerzas de seguridad sesaldaron con la muerte de al menos 3 civiles y unpolicía, y 120 civiles y 2 policías resultaron heridos.Según cifras gubernamentales, en los 10 primerosmeses del año murieron 49 miembros de las fuerzasde seguridad y 20 civiles, y resultaron heridascentenares de personas a causa de minas terrestresantipersonal desplegadas principalmente porlas FARC.Según las estadísticas oficiales, hubo 305secuestros en 2011, frente a 282 en 2010. En sumayor parte se atribuyeron a bandas de delincuentes,aunque los grupos guerrilleros fueron responsablesde la gran mayoría de los secuestros relacionados conel conflicto. Según informes, el 26 de noviembre los guerrillerosde las FARC ejecutaron a cuatro miembros de lasfuerzas de seguridad a los que mantenían cautivosdesde hacía al menos 12 años.El 4 de noviembre, el comandante de las FARCGuillermo León Sáenz Vargas (alias “Alfonso Cano”)murió a manos de las fuerzas de seguridad duranteuna operación militar.Grupos paramilitaresA pesar de su supuesta desmovilización, los gruposparamilitares, calificados de “bandas criminales”(“Bacrim”) por el gobierno, siguieron ampliando supresencia e influencia territorial. En febrero, elentonces ministro del Interior y de Justicia, GermánVargas Lleras, reconoció que las Bacrim tenían elcontrol territorial de muchas partes del país, tanto enzonas urbanas como rurales. Se recibieron informessegún los cuales un número creciente deCInforme 2012 Amnistía Internacional153

Cparamilitares actuaban en zonas en las que habíauna presencia significativa de las fuerzas deseguridad.Los paramilitares, en ocasiones con la connivenciao aquiescencia de las fuerzas de seguridad, siguieroncometiendo violaciones graves de derechos humanos,como homicidios y desapariciones forzadas, yrealizando operaciones de limpieza social en barriosurbanos pobres. Sus víctimas fueron principalmentesindicalistas, defensores y defensoras de los derechoshumanos y dirigentes comunitarios, así comomiembros o representantes de comunidadesindígenas, afrodescendientes y campesinas. El 12 de septiembre, al menos 30 miembrosarmados y uniformados del grupo paramilitar LosRastrojos llegaron al pueblo de Pesquería, municipiode Cumbitara, departamento de Nariño. Amenazaron ala comunidad, la saquearon y la acusaron de colaborarcon la guerrilla. Según informes, los paramilitaresdescuartizaron vivos a dos civiles delante de toda lacomunidad. También secuestraron a 13 personas, almenos 2 de las cuales fueron asesinadas.El proceso de Justicia y PazHubo pocos progresos en el proceso de Justicia yPaz. Iniciado en 2005, el proceso permitía quealrededor del 10 por ciento de los más de 30.000paramilitares presuntamente desmovilizados sebeneficiase de una reducción de las penas de prisióna cambio de confesar violaciones de derechoshumanos. El 90 por ciento restante recibió amnistíasde facto. Al finalizar el año, sólo 10 paramilitareshabían sido declarados culpables en aplicación delproceso y la mayoría de ellos tenían recursospendientes contra sus condenas.En febrero, la Corte Constitucional declaróconstitucional la Ley 1424, que pretendía concederamnistías de hecho a decenas de miles deparamilitares de base supuestamente desmovilizados,a cambio de que firmaran el denominado Acuerdo deContribución Histórica a la Verdad y la Reparación.Servicio civil de inteligenciaEl 31 de octubre, el gobierno desmanteló elDepartamento Administrativo de Seguridad (DAS),servicio civil de inteligencia. El DAS había actuadobajo la autoridad directa del presidente y habíaestado envuelto en un escándalo de “juego sucio”ilegal que incluía amenazas, homicidios, seguimientosy escuchas ilegales contra activistas de derechoshumanos, políticos, jueces y periodistas,principalmente durante el gobierno del presidenteÁlvaro Uribe Vélez (2002-2010). El DAS fue sustituidopor la Dirección Nacional de Inteligencia.Varios altos cargos del DAS seguían sometidos ainvestigación por su implicación en el escándalo;otros ya habían sido condenados. Sin embargo, unaex directora del DAS, María del Pilar Hurtado, siguióeludiendo la justicia; en 2010 obtuvo asilo enPanamá. El 14 de septiembre, el ex director del DAS JorgeNoguera fue condenado a 25 años de prisión por elhomicidio del profesor universitario Alfredo Correa deAndreis y por su vinculación con grupos paramilitares. En noviembre, el procurador general pidió a lacomisión del Congreso que investigaba el papeldesempeñado en el escándalo por el ex presidenteUribe que examinara si éste había ordenado al DASque realizara escuchas ilegales.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos homicidios, las amenazas, la persecución judicialy el robo de información confidencial sobre casossiguieron menoscabando la labor de los activistas dederechos humanos. El 23 de agosto, Walter Agredo Muñoz, miembro dela seccional de Valle del Cauca del Comité deSolidaridad con los Presos Políticos, y Martha Giraldo,del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes deEstado (MOVICE), recibieron una amenaza de muerteen un mensaje de texto, en el que se les acusaba de sercomunistas y miembros de las FARC. En el mensaje seenumeraba a varias ONG de derechos humanos,sindicatos y organizaciones de afrodescendientes eindígenas.A lo largo del año perdieron la vida de formaviolenta al menos 29 sindicalistas y más de 45defensores y defensoras de los derechos humanosy dirigentes comunitarios, muchos de los cualestrabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras. El 23 de marzo, los activistas de derechos humanosOrlando Enrique Verbel Rocha y Eder Verbel Rocha, sedirigían, junto con el hijo de Eder Verbel, a su domicilioen el municipio de San Onofre, departamento deSucre, cuando dos paramilitares les dispararon y losgolpearon. Eder Verbel Rocha resultó heridode muerte.154 Informe 2012 Amnistía Internacional

El 17 de marzo, Gabriela, integrante de la Fundaciónde Género Trans del Sur, murió a manos de hombresarmados en el municipio de Pasto, departamento deNariño. El homicidio se cometió poco después de quese distribuyeran en Pasto unos folletos en los que sepedía la “limpieza social” de miembros de lacomunidad de lesbianas, gays, bisexuales y personastransgénero (LGBT), entre otros.Ante la oleada de homicidios de defensores ydefensoras de los derechos humanos, la Oficina enColombia del Alto Comisionado de la ONU para losDerechos Humanos pidió al gobierno en marzo querevisara a fondo sus programas de protección física.El 31 de octubre, el gobierno emitió el Decreto 4065,que unificaba todos los programas de protección delMinisterio del Interior en una nueva agencia única, laUnidad Nacional de Protección.ImpunidadHubo avances en un número limitado de casos clavede derechos humanos. El 28 de abril, una jueza condenó al general retiradoJesús Armando Arias Cabrales a 35 años de prisión por suparticipación en la desaparición forzada de 11 personas ennoviembre de 1985, después de que el ejército irrumpieraen el Palacio de Justicia, donde el grupo guerrillero M-19retenía a varios rehenes. Tanto el gobierno como el altomando militar criticaron públicamente las condenas deJesús Armando Arias Cabrales y del coronel retirado LuisAlfonso Plazas Vega, condenado en 2010 a 30 años deprisión en el mismo caso. El general retirado Iván RamírezQuintero, acusado formalmente de una de lasdesapariciones, fue absuelto en diciembre.La impunidad persistió en la gran mayoría de loscasos, exacerbada por los homicidios de testigos,abogados, fiscales y jueces, así como por lasamenazas contra ellos. El 22 de marzo, la jueza que presidía la causa contraun oficial militar acusado de la violación de una niña,de la violación y el asesinato de otra, y del asesinato delos dos hermanos de ésta, murió por disparos enSaravena, departamento de Arauca. Poco después delasesinato, la ONG que ayudaba a las familias de lasvíctimas recibió una amenaza de muerte telefónica, aligual que la familia de los tres hermanos.Violencia contra mujeres y niñasLas defensoras de los derechos humanos y lasdirigentes comunitarias, especialmente las quetrabajaban en cuestiones relacionadas con las tierras,fueron víctimas de amenazas y homicidios. El 7 de junio fue asesinada en Medellín,departamento de Antioquia, Ana Fabricia Córdoba,dirigente afrodescendiente que hacía campaña a favorde las comunidades desplazadas. El 5 de mayo, 11 paramilitares rodearon a Sixta TuliaPérez y a Blanca Rebolledo, dos dirigentes de lacomunidad afrodescendiente de Caracolí,departamento del Chocó. Los agresores intentaronarrancarles la ropa y agarraron a un niño que iba conellas. Uno de ellos golpeó a Sixta Tulia Pérez con unlátigo. Ese mismo día, los paramilitares amenazaron alas mujeres delante de unos soldados, que no hicieronnada cuando éstas les pidieron ayuda.También hubo amenazas contra organizaciones dedefensa de los derechos humanos de las mujeres,especialmente las que trabajaban con mujeresdesplazadas y sobrevivientes de violencia sexual. El 19 de junio, varias ONG, muchas organizacionesde mujeres entre ellas, recibieron por correoelectrónico una amenaza de muerte del grupoparamilitar Águilas Negras-Bloque Capital. El mensajedecía: “Sentencia a la pena de muerte a las perrasguerrilleras de las farc las cuales se oponen a laspolíticas de nuestro gobierno”.El gobierno se comprometió a combatir la violenciasexual contra mujeres y niñas relacionada con elconflicto, pero el problema seguía siendogeneralizado y sistemático. El cumplimiento por elgobierno de las sentencias de la Corte Constitucionalsobre esta cuestión, especialmente el Auto 092de 2008, siguió siendo deficiente. La impunidad porestos crímenes continuaba siendo significativamentesuperior que por otros tipos de abusos contra losderechos humanos. Sin embargo, en diciembre sedeclaró a un paramilitar culpable de delitos sexualesrelacionados con el conflicto, la primera sentenciacondenatoria de este tipo en el proceso de Justiciay Paz.Ayuda estadounidenseLa ayuda estadounidense a Colombia siguiódisminuyendo. En 2011, Estados Unidos asignó aColombia alrededor de 562 millones de dólares enconcepto de ayuda militar y no militar. Esta sumaincluía 345 millones para las fuerzas de seguridad, delos que 50 millones estaban destinados a las fuerzasarmadas. La entrega del 30 por ciento de estos 50CInforme 2012 Amnistía Internacional155

Cmillones dependía del cumplimiento, por parte de lasautoridades colombianas, de determinadascondiciones en materia de derechos humanos. Enseptiembre de 2011, las autoridadesestadounidenses determinaron que el gobiernocolombiano había hecho avances significativos en lamejora de la situación de los derechos humanos, yautorizaron el pago de unos 20 millones de dólaresde la partida presupuestaria de 2010 destinada aayuda a la seguridad.En octubre de 2011, el gobierno estadounidenseratificó el Tratado de Libre Comercio (TLC) entreEstados Unidos y Colombia, pese a la oposición de lasorganizaciones sindicales y de derechos humanos,que expresaron su preocupación por la seguridad delos dirigentes y activistas sindicales en Colombia y porel impacto que el Tratado podría tener en lospequeños agricultores, los pueblos indígenas y lascomunidades afrodescendientes.Escrutinio internacionalEn el informe sobre Colombia publicado en febreropor la Oficina del Alto Comisionado de la ONU paralos Derechos Humanos, se reconocía “el compromisocon los derechos humanos manifestado por elGobierno del Presidente Santos”. Sin embargo, elinforme también decía que todas las partes delconflicto seguían violando el derecho internacionalhumanitario, y expresaba especial preocupación por“la continuación de homicidios, amenazas, atentados,robos de información, seguimientos e intimidacionescontra defensores y defensoras de derechoshumanos y sus organizaciones”.Informes y visitasde Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Colombia en febrero,marzo, septiembre y noviembre. Colombia: Las autoridades deben garantizar la seguridad de una juezen un caso clave de derechos humanos (AMR 23/014/2011) “Eso es lo que nosotras exigimos. Que se haga justicia”. Impunidad poractos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armadode Colombia (AMR 23/018/2011) Colombia: Amnistía Internacional condena un ataque guerrillero queha causado bajas civiles (AMR 23/023/2011) Colombia: La Ley de Víctimas, un importante paso adelante, pero aúnquedan cuestiones pendientes (PRE01/285/2011)COREA DEL NORTEREPÚBLICA POPULAR DEMOCRÁTICA DE COREAJefe del Estado:Kim Jong-un(sustituyó a Kim Jong-il en diciembre)Jefe del gobierno:Choe Yong-rimPena de muerte:retencionistaPoblación:24,5 millonesEsperanza de vida:68,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 33,3 por cada 1.000El 17 de diciembre, Kim Jong-un sucedió a su padrecomo gobernante absoluto, pero sin que hubieseindicios de mejora en el pésimo historial de derechoshumanos del país. La población norcoreanacontinuaba sufriendo violaciones de casi todo elespectro de los derechos humanos. Seis millones denorcoreanos necesitaban ayuda alimentaria conurgencia; un informe de la ONU concluyó que el paísno podría alimentar a su población en un futuroinmediato. Se recibieron informes de la existencia denumerosos campos penitenciarios, en donde eranhabituales la detención arbitraria, el trabajo forzoso yla tortura y otros malos tratos. Continuaron lasejecuciones, que en algunos casos se llevaban acabo en público. Los castigos colectivos eranhabituales. Las violaciones del derecho a la libertadde expresión y reunión eran generalizadas.Información generalKim Jong-il murió en diciembre, según informes acausa de un ataque cardíaco, concluyendo así sus 17años de mandato como líder del Estado, cargo quehabía heredado de su padre, Kim Il-sung. Kim Jong-un,hijo de Kim Jong-il, fue nombrado su sucesor.En junio, el Consejo de Seguridad de la ONUprorrogó por tercera vez el mandato del órgano deexpertos que se ocupaba de las sanciones impuestaspor la ONU a Corea del Norte a causa de sus pruebascon armas nucleares.Unas inundaciones provocadas por lluviastorrenciales que habían comenzado en junio se vieronagravadas en agosto por un tifón que causó dañosgeneralizados, especialmente en las provincias deHwanghae del Norte y Hwanghae del Sur. Comoconsecuencia, según informes, un total de 68personas murieron o desaparecieron y másde 25.000 quedaron sin hogar.156 Informe 2012 Amnistía Internacional

Crisis alimentariaEn enero se recibieron informes sobre muertes porinanición ocurridas en las provincias de Pyongan delNorte, Hamkyung del Sur y Hamkyung del Nortedesde abril de 2010. En abril, el Programa Mundialde Alimentos, la FAO y UNICEF lanzaron unaoperación de emergencia para llegar a 3,5 millonesde niños, mujeres y ancianos, los sectores másvulnerables.Un informe publicado en noviembre por la FAO y elPrograma Mundial de Alimentos concluyó que granparte de la población había sufrido privaciónprolongada de alimentos desde mayo hastaseptiembre, puesto que la ración de cereales delsistema de distribución pública se había reducidoa 200 gramos o menos por persona y día, equivalente asólo un tercio de las necesidades energéticasmínimas diarias de una persona. El informe indicabaque una de cada cuatro mujeres de entre 15 y 49años sufría malnutrición, mientras que más de untercio de los niños sufrían raquitismo y casi la quintaparte tenían un peso inferior al normal. Además,mencionaba que, en comparación con el año anterior,el número de menores desnutridos que ingresabanen las salas de pediatría había aumentado entreun 50 y un 100 por cien.A pesar de la crisis, la ayuda alimentariainternacional continuaba dependiendo decircunstancias geopolíticas. Según informes recibidosen febrero, el gobierno ordenó que sus embajadassolicitasen ayuda alimentaria a gobiernos extranjeros.En junio, tras una visita destinada a supervisar laayuda, la Comisión Europea decidió ofrecer 10millones de euros en ayuda alimentaria deemergencia. Estados Unidos no envió ayudaalimentaria a Corea del Norte, alegando que lepreocupaba cómo se supervisaba su distribución.Detención y reclusión arbitrariasInformes no confirmados señalaron que en enero, enevidente preparación de la sucesión en el poder, elDepartamento de Seguridad Nacional había detenidoa más de 200 funcionarios; se temía que algunoshubieran sido ejecutados, mientras que otros habíansido enviados a campos penitenciarios para presospolíticos. Según informes creíbles, se calculaba quehabía hasta 200.000 personas encarceladas encondiciones espantosas en seis campospenitenciarios para presos políticos cada vez másgrandes, como el conocido centro de Yodok. Miles depersonas estaban recluidas en al menos otros 180centros de detención. La mayoría permanecíanencarceladas sin juicio o tras procesos sumamenteinjustos en los que se habían utilizado confesioneshechas bajo coacción.Tortura y otros malos tratosLos hombres, mujeres y niños recluidos en loscampos eran objeto de tortura y otros malos tratos;entre otras cosas, se les obligaba a trabajar encondiciones peligrosas. Debido a la combinación detrabajo forzado peligroso, alimentación deficiente,palizas, atención médica totalmente insuficiente ycondiciones de vida insalubres, las personasencarceladas sufrían enfermedades, y muchasmorían bajo custodia o poco después de quedar enlibertad. El gobierno continuó negando la existenciade campos penitenciarios para presos políticos.Pena de muerteEn julio se recibieron informes no confirmados de quelas autoridades habían ejecutado mediantefusilamiento o matado en accidentes de tráficoprovocados a 30 funcionarios que habían participadoen conversaciones entre las dos Coreas o supervisadoel diálogo bilateral. El 10 de marzo, el relator especialde la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales escribióal gobierno en relación con 37 ejecuciones por delitosde índole económica llevadas a cabo entre 2007y 2010.Libertad de expresiónEn junio, las autoridades permitieron que AssociatedPress estableciese una agencia de noticias enPyongyang. La agencia de noticias Reuters anuncióque había recibido autorización para mantener unaantena parabólica en Pyongyang. Sin embargo, nohabía medios de comunicación nacionalesindependientes ni se sabía que hubiera ningúnpartido político de oposición independiente, ytampoco existía una sociedad civil que pudieracalificarse como tal. Las críticas al gobierno y a suslíderes eran objeto de severas restricciones y podíancastigarse con detención y reclusión en un campopenitenciario. Sólo un número reducido y selectode personas tenían acceso a Internet, en la mayoríade los casos a través de una intranet objeto deestrecha vigilancia. Las autoridades tomaban medidasdrásticas contra quienes utilizaban teléfonos móvilesCInforme 2012 Amnistía Internacional157

Cchinos, y las conexiones telefónicas estabanbloqueadas en Sinuiju, ciudad fronteriza cercana aDandong, en China.Libertad de circulaciónLos ciudadanos norcoreanos sufrían gravesrestricciones a la hora de viajar tanto dentro del paíscomo al extranjero. Las autoridades chinas devolvíana menudo a Corea del Norte a miles de norcoreanosque habían huido a China en busca de alimentos yempleo. A su regreso eran sistemáticamentegolpeados y detenidos. Las personas sospechosasde haber estado en contacto con ONG surcoreanas o dehaber intentado huir a Corea del Sur recibían castigosaún más severos. En julio se recibió informaciónsegún la cual las autoridades norcoreanas habíanordenado la adopción de medidas enérgicas contraquienes salieran del país sin autorización. En octubre,informes no confirmados señalaron que enseptiembre el Departamento de Seguridad Nacionalhabía detenido al menos a 20 norcoreanos enShenyang, China. Estas personas fueron devueltas aCorea del Norte y quedaron recluidas en un centrodel Departamento de Seguridad Nacional en laprovincia de Hamkyung del Norte.Personas refugiadas y solicitantes de asiloCorea del Sur concedió la nacionalidad a másde 23.500 norcoreanos; había centenares en Japón.Según cifras publicadas en 2011 por el ACNUR, laagencia de la ONU para los refugiados, en 2010había 917 solicitantes de asilo norcoreanos ensituación similar a la de refugiados en diversos países,entre los que figuraban Alemania, Australia, EstadosUnidos, Países Bajos y Reino Unido. En marzo, 27 norcoreanos fueron entregados a laArmada de Corea del Norte. Formaban parte de ungrupo de 31 personas (20 mujeres y 11 hombres) cuyobarco de pesca se había adentrado en aguas de Coreadel Sur en febrero a causa de una densa niebla. A 4 deestas personas, que decidieron quedarse en Corea delSur, se les concedió la nacionalidad de ese país. En junio, nueve norcoreanos llegaron a Corea del Suren barco. Posteriormente, según informes, lasautoridades de Corea del Norte restringieron los viajesde sus ciudadanos a las zonas fronterizas y prohibieronlas embarcaciones pequeñas a lo largo de la costaoccidental. En septiembre se descubrió a nueve norcoreanos,entre los que había tres menores, a bordo de unapequeña embarcación pesquera de madera en la costade la prefectura de Ishikawa, en Japón. En un primermomento los tuvieron detenidos en Nagasaki, yposteriormente les permitieron marcharse a Corea delSur.Escrutinio internacionalEl relator especial de la ONU sobre la situación de losderechos humanos en Corea del Norte no recibióautorización para visitar el país. En septiembre, 40ONG, incluida Amnistía Internacional, crearon enTokio una coalición internacional que pidió elestablecimiento de una comisión de investigaciónsobre los crímenes de lesa humanidad cometidos porel gobierno norcoreano. En mayo, Robert King,embajador de Estados Unidos para derechoshumanos y cuestiones humanitarias en Corea delNorte, realizó una visita sin precedentes al país,encabezando una delegación que iba a evaluar lagravedad de la crisis alimentaria. Al marcharse leacompañaba Jun Eddie Yong-su, misionerocoreano-estadounidense que acababa de quedar enlibertad tras pasar seis meses detenido por “actividadreligiosa inadecuada o ilegal”.Informes y visitasde Amnistía Internacional North Korea: Political prison camps (ASA 24/001/2011)COREA DEL SURREPÚBLICA DE COREAJefe del Estado:Lee Myung-bakJefe del gobierno:Kim Hwang-SikPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:48,4 millonesEsperanza de vida:80,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4,9 por cada 1.000El gobierno recurrió cada vez más a la Ley deSeguridad Nacional para restringir la libertad deexpresión, especialmente en el contexto de losdebates relativos a Corea del Norte. Las autoridadesmantuvieron una estrecha vigilancia sobre Internet ylos sitios de redes sociales, como Twitter y Facebook.158 Informe 2012 Amnistía Internacional

No hubo ejecuciones. La población trabajadoramigrante continuó en una situación vulnerable a raízde un fallo del Tribunal Constitucional contra lamovilidad laboral y de las medidas enérgicasadoptadas por el gobierno contra las personasmigrantes en situación irregular.Información generalA la vez que se celebraba el 10 aniversario de laComisión Nacional de Derechos Humanos de Corea,ONG locales iniciaron un boicoteo contra lainstitución por no haber realizado una consultaadecuada con la sociedad civil en torno a lasrecomendaciones formuladas al Ministerio deJusticia, que estaba redactando un nuevo Plan deAcción Nacional.En agosto, el Tribunal Constitucional declaróinconstitucional que el gobierno no hubiera hechoningún esfuerzo tangible para resolver las disputascon Japón en relación con las reparaciones debidas alas supervivientes del sistema de esclavitud sexualde las fuerzas armadas japonesas (véase el apartadosobre Japón).Libertad de expresiónLas autoridades recurrían cada vez más a la Ley deSeguridad Nacional para perseguir a personas yorganizaciones que se percibían como opositoras a lapolítica gubernamental sobre Corea del Norte. Enmarzo, Frank La Rue, relator especial de la ONUsobre la libertad de expresión, observó que ésta teníacada vez menos cabida en Corea del Sur y lo atribuyóal creciente número de procesamientos y actos dehostigamiento contra personas críticas con elgobierno. Al finalizar el año, 135 personas estabandetenidas por infringir la Ley de Seguridad Nacional. En mayo, Kim Myeong-soo, propietario de unalibrería en línea, fue absuelto del cargo de infringir elartículo 7.5 de la Ley de Seguridad Nacional. Habíasido acusado de vender 140 libros y estar en posesiónde otros 170 “con la intención de poner en peligro laexistencia y seguridad del Estado”. El fiscal recurrióla absolución.Se presentaban cargos contra personas queexpresaban pacíficamente sus opiniones o difundíaninformación a través de Internet. Hasta el 31 deoctubre, la policía eliminó 67.300 entradaspublicadas en la web, al considerar que suponíanuna amenaza para la seguridad nacional por“ensalzar a Corea del Norte y censurar a EstadosUnidos y al gobierno”. La cifra suponía un bruscoincremento con respecto a las 14.430 eliminadasen 2009. En julio se presentaron cargos contra 244funcionarios y profesores, en aplicación dedisposiciones de la Ley de Funcionarios Públicos delEstado, la Ley de Partidos Políticos y la Ley deFinanciación Política, por unirse al Partido LaboristaDemocrático y pagar la correspondiente cuota deafiliación. En septiembre, las autoridades policialesinvestigaron a Park Jeonggeun por infringir el artículo 7de la Ley de Seguridad Nacional. Miembro del PartidoSocialista y crítico con Corea del Norte, ParkJeonggeun había reenviado frases de un sitio webnorcoreano a través de Twitter y había publicado unaentrada que decía “¡Viva Kim Jong-il!”, todo ello a modode burla.Objeción de concienciaEn marzo, el Comité de Derechos Humanos de laONU estudió los casos de 100 objetores deconciencia surcoreanos y concluyó que Corea del Surhabía violado el derecho a la libertad de pensamiento,conciencia y religión, protegido por el artículo 18 delPacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ladecisión del Comité obligaba al Estado a ofrecer alos 100 una reparación efectiva, incluida unaindemnización, y a evitar violaciones similares delPacto en lo sucesivo. En septiembre, sin embargo, elTribunal Constitucional falló que el “derecho a lalibertad de conciencia”, protegido en la Constitución,no incluía la negativa a realizar el servicio militar. Endiciembre había al menos 810 objetores deconciencia encarcelados. En junio, el abogado Baek Jong-keon fue condenadoa un año y medio de prisión. En noviembre, su recursode apelación estaba pendiente ante el TribunalCentral de Distrito de Seúl.Libertad de reuniónContinuaron las protestas contra la construcción deuna base naval en la localidad de Gangjeong, en laisla de Jeju, y muchos activistas y habitantes del lugarse enfrentaban a cargos civiles y penales. En agosto, la Fiscalía Suprema calificó las protestasde desafío al poder del Estado. Varios manifestanteshabían impedido el paso de vehículos queCInforme 2012 Amnistía Internacional159

Ctransportaban material de construcción a la base naval.La policía detuvo a 133 personas durante las protestas. En noviembre, la sindicalista Kim Jin-sook puso fin ala protesta que había llevado a cabo durante 11 mesessubida a lo alto de una grúa en los astilleros de Hanjin,en la ciudad de Busan. La protesta, contra la pérdida deempleos en el astillero, había atraído a centenares desimpatizantes que viajaban en “autobuses de laesperanza” para concentrarse junto a ella.Song Kyong-dong, poeta, y Jeong Jin-woo, miembro delNuevo Partido Progresista, fueron detenidos ennoviembre y posteriormente acusados, entre otrascosas, de obstaculizar actividades empresariales” porparticipar en la campaña de los “autobuses de laesperanza”.Derechos de las personas migrantesSe detuvo y expulsó a centenares de trabajadoresmigrantes a raíz de medidas enérgicas iniciadas enseptiembre contra los que se encontraban ensituación irregular. En febrero, el Servicio de Inmigración de Coreacanceló el visado de trabajo de Michel Catuira y leordenó que abandonase el país antes de marzo. MichelCatuira, presidente del Sindicato de Migrantes,presentó un recurso contra esta decisión. Enseptiembre, el Tribunal Administrativo de Seúlconfirmó la apelación y falló que los intentos deexpulsarlo infringían las leyes surcoreanas y el derechointernacional de los derechos humanos.Posteriormente, el Servicio de Inmigración de Corearecurrió esta decisión. Desde la fundación delSindicato de Migrantes, en 2005, el gobierno habíadetenido y expulsado como mínimo a cinco de susdirigentes, lo que apuntaba a que las autoridadesintentaban impedir que la organización llevase a cabosus actividades sindicales legítimas. En septiembre, el Tribunal Constitucional falló quelimitar a tres los cambios de empleo de los trabajadoresmigrantes con un mismo permiso de trabajo expedidocon arreglo al Sistema de Permiso de Empleono constituía una violación del derecho a la libertad deocupación. La sentencia menoscababa el fallo dictadopor el Tribunal Constitucional en 2007, que reconocíaque, con arreglo al artículo 32 de la Constitución, elcolectivo de trabajadores migrantes tenía los mismosderechos que los ciudadanos surcoreanos. En noviembre, un trabajador migrante chino quehabía sido detenido por las autoridades de inmigraciónmurió durante el traslado en uno de sus vehículos.A pesar de las desesperadas peticiones de los otrosdetenidos, los funcionarios reaccionaron con lentitud yla asistencia médica llegó demasiado tarde.Pena de muerteEn la Asamblea Nacional estaba pendiente de debateel proyecto legislativo para la abolición de la pena demuerte. En septiembre, Corea del Sur llegóa los 5.000 días sin ejecuciones. En diciembrehabía 60 personas condenadas a muerte.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó el país en abril y noviembre.COSTA DE MARFILREPÚBLICA DE COSTA DE MARFILJefe del Estado:Alassane OuattaraJefe del gobierno:Guillaume SoroPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:20,2 millonesEsperanza de vida:55,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 118,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:55,3 por cientoLa violencia desatada tras las controvertidaselecciones presidenciales de noviembre de 2010causó la más grave crisis humanitariay de derechos humanos sufrida en Costa de Marfildesde la partición de hecho del país enseptiembre de 2002. Cientos de personas fueronvíctimas de homicidio ilegítimo, en muchos casossólo por su origen étnico o su supuesta afiliaciónpolítica. Muchas mujeres y adolescentes sufrieronviolencia sexual, incluidas violaciones, y cientosde miles de personas se vieron obligadas a huir desus hogares para buscar refugio en otras regionesde Costa de Marfil o en los países vecinos,especialmente en Liberia. Los dos bandoscometieron crímenes de guerra y crímenes de lesahumanidad, y en octubre la Corte PenalInternacional abrió una investigación sobrealgunos de estos delitos.160 Informe 2012 Amnistía Internacional

Información generalLas elecciones presidenciales de noviembre de 2010habían llevado a una situación de parálisis política trasnegarse el presidente saliente, Laurent Gbagbo, areconocer la victoria de Alassane Ouattara. Después detres meses de combates esporádicos, a finales demarzo las fuerzas partidarias de este último lanzaronuna ofensiva y ocuparon casi todas las zonas queestaban en poder de las fuerzas leales al ex presidente.En abril, soldados de la Operación de la ONU en Côted’Ivoire (ONUCI) y la fuerza militar francesa Licornebombardearon la artillería desplegada por tropas deLaurent Gbagbo, que finalmente fue detenido.Después de abril siguieron cometiéndoseviolaciones y abusos contra los derechos humanos, yen la capital económica del país, Abiyán, lapersecución se dirigió contra los partidarios reales osupuestos del ex presidente Gbagbo. En Abiyán y enel oeste del país, miles de personas huyeron a paísesvecinos, como Ghana. Al terminar el año, másde 250.000 personas refugiadas y desplazadas nohabían regresado aún a sus hogares por temor asufrir ataques o represalias.En diciembre, en unas elecciones legislativas quefueron boicoteadas por el Frente Popular de Costa deMarfil (FPI), el partido del ex presidente Gbagbo, lacoalición partidaria del presidente Ouattara obtuvouna victoria decisiva.En septiembre, el presidente Ouattara declaróinaugurada oficialmente la Comisión de la Verdad, elDiálogo y la Reconciliación, pero al terminar el año elnuevo organismo no había comenzado sus trabajos.Abusos cometidos por grupos armadosFuerzas de seguridad partidariasde Laurent GbagboDurante los primeros cuatro meses del año, lasfuerzas de seguridad partidarias de Laurent Gbagbollevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales ydetuvieron a muchas personas durantemanifestaciones, en la calle o en sus hogares.Algunos de los detenidos fueron víctimas dedesaparición forzada, y la mayoría eran dioulas,término genérico que designaba a las personas denombre musulmán u originarias del norte de Costa deMarfil o de otros países de la región. En enero, fuerzas de seguridad que patrullaban en elbarrio de Banfora Adjamé, en Abiyán, golpearon aljugador de fútbol Bamba Mamadou, apodado Solo,hasta hacerle caer al suelo y lo mataron de undisparo. En febrero, las fuerzas de seguridad leales a LaurentGbagbo bombardearon zonas densamente pobladasdel distrito de Abobo, en Abiyán, y mataron a muchaspersonas, entre ellas mujeres, niñas y niños.Fuerzas Republicanas de Costa de MarfilLas Fuerzas Republicanas de Costa de Marfil (FRCI),creadas en marzo por Alassane Ouattara, mataron ytorturaron a partidarios reales o supuestos de LaurentGbagbo, especialmente en el oeste del país. En abril, Basile Mahan Gahé, secretario general de laorganización sindical Confederación Dignidad, fuetorturado tras ser detenido por las FRCI. Según losinformes, lo sometieron a un simulacro de ejecución ylo golpearon en la espalda con la parte plana de la hojade un machete. En mayo, tres militares fueron detenidos por lasFRCI en Yopugon. Dos de ellos quedaron en libertad,pero al terminar el año seguía sin haber noticias deltercero, Mathurin Tapé, que era bété (el grupo étnicode Laurent Gbagbo). Tras la detención de Laurent Gbagbo, se detuvoarbitrariamente a decenas de partidarios suyos reales osupuestos. Algunos militares y policías fueron recluidos enun campamento militar de Korhogo, según los informesen condiciones que entrañaban peligro para su vida. Alterminar el año, algunas de las personas detenidas habíanquedado en libertad, pero otras, entre ellos SimoneGbagbo, esposa del ex presidente, continuaban recluidassin juicio tras haber sido acusadas formalmente de delitoseconómicos y contra la seguridad del Estado.Abusos cometidos por miliciasLos Jóvenes Patriotas y otras milicias partidarias deGbagbo, así como mercenarios liberianos, mataron adecenas de personas en Abiyán como parte de unaconstante de represalias y castigo contra partidariosreales o supuestos de Alassane Ouattara. Según informes, en mayo, mercenarios liberianosentraron en el pueblo de Gobroko, cerca de la localidadde Sassandra, y mataron al menos a 23 dioulas. Lamayoría de éstos eran de países vecinos, entre ellos 4 deNigeria, 5 de Malí, 1 de Benín y 10 de Burkina Faso.Milicias integradas sobre todo por dozos(cazadores tradicionales) y que apoyaban a AlassaneOuattara mataron y torturaron a partidarios reales osupuestos de Laurent Gbagbo, especialmente amiembros de determinados grupos étnicos, en eloeste del país.CInforme 2012 Amnistía Internacional161

C En mayo, un grupo de dozos atacó un campamentoa las afueras del pueblo de Bédi-Goazon, situadoa 450 kilómetros al oeste de Abiyán; mató a cuatrohombres y causó lesiones a muchos otros.Masacre de DuékouéA finales de marzo y principios de abril, fuerzas de lasdos partes en el conflicto cometieron centenares dehomicidios ilegítimos de civiles en la localidad deDuékoué y los pueblos circundantes.Mercenarios liberianos y milicias leales a LaurentGbagbo mataron a algunos dioulas al entrar enrecintos en muchos casos habitados por variasfamilias. Después de tomar el control de Duékoué, lasFRCI, con el apoyo de dozos y de elementos armadosvestidos de civil, llevaron a cabo una cacería humanaen la zona de Quartier Carrefour, cuya poblaciónestaba compuesta principalmente por guérés.Entraron en los recintos, exigieron dinero y saquearonlas casas. Obligaron a marcharse a las mujeres yniñas y ejecutaron sumariamente a cientos dehombres y niños.Violencia contra mujeres y niñasMiembros de milicias partidarias de Gbagbo violarona mujeres a las que acusaban de apoyar a AlassaneOuattara, en algunos casos con la participación defuerzas de seguridad leales al ex presidente.Integrantes de las FRCI también fueron responsablesde violación y otros delitos de violencia sexual contramujeres y niñas. En mayo, Laurence Banjneron, de 27 años, murió alresistirse a ser violada por soldados de las FRCI en elpueblo de Toulepleu, cerca de la frontera de Liberia.Según los informes, después de matarla, un soldadoabatió a tiros a su esposo, Jean-Pierre Péhé, cuandofue a interesarse por ella.Libertad de expresión: periodistasSe detuvo a varios periodistas por sus vínculos con elantiguo régimen de Laurent Gbagbo o por criticar alas nuevas autoridades. En julio fue detenido Herman Aboa, periodista deRadio Télévision Ivoirienne. Se presentaron cargoscontra él por poner en peligro la seguridad del Estado eincitar al odio racial. Quedó en libertad en diciembre,tras retirar el fiscal todos los cargos. En noviembre se detuvo a tres periodistas delperiódico del Frente Popular de Costa de Marfil NotreVoie, entre ellos el director, César Etou. Fueronacusados formalmente de incitar en la prensa al robo,saqueo y destrucción de propiedades ajenas.Quedaron en libertad en diciembre, tras desestimar untribunal los cargos.Personas refugiadasy solicitantes de asiloComo consecuencia de la violencia postelectoral y lasviolaciones y los abusos contra los derechos humanos,cientos de miles de personas huyeron a otras zonasdel país o a países vecinos, en particular a Liberia. Enel momento culminante de la crisis había más de unmillón de personas refugiadas e internamentedesplazadas. Las que intentaban regresar a sushogares eran a menudo víctimas de violencia, y enmuchos casos encontraban sus viviendas ocupadaspor otra gente. Al terminar el año, más de 250.000personas no habían regresado aún a sus hogares portemor a sufrir hostigamiento o represalias.Justicia internacionalEn octubre, la Sala de Cuestiones Preliminares de laCorte Penal Internacional autorizó una investigaciónsobre los crímenes de lesa humanidad y los crímenesde guerra perpetrados en Costa de Marfil por ambosbandos, limitada a la crisis postelectoral iniciada el 28de noviembre de 2010. Sin embargo, la Sala pidiótambién al fiscal que presentase información sobredelitos potencialmente pertinentes cometidosentre 2002 y noviembre de 2010, periodo en el quehabían tenido lugar algunos de los más graves. Lafiscalía respondió detallando incidentes concretosque también podrían ser constitutivos de delitos de lacompetencia de la Corte, como el uso de niños yniñas soldados.En octubre, durante una visita a Costa de Marfil, elfiscal de la Corte Penal Internacional afirmó que seinvestigaría a entre tres y seis personas en las querecaía la máxima responsabilidad de crímenes dederecho internacional cometidos en Costa de Marfil.En noviembre, el ex presidente Laurent Gbagbo fuetrasladado a la sede de la Corte, en La Haya, PaísesBajos, tras dictarse una orden de detención.Rendición de cuentas de las empresasCinco años después del vertido de residuos tóxicos,que había afectado a miles de personas, muchas delas víctimas no habían recibido indemnización delgrupo empresarial petrolero Trafigura. Al terminar el162 Informe 2012 Amnistía Internacional

año seguían sin tener acceso a informaciónrelacionada con posibles consecuencias para lasalud, y algunos lugares donde se vertieron losresiduos tóxicos no habían sido descontaminadospor completo.Informes y visitasde Amnistía Internacional Côte d’Ivoire: Mission report (AFR 31/001/2011) Côte d’Ivoire: Arbitrary detention of actual or perceived supporters ofLaurent Gbagbo (AFR 31/006/2011) Côte d’Ivoire: “We want to go home, but we can’t” – Côte d’Ivoire’scontinuing crisis of displacement and insecurity (AFR 31/007/2011) Côte d’Ivoire: The ICC Prosecutor should investigate the most seriouscrimes committed since 2002 (AFR 31/010/2011) Costa de Marfil: El dinero perdido debe llegar a las víctimas del vertidotóxico de Trafigura (PRE01/408/2011)CROACIAREPÚBLICA DE CROACIAJefe del Estado:Ivo JosipovićJefa del gobierno:Zoran Milanović(sustituyó a Jadranka Kosor en diciembre)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:4,4 millonesEsperanza de vida:76,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 5,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:98,8 por cientoEl enjuiciamiento de delitos de derechointernacional cometidos durante la guerrade 1991-1995 avanzó con lentitud. Continuaron sinabordarse numerosos delitos presuntamentecometidos por miembros del ejército y la policía deCroacia contra la población serbocroata. Elpresidente y las autoridades judiciales pusieron enmarcha algunas iniciativas para hacer frente a losucedido durante la guerra, pero el gobierno apenastomó medidas. Al contrario, destacadas figuraspolíticas se pronunciaron en contra de sentenciasdictadas por tribunales internacionales. Continuó ladiscriminación contra las minorías romaní yserbocroata, así como contra lesbianas, gays,bisexuales y personas transgénero.Información generalEn diciembre, Croacia firmó el tratado de adhesión ala Unión Europea. Su ingreso en ella estaba previstopara el 1 de julio de 2013. La Unión Europeacontinuó vigilando, entre otras cosas, el cumplimientodel compromiso de Croacia de abordar la impunidadpor los delitos de derecho internacional cometidosdurante la guerra de 1991-1995.Sistema de justiciaEl enjuiciamiento de delitos de derecho internacionalcometidos durante la guerra siguió avanzando conlentitud.En abril, la Fiscalía del Estado empezó a elaborarplanes para la aplicación de la Estrategia deInvestigación y Enjuiciamiento de Crímenes deGuerra, adoptada por el gobierno en febrero. En mayose hicieron operativos los tribunales especializados deOsijek, Rijeka y Split para –junto al que ya existía enZagreb– ver los casos de mayor trascendencia.Sin embargo, la capacidad para enjuiciar delitos dederecho internacional siguió siendo limitada, puessólo se dictaron cinco sentencias definitivas duranteel año. Estaban en curso las investigaciones sobreunos 370 presuntos autores de delitos. Habíaalrededor de 540 casos todavía en la fase previa a lainstrucción, en la que los presuntos responsables aúnno habían sido identificados.En estos casos seguía aplicándose el Código Penalde 1993, a pesar de que no se ajustaba a las normasinternacionales y no contenía definiciones claras deconceptos penales fundamentales, como el principiode responsabilidad del superior, los crímenes deguerra de violencia sexual y los crímenes de lesahumanidad. Como consecuencia de la aplicación delCódigo, numerosos delitos quedaban impunes.Hubo algunos avances en la prestación de apoyopsicológico a testigos, pero las medidas destinadas aprotegerlos siguieron siendo insuficientes. No seprocesaba a los responsables de intimidar a testigos. No se llevó a cabo una investigación adecuada sobreel homicidio de Milan Levar, posible testigo ante elTribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, quetambién había pedido activamente justicia para lasvíctimas de la guerra. Había muerto en agosto de 2000–tras unas declaraciones a los medios decomunicación en las que afirmaba que Mirko Norac yotros altos cargos públicos eran responsables decrímenes contra la población serbocroata en la regiónCInforme 2012 Amnistía Internacional163

Cde Lika–, al estallar un artefacto explosivo colocado enlos bajos de su vehículo.Las autoridades no garantizaron el derecho aobtener reparación a las víctimas de delitos dederecho internacional ni a sus familiares. A lassobrevivientes de delitos de violencia sexual se lesnegaba el acceso a asistencia psicológica y otrosservicios de apoyo. Muchos de sus agresores gozabande impunidad.Las autoridades judiciales hicieron algunosprogresos en el enjuiciamiento de delitos de derechointernacional cometidos contra serbocroatas. Seabrieron varias investigaciones, dos de ellas sobre losdelitos cometidos en Sisak y Pakračka Poljana. En junio se abrió una investigación contra treshombres por el homicidio de civiles serbocroatas enSisak entre 1991 y 1992. Uno de ellos era ÐuroBrodarac, jefe de policía de Sisak durante la guerra.Los tres quedaron detenidos. Ðuro Brodarac murióbajo custodia en julio. En junio se dictó acta de acusación formal contraTomislav Merčep, ex asesor del ministro del Interior yjefe de la unidad especial de reserva del Ministerio.Llevaba detenido desde diciembre de 2010. Los cargosen su contra eran que, debido a sus órdenes yomisiones del deber, 43 civiles serbocroatas de la zonade Zagreb y Pakračka Poljana habían desaparecido osido víctimas de homicidio.También en junio, el fiscal del Estado acusó a seishombres de delitos de derecho internacionalcometidos durante la operación “Tormenta” en 1995,pero al final del año no se había procesado aninguno. Uno fue acusado en virtud del principio deresponsabilidad del superior. Según el Comité Croatade Helsinki para los Derechos Humanos, al menos sehabía dado muerte a 677 personas en la operación“Tormenta”.Pese a existir información públicamente disponible,no se investigaron denuncias contra destacadoscargos militares y políticos, entre ellas las formuladascontra el vicepresidente del Parlamento croata,Vladimir Šeks, por su responsabilidad de mando endelitos cometidos en Eslavonia oriental en 1991. Lasdenuncias en su contra se basaron en informaciónprocedente de las actuaciones judiciales contraBranimir Glavaš. Asimismo, Davor Domazet-Lošo,general del ejército croata, estaba acusado deresponsabilidad de mando en los delitos cometidosen 1993 en la región de Meðak Pocket. Lasdenuncias contra él se basaron en las actuacionesjudiciales contra los generales Rahim Ademi yMirko Norac.En octubre, el Parlamento aprobó una ley quedejaba sin efecto las actas de acusación formal yotras actuaciones legales emprendidas porautoridades de Serbia, la ex Yugoslavia y el EjércitoNacional Yugoslavo contra ciudadanos croatas pordelitos de derecho internacional cometidos enterritorio de la República de Croacia. La ley se aprobóa raíz de que las autoridades judiciales serbiassolicitaran la cooperación del fiscal del Estado croataen la tramitación de las actas de acusación formaldictadas por el fiscal militar del Ejército NacionalYugoslavo en 1992. Las actas incluían cargos pordelitos de derecho internacional cometidos por lasfuerzas armadas y la policía croatas en Gospić.Vladimir Šeks estaba entre los acusados.Esta ley vulneraba la obligación de Croacia decooperar con la República de Serbia en materiapenal. Podía dar lugar a impunidad de delitos dederecho internacional cometidos por ciudadanoscroatas si Croacia se negaba a procesarlos oextraditarlos. En octubre, el presidente anunció quesolicitaría al Tribunal Constitucional que estudiara lacompatibilidad de la ley con la Constitución.La ley permitía a las autoridades judiciales noatender las solicitudes de asistencia en actuacionespenales que les formulara la República de Serbia siconsideraban que hacerlo iba en contra delordenamiento jurídico de Croacia y en detrimento desu soberanía y seguridad. El ministro de Justicia,facultado para decidir cómo responder a esassolicitudes, podía desestimar las actas de acusaciónformal dictadas por las autoridades judiciales serbias. En septiembre, Mirko Norac fue excarcelado por elMinisterio de Justicia tras haber cumplido más de dostercios de su condena de 15 años de cárcel porcrímenes de guerra –entre otros, asesinato, tratoinhumano, saqueo y destrucción arbitraria de bienes–cometidos contra civiles y prisioneros de guerraserbocroatas en operaciones militares llevadas a caboen 1993. Branimir Glavaš, declarado culpable en 2010,seguía cumpliendo una pena de cinco años de prisiónpor crímenes de derecho internacional cometidoscontra serbocroatas en Osijek.164 Informe 2012 Amnistía Internacional

Justicia internacionalHabía cinco causas relacionadas con delitos dederecho internacional cometidos en territorio croatadurante la guerra de 1991-1995 pendientes ante elTribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia enLa Haya. En abril, el Tribunal dictó sentencia condenatoriacontra los generales Ante Gotovina y Mladen Markačpor crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.Los declaró culpables de participar en actividadesdelictivas conjuntas durante y después de la operación“Tormenta”, de agosto a noviembre de 1995, conobjeto de expulsar permanentemente de la regióncroata de Krajina a la población de etnia serbia.El Tribunal consideró que las fuerzas armadas y laPolicía Especial eran responsables de “gran númerode delitos” cometidos contra la población serbiadurante la operación “Tormenta”. Ante Gotovina teníael grado de coronel general del ejército croata y enaquel momento era comandante del distrito militar deSplit. Mladen Markač ocupaba el cargo deviceministro del Interior encargado de asuntospoliciales especiales. Fueron declarados culpables depersecución, expulsión, saqueo, destruccióninjustificada, asesinato, actos inhumanos y trato cruelcontra la población civil serbia, y condenados a 24y 18 años de cárcel, respectivamente.Representantes del gobierno rechazaron deinmediato la decisión del Tribunal. El primer ministromanifestó reiteradamente que el gobierno de Croaciala consideraba inaceptable y que la nación croatadebía estar orgullosa de todas las personas quehabían participado en la operación y contribuido a lavictoria croata. En mayo, ambos generales recurrieroncontra la sentencia. Prosiguió el juicio contra Vojislav Šešelj, acusado dedelitos en Bosnia y Herzegovina, Croacia y la provinciaserbia de Voivodina. Se había dictado acta deacusación formal contra él por crímenes de lesahumanidad, como persecución por motivos políticos,raciales o religiosos, expulsión y actos inhumanos.También estaba acusado de crímenes de guerra, comoasesinato, tortura, trato cruel, destrucción arbitraria depueblos o devastación no justificada por necesidadesmilitares, destrucción o daño intencionado deinstituciones religiosas o educativas y saqueo delugares públicos o privados. En octubre, la Sala dePrimera Instancia del Tribunal lo declaró culpablede desacato por publicar información confidencial detestigos protegidos y lo condenó a 18 meses decárcel. En julio, Goran Hadzić fue detenido en Serbia porcrímenes de lesa humanidad y crímenes de guerracometidos en Eslavonia oriental, Croacia, y transferidoal Tribunal; al final del año estaba en espera de juicio.Goran Hadzić había sido presidente de laautoproclamada República Serbia de Krajina. Entre loscargos en su contra estaban los de exterminio,asesinato, tortura, encarcelamiento y persecución pormotivos políticos, raciales o religiosos.DiscriminaciónMinorías étnicasLos miembros de la comunidad romaní continuaronsufriendo discriminación en el acceso a los derechossociales y económicos, como la educación, el empleoy la vivienda, y las medidas adoptadas por lasautoridades siguieron siendo insuficientes.Las autoridades no dieron cumplimiento a lasentencia del Tribunal Europeo de DerechosHumanos en la causa Oršuš and Others v. Croatia,anunciada en 2010. El Tribunal había concluido quela medida de poner a 14 escolares romaníes en aulasseparadas por su falta de dominio del idioma croata,adoptada en 2002, constituía discriminación porrazones de etnia.La población serbocroata seguía discriminada,especialmente en el acceso a una vivienda adecuada.Durante el examen periódico universal de la ONU,realizado en noviembre de 2010, varios Estados habíanrecomendado a Croacia que tomara medidas paracombatir la discriminación de las minorías étnicas.Croacia apoyó las recomendaciones de intensificar susintentos de combatir la discriminación racial de laminoría serbia, en particular en el área de vivienda, yadoptar más medidas destinadas a integrar a lasminorías serbia y romaní en el tejido social croata.Lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEn junio se hizo el primer intento de celebrar lamarcha del Orgullo en Split. Organizada por activistasde los derechos de lesbianas, gays, bisexuales ypersonas transgénero (LGBT) con objeto dereivindicar la igualdad de derechos de las parejas delmismo sexo y el fin de la discriminación generalizadaque sufría la comunidad LGBT en Croacia, la marchase frustró debido a la violencia. Al menos cincoparticipantes resultaron heridos por piedras y otrosCInforme 2012 Amnistía Internacional165

Cproyectiles arrojados por contramanifestantes degrupos de extrema derecha. Uno de ellos fuehospitalizado con una herida en la cabeza.La policía no protegió debidamente a losparticipantes frente a los ataques, y hubo queinterrumpir la marcha; las autoridades de Splitprocesaron a 44 personas por delitos cometidoscontra los participantes de la marcha del Orgullo.Una semana después de los violentos sucesos deSplit se celebró con éxito la marcha anual del Orgulloen Zagreb, sin incidentes importantes.Informes y visitasde Amnistía Internacional Submission to the Committee of Ministers of the Council of Europeon Oršuš and Others v. Croatia (EUR 64/007/2011) Briefing to the European Commission on the progress made by theRepublic of Croatia on prosecution of war crimes (EUR 64/008/2011) Croatia: The state must ensure the right to free assembly andexpression (EUR 64/009/2011) Croatia: Praise for “Operation Storm” creates climate of impunity(EUR 64/010/2011) Briefing to the European Commission on the ongoing concerns overimpunity for war crimes in Croatia (EUR 64/011/2011)CUBAREPÚBLICA DE CUBAJefe del Estado y del gobierno:Raúl Castro RuzPena de muerte:retencionistaPoblación:11,3 millonesEsperanza de vida:79,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 5,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,8 por cientoLos últimos 11 presos de conciencia encarceladosdurante la represión de marzo de 2003 fueronpuestos en libertad en marzo, junto con otros62 presos políticos. Sin embargo, la represión delgobierno continuó y se tradujo en cientos de arrestosy detenciones breves. Los periodistas y disidentespolíticos sufrieron hostigamiento e intimidación amanos de las fuerzas de seguridad y de partidariosdel gobierno que actuaban con la aquiescenciade éste.Información generalLas autoridades cubanas siguieron sofocando lalibertad de expresión, asociación y reunión,a pesar de las aireadas excarcelaciones dedestacados disidentes. Cientos de disidentes yactivistas por la democracia sufrieron hostigamiento,intimidación y detenciones arbitrarias.En abril, el Partido Comunista de Cuba celebró suprimer congreso desde 1997 y aprobó un paquete demás de 300 reformas económicas que seintroducirían de forma gradual. Sin embargo, no seadoptó ninguna resolución que aumentara el disfrutede los derechos civiles y políticos para la poblacióncubana o que propusiera reformas legislativas quepermitieran una mayor libertad política en la isla. A lolargo del año, el gobierno cubano introdujo reformaseconómicas menores que autorizaron la venta deautomóviles y viviendas y permitieron la realización dealgunas actividades generadoras de ingresos fuera delcontrol gubernamental directo.Un tribunal cubano condenó a Alan Gross,ciudadano estadounidense detenido en diciembre de2009 por distribuir tecnología de telecomunicacionesen Cuba, a 15 años de prisión por delitos contra laseguridad del Estado. Personalidades y autoridadesestadounidenses intentaron infructuosamente obtenersu libertad por motivos humanitarios.Libertad de expresión, reunióny asociaciónLas autoridades continuaron limitando severamente lalibertad de expresión, reunión y asociaciónde disidentes políticos, periodistas y activistas dederechos humanos, a los que sometieron aarrestos domiciliarios arbitrarios. Tanto las autoridadescomo los partidarios del gobierno los sometieron tambiéna otras restricciones de su libertad de circulación que lesimpidieron llevar a cabo actividades legítimas y pacíficas.Todos los medios de comunicación seguían bajo elcontrol del gobierno cubano.Represión de la disidenciaEn febrero, las autoridades detuvieron en un solo díaa más de un centenar de personas y sometieron amás de 50 a arresto domiciliario como medidapreventiva para impedir que se conmemorase lamuerte del activista Orlando Zapata Tamayo, fallecidoen 2010 tras una prolongada huelga de hambremientras estaba detenido.166 Informe 2012 Amnistía Internacional

Reina Luisa Tamayo, madre de Orlando Zapata, suesposo, José Ortiz, y Daniel Mesa, activista de derechoshumanos, fueron detenidos el 22 de febrero porunos 15 agentes de seguridad del Estado cuandosalían de su domicilio en Banes, provincia de Holguín.Las detenciones se practicaron para impedirles realizarcualquier actividad en memoria de Orlando Zapata enel primer aniversario de su muerte, el 23 de febrero.Los tres fueron puestos en libertad 12 horas después.En junio, Reina Luisa Tamayo se exilió a EstadosUnidos con su familia.Presos de concienciaEn marzo, las autoridades cubanas completaron laexcarcelación de los presos de conciencia detenidosdurante la represión de marzo de 2003, así como lade presos políticos, algunos de los cuales llevaban enla cárcel desde la década de 1990. La liberación delos últimos 52 presos de conciencia comenzó en juliode 2010, tras alcanzarse un acuerdo con el gobiernoespañol y mantener un diálogo con la iglesia católica.La mayoría de los ex presos y sus familias se vieronobligados a exiliarse, y sólo unos pocos pudieronquedarse en Cuba. Néstor Rodríguez Lobaina, presidente y cofundadordel Movimiento de Jóvenes Cubanos por laDemocracia, se vio obligado a exiliarse a España.Preso de conciencia, había sido detenido en diciembrede 2010 y pasó cuatro meses detenido sin juicio enrelación con una reunión que había organizado en sudomicilio y con unas pancartas antigubernamentalesque exhibió en el exterior de su casa en agostode 2010. Néstor Rodríguez Lobaina había cumplidouna pena de seis años de prisión entre 2000 y 2005 pordesacato.Detención y reclusión arbitrariasLas autoridades siguieron utilizando la detenciónarbitraria para tratar de silenciar a quienes criticabanla política gubernamental. Las Damas de Blanco –grupo de mujeres familiaresde ex presos de conciencia detenidos durante larepresión de 2003– y sus simpatizantes fueronrepetidamente objeto de detenciones arbitrarias yagresiones físicas durante las protestas queprotagonizaron en varias ciudades de Cuba. En agosto,cinco de sus integrantes de la ciudad de Santiago deCuba fueron detenidas antes de que pudieran llegar ala catedral, desde donde planeaban iniciar su marcha.Unos días después fueron detenidas de nuevo 19integrantes del grupo, y se impidió a otras 49 y a sussimpatizantes realizar una protesta en el centro de LaHabana en apoyo de las Damas de Blanco de Santiagode Cuba y otras provincias orientales. Las Damas deBlanco denunciaron en varias ocasiones agresionesfísicas y verbales por parte de simpatizantes delgobierno durante marchas pacíficas. En octubre, lasautoridades detuvieron brevemente a 26 integrantesde la organización para impedirles participar en unareunión tras la muerte, ese mismo mes, de su dirigenteLaura Pollán. En julio, más de 20 miembros del Grupode Apoyo a las Damas de Blanco fueron detenidos lavíspera de una marcha convocada por las Damas deBlanco en la iglesia de Nuestra Señora del Rosario enPalma Soriano, provincia de Santiago de Cuba.También fueron detenidos varios disidentes que sedirigían a la iglesia, a quienes se les impidió participaren la marcha pacífica.Embargo estadounidense contra CubaEn enero de 2011, el gobierno estadounidenseanunció cambios menores en el embargo quepermitían realizar más viajes a Cuba para actividadeseducativas, culturales, religiosas y periodísticas. Enoctubre, por vigésimo año consecutivo, la AsambleaGeneral de la ONU adoptó una resolución en la quese pedía a Estados Unidos que levantara su embargoeconómico y comercial contra Cuba, en vigor desde1961.Las agencias de la ONU que trabajaban en Cuba,como la Organización Mundial de la Salud (OMS),UNICEF y el Fondo de Población de la ONU(UNFPA), siguieron informando de los efectosnegativos del embargo estadounidense sobre la saludde la población, especialmente los miembros degrupos marginados. El acceso a determinadosproductos básicos, equipos, medicamentos ymateriales de laboratorio seguía siendo escaso comoresultado de las restricciones impuestas a laimportación de artículos fabricados por empresasestadounidenses y sus filiales o producidos conpatentes estadounidenses.Informes y visitasde Amnistía Internacional Las autoridades cubanas no permitían el acceso de AmnistíaInternacional al país desde 1990.CInforme 2012 Amnistía Internacional167

DDINAMARCAREINO DE DINAMARCAJefa del Estado:reina Margarita IIJefa del gobierno:Helle Thorning-Schmidt(sustituyó a Lars Løkke Rasmussen en octubrePena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:5,6 millonesEsperanza de vida:78,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4 por cada 1.000Se anunció otra investigación sobre el uso deterritorio danés para vuelos de entrega dirigidos porla CIA, aunque su alcance era muy restringido y susresponsables carecían de atribuciones suficientes.Las prácticas de detención dirigidas al control de lainmigración suscitaron preocupación, ya quecontinuaba deteniéndose a personas vulnerables. Lalegislación negaba a las mujeres protección efectivay en condiciones de igualdad frente a la violencia.Seguridad y medidas antiterroristasEn febrero se celebró una vista sobre el examen de lalegislación antiterrorista llevado a cabo el año anteriorpor el gobierno, pues se había expresadopreocupación en relación con él por considerarloinsuficiente y poco exhaustivo.El 2 de noviembre, el gobierno anunció que elInstituto Danés de Estudios Internacionalesinvestigaría el uso de territorio danés para los vuelosde entrega dirigidos por la CIA desde 2001. Aun así,la investigación no abarcaría la totalidad del territoriodanés, sino que se restringiría a los vuelosrelacionados con Groenlandia. Además, el Institutosólo estaría autorizado a revisar la documentación deuna investigación danesa anterior, realizada en 2008,y los investigadores no tendrían potestad para obligara declarar a testigos ni para solicitar más información.Con tales restricciones no parecía posible que lainvestigación cumpliera los criterios deindependencia, imparcialidad, exhaustividad yeficacia del derecho y las normas internacionales dederechos humanos.Tortura y otros malos tratosEn junio, el Tribunal Superior ratificó una sentenciaanterior según la cual Niels Holck no podía serextraditado a India porque las garantías diplomáticasnegociadas por los gobiernos danés e indio no eransuficientes para protegerlo de posibles daños.En noviembre, el Tribunal Municipal deCopenhague resolvió que Qais J. Khaled, ciudadanoiraquí, podía demandar a las autoridades danesas pordaños y perjuicios, por haberlo transferido a la policíairaquí para que quedara bajo su custodia en Basoraen 2004 a sabiendas, al parecer, de que corría peligrode sufrir tortura y otros malos tratos.En diciembre trascendieron más datos, según loscuales al menos 500 ciudadanos iraquíes podríanhaber sido entregados a las autoridades de Irak encircunstancias similares. Asimismo, se expresópreocupación por que se hubiese ocultado alParlamento la información que confirmaba que elejército danés conocía el riesgo de tortura al quequedaban expuestas las personas transferidas a lajurisdicción iraquí.Personas refugiadasy solicitantes de asiloLa política sobre refugiados y solicitantes de asilosiguió siendo motivo de preocupación.En enero, tras una sentencia del Tribunal Europeode Derechos Humanos según la cual el sistema dedeterminación de los casos de asilo aplicado porGrecia no era efectivo, Dinamarca interrumpió lastransferencias de solicitantes a este país conforme alReglamento Dublín II (véase el apartado sobreGrecia). Las autoridades no tomaron medidas paralocalizar a las 20 personas transferidas a Grecia en2010 en aplicación del Reglamento.Se llevó a cabo la devolución de al menos 43ciudadanos iraquíes a Bagdad, Irak, en contra de lasdirectrices del ACNUR, la agencia de la ONU para losrefugiados.Continuaron practicándose detenciones depersonas vulnerables, incluidas víctimas de tortura yde trata de seres humanos, con fines de control de lainmigración.A principios de año se tuvo noticia de que se habíadenegado la nacionalidad a 36 jóvenes palestinosapátridas en contravención de la Convención de laONU para Reducir los Casos de Apatridia, que obligaa todo Estado signatario a conceder la nacionalidad alas personas nacidas en su territorio que de locontrario serían apátridas. Posteriormente se supoque hasta 500 jóvenes palestinos habían sido malinformados y se les había negado la ciudadanía.168 Informe 2012 Amnistía Internacional

Como consecuencia de estas revelaciones, la ministrade Refugiados, Inmigración e Integración dimitió desu cargo. Se creó un comité independiente parainvestigar los hechos y algunas de las personasconcernidas emprendieron acciones legales contra elgobierno para reclamar una indemnización.Violencia contra mujeres y niñasLa legislación no ofrecía protección adecuada y encondiciones de igualdad a todas las víctimas deviolencia sexual. Varios delitos de abuso y violenciasexual seguían sin ser legalmente punibles si elperpetrador y la víctima estaban casados, entre elloslas relaciones sexuales mantenidas sinconsentimiento mutuo por estar la víctima en estadode indefensión debido a enfermedad o intoxicación.Un comité de expertos establecido por el gobiernoen 2009 para examinar la legislación vigente sobreviolación aún no había presentado sus conclusionesal final del año. No obstante, el gobierno presentó enmayo varias propuestas para elevar las penas decárcel por violación cuando el autor fuera undesconocido. Se expresó la preocupación de queestas propuestas reforzaran en exceso el tratamientode la violación como delito menor en el caso de queel autor y la víctima se conocieran.Discriminación: romaníesEn marzo, el Tribunal Supremo declaró ilegal laexpulsión de dos romaníes rumanos en 2010, que sehabía basado en que estaban ocupando ilegalmenteedificios y parques públicos. La decisión de expulsara estos dos hombres había sido calificada dediscriminatoria por varios políticos y miembros de lasociedad civil. En virtud del fallo del TribunalSupremo, el gobierno anuló las órdenes de expulsiónemitidas contra otras 14 personas rumanas de etniaromaní.Informes y visitasde Amnistía Internacional Denmark: Amnesty International welcomes commitment to observe theprinciple of non-refoulement but regrets unwillingess to reform legislationon anti-terrorism and rape (EUR 18/001/2011)ECUADORREPÚBLICA DEL ECUADORJefe del Estado y del gobierno: Rafael Vicente Correa DelgadoPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:14,7 millonesEsperanza de vida:75,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 24,2 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:84,2 por cientoSe presentaron cargos penales falsos contradirigentes indígenas y comunitarios. Losresponsables de violaciones de derechos humanossiguieron eludiendo la justicia.Información generalSeis policías fueron declarados culpables en julio dedelitos contra la seguridad del Estado tras lasprotestas policiales de septiembre de 2010 contra losrecortes salariales. En mayo, el presidente Correaganó por un estrecho margen un referéndum de 10preguntas que incluía una propuesta de reformar elsistema judicial, así como otra para regular los mediosde comunicación.En febrero, un tribunal ecuatoriano impusoa la empresa petrolera Chevron una multa de 18.000millones de dólares estadounidenses porla contaminación generalizada de la cuencaamazónica. La apelación de Chevron estabapendiente al finalizar el año.Derechos de los pueblos indígenas En julio, Ecuador compareció ante la CorteInteramericana de Derechos Humanos acusado de norespetar el derecho de la comunidad indígena kichwade Sarayaku a ser consultada y a dar su consentimientolibre, previo e informado antes de que, en 1996, seconcedieran los permisos para la explotación depetróleo en sus tierras tradicionales. Al finalizar el añoseguía pendiente la resolución de la Corte. En octubre, el gobierno dictó un decreto queautorizaba al ejército a intervenir en la ciudad deChone, provincia de Manabí, donde comunidadesindígenas protestaban contra la construcción de unarepresa que podía provocar el desalojo forzoso deunas 1.700 familias. Al día siguiente, cientos depolicías entraron en la zona y destruyeron con tractoreslas tierras de cultivo. Un hombre resultó herido. LasEInforme 2012 Amnistía Internacional169

Eprotestas se reanudaron finalmente y, tres díasdespués, cuatro personas resultaron heridas durantelas operaciones realizadas para dispersar a losmanifestantes.Se siguieron presentando cargos falsos de sabotaje,terrorismo, asesinato y obstrucción ilegal devías contra dirigentes indígenas y miembros de otrascomunidades por presuntos delitos cometidosen el contexto de las manifestaciones contraindustrias extractivas. En febrero fueron detenidos en Sucúa, provincia deMorona Santiago, los dirigentes indígenas JoséAcacho, Pedro Mashiant y Fidel Kaniras por cargos queincluían asesinato, sabotaje y terrorismo, en relacióncon las protestas de 2009 contra una ley nacional deaguas en las que murió una persona y resultaronheridas otras 40, agentes de policía entre ellas. Los treshombres fueron puestos en libertad al cabo de sietedías, pero al finalizar el año los cargos seguíanpendientes, pese a la ausencia de pruebas. En mayo se presentaron cargos de sabotaje yterrorismo contra los dirigentes comunitarios CarlosPérez, Federico Guzmán y Efraín Arpi, que habíanparticipado en una protesta contra una propuestaestatal de ley de aguas en la provincia de Azuay. Loscargos se retiraron en agosto, pero se presentaron otrosnuevos por obstrucción ilegal de vías, y Carlos Pérezfue condenado a ocho días de prisión. Marco Guatemal, presidente de la FederaciónIndígena y Campesina de Imbabura (FICI), y otros dosmiembros de la comunidad indígena, fueron acusadosde terrorismo y sabotaje, también después de participaren una protesta contra las leyes de aguas. Los cargos seretiraron posteriormente por falta de pruebas. MarcoGuatemal fue detenido en octubre después de que sepresentaran contra él nuevos cargos de obstrucción devías, que fueron retirados en noviembre.Defensores y defensorasde los derechos humanosEn julio, el defensor de los derechos humanos MarlonLozano Yulán, miembro de Unión Tierra y Vida,organización que trabajaba con comunidades ruralessobre cuestiones de tierras, murió en Guayaquil porlos disparos realizados por dos agresores noidentificados que se desplazaban en una motocicleta.Antes de su asesinato había recibido amenazas. Alfinalizar el año no se tenía constancia de ningúnavance en la investigación sobre este ataque.El 25 de noviembre, Mónica Chuji, dirigenteindígena y ex ministra, fue condenada a un año deprisión y a una multa por difamación por criticar algobierno en la prensa. Sin embargo, en respuesta a laindignación pública, el gobierno la indultó y el casofue archivado, con lo que se eliminó la posibilidad deque la dirigente apelara contra la resolución judicial.ImpunidadEn su informe publicado en mayo, el relator especialde la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales expresósu preocupación por la impunidad en casos dehomicidios y abusos cometidos por la policía, porsicarios y por miembros de juntas rurales, así comopor grupos armados ilegales y por el ejército en lazona fronteriza con Colombia. En julio, 12 policías del desmantelado Grupo deApoyo Operacional (GAO) de la Policía Nacional,juzgados por la tortura en 2009 de Karina, Fabricio yJavier Pico Suárez y la desaparición forzada de GeorgyHernán Cedeño, fueron condenados a penas deentre 2 y 10 meses de prisión. Todos fueron puestos enlibertad de inmediato por haber cumplido ya suscondenas. En octubre, la Fiscalía General anunció lasustitución, por falta de avances, del equipo de fiscalesque investigaba la desaparición forzada, ocurridaen 1988, de dos adolescentes colombianos, loshermanos Carlos Santiago y Pedro Andrés Restrepo.Libertad de expresiónLas restricciones a la libertad de expresión incluyeronel uso de cargos de difamación penal contraperiodistas que criticaban al gobierno o a autoridadeslocales. En julio, un juez ordenó a tres directores y a un excolumnista del diario El Universo el pago de unaindemnización de 40 millones de dólaresestadounidenses al presidente Correa, y los condenó atres años de prisión por difamación penal. Elpresidente Correa había denunciado a loscuatro periodistas en marzo, un mes después de quese publicara un artículo en el que se hacía referencia aél como un “dictador” y se insinuaba que podría serenjuiciado penalmente por los disturbios deseptiembre de 2010, cuando las fuerzas armadas lorescataron de un hospital de Quito. El presidente sehabía refugiado en el hospital huyendo de los policíasque protestaban por las propuestas de recortes de170 Informe 2012 Amnistía Internacional

salarios y prestaciones. La apelación contra la condenade los cuatro hombres estaba pendiente ante la CorteNacional de Justicia al finalizar el año.EGIPTOREPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTOJefe del Estado:Mohamed Hussein Tantawi(sustituyó a Mohamed Hosni Mubarak en febrero)Jefe del gobierno:Kamal Ganzuri(sustituyó a Esam Sharaf en diciembre,que a su vez había sustituido a Ahmed Shafik en marzo,y éste a Ahmed Nazif en enero)Pena de muerte:retencionistaPoblación:82,5 millonesEsperanza de vida:73,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 21 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:66,4 por cientoDurante la “Revolución del 25 de Enero”, queprecipitó la caída del presidente Hosni Mubarak enfebrero, al menos 840 personas perdieron la viday 6.000 resultaron heridas, en su mayoría a manosde la policía y otras fuerzas de seguridad. El ConsejoSupremo de las Fuerzas Armadas, presidido porMohamed Hussein Tantawi, sustituyó a HosniMubarak, que fue enjuiciado junto con sus hijos yotros altos cargos. Sin embargo, las protestascontinuaron, y el ejército y la policía respondieron enalgunos casos haciendo uso excesivo de la fuerza. ElConsejo Supremo liberó a personas detenidas pormotivos políticos y legalizó partidos políticos ysindicatos independientes previamente prohibidos,pero mantuvo el estado de excepción vigente desdehacía 30 años, penalizó las huelgas, endureció elcontrol de los medios de comunicación y utilizótribunales militares para enjuiciar y condenar a másde 12.000 civiles, muchos de ellos detenidos enrelación con las manifestaciones que seguíancelebrándose para protestar por el ritmo de lasreformas, que consideraban lento. El conocido ydenostado organismo de inteligencia delDepartamento de Investigaciones de la Seguridaddel Estado de Hosni Mubarak fue disuelto, pero latortura de personas detenidas siguió siendo unapráctica común y generalizada, que adquirió nuevosy perturbadores tintes cuando oficiales del ejércitoobligaron a un grupo de mujeres detenidas asometerse a una “prueba de virginidad”. El ejércitodesalojó por la fuerza a residentes de asentamientosinformales de El Cairo y otros lugares, así como aocupantes ilegales de viviendas públicas vacías. Lasmujeres desempeñaron un papel destacado en lasprotestas, pero continuaron siendo discriminadas enla ley y en la práctica. Las minorías religiosastambién siguieron siendo víctimas dediscriminación, sobre todo los cristianos coptos. Seimpusieron como mínimo 123 condenas de muerte,y al menos una persona fue ejecutada. Los guardiasde fronteras siguieron disparando contra personasmigrantes, refugiadas y solicitantes de asilo quetrataban de pasar a Israel por la frontera egipcia delSinaí; según informes, en 2011 mataron a 20,también en la frontera con Sudán, y otras fueronprocesadas o devueltas a sus países, donde corríanpeligro de sufrir violaciones graves de derechoshumanos. Según la información recibida, algunasfueron víctimas de trata.Información generalTras 18 días de protestas masivas y en su mayoríapacíficas por todo Egipto, a las que las fuerzas deseguridad respondieron con medios letales y haciendouso excesivo de la fuerza, el presidente Mubarakdimitió el 11 de febrero, después de 30 años en elpoder. Según los informes oficiales, al menos 840personas fueron víctimas de homicidio o murieron enrelación con las protestas, y más de 6.000 resultaronheridas. Miles de personas fueron recluidas y muchassufrieron torturas o abusos. El ejército, representadopor el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas,asumió el poder, pero designó a civiles como primerosministros y ministros interinos hasta la celebración deelecciones parlamentarias. Éstas empezaron ennoviembre y debían concluir a principios de 2012. Seprometió que a mediados de 2012 se celebraríanelecciones presidenciales.Inmediatamente después de la caída de HosniMubarak, el Consejo Supremo suspendió laConstitución de 1971, disolvió el Parlamento y emitióuna Declaración Constitucional, por la quegarantizaba varios derechos. También dejó en libertada cientos de detenidos administrativos. En marzo selegalizaron la poderosa pero largamente proscritaHermandad Musulmana y otras organizacionesEInforme 2012 Amnistía Internacional171

Eprohibidas, que posteriormente concurrieron a laselecciones parlamentarias. El Partido de la Libertad yla Justicia, grupo político de la HermandadMusulmana, se alzó como vencedor en los primerosresultados electorales. La formación política de HosniMubarak, el Partido Nacional Democrático, quedódisuelta en abril.En marzo, el Ministerio del Interior cedió a lapresión de semanas de protestas y desarticuló elDepartamento de Investigaciones de la Seguridad delEstado, organismo de inteligencia tristementeconocido por sus torturas y otros abusos. Antes de sudesarticulación, numerosos activistas irrumpieron ensus sedes de El Cairo y Alejandría, tras habersepropagado la noticia de que sus agentes estabandestruyendo pruebas de abusos contra los derechoshumanos. El Departamento de Investigaciones fuesustituido por la Agencia de Seguridad Nacional, perono estaba claro si se había establecido algúnmecanismo de investigación de antecedentes paraimpedir el reclutamiento o traslado de agentes suyosimplicados en torturas u otras violaciones dederechos humanos. No obstante, se presentaroncargos contra su director en relación con loshomicidios de manifestantes en enero y febrero.El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadasmantuvo el estado de excepción y, en septiembre,amplió la Ley del Estado de Excepción para penalizaractos como bloquear vías, difundir rumores y llevar acabo acciones que constituyeran “atentados contra lalibertad de trabajar”. En virtud de la reforma delCódigo Penal se endurecieron las penas por“matonería”, secuestro y violación, que en adelantese castigarían con la pena de muerte. Además, sepromulgó la Ley 34 de 2011, que penalizaba lashuelgas y cualquier forma de protesta que“obstruyera el trabajo”. Tras producirse en octubreactos de violencia en los que perdieron la vida 28personas, en su mayoría coptos, el Consejo Supremode las Fuerzas Armadas prohibió la discriminaciónpor motivos de género, origen, idioma, religióno credo.Tortura y otros malos tratosPese a la disolución del Departamento deInvestigaciones de la Seguridad del Estado, cuyosfuncionarios habían practicado impunemente latortura, siguieron recibiéndose denuncias de tortura yotros malos tratos a manos de la policía y las fuerzasarmadas, y varios detenidos murieron bajo custodiaen circunstancias poco claras. En junio, la fiscalíaestableció un comité de tres jueces para examinar lasdenuncias de tortura. Si bien se investigaron algunasde las interpuestas contra la policía, ninguna de laspresentadas contra las fuerzas armadas se examinóde forma adecuada ni dio lugar a acciones judiciales. Mostafa Gouda Abdel Aal fue detenido el 9 de marzoen la plaza de Tahrir de El Cairo por varios soldados,que lo golpearon y lo arrastraron hasta el cercanoMuseo Egipcio. Una vez allí, le vendaron los ojos, leataron las manos a la espalda y lo arrojaron al suelo,donde lo empaparon de agua, le aplicaron descargaseléctricas en el pene y los glúteos y lo golpearon enla espalda con un cable. Permaneció recluido unanoche en una furgoneta con otros detenidos, yposteriormente fueron todos trasladados al hospitalmilitar de Heikstep, donde interrogadores de la fiscalíamilitar los golpearon y se mofaron de ellos. Losfuncionarios no inquirieron sobre sus heridas, que eranvisibles, ni les preguntaron por qué tenían la ropamanchada de sangre. Antes de ser juzgados ante untribunal militar en la cantina de la prisión, los detenidosfueron golpeados con porras eléctricas. Tras los juicios,manifiestamente injustos, fueron condenados a entreuno y siete años de prisión y trasladados a la prisión deTora. Quedaron en libertad el 23 de mayo en virtud deun indulto concedido por el Consejo Supremo de lasFuerzas Armadas. Aún podían apreciarse entonces enel cuerpo de Mostafa Gouda Abdel Aal lesionescausadas por la tortura. El 26 de octubre, dos agentes de policía fueroncondenados por un tribunal de Alejandría a siete añosde prisión cada uno por el homicidio culposo de KhaledSaid, cuya muerte en junio de 2010 (había sidobrutalmente golpeado en público por la policía) seconvirtió en un símbolo durante las protestas contraMubarak. El tribunal no tuvo en cuenta lasconclusiones de una segunda autopsia, según la cualSaid había muerto al haberlo forzado a tragar drogasenvueltas en plástico. En diciembre, la fiscalía recurrióla condena.Juicios injustosDesde el 28 de enero, cuando se desplegó al ejércitopara contener las manifestaciones una vez retirada lapolicía de las calles, se recurrió a tribunales militaresque no eran independientes ni imparciales, más quea tribunales penales ordinarios, para enjuiciar delitos172 Informe 2012 Amnistía Internacional

y actos de violencia relacionados con lasmanifestaciones pese a ser los acusados civiles.Según la judicatura militar, en agosto ya se habíaenjuiciado a unas 12.000 personas ante lostribunales militares por cargos como “matonería”,violaciones del toque de queda, daños materiales,“insultos al ejército” u “obstrucción del trabajo”.Muchas quedaron en libertad con condenascondicionales de prisión o en virtud de un indulto,pero miles continuaban recluidas al concluir el año. Amr Abdallah al Beheiry fue condenado en febrero acinco años de prisión por un tribunal militar que lodeclaró culpable de violar el toque de queda y agredir aun funcionario público. Había sido detenidoinicialmente el 26 de febrero, cuando soldados yagentes de la policía militar disolvieron por la fuerza unaconcentración a las puertas del Parlamento en El Cairo.Muchas de las personas detenidas fueron golpeadas ysometidas a descargas eléctricas antes de quedar enlibertad. Entre ellas figuraba Amr Abdallah al Beheiry,que fue detenido nuevamente, al parecer porque suslesiones se habían filmado. En el juicio,manifiestamente injusto, el juez militar no permitió queejerciera la defensa un abogado contratado por sufamilia e insistió en que lo hiciera el abogado de oficio.Amr Abdallah al Beheiry fue enviado a la prisión deWadi Guedid, donde, según informes, él y otros presosfueron agredidos por los guardias, que sólo lespermitían salir de las celdas una vez al día para ir albaño. De allí lo trasladaron a la prisión de Wadi Natroun,donde seguía recluido al final del año en espera de quese fijase una fecha para la vista de apelación. Cinco trabajadores que llevaron a cabo una sentadaa las puertas del Ministerio del Petróleo tras haber sidodespedidos de la empresa pública CorporaciónGeneral del Petróleo de Egipto fueron detenidos,acusados en virtud de la Ley 34 de 2011 y juzgados porun tribunal militar, que les impuso en junio sendascondenas condicionales de prisión.Uso excesivo de la fuerzaLas fuerzas de seguridad emplearon medios letales yfuerza excesiva contra manifestantes antes de lacaída de Hosni Mubarak. Asimismo, guardiaspenitenciarios mataron a tiros a algunos presoscondenados. Posteriormente, el ejército, la policíamilitar y las fuerzas centrales de seguridadcontinuaron utilizando la fuerza, en ocasionesexcesiva, para dispersar nuevas protestas demanifestantes indignados y frustrados por la lentitudde las reformas políticas y de derechos humanos. Enocasiones los manifestantes fueron atacados por“matones” (hombres armados vestidos de civil y,según se creía, vinculados a la policía osimpatizantes del partido del anterior gobierno) y seenfrentaron a ellos. En numerosos casos, las fuerzasde seguridad dispararon de forma irresponsable gaslacrimógeno, perdigones y balas de goma contra losmanifestantes; también emplearon munición real y,en al menos una ocasión, se abalanzaron convehículos blindados contra manifestantes y losatropellaron. El 9 de octubre se celebró una manifestaciónmayoritariamente de coptos ante el edificio Maspero dela televisión estatal en El Cairo. Fue disuelta con fuerzaextrema por las fuerzas de seguridad, que,sin embargo, alegaron que los responsables de hacerestallar la violencia habían sido grupos de hombresarmados vestidos de civil. Perdieron la vida 28personas, en su mayoría manifestantes, aunquetambién murió un soldado, y muchas otras sufrieronlesiones, a menudo a causa de disparos efectuadoscon munición real o por haber sido atropelladas porsoldados que conducían vehículos blindados a granvelocidad. El Consejo Supremo de las FuerzasArmadas ordenó una investigación y, tras lacelebración de nuevas protestas y el regreso de losmanifestantes a la plaza de Tahrir de El Cairo, remitió elcaso a la fiscalía, que posteriormente nombró a un juezde instrucción para que lo examinara. En diciembre,antes de que el juez presentase su informe, comenzó eljuicio contra tres soldados acusados del homicidioculposo de 14 personas que se manifestaban ante eledificio Maspero. En noviembre, cuando el ejército y las fuerzascentrales de seguridad desalojaron de la plaza deTahrir a manifestantes y familiares de las víctimas de la“Revolución del 25 de Enero”, se sucedieron cincodías de enfrentamientos en las inmediaciones deledificio del Ministerio del Interior en El Cairo, en los quelas fuerzas de seguridad lanzaron gas lacrimógeno ydispararon perdigones y munición real contra losmanifestantes. Murieron unas 51 personas, y másde 3.000 resultaron heridas, mientras que otras fuerondetenidas y acusadas de delitos como reunión ilegal,ataque con escopetas a manifestantes, obstrucción deltráfico, destrucción de bienes y agresión a funcionariospúblicos.EInforme 2012 Amnistía Internacional173

E En diciembre, la policía militar y otras fuerzas deseguridad usaron fuerza excesiva y desproporcionaday munición real para dispersar a manifestantes en lasproximidades de la sede del gabinete ministerial.Murieron al menos 17 personas, la mayoría por armade fuego, y centenares resultaron heridas o fuerondetenidas. Varias mujeres afirmaron que las habíangolpeado con brutalidad y amenazado con agredirlassexualmente cuando estaban bajo custodia.Libertad de expresión y asociaciónAntes de la caída de Hosni Mubarak, las autoridadestrataron de impedir que los manifestantes seorganizaran, y para ello cortaron las líneas telefónicasy de Internet. Con el Consejo Supremo de las FuerzasArmadas se impusieron nuevas restricciones a losmedios de comunicación, y las fuerzas de seguridadirrumpieron en cadenas de televisión y amenazaroncon la cárcel a periodistas y blogueros. Además, elConsejo Supremo emprendió acciones contra ONGde derechos humanos. El bloguero Maikel Nabil Sanad fue condenado enabril a tres años de prisión en un juicio injusto ante untribunal militar por haber “insultado” al ConsejoSupremo y criticado su empleo de fuerza excesivacontra manifestantes de la plaza de Tahrir, así como porhaber objetado al servicio militar. En agosto se declaróen huelga de hambre en señal de protesta, peropermaneció recluido, si bien un tribunal militar deapelación ordenó en octubre someterlo a un nuevojuicio. Posteriormente fue trasladado a un hospitalpsiquiátrico a petición de un abogado que participó enel proceso judicial, al que no asistieron ni el propioMaikel Nabil Sanad ni sus abogados. El tribunal militarante el que se celebró un nuevo juicio redujo lacondena a dos años de prisión. Considerado presode conciencia, continuaba recluido al concluir el año, yse le negaba tratamiento médico adecuado. El 31 dediciembre puso fin a su huelga de hambre.Las autoridades anunciaron que tenían previstoexaminar la situación legal y la financiación deunas 37 organizaciones de derechos humanos, y quela fiscalía del Tribunal Supremo de Seguridad delEstado estaba considerando la posibilidad depresentar cargos de “traición” o “conspiración”contra las que operaran sin estar legalmente inscritas,recibieran fondos del extranjero sin permiso de lasautoridades o llevaran a cabo actividades políticas “nopermitidas”. El Banco Central ordenó a todos losbancos que facilitaran al Ministerio de Solidaridad yJusticia Social información sobre las transaccioneseconómicas de las ONG y de los activistas. Endiciembre, las fuerzas de seguridad registraron unas17 ONG de derechos humanos y se incautaron deordenadores y documentación.Derechos de las mujeresLas mujeres seguían discriminadas en la ley y en lapráctica, aunque tuvieron un papel destacado en lasprotestas tanto antes como después de la caída deHosni Mubarak. Algunas activistas y periodistasfueron víctimas de abusos sexuales y de otros tipos. De un grupo de 18 mujeres detenidas el 9 de marzo,cuando el ejército desalojó por la fuerza a losmanifestantes de la plaza de Tahrir de El Cairo, todasmenos una fueron sometidas a registros corporales sinropa y 7 de ellas a “pruebas de virginidad”,constitutivas de tortura, en la prisión militar deHeikstep. Además se amenazó con acusar deprostitución a las que se considerara “no vírgenes”.Todas ellas habían sido conducidas primero hasta elMuseo Egipcio con otros detenidos, donde los soldadoslas esposaron, las golpearon con palos y mangueras,les aplicaron descargas eléctricas en el pecho y laspiernas y las insultaron. El 11 de marzo, 17 de ellascomparecieron ante un tribunal militar, pese a serciviles, y quedaron en libertad dos días después. Variasfueron declaradas culpables de delitos como conductadesordenada u obstrucción del tráfico, por los que lesimpusieron condenas condicionales de prisión. Endiciembre, un tribunal administrativo determinó quelas “pruebas de virginidad” eran ilegales y ordenó a lasfuerzas armadas que dejaran de hacerlas. El 24 de noviembre, en el contexto de lospersistentes enfrentamientos entre las fuerzas deseguridad y los manifestantes, la periodista MonaEltahawy fue detenida y recluida por las fuerzas deseguridad durante 12 horas. Más tarde declaró quehabía sido agredida sexualmente y golpeada poragentes de seguridad, a consecuencia de lo cual teníala mano izquierda y el brazo derecho fracturados.El Consejo Supremo de las Fuerzas Armadaseliminó el sistema de cuotas de la ley electoral, quepreviamente reservaba 64 escaños (el 12 por ciento)para mujeres; en contrapartida exigió a todos lospartidos políticos incluir al menos a una mujer en lalista de candidatos electorales, pero nonecesariamente en los primeros puestos.174 Informe 2012 Amnistía Internacional

Discriminación: comunidad coptaSe incrementó la violencia entre los musulmanes y lacomunidad cristiana copta, que seguía siendo víctimade discriminación y no se sentía adecuadamenteprotegida por las autoridades. Los ataques sectariosde presuntos islamistas contra personas e iglesiascoptas parecieron aumentar después de que elConsejo Supremo de las Fuerzas Armadas asumierael poder, y los homicidios de coptos en lamanifestación de Maspero, en octubre, agudizaronlas tensiones. El 7 de mayo se produjeron enfrentamientos enImbaba, barrio obrero de la zona de Giza, cuandopresuntos islamistas atacaron una iglesia, porque alparecer creían que se había recluido en ella contra suvoluntad a una mujer que se había convertido al islam.Murieron 15 personas, entre coptos y musulmanes,y muchas más resultaron heridas. Muchas casas ynegocios de los coptos sufrieron daños, y otra iglesialocal fue incendiada. Según informes, el ejército nointervino al principio, pero más tarde abrió fuego y matóa varias personas. Muchos residentes de Imbaba,incluidos heridos, fueron detenidos; la mayoría quedóen libertad el 26 de mayo, pero al final del añocontinuaba el juicio contra 48 personas de ambasreligiones ante el Tribunal Supremo de Seguridad delEstado (para el estado de excepción) de El Cairo.Impunidad y rendición de cuentasLas autoridades procesaron a algunos de lospresuntos promotores de los homicidios de enero yfebrero, pero por lo demás no impartieron justicia alos familiares de las personas muertas y heridasdurante la “Revolución del 25 de Enero”. Los policíasy miembros de las fuerzas de seguridad acusados dematar o causar lesiones a manifestantes o implicadosen tales actos continuaron en sus puestos o fuerontrasladados a puestos administrativos dentro delMinisterio del Interior; según informes, muchostrataron de presionar o persuadir a las familias de lasvíctimas y los testigos para que retiraran lasdenuncias. Miembros de las fuerzas armadas y de lapolicía cometieron impunemente abusos contra losderechos humanos, como torturas y homicidiosilegítimos. En abril comenzó el juicio contra el ex ministro delInterior Habib Ibrahim el Adly y seis de sus asesorespor cargos relacionados con el homicidio demanifestantes. Esta causa se unió a la de HosniMubarak y sus dos hijos, y todos los encausadoscomparecieron en juicio en agosto, acusados deasesinato con premeditación y tentativa de asesinato.El juicio, cuyas dos primeras sesiones retransmitió latelevisión nacional, continuaba al concluir el año.Derecho a una vivienda adecuada:desalojos forzososMiles de personas continuaron viviendo en partes deasentamientos informales de El Cairo y de otroslugares calificadas oficialmente de “zonas inseguras”de residencia debido a desprendimientos de rocas yotros peligros. Corrían además riesgo de desalojoforzoso. El ejército desalojó a la fuerza a residentes dealgunas “zonas inseguras” y a ocupantes ilegales deviviendas públicas vacías sin consultar con ellos niavisarlos con antelación razonable. En muchos casos,las personas desalojadas quedaron sin hogar.Las gobernaciones, en colaboración con el Centropara la Mejora de Asentamientos Informales, fondoimplantado en 2008, elaboraron planes oficiales pararealojar a los residentes de las “zonas inseguras”,pero no se consultó ni se dio siquiera informaciónsobre los planes a las personas afectadas. El planCairo 2050 no se publicó ni se sometió plenamente aconsulta de las comunidades de los asentamientosinformales, probablemente las más afectadas,aunque en agosto el Ministerio de Vivienda afirmóque el plan no conllevaría desalojos forzosos.Tras la “Revolución del 25 de Enero” aumentó laocupación ilegal de edificios gubernamentales vacíos.Como respuesta, las autoridades locales llamaron alejército y a la policía antidisturbios para desalojar alos ocupantes, tarea que se llevaba a cabo sin previoaviso. En Zerzara, una de las “zonas inseguras” de PortSaid, el ejército demolió a principios de julio laschabolas de más de 200 familias, con lo que 70 deellas quedaron sin hogar. Sólo se avisó a las personasafectadas con un día de antelación, y no se lasconsultó. Muchas de las familias que quedaron sinhogar estaban mantenidas por mujeres. Semanasantes, la gobernación local había anunciado planespara facilitar 3.500 nuevas viviendas a los residentesantes de junio de 2012, para lo que entre otrasmedidas construirían edificios allí mismo destinados arealojarlos. Debido a estas demoliciones, otras familiastemían ser también desalojadas por la fuerza, a pesarde haber recibido cartas oficiales en las que se lesEInforme 2012 Amnistía Internacional175

Eprometía que recibirían viviendas alternativas encuanto estuvieran disponibles. En julio unas 200 familias quedaron sin hogarcuando se las desalojó a la fuerza de unos 20 edificiosdel asentamiento informal de Manshiyet Nasser, enEl Cairo, en los que se habían instalado. Con ayudadel Comité Comunitario Popular, creado por jóvenesdurante el levantamiento, fueron realojadas en laremota Ciudad 6 de Octubre, al suroeste de Giza.Personas refugiadas y migrantesLas fuerzas de seguridad siguieron disparandocontra personas migrantes, refugiadas y solicitantesde asilo extranjeras que trataban de entrar en Israela través de la frontera egipcia del Sinaí, y mataron almenos a 10. También acabaron con la vida de 10eritreos que trataban de pasar de Sudán a Egipto.Muchas otras personas resultaron heridas pordisparos, algunas gravemente, o fueron detenidas,juzgadas ante tribunales militares por “entrada ilegalen el país” y condenadas a prisión. Al menos 83refugiados y solicitantes de asilo fueron expulsadosa países donde corrían peligro de sufrir violacionesgraves de derechos humanos; muchos de ellos eraneritreos. Al finalizar el año había más de 100refugiados y solicitantes de asilo expuestos a serexpulsados.Según la información recibida, los traficantes depersonas extorsionaron, violaron, torturaron y matarona refugiados, solicitantes de asilo y migrantes quetrataban de cruzar la península del Sinaí hacia Israel,o les extirpaban órganos por la fuerza para venderlosen el mercado negro.Pena de muerteAl menos 123 personas fueron condenadas a muerte,incluidas al menos 17 enjuiciadas sin las debidasgarantías ante tribunales militares. Al menos unapersona fue ejecutada. El 10 de octubre murió ejecutado en la horcaMohamed Ahmed Hussein, condenado por loshomicidios de varios cristianos coptos, que recibierondisparos desde un vehículo cuando salían de unaiglesia del Alto Egipto el 6 de enero de 2010.Visitas e informesde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Egipto de enero a marzo, en mayo y junioy de agosto a diciembre. “We are not dirt”: Forced evictions in Egypt’s informal settlements(MDE 12/001/2011) Detenidos en Egipto activistas de los derechos humanos(MDE 12/008/2011) Egipto: Agenda de derechos humanos para el cambio(MDE 12/015/2011) Egypt: Constitution proposals faltering first step to reform(MDE 12/023/2011) Egypt rises: Killings, detentions and torture in the “25 JanuaryRevolution” (MDE 12/027/2011) La hora de la justicia: El corrosivo sistema de detención de Egipto(MDE 12/029/2011) Diez pasos por los derechos humanos: Manifiesto de AmnistíaInternacional por los derechos humanos en Egipto (MDE 12/046/2011) Women demand equality in shaping new Egypt (MDE 12/050/2011) Broken promises: Egypt’s military rulers erode human rights(MDE 12/053/2011) Transferencias de armas a Oriente Medio y el Norte de África: Leccionespara un tratado eficaz sobre el comercio de armas (ACT 30/117/2011)EL SALVADORREPÚBLICA DE EL SALVADORJefe del Estado y del gobierno:Carlos MauricioFunes CartagenaPena de muerte: abolicionista para los delitos comunesPoblación:6,2 millonesEsperanza de vida:72,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 16,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:84,1 por cientoPersistió la impunidad por las violaciones dederechos humanos cometidas durante el conflictoarmado (1980-1992). Siguió suscitandopreocupación la violencia contra mujeres y niñas,que incluía violaciones de sus derechos sexuales yreproductivos. La Procuraduría para la Defensa delos Derechos Humanos recibió múltiplesdenuncias de abusos contra mujeres y niñasperpetrados por personal militar en prisiones detodo el país.Información generalLa delincuencia violenta siguió aumentando. Enrespuesta a la creciente preocupación por la176 Informe 2012 Amnistía Internacional

seguridad en varias prisiones, el gobierno desplegó alejército para controlar 11 de las 14 cárceles del país.En octubre, las tormentas produjeron variosdeslizamientos de tierras en los que murieron másde 30 personas; las inundaciones destruyeron loshogares y las cosechas de miles de familias.ImpunidadLa Ley de Amnistía de 1993 siguió vigente a pesarde las reiteradas decisiones de la CorteInteramericana de Derechos Humanos queordenaban al Estado salvadoreño su anulación. LaLey pretendía impedir que cualquier persona, entreellos los miembros de las fuerzas armadas, rindieracuentas por violaciones de derechos humanos–incluidos crímenes de lesa humanidad– cometidasdurante el conflicto armado. En marzo se remitió a la Corte Interamericana el casode 700 hombres, mujeres, niños y niñas torturados yasesinados por las fuerzas armadas durante tres díasde 1981 en El Mozote y otras aldeas cercanas, en laprovincia de Morazán. Éste era uno de los miles decasos de violaciones de derechos humanos, queincluían crímenes de lesa humanidad cometidos pormiembros del ejército, en los que la Ley de Amnistíade 1993 impedía que los responsables comparecieranante la justicia.En diciembre, durante una ceremonia celebradapara conmemorar el aniversario de las masacres, elministro de Relaciones Exteriores reconoció laresponsabilidad del Estado en los crímenes de lesahumanidad cometidos en El Mozote y aldeascercanas. Sin embargo, no se comprometió a revocarla Ley de Amnistía ni a hacer que los responsablesrespondieran de sus crímenes.Violencia contra mujeres y niñasEn febrero, la relatora especial de la ONU sobre laviolencia contra la mujer expresó su hondapreocupación por la inacción del gobierno respecto ainvestigar, enjuiciar y otorgar reparación por estoscrímenes, y advirtió de que ello había dado lugar auna situación de impunidad para la violencia degénero en El Salvador.En su informe, la relatora especial instó al gobiernoa que revisara las leyes que prohibían el aborto entodas las circunstancias, incluso para lassobrevivientes de violación o cuando corría peligro lavida de la mujer o niña. El gobierno manifestó sucompromiso de abordar la cuestión de la violenciacontra las mujeres.La Procuraduría para la Defensa de los DerechosHumanos recibió un número creciente de denunciassobre registros vaginales y anales ilegales realizadospor personal militar a mujeres y niñas que visitaban afamiliares en prisión.En marzo, el gobierno inauguró la primera sede dela “ciudad de la mujer”, a la que podían acudir lasmujeres y niñas afectadas por la violencia adenunciar sin riesgos a la policía los crímenes de losque habían sido víctimas, así como a recibir serviciosde apoyo y asesoramiento legal.Justicia internacionalEn agosto, la Corte Suprema de Justicia decidió noejecutar una alerta roja emitida por Interpol ainstancias de las autoridades españolas. En ella sepedía la detención y extradición de nueve exmiembros del ejército acusados del homicidio,cometido en 1989, de seis sacerdotes jesuitasespañoles, su ama de llaves y la hija de ésta. La Cortepidió a las autoridades españolas quecumplimentaran otros trámites procesales antes deconsiderar la orden.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos activistas de derechos humanos y periodistas quetrabajaban en el departamento de Cabañas recibieronamenazas por su labor de defensa de los derechoshumanos y lucha contra la corrupción. En enero, Héctor Berríos, activista comunitario yabogado que trabajaba por los derechos humanos,recibió una llamada telefónica en la que le dijeron quealguien había pagado mucho dinero para matarlo a él oa un miembro de su familia. En mayo, Pablo Ayala, Manuel Navarrete y MarixelaRamos –periodistas y productora de informativos,respectivamente, de Radio Victoria– recibieron dosamenazas de muerte en sendos mensajes de texto.Uno de ellos decía: “Mira mage ya sabemos dondevives […] ponle paro a ese noticiero tu que eres lacoordinadora tu tambien tienes a tu hija”.EInforme 2012 Amnistía Internacional177

EEMIRATOS ÁRABESUNIDOSEMIRATOS ÁRABES UNIDOSJefe del Estado:Shaij Jalifa bin Zayed al NahyanJefe del gobierno: Shaij Mohamed bin Rashid al MaktumPena de muerte:retencionistaPoblación:7,9 millonesEsperanza de vida:76,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 7,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:90 por cientoCinco hombres fueron detenidos de forma arbitraria ycondenados a prisión por criticar al gobierno y pedirreformas. Más tarde quedaron en libertad en virtud deun indulto del presidente. Las autoridadessustituyeron a las juntas directivas de cuatro ONGque habían pedido elecciones directas. Las mujeresseguían estando discriminadas en la legislación y enla práctica. Los trabajadores y trabajadoras migrantesextranjeros, en especial las empleadas domésticas,carecían de protección adecuada contra laexplotación y los abusos de sus empleadores. Elgobierno rehusó colaborar con las agencias dederechos humanos de la ONU. Siguieron dictándosesentencias de muerte y hubo al menos una ejecución.Información generalPara evitar posibles protestas inspiradas en loslevantamientos de otras zonas de la región, elgobierno prometió “condiciones de vida dignas” yanunció grandes aumentos de las pensiones en lasfuerzas armadas, así como ayudas para pan y arroz.En febrero amplió el número de personas conderecho al voto en las segundas elecciones que secelebraban en el país al Consejo Nacional Federal, decuyos 40 escaños sólo 20 se ocupaban por elección.En marzo, más de 130 personas firmaron unapetición dirigida al presidente y al Consejo Supremopara pedir elecciones libres por sufragio universaly poderes legislativos para el Consejo NacionalFederal. En noviembre, el presidente prometió otorgarmás derechos a la ciudadanía.Libertad de expresión y asociaciónLas personas que criticaban al gobierno o a paísesamigos se exponían a ser detenidas. Hassan Mohammed Hassan al Hammadi, miembrode la junta directiva de la Asociación de Maestros, fuedetenido el 4 de febrero y, según informes, acusado de“alterar la seguridad pública” por haber apoyadopúblicamente las manifestaciones de Egipto en favorde reformas. Fue recluido en la sede de los servicios deSeguridad del Estado en Abu Dabi hasta el 17 defebrero, fecha en que salió en libertad en espera de serjuzgado. El juicio comenzó en noviembre. En abril fueron detenidas seis personas vinculadas aUAE Hewar, foro de discusión en Internet bloqueadopor las autoridades emiratíes. Tras una semana, una deellas quedó en libertad, pero las restantes, conocidascomo “los cinco de Emiratos Árabes Unidos”,comparecieron en juicio en junio por cargos dedifamación relativos a artículos publicados en UAEHewar. Se trataba, en concreto, de Ahmed Mansoor,activista de derechos humanos y bloguero; Nasser binGhaith, profesor universitario que propugnabareformas políticas, y Fahad Salim Dalk, Ahmed AbdulKhaleq y Hassan Ali al Khamis, ciberactivistas. Todosellos fueron considerados presos de conciencia.Inicialmente, el juicio se celebró a puerta cerrada, peromás tarde se permitió el acceso a observadoresinternacionales, incluida una abogada que se desplazóa Emiratos Árabes Unidos en nombre de AmnistíaInternacional y otras ONG internacionales. El 22 denoviembre, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre laDetención Arbitraria determinó que Ahmed Mansoorhabía sido detenido arbitrariamente debido al “ejerciciopacífico de su derecho a la libertad de opinión y deexpresión” y que iba a ser sometido a un juicio injusto.El Grupo instaba al gobierno a liberarlo y concederleuna reparación adecuada. Sin embargo, el 27 denoviembre, Ahmed Mansoor fue condenado a tresaños de prisión, y los cuatro hombres restantes, a dos.Todos ellos quedaron en libertad al día siguiente envirtud de un indulto presidencial, si bien no seeliminaron sus antecedentes penales.En abril, el Ministerio de Asuntos Socialesemprendió acciones contra cuatro ONG que habíanfirmado ese mismo mes una carta conjunta pidiendoreformas. El Ministerio sustituyó a las juntas directivasde la Asociación de Juristas, la Asociación deMaestros y otras dos organizaciones por personasdesignadas por el gobierno.En diciembre, el gobierno retiró la nacionalidademiratí a seis hombres, alegando razones deseguridad y su presunta vinculación con un grupo178 Informe 2012 Amnistía Internacional

islamista. Algunos de ellos habían firmado la peticióndirigida al presidente en marzo. Según la informaciónrecibida, a otro hombre también se le había retiradola nacionalidad 10 meses antes por razones similares.Derechos de las mujeresLas mujeres seguían estando discriminadas en la leyy en la práctica, y sufriendo actos de violencia pormotivos de género en el seno familiar entre otrosámbitos. El gobierno no avanzó prácticamente en laaplicación de la recomendación formulada aprincipios de 2010 por el Comité para la Eliminaciónde la Discriminación contra la Mujer, que lo habíainstado a adoptar medidas integrales para protegera las mujeres de la violencia intrafamiliar.Derechos de las personas migrantesLos trabajadores migrantes extranjeros no gozabande protección adecuada contra la explotación y losabusos de sus empleadores. En febrero se tuvonoticia de que había migrantes que habían perdidosus empleos en la industria de la construcción y seencontraban atrapados en Emiratos Árabes Unidos, alhaberles retenido sus empleadores el salario o elpasaporte. Muchos de ellos vivían en condicioneslamentables en campos de trabajo.Las trabajadoras domésticas extranjeras eranespecialmente vulnerables, y, según los informesrecibidos, muchas de ellas cumplían por poco dineroprolongados horarios de trabajo y eran víctimas deabusos a manos de sus empleadores o suspatrocinadores en Emiratos Árabes Unidos. Según uninforme del gobierno publicado en septiembre,durante los ocho meses anteriores las autoridades deDubai habían detenido a no menos de 900trabajadoras domésticas que habían huido deldomicilio de sus empleadores.En diciembre, la Confederación SindicalInternacional criticó la legislación laboral de EmiratosÁrabes Unidos por no permitir que los sindicatosexistieran o funcionaran libremente, por negar elderecho a la negociación colectiva y a la huelga, y porotorgar al ministro de Trabajo el poder para poner fina las huelgas de manera unilateral y forzar a laspersonas a volver al trabajo.Pena de muerteSiguieron dictándose sentencias de muerte. Se tuvoconstancia de una ejecución: en febrero, un hombrecondenado por la violación y el asesinato de un niñofue ejecutado por un pelotón de fusilamiento enDubai. Se creía que ésta había sido la primeraejecución desde 2008.Las condenas a muerte que se habían impuestoen 2010 a 17 ciudadanos indios declaradosculpables de asesinato se anularon cuando éstosaccedieron a pagar la diya o dinero de sangre a lavíctima, pero al no llegarse a un acuerdo sobre lacantidad no salieron en libertad.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Emiratos Árabes Unidos en junio pararealizar investigaciones, y en septiembre viajó al país una delegada de laorganización para asistir como observadora al juicio de “los cinco deEmiratos Árabes Unidos”. United Arab Emirates: Summary trial observation briefing paper on theUAE5 case (MDE 25/008/2011) United Arab Emirates: Free activists before elections(MDE 25/005/2011)ERITREAESTADO DE ERITREAJefe del Estado y del gobierno:Isaias AfewerkiPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:5,4 millonesEsperanza de vida:61,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 55,2 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:66,6 por cientoLa libertad de expresión y asociación estabansometidas a severas restricciones. No estabanpermitidos los partidos políticos de oposición, losmedios de comunicación independientes, lasorganizaciones de la sociedad civil ni los gruposreligiosos no registrados. El reclutamiento militar eraobligatorio, y con frecuencia se prorrogabaindefinidamente. Miles de presos de conciencia ypresos políticos continuaban recluidosarbitrariamente. La tortura y otros malos tratos eranhabituales, las condiciones de reclusión eranatroces. Un gran número de eritreos seguíanhuyendo del país.EInforme 2012 Amnistía Internacional179

EInformación generalLa región se vio afectada por una grave sequía, aconsecuencia de la cual más de 10 millones depersonas necesitaron asistencia urgente. El gobiernode Eritrea negó que el país se viera afectado por lasequía o la escasez de alimentos, y no permitió elacceso al país de los organismos de ayuda de la ONUni de las organizaciones humanitarias.En noviembre, el gobierno informó a la delegaciónde la Unión Europea (UE) en Asmara, la capital, desu intención de poner fin a todos los programas dedesarrollo en curso de la UE.En julio, un informe del Grupo de Supervisión de laONU para Somalia y Eritrea afirmó que Eritrea habíaparticipado en la planificación de un atentado conbombas contra una cumbre de la Unión Africanacelebrada en Etiopía en enero.En diciembre, el Consejo de Seguridad de la ONUreafirmó las sanciones contra Eritrea por seguirproporcionando adiestramiento y apoyo económico yde otra índole a los grupos armados de oposición,incluido Al Shabaab, por no resolver la disputafronteriza con Yibuti y por planear un atentado contrala cumbre de la Unión Africana. El Consejo deSeguridad exigió que Eritrea pusiera fin a todos losesfuerzos para desestabilizar a otros Estados, dejarade utilizar el “impuesto de la diáspora” –aplicado alos eritreos en el extranjero– para desestabilizar laregión, y cesara de usar las amenazas de violencia yotros medios ilícitos para recaudar dicho impuesto. ElConsejo de Seguridad exigió también transparenciaen el uso de los beneficios de las actividades minerasy pidió a todos los Estados la adopción de medidaspara promover la vigilancia en los tratos comercialescon Eritrea, con el fin de garantizar que ningún activocontribuía al incumplimiento por parte de Eritrea delas resoluciones del Consejo de Seguridad. Dos prisioneros de guerra yibutianos huyeron deEritrea, pese a que el gobierno eritreo negaba quesiguiera reteniendo a este tipo de prisioneros desde losenfrentamientos entre los dos países en 2008. Endiciembre, la ONU exigió a Eritrea que hiciera públicainformación sobre todo combatiente yibutiano queestuviera recluido como prisionero de guerra.Presos políticos y presos de concienciaHabía miles de presos de conciencia en el país.Entre ellos figuraban activistas políticos, periodistas,practicantes de religiones y personas que habíaneludido el reclutamiento militar. Ninguna de estaspersonas fue acusada formalmente o juzgada porningún delito. Las familias de la mayoría de lospresos no conocían su paradero. El gobierno se negó a confirmar la informaciónsegún la cual 9 integrantes del grupo G-15–de ellos, 11 políticos de gran relevancia recluidosarbitrariamente desde 2001– habían muerto bajocustodia en los últimos años. En octubre se informó de que Dawit Isaak, uno delos 10 periodistas independientes también recluidosdesde 2001, podría haber muerto bajo custodia, puesno se encontraba ya en la prisión en la que habíaestado encarcelado. El gobierno no confirmó estainformación. En octubre se detuvo al empresario SenayKifleyesus, según los informes tras ser citado en uncable de Wikileaks criticando al presidente.Libertad de religiónSólo estaban autorizados a practicar su religión losmiembros de las confesiones religiosas permitidas: laiglesia ortodoxa eritrea, la iglesia católica, la iglesialuterana y el islam. Los miembros de las confesionesreligiosas prohibidas seguían sufriendo detención,reclusión arbitraria y malos tratos.Se creía que más de 3.000 cristianos de gruposeclesiales no registrados, entre ellos 51 testigos deJehová, estaban recluidos arbitrariamente. Paulos Eyassu, Isaac Mogos y Negede Teklemariam,testigos de Jehová, seguían recluidos sin cargos en elcampamento militar de Sawa, donde permanecíandesde 1994 por objeción de conciencia al serviciomilitar. En mayo, 64 cristianos fueron detenidos, segúninformes, en una población cercana a Asmara. Seisquedaron en libertad, pero los 58 restantes seguíanrecluidos arbitrariamente. En junio se informó de quemás de 26 estudiantes universitarios habían sidodetenidos como sospechosos de practicar unaconfesión religiosa no registrada y recluidos en un lugarno revelado. Se creía que la mayoría fueron llevados ala prisión de Me’eter, que se utilizaba habitualmentepara encarcelar a las personas detenidas por motivosreligiosos. En noviembre, Mussie Eyob, evangelista, fuedevuelto a Eritrea tras ser detenido por hacerproselitismo en Arabia Saudí. Se creía que estabarecluido en régimen de incomunicación.180 Informe 2012 Amnistía Internacional

En julio, Misghina Gebretinsae, testigo de Jehová,murió bajo custodia en la prisión de Me’eter, dondepermanecía recluido sin cargos desde julio de 2008. En octubre se tuvo noticia de que tres cristianoshabían muerto bajo custodia. Dos mujeres, TerhaseGebremichel Andu y Ferewine Genzabu Kifly,murieron, según los informes, en elcampamento militar de Adersete, en el oeste deEritrea, debido a las duras condiciones y a los malostratos. Llevaban recluidas desde 2009, cuandofueron detenidas durante una reunión para orar enun domicilio privado. Angesom Teklom Habtemichelmurió de malaria, según los informes, tras habérselenegado tratamiento médico, en el campamentomilitar de Adi Nefase, Asab, después de dos años dereclusión arbitraria.Reclutamiento militarEl servicio nacional era obligatorio para todos loshombres y mujeres mayores de 18 años. Todapersona en edad escolar debía cursar su último añode enseñanza secundaria en el campamento deinstrucción militar de Sawa y, según los informes, sellevaban a cabo redadas en las que se capturaba aniños y niñas de hasta tan sólo 15 años para llevarlosa Sawa.Era frecuente que el periodo inicial de 18 mesesdel servicio nacional se prorrogara indefinidamente.Los reclutas percibían salarios mínimos que nocubrían las necesidades básicas de sus familias. Loscastigos por deserción y por eludir el reclutamientoincluían tortura y reclusión sin juicio.El servicio nacional implicaba a menudo trabajoforzado en proyectos del Estado, como laconstrucción de carreteras, o trabajo para empresaspropiedad de los militares o de las élites del partidogobernante y dirigidas por ellos. Las compañíasmineras internacionales se arriesgaban a usar manode obra forzada al subcontratar el trabajo a estasempresas.Tortura y otros malos tratosLas condiciones de reclusión eran atroces, y enmuchos casos equivalían a tratos o penas crueles,inhumanos o degradantes. Muchos reclusospermanecían encerrados en celdas subterráneas o encontenedores de mercancías metálicos, a menudoen lugares desérticos, por lo que sufrían temperaturasextremas. La alimentación y el agua para beber queles suministraban eran inadecuadas. Muchos estabanrecluidos en condiciones de grave hacinamiento yfalta de higiene.La tortura y otros malos tratos a los reclusos eranfrecuentes. Se obligaba a los presos a realizaractividades dolorosas y degradantes, y se losmantenía atados con cuerdas en posturas dolorosasdurante periodos prolongados.Personas refugiadasEl ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados,calculaba que 3.000 eritreos huían del país cadames, la mayoría a Etiopía o Sudán, a pesar de lapolítica de “disparar a matar” contra todo aquel queintentara cruzar la frontera. Muchas de las personasque huían eran jóvenes que escapaban delreclutamiento para el servicio nacional indefinido. Lasfamilias de quienes huían hacían frente a represaliastales como hostigamiento, multas y cárcel.Los solicitantes de asilo eritreos que eran devueltosal país corrían un grave riesgo de reclusión arbitraria ytortura. No obstante, varios países devolvieron a ungran número de ellos. En julio, una mujer eritrea murió y otra resultógravemente herida al saltar de un camión en el que lasautoridades sudanesas las devolvían a Eritrea. Enoctubre, las autoridades sudanesas devolvieron a másde 300 personas refugiadas y solicitantes de asiloeritreas. Estas devoluciones coincidieron con la visita aSudán del presidente de Eritrea. Según los informes,a cinco de los eritreos que estaban detenidos en Sudánse los llevaron soldados eritreos; seguía sin conocersela suerte que habían corrido. En octubre, al menos 83 eritreos fueron expulsadosdesde Egipto, sin que se les permitiera acceder alACNUR. A finales de octubre, según los informes,otros 118 eritreos recluidos en Egipto se enfrentaban asu expulsión inminente. Se permitió el acceso derepresentantes diplomáticos eritreos a los detenidos,a quienes se pidió que rellenaran formularios paraorganizar su retorno. Según los informes, muchosfueron golpeados por las fuerzas de seguridad pornegarse a hacerlo.EInforme 2012 Amnistía Internacional181

EESLOVAQUIAREPÚBLICA ESLOVACAJefe del Estado:Ivan GašparovičJefa del gobierno:Iveta RadičováPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:5,5 millonesEsperanza de vida:75,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 6,9 por cada 1.000La población romaní seguía sufriendo discriminaciónen el acceso a la educación, la asistencia médica y lavivienda. Se determinó que el gobierno había violadolos derechos humanos de una mujer que habíadenunciado su esterilización forzada.Información generalTras una moción de censura presentada en octubre,se programaron elecciones anticipadas para marzode 2012. La primera ministra y su gobierno teníanpotestad limitada para tomar medidas decisivas depolítica socioeconómica.A finales de noviembre, tras el fracaso de lasnegociaciones entre el gobierno y los sindicatos sobrela privatización de los hospitales y las condicioneslaborales del personal médico, más de 1.200médicos de hospitales públicos dimitieron de suspuestos, por lo que, según informes, varios hospitalesno pudieron prestar servicios adecuados de atencióna la salud. El gobierno declaró el estado deexcepción, que obligaba a los médicos a incorporarseal trabajo. Negarse a hacerlo comportaba el riesgo deprocesamiento. Gobierno y médicos llegaron a unacuerdo, y el 8 de diciembre se levantó el estado deexcepción.Discriminación: romaníesEslovaquia fue criticada por los órganos de vigilanciade los tratados internacionales de derechos humanospor seguir discriminando a la comunidad romaní. Enabril, el Comité de Derechos Humanos de la ONUafirmó que los romaníes eran excluidos de la política ysufrían discriminación en el acceso a la educación, laasistencia médica y la vivienda.En junio, el Ministerio del Interior tomó medidas enrespuesta a las tensiones existentes entre la poblaciónromaní y no romaní del pueblo de Žehra, en el estede Eslovaquia. El ministro propuso una reforma de laLey de Municipios que permitía dividir un municipioen dos partes. Las ONG y el plenipotenciariogubernamental para las comunidades romaníescriticaron la iniciativa por considerar que podía darlugar a la división de municipios por criterios étnicos. En septiembre se levantó un muro de hormigón en elmunicipio de Vrútky para separar una zona habitadamayoritariamente por romaníes de una escuela infantily varios edificios de apartamentos y residencias deancianos.Derecho a la educaciónEn abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONUobservó que persistían los informes de segregaciónde facto de los niños y niñas romaníes en la escuela,a quienes, además, se colocaba con excesivafrecuencia en clases para alumnado con“discapacidad mental leve”. El Comité instó algobierno a erradicar la segregación del sistemaeducativo. En mayo, los participantes en una reuniónde la Comisión Europea sobre la inclusión de lacomunidad romaní en Eslovaquia reconocieron queseguía existiendo segregación en la educación. Lareunión concluyó con un llamamiento al gobiernopara que adoptara una estrategia clara dirigida aeliminar la segregación. En diciembre, el comisario deDerechos Humanos del Consejo de Europarecomendó a las autoridades eslovacas queimpusieran a todas las escuelas la obligación desuprimir la segregación del alumnado. En septiembre, las familias romaníes de la localidadde Levoča supieron que la escuela primaria local iba aponer a sus hijos en aulas separadas en el primer curso.Al parecer, la escuela había tomado esta decisión a raízde una petición presentada por familias no romaníespara que se limitara el número de alumnos procedentesde comunidades “antisociales”. El director del centroafirmó que estas aulas tenían por objeto crear unentorno educativo adecuado para los niños y niñasromaníes. El plenipotenciario gubernamental expresósu preocupación, por considerar que el establecimientode aulas separadas podía constituir segregación pormotivos étnicos, y afirmó que, si se insistía en ello, sepresentaría una denuncia ante la Dirección Estatal deInspectores Escolares. El tribunal local de Prešov, en el este de Eslovaquia,resolvió en diciembre que la escuela primaria de lalocalidad de Šarišské Michaľany había violado lalegislación contra la discriminación al colocar a niñosromaníes en aulas separadas.182 Informe 2012 Amnistía Internacional

Derecho a la viviendaLos romaníes residentes en asentamientos informalesse enfrentaban a la amenaza de desalojo forzoso,que se cumplió en algunos casos, y no tenían accesoa servicios básicos. En septiembre se propuso en elParlamento una reforma de la normativa deurbanismo para obligar a los municipios a demoler lasedificaciones no autorizadas y sin título de propiedaddel terreno. La propuesta incluía la imposición desanciones a los municipios que no llevaran a efectolas demoliciones en el plazo legalmente establecido.La Oficina del plenipotenciario gubernamentalexpresó su preocupación, al considerar que lapropuesta contravenía la legislación contra ladiscriminación y afectaría gravemente a losasentamientos informales romaníes. El Ministerio deUrbanismo y Desarrollo Regional anunció ennoviembre que examinaría la propuesta y presentaríaun nuevo proyecto de reforma en 2012. El 16 de mayo, las autoridades municipales deKošice llevaron a cabo la demolición de unasentamiento informal de romaníes llamado Demeter,habitado por unas 80 personas, con el argumento deque tanto el asentamiento como un vertedero cercanoponían en peligro la seguridad y la salud. Losresidentes que solicitaron alojamiento de emergenciafueron alojados en tiendas de campaña. Elplenipotenciario gubernamental expresó supreocupación, por considerar que la acción municipalequivalía a un desalojo forzoso, contrario a lalegislación eslovaca y al derecho internacional. En mayo, el alcalde de la localidad de Žiar nadHronom pidió al gobierno central “una solución alproblema romaní”, en concreto al de los asentamientosinformales. La iniciativa, apoyada según informes pormás de 300 alcaldes, solicitaba una normativa estrictay el control de la “población antisocial”. En junio, elmunicipio de Žiar nad Hronom anunció el traslado deromaníes de un asentamiento informal a un lugardonde serían alojados en contenedores metálicos. Eldesalojo se llevó a cabo en noviembre. Según informes,las autoridades locales no prestaron ayuda de ningunaclase a las personas afectadas, con la excusa de queninguna la había solicitado, y 13 romaníes quedaron dehecho sin hogar. En el pueblo de Plavecký Štvrtok, al norte deBratislava, cerca de 90 familias romaníes continuaronamenazadas de desalojo forzoso. La fiscalía habíasuspendido varios avisos de demolición en 2010 pordefectos de procedimiento. Pese a ello, el alcalde delpueblo anunció que el municipio planeaba enviarnuevos avisos de demolición a los propietarios de lasviviendas construidas ilegalmente. En octubre se cortóel suministro de agua corriente a las casas. Elmunicipio instaló un depósito de agua para uso delasentamiento con un sistema de pago en funcióndel consumo.Esterilización forzada de mujeres romaníesEn abril, el Comité de Derechos Humanos de la ONUcriticó a Eslovaquia por el restrictivo enfoque de lasinvestigaciones sobre denuncias de esterilizaciónforzada formuladas en el pasado. El Comité expresótambién su preocupación por la falta de informaciónsobre la eliminación de las esterilizaciones forzadas,que al parecer seguían practicándose. El 8 de noviembre, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos resolvió, en su primer fallo sobre laesterilización forzada, que el gobierno había violadoderechos humanos de V.C., mujer romaní. Consideróque la esterilización, realizada sin el consentimientopleno e informado de la mujer, constituía unainjerencia grave en su estado de salud reproductiva, yque se habían violado sus derechos a no sufrir malostratos y al respeto de la vida privada. El Tribunalobservó además que, en el historial médico de V.C., elpersonal médico mencionaba su origen étnico, lo queindicaba cierta predisposición mental con respecto ala manera en que debía gestionarse la salud de laspersonas de etnia romaní. Según una abogada de laONG Centro de Derechos Humanos y Civiles, el casode V.C. no era más que la punta del iceberg. La letradavolvió a pedir al gobierno que dejara de negar suresponsabilidad en esta práctica, pidiera perdón atodas las víctimas y les garantizara una indemnizaciónplena.Tortura y otros malos tratosEl Comité de Derechos Humanos de la ONU recordóa Eslovaquia en repetidas ocasiones que debíaredoblar sus esfuerzos por combatir los ataquesracistas cometidos por personal encargado de hacercumplir la ley, especialmente contra romaníes. En septiembre, el Tribunal de Distrito de Košicecelebró una vista en la causa sobre los presuntos malostratos infligidos por agentes de policía a seis niñosromaníes en abril de 2009. Los agentes acusados y losprogenitores de los niños declararon ante el tribunal.Al final del año la causa seguía abierta.EInforme 2012 Amnistía Internacional183

EDetenidos de GuantánamoDos de los tres hombres aceptados por Eslovaquiaen 2010 tras permanecer recluidos bajo custodiaestadounidense en Guantánamo regresaron a suspaíses de origen, Túnez y Egipto. Según informes, elque volvió a Egipto fue detenido a su llegada allí, enjunio, y acusado de terrorismo. El ministro del Interiorafirmó que ambos se habían marchado de Eslovaquiapor propia voluntad. Los tres ex detenidos deGuantánamo habían obtenido permiso de residenciaen Eslovaquia en 2010. Recluidos en un centro parainmigrantes irregulares mientras aguardaban elpermiso, se habían declarado en huelga de hambrepara protestar por su detención y sus condicionesde reclusión.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEn abril entró en vigor una reforma del Código deTrabajo que incluía la orientación sexual entre losmotivos de protección frente a la discriminación.En junio, más de 1.000 personas participaron en lasegunda marcha anual del Orgullo en Bratislava. Losorganizadores reconocieron que había existido buenacooperación con la policía y gracias a ello se habíaavanzado con respecto al año anterior, cuando lapolicía se declaró incapaz de proteger a losparticipantes y los organizadores tuvieron quemodificar el recorrido de la marcha. Hubo informessobre incidentes de poca importancia, y la policíadetuvo a varios contramanifestantes. Asistieron a lamarcha del Orgullo el alcalde de Bratislava y variosmiembros del Parlamento.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Eslovaquia en febrero, mayo, junioy noviembre. Right to education without discrimination: Policy brief to the Slovakgovernment (EUR 72/003/2011)ESLOVENIAREPÚBLICA DE ESLOVENIAJefe del Estado:Danilo TürkJefe del gobierno:Borut PahorPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:2,0 millonesEsperanza de vida:79,3 añosMortalidad infantil (‹5 años): 3,0 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,7 por cientoLas autoridades adoptaron algunas medidaspositivas pero no restituyeron sus derechos a los“borrados”, personas cuya condición de residentespermanentes les había sido revocada ilegalmenteen 1992. Continuó la discriminación contra lacomunidad romaní.DiscriminaciónLos “borrados”Las autoridades adoptaron algunas medidas positivaspero continuaron sin garantizar los derechos de laspersonas procedentes de otras ex repúblicasyugoslavas que habían dejado de ser residentespermanentes en Eslovenia al habérseles revocadoilegalmente su condición jurídica en 1992, con lasconsiguientes violaciones de sus derechoseconómicos y sociales. Algunos de estos “borrados”,además, fueron expulsados del país.El Parlamento aprobó en marzo una leyque permitía restituir la condición de residentespermanentes a la mayoría de los “borrados”.Su promulgación era un primer paso importantehacia la plena restitución de sus derechos. Sinembargo, esta ley no les proporcionaba reparaciónpor las violaciones de derechos humanos sufridas, nigarantizaba sus derechos económicos, sociales yculturales. Las autoridades no presentaron másplanes encaminados a la plena restitución dederechos de los “borrados”, y un gran número depersonas quedaron excluidas de las disposiciones dela ley.En febrero se remitió la causa de Kurić v. Sloveniaa la Gran Sala del Tribunal Europeo de DerechosHumanos a petición del gobierno. La Gran Salacelebró una vista en julio, y al final del año estabapendiente la sentencia. En julio de 2010, el Tribunalhabía determinado que, al “borrarse” la identidad de184 Informe 2012 Amnistía Internacional

los solicitantes, se había violado su derecho a unrecurso efectivo y también su derecho a la vidaprivada y familiar.Comunidad romaníEl gobierno no puso en funcionamiento mecanismosde vigilancia adecuados sobre la discriminación delos romaníes. No existían recursos efectivos contra losactos discriminatorios cometidos por agentes públicosy privados.Derecho a una vivienda adecuada,agua y saneamientoAunque las autoridades tomaron algunas medidaspositivas, la mayoría de los romaníes siguieron sintener acceso a una vivienda adecuada.Muchos romaníes vivían aislados y segregados encampamentos o asentamientos precarios sólo pararomaníes situados en zonas rurales, en los quecarecían de seguridad de tenencia. En losasentamientos informales no recibían protecciónfrente al desalojo forzoso ni tenían acceso asaneamiento y otros servicios públicos. En algunosmunicipios, para beber y cocinar o para su higienepersonal, los romaníes debían tomar el agua dearroyos contaminados y grifos de uso público engasolineras y cementerios.En octubre, tras la presión de las organizaciones dela sociedad civil, las autoridades municipales deŠkocjan tomaron medidas para que el asentamientoromaní instalado allí tuviera acceso al agua.La Comisión Gubernamental para la Protección dela Comunidad Romaní recomendó en mayo que todoslos municipios garantizaran el acceso al agua de losasentamientos informales de romaníes, pero no sedestinaron fondos gubernamentales a la aplicación deesta recomendación.En septiembre, la relatora especial de la ONUsobre el acceso al agua potable y el saneamientopidió a las autoridades que garantizaran de inmediatoel acceso al agua y el saneamiento de la comunidadromaní y su seguridad de tenencia, incluida laregularización de los asentamientos informales.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Eslovenia en marzo. Parallel lives: Roma denied rights to housing and water in Slovenia(EUR 68/005/2011)ESPAÑAREINO DE ESPAÑAJefe del Estado:rey Juan Carlos I de BorbónJefe del gobierno:Mariano Rajoy(sustituyó a José Luis Rodríguez Zapatero en diciembre)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:46,5 millonesEsperanza de vida:81,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:97,7 por cientoHubo informes sobre uso excesivo de la fuerza porparte de la policía en manifestaciones. España siguiómanteniendo el régimen de detención incomunicadapara las personas sospechosas de delitos terroristas.Se realizaban controles de identidad centradosespecíficamente en personas pertenecientes aminorías étnicas. El grupo armado ETA anunció el finde la lucha armada.Información generalEl 10 de enero, el grupo armado vasco Euskadi TaAskatasuna (ETA) declaró unilateralmente un alto elfuego general y permanente, y el 20 de octubreanunció el fin de su lucha armada.El 15 de mayo, el denominado movimientodel 15-M o de los “indignados” empezó a organizarmanifestaciones en todo el país. Los manifestantesexigían cambios en el sistema político y económico yen las políticas sociales sobre empleo, educacióny salud, entre otros ámbitos.El Partido Popular, de signo conservador, ganó pormayoría absoluta en las elecciones generalescelebradas el 20 de noviembre, y en diciembreMariano Rajoy fue elegido presidente del gobierno.Tortura y otros malos tratosHubo denuncias sobre uso excesivo de la fuerza porparte de funcionarios encargados de hacer cumplir laley durante las manifestaciones del movimiento del15-M celebradas en todo el país entre mayo y agosto. El 27 de mayo se recurrió a agentes antidisturbios dela policía autonómica catalana (Mossos d’Esquadra)para dispersar a los manifestantes concentrados en laplaza de Cataluña, en Barcelona. Los informesmédicos y las imágenes de vídeo confirmaron que lapolicía antidisturbios había golpeado con sus porras aEInforme 2012 Amnistía Internacional185

Emanifestantes aparentemente pacíficos y habíadisparado proyectiles de goma contra ellos. Al parecer,los agentes no llevaban número de identificación en eluniforme. El 8 de junio, el gobierno catalán manifestóque no era necesario abrir una investigación sobre lasdenuncias de uso excesivo de la fuerza. Ángela Jaramillo relató que, el 4 de agosto, cuandose encontraba sola en las proximidades de unamanifestación en el Paseo de la Castellana de Madrid,un policía antidisturbios la había golpeado en el rostro ylas piernas. Otra mujer que había acudido en su auxiliodijo que los agentes también la habían golpeado a ellarepetidamente con sus porras causándole lesiones encuello, cadera y piernas. Ambas presentaron denunciacontra la policía al día siguiente. El 17 de octubre, la Audiencia Provincial deBarcelona condenó a 27 meses de prisión a dosagentes de la policía municipal por la tortura de unestudiante de Trinidad y Tobago, ocurrida enseptiembre de 2006. Ambos agentes ya habían estadoimplicados en otro episodio anterior, también en 2006,y otros tres hombres habían presentado denunciacontra ellos por malos tratos, pero la investigaciónsobre esos presuntos hechos se había cerrado en juliode 2007.En enero, el gobierno catalán abolió el Código deÉtica de la Policía de Cataluña, que implementaba elCódigo Europeo de Ética de la Policía. El Comité deÉtica Policial, encargado de recibir y examinardenuncias de particulares relativas a la conducta dela policía y de evaluar el cumplimiento del Código porparte de los agentes, se suspendió tras la dimisión dela mayoría de sus miembros. Al final del año no se había juzgado a dos agentes depolicía acusados de causar la muerte a OsamuyiaAkpitaye durante su expulsión de España en juniode 2007. El Tribunal Supremo absolvió en noviembre a cuatromiembros de la Guardia Civil a quienes la AudienciaProvincial de Guipúzcoa había declarado en diciembrede 2010 culpables de infligir torturas a Igor Portu yMattin Sarasola el 6 de enero de 2008, mientrasestaban bajo custodia policial. En noviembre, Ali Aarrass, de doble nacionalidadbelga y marroquí y sospechoso de delitos de terrorismoen Marruecos, fue condenado a 15 años de prisión enRabat. Había sido extraditado por España a Marruecosen diciembre de 2010, incumpliendo las medidascautelares dictadas por el Comité de DerechosHumanos de la ONU. Sus abogados en Bélgicareiteraron posteriormente que Ali Aarrass había sidotorturado por los servicios de seguridad marroquíesdurante su interrogatorio y no había recibido un juiciojusto. Al término del año seguía pendiente unadenuncia contra España ante el Comité de DerechosHumanos. Mohamed Zaher Asade y Hasan Alhusein,ciudadanos sirios excarcelados en septiembre de 2010tras cumplir sendas penas de ocho años por delitos deterrorismo, seguían expuestos a ser expulsados a Siriaa pesar de que allí se enfrentaban al peligro real desufrir tortura u otros malos tratos. Mohamed ZaherAsade interpuso un recurso contra su expulsión, perosu solicitud de que la ejecución de la expulsión sesuspendiera en espera de la decisión final fuerechazada. La orden de expulsión de Hasan Alhusein,dictada en agosto, seguía pendiente de ejecución alfinal del año.Seguridad y medidas antiterroristas:detención en régimen de incomunicaciónEspaña siguió desoyendo los llamamientos de losorganismos internacionales de derechos humanospara que dejara de aplicar la detención en régimende incomunicación a los sospechosos de delitos deterrorismo. Las personas sometidas a este régimenpodían permanecer recluidas hasta 13 días, y en esetiempo no tenían acceso a un abogado de su elecciónni podían consultar con el de oficio de maneraconfidencial, tampoco tenían acceso a un médico desu elección y no podían comunicar su paradero a sufamilia. En marzo, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos resolvió, en la causa Beristain Ukar v. Spain,que España había violado el Convenio Europeo deDerechos Humanos al no haber llevado a cabo unainvestigación efectiva sobre los malos tratos que AritzBeristain Ukar denunciaba haber sufrido estandodetenido en régimen de incomunicación enseptiembre de 2002. El 15 de febrero, el Tribunal Supremo absolvió aMohamed Fahsi del cargo de pertenencia aorganización terrorista y ordenó una investigaciónsobre sus denuncias de tortura sufrida durante cuatrodías que había estado detenido en régimen deincomunicación en enero de 2006. El 25 de enero, la Audiencia Provincial de Madridordenó una investigación judicial sobre la denuncia186 Informe 2012 Amnistía Internacional

presentada por María Mercedes Alcocer por torturassufridas durante su detención en régimen deincomunicación en diciembre de 2008. El 30 de mayode 2011, el Tribunal Supremo anuló la sentenciacondenatoria dictada contra María Mercedes Alcocerpor colaboración con banda armada basándose en quela única prueba presentada en su contra era unadeclaración que había hecho cuando estaba sometidaa incomunicación.Racismo y discriminaciónContinuaban efectuándose controles discriminatoriosde identidad, centrados específicamente en personaspertenecientes a minorías étnicas, y se emprendíanacciones judiciales, acusándolos de obstruir el trabajode la policía, contra activistas de la sociedad civil quemantenían bajo observación estos controles. Enmarzo, el Comité de la ONU para la Eliminación de laDiscriminación Racial instó a España a poner fin a loscontroles de identidad basados en criterios étnicos oraciales, pero al final del año las autoridades seguíannegando tal práctica y no se habían tomado medidaspara erradicarla.El gobierno aprobó en noviembre una estrategianacional para combatir el racismo, la discriminación yotras formas conexas de intolerancia. Sin embargo,no se aprobó un proyecto de ley contra ladiscriminación presentado por el gobierno antes delas elecciones parlamentarias de noviembre. Dos municipios de Cataluña –Lleida y El Vendrell–reformaron su normativa para prohibir el uso del velointegral en espacios y edificios públicos. Otros 13municipios de la región habían puesto en marcha elproceso de aprobación de una prohibición similar. Enjunio, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluñarefrendó la prohibición de Lleida al concluir que laocultación del rostro no era compatible con el principiode igualdad entre hombres y mujeres. En septiembre, el gobierno catalán presentó unproyecto de ley para reformar la legislación relativa alestablecimiento de lugares de culto, que tenía como fineximir a los municipios de la obligación de ofrecerterreno disponible para la edificación de nuevoslugares de culto. La falta de lugares de cultodisponibles afectaba especialmente a las minoríasreligiosas, como la musulmana y la cristianaevangélica.Violencia contra mujeres y niñasSegún el Ministerio de Sanidad, Política Social eIgualdad, 60 mujeres murieron en el año a manos desus parejas o ex parejas. Susana Galeote fue asesinada en febrero por su expareja. En 2010 había presentado una denuncia ypedido una orden de alejamiento contra él. Tambiénhabía solicitado el servicio de asistencia telefónica quefacilitaba el gobierno a las víctimas de violencia degénero, pero se lo habían denegado por considerarseque corría escaso peligro de sufrir una agresión.En julio se reformó la Ley de Extranjería para queno se pudieran iniciar procedimientos de expulsióncontra ninguna mujer en situación irregular quehubiera denunciado violencia de género hasta que seresolviera la causa penal contra el presuntomaltratador. Cuando el procedimiento de expulsión yaestuviera en marcha, se suspendería en espera delresultado de la denuncia.Personas refugiadas,solicitantes de asilo y migrantesSegún los datos publicados por el Ministerio delInterior, aumentó el número de migrantes irregularesllegados por mar.Según el ACNUR, la agencia de la ONU para losrefugiados, 3.414 personas solicitaron asilo en 2011.Sólo 326 vieron reconocida su condición derefugiados y 595 recibieron protección subsidiaria.El Ministerio del Interior siguió sin permitir que lossolicitantes de asilo llegados a Ceuta y Melilla sedesplazaran a la Península, a pesar de que elTribunal Superior de Justicia de Andalucía habíareconocido en al menos cuatro resoluciones elderecho de los solicitantes de asilo a circularlibremente por el territorio español.Desapariciones forzadasLa definición de la desaparición forzada como crimende lesa humanidad en la legislación nacional seguíadistando de cumplir las obligaciones contraídas porEspaña en virtud del derecho internacional, comoEstado Parte en la Convención de la ONU contra lasDesapariciones Forzadas.Seguía pendiente la acusación contra el juezBaltasar Garzón por violación de la Ley de Amnistíade 1977. En 2008, el juez había puesto en marchauna investigación sobre los delitos cometidos durantela Guerra Civil y el franquismo, que implicaban laEInforme 2012 Amnistía Internacional187

Edesaparición forzada de más de 114.000 personasentre 1936 y 1951. El 13 de abril de 2010, los familiares de dos víctimasde desaparición forzada durante el franquismopresentaron una denuncia en Argentina basada en elprincipio de jurisdicción universal. Una jueza federalde Argentina pidió al gobierno español que informara desi las autoridades estaban investigando activamente lasdenuncias de “eliminación física” y “desaparición‘legalizada’ de menores de edad con pérdida de suidentidad” en el periodo comprendido entre el 17 dejulio de 1936 y el 15 de junio de 1977. En junio, elgobierno respondió a la judicatura argentina que habíainvestigaciones en curso en España. La causa seguíaabierta al final del año.Justicia internacionalSeguían pendientes ante la Audiencia Nacional lasinvestigaciones sobre 13 casos de presuntos delitosde derecho internacional cometidos fuera de Españacontra ciudadanos españoles, o basados en elprincipio de jurisdicción universal. Sin embargo, estasinvestigaciones avanzaban con mucha lentitud y seenfrentaban a obstáculos considerables, como la faltade cooperación de otros Estados. En julio, el Juzgado Central de Instrucciónnúm. 1 añadió cargos de violencia de género a lasinvestigaciones sobre los delitos de genocidio,terrorismo y tortura perpetrados en Guatemala duranteel conflicto interno entre 1960 y 1996. En octubre, el Juzgado Central de Instrucciónnúm. 1 dictó acta de acusación formal contra tressoldados estadounidenses por la muerte del españolJosé Couso, operador de cámara de televisión, ocurridaen Bagdad en 2003. Al final del año no se había llevadoa juicio a ninguno.Derecho a la viviendaLa legislación española no ofrecía vías de acceso arecursos judiciales efectivos y adecuados para hacervaler los derechos económicos, sociales y culturales.No existía legislación sobre transparencia y acceso ala información en relación con estos derechos. En septiembre, una familia marroquí con el permisode residencia en regla fue desalojada a la fuerza de suvivienda en la Cañada Real, Madrid. El desalojo serealizó por la noche, en contravención de las normasinternacionales. Aunque se había notificado el desalojoa la familia y ésta había presentado un recurso, no sehabía consultado con ella para buscarle un alojamientoalternativo adecuado ni se le había ofrecido ninguno.Derechos de la infanciaEn octubre, el Defensor del Pueblo señaló susmotivos de preocupación en torno a las pruebasrealizadas para determinar la edad de los menores noacompañados que entraban en España. Aunque elmenor en cuestión tuviera pasaporte, eran losresultados de estas pruebas los que determinaban sitenía derecho a recibir protección y acceso aservicios.No existía legislación acorde a las normasinternacionales que regulase el ingreso de niños yniñas en centros para menores de edad con trastornosocial o de conducta. En septiembre, una comisiónespecial del Senado afirmó que era necesario ofrecerlas máximas garantías y aclarar, definir y coordinar lasrespectivas responsabilidades de las distintasautoridades.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó España en marzo, abril y noviembre. Spain: Briefing to the UN Committee on the Elimination of RacialDiscrimination, 78th Session, February 2011 (EUR 41/003/2011) España: Informes de uso excesivo de la fuerza por parte de la policíacontra manifestantes, motivo de preocupación para Amnistía Internacional(EUR 41/008/2011) España: Nuevos informes sobre uso excesivo de la fuerza por la policíacontra manifestantes (EUR 41/010/2011) España: Parad el racismo, no a las personas. Perfiles raciales y controlde la inmigración en España (EUR 41/011/2011)188 Informe 2012 Amnistía Internacional

ESTADOS UNIDOSDE AMÉRICAESTADOS UNIDOS DE AMÉRICAJefe del Estado y del gobierno:Barack H. ObamaPena de muerte:retencionistaPoblación:313,1 millonesEsperanza de vida:78,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 7,8 por cada 1.000Se ejecutó a 43 hombres durante el año, y continuóla preocupación por las crueles condicionesde reclusión. Decenas de detenidos continuaronrecluidos indefinidamente bajo custodia militar enGuantánamo. El gobierno anunció su intención depedir la pena de muerte para 3 de estos detenidos enlos juicios celebrados ante comisiones militares. Alfinal del año unas 3.000 personas seguían bajocustodia estadounidense en el centro de detenciónde la base aérea de Bagram, en Afganistán. El uso demedios letales en el contexto antiterrorista suscitóhonda preocupación, al igual que los informescontinuos sobre uso excesivo de la fuerza en laactuación de los cuerpos encargados de hacercumplir la ley en el ámbito nacional.Seguridad y medidas antiterroristasDetenciones en GuantánamoAl finalizar 2011, casi dos años después del plazofijado por el presidente Obama para el cierre delcentro de detención de Guantánamo, quedaban aúnen la base 171 detenidos, 4 de los cuales habían sidodeclarados culpables por una comisión militar.Durante el año fue trasladado fuera de la base undetenido, y otros dos, de nacionalidad afgana, murieron:uno por causas naturales y el otro, según informes, porsuicidio. Sus muertes elevaron a ocho la cifra dedetenidos de cuya muerte en la base se tenía noticia.El 31 de diciembre, el presidente Obama sancionóla Ley sobre la Autorización de la Defensa Nacional,que, entre otras cosas, prescribía la detenciónindefinida de personas sin cargos ni juicio en elcontexto de la lucha antiterrorista.Juicios de detenidos de GuantánamoEl 4 de abril, el fiscal general estadounidense anuncióque cinco detenidos de Guantánamo acusados deimplicación en los atentados del 11 de septiembrede 2001 –Khalid Sheikh Mohammed, Walid binAttash, Ramzi bin al Shibh, Ali Abd al Aziz y Mustafaal Hawsawi– iban a ser juzgados por una comisiónmilitar, contrariamente a lo anunciado en noviembrede 2009 respecto a que serían juzgados por unacorte federal ordinaria en Estados Unidos. El fiscalgeneral culpó de este giro radical a los miembros delCongreso que habían “impuesto restricciones queimpiden al gobierno juzgar a ningún detenido deGuantánamo en Estados Unidos, con independenciadel lugar”. Los fiscales recomendaron que, de serdeclarados culpables, se condenara a los cincohombres a la pena capital. Al finalizar el año losjuicios no habían comenzado. Los cinco detenidoshabían estado incomunicados hasta cuatro años bajocustodia secreta de Estados Unidos antes de sertrasladados a Guantánamo en 2006.En septiembre, la autoridad convocante de lascomisiones militares remitió a la comisióncorrespondiente los cargos contra el ciudadano saudíAbd al Rahim al Nashiri para que fuera juzgado; deser declarado culpable, podría ser condenado amuerte. El gobierno reiteró que Abd al Rahim alNashiri podía volver a ser recluido indefinidamente siera absuelto en su juicio ante la comisión militar, queaún estaba pendiente al final del año.En febrero, el ciudadano sudanés Noor UthmanMuhammed se declaró culpable ante una comisiónmilitar de proporcionar apoyo material al terrorismo, yfue condenado a 14 años de prisión. El cumplimientode toda la pena salvo 34 meses fue suspendido acambio de que testificara a favor de Estados Unidosen futuras actuaciones ante las comisiones militares olas cortes federales.El caso de Noor Uthman Muhammed elevaba aseis el número de detenidos condenados por lascomisiones militares desde 2001; cuatro de ellos sedeclararon culpables.El ciudadano canadiense Omar Khadr, quetenía 15 años cuando fue capturado por las fuerzasestadounidenses en 2002, seguía en Guantánamo alfinalizar 2011. En 2010, una comisión militar locondenó a 40 años de prisión después de que sedeclarase culpable de cinco cargos de “crímenes deguerra”. Su pena se limitó posteriormente a ochoaños. Las autoridades canadienses yestadounidenses acordaron apoyar su traslado aCanadá cuando hubiera cumplido un año deEInforme 2012 Amnistía Internacional189

Econdena bajo custodia estadounidense. El primer añose cumplió en octubre.El Tribunal de Revisión de las Comisiones Militaresemitió su opinión sobre los casos de dos ciudadanosyemeníes, Salim Ahmed Hamdan y Ali Hamza AhmadSuliman al Bahlul, declarados culpables porcomisiones militares. El Tribunal confirmó enambos casos las declaraciones de culpabilidad y lascondenas.En enero, una corte federal de primera instanciacondenó a cadena perpetua al ciudadano tanzanoAhmed Khalfan Ghailani tras haberlo declaradoculpable en noviembre de 2010 en relación con losatentados con bomba perpetrados contra lasembajadas estadounidenses de África oriental en1998. Ghailani había estado dos años bajo custodiasecreta de la CIA y permaneció casi tres años bajocustodia militar estadounidense en Guantánamohasta que fue trasladado a Nueva York en 2009. Alfinalizar 2011 seguía siendo el único detenido deGuantánamo que había sido trasladado para serjuzgado por una corte federal en Estados Unidos.Reclusión bajo custodia estadounidenseen AfganistánCientos de detenidos permanecían recluidos en elcentro de detención estadounidense de Parwan(DFIP), en la base aérea de Bagram, en Afganistán.El centro albergaba alrededor de 3.100 detenidos, entorno al triple que el año anterior. Según el ComitéInternacional de la Cruz Roja, en su mayoría erannacionales afganos que las fuerzas de la coaliciónhabían capturado y puesto bajo su custodia en el sury el este de Afganistán. Según el Pentágono, en enerocomenzaron en el DFIP las “operaciones detransición de detenciones” a las autoridades afganascon la entrega al Ministerio de Defensa afgano de lagestión de una unidad de alojamiento de detenidos(véase el apartado sobre Afganistán).Continuó en la corte federal de primera instanciade Estados Unidos el litigio sobre si los detenidos deBagram debían tener acceso a los tribunalesestadounidenses para poder impugnar la legalidad desu detención. En mayo de 2010, la Corte deApelaciones había anulado una resolución dictadapor un juez federal de primera instancia en 2009según la cual tres detenidos de Bagram –que no eranciudadanos afganos y habían sido puestos bajocustodia fuera de Afganistán– podían presentarrecursos de hábeas corpus ante su tribunal.Otras detenciones y juiciosAhmed Abdulkadir Warsame, ciudadano somalí, fuedetenido por las fuerzas estadounidenses en el golfode Aden en abril, trasladado a Estados Unidos aprincipios de julio y acusado formalmente de delitosrelacionados con el terrorismo. Al parecer, Warsameestuvo incomunicado como mínimo seis semanas ypermaneció en detención secreta al menos dossemanas antes de ser trasladado a Estados Unidos.Las autoridades respondieron a la preocupaciónexpresada por Amnistía Internacional sobre el tratoque se le dio antes del traslado declarando que“el gobierno estadounidense viene afirmandosistemáticamente que está en guerra con Al Qaeda ylas fuerzas asociadas a ella, y que adoptará todas lasmedidas legítimas, incluida la detención, paraderrotar al enemigo”.ImpunidadNo hubo rendición de cuentas por las violaciones dederechos humanos cometidas durante el gobierno delpresidente George W. Bush como parte del programade detención secreta y entrega (transferencia entreEstados de personas bajo custodia soslayando eldebido proceso administrativo y judicial) de la CIA.El 16 de mayo, la Corte Suprema estadounidensese negó a juzgar el caso de entrega Mohamed v.Jeppesen, dando por válida la resolución de 2010 deun tribunal inferior que desestimaba la demandaformulada por cinco hombres que alegaban habersido objeto de desaparición forzada y de tortura yotros tratos crueles, inhumanos o degradantes amanos de personal estadounidense y agentes deotros gobiernos como parte del programa dedetención secreta y entrega de Estados Unidos. Ennoviembre, los demandantes presentaron su casoante la Comisión Interamericana de DerechosHumanos.El 30 de junio, el fiscal general anunció lafinalización del “examen preliminar” sobre losinterrogatorios realizados en el programa de la CIA,afirmando que había aceptado la recomendación delfiscal de iniciar una “investigación penal completa”en relación con dos muertes bajo custodia. Sinembargo, el fiscal no consideraba justificadas nuevasinvestigaciones en otros casos.En una opinión emitida en octubre, un juez federalse negó a considerar que la CIA hubiera cometidodesacato por destruir unas cintas de vídeo de190 Informe 2012 Amnistía Internacional

interrogatorios de detenidos recluidos en el marco delprograma de detención secreta. Las cintas –quecontenían grabaciones del uso de “técnicas deinterrogatorio mejoradas”, incluidos simulacros deahogamiento (waterboarding)– habían sido destruidasen 2005, más de un año después de que la cortehubiera ordenado al gobierno la entrega oidentificación de materiales relacionados con el tratoinfligido a los detenidos.Uso de medios letalesEl 1 de mayo murieron Osama bin Laden y variaspersonas más en un complejo de Abbottabad(Pakistán), durante una operación dirigida por fuerzasespeciales estadounidenses. El gobierno de EstadosUnidos dejó claro que la operación se había llevado acabo en aplicación de la teoría estadounidense segúnla cual existía un conflicto armado global entreEstados Unidos y Al Qaeda en el que Estados Unidosno reconocía la aplicabilidad del derechointernacional de los derechos humanos. Ante laausencia de más aclaraciones por parte de lasautoridades estadounidenses, la muerte de Osamabin Laden parecía ilegítima.El 30 de septiembre, Anwar al Awlaki, Samir Khany al menos dos personas más murieron en Yemen enel ataque de un avión no tripulado estadounidensecontra el convoy en el que viajaban. Al finalizar elaño, Amnistía Internacional no había recibidorespuesta alguna de las autoridades estadounidensessobre los motivos de preocupación expuestos por laorganización en el sentido de que estas muertesparecían constituir ejecuciones extrajudiciales.Uso excesivo de la fuerzaAl menos 43 personas murieron tras recibir descargasde armas Taser a manos de la policía, con lo que elnúmero de muertes ocurridas en estas circunstanciasdesde 2001 se elevó a 497. Aunque los forensesatribuyeron la mayoría de estas muertes a otrascausas, como problemas de salud subyacentes, lasarmas Taser figuraban como causa o factorcontribuyente en más de 60 casos. La mayoría de losfallecidos estaban desarmados y aparentemente norepresentaban una amenaza grave cuando recibieronlas descargas eléctricas.En mayo, el Instituto Nacional de Justicia publicósu informe sobre muertes producidas tras el uso dedispositivos de energía conducida, como las armasTaser. En él se afirmaba que no había “pruebasmédicas concluyentes” que indicasen un riesgoelevado de muerte o lesión grave debido a laexposición a un dispositivo de esta clase en adultosnormales y sanos. Sin embargo, el informe señalabaque muchas muertes atribuidas a las armas Taserimplicaban una exposición múltiple o prolongada, yrecomendaba que se evitase este tipo de uso. Elestudio indicaba asimismo la posibilidad de que losmárgenes de seguridad no fueran aplicables en niñosde corta edad, personas con enfermedadescardiacas, ancianos, mujeres embarazadas y otras“personas de riesgo potencial”.Amnistía Internacional siguió pidiendo a loscuerpos encargados de hacer cumplir la ley quesuspendieran el uso de estas armas o lo limitaranestrictamente a casos que representaran unaamenaza inmediata de muerte o de lesiones graves.Hubo denuncias sobre el uso excesivo de la fuerzapor la policía contra los manifestantes queparticipaban en el movimiento Ocupa Wall Street. EnOakland (California), la policía que intentó dispersar alos manifestantes en octubre y noviembre fueacusada de lanzar indiscriminadamente gaslacrimógeno, bolsas de perdigones y granadas deaturdimiento contra multitudes en su mayoríapacíficas, y de usar porras, causando lesiones gravesal menos a dos personas. Al finalizar el año estabatramitándose una demanda civil sobre el caso. EnTulsa (Oklahoma) y Seattle (Washington), la policíausó pulverizadores de pimienta contra manifestantesno violentos.Tres varones, dos de ellos adolescentes, murieronpor disparos en sendos incidentes con policías de laPatrulla de Fronteras estadounidense por lanzarpresuntamente piedras contra los agentes en lafrontera de Estados Unidos con México. Según losinformes, dos de ellos estaban en territorio mexicanoy fueron tiroteados desde el otro lado de la frontera.Al finalizar el año estaba aún pendiente unainvestigación del Departamento de Justiciaestadounidense sobre la muerte por disparos deSergio Adrián Hernández Güereca, de 15 años,ocurrida en circunstancias similares en 2010.Condiciones de reclusiónMiles de reclusos de California realizaron una huelgade hambre en julio y octubre para protestar por lacrueldad de las condiciones de aislamiento de lasUnidades Especiales de Seguridad (SHU) del estado.EInforme 2012 Amnistía Internacional191

EEn la SHU de la prisión estatal de Pelican Bay, másde un millar de presos permanecían confinados 22horas y media al día en celdas sin ventanas, encondiciones que, según declaró un tribunal en 1995,“podrían superar los límites de lo que la mayoría delos seres humanos puede tolerar psicológicamente”.Cuando se realizó la huelga de hambre, más de500 presos de Pelican Bay habían estado al menos10 años en estas condiciones, y 78 habían pasado20 años o más en la SHU. Al finalizar el año seestaban estudiando varias reformas, incluida lamodificación de los procedimientos para asignar apresuntos miembros de bandas al confinamientoindefinido en una SHU. Amnistía Internacional seunió a otras entidades en la condena de las medidasdisciplinarias adoptadas contra los presos en huelgade hambre y para pedir que se pusiera fin a lascondiciones inhumanas. Había miles de reclusos mássometidos al régimen de aislamiento en condicionessimilares en otros estados, como Arizona y Texas.Bradley Manning, soldado estadounidenseacusado de filtrar documentos a Wikileaks, pasó losprimeros 11 meses de su detención confinado en unacelda de aislamiento de un centro del Cuerpo deMarines en Quantico (Virginia). Sus condiciones dereclusión mejoraron tras su traslado en abril a uncentro militar de seguridad media donde se lepermitía relacionarse con otros presos preventivos.El 16 de diciembre se inició una vista preliminarsobre los cargos formulados contra él.Derechos de la infanciaEn marzo, Estados Unidos comunicó al Consejo deDerechos Humanos de la ONU que apoyaba losobjetivos de la Convención sobre los Derechos delNiño, así como las recomendaciones formuladas porotros gobiernos durante el proceso del examenperiódico universal respecto a que Estados Unidosratificara la Convención. Al finalizar el año, EstadosUnidos seguía siendo uno de los únicos dos paísesdel mundo que no habían ratificado este tratado; elotro era Somalia.En agosto, el caso de Jordan Brown fue trasladadoa un tribunal de menores para ser juzgado enPensilvania. Durante los dos años y medio anterioreshabía existido la posibilidad de que fuera juzgadocomo un adulto y condenado a cadena perpetua sinposibilidad de libertad condicional por un delitocometido cuando tenía 11 años.En noviembre, la Corte Suprema de EstadosUnidos acordó estudiar la posibilidad de prohibir laimposición de cadena perpetua sin posibilidad delibertad provisional para los delitos de homicidiocometidos por menores de 18 años; no se esperabaque la Corte dictara su resolución hasta mediados de2012. En 2010, la Corte prohibió la imposición dela cadena perpetua sin posibilidad de libertadcondicional para los delitos que no fueranhomicidio cometidos por menores de 18 años.Derechos de las personas migrantesEn septiembre, una jueza federal bloqueótemporalmente varios apartados de una ley deAlabama sobre personas migrantes indocumentadas.Otros artículos se confirmaron, incluido el que exigíaque la policía estatal y local comprobase la situaciónmigratoria de una persona durante los controles detráfico rutinarios si existían “sospechas razonables”de que se trataba de un migrante en situaciónirregular. Al finalizar el año, el Departamento deJusticia y varios grupos confesionales y de defensa delas libertades civiles habían recurrido la ley, la másestricta de su clase confirmada en el país hasta lafecha. Se presentaron recursos ante las cortesfederales contra leyes similares contra la inmigraciónen Georgia, Carolina del Sur, Indiana y Utah.Derecho a la salud: mortalidad maternaCientos de mujeres siguieron muriendo por causasprevenibles derivadas del embarazo. No huboavances en los objetivos fijados por el gobiernopara reducir la mortalidad materna y persistían lasdesigualdades en función del origen racial o étnico,el lugar de residencia y los ingresos. Durante elaño se presentaron ante el Congreso variosproyectos de ley para abordar las desigualdades enmateria de salud, conceder subvenciones a losestados para crear juntas de revisión de lamortalidad y promover las buenas prácticas. Alfinalizar el año ninguno de ellos se habíaconvertido en ley.Continuaron los recursos ante los tribunales contrala ley de reforma de la asistencia médica de 2010.Pena de muerteSe ejecutó a 43 presos –todos ellos varones– enEstados Unidos durante el año, todos por inyecciónletal. Eso elevaba a 1.277 el número de personas192 Informe 2012 Amnistía Internacional

ejecutadas en el país desde que la Corte Supremalevantó la suspensión de la pena de muerte en 1976.En marzo, Illinois se convirtió en el decimosextoestado abolicionista de Estados Unidos. Ennoviembre, el gobernador de Oregón dictó unasuspensión de las ejecuciones en el estado y pidióuna “reevaluación largo tiempo pendiente” delsistema de pena capital.En noviembre, el estado de Idaho llevó a cabo suprimera ejecución en 17 años. Eddie Powell fue ejecutado en Alabama el 16 dejunio pese a la existencia de pruebas de que padecíacierto grado de “discapacidad intelectual”, lo queconvertía su ejecución en inconstitucional. El ciudadano mexicano Humberto Leal García fueejecutado en Texas el 7 de julio. Dado que se le habíandenegado sus derechos consulares tras la detención, suejecución violó tanto el derecho internacional como unaorden vinculante de la Corte Internacional de Justicia. Troy Davis fue ejecutado en Georgia el 21 deseptiembre pese a que existían serias dudas sobre lafiabilidad de su declaración de culpabilidad. Laejecución se llevó a cabo a pesar de los cientos demiles de peticiones de indulto. Manuel Valle fue ejecutado en Florida el 28 deseptiembre después de pasar tres décadas en el“corredor de la muerte”.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional asistió en calidad de observadoraa las actuaciones de una comisión militar en Guantánamo en noviembrey estuvo en Estados Unidos en febrero, julio y noviembre, ocasiones en quevisitó módulos de aislamiento penitenciarios de Califormia, comoel de Pelican Bay. Estados Unidos: Mirar para otro lado. El gobierno aparta la miradamientras los jueces dictan resoluciones sobre la tortura y otros abusos(AMR 51/005/2011) USA: Digging a deeper hole – Administration and Congress entrenchinghuman rights failure on Guantánamo detentions (AMR 51/016/2011) Crueles condiciones para los presos preventivos bajo custodia federalen Estados Unidos (AMR 51/030/2011) Estados Unidos: Cien años en régimen de aislamiento. Los “tres deAngola” y su lucha por la justicia (AMR 51/041/2011) USA: Remedy blocked again – Injustice continues as Supreme Courtdismisses rendition case (AMR 51/044/2011) USA: An embarrassment of hitches – Reflections on the death penalty,35 years after Gregg v. Georgia, as states scramble for lethal injectiondrugs (AMR 51/058/2011) “Aquí es donde voy a estar cuando muera”: Estados Unidos. Menorescondenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional(AMR 51/081/2011) USA: Amnesty International calls for urgent reforms to Californiasecurity housing units as prison hunger strike resumes (AMR 51/085/2011) USA: Guantánamo – A decade of damage to human rights(AMR 51/103/2011) USA: Deadly Delivery: The Maternal Health Care Crisis in the USA,One Year Update, Spring 2011 (AMR 51/108/2011)ETIOPÍAREPÚBLICA DEMOCRÁTICA FEDERAL DE ETIOPÍAJefe del Estado:Girma Wolde-GiorgisJefe del gobierno:Meles ZenawiPena de muerte:retencionistaPoblación:84,7 millonesEsperanza de vida:59,3 añosMortalidad infantil (‹5 años): 104,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:29,8 por cientoA consecuencia de la represión ejercida contra lalibertad de expresión, decenas de periodistas ymiembros de la oposición política fueron detenidos yacusados formalmente de terrorismo, traición y otrosdelitos. La legislación represiva impedía de hecho elfuncionamiento de las organizaciones de derechoshumanos. Se arrendaban grandes extensiones detierra a empresas extranjeras, lo que causaba eldesplazamiento en gran escala de las poblacioneslocales. Continuaba la construcción de una presaque podía afectar a las vidas de medio millón depersonas.Información generalEl 28 de mayo, el Frente Democrático Revolucionariodel Pueblo Etíope conmemoró el 20 aniversario de sullegada al poder. En la capital, Addis Abeba, se celebróuna manifestación progubernamental, de asistenciaobligatoria para los funcionarios públicos. El gobiernotomó medidas para garantizar que las protestaspacíficas planeadas en su contra no tuvieran lugar.Etiopía se vio afectada por la sequía que asoló laregión. Se tuvo noticia de grave escasez de alimentos,sobre todo en las regiones de Somali y Oromia.EInforme 2012 Amnistía Internacional193

EContinuaron las escaramuzas entre fuerzasgubernamentales y grupos armados de oposición envarias partes del país, incluidas las regiones deSomali, Oromia, Afar y Tigré.En febrero se celebraron elecciones para cubrirmiles de escaños en los consejos de distrito, locales ymunicipales. La oposición anunció que boicotearía laselecciones por entender que los resultados estabandeterminados de antemano.En noviembre y diciembre, las fuerzas armadasetíopes hicieron incursiones en Somalia.Libertad de expresiónLas autoridades utilizaron cargos penales yacusaciones de terrorismo para silenciar la disidencia.Se detuvo a un gran número de periodistasindependientes y miembros de partidos políticos deoposición como sospechosos de cometer delitosterroristas, en muchos casos tras haber escritoartículos en los que se criticaba al gobierno, haberreclamado reformas o haber solicitado permiso paracelebrar manifestaciones. A los detenidos se les negóel acceso pleno y sin demora a abogados y familiares. En marzo y abril, al menos 250 miembros ysimpatizantes de los partidos opositores MovimientoDemocrático Federalista Oromo (OFDM) y CongresoPopular Oromo (OPC) fueron detenidos en la región deOromia. Muchos de ellos habían sido miembros delParlamento o de la Asamblea Regional. Según losinformes, algunos fueron objeto de desapariciónforzada después de su detención. En junio se detuvo a los periodistas Woubshet Taye yReyot Alemu, y también a Zerihun Gebre-Egziabher yDejene Tefera. Estos dos últimos eran miembros delopositor Partido Democrático Nacional Etíope. En julio se detuvo a los periodistas suecos MartinSchibbye y Johan Persson en la región de Somali.Ambos habían entrado ilegalmente en el país parainformar sobre el conflicto en curso en la región. En agosto y septiembre se detuvo a otros nuevemiembros del Movimiento Democrático FederalistaOromo y el Congreso Popular Oromo. Dos de ellos–Bekele Gerba y Olbana Lelisa– fueron detenidos unosdías después de reunirse con una delegación deAmnistía Internacional. En septiembre se detuvo al menos a siete miembrosde partidos de la oposición y dos periodistas, entre elloslos ex presos de conciencia Eskinder Nega y AndualemArage.Para noviembre se habían presentado cargos dedelitos relacionados con el terrorismo contra 107 delos periodistas y miembros de la oposiciónmencionados supra. Otros 6 periodistas, 2 miembrosde la oposición y un defensor de los derechoshumanos –todos en el exilio– fueron acusadosformalmente in absentia. Al parecer, todos fueronenjuiciados por sus actividades pacíficas y legítimas.En diciembre, Martin Schibbye y Johan Perssonfueron declarados culpables y condenados a 11 añosde prisión.En septiembre, otro periodista huyó del país trasmencionarse su nombre en un cable de Wikileaks yser citado para proceder a su interrogatorio porfuncionarios gubernamentales y policías federales. Ennoviembre cerró el periódico independiente AwrambaTimes, y otros dos periodistas huyeron del país trasrecibir amenazas de detención.En mayo, funcionarios gubernamentales ydirigentes de sindicatos de prensa controlados por elgobierno perturbaron el desarrollo de un actoorganizado por la UNESCO para celebrar el DíaMundial de la Libertad de Prensa, impidieron laparticipación de periodistas independientes eimpusieron a un moderador perteneciente a laempresa de radiodifusión patrocinada por el Estado.Muchas emisoras de radio, emisoras de televisiónpor satélite, sitios web de noticias y sitios web deorganizaciones de derechos humanos fueronbloqueados, entre ellos Al Yazira, Voz de América, latelevisión por satélite ESAT, el sitio web de noticiasAddis Neger y el sitio web de Amnistía Internacional.Detención y reclusión arbitrariasCientos de oromos fueron detenidos, acusados deapoyar al Frente de Liberación Oromo. En muchoscasos no se respetaron sus derechos. Muchosestuvieron recluidos arbitrariamente sin cargos nijuicio. En abril, según los informes, numerosos estudiantesfueron detenidos en las universidades de Jimma,Haromaya y Nekemte. Algunos protestaban por otrasdetenciones practicadas en Oromia. En diciembre, 135 oromos fueron detenidos, entreellos miembros de los partidos Congreso PopularOromo y Movimiento Democrático Federalista Oromo.Según los informes, también se detuvo y se recluyóarbitrariamente a muchos civiles en la región deSomali como sospechosos de apoyar al Frente194 Informe 2012 Amnistía Internacional

Nacional de Liberación de Ogadén (ONLF). Serecibieron frecuentes denuncias de tortura yejecuciones extrajudiciales de detenidos en la región.Se creía que un gran número de oromos y somalíesdetenidos en años anteriores continuaban recluidosarbitrariamente en sus respectivas regiones y enAddis Abeba. La falta de transparencia impedíaverificar las cifras de personas recluidas. Un empleado local de la ONU, detenido a finalesde 2010, continuaba recluido arbitrariamente en Jijiga,según los informes en un intento de forzar el retorno desu hermano, exiliado en Dinamarca, que estabaacusado de implicación con el Frente Nacional deLiberación de Ogadén.Tortura y otros malos tratosSe recibieron denuncias frecuentes de tortura bajocustodia.Un número considerable de los 107 miembros dela oposición y periodistas mencionados supradenunciaron tortura u otros malos tratos durante losinterrogatorios en el centro de detención deMaikelawi. Los detenidos denunciaron palizas conobjetos tales como cables, tubos de metal y muebles.También denunciaron suspensión por las muñecas,privación del sueño y reclusión en régimen deaislamiento y en oscuridad total durante periodosprolongados. Muchos denunciaron haber sidoobligados a firmar confesiones y otros documentosque se presentarían como pruebas en su contra.También se denunció durante el año el uso delugares de detención no oficiales, donde según losinformes los detenidos recibían brutales palizas y eransometidos a otras formas de malos tratos.Defensores y defensorasde los derechos humanosLas organizaciones de derechos humanos seesforzaban por desarrollar sus actividades en elmarco de las restricciones impuestas a su trabajo porla Proclamación sobre Entidades Benéficas ySociedades de 2009.En febrero, la junta directiva de la Agencia deEntidades Benéficas y Sociedades confirmó unadecisión anterior de congelar las cuentas bancariasde las dos principales organizaciones de derechoshumanos del país, el Consejo de Derechos Humanosy la Asociación Etíope de Abogadas, que apelaronante el Tribunal Superior. En octubre, el Tribunalconfirmó la decisión de la junta directiva en el casodel Consejo de Derechos Humanos.Desalojos forzososLos desalojos forzosos desplazaron a decenas demiles de personas en la región de Naciones,Nacionalidades y Pueblos del Sur, así como en lasregiones de Gambella, Oromia, Tigré y Somali. Sedetuvo a algunas personas que protestabancontra ellos.En febrero, el ministro de Agricultura anunció queel gobierno había reservado 3,9 millones de hectáreasde tierras de labranza para su arrendamiento ainversores extranjeros, incluidas 800.000 hectáreasen la región de Gambella. Más tarde se arrendarongrandes extensiones de tierra en Gambella, hechoque causó un importante desplazamiento ydeforestación generalizada.En febrero, según los informes, 15.000 personasfueron reasentadas en Gambella en aldeas de nuevaconstrucción, y la intención era trasladar a un totalde 45.000 familias (unas 225.000 personas) en unperiodo de tres años. El gobierno afirmó que elprograma de reasentamiento en nuevas aldeas noguardaba relación con el arrendamiento de tierras,sino que formaba parte de un proyecto diferentedirigido a mejorar el acceso a servicios básicos, yque la mayoría de las personas eran reasentadasvoluntariamente. Sin embargo, con frecuenciatrascendió que la mayoría de las personaseran trasladadas por la fuerza y las nuevas “aldeas”registraban graves carencias en cuanto a lasinstalaciones, infraestructuras y oportunidades desubsistencia prometidas.En abril, en el marco de las acciones prometidascontra la corrupción, se ordenó a 5.000 residentes deMekele, región de Tigré, que demolieran susviviendas porque la tierra en la que estabanconstruidas había sido arrendada ilegalmente porfuncionarios corruptos. Como respuesta a lasprotestas de los residentes, la policía, según losinformes, disparó gas lacrimógeno y recluyótemporalmente a unos 400 manifestantes. La mayoríaquedaron en libertad, pero cinco mujeressospechosas de haber organizado las protestas fueronobjeto, según los informes, de desaparición forzadadespués de su detención. Las demoliciones siguieronadelante en mayo, y dejaron sin hogar a unas15.000 personas.EInforme 2012 Amnistía Internacional195

EContinuó la construcción de la presa de Gibe III enel río Omo. En septiembre, el Comité de la ONU parala Eliminación de la Discriminación Racial pidió queEtiopía proporcionara información sobre las medidasadoptadas para llevar a cabo una evaluaciónindependiente de los efectos negativos dela construcción sobre los medios de vida de lapoblación local y que llevara a cabo una consultaadecuada con la población indígena. Algunosexpertos afirmaban que la presa podía causar eldesplazamiento de unas 200.000 personas en el valledel Omo y de cientos de miles en Kenia, causargraves problemas medioambientales, poner en peligrodos lugares declarados patrimonio de la humanidad yposiblemente provocar un conflicto transfronterizo. Enoctubre, según los informes, un centenar deindígenas fueron detenidos por oponerse a la presa.En octubre, según los informes, 60 personas de laregión de Naciones, Nacionalidades y Pueblos delSur fueron detenidas después de presentar unadenuncia al primer ministro en relación con elacaparamiento de tierras por parte de laadministración regional.Conflicto en la región de SomaliContinuaron las escaramuzas en el dilatado conflictoentre el Frente Nacional de Liberación de Ogadén ylas fuerzas gubernamentales.Según los informes, las fuerzas del gobierno y lasmilicias aliadas locales seguían cometiendoviolaciones de derechos humanos tales comoejecuciones extrajudiciales, detenciones en masa,reclusiones arbitrarias, tortura y violación. En octubrese informó de que el ejército estaba reasentando porla fuerza a miles de personas para que se pudieranrealizar prospecciones petroleras. Muchosinformes resultaban imposibles de verificar debido alas restricciones extremas para el acceso a la regiónde periodistas independientes y observadorestanto de los derechos humanos como de otrascuestiones.En mayo, un trabajador de la ONU resultó muerto yotros dos fueron secuestrados en la región, según losinformes por el Frente Nacional de Liberación deOgadén. Un empleado de la ONU que negoció con elFrente en relación con la liberación de lossecuestrados fue detenido después y acusadoformalmente de delitos de terrorismo.Personas refugiadasEtiopía albergaba a más de 250.000 personasrefugiadas de países vecinos, al tiempo que exigía ladevolución de algunos refugiados etíopes en elextranjero.Etiopía seguía recibiendo a un gran número derefugiados de la vecina Eritrea y a eritreos devueltosde otros países, entre ellos al menos 212 expulsadosde Egipto. Decenas de miles de refugiados entraronen Etiopía, huyendo de la crisis humanitaria deSomalia y de los combates en el estado sudanés deNilo Azul. Se abrieron nuevos campos de refugiadospara alojar a las personas que llegaban.Sudán, Yibuti y Somalilandia devolvieron a Etiopía arefugiados etíopes durante el año, todos ellosa petición del gobierno etíope, según los informes.Las personas retornadas corrían el riesgo de sufrirreclusión arbitraria y tortura.Violencia entre comunidadesEn marzo estallaron enfrentamientos entremusulmanes y cristianos en Jimma, región deOromia, desencadenados por la presunta profanaciónde un ejemplar del Corán. Una persona murió, almenos 34 iglesias cristianas y 16 viviendas privadasfueron incendiadas, y miles de residentes se vierondesplazados temporalmente. El gobierno informó deque se habían presentado cargos de instigación alodio y la violencia religiosos contra 130 sospechosos.Informes y visitasde Amnistía Internacional Una delegación de Amnistía Internacional visitó Etiopía pero fueexpulsada del país en agosto. Justice under fire: Trials of opposition leaders, journalists and humanrights defenders in Ethiopia (AFR 25/002/2011) Ethiopia: Submission to the United Nations Human Rights Committee(AFR 25/003/2011) Ethiopia: Briefing to the UN Committee on the Elimination ofDiscrimination against Women (AFR 25/004/2011) Dismantling dissent: Intensified crackdown on free speech in Ethiopia(AFR 25/011/2011)196 Informe 2012 Amnistía Internacional

FEDERACIÓN RUSAFEDERACIÓN RUSAJefe del Estado:Dimitri MedvedevJefe del gobierno:Vladimir PutinPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:142,8 millonesEsperanza de vida:68,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 12,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,6 por cientoHubo manifestaciones generalizadas y se detuvo acientos de manifestantes pacíficos tras loscontrovertidos resultados electorales de diciembre.Durante el año fueron frecuentes las violaciones dela libertad de reunión en el contexto de protestas pormotivos políticos, sociales, medioambientales y deotra índole. Los medios de comunicación siguieronfuncionando en un entorno restrictivo. Algunosmiembros de minorías religiosas fueron perseguidos,y persistía la preocupación por el uso arbitrario de lalegislación contra el extremismo. Continuaron laspresiones sobre periodistas y defensores ydefensoras de los derechos humanos, y no huboprogresos en la mayoría de las investigaciones sobreataques perpetrados en el pasado. Se siguieronrecibiendo denuncias de tortura generalizadas apesar de las reformas superficiales en la policía.Persistió la inestabilidad en el CáucasoSeptentrional y tanto los grupos armados como lasfuerzas de seguridad cometieron graves abusoscontra los derechos humanos.Información generalLos elevados precios del petróleo y el considerablegasto en medidas de estímulo económico permitieronque Rusia presentara al final del año unos índices decrecimiento relativamente estables. Sin embargo, lasprioridades declaradas del gobierno en las áreas de lamodernización constante, la lucha contra lacorrupción y la reforma del sistema de justicia penalapenas dieron resultados tangibles.En diciembre retornó al poder –con un porcentajede votos considerablemente reducido– el partidogobernante, Rusia Unida, tras unas eleccionesparlamentarias marcadas por denunciasgeneralizadas y numerosos casos documentados defraude electoral.Los resultados parecían indicar una reivindicacióncreciente de las libertades civiles y políticas y de losderechos sociales y económicos frente a losbeneficios de la estabilidad prometida –y en granmedida cumplida– por el “tándem” formado porPutin y Medvedev.Las manifestaciones tras las elecciones fueroncreciendo hasta convertirse en las de mayorparticipación en el país desde la desintegración de laUnión Soviética. Las protestas se nutrieron delcreciente compromiso cívico demostrado durante elaño por particulares, grupos de interés ycomunidades locales en torno a asuntos como lacorrupción, la reducción de las protecciones sociales,los abusos policiales y el medio ambiente.La televisión y otros medios de comunicacióncontinuaron informando de acuerdo con la líneaoficial. Las críticas duras contra las autoridadesprácticamente se limitaban a los medios impresos deescasa tirada y a Internet, cuya influencia continuóaumentando.Libertad de reuniónLas autoridades continuaron restringiendo la libertadde reunión de los movimientos de la sociedad civilcríticos con el gobierno, aunque permitieron que secelebraran algunas concentraciones callejeras,prohibidas en años anteriores. Se prohibieronnumerosas manifestaciones y varias personas queparticipaban en protestas políticas pacíficas fuerondetenidas repetidamente –algunas de formapreventiva, cuando se dirigían a la manifestación–y sometidas en muchos casos a detenciónadministrativa.En los días que siguieron a las controvertidaselecciones parlamentarias del 4 de diciembre secelebraron numerosas manifestaciones pacíficasespontáneas en todo el país. Se detuvo a más de unmillar de manifestantes, y más de un centenar fueronsometidos a detención administrativa en virtud deprocedimientos que solían incumplir las normas sobrejuicios justos. Las manifestaciones autorizadascelebradas los días 10 y 24 de diciembrecongregaron a más de 50.000 manifestantes enMoscú y a decenas de miles en otras partes del país,y transcurrieron pacíficamente.Los activistas de los derechos de lesbianas, gays,bisexuales y personas transgénero (LGBT) siguieronsiendo objeto de hostigamiento y ataques. En MoscúFInforme 2012 Amnistía Internacional197

Fy San Petersburgo, la policía frustró al instante losintentos de celebrar marchas del Orgullo y piquetesen favor de los derechos de la comunidad LGBT, quehabían sido prohibidos. Sergei Udaltsov, dirigente del Frente Izquierdista,fue detenido en más de una docena de ocasiones enMoscú al intentar protestar pacíficamente contra laspolíticas del gobierno. Fue declarado culpable enrepetidas ocasiones de delitos administrativos como“desobedecer los requerimientos de los agentes depolicía”, y terminó el año privado de libertad tras serdetenido el 4 de diciembre por participar en unaprotesta postelectoral.Libertad de expresiónContinuó el férreo control estatal sobre las emisionespor televisión y otros medios de comunicación.Internet siguió creciendo en importancia como fuente deinformación alternativa y como foro de intercambiode comentarios y opiniones. Aunque Internet semantenía relativamente libre de injerencias delEstado, varios sitios web y blogs muy conocidos queinformaban sobre abusos electorales fueroninutilizados mediante ataques, tanto antes de laselecciones parlamentarias de diciembre comoinmediatamente después.Prosiguieron las amenazas y agresiones físicascontra periodistas por escribir sobre asuntospolíticamente delicados, como la corrupción. Rara vezse investigaban eficazmente estos ataques o seprocesaba a sus autores.La legislación contra el extremismo se aplicó confrecuencia de manera arbitraria para reprimir aquienes criticaban a las autoridades. En respuesta, elTribunal Supremo dictó una resolución en junio en laque aclaraba que criticar a autoridadesgubernamentales o a políticos no constituía incitaciónal odio en virtud de dicha legislación. Las minoríasreligiosas como los grupos musulmanes notradicionales o los testigos de Jehová seguían siendoperseguidos. En la región de Arkhangelsk se aprobólegislación que prohibía la “difusión de propagandahomosexual entre menores de edad”. Unacontecimiento positivo fue la despenalización de ladifamación, al final del año. El 15 de diciembre, el destacado periodistaKhadzhimurad Kamalov, fundador y director delsemanario daguestaní independiente Chernovik,célebre por su línea informativa crítica, murió pordisparos ante su oficina en Majachkala, capital deDaguestán. El personal del semanario llevaba añossufriendo intimidación y acoso por parte de lasautoridades locales. La investigación sobre el ataque violento sufrido porel periodista Oleg Kashin en noviembre de 2010 nohabía dado resultados al final del año, a pesar de quelas máximas autoridades rusas habían prometido llevara los autores ante la justicia. Durante el año se acusó a varios seguidores delteólogo turco Said Nursi de pertenecer a laorganización Nurdzhular, considerada extremista yprohibida en Rusia. Algunos fueron condenados a lacárcel. Los acusados alegaron que nunca habían oídohablar de esa organización. En diciembre, Aleksandr Kalistratov, testigo deJehová, fue absuelto del cargo de incitación al odiocontra otros grupos religiosos por el Tribunal Supremode la república de Altai. Un tribunal inferior le habíaimpuesto una multa en octubre por distribuir folletossobre los testigos de Jehová.Defensores y defensorasde los derechos humanosLas restrictivas normas impuestas a las ONG en añosanteriores se suavizaron en cierta medida, y unadecisión del Tribunal Superior de Arbitraje levantóalgunas restricciones que pesaban sobre lafinanciación extranjera de las ONG. Pese a ello, losdefensores y defensoras de los derechos humanos ylos periodistas siguieron siendo objeto de acoso yamenazas por parte, entre otros, de los funcionarioscuya conducta indebida habían denunciado. Lamayoría de las investigaciones sobre casos dehomicidio y agresiones físicas contra defensores delos derechos humanos, periodistas y abogadossiguieron sin avanzar apenas. En junio, un tribunal de Moscú absolvió del cargo deinjurias y calumnias a Oleg Orlov, director del centrode derechos humanos Memorial. El presidente de laRepública Chechena, Ramzan Kadyrov, señalado porOleg Orlov como responsable del asesinato de NataliaEstemirova, recurrió contra la decisión; más adelanteen el año se retiraron los cargos al despenalizarse ladifamación. En julio, un grupo de defensores y defensoras de losderechos humanos publicó un informe sobre elasesinato de su compañera Natalia Estemirova,cometido en julio de 2009. En él se ponían de relieve198 Informe 2012 Amnistía Internacional

las numerosas omisiones e incoherencias de lainvestigación oficial y se llegaba a la conclusión de quelas pistas que relacionaban su asesinato confuncionarios encargados de hacer cumplir la leychechenos no se habían investigado exhaustivamente.Tras su publicación, el presidente del Comité deInvestigación prometió que se investigarían todas lasposibles pistas del asesinato de la defensora, pero altérmino del año no había revelado ningún dato nuevo. Una nueva investigación sobre el asesinato de laperiodista Anna Politkovskaya, perpetrado en 2006,dio lugar a la detención de otros dos sospechosos enjunio y agosto, uno de ellos por asesinato. Otros dospresuntos autores, uno de los cuales estaba entre losindividuos absueltos en 2009, continuabancumpliendo condena por otros delitos. Un tribunal de Moscú condenó en mayo a dosactivistas de ultraderecha –uno a cadena perpetua y elotro a 18 años de cárcel– por los asesinatos delabogado Stanislav Markelov y la periodista AnastasiaBaburova, cometidos en enero de 2009.Tortura y otros malos tratosLa nueva legislación sobre la policía, que entró envigor en marzo, introdujo la evaluación formal detodos los agentes y redujo su número. Pero nocontenía nuevas disposiciones sustantivas dirigidasa reforzar la rendición de cuentas de la policía o acombatir la impunidad por las violaciones dederechos humanos cometidas por funcionariosencargados de hacer cumplir la ley, y los beneficiosde esta legislación siguieron sin materializarse. Lasdenuncias de tortura y otros malos tratos seguíansiendo generalizadas. No se llevaban a caboinvestigaciones efectivas salvo en contadasocasiones, y las lesiones documentadas a menudose desechaban por considerarse resultantes del usolegítimo de la fuerza. Rara vez se procesaba conéxito a los agresores. Hubo informes generalizadosde privación de asistencia médica adecuada bajocustodia, una práctica que al parecer se utilizabapara obtener confesiones. Se recibieron frecuentesinformes sobre presos convictos sometidos aviolencia tanto por funcionarios de prisiones comopor otros internos poco después de su llegada a lacárcel. En septiembre comenzó el juicio de dos agentes depolicía por cargos de abuso de autoridad relacionados,entre otras cosas, con la detención ilegítima y la torturade Zelimkhan Chitigov en abril de 2010; era el primerode estos casos que llegaba a un tribunal en Ingusetia.Según informes, varias de las personas que habíandeclarado contra los dos agentes sufrieron unacampaña de presión e intimidación. Armen Sargsyan fue detenido por la policía el 18 denoviembre en la localidad de Orenburg comosospechoso de un robo; murió horas más tarde, segúnla policía como consecuencia de una insuficienciacardiaca aguda. La familia mostró fotografías delcadáver, que presentaba lesiones en la cabeza y otraspartes. Al final del año se había detenido a dos policíasen relación con la muerte, se estaba investigando aotros dos y se habían tomado medidas disciplinariascontra varios oficiales de mando.Juicios injustosA pesar de las iniciativas en curso para mejorar laeficiencia e independencia del poder judicial,siguieron conociéndose casos de juicios injustosdebido a presuntas injerencias políticas, corrupcióny connivencia de jueces, fiscales y funcionariosencargados de hacer cumplir la ley. En mayo, el Tribunal Municipal de Moscú ratificó lascondenas en segunda instancia de MikhailKhodorkovsky y Platon Lebedev. Su reiterada condenapor cargos que apenas se diferenciaban de lospresentados en juicios anteriores y tras unasactuaciones judiciales flagrantemente defectuosasllevó a Amnistía Internacional a considerarlos presos deconciencia. Aun teniendo en cuenta sus penasampliadas de cárcel, ambos tenían derecho a solicitarla libertad condicional a finales de 2011, y a ambosse la denegaron.Inseguridad en el Cáucaso SeptentrionalLa situación en materia de seguridad seguía siendoirregular e inestable en el Cáucaso Septentrional.Continuaron los ataques deliberados de gruposarmados contra funcionarios encargados de hacercumplir la ley y otro tipo de autoridades; la poblacióncivil se vio atrapada en el fuego cruzado y enocasiones fue blanco de ataques deliberados. Lasoperaciones de seguridad llevadas a cabo en toda laregión con frecuencia iban acompañadas de gravesviolaciones de derechos humanos. Se tuvo noticia deintimidación de testigos y también de hostigamiento yhomicidio de periodistas, abogados y activistas dederechos humanos.FInforme 2012 Amnistía Internacional199

FChecheniaEn Chechenia prosiguió la rápida reconstrucciónposterior al conflicto, con altos niveles de financiaciónfederal; pese a ello, el desempleo seguía siendo unproblema. Descendió la actividad de los grupos armadosen comparación con la registrada en otras regiones delCáucaso Septentrional. Las operaciones de los cuerposencargados de hacer cumplir la ley siguieron dandolugar a denuncias de graves violaciones de derechoshumanos. En una carta al Comité Interregional contra laTortura –ONG de derechos humanos–, un alto cargo dela fiscalía chechena reconoció que las investigacionessobre las desapariciones forzadas en Chechenia noeran efectivas.La comunidad local de derechos humanoscontinuó marcada por el asesinato no resuelto deNatalia Estemirova en 2009, y fue objeto deintimidación y acoso. El 9 de mayo, Tamerlan Suleimanov, mecánico deautomóviles, fue secuestrado a punta de pistola de sulugar de trabajo en Grozni por varios hombres a los quese creía agentes de policía. Según informes, los testigospresenciales ofrecieron un relato completo del sucesoa las autoridades. Aunque se abrió una investigaciónel 18 de mayo, el caso siguió sin resolverse. En junio, Supian Baskhanov y Magomed Alamov,ambos del Comité Interregional contra la Tortura,fueron detenidos tras la celebración en Grozni de unpiquete contra la tortura que contaba con autorizaciónoficial. Ambos recibieron reiteradas amenazasinformales por parte de policías a causa de su legítimalabor de derechos humanos. Prosiguió la investigación sobre la detención secretay presunta tortura infligida a Islam Umarpashaev poragentes de policía durante cuatro meses a partir dediciembre de 2009. Según informes, la familia de IslamUmarpashaev y el equipo federal encargado de lainvestigación recibieron amenazas directas de un altomando de la policía chechena. La policía local se negósistemáticamente a cooperar con la investigación,y los sospechosos continuaban desempeñandofunciones policiales. Durante el año, las autoridades chechenasdesalojaron de sus viviendas provisionales en Grozni amás de un centenar de familias desplazadas durante elconflicto. A muchas sólo las avisaron con 48 horas deantelación y no les ofrecieron alojamiento alternativo.Al parecer, algunas fueron obligadas por hombresarmados a firmar declaraciones de traslado voluntario.El resurgimiento de las “tradiciones chechenas”,activamente promovidas por el presidente de laRepública Chechena, Ramzan Kadyrov, favoreció elaumento de las desigualdades de género y de laindefensión de las mujeres y niñas frente a laviolencia sexual e intrafamiliar.Zarema –nombre ficticio– contó a AmnistíaInternacional que un familiar cercano la habíasometido sistemáticamente a abusos sexualesdurante varios años. En 2010 se casó y se trasladó aGrozni, pero su esposo la golpeaba. En junio de 2011intentó instalarse con su abuela, pero sus hermanosla entregaron a su esposo. Zarema pidió ayuda algran muftí –autoridad espiritual musulmana– y a lacomisión gubernamental de resolución de conflictosfamiliares, pero ambos le dijeron que obedeciera a suesposo. A finales de año, en avanzado estado degestación, abandonó el hogar y buscó escondite fuerade Chechenia por miedo a que, tras nacer el bebé, suesposo la entregara de nuevo a sus hermanos, quehabían prometido matarla.DaguestánLos grupos armados continuaron perpetrandoataques contra agentes de seguridad, funcionarios dela administración local y miembros destacados de lasociedad, incluidos mulás que predicaban el islamtradicional. Las operaciones para hacer cumplir la leydieron lugar a numerosos informes de desaparicionesforzadas, ejecuciones extrajudiciales y tortura. No seinvestigaron sin demora ni se enjuiciaron eficazmentelas violaciones de derechos humanos cometidas en elpasado con la presunta participación de agentes de laSeguridad del Estado. El 26 de agosto, los hermanos Zaur y KamilpashaGasanov fueron detenidos junto con su padre, Murad,cuando los tres trabajaban en el vecino territorio deStavropol. El padre quedó en libertad y Kamilpasha, alparecer, fue golpeado y luego abandonado a lasafueras de la ciudad ese mismo día. Zaur Gasanovpermaneció bajo custodia por sospecharse suparticipación en un ataque contra la policía y fuetrasladado a Daguestán, donde al parecer fue golpeadoy sometido a descargas eléctricas. Al principio leimpidieron reunirse con su abogado, según informescon el pretexto de que éste llevaba barba, y por tantopodía ser sospechoso de pertenecer a un grupoarmado. En mayo se impusieron condenas condicionales deprisión a tres agentes de policía acusados de torturar a200 Informe 2012 Amnistía Internacional

Makhmud Akhmedov, de 14 años, en julio de 2010.La familia del muchacho se quejó ante el tribunal dehaber sufrido hostigamiento e intimidación durante lainvestigación y la vista judicial, y consideró que laspenas dictadas eran demasiado leves. Tras unarevisión judicial, el caso se remitió para investigaciónadicional.IngusetiaLa seguridad parecía haber mejoradoconsiderablemente en Ingusetia en la primera partedel año. Sin embargo, en los meses posterioresaumentaron los ataques de grupos armados y lasnoticias sobre graves violaciones de derechoshumanos, especialmente desapariciones forzadas,perpetradas por agentes de los servicios deseguridad. Ilez Gorchkhanov desapareció el 21 de marzodurante un trayecto en automóvil. Según testigospresenciales, unos 15 hombres armados yenmascarados lo secuestraron en el centro de Nazran.Las autoridades ingusetias negaron toda participaciónen el secuestro. Su cadáver apareció el 19 de abril. El 23 de marzo, la policía dispersó a unos 80manifestantes que habían bloqueado una carretera enNazran para exigir la verdad sobre lo ocurrido a IlezGorchkhanov y el fin de las desapariciones forzadas.Ese mismo día, Magomed Khazbiev, activista de lasociedad civil, y sus dos hermanos fueron detenidos ensu domicilio de Nazran por “desobedecer órdenes de lapolicía” durante la protesta de Nazran. MagomedKhazbiev dijo que lo habían golpeado, y en imágenesde televisión emitidas por el canal CCTV se veía cómounos agentes con el rostro cubierto lo encerraban en elmaletero de un vehículo durante su detención.Kabardino-BalkariaEn febrero se registraron tres muertes comoconsecuencia de dos ataques perpetrados por gruposarmados contra objetivos civiles en un centro turísticode la zona de Elbrus. En las operaciones deseguridad que sucedieron a los ataques se detuvo amuchas personas y se dio muerte a decenas depresuntos miembros de grupos armados. Huboreiteradas denuncias de desaparición forzada ytortura a manos de funcionarios encargados de hacercumplir la ley. La familia de Murat Bedzhiev informó de sudesaparición el 25 de junio en Tyrnyauz. Al principio,las autoridades negaron su detención, pero dos díasmás tarde la confirmaron. Según un informe delhospital local, entre el 27 y el 28 de junio el centro dedetención llamó en tres ocasiones para que acudierauna ambulancia a atender al detenido, y el médicoconstató la presencia de contusiones y graves lesionesen la cabeza.Osetia del NorteHubo episodios esporádicos de violencia. Las fuerzasdel orden público locales y federales destinadas enOsetia del Norte lanzaron tanto en esa repúblicacomo en la vecina Ingusetia operaciones deseguridad que, según informes, dieron lugar anumerosas violaciones de derechos humanos. Según la información recibida, el 18 de marzo, en elpueblo de Chermen, los adolescentes RuslanTimurziev e Imeir Dzaurov fueron golpeados conculatas de fusil por unos 15 miembros del ejército enpresencia de varios testigos. Después de pasearse portodo el pueblo en dos pequeñas furgonetas, losmilitares se habían bajado de los vehículos y habíanorinado cerca de una casa particular. Cuando loschicos les recriminaron lo que estaban haciendo, losmilitares les propinaron tal paliza que ambos tuvieronque recibir tratamiento hospitalario. Sus progenitoresse quejaron repetidamente a las autoridades, pero fueen vano.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó la Federación Rusa en mayo y junio. Briefing to the Human Rights Committee on follow-up to the concludingobservations on Russia’s sixth periodic report under the InternationalCovenant for Civil and Political Rights (EUR 46/007/2011) Acallar a golpes a quien denuncia: Ataques a defensores y defensorasde derechos humanos y periodistas en la Federación Rusa(EUR 46/038/2011)FInforme 2012 Amnistía Internacional201

FFILIPINASREPÚBLICA DE FILIPINASJefe del Estado y del gobierno: Benigno S. Aquino IIIPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:94,9 millonesEsperanza de vida:68,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 33,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:95,4 por cientoBenigno “Noynoy” Aquino III inició su segundo añocomo presidente en junio. Continuaban saliendo a laluz casos de tortura, ejecuciones extrajudiciales ydesapariciones forzadas, y seguían sin resolversecentenares de casos registrados en el pasado. Enseptiembre comenzó el primer proceso penal portortura celebrado hasta la fecha. Hombres y mujerescontinuaron sufriendo graves restricciones a suderecho a la salud sexual y reproductiva, incluido elacceso a métodos anticonceptivos. En agosto,Filipinas ratificó el Estatuto de Roma de la CortePenal Internacional.Conflicto armado internoEn febrero, el gobierno comenzó las conversacionesde paz con los dos principales grupos armados deoposición: el Frente Moro de Liberación Islámica y elPartido Comunista de Filipinas-Nuevo Ejército delPueblo. Tras una disminución de las hostilidades, losenfrentamientos estallaron de nuevo meses después. En octubre comenzaron las hostilidades entre lasfuerzas armadas y el Frente Moro de LiberaciónIslámica en la isla meridional de Basilan, en lo queconstituyó el peor enfrentamiento desde el conflictode 2008-2009 en la isla de Mindanao. Se encomendóal comité conjunto para el cese de hostilidades la tareade investigar la afirmación del ejército de que el FrenteMoro de Liberación Islámica había capturado yejecutado sumariamente a 6 de los 19 soldadosmuertos en el enfrentamiento. Una incursión militarpara apresar a miembros del grupo armado Abu Sayyafrecurrió a bombardeos aéreos y ataques por tierra, loque provocó el desplazamiento de hasta 30.000 civiles.Según los informes, al menos un civil perdió la vida. En octubre, fuerzas del Nuevo Ejército del Puebloatacaron explotaciones mineras privadas en laprovincia de Surigao del Norte, en el norte deMindanao, y mataron a tres guardas de seguridad.Como respuesta, el presidente Aquino aprobó lapolítica del gobierno anterior de aumentar la seguridaden las explotaciones mineras privadas recurriendo a losservicios de milicias civiles. Estas milicias, queactuaban sin rendición de cuentas ni la necesariadisciplina militar, habían participado en casos detortura, detención arbitraria y homicidios de líderesindígenas locales.Homicidios ilegítimosPeriodistas y activistas políticos continuaban siendovíctimas de homicidios por motivos políticos. Ennoviembre, Estados Unidos anunció que retiraríaparte de su ayuda militar hasta que Filipinasavanzase en la resolución de las ejecucionesextrajudiciales. En febrero, unos hombres que afirmaron pertenecera la Agencia de Control de Drogas de Filipinassecuestraron a Rodel Estrellado, miembro del partidopolítico de izquierdas Bayan Muna, cerca de su casaen la provincia de Albay. Tras dos días de búsqueda, sufamilia encontró su cadáver en un tanatorio; lo habíanregistrado con un nombre falso. Varias horas antes delsecuestro, las fuerzas armadas habían hecho públicauna declaración en la que afirmaban que una personacon ese mismo nombre había muerto en unenfrentamiento armado en otra provincia. En mayo, elejército confirmó que nueve soldados, incluidos dosoficiales, habían sido acusados de su asesinato. Al menos tres periodistas fueron víctimas dehomicidio. Uno de ellos fue Gerardo Ortega, que murióen enero. Ortega trabajaba como locutor radiofónico enla isla de Palawan y se había opuesto a las operacionesmineras en la isla. La policía detuvo a un presuntopistolero y rastreó el arma hasta llegar a un exempleado del gobernador provincial Joel Reyes, al queOrtega había criticado por corrupción. En junio, elDepartamento de Justicia retiró los cargos de asesinatocontra el gobernador. Transcurridos dos años desde los hechos,continuaron los juicios de los presuntos autores de lamatanza de Maguindanao, en la que un grupo armadomató a 57 personas que acompañaban a una caravanaelectoral en la isla de Mindanao. La policía habíadetenido al menos a 93 sospechosos, incluidos variosex funcionarios locales, pero al final del año no se habíacondenado a nadie.202 Informe 2012 Amnistía Internacional

Desapariciones forzadasSeguían sin resolverse centenares de casos dedesapariciones forzadas. Según cifras publicadas enagosto por la organización Familias de Víctimas deDesaparición Involuntaria, el promedio anual dedesapariciones forzadas apenas habíacambiado desde el derrocamiento de FerdinandMarcos en 1986. El número de casos documentadosdurante sus 21 años de gobierno ascendía a 875,mientras que en los 25 años transcurridos desdeentonces se habían registrado 945. En julio, el Tribunal Supremo ordenó a las fuerzasarmadas que entregasen a Jonas Burgos, activista alque habían secuestrado en un centro comercial deManila en 2007, en un automóvil del que previamentese había incautado el ejército. En su informe al tribunal,la Comisión de Derechos Humanos recomendó que sepresentasen cargos penales contra un comandante alque un testigo había implicado en los hechos. En junio,al ver que el gobierno no había presentado cargoscontra el comandante, la madre de Burgos interpusouna querella. En julio, el Senado aprobó un proyecto de leyhistórico para tipificar como delito las desaparicionesforzadas. El proyecto, que se había presentado porprimera vez en 1995, estaba pendiente de aprobaciónen la Cámara de Representantes.Tortura y otros malos tratosPor primera vez se procesó a miembros de las fuerzasde seguridad con arreglo a la legislación penal contrala tortura. Sin embargo, continuaron recibiéndosedenuncias de tortura y otros malos tratos a manos delas fuerzas de seguridad. El procesamiento depresuntos delincuentes seguía dependiendo en granmedida de testimonios individuales, incluidasconfesiones obtenidas bajo coacción. En septiembre, la fiscalía abrió la primera causapenal con arreglo a la Ley contra la Tortura de 2009. ElDepartamento de Justicia recomendó que sepresentasen cargos penales contra un inspectorsuperior de policía y seis agentes. En un vídeo grabadocon un teléfono móvil en 2010 se veía al sospechoso derobo Darius Evangelista retorciéndose de dolor mientrasel inspector de policía tiraba de un cordón atado al penedel detenido; el vídeo fue emitido en un programainformativo de televisión en agosto de ese año. En agosto, cuatro soldados de una unidad especialdel ejército fueron detenidos en relación con laspresuntas torturas infligidas a Abdul Khan Ajid en julio.Fueron acusados de rociarlo con gasolina y prenderlefuego para obligarlo a confesar su pertenencia a AbuSayyaf. Los cuatro soldados, incluido un oficial, fueronrelevados de sus obligaciones en la provincia deBasilan, en espera de ser imputados.Detención y reclusión arbitrariasLos activistas pacíficos corrían peligro de serhostigados, detenidos y recluidos por las fuerzasarmadas en zonas en donde se habían desplegadobatallones. En febrero, oficiales del ejército detuvieron alperiodista Ericson Acosta en la provincia de Samar.Durante el interrogatorio al que lo sometieron en uncampamento militar lo amenazaron de muerte si noconfesaba ser dirigente del Partido Comunista deFilipinas, que ya no era ilegal. Posteriormente, losmilitares presentaron cargos contra Acosta por undelito que no admitía la posibilidad de fianza: posesiónilegal de explosivos. Aunque la Ley de Juicios Rápidosestablecía un máximo de 180 días desde la vistaincoatoria hasta la celebración del juicio, al terminarel año, cuando ya habían transcurrido 10 meses, elperiodista continuaba encarcelado sin juicio.Derechos sexuales y reproductivosLas políticas del gobierno sobre control de lanatalidad discriminaban a las mujeres y vulnerabansu derecho al disfrute del más alto nivel posible desalud, al restringir su acceso a los métodosanticonceptivos y a la información sobre planificaciónfamiliar. El aborto siguió penalizado en todas lascircunstancias, a menos que una junta médicacertificase que el embarazo ponía en peligro la vidade la mujer. Continuó en el Congreso el debate acercadel proyecto de ley sobre salud reproductiva, quepretendía eliminar los obstáculos y las prohibicionesexistentes en relación con los servicios y lainformación relativos a la salud reproductiva. En enero, las autoridades de un distrito de Manilaaprobaron una ordenanza que prohibía la educaciónsexual, los preservativos, las píldoras anticonceptivas yotros dispositivos anticonceptivos. La ordenanza exigíaprescripción facultativa para la comprade preservativos, e imponía sanciones por anunciarmétodos de control de la natalidad. En marzo, el presidente Aquino reconoció en undiscurso la magnitud de los abortos ilegales realizadosFInforme 2012 Amnistía Internacional203

Fen condiciones de riesgo en Filipinas y afirmó que cadaaño se practicaban 300.000 “abortos provocados”. Lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénerocontinuaban siendo objeto de violencia y discriminación;según Philippine LGBT Hate Crime Watch, en la primeramitad de 2011 se cometieron 28 homicidios motivadospor prejuicios contra este colectivo. El proyecto de leycontra la discriminación presentado en 1999 continuababloqueado en el Congreso.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Filipinas en abril, noviembre y diciembre. Making the fair choice: Key steps to improve maternal health in ASEAN(ASA 03/001/2011) Progress, stagnation, regression? The state of human rights in thePhilippines under Aquino (ASA 35/002/2011)FINLANDIAREPÚBLICA DE FINLANDIAJefa del Estado:Tarja HalonenJefe del gobierno:Jyrki Katainen(sustituyó a Mari Kiviniemi en junio)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:5,4 millonesEsperanza de vida:80 añosMortalidad infantil (‹5 años): 3,2 por cada 1.000Se conocieron nuevos datos sobre la posibleparticipación de Finlandia en los programas deentrega y detención secreta dirigidos por EstadosUnidos. Se sometió a trato injusto a personas sujetasa procedimientos acelerados de determinación delos casos de asilo, que a menudo fueron recluidas enlugares inadecuados. Los servicios destinados amujeres y niñas sobrevivientes de violencia seguíansiendo insuficientes.Personas refugiadas,solicitantes de asilo y migrantesEl procedimiento acelerado de determinación de loscasos de asilo aplicado en virtud de la Ley deExtranjería seguía sin garantizar protección adecuadaa los solicitantes, entre otras cosas porque norespetaba el derecho a interponer recurso contra elrechazo de la solicitud y permanecer en el país hastasu resolución.En enero, tras una sentencia del Tribunal Europeode Derechos Humanos según la cual el sistema deconcesión de asilo que aplicaba Grecia no eraefectivo, Finlandia dejó de devolver solicitantes deasilo a este país en aplicación del ReglamentoDublín II (véase el apartado sobre Grecia).En cambio se reanudaron las devoluciones aBagdad, Irak, a pesar de que para las personasafectadas existía un peligro real de sufrir persecuciónu otros perjuicios graves a su regreso allí.Las autoridades finlandesas no proporcionaronestadísticas completas y fiables sobre el número demigrantes irregulares y solicitantes de asilo detenidosdurante el año. Sin embargo, seguía preocupandoque muchas de estas personas estuvieran recluidasen centros de detención de la policía, lo queincumplía las normas internacionales. Muchasestaban en instalaciones mixtas para hombres ymujeres, junto a presuntos delincuentes. También serecluía a solicitantes de asilo menores de edad,incluso no acompañados.En junio, el Comité de la ONU contra la Torturaexpresó su preocupación por disposiciones de la Leyde Extranjería que permitían la reclusión preventiva deextranjeros si eran sospechosos de un delito.Violencia contra mujeres y niñasLas víctimas de violencia seguían sin contar conservicios de apoyo suficientes, debido en parte a lapersistente falta de legislación que obligara a losmunicipios a prestarles asistencia. Comoconsecuencia, no era posible cubrir sus necesidadesen todo el país, ya que sólo dos centros ofrecíanatención médica especializada a las víctimas deviolación y no existían centros de atención integral sincita previa.Además, las casas refugio para víctimas deviolencia intrafamiliar estaban financiadas por losservicios de protección infantil, por lo queprincipalmente acogían a mujeres con hijos y noaceptaban a mujeres con enfermedades mentales.Muchas personas vulnerables estaban expuestas asufrir más violencia aún por este motivo.Se expresó preocupación por el presupuesto de 14millones de euros propuesto para el Plan Nacional deAcción dirigido a prevenir la violencia contra las204 Informe 2012 Amnistía Internacional

mujeres, acordado en 2010. Las organizaciones de lasociedad civil argumentaron que no era suficientepara garantizar la aplicación íntegra y efectivadel Plan.Seguridad y medidas antiterroristasSe conocieron nuevos datos sobre aviones quehabían aterrizado en Finlandia entre 2001 y 2006 enrelación con los programas de entrega y detenciónsecreta dirigidos por Estados Unidos. Uno de elloshabía sido fotografiado en el aeropuerto deHelsinki-Vantaa el 20 de septiembre de 2004, elmismo día que, según los informes, había aterrizadoen Lituania. El gobierno lituano reconoció que sehabían establecido dos lugares secretos de la CIA enel país entre 2002 y 2004. Con anterioridad se habíarelacionado a Finlandia con tres vuelos de entrega ycon “planes de vuelo ficticios”.Justicia internacionalEn septiembre comenzaron las actuaciones ante elTribunal de Apelación de Helsinki sobre la causa deFrançois Bazaramba, que había sido declaradoculpable de crímenes de genocidio cometidos enRuanda en 1994. Algunas de las vistas se celebraronen Ruanda y Tanzania para facilitar la presentaciónde los testimonios de los testigos y permitir que losjueces visitaran los lugares relacionados con el caso.Presos de concienciaContinuó el encarcelamiento de objetores deconciencia al servicio militar por negarse a realizar elservicio civil alternativo, cuya duración seguíateniendo carácter punitivo y discriminatorio: 362 días,más del doble de los 180 que duraba el serviciomilitar.Informes y visitasde Amnistía Internacional Finlandia: Necesarias más investigaciones sobre vuelosestadounidenses para entregas extraordinarias (EUR 20/001/2011)FIYIREPÚBLICA DE LAS ISLAS FIYIJefe del Estado:Ratu Epeli NailatikauJefe del gobierno:Josaia Voreqe BainimaramaPena de muerte: abolicionista sólo para delitos comunesPoblación:0,9 millonesEsperanza de vida:69,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 17,6 por cada 1.000El gobierno militar, que continuaba en el poder,restringió gravemente la libertad de expresión,asociación y reunión pacífica. Las denuncias sobretortura y otros malos tratos eran habituales.Sindicalistas, personas críticas con el gobierno, yalgunos líderes religiosos estuvieron detenidosdurante breves periodos y fueron objeto deamenazas, intimidación o agresiones. La violenciaintrafamiliar y sexual contra mujeres y niñas seguíasiendo generalizada.Libertad de expresión, asociacióny reuniónEl Reglamento de Emergencia Pública, promulgadoen 2009, seguía vigente y se utilizaba para restringirla libertad de expresión y reunión pacífica. En julio, la policía interrogó e intimidó a VirisilaBuadromo, directora ejecutiva del Movimiento deDerechos de las Mujeres de Fiyi, porque no habíasolicitado autorización con arreglo al Reglamento deEmergencia Pública para mantener una reunióninterna de planificación. Posteriormente, la policíadisolvió la reunión. A comienzos de agosto, Daniel Urai, presidente de laCentral Sindical de Fiyi, y Dinesh Gounder, empleadodel sindicato de hostelería, fueron detenidos yacusados con arreglo al Reglamento de EmergenciaPública de mantener una reunión sin autorización;posteriormente quedaron en libertad bajo fianza. En agosto, la policía anunció que los hindúestendrían que solicitar autorización con arreglo alReglamento de Emergencia Pública para lacelebración de actos religiosos de más de 10 personas.Otros miembros de la sociedad civil tambiénsufrieron restricciones del derecho a la libertad deasociación y reunión pacífica. En agosto se prohibió el congreso de la iglesiametodista por no aceptar esta institución las exigenciasFInforme 2012 Amnistía Internacional205

Fdel gobierno de que algunos de sus líderes dimitiesen.Era la primera vez en cuatro años que el gobiernoautorizaba la celebración del congreso. El 15 de agosto, la policía revocó la autorización paraque la Central Sindical de Fiyi celebrase su reuniónperiódica en Nadi. En noviembre se prohibieron las reuniones delConsejo Provincial de Rewa tras declaraciones de sujefa suprema, Teimumu Kepa, en las que criticaba elgolpe de Estado de diciembre de 2006. En noviembre fueron detenidos los sindicalistas FelixAnthony y Daniel Urai, este último por hacer pintadasantigubernamentales en edificios públicos de lacapital. Daniel Urai fue acusado de sedición por“exhortar a la violencia política” y quedó en libertadbajo fianza. Felix Anthony quedó en libertad sin cargos.Tortura y otros malos tratos En febrero, Felix Anthony y Maika Namuduestuvieron detenidos durante un breve periodo en elcuartel Queen Elizabeth, donde, según informes,fueron golpeados por militares. El ejército mantuvo detenido al político Sam Speightdel 21 al 24 de febrero; según informes, lo golpearonhasta que quedó inconsciente. Sam Speight, que habíasido miembro del Consejo de Ministros durante elgobierno de Laisenia Qarase, depuesto en 2006,recibió tratamiento médico para las heridas enAustralia, en donde posteriormente solicitó asilo. En mayo se concedió asilo en Tonga a Tevita Mara,ex comandante del Tercer Batallón de Infanteríay miembro de la junta militar. Afirmó que el primerministro Frank Bainimarama (como se le solía conocer)y otros miembros de la junta militar habían golpeadobrutalmente a activistas de derechos humanos endiciembre de 2006. En septiembre, el sindicalista Kenneth Zinck solicitóasilo en Australia tras ser hostigado, junto con otrapersona de su familia, por miembros de las fuerzas deseguridad. Denunció que lo habían detenido ytorturado en tres ocasiones desde 2006.Violencia contra mujeres y niñasEl Centro de Crisis para Mujeres de Fiyi informó deque, en comparación con 2010, el número de casosde violencia intrafamiliar había aumentado en 2011.La policía afirmó que se había producido un fuerteincremento en las denuncias de violación, intento deviolación y violencia intrafamiliar en el tercer trimestredel año, en relación con el mismo periodo del añoanterior. También se recibieron informes de unaumento de la violencia sexual contra niñas y niñosen el ámbito familiar.Derechos laboralesEl Decreto de Industrias Nacionales Esenciales (Empleo)de 2011 entró en vigor en septiembre. Restringía elderecho a la negociación colectiva, limitaba gravementeel derecho a la huelga, prohibía los pagos por horasextra y anulaba los convenios colectivos de lostrabajadores en sectores clave de la economía, como laindustria azucarera, la aviación y el turismo.FRANCIAREPÚBLICA FRANCESAJefe del Estado:Nicolas SarkozyJefe del gobierno:François FillonPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:63,1 millonesEsperanza de vida:81,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 3,9 por cada 1.000La nueva institución del Defensor de los Derechosempezó a funcionar. La investigación de lasdenuncias de tortura y otros malos tratos, incluidasmuertes bajo custodia, aún era insuficiente.Continuaron los desalojos forzosos de romaníes.Entró en vigor la ley que prohibía vestir en públicocualquier prenda que ocultase el rostro. Muchossolicitantes de asilo quedaron sin hogar y en laindigencia.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesEn junio se designó el nuevo defensor de losDerechos en sustitución del mediador de laRepública, la defensora de la Infancia, la ComisiónNacional de Deontología de la Seguridad y la AltaAutoridad de Lucha contra la Discriminación y por laIgualdad. Persistió la preocupación de que lainstitución tendría dificultades para mantener losniveles de preparación e independencia que exigíanlas distintas funciones.206 Informe 2012 Amnistía Internacional

El 1 de junio entró en vigor la nueva ley sobredetención preventiva, que obligaba a informar alos detenidos de su derecho a guardar silencio y lespermitía contar con la asistencia de un abogado entodo momento durante la detención y elinterrogatorio. No obstante, el fiscal podía retrasarhasta 12 horas la presencia de un abogado por“razones imperiosas”, las entrevistas de los detenidoscon sus abogados seguían sin poder durar más de 30minutos y continuaba vigente el régimen especial dedetención preventiva para sospechosos de terrorismoo delincuencia organizada, en virtud del cual podíaretrasarse hasta 72 horas el acceso a un abogado.Tortura y otros malos tratosEl Código Penal seguía sin contener una definición detortura acorde con la Convención de la ONU contra laTortura y no se llevaron a cabo investigacionesinmediatas, independientes, imparciales y efectivassobre las denuncias de malos tratos a manos defuncionarios encargados de hacer cumplir la ley. El juicio de Arezki Kerfali por injurias a un agente depolicía –cargo que él negaba–, previsto para marzode 2011, fue aplazado hasta marzo de 2012. No seinvestigó su denuncia por malos tratos contra los policíasque lo habían detenido el 9 de junio de 2009 junto a suamigo Ali Ziri y que habían puesto a ambos bajocustodia. Ali Ziri había muerto a la mañana siguiente(véase infra) y Arezki Kerfali había estado ocho días debaja por incapacidad laboral como consecuencia de laslesiones sufridas bajo custodia de la policía. Al final delaño aún padecía un profundo trauma psicológico. Una jueza de instrucción examinó en septiembre ladenuncia de Lamba Soukouna contra varios agentesde policía por los malos tratos que le habían infligidoel 8 de mayo de 2008. Lamba Soukouna, aquejado deanemia drepanocítica –grave enfermedad genética–,afirmó que la policía le había dado una fuerte palizacerca de su casa en Villepinte, barrio periférico deParís, y que después del incidente había estado tresdías hospitalizado. Seguía pendiente una investigación.Muertes bajo custodiaLos avances en la investigación de muertes bajocustodia policial continuaron siendo escasos ypersistían los motivos de preocupación sobre laindependencia de esas investigaciones. En abril se realizaron exámenes complementariosque confirmaron que Ali Ziri, de 69 años, había muertobajo la custodia de la policía el 9 de junio de 2009 porfalta de oxígeno debido a las técnicas de inmovilizaciónque le habían aplicado y a sus repetidos vómitos. Endiciembre, la fiscalía de Pontoise solicitó el cierre delcaso, a pesar de que no se había interrogado a losagentes de policía implicados en la detención y eltraslado de Ali Ziri y Arezki Kerfali hasta la comisaría depolicía de Argenteuil. En abril se llevó a cabo la reconstrucción de ladetención de Abou Bakari Tandia durante la nochedel 5 al 6 de diciembre de 2004 en la comisaría depolicía de Courbevoie. Abou Bakari había entrado encoma mientras estaba detenido y había muerto en elhospital el 24 de enero de 2005. El Instituto MédicoLegal de París publicó un nuevo informe en junio queconfirmaba que Abou Bakari Tandia había muerto porfalta de oxígeno debido a la presión ejercida en supecho por un agente de policía. Sin embargo, la juezade instrucción solicitó en diciembre un sexto informemédico para determinar la causa de la muerte de AbouBakari Tandia. El abogado de la familia pidióposteriormente que se transfiriese el caso a lajurisdicción de otro tribunal. Al terminar el año, elagente que había inmovilizado a Abou Bakari Tandia nohabía sido interrogado y seguía en su puesto. También en abril se hizo la reconstrucción de ladetención de Mohamed Boukrourou, que habíamuerto en el interior de una furgoneta policial el 12 denoviembre de 2009 en el curso de su detención en lalocalidad de Valentigney. El informe de la autopsiaanterior concluía que la causa probable de su muertehabía sido un ataque al corazón, constataba lesionesque podían haber sido causadas por terceros ysolicitaba más exámenes médicos para esclarecer lascircunstancias. Al final del año no se había interrogadocomo sospechosos a los cuatro agentes implicados ensu detención. El defensor de los Derechos concluyóen diciembre que se había infligido “trato inhumano ydegradante” a Mohamed Boukrourou y solicitómedidas disciplinarias contra los cuatro agentes. En octubre se fijó para enero de 2012 la fecha deljuicio contra siete agentes de policía implicados en ladetención y el traslado de Abdelhakim Ajimi, muerto enmayo de 2008 durante su detención en la localidad deGrasse. Dos de los agentes estaban acusados dehomicidio involuntario y los otros cinco de faltade asistencia a una persona en situación de peligro. No avanzó la investigación de la muerte de LamineDieng, ocurrida el 17 de junio de 2007 en París duranteFInforme 2012 Amnistía Internacional207

Fsu detención. En octubre estaba previsto realizar un“careo” entre su familia y los agentes de policíaacusados, que ayudara a los investigadores a decidir sicontinuaban con el caso. Pero se suspendió porsegunda vez sin que mediara una explicación ni sefijara una nueva fecha. Lamine Dieng había sidoinmovilizado por los agentes de policía en la calle yposteriormente en un vehículo policial, donde habíaperdido el conocimiento y finalmente había muerto deasfixia mecánica. Los agentes seguían en activo alterminar el año.DiscriminaciónLas organizaciones de derechos humanos siguierondocumentando actos de discriminación contramiembros de minorías étnicas y religiosas.Continuó la discriminación de la comunidadromaní, así como el desmantelamiento de suscampamentos y viviendas improvisadas mediantepresuntos desalojos forzosos. El Comité Europeo deDerechos Sociales concluyó en junio que losdesalojos de campamentos romaníes a mediados de2010 habían tenido lugar “en un contexto dediscriminación étnica, que llevaba aparejada laestigmatización de la comunidad romaní, y decoacciones, en forma de amenaza de expulsióninmediata de Francia”, y que las expulsiones deromaníes a Rumania y Bulgaria realizadasen 2010 habían sido discriminatorias. El 1 de septiembre se llevó a cabo el desalojo forzosode entre 150 y 200 romaníes de sus casasimprovisadas en un campo de Saint-Denis, París, quea continuación fueron demolidas. La policíaantidisturbios vulneró el derecho a la libertad decirculación de los romaníes al obligarlos a tomar untranvía sin indicación de su destino.El Parlamento rechazó en junio una propuesta deley para legalizar el matrimonio entre personas delmismo sexo.El 11 de abril entró en vigor una ley que prohibíavestir en público cualquier prenda que ocultase elrostro. Un tribunal administrativo multó a dos mujeresel 22 de septiembre en aplicación de la nuevalegislación.A lo largo de 2011 se presentaron varias iniciativaspolíticas y legislativas para hacer valer el principio delaicismo. El ministro de Educación afirmó el 2 demarzo que los progenitores que acompañaban a losalumnos en las salidas escolares no podían llevarsímbolos religiosos. La misma prohibición se aplicabaa los adultos que cursaban formación profesional.Personas refugiadas,solicitantes de asilo y migrantesSe aprobó legislación que coartaba aún más losderechos de migrantes y solicitantes de asilo. ElParlamento aprobó en junio una ley sobre migraciónque elevaba de 32 a 45 días la duración máxima dela detención de migrantes irregulares en esperade expulsión. Además, si un grupo de 10 o mássolicitantes de asilo o migrantes irregulares erainterceptado cerca de la frontera francesa, la leypermitía su confinamiento durante un periodo dehasta 26 días en una “zona de espera”. Seestudiaban sus solicitudes de entrada en el resto deFrancia para pedir asilo y, si se consideraba que eran“manifiestamente infundadas”, se los devolvía a suspaíses de origen. Disponían de tan sólo 48 horas paraimpugnar la decisión, que podía impedirles presentaruna solicitud de asilo.Alrededor de dos tercios de los solicitantes de asilopresentes en Francia no tenían acceso a los centrosde acogida habilitados para ellos, lo que vulnerabasus derechos en virtud del derecho nacional y de laUnión Europea. Como consecuencia, muchos notenían hogar y vivían en la indigencia. Carecían depermiso de trabajo mientras se tramitaba su solicitud,y en la mayoría de los casos también se les denegabael permiso durante el proceso de apelación.El ministro del Interior afirmó en agosto que elobjetivo de expulsar a 30.000 migrantes irregulares,de alcanzarse, sería “el mejor dato históricamenteregistrado en Francia”. En octubre anunció quecumpliría ese objetivo.En abril, la junta directiva de la Oficina Francesa deProtección de Refugiados y Apátridas añadió Albaniay Kosovo a la lista de países de origen “seguros” parasolicitantes de asilo. Las solicitudes de personasprocedentes de países “seguros” se estudiaban conarreglo a un procedimiento acelerado; estossolicitantes podían ser devueltos antes de que sehubiera examinado su recurso de apelación. Elministro del Interior anunció en noviembre unareducción del presupuesto para asilo y la ampliaciónde la lista de países de origen “seguros”, y afirmó queel sistema de asilo francés estaba “en peligro” al serutilizado por migrantes económicos para entrar ypermanecer en Francia. En diciembre, la junta208 Informe 2012 Amnistía Internacional

directiva de la Oficina Francesa de Protección deRefugiados y Apátridas añadió Armenia, Bangladesh,Montenegro y Moldavia a la lista de países “seguros”.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Francia en mayo, junio, septiembrey octubre. France: Authorities must stop forcibly evicting Roma(EUR 21/001/2011) France: Authorities must act swiftly to fully investigate suspectedarson attack on Roma squat in Paris (EUR 21/002/2011) France: ‘Our lives are left hanging’: Families of victims of deaths inpolice custody wait for justice to be done (EUR 21/003/2011)GAMBIAREPÚBLICA DE GAMBIAJefe del Estado y del gobierno:Yahya JammehPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:1,8 millonesEsperanza de vida:58,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 102,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:46,5 por cientoGambia continuaba restringiendo la libertad deexpresión. Se detuvo arbitrariamente y recluyó aopositores del gobierno, defensores y defensoras delos derechos humanos y periodistas. Las fuerzasde seguridad cometieron actos de tortura y otrosmalos tratos, y había casos sin resolver dedesaparición forzada.Información generalEl 24 de noviembre se celebraron eleccionespresidenciales. El presidente en ejercicio, YahyaJammeh, fue declarado vencedor, por lo que continuóen el poder, que ocupaba desde hacía ya 17 años.Los partidos políticos dispusieron de 11 días parahacer campaña.Detención y reclusión arbitrariasEl Servicio Nacional de Inteligencia, la policía y elejército fueron responsables de detenciones yreclusiones ilegales. Las personas detenidas casinunca recibían información acerca de sus derechos ode la razón de su detención o privación de libertad, yen muchos casos permanecían recluidas sin cargosdurante periodos superiores a 72 horas, lo quevulneraba lo dispuesto en la Constitución. La torturaseguía utilizándose de manera habitual para obtenerconfesiones y como castigo. En abril, Mouctar Diallo, estudiante de posgrado, fuedetenido por el Servicio Nacional de Inteligencia,acusado de terrorismo y de propagar la revolución deEgipto a Gambia. Tras pasar varios meses bajo arrestodomiciliario y luego unos días detenido, quedó enlibertad sin cargos en julio.Represión de la disidenciaNumerosos defensores y defensoras de los derechoshumanos, incluidos abogados y periodistas, fueronobjeto de detención y reclusión ilegítimas. En marzo, dos familiares del líder opositor exiliadoMai Fatty fueron detenidos y recluidos por exhibirmateriales de campaña de carácter político. El 7 de junio, Amadou Scattred Janneh, ex ministrode Información y Comunicación, fue detenido yrecluido en la Prisión Central del Estado (Mile 2) juntocon Michael C. Ucheh Thomas, Modou Keita y EbrimaJallow. A los cuatro se les acusó formalmente detraición, cargo que llevaba aparejada la penade muerte, por imprimir y distribuir camisetas con laconsigna “Fin de la dictadura ya”. Al terminar el año sujuicio estaba en curso. También se presentaron cargoscontra Ndey Tapha Sosseh, defensora de los derechoshumanos, pero en esas fechas estaba fuera del país. El 19 de septiembre, Moses Richards, abogado y exjuez del Tribunal Superior, fue declarado culpable de“dar información falsa a un funcionario público”y de “sedición” y condenado a dos años y medio dereclusión con trabajos forzados. En octubre quedó enlibertad en aplicación de un indulto presidencial. Edwin Nebolisa Nwakaeme, defensor de losderechos humanos de nacionalidad nigerianacondenado a seis meses de cárcel por dar informaciónfalsa a un funcionario público, fue excarcelado el 14 deenero y expulsado del país tras cumplir su condena.Libertad de expresiónLos periodistas y otros trabajadores de los medios decomunicación sufrían de manera habitual acoso,detenciones y amenazas de cierre, por lo que lesresultaba extremadamente difícil llevar a cabo su trabajo.GInforme 2012 Amnistía Internacional209

G En enero, Teranga FM, una de las últimas emisorasde radio independientes que emitía en Gambia, fuecerrada temporalmente por agentes de la seguridad delEstado. Más tarde se le permitió abrir de nuevo con lacondición, al parecer, de que dejara de hacer unrepaso de las noticias publicadas en la prensa. En julio, Nanama Keita fue detenido y acusadoformalmente de dar “información falsa” tras dirigir unapetición al presidente Jammeh en relación con supresunto despido injusto del periódico Daily Observer,del que era redactor jefe de Deportes. Huyó del paísluego de recibir amenazas de muerte que consideróprocedentes del gobierno. El periodista Seikou Ceesayfue detenido en octubre por actuar como garante deNanama Keita. La esposa de Seikou Ceesay tambiénfue detenida y estuvo recluida durante un breveperiodo. El gobierno no efectuó ningún pago en el caso deMusa Saidykhan, a quien el tribunal de la ComunidadEconómica de Estados del África Occidental (CEDEAO)concedió 200.000 dólares estadounidenses enconcepto de daños y perjuicios en diciembre de 2010.Musa Saidykhan, ex redactor jefe de The Independent,fue torturado tras asaltar agentes de la seguridad delEstado las oficinas del periódico en 2006, cerrarlo yencarcelar a su personal.Desapariciones forzadasEn octubre, el ministro de Justicia, Edward Gomez,afirmó en una entrevista con el periódico Daily Newsque el periodista desaparecido Ebrima Mannehestaba vivo “en algún lugar”. Ebrima Manneh,redactor del Daily Observer, propiedad del gobierno,fue detenido por miembros del Servicio Nacional deInteligencia en las oficinas del periódico el 11 de juliode 2006. Se lo vio por última vez en un hospital bajocustodia policial en julio de 2007. El gobierno nohabía cumplido todavía una sentencia del tribunal dela CEDEAO de julio de 2008 que ordenaba laliberación inmediata de Ebrima Manneh de lareclusión ilegítima y el pago de 100.000 dólaresestadounidenses en concepto de daños y perjuicios asu familia. El gobierno seguía negando todaintervención en su detención y desaparición.Pena de muerteEn 2011 se dictaron 13 condenas a muerte, lo queelevaba a 44 el número de personas en espera deejecución.En abril, el gobierno aprobó la Ley de Control deDrogas (enmienda) de 2011, que sustituía la pena demuerte por la de cadena perpetua para la posesiónde más de 250 gramos de cocaína o heroína.La pena de muerte estaba en vigor desde octubre de2010 para este delito, pero fue revocada paraadecuar la imposición de condenas a la Constituciónde 1997. También se introdujeron enmiendas, segúnlos informes, para eliminar la pena de muerte en laLey del Código Penal y en la Ley sobre Tráfico dePersonas de 2007, con el fin de hacerlas compatiblescon la Constitución de 1997.También en abril, el Tribunal de Apelacióndesestimó el recurso presentado por 7 de las 8personas condenadas a muerte en junio de 2010 trasun juicio manifiestamente injusto por conspirarpresuntamente para derrocar el gobierno.Condiciones de reclusiónLas condiciones en las prisiones de Gambia eranatroces. Las duras condiciones de reclusión en laPrisión Central del Estado (Mile 2) –hacinamiento,deficientes condiciones de salubridad y alimentacióninadecuada– constituían trato cruel, inhumano ydegradante.Informes y visitasde Amnistía Internacional Climate of fear continues: Enforced disappearances, killings andtorture in Gambia (AFR 27/001/2011) Detenciones en Gambia por distribuir camisetas (AFR 27/002/2011)GEORGIAGEORGIAJefe del Estado:Mijail SaakashviliJefe del gobierno:Nikoloz GilauriPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:4,3 millonesEsperanza de vida:73,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 29,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,7 por cientoLa policía hizo un uso excesivo de la fuerza paradispersar manifestaciones. Se llevaron a cabo210 Informe 2012 Amnistía Internacional

desalojos que no cumplieron las normasinternacionales. Persistía la preocupación en tornoa la independencia del poder judicial.Secuelas del conflicto armadoLas regiones escindidas de Abjasia y Osetia del Surcelebraron elecciones presidenciales el 26 de agostoy el 13 de noviembre, respectivamente. Lasautoridades georgianas y la comunidad internacionaldeclararon ilegítimos los comicios, que, en el caso deOsetia del Sur, estuvieron acompañados de protestas,noticias de creciente violencia y hostigamiento decandidatos de la oposición.La seguridad y libertad de circulación de lapoblación civil de las zonas afectadas por el conflictocontinuaban suscitando preocupación. Se registraronalgunos avances para lograr una mayor seguridad yhubo intercambio de detenidos gracias al Mecanismode Prevención de Incidentes y Respuesta, queacercaba posturas entre Georgia y Osetia del Sur ycontaba con mediación internacional. Sin embargo,según información recibida a lo largo del año, sedisparó, hirió y detuvo a civiles que presuntamentehabían cruzado de forma ilegal la línea fronterizaadministrativa entre Osetia del Sur y Georgia.Las autoridades de facto de Abjasia y Osetia delSur seguían negando a las personas desplazadasinternamente el derecho a regresar a sus lugaresoriginales de residencia en esas regiones.Personas internamente desplazadasEl gobierno dio prioridad a la necesidad deproporcionar una vivienda adecuada a lasaproximadamente 247.000 personas desplazadastras los conflictos armados de la década de 1990y 2008. Sin embargo, un programa gubernamentaldestinado a proporcionarles un alojamiento decarácter más permanente provocó varios desalojosforzosos que infringieron las normas nacionales einternacionales.Cientos de familias internamente desplazadas sevieron afectadas en Tiflis por varios desalojosforzosos. En la mayoría de los casos, los desalojos sellevaron a cabo sin que mediase una consultaadecuada, notificación previa ni acceso a recursosjurídicos. A las personas desalojadas se les ofrecíaalojamiento alternativo fuera de la capital,fundamentalmente en zonas rurales. No siempre serespetaban cuestiones relativas al derecho a unavivienda adecuada como el acceso a empleo y amedios de subsistencia sostenibles.Libertad de reuniónVarias protestas celebradas a lo largo del año fuerondispersadas violentamente. El 3 de enero, la policía disolvió de forma violentauna manifestación pacífica autorizada de decenas deveteranos de los conflictos armados de Georgia.Agentes de policía y personas vestidas de civilgolpearon a manifestantes y los introdujeron a rastrasen vehículos policiales. Unas imágenes de vídeotambién mostraban a un policía sin uniformegolpeando en la cara a una manifestante que intentabaalejarse. La policía detuvo a 11 personas por cargos devandalismo menor y desacato. El tribunal las condenóbasándose en declaraciones de policías y, segúninformes, sin haber visto las pruebas en vídeodisponibles. Impuso una multa de 400 laris(240 dólares estadounidenses) a cada una de ellas. Elagente de policía al que se veía en el vídeo golpear a lamujer fue despedido. Se inició una investigación, queal concluir el año no había arrojado ningún resultado. El 26 de mayo, la policía hizo un uso excesivo de lafuerza para dispersar una manifestaciónantigubernamental de unas 1.000 personas quepedían la dimisión del presidente Saakashvili. Lapolicía antidisturbios intervino a medianoche, justodespués de vencer el permiso para la concentración.Las imágenes de vídeo disponibles mostraban a lapolicía golpeando a manifestantes desarmados y queno ofrecían resistencia. Los agentes de policíainsultaron y agredieron físicamente a no menos de 10periodistas; a otros los detuvieron para interrogarlos yles destrozaron o confiscaron material. Cuatro hombresmurieron, incluido un policía, y decenas de personasresultaron heridas. El policía y un civil murieron tras seratropellados por un vehículo en el que una líder de laoposición se alejaba a toda velocidad del lugar.Más de 105 manifestantes fueron detenidos yposteriormente condenados a hasta dos meses decárcel por resistencia a la policía. Las familias de laspersonas detenidas no se enteraron de su arrestohasta dos días después, tras las investigacionesllevadas a cabo por el defensor del Pueblo.La investigación sobre la muerte de dosmanifestantes que fueron hallados en el tejado de uncomercio cercano a la protesta concluyó que habíanmuerto tras sufrir una electrocución accidental. UnGInforme 2012 Amnistía Internacional211

Gpresunto testigo refutó esta versión afirmando quehabía visto a la policía llevarse detenido a unode ellos.El Ministerio del Interior emprendió unainvestigación interna sobre los acontecimientos del26 de mayo que dio lugar a varias sancionesadministrativas y a la destitución de cuatro agentesde policía por uso excesivo de la fuerza. Sin embargo,no se realizó ninguna investigación pública eindependiente ni se investigaron las acusaciones demalos tratos policiales.Las autoridades seguían sin llevar a caboinvestigaciones efectivas sobre las denuncias de usoexcesivo de la fuerza por parte de agentesencargados de hacer cumplir la ley durantemanifestaciones celebradas en 2009 y 2007.Sistema de justiciaTras visitar Georgia en junio, el Grupo de Trabajo de laONU sobre la Detención Arbitraria mostró supreocupación en relación con algunos aspectos delsistema de justicia, como la función de los fiscales, elíndice extremadamente bajo de absoluciones y el usoexcesivo de la prisión preventiva. El 26 de abril, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos falló que Georgia no había llevado a cabouna investigación efectiva sobre un destacado caso deasesinato en el que estaban implicados funcionariosdel Estado. El Tribunal concluyó que la investigaciónsobre la muerte de Sandro Girgvliani en 2006 carecíade “independencia, imparcialidad, objetividad y rigor”.Consideró especialmente preocupantes los intentos delMinisterio del Interior, la fiscalía, los tribunalesnacionales y el presidente de “impedir que se hiciesejusticia”. El Tribunal ordenó que el Estadopagase 50.000 euros (74.000 dólaresestadounidenses) a los padres de la víctima. SandroGirgvliani, de 28 años, había sido secuestrado ygolpeado hasta la muerte por funcionarios delMinisterio del Interior en enero de 2006, tras discutircon un grupo de altos funcionarios ministeriales en uncafé de Tiflis. No se abrió una nueva investigaciónsobre el caso.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Georgia en marzo. Uprooted again: Forced evictions of the internally displaced personsin Georgia (EUR 56/005/2011)GHANAREPÚBLICA DE GHANAJefe del Estado y del gobierno: John Evans Atta MillsPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:25 millonesEsperanza de vida:64,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 68,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:66,6 por cientoMiles de personas continuaban bajo la amenaza dedesalojo forzoso. El sistema de justicia penal seguíafuncionando con lentitud y en las cárceles seguíandándose condiciones de hacinamiento y escasez derecursos. Cuatro personas fueron condenadas amuerte; no hubo ejecuciones. Se recibieron informesde niveles elevados de violencia contra mujeres yniñas.Información generalLa Comisión de Revisión de la Constitución,inaugurada en enero de 2010 por el presidente Millscon el mandato de llevar a cabo consultas públicassobre la Constitución de 1992, publicó su informe endiciembre. Entre otras cosas recomendaba abolir lapena de muerte hacer cumplir directamente lasdecisiones de la Comisión de Derechos Humanos yJusticia Administrativa (CHRAJ) y aumentar lospoderes de la CHRAJ para emprender investigacionesen el ámbito de su mandato sin necesidad de unaqueja formal.Policía y fuerzas de seguridadSe recibió información sobre actos de violencia yhomicidios ilegítimos cometidos por la policía y lasfuerzas de seguridad. En junio, el Comité de la ONUcontra la Tortura manifestó su preocupación por laimpunidad en casos de brutalidad policial y usoexcesivo de la fuerza, así como por el reconocimientopor parte de las autoridades de que la probabilidadde que se dieran casos de tortura en los centros dedetención era alta.En febrero se acusó a la policía de disparar demanera indiscriminada en un intento de restablecerel orden en el campo de refugiados de Buduburam.Una persona resultó muerta, según los informes.212 Informe 2012 Amnistía Internacional

Sistema de justiciaContinuaron las largas demoras en los procedimientospoliciales y judiciales. El acceso a asistencia letradagratuita era insuficiente y muchos reclusospasaban años en espera de juicio. Las cárcelesestaban abarrotadas y carecían de recursos. Elgobierno acordó aumentar el presupuesto paraalimentos en las cárceles, pero al terminar el año estamedida no se había aplicado.Pena de muerteCuatro personas, entre ellas una mujer, fueroncondenadas a morir en la horca por asesinato. Alterminar el año, 138 personas se hallaban en esperade ejecución, entre ellas 4 mujeres. No se llevó acabo ninguna ejecución, y en diciembre la Comisiónde Revisión de la Constitución recomendóla abolición de la pena de muerte.Derecho a la viviendaEn enero, la Asamblea Metropolitana de Accraanunció un plan para demoler construcciones erigidasen las proximidades de las vías férreas en desuso deAccra, en el marco de un proyecto de renovación delos ferrocarriles que amenazaba con causar el desalojoforzoso de miles de personas. Al terminar el año no sehabía llevado a cabo ningún desalojo forzoso.En Old Fadama, el mayor asentamiento informal deGhana, situado en Accra, entre 55.000 y 79.000personas seguían viviendo sin seguridad de tenencia.En años anteriores, la Asamblea Metropolitana deAccra anunció repetidamente planes para demoler elasentamiento, pero al terminar el año el proceso nohabía comenzado. En septiembre, el presidente Millsse comprometió públicamente a no desalojar por lafuerza a las personas que vivían en Old Fadama, yafirmó que se estaban manteniendo conversacionespara reasentar a la gente.Violencia contra mujeres y niñasContinuaron los informes de elevados niveles deviolencia contra las mujeres y niñas en todo el país.En diciembre, un parlamentario fue detenido comosospechoso de haber violado a una niña de 12 años.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroContinuaron los abusos contra los derechos humanosde personas sospechosas de haber mantenidorelaciones sexuales con personas del mismo sexo.El 20 de julio, Paul Evans Aidoo, ministro para laRegión Occidental, ordenó a las fuerzas de seguridaddetener a todos los gays y lesbianas que hubiera en eloeste del país, y exhortó a los propietarios e inquilinosde viviendas a denunciar a toda persona a la queconsiderasen sospechosa de ser gay o lesbiana.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Ghana en julio y septiembre. ‘When we sleep, we don’t sleep’: Living under the threat of forcedeviction in Ghana (AFR 28/003/2011)GRECIAREPÚBLICA HELÉNICAJefe del Estado:Carolos PapuliasJefe del gobierno:Lucas Papademos(sustituyó a Yorgos Papandreu en noviembre)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:11,4 millonesEsperanza de vida:79,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 3,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:97,2 por cientoSe siguieron conociendo casos según los cualesfuncionarios encargados de hacer cumplir la leyhabían infligido malos tratos y hecho uso excesivo dela fuerza. Las personas detenidas con fines decontrol de la inmigración soportaron condiciones dereclusión inhumanas y degradantes. Los tribunaleseuropeos concluyeron que el sistema dedeterminación de los casos de asilo en Grecia no eraefectivo. Hubo una escalada de los ataques pormotivos raciales.Información generalPersistió la crisis económica y el país se sumió en unarecesión más profunda.En junio y octubre se celebraron variasmanifestaciones con antelación a la votaciónparlamentaria sobre un conjunto de medidas deausteridad. Además, de mayo a agosto, el movimientogriego de los “indignados” organizó sentadasGInforme 2012 Amnistía Internacional213

Gpacíficas contra esas medidas en las principalesplazas de la capital, Atenas, y en la ciudad deTesalónica.El 26 de octubre, los líderes de la eurozona y elFondo Monetario Internacional alcanzaron unacuerdo con las entidades bancarias y otrosacreedores para que éstos asumieran el 50 por cientode la pérdida del valor nominal de sus préstamos aGrecia. Tras la renuncia del primer ministro ynegociaciones intensas entre los principales partidospolíticos de Grecia, en noviembre se formó ungobierno de coalición transicional.Tortura y otros malos tratosPersistieron las denuncias de tortura y otros malostratos en los centros de detención de inmigrantes yen las comisarías de policía, en el momento de ladetención o durante el periodo de custodia.En enero se promulgó una ley que allanaba elcamino a la creación de un mecanismo de denunciascontra la policía. Sin embargo, no desaparecieron lasdudas sobre la independencia de este mecanismo yla eficacia de su mandato. En diciembre, un tribunal mixto con jurado deAtenas declaró a un ex agente de policía culpable detorturar con descargas eléctricas a dos jóvenes endistintas ocasiones en la comisaría de policía deAspropyrgos, en agosto de 2002. El tribunal le impusoseis años de cárcel, condena que en la vista deapelación pasó a ser condicional. En diciembre, en virtud de la disposición sobretortura del Código Penal, dos agentes de policía fuerondeclarados culpables de causar lesionesintencionadamente a dos refugiados afganos en AghiosPanteleimon, Atenas, en diciembre de 2004, y lesionesno intencionadas a otros cinco. Uno de los agentes fuecondenado a 5 años y 5 meses de prisión, y el otro,a 5 años. Ambas penas pasaron a ser condicionales enapelación. Varias ONG expresaron con preocupaciónque el tribunal había convertido el cargo inicial detortura, relativo al trato infligido a los dos refugiados, enun delito menor de violación de la dignidad humana,tipificado en la disposición sobre tortura del CódigoPenal.Hubo un gran número de denuncias de malostratos policiales durante manifestaciones.La policía se retiró en abril de la localidad deKeratea, escenario de enfrentamientos entre policías yresidentes que protestaban por la creación de unvertedero desde diciembre de 2010. Se recibióinformación sobre uso excesivo de gas lacrimógeno yotros agentes químicos por la policía, así comoacusaciones de malos tratos infligidos a habitantes dela localidad. Las autoridades informaron asimismosobre un gran número de lesiones causadas aagentes de policía.Fueron en aumento las denuncias de uso excesivode la fuerza –incluido el empleo de agentesquímicos– por parte de la policía durante lasmanifestaciones celebradas a lo largo del año contralas medidas de austeridad. Las protestas, pacíficas engeneral, desembocaron en violencia en variasocasiones cuando una minoría de alborotadores seenfrentó a la policía. Imágenes de vídeo, fotografías,informaciones de prensa y declaraciones de testigosapuntaban al uso reiterado de fuerza excesiva porparte de la policía –incluido el uso intensivo deagentes químicos– contra manifestantesmayoritariamente pacíficos en las manifestacionescelebradas los días 15, 28 y 29 de junio en Atenas.La Fiscalía de Atenas ordenó una investigacióncriminal sobre las denuncias. Según informes, la policía antidisturbios hizo usoexcesivo de la fuerza y empleó agentes químicos contraun gran número de manifestantes pacíficos el 11 demayo en la calle ateniense de Panepistimiou. Más de30 manifestantes solicitaron tratamiento en hospitales,sobre todo por lesiones en la cabeza, entre ellos 2 a losque habían herido de gravedad y que precisarontratamiento hospitalario adicional. Se inició unainvestigación criminal sobre el caso de Yiannis Kafkas,uno de los manifestantes gravemente heridos. El periodista Manolis Kypraios sufrió pérdida total dela audición cuando un agente antidisturbios lanzó unagranada paralizante delante de él mientras cubría lainformación sobre la manifestación del 15 de junio enAtenas. Se inició una investigación criminal ydisciplinaria sobre su caso. Al final del año, la Fiscalíade Atenas presentó cargos contra agentes de policíaaún no identificados por causar intencionadamentelesiones graves al periodista.Personas refugiadas,solicitantes de asilo y migrantesPersistieron las condiciones de reclusión inhumanas ydegradantes en los centros de detención deinmigrantes, especialmente en la región de Evros, asícomo la práctica de detener durante largos periodos a214 Informe 2012 Amnistía Internacional

solicitantes de asilo y migrantes irregulares, incluidosmenores de edad no acompañados.En marzo, el Comité Europeo para la Prevención dela Tortura dio el paso sin precedentes de condenarpúblicamente a Grecia por seguir sin tomar medidas,después de muchos años, para mejorar las pésimascondiciones de reclusión. La Gran Sala del Tribunal Europeo de DerechosHumanos dictó en enero un fallo histórico en la causade M.S.S. v. Belgium and Greece (véase el apartadosobre Bélgica) en el que establecía que a M.S.S.–solicitante de asilo afgano a quien las autoridadesbelgas habían devuelto a Grecia en aplicación delReglamento Dublín II– se le había negado unadeterminación efectiva de su solicitud debido a lasgraves deficiencias estructurales del procedimientogriego de asilo, y concluía que en Grecia no había unsistema efectivo de determinación de los casos deasilo. El Tribunal consideró que Grecia había violado elderecho del solicitante a un recurso efectivo y que suscondiciones de reclusión y su situación de miseria enGrecia tras quedar en libertad constituían tratodegradante y trato inhumano o degradante,respectivamente. En diciembre, en dos causasrelacionadas que tenían su origen en la crisis delsistema griego de concesión de asilo, el Tribunal deJusticia de las Comunidades Europeas reiteró que lossolicitantes de asilo transferidos a Grecia en virtud delReglamento Dublín II corrían peligro de sufrir allí gravesviolaciones de derechos humanos.En enero se promulgó legislación dirigida a lacreación de una autoridad para la determinación delos casos de asilo sin participación de la policía.Estaba previsto que empezara a funcionar en 2012.Hasta entonces siguió causando preocupación que lapolicía conservara su función de única autoridadresponsable del examen preliminar de las solicitudesde protección internacional.La nueva legislación disponía además elestablecimiento de “centros de primera acogida”, enlos que los ciudadanos de terceros países detenidospor “entrada irregular” en Grecia podían permanecerhasta 25 días detenidos. Sin embargo, entre otrascosas, no proporcionaba a las personas detenidas enestos centros un recurso efectivo que les permitieraimpugnar la legalidad de su detención ante untribunal.La construcción de una valla a lo largo de másde 10 kilómetros de la frontera de Grecia con Turquíaen la región de Evros, anunciada en enero, fue motivode profunda preocupación porque impediríafísicamente alcanzar la seguridad a las personas quebuscaban protección internacional.En septiembre y octubre, siete personas quehabían expresado su deseo de solicitar asilo fuerondevueltas a Turquía, según informes, en aplicacióndel acuerdo de readmisión firmado con este país y encontravención del principio de no devolución(non-refoulement).Persistió la preocupación por la prolongada esperaque soportaban los solicitantes de asilo en Atenas yTesalónica para poder presentar su solicitud.En febrero, 300 migrantes se declararon en huelgade hambre en ambas ciudades para protestar por susituación irregular y exigir su regularización, entreotras cosas. Continuaron en huelga durante 43 días ymuchos tuvieron que ser hospitalizados. Segúninformes, la huelga terminó cuando las autoridades ylos huelguistas llegaron a un acuerdo que incluía laexpedición de permisos de residencia temporal deseis meses de duración.Condiciones de reclusiónContinuaron los informes sobre graves problemas dehacinamiento y malas condiciones de reclusión enmuchas cárceles, entre ellas las de Chania,Korydallos y la prisión de mujeres de Thiva.En octubre, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos falló contra Grecia en relación con unasolicitud presentada en 2009 por 47 internos de laprisión de Ioannina (Taggatidis and others v. Greece)y resolvió que las condiciones en esta cárcelconstituían trato inhumano o degradante.RacismoSegún informes, la policía no protegió a ciudadanosde terceros países de los ataques de motivaciónracial.En junio, el ACNUR, la agencia de la ONU para losrefugiados, señaló una “peligrosa escalada de losepisodios de violencia racista indiscriminada contraextranjeros, basada únicamente en el color de su pielo su país de origen”. En concreto, se recibióinformación sobre ataques prácticamente diarios enciertas zonas de Atenas por parte de gruposultraderechistas contra migrantes, refugiados ysolicitantes de asilo en mayo y junio, tras sospecharsede dos migrantes en relación con el homicidio de unGInforme 2012 Amnistía Internacional215

Ghombre que se disponía a llevar a su esposa a lamaternidad. El 16 de septiembre, tres solicitantes de asiloafganos sufrieron un ataque presuntamente racista enel exterior de su casa, en el barrio ateniense de AghiosPanteleimon. Uno de ellos tuvo que ser hospitalizadotras ser apuñalado en el pecho. Tres personas fuerondetenidas en relación con el ataque y remitidas a laautoridad judicial para su procesamiento.Discriminación: romaníesContinuaron siendo motivo de preocupación lascondiciones de vida en muchos asentamientosromaníes en Grecia. En el pueblo de Examilia(Corintia), una comunidad formada por unos800 romaníes carecía, según informes, de acceso aagua potable, alcantarillado y electricidad y vivía encondiciones higiénicas atroces.La ONG Observador Griego de Helsinki informó deque los niños y niñas romaníes seguían sufriendosegregación o exclusión del sistema educativo envarias partes de Grecia. El Tribunal Europeo deDerechos Humanos –que en 2008 ya había concluidoque Grecia había excluido y posteriormentesegregado a los niños y niñas romaníes en la escuelade Aspropyrgos– comunicó a las autoridades dosdemandas relativas a la persistencia de lasegregación educativa del alumnado romaní en lasescuelas de las localidades de Aspropyrgos y Sofadesen marzo y octubre, respectivamente. En septiembre,el Comité de Ministros del Consejo de Europa decidiósuspender el examen relativo a la ejecución de lasentencia del Tribunal.Objeción de concienciaSe siguió sometiendo a objetores de conciencia asucesivos procesamientos.Una orden ministerial de febrero estableció en 15meses la duración del servicio alternativo, que, aunasí, continuaba siendo punitiva para la gran mayoríade los reclutas llamados a filas. El Tribunal Militar de Revisión de Atenas desestimóel recurso presentado por Nikolaos Xiarhos, objetor deconciencia por motivos religiosos, contra la decisión delConsejo Judicial del Tribunal Naval de El Pireo, que lohabía remitido a juicio por un segundo cargo dedeserción. Antes de convertirse en objetor deconciencia tras su bautizo como testigo de Jehová,Nikolaos Xiarhos había sido soldado profesional.Defensores y defensoras de los derechoshumanosFue motivo de preocupación el procesamiento penaly el juicio contra varios defensores de los derechoshumanos en enero por acusaciones falsas ydifamación con agravantes contra Kostantinos Plevris,autor del libro Los judíos, toda la verdad. El juicio seaplazó hasta 2012.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Grecia en mayo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos confirma los derechos de lossolicitantes de asilo en la UE (EUR 03/001/2011) Greece: Briefing on the draft law on asylum, migration-relateddetention and returns of third country nationals (EUR 25/002/2011) Grecia debe remediar con urgencia condiciones de reclusióndeplorables (EUR 25/006/2011) Greece: Alleged abuses in the policing of the demonstration of 11 May2011 (EUR 25/008/2011) Greece: Briefing to the UN Committee against Torture(EUR 25/011/2011)GUATEMALAREPÚBLICA DE GUATEMALAJefe del Estado y del gobierno: Álvaro Colom CaballerosPena de muerte:retencionistaPoblación:14,8 millonesEsperanza de vida:71,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 39,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:74,5 por cientoPersistieron las violaciones de los derechos de lospueblos indígenas. Se avanzó en los procesamientospor violaciones de derechos humanos cometidasdurante el periodo de conflicto armado interno(1960-1996). Los defensores y defensoras de losderechos humanos fueron objeto de amenazas,intimidación y ataques.Información generalEn septiembre se celebraron eleccionespresidenciales, legislativas y locales. El generalretirado Otto Pérez Molina fue proclamado ganador216 Informe 2012 Amnistía Internacional

de la segunda vuelta de las elecciones presidencialescelebrada en noviembre y estaba previsto que tomaraposesión de su cargo en enero de 2012.Persistieron los elevados niveles de delincuenciaviolenta, violencia de pandillas y violencia relacionadacon las drogas. Las autoridades registraron 5.681homicidios durante el año. El conflicto entreorganizaciones de narcotráfico se tradujo a menudoen torturas y homicidios. En mayo, en una finca deEl Naranjo, departamento de Petén, un grupo dehombres armados mató y decapitó a 27 trabajadores.La violencia fue atribuida a una disputa entrenarcotraficantes y el propietario de la finca.Hubo numerosos informes sobre la implicación delas pandillas callejeras, conocidas como maras, enactos de extorsión y delincuencia violenta encomunidades pobres. En general se consideró quelos esfuerzos de la policía por reducir la violencia eranineficaces.Al finalizar el año había 13 presos condenados amuerte. No se había llevado a cabo ningunaejecución desde el año 2000, y el presidente Colomhabía vetado varios proyectos de ley sobre lareanudación de las ejecuciones. Sin embargo, elpresidente electo Molina anunció que las reanudaríatras tomar posesión de su cargo.Derechos de los pueblos indígenasSiguieron violándose los derechos de los pueblosindígenas en el contexto de los conflictos sobre tierrasy los proyectos de desarrollo que se emprendieron sinconsultar con las comunidades afectadas y sinobtener de ellas el consentimiento libre, previo einformado. En marzo, el relator especial de la ONUsobre los derechos de los pueblos indígenas señaló elelevado nivel de inestabilidad y conflicto socialrelacionado con las actividades de las empresasmineras en tierras indígenas. El relator pidió a lasautoridades que reconocieran los derechosterritoriales de los pueblos indígenas y garantizaran suparticipación en los procesos de toma de decisiones. En marzo fueron desalojados alrededor de 2.500indígenas del Valle del Polochic, departamento de AltaVerapaz, en el contexto de un conflicto con unaempresa local sobre la propiedad de las tierras. Unmiembro de la comunidad, Antonio Beb Ac, murió yotros dos resultaron heridos durante el desalojo. En losmeses siguientes, dos miembros de la comunidadmurieron de forma violenta, y seis resultaron heridos.En agosto, el Estado se negó a cumplir plenamente lapetición de la Comisión Interamericana de DerechosHumanos respecto a proporcionar protección y ayudahumanitaria a las comunidades. Al finalizar el año éstasseguían teniendo un acceso limitado a un alojamientoadecuado, a agua no contaminada, a la comida o a laatención para la salud.Impunidad por violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasadoSe produjeron avances en algunos juicios porviolaciones de derechos humanos cometidas duranteel conflicto armado interno. En julio, el ejércitodesclasificó varios documentos. Sin embargo, no sehicieron públicos los documentos relativos al periodocomprendido entre 1980 y 1985, años en los quese cometieron la gran mayoría de las violaciones dederechos humanos. En agosto, cuatro miembros de una unidad de élitedel ejército fueron condenados a largas penas deprisión por su participación en la masacre de DosErres de 1982, en la que murieron 250 hombres,niños, mujeres y niñas, muchas de las cuales fueronvioladas. En octubre, la Corte de Constitucionalidad ordenó ala Corte Suprema de Justicia que aclarara la sentenciapor la que ordenaba que un tribunal civil juzgara a lospresuntos autores de la desaparición forzada y torturaen 1992 de Efraín Bámaca Velásquez. Los presuntosautores ya habían sido juzgados y absueltos en unjuicio militar secreto celebrado en 1994. Los generales retirados Héctor López Fuentes, ÓscarMejía Víctores y José Mauricio Rodríguez Sánchezfueron acusados formalmente de planear y supervisaractos de genocidio, violencia sexual organizada ydesplazamiento forzoso de grupos de poblaciónentre 1982 y 1983. Al finalizar el año los tres estabanen espera de ser juzgados.Derechos de las mujeresSegún las autoridades, 631 mujeres fueron víctimasde homicidio durante el año. La Ley contra elFemicidio y Otras Formas de Violencia contra laMujer, promulgada en 2008 y que, entre otras cosas,introdujo tribunales especiales para juzgar actos deviolencia contra las mujeres, parecía haber tenido unescaso impacto en la reducción de la violencia contralas mujeres y en la rendición de cuentas de losresponsables.GInforme 2012 Amnistía Internacional217

GDefensores y defensorasde los derechos humanosLas personas que defendían los derechos humanos,periodistas y sindicalistas entre ellas, siguieron siendoobjeto de amenazas, hostigamiento y ataques. Lasorganizaciones locales documentaron 402 incidentesde este tipo. En febrero fueron asesinados Catalina Mucú Maas,Alberto Coc Cal y Sebastian Xuc Coc, de la comunidadindígena de Quebrada Seca, departamento de Izabal.Los tres habían participado activamente ennegociaciones relacionadas con conflictos de tierras.Varios miembros más de la comunidad recibieronamenazas de muerte. Al finalizar el año nadie habíarendido cuentas de los homicidios ni de las amenazas. En agosto, cuatro miembros del personal de laFundación de Antropología Forense de Guatemalarecibieron amenazas de muerte después de que tres exmilitares fueran declarados culpables de la masacre deDos Erres. El sindicalista Byron Arreaga, que había hechocampaña contra la corrupción, murió por disparos enel departamento de Quetzaltenango en septiembre.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Guatemala en noviembre y diciembre.GUINEAREPÚBLICA DE GUINEAJefe del Estado:Alpha CondéJefe del gobierno:Mohamed Saïd FofanaPena de muerte:retencionistaPoblación:10,2 millonesEsperanza de vida:54,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 141,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:39,5 por cientoLa residencia del presidente Condé fue atacada enjulio. La policía y la gendarmería usaron fuerzaexcesiva; al menos tres personas resultaron muertas.Continuaron las detenciones arbitrarias, así como latortura y otros abusos cometidos por las fuerzas deseguridad en un clima de impunidad. La libertad deexpresión seguía estando amenazada. Se condenó amuerte a 16 personas. Se creó la Comisión Nacionalde Derechos Humanos.Información generalAl acercarse las elecciones parlamentarias previstasinicialmente para finales de 2011, aumentaron lostemores de posible inestabilidad después de dosataques con armas de fuego y cohetes perpetradosen julio contra la residencia del presidente Condé enla capital, Conakry. Se detuvo a militares y civiles y selos acusó de organizar los ataques. El presidenteCondé culpó también a Senegal y Gambia y a loslíderes de la oposición en el transcurso de unaentrevista concedida a una emisora de radiosenegalesa. Los dos países negaron estas denuncias,y los opositores políticos criticaron la posturaadoptada por el presidente. Se puso en duda laindependencia y la imparcialidad de la ComisiónElectoral Nacional Independiente tras proponer éstalas fechas de las elecciones sin consultar con laoposición política. Al terminar el año no se habíaconfirmado ninguna fecha.En febrero, el Alto Comisionado de la ONU para losDerechos Humanos publicó un informe sobre Guinea.Entre los motivos de preocupación que se ponían derelieve figuraban las violaciones de derechoshumanos cometidas con impunidad por las fuerzasde seguridad y las fuerzas armadas durante decenios,y la violencia sexual y de género, en ocasionesvinculada a prácticas tradicionales. El informerecomendaba a Guinea que diera seguimiento alas recomendaciones del examen periódico universalrealizado en 2010, que incluían cooperarestrechamente con los órganos de vigilancia de lostratados y con los procedimientos especiales delConsejo de Derechos Humanos de la ONU, yautorizar a estos mecanismos a realizar visitasperiódicas. En una resolución posterior adoptada ensu 16 periodo de sesiones (A/HRC/RES/16/36),el Consejo respaldó las conclusiones del AltoComisionado para los Derechos Humanos. Reiteróasimismo la necesidad de que Guinea se esforzarapor aplicar las recomendaciones de la Comisión deInvestigación de la ONU, incluida la de tomarmedidas para combatir la impunidad.En marzo, el presidente Condé instituyó pordecreto la Comisión Nacional de Derechos Humanos.En julio, el Consejo Nacional de Transición adoptó218 Informe 2012 Amnistía Internacional

una nueva ley relativa a la organización y elfuncionamiento de la Institución NacionalIndependiente de Derechos Humanos.Uso excesivo de la fuerzaLa policía y otros funcionarios encargados de hacercumplir la ley seguían haciendo uso indebido demedios letales. En septiembre se utilizaron municiónreal, gas lacrimógeno y porras contra personas que sedirigían a una manifestación no autorizada contra laorganización de elecciones. Al menos tres personasresultaron muertas, entre ellas Amadou Boye Barry.En una declaración pública, el ministro deComunicación respondió a Amnistía Internacional yafirmó que habían muerto dos personas y que sehabía abierto una investigación judicial.Posibles presos de concienciaSegún informes, la policía y el ejército detuvieron yrecluyeron arbitrariamente a posibles presos deconciencia. En la mayoría de los casos se ejerciófuerza excesiva.En abril, las fuerzas de seguridad dispersaron,usando fuerza excesiva, a partidarios de la Unión deFuerzas Democráticas de Guinea (UFDG) en elaeropuerto de Conakry, donde habían acudido pararecibir al líder de la organización, Cellou Dalein Diallo.Al menos 25 personas resultaron heridas. También sepracticaron detenciones, entre ellas las de AlphaAbdoulaye Sow y Abdoulaye Diallo, soldadosencargados de la seguridad del líder opositor. Ambosfueron condenados a penas de cárcel por“participación en una manifestación prohibida, actosde vandalismo y violencia”, y fueron indultados enagosto.En septiembre se detuvo por participación en unamanifestación prohibida a más de 300 personas quese oponían a la manera en que se habían organizadolas elecciones. Algunas quedaron en libertad mástarde. Más de 50 fueron condenadas a penas deentre un mes y un año de cárcel y a otras 95 se lesimpusieron condenas condicionales de prisión.Tortura y otros malos tratosSeguía habiendo casos de soldados y agentes depolicía que infligían impunemente tortura y malostratos a detenidos y a otras personas. En febrero, a un hombre detenido en Mamou porasaltar vehículos en la carretera lo llevaron a lacomisaría de policía. Lo esposaron a una ventana conlos pies tocando apenas el suelo y lo dejaron asídurante más de ocho horas. Lo golpearon mientrasestaba esposado y colgado con el cuerpo doblado y conun palo colocado entre las rodillas y los codos. En abril, unos militares detuvieron y golpearon a unpartidario de la UFDG cuando se dirigía al aeropuertode Dixinn. En la comisaría central de policía de Conakryle vendaron los ojos y lo amenazaron.Libertad de expresión: periodistas Daniel Loua y Théodore Lamah, periodistas de RadioLiberté de Nzérékoré, fueron detenidos en enero yacusados de “incitación a la violencia y alteración delorden público” tras aludir en un programa de radioal posible regreso del ex presidente Camara. Quedaronen libertad el día siguiente. En mayo, tras la publicación en el periódicoL’indépendant-Le Démocrate de un artículo relativo alos aumentos salariales en las fuerzas armadas, unossoldados intentaron detener al editor, Mamadou DianDiallo, y a otros periodistas. Los militares abandonaronlas oficinas del periódico tras la mediación de dosorganizaciones de derechos humanos. En julio, el Consejo Nacional de la Comunicaciónprohibió a todos los medios nacionales y extranjerosinformar sobre el ataque contra la residencia delpresidente Condé. La prohibición se levantó tres díasdespués.ImpunidadLa impunidad y la falta de disciplina en el seno de lasfuerzas armadas seguían siendo motivo depreocupación. Las familias de más de 150 personas que habíanresultado muertas, y más de 40 mujeres que habíansido violadas públicamente, cuando las fuerzas deseguridad atacaron una concentración pacífica de laoposición contra la junta militar del ex presidenteCamara en septiembre de 2009, seguían esperandojusticia. Una comisión de investigación de la ONUafirmó que era razonable considerar los hechos comocrímenes de lesa humanidad. Aunque se abrió unainvestigación judicial en 2010, al terminar el año no sehabía suspendido en sus funciones a los autores de lamasacre ni se había emprendido ningúnenjuiciamiento.GInforme 2012 Amnistía Internacional219

GPena de muerteEn septiembre, un tribunal de Kankan condenó amuerte a 16 personas, 8 de ellas in absentia. Habíansido declaradas culpables de “asesinatos conpremeditación, homicidios con violencia, asociaciónde malhechores y destrucción de bienes ajenos” trasunos enfrentamientos entre dos grupos étnicos en losque murieron al menos 25 personas.Las condenas no concordaban con la declaraciónefectuada por el presidente Condé en julio, duranteuna reunión con diplomáticos extranjeros, en elsentido de que la pena de muerte no existía enGuinea. El presidente dijo que nunca era aceptablecondenar a muerte a una persona, ni siquiera en elcaso de quienes atentasen contra la vida delpresidente, ya que eso no le devolvería la vida.GUINEA-BISSAUREPÚBLICA DE GUINEA-BISSAUJefe del Estado:Malam Bacai SanháJefe del gobierno:Carlos Gomes JúniorPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:1,5 millonesEsperanza de vida:48,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 192,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:52,2 por cientoLa tensión en el seno de las fuerzas armadas seguíasiendo una fuente potencial de inestabilidad. Setuvo noticia de que a finales de diciembre habíahabido un intento de golpe de Estado. Ante laausencia de progresos en la investigación sobre loshomicidios de personalidades políticas y militaresperpetrados en 2009, miles de personas salieron ala calle para exigir el fin de la impunidad. La libertadde expresión se vio amenazada al ordenarse elcierre de un periódico que había publicadoinformación que implicaba a un oficial militar en elhomicidio del ex presidente del país. En julio seaprobó una ley que prohibía la mutilación genitalfemenina y en octubre se presentó una demandacontra dos personas que realizaban esta práctica.Información generalLos magistrados y otros funcionarios de justicia sedeclararon en huelga en varias ocasiones durante elaño para exigir mejoras salariales y laborales.En febrero, la Unión Europea suspendióparcialmente la ayuda al desarrollo. Tambiénamenazó con congelar los activos e imponerprohibiciones de visados a varios oficiales militares yotros funcionarios sospechosos de implicación ennarcotráfico y de poner en peligro la paz, la seguridady la estabilidad. La Unión Europea reiteró suexigencia de una investigación sobre los homicidiospolíticos que tuvieron lugar en 2009.En marzo, 600 policías y militares angoleños fuerondesplegados en el marco de la Misión Militar deAngola en Guinea-Bissau (MISSANG), con el objetivode ayudar en la capacitación y la reforma delsector de la seguridad del país. El gobierno de Angolahabía acordado aportar fondos y formación para lareforma de las fuerzas armadas y la policía una vezque la Unión Europea dio por concluida enseptiembre de 2010 su misión de apoyo a la reformadel sector de la seguridad.En junio, la Asamblea Nacional aprobó variasnuevas leyes, entre ellas una que prohibía lamutilación genital femenina y otra cuyo objetivo eraprevenir y penalizar la trata de personas. Las dosfueron promulgadas en julio y entraron en vigor conefecto inmediato.En julio, miles de personas participaron enmanifestaciones organizadas por 10 partidos políticosde oposición en la capital, Bissau, para protestarcontra la falta de avances en la investigación de loshomicidios políticos de 2009. Los manifestantesexigían también la renuncia y el procesamiento delprimer ministro y de otras personas a las queacusaban de ser responsables de los homicidios.En agosto, el fiscal general nombradorecientemente se comprometió a combatir lacorrupción, la delincuencia organizada y laimpunidad.A finales de diciembre, el jefe del Estado Mayor delas Fuerzas Armadas anunció que se había sofocadoun intento de golpe de Estado por parte de un grupode militares y civiles, entre ellos un ex ministro y unparlamentario. Otras informaciones apuntaban a unainsurrección militar provocada por losenfrentamientos entre los jefes del Estado Mayor delas Fuerzas Armadas y la Marina. Según la220 Informe 2012 Amnistía Internacional

información recibida, se arrestó a cerca de 50personas –en su mayoría soldados– y unas 10 fueronliberadas sin cargos poco después. Al menos 25personas seguían en prisión.Ejecuciones extrajudicialesEl 27 de diciembre, la Policía de Intervención Rápidaejecutó extrajudicialmente a Iaia Dabó, cuando éstese preparaba para entregarse a la policía judicial. Secreía que había participado en el intento de unpresunto golpe de Estado el día anterior. Al concluir elaño no se había detenido a nadie en relación con sumuerte. Iaia Dabó era hermano de un político quehabía perdido la vida en junio de 2009 a manos delejército tras ser acusado de participación en otropresunto golpe de Estado.ImpunidadNo se había puesto a nadie a disposición de lajusticia por los homicidios de políticos y militares dealta graduación cometidos en 2009 y en añosanteriores.En marzo, el entonces fiscal general anunció quelas investigaciones sobre el homicidio del presidenteJoão Bernardo Vieira y del jefe del Estado Mayor delas Fuerzas Armadas, general Tagme Na Waie, habíanllegado a un callejón sin salida debido a lasdificultades para reunir pruebas.En mayo, el fiscal anunció también que no existíanpruebas de que se hubiera producido un intento degolpe de Estado en junio de 2009, y archivóprovisionalmente la investigación. Asimismo, remitióal Tribunal Superior Militar el caso de dos políticosque perdieron la vida en el presunto golpe de Estado,pues consideraba que ese caso era competencia dedicho tribunal. El Tribunal Superior Militar refutó estaopinión, y se trasladó el caso al Tribunal Supremo. Alterminar el año no se había tomado decisión algunaacerca de quién debía hacerse cargo del caso.Violencia contra mujeres y niñasMutilación genital femeninaEn julio se aprobó una nueva ley que prohibía lamutilación genital femenina y prescribía penas deentre uno y cinco años de cárcel para las personasque la practicaran. En octubre, dos mujeres quepracticaban la mutilación genital femenina y otramujer fueron detenidas en la localidad de Bafatá, enel este del país, tras ser acusadas de someter acuatro niñas a mutilación genital femenina enseptiembre. Las cuatro niñas, que estabanemparentadas y tenían entre 2 y 5 años, fueronllevadas por su abuela para someterlas a laextirpación. La abuela fue una de las personasdetenidas en octubre. Al cabo de unos días, las tresmujeres quedaron en libertad condicional en esperade investigaciones adicionales, y debían presentarse adiario en la oficina local de la fiscalía. Al terminar elaño el caso no había llegado a los tribunales.Libertad de expresión: periódicosEn abril, el gobierno ordenó el cierre del semanarioÚltima Hora tras la publicación de un artículo en elque citaba pasajes de un informe oficial pero todavíainédito que al parecer implicaba al entonces jefe delEstado Mayor de la Armada en el homicidio delpresidente Vieira. Tras la condena generalizada degrupos de la sociedad civil, el gobierno negó quehubiera ordenado el cierre del periódico. Sinembargo, el gobierno advirtió a todos los periódicosque fueran prudentes con sus informaciones o de locontrario perderían sus licencias.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Guinea-Bissau en marzo.GUINEAECUATORIALREPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIALJefe del Estado: Teodoro Obiang Nguema MbasogoJefe del gobierno:Ignacio Milán TangPena de muerte:retencionistaPoblación:0,7 millonesEsperanza de vida:51,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 145,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:93,3 por cientoLa tensión política aumentó a lo largo del año y lasautoridades seguían reprimiendo a la oposiciónmediante el hostigamiento, la detención y la reclusiónbreve de activistas políticos. Se registró un aumentoGInforme 2012 Amnistía Internacional221

Gdel número de detenciones en el periodo previo a lacumbre de la Unión Africana que se celebró en junio.En noviembre, al menos 30 personas, que parecíanestar retenidas en calidad de rehenes, fueronabsueltas por un tribunal militar y quedaron enlibertad. Habían permanecido recluidas en régimen deincomunicación, sin cargos ni juicio, desde octubrede 2010. Cinco presos de conciencia y 17 presospolíticos quedaron en libertad en aplicación de unindulto presidencial. La libertad de expresión yreunión continuaba sometida a restricciones y sedetuvo durante breves periodos o se suspendió en susfunciones a periodistas. En noviembre se aprobaronen referéndum reformas constitucionales queotorgaban más poder al presidente.Información generalEn enero, el presidente Teodoro Obiang NguemaMbasogo asumió la presidencia rotatoria de la UniónAfricana, y en junio fue anfitrión de la cumbre de esteorganismo en la capital del país, Malabo. El mismomes, el presidente firmó la Carta Africana de laDemocracia, las Elecciones y la Gobernanza.En septiembre, la policía francesa, que investigabala presunta malversación por el presidente Obiang ysu familia de ingresos de Guinea Ecuatorialprocedentes del petróleo, confiscó varios automóvilesde lujo pertenecientes al hijo mayor del presidente,Teodoro Nguema Obiang, en el exterior de suresidencia en París. También en septiembre, untribunal francés absolvió a la ONG francesa TerreSolidaire de los cargos de difamación presentados ensu contra por el presidente Obiang. Los cargosestaban relacionados con un informe publicado porTerre Solidaire en 2009 en el que se aludía a “bienesmal adquiridos” por el presidente Obiang y sufamilia.En octubre, el Departamento de Justicia deEstados Unidos presentó ante un tribunal federaluna demanda en la que solicitaba la confiscación delas propiedades y otros activos del hijo delpresidente ecuatoguineano en Estados Unidos,aduciendo que se habían obtenido mediante elsaqueo de los recursos naturales de GuineaEcuatorial y se habían trasladado a Estados Unidosmediante corrupción.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesTras las protestas masivas en el norte de África yOriente Medio, el presidente Obiang anunció en marzoque reformaría la Constitución para ampliar el marcojurídico del ejercicio de las libertades fundamentales ydar a la población las más amplias oportunidades departicipar en los asuntos políticos del país. En mayo, elpresidente instituyó una comisión con el cometido deredactar las reformas y designó a sus miembros, entrelos que figuraban representantes de los partidospolíticos. Los dos únicos partidos políticosindependientes del país, Convergencia para laDemocracia Social (CPDS) y Unión Popular (UP), senegaron a participar en la comisión por considerar queno se habían satisfecho sus demandas de amnistíageneral y retorno seguro de los exiliados. Tambiénpusieron objeciones a que el presidente Obiangdesignase a sus representantes en la comisión. Enjulio, la Cámara de Representantes del Pueblo aprobólas propuestas de reforma sin debate, y en octubre elpresidente Obiang anunció la fecha del referéndumsobre las reformas. Sin embargo, no se dio a conocer ala opinión pública el texto de las reformas propuestas,y los partidos políticos recibieron el texto sólo dossemanas antes del referéndum. Las reformas fueronaprobadas en referéndum el 13 de noviembre con el97,7 por ciento de los votos. La consulta se llevó acabo en un clima de intimidación y hostigamiento a losvotantes, con la presencia de policías armados ysoldados en los colegios electorales. En Bata seexpulsó de los colegios electorales a variosrepresentantes de partidos políticos que actuabancomo observadores de la votación; algunos estuvierondetenidos brevemente y fueron golpeados. Lasreformas aumentaban aún más los poderes delpresidente, incluso después de dejar el cargo. Aunquese limitaban los mandatos presidenciales a dosperiodos consecutivos de siete años, se eliminaba ellímite de edad para los candidatos presidenciales–establecido hasta entonces en 75 años–, se creaba elcargo de vicepresidente –que sería nombrado por elpresidente y debía ser miembro del gobernante PartidoDemocrático de Guinea Ecuatorial– y se creaban unSenado y un Tribunal de Cuentas, cuyos miembrosserían nombrados por el presidente, al igual que eltitular de la recién creada institución del Defensor delPueblo. La Constitución revisada no fue promulgada alfinal del año.222 Informe 2012 Amnistía Internacional

Detención y reclusión arbitrariasVarios opositores políticos y unos 100 estudiantesfueron detenidos y estuvieron recluidos durantebreves periodos antes de la cumbre de la UniónAfricana celebrada en junio. También se practicarondetenciones por motivos políticos en el periodo previoal referéndum sobre las reformas constitucionalesque se celebró en noviembre. Dos miembros de Convergencia para la DemocraciaSocial, Juan Manuel Nguema Esono, docente, yVicente Nze, médico, fueron detenidos en Bata el 25de abril. Eran sospechosos de planear unamanifestación el Día del Trabajo y de pegar carteles enese sentido en las paredes del hospital de Bata. A JuanManuel Nguema lo llevaron al principio a la comisaríacentral de Bata. Ese mismo día lo introdujeron en unvuelo con destino a Malabo, en cuya comisaría centralde policía estuvo recluido en régimen deincomunicación hasta quedar en libertad sin cargoscuatro días después. A Vicente Nze lo detuvieroncuando acudió a la comisaría de policía de Bata parainteresarse por Juan Manuel Nguema. Estuvo recluidoen régimen de incomunicación hasta su liberaciónel 29 de abril. Las autoridades se negaron a darinformación sobre el paradero de los dos detenidos. Marcial Abaga Barril, miembro destacado deConvergencia para la Democracia Social yrepresentante de este partido en la Junta ElectoralNacional, fue detenido en su domicilio el 1 denoviembre por dos policías vestidos de civil. Lospolicías no disponían de orden de detención. Lollevaron a la comisaría central de Malabo, donde estuvorecluido hasta que quedó en libertad sin cargos cuatrodías después. Mientras estuvo detenido le dijeron quela policía estaba investigando el homicidio de uncocinero del presidente Obiang. Sin embargo, hastaentonces no se había tenido noticia de ese homicidio.Reclusión sin juicioAl menos 30 personas recluidas en régimen deincomunicación y sin cargos en la cárcel de Bataquedaron en libertad tras ser absueltas en noviembrepor un tribunal militar. Habían sido detenidas enoctubre de 2010, tras la fuga de dos presos políticosde la cárcel de Evinayong, junto con seis guardiaspenitenciarios que también habían huido. La mayoríade los detenidos eran familiares y amigos de los presosfugados y personas sospechosas de haberlos ayudadoa huir. Entre ellos había mujeres y un bebé de seismeses. A mediados de noviembre, todos los detenidosfueron juzgados de improviso por un tribunal militar deBata, tras ser acusados formalmente de ayudar a lospresos a escapar. Se absolvió y liberó a todos losdetenidos civiles y a casi todos los militares, pero sedeclaró culpables a unos seis militares y agentes depolicía, a quienes se les impusieron penas de prisiónque no se hicieron públicas. Pese a la absolución de lamayoría de los acusados, el juicio no cumplió lasnormas internacionales sobre garantías procesales.Libertad de expresión: periodistasLa libertad de expresión continuaba sometida arestricciones, y la prensa estaba bajo el firme controldel Estado. Se censuraban informaciones que lasautoridades consideraban desfavorables. En febrero,el gobierno ordenó un bloqueo informativo sobre losacontecimientos que tenían lugar en el norte deÁfrica, Oriente Medio y Costa de Marfil. Se detuvodurante breves periodos a periodistas y se expulsó delpaís a periodistas extranjeros. En abril se negaronvisados para visitar Guinea Ecuatorial a la ONGReporteros sin Fronteras por referirse al presidenteObiang en términos peyorativos. En marzo, Juan Pedro Mendene, periodistaradiofónico que trabajaba para el programa de la radioestatal en lengua francesa, fue suspendidoindefinidamente en sus funciones por mencionar aLibia en antena. El secretario de Estado de Informacióny Prensa se personó en la emisora y le ordenó queabandonara las instalaciones. Cuando salía, JuanPedro Mendene fue golpeado por el guardaespaldasdel secretario de Estado. Una semana después, eldirector de la emisora anunció que las emisiones enfrancés quedaban suspendidas temporalmente porórdenes superiores. En junio, unos agentes de policía arrestaron ytuvieron recluidos durante cinco horas a tres miembrosde un equipo de la cadena de televisión alemana ZDFque estaba en Guinea Ecuatorial para filmar undocumental sobre la selección nacional de fútbolfemenino. El equipo había filmado tambiénasentamientos precarios en Malabo y habíaentrevistado al líder del partido opositor Convergenciapara la Democracia Social y a un abogado de derechoshumanos. Las autoridades borraron material filmadode los asentamientos precarios diciendo que mostrabael país de manera negativa. También dijeron que elequipo no tenía permiso para entrevistar a opositoresGInforme 2012 Amnistía Internacional223

Gpolíticos y confiscaron las tarjetas de memoria en lasque estaban grabadas las entrevistas.Libertad de reuniónAunque estaba garantizada por la Constitución delpaís, las autoridades seguían reprimiendo la libertadde reunión. Tras los levantamientos populares en Oriente Medioy el norte de África, el gobierno prohibió en marzo todaslas manifestaciones, incluidas las celebracionesoficiales con motivo del Día Internacional de la Mujer ylas procesiones religiosas, y desplegó un númeromayor de personal de seguridad en las calles parahacer cumplir la prohibición. En marzo, las autoridades rechazaron la solicitudpresentada por el partido político Unión Popular paracelebrar una concentración con el fin de pedirreformas políticas. También se rechazó una petición deConvergencia para la Democracia Social para celebrarel 1 de mayo una marcha con motivo del DíaInternacional del Trabajo. Las autoridades perturbaron el desarrollo deconcentraciones organizadas por Convergencia para laDemocracia Social y Unión Popular contra las reformasconstitucionales antes del referéndum del 13 denoviembre y dispersaron a los participantes.Presos de conciencia: excarcelacionesCinco presos de conciencia –Emiliano Esono Micha,Cruz Obiang Ebebere, Gumersindo Ramírez Faustino,Juan Ekomo Ndong y Gerardo Angüe–, que cumplíanpenas privativas de libertad de seis años desde 2008por asociación ilícita y presunta posesión de armas ymuniciones, fueron excarcelados en junio enaplicación de un indulto con motivo del cumpleañosdel presidente Obiang. Un total de 17 presospolíticos, que podían haber sido presos de concienciay que cumplían largas condenas por presuntosintentos de derrocar al gobierno, también fueronindultados y quedaron en libertad. A todos se lesobligó a firmar un documento en el que agradecían alpresidente Obiang su benevolencia y secomprometían a no cometer delitos semejantes aaquellos por los que habían sido indultados.Informes y visitasde Amnistía Internacional Guinea Ecuatorial: Familiares de dos presos fugados llevan un añodetenidos sin cargos ni juicio (AFR 24/003/2011) Guinea Ecuatorial: Aumentan las detenciones arbitrarias antes de lacumbre de la Unión Africana (PRE01/309/2011)GUYANAREPÚBLICA DE GUYANAJefe del Estado y del gobierno:Donald Ramotar(sustituyó a Bharrat Jagdeo en diciembre)Pena de muerte:retencionistaPoblación:0,8 millonesEsperanza de vida:69,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 35,3 por cada 1.000La respuesta del Estado a la violencia contra lasmujeres siguió siendo inadecuada. Al menos trespersonas fueron condenadas a muerte; no huboejecuciones.Información generalEl Partido Progresista Popular ganó sus quintaselecciones consecutivas en diciembre, aunque perdióla mayoría en el Parlamento. Una coalición departidos de la oposición denunció que se habíanproducido irregularidades durante los comicios. Alfinalizar el año había una investigación en cursosobre los disparos realizados por la policía el 6 dediciembre contra una manifestación de la oposición,que se saldaron con varias personas heridas.Policía y fuerzas de seguridadSe tuvo noticia de malos tratos a detenidos encomisarías y denuncias de que la práctica de retenera personas sin cargos transcurrido el plazoestablecido de 72 horas era generalizada.Tortura y otros malos tratosEn junio, el Tribunal Superior de Guyana condenó alpago de una indemnización a dos policías acusadosde torturar a un muchacho de 14 años en la comisaría depolicía de Leonora en octubre de 2009, y condenótambién al director general de la policía y al fiscalgeneral. El Tribunal concluyó que el joven habíasufrido “tortura y trato cruel e inhumano”. Al terminarel año estaba pendiente la apelación presentada por lafiscalía, y los acusados seguían en servicio activo.224 Informe 2012 Amnistía Internacional

Violencia contra mujeres y niñasSiguió siendo lenta la aplicación de la Ley sobreDelitos Sexuales aprobada en abril de 2010. La Leycreó un Grupo Nacional Especial para la Prevenciónde la Violencia Sexual que debía reunirse al menoscada tres meses, pero al concluir 2011 sólo se habíareunido una vez. El Grupo estaba encargado deelaborar y aplicar un Plan Nacional para laPrevención de Delitos Sexuales. Las organizacionesde defensa de los derechos de las mujeresconsideraban insatisfactoria la respuesta general de lapolicía y los tribunales a las denuncias de violencia enel ámbito familiar y violencia sexual.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroSe tuvo noticia de casos de hostigamiento policial,incluido el uso de la detención arbitraria, contrapersonas transgénero que ejercían el sexo comoprofesión. Al concluir el año estaba pendiente ante elTribunal Superior una moción constitucional derevocación del artículo de la Ley de JurisdicciónSumaria (Delitos) que penalizaba el travestismo y quela policía utilizaba con frecuencia para hostigar atrabajadores y trabajadoras sexuales. La petición,presentada por cuatro personas que fueronenjuiciadas y multadas en aplicación de dicha ley enfebrero de 2009, alegaba que el artículo eradiscriminatorio e inconstitucional.Derecho a la salud: VIH/sidaEl estigma y la discriminación en torno al VIH/sida y lapenalización de las relaciones sexuales entre varonessiguieron siendo un obstáculo para acceder ainformación, pruebas y tratamiento relacionados conel VIH. Tras una consulta con la sociedad civil, uncomité parlamentario rechazó en septiembre unamoción para penalizar la transmisión deliberada delVIH, alegando que podría disuadir a las personas desometerse a pruebas y podría aumentar el estigma yla discriminación de las personas que vivían con elVIH/sida.Pena de muerteAl menos 3 personas fueron condenadas a muerte yal finalizar el año había 34 personas en espera deejecución. La última ejecución realizada en Guyanatuvo lugar en 1997. Al concluir el año estabanpendientes ante el Tribunal Superior sendaspeticiones constitucionales de anular las condenas ala pena capital impuestas a dos hombres. Laspeticiones se basaban en que el tiempo que estospresos habían pasado en el “corredor de la muerte”–23 y 16 años– constituía trato cruel, inhumano ydegradante. Ambos hombres seguían en espera deejecución al finalizar el año.HAITÍREPÚBLICA DE HAITÍJefe del Estado:Michel Joseph Martelly(sustituyó a René García Préval en mayo)Jefe del gobierno:Garry Conille(sustituyó a Jean-Max Bellerive en octubre)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:10,1 millonesEsperanza de vida:62,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 86,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:48,7 por cientoEl número de personas desplazadas por el terremotode enero de 2010 que vivían en campamentosprovisionales se había reducido de 1,3 millonesa 500.000 al finalizar el año. En los campamentosimperaba la violencia contra mujeres y niñas. Lasdeficientes condiciones sanitarias y el limitadoacceso al agua contribuyeron a la propagación delcólera y a que se produjeran nuevos brotes de laenfermedad. El sistema de justicia haitianoafrontaba el desafío de poner fin a la impunidad porlos abusos graves contra los derechos humanos y loscrímenes de lesa humanidad cometidos durante elgobierno de Jean-Claude Duvalier (1971-1986).Información generalJean-Claude Duvalier regresó a Haití en enero,después de casi 25 años de exilio en Francia. Lasautoridades judiciales reabrieron inmediatamente unainvestigación penal por malversación y robo de fondospúblicos, y se inició una investigación sobre crímenesde lesa humanidad tras la presentación de denunciaspor parte de varias víctimas. En marzo, el expresidente Jean-Bertrand Aristide, derrocadoen 2004, regresó a Haití después de siete años deexilio en Sudáfrica.HInforme 2012 Amnistía Internacional225

HMichel Martelly fue elegido presidente en marzo enuna segunda vuelta electoral contra MirlandeManigat. La primera vuelta, celebrada en noviembrede 2010, había terminado en una situación de puntomuerto entre la mayoría de los candidatos a lapresidencia y la junta electoral, que fue acusada demanipular los comicios para favorecer al candidatooficial, Jude Célestin. También hubo críticas por partede los observadores electorales internacionales ynacionales.Michel Martelly tomó posesión de su cargo el 14 demayo, aunque no formó gobierno hasta octubre,cuando la Asamblea Nacional aceptó elnombramiento de Garry Conille como primer ministro.El mandato de la Misión de Estabilización de laONU en Haití (MINUSTAH) se renovó hasta octubrede 2012, con una reducción del personal militar ypolicial.Continuó la grave epidemia de cólera que habíaestallado en octubre de 2010. A finales de 2011 hubonuevos brotes. Al finalizar 2011 se tuvo constancia demás de 523.904 casos y de 7.018 muertes. Engeneral se atribuía la introducción de la cepa decólera del sur de Asia a las tropas nepalíes demantenimiento de la paz de la ONU estacionadas enla región del curso superior del río Artibonite, dondese originó la epidemia. En mayo, un grupoindependiente de expertos internacionales designadopor el secretario general de la ONU para determinarel origen del brote concluyó que la epidemia a granescala había sido causada por una combinación defactores: la contaminación del río Artibonite conheces y las deficiencias en los sistemas de agua,saneamiento y atención médica. En noviembre, elInstituto para la Justicia y la Democracia en Haití, consede en Estados Unidos, y su socio en Haití, Oficinade Abogados Internacionales, presentaron ante el jefede la Unidad de Reclamaciones de la MINUSTAH–con arreglo a los procedimientos previstos en elConvenio sobre el Estatuto de las Fuerzas– unademanda contra la ONU, en la que solicitaban unareparación para más de 5.000 víctimas por laintroducción negligente del cólera.La inseguridad alimentaria afectaba a casi la mitadde la población; 800.000 personas carecían deacceso regular a alimentos básicos.En octubre, en virtud del examen periódicouniversal de la ONU, se evaluó por primera vez laactuación de Haití en materia de derechos humanos.Personas internamente desplazadasEl número de personas internamente desplazadasdisminuyó durante 2011: de los 1,3 millones deenero pasó a poco más de 500.000 en diciembre. Sinembargo, aún había registrados más de 900campamentos provisionales en zonas afectadas por elterremoto. El ritmo de la reconstrucción dealojamientos temporales y semipermanentes seaceleró, aunque siguió siendo insuficiente parasatisfacer la demanda. El acceso al agua yal saneamiento siguió deteriorándose en loscampamentos, lo que desembocó en un elevadonúmero de casos de cólera. Los índices deinseguridad alimentaria de las personas desplazadasque vivían en los campamentos del áreametropolitana de Puerto Príncipe eran más elevadosque los del resto de la población.Desalojos forzososLas autoridades locales y los terratenientesdesalojaron forzosamente y sin el debido proceso amiles de familias desplazadas que ocupaban terrenospúblicos y particulares. En junio, policías y funcionarios del ayuntamiento dePuerto Príncipe desalojaron sin el debido procesoa 514 familias del aparcamiento del estadio SylvioCator. Se ofreció, a tan sólo 110 familias, el traslado aotro lugar, pero éste carecía de saneamiento adecuado.En marzo de 2010, esas mismas familias habían sidodesalojadas forzosamente del campo de fútbol ytrasladadas al aparcamiento.Violencia contra mujeres y niñasLa violencia sexual en los campamentos parapersonas internamente desplazadas y en lascomunidades marginadas era generalizada; muchasde las afectadas eran niñas de corta edad. La granmayoría de los responsables de estos crímenes nocompareció ante la justicia. El acceso a la atenciónmédica y a otros servicios para las sobrevivientes dela violencia de género y la violencia sexual seguíasiendo limitado en el área metropolitana de PuertoPríncipe y era prácticamente inexistente en las zonasrurales.Las sobrevivientes de la violencia sexual afrontaronmúltiples obstáculos para obtener acceso a la justicia.La policía y las autoridades judiciales carecían derecursos para investigar y enjuiciar a los perpetradores.Aunque un número creciente de sobrevivientes de la226 Informe 2012 Amnistía Internacional

violencia sexual y de género denunció su situación, lamayoría guardó silencio debido al estigma social quellevaban aparejados estos crímenes y por miedo asufrir represalias de sus agresores.El Ministerio de la Condición Femenina y de losDerechos de las Mujeres trabajó en un proyecto deley para la prevención, la sanción y la eliminaciónde la violencia contra las mujeres. En él se proponían,entre otras cosas, la creación de tribunales especialesen todo el país para ocuparse de los casos deviolencia contra las mujeres, y sanciones másenérgicas para todas las formas de violencia degénero. Como parte de un plan estratégico trienalpara combatir la violencia contra las mujeres, elgobierno creó una unidad de coordinación de asuntosde género y de las mujeres dentro de la PolicíaNacional haitiana.Impunidad: delitos de derechointernacionalEl ex presidente Jean-Claude Duvalier estabasometido a investigación por crímenes de lesahumanidad y delitos económicos. La investigaciónsobre crímenes de lesa humanidad cometidosdurante su gobierno avanzó con lentitud. El juezinstructor presentó sus conclusiones al comisario delgobierno de Puerto Príncipe en julio. Sin embargo, alfinalizar el año el comisario no había tomado aúnninguna decisión sobre las medidas que debíanadoptarse a continuación. Los seguidores deJean-Claude Duvalier insultaron en reiteradas ocasionesa las víctimas de abusos contra los derechos humanosy a los funcionarios judiciales. No existían medidaspara el apoyo y la protección de testigos, lo que siguiósiendo un obstáculo importante para las víctimas y susfamilias a la hora de reclamar justicia.Sistema de justiciaEl disfuncional sistema de justicia de Haití continuósiendo fuente de violaciones de derechos humanos;miles de personas estaban en detención preventivaprolongada. Según la Red Nacional de Defensa de losDerechos Humanos de Haití, menos del 30 por cientode los reclusos habían sido juzgados y condenados.También había menores de edad encarcelados enespera de juicio, algunos desde hacía años. Alfinalizar el año, sólo el 23 por ciento de los chicos yninguna de las 18 chicas detenidas habían sidojuzgados.La precariedad de la infraestructura y la falta derecursos humanos y económicos dentro del sistemade justicia provocaron un gran retraso en latramitación de los casos y un hacinamiento grave enlas prisiones. Más de 275 reclusos murieron en laepidemia de cólera. Joseph fue detenido por violación en abril de 2006,cuando tenía 12 años. En octubre de 2011 seguía enprisión en espera de juicio. Compareció por primeravez ante un juez de instrucción en noviembre de 2008,y desde entonces permanecía recluido en un centro dedetención de menores.Juicio contra policías por la ejecuciónextrajudicial de presosTrece agentes de policía y otros 21 hombres, guardiaspenitenciarios entre ellos, fueron juzgados por suimplicación en la muerte de al menos 12 reclusos enla prisión civil de la ciudad de Les Cayes en enerode 2010, durante un motín penitenciario. Al concluirel año la decisión del tribunal seguía pendiente.Informes y visitasde Amnistía Internacional Delegaciones de Amnistía Internacional visitaron Haití en enero, junio,septiembre y diciembre de 2011. Réplicas: Mujeres denuncian violencia sexual en los campamentosde Haití (AMR 36/001/2011) Haiti: “You cannot kill the truth” – the case against Jean-ClaudeDuvalier (AMR 36/007/2011)HONDURASREPÚBLICA DE HONDURASJefe del Estado y del gobierno:Porfirio Lobo SosaPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:7,8 millonesEsperanza de vida:73,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 29,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:83,6 por cientoVarias personas murieron violentamente en losconflictos sobre tierras de la región del Aguán. Losdesalojos forzosos dejaron a cientos de familiascampesinas sin hogar. Persistió la impunidad por lasviolaciones de derechos humanos cometidas por elHInforme 2012 Amnistía Internacional227

Hejército y la policía, incluidas las cometidas duranteel golpe de Estado de 2009. Se siguió intimidando alos defensores y defensoras de los derechoshumanos.Información generalEn enero, la Comisión Interamericana de DerechosHumanos declaró que observaba “con profundapreocupación las amenazas, graves hechos deviolencia y asesinatos de integrantes de la comunidadtransgénero en Honduras”.En noviembre, 28 madres hondureñas cuyos hijoshabían desaparecido en México cuando se dirigían aEstados Unidos viajaron a México para pedir a lasautoridades que establecieran un mecanismo oficialde búsqueda que ayudara a seguir el rastro de susseres queridos y que mejorasen la protección de lasdecenas de miles de migrantes centroamericanos queatravesaban México cada año (véase el apartadosobre México).Impunidad: consecuencias del golpede EstadoEn abril, el gobierno estableció la Comisión de laVerdad y la Reconciliación para analizar los sucesosque desembocaron en el golpe de Estado y los queocurrieron en su transcurso. En su informe, publicadoen julio, la Comisión reconoció que los sucesosde 2009 constituyeron de hecho un golpe de Estado yque se cometieron múltiples violaciones de derechoshumanos, incluidos actos de uso excesivo de lafuerza a manos de militares y policías. Al concluir elaño nadie había comparecido ante la justicia o habíarendido cuentas por estas violaciones de derechoshumanos.En junio, Honduras fue readmitida en laOrganización de los Estados Americanos, de la quehabía sido expulsada tras el golpe de Estado de 2009.Al finalizar el año, los miembros del poder judicialdestituidos en actuaciones injustas del gobierno defacto no habían sido restituidos en sus cargos.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos defensores y defensoras de los derechoshumanos fueron objeto de amenazas y hostigamientodurante el desempeño de su trabajo. En enero y junio, unas personas no identificadasamenazaron y agredieron físicamente a Alex DavidSánchez Álvarez en relación con su labor para elColectivo Violeta, que trabaja por la protección de losderechos de los miembros de la comunidad delesbianas, gays, transexuales y personas transgénero(LGBT), y para el Centro de Prevención, Tratamiento yRehabilitación de las Víctimas de la Tortura y susFamiliares. Aunque ambos incidentes fuerondenunciados a la fiscalía, al concluir el año losresponsables no habían comparecido ante la justicia. Al finalizar 2011, nadie había respondido ante lajusticia por el homicidio, cometido en 2009, de WalterTróchez, activista en favor de los derechos humanos dela comunidad LGBT.Derechos sexuales y reproductivosSiguió en vigor un decreto emitido en 2009 por lasautoridades de facto que penalizaba el uso demedidas de contracepción de emergencia para lasmujeres y niñas cuyo método contraceptivo hubierafallado o que corrieran peligro de embarazo aconsecuencia de coacción sexual.Conflictos de tierras y desalojos forzososSe desplegó a personal militar y a un gran número depolicías en la región del Aguán, donde los conflictossobre la propiedad de las tierras entre cientos decampesinos y diversas empresas y terratenientesparticulares condujeron a un estallido de violencia.En este mismo contexto se produjeron desalojosforzosos durante el año en la región del Aguán, ypoco se hizo para resolver el problema. Los acuerdosalcanzados entre el gobierno y las organizaciones decampesinos no se cumplieron, con lo que miles defamilias campesinas quedaron sin hogar o en peligroconstante de desalojo. En junio, la policía procedió al desalojo forzoso deuna comunidad de la localidad de Rigores, en eldepartamento de Colón. Aunque la orden de desalojose había dictado en mayo, no se había informado deello a la comunidad ni se le había dado aviso previoalguno. Las familias, algunas de las cuales llevabanmuchos años viviendo en ese terreno, tuvieron sólo doshoras para empaquetar sus pertenencias y salir de suscasas. Durante el desalojo se destruyeron viviendas demiembros de la comunidad, así como siete aulas queformaban parte de la escuela y el jardín de infancialocal, y dos iglesias. Unas 493 personas se quedaronsin hogar. A ninguna se le ofreció un alojamientoalternativo, la reubicación o el acceso a tierras228 Informe 2012 Amnistía Internacional

productivas, ni antes ni después del desalojo. Tampocose garantizó a nadie el acceso sin riesgos al cultivo desus cosechas, muchas de las cuales fueron destruidasdurante el desalojo.Abusos de la policíaSe recibieron nuevas denuncias de abusos contra losderechos humanos cometidos por la policía. En octubre fueron hallados en la capital,Tegucigalpa, los cuerpos de dos estudiantesuniversitarios muertos por disparos. Se acusóformalmente de los homicidios a cuatro policías, quesegún informes los habían cometido mientras hacíansu ronda de patrulla por la ciudad. Los informesindicaban que podrían estar implicados hasta ochopolicías. Tras las muestras de indignación pública porlas muertes de los dos estudiantes, el gobierno creó uncomité mixto de miembros del Congreso yrepresentantes del poder ejecutivo para revisar laspolíticas de seguridad pública.HUNGRÍAREPÚBLICA DE HUNGRÍAJefe del Estado:Pál SchmittJefe del gobierno:Viktor OrbánPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:10 millonesEsperanza de vida:74,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 6,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,4 por cientoSe aprobó una nueva Constitución que hacía temerpor la protección de los derechos humanos. Comenzóun juicio contra personas acusadas de ataquescontra romaníes perpetrados en 2008 y 2009.Grupos paramilitares intimidaron a romaníes.El Ministerio del Interior se comprometió a reforzarla legislación sobre crímenes de odio.Información generalEl Parlamento aprobó en abril una nueva Constituciónque presentaba cambios capaces de restringir en lapráctica derechos humanos. Entre otras cosas,preveía la protección del feto desde el momento de laconcepción y la cadena perpetua sin posibilidad delibertad condicional, y suprimía la edad, la orientaciónsexual y la identidad de género de la lista de motivosde discriminación prohibidos.En septiembre, el Consejo de Derechos Humanosde la ONU recomendó al gobierno que reforzara lalegislación sobre crímenes de odio y estableciera unplan de acción para prevenir los ataques racistas.RacismoEn marzo comenzó el juicio de los presuntos autoresde una serie de ataques contra romaníes perpetradosen 2008 y 2009, en los que habían muerto seispersonas, entre ellas un niño. Tres hombres estabanacusados de homicidio múltiple y ataque armadocontra viviendas romaníes. Otro se enfrentaba alcargo de complicidad en estos delitos.Discriminación: comunidad romaníLa discriminación de la comunidad romaní seguíaimpregnando muchos aspectos de la vida enHungría. Los romaníes residentes en la localidad deGyöngyöspata sufrieron intimidaciones de gruposparamilitares entre marzo y abril. La policía apenashizo nada para impedirlo. Después de una marcha antirromaní organizada porel partido ultraderechista Jobbik en Gyöngyöspatael 6 de marzo, tres grupos paramilitares continuaron“patrullando” la zona. El 18 de marzo, el primerministro pidió al ministro del Interior que tomaramedidas para poner fin a la actividad de lasorganizaciones paramilitares. En junio, el Parlamentoestableció una comisión para investigar los sucesos. Lainvestigación se centró en determinar quién había“desacreditado a Hungría” difundiendo informaciónfalsa. Se pidió a las ONG de derechos humanos quehabían dado seguimiento a la situación que declararanante la comisión. Las organizaciones expresaron supreocupación, porque temían que el mandato de lacomisión no garantizara una investigación exhaustivade lo ocurrido. La Unión Húngara por las Libertades Civiles presentódenuncias ante la fiscalía en relación con cuatro casosde insultos y uno de intento de agresión física sufridospor romaníes en Gyöngyöspata. La organizaciónsostenía que la policía no había realizado en ninguno deellos una investigación acorde con las normasinternacionales de derechos humanos. Al parecer, lapolicía no había calificado los hechos como violenciaHInforme 2012 Amnistía Internacional229

Hcontra miembros de una comunidad, delito por el queera posible enjuiciar los actos de violencia por motivosraciales. Tampoco había informado a las víctimas de lacalificación de los delitos como faltas ni de la marcha dela investigación. La fiscalía ordenó a la policía quereanudara las investigaciones sobre estos casos.Sistema de justiciaEn enero, el Ministerio del Interior comenzó a elaborarun protocolo sobre el trabajo policial relativo a loscrímenes de odio. El Parlamento reformó el CódigoPenal en mayo para prohibir todo comportamientoabiertamente abusivo contra una comunidad quepusiera en peligro a personas pertenecientes o queparecieran pertenecer a un grupo étnico, racial o deotra índole. Mediante esta reforma se penalizarontambién las actividades no autorizadas de protecciónde la seguridad y el orden públicos que infundierantemor.En noviembre, el Parlamento aprobó una nueva leysobre el Tribunal Constitucional que introducíarestricciones en las peticiones individuales y preveíauna sanción para quienes abusasen del derecho apresentar una petición.Derecho a la viviendaEl Ayuntamiento de Budapest aprobó en abril undecreto por el que dormir en la calle se considerabauna infracción sancionable con una multa. Segúninformes, como consecuencia de ello se detuvo avarias personas sin hogar en octubre. El gobiernopropuso más reformas del Código Penal quepermitirían encarcelar a las personas declaradasculpables de dormir en la calle que no pudieranpagar la multa. La Federación Europea deOrganizaciones Nacionales que Trabajan conPersonas sin Hogar calificó de desproporcionadala propuesta y afirmó que suponía negar laresponsabilidad del Estado en los problemasestructurales que generaban la falta de hogar.Libertad de expresiónEn enero entraron en vigor dos nuevas leyes sobremedios de comunicación, que incluían la regulaciónde los contenidos y el registro obligatorio de losmedios e introducían un órgano regulador conautoridad sobre el registro. En febrero, el comisario deDerechos Humanos del Consejo de Europarecomendó que se revisara la legislación sobremedios de comunicación. Aunque el Parlamento lamodificó en abril, el relator especial de la ONU sobrela libertad de expresión advirtió de que la legislaciónseguía generando un clima de autocensura. LaOrganización para la Seguridad y la Cooperación enEuropa (OSCE) y las ONG de derechos humanosexpresaron su preocupación por la falta deindependencia del órgano regulador con respecto algobierno y por sus amplias atribuciones.Libertad de religiónUna nueva ley promulgada el 12 de julio desató lasprotestas de varias iglesias, ONG y el comisario deDerechos Humanos del Consejo de Europa. La ley“borró del registro” a numerosos grupos religiosos,entre ellos varios de confesión islámica y la iglesiametodista húngara. Los grupos religiosos sólo podíansolicitar su inscripción en el registro si demostrabanque llevaban al menos 20 años establecidos enHungría y que contaban con un millar de miembroscomo mínimo. Algunos de ellos elevaron una peticiónal Tribunal Constitucional para que revisara la ley.El 19 de diciembre, el Tribunal determinó que la leyera inconstitucional por razones de procedimiento.El 30 de diciembre, el Parlamento volvió a aprobar laley con tan sólo modificaciones menores.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEn febrero, el Tribunal Metropolitano de Budapestanuló la decisión policial de prohibir la marcha delOrgullo en la ciudad por considerar que su recorridocausaría interrupciones del tráfico. El Tribunaldeterminó que este hecho no era razón suficientepara prohibirla. La marcha del Orgullo contó conprotección adecuada, pero las ONG informaron devarios casos de incitación al odio contra lesbianas,gays, bisexuales y personas transgénero, así como deuna agresión a dos participantes.Policía y fuerzas de seguridadEl Parlamento anuló en marzo las decisionesjudiciales sobre las protestas antigubernamentales deBudapest celebradas en septiembre y octubrede 2006. Ese año, los tribunales habían condenado avarios manifestantes por violencia y habían absuelto alos agentes de policía implicados en los hechos. Alparecer, sus decisiones no habían sido imparciales,pues estaban basadas exclusivamente en230 Informe 2012 Amnistía Internacional

declaraciones de la policía. En 2006, según losinformes, agentes de policía habían hecho usoexcesivo de la fuerza contra manifestaciones pacíficasque luego degeneraron en violencia. Al parecerhabían utilizado de manera indiscriminada y sinprevio aviso balas de goma, cañones de agua y gaslacrimógeno. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanosdeterminó, en el caso de una persona representada porel Comité Húngaro de Helsinki, que la policía habíainfligido trato inhumano y degradante bajo custodia aldemandante y concedió a éste más de 10.000 euros.Informes y visitasde Amnistía Internacional Freedom of expression under fire: Briefing to the Hungarian governmenton the new media legislation (EUR 27/004/2011) Hungary: Newly adopted Constitution at odds with human rights(EUR 27/006/2011) Amnesty International welcomes Hungary’s commitment to combatdiscrimination and urges full and effective investigation and prosecutionof racially motivated crimes (EUR 27/007/2011)INDIAREPÚBLICA DE LA INDIAJefa del Estado:Pratibha PatilJefe del gobierno:Manmohan SinghPena de muerte:retencionistaPoblación:1.241,5 millonesEsperanza de vida:65,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 65,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:62,8 por cientoEl gobierno siguió centrado en el crecimientoeconómico, en ocasiones en detrimento de laprotección y promoción de los derechos humanos enel país y en el extranjero. En torno a 250 personasmurieron en los enfrentamientos entre maoístasarmados y fuerzas de seguridad en varios estados delcentro y el este del país. Al menos 40 personasmurieron en atentados con explosivos en Bombay yDelhi. La campaña del activista Anna Hazare en favorde una legislación integral contra la corrupción diosus frutos inicialmente, pero el Parlamento no aprobólas leyes propuestas. Las comunidades adivasis(indígenas) intensificaron sus protestas contra lasiniciativas empresariales que pretendían adquirir yexplotar sus tierras sin su consentimiento libre, previoe informado, lo que provocó la suspensión de algunosproyectos industriales. Las autoridades introdujeronnuevos marcos jurídicos para reformar la compra,rehabilitación y explotación minera de las tierras. Laspersonas que defendían los derechos humanos seenfrentaban a la cólera de organismos estatales yno estatales, y en algunos casos se presentaron contraellas cargos de motivación política, como sedición.Muchas de ellas sufrieron amenazas, acoso eintimidación, y al menos cuatro activistas fueronvíctimas de homicidio.Las autoridades cursaron una invitaciónpermanente a todos los procedimientos especialesde la ONU para que visitasen el país. Sin embargo, latortura y otros malos tratos, las ejecucionesextrajudiciales, las muertes bajo custodia y lasdetenciones administrativas seguían estando muyextendidas en algunos estados. Las nuevasiniciativas jurídicas para prohibir la tortura aún nohabían arrojado resultados. A pesar de que sepromulgó nueva legislación con el fin de garantizarjusticia y reparación para las víctimas de actos deviolencia entre comunidades religiosas perpetradosen el pasado, los mecanismos institucionalesdestinados a proteger los derechos humanos seguíansiendo débiles, y los procesos judiciales avanzabancon lentitud a la hora de garantizar justicia a lasvíctimas de violaciones de derechos humanoscometidas en el pasado, como ejecucionesextrajudiciales y matanzas. En Nagaland y Assam seemprendieron iniciativas de paz que sin embargocontinuaron sin abordar los abusos y violaciones dederechos humanos cometidos en el pasado. Almenos 110 personas fueron condenadas a muerte enlos tribunales, pero, por séptimo año consecutivo, nohubo ejecuciones.Información generalEl rápido crecimiento económico en sectores urbanosclave se ralentizó, en parte debido al empeoramientode la situación económica mundial y al aumento de lainflación. El crecimiento reciente apenas afectó agrandes zonas rurales de India cuyas comunidadesvivían sumidas en una pobreza endémica, agravadapor un sector agrícola estancado y problemas deIInforme 2012 Amnistía Internacional231

Iseguridad alimentaria. Según cálculos oficiales, entreel 30 y el 50 por ciento de la población del país vivía enla pobreza. Al menos el 15 por ciento de la poblaciónllevaba una existencia precaria en barrios marginalesurbanos y carecía de acceso adecuado a la atención ala salud, el agua, la alimentación y la educación.La elección de India como integrante del Consejode Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos dela ONU puso de relieve su creciente importancia enlos ámbitos regional e internacional. El país tomómedidas positivas para colaborar con losprocedimientos especiales de la ONU. En enero, larelatora especial de la ONU sobre los defensores delos derechos humanos visitó India tras recibir unainvitación oficial. En septiembre, en una iniciativa sinprecedentes, las autoridades cursaron una invitaciónpermanente a todos los procedimientos especialestemáticos de la ONU.Las autoridades se mostraron reacias a hablarsobre las crisis de derechos humanos en la región yen otros lugares. India no se pronunció sobre lasviolaciones de derechos humanos cometidas durantelos drásticos cambios registrados en Oriente Medioy el norte de África, ni sobre las perpetradas en elvecino Myanmar. Tampoco apoyó las peticiones deque Sri Lanka rindiese cuentas por las violaciones dederechos humanos cometidas cuando acabó laguerra en ese país, en 2009.Violencia entre fuerzas de seguridad,milicias y maoístasContinuaron los enfrentamientos en el estado deChhattisgarh entre grupos armados maoístas yfuerzas de seguridad respaldadas por la milicia SalwaJudum, que contaba con el apoyo del estado. Ambosbandos, cuyo objetivo habitual era la población civil,fundamentalmente la adivasi, fueron responsables dehomicidios, secuestros e incendios. Sólo enChhattisgarh, más de 3.000 personas, incluidoscombatientes, habían muerto en enfrentamientosdesde 2005. En torno a 25.000 personascontinuaban desplazadas internamente, unas 5.000vivían en campos y 20.000 estaban desperdigadaspor los estados vecinos de Andhra Pradesh y Orissa.En las zonas adivasis de Orissa, Jharkhand yBengala Occidental se registraron enfrentamientossimilares entre maoístas y fuerzas del estado. Lasuspensión de las actividades antimaoístas enBengala Occidental a partir de mayo se vio empañadapor las detenciones y la violencia política; lasiniciativas de paz fracasaron en noviembre tras lamuerte del líder maoísta Koteshwar “Kishenji” Rao, alparecer víctima de ejecución extrajudicial.En julio, el Tribunal Supremo de India dictó unaresolución histórica al ordenar el desmantelamientode todas las milicias antimaoístas respaldadas por elestado de Chhattisgarh, a las que se acusaba dehaber cometido graves violaciones de derechoshumanos. Las autoridades del estado hicieron casoomiso de estas denuncias y respondierondesmantelando las milicias e incorporando a susmiembros a una fuerza auxiliar integrada por 6.000personas. En enero, la policía y las fuerzas de seguridad deOrissa afirmaron haber matado a disparos a 25presuntos maoístas en seis operaciones de combatedistintas, pero activistas de derechos humanoshallaron indicios que apuntaban a que dos de lasvíctimas eran activistas contra la explotación minera delas tierras, y que los demás eran simpatizantesmaoístas no armados, detenidos durante redadas yejecutados extrajudicialmente. En febrero, los maoístas retuvieron a dosfuncionarios de distrito como rehenes durante nuevedías en Malkangiri, Orissa, y los canjearon por cincolíderes maoístas encarcelados a quienes lasautoridades dejaron en libertad bajo fianza. En marzo, más de 300 policías y miembros de SalwaJudum que participaban en operaciones antimaoístasatacaron las localidades de Morpalli, Timmapuram yTadmetla, en el estado de Chhattisgarh, y mataron atres de sus habitantes, agredieron sexualmente a tresmujeres e incendiaron 295 casas. Los maoístasrespondieron matando a cuatro agentes especiales dela policía e hiriendo a otros cinco. En octubre, elactivista adivasi Lingaram, que sacó a la luz lasviolaciones de derechos humanos, y la activista SoniSori fueron detenidos por varios cargos, incluido el detransferir fondos de la empresa Essar Steel a losmaoístas armados. Soni Sori fue torturada bajocustodia policial. Ambos fueron considerados presosde conciencia. En marzo, maoístas del estado de Jharkhand matarona Niyamat Ansari y amenazaron a su socio Bhukan Singhcuando éstos dieron a conocer casos de corrupción queimplicaban a maoístas, contratistas locales y agentesforestales. En julio, los maoístas también vertieronamenazas –que posteriormente retiraron– contra cuatro232 Informe 2012 Amnistía Internacional

conocidos activistas, incluidos Jean Dreze y Aruna Roy,que los habían criticado por el asesinato. En septiembre, unos maoístas armados mataron atiros a Jagabandhu Majhi, parlamentario del partidogobernante Biju Janata Dal, y a su guardaespaldas enel distrito de Nabrangpur, Orissa. Los maoístasjustificaron el homicidio afirmando que elparlamentario se dedicaba a la corrupción y laextorsión. En octubre, miembros de las fuerzas de seguridadque participaban en operaciones antimaoístas en eldistrito de Midnapur Occidental, Bengala Occidental,agredieron sexualmente a Shibani Singh, de 29 años,cuando intentaban detener de nuevo a su esposo, queestaba en libertad bajo fianza.Rendición de cuentas de las empresasEn varios estados, las protestas de adivasis y otrascomunidades marginadas bloquearon proyectosempresariales mineros, de irrigación y de otros tipos,previstos o ya en marcha, que afectaban a susderechos sobre las tierras ancestrales. Comorespuesta, las autoridades propusieron reformar losmarcos jurídicos obsoletos y crear prácticas ad hocpara la adquisición y explotación de tierras,ofreciendo a las comunidades acuerdos controladosde rehabilitación y reparto de beneficios. Sinembargo, las protestas continuaron, pues lascomunidades se quejaban de que la recientelegislación que garantizaba sus derechos sobre laszonas forestales no se estaba aplicando debidamente,y sostenían que las nuevas leyes no abordaban lanecesidad de obtener su consentimiento libre, previoe informado para los proyectos. En junio, julio y noviembre, las protestas pacíficas delos agricultores frustraron varias operaciones policialesque pretendían llevar a cabo el desalojo forzoso de losagricultores de tierras comunales adquiridas para elproyecto siderúrgico propuesto por la empresasurcoreana Pohong Steel Company (POSCO) en eldistrito de Jagatsinghpur, Orissa, tras lo cual doslíderes, Abhay Sahoo y Narayan Reddy, fuerondetenidos por cargos falsos. En julio, el Tribunal Superior de Orissa confirmó ladecisión adoptada en 2010 por las autoridades indiasde rechazar la oferta de Vedanta Aluminium (filial de laempresa Vedanta Resources, radicada en ReinoUnido) para ampliar su refinería de aluminio enLanjigarh. Las autoridades indias tomaron la decisióntras mostrarse de acuerdo con las conclusiones deAmnistía Internacional, que señalaban que lasactividades de la refinería vulneraban el derecho de lascomunidades al agua, la salud y un medio ambientesano, y que la ampliación conllevaría nuevos abusoscontra las comunidades adivasis. El Tribunal ordenó ala empresa que volviese a solicitar los permisosobligatorios para la ampliación, pero la empresa apelóesta decisión.Uso excesivo de la fuerzaEn varios casos, la policía hizo un uso excesivo de lafuerza para reprimir las protestas de comunidadeslocales marginadas, tales como pequeñosagricultores, adivasis y dalits. Además, en la mayoríade estos casos, las autoridades no llevaron a caboinvestigaciones imparciales y a su debido tiempo. En septiembre, siete dalits murieron cuando lapolicía abrió fuego contra manifestantes que pedían lapuesta en libertad del líder dalit John Pandyan, al quehabían detenido cuando se dirigía a la ciudad deParamakkudi, en Tamil Nadu, para conmemorar elaniversario de la muerte de otro líder dalit, ImmanuelSekaran. En septiembre, ocho musulmanes murieron cuandopolicías y miembros de una milicia gujjar abrieronfuego en el interior de una mezquita y la incendiaron enla localidad de Gopalgarh, cerca de Bharatpur, enRajastán. En febrero, dos hombres murieron y cinco resultaronheridos cuando la policía disparó contra quienesprotestaban por la adquisición de sus tierras para elproyecto de construcción de una central térmicadirigido por East Coast Energy en la localidad deVadditandra, estado de Andhra Pradesh. En abril, un hombre murió y otro resultó heridocuando la policía disparó contra habitantes de laciudad de Jaitapur, en Maharashtra, que protestabanpor los efectos nocivos del proyecto nuclear propuestopor la empresa francesa Areva. Posteriormente,la policía mantuvo detenidos durante la noche amanifestantes pacíficos que participaban en unamarcha de cuatro días desde Bombay. En mayo, dos manifestantes y dos policías murieroncuando la policía disparó contra agricultores de lalocalidad de Bhatta Parsaul que habían secuestrado atres funcionarios en protesta por la decisión de lasautoridades de obligarlos a vender sus tierras paraconstruir una autopista cerca de Noida, en las afuerasIInforme 2012 Amnistía Internacional233

Ide Delhi. La policía agredió sexualmente a sietemujeres y saqueó la localidad. Posteriormente, untribunal de Noida acusó a 30 agentes de policía deviolación y robo, y una orden del Tribunal Supremodeclaró que la adquisición de parte de las tierrasera ilegal. En mayo, dos hombres murieron abatidos pordisparos de la policía durante desalojos forzosos en laciudad de Jamshedpur, en Jharkhand. Al menos100.000 personas fueron objeto de desalojo forzoso enlas ciudades de Jamshedpur, Ranchi y Bokaro.Defensores y defensorasde los derechos humanosOrganismos estatales y no estatales perseguían a laspersonas que defendían los derechos de los adivasisy de otras comunidades marginadas y a quienesrecurrían a legislación reciente para obtenerinformación con el fin de proteger sus derechos. Losactivistas exigieron legislación especial que losprotegiese frente a esos ataques, circunstancia que larelatora especial de la ONU sobre los defensores delos derechos humanos puso de relieve en enero. En abril, tras una intensa campaña nacional einternacional, el Tribunal Supremo de India ordenó lapuesta en libertad bajo fianza del doctor Binayak Sen,preso de conciencia al que un tribunal de distrito deChhattisgarh había condenado a cadena perpetua elaño anterior tras declararlo culpable de sedición ycolaboración con grupos maoístas armados. En junio, los ecologistas Ramesh Agrawal y HariharPatel fueron encarcelados por cargos falsos trasintentar proteger a comunidades locales frente a lacontaminación industrial en el distrito de Raigarh, enChhattisgarh. En agosto, la ecologista Shehla Masood murióabatida por disparos en la ciudad de Bhopal. Habíaintentado sacar a la luz infracciones medioambientalesde proyectos de infraestructuras urbanas y se habíaopuesto a planes de explotación minera en MadhyaPradesh. En noviembre, Nadeem Sayed, testigo en el caso dela matanza de Naroda Patiya, murió apuñalado trasdeclarar en la vista judicial. En la matanza, ocurridadurante los disturbios contra la población musulmanaregistrados en Gujarat en 2002, murieron 95 personas. En noviembre, Valsa John, monja activista quetrabajaba para proteger los derechos de los adivasis,fue asesinada tras recibir amenazas de muertepresuntamente procedentes de bandas delictivas quese dedicaban a actividades mineras ilegales enJharkhand.ImpunidadLa impunidad por los abusos y las violaciones dederechos humanos seguía siendo generalizada.A pesar de que continuaron las protestas en elnoreste y en Jammu y Cachemira, las autoridadesseguían mostrándose reacias a derogar la Ley deFacultades Especiales de las Fuerzas Armadas de1958, o a revocar la Ley de Zonas en Conflicto, que,en determinadas áreas, otorgaba a las fuerzas deseguridad autoridad para disparar a matar auncuando no corriesen un peligro inminente.Los responsables de desapariciones forzadas,ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones dederechos humanos cometidas en el pasado enPunyab (en 1984 y 1994), Assam (en 1998 y 2001),Nagaland y Manipur continuaban eludiendo laacción de la justicia. Miembros de comunidadesdalits de diversos estados sufrieron agresiones ydiscriminación. Apenas existía voluntad política paraaplicar la legislación especial vigente y procesar a losresponsables de estos actos violentos.Violencia entre comunidades religiosasTras casi 10 años desde que ocurrieran los hechos,se anunciaron las primeras condenas por losdisturbios de 2002, en los que alrededorde 2.000 musulmanes murieron en Gujarat. En marzo, un tribunal especial de Gujarat condenóa 11 hombres a muerte y a otros 20 a cadena perpetuapor un incendio provocado en el tren expresoSabarmati en el que murieron 59 peregrinos hindúes yque desencadenó los disturbios. En noviembre, un tribunal especial de Gujaratcondenó a cadena perpetua a 31 de los 73 acusadosde la matanza de Sardarpura, en la que murieron 33musulmanes. Fue la primera de las 10 causasdestacadas que iban a ser objeto de seguimientodirecto por parte del Tribunal Supremo de India.Continuaban sufriendo hostigamiento las personasque trabajaban para garantizar justicia para lasvíctimas de violaciones de derechos humanoscometidas en Gujarat en el pasado. En enero, Teesta Setalvad, del Centro para la Justiciay la Paz, y un equipo de abogados que defendían losderechos de las víctimas y sus familias fueronhostigados por la policía de Gujarat, que los acusó de234 Informe 2012 Amnistía Internacional

falsificar pruebas en relación con una fosa común en laque estaban enterradas víctimas.Jammu y CachemiraContinuaba reinando la impunidad por las violacionesde derechos humanos cometidas en Cachemira,como homicidios ilegítimos, tortura y la desapariciónde miles de personas durante el conflicto armado quese libraba en la zona desde 1989. También seguíanimpunes la mayoría de los homicidios de más de 100jóvenes cometidos por fuerzas de seguridad durantelas protestas de 2010. En marzo, 15 años después del homicidio delabogado de derechos humanos Jaleel Andrabi, lasautoridades del estado instaron al gobierno federal asolicitar la extradición de Estados Unidos delcomandante Avtar Singh, acusado del homicidio, parasometerlo a juicio ante un tribunal de Srinagar. Lasautoridades federales no respondieron. En septiembre, la comisión estatal de derechoshumanos identificó más de 2.700 cadáveres enenterramientos clandestinos hallados en el norte deCachemira. A pesar de que la policía sostenía que enellos había cadáveres de “insurgentes noidentificados”, la comisión identificó 574 cadáverespertenecientes a personas de la zona desaparecidas ysolicitó a las autoridades del estado que identificasen elresto de los cadáveres mediante pruebas de ADN yotras técnicas forenses. Las autoridades no siguieronesta recomendación.En marzo, Amnistía Internacional presentó uninforme en Srinagar y pidió el fin de la detenciónadministrativa en la zona y la derogación de la Ley deSeguridad Pública. Posteriormente, las autoridadespropusieron la modificación de esta ley, para limitar elperiodo de detención, y de la ley estatal sobre justiciade menores, para prohibir la detención de todapersona menor de 18 años. Sin embargo, lasdetenciones con arreglo a la Ley de SeguridadPública continuaron siendo habituales, y algunosactivistas y líderes políticos seguían recluidos sincargos ni juicio. Varios menores de edad quedaron enlibertad tras la intervención de Amnistía Internacional. En mayo, Murtaza Manzoor, de 17 años, quedó enlibertad tras ser detenido por segunda vez. Ese mismomes, el Tribunal Superior de Jammu y Cachemira habíaordenado su puesta en libertad tras cuatro meses dereclusión.Detención y reclusión arbitrariasMás de 50 hombres fueron detenidos sin cargos,durante periodos de entre una semana y un mes, enrelación con atentados con explosivos perpetrados enBombay y Delhi. Se recurrió a la legislación sobreseguridad, endurecida tras los atentados perpetradosen Bombay en noviembre de 2008, para detener apersonas sospechosas. Sin embargo, lasinvestigaciones y los procesos judiciales sobre lamayoría de los casos de atentados terroristascometidos en el pasado apenas avanzaron. En noviembre, siete musulmanes, acusados de unatentado con explosivos cometido en 2006 en laciudad de Malegaon, Maharashtra, quedaron enlibertad bajo fianza tras pasar cinco años en una prisiónde Bombay. La excarcelación se produjo cuando unlíder hindú, Aseemananda, confesó la participación deun grupo armado hindú de derechas en el atentado.Pena de muerteAl menos 110 personas fueron condenadas a muerte.Sin embargo, por séptimo año consecutivo no sellevaron a cabo ejecuciones. No obstante, los temoresde que se reanudasen las ejecuciones aumentaroncuando las autoridades rechazaron las peticiones deindulto de cinco condenados a muerte, tres de ellospor el asesinato del ex primer ministro Rajiv Gandhi.En diciembre se aprobaron nuevas leyes queprescribían la pena de muerte a las personascondenadas por ataques “terroristas” contraoleoductos y gasoductos que causasen muertes, y enel estado de Gujarat, por elaborar y vender bebidasalcohólicas ilegales.Informes y visitasde Amnistía Internacional A ‘lawless law’: Detentions under the Jammu and Kashmir PublicSafety Act (ASA 20/001/2011) Open letter to India’s Minister of Environment and Forests on the threatof leakage from Vedanta Aluminium’s red mud pond in Orissa(ASA 20/032/2011) Generalisations, omissions, assumptions: The failings of Vedanta’sEnvironmental Impact Assessments for its bauxite mine and aluminarefinery in India’s state of Orissa (ASA 20/036/2011) India: An open letter from Amnesty International to members of theJammu and Kashmir Legislative Assembly (ASA 20/046/2011) Las ejecuciones en India supondrían un revés para los derechoshumanos (PRE01/274/2011) Indiaurgedtoimplementcourtbanofanti-Maoistmilitias(PRE01/340/2011)IInforme 2012 Amnistía Internacional235

IINDONESIAREPÚBLICA DE INDONESIAJefe del Estado y del gobierno: Susilo Bambang YudhoyonoPena de muerte:retencionistaPoblación:242,3 millonesEsperanza de vida:69,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 38,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:92,2 por cientoIndonesia asumió la presidencia de la Asociación deNaciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y en mayofue elegida miembro del Consejo de DerechosHumanos de la ONU por tercera vez consecutiva. Elgobierno reforzó la Comisión Nacional de Policía,pero los mecanismos de rendición de cuentas porparte de la policía seguían siendo insuficientes. Lasfuerzas de seguridad fueron objeto de constantesdenuncias de violaciones de derechos humanos,como tortura y otros malos tratos y uso innecesario yexcesivo de la fuerza. Las autoridades provincialesde Aceh recurrieron cada vez más a la penajudicial de los azotes con vara. En Papúa y las islasMolucas se seguían penalizando las actividadespolíticas pacíficas. Las minorías religiosas sufríandiversas formas de discriminación, como agresionesfísicas e intimidación. Las mujeres y las niñascontinuaban encontrándose con obstáculos a la horade ejercer sus derechos sexuales y reproductivos. Nose recibieron informes de ejecuciones.Tortura y otros malos tratosHubo reiteradas denuncias contra las fuerzas deseguridad por tortura y otros malos tratos a personasdetenidas, especialmente a activistas políticospacíficos en zonas con historial de movimientosindependentistas, como Papúa y las islas Molucas.Las investigaciones independientes sobre estasdenuncias fueron muy escasas. En enero, un tribunal militar condenó a tres soldadosa entre 8 y 10 meses de cárcel por desobedecerórdenes; los soldados habían aparecido en un vídeo enel que se veía cómo propinaban patadas e insultaban apapúes. Un alto cargo del gobierno indonesio calificólos abusos de “infracción menor”. No se investigaron las denuncias de tortura y otrosmalos tratos sufridos por 21 activistas políticospacíficos a manos del Destacamento Especial-88(Densus-88), unidad policial de lucha contra elterrorismo. Los 21 activistas habían sido torturadosdurante su detención, reclusión e interrogatorio en lasMolucas en agosto de 2010.En Aceh aumentó el uso de los azotes con varacomo forma de pena judicial. Al menos 72 personasrecibieron azotes con vara por diversos delitos, comoconsumir bebidas alcohólicas, estar a solas con unapersona del sexo opuesto sin que mediase un vínculofamiliar o matrimonial (khalwat), y participar enjuegos de azar. Tras la promulgación de la Ley deAutonomía Especial de la provincia en 2001, lasautoridades de Aceh aprobaron una serie denormativas que regulaban la aplicación de la leyislámica.Uso excesivo de la fuerzaLa policía hizo un uso excesivo e innecesario de lafuerza contra manifestantes y personas queparticipaban en protestas, especialmente en casosrelacionados con conflictos sobre tierras. En las rarasocasiones en que se efectuaron investigaciones,apenas se hicieron avances para procesar a losresponsables. En enero, seis cultivadores de aceite de palmaresultaron gravemente heridos en la provincia de Jambicuando agentes de la Brigada Móvil de Policía lesdispararon balas de goma para intentar desalojarlos dela plantación en la que estaban trabajando, cuyastierras eran objeto de conflicto entre los agricultores yuna empresa productora de aceite de palma. En abril, la policía mató en Papúa a DominokusAuwe al dispararle al pecho y la cabeza e hirió a doshombres que lo acompañaban delante de la comisaríadel subdistrito de Moanemani. Los tres hombres sehabían acercado pacíficamente a la comisaría parapreguntar por el dinero que la policía le había quitado aDominokus Auwe ese mismo día. En junio, fuerzas de seguridad hicieron un usoexcesivo e innecesario de la fuerza al intentar llevar acabo el desalojo forzoso de una comunidad del distritode Langkat, en Sumatra Septentrional, que habíamantenido un conflicto sobre tierras con lasautoridades locales. Cuando la comunidad protestócontra los desalojos, agentes de policía dispararon a lamultitud sin previo aviso e hirieron al menos a nuevehombres. Otros seis recibieron patadas y golpes.236 Informe 2012 Amnistía Internacional

Libertad de expresiónEl gobierno continuó penalizando la expresión políticapacífica en Papúa y las Molucas. Al menos 90activistas políticos fueron encarcelados porsus actividades políticas pacíficas. En agosto, dos activistas políticos de Papúa,Melkianus Bleskadit y Daniel Yenu, fueron condenadosa hasta dos años de cárcel por participar en unaprotesta política pacífica en la ciudad de Manokwari endiciembre de 2010. En octubre, más de 300 personas fueron detenidasarbitrariamente tras participar en el Tercer Congresodel Pueblo de Papúa, una reunión pacífica celebradaen la ciudad de Abepura, provincia de Papúa. Aunquela mayoría de estas personas pasaron la nochedetenidas y quedaron en libertad al día siguiente, cincohombres fueron acusados de “rebelión” con arreglo alartículo 106 del Código Penal, delito que podía sercastigado incluso con cadena perpetua. Unainvestigación preliminar llevada a cabo por la ComisiónNacional de Derechos Humanos (Komnas HAM)concluyó que las fuerzas de seguridad habíancometido diversas violaciones de derechoshumanos, como abrir fuego contra los asistentes a lareunión y golpearlos y propinarles patadas.Algunos periodistas y defensores de los derechoshumanos continuaron sufriendo intimidación yagresiones a causa de su trabajo. En marzo, personas no identificadas apuñalaron alperiodista Banjir Ambarita en la provincia de Papúa;poco antes, Ambarita había escrito sobre los casos dedos mujeres que, según informes, habían sido violadaspor policías en Papúa. Logró sobrevivir a la agresión. En junio, oficiales de las fuerzas armadas golpearona Yones Douw, defensor de los derechos humanos enPapúa, cuando intentaba realizar labores deobservación de una protesta en la que se pedíarendición de cuentas por el posible homicidio ilegítimodel papú Derek Adii en mayo.DiscriminaciónLas minorías religiosas continuaban siendo objeto deataques e intimidación. La persecución de lacomunidad ahmadí fue cada vez más frecuente, y almenos cuatro provincias promulgaron nuevasnormativas regionales que limitaban sus actividades.Al finalizar el año, al menos 18 iglesias cristianashabían sido atacadas o se habían visto obligadas acerrar sus puertas. En muchos casos, la policía noprotegió adecuadamente a los grupos minoritarios,religiosos y de otro tipo, frente a estos ataques. En febrero, tres hombres ahmadíes murieron al seratacados por una multitud de 1.500 personas en elsubdistrito de Cikeusik, en la provincia de Banten.El 28 de julio, 12 personas fueron condenadas a entretres y seis meses de cárcel por su participación en loshechos. No se acusó a nadie de asesinato, y grupos dederechos humanos locales mostraron su preocupaciónpor las deficiencias del proceso. El alcalde de Bogor seguía negándose a acatar elfallo emitido por el Tribunal Supremo en 2010, queordenaba a las autoridades la reapertura del edificio dela iglesia cristiana indonesia Taman Yasmin. Lacongregación se vio obligada a celebrar sus serviciossemanales en la acera, delante de la iglesia precintada,entre protestas de grupos radicales.Derechos sexuales y reproductivosA las mujeres y las niñas, sobre todo a las decomunidades pobres y marginadas, se les impedíaejercer plenamente sus derechos sexuales yreproductivos. A muchas se les seguía negando elacceso a los servicios de salud reproductivaestablecidos en la Ley de Salud de 2009, ya que elMinisterio de Salud aún no había elaborado elreglamento necesario para su aplicación. El gobiernono combatió las actitudes discriminatorias ni lasprácticas crueles, inhumanas y degradantes, como lamutilación genital femenina y los matrimonios a edadtemprana. En junio, la ministra de Salud defendió unanormativa de noviembre de 2010 que permitía formasde “circuncisión femenina” específicamente definidassiempre que fueran practicadas por profesionales de lamedicina, la enfermería o la partería. La normativalegitimaba la práctica generalizada de la mutilacióngenital femenina; además, vulneraba diversas leyesindonesias y entraba en contradicción con laspromesas del gobierno de promover la igualdad degénero y combatir la discriminación de las mujeres.El índice de mortalidad materna seguía siendo unode los más elevados de la región.Trabajadores y trabajadorasdel servicio domésticoEn junio, el presidente expresó su apoyo al nuevoConvenio sobre Trabajo Decente para lasTrabajadoras y los Trabajadores DomésticosIInforme 2012 Amnistía Internacional237

I(Convenio 189 de la Organización Internacional delTrabajo). Sin embargo, por segundo año consecutivo,el Parlamento no debatió ni promulgó legislación queofreciese protección jurídica a las personas quetrabajaban en el servicio doméstico, de modo que entorno a 2,6 millones de trabajadores y trabajadoras deeste sector –integrado mayoritariamente por mujeresy niñas– seguían en constante riesgo de sufrirexplotación económica y violencia física, psicológicay sexual.ImpunidadSeguían sin ser procesados los responsables deviolaciones de derechos humanos cometidas en elpasado en Aceh, Papúa, Timor Oriental y otroslugares. La Fiscalía General no inició actuacionessobre casos de graves violaciones de derechoshumanos remitidos por la Comisión Nacional deDerechos Humanos, entre los que se incluíancrímenes de lesa humanidad cometidos pormiembros de las fuerzas de seguridad. El memorándum de entendimiento entre laComisión Nacional de Derechos Humanos y la Oficinadel Defensor de los Derechos Humanos y la Justicia deTimor Oriental, que, entre otras cosas, pedía que seinformase sobre las personas desaparecidas en TimorOriental en 1999, venció en enero y fue renegociado ennoviembre. No se registraron avances (véase elapartado sobre Timor Oriental). En septiembre, el fiscal general declaró, segúninformes, que el caso del asesinato del destacadodefensor de los derechos humanos Munir estaba“cerrado”. Aunque tres personas habían sidocondenadas por participar en su muerte, seguíahabiendo denuncias creíbles de que no todos losresponsables habían sido procesados. El gobierno continuaba sin poner en práctica lasrecomendaciones formuladas por el Parlamentoen 2009 para que se investigase y procesase a losresponsables del secuestro y la desaparición forzadade 13 activistas políticos en 1997-1998.Pena de muertePor tercer año consecutivo no se tuvo noticia de quese hubieran llevado a cabo ejecuciones. Sin embargo,al menos 100 personas continuaban condenadasa muerte.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Indonesia en abril, mayo, septiembre,octubre, noviembre y diciembre. Making the fair choice: Key steps to improve maternal healthin ASEAN – Briefing to the ASEAN Intergovernmental Commission on HumanRights (ASA 03/001/2011) Open letter to Head of National Police on failure of police accountabilityin Indonesia (ASA 21/005/2011) Indonesia: Open letter on human rights violations against theAhmadiyya in West Java (ASA 21/032/2011)IRAKREPÚBLICA DE IRAKJefe del Estado:Yalal TalabaniJefe del gobierno:Nuri al MalikiPena de muerte:retencionistaPoblación:32,7 millonesEsperanza de vida:69 añosMortalidad infantil (‹5 años): 43,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:78,1 por cientoLas fuerzas de seguridad gubernamentales hicieronuso excesivo de la fuerza contra participantes enmanifestaciones pacíficas u otras protestas; algunaspersonas murieron abatidas por disparos, y otrasfueron detenidas y torturadas. Había miles depersonas privadas de libertad; muchas habían sidodetenidas en años anteriores y estaban recluidas sincargos ni juicio. La tortura y otros malos tratoscontinuaban siendo una práctica generalizada. Seimpusieron centenares de condenas de muerte, enmuchos casos tras juicios sin garantías, y se llevarona cabo decenas de ejecuciones. Las fuerzas deEstados Unidos también cometieron gravesviolaciones de derechos humanos. Grupos armadoscontrarios al gobierno y a la presencia de tropasestadounidenses continuaron cometiendo gravesabusos contra los derechos humanos; llevaron a cabonumerosos atentados suicidas y otros ataques conexplosivos, que se cobraron la vida de centenaresde civiles.238 Informe 2012 Amnistía Internacional

Información generalAlentados por los levantamientos populares de Túnezy Egipto, miles de iraquíes se manifestaron enBagdad, Basora y otras ciudades para protestarcontra la corrupción, el desempleo y la falta deservicios básicos y pedir mayores derechos civiles ypolíticos. Las fuerzas de seguridad dispersaron por lafuerza las manifestaciones más numerosas,celebradas el 25 de febrero por todo Irak.El 18 de diciembre abandonaron Irak los últimossoldados estadounidenses, conforme a lo establecidoen el Acuerdo sobre el Estatuto de las Fuerzas,firmado por las autoridades de Estados Unidos e Iraken 2008. Debido a cuestiones jurídicas relacionadascon la inmunidad, no llegó a concretarse unapropuesta de acuerdo para que varios miles desoldados estadounidenses continuaran en el país conel fin de ofrecer adiestramiento militar.En julio, Irak se convirtió en Estado Parte en laConvención de la ONU contra la Tortura.Abusos cometidos por grupos armadosGrupos armados contrarios al gobierno y a lapresencia de fuerzas estadounidenses continuaroncometiendo graves abusos contra los derechoshumanos, como secuestros y homicidiosindiscriminados de civiles. Muchos de estos ataquesfueron obra de Al Qaeda en Irak (AQI) y sus aliados. El 10 de febrero, 9 personas murieron y al menosotras 27 resultaron heridas al explotar un vehículobomba cerca de una procesión de peregrinos chiíesque se dirigían a los lugares sagrados chiíes deSamarra, en la gobernación de Saladino. El 15 de agosto, al menos 89 personas murieron entodo Irak en más de 40 atentados coordinados. El másmortal de éstos se cometió en un abarrotado mercadode Kut, al sureste de Bagdad, en el que dosexplosiones mataron a no menos de 35 personas ehirieron a más de 60. El 29 de agosto, al menos 29 personas murieron ymuchas otras resultaron heridas en un atentadosuicida con explosivos perpetrado en la mayormezquita suní de Bagdad, la de Um al Qura. Entre lasvíctimas mortales se encontraba el parlamentarioKhalid al Fahdawi.Reclusión sin juicioMiles de personas continuaban recluidas sin cargosni juicio: en julio, el presidente del Consejo JudicialSupremo afirmó que había aún sin juzgar en tornoa 12.000, refiriéndose únicamente a las que seencontraban recluidas en centros controlados por elMinisterio de Justicia. Se creía que había muchasmás en prisiones gestionadas por los Ministerios deDefensa y del Interior. Muchas de estas personas notenían acceso a abogados ni a sus familiares.En julio, las autoridades estadounidensestransfirieron a sus homólogas iraquíes la custodia dedos hermanastros del ex presidente Sadam Husein yde su ex ministro de Defensa, todos ellos condenadosa muerte, así como la de casi 200 presuntosmiembros de grupos armados. Se trataba de losúltimos presos y detenidos bajo control de las fuerzasarmadas de Estados Unidos en Irak. Todoscontinuaron en la prisión de Al Karj (anteriormente,Campo Cropper), cerca del aeropuerto internacionalde Bagdad.Tortura y otros malos tratosLa tortura y otros malos tratos eran una prácticageneralizada en las prisiones y centros de detención,sobre todo en los controlados por los Ministerios delInterior y de Defensa. Los métodos que solíandenunciarse incluían colgar a la víctima de lasextremidades durante largos periodos, golpearla concables y mangueras, aplicarle descargas eléctricas,fracturarle las extremidades, someterla a semiasfixiacon bolsas de plástico y violarla o amenazarla conhacerlo. Se recurría a la tortura para obtenerinformación y “confesiones” susceptibles de serutilizadas como pruebas de cargo ante un tribunal. El 24 de febrero, 30 policías armados detuvieron enuna calle de Bagdad a Abdel Jabbar ShaloubHammadi, que colaboraba en la organización deprotestas antigubernamentales. Lo golpearon, levendaron los ojos y lo llevaron a un edificio policial deldistrito bagdadí de Al Baladiyat. Posteriormentedenunció que durante los primeros cinco días de sureclusión allí lo habían colgado de las muñecas con losbrazos y las piernas atados juntos y le habían arrojadoagua helada. Quedó en libertad sin cargos el 8 demarzo.Uso excesivo de la fuerzaLas fuerzas de seguridad hicieron uso excesivo de lafuerza al responder a las protestasantigubernamentales en Bagdad y otras ciudades,especialmente en febrero y marzo, y utilizaron fuegoIInforme 2012 Amnistía Internacional239

Ireal, granadas ensordecedoras y otras armas paradisolver manifestaciones pacíficas. Al menos 20personas murieron en las protestas que comenzaronen febrero. Cinco personas murieron por disparos de las fuerzasde seguridad en una manifestación pacífica celebradaen Mosul el 25 de febrero, entre ellas Muataz MuwafaqWaissi, a quien mató, al parecer, un francotirador.Según testigos, en un primer momento las fuerzas deseguridad utilizaron granadas ensordecedoras ydispararon al aire, pero posteriormente utilizaron fuegoreal contra los manifestantes. Durante las protestas celebradas en Basora tambiénel 25 de febrero, Salim Farooq perdió la vida y decenasde manifestantes más resultaron heridos enenfrentamientos con las fuerzas de seguridad que seprodujeron ante la sede de las autoridadesprovinciales.Pena de muerteCentenares de personas fueron condenadas amuerte. En julio, el presidente del Consejo JudicialSupremo afirmó que los tribunales habían impuesto291 penas de muerte durante el primer semestre delaño. En septiembre, un portavoz del Consejo revelóque entre enero de 2009 y septiembre de 2011 sehabían remitido 735 condenas de muerte alpresidente de Irak para su ratificación definitiva, quese había hecho efectiva en 81 casos. Según elMinisterio de Justicia, durante el año fueronejecutados 65 hombres y 3 mujeres.La mayoría de las condenas de muerte seimponían a personas declaradas culpables depertenencia a grupos armados o de implicación enatentados perpetrados por tales grupos, secuestros uotros delitos violentos. Los procesos incumplían demanera sistemática las normas internacionales sobrejuicios justos. Los acusados solían denunciar que las“confesiones” aceptadas como prueba de cargo sehabían obtenido bajo tortura, durante interrogatoriosllevados a cabo en régimen de incomunicación, y queno contaban con abogados defensores de suelección. En muchos casos, estas “confesiones” seemitían por televisión, a veces antes del juicio, lo quesocavaba el derecho de toda persona a la presunciónde inocencia. El gobierno casi nunca divulgabainformación sobre ejecuciones, ni siquiera losnombres de las personas ejecutadas ni su númeroexacto. El 16 de junio, el Tribunal Penal Central de Irakcondenó a 15 hombres a muerte tras haberse emitidolas “confesiones” de algunos de ellos por televisión díasantes. Al parecer, los 15 eran miembros de gruposarmados y, según informes, fueron declaradosculpables de asesinar a decenas de personas y violar amujeres y niñas (incluida la novia) en una bodacelebrada en una localidad cercana a Al Tayi, al nortede Bagdad, en junio de 2006. El 24 de noviembre, elMinisterio de Justicia anunció que ese mismo díahabían sido ejecutados 12 de ellos. Al final del año seignoraba la suerte que habían corrido los otros tres. Según informes, 10 hombres, incluidos unciudadano tunecino y otro egipcio, que habían sidodeclarados culpables de “terrorismo” y asesinatofueron ejecutados el 16 de noviembre en la prisión deAl Kadhimiya, en Bagdad.Juicios de ex altos cargos del partidoBaás y militaresEl Alto Tribunal Penal Iraquí siguió juzgando a ex altoscargos del partido Baás y militares vinculados algobierno de Sadam Husein por crímenes de guerra ylesa humanidad y otros delitos graves. Aunque suindependencia e imparcialidad se habían vistominadas por las injerencias políticas, dictó variascondenas de muerte. En septiembre, su presidenteafirmó ante el Parlamento que la actividad deltribunal ya había cesado, puesto que se habían vistoya todas las causas penales previstas. Hadi Hassuni, Abd Hassan al Majid y Farouq Hijazi,ex altos cargos de los servicios de inteligencia, fueroncondenados a muerte el 21 de abril por el asesinato deTaleb al Suhail, uno de los líderes de la oposición iraquí,cometido en Líbano en 1994. La Sala de Apelacionesdel Alto Tribunal confirmó las condenas, pero alconcluir 2001 seguían pendientes de la ratificación delpresidente. El 6 de junio, Aziz Saleh al Numan, ex alto cargo delpartido Baás, fue condenado a muerte tras serdeclarado culpable de crímenes de lesa humanidad enrelación con la represión del alzamiento chií de 1991en el sur de Irak.Ataques contra profesionalesde los medios de comunicaciónUna nueva ley aprobada en agosto con la aparentefinalidad de proteger los derechos de los periodistasrecibió las críticas de éstos y de las organizaciones de240 Informe 2012 Amnistía Internacional

medios de comunicación, que seguían siendo objetode amenazas y agresiones de las fuerzas deseguridad por motivos políticos, en lo que parecíaconstituir una campaña coordinada de represión delos medios de comunicación. Se perseguíaespecialmente a quienes trabajaban para mediosindependientes o de la oposición. Varios periodistasfueron detenidos y torturados. El 8 de septiembre, el destacado periodistaradiofónico Hadi al Mahdi murió abatido por disparosen su apartamento de Bagdad poco antes de unaprotesta a la que tenía previsto asistir. Sus amistadesafirmaron que había recibido amenazas durante lassemanas previas. Meses antes, él y otros tresperiodistas habían sido detenidos por soldados cuandoasistían a la protesta del 25 de febrero; pasaron lanoche bajo custodia y fueron interrogados bajo tortura,con métodos como palizas, descargas eléctricas yamenazas de violación.Violaciones de derechos humanoscometidas por las fuerzasestadounidensesLas fuerzas de Estados Unidos participaron en variossucesos en los que se registraron homicidios deciviles en circunstancias sospechosas. El 7 de marzo, fuerzas conjuntas estadounidenses eiraquíes llegaron en helicóptero a la localidad deAllazika, en la provincia de Kirkuk, y asaltaron la casadel médico Ayad Ibrahim Mohammad Azzawi alJibbouri. Se lo llevaron junto con su hermano Khalil,profesor. El 8 de marzo, el depósito de cadáveres deTikrit se puso en contacto con la familia de Ayad alJibbouri para que acudiera a recoger su cadáver, quefuerzas estadounidenses habían dejado allí el díaanterior. Al finalizar el año no se sabía si Khalil alJibbouri, a quien las fuerzas estadounidenses habíanllevado a su base de Tikrit, estaba ya en libertad ocontinuaba recluido por haberse transferido sucustodia a las autoridades iraquíes. El 30 de julio, Shaij Hamid Hassan, líder tribal, y dosfamiliares suyos murieron en la localidad de Rufayat, alnorte de Bagdad, cuando su casa fue atacada duranteuna operación conjunta de seguridad estadounidensee iraquí. Según informes, al menos otros seis miembrosde la familia –incluidas cuatro mujeres– resultaronheridos.Campo de AshrafLas personas residentes en el campo de Ashraf,unos 60 kilómetros al norte de Bagdad, continuabansometidas a un férreo control y a violencia por parte delas fuerzas de seguridad iraquíes. El campo,rebautizado como Nuevo Irak, continuaba acogiendo aunos 3.250 exiliados iraníes, miembros y simpatizantesde la Organización Muyahidín del Pueblo de Irán, quese oponía al gobierno iraní. El 8 de abril, tropas iraquíesasaltaron el campo, haciendo uso manifiestamenteexcesivo de la fuerza, incluida munición real, contraquienes intentaron oponer resistencia. Murieronalrededor de 36 residentes –28 hombres y 8 mujeres–,y más de 300 resultaron heridos. Posteriormente seimpidió u obstaculizó que las personas heridas y otrasgravemente enfermas salieran del campo para recibirtratamiento médico especializado.Altos cargos del gobierno iraquí insistieron en queel campo se cerraría a finales de 2011, lo que llevó alACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, asolicitar un aplazamiento con el fin de entrevistar a losresidentes que desearan registrarse como refugiados.Al concluir el año, el gobierno iraquí accedió aampliar el plazo hasta abril de 2012 si los residentesse trasladaban al campo de la Libertad, cerca delaeropuerto internacional de Bagdad.Región de KurdistánEn la región de Kurdistán, especialmente enSulaimaniya, también se registraron manifestacionescontra la corrupción y en demanda de reformaspolíticas.Se promulgaron varias leyes, incluida una sobre lasONG que simplificaba el proceso de registro legal deéstas, permitía que recibiesen fondos de fuenteslocales y extranjeras, reconocía su función devigilancia de las instituciones públicas y el acceso a lainformación y les permitía abrir delegaciones y crearredes. Otra nueva ley, destinada a combatir laviolencia contra las mujeres, prohibía una ampliadiversidad de actos de violencia en el seno familiar,exigía que se protegiese la identidad de las víctimas ycreaba un tribunal especial para enjuiciar los casosde violencia contra las mujeres.Uso excesivo de la fuerzaLas fuerzas de seguridad kurdas emplearon fuerzaexcesiva, incluida munición real, para reprimirprotestas en Sulaimaniya y Kalar, lo que provocó lamuerte de al menos seis personas.IInforme 2012 Amnistía Internacional241

I El 17 de febrero, Rezhwan Ali, muchacho de 15años, murió en el acto tras recibir un disparo en lacabeza durante una manifestación de miles depersonas en la plaza de Sara de Sulaimaniya.Al menos 50 personas más resultaron heridas. El 19 de febrero, Surkew Zahid, de 16 años, ySherzad Taha, de 28, sufrieron heridas graves cuandolas fuerzas de seguridad dispararon contra unaprotesta masiva en Sulaimaniya. Ambos murieron en elhospital al día siguiente. Al menos otras 14 personasresultaron heridas.Tortura y otros malos tratosAlgunos activistas en favor de la democracia,incluidos miembros de partidos políticos de laoposición, fueron detenidos y torturados o sometidosa otros malos tratos. Sharwan Azad Faqi Abdullah, detenido en Arbildurante las protestas del 25 de febrero, permaneciórecluido durante cuatro días y sufrió tortura. Lepropinaron reiterados puñetazos con el fin de obligarloa firmar una “confesión”; el 11 de marzo, cuando unadelegación de Amnistía Internacional se entrevistó conél en Arbil, aún presentaba lesiones aparentementecausadas por tortura. A comienzos de diciembre, las fuerzas de seguridadkurdas detuvieron a decenas de miembros de la UniónIslámica del Kurdistán, partido islamista no autorizado,en las ciudades de Dohuk y Zajo. Muchos de ellosquedaron en libertad al cabo de unos días, pero almenos 14 permanecieron recluidos durante variassemanas. Según informes, algunos fueron torturados.Las detenciones se produjeron inmediatamentedespués de unos ataques de manifestantes islamistascontra tiendas que vendían bebidas alcohólicas y otrosnegocios.Ataques contra trabajadores de los mediosde comunicaciónVarios periodistas, especialmente algunos quetrabajaban para medios de comunicaciónindependientes, sufrieron amenazas, hostigamientoo agresiones de individuos que parecían pertenecera las fuerzas de seguridad. El 29 de agosto, Asos Hardi, director del diarioindependiente Awene, fue golpeado por undesconocido armado cuando salía de su oficina enSulaimaniya. El 7 de septiembre, Ahmed Mira, director de larevista independiente Levin, pasó tres horas retenidoen Sulaimaniya por miembros de una fuerza especialque le propinaron patadas y lo golpearon con la culatade un rifle. Quedó en libertad por orden judicial.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó la región del Kurdistán iraquí en marzopara realizar labores de investigación y entrevistarse con autoridadesgubernamentales. Days of rage: Protests and repression in Iraq (MDE 14/013/2011)IRÁNREPÚBLICA ISLÁMICA DE IRÁNJefe del Estado:ayatolá Sayed Alí Jamenei,líder de la República Islámica de IránJefe del gobierno: presidente Mahmud AhmadineyadPena de muerte:retencionistaPoblación:74,8 millonesEsperanza de vida:73 añosMortalidad infantil (‹5 años): 30,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:85 por cientoLa libertad de expresión, asociación y reunión seencontraba gravemente restringida. Se detuvo deforma arbitraria, se recluyó en régimen deincomunicación, se encarceló tras juicios injustos yse prohibió viajar al extranjero a disidentes políticos,activistas de los derechos de las mujeres y de lasminorías y otros defensores y defensoras de losderechos humanos. La tortura y los malos tratos eranhabituales y quedaban impunes. Las mujeres y lasminorías religiosas y étnicas eran discriminadas enla ley y en la práctica. Se ejecutó al menos a360 personas, aunque se creía que, en realidad, lacifra total de ejecuciones era muy superior. Entre lasvíctimas había al menos 3 personas condenadas pordelitos cometidos cuando eran menores de edad. Seaplicaron penas de flagelación y amputación.Información generalLas fuerzas de seguridad, incluida la miliciaparamilitar Basij, continuaron operando casi con totalimpunidad, y no hubo apenas rendición de cuentaspor los homicidios ilegítimos y demás violacionesgraves de derechos humanos cometidos en años242 Informe 2012 Amnistía Internacional

anteriores, como los perpetrados en el contexto de lasmanifestaciones masivas y, en su mayoría, pacíficasque habían tenido lugar tras las eleccionespresidenciales de 2009.En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de laONU nombró un relator especial para investigar lasituación de los derechos humanos en Irán, peroel gobierno no le permitió visitar el país. En octubre, elComité de Derechos Humanos de la ONU examinóel historial de Irán en materia de derechos civiles ypolíticos. En diciembre, la Asamblea General de laONU aprobó una resolución que condenaba lasviolaciones de derechos humanos cometidas en Irán.Las tropas iraníes atacaron en el Kurdistán iraquíbases del Partido por una Vida Libre en Kurdistán(PJAK), grupo armado que defendía la autonomía dela población kurda de Irán; al menos dos civilesperdieron la vida y cientos de familias de la región sevieron desplazadas. Según informes, entre loscombatientes del PJAK figuraban personas reclutadasa pesar de ser menores de edad.En noviembre aumentó la tensión internacional porel programa nuclear iraní cuando el OrganismoInternacional de Energía Atómica declaró queposiblemente Irán estuviera fabricando un armanuclear en secreto. El gobierno lo negó, y ademásacusó a Israel y a Estados Unidos de estar implicadosen el asesinato de varios científicos iraníes quepodían estar vinculados al programa nuclear de Irán,como el físico Dariush Rezaienejad, a quien undesconocido armado había matado en julio enTeherán. El gobierno negó denuncias de lasautoridades estadounidenses según las cuales altoscargos de la Guardia Revolucionaria habíanparticipado en una conspiración para matar alembajador de Arabia Saudí en Estados Unidos.Libertad de expresión, asociacióny reuniónLas autoridades persistieron en las severasrestricciones impuestas a la libertad de expresión,asociación y reunión durante las protestas masivasde 2009, así como antes y después de ellas, y trataronde aplicar nuevas limitaciones. El Parlamento debatióanteproyectos de ley que restringirían aún más lalibertad de expresión, asociación y reunión, incluidaslas actividades de las ONG y los partidos políticos. Al concluir 2011 continuaban recluidos tantoMohammad Seyfzadeh, detenido en abril para cumpliruna pena de prisión, como Abdolfattah Soltani,detenido en septiembre. Ambos eran abogados ymiembros fundadores del Centro para los Defensoresde los Derechos Humanos, cuyas oficinas habían sidoclausuradas forzosamente por el gobierno en 2008. En diciembre, Zhila Karamzadeh Makvandi,integrante del grupo Madres del Parque Laleh, quehacía campaña contra los homicidios ilegítimos y otrosabusos graves de derechos humanos, empezó acumplir una pena de dos años de prisión por“fundación de una organización ilegal” y “atentadocontra la seguridad del Estado”. Estaba previsto queLeyla Seyfollahi, otra integrante del grupo, cumplieseuna pena de prisión similar.No se autorizaron manifestaciones convocadaspara el 14 de febrero en solidaridad con loslevantamientos de Túnez y Egipto, y se efectuarondetenciones preventivas. No obstante, se celebraronmanifestaciones en Teherán, Isfahán, Kermanshah,Shiraz y otros lugares. Las fuerzas de seguridad lasdispersaron recurriendo a la violencia, detuvieron adecenas de personas y mataron al menos a dos.Otras manifestaciones celebradas con posterioridadse dispersaron también por la fuerza. La presa de conciencia Haleh Sahabi, activistapolítica, murió el 1 de junio cuando se encontrabafuera de prisión, con permiso para asistir al funeralde su padre, el destacado disidente Ezatollah Sahabi.Según informes, fue golpeada por las fuerzasde seguridad antes de desplomarse.Las fuerzas de seguridad reprimieronmanifestaciones provinciales –según informes, conuso excesivo de la fuerza– y detuvieron a decenas, sino centenares, de manifestantes. En Juzestán,decenas de personas de la minoría árabe ahwazífueron, presuntamente, víctimas de homicidio antes ydurante manifestaciones que tuvieron lugar en abrilen conmemoración de unas protestas ocurridasen 2005. Decenas de ecologistas, participantes enmanifestaciones convocadas para pedir al gobiernomedidas contra la degradación del lago Urmía, fuerondetenidos en abril, agosto y septiembre en laprovincia de Azerbaiyán Oriental.El gobierno siguió ejerciendo estricto control sobrelos medios de comunicación, con medidas comoprohibir periódicos, bloquear páginas web e interferirlas emisiones de canales extranjeros de televisión porsatélite. Se hostigó, se prohibió viajar al extranjero, sedetuvo arbitrariamente y se torturó o encarceló aIInforme 2012 Amnistía Internacional243

Idecenas de periodistas, activistas políticos y familiaressuyos, cineastas, defensores y defensoras de losderechos humanos, estudiantes y profesoresuniversitarios por expresar opiniones opuestas a lasdel gobierno. Algunas personas detenidas en añosanteriores fueron ejecutadas tras juicios injustos. Cinco directores de documentales y una productoray distribuidora fueron detenidos en septiembre, trashaberse vendido sus películas a la BBC. Todos habíanquedado en libertad a mediados de diciembre. Majid Tavakkoli, Behareh Hedayat y MahdiehGolrou, activistas estudiantiles y de los derechoshumanos que cumplían penas de privación de libertadpor sus actividades pacíficas, fueron condenados aotros seis meses de prisión por una declaraciónconjunta que habían hecho por escrito en prisiónen 2010 con ocasión del Día del Estudiante. Según informes, Faranak Farid, activista de losderechos de las mujeres y periodista, fue golpeadabrutalmente tras su detención en Tabriz el 3 deseptiembre en relación con las protestas del lagoUrmía. En octubre quedó en libertad bajo fianza.Detención y reclusión arbitrariasLas fuerzas de seguridad continuaron deteniendo yrecluyendo arbitrariamente a personas críticas con elgobierno y a opositores políticos, a quienes confrecuencia se aplicaba el régimen de incomunicacióny se impedía, durante prolongados periodos, accedera sus familiares y abogados o a cuidados médicos.Muchas de estas personas sufrieron torturas y malostratos, y decenas de ellas fueron condenadas aprisión tras juicios injustos, sumándose así a loscentenares que habían sido encarceladas en añosanteriores tras ser juzgadas también sin las debidasgarantías. En febrero, los líderes de la oposición MehdiKarroubi y Mir Hossein Mousavi, así como susrespectivas esposas, fueron sometidos sin ordenjudicial a arresto domiciliario tras haber convocadomanifestaciones para el 14 de febrero. Al concluir elaño, todos seguían en esta situación excepto FatemehKarroubi, la esposa de Mehdi Karroubi. Mohammad Tavassoli, detenido en noviembre, fueuno de los como mínimo cinco integrantes del proscritoMovimiento por la Libertad detenidos en 2011. Sudetención guardaba relación con una carta que143 activistas políticos habían enviado al ex presidenteJatamí en octubre avisando de que las siguienteselecciones parlamentarias no serían ni libres ni justas.Se prohibió a otras cinco personas abandonar Irán. En septiembre y tras el pago de una elevada fianza,se devolvió la libertad y se permitió salir de Irán a ShaneBauer y Josh Fattal, ciudadanos estadounidenses quellevaban más de dos años recluidos, acusados deespionaje, a raíz de haber entrado, al parecer por error,en Irán cuando hacían senderismo en Irak.Defensores y defensorasde los derechos humanosSe intensificó la represión contra los defensores ydefensoras de los derechos humanos, incluidosabogados. Muchos fueron detenidos de formaarbitraria y encarcelados u hostigados, mientras queotros, condenados en juicios injustos en añosanteriores, continuaron en prisión. Entre ellosfiguraban activistas de los derechos de las mujeresy de las minorías, sindicalistas, profesionales delderecho y estudiantes, y muchos eran presos deconciencia. Los sindicatos independientes seguíanprohibidos, y varios sindicalistas continuaban enprisión. En septiembre, la condena de 11 años de prisiónimpuesta en abril a la abogada de derechos humanosNasrin Sotoudeh, tras haber sido declarada culpablede “atentar contra la seguridad nacional” por sulegítimo trabajo de defensa jurídica, se redujo a seisaños en apelación. La prohibición de ejercer laabogacía y salir de Irán durante 20 años se redujoa la mitad. Reza Shahabi, tesorero del independiente Sindicatode Trabajadores de la Empresa de Autobuses deTeherán y los Suburbios, continuaba recluido en laprisión de Evín, en Teherán, sin que hubiese concluidosu juicio. Detenido en junio de 2010, era preso deconciencia, al igual que Mansour Ossanlu, líder delsindicato, que salió en libertad condicional en juniopara recibir tratamiento médico. Durante varias semanas tras su detención en julio,Kouhyar Goudarzi, activista de derechos humanos,estuvo en paradero desconocido, hasta que sedescubrió que se encontraba en régimen deaislamiento en la prisión de Evín, donde continuaba alfinalizar 2011. Behnam Ganji Khaibari, detenido juntocon él y, al parecer, torturado, se suicidó tras quedar enlibertad. El destacado activista de derechos humanosEmadeddin Baghi quedó en libertad en junio tras haber244 Informe 2012 Amnistía Internacional

cumplido dos condenas concurrentes de un año deprisión por “propaganda contra el Estado” a causade sus actividades de derechos humanos y en losmedios de comunicación. Pesaba todavía sobre él laprohibición de desarrollar actividades políticas y en losmedios de comunicación por un periodode cinco años.Juicios injustosLas personas inculpadas por motivos políticos eranobjeto de juicios manifiestamente injustos, confrecuencia por cargos imprecisos y que no constituíandelitos comunes reconocibles. Privadas a menudo deasistencia letrada, solían ser condenadas sobre labase de “confesiones” u otras informacionesobtenidas presuntamente mediante tortura cuando seencontraban en prisión preventiva. Los tribunalesaceptaban dichas “confesiones” como prueba sininvestigar cómo se habían conseguido. Omid Kokabi fue detenido en febrero en elaeropuerto de Teherán, adonde llegó procedente deEstados Unidos, donde estudiaba. Fue juzgado enoctubre por cargos de “espionaje” y otros delitos.Aseguró haber sido obligado a “confesar” cuando seencontraba detenido, y su abogado manifestó que no lehabían permitido ponerse en contacto con él. Zahra Bahrami, de doble nacionalidad neerlandesae iraní, fue ejecutada sin previo aviso el 29 de enero,tan sólo 27 días después de haber sido condenada amuerte por presuntas actividades de contrabando dedrogas. Había sido detenida durante lasmanifestaciones de diciembre de 2009 y acusada enprimer lugar de moharebeh (enemistad contra Dios)por sus presuntos contactos con un grupo deoposición. No obstante, no se la juzgó por ese cargo.Su abogada comunicó que no se le había permitidorecurrir la condena de muerte.Tortura y otros malos tratosLa tortura y otros malos tratos en prisión preventivaseguían siendo prácticas comunes y que quedabanimpunes. Los detenidos sufrían golpes en las plantasde los pies y en el cuerpo, a menudo estandocolgados boca abajo; quemaduras con cigarrillos uobjetos metálicos candentes; simulacros deejecución; violaciones, incluso por parte de otrosdetenidos, o amenazas de violación; reclusión enespacios muy pequeños y falta de luz, alimentos,agua y tratamiento médico adecuados. Según se tuvonoticia, hasta 12 personas murieron bajo custodia encircunstancias poco claras, como la posible negacióno demora de atención médica, y sus muertes nofueron objeto de investigaciones independientes. Almenos otras 10 murieron durante los disturbios quese desencadenaron en marzo en la prisión de GhezelHesar, en Karaj, cerca de Teherán. No se teníaconstancia de que las autoridades hubieraninvestigado alguna denuncia de tortura o malostratos, y las personas que denunciaban actos detortura se enfrentaban a represalias. El hacinamientoagravaba aún más las ya de por sí duras condicionesde reclusión. Según informes, entre marzo y mayo murieron bajocustodia, en la provincia de Juzestán, un mínimo decuatro árabes ahwazíes (Reza Maghamesi, AbdolKarim Fahd Abiat, Ahmad Riassan Salami y EjbarehTamimi), posiblemente a consecuencia de torturas. Entre los numerosos presos políticos, incluidospresos de conciencia, con graves problemas de salud alos que se negaba atención médica adecuadafiguraban el periodista Issa Saharkhiz, Zahra Jabbari, eldefensor de los derechos de la minoría azerbaiyanaSaid Metinpour y el clérigo disidente HosseinKazemeyni Boroujerdi. El activista político Hoda Sabermurió en prisión en junio tras haberse declarado enhuelga de hambre en protesta por la muerte de HalehSahabi. Otros presos afirmaron que los funcionarios dela prisión lo habían golpeado y negado atención médicaadecuada.Penas crueles, inhumanas o degradantesSiguieron imponiéndose y ejecutándose penas deflagelación y amputación. También se impusieronpenas de ceguera. En septiembre, Somayeh Tohidlou, activista política,y Peyman Aref, activista estudiantil, recibieron 50 y 74latigazos, respectivamente, tras haber sidocondenados por separado por “insultar” al presidenteAhmadineyad. Al parecer, el 8 de octubre amputaron cuatro dedosde la mano derecha a cuatro hombres condenadospor robo. Majid Movahedi, que en 2004 había dejado ciega aAmeneh Bahrami al atacarla con ácido y que habíasido condenado a quedar igualmente ciego mediante laaplicación de ácido, fue indultado poco antes de que seejecutara la pena en un hospital el 31 de julio, cuandosu víctima accedió a recibir una indemnización.IInforme 2012 Amnistía Internacional245

IDiscriminación de las mujeresLas mujeres seguían estando discriminadas en la leyy en la práctica. Entre otras medidas, se les imponíaun código indumentario. Se perseguía y hostigaba aquienes defendían los derechos de las mujeres, comolas personas que participaban en la campaña “UnMillón de Firmas” en demanda de la igualdad jurídicade las mujeres. El anteproyecto de ley de protecciónfamiliar, que agravaba la discriminación de lasmujeres en la legislación, seguía pendiente deaprobación en el Parlamento. Algunas universidadescomenzaron a segregar a los estudiantes por sexo. Fatemeh Masjedi y Maryam Bidgoli, activistas de lacampaña “Un Millón de Firmas”, cumplieron sendascondenas de seis meses de cárcel, convirtiéndose asíen las primeras integrantes de dicha campañaencarceladas por recoger firmas.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroLas personas acusadas de actos sexuales conpersonas de su mismo sexo seguían siendo víctimasde hostigamiento, persecución y penas judiciales deflagelación y de muerte. Según informes, el 4 de septiembre ejecutaron, en laprisión de Karoun de la ciudad de Ahvaz (provincia deJuzestán), a tres hombres identificados sólo por susiniciales, que habían sido declarados culpables de“sodomía”. Siyamak Ghaderi, que había trabajado previamentecomo periodista para la agencia estatal de noticias y seencontraba recluidodesde agosto de 2010, fue condenadoen enero a cuatro años de prisión, además de flagelaciónyuna multa, tras ser declarado culpable de “publicarmentiras”, de cometer “actos prohibidos por la religión” y deotros cargos relacionados,entre otras cosas, con lapublicación de entrevistascon personas LGBT en su blog.Discriminación: minorías étnicasLas minorías étnicas de Irán, como la árabe ahwazí, laazerbaiyana, la baluchi, la kurda y la turcomana,siguieron sufriendo discriminación en la ley y en lapráctica. Continuó estando prohibido el uso de laslenguas minoritarias en organismos públicos y en lasescuelas. Quienes defendían los derechos de lasminorías se enfrentaban a amenazas, detención yencarcelamiento. El preso de conciencia Mohammad SadiqKabudvand continuaba cumpliendo una condenade 10 años y medio por haber participado en lafundación de la Organización de Derechos Humanosde Kurdistán. Se le negó un tratamiento médicoadecuado. Se condenó a cinco años de prisión en el exilio, esdecir, en una cárcel lejos de su hogar, a MohammadSaber Malek Raisi, adolescente baluchi de Sarbaz,de 16 años, que se encontraba recluido desdeseptiembre de 2009, posiblemente para obligar a suhermano mayor a entregarse a las autoridades.Libertad de religiónLos miembros de las minorías religiosas, incluidos loscristianos conversos, los bahaíes, los clérigos chiíesdisidentes y las comunidades Ahl-e-Haq y derviche,continuaron siendo perseguidos tras reiteradosllamamientos del líder supremo y otras autoridades acombatir las “falsas creencias”, en alusión, alparecer, al cristianismo evangélico, el bahaísmo y elsufismo. En algunas ciudades seguían aplicándoserestricciones al culto comunitario de los musulmanessuníes, y algunos de sus clérigos fueron detenidos. Al menos siete bahaíes fueron encarcelados porperiodos de entre cuatro y cinco años al ser detenidosjunto con otros más de 30 en redadas dirigidasespecíficamente contra el Instituto Bahaí de EducaciónSuperior. Este centro ofrecía a los estudiantes bahaíes,que tenían prohibido el acceso a la universidad, cursosde educación superior por Internet. Las siete personasmencionadas formaban parte de un grupo de másde 100 bahaíes recluidos a causa de sus creencias,entre quienes figuraban siete líderes de esta minoría alos que en marzo se condenó nuevamente a 20 añosde prisión, revocando así el fallo emitido por un tribunalde apelación en 2010. En septiembre y octubre fueron detenidos en Kavar yTeherán hasta 100 miembros de la orden religiosa sufíde los derviches gonabadi, así como 3 de sus abogadosy 12 periodistas de Majzooban-e-Noor, página web denoticias de la orden. Al concluir 2011 continuabanrecluidos al menos 11 de ellos, la mayoría sin acceso aabogados ni a sus familiares. En septiembre comenzó un segundo juicio contraYousef Nadarkhani, pastor cristiano, hijo de padresmusulmanes, acusado de “apostasía”. Había sidodetenido en octubre de 2009 y condenado a muerteen 2010 por negarse a abjurar del cristianismo, religióna la que se había convertido, pero el Tribunal Supremohabía revocado la sentencia en junio.246 Informe 2012 Amnistía Internacional

Sayed Mohammad Movahed Fazeli, imán suní deTaybad, permaneció recluido entre enero y agosto, acausa de protestas que había desencadenado en estaciudad su dimisión forzada como imán.Pena de muerteCientos de personas fueron condenadas a muerte. Seinformó oficialmente de 360 ejecuciones, perofuentes fidedignas indicaban que se habían llevado acabo 274 más, muchas de ellas en secreto. Hastael 80 por ciento fueron por presuntos delitosrelacionados con drogas, en muchos casos depersonas que vivían en la pobreza y en comunidadesmarginadas, sobre todo de ciudadanos afganos. Enenero entró en vigor una reforma de la LeyAntinarcóticos que parecía negar el derecho deapelación a las personas condenadas a muerte.El número de ejecuciones públicas se cuadruplicó:hubo al menos 50 ejecuciones reconocidasoficialmente y otras 6 registradas por fuentes nooficiales. Se ejecutó al menos a 3 personascondenadas por delitos cometidos cuando teníanmenos de 18 años, y fuentes fidedignas informaronde otros 4 casos. No se tuvo noticia de ningunalapidación, pero quedaban al menos 15 personascondenadas a muerte por este método, entre ellasSakineh Mohammadi Ashtiani. Había miles de presosmás en espera de ejecución. Jafar Kazemi y Mohammad Ali Haj Aghaei fueronahorcados el 24 de enero. Habían sido declaradosculpables de moharebeh (enemistad contra Dios) porhaber tenido contacto con la Organización Muyahidíndel Pueblo de Irán, grupo de oposición prohibido, y de“propaganda contra el sistema” en relación con losdisturbios de 2009. El 21 septiembre Alireza Molla Soltani, de 17 añosy condenado por el asesinato del conocido atletaRuhollah Dadashi, fue ahorcado públicamente enKaraj, donde se había producido el homicidio en julio.Alireza Molla Soltani declaró que había apuñalado alatleta en defensa propia, porque éste lo había atacadoen la oscuridad. En diciembre, Zeynab Jalalian, presa política kurda,supo que habían conmutado su condena de muerte.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional habló con personal diplomático iraní de lanegativa a permitirle el acceso al país, pero siguió impidiéndosele entrar.En general, las autoridades no respondieron a las comunicaciones de laorganización. Decididos a vivir con dignidad. La lucha de los sindicalistas iraníes porsus derechos (MDE 13/024/2011) Iran: Submission to the Human Rights Committee (MDE 13/081/2011) Addicted to death: Executions for drugs offences in Iran(MDE 13/090/2011)IRLANDAREPÚBLICA DE IRLANDAJefe del Estado:Michael D. Higgins(sustituyó a Mary McAleese en noviembre)Jefe del gobierno:Enda Kenny(sustituyó a Brian Cowen en marzo)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:4,5 millonesEsperanza de vida:80,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4,2 por cada 1.000El Comité de la ONU contra la Tortura criticó la faltade procesamientos en los casos denunciados deviolencia contra niños y niñas en instituciones deadministración religiosa. La provisión de servicios desalud mental seguía siendo inadecuada. Lascondiciones de reclusión en las cárceles distaban decumplir los criterios exigidos.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesEl Programa de Gobierno de 2011, publicado enmarzo, prometía examinar las posibles vías para unareforma constitucional exhaustiva, que abarcaraaspectos como el matrimonio entre personas delmismo sexo, la igualdad de las mujeres y laeliminación de la blasfemia de la Constitución.En septiembre, el comisario de Derechos Humanosdel Consejo de Europa publicó el informe de su visitaa Irlanda, realizada en junio; expresaba en él supreocupación por los posibles efectos perjudiciales delas medidas presupuestarias propuestas y en vigorpara la protección de los derechos humanos,especialmente en relación con los grupos vulnerables.El gobierno anunció en septiembre su intención defusionar la Comisión de Derechos Humanos con laIInforme 2012 Amnistía Internacional247

IAutoridad para la Igualdad a fin de crear la nuevaComisión de Igualdad y Derechos Humanos.Derechos de la infanciaEn junio, el Comité contra la Tortura expresó supreocupación por el escaso número de casos deviolencia contra niños y niñas en institucionesde gestión religiosa que se habían remitido a lostribunales a pesar de que el informe de la Comisiónpara Investigar los Abusos Infantiles (Informe Ryan)de 2009 contenía abundantes indicios de talesabusos.En julio se publicó el informe de la comisión deinvestigación sobre la diócesis católica de Cloyne,archidiócesis de Dublín, o Informe Cloyne. Entre otrascosas, se concluía en él que dos tercios de lasdenuncias de violencia clerical de carácter sexualcontra niños y niñas de esa diócesis, formuladas antela Iglesia católica entre 1996 y 2009, no se habíanremitido a la policía irlandesa, como exigían lasnormas eclesiales de 1996. El gobierno volvió aexpresar posteriormente su compromiso en relacióncon la obligatoriedad de informar sobre casos depresunta violencia contra menores de edad.Comercio de armasEn septiembre se publicó, con un retrasoconsiderable, el primer informe anual, elaborado encumplimiento de la Ley de Control de lasExportaciones de 2008, sobre intermediación yexportaciones de material militar y de doble uso, queabarcaba el periodo 2008-2010. Había lagunas en lainformación que contenía, pues, por ejemplo, no seindicaba el uso final de los productos.Condiciones de reclusiónTanto el Comité de la ONU contra la Tortura como elComité Europeo para la Prevención de la Torturaexpresaron su preocupación por las condicionesimperantes en las cárceles, en particular por elhacinamiento, la ausencia de saneamiento en lasceldas, la falta de asistencia médica y la violenciaentre internos en algunas prisiones.El Comité contra la Tortura señaló además la faltade investigaciones independientes y efectivas sobrelas denuncias de malos tratos a manos de personalpenitenciario.Derecho a la saludReconociendo demoras en el acceso a la atención dela salud y problemas que hacían que no fuerasiempre asequible, el gobierno se comprometió ainstaurar un sistema universal de atención dela salud.En febrero, el Comité Europeo para la Prevenciónde la Tortura señaló la lentitud con que avanzaba lareforma en materia de salud mental y expresó supreocupación en torno a la Ley de Salud Mentalde 2001, por aspectos como la falta de protección delos “pacientes voluntarios” y las disposicionesrelativas al uso de terapia electroconvulsiva.Personas refugiadasy solicitantes de asiloContinuaron los retrasos significativos en el examende las solicitudes de asilo y de otras necesidades deprotección. Aún no se había promulgado lalegislación prometida hacía tiempo para establecer unprocedimiento único de examen de las solicitudes.Violencia contra mujeres y niñasEl Comité de la ONU contra la Tortura recomendó unainvestigación independiente de todas las denunciasde tortura y otros malos tratos a las mujeres y niñasrecluidas en las “Lavanderías de la Magdalena”, degestión religiosa, entre 1922 y 1996. En junio, elgobierno estableció un comité interdepartamentalpara “aclarar cualquier interacción del Estado con lasLavanderías de la Magdalena”. Sin embargo, lamedida por sí sola era insuficiente para aplicarla recomendación del Comité contra la Tortura.En noviembre se puso en marcha un plan deacción nacional sobre la Resolución 1325 del Consejode Seguridad de la ONU, sobre la mujer, la paz y laseguridad.Policía y fuerzas de seguridadEl tribunal de Smithwick inició en junio las vistaspúblicas para examinar denuncias según las cualesmiembros de la policía u otros agentes del Estadohabían colaborado en los homicidios de dos altosmandos de la Real Policía del Ulster cometidosen 1989 por el Ejército Republicano IrlandésProvisional en Irlanda del Norte.248 Informe 2012 Amnistía Internacional

Informes y visitasde Amnistía Internacional Ireland: Briefing to the UN Committee against Torture(EUR 29/001/2011) Ireland: Protecting human rights on the ground – AmnestyInternational submission to the UN Universal Periodic Review, October 2011(EUR29/003/2011)ISRAELY LOS TERRITORIOSPALESTINOSOCUPADOSESTADO DE ISRAELJefe del Estado:Simón PeresJefe del gobierno:Benjamín NetanyahuPena de muerte: abolicionista para los delitos comunesPoblación:7,6 millones (Israel);4,2 millones (Territorios Palestinos Ocupados)Esperanza de vida:81,6 años (Israel);72,8 años (Territorios Palestinos Ocupados)Mortalidad infantil (‹5 años): 4,4 por cada 1.000 (Israel);29,5 por cada 1.000 (Territorios Palestinos Ocupados)Las autoridades israelíes mantuvieron el bloqueo dela Franja de Gaza, prolongando así la crisishumanitaria del territorio, y continuaronrestringiendo la circulación de la población palestinaen los Territorios Palestinos Ocupados. EnCisjordania, incluido Jerusalén Oriental, lasautoridades siguieron construyendo la valla/muro,que discurría en gran parte por territorio palestino, yampliando los asentamientos, en contravención delderecho internacional. También demolieronviviendas e instalaciones palestinas en Cisjordania,así como casas de familias palestinas conciudadanía israelí dentro de Israel, sobre todo en lospueblos “no reconocidos” del Néguev. El ejércitoisraelí utilizó con frecuencia fuerza excesiva y, enocasiones, medios letales contra manifestantes, enCisjordania, y contra civiles, en áreas fronterizas dela Franja de Gaza. Las fuerzas militares israelíesmataron a 55 civiles en los Territorios PalestinosOcupados, incluidos 11 menores de edad. EnCisjordania aumentó la violencia de los colonosisraelíes contra la población palestina y se cobró lavida de tres personas. En general, los colonos ymilitares israelíes acusados de abusos contra lapoblación palestina eludían la rendición de cuentas.Las autoridades no emprendieron investigacionesindependientes sobre los presuntos crímenes deguerra cometidos por las fuerzas israelíes durante laoperación “Plomo Fundido” de 2008 y 2009. Lasautoridades israelíes detuvieron a miles de personaspalestinas de Cisjordania. Más de 307 fueronsometidas a detención administrativa, sin cargos nijuicio, y otras fueron condenadas a prisión en juiciosmilitares. Al concluir 2011, Israel mantenía presas amás de 4.200 personas palestinas. Siguieronrecibiéndose informes sobre tortura y malos tratos apersonas detenidas.Información generalFracasaron los esfuerzos de la comunidadinternacional en favor de la reanudación de lasnegociaciones entre Israel y la Autoridad NacionalPalestina. Israel se opuso a la solicitud de laAutoridad Nacional Palestina de que la ONU laadmitiera como miembro de pleno derecho y, trasla admisión de Palestina como miembro de laUNESCO, el gobierno israelí retuvo temporalmente losimpuestos y aranceles que debía traspasar a laAutoridad Nacional Palestina.Los grupos armados palestinos de Gaza lanzaronataques indiscriminados con cohetes y proyectiles demortero contra el sur de Israel, que se saldaron con lamuerte de dos civiles israelíes (véase el apartadosobre Autoridad Nacional Palestina), mientras que lasfuerzas israelíes atacaron a su vez a palestinos a losque consideraban responsables de estas agresiones.Un estudiante israelí de enseñanza secundariaresultó herido de muerte en abril, cuando un misildisparado desde Gaza alcanzó a un autobús escolaren el Néguev. Ocho colonos israelíes perdieronla vida en Cisjordania a causa de ataques palestinos,uno de ellos a manos de las fuerzas de seguridadpalestinas. En Israel murieron otros siete civiles, seisde ellos víctimas de integristas armados que entraronen agosto en el país procedentes de Egipto.En octubre y diciembre, Israel dejó en libertad a1.027 presos palestinos, algunos de ellos condenadospor homicidios de civiles israelíes, a cambio de laIInforme 2012 Amnistía Internacional249

Iliberación del soldado israelí Gilad Shalit, que seprodujo el 18 de octubre. Gilad Shalit llevabadesde 2006 cautivo de grupos armados palestinos enGaza, y durante ese tiempo le habían impedidoacceder al Comité Internacional de la Cruz Roja.Asimismo, en octubre Israel devolvió la libertad a 25egipcios en contrapartida por la excarcelación de unhombre con doble nacionalidad israelí yestadounidense encarcelado en Egipto.De julio a octubre, cientos de miles de israelíesparticiparon en manifestaciones pacíficas parareivindicar viviendas a precios más asequibles ymejoras en los sistemas de salud y educación.Bloqueo de Gaza y crisis humanitariaIsrael mantuvo su bloqueo militar de Gaza, en vigordesde 2007, y en marzo cerró el paso de Karni, con loque Kerem Shalom pasó a ser el único punto deacceso para mercancías, a pesar de su escasacapacidad. Con el bloqueo se prolongó una crisishumanitaria que afectaba a toda la población deGaza: 1,6 millones de personas, más del 70 por cientode las cuales dependían de la ayuda humanitaria. Semantuvo la prohibición casi total de las exportaciones,que asfixiaba la economía, y la severa restricción de lasimportaciones dio lugar a la escasez y alencarecimiento de los productos. El bloqueo constituíaun castigo colectivo, contrario al derecho internacional,y perjudicaba sobre todo a la población infantil y a losenfermos. Las autoridades israelíes obstaculizaron oimpidieron la salida de Gaza de cientos de personasenfermas para recibir tratamiento médico.En mayo, Egipto abrió el paso de Rafah a loshabitantes de Gaza, aunque controlandoestrictamente los movimientos de entrada y salida delterritorio. Al menos 36 palestinos murieron enaccidentes en túneles utilizados para el contrabandode mercancías entre Egipto y Gaza o en ataquesaéreos lanzados por Israel contra dichos túneles.La marina israelí impidió el paso a varias flotillasinternacionales que trataban de romper el bloqueo deGaza. En septiembre, un comité de investigaciónde la ONU concluyó que el bloqueo naval de Gazaera legítimo, pero no abordó la legalidad de todo elrégimen de clausura que se imponía al territorio.Restricciones en CisjordaniaMás de 500 barreras y puestos de control del ejércitoisraelí seguían dificultando el acceso de la poblaciónpalestina a sus lugares de trabajo, escuelas yhospitales en Cisjordania, al tiempo que Israelcontinuaba construyendo una valla/muro de700 kilómetros que discurría en su mayor parte porterritorio palestino y separaba a miles de agricultorespalestinos de sus tierras y recursos hídricos. Lapoblación palestina de Cisjordania con permisos deentrada a Jerusalén podía utilizar sólo 4 de los 16puestos de control de la valla/muro.Se negaba a los palestinos el acceso a zonascercanas a los asentamientos israelíes, cuyoestablecimiento y mantenimiento violaba el derechointernacional. Aumentó la construcciónde asentamientos, y al concluir 2011 más de500.000 personas vivían en asentamientos deCisjordania, incluido Jerusalén Oriental.Debido a las restricciones de circulación,para llegar a la ciudad más cercana, unas200.000 personas de 70 pueblos palestinos se veíanobligadas a dar rodeos de dos a cinco veces máslargos que la ruta directa, lo que socavaba su accesoa servicios básicos.Derecho a la vivienda: desalojos forzososPor lo general, las autoridades israelíes denegaban elpermiso de construcción a los palestinos residentesen Jerusalén Oriental y en la zona C de Cisjordania,donde Israel seguía teniendo plena autoridad enmateria de urbanismo, con lo que obstaculizaban elejercicio de su derecho a una vivienda adecuada. Lasautoridades israelíes intensificaron en Cisjordania lademolición de viviendas y otras edificacionespalestinas construidas sin permiso, y durante 2011destruyeron más de 620 estructuras. Como resultadode ello, casi 1.100 palestinos se vieron desplazados,lo que supuso un incremento del 80 por ciento conrespecto a 2010; además, destruyeron 170 cobertizospara animales y 46 depósitos de agua, lo que afectó amás de 4.200 personas. Debido a su vulnerabilidad,resultaron especialmente damnificadas lascomunidades beduinas y de pastores, algunas de lascuales corrían peligro de ser desplazadaspermanentemente a causa de las severasrestricciones de circulación, las reiteradasdemoliciones y la violencia de los colonos. En junio, las fuerzas israelíes llevaron a caborepetidas demoliciones en Hadidiya, comunidad depastores del norte del valle del Jordán, dondedestruyeron 33 estructuras y dejaron a varias familias250 Informe 2012 Amnistía Internacional

sin hogar. A causa de un recurso de apelacióninterpuesto ante el Tribunal Superior de Justicia, sedictó un requerimiento judicial provisional contranuevas órdenes de demolición emitidas en noviembre.Las autoridades intensificaron también lasdemoliciones de viviendas palestinas dentro de Israel,sobre todo en pueblos “no reconocidos” oficialmente,donde se prohibía toda construcción. En septiembre,el Consejo de Ministros aprobó planes para regular lasconstrucciones beduinas “ilegales” en la regiónmeridional del Néguev que, de aplicarse, podíansuponer la expulsión forzosa de Israel de miles deciudadanos palestinos. Durante 2011 se destruyeron al menos 20 veceschozas y otras estructuras en Al Araqib, pueblo “noreconocido” del Néguev, donde ya se habían llevado acabo demoliciones en 2010. En julio, las autoridadesisraelíes demandaron a los habitantes del pueblo, a losque reclamaron 1,8 millones de nuevos shekels(aproximadamente 500.000 dólares estadounidenses)por el coste de las reiteradas demoliciones y desalojos.Uso excesivo de la fuerzaLas fuerzas israelíes emplearon munición real y fuerzaexcesiva contra manifestantes palestinos enCisjordania, así como contra otros manifestantes enlas fronteras de Líbano y Siria. También utilizaron estosmedios para obligar a respetar la “zona de exclusión”dentro de Gaza y en su costa. Mataron a 55 civilespalestinos en los Territorios Palestinos Ocupados, delos que 11 eran menores de edad. De ellos, 22 civiles,entre ellos 9 menores, murieron por fuego israelí enlas zonas restringidas de Gaza, tanto terrestres comomarítimas. El ejército emprendió investigacionesinternas sobre algunos de estos incidentes, pero éstasno fueron independientes ni transparentes. Según informes, hasta 35 personas perdieron la viday cientos resultaron heridas cuando soldados israelíesdispararon contra miles de refugiados palestinos yotras personas que se manifestaron el 15 de mayo yel 5 de junio en la frontera de Líbano con Israel y en lafrontera de Siria con el Golán, ocupado por Israel.Algunos manifestantes habían arrojado piedraso cruzado la frontera de los Altos del Golán, pero notenían armas de fuego ni representaban una amenazadirecta para la vida de los soldados. Israel rebatió lacifra de muertes y sus circunstancias. En el pueblo cisjordano de Al Nabi Saleh, lossoldados israelíes utilizaron reiteradamente fuerzaexcesiva para reprimir a palestinos que semanifestaban contra la valla/muro y a participantes enprotestas contra la expansión de los asentamientos.El 9 de diciembre hirieron de muerte a Mustafa Tamimi,de 28 años, quien, tras haber lanzado una piedracontra un jeep militar, fue alcanzado en la cara por unagranada de gas lacrimógeno disparada a cortadistancia, en contra de lo establecido por la normativamilitar.ImpunidadEn enero, la Comisión Turkel de Israel concluyó quelas fuerzas israelíes no habían violado el derechointernacional humanitario en mayo de 2010, cuandoatacaron a una flotilla de ayuda humanitaria que sedirigía a Gaza y mataron a nueve ciudadanos turcos.No obstante, la Comisión continuó sin explicar dichasmuertes.Aunque la policía militar continuaba investigandoincidentes concretos de la operación “PlomoFundido”, las autoridades siguieron sin tomarmedidas para emprender investigaciones creíbles eindependientes sobre los presuntos crímenes deguerra y los posibles crímenes de lesa humanidadcometidos por las fuerzas israelíes en 2008 y 2009durante esa operación, en la que murieron cientosde palestinos.En general, los colonos y las fuerzas de seguridadisraelíes acusados de abusos contra palestinoseludían la rendición de cuentas. Las autoridadesisraelíes abrieron investigaciones en el marco de susprocedimientos rutinarios, pero éstas pocas vecesdieron lugar a acciones judiciales. La ONG israelíYesh Din comunicó que, de las investigaciones sobrepresuntos actos de violencia cometidos por colonosque venía siguiendo desde 2005, casi el 90 porciento se habían cerrado ya, al parecer por fallos deprocedimiento. Además, añadió que sólo se habíadictado acta de acusación formal en el 3,5 por cientode las denuncias presentadas por palestinos ante lasautoridades militares israelíes sobre presuntasviolaciones de derechos cometidas por soldadosisraelíes entre 2000 y 2010.Reclusión sin juicioDurante 2011, las autoridades israelíes mantuvieronrecluidos sin cargos ni juicio a un mínimo de307 palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados,en virtud de órdenes de detención administrativaIInforme 2012 Amnistía Internacional251

Irenovables, basadas en información que no serevelaba ni a los propios detenidos ni a sus abogados.Entre los palestinos que quedaron en libertad acambio de la liberación de Gilad Shalit por Hamásfiguraban tres mujeres sometidas a detenciónadministrativa. Ahmad Qatamesh, escritor y profesor universitario,fue detenido en abril y recluido en virtud de una ordende detención administrativa de seis meses que serenovó en septiembre; al concluir 2011 continuabaprivado de libertad. Era preso de conciencia.Condiciones de reclusión:negación de visitas de familiaresComo venían haciendo desde junio de 2007, lasautoridades israelíes continuaron prohibiendo a lospresos palestinos de Gaza recluidos en prisionesisraelíes recibir visitas de familiares. Aunque durante2011 se excarceló a más de 200, al terminar el añoaún quedaban unos 440 en las cárceles israelíes.Asimismo, las autoridades israelíes denegaban confrecuencia los permisos de visita familiar a los presoscisjordanos, alegando imprecisos motivos de“seguridad”.Juicios injustosSe seguía enjuiciando a los palestinos de losTerritorios Palestinos Ocupados ante tribunalesmilitares y se les negaba sistemáticamente el accesoa abogados durante los interrogatorios en prisiónpreventiva. El 27 de septiembre, de conformidad conla orden militar núm. 1676, la edad mínima para quelos palestinos pudieran ser juzgados ante tribunalesmilitares israelíes pasó de 16 a 18 años. Previamente,estos tribunales juzgaban a los niños de 16 y 17 añosen las mismas condiciones que a los adultos.Sin embargo, la nueva orden no exigía que sefacilitara a los menores de edad detenidos el acceso aasistencia letrada ni que se evitara recluir junto conadultos a los que tuvieran más de 16 años.Tortura y otros malos tratosSiguieron recibiéndose denuncias de tortura y otrosmalos tratos, infligidos incluso a menores de edad.Entre los métodos más citados figuraban las palizas,las amenazas contra la persona detenida o contra sufamilia, la privación del sueño y el mantener a losdetenidos en posturas dolorosas y atados con grilletesdurante periodos prolongados. Los tribunales militaresisraelíes aceptaban como prueba confesionespresuntamente obtenidas bajo coacción. Islam Dar Ayyoub, de 14 años, fue detenido el 23 deenero, hacia las dos de la madrugada, en su casa, en elpueblo de Al Nabi Saleh, en Cisjordania. Con los ojosvendados y esposado, lo trasladaron en un jeep militar,atravesando el cercano asentamiento de Halamish,hasta la comisaría de policía del asentamiento deMaale Adumim. Allí lo interrogaron durante horas, sinla presencia de un abogado y sin dejarle descansar,comer ni ir al baño. La información que obtuvieron deél durante el interrogatorio se utilizó para incriminar aBassem Tamimi por la organización de protestas en AlNabi Saleh (véase infra). En febrero, Dirar Abu Sisi, ingeniero de Gaza, fuetrasladado por la fuerza a Israel desde Ucrania yrecluido en la prisión de Shikma, junto a la localidad deAsquelón, donde le negaron el acceso a un abogadodurante 25 días. En abril fue acusado de diseñarcohetes para el brazo militar de Hamás. Lasautoridades israelíes afirmaban que había confesado,pero sus abogados aseguraron que la confesión sehabía obtenido mediante tortura. Al acabar el año,continuaba recluido y sometido, según informes, arégimen de aislamiento.Libertad de expresión y asociaciónEl Parlamento israelí aprobó leyes que restringían lalibertad de expresión y asociación, incluida unanorma que castigaba el llamamiento al boicot contrapersonas o instituciones israelíes en Israel o en losasentamientos israelíes de Cisjordania. Otra leypenalizaba la conmemoración de la Nakba(“desastre”, término utilizado por los palestinos parareferirse a la ocupación de 1948) por instituciones omunicipios. Asimismo, el Parlamento debatió unproyecto de ley para limitar o impedir la recepción defondos de gobiernos extranjeros a ONG israelíes dederechos humanos, sobre todo a las que habíanfacilitado en 2009 información a la Misión deInvestigación de la ONU sobre el Conflicto de Gaza.Al concluir 2011 dicho proyecto de ley aún no sehabía aprobado.Los activistas palestinos de Cisjordania queorganizaban protestas contra la valla/muro y contra lapresencia de asentamientos ilegales israelíes seguíansiendo detenidos y juzgados ante tribunales militaresisraelíes, incluso si lo hacían pacíficamente.Las autoridades israelíes detuvieron al menos252 Informe 2012 Amnistía Internacional

a 14 periodistas palestinos y sometieron a dos deellos a detención administrativa. En enero, un tribunal militar de apelación amplió deun año a 16 meses la condena impuesta a AbdallahAbu Rahma, habitante de la localidad de Bilin, por susactividades pacíficas contra la valla/muro. Sirviéndosede declaraciones de menores de edad obtenidas concoacción, lo habían declarado culpable de promover yorganizar manifestaciones ilegales. Era preso deconciencia. Quedó en libertad en marzo tras habercumplido íntegramente su condena. Bassem Tamimi, veterano activista que se oponíapacíficamente a las políticas israelíes, fue detenidoel 24 de marzo y, posteriormente, acusado de organizarprotestas en el pueblo de Al Nabi Saleh. Al concluir2011 permanecía bajo custodia mientras era sometidoa un juicio militar. Era preso de conciencia.Personas refugiadasy solicitantes de asiloLas autoridades israelíes seguían negando el acceso aprocedimientos de determinación de la condición derefugiado a los solicitantes de asilo eritreos ysudaneses, que representaban aproximadamenteel 80 por ciento de los 45.000 solicitantes de asilopresentes en Israel. Sólo se les facilitabadocumentación provisional y no se les permitíatrabajar ni utilizar los servicios públicos de salud yasistencia social. Únicamente se concedió lacondición de refugiado a un reducido número desolicitantes de asilo de otros países.En el Parlamento se abrieron camino nuevas yduras medidas para disuadir a futuros solicitantes deasilo. En marzo, el Parlamento aprobó la primeralectura de un proyecto de ley de Prevención de laInfiltración, en virtud del cual se podía encarcelardurante tres o más años a los migrantes y solicitantesde asilo indocumentados. En septiembre, el ConsejoNacional de Construcción y Planificación dio aconocer un proyecto de apertura de un centro dedetención para solicitantes de asilo, con 10.000camas, junto a la frontera de Israel con Egipto. Pese aque en marzo el ejército israelí decidió suspender lasllamadas “devoluciones calientes” –devoluciones desolicitantes de asilo que pasaban de Egipto a Israelsin revisar siquiera sus solicitudes de asilo–, las ONGsiguieron documentando nuevos casos de devolucióna Egipto hasta julio.Presos de conciencia:objeción de conciencia en IsraelDurante 2011, al menos tres objetores de concienciaisraelíes fueron encarcelados por negarse a cumplir elservicio militar, dada su oposición a la ocupación deterritorios palestinos por Israel.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Israel y los Territorios PalestinosOcupados en mayo y noviembre. Evaluación actualizada de las investigaciones israelíes y palestinassobre el conflicto de Gaza, realizada por Amnistía Internacional(MDE 15/018/2011) Gaza blockade must be lifted following UN panel finding on flotilla raid(MDE 15/030/2011)ITALIAREPÚBLICA DE ITALIAJefe del Estado:Giorgio NapolitanoJefe del gobierno:Mario Monti(sustituyó a Silvio Berlusconi en noviembre)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:60,8 millonesEsperanza de vida:81,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:98,9 por cientoContinuaron los desalojos forzosos y ladiscriminación de las comunidades romaníes. Ennoviembre, el Consejo de Estado declaró ilegal la“emergencia nómada”, estado de excepciónimpuesto en 2008 en varias regiones italianas enrelación con los asentamientos de comunidadesnómadas. La falta de respuesta adecuada de lasautoridades al aumento del número de personas quellegaban por mar desde el norte de África dio lugar aviolaciones de los derechos humanos de personasrefugiadas, migrantes y solicitantes de asilo.Persistieron el racismo y la discriminación contraminorías, como romaníes y migrantes. Italia noestableció mecanismos efectivos para prevenir latortura y otros malos tratos y enjuiciar tales actos.IInforme 2012 Amnistía Internacional253

IInformación generalComo consecuencia de la crisis económica queafectaba a varias partes de Europa, un nuevogobierno, presidido por Mario Monti, sustituyó al deSilvio Berlusconi en noviembre. Al concluir el año seaprobaron importantes medidas de austeridad.Escrutinio internacionalVarios organismos internacionales criticaron a Italia porel trato a romaníes, musulmanes, migrantes, solicitantesde asilo y refugiados. El comisario de DerechosHumanos del Consejo de Europa puso de relieve en suinforme, publicado en septiembre, que la declaraciónde la “emergencia nómada” en 2008 habíaproporcionado la base para el desalojo generalizado deasentamientos romaníes, a menudo en contravenciónde las normas de derechos humanos. La declaraciónautorizaba a los “comisarios delegados” de variasregiones a establecer excepciones a la aplicación de unaserie de leyes al abordar casos de personas residentesen “asentamientos nómadas”. El informe ponía ademásde relieve el drástico aumento de las llegadas por mardesde el norte de África observado desde principios deaño y la considerable presión que había soportado elsistema de acogida de migrantes, solicitantes de asilo yrefugiados. El comisario pidió a las autoridades quereforzaran tanto la capacidad de acogida de Italia comoel sistema de integración de refugiados y otrosbeneficiarios de protección internacional, y tambiénque, ante el problema de una embarcación en el maren situación de peligro, antepusieran de maneracategórica la seguridad y el rescate de las personas abordo a todas las demás consideraciones.El Comité Consultivo del Consejo de Europa sobreel Convenio Marco para la Protección de las MinoríasNacionales publicó su tercera opinión sobre Italia enmayo. Señaló en ella un incremento de las actitudesracistas y xenófobas hacia grupos como los romaníes,musulmanes, migrantes, refugiados y solicitantes deasilo, y también expresó su preocupación por elempeoramiento de las condiciones de vida de lascomunidades romaníes.En sus observaciones finales, publicadas en julio,el Comité de la ONU para la Eliminación de laDiscriminación contra la Mujer pidió a Italia que,entre otras cosas, adoptara una política dirigida asuperar la imagen de la mujer como objeto sexual y acuestionar los estereotipos relativos al papel de loshombres y las mujeres en la sociedad y en la familia.DiscriminaciónSe denunciaron episodios graves de violenciaracial. Se discriminó a personas por su orientaciónsexual, su origen étnico o su religión.Se estaba examinando en el Parlamento unanteproyecto de ley que prohibía el uso del velointegral en lugares públicos. De aplicarse, laprohibición tendría un efecto desproporcionado sobrelas mujeres que optasen por llevar burka o niqabcomo expresión de su identidad o creencias.Violencia racialEn diciembre, algunas personas residentes en lasproximidades de un asentamiento romaní de Turínincendiaron éste. Al parecer, el ataque se produjo tras unamanifestación de solidaridad con una niña de 16 añosque había acusado a dos hombres romaníes de violarla.La niña admitió posteriormente que había mentido.RomaníesEn virtud de la “emergencia nómada”, lasautoridades de cinco regiones continuaron pudiendoestablecer excepciones a la aplicación de leyes queprotegían los derechos humanos, incluidas variasdisposiciones de la ley de procedimientoadministrativo. Eso facilitó que continuaran losdesalojos forzosos de comunidades romaníes, hizoposible la impunidad de estas violaciones dederechos humanos y agravó la discriminación de losromaníes. En noviembre, el Consejo de Estadodeclaró ilegal la “emergencia nómada”.Se siguieron recibiendo noticias sobre desalojosforzosos en otras regiones en las que no se aplicabala “emergencia nómada”. En Roma, las autoridades siguieron aplicando el“Plan Nómadas”, concebido tras la declaración de la“emergencia nómada” y que proponía el cierre detodos los campamentos no autorizados y el realojo dehasta 6.000 romaníes en 13 campamentos nuevos orehabilitados. Las autoridades llevaron a cabodesalojos forzosos de asentamientos romaníes durantetodo el año, dejando en cada ocasión a personas sinhogar. Los desalojos se realizaron sin la notificaciónadecuada y sin el debido proceso, y en la mayoría delos casos sólo se ofreció alojamiento temporal amujeres y niños de corta edad. ONG locales informaronde que las condiciones y las instalaciones ofrecidasdistaban de cumplir las normas internacionalesrelativas a una vivienda adecuada. Las autoridades milanesas elegidas en mayo nocelebraron públicamente los desalojos de254 Informe 2012 Amnistía Internacional

campamentos romaníes, como habían hecho suspredecesoras en los medios de comunicación, perosiguieron llevándose a cabo desalojos que no seajustaban a las normas de derechos humanos. Enabril, las autoridades declararon que se habíanrealizado más de 500 desalojos en asentamientosirregulares desde 2007. Como en Roma, no sesiguieron los procedimientos administrativosestablecidos y los afectados no tuvieron acceso a unrecurso efectivo; tampoco hubo un proceso deconsulta adecuado ni un plazo de notificaciónrazonable. Sólo se ofreció refugio temporal yúnicamente a mujeres con hijos de corta edad.Las autoridades empezaron a cerrar varioscampamentos autorizados, en algunos casos debido aproyectos de construcción para la Expo 2015, feriauniversal celebrada cada cinco años en un lugardiferente del mundo. Los residentes de loscampamentos autorizados de via Triboniano y viaBarzaghi fueron desalojados a lo largo de varios mesessin que se les proporcionara alojamiento alternativoadecuado a largo plazo y sin ser consultados conantelación sobre posibles alternativas al desalojo oposibilidades de reasentamiento. En agosto entraron en vigor nuevas disposicioneslegales que permitían expulsar de Italia a losciudadanos de la Unión Europea (UE) que nocumplieran los requisitos establecidos en la Directivade la UE sobre el Derecho de Libre Circulación y nohubieran acatado la orden de abandonar el país en unplazo determinado. Preocupaba que estasdisposiciones pudieran aplicarse de maneradiscriminatoria y sirvieran para allanar el camino a laexpulsión selectiva de miembros de determinadasminorías étnicas, especialmente la romaní.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroLas autoridades italianas no subsanaron lasdeficiencias en la legislación que castigaba loscrímenes de odio. Como consecuencia, las víctimasde delitos basados en su orientación sexual y en suidentidad y expresión de género no recibían la mismaprotección que las de delitos motivados por otrasformas de discriminación. El Parlamento rechazó en julio un anteproyecto deley sobre delitos homofóbicos y transfóbicos alconsiderar que era incompatible con la Constituciónitaliana.Personas refugiadas,solicitantes de asilo y migrantesAl término del año, más de 52.000 personas habíanllegado por mar –principalmente a la isla deLampedusa– desde el norte de África, cantidad muysuperior a la de años anteriores. La respuesta de lasautoridades fue inadecuada y dio lugar a violacionesde derechos humanos de solicitantes de asilo,migrantes y refugiados. Hubo expulsiones colectivassumarias, violaciones del principio de no devolución(non-refoulement) y detenciones ilegales, entre otrasmedidas. Existía profunda preocupación por el hechode que la aplicación de los acuerdos para elcontrol de la migración firmados con varios paísesnorteafricanos, como Libia, Túnez y Egipto, estuvieradando lugar a expulsiones sumarias y a que senegara protección internacional a los solicitantes deasilo. Las condiciones en los centros de acogida ydetención distaban de cumplir las normasinternacionales, y los refugiados y solicitantes de asiloquedaban en la indigencia. En marzo se desencadenó una crisis humanitaria enla isla de Lampedusa al no trasladar las autoridades atiempo a un número suficiente de personas a Sicilia uotras regiones de Italia. Miles de refugiados, migrantesy solicitantes de asilo quedaron abandonados a susuerte allí, soportando penosas condiciones: muchostuvieron que dormir a la intemperie, con escaso o nuloacceso a servicios de higiene y saneamiento. En abril, el gobierno llegó a un acuerdo con lasautoridades de Túnez que permitía la expulsiónsumaria de ciudadanos tunecinos. Como en el caso deotros acuerdos para el control de la migración, no sereveló su contenido íntegro a la opinión pública. En junio, el gobierno firmó un memorando deentendimiento con el Consejo Nacional de Transiciónlibio relativo al control de la migración, por el queambas partes se comprometían a implementar losacuerdos existentes. Se temía que, como enaños anteriores, a causa de ello se negara a lossolicitantes de asilo el acceso a los procedimientospara solicitar protección internacional y se violara elprincipio de no devolución. El 21 de agosto, las autoridades violaron el principiode no devolución cuando barcos italianosinterceptaron una embarcación que se dirigía aLampedusa y la obligaron a regresar al norte de África.Según informes, no fue un episodio aislado, ya que estetipo de operaciones se realizaban de manera habitual.IInforme 2012 Amnistía Internacional255

I En septiembre, un grupo de personas recluidas en elmasificado centro de acogida y primeros auxilios deLampedusa provocaron un incendio en señal deprotesta por su detención y la amenaza de repatriaciónpor parte de las autoridades italianas. El fuego destruyóla mayoría de las instalaciones del centro. Algunos delos evacuados se manifestaron posteriormente en lascalles de Lampedusa. Estallaron enfrentamientos conla policía italiana y algunos habitantes de la isla, con elresultado de varios heridos. Las autoridades italianasrespondieron a los hechos reanudando los traslados aotros lugares de Italia.La legislación aprobada en agosto para incorporar ladirectiva sobre retornos de la Unión Europea alderecho nacional violaba el derecho de los migrantesa la libertad. De acuerdo con ella, se ampliaba de 6a 18 meses el periodo máximo de detención de unapersona exclusivamente para fines de control de lainmigración. Asimismo, no recogía importantessalvaguardias de la directiva sobre retornos, por lo quemenoscababa la promoción del retorno voluntario y encambio favorecía la detención y el traslado forzoso.Tras la decisión adoptada por el Tribunal deJusticia de las Comunidades Europeas en la causa deEl Dridi en abril, la pena de entre uno y cuatro añosde cárcel impuesta por incumplimiento de la orden deabandonar el país se sustituyó por una multa enagosto. Se había pedido al Tribunal que evaluara si lalegislación italiana se ajustaba a la directiva sobreretornos de la UE.En octubre, varias organizaciones, entre ellas elACNUR –la agencia de la ONU para los refugiados–y la Organización Internacional para las Migraciones,denunciaron que se les había denegado el acceso, enBari, a 150 personas que habían sido interceptadasen el mar. De ellas, más de 70 fueron repatriadas enel acto. Todas las organizaciones participaban juntocon el gobierno en la implementación del ProyectoPraesidium, dirigido a mejorar la capacidad y lacalidad de la acogida de personas que pudierannecesitar protección internacional.Seguridad y medidas antiterroristasLa trayectoria del gobierno en materia de aplicaciónde la legislación antiterrorista siguió siendo motivo depreocupación. En abril, el Tribunal Europeo de Derechos Humanosresolvió en la causa de Toumi v. Italy que Italia habíaviolado la prohibición de la tortura y otros malos tratosdurante la expulsión de un hombre a Túnez en 2009.Determinó que Ali Ben Sassi Toumi, ciudadanotunecino condenado por delitos de terrorismo, habíasido devuelto de Italia a Túnez en incumplimiento deuna orden del propio Tribunal para que se suspendierasu traslado. Asimismo sostuvo que las garantíasdiplomáticas de trato humano ofrecidas por el gobiernotunecino con antelación a la expulsión no eliminaban elpeligro de tortura y otros malos tratos.Detenidos de GuantánamoLos medios de comunicación informaron en abril de laexpulsión de Italia a Túnez de Adel Ben Mabrouk,ciudadano tunecino detenido en Guantánamo ytransferido a Italia en 2009. En febrero había sidodeclarado culpable de delitos de terrorismo pero habíaquedado en libertad tras permanecer en prisiónpreventiva, ya que el tribunal había contabilizado los añosde detención en Guantánamo como pena cumplida.EntregasLos recursos presentados ante el Tribunal deCasación en la causa relacionada con la entrega delciudadano egipcio Abu Omar en 2003 seguíanpendientes. En diciembre de 2010, el Tribunal deApelación de Milán había confirmado las sentenciascondenatorias contra 25 funcionarios italianos yestadounidenses implicados en el secuestro de AbuOmar en una calle de Milán y les había impuestopenas de hasta nueve años de cárcel. También habíaconfirmado la retirada de las acusaciones contracinco altos cargos de los servicios de inteligenciaitalianos por razones de secreto de Estado. Los 23funcionarios estadounidenses condenados habíansido juzgados in absentia. Tras su secuestro, la CIAhabía trasladado ilegalmente a Abu Omar de Italia aEgipto, donde había permanecido recluido en secretoy, al parecer, sufrido torturas.Tortura y otros malos tratosPersistieron las noticias sobre casos de malos tratos amanos de funcionarios encargados de hacer cumplirla ley. No se habían establecido mecanismosefectivos para evitar los malos tratos policiales ni sehabían tomado medidas concretas para garantizarinvestigaciones adecuadas y, en su caso, elprocesamiento de todos los agentes encargados dehacer cumplir la ley implicados en violaciones dederechos humanos. Las autoridades no ratificaron elProtocolo Facultativo de la Convención contra laTortura ni establecieron un mecanismo nacional e256 Informe 2012 Amnistía Internacional

independiente de prevención de la tortura y los malostratos. Tampoco se tipificó la tortura como delitoespecífico en la legislación penal ordinaria.Juicios relacionados con la cumbredel G-8 en GénovaSeguían pendientes ante el Tribunal de Casación losrecursos contra los fallos dictados en segundainstancia por el Tribunal de Apelación de Génova enlos juicios a funcionarios encargados de hacer cumplirla ley, personal médico y guardias de prisiones por losmalos tratos infligidos a manifestantes en la cumbredel G-8 en Génova en 2001. En marzo, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos resolvió que no se había violado el derecho ala vida en relación con la muerte del manifestante CarloGiuliani el 20 de julio de 2001 en las calles de Génova.La investigación sobre los disparos con resultadosmortales realizados por un agente encargado de hacercumplir la ley había concluido en mayo de 2003,cuando la jueza instructora resolvió que el agente habíaactuado en defensa propia y no procedía presentarcargos en su contra.Muertes bajo custodia En junio, el tribunal de apelación de Boloniaconfirmó el fallo condenatorio dictado en primerainstancia contra cuatro agentes de policía por elhomicidio ilegítimo de Federico Aldrovandi, de 18años. La condena inicial a tres años y seis meses deprisión se les conmutó por otra de sólo seis meses enaplicación de la legislación sobre indultos. FedericoAldrovandi había muerto en 2005 después de queunos agentes le dieran el alto en la localidad de Ferrara.Se presentaron recursos de apelación ante el Tribunalde Casación. En mayo, uno de los tres agentes depolicía condenados en 2010 a 8, 10 y 12 meses decárcel, respectivamente, por ayudar a desviar lainvestigación recibió una condena condicional deotros 3 meses. En enero, un cuarto agente fue absueltodel cargo de participar en la desviación de lasinvestigaciones. En marzo comenzó el juicio contra un guardia deprisiones por omisión de socorro a Aldo Bianzino yotros delitos. Aldo Bianzino había muerto en la cárcelen 2007, en la localidad de Perugia, a los dos días desu detención. En 2009 se habían sobreseído lasactuaciones por homicidio contra agresores noidentificados. Seguía abierto el juicio en relación con la muerte deStefano Cucchi. Seis médicos, tres profesionales deenfermería y tres guardias de prisiones estabanacusados de abuso de autoridad y de funciones,causar lesiones y omisión de socorro. En enero,un alto cargo de la administración penitenciaria fuecondenado a dos años de cárcel por falsificación dedocumento público y abuso del cargo. Stefano Cucchihabía muerto en octubre de 2009, varios días despuésde su detención, en la sección penitenciaria de unhospital de Roma. Seguían en curso las investigaciones sobre los malostratos presuntamente infligidos bajo custodia policial aGiuseppe Uva horas antes de su muerte, ocurrida enjunio de 2008 en un hospital de Varese. Continuó abiertala causa contra un médico por homicidio culposo,presuntamente debido a la aplicación de un tratamientomédico equivocado. En diciembre se exhumó el cadáverpara realizar un nuevo examen forense.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Italia en marzo, abril, julio y noviembre. Current evidence: European complicity in the CIA rendition and secretdetention programmes (EUR 01/001/2011) Amnesty International findings and recommendations to the Italianauthorities following the research visit to Lampedusa and Mineo(EUR 30/007/2011) Italy: ’Zero tolerance for Roma’: Forced evictions and discriminationagainst Roma in Milan (EUR 30/020/2011)JAMAICAJAMAICAJefa del Estado:reina Isabel II,representada por Patrick Linton AllenJefe del gobierno:Andrew Holness(sustituyó a Bruce Golding en octubre)Pena de muerte:retencionistaPoblación:2,8 millonesEsperanza de vida:73,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 30,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:86,4 por cientoCientos de personas de comunidades marginadasde las zonas deprimidas urbanas fueron víctimas deasesinatos cometidos por bandas o de homicidiospoliciales. Nadie rindió cuentas por las presuntasJInforme 2012 Amnistía Internacional257

Jviolaciones de derechos humanos cometidas duranteel estado de excepción de 2010. Se tuvo noticia deataques y hostigamiento a lesbianas, gays,bisexuales y personas transgénero. No hubocondenas a muerte ni ejecuciones.Información generalEl elevado grado de violencia de las bandas armadas,sobre todo en las comunidades marginadas de laszonas deprimidas de las ciudades, siguió suscitandopreocupación. Sin embargo, el número de homicidiosregistrados descendió un 15 por ciento encomparación con 2010.Una comisión de investigación independientenombrada para investigar la gestión de la peticiónpresentada por Estados Unidos para la extradición delpresunto narcotraficante Christopher Coke informó desus conclusiones en junio. La comisión declaró que laintervención del primer ministro Golding en ladecisión de extraditar había sido “inadecuada”. Enseptiembre, Bruce Golding anunció su dimisión comoprimer ministro y como líder del Partido Laborista deJamaica.En abril se aprobó la Carta de Derechos yLibertades Fundamentales, que sustituyó alcapítulo III de la Constitución. En julio, el TribunalSupremo resolvió que la Ley sobre Libertad bajoFianza (Disposiciones Provisionales para DelitosConcretos) era inconstitucional. También en julio seprorrogó un año más la vigencia de otra ley temporalque confería a la policía facultades extraordinarias dedetención y arresto.En noviembre, el Comité de Derechos Humanos dela ONU estudió el tercer informe periódico deJamaica y formuló varias recomendaciones sobrecuestiones tales como las investigaciones dedenuncias de ejecuciones extrajudiciales, laprotección de lesbianas, gays, bisexuales y personastransgénero, y la lucha contra la violencia de género.El Partido Nacional del Pueblo, liderado por laex primera ministra Portia Simpson Miller, ganó laselecciones generales que se celebraron el 29 dediciembre.Policía y fuerzas de seguridadEl número de personas que perdieron la vida amanos de la policía entre enero y junio descendióun 32 por ciento en relación con el mismo periodode 2010. Sin embargo, varias personas murieron encircunstancias que indicaban que sus muertespodrían haber sido ejecuciones extrajudiciales.Nadie rindió cuentas por los presuntos homicidiosilegítimos y desapariciones forzadas cometidosdurante el estado de excepción de 2010. Al concluirel año, la Oficina del Defensor Público, que realizóuna investigación independiente sobre presuntasviolaciones de derechos humanos cometidas duranteel estado de excepción, no había presentado suinforme al Parlamento. El gobierno no había cumplidosu promesa de nombrar una comisión deinvestigación independiente para determinar laverdad de lo ocurrido, a pesar de las peticiones en talsentido realizadas por el defensor público y lasorganizaciones jamaicanas de derechos humanos.La Comisión Independiente de Investigación,creada en agosto de 2010 para investigar los abusoscometidos por las fuerzas de seguridad, recibiórecursos para contratar y formar a investigadoresadicionales. Sin embargo, proseguía el debate sobresi entre las facultades de la Comisión se encontrabanlas de acusar formalmente a agentes de policía, loque ponía de relieve la necesidad de que dichasfacultades se aclararan y reforzaran por ley.Continuó la implantación de la reforma de lapolicía. En abril, la policía declaró que, de las 124recomendaciones de reforma propuestas por ungrupo de expertos independientes en junio de 2008,se habían aplicado 53, y 65 se encontraban en unafase avanzada de aplicación.Sistema de justiciaEn octubre, el ministro de Justicia manifestó que sehabía implementado un número significativo derecomendaciones para la reforma del sistema dejusticia. Sin embargo, también reconoció que seguíahabiendo demoras significativas en la administraciónde justicia.En febrero se nombró a un pesquisidor especialencargado de examinar los casos de disparos de lapolicía con resultado de muerte. No obstante, debido aque los recursos asignados a su oficina eran muylimitados, el pesquisidor carecía de capacidad paraabordar efectivamente tanto el número de casosacumulados como el elevado número de casos nuevos.Derechos de la infanciaTras las críticas sobre la reclusión de menores deedad junto con adultos en calabozos policiales, en258 Informe 2012 Amnistía Internacional

julio el gobierno abrió el Centro Preventivo deMenores de la calle Metcalfe para varones y ordenó eltraslado de todos los menores varones detenidos alcentro. Sin embargo, según las organizaciones localesde derechos humanos, el 3 de septiembre habíaaún 28 menores de ambos sexos recluidos encalabozos policiales. A las niñas se las seguíarecluyendo junto con personas adultas.Violencia contra mujeres y niñasLas estadísticas policiales revelaron un descenso delas denuncias de delitos sexuales contra mujeres yniñas. No obstante, en mayo la policía declaró quehabían aumentado las agresiones sexuales contraniños y niñas de entre 11 y 15 años respecto almismo periodo en 2010.En marzo se adoptó una Política Nacional para laIgualdad de Género.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroLas organizaciones de defensa de los derechos delcolectivo LGBT informaron de decenas de casos deagresiones, hostigamiento y amenazas contralesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero,que en muchos casos no se investigaron de formaexhaustiva e imparcial.La Carta de Derechos y Libertades Fundamentalesno incluía el derecho a no sufrir discriminación pormotivos de orientación sexual e identidad de género.Se presentó ante la Comisión Interamericana deDerechos Humanos una petición en nombre de dosgays contra los artículos de la Ley sobre Delitos contrala Persona (conocida generalmente como “ley desodomía”). El Comité de Derechos Humanos de laONU recomendó al Estado jamaicano que modificarala ley y proporcionara protección a lesbianas, gays,bisexuales y personas transgénero, y también a losdefensores y defensoras de los derechos humanosque trabajaban en su favor.Pena de muerteNo se impuso ninguna condena de muerte.Al concluir el año había siete hombres en espera deejecución.La Carta de Derechos y Libertades Fundamentalesincluía una disposición que anulaba los efectos deuna histórica sentencia dictada en 1993 por elComité Judicial del Consejo Privado de la Corona, consede en Reino Unido y máxima instancia judicial deapelación de Jamaica, que había declarado que laejecución de una persona que hubiera permanecidocinco años en espera de ejecución constituía penainhumana y degradante.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Jamaica en marzo. Jamaica: A long road to justice? – Human rights violations under thestate of emergency (AMR 38/002/2011) Jamaica: Submission to the UN Human Rights Committee for the 103rdSession of the Human Rights Committee (AMR 38/004/2011)JAPÓNJAPÓNJefe del gobierno:Yoshihiko Noda(sustituyó a Naoto Kan en septiembre)Pena de muerte:retencionistaPoblación:126,5 millonesEsperanza de vida:83,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 3,3 por cada 1.000El 11 de marzo, un seísmo de magnitud 9 registradocerca de la costa oriental de Japón provocó unenorme tsunami de resultados catastróficos, incluidoel peor desastre nuclear ocurrido en el mundo en losúltimos 25 años. El sistema de detención preventivaconocido como daiyo kangoku continuó permitiendoprácticas de interrogatorio abusivas por parte de lapolicía. El gobierno no pidió disculpas a lassupervivientes del sistema de esclavitud sexual de lasfuerzas armadas japonesas ni les ofreció reparacionesconforme a lo establecido en las normasinternacionales. El ministro de Justicia recibióintensas presiones para llevar a cabo ejecuciones.A pesar de que aumentó el número de solicitantes deasilo que llegaban a Japón, la condición de refugiadose concedió en muy pocos casos.Información generalEl 11 de marzo, un seísmo seguido de un tsunamiasoló la zona de Tohoku, en el este de Japón.Aproximadamente 20.000 personas murieron o fueronJInforme 2012 Amnistía Internacional259

Jdadas por desaparecidas. La central nuclear deFukushima Daiichi sufrió graves daños. Las emisionesradiactivas sobrepasaron los niveles de seguridad,suscitando gran preocupación en cuanto a la duraciónde sus efectos en la salud y la seguridad alimentaria.Se estableció una zona de evacuación obligatoriade 20 kilómetros, que muchas personas considerarondemasiado pequeña. Decenas de miles de personas,incluidas las que vivían en la zona de evacuación,quedaron desplazadas en casas y refugios temporalesde la prefectura de Fukushima. El gobierno japonés yla empresa Tokyo Electric Power Company recibieronduras críticas por su gestión de la crisis, en especialpor no ofrecer información sobre los riesgos a sudebido tiempo, lo que suscitó gran preocupaciónsobre las consecuencias negativas en el derecho a lasalud de la población afectada.Sistema de justiciaEn abril, el ministro de Justicia ordenó a la fiscalíaque supervisase, a modo experimental, todos losinterrogatorios grabados que realizaran elDepartamento de Investigaciones Especialesy el Departamento Especial de Asuntos Penales,así como los interrogatorios de personas sospechosasque sufrieran enfermedades mentales o dificultadesde aprendizaje. El Ministerio de Justicia y elDepartamento de Policía analizaron una revisión de laLey sobre Centros de Detención y Trato a PersonasDetenidas. Sin embargo, no se introdujeron reformasen la ley ni en el sistema de detención preventivaconocido como daiyo kangoku, que permitía a lapolicía detener a personas sospechosas duranteperiodos de hasta 23 días. En mayo, Shoji Sakurai y Takao Sugiyama,condenados por robo con asesinato, fueron absueltostras haber pasado 29 años en prisión. Durante larepetición del juicio, el tribunal consideró que lasgrabaciones de los interrogatorios, incluida laconfesión, se habían manipulado y carecían decredibilidad debido a las dudas sobre si la confesión sehabía conseguido de forma voluntaria.Violencia contra mujeres y niñasEl 30 de agosto, el Tribunal Constitucional de Coreadel Sur declaró inconstitucional que el gobierno deese país no hubiera hecho ningún esfuerzo tangiblepara resolver las disputas con Japón en relación conlas reparaciones debidas a las supervivientes delsistema de esclavitud sexual de las fuerzas armadasjaponesas. Japón siguió negándose a indemnizar alas mujeres coreanas movilizadas como esclavassexuales antes de la Segunda Guerra Mundial y en elcurso de ella. El Tribunal Constitucional surcoreanoseñaló que, con su pasividad, Corea del Sur habíavulnerado los derechos básicos de las ex “mujeres desolaz”. En octubre, el gobierno surcoreano planteóante la ONU la cuestión del sistema de esclavitudsexual establecido por las fuerzas armadas japonesas,y afirmó: “La violación sistemática y la esclavitudsexual constituyen crímenes de guerra, y, endeterminadas circunstancias, también crímenes delesa humanidad”. El gobierno japonés contestóque todas las cuestiones se habían resuelto en virtudde tratados. El 14 de diciembre, activistas ysupervivientes se manifestaron ante la Embajada deJapón en Seúl, Corea del Sur, en lo que constituyó laprotesta número 1.000 desde que comenzaran lasmanifestaciones semanales, en 1992.Pena de muerteNo se llevaron a cabo ejecuciones; había 130personas condenadas a muerte, incluidas varias conenfermedades mentales. En octubre, el ministro deJusticia, Hideo Hiraoka, afirmó que no pondría fin aluso de la pena capital, pero que estudiaría los casosde forma individualizada. El gobierno le presionó paraque reanudase las ejecuciones. El 31 de octubre, elTribunal de Distrito de Osaka falló que elahorcamiento era constitucional.Personas refugiadasy solicitantes de asiloAproximadamente 1.800 personas solicitaron asilo enJapón. El 17 de noviembre, el Parlamento japonésaprobó una resolución que reiteraba su compromisocon la Convención de la ONU sobre el Estatuto de losRefugiados, al cumplirse 30 años de su ratificaciónpor Japón. En aplicación de un programa dereasentamiento establecido en 2010, en 2011 Japónaceptó a 18 refugiados de Myanmar cuya solicitud sehabía tramitado en Tailandia. Algunos refugiados deMyanmar aceptados en virtud del programa en 2010denunciaron públicamente que los obligaban atrabajar 10 horas diarias, que no recibían suficienteapoyo del gobierno y que las autoridades los habíaninformado mal de forma deliberada antes de sullegada a Japón.260 Informe 2012 Amnistía Internacional

JORDANIAREINO HACHEMÍ DE JORDANIAJefe del Estado:rey Abdalá II bin al HuseinJefe del gobierno:Awn al Jasawneh(sustituyó a Marouf al Bajit en octubre,quien a su vez había sustituido a Samir Rifai en febrero)Pena de muerte:retencionistaPoblación:6,3 millonesEsperanza de vida:73,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 25,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:92,2 por cientoSe dispersó por la fuerza a manifestantes quepedían reformas; según informes, las fuerzas deseguridad y simpatizantes del gobierno losgolpearon, provocando lesiones a muchos y,posiblemente, la muerte de uno. La libertad deexpresión y asociación siguió restringida. Sereformó la Constitución para prohibir expresamentela tortura. Siguieron celebrándose juicios ante elTribunal de Seguridad del Estado, cuyosprocedimientos no se ajustaban a las normasinternacionales de justicia procesal. Entre laspersonas juzgadas figuraban unos 100 presuntosislamistas, muchos de los cuales afirmaron habersido víctimas de tortura o malos tratos en abril,cuando se encontraban recluidos en régimen deincomunicación. Miles de personas permanecíanrecluidas sin cargos ni perspectivas de juicio pororden de los gobernadores provinciales. Lasmujeres estaban discriminadas en la legislación yen otros ámbitos y, según informes, al menos 10personas fueron víctimas de homicidio en nombredel “honor”. Las trabajadoras domésticasmigrantes siguieron sufriendo explotación yabusos. Según información de medios decomunicación, se condenó a muerte al menos a 15personas. No se llevó a cabo ninguna ejecución.Información generalA lo largo de todo el año se celebraronmanifestaciones en distintos lugares para pedirreformas políticas, económicas y sociales, aconsecuencia de lo cual el rey prometió cambios.En febrero, el monarca nombró un nuevo primerministro al que encomendó agilizar las reformas, ymás tarde anunció que, en el contexto de dichasreformas, la monarquía delegaría poderes en elParlamento y, en el futuro, los gobiernos seelegirían democráticamente, en función de partidospolíticos representativos. En septiembre seratificaron reformas de la Constitución que, deaplicarse, mejorarían la protección de los derechosciviles y políticos. No obstante, la opinión públicasiguió criticando la lentitud de las reformas.También en octubre el rey designó un nuevoprimer ministro y aprobó por decreto un nuevogobierno. Ese mismo mes dimitió y fue sustituidopor real decreto el director del DepartamentoGeneral de Inteligencia, temido organismo deseguridad militar.Uso excesivo de la fuerzaManifestantes pacíficos y periodistas resultaronheridos a consecuencia, al parecer, del uso excesivode la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad;asimismo, según informes, varios agentes deseguridad sufrieron lesiones cuando se desató laviolencia en las manifestaciones. La mayoría de éstasfueron pacíficas, pero algunas se volvieron violentascuando simpatizantes del gobierno agredieron a losmanifestantes. En al menos un caso, las fuerzas deseguridad no sólo se negaron a intervenir, sino queposiblemente también facilitaron las agresiones yparticiparon en ellas. Khayri Said Jamil murió el 25 de marzo despuésde que simpatizantes del gobierno y las fuerzas deseguridad agredieran y apedrearan a manifestantesaparentemente pacíficos que pedían reformas losdías 24 y 25 de marzo en Ammán. Las primerasagresiones por parte de simpatizantes del gobiernose produjeron en presencia de las fuerzas deseguridad, que no intervinieron. Según informes, aldía siguiente se sumaron a ellas miembros de lagendarmería y de otras fuerzas de seguridad, quelanzaron a los manifestantes piedras y los golpearoncon palos y porras tras haber bloqueado las vías deescape. Según se dijo, la autopsia oficial no encontrópruebas de que Khayri Said Jamil hubiera recibidogolpes antes de su muerte, que se atribuyó a un parocardiaco; sin embargo, fuentes no oficialesdenunciaron que tenía los dientes rotos, contusionesen el cuerpo y heridas en la cabeza, las orejas, laspiernas y los genitales. Las autoridades afirmaronque los acontecimientos del 24 y el 25 de marzoserían objeto de una exhaustiva investigación oficial,JInforme 2012 Amnistía Internacional261

Jpero no facilitaron más datos y no se publicó ningúnresultado.Libertad de expresión, asociacióny reuniónLa libertad de expresión y asociación continuórestringida en virtud de diversas leyes. Los periodistasy demás personas que criticaran al gobierno, lamonarquía o las instituciones del Estado se exponíana ser detenidos y juzgados o a sufrir agresiones desimpatizantes del gobierno.Se presentó un anteproyecto de ley de la ComisiónAnticorrupción que, de aprobarse, restringiría aúnmás la libertad de prensa, ya que imponía multassustanciales por la difusión o publicación deinformación en la que se vertieran contra alguienacusaciones de corrupción que supusieran“difamación, atentado contra su dignidad o ataque asu personalidad”. El anteproyecto seguíaestudiándose al concluir 2011.En virtud de una nueva reforma de la Ley sobreReuniones Públicas, dejó de ser necesario obtenerautorización oficial antes de celebrar reunionespúblicas, pero se impuso la obligación de notificarlascon antelación a las autoridades. Sin embargo, lareforma no definía el término “reunión pública”.Tortura y otros malos tratosEl gobierno reformó el artículo 8 de la Constituciónpara establecer explícitamente la prohibición desometer a los detenidos a “tortura […] o daños físicoso emocionales” y su reclusión únicamente en lugares“aprobados por ley”, y para declarar inadmisibles las“confesiones” o declaraciones obtenidas concoacción. Pese a estas importantes salvaguardiasnuevas, siguieron conociéndose casos de tortura ymalos tratos.Juicios injustosEn 2011, más de 100 personas, la mayoría de ellaspresuntos islamistas, comparecieron en juiciosinjustos ante el Tribunal de Seguridad del Estadopor presuntos delitos contra la seguridad delEstado. Entre otras reformas constitucionales seestipuló que no se debía juzgar a civiles antetribunales compuestos exclusivamente por juecesmilitares, excepto en casos de traición, espionaje,terrorismo, delitos de drogas y falsificación.Diversas organizaciones locales e internacionalesde derechos humanos, entre las que figurabaAmnistía Internacional, pidieron la abolición delTribunal. En agosto fueron juzgadas por el Tribunal deSeguridad del Estado unas 150 personas,aproximadamente 50 de ellas in absentia, en relacióncon su presunta participación en una manifestacióncelebrada en abril en Zarqa para pedir la liberaciónde cientos de islamistas presos y que habíadesembocado en enfrentamientos violentos entremanifestantes, simpatizantes del gobierno y lasfuerzas de seguridad. Sobre los manifestantesdetenidos pesaban cargos de “conspiración paracometer actos terroristas” e “incitación a causardisturbios y al sectarismo”. Habían sido detenidos losdías 15 y 16 de abril, fechas en que se efectuarondetenciones masivas, y, según informes, muchos deellos habían permanecido recluidos en régimen deincomunicación y habían sido torturados y sometidosa malos tratos, hasta el punto de que algunosmostraban aún lesiones visibles cuando susfamiliares pudieron verlos por primera vez hastacinco días más tarde. En mayo, el director de laDirección de Seguridad Pública negó que se hubieratorturado o maltratado a los manifestantes detenidos,pero no estaba claro que se hubiera efectuado unainvestigación independiente.Reclusión sin juicioSegún el Centro Nacional de Derechos Humanos deJordania, institución oficial, había cerca de 11.300personas recluidas en virtud de la Ley de Prevencióndel Delito de 1954, que confería a los gobernadoresprovinciales atribuciones para recluir indefinidamentesin cargos a las personas sospechosas de habercometido delitos o consideradas “un peligro para lasociedad”.Violencia y discriminacióncontra las mujeresLas mujeres siguieron estando discriminadas en la leyy en la práctica y sufriendo actos de violencia pormotivos de género. Según informaron medios decomunicación, al menos nueve mujeres y un hombremurieron a manos de familiares varones queafirmaron haber actuado en nombre del “honor”familiar.Activistas de los derechos de las mujerespidieron una reforma de la Ley de Ciudadanía y262 Informe 2012 Amnistía Internacional

Nacionalidad para que las jordanas casadas conextranjeros pudieran transmitir su nacionalidad asus hijos y a sus esposos, de igual modo que losjordanos casados con extranjeras. Sin embargo, alconcluir 2011 la ley seguía sin reformarse. En junio,el rey se pronunció a favor de abolir todas lasformas de discriminación jurídica de las mujeres,pero cuando se ratificó la Constitución no se habíareformado el artículo 6.1 –que prohibía ladiscriminación por motivos de “raza, idioma oreligión”– para prohibir también la discriminaciónpor motivos de género.Al final de una visita de 14 días que hizo aJordania en noviembre, la relatora especial de laONU sobre la violencia contra la mujer señaló que,para que las mujeres pudieran combatiradecuadamente la desigualdad, era necesarioprohibir en la Constitución la discriminación pormotivos de género. Además, añadió que cualquiermedida concebida con el fin de erradicar laviolencia contra las mujeres debía estar precedidade mejoras en la igualdad de las mujeres.Derechos de las personas migrantes:trabajadoras domésticasPese a la legislación y las normativas oficialesaprobadas desde 2008, miles de trabajadorasdomésticas migrantes siguieron sin gozar de unaprotección adecuada contra la explotación y losabusos, incluida la violencia sexual, a manos de susempleadores. Durante su visita de noviembre, larelatora especial de la ONU sobre la violencia contrala mujer instó al gobierno a mejorar las medidas paraprevenir los abusos contra las trabajadorasdomésticas migrantes. Decenas de mujeres quehabían huido de sus empleadores por razones queabarcaban desde el impago del salario hasta elmaltrato físico se vieron imposibilitadas para volver asus países de origen al no poder pagar las multas quese les habían impuesto por permanecer en Jordaniamás tiempo del autorizado por sus permisos deresidencia.Personas refugiadasy solicitantes de asiloSiguieron llegando a Jordania personas que huíande la violencia en Siria. En diciembre, al menos2.300 ciudadanos sirios se habían registrado en elACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados,en Ammán. Jordania continuó acogiendo a decenasde miles de refugiados de otros países.Pena de muerteSegún noticias aparecidas en medios decomunicación, se condenó a muerte como mínimoa 15 personas, aunque al menos 5 de estascondenas se conmutaron. La última ejecución habíatenido lugar en 2006.Informes y visitasde Amnistía Internacional La “investigación” de las agresiones contra manifestantes en Jordaniadebe ser transparente (MDE 16/001/2011) Jordan: Impartial investigation into 15 July demonstration violenceneeded (MDE 16/002/2011)KAZAJISTÁNREPÚBLICA DE KAZAJISTÁNJefe del Estado:Nursultan NazarbaevJefe del gobierno:Karim MassimovPena de muerte: abolicionista para los delitos comunesPoblación:16,2 millonesEsperanza de vida:67 añosMortalidad infantil (‹5 años): 28,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,7 por cientoSiguieron conociéndose casos de tortura y otros malostratos a manos de las fuerzas de seguridad, aunque elgobierno afirmaba que se estaban abordando con éxitoestas violaciones de derechos humanos. Las fuerzas deseguridad hicieron uso excesivo de la fuerza paradisolver protestas celebradas en el marco de huelgas engran escala del sector del petróleo y el gas; detuvieron adecenas de manifestantes y simpatizantes suyos, asícomo a sindicalistas y activistas de oposición.Al menos 16 personas perdieron la vida en diciembre enenfrentamientos entre manifestantes y policías. Unaabogada sindicalista fue condenada a seis años decárcel por presunta incitación a la discordia socialdurante las huelgas. Las autoridades devolvieron apersonas solicitantes de asilo y refugiadas a China yUzbekistán a pesar de las protestas internacionales y laintervención de la ONU.KInforme 2012 Amnistía Internacional263

KInformación generalEn abril, el presidente Nursultan Nazarbaev ganóunas elecciones sin otros contendientes al recibir másdel 95 por ciento de los votos. La Organización parala Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE)concluyó que se habían producido “gravesirregularidades” en la votación. El presidente anunciópoco después su intención de crear un sistemabipartidista, y en noviembre disolvió el Parlamentounipartidista y convocó elecciones anticipadas paraenero de 2012.Las autoridades intensificaron las operacionesantiterroristas contra grupos islámicos yorganizaciones y partidos islamistas no registradoso prohibidos tras producirse por todo el país unnúmero sin precedentes de explosiones de bombas,presuntos atentados suicidas con explosivos yataques de grupos armados sin identificar. Almenos 35 personas, entre civiles y miembros de lasfuerzas de seguridad, perdieron la vida en estosviolentos sucesos, que las autoridades definieroncomo ataques terroristas de grupos islamistasilegales. Las organizaciones de derechos humanosafirmaron que las autoridades utilizaban estaspresuntas amenazas para la seguridad nacionalpara endurecer el control del Estado sobre losgrupos religiosos. En octubre se promulgó una leyque imponía estrictas normas a las organizacionesreligiosas, que tenían la obligación de volver aregistrarse oficialmente en el plazo de 12 mesespara no enfrentarse a su cierre. También establecíaque todas las mezquitas que no se sometieran a laautoridad del Consejo Musulmán, controlado por elEstado, serían prohibidas.El 16 de diciembre, violentos enfrentamientos entremanifestantes y policías –los peores de la historiareciente del país– empañaron las celebracionesdel 20 aniversario de la independencia de Kazajistánen Zhanaozen, ciudad petrolera del suroeste del país.Hubo al menos 15 muertos y más de 100 heridos degravedad. Un manifestante fue posteriormentevíctima de homicidio en un episodio aislado. Segúnlas autoridades, se incendiaron o destruyeron 42edificios, incluido el ayuntamiento. El presidentedeclaró el estado de excepción en Zhanaozendurante 20 días y envió refuerzos militares y unacomisión especial para que investigara los actos deviolencia. Se cortaron temporalmente todas lascomunicaciones de la ciudad. Tras visitar Zhanaozenel 22 de diciembre, el presidente atribuyó laresponsabilidad de la violencia a “jóvenes gamberros”que se habían aprovechado del desencanto y laindignación de los trabajadores en huelga paradestruir y saquear bienes privados y públicos, yafirmó que las fuerzas de seguridad habían actuadototalmente de acuerdo con la ley. Sin embargo, laFiscalía General abrió una investigación criminalsobre el uso de la fuerza por parte de los agentes deseguridad, tras publicarse unas imágenes de vídeo delos acontecimientos, e invitó a la ONU a participar enuna investigación imparcial sobre la violencia.Tortura y otros malos tratosEn julio, el Comité de Derechos Humanos de la ONUexaminó el informe de Kazajistán relativo alcumplimiento del Pacto Internacional de DerechosCiviles y Políticos. Lamentó que Kazajistán nohubiera avanzado más en la eliminación de latortura y puso en duda la voluntad política de lasautoridades para cumplir sus compromisos,especialmente a la hora de poner en marchainvestigaciones efectivas sobre las denuncias detortura u otros malos tratos. También en julio, elpresidente firmó un decreto por el que setraspasaba de nuevo el control del sistemapenitenciario al Ministerio del Interior, medidaregresiva que ponía fin a los esfuerzos realizados porel gobierno y las ONG durante años. El acceso deobservadores públicos a cárceles y centros dedetención preventiva había mejoradoconsiderablemente desde el traspaso de estacompetencia al Ministerio de Justicia en 2004. Encambio, el acceso a los calabozos policiales y otroslugares de detención bajo la autoridad del Ministeriodel Interior seguía siendo problemático, y la mayoríade las denuncias de tortura recibidas continuabanrefiriéndose a estos centros. Según informes, 15 agentes de policía atacaronel 25 de julio a Nikolai Maier, de 21 años, y a cuatroamigos suyos cuando estaban sentados en el patio desu bloque de apartamentos en la localidad de Rudni.Según testigos, golpearon a los jóvenes con porras degoma y les dieron patadas. Nikolai Maier perdió elconocimiento. Luego los agentes llevaron a los cinco,detenidos, a la comisaría. Nikolai Maier fue acusado deponer en peligro la vida y la salud de funcionariosencargados de hacer cumplir la ley. A la mañanasiguiente lo llevaron al hospital, donde se le diagnosticó264 Informe 2012 Amnistía Internacional

conmoción cerebral y lesiones de cabeza, ojo y muslo.Fue puesto bajo arresto domiciliario. A pesar de losinformes médicos y las numerosas denuncias de sufamilia y su abogado, la fiscalía no investigó laspresuntas torturas y malos tratos policiales. ElDepartamento Regional del Interior de Kostanaiconcluyó que el uso de la fuerza por parte de losagentes había estado justificado. El juicio comenzó ennoviembre, y al final de diciembre no se había dictadosentencia. Tras los violentos sucesos del 16 de diciembre enZhanaozen, ex detenidos y familiares de detenidosinformaron de que decenas de personas –incluidasmujeres jóvenes– habían sido detenidas y sometidas arégimen de incomunicación en celdas policialesatestadas. Afirmaron que las habían desnudado,propinado golpes y patadas y empapado con aguahelada. Hubo periodistas que dijeron haber oído gritosprocedentes de las salas de interrogatorio encomisarías de policía. Pero los observadoresindependientes tenían prohibido el acceso, por lo queles resultó difícil corroborar las denuncias. Al menos unhombre murió presuntamente a causa de las torturassufridas bajo custodia policial.Derechos laboralesMiles de trabajadores de la industria petrolera delsuroeste de Kazajistán protagonizaron sucesivashuelgas y protestas públicas a partir de mayo trasdesacuerdos sobre las condiciones salariales ylaborales. Las empresas emprendieron accioneslegales y, como consecuencia, las huelgas fuerondeclaradas ilegales y se despidió a cientos detrabajadores que participaban en ellas.Las autoridades hicieron uso excesivo de la fuerzapara disolver las protestas en Zhanaozen y otroslugares y detuvieron a decenas de trabajadores enhuelga, así como a sindicalistas y activistas departidos políticos de oposición. A la mayoría de losdetenidos se les impuso detención administrativa porun breve periodo o el pago de una multa. Las fuerzasde seguridad amenazaron, detuvieron y golpearon afamiliares y simpatizantes de los trabajadores enhuelga y hostigaron a observadores de derechoshumanos. Algunos periodistas independientes queinformaban sobre las huelgas fueron agredidos pordesconocidos en octubre. A los motivos de queja delos trabajadores se sumó el hecho de que lasautoridades no investigaran estas violaciones dederechos humanos, lo que agravó las tensiones. Perolos episodios del 16 de diciembre de Zhanaozenhicieron que aumentara el grado de escrutinionacional e internacional. Tras visitar Zhanaozen el 22de diciembre, el presidente destituyó a los principalescargos directivos regionales y nacionales de lacompañía estatal de petróleo y gas, así como algobernador de la región, por no dar solucionesadecuadas a las reivindicaciones de los trabajadoresdel petróleo en huelga. El 16 de diciembre, en Zhanaozen, grupos dejóvenes y trabajadores del petróleo que llevaban enhuelga desde mayo destrozaron los adornos con que sehabía engalanado la plaza Mayor de la ciudad paracelebrar el día de la Independencia y, según lainformación recibida, atacaron con piedras a lasautoridades policiales y municipales. Según testigospresenciales, algunos agentes realizaron disparos deadvertencia al aire, pero otros dispararon directamentecontra la multitud congregada en la plaza, de la queformaban parte mujeres y niños que habían ido a lacelebración. Imágenes de vídeo grabadas poraficionados mostraron a las fuerzas de seguridadapuntando con sus armas y disparando contramanifestantes que huían a la carrera, y tambiéngolpeando a los heridos que habían caído al suelo. Almenos hubo 15 muertos y más de 100 heridos degravedad. La Fiscalía General anunció que se habíadetenido a 16 personas por organizar los actos deviolencia y a más de 130 por participar en disturbiosmultitudinarios violentos. El 24 de mayo, Natalia Sokolova, abogada ysindicalista que representaba a los trabajadores de laempresa petrolera Karazhanbasmunai, fue declaradaculpable de organizar una reunión multitudinariano autorizada en Aktau y condenada a detenciónadministrativa. El mismo día de su liberaciónfue acusada de “incitar a la discordia social” ysometida a reclusión preventiva durante dos meses.Las reiteradas peticiones de permiso para visitarla quehicieron sus familiares fueron rechazadas. El 8 deagosto, el tribunal municipal de Aktau condenó aNatalia Sokolova a seis años de cárcel, y el 26 deseptiembre, el Tribunal Regional de Mangistaudesestimó un recurso de apelación que habíapresentado alegando que sólo había actuado en sucalidad profesional de asesora jurídica del sindicato. Alfinal de diciembre estaba pendiente un nuevo recursoante el Tribunal Supremo.KInforme 2012 Amnistía Internacional265

KPersonas refugiadasy solicitantes de asiloLas autoridades intensificaron los esfuerzos pordevolver a solicitantes de asilo y refugiados a Chinay Uzbekistán a pesar de las protestas internacionalesy la intervención de la ONU. El 30 de mayo se llevó a cabo la devolución a Chinade Ershidin Israil, ciudadano chino de etnia uigur y deprofesión maestro. El 14 de junio, las autoridadeschinas confirmaron que estaba bajo su custodia y quese lo trataba como “presunto terrorista de primerorden”. Ershidin Israil había huido de China aKazajistán en septiembre de 2009, después deconceder una entrevista a Radio Free Asia en la quedenunció la presunta muerte a golpes bajo custodia deun joven de etnia uigur implicado en los disturbios dejulio de 2009 de Urumqi. En marzo de 2010, ErshidinIsrail vio reconocida su condición de refugiado enKazajistán por el ACNUR –la agencia de la ONU paralos refugiados– y fue aceptado para su reasentamientoen Suecia. Pero el 3 de abril de ese año, las autoridadeskazajas lo pusieron bajo custodia. Aunque solicitó asiloen Kazajistán en cinco ocasiones, los tribunalesrechazaron su solicitud en todas ellas. El 9 de junio, Kazajistán extraditó a 28 hombres deetnia uzbeka a Uzbekistán, donde corrían peligro realde sufrir tortura. El Comité de la ONU contra la Torturahabía reafirmado en mayo las medidas cautelaresde 2010, que prohibían su extradición. Al final dediciembre seguían en peligro de devolución otros 4hombres de etnia uzbeka que continuaban detenidos,así como las esposas y los hijos de los 32. Algunasmujeres emparentadas con los detenidos hicieroncampaña en favor de su seguridad. Hablaronpúblicamente de las penosas condiciones quesoportaban bajo custodia, las palizas y otros malostratos que sufrían a manos de las fuerzas de seguridady los riesgos que corrían si los devolvían a Uzbekistán.Por ese motivo, las fuerzas de seguridad intimidaron yamenazaron a estas mujeres.Los hombres habían huido inicialmente deUzbekistán por temor a sufrir persecución debido asus prácticas o creencias religiosas, o a supertenencia a organizaciones islamistas prohibidas ono inscritas en el registro. Su detención se habíapracticado en junio de 2010 a petición del gobiernode Uzbekistán. Los recursos presentados contra ladecisión de extraditarlos fueron desestimados por untribunal de distrito el 15 de marzo en Almaty.Informes y visitasde Amnistía Internacional Kazajistán: Uzbekos corren peligro de tortura en caso de devolución(EUR 57/002/2011) Kazakhstan: Authorities urged to protect rights of protesting oil workersin the south-west of country (EUR 57/004/2011)KENIAREPÚBLICA DE KENIAJefe del Estado y del gobierno:Mwai KibakiPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:41,6 millonesEsperanza de vida:57,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 84 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:87 por cientoSe promulgaron leyes con el fin de implementaralgunas disposiciones de la Constitución, se crearonnuevas instituciones y se nombró a altosfuncionarios. Se presentaron propuestas de nuevasreformas legales e institucionales. Sin embargo,continuó la impunidad por violaciones de derechoshumanos pasadas y presentes, incluidos homicidiosilegítimos y otras violaciones perpetradas por lapolicía, y por delitos cometidos durante la violenciapostelectoral de 2007-2008.Información generalLa Comisión para la Aplicación de la Constitución,establecida para asesorar sobre el proceso deaplicación de la Constitución de 2010 y supervisarlo,comenzó a funcionar el 4 de enero. El gobiernopropuso diversas leyes que fueron examinadas por laComisión y aprobadas por el Parlamento. Entre ellasfiguraban la Ley del Servicio Judicial y la Ley deInvestigación de Antecedentes de Jueces yMagistrados, que constituían un marco legal para lasreformas judiciales, incluido el establecimiento deuna nueva Comisión del Servicio Judicial responsablede la contratación y del establecimiento de lostérminos y condiciones de los funcionarios judiciales.La ley relativa a la investigación de antecedentesestableció una junta encargada de investigar laintegridad de los funcionarios judiciales en ejercicio.266 Informe 2012 Amnistía Internacional

Tras un proceso público de selección dirigido por laComisión del Servicio Judicial, se nombró al nuevopresidente y al nuevo vicepresidente de la Judicatura,encargados de dirigir el poder judicial, junto concinco jueces del nuevo Tribunal Supremo, máximoórgano judicial de Kenia. El presidente y elvicepresidente de la Judicatura y el director de lafiscalía juraron su cargo en junio.Se promulgaron dos leyes que constituían unnuevo marco legal para el nombramiento demiembros de la Comisión Nacional Keniana deDerechos Humanos (la institución de derechoshumanos del Estado) y de la Comisión Nacional sobreGénero e Igualdad. Durante el año se aprobaron otrasleyes por las que se establecían una nueva comisióncontra la corrupción, una comisión sobre laadministración de justicia y la Comisión Electoral y deRevisión de Competencias Independiente, organismoencargado de organizar las elecciones y revisar lascompetencias electorales y administrativas.Al terminar el año, varios proyectos de ley eranobjeto de debate público. Entre ellos figurabananteproyectos de ley relativos a la estructura y laautoridad de los gobiernos comarcales establecidosen virtud de la Constitución.ImpunidadViolencia postelectoralAunque el gobierno afirmó en varias ocasiones quecontinuaban las investigaciones sobre los delitos y lasviolaciones de derechos humanos, incluidos posiblescrímenes de lesa humanidad, presuntamentecometidos durante la violencia postelectoral, no seadoptaron medidas para poner a los responsables adisposición de la justicia.El Comité para la Eliminación de la Discriminacióncontra la Mujer, en sus observaciones finales hechaspúblicas en abril tras el examen del historial de Keniaen la aplicación de la Convención sobre laEliminación de Todas las Formas de Discriminacióncontra la Mujer, expresó su preocupación por elhecho de que continuaran impunes los autores deactos de violencia sexual y de género tales comoviolaciones y violaciones en grupo cometidas duranteel periodo de violencia postelectoral.Policía y fuerzas de seguridadHubo casos de homicidio ilegítimo y tortura y otrosmalos tratos a manos de la policía y otro personal deseguridad. En enero, agentes de policía vestidos de civilmataron a tiros a tres hombres en Nairobi trasordenarles que salieran de su automóvil. Segúntestigos, los hombres se habían rendido antes de queles dispararan. Después del incidente, la policía afirmóque los hombres eran delincuentes armados. Aunqueel ministro de Seguridad Interna anunció que losagentes implicados habían sido suspendidos en susfunciones, el gobierno no especificó medida algunaque se hubiera adoptado para ponerlos a disposiciónde la justicia.Las autoridades no adoptaron medidas para llevarante la justicia a los agentes de policía y otro personalde seguridad que, según los informes, habían llevadoa cabo ejecuciones extrajudiciales y otros homicidiosilegítimos en los últimos años. La policía interrumpió sus investigaciones sobre elhomicidio de los activistas de derechos humanos OscarKingara y Paul Oulu, cometido en 2009 por hombresarmados no identificados.Se aprobaron leyes clave que establecían el marcopara la reforma de la policía. Entre ellas figuraban laLey sobre la Autoridad Independiente de Supervisiónde la Función Policial (que establecía una autoridadsupervisora encargada de gestionar las denunciaspresentadas contra la policía), la Ley del Servicio dePolicía Nacional (que estipulaba un nuevo marcolegal para la actuación policial) y la Ley sobre laComisión del Servicio de Policía Nacional (por la quese establecía la Comisión del Servicio de Policía). Endiciembre estaba en curso el proceso de designaciónde miembros de la Comisión del Servicio de Policía.Justicia internacionalEl 8 de marzo, la Corte Penal Internacional (CPI)despachó citaciones a seis ciudadanos kenianos aquienes se creía responsables de crímenes de lesahumanidad cometidos durante la violenciapostelectoral. En abril, los seis comparecieron ante laCorte en dos causas distintas. La Sala de CuestionesPreliminares celebró vistas de confirmación enseptiembre y octubre para determinar si existíanindicios que permitieran remitir los casos a juicio.La decisión de la Corte estaba pendiente al terminarel año.En abril, el gobierno solicitó que los casos fuerandeclarados inadmisibles ante la Corte PenalInternacional, por considerar que las reformasintroducidas en la legislación keniana, incluidas laKInforme 2012 Amnistía Internacional267

Kadopción de una nueva Constitución y la promulgaciónde la nueva Ley de Delitos Internacionales, implicabanque “los tribunales nacionales eran ahora capaces dejuzgar los delitos derivados de la violencia postelectoral,incluidos los casos de la CPI”. La Sala de CuestionesPreliminares desestimó la solicitud y mantuvo que nodisponía de evidencias de que hubiera investigacionesy enjuiciamientos en curso respecto de los seisdetenidos, y que no podía utilizarse la promesa de talesactuaciones para eludir la jurisdicción de la Corte sobrelos casos.En marzo, el gobierno intentó sin éxito que elConsejo de Seguridad de la ONU consideraseel aplazamiento de los casos de la Corte PenalInternacional.El gobierno no adoptó medida alguna en relacióncon una moción parlamentaria aprobada endiciembre de 2010 en la que se le pedía que dieselos primeros pasos para la retirada de Kenia delEstatuto de Roma de la Corte Penal Internacional yque revocase la Ley de Delitos Internacionales, queincorporaba el Estatuto a la legislación keniana.El 28 de noviembre, el Tribunal Superior falló queel gobierno tenía la obligación de detener alpresidente de Sudán, Omar al Bashir, en virtud de lasórdenes dictadas por la Corte Penal Internacionalpara que se procediera a su detención en caso deque visitara Kenia en el futuro. El gobierno anunció suintención de apelar contra esta decisión.Comisión de la Verdad, la Justiciay la ReconciliaciónLa Comisión de la Verdad, la Justicia y laReconciliación celebró audiencias públicas en todo elpaís en las que se escucharon testimonios depersonas sobre presuntas violaciones de derechoshumanos, el impacto de la gran corrupción, lasinjusticias relacionadas con las tierras y otrascuestiones que formaban parte del mandato de laComisión. La Comisión tenía previsto concluir estasaudiencias antes del final de enero de 2012, yrealizar audiencias temáticas en febrero y marzo. Elinforme final que registraría sus conclusiones yrecomendaciones estaba previsto para mayo de2012. El trabajo de la Comisión se vio dificultado porla insuficiente financiación.Al terminar el año, el tribunal designado parainvestigar las denuncias sobre la credibilidad delpresidente de la Comisión no había iniciado sustrabajos; el motivo era una causa judicial pendiente,incoada a instancias del propio presidente de laComisión, para impedir que el tribunal investigase supresunta complicidad en violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasado que eran objeto delmandato de la Comisión. El presidente permaneciósuspendido en sus funciones durante todo el año.Violencia contra mujeres y niñasEn sus observaciones finales, el Comité para laEliminación de la Discriminación contra la Mujerexpresó su preocupación por la “persistencia denormas culturales, prácticas y tradiciones nocivas, asícomo de actitudes patriarcales y estereotiposprofundamente arraigados en relación con el papel,las responsabilidades y la identidad de los hombresy las mujeres en todas las esferas de la vida”. ElComité señaló que tales estereotipos perpetuaban ladiscriminación contra las mujeres y contribuían a lapersistencia de la violencia contra las mujeres y deprácticas nocivas, como la mutilación genitalfemenina, la poligamia, el pago de un precio por lanovia y el levirato (herencia de esposa). El Comitéexpresó su inquietud por que, a pesar de esos efectosnegativos en la mujer, el Estado Parte “no [hubiera]adoptado medidas constantes y sistemáticas paramodificar o eliminar los estereotipos y los valoresculturales negativos y las prácticas nocivas”.Derecho a la vivienda:desalojos forzososEn septiembre, más de un centenar de personasmurieron tras la explosión de un oleoducto en elasentamiento informal de Sinaí, en la zona industrialde Nairobi. El incendio resultante se propagó conrapidez por el asentamiento debido a la densaconcentración de viviendas, la deficiente calidad delos materiales de construcción y la inexistencia decaminos de acceso para los servicios de emergencia.En octubre y noviembre, las autoridades llevaron acabo desalojos forzosos masivos y demoliciones decasas en al menos cinco asentamientos formales einformales de Nairobi, la mayoría en los alrededoresdel aeropuerto internacional Jomo Kenyatta, elaeropuerto de Wilson y la base aérea de Moi. Losdesalojos dejaron sin hogar a cientos de familias.Según representantes de la Autoridad Aeroportuariade Kenia, los desalojos eran necesarios pararecuperar tierras para el aeropuerto con el fin de268 Informe 2012 Amnistía Internacional

evitar posibles desastres aéreos. En la mayoría de loscasos, los residentes se quejaron de que no habíanrecibido aviso adecuado de las demoliciones ni se leshabía brindado la oportunidad de impugnarlas obuscar viviendas alternativas. Miles de residentes delasentamiento de Kyang’ombe, en las inmediacionesdel aeropuerto internacional Jomo Kenyatta,fueron desalojados por la fuerza de sus hogares poragentes de policía y personal de otro tipo queactuaron siguiendo instrucciones de la AutoridadAeroportuaria de Kenia. El desalojo se produjo apesar de la existencia de una orden judicial temporal,solicitada por un grupo de residentes, que establecíaque debía esperarse al resultado de una causajudicial relacionada con la propiedad de la tierra.Al menos en tres casos distintos durante el año, elTribunal Superior resolvió que el derecho a unavivienda adecuada en virtud del artículo 43.1 de laConstitución incluía la prohibición legal de losdesalojos forzosos. Al terminar el año, el gobierno nohabía cumplido el compromiso contraído en 2006 dehacer públicas unas directrices nacionales sobredesalojos.Personas internamente desplazadasLas cifras oficiales hechas públicas en septiembreindicaban que la mayoría de las personasdesplazadas como consecuencia de la violenciapostelectoral de 2007-2008 habían regresado a sushogares, se habían integrado en diversascomunidades o habían sido reasentadas en otraszonas del país. Unas 158 familias continuaban encampos de tránsito para personas desplazadas.Algunas ONG locales informaron de que las cifrasoficiales excluían a cientos de familias internamentedesplazadas que seguían viviendo en camposimprovisados no reconocidos por el gobierno ydesprovistos de ayuda oficial. Grupos de personasinternamente desplazadas debido a la violenciapostelectoral se quejaron de que las medidas oficialesdestinadas a ayudarlas, como los subsidios, eraninsuficientes. Miles de personas continuarondesplazadas como consecuencia de enfrentamientosétnicos anteriores a la violencia de 2007-2008.Personas refugiadasy solicitantes de asiloHasta noviembre habían llegado a los camposde Dadaab, en el este de Kenia, más de 152.000refugiados somalíes que huían del conflicto y lasequía. En julio, el gobierno keniano abrió laampliación Ifo II del complejo de campos de Dadaab.Sin embargo, las personas que residían en loscampos seguían sin disponer de espacio einstalaciones adecuados.En octubre, el gobierno keniano desplegó suejército en Somalia para luchar contra el grupoislamista armado Al Shabaab. Tras la intervención, elgobierno interrumpió el registro que realizaba elACNUR –agencia de la ONU para los refugiados– delas personas recién llegadas a Dadaab, así como eltransporte de solicitantes de asilo desde la fronterahasta Dadaab.En octubre, noviembre y diciembre, presuntosmiembros y simpatizantes de Al Shabaab perpetraronvarios ataques con granadas y bombas en ciudadesfronterizas del nordeste de Kenia, y también unataque en un estacionamiento público de autobusesen Nairobi. Varias personas murieron, entre ellas unlíder de la comunidad de refugiados del campo deHagadera, en Dadaab, y decenas resultaron heridas.El gobierno anunció que investigaría los ataques.Pena de muerteLos tribunales seguían imponiendo la pena demuerte. No hubo ejecuciones.Algunos tribunales hicieron caso omiso de ladecisión del Tribunal de Apelación de julio de 2010que declaraba inconstitucional la aplicaciónpreceptiva de la pena de muerte.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Kenia en enero, marzo, julio, octubre,noviembre y diciembre. La organización cuenta con una oficina en Nairobi. Examination of Kenya’s state report under the Convention: Oralstatement by Amnesty International to the CEDAW Committee(AFR 32/001/2011) Kenya’s application before the International Criminal Court: A promiseis not enough to pre-empt the Court’s jurisdiction (AFR 32/003/2011) Kenya: Fire shows need for protection for slum-dwellers(AFR 32/005/2011) Kenia: Debe investigarse triple homicidio policial (PRE01/022/2011) Kenya must comply with ICC summons on post-election violence(PRE01/126/2011)KInforme 2012 Amnistía Internacional269

KKIRGUISTÁNREPÚBLICA KIRGUÍSJefe del Estado:Almaz Atambaev(sustituyó a Roza Otunbaeva en diciembre)Jefe del gobierno:Omurbek Babanov(sustituyó a Almaz Atambaev en diciembre)Pena de muerte:abolicionistaPoblación:5,4 millonesEsperanza de vida:67,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 36,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,2 por cientoA pesar de haber auspiciado dos comisionesindependientes de investigación, las autoridades noinvestigaron eficaz e imparcialmente la violencia de2010 y sus secuelas. Rechazaron firmes indiciosde comisión de crímenes de lesa humanidad–incluidas violaciones y otros actos de violenciasexual– contra personas de etnia uzbeka durante losepisodios violentos en Osh. Continuaron las amenazasy agresiones físicas contra profesionales del derechoque defendían a personas de etnia uzbeka. Aunque laFiscalía General había dado oficialmenteinstrucciones de investigar cada denuncia de tortura,era habitual que los fiscales no investigaran lasdenuncias de manera exhaustiva e imparcial nillevaran a los responsables ante la justicia.Información generalTras la violencia entre personas de etnia kirguís yuzbeka desatada en el sur de Kirguistán en junio de2010, que dejó centenares de muertos, miles deheridos y cientos de miles de desplazados, lasautoridades habían reconocido la necesidad de unexamen independiente de los hechos y asignado elcometido a dos comisiones de investigación, unanacional y otra internacional. Aunque ambos bandoscometieron delitos graves, las víctimas de la mayoríade los daños, lesiones y muertes fueron personas deetnia uzbeka.La comisión nacional publicó en enero su informe,en el que no abordaba las violaciones de derechoshumanos cometidas, ignoraba los indicios decrímenes de lesa humanidad y reiteraba la versiónoficial de una agresión uzbeka coordinada que habíaprovocado la respuesta espontánea del bando deetnia kirguís. La Comisión de Investigación sobreKirguistán, encargada de la investigacióninternacional, llegó a otras conclusiones en mayo.Según su informe, había sólidos indicios de lacomisión generalizada, sistemática y coordinada dedelitos contra personas de etnia uzbeka en la ciudadmeridional de Osh que, si se demostraban ante untribunal, constituirían crímenes de lesa humanidad.Asimismo, la Comisión señalaba que lasinvestigaciones y actuaciones llevadas a cabo habíansido defectuosas, además de estar marcadas porprejuicios étnicos, y concluía que la tortura dedetenidos en relación con la violencia había sido“prácticamente universal”.Las autoridades admitieron la conclusión de quehabía existido tortura y malos tratos, pero negaroncategóricamente que se hubieran cometido crímenesde lesa humanidad y acusaron a su vez a laComisión de parcialidad por motivos étnicosy de metodología defectuosa.Tortura y otros malos tratosContinuaron conociéndose a lo largo del año casos detortura y otros malos tratos perpetrados despuésde los violentos sucesos de junio. Las autoridadesreconocieron que la tortura y los malos tratos bajocustodia eran un problema.En abril tuvo lugar el nombramiento de la nuevafiscal general, que en breve emitió una directiva paraexigir que todos los indicios y denuncias de tortura seinvestigaran sin demora y que todos los lugares dedetención se sometieran a inspecciones periódicassin previo aviso, y en septiembre dio instruccionespormenorizadas sobre la metodología de investigaciónde la tortura. Las organizaciones de derechoshumanos y la Oficina del Defensor del Pueblocooperaron con la Organización para la Seguridad y laCooperación en Europa (OSCE) en la creación degrupos de vigilancia independiente de lasdetenciones en todo el país con potestad paraacceder sin trabas a todos los centros de detención.Estos grupos empezaron a funcionar en agosto.La entonces presidenta y la nueva fiscal generalhicieron reiterados esfuerzos por poner fin al usosistemático de palizas y otros malos tratos con el finde obtener confesiones. No obstante, en el ámbitolocal y regional no parecía haber apenas compromisocon la necesidad de abordar y prevenir estas gravesviolaciones de derechos humanos. La Comisión deInvestigación sobre Kirguistán concluyó que las270 Informe 2012 Amnistía Internacional

autoridades del país habían cometido tortura en loscentros de detención después de los acontecimientosde junio, que persistían los actos de tortura y que larespuesta de las autoridades a las denuncias detortura había sido manifiestamente insuficiente.Se expresó profunda preocupación por el hecho deque, mientras se investigaban los delitos, hubieraagentes de policía que seguían actuando de maneradesproporcionada contra personas de etnia uzbeka ybarrios uzbecos y amenazaban con presentar cargospor asesinato y otros delitos graves en relación con laviolencia de junio como método de extorsión paraobtener dinero. Al menos dos hombres de etniauzbeka murieron bajo custodia, según informes comoconsecuencia de tortura. Usmonzhon Kholmirzaev, ciudadano ruso de etniauzbeka, murió el 9 de agosto, según informes comoconsecuencia de tortura, dos días después de queunos agentes de policía vestidos de civil lo detuvieranarbitrariamente en Bazar Kurgan y lo llevaran a lacomisaría local. Contó a su esposa que le habíanpuesto una máscara de gas en el rostro y lo habíangolpeado. Cuando cayó al suelo, uno de los agenteslo golpeó con las rodillas en el pecho dos o tres veceshasta hacerle perder el conocimiento. La policíaamenazó con acusarlo de delitos violentos en relacióncon los sucesos de junio de 2010 si no pagaba 6.000dólares estadounidenses. Finalmente lo pusieron enlibertad después de que la familia entregara 680dólares a los agentes. A la mañana siguiente fuehospitalizado y un día más tarde murió a causa de laslesiones que, según le había contado a su esposa, lehabían causado los agentes. Tanto ella como suabogado, que estuvieron presentes en la autopsia,afirmaron que el examen forense concluía queUsmonzhon Kholmirzaev había muerto porhemorragias internas. Tras una petición oficial delconsulado ruso, el fiscal de Jalal-Abad emprendióacciones penales en agosto contra cuatro agentes depolicía por tortura y otros cargos.El gobierno reiteró su invitación al relator especialde la ONU sobre la tortura, que visitó el país endiciembre. Según sus conclusiones, era generalizadoel uso de tortura y malos tratos para obtenerconfesiones. Los métodos incluían asfixiar a la víctimacon bolsas de plástico y máscaras de gas, darlepuñetazos y golpes y aplicarle descargas eléctricas enel momento de la detención y en las primeras horasde interrogatorio informal. El relator determinótambién que las condiciones de reclusión variaban deadecuadas a terribles.Juicios injustosSe celebraron juicios y vistas de apelación de todoslos niveles que distaron de cumplir las normasinternacionales. No se investigaron denuncias deconfesión forzada ni se interrogó a testigos dedescargo, y continuaron las amenazas y agresionescontra abogados, incluso en la sala del tribunal. En abril, el Tribunal Supremo aplazó indefinidamentela vista del recurso de apelación del destacado defensorde los derechos humanos Azimzhan Askarov y otrassiete personas acusadas, junto con él, del asesinato deun agente de policía kirguís, cometido durante losviolentos episodios de Bazar-Korgan. El presidente delTribunal ordenó una investigación exhaustiva eindependiente sobre las condiciones de reclusión en elsur del país cuando la defensa argumentó que noexistían instalaciones para albergar a los presos de largaduración o a los condenados a cadena perpetua y queAzimzhan Askarov y los demás acusados corrían peligrode sufrir tortura y condiciones crueles, inhumanas ydegradantes si eran devueltos a Jalal-Abad. El Tribunalno ordenó investigar las denuncias de que se habíatorturado a los acusados para que “confesaran”. El20 de diciembre, el Tribunal rechazó el recurso deapelación y confirmó la cadena perpetua de AzimzhanAskarov en medio de protestas internacionales.Azimzhan Askarov continuó recluido en el centromédico penitenciario al que había sido trasladado ennoviembre de 2010, situado a las afueras de la capital,Bishkek. Allí tenía permiso para recibir visitas y se leprestaba asistencia médica adecuada. El relatorespecial de la ONU sobre la tortura calificó de atroces einaceptables las condiciones en los centros dedetención de Bishkek. Tatiana Tomina, abogada de origen ruso quehabitualmente representaba a personas de etniauzbeka, contó en agosto la agresión que había sufrido amanos de cuatro mujeres de etnia kirguís a la salida deltribunal municipal de Osh. Una de ellas la habíagolpeado con un bolso y a continuación las demás lahabían emprendido a golpes, patadas y puñetazos conella mientras le gritaban insultos. Empleados deltribunal y agentes de policía que presenciaron laagresión no intervinieron. Antes de abandonar la sededel tribunal, las mujeres le arrojaron piedras y laamenazaron con volver a agredirla.KInforme 2012 Amnistía Internacional271

K Durante una vista celebrada en el tribunal de distritode Kara Suu en septiembre, los familiares de unhombre de etnia kirguís que había perdido la vidadurante los violentos sucesos de 2010 profirieronamenazas contra la abogada defensora del acusado,Makhamad Bizurkov, ciudadano ruso de etnia uzbeka.Tiraron del pelo a la abogada, lanzaron piedras alacusado –que estaba sentado en el interior de unajaula metálica– y agredieron a los agentes de policíapresentes en la sala. Una observadora de derechoshumanos que había asistido a la vista informó de que eljuez había amonestado a los familiares pero no habíaordenado su expulsión de la sala ni los habíasancionado por agredir al abogado y obstruir la acciónde la justicia. Los familiares de la víctima continuaronlanzando piedras y botellas de plástico contra la jauladel acusado cuando el juez y el fiscal ya habíanabandonado la sala; además, las mujeres del grupo defamiliares golpearon a los agentes de policía queintentaron impedírselo, e insultaron, amenazaron yecharon a empujones de la sala a la observadora dederechos humanos.ImpunidadLa impunidad de los funcionarios encargados dehacer cumplir la ley que cometían tortura y otrosmalos tratos seguía siendo un problema grave enKirguistán, que se hizo aún más evidente tras laviolencia de junio de 2010. Continuaron lasobstrucciones a los intentos de familiares de víctimasde presentar denuncias a la policía y los fiscales;además, éstos no investigaban nunca las denunciasdebidamente ni llevaban a los responsables anteun tribunal.En febrero, la presidenta del país reiteró supreocupación por la ausencia de investigacionessobre las denuncias de tortura y otros malos tratos amanos de las fuerzas de seguridad que habíarecibido. La Fiscalía Regional de Osh anuncióentonces que revisaría 995 causas penales paracomprobar si los procedimientos se ajustaban a lalegislación nacional. Al final del año, sin embargo,sólo había prosperado una causa penal por tortura yotros malos tratos bajo custodia policial, y a los cincoagentes de policía declarados culpables de torturasólo se les impusieron condenas condicionales. Susrecursos seguían pendientes al terminar el año.Los investigadores y los fiscales tampoco iniciaroninvestigaciones ni enjuiciamientos sobre casi ningunode los delitos contra personas de etnia uzbekacometidos durante los sucesos violentos de junio de2010 y con posterioridad, incluidos los crímenes delesa humanidad perpetrados en Osh. En al menos200 de los casos documentados de asesinato depersonas de etnia uzbeka durante la violencia dejunio, o bien no se abrió una investigación criminal obien se suspendieron las actuaciones. No obstante,los familiares de muchas de las víctimas eran reaciosa que continuaran las actuaciones sobre losasesinatos por miedo a sufrir represalias.Organizaciones de derechos humanos y demujeres informaron de que las mujeres y las niñaseran reacias a denunciar violaciones y otros actos deviolencia sexual debido al estigma cultural que sufríanlas víctimas en sus comunidades tradicionales. Sedocumentaron y corroboraron de maneraindependiente unos 20 casos, pero los observadoresde derechos humanos pensaban que el número realera muy superior.La mayoría de las violaciones y otros actos deviolencia sexual fueron cometidos por grupos dehombres kirguises contra mujeres y niñas de etniauzbeka, aunque también hubo casos de mujereskirguises violadas por hombres uzbekos. Asimismo serecibió información sobre violaciones de niños y sobreel caso de un hombre uzbeko de mediana edad alque un grupo de agresores kirguises había violado,apuñalado y prendido fuego. En la mayoría de loscasos, las violaciones fueron acompañadas deinsultos de índole étnica y agresiones físicas graves.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Kirguistán en junio. Still waiting for justice: One year on from the violence in southernKyrgyzstan (EUR 58/001/2011)272 Informe 2012 Amnistía Internacional

KUWAITESTADO DE KUWAITJefe del Estado: Al Shaij Sabah al Ahmad al Jaber al SabahJefe del gobierno:Al Shaij Jaber al Mubarakal Hamad al Sabah(sustituyó a Al Shaij Naser Mohamadal Ahmad al Sabah en noviembre)Pena de muerte:retencionistaPoblación:2,8 millonesEsperanza de vida:74,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 9,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:93,9 por cientoLa libertad de expresión estaba restringida. Laspersonas críticas con el gobierno, incluidas las quehacían uso de las redes sociales, se exponían a serdetenidas. Las fuerzas de seguridad golpearon amanifestantes. Un hombre murió bajo custodiapolicial, al parecer tras haber sido torturado. Lasmujeres continuaban estando discriminadas en lalegislación y en la práctica. Se seguía negando lanacionalidad kuwaití a miles de bidún (apátridas), conlo que se les privaba también de acceso a los serviciosde salud, la educación y el empleo en pie de igualdadcon la ciudadanía. Se condenó a muerte al menos a 17personas; no se tuvo constancia de ninguna ejecución.Información generalSe celebraron varias manifestaciones, algunasinspiradas al parecer en acontecimientos de otroslugares de la región. Debido aparentemente a ellas,entre otras razones, en febrero el gobierno concedió alos ciudadanos kuwaitíes ayudas que, segúninformes, ascendían a unos 4.000 dólaresestadounidenses, así como raciones de alimentos. Enjunio, cientos de kuwaitíes, en su mayoría jóvenes, semanifestaron para pedir un cambio de gobierno y elfin de la corrupción. En septiembre se desencadenóuna oleada de huelgas de trabajadores, quereivindicaban aumentos salariales y mejoresprestaciones. En noviembre, en respuesta a lascrecientes exigencias de los manifestantes queocuparon el Parlamento y de miembros de laoposición, dimitió el primer ministro. En mayo, Kuwaitfue elegido miembro del Consejo de DerechosHumanos de la ONU. También en mayo, el Comité dela ONU contra la Tortura examinó el historial deKuwait, y en octubre lo hizo el Comité de la ONU parala Eliminación de la Discriminación contra la Mujer.Libertad de expresión y reuniónQuienes criticaban al gobierno se exponían a serdetenidos. En general, las manifestaciones sepermitían, si bien al menos una fue disuelta por lafuerza. En algunas ocasiones, la policía antidisturbiosgolpeó a manifestantes. En enero, el Tribunal Supremo revocó la condena deprisión impuesta en 2010 al periodista MuhammadAbd al Qader al Jasem, que había sido declaradoculpable de difamación en una causa abierta en sucontra a instancias del primer ministro. Seguíanpesando sobre él otras acusaciones de difamación. El ciberactivista Nasser Abul fue detenido el 7 de junioy acusado de delitos contra la “seguridad del Estado”,como “dañar los intereses del país” y “cortar la relaciónpolítica con países hermanos”, a causa de unosmensajes que había publicado en Twitter. El 24 deseptiembre fue declarado culpable de escribircomentarios despectivos sobre los musulmanes suníesy condenado por ello a tres meses de prisión, si bienquedó inmediatamente en libertad, dado el tiempo quellevaba ya recluido. Fue absuelto de los cargos de insultara las familias gobernantes de Bahréin y Arabia Saudí. El 16 de noviembre, la policía antidisturbios golpeó apersonas que se manifestaban ante la residencia delprimer ministro y que posteriormente ocuparon elParlamento, exigiendo el fin de la corrupción y ladimisión del primer ministro.Tortura y otros malos tratosUn hombre murió bajo custodia, al parecer tras habersido torturado por la policía. Mohammad Ghazzai al Maimuni al Mutairi murió enenero tras haber sido detenido por la policía por posesiónde alcohol. Inicialmente, las autoridades afirmaron quese había resistido a la detención y que había muerto acausa de una afección cardiaca, pero más tardeabrieron una investigación cuando un diputado de laoposición presentó datos médicos que indicaban quehabía sido atado y golpeado violentamente antes demorir. Se presentaron cargos contra unos 19 agentes depolicía en relación con su muerte; el juicio aún no habíaterminado al concluir el año.El Comité de la ONU contra la Tortura instó algobierno a reformar la ley para tipificar la torturacomo delito punible con severas penas.KInforme 2012 Amnistía Internacional273

LDiscriminación: comunidad bidúnA lo largo del año, cientos de bidún que llevabanmucho tiempo viviendo en Kuwait se manifestaron enprotesta por la perpetuación de su condición deapátridas y para exigir la nacionalidad kuwaití, que lespermitiría acceder gratuitamente a los servicios deeducación y de salud y optar a oportunidades deempleo en pie de igualdad con la ciudadanía kuwaití.Se seguía negando la nacionalidad a más de 100.000bidún. Los servicios de seguridad hicieron uso de lafuerza para disolver manifestaciones y detuvieron amanifestantes. El gobierno aseguró que abordaríaalgunas de las reivindicaciones de los bidún, peroañadió que sólo 34.000 de ellos tenían derecho a laciudadanía.Población trabajadora migranteLa legislación laboral kuwaití seguía sin proteger a laspersonas migrantes empleadas en el serviciodoméstico, muchas de las cuales eran de países delsur y el sureste asiáticos. Gran número de ellas eranvíctimas de explotación y abusos a manos de susempleadores. Las que dejaban el trabajo sin permisode su empleador, aunque lo hicieran para huir deabusos, se exponían a ser detenidas, juzgadas como“fugitivas” en virtud de las leyes de inmigración yexpulsadas del país. En octubre, una trabajadora doméstica indonesia noidentificada se suicidó ahorcándose en una celdapolicial, tras haber sido detenida por huir de su lugar detrabajo y acusada de “fuga”.El Comité de la ONU contra la Tortura instó algobierno a promulgar urgentemente legislaciónlaboral para regular el trabajo doméstico y agarantizar la protección de las personas migrantesempleadas en él, en especial las mujeres, contra laexplotación y los abusos.Derechos de las mujeresLas mujeres seguían estando discriminadas en lalegislación y en la práctica. En octubre, el Comité dela ONU para la Eliminación de la Discriminacióncontra la Mujer instó al gobierno a tipificar comodelitos los actos de violencia doméstica y sexual,establecer penas más severas para los perpetradoresde los denominados “delitos de honor” y aprobarleyes con el fin de promover la igualdad de género.Pena de muerteAl menos 14 hombres y 3 mujeres, en su mayoríaciudadanos extranjeros, fueron condenados a muertetras haber sido declarados culpables de asesinato onarcotráfico. Se conmutó al menos una condena amuerte por cadena perpetua. No se tuvo constanciade ninguna ejecución.El Comité de la ONU contra la Tortura instó algobierno a limitar la aplicación de la pena de muertea los delitos “más graves” y a dispensar un tratohumano a las personas condenadas a muerte.Informes y visitasde Amnistía Internacional Kuwait’s candidacy and election to the UN Human Rights Council:Open letter (MDE 17/002/2011) Kuwait: Condenado ciberactivista por tuitear. Nasser Abul(MDE 17/004/2011)LAOSREPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR DE LAOSJefe del Estado:Choummaly SayasoneJefe del gobierno:Thongsing ThammavongPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:6,3 millonesEsperanza de vida:67,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 58,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:72,7 por cientoEl control estatal sobre los medios de comunicacióny los asuntos políticos, judiciales y sociales continuórestringiendo la libertad de expresión, asociación yreunión pacífica. La falta de transparencia y laescasez de información dificultaron la vigilanciaindependiente de la situación de los derechoshumanos. Al menos tres presos de conciencia y dospresos políticos continuaron encarcelados. Se tuvonoticia de casos de hostigamiento de personas dereligión cristiana. Seguían sin conocerse la suerteque habían corrido y el estado en que se encontrabanlas personas refugiadas y solicitantes de asilolaosianas de etnia hmong devueltas desde Tailandia.La pena de muerte seguía siendo preceptiva paraalgunos delitos relacionados con drogas; sin274 Informe 2012 Amnistía Internacional

embargo, no se hicieron públicas estadísticasoficiales sobre condenas a muerte.Información generalEn marzo, el partido gobernante –PartidoRevolucionario Popular de Laos– celebró su congresoquinquenal. El presidente fue reelegido como secretariogeneral, y el Comité Central y el Comité Político seampliaron. Salvo cuatro empresarios, todas las demáspersonas elegidas para la Asamblea Nacional en abrileran miembros del Partido Revolucionario Popular deLaos o funcionarios de los gobiernos locales o delcentral. En junio se formó un nuevo gobierno con cuatronuevos ministerios. En diciembre, Laos suspendiócontra su voluntad las obras del polémico embalsehidroeléctrico de Xayaburi, tras la inquietud mostradapor activistas y países vecinos con respecto a suimpacto en la industria pesquera y en los medios devida de las personas que vivían río abajo.Personas refugiadasy solicitantes de asiloSeguía siendo escasa la información sobre la situaciónde unos 4.500 laosianos de etnia hmong devueltosdesde Tailandia en diciembre de 2009. Muchas de lasaproximadamente 3.500 personas retornadas aquienes se había reasentado en la remota localidad dePhonekham, en la provincia de Borikhamsay, vivíansometidas a férreos controles, carecían de libertad decirculación, y apenas tenían posibilidades de ganarsela vida. Pese a todo, un reducido número consiguióhuir a Tailandia y solicitar asilo. Según fuentes creíbles, un ex solicitante de asilomurió bajo custodia en julio tras ser detenido por lapolicía laosiana como sospechoso de colocar unabomba en la localidad de Phonekham. Su cadávermostraba señales de mutilación. No se tuvoconocimiento de que se hubiera iniciado ningunainvestigación sobre su muerte.Presos de conciencia y presos políticos Thongpaseuth Keuakoun, BouavanhChanhmanivong y Seng-Aloun Phengphanh, detenidosen octubre de 1999 por intentar organizar una protestapacífica, continuaban encarcelados a pesar de que yahabían cumplido sus condenas de 10 años de prisión.Las autoridades no respondieron a las solicitudes paraque aclarasen el caso ni a los llamamientos para supuesta en libertad. Thao Moua y Pa Fue Khang, ambos de etnia hmong,continuaban cumpliendo 12 y 15 años de cárcel,respectivamente. Habían sido detenidos en 2003 porayudar a dos periodistas extranjeros a recopilarinformación sobre grupos de personas de etnia hmongque se ocultaban en la selva, y fueron condenados enun juicio sin garantías.Libertad de religiónSeguían recibiéndose noticias de que las autoridadeshostigaban a las comunidades cristianas y perseguíana las personas que se negaban a abjurar de su fe. Dos pastores detenidos en enero en la provincia deKhammouan fueron recluidos tras celebrar unaceremonia de Navidad sin contar con la aprobaciónoficial. Seis meses después de su detencióncontinuaban recluidos en duras condiciones.LÍBANOREPÚBLICA LIBANESAJefe del Estado:Michel SuleimanJefe del gobierno:Nayib Mikati(sustituyó a Saad Hariri en junio,que había dimitido en enero)Pena de muerte:retencionistaPoblación:4,3 millonesEsperanza de vida:72,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 12,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:89,6 por cientoMuchas personas acusadas de delitos relacionadoscon la seguridad fueron sometidas a juicios singarantías, en los que se impuso a algunas la pena demuerte. Se conocieron casos de tortura y otros malostratos a manos de la policía judicial. Se procesó adefensores y defensoras de los derechos humanos porinformar sobre presuntas torturas. La poblaciónpalestina refugiada continuaba sufriendodiscriminación, lo que dificultaba el disfrute de suderecho al trabajo, la salud, la educación y unavivienda adecuada. Otras personas refugiadas ysolicitantes de asilo fueron detenidas y, en algunoscasos, devueltas a sus países de origen a pesar de quecorrían peligro de sufrir graves abusos allí. Lasmujeres seguían siendo objeto de discriminación,LInforme 2012 Amnistía Internacional275

Launque se derogó una ley que establecía penas pocoseveras para los responsables de homicidios ennombre del “honor”. Los trabajadores y trabajadorasmigrantes, especialmente las empleadas domésticas,no gozaban de protección suficiente frente a losabusos y la explotación. Ocho personas fueroncondenadas a muerte, pero no hubo ejecuciones.Información generalEl gobierno de coalición del primer ministro SaadHariri cayó en enero. La situación política entróentonces en un punto muerto que no se resolvióhasta junio, cuando asumió el poder un nuevogobierno encabezado por Nayib Mikati y respaldadopor Hezbolá.Continuaron las tensiones a lo largo de lafrontera sur con Israel. El 15 de mayo,según la ONU, 7 refugiados palestinos murierony 111 personas resultaron heridas cuando tropasisraelíes dispararon contra refugiados palestinos yotras personas que se habían concentrado en lafrontera para conmemorar el día de la Nakba y que,en algunos casos, intentaron entrar en Israel.Al menos tres personas murieron y otras resultaronheridas por bombas de racimo y minas terrestresisraelíes abandonadas en el sur de Líbano en añosanteriores.En junio, el Tribunal Especial para el Líbano,creado por el Consejo de Seguridad de la ONU parajuzgar a las personas acusadas de asesinar al exprimer ministro Rafiq Hariri en 2005 y de otros delitosconexos, dictó sus primeras actas de acusaciónformal. Los acusados eran cuatro miembros deHezbolá, que continuaron en libertad. Hezboláexpresó su desacuerdo y aseguró que no ofrecería sucolaboración.Juicios injustosSe detuvo a personas sospechosas de delitosrelacionados con la seguridad, y al menos 50 de ellasfueron juzgadas ante tribunales militares. Algunasestaban acusadas de colaborar con Israel o espiarpara ese país, y al menos 9 de éstas fueroncondenadas a muerte. Sus juicios, celebrados antetribunales militares, fueron injustos: entre los jueceshabía militares en activo y no existían garantías deindependencia e imparcialidad. Algunos acusadosdenunciaron haber sido sometidos a tortura u otrosmalos tratos durante su detención preventiva a fin deque “confesaran”, pero, en general, los tribunales noinvestigaron adecuadamente estas denuncias nirechazaron las “confesiones” impugnadas. El 3 de septiembre, Fayez Karam, alto cargo delpartido político Movimiento Patriótico Libre, fuedeclarado culpable de proporcionar información alMossad (la agencia de inteligencia de Israel) a cambiode dinero y condenado a dos años de cárcel contrabajos forzados. Según declaró ante el tribunal militarque lo condenó, miembros de las Fuerzas deSeguridad Interna lo habían torturado tras sudetención, en agosto de 2010, para obligarlo a haceruna “confesión”, de la que se retractó posteriormente.Presentó un recurso de apelación. El 11 de octubre, miembros de las fuerzas deseguridad sirias detuvieron a Shekh HassanMchaymech, clérigo chií, y lo entregaron a las Fuerzasde Seguridad Interna. Había sido detenido y, segúninformes, torturado en Siria como sospechoso deproporcionar información al Mossad. Tras quedar enlibertad fue entregado a las autoridades libanesas, quelo recluyeron en régimen de incomunicación, primeroen el centro de detención de las Fuerzas de SeguridadInterna en Beirut y posteriormente en la prisión deRumieh, hasta que a principios de diciembre su familiaobtuvo autorización para visitarlo por primera vez.Tortura y otros malos tratosSe denunciaron casos de tortura y otros malos tratosa manos de la policía judicial.El gobierno aún no había creado un órgano devigilancia independiente para realizar visitas aprisiones y centros de detención, lo que suponíaincumplir una de las exigencias del ProtocoloFacultativo de la Convención contra la Tortura,ratificado por Líbano en 2008. En abril, cuatro internos de la prisión de Rumieh, enBeirut, murieron en circunstancias poco claras cuandolas fuerzas de seguridad reprimieron una protesta delos reclusos contra el hacinamiento y la prolongadadetención preventiva. El ministro del Interiorencomendó al jefe de las Fuerzas de Seguridad Internaque llevase a cabo una investigación, pero losresultados no se hicieron públicos.Defensores y defensorasde los derechos humanosVarios activistas de los derechos humanos sufrieronhostigamiento por denunciar presuntas violaciones de276 Informe 2012 Amnistía Internacional

derechos humanos cometidas por las fuerzas deseguridad y por partidos políticos. Saadeddine Shatila, activista de los derechoshumanos que trabajaba para la ONG Alkarama, fueacusado de “publicar información lesiva para lareputación de las fuerzas armadas libanesas” porhaber remitido al relator especial de la ONU sobre latortura y a otras personas información sobre casos depresunta tortura. Al finalizar el año, el juez militarencargado de la instrucción continuaba examinandoel caso. El 22 de marzo, el fiscal general interrogó a MarieDaunay y Wadih al Asmar, miembros del personal delCentro Libanés para los Derechos Humanos, tras haberpresentado el partido político Amal, encabezado porNabih Berri el presidente del Parlamento, una querellacontra el Centro por haber informado sobre presuntastorturas a manos de personas afiliadas al partido.La causa seguía abierta al finalizar el año.Discriminación: población palestinarefugiadaEn torno a 300.000 refugiados palestinos, residentesen Líbano desde hacía mucho tiempo, continuabansufriendo discriminación y se veían privados de unaserie de derechos de los que sí disfrutaba laciudadanía libanesa. No se les permitía ejercerdeterminadas profesiones ni heredar bienes. Unnúmero indeterminado de ellos continuaban viviendoen Líbano sin documentos de identidad oficiales, loque les privaba aún de más derechos. Por ejemplo,continuaban sin poder registrar matrimonios,nacimientos y defunciones.En 2011 regresaron al campo de refugiados deNahr al Bared, cerca de Trípoli, en el norte de Líbano,más de 1.400 palestinos que habían huido de losenfrentamientos registrados allí en 2007, pero másde 25.000 continuaron desplazados.Derechos de las mujeresLas mujeres continuaban sufriendo discriminación enla ley y en la práctica y siendo víctimas de violenciade género, incluida la ejercida por familiares varones.No obstante, el gobierno derogó en agosto el artículo562 del Código Penal, que permitía la reducción de lacondena impuesta a una persona declarada culpablede matar o lesionar a familiares si se consideraba queel delito se había cometido para defender el “honor”de la familia. Ese mismo mes se modificó el CódigoPenal para definir el delito de trata de personas yestablecer penas para quienes lo cometiesen.Las mujeres libanesas seguían sin poder transmitirsu nacionalidad a su esposo e hijos, pero enseptiembre se modificaron las leyes laborales paraeliminar las restricciones impuestas en materia deempleo a los cónyuges no libaneses y a los hijos demujeres libanesas. Al concluir 2011 no estaba claroqué impacto habían tenido estas reformas. Por otraparte, el Parlamento debatió, pero no aprobó, unanteproyecto de ley que penalizaba la violenciaintrafamiliar, incluida la violación conyugal.Derechos de las personas migrantesLas empleadas domésticas extranjeras continuabansufriendo explotación y abusos, incluidos abusossexuales, por parte de sus empleadores, y la ley noles ofrecía la protección adecuada. No obstante, en elParlamento se estaba debatiendo un anteproyecto deley que establecía los derechos de las personas quetrabajaban en el servicio doméstico.Personas refugiadasy solicitantes de asiloDecenas de personas refugiadas y solicitantes deasilo, en su mayoría iraquíes y sudaneses,continuaban encarceladas tras haber cumplido sucondena, impuesta por entrada irregular en Líbano,o haber sido absueltas. Muchas estaban recluidas encondiciones deplorables en un centro subterráneo delos servicios de Seguridad General en Adliyeh, Beirut,o en la prisión de Rumieh, y se las obligaba a escogerentre continuar recluidas de forma indefinida o volver“voluntariamente” a sus países de origen.Se expulsó al menos a 59 solicitantes de asilo orefugiados reconocidos, en contravención delderecho internacional sobre refugiados. El refugiado sudanés Muhammad Babikir Abd alAziz Muhammad Adam, que había sido detenido enenero de 2010 y condenado en marzo de ese año a unmes de prisión por violar una orden de expulsión,permaneció recluido hasta enero de 2011, cuando lotrasladaron en avión a Noruega para reasentarlo allí.Afirmó que, entre septiembre y noviembre de 2010,fue sometido a malos tratos y a periodos prolongadosde reclusión en régimen de aislamiento, y que ennumerosas ocasiones intentaron devolverlo a Sudán,donde estaba expuesto a sufrir detención arbitraria,tortura y otros malos tratos.LInforme 2012 Amnistía Internacional277

LImpunidad: desapariciones forzadasy secuestrosEl 1 de julio, el gobierno se comprometió a solicitar alas autoridades sirias información sobre la suerte quehabían corrido los “libaneses detenidos y en paraderodesconocido” y a adoptar otras medidas para abordarel legado de graves abusos cometidos en el pasado,entre ellas la creación de un comité nacional deseguimiento de las desapariciones forzadas. Sinembargo, el gobierno no tomó apenas medidas paraabordar los miles de casos de personas quecontinuaban en paradero desconocido desde laguerra civil de 1975-1990, entre las que habíavíctimas de desaparición forzada.Pena de muerteOcho personas fueron condenadas a muerte,incluidas cinco juzgadas in absentia, pero no huboejecuciones. La última ejecución había tenido lugaren 2004. En enero de 2011, un tribunal penal condenó amuerte a Radwan Khalaf Najm, ciudadano sirio, porasesinato.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Líbano en abril, mayo-junioy julio-agosto. Jamás olvidadas: Las personas desaparecidas en Líbano(MDE 18/001/2011)LIBERIAREPÚBLICA DE LIBERIAJefa del Estado y del gobierno: Ellen Johnson SirleafPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:4,1 millonesEsperanza de vida:56,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 112 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:59,1 por cientoLas prolongadas demoras en el sistema judicialdaban lugar a un atroz hacinamiento en las cárceles,ya que la mayoría de los reclusos estaban en esperade juicio, sufriendo unas condiciones inhumanas.Los abusos contra los derechos humanos de lasmujeres y niñas, incluidas la violación y otras formasde violencia sexual, seguían siendo generalizados.La policía usó fuerza excesiva durantemanifestaciones.Información generalEl 11 de octubre se celebraron eleccionespresidenciales y legislativas. Ningúncandidato presidencial obtuvo una mayoría clara,y el 8 de noviembre se celebró una segunda vueltade los comicios. El principal partido opositor,Congreso por el Cambio Democrático (CDC), boicoteóla segunda vuelta, y la presidenta en ejercicio, EllenJohnson Sirleaf, fue declarada vencedora conel 90,7 por ciento de los votos.Más de 173.000 personas refugiadas denacionalidad marfilense entraron en Liberia entrenoviembre de 2010 y diciembre de 2011 a raíz de laviolencia postelectoral en la vecina Costa de Marfil. Alterminar 2011, la entrada de personas refugiadascasi se había detenido, y algunas comenzaron aregresar a Costa de Marfil.En noviembre, la presidenta, Ellen Johnson Sirleaf,y la defensora de los derechos humanos LeymahGbowee fueron dos de las tres mujeres galardonadascon el Premio Nobel de la Paz “por su lucha noviolenta por la seguridad y el derecho de las mujeresa participar plenamente en la labor de construcciónde la paz”.ImpunidadNo se registraron avances en lo relativo a poner adisposición de la justicia a las personas responsablesde las graves violaciones de derechos humanos yabusos cometidos en los años de conflicto armadoy violencia. No se aplicó la recomendación de laComisión de la Verdad y la Reconciliación relativa aestablecer un tribunal penal para enjuiciar a laspersonas identificadas como responsables de delitosde derecho internacional; tampoco se aplicaron lamayoría de las recomendaciones relativas a reformaslegales y otras reformas institucionales, rendición decuentas e indemnizaciones.En marzo, el Tribunal Especial para Sierra Leona,con sede en La Haya, concluyó las vistas depresentación de pruebas en el juicio del ex presidentede Liberia, Charles Taylor, que se enfrentaba a cargospor su responsabilidad penal individual en crímenes278 Informe 2012 Amnistía Internacional

de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidosdurante los 11 años de conflicto armado en SierraLeona. No se presentaron cargos en su contra pordelitos cometidos en Liberia, ya que la competenciadel Tribunal se circunscribía a los delitos cometidosen Sierra Leona. Al terminar el año continuaban lasdeliberaciones de los jueces.Pena de muerteEn marzo, en respuesta a las recomendacionesformuladas durante el examen periódico universalde la ONU, Liberia reconoció sus obligacionesinternacionales contraídas en virtud del SegundoProtocolo Facultativo del Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos, al que se adhirió en2005, y afirmó que se estaban celebrando consultascon vistas a revocar la ley de 2008 que imponía lapena de muerte por los delitos de robo a manoarmada, terrorismo y secuestro de vehículos, si dabanlugar a muertes. Sin embargo, no se tomaronmedidas adicionales para abolir la pena capital.El Tribunal de Distrito de Voinjama, condado deLofa, condenó a muerte a una persona por asesinato.Sistema de justiciaLas investigaciones policiales inadecuadas, la escasezde defensores públicos, la deficiente tramitación de lascausas, la corrupción y una judicatura que carecía decapacidad para resolver los casos de manera oportunacontribuían a la acumulación de trabajo atrasado en elsistema de justicia penal. Aproximadamente el 80 porciento de los reclusos estaban en espera de juicio;algunos permanecían encarcelados durante añosantes de que se celebrara su juicio.La prolongada reclusión de personas en espera dejuicio impidió que el establecimiento de un programapiloto de libertad condicional y libertad a prueba enMonrovia y Gbarnga y de un programa de presenciapersonal de magistrados redujera de modosignificativo el número de presos preventivos.A menudo, a la gente se le exigía un pago porservicios supuestamente gratuitos, por ejemplo paraque la policía llevase a cabo investigaciones. Losmagistrados denegaban de manera casi sistemática lalibertad bajo fianza. La judicatura carecía deindependencia.Era frecuente que los tribunales consuetudinariosno funcionaran con arreglo a las normas del debidoproceso. Continuaba llevándose a cabo la práctica dela ordalía, en la que la inocencia o culpabilidad de lapersona acusada se decidía de manera arbitraria, enocasiones mediante tortura u otros malos tratos.Condiciones de reclusiónLas condiciones de reclusión eran extremadamentedeficientes. En varias prisiones, los reclusos estabanhacinados en celdas oscuras y sucias, con serviciosde salud absolutamente inadecuados y falta deventilación y de tiempo al aire libre. La higiene y elsaneamiento eran deficientes, y los reclusos nodisponían en grado suficiente de alimentos, aguapotable y elementos indispensables, como ropa decama limpia y artículos de aseo.En julio, la presidenta Ellen Johnson Sirleaf lanzó laPolítica y Plan Nacionales de Salud para 10 años.Como piedra angular de esta política se incorporabanlos servicios de salud en las prisiones: el nuevoConjunto de Medidas Esenciales de Servicios deSalud. Sin embargo, al terminar el año no se habíaimplementado.Policía y fuerzas de seguridadPese a algunas mejoras, la inadecuada protecciónpolicial impulsó a algunas comunidades a formargrupos parapoliciales.Según informes, la policía usó reiteradamentefuerza excesiva durante operaciones de ordenpúblico. El 11 de marzo, la policía golpeó a estudiantes quese manifestaban, 17 de los cuales necesitarontratamiento médico. La presidenta estableció uncomité de investigación que presentó su informe enjunio. El comité concluyó que la policía había usadofuerza excesiva y recomendó la suspensión delinspector general de la Policía Nacional de Liberia y ladestitución del vicedirector de Operaciones. Esteúltimo fue suspendido sin sueldo por un periodo de dosmeses. No se tomaron medidas contra el inspectorgeneral. El 7 de noviembre, la policía abrió fuego contrapartidarios del CDC durante una manifestación: mató almenos a una persona y causó heridas a muchas más.La presidenta estableció una comisión encargada deinvestigar la violencia, que presentó sus conclusionesel 25 de noviembre. La comisión concluyó que lapolicía había usado fuerza excesiva y, de conformidadcon sus recomendaciones, el inspector general de laPolicía Nacional de Liberia fue destituido.LInforme 2012 Amnistía Internacional279

LLibertad de expresiónLos periodistas seguían haciendo frente ahostigamiento, y en algunos casos a amenazas yagresiones. El 22 de enero, el Tribunal Supremo condenó aRodney Sieh, redactor jefe del periódico de titularidadprivada Front Page Africa, a 30 días de cárcel pordesacato. Rodney Sieh había publicado una carta en laque se criticaba a un juez del Tribunal Supremo. Quedóen libertad dos días después, tras la intervención de lapresidenta Sirleaf. El 7 de noviembre, tras la petición formulada por losMinisterios de Justicia e Información, el juez de distritodel Tribunal Penal A dictó una orden por la que secerraban temporalmente tres medios decomunicación; la orden fue ejecutada por policíasarmados de la Unidad de Respuesta Urgente. Se acusóa los medios de difundir mensajes de odio en relacióncon la concentración del CDC y la posterior violencia.El 15 de noviembre, los directivos de esas empresasfueron declarados culpables. Sin embargo, el tribunaldecidió que “en esta ocasión” no habría castigo yordenó la reapertura de los medios de comunicación.Derechos de la infanciaHabía un solo tribunal de menores, con sede enMonrovia, y el sistema de justicia de menores seguíasiendo débil y careciendo de centros de rehabilitacióny detención para niños y niñas en conflicto con la ley.A los menores se los encerraba habitualmente encalabozos policiales junto con adultos.La mutilación genital femenina seguía siendo unapráctica generalizada y se le realizaba de manerahabitual a niñas de entre 8 y 18 años de edad, y enalgunos casos a niñas de tan sólo 3 años. Lalegislación liberiana no la prohibía explícitamente. En julio, dos mujeres acusadas de llevar a cabo actosde mutilación genital femenina forzosa fuerondeclaradas culpables de secuestro, retención dolosa yrobo, y fueron condenadas a tres años de cárcel.Derechos de las mujeresLa violación y otras formas de violencia sexual, laviolencia intrafamiliar y los matrimonios forzados yprecoces seguían siendo prácticas generalizadas. Lamayoría de los casos de violación denunciadosafectaban a niñas menores de 18 años. Las unidadesasignadas a delitos de violencia sexual y de género delas comisarías de policía carecían de personal yrecursos suficientes, y se esforzaban por sacaradelante su trabajo.No había refugios en funcionamiento parasupervivientes de violencia de género. El Ministerio deGénero y Desarrollo se hizo cargo de la gestión de dosrefugios, antes regentados por ONG, en los condadosde Bong y Lofa, y los cerró temporalmente. Sinembargo, al terminar el año aún no se habíanreabierto.La mortalidad materna seguía siendo elevada. ElFondo de Población de la ONU (UNFPA) atribuía estehecho a la grave escasez de personal médicocualificado, la inadecuada atención obstétrica deurgencia, los débiles sistemas de derivación depacientes, el deficiente estado nutricional de lasmujeres embarazadas y el número extremadamenteelevado de embarazos de adolescentes. En marzo, lapresidenta lanzó un plan quinquenal para reducir lasmuertes maternas y de recién nacidos en el país.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Liberia en julio, septiembre y noviembre. Good intentions are not enough: The struggle to reform Liberia’s prisons(AFR 34/001/2011)LIBIALIBIAJefe del Estado:Mustafá Abdelyalil(sustituyó en la práctica a Muamar al Gadafi en agosto)Jefe del gobierno:Abdurrahim al Keib(sustituyó a Mahmud Yibril en octubre,quien había sustituido a Al Baghdadi Ali al Mahmudien agosto)Pena de muerte:retencionistaPoblación:6,4 millonesEsperanza de vida:74,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 18,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:88,9 por cientoTras protestas antigubernamentales que sedesencadenaron a mediados de febreroy desembocaron en un conflicto armado que seprolongó durante unos ocho meses, miles depersonas, muchas de ellas simples transeúntes o280 Informe 2012 Amnistía Internacional

participantes en manifestaciones pacíficas,resultaron heridas o fueron víctimas de homicidioilegítimo a manos de las fuerzas leales al dirigentelibio, coronel Muamar al Gadafi. Duranteel conflicto, fuerzas internacionales, que actuabanconforme al mandato del Consejo de Seguridad dela ONU de proteger a la población civil, lanzaronataques aéreos contra las fuerzas de Gadafi,contribuyendo a inclinar la balanza a favor de lasfuerzas de oposición. Las fuerzas de Gadafi lanzaroncohetes y proyectiles de mortero y artillería contrazonas residenciales, y utilizaron minas antipersonal,bombas de racimo y otras armas que son pornaturaleza de efecto indiscriminado; estos ataquesindiscriminados causaron un gran número devíctimas civiles, especialmente en Misrata, la terceraciudad más importante de Libia. Además, las fuerzasde Gadafi secuestraron a miles de personas, a lasque sometieron a torturas o malos tratos, yejecutaron extrajudicialmente a combatientescapturados y otras personas detenidas. Las fuerzasde oposición utilizaron cohetes y armas de efectoindiscriminado en zonas residenciales. Aunque elConsejo Nacional de Transición –el pocoestructurado liderazgo de la oposición a Gadafi,creado a finales de febrero– tomó el control de lamayor parte del país a finales de agosto, no consiguiódominar a las milicias que se habían formadodurante el conflicto. Los crímenes de guerra y otrasviolaciones del derecho internacional humanitario yde los derechos humanos cometidos por ambaspartes durante el conflicto se sumaron al funestolegado de violaciones de derechos humanos de añosanteriores. El conflicto agravó las tensiones racialesy la xenofobia ya existentes. Las milicias de laoposición capturaron a miles de supuestospartidarios y soldados de Gadafi y presuntos“mercenarios africanos”, que, en muchos casos,sufrieron palizas y abusos bajo custodia y, al concluirel año, meses después de finalizar el conflicto,continuaban recluidos sin juicio ni ningún otromedio de impugnar la legalidad de su detención.Decenas más de personas presuntamente leales aGadafi murieron a manos de combatientes de laoposición en el momento de su captura oposteriormente; entre las víctimas estaban el propiodirigente libio derrocado y uno de sus hijos. Lasfuerzas de oposición también saquearon eincendiaron casas, llevaron a cabo ataques envenganza y tomaron otras represalias contrapresuntos partidarios de Gadafi. Centenares de milesde personas huyeron a causa del conflicto, lo queprovocó desplazamientos masivos dentro y fuera deLibia y dio lugar a importantes iniciativas deevacuación. Seguía estando muy arraigada laimpunidad por las graves violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasado y por lospersistentes abusos de las milicias. Las mujeresseguían sufriendo discriminación en la ley y en lapráctica.Información generalLas manifestaciones antigubernamentales previstaspara el 17 de febrero se iniciaron dos días antes enBengasi, la segunda ciudad más importante de Libia,tras detener las fuerzas de seguridad a dosdestacados activistas. Las autoridades dejaronrápidamente en libertad a ambos, pero las protestasse multiplicaron y extendieron por toda Libia cuandolas fuerzas gubernamentales recurrieron a mediosletales y otros tipos de fuerza excesiva para intentarcontenerlas. En dos semanas, las protestasse convirtieron en un conflicto armado interno, al nodejarse la población intimidar y levantarse en armascontra las fuerzas gubernamentales en el este deLibia, la zona de las montañas de Nafusa y la ciudadcostera de Misrata. Los combates se intensificaron amedida que las fuerzas de Gadafi trataban derecuperar territorio conquistado por la oposición, que,a su vez, intentaba ganar más terreno, y el 17 demarzo, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó laResolución 1973, que autorizaba la prohibición detodos los vuelos en el espacio aéreo de Libia y laadopción de todas las medidas necesarias paraproteger a la población civil, excluyendo el uso de unafuerza de ocupación extranjera. Dos días después,cuando las fuerzas de Gadafi se encontraban a lasafueras de Bengasi listas para actuar, una alianzainternacional comenzó a lanzar ataques aéreos contraellas y a ayudar a las fuerzas de oposición a hacerlesretroceder. A finales de marzo, la OTAN asumió elmando de las operaciones militares y lanzó miles deataques aéreos contra infraestructuras y fuerzas deGadafi hasta el 31 de octubre. Hacia finales de agosto,las fuerzas opositoras al coronel Gadafi habíanconseguido controlar la mayor parte de Libia, incluidaTrípoli, pero los combates continuaban, especialmenteen las ciudades de Bani Ulid y Sirte. El 23 de octubre,LInforme 2012 Amnistía Internacional281

LMustafá Abdelyalil, presidente del Consejo Nacionalde Transición, declaró oficialmente “la liberaciónde Libia”.El Consejo Nacional de Transición se comprometióa establecer un Estado democrático y multipartidista,basado en el respeto por los derechos humanosfundamentales. El 3 de agosto emitió una DeclaraciónConstitucional en la que se consagraban losprincipios de los derechos humanos, como el respetopor las libertades fundamentales, el derecho a nosufrir discriminación y el derecho a un juicio justo.Uso excesivo de la fuerzaLas fuerzas armadas y de seguridad de Gadafihicieron uso de medios letales y fuerzadesproporcionada para intentar sofocar lasmanifestaciones que se desencadenaron en febrero,y dispararon munición real con fusiles automáticos deasalto contra manifestantes desarmados. Unas 170personas perdieron la vida y más de 1.500 resultaronheridas en Bengasi y Al Baida entre los días 16 y 21de febrero. Las fuerzas de seguridad tambiénutilizaron munición real para responder a lasprotestas del 20 de febrero en Trípoli y susalrededores, causando decenas de muertos yheridos. Entre las personas que perdieron la vidahabía transeúntes y manifestantes pacíficos. El 17 de febrero, Naji Jerdano, que participaba enlas manifestaciones antigubernamentales de Bengasi,fue golpeado con una porra y murió abatido pordisparos de las fuerzas de seguridad de Gadafi. Él yotros dos hombres perdieron la vida cerca de lamezquita de Al Nasr, durante la oración del ocaso, alser alcanzados por disparos de francotiradores de lasfuerzas de seguridad apostados en el puente deYalyana. El 18 de febrero, Roqaya Fawzi Mabrouk, de ochoaños, murió abatida por una bala que entró por laventana de su habitación. El disparo procedía de labase militar de Hussein al Jaweifi, en Shahat, cerca deAl Baida, en donde, según informes, se habíanestablecido fuerzas de Gadafi.Abusos cometidos duranteel conflicto armadoEn su intento de recuperar localidades controladaspor la oposición, las fuerzas de Gadafi cometierongraves violaciones del derecho internacionalhumanitario, incluidos crímenes de guerra. Lanzaronataques indiscriminados y atacaron deliberadamentea civiles en zonas como Misrata, Aydabiya, Al Zauiyay la región de las montañas de Nafusa. Dispararoncohetes y proyectiles de mortero y artillería contrazonas residenciales, y utilizaron armas que son pornaturaleza de efecto indiscriminado, como minasantipersonal y bombas de racimo, en muchos casostambién en zonas residenciales. En estos ataquesilegítimos mataron e hirieron a centenares de civilesque no participaban en los combates.El número de víctimas civiles fue especialmenteelevado en Misrata, cuyos habitantes se vieronatrapados allí desde finales de febrero debido alasedio de la ciudad por parte de las fuerzas deGadafi, que lanzaron cohetes contra la zonaportuaria, único punto de entrada de la ayudahumanitaria y de evacuación de personas heridas yenfermas. Los ataques indiscriminados cesaron enmayo, pero se reanudaron a mediados de junio ycontinuaron hasta comienzos de agosto de maneraesporádica. Según fuentes médicas locales, másde 1.000 personas murieron durante el asedio ala ciudad. La niña Rudaina Shami, de un año, y su hermanoMohamed Mostafa Shami, de tres, murieron el 13 demayo, cuando cohetes Grad lanzados por las fuerzasde Gadafi impactaron contra casas del barrio deRuissat, en Misrata. Su hermana Malak, de cinco años,sufrió graves heridas por las que fue preciso amputarlela pierna derecha.Las fuerzas de Gadafi también dispararonmunición real y utilizaron armas pesadas,como proyectiles disparados por tanques y granadaspropulsadas por cohetes, contra personas que huíande los combates en Misrata, Aydabiya, Al Zauiya yotros lugares. Miftah al Tarhouni y su hijo Mohammad, ya adulto,murieron el 20 de marzo cerca de la puerta oriental deAydabiya cuando su automóvil fue alcanzado por unproyectil –al parecer, un cohete o un obús–aparentemente disparado por las fuerzas de Gadafi.Los combatientes de la oposición también lanzaroncohetes Grad desde sus posiciones en el frente deleste de Libia, Misrata y Sirte, pero no se tuvoconocimiento de hasta qué punto causaron víctimasciviles.El gobierno de Gadafi acusó a la OTAN de atacarbienes civiles y causar centenares de víctimas entre lapoblación civil, pero exageró las cifras y no ofreció282 Informe 2012 Amnistía Internacional

información clara sobre su veracidad. Sin embargo,según información creíble, en algunos de los ataqueslanzados por la OTAN entre junio y octubre murieronal menos decenas de personas en lugares comoMayer, Trípoli, Surman y Sirte. No se tuvo constanciade que la OTAN hubiese iniciado investigacionesimparciales e independientes para determinar si sehabían tomado todas las precauciones necesariaspara no dañar bienes de carácter civil y minimizar elnúmero de víctimas civiles, tal y como exige elderecho internacional humanitario. El 8 de agosto, la OTAN lanzó ataques aéreos quecausaron la muerte de 18 hombres, 8 mujeresy 8 niños, al ser alcanzadas dos casas situadas en lazona rural de Majer, cerca de Zlitan. Según lainformación recibida, todas las víctimas eran civiles.Detención y reclusión arbitrariasLas fuerzas de Gadafi detuvieron a miles de personasen toda Libia; algunas fueron víctimas dedesaparición forzada. Las detenciones comenzaronantes de las protestas de febrero, y después, amedida que se iba desarrollando el conflicto, sevolvieron más numerosas y generalizadas. Entre laspersonas recluidas había combatientes y partidariosde la oposición, reales o supuestos, y otras personascapturadas en zonas de combate o cerca de ellas.Algunas fueron detenidas en sus casas; otras, encarreteras o en lugares públicos de zonas controladaspor la oposición, pero en las que las fuerzas deGadafi realizaban incursiones armadas,especialmente en Misrata y en localidades de la zonade las montañas de Nafusa. En la mayoría de loscasos se les negaba todo contacto con el mundoexterior. Las fuerzas de Gadafi dejaron en libertad aalgunas, pero la gran mayoría fueron liberadas por loscombatientes de la oposición cuando se hicieron conel control de Trípoli a finales de agosto. Se desconocíael número total de personas desaparecidas durante elconflicto. A decenas de ellas las mataron bajocustodia (véase infra). El 1 de febrero, Jamal al Haji, cuyas críticas a Gadafivenían de mucho tiempo atrás, fue detenido en Trípolipor agentes de seguridad vestidos de civil tras utilizarsitios web alojados en el extranjero para convocarprotestas. Pasó casi siete meses recluido encondiciones espantosas, sin contacto con el mundoexterior, en la oficina de los servicios de inteligencia deldistrito de Nasr y en la prisión de Abu Salim en Trípoli;durante parte de ese tiempo estuvo recluido enrégimen de aislamiento. Combatientes partidarios delConsejo Nacional de Transición lo liberaron el 24de agosto.Durante el conflicto y una vez finalizado éste, loscombatientes de la oposición capturaron y recluyerona miles de soldados y partidarios de Gadafi, reales osupuestos, entre los que había presuntosmercenarios extranjeros. Muchos fueron capturadosen sus casas por grupos de hombres fuertementearmados o detenidos en la calle o en puestos decontrol. En un gran número de casos, los golpearon osometieron a malos tratos en el momento de lacaptura, además de saquear y destruir sus casas.Ninguno tuvo acceso a abogados. Bajo el mando delConsejo Nacional de Transición, la mayoría de loscentros de detención estaban fuera del control osupervisión efectivos tanto del Ministerio de Justicia yDerechos Humanos como de la fiscalía. Al finalizar2011, miles de personas continuaban recluidas sinjuicio ni posibilidad de impugnar la legalidad de sudetención.Una gran parte de los detenidos eran africanossubsaharianos. Algunos fueron detenidos en el estedel país y en Misrata de febrero en adelante comosospechosos de ser mercenarios; a otros losdetuvieron en Trípoli y otras ciudades occidentales amedida que éstas fueron cayendo bajo el control dela oposición a partir de agosto. En el este de Libia yen Misrata, la mayoría quedaron en libertad, al nohallarse indicios de su participación en los combates.En la zona de Tauarga, considerada leal a Gadafi, sepersiguió y secuestró en sus casas, en camposprovisionales de acogida y en puestos de control acentenares de hombres, que fueron recluidos ysometidos a tortura o malos tratos.Tortura y otros malos tratosLas personas detenidas y recluidas por las fuerzas deGadafi sufrían tortura o malos tratos, especialmenteen el momento de la captura y durante losinterrogatorios iniciales. Las golpeaban concinturones, látigos, alambres metálicos y manguerasde goma; las suspendían en posturas forzadasdurante periodos prolongados, y les negabantratamiento médico incluso para heridas sufridas aconsecuencia de la tortura o de disparos. A algunaslas torturaron aplicándoles descargas eléctricas; avarias les dispararon tras la detención, pese a que noLInforme 2012 Amnistía Internacional283

Lrepresentaban ninguna amenaza; a otras las dejaronmorir asfixiadas en contenedores de metal. El 6 de junio, los guardias hicieron caso omiso de laspeticiones de agua y aire de las personas recluidas endos contenedores de metal en Al Jums; 19 murieronasfixiadas.Varios detenidos varones fueron violados por susguardias o captores. Un hombre de 50 años fue detenido por las fuerzasde Gadafi cuando recibía tratamiento médico en elhospital cardiológico de Tayura, en Trípoli, a finales defebrero. En la prisión de Ain Zara, también en Trípoli, lepropinaron patadas, lo golpearon con palos y culatasde fusiles, le aplicaron descargas eléctricas y lo atarona un árbol. Mientras estaba bajo custodia lo violaron endos ocasiones con utensilios.Partidarios del Consejo Nacional de Transicióninformaron con frecuencia sobre violacionescometidas por las fuerzas de Gadafi, y algunasmujeres detenidas por fuerzas partidarias del ConsejoNacional de Transición en Al Zauiya, Trípoli y Misrataafirmaron que habían sufrido abusos sexuales. El 26 de marzo, Eman al Obeidi contó a periodistasinternacionales que había sido violada por soldadosleales a Gadafi. Tras ser detenida varias veces por lasfuerzas de Gadafi, quedó en libertad y huyó de Libia enmayo. En junio la devolvieron de Qatar a Bengasi, peroposteriormente le permitieron abandonar el territoriocontrolado por el Consejo Nacional de Transición.En las zonas controladas por el Consejo Nacionalde Transición antes de agosto, así como en las quequedaron bajo su control a partir de ese mes, cuandoTrípoli cayó en manos de las fuerzas opositoras aGadafi, las milicias que controlaban los centros dedetención sometían con impunidad a tortura o malostratos a los detenidos, aparentemente para castigarlospor sus presuntos delitos o con el fin de obtener“confesiones”. Entre los métodos denunciados conmayor frecuencia figuraban los golpes por todo elcuerpo con cinturones, palos, culatas de fusiles ymangueras de goma; los puñetazos y patadas, y lasamenazas de muerte. Las personas de piel oscura, yafuesen libias o extranjeras, estaban especialmenteexpuestas a sufrir abusos. En agosto, un trabajador migrante de 17 añosprocedente de Chad fue capturado en su casa porhombres armados, que lo esposaron, abofetearon yarrastraron por el suelo antes de llevarlo a una escuelaque utilizaban como centro de detención. Allí le dieronpuñetazos y lo golpearon con palos, cinturones, fusilesy cables de goma, sobre todo en la cabeza, la cara y laespalda. La tortura no acabó hasta que accedió a“confesar” que había matado a civiles y violado amujeres.Varios detenidos murieron bajo custodia de lasmilicias en circunstancias que apuntaban a que sumuerte había sido consecuencia directa o indirectade la tortura. Abdelhakim Milad Juma Qalhud, director de escuelade la localidad de Al Qarabuli, al este de Trípoli, fuedetenido el 16 de octubre en su casa por miembros deuna milicia local. Durante los días siguientes fue vistodos veces por médicos, que observaron múltiplescontusiones por todo el cuerpo y recomendaron suhospitalización. Sin embargo, la milicia hizo caso omisodel consejo médico. El 25 de octubre se entregó elcadáver de Abdelhakim Milad Juma al hospital de lalocalidad. El informe forense indicaba que AbdelhakimMilad Juma había muerto posiblemente aconsecuencia de golpes asestados con uninstrumento. No se emprendió ninguna investigaciónefectiva sobre las circunstancias de su muerte.Ejecuciones extrajudicialesLos soldados de Gadafi mataron a combatientes de laoposición capturados en el este de Libia y en Misrata.Los cadáveres tenían las manos atadas a la espalday múltiples heridas de bala en la parte superiordel cuerpo.El 21 de marzo aparecieron cerca de Bengasi loscadáveres de tres combatientes de la oposición:los hermanos Walid y Hassan al Sabr al Obeidi, yWalid Saad Badr al Obeidi. Según afirmaron susfamiliares, los tres tenían las manos atadas a laespalda y dos de ellos presentaban lesiones queindicaban que los habían golpeado antes de matarlos.Entre junio y agosto, las fuerzas de Gadafi tambiénejecutaron extrajudicialmente a decenas de personasdetenidas en el oeste de Libia. Mataron a la mayoríaa tiros. El 23 de agosto, unos guardas arrojaron cincogranadas de mano y abrieron fuego contra alrededorde 130 personas recluidas en un hangar de uncampamento militar en Jilit al Firyan, en Trípoli.Posteriormente se hallaron unos 50 cadáverescalcinados.Partidarios y combatientes de la oposición matarondeliberadamente a supuestos partidarios y soldados284 Informe 2012 Amnistía Internacional

de Gadafi y a presuntos “mercenarios africanos”cuando tomaron inicialmente el control de ciudadescomo Al Baida, Bengasi, Derna y Sirte. Algunas de lasvíctimas fueron golpeadas hasta la muerte; otras,ahorcadas, y otras, abatidas a tiros tras sercapturadas o haberse rendido.Se atacó específicamente por venganza amiembros del aparato de seguridad de Gadafi y asupuestos partidarios suyos. Varios aparecieronmuertos tras haber sido capturados por hombresfuertemente armados; algunos de los cadáverestenían las manos atadas a la espalda. El 8 de mayo, Hussein Gaith Bou Shiha, ex agente dela Agencia de Seguridad Interna, fue capturado en sucasa por hombres armados; a la mañana siguienteapareció muerto cerca de Bengasi. Estaba esposado yle habían disparado en la cabeza. Abdul Fatah Younes al Obeidi, ex secretario delComité General del Pueblo para la Seguridad Pública(equivalente al Ministerio del Interior), que se habíaunido a la oposición en febrero, y sus dos asesores,Mohamed Khamis y Nasser Mathkur, murieronabatidos por disparos a finales de julio. El 27 de julio,hombres fuertemente armados los habían capturadopara interrogarlos y los habían llevado a uncampamento militar en Gariunes; al parecer,posteriormente los trasladaron a otro lugar. Imágenes de vídeo y otras informaciones indicaronque Gadafi fue capturado vivo cuando intentabaescapar de Sirte y que, al parecer, fue ejecutadoextrajudicialmente el 20 de octubre, junto con su hijoMutasim. El Consejo Nacional de Transición anuncióque se emprendería una investigación, pero al final delaño no se había hecho público ningún resultado. El 23 de octubre se encontraron los cadáveres de 65hombres –tanto civiles como posibles combatientes delas fuerzas de Gadafi– en el Hotel Mahari de Sirte, quehabía servido de base a las fuerzas de la oposición.Algunos tenían las manos atadas a la espalda y a muchosles habían disparado en la cabeza. Imágenes de vídeofilmadas tres días antes por combatientes de la oposiciónmostraban a 29 hombres siendo objeto de agresiones yamenazas de muerte; casi todos ellos estaban entre los65 que fueron hallados muertos posteriormente. No seinició ninguna investigación sobre los homicidios.Desplazamiento forzadoAntes del conflicto, al menos 2 millones deciudadanos extranjeros vivían en Libia o seencontraban en el país en situación de tránsito,muchos de ellos necesitados de proteccióninternacional. Al intensificarse el conflicto, cientos demiles de personas, tanto ciudadanos libios comoextranjeros, huyeron de Libia, en muchos casos en elmarco de evacuaciones organizadas. Muchas de ellassufrieron robos, o fueron detenidas durante horas odías y sometidas a palizas antes de poder seguir sucamino. Se persiguió especialmente a las personasdel África subsahariana. La gran mayoría huyó aTúnez y Egipto (véanse los apartados sobre Egiptoy Túnez y la perspectiva regional sobre Europa).Cientos de miles de personas sufrierondesplazamiento involuntario en el interior de Libia.Con el fin de las hostilidades, algunas pudieronregresar a sus casas, pero las que vivían en zonasconsideradas partidarias de Gadafi temían sufrirrepresalias, y al finalizar 2011 continuabandesplazadas internamente. Unas 30.000 de ellaseran habitantes de Tauarga que habían huido de laciudad en agosto, cuando avanzaron sobre ella loscombatientes de la oposición establecidos en Misrata,o miembros de la tribu mashashiya de las montañasde Nafusa. En Misrata y otras zonas, las miliciasimpidieron que algunos presuntos partidarios deGadafi regresasen a sus casas, o saquearon odestruyeron éstas con impunidad.Personas refugiadas,solicitantes de asilo y migrantesEl Consejo Nacional de Transición prometió respetarel derecho a solicitar y obtener asilo, pero no secomprometió a ratificar la Convención de la ONUsobre el Estatuto de los Refugiados ni su Protocolode 1967. En abril advirtió que iba a “cerrar lasfronteras a los africanos”, lo que hizo temer que laspersonas refugiadas, migrantes y solicitantes de asilocontinuaran sufriendo discriminación y abusos enLibia y que se las siguiera considerando huéspedesindeseados. Asimismo, en junio el Consejo Nacionalde Transición firmó un memorando de entendimientocon las autoridades italianas, medida que recordabaabusos habituales del pasado, como las operacionesllevadas a cabo en alta mar para hacer retrocedera los ciudadanos extranjeros hacia Libia, en donde seexponían a ser objeto de detención, tortura yreclusión en condiciones atroces. En el memorando,ambas partes se comprometían a gestionarconjuntamente el “fenómeno migratorio” mediante laLInforme 2012 Amnistía Internacional285

Limplementación de los acuerdos de cooperaciónexistentes sobre “migración ilegal” (véase el apartadosobre Italia).Al finalizar el año, cientos de personas del Áfricasubsahariana continuaban recluidas indefinidamentesin juicio por presuntos “delitos relacionados con lainmigración”.Derechos de las mujeresEn su Declaración Constitucional, el Consejo Nacionalde Transición se comprometió a promover losderechos de las mujeres y a consagrar el principio deno discriminación, en relación también con ladiscriminación de género. Sin embargo,la discriminación de las mujeres seguía estandoarraigada en la ley y en la práctica.El 23 de octubre, el presidente del ConsejoNacional de Transición prometió reformar todalegislación contraria a la sharia (ley islámica),aludiendo a las leyes libias sobre el matrimonio. LaLey 10 de 1984, relativa al Matrimonio, el Divorcio ysus Consecuencias, permitía la poligamia, peroestablecía que, antes de casarse de nuevo, el hombredebía solicitar autorización a un tribunal especial quegarantizara que su situación social y económica y suestado mental y eran adecuados.ImpunidadEl gobierno de Gadafi no tomó medidas parainvestigar las graves violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasado y procesar a losresponsables. El Consejo Nacional de Transición secomprometió a hacerlo, pero encontró dificultadespara conseguir información clave, como materialarchivado y documentos del gobierno, que enalgunos casos habían desaparecido en saqueos eincendios.En junio, la Corte Penal Internacional dictó órdenesde detención contra Gadafi, su hijo Saif al Islam alGadafi y el jefe de las fuerzas de seguridad, Abdalá alSanussi, por presuntos crímenes de lesa humanidad,incluidos los de asesinato y persecución. Saif al Islamfue capturado el 19 de noviembre. El ConsejoNacional de Transición declaró que intentaría que Saifal Islam fuese juzgado ante tribunales libios, pero alfinal del año no se había presentado ninguna peticiónante la Corte Penal Internacional para impugnar sujurisdicción.Pena de muerteContinuaba vigente la pena de muerte para una ampliavariedad de delitos. No se facilitó información sobrecondenas a muerte o ejecuciones durante 2011.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional realizó labores de investigación en Libia desdefinales de febrero hasta finales de mayo y desde mediados de agostohasta finales de septiembre. Misrata: Sitiada y en la línea de fuego (MDE 19/019/2011) La lucha por Libia: Homicidios, desapariciones y tortura(MDE 19/025/2011) Libia: Agenda de derechos humanos para el cambio(MDE 19/028/2011) Los abusos en las detenciones empañan la nueva Libia(MDE 19/036/2011)LITUANIAREPÚBLICA DE LITUANIAJefa del Estado:Dalia GrybauskaitėJefe del gobierno:Andrius KubiliusPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:3,3 millonesEsperanza de vida:72,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 6,2 por cada 1.000El gobierno no llevó a cabo una investigación efectivasobre el papel de Lituania en los programas deentrega y detención secreta dirigidos por EstadosUnidos. La discriminación de lesbianas, gays,bisexuales y personas transgénero era generalizada.Seguridad y medidas antiterroristasEn enero, el fiscal general de Lituania cerró unainvestigación criminal sobre la presunta implicaciónde funcionarios del Estado en la existencia de doslugares secretos de detención de la CIA. Los motivosque adujo para ello fueron la necesidad de protegersecretos de Estado y la prescripción del plazoestablecido para la investigación de los funcionariospor abuso de autoridad.En mayo, el Comité Europeo para la Prevención dela Tortura publicó un informe sobre Lituania en el que286 Informe 2012 Amnistía Internacional

figuraba su inspección de los lugares de detención dela CIA. En septiembre, las ONG presentaron nuevosdatos sobre vuelos de entrega realizados a Lituania.A pesar de la nueva información, en octubre el fiscalgeneral rehusó volver a abrir la investigación. El 27 de octubre, los abogados de Abu Zubaydah,palestino detenido en Guantánamo, presentaron unadenuncia ante el Tribunal Europeo de DerechosHumanos en la que afirmaban que había sidotransferido ilegalmente a Lituania en 2005, donde habíasufrido torturas en un centro de detención secreta.Discriminación: lesbianas, gays,bisexuales y personas transgéneroEn junio, tras la presión de la opinión pública, entróen vigor una reforma de la Ley de Provisión deInformación Pública que revocaba otra de 2010 yprohibía la discriminación basada en la orientaciónsexual en publicidad y en emisiones de radio ytelevisión públicas, conforme al derechointernacional.Pero otras disposiciones o propuestas seguíansiendo discriminatorias. La agenda parlamentariapublicada en septiembre contenía reformas delCódigo de Infracciones Administrativas, referidas a laimposición de multas por “denigrar los valoresmorales constitucionales y los principios de la familia”y por “organizar actos contrarios a la moral social”. Enesa misma agenda se proponían reformas del CódigoCivil para prohibir la cirugía de reasignación de sexo.Continuó en vigor la Ley de Protección de Menorescontra el Efecto Perjudicial de la Información Pública.Estaba prohibido difundir información “denigrantepara los valores familiares”, o que promoviera elmatrimonio entre personas que no fueran un hombrey una mujer, en lugares públicos accesibles para losniños.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Lituania en septiembre. Current evidence: European complicity in the CIA rendition and secretdetention programmes (EUR 01/001/2011) Lithuania: Homophobic legislation and accountability for complicityin US-led rendition and secret detention programmes (EUR 53/001/2011) Unlock the truth in Lithuania: Investigate secret prisons now(EUR 53/002/2011) Lithuania: Re-open secret prison investigation now (PRE01/459/2011)MACEDONIAEX REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIAJefe del Estado:Gjorge IvanovJefe del gobierno:Nikola GruevskiPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:2,1 millonesEsperanza de vida:74,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 10,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:97,1 por cientoDiez años después del conflicto armado de 2001 seanularon los procesamientos en las causas porcrímenes de guerra que el Tribunal PenalInternacional para la ex Yugoslavia había devueltopara que se vieran en el país. El gobierno coartó lalibertad de los medios de comunicación.Información generalEl respeto por los derechos humanos se deterioródurante el año. En junio se convocaron eleccionestras un boicot parlamentario de los partidos deoposición, en parte debido a la presunta injerenciadel gobierno en los medios de comunicación.La Organización Revolucionaria NacionalMacedonia-Partido Democrático para la UnidadNacional Macedonia (VMRO-DPMNE) retornó alpoder en coalición con la Unión Democrática por laIntegración (DUI), grupo de etnia albanesa. El DUI seincorporó a la coalición con ciertas condiciones, entreellas que se declarase una amnistía sobre las causaspor crímenes de guerra.Las tensiones interétnicas se agravaron con laconstrucción de monumentos nacionalistas. Enfebrero, personas de etnia albanesa –algunas de ellasrepresentantes del DUI– intentaron detener laconstrucción de un museo en forma de iglesia en elinterior de la Fortaleza de Skopie; ocho personasresultaron heridas. En octubre se canceló un censode población al poco tiempo de comenzar debido adiscrepancias sobre la inclusión de personas de etniaalbanesa que habían residido más de un año fuera deMacedonia, lo cual contravenía las normas de laUnión Europea (UE) sobre la recopilación de datos.La Comisión Europea volvió a recomendar enoctubre que empezaran las negociaciones sobre laadhesión a la Unión Europea, pero el Consejo deMinistros de la UE volvió a posponer el inicio de lasMInforme 2012 Amnistía Internacional287

Mconversaciones, en parte debido a que continuaba ladisputa con Grecia por la denominación del país.Crímenes de guerraEl Parlamento aprobó en julio una nueva interpretaciónde la Ley de Amnistía de 2002, por la que se habíaamnistiado a todos los implicados en el conflictoarmado de 2001 salvo en los casos que fuerancompetencia del Tribunal Penal Internacional para la exYugoslavia. Según esta interpretación, las cuatro causaspor crímenes de guerra que el Tribunal había devuelto aMacedonia en 2008 para que este país celebrara eljuicio sólo podían ser enjuiciadas por el Tribunal y nopor tribunales nacionales, en contravención de lasobligaciones internacionales de Macedonia.Como consecuencia, el Tribunal Penal de Skopiedesestimó en septiembre la causa de los trabajadores dela empresa de construcción de carreteras Mavrovo apetición del fiscal. Los trabajadores habían sidopresuntamente secuestrados en 2001 por el Ejércitode Liberación Nacional, de etnia albanesa, que loshabía sometido a malos tratos, abusos sexuales yamenazas de muerte antes de dejarlos en libertad. ElTribunal reconoció el derecho de las víctimas areclamar una indemnización por la vía civil.Las causas restantes fueron anuladas antes definalizar octubre. La causa relativa a la jefatura delEjército de Liberación Nacional incluía cargos contraAli Ahmeti, líder del DUI que entonces era dirigentedel Ejército de Liberación Nacional. Otra causa, lade Neprosteno, tenía relación con el secuestro de 12macedonios y un búlgaro a manos del Ejércitode Liberación Nacional.Continuó la impunidad por la desaparición forzadade seis personas de etnia albanesa a manos de lasautoridades macedonias en 2001.Tortura y otros malos tratosEn abril, la Oficina del Defensor del Pueblo empezó aejercer su función de mecanismo nacional deprevención en virtud del Protocolo Facultativo de laConvención de la ONU contra la Tortura, aunquecarecía de la autoridad y los recursos necesarios paracumplir su mandato.Persistió la impunidad de la policía por malostratos. La fiscalía no llevó a cabo investigacioneseficaces sobre las denuncias. Siguieron conociéndosecasos de malos tratos a manos de la unidad depolicía Alfa.Homicidios ilegítimos Martin Neskovski recibió una brutal paliza el 6 dejunio durante las celebraciones postelectorales enSkopie y murió como consecuencia de las heridassufridas en la cabeza. Pese a las negativas iniciales,el 8 de junio se detuvo a Igor Spasov, miembro de launidad policial antiterrorista de los “Tigres”. Huboreiteradas protestas públicas por los retrasos en lainvestigación y en favor de una vigilancia civil másestricta de la policía. En noviembre se iniciaronactuaciones penales en relación con esta muerte.Seguridad y medidas antiterroristasEl Tribunal Europeo de Derechos Humanos no habíainiciado los procedimientos relativos a la denunciapresentada por Khaled el Masri contra Macedonia enrelación con la participación de este país en susecuestro, detención ilegal y malos tratos durante 23días en Skopie en 2003.Khaled el Masri había sido entregadoposteriormente a la custodia de las autoridadesestadounidenses y trasladado en avión a Afganistán,donde al parecer había sufrido tortura y otros malostratos. En un pleito civil celebrado en febrero, untestigo pericial aportó pruebas en relación con lospresuntos vuelos de entrega en los que se habíatrasladado a Khaled el Masri de Skopie a Kabul. Perolas actuaciones se aplazaron al no haberprocedimientos que permitiesen a Khaled el Masriprestar declaración desde Alemania porvideoconferencia.Libertad de expresiónLa injerencia del gobierno –desde la intimidacióndirecta hasta el control de las empresas depublicidad– limitó progresivamente la libertad deexpresión de periodistas y trabajadores de medios decomunicación independientes. En octubre se habíanentablado unos 105 pleitos por difamación contraperiodistas, muchos de ellos a petición de cargospúblicos. Jadranka Kostova, directora de Focus,recibió una multa de un millón de denares(16.259 euros) por difamación.En enero, las autoridades congelaron las cuentasbancarias del canal de televisión A1 y los periódicosasociados Vreme, Shpic y Koha e Re, de línea críticacon el gobierno. Con anterioridad, en diciembrede 2010, se había detenido y puesto bajo custodia alpropietario del canal y a otras 14 personas por288 Informe 2012 Amnistía Internacional

presunto fraude y evasión fiscal. El juicio que secelebró posteriormente estuvo muy politizado, y seexpresó preocupación por la duración de la detenciónde los acusados.En julio se cerró el canal A1 y dejaron de publicarselas versiones impresas de los periódicos. Cientos deperiodistas protestaron por su cierre y el posteriordespido de profesionales del periodismo; se despidió auna sindicalista, según informes, por participar en lasprotestas. Más adelante ese mismo mes se aprobaronenmiendas a la Ley de Radiodifusión queincrementaban el control del gobierno sobre elConsejo de Radiodifusión, encargado de regular losmedios de comunicación electrónicos.En octubre comenzaron las conversaciones entrerepresentantes del gobierno y periodistas, quereclamaban la despenalización de la difamación. Enuna entrevista televisada, el primer ministro acusó alperiodista Borjan Jovanovski de perjudicar laadhesión del país a la UE.DiscriminaciónLa Ley Antidiscriminación de 2010 entró en vigor enenero; la Comisión para la Protección contra laDiscriminación empezó a recibir denuncias en abril.Las ONG cuestionaron la competencia eindependencia de la Comisión, cuyos miembros –tresde ellos, funcionarios públicos– carecían deconocimientos especializados en derechos humanos.La Ley no contenía disposiciones dirigidas a laprotección de lesbianas, gays, bisexuales y personastransgénero, aunque la Comisión ordenó la retiradade un libro de texto de psicología que teníacontenidos homófobos.Continuó aplicándose el Acuerdo de Ohrid de 2001sobre la discriminación de las personas de etniaalbanesa. La descentralización de poderes hacia losmunicipios avanzó con lentitud y la Ley sobreLenguas sólo se aplicaba parcialmente. Persistió lasegregación del alumnado romaní y albanés en elsistema educativo.RomaníesMacedonia asumió la presidencia del Decenio de laInclusión Romaní en julio, pero no dedicó recursossuficientes a la aplicación de sus propios planes deacción o de la Estrategia Nacional para el Avancede las Mujeres Romaníes.Muchos romaníes aún carecían de ladocumentación personal necesaria para tener accesoa educación, asistencia médica, empleo y servicios deprotección social. La ONG National Roma Centrumayudó a 1.519 romaníes a presentar la solicitud delegalización de su propiedad en aplicación de una leyaprobada en marzo. Los asentamientos informales deromaníes carecían de agua corriente, electricidad,alcantarillado y calles.El Centro Europeo de Derechos de los Romaníesinformó en mayo de que el 46 por ciento delalumnado de escuelas especiales o de clases deprimaria para estudiantes con necesidades especialesera romaní.Personas refugiadas y solicitantes de asiloContinuaban en Macedonia unos 1.519 solicitantesde asilo, incluidos 1.100 romaníes y ashkalíes deKosovo. El Ministerio de Trabajo y Bienestar Social noles proporcionó vivienda ni ayuda económica comoexigía un acuerdo local de integración de 2010. Sólose reconoció la condición de refugiados a 24.Unos 193 romaníes, ashkalíes y egipcianosregresaron a Kosovo y 16 se desplazaron a Serbia.Otros 185 estaban en espera de retornar, mientrasque 726 optaron por integrarse en la zona.Presionado por la Comisión Europea, el gobiernoreforzó los controles fronterizos e introdujo controlesde salida que restringían el derecho a salir del país, amenudo dirigidos contra romaníes. El ministro delInterior informó de que sólo en junio se habíanegado el derecho a abandonar Macedoniaa 764 ciudadanos.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Macedonia en diciembre.MInforme 2012 Amnistía Internacional289

MMADAGASCARREPÚBLICA DE MADAGASCARJefe del Estado:Andry Nirina RajoelinaJefe del gobierno:Jean Omer Beriziky(sustituyó a Camille Albert Vital en octubre)Pena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:21,3 millonesEsperanza de vida:66,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 57,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:64,5 por cientoLas fuerzas de seguridad cometieron gravesviolaciones de derechos humanos, como homicidiosilegítimos, tortura y detención y reclusión arbitrarias.Continuaron el hostigamiento y la intimidación deperiodistas y abogados, así como la reclusión sinjuicio de opositores políticos. Las condiciones dereclusión eran duras y se violaban de manerahabitual los derechos de las personas privadasde libertad.Información generalEl 17 de septiembre, los líderes políticos malgachesfirmaron en la capital, Antananarivo, una “hoja deruta” para resolver la crisis política en curso, con lamediación de la Comunidad para el Desarrollo delÁfrica Austral (SADC). En octubre se nombró unnuevo primer ministro y en noviembre se formó unGobierno de Unidad Nacional del que formaban partemiembros de la oposición. El ex presidente DidierRatsiraka regresó a Madagascar en noviembredespués de nueve años de exilio en Francia, perovolvió a París el 12 de diciembre. El 1 de diciembrese proclamó un nuevo Parlamento de Transición.Homicidios ilegítimosLos miembros de las fuerzas de seguridad mataroncon impunidad casi absoluta a presuntosdelincuentes. Tres hombres murieron en Antananarivo el 8 deseptiembre por disparos efectuados por agentes depolicía adscritos al Grupo de Intervención Rápida(GIR). Según los informes, los hombres estabandesarmados y no se resistieron a las órdenespoliciales de detenerse. A pesar de que el incidenterecibió una gran publicidad, al terminar el año no sehabía abierto investigación alguna. El 9 de diciembre, el fiscal Michel Rahavana perdióla vida cerca de su oficina y de la cárcel de Toliara amanos de un grupo de agentes de policía queintentaban liberar a un colega a quien el fiscal habíadetenido en relación con un robo. Al finalizar el año,tras una huelga llevada a cabo por miembros de lajudicatura, el ministro de Justicia anunció que seemprenderían investigaciones.Muertes bajo custodia El 17 de julio, el taxista Hajaharimananirainy Zenon,conocido como Bota, murió tras ser detenido ytorturado en el barrio de las 67 Hectáreas, enAntananarivo, por miembros de la Fuerza deIntervención de la Policía (FIP) que dejaron su cuerpoen el depósito de cadáveres del hospital deAntananarivo a la mañana siguiente. La familia delfallecido presentó una denuncia formal el 30 de agosto,pero al terminar el año no se sabía con certeza si sehabía iniciado alguna investigación oficial.Reclusión sin juicioDecenas de opositores o presuntos opositores de laAlta Autoridad de Transición (HAT) continuabanrecluidos sin juicio, algunos desde 2009. Rakotompanahy Andry Faly, ex trabajador enprácticas de la emisora de radio MalagasyBroadcasting System (MBS), continuaba recluido apesar de su grave estado de salud, y las autoridadesdesestimaron las reiteradas peticiones para que se leconcediera la libertad bajo fianza. Andry Faly habíasido detenido junto con otros tres trabajadores de MBSen Antananarivo en junio de 2009 por miembros de laComisión Nacional Mixta de Investigación (CNME),organismo de seguridad creado especialmente por laAlta Autoridad de Transición. En julio de 2011 lotrasladaron a la clínica de la prisión central deAntanimora, en Antananarivo, donde continuaba alterminar el año. Era uno de los 18 detenidos que sedeclararon en huelga de hambre en 2010 para pedir alas autoridades que acelerasen su juicio.Condiciones de reclusiónLas condiciones de reclusión eran duras y seignoraban los derechos de los presos. Los reclusos notenían acceso a atención médica, alimentos nisaneamiento adecuados. Según un informe hechopúblico en junio por las autoridades, en las cárceles,cuya capacidad máxima era de 10.319 personas,290 Informe 2012 Amnistía Internacional

había recluidas 19.870. De ellos, 785 eran mujeresy 444, menores de edad. El informe señalabatambién que 10.517 reclusos estaban en prisiónpreventiva.Pena de muerteSegún cifras oficiales, 58 reclusos estaban en esperade ejecución, algunos de ellos desde hacía añosmientras esperaban que el Tribunal de Casaciónexaminase sus casos.Derechos de la infanciaSegún UNICEF, los niños y niñas de Madagascarsufrían los efectos adversos de la deficiente nutrición,la carencia de hogar, la pérdida de escolarización, lafalta de atención médica básica y el escaso o nuloacceso a agua y servicios de saneamiento, ycontinuaba la trata de niños y niñas para el serviciodoméstico y con fines de explotación sexual. Estasprácticas se llevaban a cabo con impunidad.Detención y reclusión arbitrariasLa detención y la reclusión arbitrarias eran prácticashabituales. En algunos casos, los abogados queasistían o defendían a opositores o presuntosopositores de la Alta Autoridad de Transición tambiénsufrían detenciones y reclusiones que constituíanhostigamiento, intimidación y negación del derecho aasistencia letrada para sus clientes. El 28 de febrero, Rolland Stephenson Ranarivony,abogado de un miembro de la Iglesia ProtestanteReformada de Madagascar (FJKM), fue detenido yrecluido por agentes de la Dirección de Seguridad delTerritorio (DST) cuando se presentó para preguntar porla situación de su cliente, recluido en las celdas de laDST en Antananarivo. Quedó en libertad ese mismodía, tras denunciar públicamente el presidente delColegio de Abogados de Madagascar su detencióny reclusión.Libertad de expresión:medios de comunicaciónLa Alta Autoridad de Transición actuó contra losmedios de comunicación de propiedad privada ycontra aquellos que, a su juicio, tenían vínculos conla oposición. Según el ministro de Comunicación, en agosto senotificó la suspensión de 80 medios de comunicacióntras declararse ilegales sus licencias. Algunosperiodistas y propietarios de medios denunciaron ladecisión, que, en su opinión, obedecía a motivospolíticos. Al terminar el año no se sabía con certeza silas suspensiones continuaban en vigor.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Madagascar en septiembre. Madagascar: Human rights must be at the heart of the road map to endthe crisis (AFR 35/001/2011)MALAISIAMALAISIAJefe del Estado:rey Abdul Halim Muadzam Shah(sustituyó al rey Mizan Zainal Abidin en diciembre)Jefe del gobierno:Najib Tun RazakPena de muerte:retencionistaPoblación:28,9 millonesEsperanza de vida:74,2 añosMortalidad infantil (‹5 años) 6,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:92,5 por cientoLas autoridades desencadenaron una brutalcampaña de represión contra el movimiento masivoque recorrió las calles de la capital en julio pidiendoelecciones limpias. Más de 1.600 personas fuerondetenidas tras una violenta actuación contra lamanifestación pacífica. En septiembre, el gobiernoanunció su intención de sustituir la Ley de SeguridadInterna por nuevas leyes sobre seguridad.Información generalNajib Tun Razak inició su tercer año como primerministro. Aunque tenía de plazo hasta marzo de 2013para convocar elecciones generales, los preparativosoficiales apuntaban a que había planes para lacelebración de comicios a comienzos de 2012. Eljuicio penal por motivos políticos del líder de laoposición Anwar Ibrahim, acusado de sodomía, seacercaba a su fin, e Ibrahim se exponía a una penade prisión y a la prohibición de ocupar cargospolíticos.MInforme 2012 Amnistía Internacional291

MLibertad de reunión y asociaciónCuando el movimiento Bersih (“Limpio”) celebróuna marcha en Kuala Lumpur en julio, 1.667manifestantes pacíficos fueron objeto de detenciónarbitraria y quedaron recluidos temporalmente. Lapolicía golpeó a manifestantes y lanzó botes de gaslacrimógeno contra la multitud, causando lesiones aparticipantes en la marcha, incluidos al menos dosparlamentarios de la oposición. Antes de laconcentración, las autoridades detuvieron a decenasde personas por su presunta relación con Bersih, queel gobierno declaró ilegal el 2 de julio. El gobierno impidió que Hindraf Makkal Sakthi, unaONG que defendía la igualdad de derechos para losmalaisios de origen indio, y el Partido de los DerechosHumanos, afín a ella, celebrasen una marcha contra elracismo en Kuala Lumpur en febrero. En abrilcomenzaron los juicios penales contra 52 integrantesde Hindraf a quienes se acusaba de pertenecer a unaorganización prohibida.Detención y reclusión arbitrariasEn septiembre, el primer ministro Najib anunció porsorpresa que su gobierno tenía intención de derogar laLey de Seguridad Interna. Sin embargo, la derogaciónse aplazó hasta marzo de 2012 y el gobiernoproyectaba sustituirla por otra ley que tambiénpermitiría la reclusión indefinida sin juicio. Ennoviembre, las autoridades detuvieron a otras 13personas en aplicación de la Ley de Seguridad Interna. En agosto, las autoridades dejaron en libertad a ochofuncionarios de inmigración recluidos con arreglo a laLey de Seguridad Interna. Su detención, en 2010, fuela primera que se practicó en el país por trata depersonas, pero nunca se presentaron cargoscontra ellos. En septiembre, un hombre detenido con arreglo a laLey de Seguridad Interna fue expulsado a Singapur,donde quedó recluido en virtud de una ley deseguridad interna similar. En mayo, las autoridadesdetuvieron al ciudadano singapurés Abdul Majid KunjiMohamad por su presunta vinculación con el gruposeparatista filipino Frente Moro de Liberación Islámica.Fue expulsado a Singapur, donde también quedórecluido con arreglo a la Ley de Seguridad Interna deeste país (véase el apartado sobre Singapur). En julio, seis activistas fueron recluidos en un lugarsecreto en detención administrativa. Todos ellos teníancargos en el Partido Socialista, incluido elparlamentario Jeyakumar Devaraj. Los habían detenidoen Penang en junio, cuando se dirigían a un acto deBersih, y quedaron en libertad a finales de julio.Libertad de expresiónEl gobierno reprimió las opiniones críticas al exigirque las publicaciones contasen con autorización yamenazar a quienes lo criticaban con procesospenales en aplicación de la Ley contra la Sedición. En febrero, Malaysiakini, un importante portal denoticias independiente, impugnó la decisión delgobierno de rechazar su solicitud de licencia parapublicar un periódico. En septiembre, el Ministerio delInterior contestó que la autorización para publicar unperiódico era un “privilegio” y no un derecho. El 8 dejulio, víspera de la concentración de Bersih, el sitio webde Malaysiakini dejó de funcionar a causa de unciberataque. En octubre, en aplicación de la Ley contra laSedición, la policía investigó al profesor de derechoAziz Bari por una publicación en Internet en la quecriticaba que el sultán de Selangor hubiese respaldadoel asalto a una iglesia por la policía religiosa islámica delestado. Además, fue objeto de una investigacióniniciada por la Comisión Malaisia sobreComunicaciones y Multimedia, y lo separaron de supuesto en la Universidad Islámica Internacional.Tortura y otros malos tratosLa tortura y otros malos tratos se practicabansistemáticamente mediante la pena judicial de losazotes con vara, un castigo que se imponía para másde 60 delitos. En junio, el ministro del Interior reveló que 29.759trabajadores extranjeros habían sido sometidos aazotes con vara entre 2005 y 2010 por delitosrelacionados con la inmigración; el 60 por ciento eranindonesios.Personas refugiadas y migrantesEn agosto, el Tribunal Superior de Australia declarónulo el acuerdo bilateral de intercambio de refugiadosentre Australia y Malaisia, en virtud del cual Australiaenviaría a Malaisia a 800 personas solicitantes deasilo que habían llegado a Australia por mar y, acambio, reasentaría a 4.000 refugiados procedentesde Malaisia. El fallo del Tribunal Superior prohibía queAustralia expulsase a los solicitantes de asilo,alegando que en Malaisia, que no había ratificado la292 Informe 2012 Amnistía Internacional

Convención de la ONU sobre el Estatuto de losRefugiados, no existían suficientes garantías jurídicaspara la protección de los refugiados (véase elapartado sobre Australia). En abril, migrantes detenidos se amotinaron en elcentro de detención de Lenggeng, cerca de KualaLumpur. Según una investigación policial, la detenciónindefinida y las deficientes condiciones de reclusiónfueron algunas de las causas que provocaron el motín.La detención de migrantes en situación irregular enMalaisia era una práctica habitual; de ser declaradasculpables, estas personas se exponían a ser enviadas aprisión y a la pena judicial de azotes con vara. El 30 de mayo, Malaisia e Indonesia firmaron unmemorando de entendimiento sobre migrantes quetrabajaban en el servicio doméstico. El memorandopermitía que las personas indonesias que trabajabanen el servicio doméstico en Malaisia conservasen suspasaportes y disfrutasen de un día de descansosemanal. Sin embargo, no fijaba un salario mínimo niabordaba la servidumbre por deudas. En agosto, Malaisia expulsó a China al menos a11 ciudadanos chinos de etnia uigur que habían sidodetenidos en una redada policial destinada a tal fin.China había presionado a diversos Estados, incluidoslos asiáticos, para que expulsasen a los ciudadanoschinos de etnia uigur. Malaisia conculcó el derechointernacional consuetudinario contrario a la devolución(refoulement) al expulsarlos a China, que teníaantecedentes de torturas a uigures.Pena de muerteEl gobierno de Malaisia no publicó estadísticasoficiales sobre condenas a muerte ni ejecuciones. Lasautoridades rechazaron las peticiones para que seestableciera una moratoria de las ejecuciones y lostribunales malaisios impusieron a menudo nuevascondenas a muerte. En abril, en respuesta a una pregunta parlamentaria,el ministro del Interior, Hishammuddin Hussein, afirmóque 441 personas habían sido ejecutadas desde 1960.Hussein señaló que en febrero de 2011 había 696personas condenadas a la pena capital. La mayoría delas condenas a muerte se imponían por delitosrelacionados con las drogas (69 por ciento), seguidospor asesinato (29 por ciento); en ambos casos, la penade muerte era preceptiva.Justicia internacionalEn marzo, el Consejo de Ministros decidió firmar suadhesión al Estatuto de Roma de la Corte PenalInternacional (CPI), pero la firma no se llegó aefectuar. En junio, el gobierno anunció que Omar al Bashir,presidente de Sudán, participaría en un foroeconómico en Malaisia. La CPI había dictado unaorden de detención contra Al Bashir por genocidio,crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra enDarfur. El ministro de Justicia Nazri Aziz instó algobierno a anular la invitación, recordando queMalaisia había decidido unirse a la CPI. La visita secanceló.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Malaisia en marzo. Malaysia: Government reveals nearly 30,000 foreigners caned(PRE01/129/2011) Malaisia: La policía emplea tácticas brutales contra manifestantespacíficos (PRE01/345/2011) Malaysia: New ISA detentions show U-turn on reform promises(PRE01/574/2011)MALAWIREPÚBLICA DE MALAWIJefe del Estado y del gobierno: Bingu wa MutharikaPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:15,4 millonesEsperanza de vida:54,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 110 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:73,7 por cientoLos defensores y defensoras de los derechoshumanos y otras personas críticas con el gobiernofueron objeto de hostigamiento e intimidación.Varios líderes de la sociedad civil se vieron obligadosa pasar a la clandestinidad al arreciar losataques contra los detractores del gobierno.Las protestas contra el gobierno fueron brutalmentereprimidas al usar la policía fuego real contra losmanifestantes. Una enmienda del Código Penalrestringió aún más la libertad de prensa. El colectivoMInforme 2012 Amnistía Internacional293

Mde lesbianas, gays, bisexuales y personastransgénero seguía sufriendo persecución.Información generalLas tensiones fueron en aumento durante todo el añoal seguir expresando la sociedad civil supreocupación por las violaciones de derechoshumanos, el deterioro de la situación económica y lamala gobernanza.El embajador británico en Malawi fue expulsado enabril tras la filtración de un cable diplomático en elque afirmaba que el gobierno del presidenteMutharika era cada vez más “autocrático e intolerantecon las críticas”. El gobierno de Reino Unidorespondió expulsando al representante de Malawi enReino Unido y congelando la ayuda. En julio, ReinoUnido suspendió indefinidamente su apoyopresupuestario general a Malawi por valor de19 millones de libras esterlinas, en sintonía con otrosdonantes internacionales que habían suspendido opuesto fin previamente al apoyo presupuestariogeneral, aduciendo preocupaciones relativas a lagestión económica, la gobernanza y los derechoshumanos. Tras la muerte de 19 personas en julio alusar la policía fuego real para disolver protestas,Estados Unidos retiró 350 millones de dólares enconcepto de ayuda.Incumpliendo sus obligaciones legales para con laCorte Penal Internacional, Malawi optó por no deteneral presidente de Sudán, Omar al Bashir, durante lavisita que éste realizó a Malawi en octubre para asistira una cumbre comercial regional.Represión de la disidenciaLos defensores y defensoras de los derechoshumanos y otras personas críticas con el gobiernosufrieron actos de hostigamiento y de intimidación,como amenazas de muerte, asaltos a sus viviendas yoficinas, lanzamiento de cócteles molotov y otrosataques. Se produjeron varios asaltos sospechosos aoficinas de ONG. También hubo amenazas y ataquespor parte de personas que se identificaron comoalineadas con el gobernante Partido DemócrataProgresista y de individuos no identificados a los quese creía agentes de la seguridad del Estado. Altoscargos gubernamentales, entre ellos el presidenteMutharika, realizaron críticas públicas y amenazas deviolencia y detención contra defensores y defensorasde los derechos humanos que intervenían en forosinternacionales y contra las personas implicadasen la organización de manifestacionesantigubernamentales. En marzo, con ocasión de una concentraciónretransmitida por radio y televisión, el presidente dijoante simpatizantes del Partido Demócrata Popular quese pondría a quienes criticasen al gobierno “en manosde ustedes [para] garantizar la disciplina en Malawi”. También en marzo, unos hombres no identificadosarmados con cuchillos y machetes irrumpieron denoche en la oficina del Centro para los DerechosHumanos y la Rehabilitación y obligaron al vigilante allevarlos al domicilio del director, UnduleMwakasungura. El vigilante fue posteriormentesecuestrado, golpeado y abandonado en el Área 18de Lilongwe. En julio, el presidente amenazó públicamente con“hacer salir” a los líderes de las protestasantigubernamentales que tuvieron lugar en todo el paíslos días 20 y 21 de julio. Entre marzo y septiembre, numerosos líderes de lasociedad civil e intelectuales denunciaron haberrecibido amenazas de muerte. Entre ellos figurabanBenedicto Kondowe, de la Coalición de la SociedadCivil para una Educación Básica de Calidad, DorothyNgoma, de la Organización Nacional de Enfermeríay Partería, y la doctora Jessie Kwabila Kapasula,presidenta en funciones del Sindicato de PersonalAcadémico del Chancellor College. En septiembre, unos hombres no identificadosentraron por la fuerza en la oficina del Centro para elDesarrollo del Pueblo en busca de su director, GiftTrapence. Ese mismo mes se lanzaron cóctelesmolotov contra las viviendas o las oficinas de variosdetractores del gobierno, como el político opositorSalim Bagus y los activistas Rafiq Hajat y el reverendoMacdonald Sembereka.Libertad de reunión y expresiónEn enero se reformó el artículo 46 del Código Penalpara otorgar al ministro de Información el ejercicioarbitrario del poder para prohibir publicaciones “si elministro tiene motivos razonables para creer que lapublicación o la importación de cualquier publicaciónsería contraria al interés público”.El 20 y el 21 de julio tuvieron lugar protestas por lamala gobernanza, la escasez de combustible y losabusos contra los derechos humanos en grandesnúcleos urbanos, como Blantyre, Lilongwe, Mzuzu y294 Informe 2012 Amnistía Internacional

Zomba. Al menos 19 personas murieron y variasresultaron heridas, entre ellas menores de edad, trasusar la policía fuego real para disolver las protestas.En la localidad de Mzuzu, en el norte del país, nuevepersonas murieron y decenas, entre las que habíamenores de edad, sufrieron heridas de bala.Unas 500 personas, entre ellas varios activistas de losderechos humanos, fueron detenidas en relación conlas protestas, permanecieron recluidas brevementeel 20 de julio y al final quedaron en libertadsin cargos.Un total de 22 periodistas denunciaron haber sidogolpeados por la policía durante las protestas. Almenos 8 sufrieron graves lesiones tras ser agredidoscon las culatas de los fusiles. La policía confiscó elequipo de muchos periodistas que informaban de lasprotestas, incluidas cámaras y material de escritura, ya continuación lo destruyó o se deshizo de él. Dosperiodistas, Collins Mtika y Vitima Ndovi, fuerondetenidos y estuvieron recluidos durante varios días;ambos afirmaron haber sido golpeados por la policía.Se interrumpió temporalmente la transmisión decuatro emisoras de radio independientes queinformaban sobre las manifestaciones.El 14 de octubre, cinco activistas –Billy Mayaya,del sínodo presbiteriano de Nkhoma, Habiba Osman,abogada de la ONG Norwegian Church Aid, y BrianNyasulu, Ben Chiza Mkandawire y Comfort Chitseko–fueron detenidos después de participar en unamanifestación en la que se instó al presidenteMutharika a celebrar un referéndum para pedirelecciones anticipadas.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEn enero, Malawi promulgó una ley que criminalizabalas relaciones sexuales entre mujeres. En abril, doshombres, Stanley Kanthunkako y StephanoKalimbakatha, fueron acusados formalmente desodomía y de ultraje a la moral pública y estaban enespera de juicio ante el tribunal de primera instanciade Zomba. En mayo, en una concentración delPartido Demócrata Popular en Lilongwe, el presidenteMutharika afirmó que los gays eran “peores queperros”.MALDIVASREPÚBLICA DE LAS MALDIVASJefe del Estado y del gobierno:Mohamed NashidPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:0,3 millonesEsperanza de vida:76,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 12,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:98,4 por cientoLos avances en materia de derechos humanos sevieron obstaculizados por el estancamiento de lasituación política, causado por las tensiones entre elpresidente y el Parlamento, donde la oposición eramayoría. El gobierno conservó la pena de flagelación,en un evidente intento de acallar las demandas de laoposición para que no la eliminase de la legislaciónmaldiva. Una campaña de la oposición en favor de laaplicación rigurosa de la sharia (ley islámica) ahogólas iniciativas ciudadanas encaminadas a lograr lalibertad de religión. El gobierno no emprendióacciones para procesar a los responsables deviolaciones de derechos humanos cometidas durantelos 30 años de gobierno del ex presidente MaumunAbdul Gayum.Penas crueles, inhumanas o degradantesLa alta comisionada de la ONU para los DerechosHumanos pidió la suspensión de la pena deflagelación. Debido a ello, en noviembre se entablóun debate nacional sobre este castigo, que concluyóa finales de diciembre, cuando el Partido Adhalaat(Partido de la Justicia), en la oposición, pidió laaplicación rigurosa de la sharia (ley islámica) y laconservación de la flagelación en la legislación a finde “proteger el islam”. Otros políticos de la oposiciónse sumaron a la petición.No se facilitaron estadísticas sobre el número depersonas que habían sufrido flagelación, perodefensores de los derechos humanos informaron deque los tribunales a menudo imponían esta pena, queposteriormente se ejecutaba detrás del edificio deljuzgado.Libertad de religión o creenciasGrupos islamistas influyentes y otros políticos de laoposición acallaron rápidamente los llamamientos a latolerancia y la libertad religiosas.MInforme 2012 Amnistía Internacional295

M El 14 de diciembre, la policía detuvo al preso deconciencia sufí Ismail “Khilath” Rasheed por participaren una manifestación pacífica en la capital, Malé, en laque se pedía tolerancia religiosa. Durante la protesta,celebrada el 10 de diciembre, él y otros activistasfueron agredidos por un grupo de unos 10 hombres, aconsecuencia de lo cual Ismail Rasheed sufrió fracturade cráneo. Lo detuvieron, alegando que susllamamientos en favor de la tolerancia religiosa eraninconstitucionales. Según una disposición de laConstitución, toda la población maldiva debía sermusulmana. Las autoridades no intentaron detener asus agresores ni presentar cargos contra ellos.Sistema de justiciaMaldivas seguía sin contar con un corpus legislativocodificado que permitiese ofrecer igualdad ante lajusticia para todas las personas. La formulación dealgunas leyes era tan imprecisa que no prevenía lacomisión de errores judiciales. La mayoría de losjueces carecían de formación académica jurídica,pero gozaban de amplias facultades discrecionales–basadas a menudo en su propia interpretación de laley islámica– a la hora de determinar la existencia dedelito y la correspondiente pena. El proyecto deCódigo Penal con el que se pretendían abordar estasdeficiencias continuaba pendiente de aprobación enel Parlamento.Informes y visitasde Amnistía Internacional Maldives’ police arrest campaigner seeking religious tolerance andallow his attackers impunity (ASA 29/001/2011)MALÍREPÚBLICA DE MALÍJefe del Estado:Amadú Tumani TuréJefa del gobierno:Mariam Kaïdama Cissé Sidibé(sustituyó a Modibo Sidibé en abril)Pena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:15,8 millonesEsperanza de vida:51,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 191,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:26,2 por cientoMalí se unió a los países vecinos en operacionescontra Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI). Delos siete rehenes secuestrados por el grupoen 2010, tres fueron liberados. Una personaperdió la vida y otras cinco fueron secuestradas.La Comisión Nacional de Derechos Humanosrecomendó que el gobierno procediera a laabolición de la pena capital. Diez personas fueroncondenadas a muerte.Información generalEn mayo, autoridades de cuatro países subsaharianosvecinos, entre ellos Níger y Mauritania, se reunieronen la capital, Bamako, para reforzar la cooperacióncontra AQMI. Malí y Mauritania llevaron a cabooperaciones militares conjuntas en la frontera contrauna presunta base de AQMI; varias personasperdieron la vida en junio, entre ellas soldadosmauritanos.En octubre, el representante especial de la ONUpara África Occidental expresó su preocupación porla amenaza para la seguridad que suponía el regresode combatientes desde Libia al norte de Malí.En diciembre, la Asamblea Nacional adoptó lanueva versión del Código de Familia, que perpetuabala discriminación contra las mujeres.Comisión Nacionalde Derechos HumanosEn marzo, la Comisión Nacional de DerechosHumanos publicó su primer informe. En élrecomendaba la adopción del proyecto de ley queapoyaba la abolición de la pena de muerte, aprobadopor el gobierno en 2007. También instaba al gobiernoa prohibir la mutilación genital femenina, a mejorarlas condiciones de reclusión y a tomar medidas para296 Informe 2012 Amnistía Internacional

prevenir la tortura y otros tratos crueles, inhumanoso degradantes.Muertes después de ejercicio militarEn octubre, cinco cadetes murieron en la EscuelaMilitar de las Fuerzas Armadas de Malí en Kulikoródespués de una prueba tradicional de resistencia.Tres oficiales de alta graduación y varios instructoresde la escuela fueron detenidos. El Ministerio deDefensa ordenó una investigación.Abusos cometidos por grupos armadosEn enero, dos personas resultaron heridas despuésde que un miembro de AQMI, ciudadano tunecino,hiciera explotar unos recipientes de gas en el exteriorde la embajada francesa en Bamako.En enero, dos personas de nacionalidad francesasecuestradas por AQMI en la capital de Níger,Niamey, murieron durante una operación de rescatefallida en la frontera de Malí.En febrero, tres personas secuestradas en Níger enseptiembre de 2010 fueron liberadas tras pagarse unrescate. Otras cuatro continuaban retenidas en elnorte de Malí en poder de AQMI.En marzo fue liberado Hamma Ould MohamedYahya, secuestrado por AQMI en 2010.En noviembre, cinco personas fueron secuestradaspor AQMI y otra perdió la vida. Dos personas denacionalidad francesa fueron secuestradas en suhotel de Hombori. Ese mismo mes se secuestró enTimbuctú a ciudadanos de Países Bajos, Sudáfrica ySuecia. Un rehén alemán perdió la vida cuandointentaba resistirse.Pena de muerteDiez personas fueron condenadas a muerte. Entreellas se hallaban Mariam Sidibé, condenada en juliopor el asesinato, cometido en 2008, de su coesposaMariam Traoré, y Bachir Simoun, de nacionalidadtunecina, condenado en noviembre por causar unaexplosión en el exterior de la embajada francesa enBamako. El 15 de diciembre, Bachir Simoun fueindultado por el presidente Turé después de que elpresidente de Túnez, Moncef Marzuki, solicitara sudevolución a su país de origen.MALTAREPÚBLICA DE MALTAJefe del Estado:George AbelaJefe del gobierno:Lawrence GonziPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:0,4 millonesEsperanza de vida:79,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 6,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:92,4 por cientoSe siguió deteniendo a migrantes y solicitantes deasilo a su llegada en contravención del derechointernacional de los derechos humanos. Segúninformes, empeoraron las condiciones de vida en loscentros de detención y en los centros de acogidaabiertos. La directiva sobre retornos de la UniónEuropea se incorporó a la legislación nacional, perocon restricciones en su ámbito de aplicación. Variosorganismos internacionales criticaron políticas queafectaban a las personas refugiadas, migrantes ysolicitantes de asilo.Personas migrantes, refugiadasy solicitantes de asiloDetenciónA lo largo del año llegaron más de 1.500 personas pormar, procedentes de Oriente Medio y el norte de África,lo que supuso volver a los niveles de 2009. Ladetención seguía siendo preceptiva en el caso de laspersonas consideradas por las autoridades“inmigrantes prohibidos”, y a menudo se prolongabahasta 18 meses. Según informes, las condiciones delos centros de detención y de los centros de acogidaabiertos empeoraron como consecuencia de la granafluencia de personas, lo que repercutió negativamenteen la salud física y mental de los detenidos.En marzo se incorporó a la legislación nacional ladirectiva sobre retornos de 2008 de la UniónEuropea, que establecía procedimientos y normascomunes en los Estados miembros para detener ydevolver a quienes se encontraran ilegalmente en unpaís. Pero la legislación nacional privaba de esasmínimas salvaguardias a quienes se les hubieradenegado la entrada o hubieran entrado en Malta demanera irregular. Por tanto, la directiva no eraaplicable a la gran mayoría de las personas a las quetenía por objeto proteger.MInforme 2012 Amnistía Internacional297

MProcedimientos de apelaciónLos procedimientos de apelación para impugnar lalegitimidad y duración de la detención o la decisiónde rechazar una solicitud de asilo seguían siendoinadecuados. Al término del año, el gobierno no había tomadomedidas para dar cumplimiento a la sentencia dictadaen 2010 por el Tribunal Europeo de DerechosHumanos en la causa Louled Massoud v. Malta, segúnla cual “el sistema de justicia maltés no disponía de unprocedimiento capaz de evitar el riesgo de la detenciónarbitraria en espera de expulsión”.El Tribunal Constitucional concluyó en noviembreque las autoridades habían violado los derechoshumanos de dos hombres somalíes devueltosen 2004 a Libia, donde habían sido torturados ysometidos a juicios injustos. En Malta no se les habíaofrecido la oportunidad de solicitar asilo ni de contarcon la asistencia de un intérprete. Se concedió unaindemnización a ambos.Escrutinio internacionalEn junio, el comisario de Derechos Humanos delConsejo de Europa señaló que la política dedetención obligatoria de inmigrantes y solicitantes deasilo era “irreconciliable con las exigencias delConvenio Europeo de Derechos Humanos y con lajurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo”. Criticótambién las condiciones de vida en los centros deacogida para inmigrantes, en particular en el pobladode tiendas y el hangar de Hal-Far y en la ciudad deMarsa, así como el trato dispensado a personaspertenecientes a grupos vulnerables. Propusomedidas para mejorar los procedimientos dedeterminación de los casos de asilo y solicitó laadopción de un programa que abordara la exclusiónsocial de los migrantes y otras personas, y de unaestrategia dirigida a promover la integración local y acombatir el racismo y la xenofobia.El Comité de la ONU para la Eliminación de laDiscriminación Racial expresó en septiembre supreocupación por la detención y las condiciones devida de los migrantes irregulares y por su acceso a lasgarantías jurídicas disponibles. Asimismo, criticó ladiscriminación que seguían sufriendo los refugiados,migrantes y solicitantes de asilo en el disfrute de susderechos económicos, sociales y culturales.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Malta en septiembre y diciembre.MARRUECOSY EL SÁHARAOCCIDENTALREINO DE MARRUECOSJefe del Estado:rey Mohamed VIJefe del gobierno:Abdelilah Benkirane(sustituyó a Abás el Fasi en noviembre)Pena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:32,3 millonesEsperanza de vida:72,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 37,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:56,1 por cientoLas fuerzas de seguridad emplearon fuerza excesivacontra manifestantes. Quienes criticaban a lamonarquía y a las instituciones del Estado seguíansiendo sometidos a enjuiciamiento y prisión, al igualque quienes abogaban por la autodeterminación delSáhara Occidental. Persistían la tortura y los malostratos bajo custodia. Varias personas consideradaspresos de conciencia y otra detenida arbitrariamentequedaron en libertad en virtud de indultos reales,pero no se retiraron los cargos presentados contraactivistas saharauis. No hubo ejecuciones.Información generalEl 20 de febrero, miles de personas se manifestaronen Rabat, Casablanca y otras ciudades para pedirreformas. Las manifestaciones habían recibidoautorización y fueron, por lo general, pacíficas. Losparticipantes, que se aglutinaron rápidamente entorno al llamado Movimiento 20 de Febrero, pedíanmás democracia, una nueva Constitución, el fin de lacorrupción, mejores condiciones económicas ymejores servicios de salud y de otros tipos. Ante lapersistencia de las protestas, el 3 de marzo se creó unnuevo Consejo Nacional de Derechos Humanos quesustituyó al Consejo Consultivo de Derechos298 Informe 2012 Amnistía Internacional

Humanos. El 9 de marzo, el rey anunció un procesode reforma constitucional, que los líderes delmovimiento de protesta boicotearon. La nuevaConstitución propuesta fue aprobada en referéndumnacional el 1 de julio, y en virtud de ella el rey cedió alprimer ministro sus atribuciones para designar cargosgubernamentales y disolver el Parlamento, pero semantuvo como jefe de las fuerzas armadas, presidentedel Consejo de Ministros y máxima autoridad religiosadel país. Asimismo, se consagraron la libertad deexpresión y la igualdad entre hombres y mujeres, y sepenalizaron la tortura, la detención arbitraria y lasdesapariciones forzadas. El 25 de noviembre secelebraron elecciones parlamentarias, en las que laformación islamista Partido de la Justicia y elDesarrollo obtuvo el mayor número de escaños,y el 29 de ese mes se formó un nuevo gobierno, conAbdelilah Benkirane como primer ministro.En abril, Marruecos retiró sus reservas a laConvención de la ONU sobre la Eliminación de Todaslas Formas de Discriminación contra la Mujer(CEDAW), relativas a la nacionalidad de los hijos y a ladiscriminación en el matrimonio, y anunció queratificaría los Protocolos Facultativos de la Convenciónde la ONU contra la Tortura y de la CEDAW.Continuaron las negociaciones entre Marruecos y elFrente Polisario sobre el estatuto del SáharaOccidental, pero no se alcanzaron soluciones. ElFrente Polisario continuaba pidiendo la independenciadel territorio, que Marruecos se había anexionadoen 1975. El 27 de abril, el Consejo de Seguridad dela ONU renovó otra vez el mandato de la Misiónde la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental,sin incluir en él un componente de observación de lasituación de los derechos humanos.Represión de la disidenciaAunque las protestas en favor de reformas fueron porlo general pacíficas, en muchas ocasiones se tuvonoticia de que las fuerzas de seguridad habíancargado contra ellas, con el resultado de al menosuna persona muerta y numerosos heridos. Cientos demanifestantes fueron detenidos. La mayoría quedaronen libertad más tarde, pero algunos fueron juzgados ycondenados a prisión. Según informes, las fuerzas deseguridad hostigaron a familiares de activistas delMovimiento 20 de Febrero y citaron a decenas deactivistas que pedían el boicot a las eleccionesparlamentarias para interrogarlos. El 15 de mayo, las fuerzas de seguridad disolvieronpor la fuerza concentraciones y manifestacionesorganizadas por el Movimiento 20 de Febrero enRabat, Fez, Tánger y Temara, utilizando porras contralos manifestantes y propinándoles patadas y golpes. El 29 de mayo, las fuerzas de seguridad disolvieronpor métodos violentos una manifestación organizada porel Movimiento 20 de Febrero en la localidad de Safí.Uno de los manifestantes, Kamel Ammari, murió díasdespués a causa de las lesiones sufridas. El 20 de noviembre, las fuerzas de seguridadirrumpieron en las oficinas de la Asociación Marroquíde Derechos Humanos en la localidad de Bou Arafa y,según informes, golpearon a varios miembros delpersonal y a jóvenes que se preparaban para sumarsea una protesta.Libertad de expresiónSe siguió encarcelando y procesando a periodistasy a otras personas por criticar públicamente aautoridades o instituciones del Estado o por informarsobre cuestiones políticamente delicadas. El 2 de marzo, el rey indultó a Kaddour Terhzaz,militar retirado encarcelado por amenazas a la“seguridad externa” de Marruecos tras haber escritouna carta al rey en la que se quejaba sobre el trato querecibían algunos ex pilotos de las fuerzas aéreas. El 14 de abril, el rey indultó a Chekib el Khiari,defensor de los derechos humanos y periodista, quecumplía una pena de tres años de prisión impuestaen 2009 por haber denunciado la corrupción. El 9 de junio, Rachid Nini, director del diario ElMassa, fue condenado a un año de cárcel por difundir“información falsa” y “amenazar la seguridadnacional”. Había sido detenido el 28 de abril a raíz de lapublicación de varios artículos en los que se criticabanlas prácticas de lucha antiterrorista de los servicios deseguridad marroquíes. La sentencia se confirmó enapelación en octubre. En un nuevo juicio celebrado en diciembre,Zakaria Moumni, boxeador encarcelado por fraudetras un juicio sin garantías, fue declarado de nuevoculpable y condenado a 20 meses de prisión. Habíasido detenido en septiembre de 2010 tras habercriticado a varias asociaciones deportivas deMarruecos y haber tratado reiteradamente deentrevistarse con el rey. En su primer juicio fuecondenado sobre la base de una “confesión” queaseguraba haber hecho bajo tortura.MInforme 2012 Amnistía Internacional299

M El 9 de septiembre fue detenido Mouad Belrhouate,cantante de rap, al parecer por considerarse quealgunas de sus canciones ofendían a la monarquía. Sujuicio se aplazó varias veces, y al final de añocontinuaba detenido.Represión de la disidencia:activistas saharauisSe siguió restringiendo la libertad de expresión,asociación y reunión de los saharauis que abogabanpor la autodeterminación del Sáhara Occidental, ysometiendo a enjuiciamiento a activistas destacados. El 14 de abril, los activistas saharauis AhmedAlnasiri, Brahim Dahane y Ali Salem Tamek quedaronen libertad bajo fianza. Llevaban recluidos desdeel 8 de octubre de 2009. Aún pesaban sobre ellos, asícomo sobre otros cuatro activistas saharauis, cargos deamenazas a la “seguridad interna” de Marruecos porsus actividades pacíficas y por defender laautodeterminación del Sáhara Occidental. Unos 23 saharauis seguían recluidos en la prisión deSalé en espera ser juzgados sin garantías ante untribunal militar por su presunta participación en losactos de violencia que habían tenido lugar en elcampamento de protesta de Gdim Izik, cerca deEl Aaiún, a finales de 2010. A últimos de octubre sedeclararon en huelga de hambre para protestar por suscondiciones de reclusión y su detención continuada sinjuicio. Al final del año aún no habían sido juzgados.No se llevó a cabo ninguna investigaciónindependiente e imparcial sobre los acontecimientosde noviembre de 2010 en Gdim Izik y en El Aaiún,cuando las fuerzas de seguridad marroquíesdestruyeron un campamento de protesta saharaui, aconsecuencia de lo cual se produjeron disturbiosviolentos en los que murieron 13 personas, entreellas 11 miembros de las fuerzas de seguridad.Tortura y otros malos tratosPersistieron las noticias sobre casos de tortura ymalos tratos a detenidos, en particular a presuntosislamistas y miembros del Movimiento 20 de Febrero,infligidos sobre todo por la Dirección de Vigilancia delTerritorio. Siguió recluyéndose a detenidos enrégimen de incomunicación, en algunos casos, alparecer, durante periodos superiores a los 12 díaspermitidos por ley. Los días 16 y 17 de mayo se produjo en la prisión deSalé un motín de reclusos condenados por delitos deterrorismo, que protestaban por los juicios injustos a losque habían sido sometidos y por el empleo de la torturaen el centro de detención secreta de Temara. Losreclusos se enfrentaron a los guardias y retuvieronbrevemente como rehenes a algunos de ellos, hastaque las autoridades penitenciarias utilizaron municiónreal para sofocar los disturbios. Varios presosresultaron heridos. A finales de mayo, Mohamed Hajib, de doblenacionalidad marroquí y alemana, que cumplía unacondena de 10 años de cárcel, necesitó tratamientohospitalario después de que los guardias de la prisiónde Toulal (Meknés), adonde lo habían trasladado porsu participación en los disturbios de la prisión de Salé,le propinaran una brutal paliza y amenazaran conviolarlo.Seguridad y medidas antiterroristasEl 28 de abril, 17 personas, en su mayoría turistasextranjeros, murieron y otras resultaron heridas alestallar una bomba en una cafetería de Marrakech.Nadie reivindicó el atentado, pero las autoridades loatribuyeron a Al Qaeda en el Magreb Islámico, pese aque el grupo en cuestión lo negó. En octubre, Adel Othmani fue condenado a muertetras haber sido declarado culpable del atentado conbomba de la cafetería de Marrakech.Cinco hombres condenados por cargos deterrorismo en julio de 2009 en la causa de la “célulaBelliraj” quedaron en libertad en virtud de un indultogeneral concedido por el rey el 14 de abril. Estacausa se había visto empañada por irregularidadesprocedimentales, entre ellas la ausencia de unainvestigación sobre las denuncias de tortura de losacusados.Justicia transicionalLas autoridades no aplicaron las principalesrecomendaciones formuladas por la Comisión deEquidad y Reconciliación en su informe de noviembrede 2005. Siguió negándose acceso efectivo a lajusticia a las víctimas de violaciones flagrantes dederechos humanos cometidas desde laindependencia de Marruecos en 1956 hasta lamuerte del rey Hassan II en 1999.Pena de muerteLos tribunales marroquíes continuaron imponiendo lapena de muerte. La última ejecución había tenido300 Informe 2012 Amnistía Internacional

lugar en 1993. En virtud de una amnistía concedidapor el rey en abril se conmutó la pena de muerte porcondenas de prisión a cinco personas.Campos del Frente PolisarioEl Frente Polisario no tomó medidas para poner fin ala impunidad de las personas acusadas de cometerabusos contra los derechos humanos en sus camposde Tinduf, en la región argelina de Mhiriz, en lasdécadas de 1970 y 1980.En octubre, tres cooperantes (una mujer italianay un hombre y una mujer españoles) fueronsecuestrados por un grupo armado en un campo derefugiados del Frente Polisario. Al concluir 2011, loscooperantes aún no habían sido liberados.Informes y visitasde Amnistía Internacional Críticas a las autoridades marroquíes por reprimir las protestasen Temara (MDE 29/004/2011) Marruecos: Las denuncias de tortura deben ser investigadas(MDE 29/008/2011)MAURITANIAREPÚBLICA ISLÁMICA DE MAURITANIAJefe del Estado: general Mohamed Ould Abdel AzizJefe del gobierno: Moulaye Ould Mohamed LaghdafPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:3,5 millonesEsperanza de vida:58,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 117,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:57,5 por cientoLas fuerzas de seguridad usaron fuerza excesiva ymedios letales, incluso contra manifestantes; unjoven murió por disparos. En el marco de unasmarchas contra el censo nacional se detuvo ycondenó a penas de cárcel a manifestantes. Elgobierno reprimió con dureza presuntos actos deterrorismo. Seguía sin conocerse el paraderode 14 presos desaparecidos de una prisión dela capital, Nuakchot. Ocho personas fueroncondenadas a muerte, entre ellas tres menoresde edad.Información generalAlgunas organizaciones de derechos humanos temíanque el censo de población, iniciado en abril, fueradiscriminatorio. Tuvieron lugar protestas en Nuakchot,Kaedi y Maghama. El presidente de la AsambleaNacional instó a suspender el proceso.Los frecuentes enfrentamientos entre el ejército yAl Qaeda en el Magreb Islámico causaron bajas enambos bandos. El ejército también llevó a cabooperaciones contra este grupo en Malí. En diciembre,un gendarme fue secuestrado por miembrosdel grupo.En enero, en el marco del examen periódicouniversal de la ONU, se evaluó el historial dederechos humanos de Mauritania. El gobierno secomprometió a poner fin al uso de la tortura y otrostratos crueles, inhumanos y degradantes y al uso defuerza excesiva por parte de la policía y las fuerzas deseguridad. También se comprometió a elaborar unaestrategia nacional para la erradicación de laesclavitud en todas sus formas.Tras la destitución de un juez en septiembre, seplantearon dudas respecto a la independencia delpoder judicial.Presos de concienciay otros presos políticosLas autoridades imponían restricciones a la libertadde expresión, reunión y asociación. En enero se condenó a un año de cárcel a AliyineOuld Mbareck, Biram Dah Ould Abeid y Cheikh OuldAbidine, miembros de la organización antiesclavistaIniciativa para el Resurgimiento del MovimientoAbolicionista en Mauritania (IRA Mauritania). Habíansido detenidos en diciembre de 2010, junto con otrosseis activistas, y acusados formalmente de agredir aagentes de policía y de perturbar el orden público trascelebrar una concentración ante una comisaría enNuakchot. En marzo se les concedió un indulto. El 23 de agosto se impusieron sendas condenascondicionales de seis meses a cuatro miembros de IRAMauritania, entre ellos Tourad Ould Zein, por reuniónno autorizada y rebelión. Habían protestado contra laausencia de actuación judicial en el caso de una niñade 10 años retenida en régimen de esclavitud. En octubre se detuvo a más de 50 manifestantes trasunas marchas de protesta contra el censo convocadaspor la organización de derechos humanos Touche pasà ma nationalité en Nuakchot y en otros lugares delMInforme 2012 Amnistía Internacional301

Mpaís. La mayoría de los detenidos quedaron en libertadal cabo de unas horas o unos días. Otros fueronjuzgados por manifestación con intención de robo ypillaje. Cuatro manifestantes, entre ellos Brahim Diop yMohamed Boubacar, fueron condenados a tres mesesde cárcel y estuvieron recluidos durante 13 días en laprisión de Dar Naïm antes de ser indultados. Lemine Ould Dadde, ex comisionado de DerechosHumanos, continuó en reclusión arbitraria, por cargosde malversación, tras cumplirse su periodo dedetención provisional en septiembre.Seguridad y medidas antiterroristasA lo largo del año, al menos 12 personas, entre ellasMohamed Lemine Ould Mballe, fueron detenidascomo sospechosas de pertenecer a Al Qaeda en elMagreb Islámico. La mayoría estuvieron másde 40 días bajo custodia policial.Al menos 18 personas fueron juzgadas ycondenadas a prisión o a muerte. Aunquedenunciaron haber sido torturadas, el tribunal noordenó investigación alguna. En marzo, el Tribunal Penal de Nuakchot condenó acinco años de cárcel y trabajos forzados aAderrahmane Ould Meddou, ciudadano maliense ypresunto miembro de Al Qaeda en el Magreb Islámico,por secuestrar a una pareja italiana en diciembrede 2010. En octubre, el Tribunal Penal de Nuakchot impusocondenas de entre tres y cinco años de prisión a cuatropersonas, entre ellas Lemrabott Ould MohamedMahmoud, por actos terroristas. Mohamed Lemine AgMaleck fue absuelto, pero continuó recluido en esperade la resolución de un recurso presentado por el fiscal.Quedó en libertad en diciembre. Assad Abdel Khader Mohamed Ali y Khalil OuldAhmed Salem Ould N’Tahah continuaron privados delibertad pese a haber cumplido las penas de cárcel quese les habían impuesto.Desapariciones forzadasEn mayo, 14 presos que habían sido condenados poractividades terroristas fueron trasladados de noche dela prisión central de Nuakchot a un lugardesconocido. En junio, sin dar explicación,se devolvieron algunas de sus pertenencias a susfamilias. Al terminar el año seguía sin conocerse elparadero de los 14, entre los que figuraban Sidi OuldSidina y Mohamed Mahmoud Ould Sebty. Lasautoridades dijeron a una delegación de AmnistíaInternacional en noviembre que habían sidotrasladados por razones de seguridad.Uso excesivo de la fuerzaLas fuerzas de seguridad usaron fuerza excesivacontra manifestantes pacíficos en varias ciudades,como Kaedi, Maghama y Nuakchot. El uso arbitrario eindiscriminado de gas lacrimógeno causó lesiones adecenas de manifestantes. Una persona resultómuerta. Lamine Mangane, de 19 años, murió el 28 deseptiembre tras disparar las fuerzas de seguridad confuego real durante una manifestación organizada porTouche pas à ma nationalité en Maghama. Al menos 10personas resultaron heridas. Las autoridades afirmaronque se había abierto una investigación judicial.Discriminación: lesbianas, gays,bisexuales y personas transgéneroAlgunas personas se enfrentaban a detenciónarbitraria, hostigamiento y discriminación debido a supresunta actividad homosexual. En noviembre sedetuvo a 14 hombres y se los acusó de serhomosexuales; continuaban recluidos en la prisión deDar Naïm al final del año.Tortura y otros malos tratosContinuaron las denuncias generalizadas de tortura yotros malos tratos en centros de detención, entre elloslas comisarías de policía y la prisión de Dar Naïm. Seutilizaban métodos como patadas, palizas,suspensión por los brazos, encadenamiento enposturas dolorosas y privación del sueño y de losalimentos.Pena de muerteEn noviembre se conmutaron las condenas a muertede siete personas declaradas culpables de asesinatoen los 10 años precedentes.Durante el año, el Tribunal Penal de Nuakchotcondenó a muerte al menos a ocho personas, tres delas cuales tenían menos de 18 años cuando secometieron los delitos. Tras un recurso presentadopor el fiscal, el 8 de diciembre el Tribunal Penal deNuakchot conmutó las condenas de muerte de lostres menores por penas de 12 años de prisión yuna multa.302 Informe 2012 Amnistía Internacional

EsclavitudSiete personas –una mujer y seis menores de edad–escaparon de la esclavitud con la ayuda deorganizaciones de derechos humanos. Dos de los seismenores eran Yarg y Saïd, hermanos de 11 y 14 añosliberados en agosto. En noviembre, el Tribunal Penalde Nuakchot declaró a seis personas culpables deesclavizar a Yarg y Saïd y ordenó pagarindemnizaciones a sus familiares.Derechos de las personas migrantesAl menos 3.000 migrantes, en su mayoríaprocedentes de Senegal, Malí y Guinea, fuerondetenidos arbitrariamente. Estuvieron recluidos encentros de detención de Mauritania durante variosdías antes de ser devueltos a Senegal o Malí.En octubre se detuvo a migrantes procedentes deMalí y Senegal y se los acusó formalmente de reuniónno autorizada y de poner en peligro la seguridadnacional. Les impusieron sendas condenascondicionales de un año y estuvieron recluidosdurante más de 10 días en la prisión de Dar Naïmantes de ser enviados a Senegal.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Mauritania en noviembre. Mauritania: Three juveniles sentenced to death in violation of nationaland international law (AFR 38/001/2011) Mauritania: Thirteen people convicted of terrorism subjected toenforced disappearance (AFR 38/002/2011) Amnesty International statement to African Commission on Human andPeoples’ Rights on the situation of human rights in Africa(IOR 63/005/2011)MÉXICOESTADOS UNIDOS MEXICANOSJefe del Estado y del gobierno: Felipe Calderón HinojosaPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:114,8 millonesEsperanza de vida:77 añosMortalidad infantil (‹5 años): 16,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:93,4 por cientoLos cárteles de la droga y otras bandas delictivas,actuando en ocasiones en colusión con la policía uotros funcionarios públicos, mataron y secuestrarona miles de personas. Los migrantes irregulares queatravesaban México por decenas de miles sufrieronabusos graves, tales como secuestro, violación yhomicidio, a manos de estas bandas. El gobierno noadoptó medidas efectivas para prevenir o investigarlas violaciones graves y generalizadas de derechoshumanos cometidas por las fuerzas armadas y lapolicía, que incluyeron desapariciones forzadas,ejecuciones extrajudiciales, torturas y detencionesarbitrarias. El gobierno no dio respuestas sustantivasa las peticiones de información de AmnistíaInternacional acerca de las investigaciones sobreestos casos. El sistema de justicia penal no hizojusticia ni proporcionó seguridad. Los responsablesde la mayoría de los delitos, incluidos ataques contraperiodistas, defensores y defensoras de los derechoshumanos y mujeres, no rindieron cuentas de susactos. Se incumplieron las normas sobre juiciosjustos. No se adoptaron medidas para garantizarjusticia a las víctimas de violaciones graves dederechos humanos cometidas durante la “guerrasucia” de México (1964-1982). Se introdujeronvarias reformas constitucionales progresistas enmateria de derechos humanos.Información generalEl gobierno del presidente Calderón siguiódesplegando a 50.000 soldados y a un númerocreciente de infantes de marina para combatir a loscárteles de la droga. Durante el año, éstos lucharonentre sí y contra las fuerzas de seguridad por elcontrol territorial en ciertos estados, como Chihuahua,Nuevo León, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas yGuerrero. Más de 12.000 personas perdieron la vidaen la violencia resultante. La gran mayoría de estosMInforme 2012 Amnistía Internacional303

Mhomicidios nunca se investigaron. En abril, laComisión Nacional de los Derechos Humanos(CNDH) informó de que había aún 8.898 cadáveressin identificar en las morgues del país y de que sehabía denunciado la desaparición de 5.397 personasdesde 2006. Más de 40 soldados y de 500 policíasfueron asesinados en 2011.Durante el año se recibió información según lacual las bandas, el ejército y la policía habíanmatado a un número creciente de personas norelacionadas con los cárteles. Cincuenta y dospersonas perdieron la vida en Monterrey cuandouna banda delictiva incendió un casino con lacomplicidad de algunos policías locales. En losestados de Tamaulipas y Durango se descubrieronfosas clandestinas con más de 500 cadáveres noidentificados. Se pensaba que algunos pertenecíana migrantes centroamericanos, pero al concluir elaño se había determinado la identidad de menos de50. La preocupación que la violencia suscitaba entrela opinión pública, y la insatisfacción por larespuesta del gobierno, desembocaron en lacreación del Movimiento por la Paz con Justicia yDignidad, que celebró protestas en muchas partesdel país para exigir que se pusiera fin a la violencia ya la impunidad.El gobierno estadounidense entregó a Méxiconuevos fondos relacionados con la seguridad, asícomo otras transferencias en el marco de la Iniciativade Mérida, acuerdo trienal de cooperación yseguridad regional. Aunque Estados Unidos retuvotemporalmente algunos fondos, y a pesar de que elgobierno mexicano siguió incumpliendo ciertascondiciones de derechos humanos, las transferenciasse realizaron. Una fallida operación estadounidensepara seguir el rastro de las armas introducidas decontrabando en México puso de relieve la inexistenciade mecanismos efectivos para impedir que lasbandas de delincuentes introdujeran armas enel país.Policía y fuerzas de seguridadEl ejército y la marinaEl gobierno hizo caso omiso de los informesgeneralizados sobre violaciones graves de derechoshumanos –tales como torturas, desaparicionesforzadas, ejecuciones extrajudiciales y uso excesivode la fuerza– cometidas por el ejército y, de formacreciente, por personal de la marina. Siguióafirmando que los abusos eran excepcionales y quesus autores rendían cuentas de sus actos.Durante 2011 sólo hubo un caso en el que personalmilitar compareció ante la justicia: los tribunalesmilitares declararon culpables a 14 soldados delhomicidio, cometido en 2007, de dos mujeres y tresmenores de edad en un control de carretera enLeyva, estado de Sinaloa. El gobierno no diorespuestas sustantivas a las peticiones de informaciónde Amnistía Internacional acerca de lasinvestigaciones sobre estos casos.El sistema de justicia militar seguía a cargo deprácticamente todas las investigaciones sobredenuncias de abusos contra los derechos humanoscometidos por militares y continuó rechazando sinuna investigación efectiva la gran mayoría de lasdenuncias, con lo que permitía que los perpetradoreseludieran la justicia. Esta situación empezó a cambiaren diciembre cuando, por primera vez, un tribunalfederal rechazó la jurisdicción militar en un caso dederechos humanos. El sistema de justicia civil senegaba sistemáticamente a realizar investigacionesbásicas sobre presuntos abusos antes de transferir loscasos al sistema de justicia militar.Se presentaron 1.695 denuncias de abusoscometidos por el ejército y 495 de abusos cometidospor la marina ante la CNDH, que formuló 25recomendaciones sobre el ejército y 6 sobre lamarina. Las autoridades afirmaron que el númerorelativamente bajo de denuncias que daban lugar arecomendaciones de la CNDH demostraba que lamayoría carecía de base, pero al realizar estaafirmación no tenían en cuenta las limitaciones demuchas de las investigaciones de la CNDH. En junio, al menos seis hombres fueron detenidos ysometidos a desaparición forzada en Nuevo Laredo,estado de Tamaulipas. Pese a la existencia de pruebasfehacientes –como los testimonios de testigospresenciales– de la responsabilidad de agentes de laSecretaría de Marina, las autoridades navales sóloreconocieron que había habido “contacto” con loshombres. La investigación emprendida por laProcuraduría General de la República no determinó loshechos, pero pese a ello pareció absolver deresponsabilidad a la marina sin más investigaciones. Alconcluir el año seguía sin conocerse el paradero de loshombres. La familia de uno de ellos se vio obligadaa huir de la zona después de que su casa fuera atacadaen julio.304 Informe 2012 Amnistía Internacional

En mayo, la policía municipal detuvo ilegalmente aJethro Ramsés Sánchez Santana y a un amigo suyo enCuernavaca, estado de Morelos. Ambos fueronentregados primero a la Policía Federal y después alejército. Los soldados los torturaron y luego pusieron enlibertad al amigo, pero Jethro Sánchez se convirtió envíctima de desaparición forzada. Su familia presentóuna denuncia, pero las autoridades militares negarontoda implicación en la desaparición forzada, inclusodespués de que la policía declarase sobre laparticipación del ejército. Ante las abrumadoraspruebas, el ejército detuvo a dos soldados en julio. Esemismo mes fue encontrado el cadáver de JethroSánchez. Al concluir el año, dos soldados estabandetenidos y acusados formalmente de homicidio y almenos otros tres se habían ocultado. El caso seguía enla jurisdicción militar.Fuerzas policialesLos avances en la reforma de las fuerzas de policíafederales, estatales y municipales fueron sumamentelentos. Había pruebas de que algunos policíasactuaban en colusión con organizaciones delictivas,incluso en el homicidio de presuntos miembros deorganizaciones rivales. Se recibieron informesgeneralizados sobre uso excesivo de la fuerza, tortura,detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas,pero en su mayoría no se investigaron de formaefectiva. En diciembre, la policía mató por disparos a dosmanifestantes estudiantiles en Chilpancingo, Guerrero,después de que, al parecer, policías federales yestatales abrieran fuego contra los manifestantes conarmas automáticas. Varios manifestantes sufrieronmalos tratos al ser detenidos por la Policía Federal y,según informes, al menos uno fue torturado por lapolicía de investigación del estado para implicarlofalsamente en los disparos. Al finalizar el año variospolicías estaban sometidos a investigación. En abril, la policía estatal detuvo a Jesús FranciscoBalderrama en Mexicali, estado de Baja California. Sufamilia pidió información sobre su paradero, pero lasautoridades negaron que hubiera sido detenido. Alfinalizar el año seguía en paradero desconocido. En julio, unos hombres fuertemente armados y conel rostro cubierto por pasamontañas –uno de los cualesal menos llevaba aparentemente la insignia de laPolicía Federal–, detuvieron a ocho miembros dela familia Muñoz en Anáhuac, estado de Chihuahua.Los familiares de los detenidos presentaron unadenuncia, pero las autoridades policiales negaron todoconocimiento de las detenciones. Al concluir el año,seguía sin conocerse el paradero de los hombres y nose había identificado a los responsables de sudetención y desaparición.Sistema de justicia penal e impunidadLas reformas del sistema de justicia penal avanzaroncon suma lentitud. Había varios factores quecontribuían a que las sentencias condenatoriasfueran poco fiables, como la detención arbitraria, latortura, la falsificación de pruebas, la ausencia deldebido proceso, la negación del acceso auna defensa efectiva y la inadecuada supervisiónjudicial de las actuaciones. La detención preventivasin cargos (conocida como arraigo) durante 80 díassiguió utilizándose de manera generalizada, lo quefacilitaba la tortura y otros malos tratos y socavaba lasgarantías procesales.TorturaLas medidas para prevenir, investigar y castigar latortura seguían siendo ineficaces, y en lasactuaciones judiciales se seguían aceptandodeclaraciones obtenidas mediante coacción. En febrero, una mujer fue detenida arbitrariamenteen Ensenada, Baja California, y, según informes, fuetorturada por miembros del ejército en un cuartelmilitar de Tijuana mientras era interrogada por un fiscalfederal civil. La detenida fue sometida a agresiones,semiasfixia, posturas en tensión y amenazas paraobligarla a firmar una confesión. Estuvo en detenciónpreventiva (arraigo) 80 días antes de que se formularancargos contra ella y se ordenara su detención en esperade juicio. Las autoridades negaron inicialmente todoconocimiento de su detención. Más tarde la acusaciónquedó sin base y la mujer fue puesta en libertad sincargos. Al concluir el año no había información sobre lainvestigación iniciada en torno a su denuncia detorturas. En septiembre, un tribunal federal ordenó lacelebración de un nuevo juicio parcial para IsraelArzate Meléndez por su presunta implicación en lamasacre de Villas de Salvárcar, cometida en CiudadJuárez en 2010 y en la que murieron 15 jóvenes. Lainvestigación llevada a cabo por la CNDH habíaconcluido que Israel Arzate había sido torturado por losmilitares para obligarlo a confesar. Sin embargo, eltribunal revisor no concluyó que la jueza a cargo delcaso había vulnerado los derechos del procesado al noMInforme 2012 Amnistía Internacional305

Mordenar una investigación sobre las denuncias detortura o no excluir como prueba la confesión obtenidamediante tortura.Condiciones de reclusiónMás de 200 reclusos murieron, principalmente por laviolencia de las bandas, en prisiones con problemasde hacinamiento e inseguridad.Migrantes irregularesDecenas de miles de migrantes irregulares, en sumayoría procedentes de Centroamérica, que sedirigían a Estados Unidos corrían el riesgo de sersecuestrados, violados, reclutados por la fuerza oasesinados por bandas delictivas, que actuaban amenudo en colusión con funcionarios públicos. Losresponsables casi nunca rendían cuentas de susactos. En febrero, la CNDH informó de que, en unperiodo de seis meses, habían sido secuestrados11.000 migrantes. Las medidas de los gobiernosfederal y estatales para prevenir y castigar los abusosy garantizar el acceso a la justicia siguieron siendoinadecuadas. Se conocieron más casos de malostratos a manos de funcionarios de inmigración y decolusión con bandas delictivas, pese a las medidaspara acabar con los funcionarios corruptos. Lasautoridades no recabaron datos suficientes sobrelos abusos para facilitar las investigaciones quellevaban a cabo los familiares de los migrantesdesaparecidos. Las familias de migrantescentroamericanos desaparecidos realizaron marchasen todo el país para exigir que se adoptasen medidasdestinadas a localizar a sus familiares y para poner derelieve la suerte que habían corrido muchosmigrantes.Se aprobaron leyes sobre refugiados y migraciónpara mejorar la protección legal de los derechos delas personas migrantes y refugiadas. Sin embargo, losreglamentos necesarios para garantizar su aplicaciónefectiva se redactaron sin consultas adecuadas yseguían pendientes al finalizar el año.Los defensores y defensoras de los derechoshumanos que trabajaban en la red de refugios queproporcionaban asistencia humanitaria a losmigrantes fueron objeto de amenazas e intimidación. Al concluir 2011 seguían sin identificarse almenos 14 cadáveres de 72 migrantes irregularesasesinados en San Fernando, estado de Tamaulipas,en 2010. En abril se descubrieron otros 193 cadáveresen el municipio; al finalizar el año se habíanidentificado menos de 30. Los familiares expresaronpreocupación por el hecho de que los métodosinadecuados para recabar y preservar pruebas estabandificultando las identificaciones. En agosto, lasautoridades anunciaron la detención y elenjuiciamiento de más de 80 sospechosos –16 de ellospolicías– vinculados al cártel de Los Zetas queactuaban en San Fernando; algunos eran sospechososde estar implicados en los homicidios de migrantes.Libertad de expresión: periodistasSegún la CNDH, al menos nueve periodistas murieronviolentamente y decenas más sufrieron ataques eintimidación. La impunidad siguió siendo la norma enla mayoría de estos crímenes, pese a la existencia deuna fiscalía federal especial para los delitos contraperiodistas. Continuaron debatiéndose las reformaspara que los delitos contra periodistas se tipificarancomo delitos federales y para mejorar lasinvestigaciones.Como consecuencia de los ataques y laintimidación contra periodistas, la informaciónpublicada en la prensa local sobre la delincuencia yla seguridad pública era escasa o prácticamenteinexistente en algunas regiones de elevadacriminalidad. Las redes sociales desempeñaron unpapel cada vez más destacado al facilitar informaciónsobre amenazas contra la seguridad de lascomunidades locales. Las bandas de delincuentesmataron al menos a tres blogueros y amenazaron aotros por publicar información que denunciaba susactividades delictivas.En Veracruz, las autoridades estatales detuvierondurante un mes a dos usuarios de Twitter y aprobaronleyes que penalizaban la distribución –por cualquiermedio– de información falsa que perturbase el ordenpúblico. La CNDH presentó un recurso deconstitucionalidad contra los cambios de la leyalegando que violaban el derecho a la libertad deexpresión. En junio, unos hombres armados no identificadosmataron a Miguel Ángel López Velasco, a su esposa y asu hijo en su casa de Veracruz. El conocido periodista,que informaba sobre la delincuencia y la corrupciónpolítica, había recibido amenazas de muerte conanterioridad. Al finalizar el año proseguía lainvestigación sobre los homicidios.306 Informe 2012 Amnistía Internacional

Defensores y defensorasde los derechos humanosMás de 20 defensores y defensoras de los derechoshumanos fueron objeto de amenazas o ataquesen 2011. Las investigaciones oficiales no habíanidentificado a los autores al concluir el año. Laprovisión de protección a defensores y defensoras eraa menudo lenta, burocrática e inadecuada. En julio,el presidente firmó un decreto que establecía unmecanismo de protección, pero al finalizar el año nohabía datos que indicasen que el mecanismoestuviera activo o hubiera mejorado la protección delos periodistas o de los defensores de derechoshumanos. Al concluir el año se debatía un proyectode ley para reforzar el mecanismo.El compromiso del gobierno de respetar la labor dedefensores y defensoras quedó en entredicho enjulio, cuando el almirante secretario de Marina atacópúblicamente el trabajo de las organizaciones dederechos humanos que documentaban abusoscometidos por las fuerzas armadas. José Ramón Aniceto y Pascual Agustín Cruzcontinuaban cumpliendo sendas penas de seis añosde prisión impuestas en julio de 2010. Ambosactivistas de la comunidad indígena nahua fuerondeclarados culpables sobre la base de cargos penalesfalsos como represalia por sus esfuerzos para obtenerun acceso equitativo al agua para su comunidad enAtla, estado de Puebla.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesEn julio entraron en vigor las reformasconstitucionales que obligaban a las autoridades detodos los niveles a promover, respetar, proteger ygarantizar las normas internacionales de derechoshumanos que tuvieran categoría de constitucionales.Además, las reformas establecían que no se podíansuspender ciertos derechos fundamentales durantelos estados de emergencia, reconocían por ley variosderechos sociales y económicos, como el derecho ala alimentación y al agua no contaminada, yreforzaban las facultades de la CNDH.En agosto, la Suprema Corte de Justicia de laNación resolvió que el Estado debía cumplir lassentencias de la Corte Interamericana de DerechosHumanos sobre México, incluida la que ordenabaque los militares implicados en violaciones dederechos humanos fueran investigados y juzgadospor tribunales civiles y que se reformase a tal efecto elCódigo de Justicia Militar. Al concluir el año, loscuatro casos de abusos cometidos por militares sobrelos que la Corte Interamericana había dictadosentencia habían sido transferidos a la jurisdiccióncivil. Sin embargo, el cumplimiento de otroselementos clave de las sentencias de la CorteInteramericana seguía siendo muy limitado, y secontinuó aplicando la jurisdicción militar en otroscasos de derechos humanos.Violencia contra mujeres y niñasLa violencia contra las mujeres siguió siendogeneralizada. Se denunció un gran número dehomicidios de mujeres en muchos estados y losresponsables siguieron eludiendo la justicia en lamayor parte de los casos. La legislación que mejorabael acceso a la justicia y la seguridad para las mujeresen situación de riesgo siguió siendo inefectiva enmuchas zonas. Más de 320 mujeres fueron asesinadas en CiudadJuárez. Los responsables del asesinato, en diciembrede 2010, de la defensora de los derechos humanosMarisela Escobedo no rindieron cuentas de sus actos.En diciembre, Norma Andrade, de Nuestras Hijas deRegreso a Casa, fue tiroteada y resultó gravementeherida frente a su casa. Ella y otras personas de laorganización recibieron amenazas de muerte duranteel año y se vieron obligadas a huir de la ciudad parasalvaguardar su seguridad. En octubre, Margarita González Carpio sufrió unaagresión grave a manos de su ex pareja, un alto cargode la Policía Federal de la ciudad de Querétaro.Inicialmente, las autoridades federales y estatales senegaron a adoptar medidas para protegerla o investigarlas denuncias de agresión. Al concluir el año MargaritaGonzález seguía oculta y no se disponía de informaciónsobre los avances de la investigación.Derechos sexuales y reproductivosLa Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazópor un pequeño margen de votos una acción deinconstitucionalidad para anular los cambios en lasConstituciones de los estados de Baja California y SanLuis Potosí, que establecían el derecho a la vidadesde el momento de la concepción. Siete de los 11jueces de la Suprema Corte alegaron que los cambioseran inconstitucionales y limitaban los derechosreproductivos de las mujeres. Sin embargo, estaMInforme 2012 Amnistía Internacional307

Mmayoría era insuficiente para anular los cambios, loque hacía temer que las mujeres pudieranencontrarse con obstáculos adicionales a la hora deacceder a servicios de aborto en los 17 estados quehabían adoptado disposiciones similares.Derechos de los pueblos indígenasLos pueblos indígenas siguieron sufriendodiscriminación y desigualdad sistémicas en relacióncon el derecho a la tierra, la vivienda, el agua, lasalud y la educación. Continuaron realizándoseproyectos económicos y de desarrollo en tierrasindígenas sin el consentimiento libre, previo einformado de las comunidades afectadas. El proyectode ley para regular las consultas con las comunidadesindígenas seguía paralizado. Los miembros de la comunidad indígena wixárikaprotestaron contra la concesión minera otorgada a unaempresa canadiense para explotar los depósitos deplata de la Reserva Ecológica y Cultural Wirikuta deReal de Catorce, en el estado de San Luis Potosí, sinconsultar a las comunidades afectadas ni obtener suconsentimiento. En diciembre, la sequía que afectó al estado deChihuahua incrementó los niveles de desnutriciónsevera entre las comunidades indígenas tarahumaras,a lo que contribuyó la desatención de sus derechoshumanos y la marginación que venían sufriendodurante muchos años.Escrutinio internacionalVisitaron el país varios mecanismos regionales einternacionales de derechos humanos, como el relatorespecial de la ONU sobre la libertad de expresión y elrelator especial de la Organización de los EstadosAmericanos (OEA) para la libertad de expresión, elGrupo de Trabajo de la ONU sobre DesaparicionesForzadas o Involuntarias y el relator especial de la OEAsobre trabajadores migratorios y sus familiares. En abril,el Comité de Protección de los Derechos de Todos losTrabajadores Migrantes y de sus Familiares, de la ONU,estudió el informe de México y su cumplimiento de laConvención. En julio visitó México la alta comisionadade la ONU para los derechos humanos.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó México en julio. Escudar a los culpables: Justicia militar en México (AMR 41/010/2011) Mexico: Briefing to the Special Rapporteur on the Rights of MigrantWorkers of the Inter-American Commission of Human Rights(AMR 41/085/2011) Letter regarding forthcoming visit of the Working Group on Enforced orInvoluntary Disappearances to Mexico (AMR 41/086/2011) Mexico: Letter to UN Committee on Migrant Workers (AMR 41/087/2011)MOLDAVIAREPÚBLICA DE MOLDAVIAJefe del Estado:Marian Lupu (en funciones)Jefe del gobierno:Vladimir FilatPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:3,5 millonesEsperanza de vida:69,3 añosMortalidad infantil (‹5 años): 16,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:98,5 por cientoContinuaron las denuncias de condicionespenitenciarias que constituían trato inhumano ydegradante, juicios sin garantías e impunidad encasos de tortura y otros malos tratos. Las minoríasreligiosas, entre otras, seguían sufriendodiscriminación al no existir legislación paraprevenirla.Tortura y otros malos tratosLas condiciones que soportaban los detenidos enprisión preventiva o durante los traslados a lostribunales y de regreso de ellos a menudo constituíantrato cruel, inhumano o degradante. Vasilii Cristioglo fue detenido el 19 de enero enComrat, acusado de robo, y desde el 21 de enero hastael final del año permaneció en prisión preventiva enCahul. En su celda no había ropa de cama y el retreteestaba a la vista de los demás detenidos. Cuandoexpresó el temor de haber contraído hepatitis, fueobligado a pagar los análisis de sangre. Durante lostraslados al tribunal y de regreso a la cárcel, VasiliiCristioglo y otros detenidos permanecían recluidosdurante horas en vagones de tren, sometidos a altastemperaturas en verano y sin recibir alimentos ni aguaa lo largo del día. En respuesta a una denuncia de suabogado, la fiscalía de Cahul admitió que se incumplíala normativa sobre higiene y que no había sistemas de308 Informe 2012 Amnistía Internacional

efrigeración y preparación de alimentos niinstalaciones para la higiene personal o para lavar losutensilios de comer.ImpunidadContinuaron los juicios contra varios agentes depolicía acusados de tortura y otros malos tratosdurante las manifestaciones postelectorales de abrilde 2009. El 2 de marzo de 2011, Valentin Zubic, exviceministro del Interior, fue acusado de conductaindebida en relación con los hechos. Durante eldebate sobre Moldavia del examen periódicouniversal del Consejo de Derechos Humanos de laONU, un representante del gobierno informó de quese habían presentado 100 denuncias tras lossucesos, de las que 57 habían dado lugar ainvestigaciones formales, 27 a procesamientosy sólo 2 a sentencias condenatorias. El 27 de octubre, dos agentes de policía acusados degolpear a Anatol Matasaru durante los sucesos de abrilde 2009 fueron absueltos en apelación. Anteriormentehabían sido condenados a penas condicionales. AnatolMatasaru, detenido el 8 de abril de 2009 tras lasmanifestaciones, había denunciado que los agentes dela Jefatura de Policía de Chişinău lo habían golpeado yobligado a lamerles las botas.Juicios injustosEn su informe al Consejo de Derechos Humanos de laONU con motivo del examen periódico universal, laOficina del Defensor del Pueblo de Moldavia señalóque el 25 por ciento de todas las denuncias recibidaspor la institución se referían a juicios sin las debidasgarantías. Las más frecuentes se debían a demoras ala hora de examinar los casos en un plazo razonable,limitaciones de acceso a abogados competentes,incumplimiento de las decisiones judiciales yviolaciones de las normas de procedimiento por partede los tribunales. Según una encuesta realizada enmayo por el Instituto para la Política Pública, sóloel 1 por ciento de los encuestados tenía absolutaconfianza en el sistema de justicia, mientras queel 42 por ciento no tenía ninguna.El 3 de noviembre, el Parlamento aprobó unambicioso paquete de medidas dirigidas a reformar elsistema judicial, la policía y las fiscalías. Las reformasincluían incrementar la eficacia e independencia delpoder judicial, adecuar la función de los fiscales a lanormativa europea, mejorar la asistencia jurídicagratuita, reducir la corrupción y mejorar el respeto porlos derechos humanos.DiscriminaciónEn febrero se presentó ante el Parlamento unproyecto de ley sobre la discriminación, pero al finaldel año aún no había sido aprobado. Persistió laoposición a una disposición de la ley que prohibía ladiscriminación basada en la orientación sexual. La leyno establecía mecanismos claros de presentación dequejas ni sanciones adecuadas.Minorías religiosasEn septiembre, el relator especial de la ONU sobre lalibertad de religión o de creencias informó de que losmiembros de las minorías religiosas sufríanintimidación y vandalismo por parte de los seguidoresde la iglesia ortodoxa, y criticó la Ley de ConfesionesReligiosas de 2007 por “la especial importancia y elpapel predominante” que confería a la iglesiaortodoxa moldava, situación que había dado lugar a ladiscriminación de otras confesiones. En marzo, tras más de un decenio de ver denegadasu inscripción en el registro, la Liga Islámica de laRepública de Moldavia pudo registrarse comoorganización religiosa pese a la oposición de la iglesiaortodoxa.República de TransdniésterLa autoproclamada República de Transdniéster siguiósiendo un enclave diferenciado dentro de Moldavia,pero sin reconocimiento internacional. El 5 de febrero, Ernest Vardanean fue indultado porel presidente de Transdniéster. Había sido condenadoen 2010 a 15 años de cárcel por “traición en forma deespionaje” tras un juicio injusto. Ostap Popovschii fue detenido por la policía el 29 dejunio en Tiraspol en relación con delitos de drogas.Según informes, tras su detención los agentes logolpearon para obligarlo a firmar la confesión de undelito que aseguraba no haber cometido, y volvieron agolpearlo para que renunciara a los servicios de unabogado. Se le denegó la asistencia médica a pesar deque padecía bronquitis crónica y asma. El 29 de julio,un tribunal lo condenó a 15 años de cárcel. Suscondiciones de reclusión en prisión preventiva fueronconstitutivas de malos tratos: la celda subterránea en laque estuvo preso, concebida para 6 personas,albergaba a 19 detenidos, que permanecían recluidossin luz natural ni ventilación, no tenían ropa de cama yMInforme 2012 Amnistía Internacional309

Mtenían que dormir en el suelo de cemento. OstapPopovschii tenía acceso a la ducha dos veces al mes.Cuando sufría ataques de asma lo sacaban al pasillo,pero no le prestaban asistencia médica. Al final del añoestaba ingresado en un hospital penitenciario, peroseguía sin recibir asistencia adecuada.Justicia internacionalEn enero entró en vigor para Moldavia el Estatuto deRoma de la Corte Penal Internacional. Pero al términodel año el Estado no había ratificado el Acuerdo sobrelos Privilegios e Inmunidades de la Corte asociado alEstatuto, ni había tomado medidas para poner lalegislación nacional en consonancia con lasdisposiciones del Estatuto.MONGOLIAMONGOLIAJefe del Estado:Tsakhia ElbegdorjJefe del gobierno:Batbold SukhbaatarPena de muerte:retencionistaPoblación:2,8 millonesEsperanza de vida:68,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 28,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:97,5 por cientoEl Parlamento continuó debatiendo la abolición de lapena de muerte, aunque en 2010 se había declaradouna moratoria en su aplicación. No se registrabanejecuciones desde 2009. La impunidad por torturasy otros malos tratos seguía siendo generalizada.Según informes, la corrupción en el sistema judicialera habitual.Información generalA finales de 2010, la fiscalía había reabierto lasinvestigaciones sobre los casos de cuatro mandos dela policía acusados de autorizar el uso de municiónreal para reprimir disturbios ocurridos en Ulaanbaatarel 1 de julio de 2008. La investigación inicial no habíadado lugar a procesamientos.Bat Khurts, director ejecutivo del Consejo Nacionalde Seguridad de Mongolia, que había sido detenidoen el aeropuerto londinense de Heathrow en 2010,fue extraditado a Alemania en agosto de 2011. Sinembargo, en septiembre quedó en libertad, al anularel Tribunal Superior Federal alemán la orden dedetención dictada contra él en relación con elsecuestro en Francia del ciudadano mongol EnkhbatDamiran en 2003. Según el fallo del Tribunal Superiorde Reino Unido, en enero las autoridades mongolasenviaron a la Fiscalía General alemana una carta enla que afirmaban que el detenido había participadoen el secuestro. En septiembre, Bat Khurts regresó asu país, y posteriormente fue nombrado subjefe de laAutoridad Independiente contra la Corrupciónde Mongolia.ImpunidadSegún la información disponible, las denuncias detortura y otros malos tratos a manos de funcionariosencargados de hacer cumplir la ley nodesembocaban en condenas. Al igual que en añosanteriores, el gobierno no hizo pública información niestadísticas sobre investigaciones, enjuiciamientos ycondenas de funcionarios encargados de hacercumplir la ley acusados de tortura y otros malostratos.Pena de muerteNo hubo ejecuciones. Según el Tribunal Supremo deMongolia, cada vez se recurría menos a la aplicaciónde la pena de muerte. El presidente conmutó por 30años de prisión todas las condenas a muerte de laspersonas que habían solicitado el indulto. ElParlamento no sometió a votación la ratificación delSegundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacionalde Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir lapena de muerte.Tortura y otros malos tratosEn mayo, el gobierno aprobó una resolución sobre laaplicación de las recomendaciones formuladas porórganos de vigilancia de los tratados de la ONU, queincluía planes para reformar el Código Penal a fin dedefinir la tortura como delito, conforme a loestablecido en la Convención de la ONU contra laTortura. Según parecía, el grupo de trabajo encargadode redactar las modificaciones del Código Penal,creado en el Ministerio de Justicia e Interior en 2010,apenas había hecho avances. El centro de prisiónpreventiva 461, abierto a comienzos de 2011, teníacámaras de vídeo en las salas de interrogatorio, pero310 Informe 2012 Amnistía Internacional

no había salvaguardias ni procedimientos suficientespara vigilar y prevenir el uso indebido de estematerial. El grupo de trabajo creado en junio de 2010 por laSubcomisión de Derechos Humanos del Parlamentocontinuó investigando las denuncias de tortura y otrosmalos tratos sufridos por Enkhbat Damiran y suabogado. Enkhbat Damiran había sido secuestrado enFrancia en 2003 y llevado a Mongolia, donde loacusaron del asesinato de Zorig Sanjaasuren,destacado político y activista en favor de la democracia.Enkhbat Damiran afirmó que había sido torturado bajocustodia. Murió en 2007. Su abogado, LodoisambuuSanjaasuren (apellidado como la víctima pero noemparentado con ella), también fue detenido ydeclarado culpable de revelar secretos de Estado.Juicios injustosAbogados y funcionarios públicos manifestaron aAmnistía Internacional que en los tribunales existíacorrupción y que los juicios sin garantías –porfactores como la admisión como prueba deconfesiones obtenidas mediante tortura– eranhabituales. El nuevo centro de prisión preventiva 461y otros similares carecían de procedimientos quegarantizasen la privacidad de las entrevistas conlos abogados.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Mongolia en octubre.MONTENEGROMONTENEGROJefe del Estado:Filip VujanovićJefe del gobierno:Igor LuksićPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:0,6 millonesEsperanza de vida:74,6 añosMortalidad infantil (‹5 años): 9 por cada 1.000Se pronunciaron sentencias por crímenes de guerraque no eran conformes al derecho internacional. Sedespenalizó la difamación. La población romaníprocedente de Kosovo seguía careciendo dedocumentos de identidad.Información generalEn diciembre, el Consejo Europeo decidió que lasnegociaciones sobre la adhesión de Montenegro a laUnión Europea podían comenzar en junio de 2012, ysolicitó a la Comisión Europea que informase sobre laaplicación de medidas relacionadas con el Estado dederecho y los derechos fundamentales, como la luchacontra la corrupción y la delincuencia organizada.Justicia internacionalSe pronunciaron sentencias por crímenes de guerraque no eran conformes al derecho internacionalhumanitario y de los derechos humanos. Raramentese dictaba acta de acusación formal contra altoscargos. En abril comenzó la repetición del juicio de seisex reservistas del Ejército Nacional Yugoslavo queen 2010 habían sido declarados culpables de crímenesde guerra por el trato infligido a prisioneros de guerraen el campo de Morinj entre 1991 y1992. El nuevojuicio se celebró tras un recurso presentado por el fiscalalegando que el tribunal no había tomado enconsideración los cargos de crímenes de guerra contraciviles detenidos en Morinj que también habían sufridotortura y trato inhumano. En junio se presentaron recursos de apelacióncontra la absolución en marzo de nueve ex policías yautoridades del gobierno que al parecer habíanparticipado en la desaparición forzada de 79refugiados bosniacos en mayo y junio de 1992. Habíansido absueltos de crímenes de guerra debido a unainterpretación deficiente del derecho internacionalhumanitario por parte del Tribunal Superior dePodgorica. También en junio se anuló en la fase de apelaciónuna sentencia de diciembre de 2010 que absolvía asiete reservistas de la policía y el ejército de cargos decrímenes de lesa humanidad por malos tratossistemáticos infligidos a civiles bosniacos en Bukovicaentre 1992 y 1993.Tortura y otros malos tratosEn julio se aprobó la Ley del Defensor del Pueblo, quefacultaba a la Oficina del Defensor del Pueblo paraactuar como mecanismo nacional de prevención, concompetencias para realizar visitas a centros deMInforme 2012 Amnistía Internacional311

Mdetención sin previo aviso, conforme a lo establecidoen el Protocolo Facultativo de la Convención de laONU contra la Tortura. Ese mismo mes, el defensordel Pueblo informó de que en casi todas lascomisarías había hacinamiento y condiciones dedetención deficientes. En noviembre, el Ministerio deJusticia autorizó a seis ONG a mantener bajoobservación prisiones y otras instituciones paradeterminar la existencia de posibles violaciones dederechos humanos, incluida tortura y otros malostratos. La dirección de la prisión de Spuž sólo sancionóa 3 de los 15 funcionarios penitenciarios identificadosen un vídeo de seguridad en el que se veía cómosometían a malos tratos a los presos Igor Milić y DaliborNikezić en 2009.Homicidios ilegítimosEn mayo, el agente de policía Zoran Bulatović disparóy mató a Aleksandar Pejanović, aparentemente trasuna discusión. Al finalizar el año no había concluidoel juicio.Libertad de expresiónEn junio se despenalizó la difamación; en marzo, elTribunal Supremo había resuelto que lacompensación no pecuniaria en estos casos no debíaser superior a lo establecido por el Tribunal Europeode Derechos Humanos. El colectivo de periodistascontinuó recibiendo amenazas. En julio y agosto se registraron tres incendiosprovocados de cuatro automóviles de empresapertenecientes al diario Vijesti.En junio, el Tribunal Administrativo anuló la decisiónadoptada por el Ministerio de Justicia en 2010 deprohibir que la ONG Human Rights Action accediese ainformación acerca de la instrucción de 14 causassobre derechos humanos. Sin embargo, en diciembrela organización aún no había recibido la información.Las causas incluían ataques y homicidios políticos noresueltos cuyas víctimas eran periodistas y defensoresde los derechos humanos.DiscriminaciónEn agosto, la Oficina del Defensor del Pueblocomenzó a examinar las denuncias presentadas conarreglo a la Ley contra la Discriminación, pero carecíade personal con experiencia. En 2011 se presentaron20 denuncias.Lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEn marzo, unos jóvenes arrojaron gas lacrimógeno enun concierto contra la homofobia; posteriormente,dos personas fueron agredidas. Los organizadores dela Marcha del Orgullo Gay y Lésbico, prevista paramarzo en Podgorica, cancelaron su celebración; elministro de Derechos Humanos y de las Minorías sehabía negado a apoyarla y continuaba haciendocomentarios homófobos. Al finalizar el año fuedestituido.RomaníesBasándose en datos extraídos del censo nacional, elACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados,calculaba que al menos 4.312 personas corríanpeligro de convertirse en apátridas; 1.600 de ellaseran fundamentalmente refugiados romaníes.La Comisión Europea consideró que la aplicaciónde la Estrategia para Mejorar la Situación de laPoblación Romaní, Ashkalí y Egipcia constituía unaprioridad para Montenegro, pero los municipiosactuaron con lentitud a la hora de utilizar los fondosasignados a viviendas para romaníes.Personas refugiadasy solicitantes de asiloAproximadamente 9.367 personas desplazadasinternamente continuaban en Montenegro,incluidos 2.994 romaníes y ashkalíes de Kosovo,y 3.504 desplazados de Bosnia y Herzegovina yCroacia. Sólo 54 regresaron a Kosovo en 2011.Hasta el 29 de diciembre, 3.780 personasdesplazadas internamente solicitaron la condición de“extranjero con residencia permanente”, que seconcedió en 1.957 casos. Sólo unos 150 romaníes deKosovo la solicitaron antes de noviembre, fecha límiteinicial, que posteriormente se amplió a diciembrede 2012; muy pocos tenían los documentos deidentidad, incluidos pasaportes, necesarios paraobtener la residencia.Conforme a lo establecido en el Plan de Acciónacordado con la Comisión Europea, destinado aofrecer soluciones perdurables para los romaníes yashkalíes de Kosovo, se elaboraron planes paradesmantelar los campos de Konik, en Podgorica,y sustituirlos por viviendas adecuadas.Sólo se concedió protección subsidiaria a 3 de las235 personas que solicitaron asilo, procedentesfundamentalmente del norte de África.312 Informe 2012 Amnistía Internacional

Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Montenegro en diciembre.MOZAMBIQUEREPÚBLICA DE MOZAMBIQUEJefe del Estado:Armando GuebuzaJefe del gobierno:Aires Bonifacio Baptista AliPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:23,9 millonesEsperanza de vida:50,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 141,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:55,1 por cientoHubo violaciones de derechos humanos, cometidaspor funcionarios encargados de hacer cumplir la ley,contra migrantes y solicitantes de asilo. Un agentede policía fue declarado culpable de un asesinatocometido en 2007, pero no se concedióindemnización a la familia de la víctima. Seregistraron varios casos de uso ilegítimo de la fuerzapor parte de la policía, algunos de ellos con resultadode muerte. Continuaron los informes de tortura yotros malos tratos infligidos en centrospenitenciarios.Información generalEn febrero se evaluó el historial de derechos humanosde Mozambique en virtud del examen periódicouniversal de la ONU, y en junio se adoptó el informefinal del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.Mozambique aceptó 131 recomendacionesformuladas durante el examen periódico universal yafirmó que muchas de ellas habían sido yaimplementadas o estaban en fase de implementación.Entre éstas figuraban las recomendaciones relativas ainvestigar todos los casos de detención arbitraria,tortura y otros malos tratos y de uso excesivo de lafuerza por parte de la policía, y poner a losresponsables a disposición de la justicia.En marzo, el ex ministro del Interior AlmerinoManhenje fue condenado a dos años de cárcel por elTribunal Municipal de Maputo por ilegalidadpresupuestaria, pagos indebidos y abuso de poder.Los cargos guardaban relación con decisionespresupuestarias ilegítimas y con la gestión incorrectade gastos durante el periodo en que AlmerinoManhenje ocupó el cargo de ministro del Interior en2004. El ex director y el subdirector del Departamentode Asuntos Económicos del Ministerio también fueroncondenados a dos años de cárcel en la misma causa.En abril, miembros de las fuerzas especiales delprincipal partido de oposición, Resistencia Nacionalde Mozambique (RENAMO), dispararon contraagentes de policía en un aeropuerto de Sofala en elque se realizaban obras de renovación con motivo deuna próxima visita del presidente Guebuza. Losguardias exigían la paralización de todas las obrashasta que el partido gobernante, Frente de Liberaciónde Mozambique (FRELIMO), accediese a mantenerconversaciones con RENAMO. Afonso Dhlakama,presidente de RENAMO, amenazó con provocardisturbios con el objetivo de derrocar a FRELIMO.En septiembre se seleccionó a 25 jueces para losTribunales Superiores de Apelación, establecidos conel objetivo de descargar de trabajo al TribunalSupremo, que hasta entonces era el único tribunal deapelación. Al terminar el año no se habíanintroducido sistemas para el funcionamiento de losnuevos tribunales.A decenas de personas, en su mayoría de edadavanzada, las mataron tras acusarlas de brujería. Elincidente con mayor número de víctimas de taleshomicidios del que se tuvo noticia ocurrió en laprovincia de Inhambane, en el sur del país, donde almenos 20 ancianos perdieron la vida entre agosto yseptiembre.Personas migrantes, refugiadasy solicitantes de asiloHubo agentes de fronteras y funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley que fueron responsables deviolaciones de derechos humanos contra solicitantesde asilo y migrantes indocumentados. Miles desolicitantes de asilo y migrantes indocumentados –ensu mayoría somalíes y etíopes– entraron en el país através de Tanzania entre enero y julio. Muchos deellos denunciaron haber sido golpeados por agentesde fronteras y policías que les robaron suspertenencias, los obligaron a desnudarse y losabandonaron en islas en el río Rovuma. Otrosafirmaban que la policía naval había volcado lasembarcaciones en las que llegaron.MInforme 2012 Amnistía Internacional313

M Un solicitante de asilo procedente del Cuerno deÁfrica llegó a Mocímboa da Praia, provincia de CaboDelgado, en barco junto con unas 300 personas.Cuando los funcionarios encargados de hacer cumplirla ley intentaron empujar de nuevo la embarcaciónhacia el mar, ésta se volcó y al menos 15 personas seahogaron. El solicitante de asilo fue rescatado yexpulsado después a Tanzania, pero logró entrar denuevo en Mozambique por una ruta distinta. Unosagentes de la ley lo encontraron y lo golpearon antes deque, finalmente, pudiera llegar al campo de refugiadosde Maratane, en Nampula, tras haber caminadounos 695 kilómetros desde la frontera. El 29 de abril se tuvo noticia de que al menos cuatrosolicitantes de asilo somalíes habían muerto a manos deagentes encargados de hacer cumplir la leymozambiqueños, que luego habían arrojado sus cuerposal río Rovuma, cuando intentaban cruzar a Mozambiquedesde Tanzania. A pesar de las peticiones del ACNUR, laagencia de la ONU para los refugiados, no parecía que sehubiera llevado a cabo investigación alguna.Uso excesivo de la fuerzay homicidios ilegítimosComo en años anteriores, la policía usó fuerzaexcesiva, y en ocasiones armas de fuego, contrapresuntos delincuentes. Muchos casos tuvieron comoresultado lesiones graves o la muerte. Un policía fuedeclarado culpable del homicidio de un hombre,cometido en noviembre de 2007. Sin embargo,continuaban sin resolverse la mayoría de los casos deviolaciones de derechos humanos cometidas en elpasado por la policía, incluidos los relacionados conel uso excesivo de la fuerza durante lasmanifestaciones de 2009 y 2010, en las que la policíadisparó con fuego real. En la noche del 14 de enero, Angelo Juiz Nhancuanaestaba tomando una bebida en la ciudad de Maputocuando un tío suyo llegó junto con dos agentes depolicía, a quienes exigió que lo detuvieran por haberrobado un ordenador. Angelo Nhancuana accedió aacompañar a los policías, pero se negó a que loesposaran. Uno de los agentes lo golpeó en la cabezacon su pistola y le disparó en un brazo cuando cayó.Angelo Nhancuana estuvo hospitalizado durante unmes, y se le informó de que no se iba a entablar causaalguna contra la policía, ya que el arma se habíadisparado accidentalmente. El caso se reabrió tras laintervención del abogado de Angelo Nhancuana. En la madrugada del 5 de marzo, la policía disparó ymató a Hortêncio Nia Ossufo en su domicilio deMuatala, Nampula. Un testigo presencial contradijo laversión ofrecida por la policía, que sostenía que habíanintentado inmovilizar a Hortêncio Ossufo cuando éstetrataba de huir, y afirmó que lo habían matadodeliberadamente en un caso de confusión deidentidad. El 22 de marzo, un agente de policía fue condenadoa cuatro años de cárcel por el Tribunal Provincial deInhambane por matar a Julião Naftal Macule ennoviembre de 2007. No se presentaron cargos contraninguno de los otros nueve agentes policiales queparticiparon en la operación.Tortura y otros malos tratosContinuaron los informes de tortura y otros malostratos infligidos a presos, algunos de ellos después deintentos de fuga. El 24 de septiembre, dos reclusos murieron debido alas heridas sufridas en el centro de detención de Quintado Girassol, provincia de Zambezia, tras ser golpeadospor un guardia penitenciario con palos, piedras yladrillos. Al parecer, los presos habían sido capturadoscuando intentaban fugarse.Sistema de justiciaEl acceso a la justicia seguía constituyendo un desafíopara la mayoría de los ciudadanos debido a los costosy otros obstáculos. A pesar de una ley que eximía alas personas indigentes de pagar tasas judiciales,muchos jueces seguían insistiendo en el pago dedichas tasas incluso a las personas que presentabanun certificado de pobreza.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Mozambique del 26 de septiembreal 1 de noviembre. Mozambique: Amnesty International urges investigation into cases ofextrajudicial executions, arbitrary detention, torture and ill-treatment andexcessive use of force (AFR 41/002/2011)314 Informe 2012 Amnistía Internacional

MYANMARREPÚBLICA DE LA UNIÓN DE MYANMARJefe del Estado y del gobierno:Thein Sein(sustituyó al general Than Shwe,ex jefe del Estado, en marzo)Pena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:48,3 millonesEsperanza de vida:65,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 71,2 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:92 por cientoEl gobierno implantó reformas políticas yeconómicas limitadas, pero las violaciones dederechos humanos y del derecho internacionalhumanitario en zonas habitadas por minorías étnicasaumentaron durante el año. Algunas constituyeroncrímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra.Los desplazamientos forzados llegaron a la cota másalta del último decenio, y los informes sobre trabajoforzoso alcanzaron el máximo nivel en varios años.Las autoridades mantuvieron las restricciones a lalibertad de religión y creencias, y los responsables deviolaciones de derechos humanos gozaron deimpunidad. A pesar de que al menos 313 personasencarceladas por motivos políticos quedaron enlibertad a lo largo del año, las autoridadescontinuaron deteniendo a personas por esas razonesy vulneraron aún más sus derechos al someterlas amalos tratos y recluirlas en condiciones deficientes.Información generalEl Parlamento de Myanmar, elegido en noviembrede 2010, se reunió el 31 de enero y votó a Thein Seincomo presidente del gobierno –el primero de caráctercivil en decenios– que se formó el 30 de marzo. Enjulio y agosto, la líder de la oposición Daw Aung SanSuu Kyi salió de Yangón por primera vez desde 2003.Se reunió con el ministro de Trabajo Aung Gyi encuatro ocasiones a lo largo del año y con elpresidente Thein Sein en agosto. A comienzos de esemes, el gobierno llevó a cabo una serie de reformaspolíticas y económicas limitadas. Dejó en libertad almenos a 313 personas encarceladas por motivospolíticos, relajó ligeramente la censura sobre losmedios de comunicación, aprobó mejoras en lalegislación laboral y creó la Comisión Nacional deDerechos Humanos. En septiembre, alegando laoposición interna al proyecto, el gobierno suspendióla construcción del polémico embalse de Myitsone,respaldado por China, en el estado de Kachin. Segúninformes, también dejó de exigir que los gruposarmados de minorías étnicas se convirtiesen enFuerzas de Guardas de Fronteras oficiales. Ennoviembre, la Liga Nacional para la Democracia volvióa registrarse como partido político, y su líder AungSan Suu Kyi anunció su intención de presentarsecomo candidata al Parlamento en las eleccionesparciales de 2012. Ese mismo mes, el Parlamentotambién aprobó una ley que permitía las protestaspacíficas en determinadas condiciones.Conflicto armado internoLa intensidad del conflicto armado que se inició en elestado de Kayin (Karen) y la región de Tanintharyi afinales de 2010 fue en aumento a lo largo del año. Enmarzo, el conflicto entre el ejército de Myanmar ydiversos grupos armados de minorías étnicas seintensificó en el estado de Shan. En junio, el ejércitorompió el alto el fuego con el Ejército IndependentistaKachin, en el estado de Kachin, que se habíaprolongado durante 17 años. En los estados de Kayah(Karenni) y Mon continuaron o se reanudaronconflictos de menor envergadura.En todos estos conflictos, el ejército de Myanmarlanzó ataques indiscriminados que provocaronvíctimas civiles, y en ocasiones atacó directamente aciviles de minorías étnicas. Según informes creíbles,en el estado de Kayin y en zonas limítrofes de lasdivisiones de Bago y Tanintharyi el ejército recurrió areclusos para utilizarlos como porteadores, escudoshumanos y en la remoción de minas. Según fuentesprocedentes del estado de Kachin, en esa zona seregistraron ejecuciones extrajudiciales, muertes demenores de edad en bombardeos indiscriminados,trabajos forzosos, y destrucción o confiscaciónilegítima de bienes y alimentos. Los civiles shanfueron víctimas de tortura, detención arbitraria ytraslado forzoso, y, según informes, hubo civiles deetnia shan y kachin que sufrieron agresiones sexualesa manos de soldados. En agosto, grupos armados deminorías étnicas, algunos de los cuales habíancometido abusos, rechazaron la oferta del gobiernode mantener negociaciones entre cada grupo armadoy el gobierno regional pertinente, en vez de entre unaalianza de estos grupos y el gobierno federal. Sinembargo, varios grupos acordaron ceses deMInforme 2012 Amnistía Internacional315

Mhostilidades con el ejército a lo largo del año. Enseptiembre, el ejército intensificó los combates en losestados de Kachin y Shan, vulnerando el derechointernacional humanitario y de los derechoshumanos. Algunos de estos actos constituyeroncrímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. El 7 de junio, una niña de siete años murió en lalocalidad de Mae T’lar, en el municipio de Kawkareik,estado de Kayin, cuando el ejército bombardeó lalocalidad con morteros. El 16 de junio, unos soldados que se encontraban enel municipio de Hsipaw, estado de Shan, dispararon ymataron a tres civiles: un hombre de 35 años, unamujer de 70 y una niña de 13. El 18 de septiembre, en el municipio de Kyethi,estado de Shan, unos soldados obligaron a comomínimo 10 monjes locales a actuar como escudoshumanos durante una operación de entrega desuministros a otras tropas que se hallaban en la zona. El 12 de octubre, una niña de 16 meses murió acausa de los disparos indiscriminados de soldados queirrumpieron en una localidad del municipio de Mansi,en el distrito de Bhamo, estado de Kachin. Desde el 28 de octubre, y durante varios días, unamujer kachin de 28 años estuvo detenida y fue víctimade violación colectiva por parte de soldados en lalocalidad de Hkai Bang, distrito de Bhamo, municipiode Sub-Loije, estado de Kachin. El 12 de noviembre, soldados del ejército deMyanmar ejecutaron extrajudicialmente a cuatrocombatientes del Ejército Independentista Kachincapturados y torturaron a otros cuatro en la localidadde Nam Sang Yang, municipio de Waingmaw,estado de Kachin.Desplazamientos forzadosy personas refugiadasLos enfrentamientos en zonas habitadas por minoríasétnicas provocaron el desplazamiento deaproximadamente 30.000 personas en el estado deShan y de una cantidad similar en el estado deKachin o cerca de él. En la mayoría de los casos, elejército de Myanmar las obligó a abandonar sus casasy tierras. La mayoría de las personas o familias nopodían o no querían marcharse de Myanmar, por loque se convirtieron en desplazados internos. Además,unas 36.000 personas ya habían quedadodesplazadas en el estado de Kayin. Según informes,durante los 12 meses previos al mes dejulio, 112.000 se vieron obligadas a abandonar sushogares en Myanmar, la cifra más elevada de losúltimos 10 años. En marzo, el ejército obligó a unas 200 familias delmunicipio de Nansang, estado de Shan, a cambiar deresidencia, como parte de los preparativos para laconstrucción de una nueva base de mando regional. En abril, unos soldados incendiaron unas 70 casasen siete localidades del municipio de Mong Pieng,estado de Shan, acusando a los residentes de apoyar aun grupo armado. En mayo, 1.200 refugiados del municipio de KyainSeikgyi, en el estado de Kayin, huyeron a Tailandia.En muchos casos, las autoridades impidieron quelos organismos de ayuda humanitaria entrasen en laszonas afectadas por el conflicto y pudieran llegar adecenas de miles de personas desplazadas por loscombates o el ejército, sobre todo en los campos dela frontera de Myanmar con China. En el estado deChin y otras zonas habitadas por minorías étnicas, elgobierno conservaba procedimientos administrativosprolongados y complejos para obtener permisos deviaje, tanto para los organismos de ayuda humanitariaya presentes en la zona como para los que solicitabanautorización para trabajar en el país por primera vez.La minoría étnica rohingya continuó sufriendodiscriminación y represión, fundamentalmente en elestado de Rajine, y sus integrantes seguían sin serreconocidos como ciudadanos. Como consecuencia,muchos de ellos continuaban abandonando Myanmarpor su cuenta o eran sacados del paísclandestinamente, bien por tierra hacia Bangladesho en embarcaciones durante la “temporada de vela”,en los primeros y últimos meses del año.Trabajo forzosoEn junio, la Organización Internacional del Trabajo(OIT) señaló que no se habían registrado “progresossustantivos” en el cumplimiento de lasrecomendaciones sobre trabajo forzoso formuladaspor su Comisión de Encuesta en 1998. El 12 deagosto, el ministro de Información Kyaw Hsan afirmóque en Myanmar “apenas existía trabajo forzoso”. Ennoviembre, la OIT afirmó que, desde marzo, lasdenuncias sobre trabajo forzoso en Myanmar habíanaumentado hasta llegar a una media de 30 al mes, encomparación con las 21 denuncias mensualesregistradas durante ese mismo periodo en 2010, las10 al mes de 2009 y las 5 al mes tanto en 2008316 Informe 2012 Amnistía Internacional

como en 2007. Aproximadamente el 75 por ciento deestas denuncias estaban relacionadas con elreclutamiento de menores de edad para el ejército, yel resto tenía que ver con la trata de personas confines de trabajo forzoso y con el trabajo forzoso en lasfuerzas armadas. Los sindicalistas y presos políticosU Thurein Aung, U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U KyawKyaw, U Kyaw Win y U Myo Min continuabanencarcelados, al igual que otros 16, según informes. En octubre, las fuerzas de seguridad de fronterasde Myanmar obligaron a habitantes del municipio deMaungdaw, en el estado de Rajine, a realizar trabajosde construcción en un campamento militar. Según los informes, en agosto y principios deseptiembre, una autoridad gubernamental del estadode Chin ordenó a los funcionarios que realizasentrabajo forzoso manual en la capital, Hakha.Libertad de religión o creenciasTodos los grupos religiosos de Myanmar sufrieron lavulneración de su derecho a la libertad de religión. Seseguía deteniendo, sometiendo a malos tratos yhostigando a monjes budistas que participaron en lasmanifestaciones antigubernamentales de 2007.Musulmanes rohingyas fueron objeto de represión yobligados a reasentarse por motivos religiosos yétnicos. Se destruyeron o trasladaron lugares de cultocristianos. El 9 de agosto, unos soldados incendiaron elmonasterio de Mong Khawn, en el municipio de Mansi,estado de Kachin, porque, al parecer, sospechabanque los monjes habían prestado apoyo al EjércitoIndependentista Kachin. El 10 de septiembre, las autoridades de la localidadde Htantlang, en el municipio de Htantlang, estado deChin, prohibieron a un predicador cristiano de etniachin que hablase en una iglesia local y le ordenaronque abandonase la zona. El 14 de octubre, las autoridades del municipio deHpakant, en el estado de Kachin, establecieron que lasiglesias cristianas locales debían solicitar autorizacióncon un mínimo de 15 días de antelación para llevar acabo muchas de sus actividades religiosas. El 6 de noviembre, unos soldados abrieron fuegosobre una iglesia cristiana de la localidad de MukChyik, en el municipio de Waingmaw, estado deKachin, e hirieron a varios fieles.ImpunidadSeguían sin ser procesados militares y funcionariosdel Estado que cometieron violaciones de derechoshumanos, algunas de ellas de forma sistemática ygeneralizada. El artículo 445 de la Constituciónde 2008 establecía la impunidad total por lasviolaciones de derechos humanos cometidas en elpasado. En septiembre, el presidente nombró unaComisión Nacional de Derechos Humanos con elmandato de, entre otras cosas, recibir e investigar lasdenuncias relacionadas con los derechos humanos,pero el sistema de justicia de Myanmar seguíamostrando ausencia de imparcialidad e independenciacon respecto al gobierno. En enero, el gobierno afirmóque no eran “habituales los casos de impunidad porviolaciones de derechos humanos” en Myanmar.Personas detenidas por motivos políticosEn mayo, el gobierno de Myanmar dejó en libertadal menos a 72 presos políticos, al aplicar unareducción de un año a todas las condenas a prisiónen el país. Otros 241 presos políticos quedaron enlibertad en octubre. Sin embargo, pocas de laspersonas que recuperaron la libertad pertenecían aminorías étnicas. Continuaron recluidas por motivospolíticos más de 1.000 personas, algunas de lascuales eran presos de conciencia, pero la opacidaddel sistema penitenciario de Myanmar, lasdiscrepancias en la definición de preso político y lascontinuas detenciones impidieron conocer las cifrasreales. En febrero, un tribunal condenó a Maung MaungZeya, periodista de Democratic Voice of Burma –unmedio de comunicación radicado en el extranjero–a 13 años de prisión por actividades pacíficas. El 26 de agosto, Nay Myo Zin, ex oficial de las fuerzasarmadas y miembro de un grupo de donación desangre afín a la Liga Nacional para la Democracia, fuecondenado a 10 años de cárcel por ejercerpacíficamente su derecho a la libertad de expresión. El 14 de septiembre, Sithu Zeya, periodista deDemocratic Voice of Burma que ya se encontrabacumpliendo una condena de 8 años de prisión, fuecondenado a otros 10 años con arreglo a la Ley deTransacciones Electrónicas.Las personas recluidas por motivos políticosseguían siendo objeto de penas crueles, inhumanas ydegradantes, y sufriendo condiciones penitenciariassumamente deficientes.MInforme 2012 Amnistía Internacional317

M En febrero, Htet Htet Oo Wei, afectada por diversosproblemas de salud, quedó recluida en régimen deaislamiento, según informes porque hacía demasiadoruido. No le permitían recibir paquetes ni visitas defamiliares. En febrero, las autoridades de la prisión de Insein, enYangón, recluyeron al preso político Phyo Wei Aungen régimen de aislamiento durante un mes porque sequejó acerca de compañeros internos que acosaban aotros presos. En mayo, al menos 20 personas encarceladas pormotivos políticos en la prisión de Insein iniciaron unahuelga de hambre en protesta por el número limitadode excarcelaciones de presos políticos autorizadas porel gobierno ese mes y para exigir mejores condicionespenitenciarias. Como castigo, a siete presos losrecluyeron en celdas para perros. En julio, las autoridades de la prisión de Monywa, enla división de Sagaing, retiraron los derechos de visita aNobel Aye (también conocida como Hnin May Aung)por instar a varios altos cargos a que retiraran unasrecientes declaraciones en las que afirmaban que enMyanmar no había presos políticos. En octubre, 15 presos políticos de la prisión deInsein iniciaron una huelga de hambre para protestarcontra la negativa a conceder beneficios de reducciónde condena a las personas encarceladas por motivospolíticos, a diferencia de lo que ocurría con lasrecluidas por delitos comunes. Según informes, aalgunos huelguistas no les permitieron beber agua y lossometieron a otros malos tratos. Ocho de ellos fueronrecluidos en celdas para perros. En octubre se tuvieron noticias de que U Gambira,monje budista y líder de las manifestacionesantigubernamentales de 2007, se encontrabagravemente enfermo y estaba recluido en régimen deaislamiento. Llevaba un tiempo sufriendo dolores decabeza, posiblemente a consecuencia de las torturassufridas en prisión en 2009. Según informes, lasautoridades penitenciarias le inyectaban fármacossedantes periódicamente.Escrutinio internacionalEn enero, Myanmar se sometió al examen periódicouniversal de la ONU, en el que se evaluó su historialen materia de derechos humanos. En marzo, Letoniay Dinamarca sumaron su apoyo a la creación de unacomisión de investigación de la ONU sobre crímenesde derecho internacional en Myanmar, lo que elevóa 16 el número de países que apoyaba la iniciativa.A pesar de que la Asociación de Nacionesdel Sudeste Asiático (ASEAN) había pedido en eneroque se levantasen las sanciones económicasimpuestas a Myanmar, la Unión Europea y EstadosUnidos ampliaron sus sanciones. Sin embargo, enabril la Unión Europea suavizó las restricciones deviaje contra 24 altos cargos myanmaros. En mayo yoctubre, el asesor especial del secretario general de laONU sobre Myanmar visitó el país.El presidente Thein Sein visitó China en mayo eIndia en octubre. En agosto visitó el país el relatorespecial de la ONU sobre los derechos humanos enMyanmar, al que se había denegado el visado unosmeses antes y también en 2010. El representanteespecial y coordinador de políticas de Estados Unidossobre Birmania visitó el país en septiembre, octubre ynoviembre. En septiembre, por primera vezdesde 2005, el Comité Internacional de la Cruz Rojarecibió autorización para realizar un estudio técnicodirigido por personal internacional en tres prisionesde Myanmar. En noviembre, tras un año de debates,Myanmar fue designada para ocupar la presidenciade la ASEAN para 2014. En diciembre, por primeravez en más de 50 años, la secretaria de Estadoestadounidense visitó Myanmar.Informes y visitasde Amnistía Internacional No international compromise on human rights in Myanmar(ASA 16/001/2011) Amnesty International calls for the urgent establishment of aninternational commission of inquiry as Myanmar rejects recommendationsto end violations of international human rights and humanitarian law(ASA 16/004/2011) Myanmar: El gobierno debe seguir liberando presos (PRE01/522/2011)318 Informe 2012 Amnistía Internacional

NAMIBIAREPÚBLICA DE NAMIBIAJefe del Estado y del gobierno: Hifikepunye PohambaPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:2,3 millonesEsperanza de vida:62,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 47,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:88,5 por cientoSeguía sin resolverse en el Tribunal Supremo elconflicto relacionado con las elecciones a laAsamblea Nacional de 2009. Continuó el dilatadojuicio por traición de los detenidos de Caprivi. Losdefensores y defensoras de los derechos humanos,en particular los considerados críticos con elgobierno y el partido gobernante, sufrieron ataquesdel gobierno y de individuos vinculados al gobierno yal partido gobernante, la Organización del Pueblo deÁfrica del Suroeste (SWAPO).Conflicto electoralEl Tribunal Supremo aplazó la decisión sobre laapelación presentada por nueve partidos políticoscontra el fallo que desestimaba su petición de que seanularan los resultados de las elecciones a laAsamblea Nacional de 2009. Los partidos habíanpresentado su impugnación tras la violencia entrepartidos y las denuncias de que la Comisión Electoralde Namibia había cometido irregularidades.El presidente Pohamba, de la SWAPO, fue declaradovencedor en 2009 y el partido obtuvo 54 delos 72 escaños de la Asamblea Nacional.Juicio de los detenidos de CapriviSeguía sin haber indicios de que fuera a concluir eljuicio de los individuos detenidos en relación con losataques perpetrados en 1999 por el gruposecesionista Ejército de Liberación de Caprivi.La mayoría de los 112 detenidos llevabanal menos 11 años bajo custodia. La continuidad de sureclusión violaba su derecho a un juicio con garantíasy sin demoras indebidas. La muerte de Bevin JoshuaTubwikale en abril elevó al menos a 19 el número dedetenidos que habían muerto bajo custodia desdeque comenzó el juicio en 2003.Libertad de expresión, asociacióny reuniónLa policía usó fuerza excesiva para detener amanifestantes pacíficos que protestaban contra lapolítica gubernamental. El 25 de enero, agentes de lapolicía nacional y de la policía de Windhoekdispararon balas de goma y fuego real contraunos 500 taxistas que se manifestaban contra lasmultas de tráfico. Al menos cinco manifestantesresultaron heridos, entre ellos Matheus Leonard. En mayo, agentes de policía agredieron a FreddyHaixwa, presidente de la Organización Juvenil de laSabiduría (WIYO), quien encabezaba a unos 400manifestantes de la WIYO que se dirigían a oficinas delMinisterio de Juventud, Servicio Nacional, Deportesy Cultura.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos días 4 y 5 de mayo, los programas informativosde la radio y la televisión dieron cuenta de que elpresidente Pohamba había calificado de “esaminúscula organización de derechos humanos” a laorganización de derechos humanos NAMRIGHTS.También en mayo, el secretario general de la UniónNacional de Trabajadores de Namibia, EvilastusKaaronda, recibió amenazas de muerte tras reclamarsu organización el enjuiciamiento de personasacusadas de apropiación indebida de dinero delFondo de Pensiones de las Instituciones delGobierno, entre ellas altos cargos del gobierno. Unaauditoría realizada por el gobierno había confirmadoque 660 millones de dólares de Namibia(unos 74 millones de dólares estadounidenses)habían sido objeto de apropiación indebida.NInforme 2012 Amnistía Internacional319

NNEPALREPÚBLICA FEDERAL DEMOCRÁTICA DE NEPALJefe del Estado:Ram Baran YadavJefe del gobierno:Baburam Bhattarai(sustituyó en agosto a Jhala Nath Khanal,que a su vez sustituyó a Madhav Kumar Nepal en febrero)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:30,5 millonesEsperanza de vida:68,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 48,2 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:59,1 por cientoNepal continuó incumpliendo su compromiso dehacer rendir cuentas ante la ley a los responsables deabusos contra los derechos humanos. Los partidospolíticos en el gobierno socavaron activamente losfundamentos de la justicia al exigir la retirada decargos penales en centenares de casos, incluidoscasos relativos a graves violaciones de derechoshumanos cometidas durante el conflicto armado. Latortura y otros malos tratos bajo custodia policialseguían siendo habituales. La policía reprimió cadavez más el derecho de las personas refugiadastibetanas a la libertad de expresión y asociación. Lostrabajadores y trabajadoras migrantes nepalíes en elextranjero continuaron siendo objeto de explotación,incluido el trabajo forzoso. En general siguió sinponerse freno a la discriminación étnica, religiosa yde género, así como a la violencia contra las mujeresy las niñas.Información generalLa Misión de la ONU en Nepal, encargada de vigilarel Acuerdo General de Paz de 2006, concluyó susoperaciones en enero sin que se hubieran cumplidoelementos clave del Acuerdo. Jhala Nath Khanal,elegido primer ministro en febrero, presentó sudimisión el 14 de agosto al no conseguir avances enel proceso de paz, tales como acabar la redacción deuna nueva Constitución. Baburam Bhattarai,vicepresidente del Partido Comunista Unificado deNepal (Maoísta), que le sucedió en el cargo, secomprometió a llevar a buen término el mandato dela Asamblea Constituyente, prorrogado hasta el 27de mayo de 2012, y a supervisar la finalización de lanueva Constitución.Justicia transicionalEl artículo 5 del Acuerdo General de Paz de Nepalestablecía la creación de una Comisión de la Verdad yla Reconciliación para investigar las presuntasviolaciones de derechos humanos y los crímenes delesa humanidad cometidos durante el conflictoarmado. Sin embargo, la redacción del proyecto deley para la creación de la Comisión aún no habíaconcluido. El gobierno continuó realizando pagos acuenta a familias de “víctimas del conflicto”, pero nohizo efectivo el derecho de las víctimas a la verdad yla justicia.Desapariciones forzadasEl gobierno aún no había creado una comisión parainvestigar los miles de desapariciones forzadasperpetradas por las partes en el conflicto que sedesarrolló entre 1996 y 2006, a pesar de que habíaprometido hacerlo antes de septiembre.ImpunidadCon el fin de lograr un consenso político antes de laselecciones a primer ministro, el Partido ComunistaUnificado de Nepal (Maoísta) firmó un acuerdo conpartidos radicados en Terai para, entre otras cosas,retirar las acciones penales presentadas contramiembros de partidos políticos, incluidas las relativasa delitos relacionados con los derechos humanospresuntamente cometidos durante el conflicto armado.El 28 de agosto, el gobierno anunció su intención dehacer efectiva la retirada de las acciones penales, paralo que contó con el respaldo de declaracionespúblicas realizadas por el fiscal general. En mayo, defensores y defensoras de los derechoshumanos se opusieron al nombramiento de AgniSapkota como ministro de Información yComunicaciones, acusado de participar en el secuestroy asesinato del profesor Arjun Lama en 2005. El 21 dejunio, el Tribunal Supremo ordenó a la policía deldistrito de Kavre que informase sobre sus avances en lainvestigación sobre el caso, pero no llegó a ordenar lasuspensión de Agni Sapkota. En julio, el Tribunal Supremo anuló una orden queimpedía el ascenso de un alto mando de la policíaacusado de participar en 2003 en el caso de “los cincode Dhanusha”, en el que murieron cinco jóvenes,uno de ellos Sanjiv Kumar Karna, presuntamente amanos de las fuerzas de seguridad. En febrero finalizóla exhumación de los restos de las cinco víctimas.320 Informe 2012 Amnistía Internacional

En octubre, el Consejo de Ministros recomendó quese amnistiase a Balkrishna Dhungel, miembro maoístade la Asamblea Constituyente que había sido declaradoculpable de asesinato y condenado a cadena perpetuaen enero.Tortura y otros malos tratosLa tortura y otros malos tratos bajo custodia policialseguían siendo habituales. En junio, el Centro paralas Víctimas de Tortura, con sede en Nepal, informóde que, desde el fin del conflicto armado en 2006, lamayoría de los casos de tortura eran obra de lapolicía. De 989 personas encarceladas que fueronentrevistadas, el 74 por ciento afirmó haber sufridotortura bajo custodia.La tortura seguía sin estar tipificada como delito enla legislación de Nepal. Al someterse por primera vezal examen periódico universal de la ONU, en el quese evaluó su historial en materia de derechoshumanos, Nepal negó que en el país se practicarasistemáticamente la tortura y señaló que “se estabaexaminando activamente” la posibilidad de prepararun proyecto de ley especial destinado a incorporar lasdisposiciones de la Convención contra la Tortura.Población trabajadora migranteLa pobreza y la elevada tasa de desempleopropiciaron que al menos 300.000 trabajadores ensituación regular emigrasen al extranjero.Trabajadores y trabajadoras migrantes fueron objetode trata por parte de algunos captadores de mano deobra que los utilizaban para trabajos forzados,engañándolos sobre el salario y las condicioneslaborales y sustituyendo los contratos. Los préstamosa intereses elevados, sumados a salarios inferiores alos prometidos y a la confiscación de los documentosde identidad, impedían a muchos de ellos negarse atrabajar. Nepal había promulgado varias leyes paraproteger a los trabajadores migrantes, pero enalgunos casos no vigilaba adecuadamente a lasagencias de contratación y rara vez procesaba aquienes vulneraban la Ley de Trabajo en el Extranjero. En abril se concedió el reasentamiento parcial a 108trabajadores migrantes a los que su empleador habíaabandonado a su suerte en Libia en 2010 sin haberlesabonado su salario. En julio, tras la presión ejercida portrabajadores, sindicalistas y Amnistía Internacional, elDepartamento de Trabajo en el Extranjero y la FiscalíaGeneral de Distrito de Nepal recomendaron que seremitiese el caso al Tribunal de Trabajo en el Extranjeropara que procediese a investigarlo.Libertad de reunión, asociacióny expresiónDebido a la presión ejercida por China, aumentó larepresión policial de la libertad de reunión y expresiónde las personas refugiadas tibetanas. La policíairrumpió en reuniones pacíficas celebradas enedificios privados y detuvo a personas que portabanpancartas o lemas de apoyo a la independenciapolítica de Tíbet. La detención de activistas tibetanosantes de fechas clave fue una práctica sistemática. En marzo, la policía impidió que un grupo numerosode mujeres tibetanas, la mayoría de edad avanzada,viajasen en autobús a un lugar de peregrinación.DiscriminaciónPersistía la discriminación por razón de género,religión, discapacidad, origen étnico y situacióneconómica. A pesar de que el 24 de mayo sepromulgó la Ley sobre la Eliminación de laDiscriminación Basada en la Casta y en la Condiciónde Intocable (Delitos y Penas), la población dalitcontinuó sufriendo exclusión económica y social.Seguía existiendo discriminación de género,especialmente entre las mujeres jóvenes de etnias ycastas marginadas. En las zonas rurales, las niñaspobres y las dalits sufrían discriminación en el accesoa la educación y la atención a la salud, tenían másposibilidades de contraer matrimonio siendo menoresde edad, y el índice de malnutrición infantil entreellas era más elevado.Violencia contra mujeres y niñasLa policía se negaba a menudo a registrar lasdenuncias en casos de violencia intrafamiliaro de género. En septiembre, una mujer que afirmó haber sidoviolada por cuatro oficiales del ejército en Dailekhen 2004 intentó presentar una denuncia contra susagresores, a los que acusó de violación y tortura. Sinembargo, la policía se negó a aceptarla, alegando quehabía finalizado el plazo de 35 días establecido para lapresentación de denuncias por violación. En 2006, elTribunal Supremo había concluido que el límite detiempo vulneraba las normas internacionales y habíaordenado al Parlamento que cambiase la normativa; laorden no se ejecutó.NInforme 2012 Amnistía Internacional321

NInformes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Nepal en mayo.NICARAGUAREPÚBLICA DE NICARAGUAJefe del Estado y del gobierno: Daniel Ortega SaavedraPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:5,9 millonesEsperanza de vida:74 añosMortalidad infantil (‹5 años): 25,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:78 por cientoAl menos cuatro personas murieron y decenas másresultaron heridas en la violencia postelectoral. Lasviolaciones y los abusos sexuales fuerongeneralizados. Continuaba en vigor la prohibicióntotal de todas las formas de aborto. Se puso en dudala independencia del poder judicial.Información generalTras las elecciones de noviembre, estalló la violenciaentre denuncias generalizadas de fraude electoral. Almenos cuatro personas perdieron la vida y decenasmás resultaron heridas en enfrentamientos en todo elpaís entre partidarios y detractores de Daniel Ortega,que fue reelegido para un tercer mandato comopresidente.Violencia contra mujeres y niñasLas violaciones y los abusos sexuales seguían siendomotivo de preocupación. Pese a ello, en julio la CorteSuprema de Justicia redujo a cuatro años de prisión lacondena impuesta a Farinton Reyes por la violación,en 2009, de su compañera de trabajo FátimaHernández. La Corte trató de justificar su decisión enque Farinton Reyes había cometido el delito bajo lainfluencia del alcohol y en un estado de excitaciónsexual que no pudo controlar. Los jueces alegaronasimismo que Fátima Hernández había actuado deforma permisiva y había colaborado en la violación.Derechos sexuales y reproductivosSiguió en vigor la prohibición total de todas las formasde aborto, lo que dio lugar a violaciones graves de losderechos de las mujeres y las niñas. Las leyespenales revisadas que entraron en vigor en 2008 nopermitían ninguna excepción a la prohibición. Porconsiguiente, se negó el derecho a un aborto sinriesgo y legal a las mujeres y niñas embarazadascomo consecuencia de una violación o cuya vida osalud corría peligro si continuaba el embarazo. Todoslos tipos de aborto siguieron considerándose delito, ycualquier persona que intentase abortar o ayudase aabortar a otra corría el riesgo de ser enjuiciada.En marzo, la Comisión Interamericana de DerechosHumanos instó a Nicaragua a que adoptara medidaspara poner fin a la violencia sexual contra mujeres yniñas y a que revocara la prohibición total del aborto.Libertad de expresiónSe conocieron nuevos casos de intimidación atrabajadores de los medios de comunicación en elcontexto del acalorado debate político que tuvo lugardurante el periodo previo a las eleccionespresidenciales de noviembre. El 19 de febrero, un hombre no identificadotelefoneó al periodista Luis Galeano y lo amenazó,diciendo: “[…] Tenés 72 horas para arrepentirte de loque vas a publicar, de lo contrario no te va a ver más tufamilia”. El comunicante se refería a una investigaciónque habían realizado Galeano y un colega suyo sobreun caso de corrupción en el que funcionarios delConsejo Supremo Electoral habían malversado fondospúblicos. Al parecer, entre 2004 y 2008 losfuncionarios se habían apropiado indebidamente dealrededor de 20 millones de dólares estadounidenses.Unas horas antes de la llamada, Luis Galeano habíarecibido un mensaje que le había dejado un hombre noidentificado en el mostrador de recepción de lasoficinas de su periódico, El Nuevo Diario. El mensaje encuestión también hacía referencia a la investigación deGaleano sobre el caso de corrupción, y lo advertía deque no publicara el artículo.En noviembre, cuando el Consejo SupremoElectoral anunció la victoria de Daniel Ortega en laselecciones presidenciales, hubo manifestacionesmultitudinarias de protesta en todo el país. El 10 de noviembre, unos simpatizantes del alajuvenil del Frente Sandinista de Liberación Nacionalamenazaron y atacaron, al parecer, a un grupo de unos30 activistas juveniles del movimiento Nicaragua 2.0que participaban en una manifestación contra DanielOrtega frente a la Universidad Centroamericana de322 Informe 2012 Amnistía Internacional

Managua. Según los informes, los agentes de policíapresentes en el lugar no intervinieron para impedir losataques. Las ONG locales e internacionales pidieronque se adoptasen medidas para proteger el derecho detodos los nicaragüenses a manifestarse pacíficamente.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Nicaragua en julio. Fin a la prohibición total del aborto en Nicaragua(vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=niMz4ySBIZ8)NÍGERREPÚBLICA DE NÍGERJefe del Estado:Mahamadou Issoufou(sustituyó a Salou Djibo en abril)Jefe del gobierno:Brigi Rafini(sustituyó a Mahamadou Danda en abril)Pena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:16,1 millonesEsperanza de vida:54,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 160,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:28,7 por cientoDos líderes políticos y 10 miembros del ejércitoestuvieron recluidos durante varios meses sin juicio.Níger permitió la entrada al país de altos cargos libios“por motivos humanitarios” al tiempo que afirmabaque respetaría sus compromisos con la Corte PenalInternacional si cualquier alto cargo cuyo nombrefigurase en una orden de detención entraba en suterritorio. Varios ciudadanos extranjeros fuerontomados como rehenes por Al Qaeda en el MagrebIslámico (AQMI) o permanecían en poder de estegrupo, y dos murieron en un intento de rescate fallido.Información generalEn marzo, Mahamadou Issoufou fue elegidopresidente, con lo que se puso fin al gobiernoprovisional dirigido por la junta militar que habíaderrocado al presidente Mamadou Tandja en 2010.Como consecuencia de los disturbios y el conflictoarmado en Libia, más de 200.000 nacionales deNíger regresaron a su país, lo que generó una difícilsituación humanitaria.Durante todo el año se tuvo noticia deenfrentamientos en el norte de Níger entre las fuerzasde seguridad y elementos armados de AQMI. Elgobierno de Níger afirmó que AQMI conseguía armasintroducidas de contrabando desde Libia. Nígeranunció en mayo que reforzaría la cooperación enmateria de seguridad con Malí, Mauritania y Argelia.En noviembre, las fuerzas armadas de Nígerdestruyeron un convoy de armamento pesado que sedirigía de Libia a Malí.Reclusión sin juicioDos líderes políticos y 10 miembros del ejércitoestuvieron recluidos durante varios meses. Alterminar el año, al menos tres continuabanencarcelados sin juicio. En enero, el ex presidente Tandja, que estaba bajoarresto domiciliario desde que fuera derrocadoen 2010, fue acusado formalmente de malversación yencarcelado. Quedó en libertad provisional en mayo, yal terminar el año no había sido juzgado. El ex ministrodel Interior, Albadé Abouba, que estaba bajo arrestodomiciliario desde febrero de 2010, quedó en libertadsin cargos en marzo. En julio se detuvo a 10 militares acusados deconspirar contra las autoridades, y se los mantuvorecluidos durante varios días antes de dejarlos enlibertad. En septiembre, dos oficiales de altagraduación –el coronel Abdoulaye Badié y el tenientecoronel Hamadou Djibo– fueron detenidos y acusadosde redactar y distribuir un folleto que criticaba lapromoción de algunos oficiales del ejército. Ambosquedaron en libertad sin cargos en noviembre.Abusos cometidos por grupos armadosVarios ciudadanos extranjeros fueron tomados comorehenes o continuaban retenidos en poder de AQMI,y dos perdieron la vida durante un intento deoperación de rescate. En enero, dos ciudadanos franceses fueronsecuestrados en la capital, Niamey, y murieron al díasiguiente durante una operación de rescate fallida en lafrontera con Malí en la que participaron fuerzas deFrancia y Níger. Según los informes, tres gendarmes(policía paramilitar) de Níger y algunos presuntosmiembros de AQMI murieron durante el ataque. AQMIreivindicó la autoría de los secuestros. En febrero quedaron en libertad tres de las sietepersonas secuestradas por AQMI en la ciudad de ArlitNInforme 2012 Amnistía Internacional323

Nen septiembre de 2010. Una ciudadana francesa, untogolés y un malgache fueron liberados, mientras quelos cuatro restantes –todos de nacionalidad francesa–continuaban retenidos al terminar el año.Justicia internacionalEn septiembre, varios altos cargos del gobierno libiodel coronel Gadafi –entre ellos uno de sus hijos, SaadiGadafi, al que el Consejo de Seguridad de la ONUhabía impuesto sanciones– entraron en Níger, dondefueron aceptados por “motivos humanitarios” ypuestos “bajo vigilancia”. Al terminar el año la CortePenal Internacional no había dictado órdenes dedetención contra ninguno de ellos.A pesar de las peticiones del Consejo Nacional deTransición de Libia, Níger se negó a devolver a estoshombres a Libia, al tiempo que subrayaba quecumpliría sus compromisos internacionales enmateria de la justicia internacional en el caso derecibir una solicitud de extradición internacional.NIGERIAREPÚBLICA FEDERAL DE NIGERIAJefe del Estado y del gobierno:Goodluck JonathanPena de muerte:retencionistaPoblación:162,5 millonesEsperanza de vida:51,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 137,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:60,8 por cientoLa situación de los derechos humanos en Nigeria sedeterioró. Cientos de personas murieron por laviolencia sectaria, comunitaria y de motivaciónpolítica en todo el país, especialmente después delas elecciones de abril. Aumentaron los ataquesviolentos atribuidos a la secta religiosa Boko Haram,que causaron la muerte de más de 500 personas. Lapolicía fue responsable de cientos de homicidiosilegítimos, la mayoría de los cuales continuabansin investigarse. El sistema de justicia seguía siendoineficaz. Aproximadamente dos tercios de laspersonas recluidas en las cárceles estaban todavíaen espera de juicio. Había 982 personas condenadasa muerte. No se tuvo noticia de ninguna ejecución.Continuaron los desalojos forzosos en todo el país, yla violencia contra las mujeres seguía siendo unfenómeno muy extendido.Información generalEn abril, el presidente Goodluck Jonathan fuedeclarado vencedor de las elecciones presidencialesdel país. Se produjeron a continuación ataquesviolentos y disturbios, que se saldaron con la muertede cientos de personas. El presidente sancionó laentrada en vigor de varios proyectos de ley, como laLey de la Comisión Nacional de Derechos Humanosen febrero, la Ley sobre Libertad de Información enmayo y la Ley de Asistencia Letrada y la Ley sobreTerrorismo en junio.A la Comisión Nacional de Derechos Humanos sele otorgó poder para investigar las violaciones dederechos humanos y visitar las comisarías de policía yotros lugares de detención. Sin embargo, al terminarel año no se le habían asignado fondos.La corrupción seguía siendo endémica. Ennoviembre, el presidente, sin dar explicaciones,destituyó a la presidenta de la Comisión de DelitosEconómicos y Financieros, seis meses antes de lafecha prevista para la conclusión de su mandato.También aprobó un aumento de 12.500 nairas(76 dólares estadounidenses) en el salario mínimomensual, que pasó a ser de 18.000 nairas(117 dólares). Seguía habiendo 1,3 millones depersonas en situación de desplazamiento interno entodo el país.Homicidios ilegítimosy desapariciones forzadasLas operaciones policiales seguían caracterizándosepor las violaciones de derechos humanos. Cientosde personas fueron víctimas de homicidios ilegítimos,en muchos casos antes de ser detenidas o durante suarresto en la calle. Otras murieron por tortura mientrasestaban bajo custodia policial. Muchos de estoshomicidios ilegítimos podrían haber constituidoejecuciones extrajudiciales. Muchas personasdesaparecieron mientras estaban bajo custodiapolicial. Pocos policías rindieron cuentas, por lo quelos familiares de las personas muertas odesaparecidas quedaron sin justicia. Con crecientefrecuencia, la policía vestía de civil o uniformes sinidentificación, lo que hacía mucho más difícil lapresentación de denuncias contra agentes concretos.324 Informe 2012 Amnistía Internacional

El 19 de abril, la policía detuvo a Chibuike Orduku ensu domicilio de Ubinini, estado de Rivers, y lo recluyójunto con tres hombres no identificados. ChibuikeOrduku fue visto por última vez el 5 de mayo por suhermana, a quien informó de que lo habían torturado yle habían negado el agua y la comida. Seguía sinconocerse el paradero de los cuatro detenidos. El 2 de noviembre, unos policías del Escuadrón deOperaciones Rápidas de Port Harcourt mató a treshombres en Abonnema Wharf y detuvo a otros cuatro.Dos quedaron en libertad más tarde, mientras que losotros dos ingresaron en prisión preventiva. Según testigospresenciales, en la comunidad no se había producidoningún desorden antes de que llegara la policía. Y ésta senegó a entregar los cadáveres de los tres hombres a susfamiliares para su entierro. Al terminar el año no se habíallevado a cabo ninguna investigación.Las fuerzas especiales, entre ellas la UnidadEspecial Antirrobos (SARS) y el Escuadrón deOperaciones Rápidas (SOS), cometieron una ampliavariedad de violaciones de derechos humanos.A principios de 2011, el gobierno del estado deBayelsa puso en marcha la Operación Famou Tangbe–“matar y desechar” en la lengua local– paracombatir la delincuencia. Según la informaciónrecibida, muchos agentes vinculados a la operacióncometieron homicidios ilegítimos, tortura, detencionesarbitrarias y reclusiones, y las personas detenidas notenían acceso a abogados ni familiares. El 22 de febrero, Dietemepreye Ezonasa, estudiantede 22 años, fue detenido en el marco de la OperaciónFamou Tangbe y llevado a una comisaría de policía. El27 de febrero, la policía negó que estuviera bajo sucustodia. Seguía sin conocerse su paradero desdeentonces. El 11 de mayo, Tochukwu Ozokwu, de 25 años, fuedetenido en el marco de la Operación Famou Tangbe.Al día siguiente, la policía le dijo que saltara a un río o ledispararían. No sabía nadar y se ahogó. No se llevó acabo investigación alguna.En septiembre, el gobierno federal interrumpió laOperación Famou Tangbe. Seguían sin investigarselas violaciones de derechos humanos cometidasmientras estuvo en vigor.La policía desobedecía con frecuencia las órdenesde los tribunales. La policía se negó a poner en libertad a MallamAliyu Tasheku, presunto miembro de Boko Haram,tras haberle concedido un tribunal la libertad bajofianza el 28 de marzo. Quedó en libertad finalmenteen julio. La policía seguía sin presentar a Chika Ibeku–desaparecido cuando estaba bajo custodia policial enabril de 2009– más de un año después de que untribunal ordenase su comparecencia ante el tribunal.La mayoría de los casos seguían impunes y sininvestigar. Algunos familiares recibieron amenazascuando trataron de obtener justicia. Catherine Akor siguió recibiendo amenazas demuerte tras interponer una demanda contra la policíapor el homicidio ilegítimo, cometido en junio de 2009,de su hijo, Michael Akor, y un amigo de éste, MichaelIgwe.Tortura y otros malos tratosSe recibieron constantes noticias según las cuales lapolicía torturaba de manera habitual a las personasdetenidas para obtener información. Las confesionesobtenidas mediante tortura se usaban como pruebaen los tribunales, práctica que violaba la legislaciónnacional y las normas internacionales.Boko HaramAumentaron los ataques violentos cometidos porpresuntos miembros de la secta religiosa BokoHaram, que causaron la muerte de másde 500 personas y que en muchos casos ibandirigidos contra agentes policiales y funcionariospúblicos. Desde junio se perpetraron ataques contrabares y cervecerías al aire libre en el norte de Nigeria,en los que decenas de personas perdieron la vida. Lasituación se deterioró a finales del año y todas lassemanas se tenía noticia de atentados con bombas yde ataques. El 31 de diciembre, el presidente declaróel estado de excepción en algunas zonas de losestados de Borno, Níger, Plateau y Yobe. El 16 de junio, una bomba explotó en elestacionamiento de la jefatura de la Fuerza de Policíade Nigeria. Mató al menos a tres personas. El 28 de agosto, Boko Haram cometió un atentadocon explosivos contra el edificio de la ONU en Abuja;murieron 24 personas y al menos 80 resultaronheridas. El 4 de noviembre, al menos 100 personas murieronen atentados con bombas en Damaturu, capital delestado de Yobe. El 25 de diciembre, al menos 44 personas murieronen cuatro atentados con bombas; otras 37 personasNInforme 2012 Amnistía Internacional325

Nmurieron y más de 50 resultaron heridas cuando BokoHaram atentó con explosivos contra una iglesia enMadalla, estado de Níger. En Jos, estado de Plateau, yen Damaturu, otras 7 personas murieron tras laexplosión de bombas.Como respuesta a la violencia, en junio el gobiernofederal estableció una Fuerza Militar Conjunta enMaiduguri, integrada por el ejército, la armada, lafuerza aérea, el Departamento de Seguridad delEstado y la Fuerza de Policía de Nigeria. Aumentaronposteriormente las noticias según las cuales lasfuerzas de seguridad recurrían en el estado de Bornoa homicidios ilegítimos, detenciones masivas,reclusiones arbitrarias e ilegítimas, extorsión eintimidación. Se detuvo a cientos de personas.El 25 de diciembre, la Comisión Nacional de DerechosHumanos de Nigeria expresó su preocupación por lasposibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por lasfuerzas de seguridad en el norte del país. El 9 de julio, la Fuerza Militar Conjunta acordonó lazona de Kaleri Ngomari Custain, en Maiduguri,después de un atentado con bomba de Boko Haram.Yendo de casa en casa, mataron a tiros a un mínimode 25 personas, según la información recibida. Sedenunció la desaparición de muchos hombres y niños.La Fuerza Militar Conjunta también incendió variascasas, obligando a sus ocupantes a huir.Al menos 45 personas resultaron heridas, según losinformes recibidos. Al parecer, las fuerzas de seguridadtambién violaron a mujeres. El 20 de marzo, Sa’adatu Umar fue detenida enBauchi y recluida con sus tres hijos, todos menoresde 6 años. No se la acusó formalmente de ningún delitoy estuvo recluida de manera ilegítima durante variosmeses, según los informes porque su esposo era unpresunto miembro de Boko Haram. El 17 de octubre,un tribunal ordenó a la policía que pusiera en libertad aSa’adatu Umar y a sus hijos y le pagara un millón denairas (unos 6.200 dólares estadounidenses) enconcepto de daños y perjuicios.El gobierno no hizo públicas las conclusiones de uninforme sobre los enfrentamientos que tuvieron lugaren julio de 2009 entre Boko Haram y las fuerzas deseguridad, en los que murieron más de 800 personas,entre ellas 24 agentes de policía y el líder de BokoHaram, Muhammad Yusuf. En julio, cinco agentes depolicía sospechosos de ejecutar de maneraextrajudicial a Muhammad Yusuf fueron acusadosformalmente de su asesinato y se ordenó su reclusión.En septiembre se presentó al presidente uninforme del Comité Presidencial sobre Desafíos deSeguridad en la Zona Nororiental, pero su contenidono se hizo público. El senador Ali Ndume,representante de Borno-Sur y miembro del Comité,fue detenido en noviembre y acusado formalmente envirtud de la Ley sobre Terrorismo de ocultarinformación y de proporcionar información a ungrupo terrorista. Quedó en libertad bajo fianza endiciembre. El 17 de septiembre mataron a Mallam BabakuraFugu, cuñado de Muhammad Yusuf. No se llevó a caboinvestigación alguna ni se puso a nadie a disposiciónde la justicia.Al terminar el año no se había celebrado la vista delrecurso presentado por la policía contra el fallo dictadopor el Tribunal Superior del estado de Borno en abrilde 2010 que le ordenaba pagar una indemnización alos familiares del padre de Mallam Babakura Fugu,Alhaji Baba Fugu, ejecutado extrajudicialmenteen 2009 cuando estaba bajo custodia policial.Violencia entre comunidadesContinuó durante todo el año la violencia comunitariay sectaria en la zona central de Nigeria. La ausenciade medidas de las autoridades para impedir laviolencia y proteger el derecho de las personas a lavida hizo que la violencia se intensificara. Sólo en elestado de Plateau murieron más de 200 personas enenfrentamientos relacionados con antiguas tensionesy conflictos sobre la tierra entre diferentes gruposétnicos. El 18 de enero, según se tuvo noticia, el jefede la Fuerza Militar Conjunta del estado de Plateauordenó a los soldados disparar sin previo aviso.Cientos de personas murieron a consecuencia dela violencia por motivos políticos en todo el país antes,durante y después de las elecciones parlamentarias,presidenciales y estatales que se celebraron en abril.También tuvieron lugar amenazas y actos deintimidación por motivos políticos. No se hizo públicoel informe del Comité Presidencial sobre la ViolenciaPostelectoral, presentado al presidente en octubre. Elpresidente del Comité destacó el clima de impunidadde Nigeria como una de las causas principales. Cientos de personas murieron en disturbios yataques violentos en el norte y el centro de Nigeria traslas elecciones presidenciales. Según el inspectorgeneral de la Policía, sólo en los estados de Kaduna yNíger murieron 520 personas.326 Informe 2012 Amnistía Internacional

ImpunidadDecenas de personas fueron detenidas en redadaspor la policía y las fuerzas de seguridad en relacióncon la violencia en curso en el norte de Nigeria, peropocas fueron enjuiciadas o condenadas. Según losinformes, las comisiones de investigación anterioressobre la violencia en el estado de Plateau dieron losnombres de presuntos responsables, pero no seabrieron investigaciones criminales durante el año.Sistema de justiciaEl sistema de justicia penal de Nigeria seguíacareciendo de recursos suficientes, estaba asoladopor la corrupción y, en general, despertabadesconfianza. Cuando se llevaban a caboinvestigaciones, a menudo eran superficiales y nobasadas en la información. Las fuerzas de seguridadrecurrían con frecuencia a detenciones masivas enlugar de detenciones individuales basadas ensospechas razonables. Los detenidos eran sometidoshabitualmente a trato inhumano y degradante bajocustodia.Los procesos judiciales eran lentos y, enconsecuencia, la mayoría de los reclusospermanecían en prolongada detención previa al juicioen condiciones atroces. El 70 por ciento de las48.000 personas recluidas en las cárceles de Nigeriano habían sido juzgadas. Muchas llevaban años enespera de juicio. Pocas podían pagarse un abogado.En agosto, el gobierno federal estableció un Comitésobre la Implementación de Reformas en el Sector dela Justicia, cuyo cometido era redactar disposicioneslegales, directrices y recomendaciones eimplementarlas en el plazo de 24 meses.Pena de muerteSe condenó a muerte a 72 personas.Había 982 personas en espera de ejecución, entreellas 16 mujeres. Se conmutaron 55 condenas,y 11 personas fueron indultadas. No se tuvo noticiade ninguna ejecución. Muchos de los reclusos enespera de ejecución habían sido condenados enjuicios manifiestamente injustos o después de pasarmás de 10 años en prisión preventiva.En junio se amplió el alcance de la pena de muertepara incluir el apoyo al terrorismo con resultado demuerte. Las disposiciones en virtud de la Ley sobreTerrorismo eran imprecisas, demasiado amplias yentraban en contradicción con las normas dederechos humanos relativas al proceso debido, laprivación legítima de libertad y el juicio con garantías.En octubre, Mohammed Bello Adoke, fiscal generalde la Federación y ministro de Justicia, afirmó queNigeria había introducido una suspensión oficial delas ejecuciones. Sin embargo, la confirmación deestas palabras no apareció en ningún boletín oficial.Desalojos forzososContinuaron los desalojos en todo el país, sin consultaauténtica con las personas afectadas, avisoadecuado, indemnización ni alojamiento alternativo.Más de 200.000 personas seguían viviendo en peligrode ser desalojadas forzosamente de sus comunidadesribereñas de Port Harcourt, estado de Rivers. El 25 de junio, cientos de personas fuerondesalojadas por la fuerza y al menos una personaresultó muerta cuando la Unidad Especial deSaneamiento Medioambiental, acompañada porpolicías armados y soldados, quemó construccionesdel asentamiento y el mercado de Panteka, en elTerritorio de la Capital Federal. Según la informaciónrecibida, la policía hizo disparos al aire, prendió fuego aedificios y detuvo a personas que intentaban escapar.Los residentes afirmaron que no se les había avisadocon antelación de la operación. No se llevaron a cabo investigaciones sobre lamuerte por disparos en 2009 de al menos 12 personasen la zona ribereña de Bundu, Port Harcourt, cuandolas fuerzas de seguridad abrieron fuego contrapersonas que protestaban pacíficamente por lademolición propuesta de sus viviendas.Violencia contra mujeres y niñasLa violencia intrafamiliar, la violación y otrasformas de violencia sexual contra las mujeres y niñascometidas por funcionarios del Estado y particularesseguían siendo fenómenos muy extendidos. Lasautoridades se abstenían sistemáticamente deprevenir y abordar la violencia sexual y de hacerrendir cuentas a los autores.Derechos de la infanciaDe los 36 estados de Nigeria, 12 no habían aprobadola Ley de Derechos de la Infancia. Con frecuencia, lapolicía detenía y recluía de manera ilegítima amenores de edad, entre ellos los que vivían en la calley otros niños vulnerables. Los menores de edadseguían siendo recluidos junto con adultos en losNInforme 2012 Amnistía Internacional327

Ncalabozos policiales y en las cárceles. Sólofuncionaba un centro tutelar de menores en el país,que continuaba abarrotado.No se llevó a cabo ninguna investigación sobre elenfrentamiento violento que tuvo lugar el 29 dediciembre de 2009 en Bauchi, en el que 22 niñosperdieron la vida. Según la información recibida, muchasde las víctimas murieron por disparos de la policía.Libertad de expresiónSe conoció la existencia de constantes casos deintimidación y ataques contra periodistas y defensoresy defensoras de los derechos humanos, algunos delos cuales sufrieron amenazas, palizas o detención amanos de la policía y las fuerzas de seguridad. Lospolíticos utilizaban cada vez más su influencia paraconseguir la detención de personas que criticaban alas autoridades. En enero, Patrick Naagbanton, coordinador de laONG nigeriana de derechos humanos Centro para elMedio Ambiente, los Derechos Humanos y elDesarrollo (CEHRD), recibió múltiples amenazasde muerte. El 9 de noviembre, Justine Ijeoma, director de laONG Fundación para los Derechos Humanos, elDesarrollo Social y el Medio Ambiente (Hursdef), fuedetenido tras intervenir para impedir que un policíagolpeara a una mujer. Quedó en libertad traspermanecer varias horas recluido. Tanto él como elpersonal de la organización habían recibido amenazasde la policía durante todo el año. En octubre, Osmond Ugwu, defensor de los derechoshumanos del estado de Enugu, y Raphael Elobuikefueron detenidos en una reunión sindical pacífica enEnugu después de hacer campaña por la aplicación delsalario mínimo. Más tarde fueron acusados deconspiración para asesinar e intento de asesinato. Endiciembre, el fiscal general compareció ante un tribunalpara oponerse personalmente a la solicitud de libertadbajo fianza. El juez aplazó hasta enero de 2012 su fallosobre dicha libertad.Delta del NígerA pesar de la amnistía presidencial concedida en2009 a los miembros de grupos armados, las bandasarmadas seguían secuestrando a trabajadores delsector petrolero y atacando instalaciones petrolíferas.Las fuerzas de seguridad, incluido el ejército, seguíancometiendo violaciones de derechos humanos. No se llevó a cabo investigación alguna sobre elasalto de la comunidad de Ayokoromo por la FuerzaMilitar Conjunta en 2010, en el que murieronhasta 51 personas, entre ellas niños y niñas, y sequemaron al menos 120 viviendas.La contaminación y los daños ambientalescausados por la industria del petróleo seguíanteniendo graves efectos sobre la vida y los medios desustento de la población. Sin embargo, lascomunidades afectadas seguían careciendo deacceso a información fundamental sobre el impactode la industria del petróleo en la zona.El cumplimiento de las leyes y normas ambientalesera deficiente, debido en parte a que los organismosdel gobierno estaban comprometidos por conflictosde intereses. La comunidad de Bodo presentó una demandacontra Shell Petroleum Development Company ante elTribunal Superior de Reino Unido, para solicitar unaindemnización y una limpieza después de dosimportantes vertidos ocurridos en 2008. En agosto, el Programa de la ONU para el MedioAmbiente (PNUMA) reveló los devastadores efectoshumanos y ambientales de décadas de vertidos depetróleo en Ogonilandia. El PNUMA reveló que lacontaminación era generalizada y grave, y afirmó que lapoblación del delta del Níger llevaba decenios expuestaa ella. El 20 de diciembre, en la plataforma petrolífera deShell en Bonga, se produjo un vertido de crudo– según Shell, de “menos de 40.000 barriles”– que sederramó en el océano Atlántico.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroContinuaron los abusos contra los derechos humanosde personas sospechosas de mantener relaciones conpersonas del mismo sexo o de tener una identidad degénero no convencional. En diciembre, el Senadoaprobó un proyecto de ley que impondría penasde 14 años de cárcel por contraer matrimonio conpersonas del mismo sexo. Toda persona o grupo que“sea testigo o colabore en la formalización de unmatrimonio o unión entre personas del mismo sexo” oque “apoye” a grupos, “desfiles o reuniones” gays,podría ser condenada a 10 años de prisión. La mismacondena se aplicaría a la “manifestación pública derelación amorosa entre personas del mismo sexo” y atoda persona que inscribiese clubes y organizaciones328 Informe 2012 Amnistía Internacional

gays para proteger los derechos de lesbianas, gays,bisexuales y personas transgénero.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Nigeria en enero-febrero, mayo,junio-julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre. Loss of life, insecurity and impunity in the run-up to Nigeria’s elections(AFR 44/005/2011) Nigeria: Human rights agenda 2011-2015 (AFR 44/014/2011) La verdadera “tragedia”: Demoras e inacción frente a los vertidosde petróleo del delta del Níger (AFR 44/018/2011)NORUEGAREINO DE NORUEGAJefe del Estado:rey Harald VJefe del gobierno:Jens StoltenbergPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:4,9 millonesEsperanza de vida:81,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 3,3 por cada 1.000La protección y el acceso a la justicia de lassobrevivientes de violencia sexual siguieron siendoinadecuados. Prosiguieron las devoluciones a Irak.Se expresó preocupación por las condiciones en loscentros de acogida para menores de edad noacompañados que solicitaban asilo.Personas refugiadas, migrantesy solicitantes de asiloDurante todo el año, las autoridades llevaron a cabodevoluciones a Bagdad de iraquíes cuya solicitud deasilo había sido rechazada, en contravención de lasdirectrices del ACNUR, la agencia de la ONU para losrefugiados. En algunos casos lo hicieron en vueloschárter organizados conjuntamente con otros Estadoseuropeos.En abril, el Comité de la ONU para la Eliminaciónde la Discriminación Racial expresó su preocupaciónpor las condiciones imperantes en los centrosnoruegos de acogida y de detención para solicitantesde asilo, incluidos los centros destinados asolicitantes rechazados y a menores de edad noacompañados, y pidió al gobierno que las modificarapara que estuvieran en consonancia con las normasinternacionales de derechos humanos.Violencia contra mujeres y niñasLas mujeres no estaban debidamente protegidasfrente a la violencia en la legislación ni en la práctica.Aunque el número de violaciones denunciadas a lapolicía aumentó, más del 80 por ciento de los casosse cerraron antes de llegar a los tribunales. Ladefinición de violación contenida en el Código PenalCivil General seguía asociando la culpabilidad delagresor a la capacidad de demostrar que el actosexual se había forzado mediante violencia física.En noviembre, el Comité de Derechos Humanos dela ONU expresó su preocupación por la incidenciade la violencia basada en el género, incluida laviolación, y pidió garantías a las autoridades de quese investigaría y procesaría a los presuntos agresoresy, si resultaban culpables, se los castigaría.Justicia internacionalEn abril, el Tribunal Supremo confirmó la sentenciadictada contra Mirsad Repak, ciudadano noruego pornaturalización que había servido en las Fuerzas deDefensa Croatas y al que se había declarado culpablede “privación de libertad” durante la guerra deBosnia y Herzegovina. En su decisión, el TribunalSupremo elevó la pena a ocho años de cárcel debidoa la gravedad extrema del delito.En mayo, un ciudadano ruandés de 45 años fuedetenido y acusado de participar en el genocidio deRuanda en abril de 1994. El Servicio Nacional deInvestigaciones Criminales llevaba investigando elcaso desde 2008, a raíz de una orden de detencióninternacional cursada por las autoridades ruandesas.El individuo continuaba bajo custodia al concluir elaño. Se esperaba que en 2012 se decidiera si debíaser juzgado en Noruega.El 24 de noviembre, el Tribunal Supremo resolvióque un ciudadano ruandés de 58 años podía serextraditado de Noruega a Ruanda para enfrentarse acargos de participación en el genocidio de 1994.NInforme 2012 Amnistía Internacional329

NNUEVA ZELANDANUEVA ZELANDAJefa del Estado:reina Isabel II,representada por Jerry Mateparae(sustituyó a Anand Satyanand en agosto)John Keyabolicionista para todos los delitos4,4 millones80,7 añosJefe del gobierno:Pena de muerte:Población:Esperanza de vida:Mortalidad infantil (‹5 años): 6,2 por cada 1.000La Ley de la Zona Costera y Marina reconocióparcialmente el derecho de los pueblos indígenas ala propiedad. El ministro de Defensa reconoció queno podía garantizar que las personas detenidasdurante operaciones conjuntas en Afganistán nohubiesen sido torturadas. Los índices de pobreza deniños y niñas seguían siendo elevados, y afectabandesproporcionadamente a las comunidades maoríesy del Pacífico.Novedades jurídicas, constitucionalese institucionalesLa Ley de la Carta de Derechos de Nueva Zelanda noincluía los derechos económicos, sociales yculturales; tampoco otorgaba expresamente al poderjudicial competencias para dictar soluciones jurídicaspor el incumplimiento de sus disposiciones. NuevaZelanda seguía sin ratificar el Protocolo Facultativodel Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales.Derechos de los pueblos indígenasEn marzo se aprobó la Ley de la Zona Costera y Marinade 2011; con ella se derogaba la Ley de la ZonaCostera Bañada por la Marea y de los Fondos Marinosde 2004, que había impedido a los maoríes reclamar lapropiedad de esas zonas. Sin embargo, la ley de 2011negaba a los maoríes el derecho de ocupaciónexclusiva de estas zonas y no les permitía reclamar lastierras que estuviesen en manos privadas; además,todas las reclamaciones de derechos ancestralesdebían presentarse en un plazo de seis años.Derechos laboralesEn junio, miembros de la tripulación de los barcospesqueros Oyang 75 y Shin Ji, fletados en Corea delSur, se negaron a embarcar de nuevo en los buques,atracados en los puertos de Lyttelton y Auckland. Enjulio, el gobierno inició una investigación ministerialsobre las denuncias de abusos físicos, mentales ysexuales y de impago de salarios a las tripulaciones.Seguridad y medidas antiterroristasEn octubre, la Fuerza de Defensa de Nueva Zelandapublicó un informe sobre su posible complicidad enla comisión de tortura en Afganistán. El informeconfirmó que una persona a la que el ServicioEspecial del Aire de Nueva Zelanda manteníarecluida desde septiembre de 2009 estaba siendovigilada para garantizar su bienestar. En cambio, elministro de Defensa reconoció que la Fuerza deDefensa no vigilaba a los detenidos capturadosdurante operaciones conjuntas de la Dependencia deRespuesta en Tiempo de Crisis de la Policía Nacionalafgana y el Servicio Especial del Aire, y que no podíagarantizar que no hubiesen sido torturados.Derechos de la infanciaEn febrero, el Comité de los Derechos del Niño de laONU expresó su preocupación por que el 20 porciento de los niños y niñas del país viviera por debajodel umbral de la pobreza y continuara predominandoel abuso y el descuido de los menores de edad en lafamilia. En julio, el gobierno publicó un documento dedebate sobre qué medidas debían adoptarse paraofrecer mayor protección a los menores de edad quesufrían abusos y vivían en una situación de pobreza yabandono. El informe reconocía que la pobrezaafectaba en mayor medida a la población infantil delas comunidades maoríes y del Pacífico que a la deotros grupos del país. En septiembre, Nueva Zelandaratificó el Protocolo Facultativo de la Convención de laONU sobre los Derechos del Niño, relativo a la ventade niños, la prostitución infantil y la utilización deniños en la pornografía.330 Informe 2012 Amnistía Internacional

OMÁNSULTANATO DE OMÁNJefe del Estado y del gobierno: sultán Qabús bin Said al SaidPena de muerte:retencionistaPoblación:2,8 millonesEsperanza de vida:73 añosMortalidad infantil (‹5 años): 12 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:86,6 por cientoLa policía hizo un uso excesivo de la fuerza contramanifestaciones pacíficas y otras protestas; almenos dos personas murieron y otras resultaronheridas. Se detuvo a centenares de manifestantesy se llevó a juicio al menos a 80, que en muchoscasos recibieron penas de prisión. Las autoridadesrestringieron aún más la libertad de expresión.Las mujeres y las niñas continuaron sufriendo gravediscriminación en la ley y en la práctica.Información generalEn enero se celebraron manifestaciones contra elcoste de la vida y la ausencia de oportunidadeslaborales, así como en demanda de reformas políticasy para pedir la destitución de ministros del gobierno yde funcionarios corruptos. El sultán Qabús respondióen febrero con medidas como incrementar el salariomínimo, aumentar las prestaciones por desempleo,prometer la creación de 50.000 nuevos puestos detrabajo y sustituir a varios ministros. En marzo, trasextenderse las protestas, destituyó a más ministros, yposteriormente modificó la Constitución para cederparte del poder legislativo a la Asamblea Consultiva(Shura), la única de las dos cámaras del Parlamento(Majlis) formada por elección. El 15 de octubre secelebraron elecciones, y por primera vez las personaselegidas nombraron al presidente de la AsambleaConsultiva. En marzo, el historial de derechoshumanos de Omán se sometió al examen periódicouniversal de la ONU. Se instó al país a que revisara sulegislación para combatir la discriminación y laviolencia contra las mujeres.Represión de la disidenciaLa policía y las fuerzas de seguridad hicieron unexcesivo uso de la fuerza para dispersarmanifestaciones pacíficas y otras protestas: utilizarongas lacrimógeno y balas de goma y golpearon a losmanifestantes. Según informes, un hombre murió el27 de febrero cuando la policía dispersó por la fuerzaa personas que se manifestaban en Sohar. Tambiénen esta ciudad en la madrugada del 29 de marzo lasfuerzas de seguridad asaltaron a los manifestantesque acampaban en la glorieta del Globo y, segúninformes, golpearon a los que se negaron amarcharse, a la vez que detenían a otras personas ensus casas. El estudiante Abdullah al Ghamalasi murió el 27 defebrero, cuando la policía disparó balas de goma ylanzó gas lacrimógeno contra los manifestantes en laglorieta del Globo, en Sohar. Las autoridadesanunciaron una investigación, pero no se dieron aconocer sus resultados.A lo largo del año se detuvo a gran número demanifestantes, y al menos 80 fueron procesados.Algunos fueron declarados culpables de delitos comoinsultar a funcionarios, interrumpir el tráfico o actuarcon violencia, y resultaron condenados a prisión. Ahmed al Shezawi fue detenido en su casa, en lacapital, Mascate, el 29 de marzo. Pasó más de unasemana recluido en un lugar no revelado, en dondepermaneció en régimen de aislamiento ypresuntamente estuvo expuesto de forma continuadaa música a gran volumen hasta su traslado a la PrisiónCentral de Samail. Quedó en libertad el 10 de abriljunto con otro manifestante, Abdul Gufar al Shezawi,tío suyo, tras prometer ambos que no destruirían nidañarían bienes públicos. Los dos quedaron absueltosde todos los cargos en junio. La destacada abogada Basma al Kiyumi era la únicamujer entre las 15 personas detenidas el 14 de mayo,cuando participaban en una protesta pacíficaorganizada delante de la Asamblea Consultiva, enMascate, para pedir la puesta en libertad demanifestantes detenidos dos días antes. Sepresentaron cargos contra ella por participar en unaconcentración ilegal y quedó en libertad bajo fianza el16 de mayo. Los otros 14 detenidos también quedaronen libertad. En junio, un tribunal de Mascate declaró a sietehombres detenidos en relación con las protestas deSohar culpables de violencia contra autoridadespúblicas y los condenó a cinco años de cárcel.El 20 de abril, el sultán Qabús indultó a 234 personasacusadas de cometer “delitos de aglomeración en lascalles” en las provincias de Dhank, Ibri, Sohary Yanqul.OInforme 2012 Amnistía Internacional331

PLibertad de expresiónEn octubre, las autoridades modificaron elartículo 26 de la Ley de Prensa y Publicaciones paraprohibir la difusión por cualquier medio, incluidoInternet, de toda información considerada perjudicialpara la integridad del Estado o su seguridad interna oexterna o relacionada con sus órganos militares y deseguridad. La pena máxima se fijó en dos años decárcel y una multa. Yusef al Haj e Ibrahim al Maamary, periodista yredactor jefe, respectivamente, del diario Azzamn,fueron condenados a cinco meses de cárcel enseptiembre tras ser declarados culpables de “insultar”al ministro de Justicia en un artículo sobre presuntacorrupción en el Ministerio. Haroon al Muqaibli,empleado del Ministerio de Justicia que les habíafacilitado la información, fue también declaradoculpable y condenado a cinco meses de cárcel. Suscondenas se confirmaron en apelación.Derechos de las mujeresLas mujeres y las niñas seguían sufriendodiscriminación en la ley y en la práctica,especialmente en relación con la condición jurídica,el empleo y su subordinación a la tutela masculina.Unas 77 mujeres se presentaron a las elecciones a laAsamblea Consultiva, más del triple que en 2007,aunque sólo una resultó elegida.Pena de muerteNo se dio a conocer información sobre la imposiciónde la pena de muerte y no se tuvo noticia deejecuciones.Informes y visitasde Amnistía Internacional Situación de riesgo para manifestantes detenidos en Omán(MDE 20/003/2011)PAÍSES BAJOSREINO DE LOS PAÍSES BAJOSJefa del Estado:reina BeatrizJefe del gobierno:Mark RuttePena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:16,7 millonesEsperanza de vida:80,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4,4 por cada 1.000Una sentencia judicial histórica obligó al gobierno arendir cuentas por la conducta de sus tropasmientras desempeñaban funciones demantenimiento de la paz para la ONU en Srebrenica.La detención de solicitantes de asilo y migrantesirregulares fue motivo de preocupación.Justicia internacionalEn julio, el Tribunal de Apelación de La Haya resolvióque el gobierno había sido responsable de lasmuertes de tres musulmanes de Bosnia durante elgenocidio perpetrado en Srebrenica, Bosnia yHerzegovina, en 1995. El Tribunal determinó que lastropas neerlandesas habían obligado a los treshombres a abandonar una “zona segura”, con lo que,en la práctica, los habían entregado a las fuerzasserbobosnias, que habían llegado a matar aunos 8.000 hombres y niños musulmanes de Bosnia.Personas refugiadas,solicitantes de asilo y migrantesEn enero, el Tribunal Europeo de Derechos Humanosdictó medidas cautelares para detener la devolución aSomalia de dos solicitantes de asilo del sur y el centrode ese país desde Países Bajos. El gobierno suspendióposteriormente todas las devoluciones a Mogadiscio, lacapital somalí. No obstante, después de otra sentenciadictada por el Tribunal Europeo en junio, el gobiernoanunció que reanudaría las devoluciones a Mogadisciode nacionales somalíes que no pertenecieran a gruposvulnerables y pudieran viajar a zonas del sur y el centrode Somalia y lograr entrar y asentarse en ellas sincorrer peligro de sufrir malos tratos. Al final del año nose había tenido noticia de expulsiones de ciudadanossomalíes al centro y sur de Somalia.En contra de lo aconsejado por el ACNUR, laagencia de la ONU para los refugiados, se devolvió almenos a 180 iraquíes a Bagdad, Irak.332 Informe 2012 Amnistía Internacional

La mayoría de las solicitudes de asilo se tramitaronsegún un nuevo procedimiento de determinación deocho días de duración. Más del 50 por ciento de esossolicitantes recibieron notificación de la decisiónsobre su caso en ese plazo. Se temía que esteprocedimiento impidiera a los solicitantes de asilojustificar sus solicitudes y que se rechazaranentonces éstas pese a estar bien fundadas.Según datos gubernamentales, 3.220 migrantesirregulares y solicitantes de asilo fueron sometidos adetención entre enero y junio. Estuvieron recluidos encentros donde se aplicaba un régimen concebidopara los presos preventivos. Rara vez se buscabanalternativas a la detención. En julio, el ministro deInmigración y Asilo anunció un proyecto pilotode escala reducida para ensayar alternativas a ladetención.DiscriminaciónEn septiembre, el gobierno anunció que empezaría aredactar una ley destinada a prohibir el uso enpúblico de prendas concebidas para ocultar el rostro.La violación de esta prohibición sería punible conmultas de hasta 380 euros. De aplicarse, la nuevanorma tendría un efecto desproporcionado sobre lasmujeres que optasen por llevar burka o niqab comoexpresión de su identidad o creencias.PAKISTÁNREPÚBLICA ISLÁMICA DE PAKISTÁNJefe del Estado:Asif Ali ZardariJefe del gobierno:Yusuf Raza GilaniPena de muerte:retencionistaPoblación:176,7 millonesEsperanza de vida:65,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 87 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:55,5 por cientoSalmaan Taseer, gobernador de Punyab, que secaracterizaba por expresar abiertamente susopiniones, y Shahbaz Bhatti, ministro para lasMinorías y único cristiano del Consejo de Ministros,fueron asesinados en enero y marzo,respectivamente, a causa de sus críticas a las leyessobre la blasfemia. Las fuerzas de seguridadcontinuaron participando en violaciones de derechoshumanos, incluidas desapariciones forzadas, torturay ejecuciones extrajudiciales, especialmente enBaluchistán y el Noroeste. En mayo, fuerzasestadounidenses mataron al líder de Al QaedaOsama bin Laden en un asalto a su escondite en laciudad noroccidental de Abbottabad. Altos cargosestadounidenses acusaron públicamente a Pakistánde apoyar a los talibanes en Afganistán. Lostalibanes paquistaníes y otros grupos armadosmataron a civiles en ataques selectivos eindiscriminados por todo el país. Karachi sevio inmersa en una oleada de homicidios,desencadenada por bandas rivales vinculadasa distintos grupos étnicos y políticos. Siguieronimponiéndose condenas a muerte, pero no huboejecuciones. Un año más, las inundacionesmonzónicas provocaron nuevos desplazamientos ybrotes de dengue en todo el país. La escasezenergética crónica desencadenó violentas protestasen la mayoría de las ciudades importantes y ahogó laactividad económica. En las zonas proclives alconflicto del Noroeste y Baluchistán, las mujeres ylas niñas encontraban graves dificultades paraacceder a la educación y la atención a la salud.Información generalLa situación de los derechos humanos continuabasiendo mala, y los miembros de los servicios deinteligencia y las fuerzas de seguridad participabancon frecuencia en violaciones de estos derechos.A menudo, las autoridades no querían o no podíanofrecer protección a las mujeres, las minorías étnicasy religiosas, los periodistas y otros grupos expuestos aabusos, y tampoco procesaban a los responsables deestos abusos. Apenas tuvieron efecto las promesasde las autoridades federales y provinciales sobreBaluchistán, que pretendían mejorar el Estado dederecho en esta provincia asolada por la violencia conmedidas como una mayor supervisión de la policía ydel Cuerpo de Fronteras (fuerza de seguridad deestructura militar), un aumento de las contratacionesde personas de etnia baluchi en los servicios públicosy un incremento de la parte correspondiente a laprovincia en el presupuesto nacional.Casi medio millón de personas continuabandesplazadas a consecuencia del persistente conflictoentre las fuerzas de seguridad y los talibanesPInforme 2012 Amnistía Internacional333

Ppaquistaníes, mientras que las comunidades queregresaban a regiones arrebatadas a la insurgenciadenunciaban falta de seguridad y de acceso aservicios básicos. A pesar de que se había expulsadode la zona a los talibanes paquistaníes, en eldistrito de Malakand se estableció un sistema judicialparalelo, basado en una limitada interpretación de lasharia (ley islámica), lo que suscitó el temor de quepudieran aplicarse los severos códigos socialestalibanes. En junio, el presidente Zardari concedió alas fuerzas de seguridad del Noroeste inmunidad concarácter retroactivo, así como amplios poderes parapracticar detenciones arbitrariamente e imponercastigos. El 14 de agosto, Día de la Independencia dePakistán, el presidente aprobó reformas históricas,que ampliaban el Decreto Relativo a los PartidosPolíticos, de 2002, a las Zonas Tribales bajoAdministración Federal y modificaban el Reglamentosobre Delitos Fronterizos, ley de la época colonialbritánica que privaba a los habitantes de la región demuchos de sus derechos humanos y de garantíasde protección establecidas en la Constitución dePakistán. Las reformas limitaban las competencias delEstado para practicar detenciones arbitrariamente eimponer castigos colectivos, otorgaban a la poblaciónlocal el derecho a recurrir judicialmente las decisionesadoptadas con arreglo al Reglamento y permitían elfuncionamiento de partidos políticos en la región.El 9 de junio, Pakistán ratificó el ProtocoloFacultativo de la Convención de la ONU sobre losDerechos del Niño, relativo a la venta de niños, laprostitución infantil y la utilización de niños en lapornografía. En septiembre retiró la mayoría de susreservas al Pacto Internacional de Derechos Civiles yPolíticos y a la Convención contra la Tortura, peromantuvo otras reservas problemáticas que impedían alas personas no musulmanas ocupar el cargo deprimer ministro o presidente y discriminaban a lasmujeres al negarles la igualdad en materia de herencia.Violaciones cometidaspor las fuerzas de seguridadLas fuerzas de seguridad y los servicios deinteligencia actuaban casi siempre con impunidad yestaban acusados de violaciones de derechoshumanos, como desapariciones forzadas, torturay homicidio de civiles, periodistas, activistas ypresuntos miembros de grupos armados en ataquesindiscriminados y ejecuciones extrajudiciales.Ejecuciones extrajudicialesLas denuncias de ejecuciones extrajudiciales eranhabituales en la provincia de Baluchistán y en elNoroeste, así como en Karachi, que se vio asoladapor la violencia. El 28 de abril, el activista de derechos humanosSiddique Eido y su amigo Yousuf Nazar Baloch fueronhallados muertos en la zona de Pargari Sarbat, enBaluchistán. Según testigos, unos hombres vestidos decivil y acompañados por fuerzas del Cuerpo deFronteras los habían secuestrado el 21 de diciembrede 2010, pese a que viajaban con policías. En losinformes hospitalarios se afirmaba que sus cadáverespresentaban heridas de bala y señales de torturas. El 8 de junio, un equipo de televisión grabó laejecución extrajudicial de Sarfaraz Shah por losRangers (fuerza de seguridad de estructura militar) enun parque de Karachi. Tras la intervención del TribunalSupremo, el gobierno de Sind destituyó a altos mandosde los organismos encargados de hacer cumplir la ley,y el 12 de agosto, el Tribunal Antiterrorista condenó amuerte por el asesinato a uno de los agentes de losRangers. Otros cinco agentes del cuerpo y un civilfueron condenados a cadena perpetua. Todos ellosrecurrieron las condenas ante el Tribunal Superiorde Sind. El 17 de mayo, fuerzas policiales y del Cuerpo deFronteras mataron a cinco extranjeros en Quetta, entrelos que había una mujer en avanzado estado degestación, alegando que se trataba de un comandosuicida. Una investigación concluyó que las víctimasno iban armadas, y dos agentes de policía fueronsuspendidos. Un periodista que había hechofotografías de los homicidios tuvo que ocultarse trasrecibir amenazas de muerte y el médico que practicólas autopsias a las víctimas fue agredido.Posteriormente, unos desconocidos mataron almédico. Según informes, otros testigos recibieronamenazas de personal de seguridad.Desapariciones forzadasEl Estado no procesó a los responsables dedesapariciones forzadas; la mayoría de las víctimascontinuaban en paradero desconocido. En marzo, elgobierno creó una nueva Comisión de Investigaciónsobre Desapariciones Forzadas, pero tardó seismeses en designar al juez del Tribunal Supremoretirado Javed Iqbal para que la encabezase. Desdeel comienzo de las actividades de la comisiónanterior, en marzo de 2010, se habían examinado334 Informe 2012 Amnistía Internacional

más de 220 de los centenares de casos individualesarchivados. Ambas comisiones recibieron críticas porno proteger a los testigos y realizar investigacionesinsuficientes, sobre todo en los casos en que estabanimplicadas agencias de inteligencia y fuerzas deseguridad del Estado. El 13 de febrero, Agha Zahir Shah, abogado querepresentaba a familiares de personas presuntamentesometidas a desaparición forzada, fue secuestrado porunos desconocidos en Dera Murad Jamali,Baluchistán, cuando regresaba a Quetta. Al quedar enlibertad, el 2 de julio, su salud no era buena. Muzzaffar Bhutto, alto cargo del partido político JeaySindh Muttaheda Mahaz, fue secuestrado el 25 defebrero por unos hombres vestidos de civil yacompañados de policías en Hyderabad, Sind.Continuaba sin conocerse su paradero al final del año. En mayo desaparecieron los hermanos Abdullah eIbrahim El Sharkawi, de origen egipcio. Dos semanasdespués se comunicó a su familia que se encontrabanen prisión acusados de residencia ilegal, pero untribunal confirmó que tenían la ciudadanía paquistaní.Ibrahim salió en libertad bajo fianza el 27 de junio, yAbdullah quedó libre el 29 de agosto. Ambos afirmaronhaber sido sometidos a tortura y otros malos tratos encentros secretos de detención.Abusos cometidos por grupos armadosLos talibanes paquistaníes llevaron a cabo ataquesselectivos contra civiles, así como ataquesindiscriminados por medio de artefactos explosivosimprovisados y de atentados suicidas con bomba.Varios miembros de consejos de ancianos fueronvíctimas de homicidios selectivos. Los talibanestambién intentaron asesinar a varios políticos delPartido Nacional Awami. Según fuentesgubernamentales, en la provincia de KhyberPakhtunkhwa, a consecuencia del conflicto con lostalibanes fueron destruidas 246 escuelas (59 deniñas y 187 de niños) y resultaron dañadas 763(244 de niñas y 519 de niños), quedando miles deniños y niñas privados del acceso a la educación. Acausa de las amenazas de violencia de los talibanespaquistaníes, las mujeres y las niñas se vieronafectadas por graves restricciones en el acceso a losservicios de salud, la educación y la participación enla vida pública. El 9 de marzo, un atacante suicida causó la muertede 37 personas durante el funeral de la esposa de unlíder antitalibán a las afueras de Peshawar.Tehrik-e-Taleban Pakistan reivindicó el atentado. El 18 de julio, Tehrik-e-Taleban Pakistan divulgó unvídeo en el que se veía a militantes enmascaradosejecutando a 16 policías capturados. Fue en respuestaa una grabación difundida previamente en la quefuerzas paquistaníes ejecutaban a insurgentesdetenidos. Tehrik-e-Taleban Pakistan reivindicó un atentadosuicida cometido el 19 de agosto, en el queal menos 47 hombres murieron y más de 100resultaron heridos durante la oración del viernes enuna mezquita de la agencia tribal de Khyber. En septiembre, insurgentes talibanes paquistaníessecuestraron a 30 niños de entre 12 y 18 años enBayaur, en la frontera con Afganistán, y atacaron unafurgoneta escolar en Peshawar, matando a cuatroniños y niñas y al conductor.Grupos nacionalistas de Baluchistán asesinaron amiembros de facciones rivales, personas de etniapunyabí y agentes de las fuerzas de seguridad delEstado, y reivindicaron atentados contrainfraestructuras de gas y electricidad que provocarongraves cortes energéticos en la provincia. Variosataques sectarios del grupo armadoLashkar-e-Jhangvi y otros grupos contra musulmaneschiíes causaron al menos 280 víctimas entre muertosy heridos. El 4 de enero, 5 niños y niñas resultaron heridos porla explosión de un artefacto explosivo improvisado alpaso de un autobús escolar en el que viajaban másde 30 hijos de miembros del Cuerpo de Fronteras en laciudad de Turbat, Baluchistán. Aunque nadiereivindicó el atentado, se atribuyó a grupos de etniabaluchi. El 25 de abril, al menos 15 personas, incluidos 5 niñosy niñas, murieron abrasadas cuando asaltantes noidentificados incendiaron un autobús que se dirigía aQuetta, en la zona de Pirak, distrito de Sibi. Lashkar-e-Jhangvi reivindicó el homicidio, a modode ejecución, de 26 peregrinos chiíes en el distrito deMastung el 20 de septiembre, así como de 3 familiaresde las víctimas que viajaron desde Quetta para hacersecargo de los cadáveres. El 4 de octubre murieron14 personas en un atentado similar contra peregrinoschiíes.Karachi sufrió un aumento de la violencia cuandobandas rivales, algunas vinculadas a partidospolíticos, se enfrentaron a causa de reivindicacionesPInforme 2012 Amnistía Internacional335

Pterritoriales provocando la muerte de 2.000 personas.Las fuerzas de seguridad detuvieron a centenares desospechosos, pero el Tribunal Supremo criticó a lospartidos políticos por avivar la violencia y condenó alas autoridades por no frenar a muchos de losresponsables, pese a que se sabía quiénes eran.Libertad de expresiónAl menos nueve periodistas fueron víctimas dehomicidio a lo largo del año. Muchas personas quetrabajaban en medios de comunicación recibieronamenazas de fuerzas de seguridad, agencias deinteligencia, partidos políticos y grupos armados porinformar sobre ellos. Las autoridades paquistaníes noprocesaron a los responsables ni ofrecieronprotección adecuada a los periodistas. Wali Khan Babar, periodista de GeoNews, murióel 13 de enero en Karachi a causa de disparosefectuados por unos desconocidos desde un vehículoen marcha; horas antes había entregado un reportajesobre una operación policial contra traficantes dedroga en la ciudad. Saleem Shahzad, de Asia Times Online, desaparecióel 29 de mayo tras salir de su domicilio en Islamabadpara acudir a realizar una entrevista en un programa detelevisión. Su cadáver fue hallado en la provincia dePunyab cuatro días después. Previamente habíaentregado un reportaje sobre la infiltración de Al Qaedaen la marina paquistaní. En octubre de 2010 habíacomentado en privado a compañeros de profesión quehabía recibido amenazas de muerte de los servicios deinteligencia en relación con reportajes similares.Discriminación: minorías religiosasGrupos sectarios continuaron amenazando amiembros de las minorías ahmadí, cristiana, hindú ychií, así como a suníes moderados, e incitaron a laviolencia contra quienes pedían reformas en las leyesnacionales sobre la blasfemia. El Estado no actuópara prevenir ataques sectarios contra minoríasreligiosas ni procesó a los responsables. El 25 de enero, un atentado suicida con explosivos,cometido por una persona a la que la policía estabaregistrando en ese momento, mató a 10 peregrinoscerca de un lugar sagrado sufí. Fidayeen-e-Islamlo reivindicó. En junio, la Federación de Estudiantes PaquistaníesKhatm-e-Nubuwat distribuyó unos folletos en la ciudadde Faisalabad, Punyab, en los que figuraba una lista dedestacados miembros de la comunidad ahmadí y sepedía su asesinato como un acto de “guerra santa”. El 24 de septiembre, Faryal Bhatti, estudiantecristiana de 13 años, fue expulsada del colegio enAbbottabad por escribir mal una palabra en urdu.Posteriormente fue acusada de blasfemia y su familiase vio obligada a vivir en la clandestinidad. Todos los sospechosos del atentado de agostode 2009 contra una colonia cristiana de Gojra, Punyab,quedaron en libertad bajo fianza, ya que los testigos noaportaron pruebas a causa del temor por su seguridad.El juez que condenó a muerte al asesino deSalmaan Taseer se vio obligado a ocultarse a causade las amenazas de muerte recibidas; por otra parte,los homicidas de Shahbaz Bhatti seguían sin serprocesados. Tras recibir amenazas de muerte, lapolítica Sherry Rehman retiró de la AsambleaNacional un proyecto de reforma de la ley sobre lablasfemia. Aasia Bibi, agricultora cristiana condenadaa muerte por blasfemia en 2009, continuaba recluida,aunque su causa estaba en la fase de apelación.Violencia contra mujeres y niñasLas mujeres eran objeto de discriminación en la ley y enla práctica y sufrían violencia en el ámbito familiar y enpúblico. La Fundación Aurat documentó 8.539 casosde violencia contra las mujeres, incluidos 1.575asesinatos, 827 violaciones, 610 incidentes deviolencia en el ámbito familiar, 705 homicidios ennombre del “honor” y 44 agresiones con ácido. Endiciembre, el Parlamento de Pakistán intentó abordareste problema aprobando el Proyecto de Ley sobreControl de Ácidos y Prevención de los DelitosCometidos con Ácido de 2010 y el Proyecto de Ley dePrevención de Prácticas Misóginas (Enmienda de laLegislación Penal) de 2008, que pretendíanempoderar y proteger a las mujeres y aumentar laspenas para los responsables de violencia de género.Era la primera vez que se tipificaban como delito enPakistán los ataques con ácido y prácticas como elmatrimonio forzado. El 10 de septiembre, cuatro profesoras fueronatacadas con ácido por dos enmascarados que ibanmontados en una motocicleta cuando salían de unaescuela de educación mixta en Quetta, capital de laprovincia de Baluchistán. Una de las mujeres resultóilesa y otras dos fueron dadas de alta del hospitalcon quemaduras superficiales, pero la cuarta sufrióquemaduras graves y tuvo que ser sometida a cirugía336 Informe 2012 Amnistía Internacional

econstructiva mayor. Las autoridades federales yprovinciales tomaron nota de la agresión, pero alacabar el año los atacantes aún no habían sido puestosa disposición judicial. El 15 de octubre, una adolescente acusóa 13 personas, incluidos 3 policías, de secuestrarlay someterla a violación colectiva estando cautivadurante un año en el distrito de Karak, provincia deKhyber Pakthunkhwa. El 9 de diciembre, su hermanomurió abatido por disparos cuando salía del juzgado dedistrito en donde se veía la causa penal contra losacusados.Pena de muerteHabía más de 8.000 personas pendientes deejecución. Según la Comisión de Derechos Humanosde Pakistán, fueron condenadas a muerte almenos 313 personas, más de la mitad de ellas porasesinato. Hubo tres condenas a muerte por blasfemia.La última ejecución había tenido lugar en 2008.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Pakistán en julio, noviembre y diciembre.Asesores de la organización mantuvieron una presencia constanteen el país. “La peor de las agonías”. Hay que poner fin a las desaparicionesforzadas en Pakistán (ASA 33/010/2011)PANAMÁREPÚBLICA DE PANAMÁJefe del Estado y del gobierno:Ricardo MartinelliPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:3,6 millonesEsperanza de vida:76,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 22,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:93,6 por cientoSeguían siendo insuficientes las salvaguardias de losderechos humanos de los pueblos indígenas, sobretodo en el contexto de los grandes proyectos deinfraestructura construidos en tierras indígenas.Suscitaron preocupación las restricciones a lalibertad de expresión.Información generalEn diciembre, Francia extraditó al ex jefe de facto delEstado Manuel Noriega, que cumplía una pena deprisión por blanqueo de dinero. En 2010, ManuelNoriega había terminado de cumplir en Estados Unidosuna condena de 20 años por narcotráfico, blanqueo dedinero y delincuencia organizada. Durante este tiempofue juzgado y condenado in absentia por los tribunalespanameños por la muerte de varios adversariospolíticos –como el mayor Moisés Giroldi Vera, muertoen octubre de 1989 tras liderar un golpe de Estadofallido, y Hugo Spadafora, ex viceministro de Salud,muerto en 1985–, así como por otros delitos, entreellos el de detención ilegal. Estaba previsto quetambién fuera juzgado por la desaparición forzada yejecución en 1970 del sindicalista Heliodoro Portugal.La participación de Noriega en muchas otrasviolaciones de derechos humanos cometidas durantesu gobierno y antes de él estaba aún sin investigar.En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de laONU instó a Panamá a que mejorase la protección delas mujeres y las niñas y, en concreto, a quecombatiera la trata de personas, la violencia en elámbito familiar y la discriminación. El Consejo pidióasimismo una investigación sobre los actos violentosocurridos en julio de 2010 durante las protestas de laprovincia de Bocas del Toro, en los que murieron 4manifestantes y resultaron heridos 56 policías y almenos 700 manifestantes. Al finalizar el año no habíahabido ningún avance en la implementación de estasrecomendaciones.Derechos de los pueblos indígenasLa ausencia de consultas y la inexistencia degarantías de un consentimiento libre, previo einformado por parte de los pueblos indígenasrespecto a los proyectos de desarrollo fueron motivode preocupación.Durante el año hubo protestas contra una ley deminería que facilitaba la realización de nuevosproyectos mineros en las tierras tradicionales delos pueblos indígenas sin incluir salvaguardiassuficientes para el medio ambiente ni garantizar unaconsulta adecuada con las comunidades locales. Enfebrero, el relator especial de la ONU sobre lospueblos indígenas pidió un diálogo entre el gobierno ylos pueblos indígenas, así como un proceso auténticode consulta sobre el proyecto de ley. La ley se aprobóen febrero, pero fue revocada en marzo tras lasPInforme 2012 Amnistía Internacional337

Pprotestas en la capital. En octubre se presentó unnuevo proyecto de ley, que suscitaba preocupaciónpor su posible impacto negativo en las comunidadesindígenas. Al finalizar el año aún no se habíaaprobado. En mayo comenzó la inundación de tierras en eldistrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro,para construir la represa de Chan-75, en medio dedenuncias de que no se había consultado con losindígenas ngöbe que vivían en la zona afectada.Cuando se inició la inundación, algunos miembros dela comunidad ngöbe vivían todavía en sus casas ymantenían negociaciones sobre su reubicación.Libertad de expresiónDos periodistas que habían criticado la políticagubernamental fueron expulsados del país. ElConsejo de Derechos Humanos de la ONU expresópreocupación por los casos de intimidación ala prensa y pidió a las autoridades que no ejercieranuna presión política indebida sobre los medios decomunicación. En febrero, Francisco Gómez Nadal y Pilar Chato,periodistas españoles con residencia permanente enPanamá y miembros activos de una organización dederechos humanos, fueron detenidos y expulsados conla prohibición de volver a entrar en el país. Amboshabían informado de las protestas contra las políticasmineras y a favor de los derechos laborales, y elgobierno los había acusado de manipular a losindígenas.PARAGUAYREPÚBLICA DEL PARAGUAYJefe del Estado y del gobierno: Fernando Lugo MéndezPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:6,6 millonesEsperanza de vida:72,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 22,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:94,6 por cientoSe avanzó en la resolución de las reclamaciones detierras de los sawhoyamaxa y los kelyenmagategma,pero se siguió negando a otros pueblos indígenas elderecho a sus tierras tradicionales. Las autoridadesintentaron socavar y tergiversar la labor de losdefensores y defensoras de los derechos humanos.Información generalEn octubre se decretó un estado de emergenciade 60 días en los departamentos septentrionales deConcepción y San Pedro, tras dos ataques atribuidosal Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), grupo armadode oposición.En febrero se evaluó, en el marco del examenperiódico universal de la ONU, la actuación deParaguay en materia de derechos humanos.Los Estados expresaron preocupación por losderechos de los pueblos indígenas, la impunidad,los derechos de las mujeres y la discriminación pormotivos de raza, origen étnico y orientación sexual.Tras una visita realizada en marzo, el relatorespecial de la ONU sobre la libertad de religión o decreencias expresó preocupación por los retrasos en lapromulgación de leyes contra la discriminación, porla falta de implementación de mecanismos contra ladiscriminación, sobre todo en la región del Chaco, ypor la escasa presencia y capacidad de lasinstituciones del Estado.En mayo se aprobó un mecanismo nacional para laprevención de la tortura, tal como exige el ProtocoloFacultativo de la Convención de la ONU contra laTortura.Derechos de los pueblos indígenasSe avanzó en la resolución de las reclamaciones detierras de algunas comunidades indígenas, aunque sesiguió negando a otras el derecho a sus tierrastradicionales. En septiembre, cinco años después de que la CorteInteramericana de Derechos Humanos dictasesentencia a su favor, los sawhoyamaxa firmaron unacuerdo con el gobierno y los actuales propietarios delas tierras para iniciar el proceso de devolver a lacomunidad sus tierras tradicionales. En virtud de esteacuerdo, un organismo gubernamental iba a compraruna parcela de 14.404 hectáreas a dos empresasradicadas en Puerto Colón antes de finalizar el año. En agosto, las autoridades reconocieronformalmente la reclamación de tierras de loskelyenmagategma y les transfirieron oficialmentela propiedad de 8.700 hectáreas, que permitieron a lacomunidad recuperar parte de su territorio tradicional.338 Informe 2012 Amnistía Internacional

La comunidad, que inició el proceso legal parareclamar parte de sus tierras en el año 2000, habíasufrido amenazas y actos de intimidación que lasautoridades no investigaron.No hubo ninguna resolución sobre las reclamacionesde tierras de los yakye axa ni de los xámok kásek;tampoco hubo avances significativos en lasinvestigaciones sobre el presunto rociado con pesticidasen 2009 de las comunidades indígenas de Itakyry.El Comité de la ONU para la Eliminación de laDiscriminación Racial examinó la actuación deParaguay en agosto y recomendó la adopción dereformas para garantizar que el sistema de justiciaprotegía los derechos de los pueblos indígenas. Entrelas reformas propuestas se incluían mecanismosefectivos para presentar quejas y reclamaciones sobretierras, lograr la restitución de tierras tradicionales yreconocer plenamente los derechos sobre las tierrasde los indígenas de un modo coordinado ysistemático.Defensores y defensorasde los derechos humanosLas autoridades intentaron socavar la labor dequienes defendían los derechos humanos. En julio, los abogados de la Coordinadora deDerechos Humanos del Paraguay (CODEHUPY)presentaron una acción de hábeas data en la quesolicitaban al fiscal general que demostrase lasacusaciones que había realizado en la prensa, en lasque afirmaba que los abogados de la coordinadoramantenían contacto telefónico con el EPP. Esasacusaciones se habían realizado en el contexto de ladecisión, anunciada por el juez Gustavo Bonzi a finalesde junio, de poner en libertad a 14 personas a las quelas autoridades acusaban de prestar apoyo al EPP enun caso de secuestro; la decisión del juez se basaba enque los fiscales no habían presentado pruebas sobre laimplicación de los acusados. Los abogados de laCODEHUPY, que representaban a seis de losacusados, habían denunciado violaciones de lasgarantías del proceso debido en estos casos. El Juradode Enjuiciamiento de Magistrados pidió la suspensióndel juez Bonzi por excederse en sus funciones al poneren libertad a los 14 acusados y, en agosto, el Tribunalde Apelaciones de Concepción anuló la decisión deljuez. Al finalizar el año estaba pendiente una acción deinconstitucionalidad presentada contra la decisión delTribunal de Apelaciones. Cuatro miembros de Iniciativa Amotocodie, ONGque trabajaba para proteger los derechos de los gruposindígenas ayoreo, que vivían aislados de la civilizaciónen la región del Chaco paraguayo, fueron enjuiciadospor diversos cargos, entre ellos “lesión de confianza”.Las investigaciones sobre la organización comenzarondespués de que ésta declarase públicamente suoposición a una expedición científica llamada “ChacoSeco 2010” alegando que podía dañar los derechos delos indígenas aislados de la civilización, y seguían encurso al final del año.ImpunidadEn julio, Norberto Atilio Bianco, médico militar delcentro clandestino de detención de Campo de Mayo,ubicado en Argentina y que estuvo en funcionamientoen la década de 1970, fue extraditado desdeParaguay por segunda vez para ser juzgado porapropiación de bebés nacidos de mujeres que habíansido víctimas de detención ilegítima y desapariciónforzada.En septiembre, las autoridades informaron de quelos restos hallados en una fosa excavada en unacomisaría de policía de Asunción podrían pertenecera víctimas de violaciones de derechos humanoscometidas durante el gobierno militar del generalAlfredo Stroessner (1954-1989). Según el informede la Comisión de Verdad y Justicia publicadoen agosto de 2008, durante el régimen militar almenos 59 personas habían sido ejecutadas,y otros 336 detenidos fueron víctimas dedesaparición forzada.TorturaEl sistema de justicia militar investigaba las denunciasde tortura formuladas por al menos cuatro reclutas dela Academia Militar Francisco Solano López(Academil) de Capiatá.Informes y visitasde Amnistía Internacional Paraguay: Información para el Comité de la ONU para la Eliminaciónde la Discriminación Racial (AMR 45/001/2011)PInforme 2012 Amnistía Internacional339

PPERÚREPÚBLICA DEL PERÚJefe del Estado y del gobierno: Ollanta Humala Tasso(sustituyó a Alan García Pérez en julio)Pena de muerte: abolicionista para los delitos comunesPoblación:29,4 millonesEsperanza de vida:74 añosMortalidad infantil (‹5 años): 21,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:89,6 por cientoLa histórica Ley de Derecho a la Consulta Previa a losPueblos Indígenas u Originarios, la primera de estetipo en Latinoamérica, hizo obligatoria la consultaprevia a la implementación de proyectos dedesarrollo en tierras tradicionales indígenas. Hubopocos avances en las investigaciones sobreviolaciones de derechos humanos cometidas duranteel conflicto armado interno (1980-2000).Información generalAl tomar posesión de su cargo, el presidente OllantaHumala declaró que su gobierno daría prioridad alalivio de la pobreza y de la exclusión social.Las concesiones a empresas del sector extractivosuscitaron protestas de los pueblos indígenas. Seisindígenas murieron violentamente y decenasresultaron heridos durante las protestas de mayo yjunio en la región de Puno contra las actividadesmineras y la construcción de una represahidroeléctrica.En noviembre, el Tribunal Constitucional resolvióparalizar la construcción del proyecto de riego MajesSiguas II hasta que se hubiera realizado unestudio de evaluación del impacto hidrológico.La comunidad de Espinar, en la región del Cuzco,había alegado que la construcción de la represa y dela central hidroeléctrica de Angostura afectaría alsuministro de agua de su comunidad y, por tanto,a sus medios de subsistencia.Derechos de los pueblos indígenasEn septiembre entró en vigor la tan esperada Ley deDerecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas uOriginarios, que hizo que la consulta y los acuerdos conlos pueblos indígenas sobre los proyectos de desarrolloen tierras tradicionales fueran obligatorios. En los casos enque no se llegase a un acuerdo, los organismosestatales tendrían que adoptar todas las medidasnecesarias para asegurarse de que se garantizaban losderechos colectivos de los pueblos indígenas. Sinembargo, suscitaba preocupación la posibilidad de quela ausencia de consulta sobre proyectos de desarrolloya aprobados desembocara en nuevos conflictos.En noviembre, comunidades indígenas de laprovincia de Cajamarca protestaron cuandofracasaron las negociaciones –auspiciadas por elgobierno– entre las comunidades locales y la empresaminera Yanacocha. Las comunidades se oponían alproyecto porque creían que amenazaba los recursoshídricos de la zona. El gobierno regional suspendió elproyecto a la espera de que concluyese una nuevaevaluación del impacto ambiental.BaguaEn junio, el Congreso aprobó un informe que concluíaque ningún ministro del gobierno había sidoresponsable de los sucesos ocurridos en Bagua enjunio de 2009, en los que murieron 33 personas,23 policías entre ellas, y al menos otras 205resultaron heridas tras la intervención de la policíapara poner fin a las protestas de los indígenas.También en junio, un tribunal retiró los cargosformulados contra el dirigente indígena Segundo AlbertoPizango Chota, de la Asociación Interétnica de Desarrollode la Selva Peruana (AIDESEP), y otras cuatro personasen relación con los enfrentamientos de Bagua.Un Tribunal Policial Militar declaró culpables a dosgenerales de la Policía Nacional del Perú y a un altomando del ejército en relación con las muertes yheridas de Bagua. Al finalizar el año proseguían lasactuaciones judiciales contra cinco policías.ImpunidadLas investigaciones sobre violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasado siguieronavanzando a un ritmo lento. En mayo comenzó la vista oral del caso contra elgeneral retirado Carlos Briceño Zevallos y otros seisaltos mandos del ejército en relación con las torturas ylas desapariciones forzadas cometidas en el cuartel deLos Cabitos, en la provincia de Huamanga, en 1983. Eljuicio proseguía al finalizar el año. En julio, Estados Unidos extraditó al ex oficial delejército Telmo Hurtado para que fuera juzgado enrelación con la masacre de 69 personas perpetrada enAccomarca en 1985. El juicio contra 29 hombres, entrelos que figuraban miembros de las patrullas implicadas340 Informe 2012 Amnistía Internacional

en el crimen y quienes impartieron las órdenes,continuaba al finalizar el año.En junio, el ejecutivo promulgó un decreto queestablecía el importe de las reparaciones destinadas alas víctimas individuales del conflicto armado inscritasen el Registro Único de Víctimas y declaró que elproceso de determinación de los beneficiariosterminaría al finalizar diciembre. Las organizacionesque representaban a las víctimas rechazaron laresolución por varios motivos.Uso excesivo de la fuerzaEn abril, tres manifestantes murieron violentamente ydecenas más resultaron heridos en enfrentamientoscon la policía durante las protestas contra el proyectode la mina de cobre “Tía María”, en la provincia deIslay. Poco después, las autoridades cancelaron elproyecto, que según la comunidad iba a contaminarel agua que usaban para la agricultura.SindicalistasLos dirigentes sindicales Pedro Condori Laurente yAntonio Quispe Tamayo fueron puestos en libertad enmarzo, después de dos meses y medio en prisión porcargos infundados en relación con un accidenteminero ocurrido en julio de 2010. Al finalizar el añoseguían pendientes los cargos presentados contraellos.Rendición de cuentas de las empresasEn agosto, la empresa Monterrico Metals, con sedeen Reino Unido, alcanzó un acuerdo extrajudicialcon 33 campesinos que habían denunciado que losguardias de seguridad contratados por la empresahabían sido cómplices de las violaciones de derechoshumanos sufridas por los campesinos en 2005durante las protestas contra el proyecto minero deRío Blanco.Derechos sexuales y reproductivosEn octubre, el Comité para la Eliminación de laDiscriminación contra la Mujer resolvió que Perúdebía modificar su legislación para permitir el abortoen los casos de violación; también debía establecerun mecanismo para garantizar la disponibilidad dedichos servicios de aborto, y debía garantizar elacceso a servicios de aborto cuando la vida o la saludde la mujer corrieran peligro. El caso, presentado porel Centro de Derechos Reproductivos y suorganización asociada en Perú –Centro de Promocióny Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos(PROMSEX)–, se refería a una adolescentede 13 años que había sido violada repetidamentedesde los 11 años y que había quedado embarazadacomo consecuencia de ello en 2007. La adolescentequedó gravemente incapacitada después de sufriruna fractura de columna en un intento de suicidio yde que los médicos se negaran a intervenirla alegandoque el procedimiento podría causar daños al feto.Las mujeres afrontaron nuevos obstáculos paraacceder a sus derechos sexuales y reproductivoscuando, en mayo, el Tribunal Constitucional, en unaaclaración a una sentencia anterior, prohibió al Estadola venta o el suministro gratuito de anticonceptivos deemergencia.En octubre, las autoridades anunciaron que laFiscalía de la Nación había reabierto unainvestigación sobre la esterilización forzada de másde 200.000 mujeres realizada durante la presidencia deAlberto Fujimori, en la década de 1990.POLONIAREPÚBLICA DE POLONIAJefe del Estado:Bronislaw KomorowskiJefe del gobierno:Donald TuskPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:38,3 millonesEsperanza de vida:76,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 6,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,5 por cientoLa defensora del Pueblo expresó su preocupaciónpor el número creciente de ataques racistas yxenófobos que se registraban. El Parlamento rechazóuna propuesta de prohibición absoluta del aborto.Varias ONG expresaron su preocupación por lareclusión de solicitantes de asilo menores de edad.Información generalEl partido político gobernante, Plataforma Cívica, ganólas elecciones parlamentarias en octubre. Entre losnuevos parlamentarios había dos activistas de losderechos de lesbianas, gays, bisexuales y personasPInforme 2012 Amnistía Internacional341

Ptransgénero; una activista experta en derechossexuales y reproductivos y dos hombres de origenafricano. Por primera vez se eligieron en Poloniamujeres para los cargos de presidente yvicepresidente del Parlamento.Seguridad y medidas antiterroristasEn julio, la fiscalía decidió ampliar otros seis meses lainvestigación sobre la presunta participación dePolonia en los programas de entrega y detenciónsecreta dirigidos por la CIA. Según informó enseptiembre la emisora radiofónica RMF FM, elpresidente rechazó una solicitud presentada por lafiscalía para que el ex presidente AleksanderKwaśniewski fuera eximido de su obligación de nodivulgar secretos de Estado y pudiera declarar. Al finaldel año no se había hecho pública ninguna otrainformación sobre los avances o resultados de lainvestigación.La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europaaprobó una resolución en octubre en la que pedía ala fiscalía de Polonia que perseverara en el intento deestablecer la verdad sobre las denuncias dedetenciones secretas de la CIA. Señalaba además enella que el Parlamento se había ceñido a unasinvestigaciones cuya finalidad principal parecía ser lade defender la postura oficial de las autoridadesnacionales.DiscriminaciónEl gobierno no destinó a la Oficina del Defensor delPueblo los recursos necesarios para desempeñar sunueva función de institución para la igualdad. Lalegislación contra la discriminación aprobada endiciembre de 2010 había encomendado a la Oficinaque ayudara a las víctimas de discriminación apresentar denuncias y que llevara a caboinvestigaciones independientes y formulararecomendaciones en relación con la igualdad detrato. El gobierno sostenía que la Oficina podía asumirlas nuevas competencias sin financiación adicional.Sin embargo, la defensora del Pueblo aseguró enmayo que no existía una unidad especializada contrala discriminación en la Oficina debido a la falta defondos y que era ilegal imponer nuevas competenciasa un organismo público sin asignarle recursossuficientes.RacismoEn una carta remitida en octubre al fiscal general, ladefensora del Pueblo se mostró preocupada por elnúmero creciente de ataques racistas y xenófobospuestos en su conocimiento y pidió que se tomaranlas medidas necesarias para abordar estos delitos.Libertad de expresiónSe siguió criticando a Polonia por la legislación quepenalizaba la difamación, que se determinó quepodía haber tenido efectos perjudiciales para lalibertad de expresión. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvióen julio, en la causa Wizerkaniuk v. Poland, que Poloniahabía violado el derecho a la libertad de expresión. Elperiodista Jerzy Wizerkaniuk había recurrido lasentencia de un tribunal local que le había impuestouna multa por publicar fragmentos de una entrevistacon un parlamentario local sin su consentimiento. ElTribunal Europeo determinó que las disposiciones de laLey de Prensa de 1984, que permitía imponersanciones penales a periodistas, no reflejabandebidamente el significado de la libertad de expresiónen una sociedad democrática, y concluyó que lasanción penal era desproporcionada en talescircunstancias, ya que existían recursos civiles paraproteger la reputación.Sistema de justicia El Tribunal Europeo de Derechos Humanos resolvióen mayo, en la causa Bogusław Krawczak v. Poland,que Polonia había violado el derecho a ser juzgado enun plazo razonable de Bogusław Krawczak, que habíaestado casi cuatro años en reclusión preventiva. ElTribunal sostuvo además que se había violado suderecho a la vida privada y familiar con la imposiciónde restricciones arbitrarias del contacto físico consu familia.Condiciones de reclusiónEn julio, el Comité Europeo para la Prevención de laTortura expuso sus motivos de preocupación conrespecto a las condiciones de reclusión de los detenidos;entre ellos figuraban el hacinamiento, la provisióninsuficiente de asistencia médica, los malos tratospoliciales y la ausencia de un sistema desarrollado deasistencia letrada gratuita. El Comité pidió a lasautoridades polacas que revisaran la normativa sobre elespacio vital de los reclusos y les garantizaran al menos342 Informe 2012 Amnistía Internacional

cuatro metros cuadrados por persona en las celdascolectivas. En septiembre, el Ministerio de Justiciasostuvo que, debido a los altos índices de poblaciónpenitenciaria, era imposible garantizar a cada recluso elespacio indicado por el Comité. Según la Fundación deHelsinki para los Derechos Humanos, se presentaronante los tribunales 4.370 demandas de indemnizaciónpor daños personales en relación con el ingreso enceldas superpobladas.Derechos sexuales y reproductivosEl Parlamento rechazó en septiembre una propuestade reforma de la Ley de Planificación Familiarde 1993 por la que se prohibía el aborto en todas lascircunstancias. Seguía siendo legal en tres supuestosestrictamente definidos: cuando el embarazopusiera en peligro la vida o la salud de la mujer;cuando los exámenes prenatales u otras pruebasmédicas indicaran un riesgo elevado de que el fetopresentara daños graves e irreversibles o padecierauna enfermedad incurable y peligrosa para la vida, ycuando existieran razones de peso para creer que elembarazo era producto de un acto delictivo. Polonia violó el derecho a no sufrir tortura ni tratosinhumanos y el derecho a la vida privada y familiar deuna mujer embarazada, R.R., a la que se impidióacceder a tiempo a unas pruebas genéticas. El TribunalEuropeo de Derechos Humanos resolvió que, debido alas dilaciones y negativas de los profesionales médicos,R.R. había tenido que soportar durante semanas unadolorosa incertidumbre sobre la salud del feto y la suyapropia, así como sobre el futuro de su familia.Semejante actuación constituyó trato humillante. Suhijo nació con el síndrome de Turner y su esposo laabandonó. El Tribunal Europeo de Derechos Humanosrecalcó que, dado que el derecho interno permitía elaborto en el supuesto de anormalidad fetal, una mujerembarazada debía tener acceso a información plena yfiable sobre la salud del feto. En septiembre, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos consideró admisible el caso de unaadolescente que había sido víctima de violación y habíasufrido demoras y hostigamiento en el acceso a unaintervención de aborto legal.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEn julio, la Fundación de Helsinki para los DerechosHumanos, la Asociación de Intervención Legal y elCentro de Asistencia Jurídica Halina Nieć expresaronsu preocupación por la reclusión de niños junto confamiliares adultos detenidos únicamente por motivosde inmigración.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Polonia en mayo. Current evidence: European complicity in the CIA rendition and secretdetention programmes (EUR 01/001/2011) Poland: Involvement in US-led rendition and secret detentionprogrammes and women’s access to sexual and reproductive rights –Amnesty International submission to the UN Universal Periodic Review,May-June 2012 (EUR 37/002/2011)PORTUGALREPÚBLICA PORTUGUESAJefe del Estado:Aníbal António Cavaco SilvaJefe del gobierno: Pedro Manuel Mamede Passos Coelho(sustituyó a José Sócrates CarvalhoPinto de Sousa en junio)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:10,7 millonesEsperanza de vida:79,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 3,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:94,9 por cientoLa rendición de cuentas por prácticas de tortura yotros malos tratos fue escasa. La comunidad romanísufrió discriminación en el acceso a la vivienda. Laviolencia en el ámbito familiar siguió siendo motivode grave preocupación.Tortura y otros malos tratosEn febrero se difundió por Internet un vídeo deseptiembre de 2010 en el que se veía a guardias deprisiones usando lanzadardos paralizantes contra unrecluso en la cárcel de Paços de Ferreira, al parecerpara obligarlo a limpiar su celda. El hombre noparecía oponer resistencia. En abril, el ministro deJusticia emitió un decreto por el que se prohibía eluso de armas paralizantes en tales circunstancias. Alfinal del año seguía pendiente una investigación delServicio de Auditoría e Inspección de la DirecciónGeneral de Servicios Penitenciarios.PInforme 2012 Amnistía Internacional343

PEn marzo, el tribunal de apelación de Évoraconfirmó una resolución anterior según la cual LeonorCipriano había sufrido torturas bajo custodia policialen 2004 pero los responsables no podían seridentificados. Leonor Cipriano aún no había sidoindemnizada por el Estado. Gonçalo de Sousa Amaraly António Fernandes Nuno Cardoso, inspectoresde la policía judicial, habían sido condenadosa 18 y 27 meses de cárcel, respectivamente, poralegar falsamente que Leonor Cipriano se había caídopor las escaleras. Sin embargo, ambas condenashabían sido condicionales debido a que losfuncionarios no tenían condenas anteriores.Las vistas del juicio contra tres agentes de policíaacusados de torturar a Virgolino Borges cuandoestuvo bajo custodia policial en marzo de 2000 secelebraron en noviembre y diciembre. Se pidió aVirgolino Borges que volviera a declarar porque alparecer se había perdido la grabación debido aproblemas técnicos.Derecho a la viviendaSe siguió negando a la comunidad romaní el derechoa una vivienda adecuada. En noviembre, el ComitéEuropeo de Derechos Sociales decidió, en el casoEuropean Roma Rights Centre v. Portugal, que lascondiciones de alojamiento de la comunidad romaníen Portugal vulneraban el derecho a la vivienda y elderecho a no sufrir discriminación. El Comitéconsideró que muchos romaníes vivían enprecarias condiciones de alojamiento, segregados delresto de la población, y que el gobierno no les habíaproporcionado una vivienda adecuada. El desalojo de un asentamiento en el Bairro da Torre,en Loures, cerca de Lisboa, estaba previsto para el 18de octubre pero fue suspendido por las autoridadesmunicipales. El asentamiento albergaba a 86 familiasromaníes y migrantes del África subsahariana. Enmarzo se había enviado notificación del desalojo perono se había ofrecido alojamiento alternativo. Se puso enmarcha un proceso para conceder viviendas a algunasfamilias, incluidas personas con discapacidad. La ordende desalojo seguía pendiente al terminar el año.Violencia contra mujeres y niñasLa violencia en el ámbito familiar siguió siendo motivode profunda preocupación. En mayo, el gobiernofirmó el Convenio del Consejo de Europa sobrePrevención y Lucha contra la Violencia contra lasMujeres y la Violencia Doméstica. Según el informede seguimiento sobre violencia doméstica hechopúblico por la Dirección General de AdministraciónInterna, en agosto se habían presentado ante lapolicía y la gendarmería 14.508 denuncias deviolencia intrafamiliar en el año. A fecha de 11 denoviembre, la ONG Unión de Mujeres Alternativa yRespuesta (UMAR) había documentado 23 muertesy 39 intentos de homicidio como consecuencia de laviolencia intrafamiliar desde principios de año.PUERTO RICOESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICOJefe del Estado:Barack H. ObamaJefe del gobierno:Luis G. FortuñoPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:4 millonesUna investigación realizada por el Departamentode Justicia concluyó que existía un patrón de malostratos infligidos por los agentes del Departamentode Policía de Puerto Rico.PolicíaEn septiembre, el Departamento de Justiciaestadounidense dio a conocer un informe quedocumentaba un “patrón y práctica” de abusos porparte del Departamento de Policía de Puerto Rico.Esos abusos incluían uso excesivo de la fuerza,disparos injustificados con resultado de numerosasheridas y muertes, y registros y confiscacionesilegales. El informe concluyó, entre otras cosas, que lapolicía había sido responsable del uso indiscriminadode agentes químicos, porras y otro tipo de fuerzacontra los estudiantes que se manifestaron ante elHotel Sheraton de San Juan en mayo de 2010.El informe señalaba asimismo la existencia de“indicios preocupantes” de que el Departamento dePolicía no había actuado adecuadamente enincidentes de agresión sexual y violencia en el ámbitofamiliar, y de que discriminaba habitualmente a laspersonas de origen dominicano.Las conclusiones fueron resultado de unainvestigación de tres años realizada por la División de344 Informe 2012 Amnistía Internacional

Derechos Civiles del Departamento de Justicia,e incluían 133 recomendaciones de reforma–entre ellas la mejora de la formación, las políticas yla supervisión–, que se estaban estudiando al finalizarel año.Libertad de expresiónEl informe del Departamento de Justiciadocumentaba un patrón de agresiones policialescontra manifestantes no violentos y periodistas“concebidas para reprimir” el derecho a la libertad deexpresión, garantizado por la Primera Enmienda de laConstitución de Estados Unidos.En mayo, Amnistía Internacional Puerto Ricodescubrió que se había bloqueado el acceso a su sitioweb a los estudiantes que utilizaban los ordenadoresdel Departamento de Educación. Aunque el bloqueofue levantado posteriormente tras las protestas de laorganización, al finalizar el año el Departamentocontinuaba bloqueando la búsqueda de la palabra“advocacy” (defensa).QATARESTADO DE QATARJefe del Estado:Shaij Hamad bin Jalifa al ZaniJefe del gobierno: Shaij Hamad bin Yasim bin Yabr al ZaniPena de muerte:retencionistaPoblación:1,9 millonesEsperanza de vida:78,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 10,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:94,7 por cientoDos personas fueron detenidas, al parecer porpresuntas críticas al gobierno, y una de ellasfue presuntamente torturada. La poblacióntrabajadora migrante sufría explotación y abusos,y la ley no la protegía adecuadamente. Seimpusieron penas de flagelación al menos a seispersonas. Se condenó a muerte al menos a treshombres. No hubo ejecuciones.Información generalEn Qatar no se produjeron manifestaciones contra elgobierno similares a las de otros países de la región,pese a que en febrero y marzo se convocaronprotestas en Facebook.En mayo se celebraron elecciones municipales. Ennoviembre el gobierno se comprometió a celebraren 2013 las primeras elecciones al Consejo de laShura, que se venían aplazando desde 2008.En octubre se aprobó una ley por la que seprohibía la trata de seres humanos. Según informes,también se estaban revisando otras leyes, como laLey de Protección de la Sociedad, de 2002, quepermitía la detención sin cargos por periodos dehasta seis meses.Libertad de expresiónAl menos dos hombres fueron detenidos, al parecerpor presuntas críticas al gobierno, y un hombre y unamujer fueron encarcelados por blasfemia. Comomínimo 46 personas, en su mayoría extranjeras,fueron declaradas culpables de “relaciones sexualesilícitas” y expulsadas del país o encarceladas y, enalgunos casos, expulsadas a continuación. Salem al Khawari, funcionario, fue detenido el 7 defebrero y recluido sin cargos hasta el 18 de octubre.Durante tres meses no tuvo acceso a su familia y, alparecer, fue obligado a permanecer de pie hasta15 horas al día, privado de sueño y golpeado. Lasautoridades no explicaron la razón de su detención, yno se tuvo constancia de ninguna investigación sobresu presunta tortura. Sultan al Khalaifi, bloguero y fundador de unaorganización local de derechos humanos, fue detenidoel 2 de marzo por agentes de los servicios de seguridaddel Estado vestidos de civil, que registraron también sudomicilio. Permaneció recluido en régimen deincomunicación durante una semana y quedó enlibertad sin cargos el 1 de abril. Según informes, en febrero un tribunal de Dohadeclaró culpable de blasfemia a un qatarí de 41 años ylo condenó a cinco años de prisión.Derechos de las personas migrantesLos trabajadores migrantes, que representaban másdel 80 por ciento de la población de Qatar y procedíansobre todo del sur y el sureste asiáticos, seguían sinrecibir protección suficiente de la ley y sufriendoexplotación y abusos a manos de sus empleadores. Enmayo, la Confederación Sindical Internacional criticólas condiciones de los trabajadores en Qatar, sobretodo las de las empleadas domésticas y los obreros deQInforme 2012 Amnistía Internacional345

Rla construcción de las instalaciones para la CopaMundial de Fútbol de 2022, y pidió mejoras de calado.Discriminación:negación de la nacionalidadLas autoridades continuaron negando la nacionalidadqatarí a aproximadamente un centenar de personas,la mayoría de ellas pertenecientes a la tribu deAl Murra, a la que se acusaba de haber apoyado unintento de golpe de Estado ocurrido en 1996. Debidoa ello, estas personas sufrían problemas, comonegación de oportunidades de trabajo, de seguridadsocial y servicios de salud y del pasaporte qatarí.Tampoco podían interponer recursos ante lostribunales.Penas crueles, inhumanas o degradantesAl menos seis personas de ambos sexos y todasellas extranjeras fueron condenadas a recibir40 o 100 latigazos por delitos relacionados con elconsumo de alcohol o las “relaciones sexualesilícitas”. Este tipo de penas sólo podían ejecutarsecontra musulmanes considerados médicamenteaptos. Se ignoraba si en alguno de estos casos seejecutó la pena.Pena de muerteSe condenó a muerte como mínimo a 3 hombres.Se creía que al terminar el año había al menos19 condenados a muerte, entre ellos no menosde 6 a los que se había impuesto la penaen 2001 tras ser declarados culpables departicipar en el intento de golpe de Estadode 1996. No se tuvo constancia de ningunaejecución.REINO UNIDOREINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTEJefa del Estado:reina Isabel IIJefe del gobierno:David CameronPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:62,4 millonesEsperanza de vida:80,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 5,5 por cada 1.000Se publicó el protocolo de la Comisión deInvestigación de Detenidos, que distaba de cumplirlas normas de derechos humanos. El gobiernoconfirmó su intención de ampliar su programa deexpulsiones con garantías, para facilitar lasdevoluciones a países donde corrían un peligro realde sufrir tortura. La comisión de investigación sobrela muerte de Baha Mousa criticó a las fuerzasarmadas británicas por sus graves violaciones dederechos humanos contra personas detenidas, y lacomisión encargada de investigar la muerte deRosemary Nelson criticó con dureza a lasinstituciones estatales por no adoptar en múltiplesaspectos medidas que habrían podido evitar suhomicidio. En marzo se estableció una comisión paraestudiar la creación de una Carta de Derechosbritánica.Seguridad y medidas antiterroristasTortura y otros malos tratosEn julio se publicaron el mandato y el protocolo de laComisión de Investigación de Detenidos, establecidaen 2010 para examinar denuncias de participaciónde Reino Unido en violaciones de derechos humanoscontra personas recluidas en el extranjero en elcontexto de operaciones antiterroristas. El protocolofue motivo de preocupación, porque no se ajustaba alas normas internacionales de derechos humanos,principalmente debido a que el gobierno sereservaba la decisión final sobre la revelación dematerial, en detrimento de la independencia yeficacia de la Comisión. Los abogados de algunaspersonas cuyos casos estaba previsto que fueranexaminados por la Comisión confirmaron que habíanaconsejado a sus clientes que no participaran en lasinvestigaciones. Diez ONG anunciaron que si éstasse realizaban en los términos propuestos nocooperarían.346 Informe 2012 Amnistía Internacional

El inicio oficial de los trabajos de la Comisión seaplazó en espera de la conclusión de unasinvestigaciones criminales sobre presuntasactuaciones indebidas de agentes de inteligenciabritánicos.En septiembre se descubrieron en Trípoli, Libia,documentos que indicaban que Reino Unido habíaparticipado en 2004 en la transferencia ilegal de SamiMustafa al Saadi y de Abdel Hakim Belhaj a ese país apesar de que allí corrían peligro real de sufrir tortura yotros malos tratos. Posteriormente, ambos presentarondemandas por daños y perjuicios contra lasautoridades británicas por su presunta participaciónen las violaciones de derechos humanos que habíansufrido, tales como tortura y otros malos tratos.El Tribunal Superior de Justicia de Inglaterra yGales dictó sentencia el 3 de octubre en relación conla legalidad de las directrices para los agentes deinteligencia sobre intercambio de información secretay operaciones de detención e interrogatorio en elextranjero. Determinó que las directrices debíanreformarse para que reflejaran la prohibición absolutade encapuchar a los detenidos, pero desestimó quefuese ilegal el criterio establecido en las directricespara evaluar el riesgo de tortura y otros malos tratosque corrían los detenidos.En diciembre, el gobierno escribió a lasautoridades estadounidenses pidiéndoles quetransfiriesen a Yunus Rahmatullah a la custodia deReino Unido, después de que el Tribunal deApelación dictase una orden de hábeas corpus enesta causa. Yunus Rahmatullah había sido capturadopor las fuerzas británicas en Irak en febrero de 2004y entregado a las fuerzas estadounidenses, que lohabían trasladado a Afganistán y lo mantenían desdeentonces recluido sin cargos en Bagram.Novedades jurídicas y relativas a las políticasEl Ministerio del Interior publicó en enero una revisiónque había realizado de seis atribuciones conferidasen materia de seguridad y lucha contra el terrorismo.Ese mismo mes se redujo de 28 a 14 días el periodomáximo de reclusión preventiva en los casos deterrorismo. Sin embargo, el gobierno publicó enfebrero un anteproyecto de ley que permitiría ampliarde nuevo el periodo a 28 días ante una situación deemergencia, no especificada, que pudierapresentarse en el futuro. El 13 de julio, en la causa Al Rawi and others v. TheSecurity Service and others, el Tribunal Supremoresolvió que los tribunales no podían ordenar“procedimientos basados en material secreto” enlos pleitos civiles por daños y perjuicios si no teníanpotestad legal para hacerlo; dichos procedimientospermitían al gobierno apoyarse en material secreto ensesiones judiciales a puerta cerrada.El gobierno presentó en octubre varios proyectos node ley sobre justicia y seguridad. Algunos suscitaronpreocupación, como el de ampliar el uso deprocedimientos basados en material secreto en lasactuaciones civiles –incluidos los pleitos por daños yperjuicios– y el de aplicar determinadas medidas quepermitían limitar por motivos de seguridad nacional lacapacidad de las víctimas de violaciones de derechoshumanos para solicitar la revelación de materialrelacionado con esas violaciones ante tribunalesnacionales. No obstante, también había entre ellosciertas propuestas limitadas para mejorar la supervisiónde los servicios de inteligencia y seguridad.Órdenes de controlA fecha de 14 de diciembre había nueve personas,todas de nacionalidad británica, sujetas a órdenesde control.La Ley de Prevención del Terrorismo de 2005, queestipulaba el régimen de las órdenes de control,quedó revocada en diciembre. Fue sustituida por laLey sobre Medidas de Investigación y Prevención delTerrorismo, que establecía un nuevo régimen derestricciones por orden administrativa que podíaimponerse a personas sospechosas de participar enactividades terroristas. Aunque se trataba derestricciones algo más limitadas que las aplicadas envirtud de las órdenes de control, seguíanconstituyendo privación de libertad o coartando elderecho a la intimidad y a la libertad de expresión,asociación y circulación. Se esperaba que, tras unperiodo transitorio, las restricciones por ordenadministrativa sustituyeran plenamente a las órdenesde control a principios de 2012. El gobierno produjoademás una versión “mejorada” de las restriccionespor orden administrativa para su aplicación en futurascircunstancias excepcionales no especificadas, queimplicaba la posibilidad de volver a imponer lasrestricciones más graves del anterior régimen deórdenes de control.ExpulsionesEl gobierno reafirmó su intención de desarrollar yampliar su programa de expulsiones con garantías aRInforme 2012 Amnistía Internacional347

Rfin de facilitar la devolución de personas quepresuntamente representaran una amenaza para laseguridad nacional a países donde estarían expuestasa sufrir tortura y otros malos tratos.Los procedimientos para impugnar estasexpulsiones ante la Comisión Especial de Apelacionessobre Inmigración seguían siendo injustos, alapoyarse excesivamente en información secreta norevelada a la persona afectada ni al abogado desu elección. El Tribunal de Apelación ratificó en marzo la decisiónde la Comisión Especial de que el ciudadano argelinoM.S. podía ser expulsado a su país dado que las garantíasdiplomáticas negociadas entre Reino Unido y Argeliaeran suficientes para disipar los riesgos que pudieracorrer a su regreso. La Comisión Especial había concluidoen 2007 que M.S. no representaba una amenaza para laseguridad nacional, pero el gobierno había continuadosolicitando su expulsión por otros motivos, alegando quelas garantías diplomáticas la hacían posible. En julio, el Tribunal de Apelación autorizó lapresentación de un recurso en la causa de X.X.,ciudadano etíope del que se afirmaba que constituíauna amenaza para la seguridad nacional. X.X. habíaimpugnado la decisión del gobierno de expulsarloalegando que, si regresaba a Etiopía, corría peligro desufrir tortura y otros malos tratos y de ser sometido a unjuicio manifiestamente injusto. Uno de los motivos depermitir el recurso fue que la información que habíaservido de fundamento en la causa provenía al parecerde personas que llevaban mucho tiempo recluidasilegalmente en régimen de incomunicación en centrosde detención no oficiales de Etiopía. Los abogadosde X.X. habían argumentado que el material obtenidoen tales circunstancias no era admisible.Fuerzas armadas británicas en IrakLa Gran Sala del Tribunal Europeo de DerechosHumanos dictó sentencia el 7 de julio en la causaAl-Skeini and others v. the United Kingdom, relativa alhomicidio de seis civiles en el curso de operacionesde seguridad de soldados británicos realizadas enIrak en 2003. El Tribunal determinó que el ConvenioEuropeo de Derechos Humanos era aplicable a lasoperaciones de Reino Unido en Irak porque en aquelmomento era una fuerza ocupante y que, por tanto, elpaís estaba obligado a realizar investigacionesindependientes y efectivas sobre los homicidios, loque no había hecho en cinco de seis causas abiertas.También el 7 de julio, en la causa Al-Jedda v. theUnited Kingdom, la Gran Sala del Tribunal resolvióque la reclusión prolongada de Hilal Abdul Razzaq Alial Jedda, que había permanecido más de tres añosen un centro de detención de las fuerzas armadasbritánicas en Basora, Irak, había violado su derecho ala libertad y a la seguridad. El Tribunal desestimó laalegación de Reino Unido de que la Resolución1546 del Consejo de Seguridad de la ONU invalidabael derecho del solicitante a las garantías de proteccióndel Convenio Europeo de Derechos Humanos. El 8 de septiembre publicó su informe la comisiónencargada de investigar la muerte de Baha Mousa enun centro de detención bajo control británico enBasora, Irak, así como el trato recibido por otros nueveciudadanos iraquíes detenidos junto con él. Lacomisión llegó a la conclusión inequívoca de que BahaMousa había muerto tras un “terrible episodio de graveviolencia gratuita” y que estaba “fuera de toda dudaque la mayoría de los detenidos, si no todos, habíansido víctimas de graves abusos y malos tratos”. Señalóasimismo el “fallo colectivo” del Ministerio de Defensaal no haber proporcionado directrices claras ycoherentes sobre el trato debido a los detenidos, lo quehabía dado lugar a que los soldados aplicaran en Iraktécnicas de interrogatorio que el gobierno británicohabía prohibido en 1972. El Ministerio de Defensaaceptó todas las recomendaciones de la comisión,excepto una, y manifestó que adoptaría las medidaspertinentes para que no se repitieran tales abusos. Sinembargo, los abogados de estos hombres y lasorganizaciones de derechos humanos solicitaron másmedidas contra los responsables, incluidasactuaciones penales.El 22 de noviembre, el Tribunal de Apelación dictósentencia en la causa de Ali Zaki Mousa. Resolvióque el Equipo de Investigación Histórica deDenuncias para Irak, creado para examinar presuntoscasos de tortura y otros malos tratos a ciudadanosiraquíes por parte de fuerzas armadas británicas enIrak, no tenía la independencia suficiente paradesempeñar su función investigadora con arreglo alConvenio Europeo de Derechos Humanos.Policía y fuerzas de seguridadEl 3 de mayo, un jurado emitió el veredicto dehomicidio ilegítimo en la investigación judicial sobre lamuerte de Ian Tomlinson durante las manifestacionesdel G-20 en Londres en abril de 2009. El jurado348 Informe 2012 Amnistía Internacional

concluyó que Ian Tomlinson había muerto por unahemorragia interna tras ser golpeado con una porray tirado al suelo de un empujón por un agente depolicía. En consecuencia, la Fiscalía General de laCorona cambió de parecer y decidió presentar cargospor homicidio involuntario contra el agente. Estabaprevisto que el juicio comenzara en 2012.Seguía abierta la investigación sobre la muerte deAzelle Rodney por disparos de agentes de la PolicíaMetropolitana el 30 de abril de 2005.DiscriminaciónEn septiembre, el Comité para la Eliminación de laDiscriminación Racial expresó su preocupación por lamarginación y la discriminación generalizada quesufrían los gitanos y nómadas y pidió al gobierno quetomara medidas concretas para mejorar su acceso aeducación, servicios de salud y asistencia médica,empleo y alojamiento adecuado. Entre 300 y 400 nómadas irlandeses que vivían enDale Farm, Essex, fueron desalojados a la fuerza enoctubre a pesar de los llamamientos que habían hechonumerosos órganos y expertos de la ONU y del Consejode Europa, ONG y líderes religiosos y de la sociedadcivil para evitarlo.Rendición de cuentas de las empresasEn septiembre, el Comité para la Eliminación de laDiscriminación Racial observó con preocupaciónque las operaciones en el extranjero de empresastransnacionales registradas en Reino Unidoestaban perjudicando los derechos humanos depoblaciones indígenas y solicitó al gobierno quetomara medidas para que las empresas británicasrespetaran los derechos humanos al operar en elextranjero.El Comité también criticó un proyecto de Ley sobreSentencias, Penas y Asistencia Letrada Gratuita alDelincuente que, de aprobarse, restringiría lacapacidad de los extranjeros que intentaran entablaracciones ante tribunales británicos en contra deempresas transnacionales.Irlanda del NorteContinuaron los episodios de violencia paramilitar enIrlanda del Norte. El jefe de policía Ronan Kerr resultómuerto el 2 de abril por la explosión de una bombacolocada en los bajos de su vehículo. Se atribuyó elatentado a republicanos disidentes.El defensor del Pueblo para Asuntos Policiales,duramente criticado por su falta de independencia enlas investigaciones de casos históricos de conductapolicial indebida en homicidios ilegítimos, anuncióque renunciaría al puesto a principiosde 2012.El Tribunal Supremo dictó sentencia en mayo sobrela causa de McCaughey & Anor. Concluyó que todainvestigación sobre la muerte de Martin McCaughey yde Dessie Grew por disparos de miembros de lasfuerzas armadas británicas en 1990 debía ajustarse alas obligaciones procesales relativas al derecho a lavida que establecía la Ley de Derechos Humanosde 1998. En febrero se anunció que la comisión deinvestigación sobre la muerte de Robert Hamill habíaconcluido su informe, si bien no se publicaría éstehasta la conclusión de las actuaciones judicialesentabladas contra tres hombres por cargos deobstrucción a la justicia en relación con el caso. En mayo se publicaron las conclusiones de unainvestigación sobre la muerte de Rosemary Nelson,ocurrida el 15 de marzo de 1999 por la explosión deuna bomba colocada en su automóvil en Lurgan,Irlanda del Norte. En el informe se criticaba con durezaa las instituciones estatales por no haber adoptado enmúltiples aspectos medidas que habrían podido evitarel homicidio, aunque no se encontraban indicios deactuación alguna por su parte que hubiera propiciadodirectamente su asesinato. El gobierno anunció en octubre que había nombradoa un reconocido abogado para examinar toda ladocumentación disponible sobre el caso del abogadoPatrick Finucane, muerto el 12 de febrero de 1989 amanos de paramilitares unionistas con la connivenciade agentes estatales británicos. La decisión suponíaretraerse de la promesa anterior de acometer unainvestigación pública completa sobre el homicidio y fuecriticada con dureza por las organizaciones dederechos humanos, que consideraron que no iba a seruna investigación efectiva, independiente, imparcial yexhaustiva, como exigía el derecho internacional de losderechos humanos. La familia de Patrick Finucaneinterpuso un recurso de revisión judicial contra ladecisión del gobierno.En septiembre, el gobierno de Irlanda del Norteanunció propuestas para establecer una comisión deinvestigación de abusos infantiles cometidos porinstituciones en el pasado. No obstante, la comisiónRInforme 2012 Amnistía Internacional349

Rpodría carecer inicialmente de las atribucionesnecesarias para exigir la comparecencia de testigos yla entrega de documentos, porque posiblemente seretrasase la determinación de su base jurídica.Violencia contra mujeres y niñasEl gobierno aprobó en marzo un plan de accióninterdepartamental sobre la violencia contra mujeresy niñas. Ese mismo mes, la ministra del Interioranunció que se daría carácter permanente a unproyecto piloto que se había emprendido para apoyara las víctimas de violencia en el ámbito familiar sinacceso a fondos públicos por su insegura condiciónde inmigrantes. Pero el proyecto sólo afectaba a lasmujeres con visado conyugal; las que tenían otraclase de visado o un permiso de trabajo temporalsiguieron sin tener acceso a servicios básicos.Se expresó la preocupación de que las personasmigrantes empleadas en el servicio domésticoestuvieran más expuestas a la explotación y, enalgunos casos, a la trata de personas en vista de losplanes de suprimir el visado para los trabajadores deeste sector, que les permitía cambiar de empleadoruna vez que estaban en Reino Unido.Personas refugiadasy solicitantes de asiloFue motivo de preocupación la propuesta de recortesen la asistencia letrada gratuita, porque agravaría lafalta de fondos públicos para el asesoramientojurídico en materia de asilo e inmigración, que enalgunas partes del país ya no existía.Continuaron las devoluciones de solicitantes deasilo rechazados a Afganistán e Irak, pese a quecorrían un peligro real de sufrir abusos contra susderechos humanos. Al término del año seguía en curso la investigacióncriminal sobre la muerte del ciudadano angoleñoJimmy Mubenga cuando intentaban devolverlo a supaís en 2010. Su fallecimiento había sidodesencadenante de llamamientos a la reforma delsistema de expulsiones, basados en la inquietud quesuscitaban las peligrosas técnicas de control einmovilización utilizadas por el personal de lasempresas de seguridad privada en las operacionesde expulsión. En junio, el Tribunal Europeo de Derechos Humanosresolvió, en la causa Sufi and Elmi v. The UnitedKingdom, que la devolución de dos ciudadanossomalíes a Mogadiscio, Somalia, sería contraria alartículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanospuesto que existía un peligro real de que sufrieranmalos tratos a su regreso allí (véase el apartado sobreSomalia).Informes y visitasde Amnistía Internacional Current evidence: European complicity in the CIA rendition and secretdetention programmes (EUR 01/001/2011) Reino Unido se equivoca con respecto a las garantías diplomáticas:Respuesta preliminar de Amnistía Internacional a la revisión de lasmedidas antiterroristas británicas (EUR 45/001/2011) United Kingdom: Joint NGO submission to chair of the Detainee Inquiry(EUR 45/002/2011) United Kingdom: Submission to the Joint Committee on the draftDetention of Terrorist Suspects (Temporary Extension) Bills(EUR 45/004/2011) United Kingdom/Northern Ireland: Inquiry into the killing of humanrights defender and lawyer Rosemary Nelson finds serious omissions bystate agencies (EUR 45/006/2011) United Kingdom: The Terrorism Prevention and Investigation MeasuresBill 2011: Control orders redux (EUR 45/007/2011) United Kingdom: European Court criticizes UK for violating humanrights in Iraq (EUR 45/009/2011) United Kingdom: Detainee Inquiry terms of reference and protocol fallfar short of human rights standards (EUR 45/011/2011) Reino Unido: Posible desalojo forzado de nómadas en Dale Farm(EUR 45/013/2011) United Kingdom/Northern Ireland: Deplorable government decisionto renege on promise of public inquiry into Finucane killing(EUR 45/017/2011)350 Informe 2012 Amnistía Internacional

REPÚBLICACENTROAFRICANAREPÚBLICA CENTROAFRICANAJefe del Estado:François BozizéJefe del gobierno:Faustin Archange TouadéraPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:4,5 millonesEsperanza de vida:48,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 170,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:55,2 por cientoLa situación de los derechos humanos seguía siendoalarmante, ya que la República Centroafricanacontinuaba asolada por conflictos en los que estabanimplicados numerosos grupos armados. La poblacióncivil sufría abusos generalizados contra los derechoshumanos, como homicidios ilegítimos, secuestros,tortura y violencia sexual, incluida la violación.Información generalEl presidente Bozizé fue reelegido en enero, alderrotar, con más del 60 por ciento de los votos, a surival más cercano, el ex presidente Ange-FélixPatassé. El Tribunal Constitucional confirmó enfebrero los resultados provisionales que había hechopúblicos la Comisión Electoral Independiente.El gobierno no controlaba una proporciónconsiderable de la República Centroafricana. Había almenos 200.000 desplazados internos que se habíanvisto obligados a huir de sus hogares debido a losataques y unos 200.000 refugiados en paísesvecinos.El noroeste de la República Centroafricana estababajo el control efectivo del Ejército Popular para elRestablecimiento de la Democracia (APRD), grupoarmado que había firmado un acuerdo de paz con elgobierno. En el sureste y el este aumentaron elnúmero y la gravedad de los ataques del Ejército deResistencia del Señor (LRA).A mediados de julio, miembros de la Unión deFuerzas Democráticas para la Integración (UFDR)atacaron y ocuparon la ciudad de Sam Ouandja, en elnordeste del país. La UFDR, grupo armado con baseen la provincia de Haute-Kotto, afirmó que se tratabade una represalia por los ataques perpetrados contrasus posiciones por la Convención de Patriotas por laJusticia y la Paz (CPJP). Cientos de personas sevieron desplazadas por los combates entre los gruposarmados CPJP y UFDR en septiembre.Entre junio y agosto, tres facciones de la CPJPfirmaron acuerdos de paz con el gobierno, aunquesus combatientes seguían estando armados.Mantenimiento de la pazEl presidente de Estados Unidos, Barack Obama,anunció en octubre que había enviado unos100 soldados estadounidenses a África central,incluida la República Centroafricana, para ayudar yasesorar a las fuerzas gubernamentales quecombatían contra el Ejército de Resistencia del Señor.Unos 200 soldados del gobierno francés seguíandesplegados en la República Centroafricana,ayudando a reestructurar y adiestrar a las fuerzasarmadas del gobierno.Bajo la responsabilidad de la ComunidadEconómica de Estados de África Central (CEEAC), laMisión para la Consolidación de la Paz en laRepública Centroafricana (MICOPAX) estableció unapresencia en Ndélé, en el nordeste del país, enfebrero. El contingente estaba compuesto porsoldados de Chad, Gabón, Camerún, República delCongo y República Democrática del Congo.Continuaba el despliegue de miles de efectivos delejército ugandés en el este de la RepúblicaCentroafricana. Una corte marcial de campougandesa declaró culpable a un soldado ugandés delasesinato de un civil en Obo y lo condenó a muerteen agosto.Desarme, desmovilizacióny reintegraciónEn enero, el presidente Bozizé nombró asesorespresidenciales en materia de desarme,desmovilización y reintegración a seis líderes dediversos grupos armados, aunque no se sabía concerteza si habían tomado posesión de sus cargos. Altérmino del mes de julio, el ministro del gobiernoresponsable de desarme, desmovilización yreintegración afirmó que en la provincia deOuham-Pendé se estaba llevando a cabo ladesmovilización de miembros del Ejército Popularpara el Restablecimiento de la Democracia (APRD).Según los informes, el ministro agregó que en elnordeste comenzaría en breve una operaciónsemejante. Algunas facciones de la Convención deRInforme 2012 Amnistía Internacional351

RPatriotas por la Justicia y la Paz (CPJP) firmaronacuerdos de paz con el gobierno durante el año.Justicia internacionalContinuó el juicio de Jean-Pierre Bemba, exvicepresidente de la República Democrática delCongo, ante la Corte Penal Internacional en La Haya.Jean-Pierre Bemba se enfrentaba a dos cargosde crímenes de lesa humanidad y tres cargos decrímenes de guerra, pues estaba acusado de dirigiren 2002 y 2003 en la República Centroafricanamilicias que mataron y violaron a civiles.La Corte Penal Internacional no dictó orden dedetención ni el sistema de justicia nacional enjuició aningún otro dirigente del gobierno o de gruposarmados que pudiera haber cometido crímenes deguerra y crímenes de lesa humanidad en laRepública Centroafricana.Abusos cometidos por grupos armadosLos grupos armados cometieron impunementeabusos contra civiles en extensas zonas de laRepública Centroafricana afectadas por conflictosarmados. Mataron e hirieron a civiles, violaron amujeres y niñas y saquearon y destruyeron viviendas,graneros y comercios. Los niveles de inseguridadhacían muy difícil que las organizacioneshumanitarias y de derechos humanos determinaranlos detalles de estos incidentes.El Ejército Popular para el Restablecimiento de laDemocracia (APRD) mantenía el control efectivo en elnoroeste del país. En enero, el representante especialde la ONU sobre los desplazados internos expresó supreocupación por el hecho de que el APRD hubieraimpartido justicia sumaria en juicios llevados a cabode manera arbitraria. El representante especialinformó de que, en mayo de 2010, el APRD habíaejecutado a cinco personas que habían sidodeclaradas culpables de brujería por tribunalespopulares, es decir, tribunales informales organizadosy controlados por el APRD. El 30 de enero, presuntos miembros del APRDsecuestraron a ocho trabajadores de la secciónespañola de Médicos sin Fronteras que viajaban en unvehículo cerca de la frontera entre la RepúblicaCentroafricana y Chad. Seis fueron encontrados yliberados dos días después, pero dos personas denacionalidad española estuvieron recluidas hastael 10 de febrero.El Ejército de Resistencia del Señor (LRA) llevó acabo cientos de ataques en la RepúblicaCentroafricana, secuestró a personas, incluidas niñas,saqueó y robó, y mató a cientos de civiles. Según los informes, en marzo unos miembros delLRA mataron al menos a dos civiles y cuatro soldadosdel gobierno y secuestraron a unas 50 personas en lazona de Nzako, provincia de Mbomou. Loscombatientes del LRA también saquearon propiedadesprivadas y quemaron muchas casas. El mes anterior,unos combatientes del LRA habían atacado y ocupadodurante varias horas Nzako antes de abandonar lazona con bienes robados y al menos 10 civilessecuestrados. En junio, según los informes, unos combatientes delLRA mataron a un médico y a su chófer en unaemboscada tendida a un vehículo que transportabavacunas contra la polio. El ataque tuvo lugar en lacarretera que une Zémio y Rafaï, en la provincia deHaut-Mbomou. Según Radio Ndeke Luka, losatacantes quemaron el vehículo y todo su contenido.La Convención de Patriotas por la Justicia y la Paz(CPJP) fue acusada de violaciones, homicidios,saqueos y extorsión en el nordeste de la RepúblicaCentroafricana. En septiembre, unos combatientes de la CPJPmataron a siete personas, entre ellas un funcionario,cerca de Bria.Niños y niñas soldadosEn un informe publicado en abril, el secretariogeneral de la ONU expresó su grave preocupaciónpor el reclutamiento y uso de niños y niñas comocombatientes por grupos armados entre juniode 2008 y diciembre de 2010.En el informe se identificaba a varios gruposarmados que seguían utilizando niños y niñas. Entreellos figuraban la Unión de Fuerzas Democráticaspara la Integración (UFDR), la Convención dePatriotas por la Justicia y la Paz (CPJP), el FrenteDemocrático del Pueblo Centroafricano (FDPC), elMovimiento de Libertadores Centroafricanos por laJusticia (MLCJ) y milicias de autodefensa localesasociadas con el gobierno. El informe también poníade relieve el secuestro y el reclutamiento forzoso deniños y niñas por el Ejército de Resistencia del Señor(LRA) en la República Centroafricana y paísesvecinos, y el uso de niños y niñas en la RepúblicaCentroafricana; se sabía que el LRA utilizaba a niños352 Informe 2012 Amnistía Internacional

y niñas como combatientes, espías, sirvientes,esclavos sexuales y porteadores.El secretario general de la ONU mostraba susatisfacción por la retirada de 1.300 niños y niñas delas filas del Ejército Popular para el Restablecimientode la Democracia (APRD) entre 2008 y 2010. Elrepresentante especial de la ONU para la infanciay los conflictos armados visitó la RepúblicaCentroafricana en noviembre.Presos de concienciaSe encarceló por cargos falsos a presuntosdetractores del gobierno, a personas relacionadascon ellos y a familiares. Once personas continuaban recluidas, pese ahaberse dictado en julio una orden judicial quedecretaba su liberación. Habían sido detenidas enjunio de 2010 por su vinculación con un abogado y unempresario a quienes buscaban las autoridades:Symphorien Balemby, presidente del Colegio deAbogados de la República Centroafricana, y elempresario Jean-Daniel Ndengou, que habían huidodel país en junio de 2010. Entre los 11 detenidosfiguraban Albertine Kalayen Balemby, esposa ysecretaria de Symphorien Balemby, y Gabin Ndengou,hermano de Jean-Daniel Ndengou que trabajaba comochófer para la Organización Mundial de la Salud.Según los informes, a los detenidos se los acusóformalmente de incendio provocado, incitación al odioy asociación delictiva. Amnistía Internacional losconsideró presos de conciencia.Libertad de expresión: periodistasEn los medios de comunicación imperaba un climade autocensura. En julio se impuso una multa a Faustin Bambou,director del semanario Les Collines de l’Oubangui, y aCyrus Emmanuel Sandy, director del diario Médias,que quedaron en libertad tras estar recluidos durantesemanas en relación con su cobertura de las protestaspúblicas de oficiales militares retirados que afirmabanque el gobierno los había privado de fondos de la UniónEuropea. El ministerio fiscal había solicitado penas detres años de cárcel y multas de mayor cuantía porcargos de “incitar al odio” y “poner en peligro laseguridad del Estado”.A varios miembros de la oposición y al menos aun periodista se les prohibió sin explicaciones salirdel país.Tortura y otros malos tratosSe acusó de tortura a miembros de las fuerzas deseguridad; el gobierno no emprendió acción algunacontra las personas acusadas de tortura en añosanteriores. En agosto, varios miembros de la OficinaCentroafricana para la Represión del Bandidajegolpearon brutalmente y fracturaron el brazo derecho aun trabajador de un supermercado en la capital, Bangui.Informes y visitasde Amnistía Internacional Central African Republic: Action needed to end decades of abuse(AFR 19/001/2011)REPÚBLICA CHECAREPÚBLICA CHECAJefe del Estado:Václav KlausJefe del gobierno:Petr NečasPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:10,5 millonesEsperanza de vida:77,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 3,5 por cada 1.000Unas manifestaciones antirromaníes organizadas porgrupos políticos “ultraderechistas” en el norte dieronlugar a enfrentamientos con la policía. El gobiernosiguió sin abordar la discriminación de la comunidadromaní en la educación a pesar de una sentencia delTribunal Europeo de Derechos Humanos.Discriminación: romaníesEn marzo, el comisario de Derechos Humanos delConsejo de Europa señaló que el discurso racista yantirromaní seguía siendo habitual entre los políticosde los principales partidos, tanto a escala nacionalcomo local. Al igual que el Comité de los Derechosdel Niño de la ONU, el comisario expresó también supreocupación por la perpetuación de la segregaciónilegal y sistémica de los niños romaníes en laeducación general.Racismo y ataques violentos Tras tensiones surgidas entre romaníes y noromaníes en Nový Bydžov, en la región de HradecRInforme 2012 Amnistía Internacional353

RKrálové, el alcalde de la localidad había afirmado ennoviembre de 2010: “Los ciudadanos [...] quieren quelos romaníes desaparezcan, pero [...] las autoridadeslocales tienen las manos atadas por las leyes”.Representantes del Partido de los Trabajadores por laJusticia Social acogieron con satisfacción las palabrasdel alcalde y anunciaron su disposición a ayudar almunicipio. El 12 de marzo, el partido organizó unamarcha en Nový Bydžov. Tres hombres romaníesfueron agredidos por los manifestantes. Las ONGexpresaron su preocupación al tener noticia de que lapolicía había hecho uso excesivo de la fuerza frente acontramanifestantes pacíficos que intentaban levantaruna barricada para impedir que la marcha atravesaraun barrio de población mayoritariamente romaní. El Tribunal Superior ratificó en marzo la decisión delTribunal Regional de Ostrava, que había declarado acuatro hombres culpables de intento de homicidio ydaños contra la propiedad basados en motivos racialespor el incendio provocado de la vivienda de una familiaromaní en el pueblo de Vítkov en 2009. En julio, losagresores recurrieron la decisión del Tribunal Superiorante el Tribunal Supremo, que rechazó el recurso endiciembre. El 11 de julio se informó de un incendio provocadoen Býchory, localidad del centro de Bohemia. No huboheridos. Una portavoz de la policía contó a los mediosde comunicación que los agresores habían recorrido elbarrio gritando eslóganes racistas. A las pocas horas, lapolicía detuvo a cuatro hombres. La fiscalía regionalpresentó cargos contra uno de los detenidos porintentar causar lesiones graves por motivos racistas.Los tres restantes fueron acusados de violencia contraun grupo de personas y contra particulares. En agosto, tras dos incidentes entre romaníes y noromaníes, grupos políticos “ultraderechistas”, entre ellosel Partido de los Trabajadores por la Justicia Social,protagonizaron varias protestas antirromaníes en laslocalidades de Nový Bor, Rumburk, Varnsdorf y Šluknov,en el norte de Bohemia. Las protestas, que secaracterizaron por violentos enfrentamientos entremanifestantes y policías, continuaron hasta finales deseptiembre. Se desplegaron unidades especiales depolicía para mantener el orden público. Altos cargospúblicos, entre ellos el presidente, condenaron la violenciaantirromaní, y la portavoz de la policía expresó ladeterminación de impedir los abusos de motivación racial.El ministro del Interior se reunió el 8 de noviembrecon los alcaldes de la zona de Šluknov en respuestaal aumento de la tensión entre romaníes y noromaníes allí y anunció la creación de una unidadespecial de policía para velar por el orden público.Según informes, el primer ministro afirmó que lastensiones eran producto de unas políticas deprotección social excesivamente generosas y que elEstado no debía ayudar a “vagos y delincuentes” queabusaban de las prestaciones.EducaciónAlrededor de 50 expertos de ONG, institucionesacadémicas y agencias gubernamentales dimitieronen mayo de sus grupos de trabajo del Ministerio deEducación en señal de protesta por la insuficienteasignación de recursos por parte del gobierno paraaplicar el Plan Nacional de Acción para laEducación Inclusiva, y por su negativa actitud paraimplementar las reformas necesarias. Los expertosmanifestaron que quedarse sería equivalente aparticipar en un ejercicio de “escaparatismo” conque enmascarar la falta de acción de lasautoridades.Continuaron las críticas al gobierno también por nodar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeode Derechos Humanos en la causa D.H. and Othersv. Czech Republic, según la cual el Estado habíadiscriminado al alumnado romaní en el acceso a laeducación. La sentencia obligaba a la RepúblicaCheca a tomar medidas de prevención contra ladiscriminación y abordar sus consecuencias. Enmayo, el gobierno aprobó reformas de los decretossobre provisión de servicios de asesoramiento enescuelas y sobre educación de personas connecesidades especiales. Las reformas entraron envigor el 1 de septiembre, pero las ONG localesexpresaron la preocupación de que no constituyeranun marco normativo lo bastante firme para poderaplicar la sentencia del Tribunal Europeo. Además, enagosto, el Comité de la ONU para la Eliminación de laDiscriminación Racial había afirmado que losdecretos reformados podían reforzar en la práctica ladiscriminación.Tras someterlo a revisión en junio, el Comité deMinistros del Consejo de Europa pidió al gobierno queacelerara la aplicación del Plan Nacional de Acción yfacilitara información precisa sobre el estado en quese encontraba. El Comité expresó además supreocupación por todo lo que aún faltaba por hacerpara garantizar que los menores de edad romaníes nofueran discriminados en el sistema educativo.354 Informe 2012 Amnistía Internacional

Vivienda En agosto, el Tribunal Regional de Praga rechazó dosdenuncias de discriminación étnica y segregación deromaníes en el acceso a la vivienda. Ambas estabanrelacionadas con el desalojo de familias romaníes de lalocalidad de Kladno para llevarlas a unas viviendasinadecuadas situadas en un antiguo matadero alejadode la población. El tribunal sostuvo que el realojo de lasfamilias no constituía segregación ni discriminación, yno pidió explicaciones al municipio de por qué sólo sehabía llevado a ese lugar a romaníes. La ONG Z§vůlepráva, que representaba a los romaníes, recurrió ladecisión ante el Tribunal Superior.Esterilización forzada de mujeres romaníes El Tribunal Supremo resolvió en junio que el TribunalSuperior de Olomouc, en Moravia, debía revisar el casode una mujer romaní a la que presuntamente habíanesterilizado sin su consentimiento informado. El TribunalSupremo discrepó de la decisión del tribunal inferior deque la víctima de esterilización no tenía derecho a serindemnizada porque el delito había prescrito.Derechos de las personas migrantesLa entrada en vigor en enero de legislación queampliaba a 18 meses el periodo máximo que uninmigrante podía permanecer detenido suscitóprofunda preocupación porque daba pie a quealgunos ciudadanos extranjeros se consumieran bajocustodia sólo por motivos de control de lainmigración. En julio, el Ministerio del Interiorpresentó un anteproyecto de ley sobre la Estancia deExtranjeros, que mantenía la ampliación del periodomáximo de detención de inmigrantes. Además, eldefensor del Pueblo para los Derechos Humanosexpresó la preocupación de que, si se adoptaba eimplementaba, esta ley sancionaría un sistemadiscriminatorio de dos niveles para los ciudadanoschecos y sus familiares de países no pertenecientesa la Unión Europea. Se formularon denuncias verosímiles de tráfico detrabajadores migrantes y fraude en la industria forestal,donde se obligaba a hacer jornadas de hasta 12 horassin recibir salario. Algunas personas llevaban mesessin cobrar. Al final del año continuaba abierta unainvestigación policial sobre estas denuncias, peroexistía preocupación por su lentitud y su falta deeficacia. Las empresas forestales checas siguieroncontratando nuevos trabajadores para la temporadade 2011.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó la República Checa en julio. Czech Republic: Police fails to protect the Roma of Nový Bydžov(EUR 71/002/2011) Submission to the Committee of Ministers of the Council of Europeon D.H. and others v. the Czech Republic (EUR 71/005/2011) Joint statement – Committee of Ministers fails Romani children inCzech Republic (EUR 71/006/2011)REPÚBLICADEL CONGOREPÚBLICA DEL CONGOJefe del Estado y del gobierno: Denis Sassou-NguessoPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:4,1 millonesEsperanza de vida:57,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 128,2 por cada 1.000Se denunciaron actos de tortura y otros malos tratoscometidos por miembros de las fuerzas de seguridad,en algunos casos con resultado de muerte. Tressolicitantes de asilo de la República Democrática delCongo continuaban recluidos sin cargos ni juiciodespués de casi ocho años. Las fuerzas de seguridaddetenían arbitrariamente o infligían malos tratos aquienes criticaban al gobierno. Cobró impulso laterminación prevista de la condición de refugiadopara la mayoría de las personas refugiadas deRuanda y Angola. Al menos tres personas fueroncondenadas a muerte.Información generalEn febrero, el presidente Sassou-Nguesso promulgóuna ley para proteger los derechos de la poblaciónautóctona y tipificar como delito su identificacióncomo pigmea.El gobierno de la República Democrática del Congoacusó a la República del Congo de apoyar a un grupoarmado que, según informes, había atacado laresidencia del presidente de aquel país, JosephKabila, en febrero. Faustin Munene, ex general delejército de la República Democrática del Congo yRInforme 2012 Amnistía Internacional355

Rpresunto líder del grupo armado, que había huido a laRepública del Congo, buscó asilo en Polonia. Habíasido condenado in absentia a cadena perpetuael 4 de marzo por un tribunal militar de su país, quelo declaró culpable de fomentar la rebelión.En julio, el gobierno de Gabón procedió a lacesación de la condición de refugiadode 9.500 congoleños que en su mayoría habían huidodel conflicto armado de la República del Congodurante la década de 1990. A los que deseabanpermanecer en Gabón se les ofreció la opción desolicitar un permiso de residencia en virtud de lalegislación gabonesa y permanecer en el país comomigrantes o solicitar la exención de la terminación desu condición de refugiado. El ACNUR, la agencia dela ONU para los refugiados, ayudó a 685 congoleñosa regresar a su país y a otros 900 a obtener elpermiso de residencia en Gabón.El presidente Sassou-Nguesso visitó Ruanda ennoviembre, y, según los informes, su delegaciónconversó con las autoridades del país sobre laterminación de la condición de refugiado de losruandeses que vivían en la República del Congo.Tortura y otros malos tratosMiembros de las fuerzas de seguridad sometieronimpunemente a tortura u otros malos tratos adetenidos, en algunos casos con resultado de muerte.El poder judicial no respondió a las denuncias defamiliares de detenidos muertos bajo custodia enaños anteriores. Anicet Elion Kouvandila murió el 2 de junio, despuésde estar recluido durante ocho días y ser golpeadobrutalmente en la comisaría de policía de Lumumba,en la capital, Brazzaville. Sus familiares encontraron sucuerpo en una morgue, registrado con otro nombre. Una mujer embarazada, Blanche Kongo, fuedetenida el 17 de octubre junto con su hijo por lapolicía, que buscaba a su esposo en relación con unpresunto robo. Fue brutalmente golpeada en lacomisaría de policía de Mbota y sufrió un aborto. El 28 de agosto, un coronel del ejército golpeóbrutalmente a Jean Karat Koulounkoulou y RockInzonzi en el marco de un conflicto sobre tierras. Luegoenterró a los dos hombres hasta el cuello y amenazócon enterrarlos vivos. Un funcionario del gobierno localy unos agentes de policía pusieron fin a los malostratos, pero no se tomó medida alguna contrael coronel.Personas refugiadasy solicitantes de asiloAl final de noviembre, Germain NdabamenyaEtikilime, Médard Mabwaka Egbonde y Bosch NdalaUmba, solicitantes de asilo de la RepúblicaDemocrática del Congo recluidos desde hacía casiocho años sin cargos ni juicio en Brazzaville, fuerontransferidos de la custodia militar a la DirecciónGeneral de Vigilancia del Territorio. Las autoridadesdijeron a una delegación de Amnistía Internacional endiciembre que su situación se resolvería en breve,pero no dieron más detalles. No se permitió el accesode la delegación a los detenidos.Al final del año, el gobierno de la República delCongo anunció que en 2012 se modificaría lacondición de refugiado de casi 8.000 personasrefugiadas de Ruanda y 800 de Angola, porconsiderarse que en las circunstancias de ambospaíses se habían producido cambios fundamentales,duraderos y estables. Las autoridades congoleñasafirmaron que no se obligaría a regresar a ningúnrefugiado, pero no aclararon cuál sería la situación dequienes decidieran quedarse en la Repúblicadel Congo.Libertad de expresión y asociaciónLas autoridades disolvieron manifestaciones deopositores del gobierno. Un hombre estuvo recluidodurante un breve periodo por criticar al gobierno. Eric Mampouya, bloguero crítico con el gobierno, fuedetenido arbitrariamente el 7 de agosto tras su llegadaal aeropuerto de Brazzaville desde Francia, país en elque residía. Las fuerzas de seguridad lo retuvieron demanera ilegal durante 10 horas antes de dejarlo enlibertad con la advertencia de que pusiera fin a suscríticas al gobierno. Jean-Marie Mpouele, coordinador de la Agrupaciónde Jóvenes Patriotas, y varios miembros más de laorganización fueron golpeados el 1 de septiembre porhombres armados vestidos de civil a quienes se creíamiembros de los servicios de seguridad. El grupo habíaintentado celebrar una manifestación en Brazzaville.Desapariciones forzadasUna delegación del Grupo de Trabajo de la ONUsobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias visitóla República del Congo del 24 de septiembre al 3 deoctubre para reunir información sobre las medidasadoptadas para investigar y prevenir las356 Informe 2012 Amnistía Internacional

desapariciones forzadas. Las conversaciones secentraron en la desaparición, en 1999, de unos 350refugiados que habían regresado de la RepúblicaDemocrática del Congo y en el juicio, celebradoen 2005, de 16 miembros de las fuerzas de seguridady funcionarios del Estado, en el que no se habíanestablecido responsabilidades penales individuales. ElGrupo de Trabajo formuló varias recomendaciones algobierno, entre ellas la de promulgar una ley quetipificara como delito las desapariciones forzadas.Pena de muerteTres personas fueron condenadas a muerte en juliodespués de que un tribunal las declarara culpablesde tráfico de huesos humanos. Las autoridades norevelaron cuántas personas estaban en espera deejecución al terminar el año.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó la República del Congo en diciembre.REPÚBLICADEMOCRÁTICADEL CONGOREPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGOJefe del Estado:Joseph KabilaJefe del gobierno:Adolphe MuzitoPena de muerte:retencionistaPoblación:67,8 millonesEsperanza de vida:48,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 198,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:66,8 por cientoLa impunidad por delitos de derecho internacionalcontinuó en la República Democrática del Congo,pese a algunos progresos limitados. Las fuerzas deseguridad del gobierno y los grupos armadoscometieron decenas de violaciones de derechoshumanos en el este del país. Nueve soldados de lasfuerzas armadas congoleñas, entre ellos un tenientecoronel, fueron declarados culpables de crímenes delesa humanidad, en particular violación, cometidosel 1 de enero en la localidad de Fizi, Kivu Meridional.Se les impusieron penas de cárcel en febrero, en unraro ejemplo de comparecencia rápida de los autoresante la justicia. Sin embargo, se estancaron lasinvestigaciones sobre otros casos de violacionesmasivas cometidas por el ejército nacional y porgrupos armados. Las elecciones generales estuvieronempañadas por numerosas violaciones de derechoshumanos, incluidos homicidios ilegítimos ydetenciones arbitrarias a manos de las fuerzas deseguridad. Continuaron las restricciones a la libertadde expresión y asociación y la intimidación dedefensores y defensoras de los derechos humanosy periodistas.Información generalEl 27 de febrero, la residencia presidencial y uncampamento militar de Kinshasa fueron atacados enlo que el gobierno calificó de “golpe de Estado”. Traslos ataques tuvo lugar una oleada de detencionesarbitrarias, dirigidas principalmente contra personasoriginarias de la provincia de Équateur.El 28 de noviembre se celebraron en la RepúblicaDemocrática del Congo las segundas eleccionespresidenciales y legislativas desde la independencia.El 5 de enero, una enmienda constitucional modificóel sistema electoral para las eleccionespresidenciales, que pasaron de un sistema devotación en dos vueltas a un sistema de vuelta únicay mayoría simple. Esta enmienda, unida a problemaslogísticos como las demoras en el calendarioelectoral, y la controversia sobre el registro electoralrevisado, hizo aumentar las tensiones entre la Alianzapara la Mayoría Presidencial (AMP) y la oposición.El ejército nacional (Fuerzas Armadas de laRepública Democrática del Congo, FARDC) continuósus operaciones militares en el este y el norte del paíscontra grupos armados extranjeros, como las FuerzasDemocráticas de Liberación de Ruanda (FDLR), elEjército de Resistencia del Señor (LRA) y las FuerzasDemocráticas Aliadas/Ejército Nacional para laLiberación de Uganda (ADF/NALU), que causaronnuevos desplazamientos de civiles. En enero, elejército nacional comenzó a retirar tropas parainstrucción y redespliegue en el marco de lareestructuración del ejército nacional. Esta medidadio lugar a que los grupos armados recuperaran elRInforme 2012 Amnistía Internacional357

Rcontrol de antiguas zonas de las FARDC, y a ladeserción de grupos armados integrados en el ejércitoen tiempos recientes. Se produjo a continuación undeterioro de la seguridad en Kivu Septentrional y KivuMeridional, con un aumento de la actividad de lasFDLR, Mayi-Mayi Yakutumba y las FuerzasNacionales de Liberación (FNL) burundesas. El plande reestructuración del ejército y el decretopresidencial del 31 de diciembre de 2010 pararedistribuir los rangos en el seno de las FARDCcrearon dificultades adicionales para el ya fallidoproceso de integración de antiguos grupos armadosen las FARDC.El 28 de junio, el Consejo de Seguridad de laONU, en su Resolución 1991 (2011), prorrogóhasta el 30 de junio de 2012 el mandato de laMisión de Estabilización de la ONU en la RepúblicaDemocrática del Congo (MONUSCO). La resoluciónreiteraba que las futuras configuraciones de laMONUSCO deberían decidirse teniendo en cuentala evolución de la situación de seguridad sobre elterreno y el logro de objetivos como la mejora de lacapacidad del gobierno para proteger a lapoblación. El mandato incluía apoyo técnico ylogístico para las elecciones y la continuidad delapoyo a un número limitado de operacionesmilitares de las FARDC.Abusos cometidos por grupos armadosSegún la información recibida, grupos armados como elLRA, las FDLR, las FNL, ADF/NALU y diversos gruposmayi-mayi cometieron numerosos abusos contra losderechos humanos de la población civil. Entre ellosfiguraban violaciones, homicidios, saqueos ysecuestros, especialmente en las provincias deOrientale, Kivu Septentrional y Kivu Meridional. Gruposarmados mayi-mayi atacaron a civiles como protestacontra el gobierno, a pesar de la política gubernamentalde integración de los grupos armados nacionales en elejército como incentivo para poner fin a los combates.El antiguo grupo armado Congreso Nacional para laDefensa del Pueblo (CNDP), que se integró en elejército nacional en 2009 aunque conservando suautonomía, cometió presuntamente violaciones dederechos humanos, entre ellas homicidios ilegítimosy detenciones arbitrarias. Las disputas entre el ejército ylos grupos armados por el control de las zonas minerastambién contribuyeron a ahondar el deterioro de lasituación de seguridad y dieron lugar a más abusos.En mayo, combatientes de las FDLR secuestraron,según los informes, a 48 personas y saquearonnumerosas casas en el territorio de Mwenga, KivuMeridional.El LRA secuestró a civiles a los que obligó atransportar bienes robados en la provincia deOrientale durante todo el año. El LRA seguía siendouna amenaza considerable para la población civil, yobligó a miles de personas a huir. Los gruposarmados también atacaron a personal de ayudahumanitaria en varias ocasiones.Homicidios ilegítimosLos periodos anterior y posterior a las elecciones secaracterizaron por homicidios ilegítimos y decenas dedetenciones arbitrarias a manos de las fuerzas deseguridad, incluida la Guardia Republicana. El 4 de octubre, según se tuvo noticia, Mayi-MayiYakutumba tendió una emboscada a un vehículoperteneciente a la ONG congoleña Eben Ezer MinistryInternational y mató a 7 personas, entre ellas4 miembros del personal de la ONG, en Kalongwe,territorio de Fizi, Kivu Meridional. Desde diciembre de 2010, soldados de las FARDCy agentes de la Policía Nacional, según los informes,perpetraron ejecuciones sumarias, violaciones ysaqueos en la comunidad de Mbororo, en Ango,territorios de Banda y Buta, provincia de Orientale. Después de que el presidente Kabila fuera declaradovencedor de las disputadas elecciones del 9 dediciembre, las fuerzas de seguridad congoleñasmataron, según la información recibida, al menosa 24 personas, la mayoría en Kinshasa.Violencia contra mujeres y niñasLa violación y otras formas de violencia sexual seguíansiendo endémicas y eran cometidas por las fuerzas deseguridad gubernamentales, incluida la PolicíaNacional, y grupos armados. La violencia sexualacompañaba a menudo a otras violaciones de derechoshumanos, como el saqueo y la tortura. Aunque tuvieronlugar algunos enjuiciamientos, la impunidad seguíasiendo generalizada y en muchos casos las víctimaseran objeto de amenazas. Las personas sobrevivientesde violación no recibían apoyo y asistencia adecuados yseguían siendo estigmatizadas. Las víctimas masculinaseran especialmente marginadas. El 31 de diciembre de 2010 y el 1 de enero de 2011hubo violaciones masivas, cometidas, según la358 Informe 2012 Amnistía Internacional

información recibida, por soldados de las FARDC en laspoblaciones de Bushani y Kalambahiro, territorio deMasisi, Kivu Septentrional. Los días 1 y 2 de enero, soldados de las FARDCcometieron violaciones masivas en la población de Fizi,Kivu Meridional. El 27 de abril, un agente de la Policía Nacional violópresuntamente a una niña de 16 años en Mbuji-Mayi,provincia de Kasai Oriental. Entre noviembre de 2010 y enero de 2011, unoscombatientes de las FDLR violaron al menos a 102mujeres y una niña durante ataques contra localidadesde las provincias de Katanga y Kivu Meridional. En junio, tras los enfrentamientos entre Mayi-MayiSheka y la Alianza de Patriotas por un Congo Libre ySoberano, elementos de ambos grupos armadoscometieron presuntamente violaciones masivas enMutongo y poblaciones circundantes, en el territoriode Walikale, Kivu Septentrional.Niños y niñas soldadosLos grupos armados y las FARDC seguíanreclutando y usando niños y niñas, sobre todo en eleste de la República Democrática del Congo, pese ahaberse liberado a cientos de ellos. Los gruposarmados, especialmente el LRA y las FDLR, seguíansecuestrando niños y niñas y usándolos comocombatientes, espías, esclavos sexuales oporteadores. Aunque las FARDC dejaronoficialmente de reclutar niños y niñas en 2004, nose había adoptado desde entonces ningún plan deacción para separar a los niños y niñas de lasfuerzas armadas, tal como exigían las resoluciones1539 (2004) y 1612 (2005) del Consejo deSeguridad de la ONU.Personas internamente desplazadasy refugiadasSe calculaba que 1,57 millones de personascontinuaban desplazadas dentro de la RepúblicaDemocrática del Congo, de ellas un millón en KivuSeptentrional y Kivu Meridional. Las condiciones devida seguían siendo muy precarias tanto en loscampos como en las comunidades de acogida.En julio, la República Democrática del Congo,Uganda y el ACNUR –la agencia de la ONU para losrefugiados– acordaron la repatriación voluntariade 32.000 personas refugiadas de nacionalidadcongoleña que vivían en Uganda.Continuaba la expulsión de ciudadanos congoleñosde Angola a la República Democrática del Congo.Según la información recibida, algunos sufrieronviolaciones de derechos humanos, incluida violación,en Angola.Tortura y otros malos tratosLos grupos armados y las fuerzas de seguridadgubernamentales, entre ellos las FARDC, la PolicíaNacional, la Agencia Nacional de Información y laGuardia Republicana, cometieron actos de tortura yotros malos tratos. Las fuerzas de seguridad infligían amenudo la tortura y otros malos tratos en centros dereclusión, después de detenciones arbitrarias. Seguíanegándose el acceso de las ONG y de representantesde la ONU a muchas instalaciones, y continuaba eluso de calabozos secretos y no oficiales.En julio, la República Democrática del Congopromulgó una ley que penalizaba la tortura. Laaplicación de esta legislación continuaba siendo undesafío fundamental, ya que los servicios de seguridadseguían cometiendo actos de tortura y otros malos tratosen lugares tales como centros de reclusión ilegales. Entre el 27 de julio y el 1 de agosto, durante unaoperación militar en el territorio de Rutshuru, KivuSeptentrional, los soldados de las FARDC detuvieronarbitrariamente, según los informes, a 27 personascomo represalia por su presunta colaboración con lasFDLR. Al menos ocho de ellas fueron sometidaspresuntamente a tortura y otros tratos crueles,inhumanos o degradantes, y a trabajos forzosos. El 13 de abril, en Vusamba, territorio de Lubero, KivuSeptentrional, un hombre que había sido detenido porla Policía Nacional recibió 40 azotes antes de serliberado; los azotes se le infligieron porque no pudopagar los 40 dólares estadounidenses que le pedían acambio de su libertad.Pena de muerteLos tribunales militares seguían condenando amuerte a decenas de personas, incluidos civiles. Nose tuvo noticia de ninguna ejecución. El 23 de junio,cuatro policías fueron condenados a muerte porsecuestrar y asesinar a un destacado defensor de losderechos humanos (véase infra).ImpunidadEl sistema de justicia seguía siendo en gran medidaincapaz de impartir justicia y otorgar reparación a lasRInforme 2012 Amnistía Internacional359

Rvíctimas. La impunidad por violaciones de derechoshumanos y del derecho internacional humanitario,tanto actuales como cometidas en el pasado, seguíasiendo un fenómeno generalizado, a pesar de algunosenjuiciamientos y condenas. Los presuntos autoresde delitos de derecho internacional no erandestituidos de sus cargos ni comparecían ante lajusticia. La falta de recursos, la corrupción y lasinjerencias políticas y militares seguían paralizandolos tribunales en todo el país. Decenas de civilesfueron juzgados por tribunales militares.El ministro de Justicia y Derechos Humanospresentó un anteproyecto de ley para establecer untribunal especializado, integrado por personalcongoleño e internacional, con jurisdicción sobre elgenocidio, los crímenes de lesa humanidad y loscrímenes de guerra. El Senado rechazó este proyectode ley el 22 de agosto. El 21 de febrero, el tribunal militar de KivuMeridional en la ciudad de Baraka condenó a nueveoficiales de las FARDC a entre 10 y 20 años de cárcelpor crímenes de lesa humanidad, entre ellos violación,cometidos durante un ataque contra la ciudad de Fizilos días 1 y 2 de enero.Las investigaciones abiertas sobre otros casosavanzaban con lentitud. Las investigaciones sobre la violación sistemática demás de 300 mujeres, hombres, niños y niñas cometidaen julio y agosto de 2010 en el territorio de Walikale,Kivu Septentrional, dieron lugar a un juicio contra ochopresuntos autores, sólo uno de los cuales estaba bajocustodia. Las vistas se aplazaron tras la apertura deljuicio el 1 de noviembre, debido a la decisión deltribunal de trasladar el juicio a Walikale.Las investigaciones judiciales sobre incidentes deviolación masiva y otras violaciones de derechoshumanos cometidas por soldados de las FARDC enlas localidades de Bushani y Kalambahiro, KivuSeptentrional, no registraron avances dignos demención.Condiciones de reclusiónLas cárceles seguían careciendo de recursos paragarantizar la reclusión en condiciones acordes con lasnormas mínimas internacionales. Varios presosmurieron como consecuencia de estas malascondiciones. El deterioro de las instalaciones impedíala separación efectiva de mujeres y hombres, asícomo de detenidos en espera de juicio y presospenados. En todo el país tenían lugar fugas de lascárceles debido a la escasez de recursos y a lasdeficientes infraestructuras.El 7 de septiembre, 963 presos se fugaron de laprisión de Kasapa, Lubumbashi, provincia deKatanga, después de un ataque armado. Entre losfugados se encontraba el ex jefe mayi-mayi GédéonKyungu Mutanga, declarado culpable de crímenes deguerra, crímenes de lesa humanidad y terrorismo enmarzo de 2009.Defensores y defensorasde los derechos humanosLas fuerzas de seguridad gubernamentales y losgrupos armados seguían atacando e intimidando a losdefensores y defensoras de los derechos humanos,con tácticas tales como amenazas de muerte ydetenciones. El 28 de enero, el presidente de una ONG local quehabía protestado contra la explotación ilegal derecursos naturales facilitada por las autoridadesprovinciales fue detenido, según los informes, en laciudad de Gemena, provincia de Équateur. Al parecer,el motivo expuesto en su orden de detención era“incitación a la rebelión”. El 1 y el 2 de febrero, el presidente y elvicepresidente de la Asociación Africana para laDefensa de los Derechos Humanos recibieronamenazas de muerte después de una conferencia deprensa en la que criticaron la reforma constitucionaldel sistema de elecciones presidenciales. El 23 de junio, el tribunal militar de Kinshasa/Gombecondenó a muerte a cinco policías en relación con elsecuestro y asesinato del destacado defensor de losderechos humanos Floribert Chebeya y la desapariciónde su conductor, Fidèle Bazana, en junio de 2010. Nose investigó a otros individuos clave presuntamenteimplicados.Libertad de expresiónLas autoridades administrativas y los servicios deseguridad impusieron restricciones a la libertad deexpresión y asociación. Las fuerzas de seguridadgubernamentales reprimieron por la fuerza amanifestantes, y se produjeron enfrentamientos entresimpatizantes de diversos partidos políticos.PeriodistasMuchos periodistas fueron objeto de amenazas,detención arbitraria, enjuiciamiento, intimidación y360 Informe 2012 Amnistía Internacional

advertencias de las autoridades del Estado de noinformar sobre ciertos temas, y a algunos los mataron porsu trabajo. Este tipo de violaciones de derechos humanosaumentó en el contexto de las elecciones generales.Se dictaron órdenes oficiales de suspensión contraemisoras de radio y de televisión, cuyas instalacionessufrieron violencia de motivación política. El 21 de junio, en Kirumba, Kivu Septentrional, unperiodista de una radio comunitaria murió por disparosefectuados por hombres armados no identificados, trashaber hecho unos comentarios, según los informes,sobre la situación de seguridad en la zona. El 1 de septiembre, un periodista fue golpeado poragentes de la Unidad Policial de Respuesta Rápidamientras cubría una manifestación de partidosopositores en Kinshasa/Gombe.Justicia internacionalEstaba previsto que la Corte Penal Internacionaldictara sentencia en enero de 2012 en el caso deThomas Lubanga, acusado formalmente de crímenesde guerra consistentes en reclutamiento y uso deniños y niñas menores de 15 años para el grupoarmado Unión de Patriotas Congoleños en Ituri. En enero, Callixte Mbarushimana, secretario de lasFDLR, fue transferido a la Corte Penal Internacionaltras haber sido detenido en Francia en octubrede 2010. El 16 de diciembre, la Sala de CuestionesPreliminares de la Corte rehusó confirmar los cargospresentados en su contra y ordenó su excarcelacióninmediata. El 20 de diciembre, la Sala de Apelacionesde la Corte Penal Internacional desestimó el recursopresentado por el fiscal contra esa decisión. CallixteMbarushimana quedó en libertad el 23 de diciembre yregresó a Francia, donde se hallaba en curso unainvestigación sobre su presunta intervención en elgenocidio de Ruanda de 1994. En mayo comenzó en Stuttgart, Alemania, su lugarde residencia, el juicio de los líderes de las FDLRIgnace Murwanashyaka y Straton Musoni. Los dosestaban acusados formalmente de crímenes de lesahumanidad y crímenes de guerra. En octubre, el presidente de la RepúblicaDemocrática del Congo reiteró la negativa de lasautoridades a entregar a Bosco Ntaganda a la CortePenal Internacional, que solicitaba su detención yentrega desde 2006 por cargos de crímenes de guerraconsistentes en el reclutamiento y uso de niños y niñasen el conflicto armado.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó la República Democrática del Congo enmarzo, julio y noviembre. Democratic Republic of the Congo: Human rights concerns in the run upto presidential election campaigns (AFR 62/002/2011) The time for justice is now: New strategy needed in the DemocraticRepublic of the Congo (AFR 62/006/2011) República Democrática del Congo: De una indignación esporádica auna respuesta sostenida. El Consejo de Derechos Humanos debe ser uno delos protagonistas de la reforma judicial y la lucha contra la impunidad(AFR 62/009/2011) República Democrática del Congo: La condena de un coronel porviolación, primer paso hacia la justicia (PRE01/078/2011) República Democrática del Congo: Se debe poner fin a las detencionespostelectorales como método intimidatorio (PRE01/634/2011)REPÚBLICADOMINICANAREPÚBLICA DOMINICANAJefe del Estado y del gobierno:Leonel AntonioFernández ReynaPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:10,1 millonesEsperanza de vida:73,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 31,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:88,2 por cientoSegún los informes, la policía cometió homicidiosilegítimos. Seguían sin resolverse muchas presuntasviolaciones de derechos humanos perpetradas por lapolicía. Se continuaron negando los documentos deidentidad a la población de origen haitiano. Laviolencia contra mujeres y niñas seguía suscitandogran preocupación.Información generalEl Congreso aprobó varias leyes orgánicas reguladorasde las instituciones estatales. Al finalizar el año fueronnombrados miembros de la Suprema Corte deJusticia y del nuevo Tribunal Constitucional. Pordécimo año consecutivo, el Congreso siguió sinnombrar a un defensor del Pueblo.RInforme 2012 Amnistía Internacional361

RPolicía y fuerzas de seguridadSegún estadísticas de la Procuraduría General,en 2011 murieron a manos de la policía 289personas, frente a las 260 fallecidas en 2010. Losdatos indicaban que muchas de estas muertespodrían haber sido homicidios ilegítimos. Luis Alfredo Domínguez Rodríguez murió a manos dela policía el 26 de enero en Nagua. Su amigo HenryOrtiz, que resultó herido en el mismo incidente, dijo queacababa de detener su motocicleta para que se subieraLuis Alfredo Domínguez Rodríguez cuando se lesacercaron cuatro policías en un auto patrulla y, sinadvertencia previa, dispararon contra el propio HenryOrtiz cinco veces. A continuación, según el relatode Ortiz, un agente disparó a Luis Alfredo DomínguezRodríguez después de que otro policía dijera que noquerían testigos de los disparos. Luis AlfredoDomínguez murió pocas horas después. Henry Ortizestuvo hospitalizado 20 días. Al finalizar el año, tresagentes estaban siendo enjuiciados en relación con losdisparos.Se siguieron conociendo casos de torturas duranteinterrogatorios policiales y de detenciones arbitrariasmasivas. El 13 de octubre, cinco policías dieron una paliza aPedro Arias Roja en su casa de San Cristóbal, adondehabían ido a detenerlo por posesión ilegal de un arma defuego. En la comisaría, los policías le cubrieron la cabezacon una bolsa de plástico y lo golpearon. Arias presentóuna denuncia, pero al finalizar el año las autoridades nohabían iniciado ninguna investigación efectiva.La policía usó en varias ocasiones fuerzainnecesaria o excesiva para dispersar amanifestantes. El 20 de octubre, la policía disparó en la pierna a laestudiante universitaria Claudia Espíritu cuando semanifestaba en la Universidad Autónoma de SantoDomingo contra una ley de presupuestos reciénaprobada. Al menos otros tres estudiantes resultaronheridos por disparos de la policía.ImpunidadMuchos presuntos casos de abusos policiales seguíansin ser castigados, pese a la existencia de pruebasfehacientes. Las autoridades no aclararon las desaparicionesforzadas de Gabriel Sandi Alistar y Juan AlmonteHerrera. Ambos habían sido vistos por última vez bajocustodia policial en julio y septiembre de 2009,respectivamente, y al finalizar 2011 seguían enparadero desconocido.Discriminación: personas migranteshaitianas y dominicanasde origen haitianoUn estudio realizado por el Servicio Jesuita aRefugiados y Migrantes en cuatro comunidadesrurales reveló que la Junta Central Electoral habíanegado documentos de identidad a por lomenos 1.584 personas, alegando principalmente unadirectiva de marzo de 2007; el 96 por ciento de loscasos se había producido entre 2005 y 2011,y la mayoría de ellos era de 2011. Alrededordel 72 por ciento de las personas afectadas teníanentre 15 y 34 años. La denegación de documentos deidentidad les había impedido de hecho realizarestudios, encontrar empleo u obtener otrosdocumentos oficiales.El impacto de la directiva de 2007 en miles dedominicanos de origen haitiano se debatió enoctubre en una vista de la Comisión Interamericanade Derechos Humanos. Cinco días antes, la JuntaCentral Electoral hizo pública una decisión quepermitía la expedición temporal de documentos deidentidad a descendientes de ciudadanosextranjeros hasta que concluyeran lasinvestigaciones sobre las alegaciones de que antesde 2007 se habían emitido incorrectamentedocumentos de identidad. Sin embargo, según lasorganizaciones de defensa de los derechos de laspersonas migrantes, la expedición de documentosseguía estando a discreción de funcionariosadministrativos que, en muchos casos, continuabannegando los documentos a los dominicanos deorigen haitiano.Derechos de las personas migrantesEn enero, tras un brote de cólera en Haití, lasautoridades dominicanas intensificaron lasexpulsiones masivas de migrantes haitianos, alegandoque era una medida necesaria para impedir lapropagación de la enfermedad. Pese al llamamientorealizado en junio por dos agencias de la ONU paraque se suspendieran por razones humanitarias todaslas devoluciones a Haití, las expulsiones masivascontinuaron durante el año. El 20 de septiembre, a las cinco de la madrugada, almenos 80 migrantes haitianos que vivían en Navarrete362 Informe 2012 Amnistía Internacional

fueron expulsados a Haití. Según las organizacioneslocales que trabajaban con migrantes, durante laoperación variois migrantes fueron golpeados, y algunosniños, separados de sus padres. Los migrantes,muchos de los cuales llevaban más de 10 años viviendoen la comunidad, no tuvieron la oportunidad de que seexaminaran individualmente sus casos.Violencia contra mujeres y niñasSegún la Procuraduría General de la República,en 2011 murieron a manos de sus parejas o exparejas 127 mujeres y niñas, frente a las 97 de 2010.Al finalizar el año, el Congreso examinaba unproyecto de ley sobre femicidio y estudiaba laposibilidad de incluirlo como delito específico en elCódigo Penal.Libertad de expresión: periodistasSegún el Sindicato Nacional de Trabajadores dePrensa, entre enero y agosto 60 periodistas y otrostrabajadores de los medios de comunicación sufrieronacoso o agresiones físicas, en muchos casos a manosde la policía. En agosto, más de 60 periodistasdenunciaron una campaña de desprestigio a cargo defuncionarios del Estado contra periodistasindependientes que informaban sobre corrupción ynarcotráfico. El 2 de agosto, el periodista de televisión JoséSilvestre fue secuestrado y asesinado en La Romana.Aunque ya había sido agredido y amenazado esemismo año, las autoridades no le habíanproporcionado protección, pese a haberlo solicitado elSindicato Nacional de Trabajadores de Prensa.Derecho a la vivienda: desalojos forzososSegún las ONG locales, entre enero y septiembre sellevaron a cabo al menos 100 desalojos forzosos. Enla mayoría de los casos no se respetó el procesodebido ni se consultó a las comunidades afectadas.En varias ocasiones se tuvo noticia de muertes yheridas de bala durante los desalojos. El 15 de octubre, unas 72 familias fuerondesalojadas de unos terrenos privados del barrio deBrisas del Este, en Santo Domingo Este. Según testigospresenciales, la policía y los soldados dispararonperdigones y gas lacrimógeno contra las casas paraobligar a las familias a salir. Al finalizar el año, decenasde familias vivían aún en un campamento improvisadoen una calle próxima.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó la República Dominicana en marzoy octubre. “Cállate si no quieres que te matemos”. Violaciones de derechoshumanos cometidas por la policía en República Dominicana(AMR 27/002/2011) República Dominicana: Familias desalojadas y amenazadas(AMR 27/007/2011)RUANDAREPÚBLICA DE RUANDAJefe del Estado:Paul KagameJefe del gobierno:Pierre Damien Habumuremyi(sustituyó a Bernard Makuza en octubre)Pena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:10,9 millonesEsperanza de vida:55,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 110,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:70,7 por cientoLas autoridades enjuiciaron a un número crecientede personas por criticar las políticas del gobierno, yhubo un aumento de los casos de reclusión ilegítima.Persistieron las restricciones a la libertad deexpresión, pese a la existencia de planes parareformar las leyes. Se condenó injustamente porcargos de motivación política a políticos de laoposición y periodistas detenidos durante laselecciones de 2010.Información generalEn enero, en el marco del examen periódicouniversal de la ONU, se evaluó el historial dederechos humanos de Ruanda. El gobierno aceptó lamayoría de las recomendaciones, incluidas lasrelativas a revisar la legislación existente paraproteger la libertad de expresión. Sin embargo,rechazó las referentes a investigar los casos dedetención y reclusión arbitrarias, incluidos los quepodían constituir desaparición forzada, alegando queel número de detenciones irregulares era escaso yque los agentes responsables habían rendidocuentas.RInforme 2012 Amnistía Internacional363

RLas preocupaciones en materia de seguridad seintensificaron en 2011 debido a unos atentados congranadas perpetrados en 2010, a la existencia dedivisiones en el partido gobernante (Frente PatrióticoRuandés) y a la desafección de algunos partidariosde Laurent Nkunda, ex líder del Congreso Nacionalpara la Defensa del Pueblo.El gobierno coorganizó una reunión en la capital,Kigali, para animar a otros países de África a seguir elejemplo de Ruanda en cuanto a la abolición de lapena de muerte.Los donantes siguieron apoyando al gobierno, eninterés del desarrollo económico, pero en privadoexpresaron su preocupación por las violaciones dederechos humanos.Libertad de expresiónLa libertad de expresión continuó sometida a gravesrestricciones a pesar de haber cambios legislativospendientes. Aumentó el número de personascondenadas por supuestas amenazas a la seguridadnacional, como criticar políticas del gobierno.Legislación sobre “ideología del genocidio”y “sectarismo”El compromiso de revisar la legislación relativa ala “ideología del genocidio” se veía desmentidopor el persistente uso indebido por parte delgobierno de leyes generales e imprecisas sobreeste delito y sobre el de “sectarismo”, másconocido como “divisionismo”. Tales leyesprohibían la apología del odio, pero tambiéncriminalizaban las críticas al gobierno. Al terminarel año, las autoridades no habían debatido lasrevisiones prometidas de la legislación relativa ala “ideología del genocidio”, anunciadas porprimera vez en abril de 2010. Bernard Ntaganda, presidente del Partido SocialIdeal (PS-Imberakuri), fue condenado a cuatro años deprisión en febrero. Había sido declarado culpable de“divisionismo” por pronunciar discursos públicos enlos que criticaba las políticas del gobierno en el periodoprevio a las elecciones de 2010, así como de poner enpeligro la seguridad del Estado y de intentar planearuna “manifestación no autorizada”. Su enjuiciamientopor poner en peligro la seguridad del Estado y pordivisionismo se basó únicamente en los discursoscontra las políticas del gobierno. En septiembre comenzó el juicio de VictoireIngabire, líder de las Fuerzas Democráticas Unificadas(FDU-Inkingi). Estaba acusada formalmente deterrorismo, creación de un grupo armado, “ideologíadel genocidio”, “sectarismo” y difusión voluntaria derumores destinados a incitar a la población contra elpoder establecido. Los cargos de “ideología delgenocidio” se basaban en parte en su petición públicade que se enjuiciaran los crímenes de guerracometidos por el Frente Patriótico Ruandés (véase elapartado sobre el sistema de justicia). Suscitópreocupación la vulneración de las normas relativas alas garantías procesales por medios como permitir queel fiscal presentara pruebas anteriores a las leyes envirtud de las cuales se habían formulado los cargos.PeriodistasAl terminar el año se habían presentado ante elParlamento numerosas disposiciones jurídicasdestinadas a salvaguardar la libertad de los medios decomunicación. Las organizaciones de derechoshumanos esperaban que las revisiones propuestasde la legislación relativa a los medios decomunicación, la ley sobre el Consejo Superior deMedios de Comunicación y un nuevo proyecto de leyrelativo al acceso a la información redujeran el controldel Estado sobre los medios. Estaba previsto que ladifamación siguiera siendo delito; en años anterioresla ley contra la difamación se había utilizado parasilenciar a periodistas y cerrar medios decomunicación.Los medios de comunicación privados cerradosen 2010 seguían clausurados, y sus directores y otrosperiodistas independientes continuaban exiliados. Agnes Nkusi Uwimana, directora del periódicosensacionalista privado en lengua kinyarwandaUmurabyo, y su subdirectora, Saidati Mukakibibi,fueron condenadas a 17 y 7 años de prisión,respectivamente, el 5 de febrero por unos artículos deopinión en los que se criticaban políticasgubernamentales; los artículos se habían publicadoantes de las elecciones presidenciales de 2010. AgnesNkusi Uwimana había sido declarada culpable deponer en peligro la seguridad del Estado, y de“ideología del genocidio”, “divisionismo” y difamación,y Saidati Mukakibibi, de poner en peligro la seguridaddel Estado. La vista de los recursos presentados por lasdos periodistas se aplazó hasta 2012. El fiscal no reabrió la investigación sobre elhomicidio, cometido en junio de 2010, del periodistaJean-Leonard Rugambage, a pesar de las deficienciasque presentaba. En septiembre, uno de los homicidas364 Informe 2012 Amnistía Internacional

convictos fue absuelto en apelación y al otro se leredujo la condena de cadena perpetua a 10 años decárcel.Defensores y defensoras de los derechoshumanosLas autoridades seguían sometiendo a los defensoresy defensoras de los derechos humanos a actos deintimidación y hostigamiento, como reclusión,amenazas, obstáculos administrativos y denuncias deconducta indebida en el ámbito económico. Joseph Sanane y Epimack Kwokwo, presidente ysecretario ejecutivo en funciones de la Liga deDerechos Humanos de la Región de los Grandes Lagos(LDGL), fueron detenidos el 19 de agosto, acusados dehaber ayudado al secretario ejecutivo de la LDGL,Pascal Nyilibakwe, a salir de Ruanda en 2010 trasrecibir reiteradas amenazas contra su seguridad.Joseph Sanane pasó la noche detenido, y EpimackKwokwo quedó en libertad al cabo de varias horas.Libertad de asociaciónAlgunos políticos de la oposición fueron declaradosculpables de intentar planear manifestaciones “noautorizadas” o participar en ellas. Se recluyó aalgunos miembros de menor rango de partidosopositores. Las autoridades ruandesas amenazarone intimidaron a políticos de la oposición radicadosen países vecinos, así como en Sudáfrica y enalgunos países de Europa. En mayo, la policía de Reino Unido advirtió a dosactivistas de oposición ruandeses que el gobierno deRuanda representaba una amenaza inminente parasus vidas.Presos de concienciaCharles Ntakiruntinka, ex ministro ruandés, seguíacumpliendo una condena de 10 años de cárcel en laprisión central de Kigali. Después de un juicio singarantías, había sido declarado culpable de incitar ala desobediencia civil y de asociación con elementosdelictivos.Sistema de justiciaEn el marco de los constantes intentos de conseguirtransferencias y extradiciones de sospechosos degenocidio, el gobierno reformó la legislación paragarantizar que las personas declaradas culpables noserían condenadas a “cadena perpetua condisposiciones especiales”. Esta condena podíaconstituir reclusión prolongada en régimen deaislamiento en el caso de las personas cuyosfamiliares no pudieran visitarlas o no estuvierandispuestos a hacerlo. Estos presos sólotenían derecho a comunicarse con un abogado enpresencia de un guardia de la prisión, lo que suponíavulnerar su derecho de defensa en las vistas de losrecursos de apelación. La condena no se aplicaba porla falta de celdas individuales.A pesar de sus peticiones a tal efecto, no sepermitió el acceso de ninguna ONG independientepara supervisar las condiciones de reclusión oentrevistarse en privado con los reclusos.Después de varias demoras estaba previsto que lacelebración de juicios por genocidio en el sistemagacaca –que no cumplía las normas internacionalessobre juicios justos– concluyera a finales de 2011. Alterminar el año había pendientes algunas solicitudesde revisión. No se había presentado todavía alParlamento una nueva ley que determinara cómo seinvestigarían y enjuiciarían ante tribunales ordinarioslas nuevas denuncias de implicación en el genocidiode 1994.Reclusión ilegítimay desapariciones forzadasDecenas de jóvenes detenidos en 2010 y 2011fueron recluidos de manera ilegítima en centros dedetención militares, como Camp Kami, y en centrosde detención ilegales, como Chez Gacinya y Gikondo,en muchos casos durante varios meses. Se les negóel acceso a abogados y a atención médica, así comola oportunidad de impugnar su detención ante untribunal. En algunos casos, los familiares solicitaronoficialmente información a la policía, que no se lafacilitó. Algunos detenidos fueron trasladados aprisiones ordinarias tras ser acusados formalmente deponer en peligro la seguridad nacional. Otrosquedaron en libertad con la condición de guardarsilencio.Las autoridades no arrojaron luz sobre ladesaparición forzada de Robert Ndengeye Urayeneza,visto por última vez en marzo de 2010. Se creía queestaba bajo custodia militar.Justicia internacionalTribunal Penal Internacional para RuandaEl Tribunal Penal Internacional para Ruanda dictónumerosas sentencias durante el año, aunque nueveRInforme 2012 Amnistía Internacional365

Rinculpados continuaban en libertad. Estaba previstoque el Tribunal cesara en sus actividades en 2012.En diciembre, la Sala de Apelaciones del Tribunalconfirmó la decisión de transferir el caso de JeanUwinkindi a Ruanda. El fallo mencionaba la intenciónexpresa de Ruanda de introducir disposicioneslegales para permitir que jueces extranjeros formaranparte de los tribunales encargados de ver los casostransferidos. Sería el primer caso de genocidiotransferido o extraditado a Ruanda.Jurisdicción universalSe llevaron a cabo procedimientos judiciales contrasospechosos de genocidio en Alemania, Españay Finlandia. La extradición, solicitada por España yFrancia, de Kayumba Nyamwasa, ciudadano ruandéspresuntamente responsable de crímenes de lesahumanidad cometidos en Ruanda, seguía pendientede resolución en Sudáfrica, país en el que se le habíaconcedido asilo en 2010. Las autoridadessudafricanas rechazaron la solicitud de extradiciónformulada por Ruanda. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos falló enoctubre que Sylvere Ahorugeze podía ser extraditadode Suecia a Ruanda. Suecia lo había puesto en libertadpreviamente debido a la duración de su reclusión enespera de juicio. Al no establecerse salvaguardiasefectivas para su comparecencia en juicio, no podíagarantizarse el derecho a la justicia de las víctimas degenocidio ruandesas. Noruega decidió extraditar a Charles Bandora. Elcaso estaba sujeto a recurso.Impunidad por crímenes de guerra y crímenesde lesa humanidadNo hubo investigaciones ni enjuiciamientos pordenuncias de crímenes de guerra y crímenes de lesahumanidad cometidos por el Ejército PatrióticoRuandés en Ruanda en 1994, ni por las gravesviolaciones de derechos humanos cometidas por lasfuerzas armadas ruandesas en la RepúblicaDemocrática del Congo, documentadas en uninforme de la ONU.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEl ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados,invocó el 31 de diciembre una cláusula de cesación paralos refugiados ruandeses, lo que significaba queperderían su condición de tales. Al terminar el año, losque continuaban en varios países no tenían acceso aentrevistas de exención para demostrar los motivosindividuales de su persistente temor a sufrir persecución.La cláusula debía entrar en vigor el 1 de julio de 2012.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Ruanda en febrero, julio, octubre ynoviembre. Un observador de Amnistía Internacional asistió al juicio deVictoire Ingabire en septiembre, octubre y noviembre. Rwanda: Reveal whereabouts of disappeared businessman(AFR 47/001/2011) Unsafe to speak out – Restrictions on freedom of expression in Rwanda(AFR 47/002/2011) Ruanda: Debe respetarse la libertad de expresión y ponerse fin a lasdetenciones arbitrarias y a las desapariciones forzadas (AFR 47/005/2011) Rwanda: Opposition politician jailed for exercising rights(PRE01/059/2011)RUMANIARUMANIAJefe del Estado:Traian BăsescuJefe del gobierno:Emil BocPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:21,4 millonesEsperanza de vida:74 añosMortalidad infantil (‹5 años): 11,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:97,7 por cientoSe consideró a las autoridades de un municipioresponsables de discriminación contra la comunidadromaní. Un diario alemán publicó nuevos indicios dela participación de Rumania en el programa deentregas dirigido por la CIA. Se pidió al gobiernoque entregara información al Tribunal Europeo deDerechos Humanos sobre el caso de un hombrepresuntamente fallecido por malos tratos en unhospital psiquiátrico.366 Informe 2012 Amnistía Internacional

Información generalEl nuevo código de trabajo, aprobado con objeto decumplir los requisitos para la obtención de un créditodel Fondo Monetario Internacional y la ComisiónEuropea, fue criticado por los sindicatos, levantóprotestas en todo el país y dio lugar a un quintointento de presentar una moción de censura algobierno el 16 de marzo. Los sindicatos advirtieron deque la nueva legislación eliminaba las garantías deprotección de los derechos laborales y privaba amuchos trabajadores del derecho de representaciónsindical. Además, las medidas de austeridad,aprobadas en 2009, afectaron al sistema de atencióna la salud. A fecha de 1 de abril se habíancerrado 67 hospitales, lo que hizo temer por elacceso a la asistencia médica.Discriminación: romaníesEn febrero, la propuesta legislativa de cambiar denombre a la minoría romaní y llamarla “tigan” (gitana)recibió al principio el respaldo de la Comisión deDerechos Humanos e Igualdad de Oportunidades delSenado en febrero. Pero el Senado rechazó lapropuesta el 9 de ese mes, y la Cámara Baja delParlamento hizo lo mismo el 5 de abril. Las ONGhabían criticado la propuesta por considerar que eltérmino tenía connotaciones peyorativas.El uso de estereotipos étnicos negativos por partedel presidente y otros altos cargos públicos siguiósiendo motivo de preocupación. En junio, el ConsejoNacional para Combatir la Discriminación, organismoencargado de velar por la igualdad, rechazó unadenuncia relativa a presuntos comentariosdiscriminatorios realizados por el presidente contra lacomunidad romaní durante una visita oficial aEslovenia en noviembre de 2010. El Consejo sostuvoque la legislación contra la discriminación no eraaplicable a actos cometidos fuera del territorio delEstado. No obstante, en octubre advirtió al presidenteen dos ocasiones por hacer declaracionesantirromaníes en televisión, señalando que talesdeclaraciones vulneraban la legislación contra ladiscriminación. En julio, las autoridades municipales de Baia Mare,en el noroeste de Rumania, construyeron un muro dehormigón para separar los bloques de viviendashabitadas por romaníes del resto de la zona residencial.Las ONG protestaron por considerar que tal medidaconstituía discriminación y daría lugar a la creación deun gueto. El municipio lo negó y aseguró que el murotenía la finalidad de proteger del tráfico a los residentesde los bloques de apartamentos. El Consejo Nacionalpara Combatir la Discriminación afirmó en noviembreque la construcción del muro constituíadiscriminación. Se impuso al municipio el pago de unamulta de 6.000 lei rumanos nuevos (1.300 euros) y elConsejo le recomendó que demoliera el muro yadoptara medidas para mejorar las condiciones devivienda de los romaníes.Derecho a la educación En agosto, el Consejo Nacional para Combatir laDiscriminación concluyó que la separación de alumnosromaníes y no romaníes en una escuela de la localidadde Craiova constituía discriminación directa e indirecta.Inicialmente, el Consejo sólo había investigado demanera parcial la situación, pero tas un recursopresentado por la ONG romaní CRISS, el TribunalSupremo había pedido que se volviera a investigar elcaso durante otro año lectivo, tras lo cual se determinóque había discriminación directa.Derecho a la viviendaSegún informes, varios municipios intentarondesalojar asentamientos romaníes informales. En agosto, el alcalde de Baia Mare anunció un planpara desalojar de varias zonas de la ciudad a cientos deromaníes y otras personas socialmente desfavorecidasque no estaban registradas como residentes en lalocalidad y enviarlas de regreso a sus lugares de origen.ONG nacionales e internacionales, así comoembajadas extranjeras en el país criticaron el plan deinmediato. Finalmente, el desalojo se paralizó. Enseptiembre, el alcalde afirmó que el municipiorespetaría el derecho interno y las normasinternacionales de derechos humanos. El 19 de septiembre, el tribunal de la ciudad deCluj-Napoca rechazó la solicitud de la CompañíaNacional de Ferrocarriles de derribar las viviendas deunos 450 romaníes, de los que 200 eran menores deedad, de un asentamiento de la calle Cantonului, a lasafueras de la ciudad. Según se tuvo noticia, lasautoridades municipales habían realojado a algunas delas familias en la zona en el año 2000. Varios residenteshabían llegado a un acuerdo verbal con ellas paraedificar sus viviendas. Otros habían firmado contratosde alquiler con el municipio. El 15 de noviembre, el Consejo Nacional paraCombatir la Discriminación afirmó que realojar en elextrarradio, cerca de un vertedero de la zona de PataRInforme 2012 Amnistía Internacional367

SRât, a los romaníes de la calle Coastei –situada en elcentro de Cluj-Napoca– constituía discriminación eimpuso al municipio una multa de 8.000 lei rumanosnuevos (1.800 euros). Las autoridades discreparon dela decisión y argumentaron que el desalojo no era unacto discriminatorio. La denuncia contra el municipiopartió del Grupo de Trabajo de Organizaciones Civiles,organización local constituida en respuesta al desalojoforzoso de la calle Coastei en diciembre de 2010.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEl nuevo Código Civil, que entró en vigor el 1 deoctubre, prohibió los matrimonios y las uniones civilesentre personas del mismo sexo, incluidos losreconocidos legalmente en otros países.Seguridad y medidas antiterroristasEn noviembre, el Comité Europeo para la Prevenciónde la Tortura pidió a las autoridades rumanas queentregaran información sobre los motivos por los queno habían investigado la presunta existencia decentros de detención secreta utilizados en elprograma de entregas dirigido por la CIA. El gobiernoalegó que no había pruebas de su presuntaimplicación en dicho programa ni de la existencia detales centros en territorio rumano.El 8 de diciembre, el diario alemán SüddeutscheZeitung publicó nuevos indicios de que la CIA habíarealizado entregas y torturado a “presuntosterroristas” en varios Estados europeos, entre ellosRumania, en los años siguientes a los atentadosdel 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.Tortura y otros malos tratosInstituciones de salud mentalSe solicitaron investigaciones sobre las condicionesde vida en las instituciones de salud mental y el tratoque recibían los pacientes. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos pidió algobierno rumano en junio que presentara informaciónsobre el caso de Valentin Câmpeanu, un romaníseropositivo y con una enfermedad mental, que habíamuerto en 2004 en el hospital psiquiátrico de PoianaMare. Al parecer, la investigación oficial sobre lascircunstancias de su muerte estuvo plagada deirregularidades de procedimiento y no dio lugar a lapresentación de cargos contra ningún miembro delpersonal de las instituciones en las que había estadoingresado en los últimos meses de su vida. El Centro deRecursos Jurídicos, INTERIGHTS y otras ONG llevaronel caso ante el Tribunal Europeo y le pidieron queadaptara sus criterios de admisibilidad para que lasONG pudieran presentar casos en nombre de personascon discapacidad, incluso sin autorización específica.Las ONG argumentaron que las deficiencias de laasistencia y las condiciones de vida en el hospitalpsiquiátrico habían contribuido directamente a causarla muerte de Valentin Câmpeanu.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Rumania en abril, junio, septiembre,octubre y noviembre. Mind the legal gap: Roma and the right to housing in Romania(EUR 39/004/2011) Rumania debe revelar la verdad sobre las prisiones secretas(PRE01/611/2011)SENEGALREPÚBLICA DE SENEGALJefe del Estado:Abdoulaye WadeJefe del gobierno:Souleymane Ndéné NdiayePena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:12,8 millonesEsperanza de vida:59,3 añosMortalidad infantil (‹5 años): 92,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:49,7 por cientoLas autoridades usaron fuerza excesiva para reprimiralgunas manifestaciones y se detuvo a personas porexpresar opiniones políticas disidentes. La tortura dedetenidos era habitual y, según los informes,un detenido murió como consecuencia de ella.En el sur de Casamancia los enfrentamientos entreel ejército y un grupo armado se intensificaron alfinal del año, y causaron víctimas civiles. A pesar delas obligaciones legales contraídas por Senegal yde las reiteradas peticiones de la Unión Africana,las autoridades senegalesas expresaron su reticenciaa juzgar al ex presidente de Chad, Hissène Habré.368 Informe 2012 Amnistía Internacional

Información generalEl conflicto entre el ejército y el Movimiento de lasFuerzas Democráticas de Casamancia (MFDC) seintensificó al final del año y provocó varias víctimastanto civiles como militares.Durante todo el año, la candidatura del presidenteAbdoulaye Wade para un tercer mandato en laselecciones de 2012 provocó manifestacionesmultitudinarias, especialmente en la capital, Dakar.En junio tuvieron lugar enfrentamientos violentosen Dakar entre la policía antidisturbios y las personasque protestaban contra un proyecto de ley queproponía cambios en la regulación de las eleccionespresidenciales. En consecuencia, el proyectofue retirado.En junio se adoptó el decreto que permitía laaplicación de una ley por la que se creaba lainstitución del Observador Nacional de Lugares dePrivación de Libertad, pero al terminar el año no sehabía nombrado a nadie para el cargo.Violaciones y abusos de derechoshumanos en CasamanciaVarios civiles murieron o resultaron heridos enenfrentamientos entre el MFDC y el ejército. En noviembre, 10 civiles que iban a recoger leña enDiagnon, a 30 kilómetros de Ziguinchor, principalciudad de Casamancia, murieron por disparos depresuntos miembros del MFDC.Represión de la disidenciaEl gobierno respondió durante todo el año con lafuerza a las manifestaciones contra la situaciónpolítica y económica. En mayo, Malick Bâ murió a manos degendarmes (policía paramilitar) que usaron fuegoreal contra las personas que participaban en unamarcha para protestar contra el establecimiento denuevas autoridades locales en la comunidad deSangalkam.Libertad de expresiónVarias personas fueron detenidas, y una, condenadaa una pena de cárcel, por expresar públicamente suoposición al gobierno. En junio, Alioune Tine, secretario general de laAsamblea Africana para la Defensa de los DerechosHumanos (RADDHO), y Oumar Diallo fueron atacadospor personas presuntamente cercanas al partidogobernante cuando intentaban protestar contra lacontrovertida reforma constitucional. En octubre, Malick Noël Seck, líder de unmovimiento afiliado al Partido Socialista, fuecondenado a dos años de cárcel por instar a losmiembros del Consejo Constitucional a rechazar lacandidatura del presidente Wade para un tercermandato.Tortura y otros malos tratosLa policía torturaba de manera habitual a laspersonas detenidas; una de ellas murió comoconsecuencia de esta práctica, según los informes. En abril se encontró el cuerpo desnudo y esposadode Aladji Konaté, con señales de tortura, junto a un ríoen la ciudad de Bakel. Las fuerzas de seguridad dijeronque había saltado al río para evitar la detención porpresunto tráfico de drogas. En septiembre, tres jóvenes sufrieron malos tratos yheridas a manos de gendarmes en la zona de Thiaroye,Dakar, tras ser detenidos debido a la denuncia de unvecino. Se abrió una investigación y dos gendarmesquedaron recluidos en sus cuarteles. Al terminar elaño, los presuntos autores no habían sido juzgadostodavía y las víctimas no habían recibidoindemnización.Justicia internacional: Hissène HabréLa Unión Africana afirmó en marzo que el expresidente de Chad, Hissène Habré, debía serjuzgado por un tribunal especial en Senegal. En junio,una coalición de ONG presentó, junto con víctimasdel gobierno de Hissène Habré, una demanda contraSenegal ante la Corte Internacional de Justicia por nohaberlo juzgado ni extraditado. El gobierno hizopública en julio su decisión de devolver a HissèneHabré a Chad, donde había sido condenado a muertein absentia, pero la decisión quedó en suspenso traslas protestas de órganos de la ONU y organizacionesde derechos humanos.Informes y visitasde Amnistía Internacional Senegal: The sentence of a political opponent must be quashed(AFR 49/002/2011) Senegal: Las autoridades no deben devolver al ex presidente chadianoa Chad (PRE01/343/2011)SInforme 2012 Amnistía Internacional369

SSERBIAREPÚBLICA DE SERBIA (INCLUIDA KOSOVO)Jefe del Estado:Boris TadićJefe del gobierno:Mirko CvetkovićPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:9,9 millonesEsperanza de vida:74,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 7,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:97,8 por cientoRatko Mladić y Goran Hadžić fueron detenidos enSerbia y transferidos al Tribunal Penal Internacionalpara la ex Yugoslavia. Continuaron los desalojosforzosos de romaníes que vivían en asentamientosinformales en Belgrado.Información generalTras la transferencia de Ratko Mladić y Goran Hadžićal Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia,la Comisión Europea recomendó en octubre que seconcediese a Serbia la condición de país candidato ala adhesión a la Unión Europea (UE).En marzo comenzaron las negociaciones entreSerbia y Kosovo, con mediación de la UE, en las quese pretendían resolver cuestiones técnicas decooperación regional, como acuerdos aduaneros. Enjulio, las autoridades de Kosovo abrieron puestos deaduanas en la frontera con Serbia, y en septiembrefracasaron las negociaciones. La violenciasubsiguiente desencadenó una crisis política; endiciembre se llegó a un acuerdo sobre gestiónconjunta de las fronteras. Ese mismo mes, el ConsejoEuropeo aplazó su decisión sobre la candidaturade Serbia hasta febrero de 2012, y la supeditó a queSerbia llegase a un acuerdo de cooperación conKosovo.Justicia internacionalEn febrero, el ex viceministro del Interior VlastimirĐorđević fue declarado culpable de crímenes de lesahumanidad y crímenes de guerra cometidos enKosovo en 1999, al haber llevado a cabopersecuciones por motivos políticos, raciales yreligiosos, asesinatos, deportaciones y trasladosforzosos. Fue condenado a 27 años de cárcel. La salade primera instancia del Tribunal Penal Internacionalpara la ex Yugoslavia determinó que VlastimirĐorđević había “desempeñado un papel decisivo” enla iniciativa de “ocultar los asesinatos dealbanokosovares” y había dado “instrucciones para eltraslado clandestino de cadáveres”.El ex general serbobosnio Ratko Mladić fuedetenido en Vojvodina el 26 de mayo y transferido a lacustodia del Tribunal Penal Internacional para laex Yugoslavia el 31 de ese mismo mes (véase elapartado sobre Bosnia y Herzegovina).El 20 de julio, el serbocroata Goran Hadžić, únicoinculpado que faltaba por ser entregado al Tribunal,fue detenido en un parque nacional de Vojvodina, enel que al parecer se estaba ocultando; el 22 de juliofue transferido a la custodia del Tribunal (véase elapartado sobre Croacia).En agosto comenzó la repetición parcial del juiciopor crímenes de guerra contra Ramush Haradinaj,ex jefe del Ejército de Liberación de Kosovo yposteriormente primer ministro de Kosovo, al que seiba a juzgar junto con Idriz Balaj y Lahi Brahimaj. Sehabía ordenado la repetición porque la intimidaciónde testigos había representado una amenaza para laintegridad del juicio anterior, pero un testigo de cargofundamental volvió a negarse a declarar.SerbiaDelitos de derecho internacionalContinuaron las actuaciones judiciales ante la SalaEspecial de Crímenes de Guerra del Tribunal de Distritode Belgrado en relación con crímenes de guerracometidos en Bosnia y Herzegovina, Croacia y Kosovo.En enero, 9 miembros del Grupo de Gnjilane/Gjilandel Ejército de Liberación de Kosovo fuerondeclarados culpables de crímenes de guerra contrapersonas serbias y no albanesas y condenados a untotal de 101 años de cárcel. En 1999 habíanencarcelado ilegalmente a más de 153 personas y lashabían sometido a trato inhumano, tortura y violación.Al menos 80 personas habían sido asesinadas,y 34 continuaban en paradero desconocido. Ochomiembros del grupo continuaban en libertad. Sepresentó un recurso de apelación contra la sentencia.En febrero se dictó acta de acusación formal contraZoran Alić y otras personas por torturar, violar,someter a esclavitud sexual y asesinar a 23 romaníes,entre los que había menores de edad y una mujerembarazada, en el municipio de Zvornik, en BosniaHerzegovina, en 1992. En junio se dictó acta deacusación formal contra tres serbios por delitos,370 Informe 2012 Amnistía Internacional

incluidos asesinato y violación, cometidos contraciviles en Bijelina, Bosnia y Herzegovina, en 1992.En julio, un tribunal australiano denegó a Serbia laextradición del general del ejército bosnio JovanDivjak por crímenes de guerra cometidos en Bosnia yHerzegovina, alegando que era poco probable quefuese sometido a un juicio con las debidas garantías.En mayo, la Fiscalía de Crímenes de Guerra dictóacta de acusación formal contra nueve miembros dela unidad paramilitar Chacales, extraditados desdeMontenegro en abril, por el asesinato de 11 civilesalbaneses en la localidad de Ćuška/Qyshk en 1999.Entre ellos se encontraba Ranko Momić. Siniša Mišić,otro miembro de la unidad, fue detenido ennoviembre por el mismo delito.Desapariciones forzadasNo se registraron avances en la identificación denuevas fosas comunes en Serbia.En marzo, el Comité de Derechos Humanos de laONU instó a las autoridades a “adoptar urgentementemedidas para determinar con exactitud lascircunstancias que condujeron a la inhumación decientos de personas en la región de Batajnica[en 1999]”, a fin de garantizar el procesamiento detodos los responsables y una reparación suficiente paralos familiares.Tortura y otros malos tratosLas personas detenidas y encarceladas continuabanen peligro de sufrir tortura y malos tratos debido a laausencia de medios de supervisión efectivos y de unmecanismo nacional de prevención, exigido por elProtocolo Facultativo de la Convención de la ONUcontra la Tortura. Las prisiones seguían careciendo desuficientes fondos, personal y profesionales médicos,y persistían en ellas las condiciones de hacinamiento.En julio apareció en YouTube un vídeo de 2007 enel que se veía a policías de la comisaría de Vrsacpropinando patadas al romaní de 17 años DanielStojanović. El ministro del Interior decidió reabrir unainvestigación interna, pero Daniel Stojanović fuedetenido por robo ese mismo mes y se retiraron loscargos contra los policías.RacismoEn enero, 14 hinchas del club de fútbol Partizanfueron condenados a un total de 240 años de cárcelpor el asesinato del ciudadano francés Brice Taton enseptiembre de 2009. En junio, el TribunalConstitucional prohibió la organización de extremaderecha Orden Nacional.Continuaron los ataques contra romaníes. Ennoviembre, 120 romaníes se quedaron sin hogar alincendiarse el asentamiento precario de la calleZvečanska en donde vivían. Existían sospechasrazonables de que el incendio había sido provocadopor hinchas de fútbol.En marzo, un menor romaní fue declaradoculpable del asesinato de D.S., que no era de etniaromaní, en la localidad de Jabuka en 2010 ycondenado a cuatro años de reclusión en un centrode menores. Ese mismo mes, seis jóvenes deJabuka, que habían desempeñado un papeldestacado en los ataques contra la comunidadromaní que se prolongaron durante varios díasdespués del asesinato, fueron declarados culpablesde incitación al odio étnico, racial y religioso yrecibieron condenas condicionales.DiscriminaciónEn septiembre, el Consejo de la Minoría Bosníaca,que no estaba reconocido por las autoridades, pidióal gobierno que pusiese fin a la discriminación contrala minoría bosníaca, y en concreto a la discriminacióneconómica en la región de Sandžak. La poblaciónalbanesa que vivía en el sur de Serbia continuabasufriendo discriminación en diversos ámbitos,incluida la educación.La comisaria para la Igualdad recibió 349denuncias de personas y ONG, con arreglo a loestablecido en la Ley contra la Discriminaciónde 2009.En junio, el Tribunal Superior falló que el diarioPress había infringido la Ley contra laDiscriminación al publicar en su sitio webcomentarios homófobos que, según la sentencia,constituían incitación al odio contra la población delesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.En noviembre, el parlamentario Dragan MarkovićPalma fue declarado culpable de discriminación pormotivos de orientación sexual.Tras las amenazas lanzadas por grupos dederechas, el gobierno canceló en octubre la marchadel Orgullo en Belgrado, incumpliendo así suobligación de garantizar la libertad de expresión yreunión. Continuaron las agresiones homófobas: enoctubre, una lesbiana fue atacada con un cuchillo yresultó gravemente herida en Belgrado, y un hombregay sufrió contusiones y conmoción cerebral tras seragredido en Novi Sad.SInforme 2012 Amnistía Internacional371

SDesalojos forzososContinuaron los desalojos forzosos en todo Belgrado. En agosto, 20 romaníes, entre los que había10 menores de edad, sufrieron el desalojo forzoso deun edificio de la calle Skadarska y quedaron a laintemperie con todas sus pertenencias. Dos activistas locales fueron detenidos en octubrepor intentar impedir pacíficamente el desalojo forzosode una mujer romaní y sus hijos, procedentesde Kosovo. En noviembre se aplazó el desalojo forzoso de33 familias romaníes, 20 de ellas desplazadas deKosovo, tras la intervención de organizaciones locales einternacionales. El Ministerio de Derechos Humanosdecidió elaborar protocolos de actuación para losdesalojos.En abril se comunicó a los romaníes que vivían en elasentamiento de Belvil que serían realojados en casasprefabricadas, antes de la construcción de unacarretera de acceso financiada por el Banco Europeode Inversiones. Al finalizar el año continuaban enpeligro de sufrir el desalojo forzoso y estaban a la esperade que el ayuntamiento aprobase un plan de acción.Personas refugiadas y migrantesEl gobierno cedió a las presiones de la UE e introdujocontroles fronterizos de salida con el fin de prevenir“el abuso de un sistema sin visado”, lo que supusouna violación del derecho a la libertad de circulaciónde los ciudadanos serbios, fundamentalmente de losromaníes y albaneses, que deseaban salir del país.En mayo, el ministro del Interior advirtió a losromaníes de que solicitar asilo en la UE podríaperjudicar los intereses nacionales de Serbia. A fechade 31 de octubre, la cifra de serbios que habíansolicitado asilo había disminuido a 3.000, frentea los 17.000 registrados en 2010.Serbia recibió 2.700 solicitudes de asilo; no seconcedió ninguna. Según informes, en noviembre lapolicía golpeó a migrantes afganos y paquistaníes eincendió su campamento cerca de Subotica, a pocadistancia de la frontera con Hungría.KosovoEn febrero asumió el poder un nuevo gobierno decoalición encabezado por el primer ministro HashimThaçi. En abril fue elegida presidenta Atifete Jahjaga,ex subdirectora del Servicio de Policía de Kosovo, trasanular el Tribunal Constitucional la elección deBehgjet Pacolli en febrero.En octubre, la Comisión Europea expresópreocupación por el Estado de derecho, lacorrupción, las deficiencias del poder judicial y laadministración pública, y la sostenibilidad económica.A pesar de que el gobierno no había puesto enpráctica ninguna estrategia de reintegración de laspersonas devueltas –condición impuesta para laliberalización del visado–, en diciembre la ComisiónEuropea anunció que en enero de 2012 se iniciaríanconversaciones sobre los visados.En octubre, el secretario general de la ONUinformó de que se había registrado un aumentodel 24 por ciento en el número de incidentes queafectaban a minorías en todo Kosovo, incluidos losmunicipios del norte, mayoritariamente serbios.Situación en el norteEn julio, el gobierno de Kosovo respondió alembargo de productos kosovares que habíaimpuesto Belgrado en 2008 y prohibió los productosserbios, incluso en el norte. Las autoridades deKosovo, en una operación clandestina encabezadapor la policía kosovar, tomaron el control de dospuestos fronterizos en los municipios septentrionalesde Leposavić/Leposaviq y Zubin Potok. Los serbiosde Kosovo respondieron estableciendo controles decarreteras destinados a impedir que la FuerzaInternacional de Seguridad en Kosovo (KFOR) y laMisión de la Unión Europea por el Estado deDerecho en Kosovo (EULEX) trasladasen afuncionarios de aduanas a los puestos.El 26 de julio, Enver Zymberi, agente de policía deKosovo, murió de un disparo en la cabeza y otroagente resultó gravemente herido en un ataque serbiocontra un puesto fronterizo. Otro puesto fronterizo fueincendiado. Al día siguiente, un helicóptero de laKFOR en el que viajaban agentes de la policía deKosovo fue tiroteado.En agosto, los serbios de Kosovo se negaron aretirar la barricada que habían levantado en el puestofronterizo de Jarinje/Jarinja, a pesar de que ambosgobiernos y la KFOR habían llegado al acuerdo deque el personal de los puestos fronterizos estuvieraintegrado por agentes serbios de la policía de Kosovo.En septiembre, siete serbokosovares resultarongravemente heridos en Jarinje/Jarinja cuando laKFOR utilizó gas lacrimógeno y balas de goma paradispersar a una multitud, algunos de cuyosintegrantes habían lanzado piedras. Cuatro miembrosde la KFOR resultaron heridos, uno de ellos de372 Informe 2012 Amnistía Internacional

gravedad, a consecuencia de una bomba defabricación casera. El 23 de noviembre,otros 21 soldados de la KFOR resultaron heridos alintentar retirar la barricada serbia.El 28 de noviembre, 25 soldados de la KFORresultaron heridos en Jagnjenica al ser atacadoscuando intentaban retirar otra barricada;respondieron con cañones de agua, gas lacrimógenoy pulverizadores de pimienta. Según los informes,entre 30 y 50 serbios resultaron heridos.Delitos de derecho internacionalLa EULEX dio prioridad a la investigación de lacorrupción y la delincuencia organizada, por lo quecontinuaba reinando la impunidad en los casos decrímenes de guerra pendientes. Las fiscalías localestramitaron pocas causas, y seguía sin haber unaprotección de testigos efectiva.La EULEX creó una fuerza especial, radicadaen Bruselas y encabezada por el ex jefe delDepartamento de Justicia de la Misión deAdministración Provisional de la ONU en Kosovo(UNMIK), para investigar las denunciasformuladas en un informe aprobado en enero porla Asamblea Parlamentaria del Consejo deEuropa. Entre otras cosas, en el informe seafirmaba que, en 1999, el primer ministro HashimThaçi y otros miembros del Ejército de Liberaciónde Kosovo habían sido responsables desecuestrar, torturar, someter a malos tratos yasesinar a civiles serbios y albaneses trasladadosa campos penitenciarios de Albania, a algunos delos cuales habían matado para extraerles órganosy traficar con ellos. En agosto, Sabit Geçi, ex comandante del Ejército deLiberación de Kosovo, fue declarado culpable decrímenes de guerra y condenado a 15 años de cárcel.Junto con otras tres personas, fue hallado responsable desometer a torturas y malos tratos a personas albanesas enun campo penitenciario cercano a Kukës, en Albania. En noviembre comenzó el juicio de Fatmir Limaj,ex ministro de Transporte y ex dirigente del Ejército deLiberación de Kosovo, y otras nueve personas.Estaban acusados de crímenes de guerra, comoordenar la tortura y el asesinato de al menos ochopresos, casi todos serbios, en el campo penitenciariode Klečka/Kleçkë, en Drenica/Drenicë, en 1999. Laorden de detención contra Fatmir Limaj, que eradiputado parlamentario, se había dictado en marzo,pero no se ejecutó hasta que el Tribunal Constitucionalfalló en septiembre que los diputados no gozaban deinmunidad parlamentaria por acciones ajenas a susresponsabilidades oficiales.En septiembre, Agim Zogaj, testigo en la causasobre lo ocurrido en Klečka/Kleçkë, se suicidó enDuisburg, Alemania. Dejó una carta en la queacusaba de tortura psicológica a la EULEX. Éstarehusó confirmar si había sido un testigo protegido.Desapariciones forzadasLa Ley sobre Personas Desaparecidas, promulgada enagosto, era aplicable a todas las desaparicionesdenunciadas hasta diciembre de 2000, incluidas las deserbios y romaníes secuestrados después de la guerra.La Ley establecía el derecho de los familiares de lapersona a conocer la suerte que había corrido, ydisponía la creación de una base de datos de personasen paradero desconocido. La Ley sobre la Condición ylos Derechos de los Mártires, Inválidos, Veteranos,Miembros del Ejército de Liberación de Kosovo, VíctimasCiviles de Guerra y sus Familias, aprobada en diciembre,discriminaba a los familiares de civiles en paraderodesconocido, que recibían una compensación mensualinferior a la mitad de lo que se pagaba a los familiares devíctimas militares. En noviembre aún había en tornoa 1.799 personas en paradero desconocido.El Departamento de Medicina Legal estabagestionado por la EULEX y el Ministerio de Justicia.En septiembre, este departamento y la ComisiónSerbia sobre Personas Desaparecidas visitaronposibles fosas comunes en la localidad serbia deRudnica y asistieron a exhumaciones en la minakosovar de Belaćevac, donde, según informes, habíaal menos 25 serbokosovares enterrados. ElDepartamento de Medicina Legal exhumó42 cadáveres, se identificó a 51 personasdesaparecidas y se entregaron a sus familias loscadáveres de 79 personas para que los enterraran.Se exhumaron 14 cadáveres cuya identificación habíasido incorrecta, y la mayoría de ellos se volvieron aidentificar y se entregaron a los familiares.La policía de la EULEX, especializada en crímenesde guerra, investigó desapariciones forzadas, perocarecía de recursos para abordar de forma efectiva elgran número de casos pendientes acumulados.Tortura y otros malos tratosEn octubre, el Comité Europeo para la Prevención dela Tortura informó de que en junio de 2010 habíarecibido “numerosas denuncias coherentes sobremalos tratos físicos a manos de agentes de la policíaSInforme 2012 Amnistía Internacional373

Sde Kosovo, formuladas por personas que estaban ohabían estado recientemente bajo custodia”; tambiénpuso de relieve los malos tratos que habían sufridoactivistas de la ONG Vetëvendosje! durante sudetención y posteriormente.En febrero, el Centro de Rehabilitación de Víctimasde Tortura en Kosovo denunció que lasinstituciones de salud mental carecían de personalprofesional, que sus condiciones eran inadecuadas yque se mantenía a las mujeres recluidas en la clínicapsiquiátrica de Pristina atadas a la cama.Falta de rendición de cuentasEn agosto, la secretaria general adjunta de AsuntosJurídicos de la ONU rechazó la solicitud deindemnización presentada por 155 romaníes yashkalíes que habían sufrido envenenamiento conplomo en campos del norte de Mitrovica/Mitrovicëcontaminados por este metal, en los que residíandesde que organismos de la ONU, como la UNMIK,los trasladaran allí en 1999.A lo largo del año, el Grupo Consultivo de DerechosHumanos declaró admisibles más de 40 denunciascontra la UNMIK, presentadas fundamentalmente porserbokosovares por no haber investigado de maneraadecuada el secuestro de sus familiares durante elconflicto o posteriormente.DiscriminaciónLos miembros de las comunidades romaní, ashkalí yegipciana sufrían discriminación acumulativa,especialmente en el acceso a la educación, laasistencia médica y el empleo; muy pocos disfrutabandel derecho a una vivienda adecuada. En mayo, laOrganización para la Seguridad y la Cooperación enEuropa (OSCE) denunció que “las instituciones deKosovo distaban mucho de cumplir sus compromisosde crear las condiciones necesarias para la integraciónde las comunidades romaní, ashkalí y egipciana”.Personas refugiadas y migrantesSegún el ACNUR, la agencia de la ONU para losrefugiados, 1.143 miembros de minorías regresaronvoluntariamente a Kosovo; 25 albanokosovares,64 serbokosovares y 430 miembros de lascomunidades romaní, ashkalí y egipciana que, enopinión del ACNUR, seguían necesitando proteccióninternacional fueron devueltos de Europa occidental,y 166 personas pertenecientes a minoríasregresaron tras haber sido inducidas a ello.Aunque hubo mejoras en el proceso de inscripciónen el registro, los retornados sin documentaciónseguían siendo apátridas en la práctica. Al no existirun sistema de gestión de casos de personasdevueltas desde otros países, sólo se gastó unapequeña parte de los 2,4 millones de euros del“fondo para reintegración”. Muchos retornados seveían privados de derechos fundamentales y seguíanexpuestos a sufrir una discriminación acumulativaque constituía persecución. A los menores de edadse les continuaba negando el derecho a la educación.Violencia contra las mujeresLa ley relativa a las víctimas civiles de la guerra noincluía disposiciones, propuestas por las ONG, paraque se reconociera a las mujeres violadas durante laguerra su condición de víctimas civiles y se lesconcediera una indemnización adecuada.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Serbia en abril, julio y octubre, y Kosovoen octubre. Home is more than a roof over your head: Roma denied adequatehousing in Serbia (EUR 70/001/2011) Serbia: Time for a law against forced evictions (EUR 70/025/2011)SIERRA LEONAREPÚBLICA DE SIERRA LEONAJefe del Estado y del gobierno:Ernest Bai KoromaPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:6 millonesEsperanza de vida:47,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 192,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:40,9 por cientoEl gobierno confirmó la suspensión oficial de lasejecuciones. Las mujeres, sobre todo en las zonasrurales, tenían dificultades para acceder a serviciosde atención de la salud materna. Había largasdemoras en el sistema de justicia penal.La situación en las cárceles era de hacinamiento,con condiciones de reclusión deficientes. Laviolencia contra mujeres y niñas era generalizada.Hubo estallidos de violencia entre partidos políticosrivales al acercarse las elecciones de 2012.374 Informe 2012 Amnistía Internacional

Información generalEn marzo, el Tribunal Especial para Sierra Leona, consede en La Haya, concluyó las vistas probatorias en eljuicio de Charles Taylor, ex presidente de Liberia,acusado formalmente por su responsabilidad penalindividual en crímenes de lesa humanidad y crímenesde guerra cometidos durante el conflicto armado quedurante 11 años afectó a Sierra Leona. Entre loscrímenes de los que se le acusaba figurabanasesinato, violación, reclutamiento o alistamiento demenores de 15 años en las fuerzas armadas y otrosactos inhumanos. Al terminar el año continuaban lasdeliberaciones de los jueces.El acuerdo de paz incluía una amnistía, enaplicación de la cual sólo se dictó acta de acusaciónformal por violaciones graves de derechos humanoscontra 13 hombres.El 5 de mayo se aprobó la Ley sobre Personas conDiscapacidad, con el objetivo de establecer laComisión Nacional para las Personas conDiscapacidad y prohibir la discriminación contra estaspersonas. Sin embargo, al terminar el año la Comisiónno se había establecido.No se registraron avances en la revisiónconstitucional, cuya reanudación no se esperabahasta después de las elecciones nacionales de 2012.En mayo, en el marco del examen periódicouniversal de la ONU, se estudió el historial dederechos humanos de Sierra Leona. El Estado aceptótodas las recomendaciones excepto las relacionadascon los derechos de lesbianas, gays, bisexuales ypersonas transgénero.Pena de muerteAl terminar el año había tres personas en espera deejecución. Dos hombres fueron condenados a muertepor asesinato el 19 y el 26 de mayo, respectivamente.En marzo, el Tribunal de Apelación anuló lacondena a muerte impuesta a una mujer declaradaculpable de asesinar a su hija en 2005.En abril, las autoridades indultaron a tres presosque estaban en espera de ejecución, entre ellos unamujer, y conmutaron todas las demás condenasa muerte por cadena perpetua, excepto la de BabyAllieu, impuesta en noviembre de 2010 por asesinato.En diciembre, el Tribunal Superior anuló enapelación la sentencia de culpabilidad dictada contrauna mujer que había estado condenada a muerte yque se encontraba en libertad bajo fianza desde 2010.En septiembre, el gobierno confirmó la suspensiónoficial de las ejecuciones.Sistema de justiciaLos jueces soportaban una carga excesiva de trabajoy su formación era deficiente. Los constantesaplazamientos, la pérdida de sumarios, la falta demedios para trasladar a los presos a los tribunales y laescasez de jueces causaban largas demoras.Existía un programa piloto de asistencia letradagratuita que registró algunos éxitos, pero sólo estabaen funcionamiento en Freetown. Al terminar el año nose había presentado al Parlamento un proyecto de leydestinado a ampliar la asistencia letrada gratuita.Los tribunales de jefes seguían excediéndose en sujurisdicción y a menudo imponían cuantiosas multasy encarcelamientos arbitrarios. En septiembre seaprobó una nueva Ley de Tribunales Locales, pero alterminar el año no se había implementado.Rendición de cuentas de las empresasLos acuerdos entre empresas, gobierno ycomunidades sobre el uso de la tierra secaracterizaban por la ausencia de la debida consulta,la falta de información y transparencia y laintimidación. Algunos defensores y defensoras de losderechos humanos sufrieron intimidación y amenazaspor su trabajo sobre rendición de cuentas de lasempresas. En octubre, 40 personas fueron detenidas en lajefatura de Sahn Malen, distrito de Pujehun, trasprotestas contra un acuerdo de arrendamiento de sutierra a la compañía productora de caucho y aceite depalma Socfin. Se presentaron cargos de “desórdenes” y“reunión ilegítima” contra 15 hombres en virtud de la Leyde Orden Público de 1965, y se decretó su prisiónpreventiva durante siete días antes de dejarlos en libertadbajo fianza. La causa seguía abierta al final del año.Desalojos forzososEl 11 de mayo, la policía desalojó por la fuerza enFreetown un centro de formación y residencia parapersonas con discapacidad, expulsando de él a másde 100 personas, entre residentes, familiares de éstosy cuidadores. Previamente se había fijado en lapuerta un aviso de desalojo, en el que se establecíaun plazo de ejecución de siete días. La policía disparógas lacrimógeno en el interior del edificio y arrojó a lacalle las pertenencias de los residentes.SInforme 2012 Amnistía Internacional375

SLibertad de expresiónLos periodistas sufrían hostigamiento, amenazas yagresiones. No se revocó la Ley de Orden Públicode 1965, cuyas disposiciones sobre difamaciónsediciosa restringían la libertad de expresión. Alterminar el año no se había aprobado el proyecto deLey sobre el Derecho de Acceso a la Información,presentado al Parlamento en 2010. En septiembre, Mohamed Fajah Barrie, periodistadeportivo de la BBC, y otros tres periodistas fuerongolpeados por guardias presidenciales después de unpartido de fútbol. Mohamed Fajah Barrie quedó encoma a consecuencia de los golpes. El presidenteKoroma manifestó públicamente su compromiso deinvestigar los hechos, pero al terminar el año no sehabía iniciado ningún enjuiciamiento.Salud maternaA pesar de una importante iniciativa gubernamentalemprendida en abril de 2010 para prestar atencióngratuita a las mujeres y niñas embarazadas, éstasseguían haciendo frente a graves dificultades en elacceso a medicamentos y atención médicafundamentales para un embarazo y un parto sinriesgos. La atención era con frecuencia de bajacalidad, y muchas mujeres seguían pagando pormedicamentos esenciales, a pesar de la política deatención gratuita. En consecuencia, muchas mujeresy niñas que vivían en la pobreza seguían teniendo unacceso limitado o nulo a una atención esencial en elembarazo y el parto. Una de las deficienciasfundamentales del sistema de atención de la saludera la ausencia de mecanismos efectivos desupervisión y rendición de cuentas. Los servicios desalud materna eran especialmente deficientes en laszonas rurales.Policía y fuerzas de seguridadLas condiciones deficientes en los calabozospoliciales y la reclusión ilegítima sin cargos duranteperiodos prolongados eran habituales. Lasinvestigaciones sobre violencia sexual y de géneroeran a menudo inadecuadas. En junio, nueve personas, dos de ellasde 15 y 16 años de edad y cuatro con discapacidad,estuvieron recluidas en la comisaría de policía de Kissidurante 17 días a causa de un conflicto sobre tierras enGrafton. Al final quedaron en libertad sin cargos.Condiciones de reclusiónEn varias prisiones de Sierra Leona había gravesproblemas de hacinamiento. En la mayoría de lascárceles los servicios de saneamiento eranextremadamente deficientes, y los reclusos teníanque usar cubos a modo de retrete.Había tres centros de detención de menores enSierra Leona, dos en Freetown y uno en Bo. En otraspartes del país era habitual recluir a los menoresjunto con adultos en los calabozos policiales y en lasceldas de las cárceles. En muchos casos, la policíaexageraba su edad antes de trasladarlos a prisión.Sólo había hospital en la prisión de PadembaRoad, pero a menudo los reclusos tenían que pagarpara recibir tratamiento.Violencia contra mujeres y niñasLa violencia intrafamiliar, la violación y otrasformas de violencia sexual seguían siendoprácticas generalizadas. Se denunciaban pocoscasos a las autoridades, y a menudo lasinvestigaciones sobre ellos eran deficientes y losenjuiciamientos apenas prosperaban. Los centrosmédicos cobraban habitualmente a las víctimas deviolencia sexual por los informes médicos, sin loscuales era prácticamente imposible concluir conéxito el enjuiciamiento. Los acuerdosextrajudiciales eran habituales debido al estigmasocial, a los costos y el carácter intimidatorio de losprocesos judiciales y a la intervención de familiaresy dirigentes tradicionales. Las unidades de apoyo ala familia, encargadas de investigar la violenciasexual y de género, carecían de personal yrecursos suficientes, por lo que les costaba sacaradelante su trabajo.Continuaron las prácticas tradicionales nocivas ydiscriminatorias, como la mutilación genital femeninay el matrimonio forzado o precoz, aunque lamutilación genital femenina de menores de 18 añosdisminuyó ligeramente. Algunos defensores ydefensoras de los derechos humanos sufrieronhostigamiento y amenazas por su trabajo en relacióncon la mutilación genital femenina. La legislaciónnacional no penalizaba expresamente esta práctica.Se registraron escasos avances en lo relativo asubsanar las lagunas de las “tres leyes sobre género”y la Ley de Derechos de la Infancia de 2007, quemenoscababan la protección jurídica de los derechosde las mujeres y de la infancia. Aunque las ONG376 Informe 2012 Amnistía Internacional

sensibilizaron sobre estas leyes, al terminar el año laimplementación seguía siendo deficiente.No se tomaron medidas para reformar la sección27.4.d de la Constitución, que permitía ladiscriminación por motivos de adopción, matrimonio,divorcio, entierro y herencia.Violencia políticaLa tensión política entre simpatizantes de los dospartidos políticos principales, el Partido Popular deSierra Leona (SLPP) y el Congreso de Todo el Pueblo(APC), aumentó al acercarse las elecciones de 2012.Al terminar el año no se habían hecho públicas lasconclusiones y recomendaciones del Grupo deRevisión Independiente Shears Moses, establecido enabril de 2009 para investigar los incidentes deviolencia política ocurridos en marzo de ese año. El 9 de septiembre, un enfrentamiento entrepartidarios del APC y del SLPP se saldó con unapersona muerta y 23 heridas cuando la policía usó gaslacrimógeno y fuego real para dispersar a la multitud.Se arrojaron piedras contra los partidarios del SLPP. Lasede del APC en Bo fue incendiada y la presidenta delAPC fue apuñalada. El presidente de Sierra Leonaestableció un grupo de investigación, pero al terminarel año no se habían implementado todavía susrecomendaciones.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Sierra Leona en septiembre y noviembre. At a crossroads: Sierra Leone’s free health care policy(AFR 51/001/2011)SINGAPURREPÚBLICA DE SINGAPURJefe del Estado:Tony Tan Keng Yam(sustituyó a S.R. Nathan en septiembre)Jefe del gobierno:Lee Hsien LoongPena de muerte:retencionistaPoblación:5,2 millonesEsperanza de vida:81,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 2,8 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:94,7 por cientoEn las elecciones parlamentarias celebradas en mayo,los candidatos de la oposición lograron un aumentomodesto pero sin precedentes, al conseguir 6 delos 87 escaños. El gobierno recurrió a leyes restrictivaspara silenciar a quienes lo criticaban, presentandoquerellas por difamación y censurando a los medios decomunicación. La pena de muerte, la detenciónadministrativa y los azotes con vara por orden judicialcontinuaron vigentes en la ley y en la práctica.Libertad de expresiónLas autoridades continuaron amenazando ycastigando a las personas que criticaban al gobierno,recurriendo a desmesuradas leyes penales y civilessobre difamación.Durante las elecciones parlamentarias, el gobiernorelajó algunas restricciones sobre el uso de nuevosmedios de comunicación (como blogs y Facebook)para hacer campaña política. El escritor británico Alan Shadrake fue encarceladoel 1 de junio, acusado de desacato al tribunal porescribir un libro en el que criticaba el uso de la pena demuerte por parte del poder judicial singapurés. Quedóen libertad y fue expulsado el 9 de julio. En octubre, el líder de la oposición Chee Soon Juan,declarado en bancarrota tras la querella por difamaciónpresentada por dos ex primeros ministros del país, nopudo viajar a Dubai para intervenir en un congreso dela Asociación Internacional de Abogados al denegarleel gobierno la autorización para salir del país,imprescindible en casos de bancarrota.Reclusión sin juicioEn septiembre, el ministro del Interior rechazó unllamamiento de ex presos políticos para derogar la Leyde Seguridad Interna.SInforme 2012 Amnistía Internacional377

SEl gobierno alegó que dos hombres recluidos conarreglo a la Ley de Seguridad Interna, Jumari binKamdi y Samad bin Subari, eran miembros de YemaaIslamiya, y que un tercero, Abdul Majid KunjiMohamad, era miembro del Frente Moro deLiberación Islámica. Los tres fueron detenidos enpaíses vecinos y trasladados a Singapur. El 1 de septiembre, las autoridades dejaron enlibertad a Mohamed Khalim bin Jaffar, presuntomiembro de Yemaa Islamiya detenido en 2002 enaplicación de la Ley de Seguridad Interna.Pena de muerte Al menos cuatro personas fueron ejecutadas y cincocondenadas a muerte. A comienzos de 2011, Singapurpublicó en Internet algunas de sus estadísticas sobre lapena de muerte. Según el Servicio de InstitucionesPenitenciarias de Singapur, en 2008 hubo seisejecuciones judiciales, cinco en 2009 y ningunaen 2010. No se facilitó información oficial sobre lasejecuciones llevadas a cabo en 2011. Yong Vui Kong, ciudadano malaisio de 23 años,agotó sus recursos judiciales y seguía condenado amuerte, en espera de que el presidente le concedieseel indulto. Había sido condenado a la pena capitalen 2009 por tráfico de drogas, un delito que conllevabauna condena a muerte preceptiva.Tortura y otros malos tratosContinuaban imponiéndose los azotes con vara comopena judicial para alrededor de 30 delitos, incluidoslos relacionados con la inmigración. En septiembre, Ho Beng Hing, de 21 años, fuedeclarado culpable de escaparse de un reformatorio ycondenado a tres azotes con vara, más de tres años deprisión y el pago de una multa.Escrutinio internacionalEn mayo, Singapur se sometió al examen periódicouniversal de la ONU, en el que se evaluó su historialen materia de derechos humanos. El gobiernorechazó las recomendaciones para poner fin al usode las condenas a muerte preceptivas y estableceruna suspensión de la pena de muerte, pero aceptóalgunas recomendaciones para proteger los derechosde los trabajadores y las trabajadoras migrantes.Informes y visitasde Amnistía Internacional Singapore rejects calls to end death penalty and caning(ASA 36/003/2011) Suggested recommendations to States considered in the 11th roundof Universal Periodic Review (IOR 41/008/2011)SIRIAREPÚBLICA ÁRABE SIRIAJefe del Estado:Bachar al AsadJefe del gobierno:Mohamed Nayi al OtriPena de muerte:retencionistaPoblación:20,8 millonesEsperanza de vida:75,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 16,2 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:84,2 por cientoLas fuerzas del gobierno emplearon fuerza excesiva ymedios letales contra manifestantes pacíficos que,en un número sin precedentes, se echaron a la callepara pedir reformas políticas y la caída del régimen.Cabía la posibilidad de que, por su persistencia yescala, los abusos cometidos por el Estadoconstituyeran crímenes de lesa humanidad. Según lainformación recibida, más de 4.300 personasmurieron durante las protestas, por motivosrelacionados con ellas o durante funerales demanifestantes, en su mayoría por disparosde miembros de las fuerzas de seguridad, incluidosfrancotiradores. Se emplearon tanques enoperaciones militares realizadas en zonasresidenciales civiles. También perdieron la vidamiembros de las fuerzas de seguridad; a algunoslos mataron, al parecer por negarse a disparar contramanifestantes, y otros murieron en ataques desoldados desertores u otras personas que se sumarona la oposición al gobierno. Hubo algunasexcarcelaciones en virtud de amnistías, pero milesde personas fueron recluidas en relación con lasprotestas, muchas de ellas en régimen deincomunicación y bajo torturas. Se tuvo noticia deque al menos 200 personas habían muerto bajocustodia en circunstancias poco claras, y parecíaque muchas de ellas habían sido torturadas. Las378 Informe 2012 Amnistía Internacional

autoridades no llevaron a cabo investigacionesindependientes sobre presuntos homicidiosilegítimos, actos de tortura y otras violaciones gravesde derechos humanos cometidos impunemente porlas fuerzas de seguridad. Millares de personas sevieron desplazadas a causa de la represión; muchashuyeron a países vecinos. Siguieron imponiéndosecondenas de muerte y, según la informaciónrecibida, continuaron las ejecuciones.Información generalEn febrero se celebraron pequeñas manifestacionesen demanda de reformas, que se transformaron enprotestas masivas a mediados de marzo, cuando loscuerpos de seguridad emplearon fuerza a todas lucesexcesiva en Deraa contra personas que pedían laliberación de unos niños que habían sido detenidos.Las protestas se propagaron rápidamente, mientraslas autoridades trataban de sofocarlas por la fuerzabruta, utilizando por ejemplo francotiradores paradisparar contra multitudes pacíficas, al tiempo queculpaban del clima de violencia a misteriosas“bandas armadas” contrarias al gobierno.Como respuesta a las protestas, el presidenteBachar al Asad anunció diversas reformas. En abrillevantó el estado de excepción, en vigor en todo elpaís ininterrumpidamente desde 1963; abolió elTribunal Supremo de Seguridad del Estado, quehabía encarcelado a miles de detractores yopositores del gobierno y era bien conocido por sufalta de imparcialidad, y promulgó un decreto por elque se concedía la ciudadanía siria a parte de laminoría kurda, aunque no al resto, que siguió siendoapátrida. Sin embargo, al mismo tiempo dictó otrodecreto por el que permitía la detención sin cargos nijuicio durante periodos de hasta dos meses. Seaprobó una nueva Ley de Reunión Pacífica en virtudde la cual sólo se consideraban legales lasmanifestaciones “debidamente autorizadas” conantelación por las autoridades. En marzo, junio ynoviembre, el presidente concedió cinco amnistíasdiferentes para distintas clases de personas privadasde libertad. Entre los liberados hubo presos deconciencia y personas detenidas durante lasprotestas, aunque la gran mayoría de éstas siguieronrecluidas. En agosto se aprobaron leyes sobrenuevos partidos, sobre las elecciones y sobre losmedios de comunicación. Si bien con ellas seconseguía cierto grado de apertura, ninguna de estasreformas garantizaba en la práctica las libertades deexpresión y asociación.En marzo, el Consejo de Derechos Humanos de laONU estableció una misión de investigación que enagosto concluyó que podían haberse cometidocrímenes de lesa humanidad en Siria. Ese mismomes, el Consejo creó una comisión de investigacióninternacional independiente que, el 23 de noviembre,se mostró gravemente preocupada por los crímenesde lesa humanidad cometidos por las fuerzasmilitares y de seguridad sirias, como “asesinato,tortura, violación u otras formas de violencia sexual[…], encarcelación u otra privación grave de lalibertad física [y] desaparición forzada de personas”.Las autoridades sirias denegaron la entrada al país alConsejo y a la comisión, así como a la mayoría de losmedios de comunicación y las organizacionesindependientes de derechos humanosinternacionales.En el Consejo de Seguridad de la ONU, laFederación Rusa, China y otros Estados bloquearonuna propuesta de resolución que condenaba loscrímenes y demás abusos perpetrados en Siria, peroEstados Unidos, la Unión Europea y la Liga delos Estados Árabes impusieron sanciones: a partir deabril, el gobierno estadounidense amplió lassanciones que ya pesaban sobre Siria desde 2004;en mayo, la Unión Europea impuso sancionesselectivas a líderes sirios, y más tarde las amplió, y ennoviembre, la Liga de los Estados Árabes suspendió aSiria, y posteriormente le impuso sancioneseconómicas por incumplir el gobierno la promesa quehabía hecho a la organización de retirar las fuerzasarmadas de las ciudades, detener la violencia y dejaren libertad a las personas detenidas en relación conlas protestas. A finales de diciembre, la Liga de losEstados Árabes envió observadores para vigilar elcumplimiento de esta promesa del gobierno.Uso excesivo de la fuerzay ejecuciones extrajudicialesEn repetidas ocasiones, las fuerzas del gobiernoemplearon medios letales y fuerza excesiva contramanifestaciones pacíficas y otras protestas. Al parecer,muchas personas recibieron disparos defrancotiradores cuando participaban en protestasmasivas o asistían a funerales de personas que habíansido víctimas de homicidio días atrás. Se enviaron aDeraa, Homs y otros lugares tanques y otros vehículosSInforme 2012 Amnistía Internacional379

Sblindados que dispararon contra zonas residenciales.En la gobernación de Idleb, en el noroeste del país, seaplicó una política de “tierra quemada”. El gobiernotrató de justificar la brutal represión alegando queestaba siendo atacado por bandas armadas, pero noaportó ninguna prueba convincente de ello hastafinales de año, cuando, en respuesta a la continuarepresión, empezó a operar una resistencia armadacoordinada, a la que se unieron algunos soldados quehabían desertado del ejército y se habían vuelto contrael gobierno. Según informes, al concluir el año habíanmuerto más de 4.300 personas (la ONU calculabamás de 5.000) en relación con las protestas y losdisturbios, muchas de ellas manifestantes inermes ytranseúntes que no constituían ninguna amenaza paralas fuerzas de seguridad ni para nadie más. Muchaspersonas más habían resultado heridas. Según la información recibida, el 18 de marzo lasfuerzas de seguridad mataron a tiros a un mínimo decuatro personas en Deraa cuando protestaban por ladetención de unos niños acusados de haber escritoeslóganes contra el gobierno en un muro. También setuvo noticia de la muerte de al menos siete personascuando, el 23 de marzo, las fuerzas de seguridadatacaron en esa misma ciudad la mezquita de Omari,donde los manifestantes se habían refugiado. Una delas víctimas era Ashraf Abd al Aziz al Masri, que resultóherido en una pierna y, posteriormente, segúntrascendió, recibió un disparo a quemarropa en lacabeza de un agente de las fuerzas de seguridad al quehabía pedido ayuda. Según informes, el 4 de junio francotiradores de lasfuerzas de seguridad mataron hasta a 25 personas queasistían al funeral de Basel al Masri en Yisr al Shughur,e hirieron a muchas más, incluido un paramédico de laMedia Luna Roja que estaba atendiendo a un herido. De acuerdo con la información recibida,unas 15 personas murieron por disparos en Homsel 19 de julio cuando asistían al funeral de 10 manifestantesmuertos el día anterior, entre ellos Rabee Joorya, cuyamadre y hermano fueron dos de las nuevas víctimas. Según informes, el 31 de julio Khaled al Haamedhmurió en Hama cuando se dirigía al hospital. Unossoldados le dispararon por la espalda y a continuaciónpasó sobre él un tanque. Según informes, el 13 de noviembre, en Deir ez Zor,un miembro de las fuerzas de seguridad mató de undisparo al adolescente de 14 años Muhammad alMulaa Esa por no obedecer la orden de sumarse, juntocon sus compañeros de clase, a una manifestación enfavor del gobierno.Persecución de personas heridasy de profesionales de la saludLos manifestantes heridos que acudían a centros desalud para recibir atención médica corrían peligrode ser detenidos y sufrir abusos, incluida negación detratamiento. A su vez, los médicos y el personal de loshospitales se exponían a ser detenidos y perseguidossi participaban en las protestas o las apoyaban, asícomo si trataban a manifestantes heridos sindenunciarlos a las autoridades; al parecer, variosprofesionales de la salud fueron víctimas de homicidiopor esta causa. El doctor Sakher Hallak, que dirigía una clínicaespecializada en trastornos alimentarios, fue detenidoel 25 de mayo y, según la información recibida, muriódos días después, cuando se encontraba recluido en elDepartamento de Seguridad Criminal de Alepo.Cuando devolvieron el cadáver, tenía fracturas decostillas, de brazo y de dedos, y le habían sacado losojos y mutilado los genitales. Se pensaba que pudohaber sido detenido por haber firmado una peticiónsolicitando que se permitiera a los médicos tratar acualquier persona herida, incluidos manifestantes, ypor haber viajado hacía poco a Estados Unidos. El 24 de noviembre devolvieron a su familia elcadáver de Maaz al Fares, director administrativo delHospital Nacional de Taldo (gobernación de Homs),muerto bajo custodia, al parecer a consecuenciade torturas.Represión de la disidenciaLas libertades de expresión, asociación y reuniónsiguieron gravemente limitadas, pese a que se levantóel estado de excepción y se promulgaron leyes quepermitían supuestamente las manifestacionespacíficas y la legalización de partidos políticos. Lasfuerzas de seguridad detuvieron a miles de personasen relación con las protestas, a algunas de ellasdurante las manifestaciones y a otras en asaltos aviviendas, registros casa por casa u otro tipo deredadas. Cientos de personas, si no miles, fueronvíctimas de desaparición forzada y recluidas enrégimen de incomunicación en centros de detenciónoficiales o improvisados –como campos deportivos–no revelados, en los que abundaban la torturay otros abusos.380 Informe 2012 Amnistía Internacional

Entre los detenidos figuraban activistas y disidentespolíticos, periodistas, blogueros, imanes, soldadosque se habían negado a disparar contra losmanifestantes y activistas de derechos humanos,algunos de los cuales se habían ocultado para evitarser detenidos. Cientos de personas detenidasquedaron en libertad tras juicios ante tribunalesmilitares o penales o en virtud de las amnistíasconcedidas por el presidente Al Asad, pero milesmás continuaban recluidas al concluir el año. El 12 de mayo, el activista de derechos humanosMohammed Najati Tayyara, de 65 años, fue detenido enHoms por agentes de los servicios de Seguridad Política yacusado de difundir “noticias falsas que podríanmenoscabar la moral de la nación” a causa de unasentrevistas que había concedido a medios decomunicación sobre los abusos de las fuerzas deseguridad contra manifestantes. En agosto, un juezordenó su puesta en libertad bajo fianza, pero agentes delos servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea volvieron adetenerlo y lo tuvieron 11 días recluido en régimen deincomunicación, durante los cuales fue golpeado. Alterminar 2011 seguía recluido en condiciones dehacinamiento en la Prisión Central de Homs. Hanadi Zahlout, activista de los derechos de lasmujeres, pasó dos meses recluida en régimen deincomunicación tras su detención en Damasco el 4 deagosto, y posteriormente fue trasladada a la prisiónde Adra para ser juzgada, junto con seis personas más,por cargos tales como “incitación a la protesta”. Quedóen libertad el 4 de diciembre. El 17 de agosto, el periodista Adel Walid Kharsa fuedetenido por agentes de los servicios de Seguridad delEstado por haber informado, manteniendo elanonimato, sobre la represión de las protestas por partedel Estado. Pasó cinco semanas recluido en régimende incomunicación antes de quedar en libertad sincargos, pero el 31 de octubre volvió a ser detenido, estavez por los servicios de Inteligencia Militar.Al concluir 2011 continuaba recluido en régimen deincomunicación y era víctima de desaparición forzada. El 28 de agosto, Mohamed Iyyad Tayyara, activistade derechos humanos, fue sacado por unos soldadosde su casa, en Homs, al parecer por haber informadosobre violaciones de derechos humanos. Estuvorecluido en secreto hasta principios de diciembre,cuando lo trasladaron a la Prisión Central de Homs. Al concluir el año continuaba recluido el escritorkurdo Hussein Essou, que se había declarado a favorde las manifestaciones en demanda de reformas yhabía sido detenido en Al Hasakah el 3 de septiembre.Se siguió impidiendo a numerosos disidentes yex presos viajar al extranjero, en virtud deprohibiciones administrativas que no tenían forma deimpugnar. El funcionariado de las embajadas sirias yotras personas vigilaban y hostigaban a los siriosresidentes en el extranjero que se manifestaban ensolidaridad con las protestas, y en algunos casos sepersiguió en Siria a familiares suyos, como represalia,al parecer, por tales actividades. Mustafa Kheder Osso, presidente del grupo noautorizado Organización Kurda para la Defensa de losDerechos Humanos y las Libertades Públicas en Siria,se enfrentaba a medidas disciplinarias del Colegio deAbogados de Siria por haberse sumado en julio a unaprotesta para pedir la liberación de los presos políticosy haber hablado con los medios de comunicación. Elprocedimiento disciplinario podía llegar a inhabilitarlopara ejercer la abogacía. Durante todo el año 2011 se prohibió viajar alextranjero a Anwar al Bunni, abogado de derechoshumanos. En julio, unos hombres armados propinaron unapaliza en su domicilio de Homs a los padres de MalekJandali, pianista y compositor, cuatro días después deque éste se hubiera solidarizado en Estados Unidos,donde vivía, con las protestas de Siria. Los agresoresadvirtieron a su padre: “Esto es lo que le pasa a unocuando su hijo se mofa del gobierno”.ExcarcelacionesDebido a las protestas y a la preocupación expresadapor la comunidad internacional, el presidente Al Asadconcedió cinco amnistías diferentes por las querecuperaron la libertad, entre otros, presos deconciencia, personas recluidas en relación con lasprotestas e integrantes de la proscrita HermandadMusulmana. Según información publicada en mediosde comunicación estatales sirios, pero no confirmadapor ninguna otra fuente, en virtud de las dos últimasamnistías, ambas dictadas en noviembre, quedaronen libertad más de 1.700 personas recluidas durantelas protestas. El veterano abogado de derechos humanosHaytham al Maleh, de 80 años, salió en libertad graciasa la primera amnistía, en marzo. Cumplía una pena detres años de prisión impuesta en 2010 en un juicioinjusto.SInforme 2012 Amnistía Internacional381

S Muhannad al Hassani, abogado de derechoshumanos, recuperó la libertad en virtud de la amnistíade junio. Detenido en julio de 2009, había sidocondenado a tres años de prisión en junio de 2010 enun juicio injusto. El activista político Kamal al Labwani, fundador de laUnión Democrática Liberal, partido político prohibido,quedó en libertad el 15 de noviembre tras habercumplido 6 de sus 12 años de condena, al quedar éstareducida a la mitad a consecuencia de la amnistíaconcedida el 31 de mayo.Tortura y otros malos tratosLa tortura y los malos tratos a detenidos erangeneralizados, y las fuerzas de seguridad los infligíanimpunemente a fin de obtener información,“confesiones” y castigar y atemorizar a presuntosopositores del gobierno. Algunas víctimas temíansufrir represalias si se conocía su identidad. Un hombre detenido en abril en Banias aseguróhaber permanecido recluido durante tres días sinalimentos ni agua potable, y añadió que las fuerzas deseguridad lo habían golpeado, al igual que a otraspersonas, en el cuello y en los hombros con las culatasde sus rifles, lo habían desnudado y golpeado conpalos y cables y le habían hecho limpiar con la lengualas manchas de su propia sangre que había en el suelo. Otro hombre afirmaba que, cuando los servicios deInteligencia Militar lo detuvieron en Homs en mayo,lo golpearon hasta que perdió el conocimiento, lotorturaron con descargas eléctricas y lo amenazaroncon amputarle el pene. Finalmente, con los ojosvendados, accedió a estampar su huella dactilar amodo de firma en unos documentos que no habíaleído. En mayo, un hombre de Damasco fue detenido yposteriormente recluido en esa misma ciudad poragentes de los servicios de Seguridad del Estado.Durante su reclusión, lo azotaron, lo dejaronsuspendido, lo privaron de sueño y lo empaparonrepetidas veces con agua fría, estando desnudo.Enfermó, pero se le negó tratamiento médico.Muertes bajo custodiaLa cada vez más extendida práctica de la tortura sevio reflejada en el aumento de las muertes bajocustodia: según informes, al menos 200 personasdetenidas en relación con las protestas murieron enestas condiciones. En numerosos casos, los datosdisponibles apuntaban a prácticas de tortura o malostratos como causa probable de la muerte. Ningúnresponsable compareció ante la justicia. Algunas delas víctimas eran menores de edad. Tariq Ziad Abd al Qadr fue detenido el 29 de abril. Enjunio, su familia en Homs recibió su cadáver, quemostraba numerosas lesiones, según una grabación devídeo hecha en aquellos momentos. Presentabaquemaduras, incluidas algunas provocadasaparentemente con electricidad en el cuello y el pene,así como marcas que parecían debidas a latigazos ypuñaladas en el costado. Le habían arrancado partedel cabello. Un documento, publicado al parecer por elHospital Nacional, atribuyó su muerte a un “disparo enel pecho”, pese a que no se apreciaban heridasde bala. Thamer Mohamed al Shari, de 15 años, desaparecióel 29 de abril, fecha en que las fuerzas de seguridadefectuaron detenciones masivas y disparos contramanifestantes en las proximidades de Deraa. Mástarde, un detenido que había quedado en libertadafirmó haber visto cómo lo aporreaban losinterrogadores en un centro de detención de losservicios de inteligencia de la Fuerza Aérea enDamasco, a pesar de que tenía una herida de bala en elpecho. Según se supo, su familia recibió el cadáverel 6 de junio. En septiembre, los padres de Zaynab al Hosni, trashaber visto un cadáver mutilado y desfigurado,creyeron identificar en él a su desaparecida hija y, enconsecuencia, celebraron un funeral. El 4 de octubre,Zaynab al Hosni apareció en la televisión pública, y lasautoridades trataron de utilizar su caso paramenoscabar la credibilidad de la informaciónpublicada por los medios de comunicacióninternacionales sobre violaciones de derechoshumanos en Siria. Sin embargo, la suerte y el paraderode Zaynab al Hosni siguieron sin conocerse, al igualque la identidad y las circunstancias de la muerte de lamujer cuyo cadáver mutilado había sido enterrado.Las autoridades sólo anunciaron investigacionessobre dos muertes bajo custodia, las de Hamza Ali alKhateeb, de 13 años, y el doctor Sakher Hallak(véase supra), tras haberse denunciadoextensamente que las víctimas habían sufridotorturas. Al parecer, en ambos casos lasinvestigaciones no fueron independientes niimparciales y exoneraron de toda responsabilidad alas fuerzas de seguridad.382 Informe 2012 Amnistía Internacional

ImpunidadAparte de las deficientes investigaciones sobre dospresuntas muertes bajo custodia, las autoridades noinvestigaron los numerosos homicidios ilegítimos,torturas y abusos graves en general cometidos por lasfuerzas de seguridad ni llevaron a los responsablesante la justicia. Tampoco tomaron medidas parainvestigar y hacer rendir cuentas a los responsablesde graves violaciones de derechos humanoscometidas en años anteriores, como los miles dedesapariciones forzadas y los homicidios de presosde la prisión militar de Saydnaya en julio de 2008. La familia de Tahsin Mammo se enteró porcasualidad en 2011 de que éste había sido uno de losreclusos muertos en julio de 2008 en la prisión deSaydnaya. Preso de conciencia, fue detenido en enerode 2007 junto con otros cuatro miembros de la minoríakurda yazidí, y su familia no sabía nada de él desdejulio de 2008.Discriminación: minoría kurdaLa minoría kurda, que representabaaproximadamente el 10 por ciento de la población,siguió sufriendo discriminación por motivos deidentidad, como restricciones legales al uso de sulengua y su cultura. Además, sus miembros siguieronsiendo apátridas en la práctica hasta el 7 de abril,cuando el presidente Al Asad dictó el DecretoLegislativo núm. 49, por el que se concedía lanacionalidad siria a los kurdos ajanib (extranjeros),pero no a los conocidos como maktoumeen(“ocultos”, que en la práctica significaba noregistrados) que vivían principalmente en lagobernación de Al Hasakah. Los activistas de losderechos de la minoría kurda siguieron expuestos aser detenidos y encarcelados. En febrero, Omar Abdi Ismail, AbdussamadHusayn Mahmud y Ahmad Fatah Ismail, poetas enlengua kurda, fueron condenados a cuatro meses deprisión cada uno, tras haber sido declarados culpablesde “incitar a la lucha sectaria y racial” por haberorganizado en 2010 un festival de poesía kurda.Derechos de las mujeresLas mujeres siguieron discriminadas en la ley y en lapráctica, y continuaron sufriendo violencia pormotivos de género, incluidos asesinatos y otros delitosgraves, cometidos a menudo por familiares varonescon el pretexto de defender el “honor” familiar.El 3 de enero, el presidente Al Asad reformó pordecreto el Código Penal para aumentar la penamínima por asesinato y otros delitos violentos contramujeres cometidos en nombre del “honor” familiar,que pasó de un mínimo de dos años a entre cino ysiete años. Asimismo, el decreto especificaba unapena mínima de dos años de prisión por violación yotras agresiones sexuales; anteriormente, los autoresde estos delitos no eran procesados ni castigados sise casaban con la víctima.Pena de muerteSiguieron imponiéndose condenas de muerte. Segúnfuentes no confirmadas, se llevaron a caboejecuciones, pero las autoridades sirias no dieron aconocer ninguna información al respecto.Informes y visitasde Amnistía Internacional El gobierno no permitió a Amnistía Internacional acceder a Siriaen 2011. End human rights violations in Syria – Amnesty InternationalSubmission to the UN Universal Periodic Review, October 2011(MDE 24/034/2011) Detenciones letales: Muertes bajo custodia durante las protestaspopulares en Siria (MDE 24/035/2011) La larga mano de la mujabarat: Violencia y acoso contra sirios en elextranjero y sus familias en Siria (MDE 24/057/2011) Salud en crisis: Ataques del gobierno sirio contra heridosy profesionales de la salud (MDE 24/059/2011) UN General Assembly should condemn the violence in Syria(MDE 24/082/2011)SInforme 2012 Amnistía Internacional383

SSOMALIAREPÚBLICA DE SOMALIAJefe de Estado del Gobierno Federal de Transición:Sheij Sharif Sheij AhmedJefe del gobierno del Gobierno Federal de Transición:Abdiweli Mohamed Ali(sustituyó a Mohamed AbdullahiMohamed Farmajo en junio)Jefe de la República de Somalilandia:Ahmed Mohamed Mahamud SilanyoPena de muerte:retencionistaPoblación:9,6 millonesEsperanza de vida:51,2 añosContinuó el conflicto armado entre las fuerzasprogubernamentales y el grupo islamista armadoAl Shabaab en el sur y el centro de Somalia.Miles de civiles murieron o resultaron heridos comoconsecuencia de este conflicto y de la violenciageneralizada, y cientos de miles se vierondesplazados. En julio y agosto, la ONU declaró lasituación de hambruna en seis zonas del sur deSomalia. El acceso de los organismos de ayudahumanitaria a la población civil seguía sufriendolimitaciones debido a los combates, la inseguridad ylas restricciones impuestas por las partes enconflicto. Persistía el riesgo de abusos contrapersonal de ayuda humanitaria, periodistas yactivistas de derechos humanos. El Gobierno Federalde Transición y las milicias aliadas con él ampliaronsu control sobre la capital, Mogadiscio, y algunaszonas del sur de Somalia. En octubre, las fuerzasarmadas de Kenia intervinieron en Somalia contraAl Shabaab. Los grupos armados intensificaron losreclutamientos forzosos, incluso de niños y niñas, ysiguieron perpetrando secuestros, tortura yhomicidios ilegítimos contra la población de laszonas que estaban bajo su control. Continuaba laimpunidad por graves abusos contra los derechoshumanos, incluidos crímenes de guerra. En la regiónsemiautónoma de Puntlandia, la seguridad sedeterioró, y hubo ataques contra funcionarios, juecesy periodistas, así como enfrentamientos locales enGalkayo. En Somalilandia, la hostilidad contra laspersonas refugiadas y migrantes iba en aumento.Información generalEn febrero, el Gobierno Federal de Transición y laMisión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM)lanzaron una ofensiva militar contra Al Shabaab enMogadiscio. En agosto, Al Shabaab anunció suretirada de allí, por lo que al terminar el año elGobierno Federal de Transición y la AMISOM tenían elcontrol de la mayor parte de la capital, aunquecontinuaron los enfrentamientos en sus alrededores.En el sur de Somalia, milicias alineadas con elGobierno Federal de Transición y apoyadas por Keniay Etiopía tomaron el control del territorio que antesestaba en poder de Al Shabaab, incluida la localidadde Dobley, en la frontera con Kenia. En octubre, trascometerse secuestros en zonas fronterizas, Keniaintervino militarmente a favor del Gobierno Federal deTransición en el sur de Somalia, afirmando que susacciones iban dirigidas contra Al Shabaab. Endiciembre, Kenia decidió que sus tropas en Somaliase unieran a la AMISOM. El 31 de diciembre, fuerzasfavorables al Gobierno Federal de Transición y fuerzasetíopes tomaron la localidad fronteriza de Beletweyne.En junio, el Acuerdo de Kampala −suscrito con lamediación de Uganda y de la ONU para resolver lastensiones entre el presidente del Gobierno Federal deTransición y el presidente del Parlamento−desembocó en la renuncia del primer ministroFarmajo. Se adoptó una hoja de ruta para poner fin alperiodo de transición en agosto de 2012. La hoja deruta, acordada en septiembre por el Gobierno Federalde Transición, las autoridades regionales dePuntlandia y Galmudug y la milicia Alhu Sunna WaalJama, concedía prioridad al restablecimiento de laseguridad, la adopción de una Constitución, lacelebración de elecciones, el trabajo políticoy la buena gobernanza.La AMISOM, que tenía el mandato de proteger lasinstituciones del Gobierno Federal de Transición conuna fuerza autorizada de 12.000 soldados, aumentóel número de efectivos hasta unos 9.800 soldados deUganda y Burundi, a los que se unieron 100 soldadosde Yibuti en diciembre. La AMISOM abordóacusaciones de bombardeos y disparosindiscriminados por parte de sus tropas. En marzo,tres soldados ugandeses fueron declarados culpablesde negligencia por un tribunal disciplinario enrelación con dos incidentes en los que se habíadisparado contra civiles. La AMISOM respaldótambién la aplicación de una “política de fuego384 Informe 2012 Amnistía Internacional

indirecto” para controlar mejor el uso de morterosy artillería.En julio, la ONU declaró que más de 750.000personas corrían peligro de morir de hambre, sobretodo en el sur y el centro de Somalia. En noviembre,la ONU afirmó que tres de las seis zonas de estasregiones no estaban ya en situación de hambruna;sin embargo, 250.000 personas seguían corriendo elriesgo de morir de inanición, y 4 millones necesitabanayuda.Continuó el apoyo internacional a las fuerzas deseguridad del Gobierno Federal de Transición y susmilicias aliadas, pese a su falta de rendición decuentas por los abusos graves y constantes contra losderechos humanos. El Grupo de Supervisión de laONU puso de relieve continuas violaciones delembargo de armas impuesto a Somalia. En julio, elConsejo de Seguridad de la ONU amplió el régimende sanciones para incluir a los responsables delreclutamiento y uso de niños y niñas soldados y deviolaciones del derecho internacional. Sin embargo,no se asignaron recursos adicionales al Grupo deSupervisión de la ONU para llevar a cabo su mandatoampliado.En la ONU, el secretario general y el expertoindependiente sobre Somalia mencionaron lasituación de los derechos humanos, y también sehizo referencia a ella al someter el país al examenperiódico universal del Consejo de DerechosHumanos. Sin embargo, no se estableció ningúnmecanismo para investigar los delitos de derechointernacional y abordar la arraigada impunidad.El Consejo de Seguridad de la ONU siguióreforzando las medidas contra la piratería. Exhortó alos Estados a participar en la lucha contra ella y ainvestigar y enjuiciar a los presuntos piratas y reforzarla capacidad de las autoridades de Somalia paraponerlos a disposición de la justicia.Ataques indiscriminadosMiles de civiles perdieron la vida o resultaron heridosen los combates, que incluyeron ataques ilegítimos.Las partes en conflicto siguieron utilizando morteros yartillería en zonas densamente pobladas ofrecuentadas por civiles en Mogadiscio, por lo quemiles de personas murieron o resultaron heridas enataques que en muchos casos fueronindiscriminados. También hubo muertos y heridosentre la población civil como consecuencia de tiroteosque se produjeron entre diferentes unidades delGobierno Federal de Transición en Mogadiscio, asícomo a causa de la explosión, cada vez másfrecuente a partir de agosto, de artefactos explosivosimprovisados y granadas de Al Shabaab o sussimpatizantes. Al Shabaab reivindicó la autoría deataques suicidas en los que cientos de personasmurieron o resultaron heridas. También hubo muertosy heridos entre la población civil por combateslibrados entre aliados del Gobierno Federal deTransición y Al Shabaab en ciudades o en susproximidades y por ataques aéreos, algunosrealizados por Kenia, en el sur y el centro de Somalia. En mayo, 1.590 personas recibieron tratamiento porlesiones relacionadas con armas de fuego en treshospitales de Mogadiscio, según la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS). De ellas, 735 eran niños yniñas menores de cinco años que habían sufridoquemaduras, heridas en el pecho y hemorragiasinternas causadas por ondas expansivas, metrallao balas. Los incidentes coincidieron con los intensoscombates que se libraron –incluso con armaspesadas– entre la AMISOM y el Gobierno Federal deTransición y Al Shabaab en torno al mercado deBakara, a pesar de la alta concentración de civiles enesa zona. El 4 de octubre, la explosión de un camión en Km4,intersección de carreteras muy transitada, situadajunto a un complejo del Gobierno Federal deTransición en Mogadiscio, causó la muerte de másde 70 personas e hirió a más de un centenar.Alrededor de 50 de las víctimas mortales eranestudiantes y familiares suyos que habían acudido alMinisterio de Educación para comprobar los resultadosde solicitudes de becas para estudiar en el extranjero.Al Shabaab reivindicó la autoría del atentado. El 30 de octubre, un ataque aéreo alcanzó un campopara personas internamente desplazadas en Jilib, BajaJuba, y causó la muerte de al menos 5 personas, 3 deellas menores de edad. Al menos otras 52 resultaronheridas, de ellas 31 niños y niñas. El ejército kenianoafirmó que, en un ataque aéreo efectuado ese día en lamisma zona, había elegido como blanco uncampamento militar de Al Shabaab, pero negó quehubiera matado a civiles. Al terminar el año no sedisponía de resultados de una investigación delgobierno keniano.SInforme 2012 Amnistía Internacional385

SPersonas internamente desplazadas,refugiadas y migrantesLos combates, la inseguridad y la malnutrición agudaprovocaron el desplazamiento de cientos de miles depersonas. Al terminar el año había cerca de 1,36millones de somalíes internamente desplazados, lamayoría en el sur y el centro de Somalia, según elACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados.En julio llegaron a Mogadiscio unas 35.000personas que huían de la sequía en el sur del país.Las denuncias de violencia sexual contra mujeres yniñas en campos de desplazados internos de lacapital aumentaron a partir de julio.En octubre, unas 41.000 personas se vierondesplazadas en Mogadiscio y sus alrededores y enBaja Juba debido a los combates o al temor a ellos.En agosto, las autoridades de Puntlandiadevolvieron a algunos hombres internamentedesplazados al sur y el centro de Somalia y recluyerona otros.Aumentó el flujo de civiles a países vecinos.Durante 2011 huyeron a Kenia 164.375 somalíes y aEtiopía 101.333. Algunos países, como Arabia Saudí,devolvieron a somalíes al sur y el centro de Somalia apesar de los riesgos que corrían en esas regiones.En junio, el Tribunal Europeo de DerechosHumanos resolvió, en la histórica causa Sufi and Elmiv. the United Kingdom, que el traslado forzoso al sury el centro de Somalia sólo era legítimo encircunstancias excepcionales, habida cuenta de lasituación humanitaria y de derechos humanosexistente en esas zonas (véanse el apartado sobreReino Unido y la perspectiva regional de Europay Asia Central).Restricciones a la ayuda humanitariaUnos 4 millones de personas necesitaban ayudahumanitaria al término de 2011 debido al conflictoarmado y la sequía. La asistencia internacionalaumentó tras declararse la situación de hambruna enjulio. Los combates, la inseguridad, las restriccionesal acceso y la intimidación del personal deayuda humanitaria seguían obstaculizando lasoperaciones humanitarias. Hubo secuestros decooperantes, y al menos seis perdieron la vida.Continuaba la preocupación por la desviación de laayuda humanitaria. El 20 de octubre, Médicos Sin Fronteras se vioobligada a suspender una campaña de vacunacióncontra el sarampión dirigida a 35.000 niños y niñas enDaynile, a las afueras de Mogadiscio, tras estallar loscombates de la AMISOM y el Gobierno Federal deTransición contra Al Shabaab. En julio, un portavoz de Al Shabaab afirmó que lasorganizaciones de ayuda humanitaria podían ayudar alas personas afectadas por la sequía en el sur deSomalia, pero después aclaró que no se permitiría elregreso de los organismos prohibidos por el grupo enenero de 2010. El 28 de noviembre, Al Shabaabprohibió a 6 organismos de la ONU ya 10 organizaciones de ayuda humanitaria operar enzonas bajo su control. Grupos de Al Shabaab cerraronlos recintos de algunos de estos organismos y sellevaron material de ayuda humanitaria. La asistencia humanitaria en los campos dedesplazados internos de Mogadiscio se vioobstaculizada por tiroteos entre unidades del GobiernoFederal de Transición y personas que robaban la ayudaalimentaria. El 5 de agosto, al menos cinco personasmurieron en el campo de Badhabo, según informes,cuando milicias del Gobierno Federal de Transiciónsaquearon camiones que transportaban ayudaalimentaria. El Gobierno Federal de Transición advirtióde que los saqueadores serían castigados. Sinembargo, en noviembre fue indultado, al parecer, elcomisionado del distrito de Karan, que había sidocondenado a 15 años de cárcel por un tribunal militarpor robar ayuda humanitaria. El 25 de octubre, tres trabajadores del ConsejoDanés para los Refugiados fueron secuestrados enGalkayo Meridional. Al terminar el año, dos de elloscontinuaban privados de libertad. El 18 de noviembre, Ahmed Jama Mohamed,trabajador del Consejo Noruego para los Refugiados,murió por disparos efectuados por unos desconocidosen Galkayo. El 23 de diciembre, Muhyedin Yarrow y MohamedSalad, trabajadores del Programa Mundial deAlimentos, y Abdulahi Ali, trabajador de una ONGsomalí, perdieron la vida en la ciudad de Mataban,provincia de Hiran. El 30 de diciembre, Philippe Havet y Andrias KarelKeiluhu, trabajadores de Médicos Sin Fronteras,murieron por disparos en Mogadiscio.Niños y niñas soldadosAl Shabaab seguía reclutando por la fuerza a niños,algunos de tan sólo ocho años, antes de las386 Informe 2012 Amnistía Internacional

operaciones militares y en el curso de ellas. Muchoseran enviados a primera línea. También reclutaba aniñas para que cocinaran y limpiaran o paraobligarlas a casarse con integrantes de sus fuerzas.El Gobierno Federal de Transición reafirmó sucompromiso de impedir el uso de niños y niñassoldados. Sin embargo, al menos 46 reclutas suyosmenores de 18 años fueron seleccionados pararecibir adiestramiento militar en el extranjero. ElGobierno Federal de Transición recluyó aexcombatientes infantiles junto con adultos encondiciones deficientes y no les proporcionóoportunidades de reintegración efectiva tras suliberación.Abusos cometidos por grupos armadosContinuaban la tortura y los homicidios ilegítimoscometidos por facciones de Al Shabaab contrapersonas a las que acusaban de espiar o de noajustarse a su interpretación de la ley islámica. Estosgrupos mataban a la gente en público, inclusomediante lapidación, y llevaban a cabo amputacionesy flagelaciones. También imponían códigos devestimenta restrictivos a mujeres y hombres. El 4 de enero se amputó una mano y un pie a unhombre llamado Nur Mohamed Nur, de unos 19 años,en Baidoa, después de que Al Shabaab lo acusara derobo. Según los informes, Al Shabaab obligó a losvecinos de la localidad a presenciar la amputación. El 6 de marzo, dos hombres, llamados AbdullahiHajji Mohammed y Abdinasir Hussein Ali, fueronabatidos a tiros en público por miembros deAl Shabaab en el campamento militar de Maslah,en Mogadiscio. El primero, según los informes, estabaacusado de espiar para el Gobierno Federal deTransición, y el segundo, de matar a miembros deAl Shabaab. El 16 de junio, Shamarke Abdullahi Mohamoud,joven de 18 años, según los informes, acusado deviolar a una niña, fue lapidado por miembros de AlShabaab en la región de Hiran. A finales de agosto se encontraron en el norte deMogadiscio los cuerpos decapitados de dos jóvenes.Por las mismas fechas, cuando Al Shabaab advirtió,según informes, de que cortaría la cabeza a quienescooperasen con el Gobierno Federal de Transición y laAMISOM, aparecieron varios cadáveres decapitadosmás.Libertad de expresiónLas partes en el conflicto seguían intimidando aperiodistas y organizaciones de la sociedad civilsomalíes. Al menos tres trabajadores de medios decomunicación perdieron la vida. En Puntlandia, lasautoridades detuvieron arbitrariamente a periodistas yrestringieron la libertad de los medios. El 4 de agosto, Farah Hassan Sahal, trabajador deRadio Simba, recibió un disparo en el mercado deBakara, Mogadiscio, durante una ofensiva delGobierno Federal de Transición y la AMISOM contraAl Shabaab, y murió más tarde. El 2 de septiembre, Noramfaizul Mohd, camarógrafomalaisio de Bernama TV, murió por disparos, y sucolega Aji Saregar resultó herido mientras informabansobre una misión de ayuda humanitaria en Mogadiscio.El 26 de septiembre, la AMISOM anunció que cuatrosoldados burundeses eran los responsables y debíanser juzgados en su país. El 18 de diciembre, Abdisalan Sheikh Hassan,periodista de Horn Cable TV y Radio Hamar, recibió undisparo en la cabeza, efectuado por un hombre vestidocon uniforme militar, mientras se desplazaba enautomóvil por Mogadiscio, según testigos. Murió pocodespués. El Gobierno Federal de Transición prometióinvestigar lo ocurrido. El 2 de julio, Faysal Mohamed Hassan, periodista deHiiraan Online, fue condenado a un año de prisión porun tribunal de Puntlandia por “publicar noticiasfalsas”. Fue indultado el 31 de julio.En noviembre, las autoridades de Puntlandiaprohibieron las emisoras Universal TV y SomaliChannel TV, a las que acusaron de trabajar contra lapaz y la seguridad. La prohibición de Universal TV selevantó el 3 de diciembre.Pena de muerteEn Mogadiscio se registraron al menos 32 condenas amuerte y 6 ejecuciones después de juicios ante eltribunal militar del Gobierno Federal de Transiciónque no cumplieron las garantías procesales básicas.En agosto, un decreto presidencial concedió altribunal militar del Gobierno Federal de Transiciónjurisdicción sobre los civiles en algunas zonas deMogadiscio abandonadas por Al Shabaab. ElGobierno Federal de Transición garantizó despuésque los civiles juzgados por el tribunal militar noserían ejecutados, y que en el futuro los civiles seríanjuzgados por tribunales ordinarios.SInforme 2012 Amnistía Internacional387

SMilicias aliadas con el Gobierno Federal deTransición en el sur de Somalia ejecutaron, según losinformes, al menos a dos soldados. En Puntlandia, unmínimo de cuatro hombres fueron condenados amuerte y tres fueron ejecutados. Las autoridades deGalmudug ejecutaron a un hombre por asesinato enla localidad de Galkayo. El 22 de agosto, dos hombres fueron fusilados enMogadiscio tras ser declarados culpables de asesinatopor el tribunal militar del Gobierno Federal deTransición.SomalilandiaMiles de personas se vieron desplazadas, según losinformes, por los enfrentamientos entre las fuerzas deseguridad de Somalilandia y un grupo armado en lasregiones en disputa de Sool y Sanag. En junio, unapacifista resultó herida por disparos en la regiónde Sool.Según los informes, las autoridades deSomalilandia hostigaron a periodistas.En mayo se aprobó una nueva ley con el objetivode regular las organizaciones de la sociedad civil. Setemía que con ella aumentara el control del gobiernosobre las organizaciones internacionales y nacionalesen Somalilandia y se impusieran restricciones a sutrabajo.Las personas refugiadas, solicitantes de asilo ymigrantes hacían frente a una creciente hostilidad. Enseptiembre, las autoridades concedieron a todos los“inmigrantes ilegales” un plazo de un mes para salirdel país. Unas 80.000 personas, en su mayoría denacionalidad etíope, se vieron afectadas por estadecisión. En junio, Abdusalam Haji Mukhtar, refugiado etíope,fue devuelto a Etiopía, donde corría el riesgo de sufrirtortura.Informes y visitasde Amnistía Internacional In the line of fire: Somalia’s children under attack (AFR 52/001/2011) Somalia: a humanitarian and human rights catastrophe(AFR 52/012/2011) Suggested recommendations to States considered in the 11th roundof Universal Periodic Review, 2-13 May 2011 (IOR 41/008/2011)SRI LANKAREPÚBLICA SOCIALISTA DEMOCRÁTICA DE SRI LANKAJefe del Estado y del gobierno: Mahinda RajapaksaPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:21 millonesEsperanza de vida:74,9 añosMortalidad infantil (‹5 años): 14,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:90,6 por cientoContinuaron las detenciones arbitrarias, las torturasy otros malos tratos y las desapariciones forzadas amanos del gobierno, que no abordó casi ningún casode impunidad por violaciones del derechointernacional humanitario y de los derechoshumanos y rechazó las repetidas denuncias decrímenes de guerra cometidos por ambas partes en elconflicto finalizado en 2009, provocando queAmnistía Internacional reiterase sus llamamientosen favor de una investigación independiente.Información generalSri Lanka siguió recurriendo a unas leyes sobreseguridad y a un aparato militar que perpetuaban lasviolaciones de derechos humanos. En junio, elgobierno se opuso a los intentos de aumentar latransparencia oficial al bloquear un proyecto de Leydel Derecho a la Información respaldado por laoposición. Continuó la tendencia a la violencia políticaen el país, y las iniciativas destinadas a lareconciliación entre etnias apenas avanzaron.El 30 de agosto, Sri Lanka levantó el estado deexcepción, vigente durante decenios de forma casiininterrumpida, pero conservó la represiva Ley dePrevención del Terrorismo e introdujo nuevosreglamentos con arreglo a ella para mantener laprohibición contra los Tigres de Liberación de EelamTamil, continuar recluyendo sin cargos ni juicio apersonas sospechosas de pertenecer a este grupo ymantener las zonas de alta seguridad bajo controlmilitar. Se recurrió al ejército para realizar funcionespoliciales civiles, y la Fuerza Especial de Operaciones,unidad policial de élite con antecedentes de abusos,actuó en toda la isla. El ejército restringió la libertadde asociación y reunión en el norte y el este, de formaque era preciso solicitar autorización previa inclusopara las celebraciones familiares. Las fuerzas deseguridad exigieron a los habitantes tamiles de estas388 Informe 2012 Amnistía Internacional

zonas que inscribieran en un registro a las personasque vivían en el domicilio familiar, a pesar de que unaresolución judicial había declarado esta prácticadiscriminatoria.Personas internamente desplazadasAl finalizar 2011, casi 400.000 personas desplazadaspor el conflicto habían regresado al norte, peromuchas de ellas seguían viviendo en condiciones deinseguridad, con viviendas deficientes y escasoacceso a la atención a la salud y la educación. Entorno a 16.000 personas continuaban en camposgestionados por el gobierno. Las autoridades teníanprevisto cerrar el resto de los campos para personasdesplazadas y reasentar a unas 5.500, trasladándolasde zonas de Mullaitivu que seguían bajo controlmilitar a un lugar selvático de Kombavil. Quienesdefendían a los desplazados expresaronpreocupación por tratarse de un reasentamientono voluntario.Violaciones de derechoshumanos cometidas por grupos armadosaliados con el gobiernoSe atribuyó a bandas vinculadas a las fuerzas deseguridad y partidos políticos alineados con elgobierno, como el Partido Democrático Popular deEelam, los Tigres de Liberación del Pueblo Tamil y elPartido Srilankés de la Libertad, la comisión de robos,secuestros, violaciones, agresiones y asesinatos enJaffna, el este de Sri Lanka y, cada vez más, otraspartes del país. Estos abusos iban dirigidos contraactivistas políticos, personas desplazadas que habíanregresado y ex miembros de los Tigres de Liberaciónde Eelam Tamil.Desapariciones forzadasContinuaron denunciándose desapariciones forzadasy siguieron sin resolverse miles de casos de añosanteriores. El gobierno no ratificó la ConvenciónInternacional para la Protección de Todas lasPersonas contra las Desapariciones Forzadas.En enero, una serie de testigos declararon ante laComisión de Experiencia Adquirida y Reconciliaciónsrilankesa en Mannar y Madhu, en un intento deencontrar a seres queridos a quienes se había vistorendirse ante el ejército en mayo de 2009. El 30 de enero, centenares de personas semanifestaron en la capital, Colombo, exigiendo conocerel paradero y la suerte que habían corrido familiaressuyos que, según creían, habían sido secuestrados porescuadrones gubernamentales. Asimismo, másde 1.300 personas se dirigieron en junio a los reciéncreados centros informativos del Departamento deInvestigación de Actividades Terroristas en busca deinformación sobre familiares en paradero desconocido,que, según creían, estaban bajo custodia del gobierno;pocas de esas personas hallaron respuesta.En julio, el Departamento de Policía informó deque 1.700 personas habían sido secuestradasdesde 2009, en la mayoría de los casos para exigir unrescate.Detención y reclusión arbitrariasEn noviembre, el gobierno reconoció que 876personas adultas seguían bajo detenciónadministrativa con arreglo a la Ley de Prevención delTerrorismo; de ellas, 845 hombres y 18 mujeres erantamiles. Estas personas figuraban entre loscasi 12.000 presuntos integrantes de los Tigres deLiberación de Eelam Tamil que se habían rendido ohabían sido capturados por el ejército yposteriormente, una vez finalizado el conflicto, habíanpermanecido recluidos sin cargos durante meses oaños. Se fue poniendo en libertad por tandas apersonas detenidas con fines de “rehabilitación”,pero al final del año seguían recluidas alrededor de1.000; las liberadas continuaron sometidas avigilancia militar y, según informes, fueron objeto dehostigamiento por parte de las autoridades. El 23 de agosto, decenas de hombres jóvenes deNavanthurai, en el distrito de Jaffna, fueron agredidos ydetenidos por soldados. Previamente, los habitantes dela localidad habían protestado contra la protección delos militares a los “diablos engrasados”, misteriososforasteros a quienes describían como personasembadurnadas de grasa o pintura facial y que, segúncreían, atacaban a la población civil, especialmente alas mujeres. Los habitantes de la zona presentaron másde 50 peticiones ante el Tribunal de Jaffna alegandoque las represalias de las fuerzas de seguridad ensucesos relacionados con los “diablos engrasados”habían vulnerado sus derechos.Tortura y otros malos tratosA pesar de las leyes que prohibían la tortura, seguíansiendo habituales la tortura y otros malos tratos apresuntos delincuentes y personas detenidas por suSInforme 2012 Amnistía Internacional389

Spresunta vinculación con los Tigres de Liberación deEelam Tamil. Las autoridades no se tomaban en seriola violación ni otros tipos de violencia de género queconstituían tortura. La violencia sexual apenas sedenunciaba, y, cuando se hacía, las investigacioneseran deficientes.Uso excesivo de la fuerzaEl 30 de mayo, la policía lanzó gas lacrimógeno ydisparó fuego real contra trabajadores y sindicalistasque se manifestaban en la mayor zona francaindustrial del país. Según informes, centenares demanifestantes y policías resultaron heridos; RoshanChanaka, de 21 años, fue víctima de homicidio. Elpresidente Rajapaksa ordenó que se llevase a cabouna investigación. El inspector general de la policíadimitió tras lo sucedido y otros mandos policialesfueron trasladados.Muertes bajo custodiaContinuaron registrándose muertes bajo custodia,muchas de ellas en circunstancias sospechosas. Lapolicía declaró a menudo que las víctimas habíanmuerto al tratar de escapar. Según la policía, Asanka Botheju se ahogó en el ríoKelaniya, en Colombo, cuando identificaba un alijo dearmas el 30 de agosto. Llevaba 19 días detenidoilegalmente. Gayan Saranga, de la ciudad de Dompe, murióel 29 de septiembre. La policía afirmó que se habíacaído de un vehículo policial cuando lo llevaban aidentificar objetos robados. Según testigos, fuetorturado en la comisaría. En agosto, cuatro policías de Angulana fueroncondenados a muerte por el asesinato bajo custodia dedos jóvenes en 2009.Falta de rendición de cuentasEl gobierno no investigó adecuadamente ni enjuiciócasi ninguna de las presuntas violaciones del derechointernacional humanitario y de los derechos humanoscometidas, que correspondían especialmente a laúltima etapa del conflicto armado y rechazó lasconclusiones del Grupo de Expertos del secretariogeneral de la ONU sobre la rendición de cuentas enSri Lanka.El Grupo de Expertos concluyó que existíandenuncias creíbles de que ambas partes habíancometido crímenes de guerra y crímenes de lesahumanidad. Determinó que la Comisión deExperiencia Adquirida y Reconciliación,promocionada por las autoridades como mecanismode rendición de cuentas adecuado para abordar loocurrido durante la guerra, adolecía de gravesdeficiencias y no tenía independencia e imparcialidadsuficientes. Recomendó que el secretario general dela ONU iniciase una investigación independientesobre las denuncias y ordenase un examen de laactuación de la ONU en el país. El Consejo deDerechos Humanos de la ONU no siguió lasrecomendaciones del Grupo de Expertos.En el informe final de la Comisión de ExperienciaAdquirida y Reconciliación, publicado el 16 dediciembre, se reconoció la existencia de gravesproblemas de derechos humanos en Sri Lanka, perono se trataron de manera exhaustiva las denuncias decrímenes de guerra y crímenes de lesa humanidadcometidos en las fases finales del conflicto. Tampocose examinaron en él de manera crítica las respuestasdel gobierno, lo que puso de relieve la necesidad deuna investigación internacional independiente.Diversas autoridades de Sri Lanka, incluido elpresidente del país y altos representantesdiplomáticos, fueron objeto de denuncias antetribunales suizos, alemanes y estadounidenses comoresponsables de asesinato, tortura y ataques delejército contra la población civil. En octubre se instó a la policía australiana ainvestigar las denuncias de crímenes de guerraformuladas contra el embajador de Sri Lanka enCanberra. En Países Bajos, cinco presuntos miembrosde los Tigres de Liberación de Eelam Tamil fuerondeclarados culpables de recaudar fondos ilegalmentepara este grupo, pero resultaron absueltos depertenencia a una organización terrorista y, porextensión, de reclutamiento de niños y niñas soldadosy asesinato, según sostenían los fiscales. En noviembre, el ex jefe del Estado Mayor delEjército Sarath Fonseka fue condenado a tres años decárcel por incitación al odio entre comunidades. Elacusado alegaba que, al final de la guerra, el ministrode Defensa de Sri Lanka había ordenado el homicidio delos mandos de los Tigres de Liberación de Eelam Tamilque se rindieron. El 30 de marzo, en un inusual procesamiento demilitares por violaciones de derechos humanos, untribunal srilankés condenó a muerte a tres soldadosacusados de violar y matar a una joven en el norte de390 Informe 2012 Amnistía Internacional

Sri Lanka en 1996; los acusados recurrieroninmediatamente las condenas.Defensores y defensorasde los derechos humanosLa represión de la disidencia pacífica seguía siendohabitual. En los medios de comunicación estatales setildaba de traidores a los defensores y defensoras delos derechos humanos que realizaban labores depromoción de ámbito internacional o se relacionabancon ONG internacionales o representantesdiplomáticos; además, estas personas eran objeto deamenazas anónimas y campañas difamatorias. El 22 de agosto, Perumal Sivakumara, del distrito dePuttalam, murió tras ser golpeado por miembros de laFuerza Especial de Operaciones de la policía. No sellevó a cabo una investigación. En una casa a medio construir del este de Sri Lankase exhumó en julio de 2011 un cadáver que se creíaque correspondía al defensor de los derechoshumanos Pattani Razeek, en paradero desconocidodesde febrero de 2010. Tras meses de inacción porparte de las autoridades se detuvo a dos sospechososque tenían vínculos con un ministro del gobierno. El 9 de diciembre desaparecieron en Jaffna losactivistas políticos Lalith Kumar Weeraraj y KuganMuruganathan cuando organizaban una manifestaciónpara pedir la libertad de personas recluidas sin cargosdesde el final de la guerra. Sus colegas denunciaronque habían sido secuestrados por el ejército.Libertad de expresión: periodistasLas autoridades atacaron y censuraron medios decomunicación y a quienes trabajaban en ellos, y noexigieron responsabilidades por agresiones aperiodistas. El 7 de noviembre, el gobierno bloqueósitios web cuyo contenido consideraba “perjudicial”para la imagen de Sri Lanka, y anunció que todos lossitios web con información sobre el país debíaninscribirse en el Ministerio de Información y Mediosde Comunicación o serían objeto de posiblesacciones legales. Bennet Rupasinghe, redactor jefe del sitio webLanka E News, fue detenido el 31 de marzo y acusadode amenazar a una persona sospechosa deimplicación en un incendio provocado en las oficinasdel sitio web. Quedó en libertad bajo fianza en abril. Enoctubre, el sitio web fue bloqueado en Sri Lanka trasinformar de que el político del partido gobernanteBaratha Lakshman Premachandra y otras cuatropersonas habían muerto abatidos por disparos en unaltercado con otro político del mismo partido. A finales de julio, unos desconocidos queempuñaban barras de hierro agredieron aGnanasundaram Kuhanathan, redactor jefe del diariode Jaffna Uthayan, y lo dejaron en estado crítico.SUAZILANDIAREINO DE SUAZILANDIAJefe del Estado:rey Mswati IIIJefe del gobierno:Barnabas Sibusiso DlaminiPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:1,2 millonesEsperanza de vida:48,7 añosMortalidad infantil (‹5 años): 73 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:86,9 por cientoLa crisis del Estado de derecho y la destitucióninjusta de un juez menoscabaron la independenciadel poder judicial. La reclusión arbitraria y secreta,los enjuiciamientos políticos y el uso excesivo de lafuerza se utilizaron para aplastar protestas políticas.El informe de un comité parlamentario puso derelieve los riesgos que entrañaba para el derecho a lavida la legislación contra la caza furtiva. Seregistraron lentos avances en la revocación de leyesque discriminaban a las mujeres. El acceso atratamiento para el VIH/sida se veía cada vez másamenazado por el deterioro de la situacióneconómica del país.Información generalLa situación económica del gobierno se deterioró demanera dramática. Los esfuerzos del gobierno paraconseguir préstamos de diversas fuentes no tuvieronéxito, debido en parte a la falta de aplicación dereformas fiscales y a la escasa disposición paraaceptar condiciones, incluida la institución dereformas políticas, dentro de plazos acordados. Elgobierno ignoró los renovados esfuerzos de lasorganizaciones de la sociedad civil para abrir undiálogo sobre los pasos hacia una democraciamultipartidista. En la vista del examen periódicoSInforme 2012 Amnistía Internacional391

Suniversal de la ONU sobre Suazilandia celebrada enoctubre, el gobierno rechazó las recomendacionesrelativas a permitir la participación de partidospolíticos en las elecciones.Sistema de justiciaEl acceso a tribunales justos e imparciales, inclusopara las víctimas de violaciones de derechoshumanos, se veía cada vez más restringido por lacreciente crisis del Estado de derecho. Lasrestricciones, en forma de “directiva práctica”,implementadas en los tribunales superiores bajo laautoridad del presidente de la Judicatura, dificultabano impedían el acceso a los tribunales a los litigantesciviles en casos que afectaban directamente al reycomo encausado. Otra directiva ponía el control de laasignación diaria de casos para vistas, incluidos losurgentes, exclusivamente en manos del presidente dela Judicatura, que era nombrado por el rey mediantecontrato temporal. Las restricciones creaban un sesgoen la administración de justicia e impedían el accesode algunos litigantes o encausados en procedimientospenales a los tribunales o a vistas con garantías. Enagosto, la Sociedad Jurídica de Suazilandia lanzó unboicot contra los tribunales para protestar por estosacontecimientos y por la inacción de las autoridadesa la hora de instituir una vista adecuada sobre susdenuncias en relación con el funcionamiento de lostribunales y la conducta del presidente de laJudicatura. En las semanas siguientes, la SociedadJurídica entregó una petición al ministro de Justiciaen la que reclamaba acción. Las protestas de losabogados en las proximidades del edificio del TribunalSuperior fueron dispersadas en varias ocasiones porpolicías armados. En noviembre, la Sociedad Jurídicasuspendió temporalmente su boicot tras mantenerconversaciones con la Comisión de ServiciosJudiciales. Sin embargo, la mayoría de las denunciasde la Sociedad Jurídica continuaban sin resolverse. En septiembre, Thomas Masuku, un juez destacadodel Tribunal Superior, fue expulsado sumariamente dela carrera judicial por orden del rey, tras“procedimientos de destitución” injustos. Al parecer, losprocedimientos se iniciaron después de que elpresidente de la Judicatura presentara unas denunciascontra el juez Masuku en las que lo acusaba, entre otrascosas, de criticar al rey en una de sus sentencias. En lavista a puerta cerrada que se celebró ante la Comisiónde Servicios Judiciales–presidida por el presidente de la Judicatura,denunciante principal– para examinar las denuncias,no se presentaron pruebas independientes que lascorroborasen. La Comisión de Servicios Judiciales nopresentó sus conclusiones al juez Masuku antes decomunicarlas al rey, quien a continuación, el 27 deseptiembre, dictó el decreto en el que ordenaba sudestitución. El ministro de Justicia, David Matse,también fue destituido por negarse a firmar undocumento en apoyo de la destitución del juez Masuku.Novedades constitucionalese institucionalesLa Comisión de Derechos Humanos y AdministraciónPública concluyó su segundo año sin contar conlegislación que permitiese su pleno funcionamiento.Seguía careciendo de personal suficiente y de localesaccesibles.Represión de la disidenciaEn abril, el gobierno prohibió las marchas de protestaprevistas para los días del 12 al 14 por sindicatos yotras organizaciones. Durante varios días se recurrió ala reclusión arbitraria y secreta, el arresto domiciliarioilegítimo y otras medidas propias del estado deexcepción para aplastar protestas pacíficas contra elgobierno. Entre las personas recluidas habíarepresentantes de la Unión Nacional de Estudiantesde Suazilandia y de organizaciones prohibidas.La policía usó fuerza excesiva para dispersarmanifestaciones. El 12 de abril, Ntombi Nkosi, de 66 años, activistadel Congreso Nacional Liberador Ngwane (NNLC), sedirigía a su domicilio, tras haber recibido tratamientomédico por el gas lacrimógeno que le habían arrojado,cuando fue interceptada por tres agentes de policíaarmados. Los agentes la interrogaron sobre lostérminos relacionados con el NNLC que figurabanimpresos en su camiseta y en el pañuelo que llevaba enla cabeza, y después, al parecer, la agarraron, lequitaron la camiseta y el pañuelo y la agredieron. Laestrangularon, le golpearon la cabeza contra unapared, la sometieron a abusos sexuales, le doblaron losbrazos a la espalda, le propinaron patadas y después laarrojaron contra un camión policial. El conductor de untaxi que pasaba la ayudó a escapar. Necesitótratamiento hospitalario para las lesiones sufridas. En septiembre, la policía usó fuerza excesiva paradisolver una concentración en la ciudad de Siteki, en el392 Informe 2012 Amnistía Internacional

este del país, y agredió a S’pasha Dlamini, integrantede la ejecutiva de la Asociación Nacional de Docentes deSuazilandia. S’pasha Dlamini había intentado impedirque la policía sacara del escenario a un oradorsindicalista sudafricano, cuando los agentes laarrojaron al suelo, le propinaron patadas en la cabezay la arrastraron por los brazos por espacio deunos 100 metros. Necesitó tratamiento hospitalariopara sus lesiones.Seguridad y medidas antiterroristas Maxwell Dlamini, presidente de la Unión Nacional deEstudiantes de Suazilandia, estuvo detenido entreel 10 y el 12 de abril y recluido en régimen deincomunicación sin acceso a un abogado ni contactocon su familia. Lo detuvieron de nuevo al día siguientede su liberación, junto con Musa Ngubeni, activistapolítico y ex dirigente estudiantil. A ambos les negaronel acceso a abogados mientras estuvieron bajocustodia policial y durante la vista de su caso en eltribunal de primera instancia, y los acusaronformalmente de delitos previstos en la Ley deExplosivos. Se les negó la libertad bajo fianzaaduciendo que su liberación menoscabaría la paz y laseguridad públicas. El 20 de diciembre, el TribunalSuperior anuló el fallo, pero fijó para su libertad unafianza de 50.000 emalangeni (6.135 dólaresestadounidenses) cada uno. Al terminar el añocontinuaban bajo custodia. En diciembre, el Tribunal Superior desestimó unapetición de excarcelación de Zonke Dlamini yBhekumusa Dlamini, acusados en 2010 en virtud de laLey de Represión del Terrorismo y a quienes se nególa libertad bajo fianza. La solicitud se había presentadoalegando que el ministerio fiscal no los había llevado ajuicio dentro del periodo exigido por la ley.Homicidios ilegítimosEn agosto, un comité parlamentario designado parainvestigar presuntos actos de brutalidad cometidospor guardas de caza contra presuntos cazadoresfurtivos presentó sus conclusiones yrecomendaciones al Parlamento. El comité habíainvestigado incidentes violentos con resultado demuertes y lesiones de presuntos cazadores furtivosy de guardas de caza. El informe enumeraba 9incidentes contra guardas de caza y 33 contrapresuntos cazadores furtivos. La mayoría de los casosse hallaban aún en fase de investigación policial, obien en la fiscalía o pendientes de resolución en lostribunales. Algunos presuntos cazadores furtivosheridos por guardas de caza fueron procesados mástarde en virtud de la Ley de Caza (enmendada). Nose procesó a ningún guarda de caza por disparos cono sin resultado de muerte. El comité recomendóreformas urgentes en cláusulas de la Ley de Caza(enmendada) que podrían interpretarse como que“aprueban la brutalidad hacia presuntos cazadoresfurtivos”.Muertes bajo custodiaLa pesquisidora Nondumiso Simelane, nombradapara investigar la muerte bajo custodia en mayode 2010 del activista político Sipho Jele, presentó suinforme al primer ministro en marzo. Al terminar elaño el informe no se había hecho público. El 5 de diciembre, Phumelela Mhkweli, de 26 años,murió poco después de que la policía lo sacara por lafuerza de un taxi en Siteki, exigiéndole el pago de unamulta por una infracción de tráfico e insistiendo, segúntestigos, en que debía ser “castigado”. Ladocumentación médica mostró lesiones en la cabeza yen la cara, e indicó que la conducta agresiva de lapolicía había desencadenado un problema médicosubyacente que condujo a la muerte.Derechos de las mujeresEl proyecto de ley de Delitos Sexuales y ViolenciaIntrafamiliar se debatió en el Parlamento, pero alterminar el año aún no se había promulgado.En junio, el gobierno presentó en el Parlamento elproyecto de ley de Registro de Escrituras (Enmienda),en respuesta a una orden dictada por el TribunalSupremo en mayo de 2010 en la que se instaba amodificar una disposición inconstitucional de la leyque impedía que la mayoría de las mujeres casadasen virtud del derecho civil registraran legalmente a sunombre viviendas u otros bienes inmuebles. Alterminar el año el proyecto de ley, que no conteníasuficientes salvaguardias, no había sido promulgado.El proyecto de ley de Ciudadanía presentado alParlamento contenía disposiciones que discriminabana las mujeres, al negarles el derecho a transmitir suciudadanía suazilí a sus hijos o a sus cónyuges denacionalidad no suazilí.SInforme 2012 Amnistía Internacional393

SDerechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEn la vista del examen periódico universal de la ONU,celebrada en octubre, el gobierno rechazó lasrecomendaciones relativas a despenalizar las relacionessexuales con personas del mismo sexo y a impedir ladiscriminación por motivos de orientación sexual.Derecho a la salud: epidemia de VIHLa prevalencia del VIH seguía siendo “extremadamenteelevada” pero parecía estarse “estabilizando”, segúnONUSIDA. Según el informe presentado por elgobierno en julio para el examen periódico universal,el 85 por ciento de los centros que ofrecían serviciosprenatales también ofrecían tratamiento para prevenirla transmisión del VIH de madre a hijo. El gobiernoanunció asimismo que había adoptado las directricesde la Organización Mundial de la Salud (OMS) parainiciar el tratamiento antirretroviral en una fase mástemprana de la enfermedad. En noviembre,unas 65.000 personas recibían tratamiento.Sin embargo, el acceso al tratamiento y sucontinuidad seguían siendo difíciles para algunospacientes debido a la pobreza, la falta de transporteen zonas rurales, la inseguridad alimentaria, losprecarios procedimientos para la obtención demedicamentos y la falta de financiación debido a ladeficiente gestión económica del país.Pena de muerteAunque la Constitución de 2006 permitía el uso de lapena capital, no se llevaban a cabo ejecucionesdesde 1983. En abril, una década después de ser detenido, DavidSimelane fue condenado a muerte por el TribunalSuperior tras ser declarado culpable del asesinatode 34 mujeres. Presentó recurso contra la condena.Otras dos personas continuaban condenadas amuerte. En octubre, en la vista del examen periódicouniversal de la ONU, el gobierno calificó a Suazilandiacomo “abolicionista en la práctica”, pero afirmó queera necesario un “debate nacional” antes de quefuera posible abolir la pena de muerte en la ley.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Suazilandia en junio y noviembre. Swaziland: Blatant unfairness of removal proceedings against leadingHigh Court judge threatens judicial independence (AFR 55/004/2011) I want safety and equality for Swazi women (AFR 55/005/2011) Key human rights concerns highlighted by Amnesty International inadvance of Swaziland’s Universal Periodic Review hearing in October 2011(AFR 55/006/2011) Swaziland activists detained ahead of banned protests(PRE01/203/2011) Swaziland authorities must end their violent crackdown(PRE01/213/2011)SUDÁFRICAREPÚBLICA DE SUDÁFRICAJefe del Estado y del gobierno:Jacob G. ZumaPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:50,5 millonesEsperanza de vida:52,8 añosMortalidad infantil (‹5 años): 61,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:88,7 por cientoSe registraron mejoras sustanciales en el acceso delas personas que vivían con el VIH a tratamiento yatención, si bien seguía estando limitado porfactores discriminatorios, sobre todo en las zonasrurales. Había discriminación y violencia selectivacontra las personas refugiadas y solicitantes de asilo,y los cambios de política redujeron el acceso de estaspersonas al sistema de asilo. La policía empleófuerza excesiva contra manifestantes, y su usoindebido de medios letales siguió constituyendomotivo de preocupación. La violencia sistemáticay motivada por el odio contra lesbianas, gays,bisexuales y personas transgénero comenzó a serabordada oficialmente. La Asamblea Nacionalaprobó el proyecto de ley de Protección de laInformación de Estado, que amenazaba la libertadde expresión.Información generalLos elevados niveles de pobreza, desigualdad ydesempleo seguían fomentando las protestas en lascomunidades urbanas pobres. Las autoridades de losgobiernos locales eran a menudo las destinatarias deestas protestas, debido a prácticas corruptas o a lalentitud en la prestación de servicios básicos. Algunosmiembros del gobierno del presidente Zuma y varios394 Informe 2012 Amnistía Internacional

altos mandos policiales fueron destituidos osuspendidos en sus funciones en espera del resultadode investigaciones sobre presunta corrupción.Aumentó la preocupación ante la posibilidad de que lagestión de los asuntos del Estado se viera afectada porlas tensiones políticas surgidas en el seno delCongreso Nacional Africano, partido gobernante, conmotivo de su conferencia nacional de 2012, en la quese elegiría la nueva dirección del partido. Lostribunales superiores dictaron importantes sentenciasque obligaron al gobierno a enmendar o revocardecisiones que afectaban a la independencia y laintegridad de las fiscalías y los juzgados deinstrucción. Había oposición generalizada a unapropuesta de legislación que imponía restricciones alacceso a la información de Estado.Derecho a la salud: personas con VIHSe calculaba que 5,38 millones de personas vivíancon el VIH. El número de pacientes de sida querecibían tratamiento antirretroviral aumentó hastaalcanzar 1,4 millones al final de junio. Este avancefue el resultado de la implementación de nuevaspolíticas y directrices, como permitir el acceso altratamiento en una etapa más temprana de laenfermedad y ampliarlo en los centros de saludprimaria.A pesar de estas mejoras, la discriminación seguíaimpidiendo el acceso de muchas personas a losservicios de salud relacionados con el VIH,especialmente en el caso de las familias ruralespobres. Su acceso al tratamiento o su capacidad paracontinuarlo seguían viéndose afectados por el costo yla poca fiabilidad de los sistemas de transportelocales y por las deficientes infraestructuras viariasrurales. Otros factores importantes eran lainseguridad alimentaria y la arbitrariedad de losprocesos y de la toma de decisiones a la hora dedeterminar qué personas tenían derecho a subsidios.La persistencia de actitudes patriarcales seguíaafectando al acceso de las mujeres de zonas rurales alos servicios y a su autonomía para tomar decisionessobre su salud sexual y reproductiva.En octubre, el Ministerio de Salud presentó unanueva Estrategia de Recursos Humanos para laSalud. Entre sus objetivos figuraba la resolución de lacrítica escasez de profesionales existente en elsistema público de salud, sobre todo en las zonasrurales, en las que vivía el 44 por ciento de lapoblación pero que estaban atendidas por menosdel 20 por ciento de los profesionales de laenfermería y la medicina del país.El 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contrael SIDA, después de una consulta de ámbito nacionaldirigida por el Consejo Nacional del Sida de Sudáfrica(SANAC), el gobierno presentó un nuevo planestratégico nacional quinquenal para el VIH y el sida,las enfermedades de transmisión sexual y latuberculosis. El plan pretendía servir de orientación alas iniciativas de los gobiernos provinciales y otrasinstituciones para alcanzar cinco grandes metas,entre ellas garantizar el acceso a tratamientoantirretroviral para al menos el 80 por ciento de laspersonas que lo necesitaban, reducir el estigma socialrelacionado con el VIH y proteger los derechos de laspersonas que vivían con el VIH.En diciembre, diversas organizaciones de lasociedad civil formaron la Coalición Nacional por elSeguro de Salud con el objetivo de hacer campañapor la adopción de un programa para reducir lasdesigualdades en el acceso a los servicios de salud.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEl gobierno acometió cambios potencialmentetrascendentales en el sistema de asilo, incluido elacceso a procedimientos para la determinación delasilo. En mayo, el Departamento del Interior cerró laOficina de Acogida de Refugiados de Johannesburgotras resolverse en contra de ésta un litigio promovidopor empresarios locales para pedir su cierre. No seabrió una oficina alternativa. Todos los solicitantes deasilo y refugiados reconocidos que necesitabanrenovar sus documentos fueron remitidos a dosoficinas de acogida de refugiados, sobrecargadas detrabajo, existentes ya en Pretoria. En los mesessiguientes, los solicitantes nuevos o “transferidos” seafanaron por conseguir acceso a funcionarios delDepartamento del Interior en esa oficina. Algunostuvieron que hacer cola en repetidas ocasiones desdeprimeras horas de la mañana y recibieron insultos ogolpes de sjamboks (látigos cortos y rígidos) y deporras por parte de personal de seguridad, segúndatos aportados al Tribunal Superior de GautengNorte. La imposibilidad de presentar solicitudes orenovar sus documentos dejaba a los solicitantesexpuestos a recibir multas y sufrir reclusión ydevolución directa o tácita.SInforme 2012 Amnistía Internacional395

SEl 14 de diciembre, el Tribunal Superior declaróilegítima la decisión de no abrir una nueva oficina deacogida de refugiados en Johannesburgo, y ordenóque el director general del Interior la reconsiderase yconsultase con las personas más afectadas. Durantelos procedimientos judiciales habían surgido indiciosde que la negativa a abrir una nueva oficina estabarelacionada con la decisión del gobierno de trasladartodos los servicios de asilo a puertos de entrada. Lademanda había sido presentada por el Consorciopara Refugiados y Migrantes en Sudáfrica y el Órganode Coordinación de las Comunidades de Refugiados,con la asistencia de Abogados en Defensa de losDerechos Humanos. A finales de año, las actuacionesjudiciales contra el cierre de la Oficina de Acogida deRefugiados de Port Elizabeth se aplazaron hastafebrero de 2012.En agosto, el Departamento del Interior afirmó que,cuando se levantara en septiembre la suspensión delas expulsiones de ciudadanos de Zimbabueaprobada en 2009, sólo se expulsaría a los que notuvieran permiso de inmigración o de asilo válidos.Sin embargo, cuando la suspensión terminó, lasorganizaciones de derechos humanos y laOrganización Internacional para las Migracionesregistraron incidentes de devolución y de expulsiónde menores no acompañados sin medidas adecuadaspara protegerlos.En muchas zonas del país tuvieron lugar durantetodo el año actos de violencia y destrucción debienes, dirigidos contra personas refugiadas ymigrantes. Los foros de empresarios locales parecíanestar relacionados con muchos de los ataques. Enmayo, más de 60 comercios propiedad deciudadanos extranjeros fueron cerrados por la fuerza,saqueados o destruidos por completo en diferenteszonas de la provincia de Gauteng y en la zona deMotherwell, en Port Elizabeth. En la zona deasentamientos informales de Ramaphosa, cerca deJohannesburgo, hubo agentes de policía quepermitieron las acciones del Foro Empresarial delGran Gauteng o participaron activamente en ellas,incluso amenazando con violencia a extranjeros,cerrando por la fuerza sus tiendas o llevándosebienes de ellas.En muchos de estos ataques, las comisarías depolicía locales no pidieron refuerzos para impedir quese propagara la violencia. Sin embargo, a pesar de losesfuerzos de las organizaciones humanitarias y de lasociedad civil, al terminar el año las autoridadespoliciales no habían establecido todavía unaestrategia nacional sistemática y efectiva paraprevenir o reducir la violencia contra personasrefugiadas y migrantes.En octubre, al parecer, la policía usó fuerzaexcesiva durante detenciones masivas de “presuntosciudadanos extranjeros ilegales”, a los que insultó ycalificó de extranjeros indeseados, en el barrio deNyanga, Ciudad del Cabo. Entre las personasafectadas figuraban refugiados reconocidos, quehabían mostrado sus documentos a la policía. A unrefugiado de la República Democrática del Congo,que necesitó tratamiento médico para sus heridas, leimpidieron activamente presentar una denunciaformal contra la policía.Pena de muerteEl 22 de septiembre, el Tribunal Superior, en unacausa que afectaba a dos ciudadanos de Botsuana,falló que el gobierno no debía extraditar a personasque corrieran el riesgo de ser condenadas a muerte,sin recibir previamente garantías por escrito delEstado solicitante de que no se enfrentarían a la penade muerte en ninguna circunstancia. El fiscalpresentó una apelación contra la sentencia, que alterminar el año no se había resuelto.El 15 de diciembre, en un acto organizado enmemoria de 134 presos políticos ejecutados en laprisión central de Pretoria por el Estado del apartheid,el presidente Zuma volvió a confirmar el compromisode su gobierno de abolir la pena de muerte.Muertes bajo custodiay ejecuciones extrajudicialesLa Dirección Independiente de Denuncias contra laPolicía, órgano de vigilancia de ésta, informó de undescenso del 7 por ciento entre abril de 2010 ymarzo de 2011 de las muertes registradas bajocustodia y derivadas de la “acción policial”. Sinembargo, la provincia de KwaZulu-Natal seguíaregistrando un índice elevado de incidentes de estaíndole, con más de un tercio del total nacionalde 797 muertes registradas.Había miembros de unidades especiales de lapolicía, en particular la de Delincuencia Organizada,implicados en incidentes de muertes sospechosas,causadas presuntamente por tortura o ejecuciónextrajudicial. Las familias de las víctimas debían hacer396 Informe 2012 Amnistía Internacional

frente a obstáculos para acceder a la justicia debido alas deficientes investigaciones oficiales, la falta defondos para asistencia letrada gratuita o laintimidación. En diciembre, la publicación de noticiassobre presuntos asesinatos cometidos por miembrosde la Unidad de Delincuencia Organizada de CatoManor indujo a la Dirección Independiente deDenuncias contra la Policía a establecer un equipo deinvestigación para revisar los datos existentes. Al terminar el año no se habían presentado cargoscontra los policías responsables de la muerte de KwaziNdlovu, de 15 años, ocurrida en abril de 2010. Laspruebas forenses y de otra índole indicaban que el niñoestaba tumbado en un sofá de su casa cuando muriópor disparos de fusiles de alta velocidad efectuados porpolicías de la Unidad de Delincuencia Organizada deDurban.Uso excesivo de la fuerzaLa policía usó fuerza excesiva contra manifestantesque, en lugares como Ermelo en marzo y Ficksburgen abril, protestaban por la corrupción y por el hechode que las autoridades locales no proporcionabanacceso a una vivienda adecuada y otros serviciosbásicos. Al terminar el año había en marchainvestigaciones de la Dirección Independiente deDenuncias contra la Policía e instrucciones judicialescontra agentes de policía acusados formalmente deasesinato, agresión y otros delitos.En diciembre, ante el aumento de las denuncias delesiones graves, las autoridades policiales anunciaronrestricciones en el uso, por parte de la policía, debalas de goma contra manifestantes. En abril Andries Tatane murió después de que lapolicía lo golpeara con porras y disparara contra él conbalas de goma a corta distancia en Ficksburg.Tortura y otros malos tratosEn mayo entró en vigor la Ley de la DirecciónIndependiente de Investigación de la Policía, pero alterminar el año este organismo aún no estabaoperativo. En virtud de esta ley, se ampliaron lasobligaciones de investigación prescriptiva originalesde la Dirección Independiente de Denuncias contra laPolicía para incluir los incidentes de tortura yviolación a manos de agentes de policía. Quedarontipificadas como delito la ausencia de notificación porparte de la policía de presuntos incidentes y laobstrucción de las investigaciones de la DirecciónIndependiente de Denuncias contra laPolicía/Dirección Independiente de Investigación dela Policía.En julio, el director nacional de serviciospenitenciarios ordenó una investigación interna sobrela presunta tortura infligida a un preso por seisfuncionarios de prisiones mediante un dispositivoparalizante de electrochoque. Se abrió también unainvestigación policial, pero al finalizar el año no sehabía informado de progreso alguno.Al terminar el año no se había presentado en elParlamento un anteproyecto de ley que tipificabacomo delito la tortura.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroLa violencia motivada por el odio, en particular contramujeres lesbianas, era causa de una crecientepreocupación pública. El 24 de abril, Noxolo Nogwaza, de 24 años, fuebrutalmente asesinada en el suburbio de KwaThema.Miembro activo del Comité Organizador del Orgullo deEkurhuleni, fue violada, apuñalada reiteradamente ygolpeada hasta la muerte. El policía responsable de lainvestigación de su asesinato no había realizadoprogresos al terminar el año y no se había detenido aningún sospechoso. El Comité emprendió unacampaña para que el caso se transfiriera a otracomisaría.En mayo, el Ministerio de Justicia anunció elestablecimiento de un “equipo de trabajo” delgobierno y la sociedad civil encargado de buscarsoluciones para prevenir nuevos incidentes de estaíndole. Las reuniones del equipo de trabajocontinuaban en noviembre, pero sin resultadosclaros. También hubo lentos progresos en laelaboración de un anteproyecto de ley para enjuiciarlos crímenes de odio.En diciembre, durante la fase de imposición de lapena de un juicio celebrado en el tribunal de primerainstancia de Germiston, una organización de defensade los derechos de lesbianas, gays, bisexuales ypersonas transgénero, OUT Well-Being, prestódeclaración pericial sobre el impacto de los crímenesde odio en las víctimas y la comunidad en general.Los encausados habían sido declarados culpables deagredir a un hombre gay, y el tribunal señaló quehabían actuado movidos por el odio y la falta derespeto hacia las personas gays.SInforme 2012 Amnistía Internacional397

SDefensores y defensorasde los derechos humanosContinuaron el hostigamiento de defensores ydefensoras de los derechos humanos y lacriminalización de su trabajo. Entre los afectadoshabía periodistas, personal de la Defensoría delPueblo, investigadores de casos de corrupción yorganizaciones comunitarias que promovían losderechos económicos y sociales. En julio, 12 simpatizantes del movimiento por elderecho a la vivienda Abahlali baseMjondolo fueronabsueltos de todos los cargos presentados por el fiscal,entre ellos los de asesinato, intento de asesinato yagresión relacionados con la violencia que había tenidolugar en el asentamiento informal de Kennedy Road enseptiembre de 2009. En su fallo, el tribunal observó las“numerosas contradicciones y discrepancias de losargumentos de la acusación” y la falta de prueba fiablealguna para identificar a los acusados. El tribunalconcluyó también que la policía había ordenado aalgunos testigos que, en la rueda de identificación,señalaran a miembros de organizaciones relacionadascon Abahlali. Al terminar el año, los simpatizantes deAbahlali que se habían visto desplazados tras el saqueoy la destrucción de sus hogares en 2009 seguían sinpoder regresar de manera segura y sin poderreconstruir sus viviendas. En octubre, en una reunióncon el alcalde ejecutivo del Municipio Metropolitano deEthekwini sobre esta cuestión, un alto funcionario alparecer amenazó con actos de violencia al presidentede Abahlali, S’bu Zikode. Al terminar el año no sehabían registrado avances en la investigación policialsobre una querella presentada por S’bu Zikode contrael funcionario en cuestión.Libertad de expresiónEn noviembre, la Asamblea Nacional aprobó elproyecto de Ley de Protección de la Información deEstado, que se remitió a la cámara alta delParlamento para su examen. Se emprendió unacampaña en contra de él, en la que participaroncientos de organizaciones de la sociedad civil,incluidos medios de comunicación. Entre susdisposiciones figuraba la imposición obligatoria depenas de cárcel mínimas de entre 3 y 25 años pordiversos delitos, como recopilar, comunicar o recibirinformación confidencial de Estado o “dar refugio” auna persona que estuviera en posesión de esainformación. El proyecto de ley no incluía unaeximente explícita por motivos de interés público,aunque los tribunales podían imponer una condenamenor si existían “circunstancias sustanciales yconcluyentes”. Como respuesta a la campaña, seintrodujeron algunos cambios en el proyecto antes desu aprobación por la Asamblea Nacional, entre elloshacer punible la clasificación de datos comoinformación de Estado para ocultar deliberadamenteactos ilegítimos de funcionarios. Siguieron sinabordarse otros motivos de preocupación.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Sudáfrica en mayo, junio y noviembre. South Africa: Police failure to protect human rights activist Jean-PierreLukamba is symptomatic of wider failure to respect the rights of refugeesand migrants (AFR 53/002/2011) Hidden from view: Community carers and HIV in rural South Africa:Background information (AFR 53/005/2011) Call for South Africa to fulfil its international and domestic obligationsin the protection of the rights of refugees and asylum-seekers(AFR 53/007/2011) South Africa: Controversial secrecy bill could ‘smother free speech’(PRE01/584/2011)SUDÁNREPÚBLICA DE SUDÁNJefe del Estado y del gobierno: Omar Hasán Ahmed al BashirPena de muerte:retencionistaLos datos del país abarcan Sudán y Sudán del Sur:Población:44,6 millonesEsperanza de vida:61,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 108,2 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:70,2 por cientoSudán hacía frente a importantes transformacionestras la secesión de Sudán del Sur, proclamadael 9 julio en virtud de un referéndum sobre suautodeterminación. Al terminar el año continuabancelebrándose negociaciones para alcanzar acuerdosen materia de reparto del petróleo, ciudadanía ydemarcación de fronteras tras la independencia. Seintensificó aún más el conflicto en Darfur yestallaron otros conflictos en Abyei, Kordofán del Sur398 Informe 2012 Amnistía Internacional

y Nilo Azul que causaron la huida de cientos de milesde civiles de esas zonas. El Servicio de Inteligencia ySeguridad Nacional y otros agentes del Estadoseguían cometiendo violaciones de derechoshumanos contra personas consideradas críticas conel gobierno por ejercer su derecho a la libertad deexpresión, asociación y reunión.Información generalEl 9 de enero se celebró un referéndum sobre laautodeterminación de Sudán del Sur como parte delAcuerdo General de Paz de 2005, firmado por lafuerza política gobernante de Sudán, el Partido delCongreso Nacional, y el antiguo grupo armado deoposición del sur Movimiento de Liberación Popularde Sudán. Los resultados indicaron que el 98,83 porciento del electorado de Sudán del Sur estaba a favorde la independencia.El referéndum para decidir si Abyei formaría partede Sudán o de Sudán del Sur, también previsto parael 9 de enero, se aplazó indefinidamente debido adesacuerdos acerca del derecho de voto de los dosgrupos étnicos principales, los misseryia,seminómadas del norte, y la etnia dinka ngok, del sur.También estaba prevista la celebración deconsultas populares en Kordofán del Sur y Nilo Azul,que podían determinar cierto grado de autonomíapara ambos estados dentro de Sudán. El 17 de mayo,Ahmed Mohammed Haroun, candidato del Partidodel Congreso Nacional, fue elegido gobernador deKordofán del Sur, a pesar de las denuncias de fraudeelectoral formuladas por el Movimiento de LiberaciónPopular de Sudán. Ahmed Haroun estaba reclamadopor la Corte Penal Internacional por crímenes deguerra y crímenes de lesa humanidad en Darfur.Después de la independencia de Sudán del Sur, elMovimiento de Liberación Popular de Sudán activo enSudan pasó a llamarse Movimiento de LiberaciónPopular de Sudán-Norte.Al terminar el año no se habían registrado avancesdignos de mención en relación con el proceso de pazen Darfur. La inseguridad permanente en la regiónimpedía las consultas con las partes interesadas allí.El mandato de la Misión de la ONU en Sudán(UNMIS) expiró el 9 de julio. El 29 de ese mismo messe prorrogó por un año más el mandato de la misiónconjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur(UNAMID). El 23 de septiembre, el Consejo deDerechos Humanos de la ONU, durantesu 18 periodo de sesiones, adoptó el resultado delexamen periódico universal sobre Sudán. El 29 deseptiembre se renovó en el Consejo por un año elmandato del experto independiente sobre la situaciónde los derechos humanos en Sudán.El 7 de agosto, el Movimiento Justicia e Igualdad,el Ejército de Liberación de Sudán-facción MinniMinawi, el Ejército de Liberación de Sudán-facciónAbdul Wahid y el Movimiento de Liberación Popularde Sudán-Norte anunciaron la formación de unaalianza contra el gobernante Partido del CongresoNacional. El 24 de diciembre, Khalil Ibrahim,dirigente del Movimiento Justicia e Igualdad, murió amanos de las Fuerzas Armadas de Sudán duranteuna ofensiva en el estado de Kordofán del Norte.Justicia internacionalEl gobierno seguía sin cooperar con la Corte PenalInternacional en relación con las órdenes dedetención dictadas contra el presidente Al Bashiren 2009 y 2010, así como contra Ahmed Haroun,gobernador de Kordofán del Sur, y contra AliMohammed Ali Abdelrahman (conocido como AliKushayb), ex dirigente de la milicia yanyawid,en 2007. El 2 de diciembre, el fiscal jefe de la Cortedictó otra orden de detención contra el ministro deDefensa, Abdelrahim Mohamed Hussein.En enero, la Unión Africana reiteró su decisión deno cooperar con la Corte en la detención delpresidente Al Bashir, pero no obtuvo apoyo suficientepara su petición de que el Consejo de Seguridad de laONU aplazara el caso 12 meses invocando el artículo16 del Estatuto de Roma de la Corte. En julio, laUnión Africana reiteró su apoyo a los países que nohabían detenido al presidente Al Bashir. Endiciembre, la Sala de Cuestiones Preliminares de laCorte remitió al Consejo de Seguridad de la ONU y ala Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto deRoma la negativa de Malawi y Chad a detener alpresidente Al Bashir.Conflicto armado: DarfurLos abusos contra los derechos humanos siguieronsiendo generalizados durante el año en todo Darfur.Las fuerzas gubernamentales –incluidas la Policía dela Reserva Central y las Fuerzas Populares deDefensa– y las milicias aliadas del gobiernoperpetraron ataques, incluso aéreos, y los gruposarmados de oposición atacaron por tierra pueblos,SInforme 2012 Amnistía Internacional399

Sciudades y sus zonas circundantes, incluidos camposde personas internamente desplazadas. Hubomuertos y heridos entre la población civil, así comosaqueos y destrucción de bienes. El 27 de mayo, elcoordinador de asuntos humanitarios de la ONUanunció que más de 70.000 personas se habían vistodesplazadas por los combates desde diciembrede 2010.Entre diciembre de 2010 y junio de 2011 estallaroncombates entre fuerzas gubernamentales y gruposarmados de oposición en Darfur Septentrional, enzonas situadas entre Khor Abeche, Abu Zerega yTabit, entre otras. Se tuvo noticia de la destrucción demás de ocho pueblos y de la huida de decenasde miles de personas a causa de los combates.El gobierno impuso a la UNAMID y a lasorganizaciones humanitarias severas restricciones deacceso, lo cual les impidió llevar a cabo labores deobservación y prestar servicios esenciales a lapoblación civil.En febrero, el gobierno suspendió durante un meslas actividades de la organización Catholic ReliefServices en el oeste de Darfur. También en febrero seexpulsó de Darfur Meridional a la organizaciónhumanitaria Médicos del Mundo, a la que seacusaba, al parecer, de “espiar”. Se detuvo y recluyóa personal nacional e internacional de organizacioneshumanitarias y de la UNAMID.Las fuerzas de seguridad llevaron a cabooperaciones de acordonamiento y registro en camposde desplazados internos situados en zonas pobladaspor miembros del grupo étnico zaghawa, a quienes sepercibía como simpatizantes del Ejército deLiberación de Sudán-facción Minni Minawi. El 23 deenero, fuerzas del gobierno asaltaron el campo dedesplazados internos de Zamzam, donde detuvierona más de 80 personas, entre ellas 3 mujeres, ysaquearon viviendas. La operación no se notificó conantelación a la UNAMID, lo cual violaba el Conveniosobre el Estatuto de las Fuerzas, que estipulaba quese llevarían a cabo consultas entre el gobierno y laUNAMID sobre las acciones relacionadas con loscampos de desplazados internos.Continuaron las violaciones y otras formas deviolencia sexual, cometidas por fuerzas del gobierno ysus milicias aliadas contra mujeres y niñasdesplazadas. El 13 de enero, seis niñas y mujeresinternamente desplazadas fueron violadas cerca deTawilla, Darfur Septentrional, por dos hombres, alparecer pertenecientes a milicias aliadas delgobierno. El 22 de marzo, unos policías armadossecuestraron a cuatro mujeres en su domicilio cercade Shangil Tobaya, violaron a una de ellas y golpearona las cuatro. El 1 de octubre, en dos incidentesdistintos, las milicias aliadas del gobiernosecuestraron y violaron en repetidas ocasiones a dosniñas, de 12 y 14 años, en la región de Kabkabiya,Darfur Septentrional. Tres miembros del personal de la UNAMID fuerondetenidos por agentes del Servicio de Inteligencia ySeguridad Nacional. El 27 de abril, el encargado deasuntos civiles de la misión, Idris Yousef Abdelrahman,fue detenido en Nyala, Darfur Meridional. Quedó enlibertad el 20 de julio y se retiraron todos los cargos ensu contra. El 6 de mayo, Hawa Abdallah Mohamed,activista comunitaria y traductora de la UNAMID, fuedetenida en el campo de desplazados internos de AbuShouk, Darfur Septentrional, acusada de “cristianizar”a los niños y niñas del campo y de tener vínculos conun grupo armado de oposición. Quedó en libertadel 13 de julio. Un miembro del personal de la UNAMIDfue detenido el 3 de septiembre en El Fasher, DarfurSeptentrional, y quedó en libertad sin cargos el 8 deoctubre.Conflicto armado: zonas de transiciónEl 21 de mayo, las Fuerzas Armadas de Sudáninvadieron la ciudad de Abyei. Los ataques de lasFuerzas Armadas, las Fuerzas Populares de Defensay las milicias respaldadas por las Fuerzas Armadascausaron el desplazamiento forzoso de toda lapoblación de la ciudad y las localidades circundantes–más de 100.000 personas– a Sudán del Sur. Elataque se produjo después de una serie deenfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadasde Sudán y el Ejército de Liberación Popular deSudán ocurridos entre enero y mayo. Las miliciasaliadas de las Fuerzas Armadas de Sudán saquearony quemaron viviendas e instalaciones de ONG. LasFuerzas Armadas de Sudán impidieron durante variosdías el acceso de la UNMIS a Abyei y apenas tomaronmedidas para proteger a la población civil. El 27 dejunio se estableció la Fuerza Provisional de Seguridadde la ONU para Abyei (UNISFA), en virtud de laResolución 1990 del Consejo de Seguridadde la ONU, tras el acuerdo alcanzado por el Partidodel Congreso Nacional y el Movimiento de LiberaciónPopular de Sudán en Etiopía para desmilitarizar Abyei400 Informe 2012 Amnistía Internacional

y permitir que hasta 4.200 soldados etíopessupervisaran la zona. Al terminar el año, las FuerzasArmadas de Sudán y el Ejército de Liberación Popularde Sudán no habían retirado totalmente sus tropas, yla población de Abyei y de la mayoría de laslocalidades circundantes continuaba desplazada enSudán del Sur sin acceso adecuado a cobijo,alimentos y otros servicios esenciales. El mandato dela UNISFA se prorrogó el 27 de diciembre.El 5 de junio estalló un conflicto en Kordofán delSur entre las Fuerzas Armadas de Sudán y el grupoarmado de oposición Movimiento de LiberaciónPopular de Sudán-Norte. El gobierno sudanés llevó acabo reiterados bombardeos aéreos indiscriminados,que causaron víctimas mortales y heridos entre lapoblación civil. Un informe publicado en agosto por laOficina del Alto Comisionado de la ONU para losDerechos Humanos detallaba los homicidiosilegítimos, la destrucción y el saqueo masivos debienes civiles y otras denuncias que podían constituircrímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.El 1 de septiembre, el conflicto se extendió alestado de Nilo Azul. El presidente Al Bashir declaróel estado de excepción al día siguiente y sustituyó algobernador del Movimiento de Liberación Popular deSudán-Norte, Malik Aggar, por un gobernador militar.Las personas desplazadas por los combates –másde 300.000 de Kordofán del Sur y más de 55.000 deNilo Azul– se vieron obligadas a buscar refugio enotras zonas, como el oeste de Etiopía, Yida –en elestado de Unidad, Sudán del Sur– y el estado de AltoNilo. El 8 y el 10 de noviembre, efectivos de lasFuerzas Armadas de Sudán bombardearon zonas deAlto Nilo y Yida.El gobierno sudanés no permitió el acceso de lasorganizaciones humanitarias y de derechos humanosinternacionales durante todo el año.Conflicto armado: sur de SudánContinuó la violencia entre comunidades en el sur deSudán. La proliferación de armas pequeñas agravólos enfrentamientos y los abusos contra los derechoshumanos contra civiles cometidos por gruposarmados de oposición y fuerzas gubernamentales. El 9 y 10 de febrero estallaron combates entre elEjército de Liberación Popular de Sudán y fuerzasleales al general George Athor Deng, dirigente de laoposición armada, en el condado de Fangak, estado deYonglei. Al menos 154 civiles murieron y 20.000personas se vieron desplazadas. También huboenfrentamientos el 12 de marzo en Malakal, Alto Nilo. El 23 de abril, el Ejército de Liberación Popular deSudán y fuerzas leales al líder de la oposición armadaGabriel Tanginye se enfrentaron en la localidad deKaldak, estado de Yonglei. La destrucción de viviendasobligó a unas 15.000 personas a buscar otros lugaresdonde reasentarse.Personas refugiadas y migrantesMás de 300 solicitantes de asilo y refugiados eritreosfueron devueltos el 17 de octubre, a pesar de unacuerdo alcanzado por el ACNUR, la agencia de laONU para los refugiados, y las autoridades sudanesaspor el cual se les permitiría presentar solicitudes deasilo en Sudán, y a pesar también de que algunostenían la condición de refugiado. El 25 de julio, un solicitante de asilo de 23 añosmurió y otro, de 17, resultó gravemente herido al saltarde un camión en el que los devolvían a la frontera conEritrea.Libertad de asociación y reuniónEntre enero y abril y en octubre, miles de personas semanifestaron en todo el norte de Sudán contra elelevado costo de la vida y en favor de la democracia.La policía y el Servicio de Inteligencia y SeguridadNacional detuvieron a cientos de activistas ymiembros y simpatizantes de partidos opositores.Algunos de los detenidos estuvieron recluidos enrégimen de incomunicación y sufrieron tortura y otrosmalos tratos. En septiembre se prohibió el Movimientode Liberación Popular de Sudán-Norte, se cerraronsus oficinas y, según la información disponible, sedetuvo a más de 200 de sus miembros. El 30 de enero se detuvo a más de 70 personas enJartum para impedir que secundaran las protestas.Mohamed Abdelrahman fue sometido a malos tratosbajo custodia policial y, según informes noconfirmados, murió al día siguiente en un hospital. Nose llevó a cabo investigación alguna. Un centenar de personas fueron detenidas el 20 deabril a raíz de unas protestas en la Universidad deNyala, Darfur Meridional. En septiembre todas habíanquedado en libertad. El 25 de junio, Bushra Gamar Hussein Rahma,activista de derechos humanos y miembro delMovimiento de Liberación Popular de Sudán-Norte, fuedetenido en Omdurmán. Un juez ordenó su liberaciónSInforme 2012 Amnistía Internacional401

Sel 14 de agosto, pero fue detenido de nuevoinmediatamente por el Servicio de Inteligencia ySeguridad Nacional. Al terminar el año continuabarecluido sin cargos y sin acceso a un abogado. El 2 de septiembre, Abdelmoniem Rahama,activista, poeta y miembro del Movimiento deLiberación Popular de Sudán-Norte, fue detenido enEd Damazin. Al terminar el año continuaba recluido sincargos y sin acceso a un abogado.Libertad de expresiónContinuaban los cierres de periódicos y la censura, ylos periodistas eran objeto de hostigamiento y enalgunos casos de detención, con el consiguienteriesgo de sufrir tortura y otros malos tratos. El 31 de enero, el Servicio de Inteligencia ySeguridad Nacional prohibió el periódico opositorAjrass al Hurriya, y a los periódicos Al Sahafa y AlMidan se les impidió distribuir todas sus ediciones oalgunas de ellas. En agosto y septiembre se adoptaronmedidas similares de represión de medios decomunicación. El periódico Juba Post, que se publicaba dos vecespor semana, fue cerrado temporalmente por agentesde seguridad en el sur de Sudán el 30 de marzo, tras lapublicación de un artículo en el que se afirmaba quefuerzas leales a George Athor, líder de un grupo armadode oposición, atacarían Juba antes de julio. Elresponsable de la distribución del periódico estuvodetenido brevemente en el aeropuerto de Juba el 31de marzo. El 9 de julio, el Consejo Nacional de Prensa yPublicaciones retiró las licencias a seis periódicos queeran en parte propiedad de sudaneses del sur. Se presentaron cargos contra 10 periodistas porinformar sobre el caso de Safia Ishag Mohamed, mujeragredida sexualmente por agentes del Servicio deInteligencia y Seguridad Nacional en enero. El 5 dejulio, Fatima Ghazali fue condenada a un mes dereclusión, y el director de su publicación, Saad al DinIbrahim, al pago de una multa. El 25 de julio, AmalHabani fue condenada a un mes de cárcel. Abuzar Al Ameen, subdirector del periódico Rai alShaab, quedó en libertad bajo fianza el 22 de agosto.Había sido detenido por agentes del Servicio deInteligencia y Seguridad Nacional el 15 de mayode 2010 y condenado a cinco años de prisión por“menoscabar la Constitución” y “publicar noticiasfalsas”, en relación con la publicación de unosartículos en los que se analizaban las eleccionespresidenciales y parlamentarias de abril de 2010 y sedaba a entender que se estaba construyendo unafábrica de armas iraní en Sudán.Pena de muerteSiguieron dictándose sentencias de muerte en elnorte y el sur de Sudán, incluso contra menores deedad, y se llevaron a cabo al menos siete ejecuciones.Informes y visitasde Amnistía Internacional Sudan: Southern Kordofan civilians tell of air strike horror(AFR 54/028/2011) Sudán: Un activista continúa detenido sin juicio (AFR 54/035/2011) Sudan: Government crackdown on activists and political opponents(AFR 54/036/2011) Se confirman condenas a muerte en Sudán (AFR 54/037/2011) Sudán: Poeta sigue detenido en régimen de incomunicación(AFR 54/039/2011) Sudan-South Sudan: Destruction and desolation in Abyei(AFR 54/041/2011)SUDÁN DEL SURREPÚBLICA DE SUDÁN DEL SURJefa del Estado y del gobierno:Salva Kiir MayarditPena de muerte:retencionistaLos datos del país abarcan Sudán del Sur y Sudán:Población:44,6 millonesEsperanza de vida:61,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 108,2 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:70,2 por cientoSudán del Sur se convirtió en Estado independienteel 9 de julio, seis meses después del referéndumcelebrado en virtud del Acuerdo General de Pazde 2005. Continuaron las negociaciones con Sudánen relación con el reparto del petróleo, la ciudadaníay la demarcación de fronteras. El conflicto armado yla violencia entre comunidades causarondesplazamientos masivos, homicidios y destrucciónde bienes. Las fuerzas de seguridad detuvieron yrecluyeron arbitrariamente a periodistas, miembrosde grupos opositores y manifestantes. Continuaron402 Informe 2012 Amnistía Internacional

egresando de Sudán numerosas personasoriginarias de Sudán del Sur y hubo también unagran afluencia de personas refugiadas de Sudán.Información generalLa Asamblea Legislativa de Sudán del Sur adoptó laConstitución de Transición de la República de Sudándel Sur, que entró en vigor el 9 de julio y por unperiodo provisional indefinido. Una disposición de laConstitución de Transición permitía la integración enla Asamblea Legislativa de Sudán del Sur de losmiembros del Parlamento de Sudán originariosdel sur.La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas enla República de Sudán del Sur (UNMISS) comenzóoficialmente a ejercer sus funciones el 9 de julio y porun periodo inicial de un año. Sudán del Sur seconvirtió en miembro de la ONU y de la UniónAfricana ese mismo mes.Algunos líderes de grupos armados de oposiciónfirmaron acuerdos de alto el fuego con el gobierno, ymás de 1.500 combatientes suyos quedaron enespera de integrarse en el Ejército de LiberaciónPopular de Sudán. El 23 de julio, el líder de laoposición armada Gatluak Gai resultó muerto en elestado de Unidad en circunstancias controvertidas,tres días después de firmar un acuerdo con lamediación de las autoridades locales. A principios deagosto, Peter Gadet, ex líder del Movimiento/Ejércitode Liberación de Sudán del Sur, firmó un acuerdocon el gobierno, aunque algunas facciones disidentescontinuaron actuando en nombre del grupo. El líderde la oposición armada Gabriel Tanginye y sus doslugartenientes quedaron sometidos a arrestodomiciliario en la capital, Yuba, en abril, trascombates librados entre sus fuerzas y el Ejército deLiberación Popular de Sudán en Alto Nilo y Yonglei. Alterminar el año continuaban recluidos sin cargos. El 4 de noviembre, Peter Abdul Rahaman Sule, líderdel grupo opositor Frente Democrático Unido, fuedetenido en el estado de Ecuatoria Occidental porreclutar presuntamente a jóvenes. Al terminar el añocontinuaba recluido sin cargos. El 19 de diciembre, George Athor, líder del grupoarmado de oposición Movimiento Democrático deSudán y de su rama militar, el Ejército de Sudán del Sur,murió a manos del Ejército de Liberación Popular deSudán en el condado de Morobo, Sudán del Sur.Conflicto armadoLos combates entre el Ejército de Liberación Popularde Sudán y grupos armados de oposición dieron lugara la comisión, por todas las partes, de abusos contralos derechos humanos, incluidos homicidiosilegítimos de civiles y destrucción y saqueo de bienes.Los grupos armados de oposición usaron minasantitanque en las carreteras principales, y con ellocausaron muertos y heridos entre la población civil. El 8 de octubre, 18 civiles, entre los que había 4menores de edad, murieron al pasar un autobús sobreuna mina antitanque en la carretera que une Mayom yMankien. El 29 de octubre hubo enfrentamientos entreel grupo armado de oposición escindido delMovimiento/Ejército de Liberación de Sudán del Sur yel Ejército de Liberación Popular de Sudán en Mayom,estado de Unidad. El Ejército de Liberación Popular deSudán informó de 15 civiles muertos y 18 heridos. El 16 de noviembre, un grupo armado de oposiciónal que se creía leal a George Athor atacó tres pueblosdel condado de Pigi, estado de Yonglei, y quemó ysaqueó bienes. Según los informes, cuatro civilesresultaron muertos y muchos otros huyeron.Violencia entre comunidadesEn Yonglei se produjeron una serie de ataques derepresalia entre los grupos étnicos lou nuer y murle.El 15 de junio, los lou nuer atacaron a los murle en elcondado de Pibor: saquearon y quemaron variospoblados, y más de 400 personas murieron. El 18 deagosto, los murle lanzaron un ataque contra los lounuer en el condado de Uror. Según se supo más de600 personas murieron y más de 200desaparecieron. Siete pueblos fueron destruidos. LaONU calculaba que unas 26.000 personas se vierondesplazadas como consecuencia de los combates.Un miembro del personal de Médicos Sin Fronterasmurió, y el recinto y la clínica de la organizaciónfueron saqueados y quemados. El almacén delPrograma Mundial de Alimentos fue saqueado en esemismo incidente. Desde el 31 de diciembre,miembros armados del grupo étnico lou nueratacaron a los murle en la localidad de Pibor,saquearon la clínica de Médicos Sin Fronteras yquemaron casas de civiles. A consecuencia delataque, decenas de miles de personas se vieronobligadas a desplazarse y cientos murieron. Los combates entre comunidades ocurridos el 17 deseptiembre en el condado de Mayiandit, estado deSInforme 2012 Amnistía Internacional403

SUnidad, en la frontera con el estado de Warrap,causaron la muerte de 46 personas y eldesplazamiento de 5.000.Libertad de expresión, asociacióny reuniónLas fuerzas de seguridad hostigaron y recluyeronarbitrariamente a periodistas, miembros de grupos deoposición y manifestantes por criticar al gobierno. El 23 de agosto, en Kuacjok, estado de Warrap, elparlamentario Dominic Deng Mayom Akeen fuedetenido y agredido por personal de seguridad armado.Estuvo recluido durante un día en relación con unadeclaración a los medios de comunicación acerca de laescasez de alimentos. El 30 de septiembre, Nhial Bol, redactor jefe delperiódico Citizen, fue detenido y pasó un breve periodobajo custodia policial tras la publicación de un artículoen el que se denunciaba la corrupción de un ministrodel estado de Warrap en relación con el cierre de lasoficinas de una compañía petrolera china y ladetención de su director general. El 4 de octubre, los estudiantes de enseñanzasecundaria de Wau, en el estado de Bahr el GhazalOccidental, protestaron pacíficamente contra el alza delos precios de los alimentos y los bajos salarios de losdocentes. Las fuerzas de seguridad respondieron condisparos y gas lacrimógeno. Al menos siete personas,entre ellas estudiantes, fueron detenidas, y al terminarel año continuaban recluidas en la prisión de Wau; dospersonas murieron debido a heridas producidas pordisparos de las fuerzas de seguridad. Ngor Garang y Dengdit Ayok, redactor jefe yperiodista, respectivamente, del periódico The Destiny,fueron detenidos por separado a principios denoviembre por miembros de los Servicios de SeguridadNacional. Al parecer, Ngor Garang fue golpeadodurante su reclusión. Los dos quedaron en libertadel 18 de noviembre. Se creía que su detención estabarelacionada con un artículo en el que se criticaba alpresidente.Tortura, otros malos tratosy desapariciones forzadasLas fuerzas de seguridad, incluido el Servicio dePolicía de Sudán del Sur, fueron responsables deejercer hostigamiento, detenciones y tortura y otrosmalos tratos, en muchos casos contra personal de laONU y de ONG. Varias personas fueron objeto dedesaparición forzada. El 26 de julio, el presidenteordenó la disolución del departamento especial deseguridad nacional e inteligencia de Sudán del Sur,incluido su departamento de seguridad pública. El exdirector de seguridad pública e investigación criminal,general Marial Nour Jok, fue detenido y recluidoel 30 de julio a raíz de unas denuncias sobre suparticipación en la creación de centros de detenciónilegales, así como en casos de tortura y corrupción. Seguía sin conocerse al final del año el paradero deJohn Louis Silvino, arquitecto del Ministerio de Viviendaque desapareció el 25 de marzo. En octubre, cuatro agentes de policía fuerondetenidos y se enfrentaban a juicio después de queJackline Wani, de 17 años, fuera torturada por policíasdel Departamento de Investigación Criminal a raíz deun presunto robo cometido el 13 de junio.Personas refugiadasy desplazadas internamenteSiguieron regresando personas originarias de Sudándel Sur que vivían en Sudán antes de laindependencia, al no tener ya derecho de ciudadaníaallí. Al terminar el año, más de 10.000 personaspermanecían en campos de desplazados internosen el apeadero ferroviario de Kosti, en Sudán,esperando el retorno a Sudán del Sur.A partir de junio se produjo una gran afluencia derefugiados de Sudán tras estallar el conflicto entre lasFuerzas Armadas de Sudán y el grupo armado deoposición Ejército de Liberación Popularde Sudán-Norte.Pena de muerteMás de 150 presos estaban en espera de ejecución.Al menos cinco personas fueron ejecutadas: una enagosto en la prisión de Yuba, dos el 11 de noviembrey dos el 21 de noviembre en la prisión de Wau.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Sudán del Sur entre febrero y marzo,en abril, entre agosto y septiembre y entre noviembre y diciembre. Sudán del Sur: Agenda de derechos humanos (AFR 65/001/2011) Dos periodistas, detenidos en Sudán del Sur (AFR 65/003/2011) Sudan-South Sudan: Destruction and desolation in Abyei(AFR 54/041/2011)404 Informe 2012 Amnistía Internacional

SUECIAREINO DE SUECIAJefe del Estado:rey Carlos XVI GustavoJefe del gobierno:Fredrik ReinfeldtPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:9,4 millonesEsperanza de vida:81,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 2,8 por cada 1.000Ahmed Agiza, que había sido sometido a entrega(transferencia ilegal) y se hallaba encarcelado enEgipto, quedó en libertad. Suscitó preocupación quese estuviera negando el acceso a un procedimientode asilo justo a muchos solicitantes romaníesprocedentes de Serbia. Continuaron las devolucionesa Irak y Eritrea.Tortura y otros malos tratosSuecia siguió sin tipificar la tortura como delito en suCódigo Penal. El 2 de agosto, Ahmed Agiza quedó en libertad enEl Cairo, Egipto, después de haber permanecido másde nueve años encarcelado tras un juicio injusto anteun tribunal militar. Ahmed Agiza y Mohammed al Zari,solicitantes de asilo egipcios, habían sido detenidos enSuecia en diciembre de 2001 y trasladados a Egiptoen un avión fletado por la CIA para realizar entregas.Ambos denunciaron posteriormente que habíansufrido tortura y otros malos tratos mientras estabanrecluidos en régimen de incomunicación en Egipto.En 2008, el gobierno sueco había concedido a ambosuna indemnización por las violaciones de derechoshumanos que habían sufrido. Sin embargo, seguíapendiente una investigación efectiva, imparcial,exhaustiva e independiente sobre tales violaciones.Tras su liberación, Ahmed Agiza solicitó permiso deresidencia en Suecia para reunirse con su familia,que seguía viviendo allí. La concesión del permisocontribuiría a garantizarle resarcimiento pleno yefectivo por las violaciones de derechos humanos quehabía sufrido.Personas refugiadas, solicitantesde asilo y migrantesLas autoridades suecas siguieron considerando“manifiestamente infundadas” gran número desolicitudes de asilo, de las cuales poco menos de lamitad habían sido presentadas por romaníes deSerbia. Además, el procedimiento acelerado dedeterminación del asilo que aplicaban en estos casosno cumplía las normas internacionales, ya quenegaba a los solicitantes el debido examenpersonalizado de su necesidad de protección y elacceso a asistencia letrada.En abril, el Defensor del Pueblo criticó con dureza,por ilegal, la decisión de la Autoridad Policial deDistrito de Estocolmo de expulsar a 26 romaníesrumanos, a los que se había denegado el permiso deentrada con el argumento de que “se dedicaban avagabundear y mendigar”.Continuaron las devoluciones a Irak y Eritrea, peseal peligro real de sufrir persecución u otros dañosgraves que se cernía sobre estas personas a suregreso.Justicia internacionalEn abril, el Tribunal de Distrito de Estocolmo dictóuna sentencia condenatoria por crímenes de guerracontra un ex miembro de las Fuerzas Croatas deDefensa, y determinó que el acusado habíaparticipado de manera directa e indirecta en actos detortura y otros malos tratos contra prisioneros serbiosentre mayo y agosto de 1992, cuando fue guardia delcampo de detención de Dretelj durante la guerra deBosnia y Herzegovina. Lo declaró culpable decrímenes de derecho internacional concircunstancias agravantes y lo condenó a cinco añosde prisión y al pago de indemnizaciones a 22 delas víctimas.Informes y visitasde Amnistía Internacional Current evidence: European complicity in the CIA rendition and secretdetention programmes (EUR 01/001/2011) Suecia debe detener las devoluciones a Irak (EUR 42/001/2011)SInforme 2012 Amnistía Internacional405

SSUIZACONFEDERACIÓN HELVÉTICAJefa del Estado y del gobierno: Micheline Calmy-ReyPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:7,7 millonesEsperanza de vida:82,3 añosMortalidad infantil (‹5 años): 4,4 por cada 1.000Continuó aplicándose legislación discriminatoriacontra la población musulmana o se propuso suadopción en el ámbito federal y cantonal. Causabanprofunda preocupación el uso excesivo de la fuerzaen las expulsiones y la ayuda insuficiente prestada alas personas cuyas solicitudes de asilo serechazaban.Información generalEl Código Penal aún no contenía una definición detortura plenamente acorde con el derechointernacional. El Centro Suizo de Competencia enDerechos Humanos, la institución nacional para estosderechos, comenzó su trabajo. Se firmó, pero no seratificó, la Convención Internacional para la Protecciónde Todas las Personas contra las DesaparicionesForzadas. En diciembre, el Consejo Nacional decidióratificar el Convenio del Consejo de Europa sobre laLucha contra la Trata de Seres Humanos.DiscriminaciónLa legislación no evitaba la discriminación y, enalgunos casos, la promovía. En mayo, el Comité deDerechos Humanos de la ONU expresó supreocupación por la escasa representación de lasminorías étnicas en la fuerza policial, las medidasinsuficientes para prevenir el racismo y la falta deprotección jurídica de las víctimas de discriminación.En octubre, la Comisión Federal contra el Racismocriticó una propuesta parlamentaria de crear en laciudad de Zug “una zona prohibida a solicitantesde asilo”.Las autoridades del cantón de Ticino empezaron aexaminar en mayo una iniciativa popular de reformade su Constitución para prohibir el uso del velointegral.La prohibición de los minaretes continuó en vigoren 2011.Personas refugiadas, migrantesy solicitantes de asiloLas ONG siguieron expresando su preocupaciónsobre el trato que recibían los solicitantes de asilo, enespecial por el uso de la fuerza y de instrumentos deinmovilización durante las expulsiones. Un hombre fue objeto de malos tratos en julio,en el aeropuerto de Zúrich, durante la expulsiónde 19 nigerianos. No se llevó a cabo una investigaciónindependiente. Había en curso una investigación criminal sobre lamuerte del nigeriano Joseph Ndukaku Chiakwadurante una expulsión colectiva en el aeropuerto deZúrich en marzo de 2010. La familia de Samson Chukwu, muerto en el cursode su expulsión en 2001, aún no había recibido unaindemnización.La “ayuda de emergencia” seguía siendoinsuficiente y a menudo dejaba a los solicitantes deasilo rechazados en situación de peligro o en lamiseria. Los centros de acogida siguieron siendoinadecuados.La investigación externa anunciada en agosto porel Departamento Federal de Justicia y Policía sobrela presunta falta de tramitación de entre 7.000y 10.000 solicitudes de asilo, presentadas porciudadanos iraquíes ante las embajadas suizas enEgipto y Siria entre 2006 y 2008, concluyó endiciembre que la actuación de la Oficina Federal deMigración había sido ilegal. Sin embargo, lainvestigación no consideró viable adoptar medidasdisciplinarias o emprender acciones penales.En diciembre, el Consejo de los Estados aprobóuna ley que aceleraba el procedimiento de asilo yanulaba el derecho a solicitar asilo en las embajadasde Suiza. La ley proponía asimismo que seconcediera un permiso temporal de residencia, envez de asilo, a los objetores de conciencia quesolicitaran protección. Estaba pendiente deaprobación ante el Consejo Nacional.En diciembre, la Comisión Nacional de Prevenciónde la Tortura, el mecanismo nacional de prevención,expresó su preocupación por el usodesproporcionado de la fuerza y de técnicas deinmovilización durante las expulsiones.Al final del año no se había puesto en marcha la“Iniciativa sobre la Expulsión”, consulta popularaprobada en 2010. Como parte de ella se proponíauna reforma de la Constitución suiza que permitiera406 Informe 2012 Amnistía Internacional

la expulsión automática de ciudadanos extranjeroscondenados por ciertos delitos comunes.Violencia contra mujeres y niñasEl Parlamento aprobó en septiembre una ley quepenaba hasta con 10 años de cárcel la mutilacióngenital femenina, aun cuando se cometiera en otropaís en el que fuera una práctica legal.En septiembre, el Consejo Nacional rehusóreformar la legislación sobre inmigración que doscomités de la ONU habían criticado por no proteger alas mujeres migrantes que soportaban relacionesabusivas por miedo a perder su permiso deresidencia.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Suiza en septiembre.TAILANDIAREINO DE TAILANDIAJefe del Estado:rey Bhumibol AdulyadejJefa del gobierno:Yingluck Shinawatra(sustituyó a Abhisit Vejjajiva en agosto)Pena de muerte:retencionistaPoblación:69,5 millonesEsperanza de vida:74,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 13,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:93,5 por cientoSe intensificó la violencia en el conflicto armadointerno en el sur de Tailandia, donde los insurgentes,que perseguían cada vez más a la población civil,perpetraron ataques indiscriminados en los quemurieron civiles. En el sur, las fuerzas de seguridadcontinuaron sometiendo a personas detenidas atortura y otros malos tratos. Por octavo añoconsecutivo, ningún funcionario públicofue condenado por perpetrar violaciones de derechoshumanos en el sur y tampoco se procesó a ningunopor las muertes que se produjeron durante lasmanifestaciones antigubernamentales de 2010. Lasautoridades continuaron persiguiendo a quienesexpresaban pacíficamente su opinión, sobre todomediante la legislación relativa a los delitos de lesamajestad y la Ley de Delitos Informáticos. Lasautoridades aumentaron las restricciones sobre laspersonas refugiadas y solicitantes de asiloprocedentes de Myanmar, especialmente durante lasgrandes inundaciones, y explotaron a trabajadores ytrabajadoras migrantes de países vecinos.Información generalEn las elecciones generales celebradas en julio,Yingluck Shinawatra, hermana del depuesto primerministro Thaksin Shinawatra, se convirtió enprimera ministra; su partido, el Puea Thai, consiguióla mayoría absoluta en el Parlamento. Sin embargo, elpartido no consiguió escaños parlamentarios en lastres provincias meridionales del país devastadas porla insurgencia, en donde se produjo un repunte delos ataques y la cifra de víctimas mortales durante losúltimos ocho años ascendió a 5.000. Continuó lacrisis política iniciada seis años atrás: hubo violenciarelacionada con las elecciones y tensión entre elnuevo gobierno y el ejército durante los mesessiguientes. La Comisión de la Verdad y laReconciliación, creada tras las manifestaciones deabril y mayo de 2010, presentó sus dos primerosinformes con las correspondientes recomendaciones.En agosto, la relatora especial de la ONU sobre latrata de personas visitó Tailandia. En octubre,Tailandia se sometió al examen periódico universal,en el que se evaluó su historial en materia dederechos humanos.Conflicto armado internoAl igual que había ocurrido en el pasado, la mayoríade las personas que murieron en el conflicto armadointerno del sur de Tailandia eran civiles, y, de ellas,más de la mitad, musulmanes. Aumentó el uso debombas y dispositivos explosivos improvisados porparte de los insurgentes, que los utilizaron contrapoblación civil o en ataques indiscriminados quecausaron víctimas civiles y que, en parte, estabandestinados a sembrar el terror entre la población civil. El 3 de febrero, dos insurgentes degollaron aAbdullah Kaboh, musulmán casado y con seis hijos,cuando extraía caucho bien entrada la noche en eldistrito de Yarang, en Pattani. El 4 de febrero, también en Yarang, dos insurgentesque circulaban en una motocicleta dispararon ymataron a Ruem Meesrisawad, budista de 79 años yTInforme 2012 Amnistía Internacional407

Tmédico oficial jubilado de medicina tradicional. Elataque se produjo a media mañana, a 100 metros dedos grupos de agentes de las fuerzas de seguridad. El 16 de septiembre, en el distrito de Sungai Kolok,provincia de Narathiwat, cinco civiles malaisiosmurieron, incluido un niño, y al menos 118 personasresultaron heridas al hacer explosión tres bombas enuna zona de ocio nocturno en el transcurso de 45minutos. El 25 de octubre, 3 personas murieron y al menosotras 65 resultaron heridas al hacer explosión comomínimo 11 bombas en el distrito central de laprovincia de Yala, todas en torno a la misma hora,justo después de ponerse el sol.Las fuerzas de seguridad también continuaroncometiendo violaciones de derechos humanos en susoperaciones de contrainsurgencia. Según informes, tras un ataque insurgenteperpetrado en enero contra instalaciones militares enNarathiwat, las autoridades torturaron o sometieron aotros malos tratos a, como mínimo, nueve hombressospechosos.ImpunidadPor octavo año consecutivo, ningún funcionariopúblico ni miembro de las fuerzas de seguridadtailandesas en las tres provincias del extremomeridional del país fue condenado por la comisiónde delitos que implicaran violaciones de derechoshumanos. En parte se debía al artículo 17 delDecreto de Emergencia, vigente en la zona (salvo enun distrito) desde julio de 2005. El decretoestablecía inmunidad procesal para los funcionariosque cometiesen este tipo de actos en elcumplimiento de sus funciones. No se procesó anadie por la muerte de 85 musulmanes a manos delas autoridades en el distrito de Tak Bai, provinciade Narathiwat, en octubre de 2004, ni tampoco porlas torturas y la consiguiente muerte bajo custodiadel imán Yapha Kaseng, ocurrida en Narathiwat enmarzo de 2008. En 10 de agosto, un tribunal de la provincia deNarathiwat condenó a Sudi-Rueman Mah-Leh a dosaños de cárcel por proporcionar información falsa afuncionarios que investigaban la querella que habíapresentado contra un policía por las presuntas torturasque le había infligido. La sentencia condenatoria sebasó en el hecho de que el policía y cinco de suscompañeros habían sido absueltos.El Departamento de Investigaciones Especialesconcluyó que las fuerzas de seguridad habían sidoresponsables de al menos 16 muertes durante lasmanifestaciones antigubernamentales celebradas enabril y mayo de 2010. Las causas se remitieron a laFiscalía General para que considerase la posibilidadde presentar una petición de instrucción al tribunal.No se presentaron cargos contra nadie por esasmuertes ni por las otras 76.Libertad de expresiónContinuó la represión de la libertad de expresión,sobre todo mediante la legislación relativa a los delitosde lesa majestad (artículo 112 del Código Penal), laLey de Delitos Informáticos y la intimidación a losmedios de comunicación. La mayoría de las personasdetenidas, acusadas o condenadas con arreglo aestas leyes eran presos de conciencia. El 1 dediciembre, el gobierno inauguró el Centro deOperaciones de Seguridad Cibernética, destinado aerradicar la ciberdelincuencia, en especial los delitoscontra la monarquía cometidos en los sitios web delas redes sociales. El 10 de marzo, Ekkachai Hongkangvarn fueacusado en virtud de la legislación relativa a los delitosde lesa majestad por vender DVD con un documentalaustraliano sobre la monarquía tailandesa y copiastraducidas de cables de Wikileaks sobre Tailandia.Quedó en libertad bajo fianza. El 15 de marzo, Thanthawuthi Thaweewarodom,diseñador del sitio web norporchorusa.com, fuecondenado a 10 años de prisión con arreglo a lalegislación relativa a delitos de lesa majestad y a 3 añosmás en virtud de la Ley de Delitos Informáticos porpublicar o no eliminar del sitio web comentariosconsiderados críticos con la monarquía. Continuababajo custodia. El 8 de diciembre, Joe Gordon (también conocidocomo Lerpong Wichaikhammat), con doblenacionalidad estadounidense y tailandesa, fuecondenado a cinco años de prisión (posteriormentereducidos a la mitad) por cargos de lesa majestad porser el presunto autor de un blog en el que aparecía unenlace a la versión en tailandés de un libro prohibido enTailandia. Había cometido el presunto delito cuando seencontraba en Estados Unidos. En julio, el Tribunal Constitucional falló que el juicio apuerta cerrada celebrado en 2009 contra DaruneeCharnchaoengsilpakul, acusada de delitos de lesa408 Informe 2012 Amnistía Internacional

majestad y condenada ese año a 18 años de cárcel,“no había restringido de ningún modo los derechos dela acusada en una causa penal”. En diciembre volvió aser condenada a 15 años. El 23 de noviembre, un tribunal penal condenó aAmpon Tangnoppakul, de 61 años y afectado por uncáncer de garganta, a 20 años de cárcel con arreglo a lalegislación relativa a delitos de lesa majestad y a la Ley deDelitos Informáticos. Aunque él aseguró que no sabíacómo enviar mensajes SMS, fue declarado culpable deenviar cuatro mensajes que se consideraban ofensivospara un miembro de la familia real.Personas refugiadas y migrantesTras las declaraciones realizadas ese mismo año porel secretario general del Consejo de SeguridadNacional y el gobernador de la provincia de Tak, enlas que señalaron que las personas refugiadasprocedentes de Myanmar serían repatriadas, elgobierno, durante el examen periódico universalde la ONU, se comprometió a respetar su obligacióninternacional de no devolver a personas a paísesdonde serían perseguidas.La población de personas refugiadas en Tailandiase incrementó, y continuó el reasentamiento enterceros países. Al finalizar el año habíacasi 150.000 refugiados viviendo en nueve camposen la frontera con Myanmar. Sin embargo, por quintoaño consecutivo, el gobierno no activó suprocedimiento para identificar a las personassolicitantes de asilo, de modo que casi la mitad de lapoblación de los campos estaba sin registrar. Lasautoridades intentaron disuadir a las organizacionesde ayuda humanitaria para que no ofreciesenalimentos ni otro tipo de ayuda humanitaria a estapoblación. Los solicitantes de asilo continuabansiendo objeto de detención, reclusión indefinida,deportación o repatriación a países en donde corríanpeligro de persecución. En junio, las autoridades de inmigración permitieronpor primera vez que fueran puestas en libertad bajofianza 96 personas refugiadas, todas ellas ahmadíes dePakistán, que se encontraban recluidas en el Centrode Detención de Inmigrantes de Bangkok. En julio se comunicó que los trabajadores migrantesde la industria pesquera tenían de plazo hasta agostopara registrar su nombre y el de sus empleadores antelas autoridades. El plazo para las personas migrantesque trabajaban en otros sectores finalizaba en julio. Elprograma de registro se inició para tratar de lucharcontra la explotación por parte de empleadores y de lostraficantes de personas. En diciembre, las autoridades entregaron a Ka Yang,refugiado registrado en el ACNUR, y a su familia afuncionarios laosianos en un punto fronterizo de laprovincia de Ubon Ratchathani, entre Tailandia y Laos.El 24 de diciembre de 2009, Estados Unidos habíaaccedido a reasentar a Ka Yang en su territorio, peroéste había sido devuelto a Laos ese mismo día juntocon otros 157 refugiados. Tiempo después, Ka Yanghabía huido de Laos y regresado a Tailandia.Durante las grandes inundaciones quecomenzaron en agosto, la policía y las autoridades deinmigración tailandesas detuvieron, expulsaron yextorsionaron a numerosas personas migrantes cuyadocumentación se había perdido en las inundacioneso estaba en manos de sus empleadores. Lostrabajadores migrantes que regresaban a las fronterassin pasaporte a menudo eran interceptados en loscontroles de inmigración y, sobre todo en el caso delos trabajadores de Myanmar, detenidos y recluidos.Posteriormente solían ser expulsados –en ocasionespor la noche– y, durante ese proceso, algunos eranvíctimas de extorsión, bien directamente por parte deautoridades tailandesas o con su conocimiento. En noviembre, el gobierno creó al menos un refugiopara personas migrantes, en respuesta a los informesque señalaban que les estaban denegando la entradaen los refugios destinados al público en general.Pena de muerteNo se tuvieron noticias de ejecuciones. Sin embargo,los tribunales tailandeses impusieron 40 condenas amuerte en 2011, lo que supuso un modestodescenso frente a la media de una condena a muertepor semana durante los años anteriores. Las personasen espera de ejecución seguían llevando grilletespermanentemente, a pesar de que una decisiónjudicial de 2009, que seguía en fase de recurso,había declarado ilegal esta práctica. Ikeda Kengo, ciudadano japonés condenado amuerte en marzo de 2009, continuaba pendiente deejecución, a pesar de que no contaba con asistencialetrada o no tenía conocimiento de que disponía deella. La legislación tailandesa exigía el nombramientode un abogado de oficio para las personas que podíanser condenadas a muerte y no contaban con asistenciajurídica.TInforme 2012 Amnistía Internacional409

TInformes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Tailandia en septiembre. “They took nothing but his life”: Unlawful killings in Thailand’ssouthern insurgency (ASA 39/002/2011)TAIWÁNTAIWÁNJefe del Estado:Jefe del gobierno:Pena de muerte:Ma Ying-jeouWu Den-yihretencionistaTaiwán impuso más condenas a muerte en 2011 queen ningún otro año del último decenio, pese a susafirmaciones de que su objetivo a largo plazoera la abolición de la pena de muerte. Continuaronlas restricciones a la libertad de reunión y no seregistraron avances que apuntasen a una relajaciónde la estricta legislación vigente. Las autoridadesapenas hicieron nada para proteger el derecho a lavivienda de familias campesinas de toda la isla quefueron desalojadas y en ocasiones actuaron enconnivencia con los responsables de su desalojo.Información generalEn 2009, Taiwán ratificó el Pacto Internacional deDerechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacionalde Derechos Económicos, Sociales y Culturales.A pesar de que se aprobó una Ley de Aplicación queobligaba al gobierno a reformar la legislación y losreglamentos, ordenanzas y medidas administrativaspara que fuesen conformes a los pactos antesdel 10 de diciembre de 2011, al final del año Taiwánno había modificado ni abolido casi ninguna de lasdisposiciones que no se ajustaban a ellos.Pena de muerteCinco hombres fueron ejecutados el 4 de marzo; justoun mes antes, el presidente Ma se había disculpadopor la ejecución de un hombre inocente en 1997. Ennoviembre había 55 presos con condenas a muerteconfirmadas. El 28 de julio, el Tribunal Supremo rechazó elrecurso de apelación final presentado porChiou-Ho-shun contra su condena a muerte. El 25 deagosto, el fiscal general rechazó una solicitud derecurso extraordinario para la celebración de un nuevojuicio. Chiou Ho-shun había sido condenado a muertepor robo, secuestro, chantaje y asesinato en 1989. Nose presentaron pruebas sustanciales, y la declaraciónde culpabilidad se basó en confesiones que, segúnafirmaron tanto él como otros acusados, se habíanobtenido mediante tortura. Su causa llevaba másde 20 años pasando del Tribunal Superior al TribunalSupremo y viceversa.Sistema de justiciaEn junio, en una medida destinada a garantizar laindependencia y transparencia judicial, la AsambleaLegislativa aprobó la Ley de la Judicatura, quefacilitaba la destitución de jueces que actuasen deforma incompetente o corrupta.Libertad de expresión y reuniónA pesar de que la opinión pública continuabademandando que el gobierno pusiese en marcha supropuesta de reforma de la Ley de Reuniones yManifestaciones, no hubo avances en este sentido. LaLey permitía que la policía dispersase por la fuerzaprotestas pacíficas e imponía otras restricciones a lasmanifestaciones pacíficas.Derecho a la viviendaFuncionarios públicos permitieron que promotoresinmobiliarios desalojasen a agricultores de todo elpaís, e incluso les prestaron su ayuda, sin quemediase el debido proceso, ni ofrecer siquieraalojamiento alternativo ni una indemnizaciónadecuada.Derechos de las personas migrantesLos trabajadores y trabajadoras migrantes carecían delibertad para cambiar de empleador. Los migrantesque trabajaban como cuidadores o en el serviciodoméstico se veían a menudo obligados a trabajar singozar del descanso necesario. Los medios decomunicación pusieron al descubierto abusos yexplotación de trabajadores migrantes por parte defuncionarios públicos y personas famosas.410 Informe 2012 Amnistía Internacional

TANZANIAREPÚBLICA UNIDA DE TANZANIAJefe del Estado:Jakaya KikweteJefe del gobierno:Mizengo Peter PindaJefe del gobierno de Zanzíbar:Ali Mohamed SheinPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:46,2 millonesEsperanza de vida:58,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 107,9 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:72,9 por cientoLas personas refugiadas procedentes de Burundiseguían viviendo bajo la amenaza de repatriaciónforzosa. No se puso a disposición de la justicia apolicías ni a otros funcionarios encargados de hacercumplir la ley acusados de cometer violaciones dederechos humanos, entre ellas homicidiosilegítimos. Continuó la impunidad de los autores deactos de violencia sexual y otras formas de violenciade género.Información generalEn noviembre se aprobó la Ley de Revisión de laConstitución 2011, por la que se establecía unacomisión encargada de dirigir el proceso de revisiónde la Constitución. La aprobación se produjo entreprotestas de los miembros de la oposición minoritariaen el Parlamento, que sostenían que la consultapública sobre la nueva ley había sido inadecuada. Losrepresentantes del opositor Partido por la Democraciay el Progreso (CHADEMA) siguieron reclamando larevisión de la ley, en particular las disposiciones queconcedían al presidente poderes exclusivos paradesignar a los miembros de la comisión.Personas refugiadas y migrantesDespués de una reunión celebrada en mayo entrerepresentantes de los gobiernos de Tanzania yBurundi y el ACNUR –la agencia de la ONU para losrefugiados–, el gobierno de Tanzania anunció suintención de cerrar, para final de diciembre de 2011,el campo de Mtabila, donde vivían unas 38.000personas refugiadas de nacionalidad burundesa.Tanzania anunció también su intención de suprimir laprotección a los refugiados acogiéndose a la cláusulade desaparición de las circunstancias incluida en laConvención de la ONU sobre el Estatuto de losRefugiados. Aunque el gobierno esperaba queunas 20.000 personas refugiadas regresaranvoluntariamente a Burundi, los refugiados afectadosseguían mostrándose reacios a regresar. El gobiernoanunció en septiembre que estaba manteniendoentrevistas con las personas refugiadas afectadaspara determinar sus necesidades en materiade protección; sin embargo, seguía sin haberprocedimientos para evaluar si la repatriación era unaopción válida. Las personas refugiadas afectadasseguían sintiendo miedo de ser devueltas a Burundi.ImpunidadSe tuvo noticia de homicidios ilegítimos y de torturasy otros malos tratos a manos de policías y otrosfuncionarios encargados de hacer cumplir la leydurante operaciones de seguridad en algunas partesdel país. Más de 20 personas, según los informes,murieron por heridas de bala durante el año, trasusar la policía medios letales para reprimirmanifestaciones o para impedir el acceso ilegal azonas mineras. En enero, al menos tres personas murieron en laciudad de Arusha tras usar la policía fuego real paradispersar a simpatizantes de partidos opositores queprotestaban por la elección de un candidato delgobernante Partido de la Revolución, a la alcaldía local.Al terminar el año no se habían llevado a caboinvestigaciones adecuadas sobre estos homicidios nise había puesto a disposición de la justicia a losresponsables.Violencia contra mujeres y niñasLa violencia sexual y otras formas de violencia degénero seguían siendo práctica generalizada,especialmente la violencia intrafamiliar. Rara vez sellevaba ante la justicia a los autores de este tipo deactos. La práctica de la mutilación genital femeninaseguía estando muy extendida en algunas zonasdel país.Libertad de expresiónContinuaba en vigor legislación como la Ley de Prensa,la Ley de Seguridad Nacional y la Ley de Servicios deRadiodifusión, que facultaba a las autoridades pararestringir el trabajo de los medios de comunicaciónsobre la base de disposiciones amplias y pocodefinidas, como el “interés público”, los “intereses de lapaz y el buen orden” y los “intereses de la seguridadTInforme 2012 Amnistía Internacional411

Tnacional”. Al terminar el año, el gobierno seguía sinadoptar formalmente dos anteproyectos de leypropuestos –el proyecto de Ley de Libertad deInformación, de 2006, y el proyecto de Ley de Serviciosde Medios de Comunicación, de 2007– y sin incorporaral proyecto de Ley de Libertad de Información losmotivos de preocupación expresados porrepresentantes de la sociedad civil. En caso de serpromulgadas, las dos leyes reconocerían el derecho aacceder a la información y revocarían leyes quepermitían restricciones ilegítimas a la libertad de prensa.Discriminación: ataques contrapersonas albinasNo trascendieron durante el año más casos dehomicidios de personas albinas, a las que se dabamuerte para amputarles partes del cuerpo, aunque síhubo al menos cinco intentos de homicidio. Losesfuerzos del gobierno para impedir abusos contra losderechos humanos de las personas albinas seguíansiendo inadecuados.Condiciones de reclusiónContinuó recibiéndose información sobrehacinamiento e insalubridad y condiciones de vidaprecarias en las prisiones. La ONG local de derechoshumanos Centro Jurídico y de Derechos Humanosinformó de que había más de 38.000 reclusos en lascárceles del territorio continental de Tanzania, pese aque su capacidad era de unos 27.653. Laorganización atribuía el problema del hacinamiento ylas precarias condiciones de vida a la ineficacia delsistema judicial, la falta de infraestructuras físicasadecuadas y la insuficiente dotación de personal enlas prisiones del país.Pena de muerteLos tribunales seguían imponiendo la pena capital pordelitos punibles con la muerte; sin embargo, no sellevaron a cabo ejecuciones durante el año. Seguíapendiente de resolución ante el Tribunal Superior unademanda judicial presentada en 2008 por tresorganizaciones de la sociedad civil locales contra laconstitucionalidad de la pena de muerte.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó el territorio continental de Tanzaniaen noviembre.TAYIKISTÁNREPÚBLICA DE TAYIKISTÁNJefe del Estado:Emomali RajmonJefe del gobierno:Okil OkilovPena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:7 millonesEsperanza de vida:67,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 61,2 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,7 por cientoLas salvaguardias contra la tortura consagradas en elderecho nacional no siempre se respetaron. Lalibertad de expresión continuó sujeta a restricciones.Las autoridades no aplicaron medidas efectivas paraprevenir y combatir judicialmente la violencia contralas mujeres y proteger a las sobrevivientes.Tortura y otros malos tratosLas fuerzas policiales y de seguridad continuaronrecurriendo a la tortura y otros malos tratos conimpunidad casi absoluta a pesar de que se habíareformado la legislación en 2010. El Tribunal Europeode Derechos Humanos dictó medidas urgentes paraimpedir la extradición de un hombre a Tayikistándebido a que persistía la tortura allí. Al final del año,el gobierno anunció su intención de modificar elCódigo Penal y añadir una definición de tortura, deconformidad con el derecho internacional. Safarali Sangov murió el 5 de marzo, a los cuatrodías de haber sido detenido por agentes de policía en eldistrito de Sino de la localidad de Dushambé. Según lainformación recibida, la policía los había golpeado a él ya otros miembros de su familia, incluidos niños y unamujer embarazada de cuatro meses. Ante laindignación pública y las denuncias de que SafaraliSangov había muerto por torturas sufridas en lacomisaría, en marzo se acusó de “negligencia” a dosagentes, y a otro de “abuso de autoridad”.Posteriormente, la fiscalía retiró este último cargoaduciendo que las declaraciones de los familiares deSafarali Sangov no eran pruebas admisibles. Tras labatalla legal que emprendieron las partes, la causa fuetransferida a la Fiscalía General para su revisión. El 11 de julio comenzó el juicio de Ilhom Ismonov yotras 52 personas ante el Tribunal Regional de Sughd, enel norte de Tayikistán, por los cargos de pertenencia alMovimiento Islámico de Uzbekistán y participación en412 Informe 2012 Amnistía Internacional

delincuencia organizada. Ilhom Ismonov y otrosacusados contaron al juez el 19 de julio que habíansufrido torturas mientras estaban en detenciónpreventiva. El 16 de septiembre, él comunicó al juez quehabía recibido presiones de funcionarios para que seretractara de anteriores denuncias de tortura y otrosmalos tratos. No se había atrevido a hablar antes pormiedo a represalias de los organismos encargados dehacer cumplir la ley. El juez no le hizo caso. Sudeclaración, presuntamente obtenida mediante tortura,se utilizó como prueba en su contra. El fiscal pidió 12años de cárcel. La causa seguía abierta al terminar el año.Libertad de expresión: periodistasSegún informaron grupos de derechos humanosinternacionales y tayikos, siguieron entablándosecausas civiles y penales contra periodistas y mediosde comunicación independientes por criticar algobierno o a funcionarios del Estado. El 14 de octubre, un tribunal de Judzhand, en elnorte de Tayikistán, declaró a Urunboy Usmonov,periodista de la BBC, culpable de complicidad en lasactividades de una organización religiosa prohibida.Condenado a tres años de cárcel, fue puesto enlibertad de inmediato en virtud de una amnistía.Presentó un recurso ante el Tribunal Supremo, que fuedesestimado el 30 de noviembre. AmnistíaInternacional consideró que se había procesado aUrunboy Usmonov por su legítima labor deinvestigación como periodista sobre la organizaciónislámica prohibida Hizb-ut-Tahrir. Usmonov no tuvoacceso a un abogado hasta una semana después deser detenido, y hubo denuncias según las cuales habíasufrido tortura u otros malos tratos. También el 14 de octubre, otro tribunal de Judzhanddeclaró culpable de difamación, injurias e incitación alodio al periodista Makhmadyusuf Ismoilov. Redactor dela publicación Nuri Zindagi (Rayo de Luz), había sidodetenido el 23 de noviembre de 2010 en la región deSughd. Compañeros periodistas pensaban que loscargos tenían relación con un artículo que había escritosobre las autoridades del distrito de Asht, en el queacusaba a algunas de corrupción y criticaba a loscuerpos locales encargados de hacer cumplir la ley. Sele impuso una multa de unos 7.000 dólaresestadounidenses, así como la prohibición de ejercer elperiodismo durante tres años. En diciembre se ratificóla sentencia condenatoria en apelación pero seanularon las sanciones.Violencia contra mujeres y niñasLa violencia contra las mujeres seguía siendo unproblema grave. Uno de los principales factores quecontribuían a los elevados índices de violencia en elámbito familiar era que el Estado no adoptabamedidas adecuadas para evitar el matrimonio precoz,que era ilegal. El 1 de enero se elevó por decretopresidencial de 17 a 18 años la edad mínimanecesaria para contraer matrimonio. No obstante,continuaron siendo insuficientes los servicios paraproteger a las sobrevivientes de violencia intrafamiliar,como casas refugio y viviendas alternativas adecuadasy seguras. En otoño se presentó al Parlamento unproyecto de ley sobre “protección social y jurídicafrente a la violencia intrafamiliar”, en proceso deelaboración desde hacía varios años. Al final del añono se había sometido a debate ni a votación.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Tayikistán en abril. Tajikistan: A coalition of non-governmental organizations is calling onthe government to end torture and fulfil its international obligations(EUR 60/003/2011) Tajikistan: Amnesty International submission to the UN UniversalPeriodic Review, October 2011 (EUR 60/006/2011)TIMOR ORIENTALREPÚBLICA DEMOCRÁTICA DE TIMOR ORIENTALJefe del Estado:José Manuel Ramos-HortaJefe del gobierno:Kay Rala Xanana GusmãoPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:1,2 millonesEsperanza de vida:62,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 56,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:50,6 por cientoLos autores de graves violaciones de derechoshumanos cometidas durante la ocupación indonesiade Timor Oriental (1975-1999) continuaron enlibertad. Se tuvo noticia de la comisión deviolaciones de derechos humanos, incluidos malostratos, por las fuerzas de seguridad. El índice deviolencia intrafamiliar seguía siendo elevado.TInforme 2012 Amnistía Internacional413

TInformación generalEn febrero, el Consejo de Seguridad de la ONUprorrogó un año más el mandato de la MisiónIntegrada de la ONU en Timor-Leste. Ese mismo mes,el Grupo de Trabajo de la ONU sobre DesaparicionesForzadas o Involuntarias visitó Timor Oriental. Enoctubre, el país se sometió al examen periódicouniversal, en el que se evaluó su historial en materiade derechos humanos. Varios Estados señalaron quelos responsables de violaciones de derechoshumanos habían quedado impunes. Timor Orientalaccedió a tomar en consideración los llamamientoshechos por cinco Estados para que pusiese enpráctica las recomendaciones formuladas por laComisión para la Acogida, la Verdad y laReconciliación.ImpunidadPersistía la impunidad por violaciones de derechoshumanos, a pesar de que la Dependenciade Investigación de Delitos Graves continuabainvestigándolas. Las víctimas, sus familias y ONGtimoresas seguían pidiendo justicia por las violacionesde derechos humanos cometidas por las fuerzas deseguridad indonesias entre 1975 y 1999. Sinembargo, el gobierno seguía promoviendo lareconciliación con Indonesia a costa de la justicia. Secreía que la mayoría de las personas acusadas deviolaciones de derechos humanos estaban en libertaden Indonesia. En julio, el Tribunal de Distrito de Dili condenó aValentim Lavio, ex miembro de la milicia Frente Rojo yBlanco, a nueve años de cárcel. Estaba acusado decometer un asesinato constitutivo de crimen de lesahumanidad durante el periodo posterior al referéndumsobre la independencia celebrado en 1999. Su recursode apelación fue rechazado el 26 de septiembre; sinembargo, al finalizar el año las autoridades confirmaronque continuaba en libertad y había huido a Indonesia. El memorando de entendimiento firmado por elDefensor del Pueblo para los Derechos Humanos y laJusticia de Timor Oriental y la Comisión Nacional deDerechos Humanos de Indonesia venció en enero y serenovó en noviembre. Trataba la aplicación de lasrecomendaciones formuladas por la Comisión para laAcogida, la Verdad y la Reconciliación y por laComisión conjunta indonesio-timoresa de la Verdad y laAmistad. No se registraron avances en este ámbito(véase el apartado sobre Indonesia).Al finalizar el año aún no se había celebrado eldebate, aplazado por el Parlamento en febrero, sobredos anteproyectos de ley para la creación de unPrograma Nacional de Reparaciones y un Instituto dela Memoria con el mandato de poner en práctica lasrecomendaciones formuladas por la Comisión para laAcogida, la Verdad y la Reconciliación y la Comisiónde la Verdad y la Amistad.Policía y fuerzas de seguridadEn marzo, la ONU traspasó la plena responsabilidadde las operaciones policiales en el país a la PolicíaNacional de Timor Oriental. Se tuvo noticia de lacomisión de violaciones de derechos humanos,incluidos malos tratos, por agentes de policía yoficiales militares.Violencia contra mujeres y niñasLos casos de violencia en el ámbito familiar seenjuiciaban en los tribunales con arreglo a la Leycontra la Violencia Intrafamiliar de 2010. Sinembargo, el índice de violencia en el ámbito familiarcontinuaba siendo elevado, y algunos casos seguíanresolviéndose mediante mecanismos de justiciatradicionales que restringían el acceso de las víctimasa la justicia.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Timor Oriental en febrero y noviembre. Timor-Leste: Justice delayed, justice denied – Amnesty Internationalsubmission to the UN Universal Periodic Review, October 2011(ASA 57/003/2011)414 Informe 2012 Amnistía Internacional

TOGOREPÚBLICA TOGOLESAJefe del Estado:Faure GnassingbéJefe del gobierno:Gilbert Fossoun HoungboPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:6,2 millonesEsperanza de vida:57,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 97,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:56,9 por cientoLos cuerpos de seguridad usaron fuerza excesiva,incluidos gases lacrimógenos y balas de goma, paradispersar manifestaciones pacíficas de partidospolíticos y estudiantes. Unos 30 cargos políticos ymiembros del ejército fueron condenados a penas decárcel sobre la base de confesiones obtenidasmediante tortura. La Comisión de la Verdad, laJusticia y la Reconciliación celebró audiencias entreseptiembre y noviembre; la impunidad seguía siendola norma entre las fuerzas de seguridad, queintentaron perturbar el desarrollo del proceso.Información generalEn marzo, un anteproyecto de ley que estipulaba quedebía notificarse con antelación cualquiermanifestación pública desencadenó críticas políticasy marchas de protesta públicas. La ley fue adoptadaen mayo.En octubre, el Tribunal de Justicia de laComunidad Económica de Estados del ÁfricaOccidental (CEDEAO) criticó la manera en que elgobierno había gestionado la causa contra nueveparlamentarios del partido opositor Alianza Nacionalpor el Cambio (ANC) que habían sido apartados desus funciones en la Asamblea Nacional. El Tribunalpidió al gobierno “reparar el perjuicio cometido” y queconcediera a los parlamentarios destituidos unaindemnización económica. Aunque las autoridadesacordaron pagar la indemnización, al terminar el añoseguían negándose a reintegrar a los nueveparlamentarios en la Asamblea Nacional.En octubre, Togo aceptó algunas de lasrecomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajosobre el Examen Periódico Universal de la ONU, entreellas la de garantizar la independencia y laimparcialidad de la Comisión de la Verdad, la Justiciay la Reconciliación. El gobierno se negó a aceptar lasrecomendaciones relativas a la ratificación delEstatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.Uso excesivo de la fuerzaLas fuerzas de seguridad dispersaron en reiteradasocasiones a manifestantes con gas lacrimógeno yusaron fuerza excesiva contra varias marchas deprotesta organizadas por partidos políticos yestudiantes. En marzo, las fuerzas de seguridad dispersaron congas lacrimógeno a manifestantes que protestabancontra el anteproyecto de ley que limitaba la libertad dereunión. Jean-Pierre Fabre, presidente de la ANC, fuepuesto bajo arresto domiciliario en varias ocasionespara impedir que se uniera a las marchas de protesta. En junio, las fuerzas de seguridad usaron la fuerzacontra la organización estudiantil Movimiento para elDesarrollo de los Estudiantes Togoleses (MEET), queexigía mejoras en el sistema universitario. Losenfrentamientos tuvieron lugar después de que sieteestudiantes, entre ellos el líder de MEET Abou Seydou,fueran detenidos y sufrieran malos tratos. Variosestudiantes resultaron heridos por balas de goma,algunos de gravedad.Tortura y otros malos tratosLa tortura durante el periodo de detención previa aljuicio era una práctica generalizada para obtenerconfesiones o implicar a encausados. En marzo, Sow Bertin Agba fue detenido por fraude ytorturado mientras estuvo recluido con las manosesposadas durante cinco días en un garaje en lasinstalaciones de la Agencia Nacional de Inteligencia.Sufrió fractura de un brazo y heridas en todo el cuerpo.Al terminar el año continuaba recluido sin juicio en laprisión civil de Tsévié. En septiembre, el Tribunal Supremo condenó apenas de hasta 20 años de cárcel a 33 personasacusadas de conspirar contra el Estado, entre ellasKpatcha Gnassingbé, hermanastro del presidente.Inmediatamente después del juicio, el ministro deJusticia pidió a la Comisión Nacional de DerechosHumanos que investigara las denuncias de tortura. Alterminar el año, la Comisión no había publicado susconclusiones.ImpunidadLa Comisión de la Verdad, la Justicia y laReconciliación, establecida para arrojar luz sobre lasTInforme 2012 Amnistía Internacional415

Tviolaciones de derechos humanos cometidasentre 1958 y 2005, celebró audiencias entreseptiembre y noviembre. Se escuchó a un totalde 508 personas, seleccionadas de lasaproximadamente 20.000 declaraciones recibidas.Las audiencias iniciales, celebradas en la capital,Lomé, y en otras ciudades, se ocuparon ante todo delataque perpetrado en 1991 contra la oficina delprimer ministro y de algunas de las violaciones dederechos humanos cometidas durante las eleccionespresidenciales de 2005. Las fuerzas de seguridadperturbaron el desarrollo de una de las sesiones deseptiembre, en un intento evidente de intimidar a losmiembros de la Comisión y a los testigos.No se registraron avances en la investigaciónde 72 denuncias presentadas por víctimas de larepresión política en 2005.Informes y visitasde Amnistía Internacional Togo: Procès Kpatcha Gnassingbé – les aveux extorqués sous la torturene doivent pas être retenus (AFR 57/001/2011)TRINIDADY TOBAGOREPÚBLICA DE TRINIDAD Y TOBAGOJefe del Estado:George Maxwell RichardsJefa del gobierno:Kamla Persad-BissessarPena de muerte:retencionistaPoblación:1,3 millonesEsperanza de vida:70,1 añosMortalidad infantil (‹5 años):35,3 por cada milPoblación adulta alfabetizada:98,7 por cientoSe decretó el estado de excepción ante el aumentode la delincuencia. Siguieron recibiéndoseinformes de homicidios a manos de la policía,en algunos casos en circunstancias que daban aentender que podían haber sido ilegítimos.Información generalEl gobierno decretó el estado de excepción el 21 deagosto para hacer frente a una “amenaza contra laseguridad nacional” no especificada, relacionada conla delincuencia organizada. En virtud de esta medida,se confirieron a las fuerzas de seguridad facultadespara registrar y detener sin orden judicial, seprohibieron las marchas o reuniones públicas sinautorización del director general de la policía y seintrodujo un toque de queda nocturno. El estado deexcepción se levantó el 5 de diciembre.La primera ministra anunció que durante el estadode excepción se había producido una reduccióndrástica de la delincuencia violenta. Sin embargo, confrecuencia se tuvo noticia de que la policía habíaabusado de sus facultades y de que se había actuadoindiscriminadamente contra residentes de zonasconsideradas “puntos negros de delincuencia”. Másde la mitad de las 449 personas detenidas enaplicación de la legislación antibandas durante elestado de excepción fueron puestas en libertad porfalta de pruebas, lo que según el director de la fiscalíase debía a la insuficiencia de las pruebas reunidaspor la policía.Policía y fuerzas de seguridadDecenas de personas murieron a manos de la policía.Las declaraciones policiales que afirmaban que losagentes habían disparado en defensa propia confrecuencia quedaron en entredicho al contrastarsecon las declaraciones de testigos presenciales. A las nueve de la noche del 22 de julio, AbigailJohnson, Allana Duncan y Kerron Eccles murieron pordisparos de la policía cuando circulaban en automóvilpor el pueblo de Barrackpore. La policía dijo que lospasajeros del vehículo les habían disparado y que losagentes se habían visto obligados a responder. Sinembargo, según los informes, los testigos presencialesdeclararon que las tres víctimas iban desarmadas y quela policía les había disparado deliberadamente. Lasmuertes desencadenaron una semana de protestas delos residentes. En octubre se acusó formalmente deasesinato a siete policías, y al finalizar el año el juicioaún continuaba.Se recibió información sobre detencionesarbitrarias y malos tratos policiales durante el estadode excepción. Arthur Lewis fue detenido en su domicilio deWilliamsville el 5 de septiembre. Según su declaración,fue golpeado con porras mientras estaba detenido en lacomisaría de policía de Morvant. El 9 de septiembre fuepuesto en libertad sin cargos.416 Informe 2012 Amnistía Internacional

Sistema de justiciaEn septiembre, el ministro de Justicia anunció que lostribunales tenían más de 100.000 casos penalespendientes de tramitación. En diciembre se promulgóuna ley para acelerar el proceso judicial mediante laeliminación de investigaciones preliminares.Violencia contra mujeres y niñasEntre enero y septiembre de 2011, las denuncias deviolencia sexual disminuyeron un 30 por cientorespecto al mismo periodo de 2010. Sin embargo,seguía dándose la circunstancia de que no todos loscasos de violencia de género se denunciaban. Estotenía relación con la inadecuada formación policial yla lentitud del sistema de justicia. Dos años y mediodespués de su elaboración, la política nacional sobregénero y desarrollo seguía sin adoptarse.Pena de muerteSe condenó a muerte a 2 personas, y al final del añohabía 31 en espera de ejecución. El gobiernopresentó en enero un proyecto de ley para facilitar lareanudación de las ejecuciones, pero el Parlamentolo rechazó en febrero.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Trinidad y Tobago en noviembrey diciembre. Trinidad and Tobago: New bill would make the Constitution inconsistentwith human rights and pave the way to executions (AMR 49/001/2011)TÚNEZREPÚBLICA DE TÚNEZJefe del Estado:Moncef Marzuki(sustituyó en diciembre a Fued Mebaza,que había sustituido a Zin el Abidín ben Alí en enero)Jefe del gobierno:Hamadi Yebali(sustituyó en diciembre a Beyi Caid Essebsi,que había sustituido a Mohamed Ganuchi en febrero)Pena de muerte:abolicionista en la prácticaPoblación:10,6 millonesEsperanza de vida:74,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 20,7 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:77,6 por cientoUnas 300 personas murieron y centenares másresultaron heridas por la acción de las fuerzas deseguridad durante protestas masivas que tuvieronlugar en las semanas previas al 14 de enero, cuando elpresidente Zin el Abidín ben Alí fue derrocado y huyódel país. Muchas de las muertes se produjeron alemplear las fuerzas de seguridad munición real contramanifestaciones pacíficas. Posteriormente comenzóun proceso de reforma integral: las personas recluidaspor motivos políticos, entre las que había presos deconciencia, quedaron en libertad; se relajaron lasrestricciones legales que pesaban sobre los partidospolíticos y las ONG; se disolvió el Departamento deSeguridad del Estado, tristemente famoso por torturarimpunemente a las personas detenidas; Túnez pasó aser Estado Parte en varios tratados internacionalesmás de derechos humanos, y se eligió una nuevaAsamblea Nacional Constituyente, encargada deredactar y consensuar una nueva Constitución. Sinembargo, continuaron cometiéndose violaciones dederechos humanos, y las fuerzas de seguridademplearon fuerza excesiva contra manifestantes queprotestaban por la aparente lentitud de las reformas yque en algunos casos sufrieron palizas u otros malostratos durante su detención y reclusión. Aunque hubomejoras, las mujeres siguieron discriminadas en la leyy en la práctica. La pena de muerte continuó en vigor,pero no se tuvo constancia de nuevas condenas demuerte ni de ejecuciones.Información generalEl 14 de enero, tras semanas de protestas en todo elpaís contra su represivo régimen, el presidente Ben Alí,TInforme 2012 Amnistía Internacional417

Tque llevaba 23 años en el poder, huyó de Túnez y serefugió en Arabia Saudí. Durante las manifestacionesmurieron más de 230 personas participantes en ellas yresultaron heridas otras 700, y más de 70 reclusosperdieron la vida en prisión en incidentes relacionadoscon las protestas. El primer ministro, MohamedGanuchi, se arrogó el cargo de presidente en funciones,pero al cabo de unas horas fue sustituido por FuedMebaza y volvió a su puesto de primer ministro.El 15 de enero declaró el estado de excepción, que serenovó en agosto, en noviembre y en diciembre (hastael final de marzo de 2012), y nombró un gobiernoprovisional. En febrero, en vista de las protestaspopulares, Ganuchi se vio obligado a dimitir y fuereemplazado como primer ministro por Beyi CaidEssebsi. En diciembre como resultado de las eleccionesde octubre a la Asamblea Nacional Constituyente,Moncef Marzuki fue nombrado presidente, y HamadiYebali, primer ministro.En febrero, el gobierno provisional concedió unaamnistía por la que quedaron en libertad los presosde conciencia y otras personas recluidas por motivospolíticos; asimismo, constituyó tres comisiones en elmarco del proceso de reforma: la Alta Comisiónpara la Realización de los Objetivos de la Revolución,la Reforma Política y la Transición Democrática;la Comisión Nacional sobre Corrupción y Fraude,y la Comisión de Investigación sobre los Abusoscometidos en el Periodo Precedente, encargada deinvestigar los homicidios de manifestantes y otrosabusos cometidos por las fuerzas de seguridaddurante las protestas conducentes a la caída delpresidente Ben Alí. Esta última comisión aún nohabía presentado sus conclusiones al terminar el año,pero ya se había remitido a juicio a 139 ex altoscargos, entre ellos el ex presidente y dos ex ministrosdel Interior (Rafik Haj Kacem y Ahmed Friaa), poracusaciones relativas a los manifestantes muertos yheridos durante las semanas previas al 14 de enero.El juicio comenzó en noviembre y continuaba alconcluir el año. El ex presidente Ben Alí y parte de sufamilia fueron enjuiciados in absentia y condenadospor corrupción y delitos relacionados con drogas.En marzo, el gobierno provisional disolvió el odiadoDepartamento de Seguridad del Estado, cuerpo depolicía de seguridad tristemente famoso por sustorturas y otras violaciones graves de los derechoshumanos cometidas durante el gobierno delpresidente Ben Alí.Asimismo, el gobierno provisional reformó laextremadamente restrictiva Ley de Asociaciones parapermitir la legalización de partidos políticos hastaentonces prohibidos –entre ellos el partido islamistaEnnahda (Renacimiento) y el Partido Comunista delos Obreros Tunecinos– y las ONG de derechoshumanos y de otros tipos. El Ministerio del Interiorcomunicó que en septiembre se habían autorizado yaoficialmente 1.366 asociaciones y 111 partidospolíticos. La Agrupación Constitucional Democrática,partido del gobierno bajo Ben Alí, quedó disueltaen marzo.Además, el gobierno ratificó algunos de losprincipales tratados internacionales de derechoshumanos, como el Protocolo Facultativo del PactoInternacional de Derechos Civiles y Políticos, elProtocolo Facultativo de la Convención de la ONUcontra la Tortura, la Convención Internacional para laProtección de Todas las Personas contra lasDesapariciones Forzadas y el Estatuto de Roma de laCorte Penal Internacional. También retiró las reservasde Túnez a la Convención sobre la Eliminación deTodas las Formas de Discriminación contra la Mujer.El 23 de octubre se celebraron elecciones, porprimera vez desde el levantamiento, para elegira los 217 componentes de la Asamblea NacionalConstituyente, encargada de redactar unanueva Constitución y nombrar un nuevo gobierno.Ennahda fue el partido que obtuvo mayor número deescaños, pero no la mayoría absoluta. La Asamblea sereunió por primera vez el 22 de noviembre, y designóa su presidente y a los nuevos presidente y primerministro del país, pertenecientes a los tres partidoscon más escaños. Los tres tomaron posesión de sucargo en diciembre.Los relatores especiales de la ONU sobre la torturay sobre la promoción y protección de los derechoshumanos en la lucha contra el terrorismo visitaronTúnez en mayo.Novedades jurídicas y constitucionalesLa Constitución fue suspendida en marzo. Otrasleyes, aunque permanecieron en vigor, sufrieronmodificaciones considerables, destinadas a atenuarlas restricciones que limitaban el ejercicio de losderechos humanos. Entre ellas figuraban la ley deprensa y la ley sobre comunicaciones audiovisuales,que, aunque siguieron contemplando el delito de“difamación”, dejaron de prescribir para él penas de418 Informe 2012 Amnistía Internacional

prisión. También se reformó la Ley de Asociacionespara eliminar las restricciones relativas a la formaciónde una asociación y la pertenencia a ella y paradespenalizar la prestación de servicios a una“asociación no reconocida”. Además, se modificó lalegislación sobre la tortura para acercar su definiciónen el Código Penal a la recogida en el derechointernacional, aunque los procesamientos por torturaquedaron sujetos a un plazo de prescripciónde 15 años, lo que contravenía el derecho a interponerrecursos y obtener reparaciones de conformidad conel derecho internacional. Hacía falta reformar todavíaotras leyes, como las relativas a la lucha contra elterrorismo, la regulación de las reuniones y desfiles yla organización del poder judicial.El Ministerio del Interior diseñó una “hoja de ruta”para la reforma de la policía, pero sin incluir en ellaninguna disposición para abrir investigaciones y hacerrendir cuentas por las violaciones de derechoshumanos cometidas en el pasado por la policía y elextinto Departamento de Seguridad del Estado.Tampoco estaba claro si se había establecido algúnsistema de examen de antecedentes para impedirque ex agentes del Departamento de Seguridad delEstado, otros organismos de seguridad o la policíaque hubieran cometido violaciones de derechoshumanos conservaran o asumieran puestos en losque pudieran cometer nuevos abusos.Uso excesivo de la fuerzaTras el nombramiento del gobierno provisional, lasfuerzas de seguridad emplearon fuerza excesivacontra nuevas manifestaciones convocadas paraprotestar, entre otras cosas, por la lentitud con queparecían llevarse a cabo las reformas. Según la información recibida, en febrero murierontres personas cuando las fuerzas de seguridaddisolvieron violentamente una sentada pacífica en lazona de la Kasba de la ciudad de Túnez. En mayo, las fuerzas de seguridad golpearon aperiodistas y al parecer les impidieron grabar ladisolución por la fuerza de nuevas protestas en laKasba. El ministro del Interior pidió disculpas, pero losagentes de seguridad recurrieron de nuevo a laviolencia el 15 de julio, cuando nuevos manifestantesintentaron sumarse a una sentada en la Kasba.Muchas de las al menos 47 personas que, según setuvo noticia, fueron detenidas afirmaron haber sidogolpeadas en el momento de su detención, entre ellasAhmed Ben Nacib, activista de derechos humanos dela ONG Libertad y Equidad, a quien la policía persiguióen motocicleta, golpeó con porras y propinó patadas ybofetadas al detenerlo y agredió de nuevo bajo custodiaantes de dejarlo en libertad. Thabet el Hejlaoui, de 13 años, murió el 17 de julio,alcanzado al parecer por una bala perdida, cuandoobservaba a las fuerzas de seguridad disparar contramanifestantes antigubernamentales ante un recinto delejército en Sidi Bouzid.Libertad de expresiónSe acusó a las fuerzas de seguridad de no haberrespondido con eficacia en varias ocasiones en quemiembros de ciertos grupos extremistas religiosostrataron de impedir el ejercicio de la libertad deexpresión. En octubre se acusó a la policía de no haberintervenido con eficacia cuando extremistas religiososatacaron la sede de Nesma TV tras haber emitido estecanal la película de animación Persépolis, queconsideraban blasfema. Posteriormente, el propietariodel canal fue agredido. La policía detuvo asospechosos, pero más tarde los dejó en libertad sinfianza. Además, un grupo de abogados se querellócontra el propietario del canal por “corrupción moral”,delito punible con la cárcel y una multa, y por“alteración del orden público”.Tortura y otros malos tratosSe volvió a tener noticia de que se habían cometidotorturas y malos tratos, pero a escala mucho menorque en años anteriores. En la mayoría de los casos,las personas denunciantes aseguraban haber sidogolpeadas por la policía al ser detenidas en protestas,cuando las llevaban a la comisaría o una vez en ésta. El 6 de mayo, tras una manifestación, FouadBadrouci, estudiante de 17 años, fue detenido en laciudad de Túnez por agentes de policía enmascarados.Le propinaron puñetazos y patadas y lo golpearon conporras, tras lo cual lo llevaron a la prisión de Buchuchajunto con otros jóvenes manifestantes. Una vez allí, losobligaron a permanecer durante mucho tiempo de piey con los brazos y una pierna levantados, los golpearon yles negaron alimentos y agua. Luego los obligaron afirmar unos papeles en blanco y, por último, los dejaronen libertad al día siguiente. Entre otras lesiones, FouadBadrouci presentaba fracturas en la nariz, el brazoderecho y las costillas.TInforme 2012 Amnistía Internacional419

T Mohamed Sidki Hlimi denunció haber sido violado ysometido a otras torturas por la policía, que lo habíacitado en marzo en un campamento militar deKasserine, por haber culpado a un alto cargo de lapolicía de muertes ocurridas durante las protestascontra el presidente Ben Alí. Explicó que la primeranoche lo desnudaron, lo suspendieron de un poste, logolpearon y lo violaron, y que luego lo mantuvierondesnudo, esposado y con grilletes durante los siete díasque duró su reclusión. Lo golpearon de nuevo cuandose negó a firmar una declaración en la que se culpaba apersonas que no conocía de incendiar comisarías depolicía. Posteriormente quedó en libertad.Tras visitar Túnez en mayo, el relator especial de laONU sobre la tortura instó al gobierno a informar atodos los agentes de policía y funcionariosencargados de hacer cumplir la ley de que la tortura ylos malos tratos estaban prohibidos, y a asegurarse deque se pidieran responsabilidades penales a quienescometieran dichos abusos.ImpunidadAunque se presentaron cargos contra varios exfuncionarios en relación con los homicidios demanifestantes y otros abusos perpetrados durante ellevantamiento, no se tomaron medidas paragarantizar la rendición de cuentas por las gravesviolaciones de derechos humanos cometidas durantelos 23 años de gobierno del presidente Ben Alí. Lasfamilias de las víctimas alegaban que se les negaba lajusticia y que funcionarios policiales, delDepartamento de Seguridad del Estado y de otrosorganismos que habían cometido violaciones dederechos humanos seguían en sus puestos o habíansido trasladados a otros, e incluso ascendidos.Algunas familias intentaron iniciar investigacionessobre presuntos responsables de violaciones dederechos humanos, pero en general los juecesinstructores se mostraron reticentes o incapaces deemprender acciones contra funcionarios, a lo quehabía que sumar la aparente falta de voluntad delMinisterio del Interior para cooperar. A partir de mayo,todos los casos de violaciones de derechos humanoscometidas durante el levantamiento se remitieron atribunales militares.Al concluir el año, la comisión designada enfebrero para investigar las presuntas violaciones dederechos humanos cometidas durante ellevantamiento seguía sin terminar su trabajo. Lacomisión afirmó que no remitiría a los jueces pruebasno solicitadas, con lo que surgieron dudas sobre sueficacia. También aseguró haber hablado con todaslas víctimas de violaciones de derechos humanoscometidas durante el levantamiento, pero muchaspersonas que habían resultado heridas enlas protestas lo negaron. Se esperaba que la comisiónpresentara sus conclusiones y recomendacionesa principios de 2012.Derechos de las mujeresEl gobierno provisional retiró las reservas de Túnez ala Convención sobre la Eliminación de Todas lasFormas de Discriminación contra la Mujer, y seexperimentaron también otras mejoras. En concreto,el gobierno adoptó el principio de paridad entrehombres y mujeres en las elecciones, aunque en lapráctica siguieron predominando los hombres en laslistas de candidaturas de los partidos; asimismo, sepermitió a las mujeres utilizar en sus documentosnacionales de identidad fotos en las que aparecierancon la cabeza cubierta por un pañuelo o hiyab. Sinembargo, las mujeres siguieron siendo víctimas dediscriminación en la ley y en la práctica. Por ejemplo,el código regulador de la condición jurídica de laspersonas seguía discriminando a las mujeres encuestiones como la herencia y la custodia de los hijos,y algunas activistas de derechos de las mujeresafirmaban haber sido víctimas de campañas dedesprestigio. La periodista Salma Jlassi, integrante destacada delSindicato Nacional de Periodistas, denunció haberrecibido amenazas de muerte anónimas y haber sidoobjeto de comentarios denigrantes en los medios decomunicación y en Internet, al parecer por suproyección pública y sus opiniones.Personas refugiadas y migrantesA partir de enero, muchos tunecinos trataron deescapar del país en pequeñas embarcaciones.Algunos se perdieron en alta mar y otros llegaron a laisla italiana de Lampedusa. En abril, los gobiernostunecino e italiano llegaron a un acuerdo por el quese devolvería a Túnez a unos 20.000 tunecinos y lasautoridades tunecinas reforzarían los controlescosteros.Tras el estallido del conflicto en Libia entraron enTúnez numerosos migrantes y refugiados procedentesde allí. Se ayudó a muchos migrantes a volver a sus420 Informe 2012 Amnistía Internacional

países de origen, pero al concluir el año quedabanunos 3.800 refugiados y solicitantes de asilo en elcampo de Choucha, uno de los tres establecidosjunto al puesto de Ras Ydir, en la frontera con Libia.La mayoría procedían de países a los que no podíanvolver porque estaban expuestos a ser perseguidos,entre ellos Eritrea, Somalia y Sudán.Pena de muerteLa pena de muerte continuaba en vigor, pero no setuvo constancia de que se impusieran condenasde muerte ni de que se llevaran a cabo ejecuciones.Túnez mantenía una suspensión de las ejecucionesdesde 1991. Saber Ragoubi, declarado culpable de cargos deterrorismo y condenado a muerte en 2007, quedó enlibertad en febrero.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Túnez en enero, de febrero a marzo,en abril y en octubre. Túnez: Agenda de Derechos Humanos para el Cambio(MDE 30/008/2011) Túnez se subleva: Violencia estatal durante las protestasantigubernamentales (MDE 30/011/2011) Diez pasos por los derechos humanos: Manifiesto de AmnistíaInternacional por los derechos humanos en Túnez (MDE 30/017/2011)TURKMENISTÁNTURKMENISTÁNJefe del Estado y del gobierno:GurbangulyBerdymukhamedovPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:5,1 millonesEsperanza de vida:65 añosMortalidad infantil (‹5 años): 45,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,6 por cientoEl Comité de la ONU contra la Tortura concluyó queel uso de la tortura era “generalizado” enTurkmenistán. El gobierno continuó con la represiónde periodistas y defensores y defensoras de losderechos humanos.Tortura y otros malos tratosContinuaron denunciándose torturas u otros malostratos a defensores de los derechos humanos,periodistas y miembros de determinadas minoríasreligiosas, infligidos por policías, funcionarios delMinisterio de Seguridad Nacional y personalpenitenciario. Las autoridades no llevaron a caboinvestigaciones efectivas sobre estas denuncias.En junio, el Comité de la ONU contra la Torturapublicó sus observaciones finales sobreTurkmenistán, en las que expresó su preocupación“por las numerosas y reiteradas denuncias de usogeneralizado de torturas y malos tratos contrapersonas privadas de libertad”.Represión de la disidenciaEl gobierno continuó reprimiendo la disidencia. Losperiodistas que trabajaban con medios decomunicación extranjeros conocidos por publicarcríticas a las autoridades sufrían acoso e intimidación.Los activistas de la sociedad civil independientes nopodían desarrollar sus actividades abiertamente. ElComité de la ONU contra la Tortura instó al gobierno a“asegurar que los defensores de los derechoshumanos y los periodistas, en Turkmenistán y en elextranjero, [gozaran] de protección contra los actosde intimidación o violencia como consecuencia desus actividades”. Las autoridades continuaronrecurriendo al confinamiento en hospitalespsiquiátricos para silenciar la disidencia. Los presos de conciencia Annakurban Amanklychevy Sapardurdy Khadzhiev, vinculados a la ONGFundación Turcomana de Helsinki, continuaroncumpliendo las condenas de prisión por “adquisición,posesión o venta ilegal de munición o armas de fuego”que les habían impuesto en un juicio sin garantíasen 2006. El Comité de la ONU contra la Tortura instó algobierno a atender la petición formulada por el Grupode Trabajo sobre la Detención Arbitraria en 2010 paraque fueran puestos en libertad inmediatamente y se lesconcediera una indemnización adecuada. Dovletmyrat Yazkuliev, periodista de Radio FreeEurope/Radio Liberty, fue indultado el 26 de octubre albeneficiarse de una amnistía presidencial. Tras unbreve juicio celebrado ese mismo mes, había sidodeclarado culpable de incitar a un familiar a suicidarsey condenado a cinco años de cárcel. Sus simpatizantesafirmaron que se le había perseguido por haberinformado abiertamente acerca de una explosiónTInforme 2012 Amnistía Internacional421

Tmortal registrada en un arsenal cerca de Ashgabat enjulio. Previamente había informado sobre lasrevoluciones que se extendían por Oriente Medio y lashabía comparado con la situación en Turkmenistán. Amangelen Shapudakov, activista de 80 años, fuedetenido el 7 de marzo y confinado durante 40 días enun hospital psiquiátrico tras realizar una entrevista paraRadio Azatlyq, servicio en turcomano de Radio FreeEurope/Radio Liberty, en la que acusó de corrupción aun funcionario público local. El sitio web independiente de noticias Chronicles ofTurkmenistan, radicado fuera del país, sufrió un ataqueinformático y quedó desactivado el 18 de julio, díasdespués de publicar información sobre la explosión enel arsenal cercano a Ashgabat. Según informes, lospiratas informáticos responsables del ataquepublicaron información sobre usuarios del sitio,incluidos los que accedían desde Turkmenistán, quelos ponía en peligro de sufrir hostigamiento por parte delas autoridades. Unos funcionarios locales sepresentaron en casa de la madre del director del sitio y,según informes, le hicieron preguntas intimidatorias.Posteriormente, ella denunció que la mantenían bajovigilancia.Libertad de religiónLas actividades religiosas seguían sometidas enTurkmenistán a un estricto control. Muchas minoríasreligiosas continuaban encontrando obstáculos pararegistrarse, lo que las hacía más vulnerables a sufriracoso por parte de las autoridades.Continuaba siendo delito negarse a cumplir elservicio militar, y los objetores de conciencia nodisponían de un servicio civil alternativo. Ochotestigos de Jehová cumplían penas de prisión porobjeción de conciencia y a uno le habían impuestouna condena condicional.El pastor protestante Ilmurad Nurliev continuabaencarcelado.Desapariciones forzadasLas autoridades seguían ocultando información sobreel paradero de decenas de personas detenidas ycondenadas en relación con la presunta tentativa deasesinato del ex presidente Saparmurad Niyazoven 2002. El Comité de la ONU contra la Tortura instóal gobierno a garantizar la adopción de medidas paraque se llevasen a cabo investigaciones prontas,imparciales y exhaustivas sobre todos los casospendientes de presunta desaparición forzada y secomunicasen los resultados a los familiares de lasvíctimas.Libertad de circulaciónEl 1 de agosto, jóvenes turcomanos que estudiabanen Tayikistán y habían vuelto a su país en vacacionesse encontraron con que se les prohibía salir parareanudar sus estudios. En octubre se levantó laprohibición, pero a algunos estudiantes se les impidióvolver a sus universidades. Las autoridadesturcomanas no explicaron los motivos de estaactuación.TURQUÍAREPÚBLICA DE TURQUÍAJefe del Estado:Abdullah GülJefe del gobierno:Recep Tayyip ErdoğanPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:73,6 millonesEsperanza de vida:74 añosMortalidad infantil (‹5 años): 20,3 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:90,8 por cientoLas reformas constitucionales y otros cambiosjurídicos prometidos no llegaron a materializarse.Por el contrario, el derecho a la libertad de expresiónse vio amenazado, y quienes se manifestaban eranvíctimas de una mayor violencia policial. Miles deprocesos judiciales iniciados en aplicación delegislación antiterrorista deficiente incumplíansistemáticamente las normas sobre garantíasprocesales. Se produjeron atentados con explosivosque se cobraron la vida de civiles. No se registraronavances en el reconocimiento del derecho a laobjeción de conciencia ni en la protección de losderechos de la infancia en el sistema judicial.Seguían sin estar garantizados por ley los derechosde las personas refugiadas y solicitantes de asilo ylos de lesbianas, gays, bisexuales y personastransgénero. Los mecanismos de prevención de laviolencia contra las mujeres seguían siendoinsuficientes.422 Informe 2012 Amnistía Internacional

Información generalEn junio, el Partido de la Justicia y el Desarrollo ganólas elecciones parlamentarias y fue reelegido paraformar gobierno. Nueve candidatos de la oposiciónelectos no pudieron tomar posesión de sus escañosdebido a causas abiertas contra ellos con arreglo a lalegislación antiterrorista: ocho estaban siendoprocesados y se hallaban recluidos, y el otro no podíaocupar su puesto por haberse dictado sentenciacondenatoria contra él.El jefe de las fuerzas armadas y sus tres generalesde más alta graduación presentaron su dimisión enjulio, lo que puso de relieve que continuaban lastensiones entre el gobierno y los militares. Lasdimisiones se produjeron tras una oleada dedetenciones de oficiales retirados y en activo aquienes se acusaba de conspirar para derrocaral gobierno.En septiembre, Turquía ratificó el ProtocoloFacultativo de la Convención de la ONU contra laTortura, preparando así el terreno a la observaciónindependiente de los centros de detención. Sinembargo, al concluir el año no se había promulgadolegislación para establecer los mecanismosnacionales de aplicación necesarios ni otrosmecanismos de prevención prometidos, como unadefensoría del pueblo o un procedimientoindependiente de presentación de denuncias contrala policía.Al concluir el año, en contra de lo prometido, no sehabía facilitado el proyecto de Constitución para sudebate. No se aplicaron las reformas constitucionalesaprobadas por referéndum durante la anteriorlegislatura, con las que se pretendía que la legislaciónrelativa a los sindicatos fuese más acorde a lasnormas internacionales.Aumentaron los enfrentamientos armados entre elPartido de los Trabajadores Kurdos (PKK) y lasfuerzas armadas. En octubre comenzó unaimportante intervención militar en el norte de Irak, enla que se atacaron bases del PKK y cientos de civilesfueron desplazados de sus localidades. En diciembre,un avión de combate turco bombardeó a un grupo deciviles en el distrito de Uludere, cerca de la fronteracon Irak, causando la muerte de 35 personas, en sumayoría niños y niñas.En octubre, un terremoto registrado en laprovincia oriental de Van provocó la muerte de másde 600 personas. Las autoridades recibieron críticaspor la lentitud de la respuesta a la crisis, que dejó amiles de personas a la intemperie con temperaturasbajo cero.Las autoridades turcas condenaron abiertamente lacomisión de violaciones de derechos humanos entodo el Mediterráneo oriental. En septiembre, elgobierno anunció que impugnaría ante la CorteInternacional de Justicia la legalidad del bloqueomarítimo impuesto a Gaza. Un informe de la ONUsobre el abordaje del barco turco Mavi Marmara enmayo de 2010 había concluido que las fuerzas dedefensa israelíes habían hecho un uso excesivo de lafuerza en la operación, causando la muerte de nueveciudadanos turcos. En noviembre, el ministro deAsuntos Exteriores anunció la imposición desanciones a Siria debido a los continuos homicidiosde manifestantes pacíficos.Libertad de expresiónSe inició un gran número de procesamientos queamenazaban el derecho a la libertad de expresión. Enconcreto, los periodistas con actitud crítica y losactivistas políticos kurdos, entre otras personas,corrían peligro de ser procesados sin las debidasgarantías si hablaban abiertamente sobre la situaciónde los kurdos en Turquía o criticaban a las fuerzasarmadas. Además de los procesamientos iniciados enaplicación de diversos artículos del Código Penal,también se recurrió a la legislación antiterrorista paraabrir innumerables causas que amenazaban lalibertad de expresión (véase el apartado sobre Juiciosinjustos). Continuaron las amenazas de violenciacontra personas que se significaban por expresarseabiertamente. En noviembre entraron en vigor nuevasnormativas que suscitaron más preocupación conrespecto a la restricción arbitraria de sitios web. En febrero se confirmó la sentencia condenatoriadictada contra el defensor de los derechos humanosHalil Savda por “distanciar a la opinión pública de lainstitución del servicio militar”. Fue condenadoa 100 días de cárcel por expresar su apoyo al derecho ala objeción de conciencia al servicio militar. Al finalizarel año continuaban dos procesamientos más por elmismo cargo, y había otra sentencia condenatoriapendiente ante el Tribunal Supremo de Apelaciones. En marzo, Ahmet Şık y Nedim Şener, periodistas queinvestigaban presuntos abusos contra los derechoshumanos por parte de funcionarios del Estado, fueronacusados de pertenencia a una organización terrorista.TInforme 2012 Amnistía Internacional423

TSus detenciones y las de otros seis periodistasformaban parte de una operación policial contraErgenekon, presunta red delictiva, vinculada al ejércitoy a otras instituciones del Estado, a la que se acusabade conspirar para derrocar al gobierno. El trabajoescrito de ambos periodistas fue uno de los elementosfundamentales de la acusación. Al finalizar el añocontinuaban detenidos en espera de juicio. En noviembre, 44 personas, entre ellas el editor RagıpZarakolu y la profesora Büşra Ersanlı, fueron detenidospor su presunta pertenencia a la Unión de ComunidadesKurdas, organización vinculada al PKK. Ragıp Zarakolu yBüşra Ersanlı fueron interrogados sobre su participaciónen actos organizados por la Academia de Política delPartido Paz y Democracia, formación políticareconocida, y sus respectivos trabajos en el ámbitoeditorial y académico. En nuevas oleadas de arrestospracticados en noviembre y diciembre se detuvo a 37abogados y 36 periodistas como sospechosos depertenecer a la Unión de Comunidades Kurdas. Alfinalizar el año continuaban recluidos. En junio, Baskın Oran y Etyen Mahçupyan,periodistas del diario Agos, de edición bilingüe en turcoy armenio, recibieron amenazas de muerte. Llevabandesde 2004 recibiendo amenazas similares, por lasque no se había procesado a nadie.Tortura y otros malos tratosContinuaron las denuncias de tortura y otros malostratos durante el traslado a comisarías y prisiones yuna vez en ellas. La policía recurrió de formasistemática a fuerza excesiva durantemanifestaciones, especialmente en las protestasanteriores y posteriores a las elecciones de junio. Enmuchos casos, los manifestantes actuaron conviolencia tras la intervención de la policía, que utilizógas pimienta, cañones de agua y balas de plástico.En un gran número de ocasiones, los medios decomunicación documentaron cómo agentesencargados de hacer cumplir la ley golpeaban amanifestantes con porras. En mayo y junio, unas protestas celebradas en laciudad de Hopa, en la provincia nororiental de Artvin,desembocaron en enfrentamientos con la policía en losque un manifestante murió y otros resultaron heridos.Metin Lokumcu murió de un ataque cardiaco trasquedar envuelto en gas pimienta lanzado por la policía.En Ankara, los participantes en protestas contra laactuación policial en las manifestaciones de Hopatambién sufrieron violencia policial. Según su abogado,la manifestante Dilşat Aktaş fue golpeada porunos 10 agentes de policía que le provocaron unafractura de cadera; tardó seis meses en volver acaminar. Al finalizar el año no había concluido lainvestigación criminal sobre los hechos. Era la segundapresunta agresión policial que sufría Dilşat Aktaş; enmarzo, las cámaras de televisión mostraron cómo unagente de policía le propinaba puñetazos durante unaprotesta, pero el fiscal de Ankara decidió no iniciaracciones judiciales. En octubre, el recluta del ejército Uğur Kantar murióen el hospital, según informes, a consecuencia de lastorturas infligidas por unos soldados mientras estababajo custodia militar en su guarnición en el norte deChipre. Se dictó acta de acusación formal contra cincooficiales, incluido el director de la prisión militar, porcausarle la muerte. Al finalizar el año continuaba elprocesamiento.ImpunidadLas investigaciones sobre presuntos abusos contra losderechos humanos a manos de funcionarios delEstado seguían siendo ineficaces. Cuando seincoaban causas penales, las posibilidades deprocesar a los responsables seguían resultandoescasas. Se continuaba recurriendo a la táctica decontraatacar a quienes denunciaban abusospresentando cargos contra ellos. En junio, el coronel Ali Öz y otros siete militaresfueron declarados culpables de negligencia por notransmitir una información relativa a la conspiraciónpara matar al periodista y defensor de los derechoshumanos Hrant Dink que podría haber impedido suasesinato en 2007. Aunque un tribunal de menorescondenó en julio a Ogün Samast por disparar contraHrant Dink, seguían existiendo dudas sobre si seinvestigarían todas las circunstancias del homicidio,como la cuestión de la connivencia de funcionariosdel Estado. No se inició una investigación pública tras la muertede una familia de siete miembros en la región deKurdistán del norte de Irak en agosto, a causa, segúninformes, del bombardeo de un avión de combateturco. Por aquellas fechas las fuerzas aéreas habíanlanzado ataques contra bases del PKK en la zona. En septiembre, el Tribunal Supremo de Apelacionesanuló por razones de procedimiento la históricasentencia condenatoria dictada en 2010 contra varios424 Informe 2012 Amnistía Internacional

guardas penitenciarios y otros funcionarios del Estadopor la muerte bajo custodia de Engin Çeber en 2008.La comunicación del fallo por escrito se demoró más dedos meses, lo que complicó aún más los intentos degarantizar justicia para Engin Çeber. En diciembre, un agente de policía fue declaradoculpable de “homicidio por imprudencia” tras lamuerte bajo custodia del solicitante de asilo nigerianoFestus Okey en 2007. El tribunal denegó la solicitud delos familiares de personarse en la causa como “parteperjudicada” con arreglo a la legislación turca.Además, presentó querellas contra activistas quehabían criticado el procesamiento y deseabanpersonarse en la causa. En diciembre, un tribunal local no impuso una penaprivativa de libertad a un policía a quien habían filmadoen 2009 mientras agarraba a un manifestante menorde edad y lo golpeaba reiteradamente en la cabeza conla culata de su fusil. S.T., de 14 años, sufrió fracturacraneal y pasó seis días en cuidados intensivos tras laagresión. El tribunal redujo la pena alegando que lalesión había sido accidental y debida a las“condiciones en la zona”. Impuso al agenteuna condena condicional de seis meses y le permitiócontinuar con sus funciones policiales.Juicios injustosA lo largo del año se iniciaron miles de procesosjudiciales, casi siempre por pertenencia a unaorganización terrorista, en aplicación de leyesantiterroristas excesivamente amplias e imprecisas,cuyas disposiciones provocaban abusos adicionales.Muchas de las personas procesadas eran activistaspolíticos, entre los que había estudiantes, periodistas,escritores, abogados y profesores universitarios. Losfiscales interrogaban sistemáticamente a lossospechosos en relación con conductas protegidaspor el derecho a la libertad de expresión u otrosderechos garantizados internacionalmente. Otradeficiencia era la prórroga de la prisión preventiva,periodo en el que, debido a órdenes deconfidencialidad que impedían el acceso al sumario,no se permitía a los abogados defensores examinarlas pruebas contra sus clientes ni impugnar de formaefectiva la legalidad de su detención. Al concluir el año, el estudiante universitario CihanKırmızıgül llevaba 22 meses recluido en espera dejuicio, acusado de daños a bienes y pertenencia a unaorganización terrorista. La acusación se había basadoen que llevaba un pañuelo tradicional similar al de lospresuntos participantes en una manifestación en laque se habían lanzado cócteles molotov. Asimismo, unagente de policía lo había identificado como una de laspersonas que se encontraban en el lugar de loshechos, en contra de las declaraciones de otrospolicías. A pesar de que el fiscal solicitaba laabsolución de Cihan Kırmızıgül por falta de pruebas, eljuez resolvió que su reclusión y procesamiento debíancontinuar.Derechos de la infanciaContinuaron los procesamientos de menores deedad con arreglo a la legislación antiterrorista porcargos como participación en manifestaciones, apesar de las reformas legislativas de 2010 quepretendían evitar el uso de estas leyes para procesara los manifestantes menores de edad. Aunque elnúmero de menores procesados había disminuido,se los seguía poniendo en muchos casos bajocustodia policial para adultos antes de su trasladoal departamento de menores. Se registraron periodosde detención sin cargos de hasta el máximo decuatro días permitido, y se seguía prorrogando laprisión preventiva de menores. No se tomaronmedidas en relación con la inexistencia de Tribunalesde Menores en muchas provincias. Al concluir el año, L.K., de 17 años, llevaba ochomeses en prisión preventiva, en espera de que elTribunal Supremo de Apelaciones decidiese quétribunal tenía jurisdicción para juzgarlo.Abusos cometidos por grupos armadosLos ataques perpetrados por grupos armadoscausaron muertos y heridos entre la población civil. El 20 de septiembre, 3 civiles murierony 34 resultaron heridos en un atentado con explosivosperpetrado en una concurrida zona comercial de lacapital, Ankara. Los Halcones por la Libertad delKurdistán reivindicaron el atentado. Ese mismo día, cuatro civiles murieron en unatentado del PKK, que aparentemente iba dirigidocontra la policía, en la provincia suroriental de Siirt.Derecho a la viviendaLos desalojos forzosos conculcaban los derechosde los arrendatarios a ser consultados, recibir unaindemnización y disponer de un alojamientoalternativo. Muchas de las personas afectadas porTInforme 2012 Amnistía Internacional425

Tproyectos de rehabilitación urbana pertenecían a losgrupos más pobres y vulnerables, y entre ellas habíapersonas que ya habían sufrido el desplazamientoforzoso de localidades del sureste de Turquía. Enmayo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales yCulturales de la ONU publicó sus motivos depreocupación con respecto a estos proyectos. En el distrito de Tarlabaşı, en Estambul, decenas defamilias fueron víctimas de desalojo forzoso como partedel proyecto de rehabilitación urbana emprendido porel municipio de Beyoğlu. Algunas de las personasafectadas denunciaron que en la práctica se habíanquedado sin hogar.Presos de conciencia:objeción de concienciaNo se registraron avances en el reconocimiento delderecho a la objeción de conciencia al serviciomilitar en la legislación interna, ni tampoco paraponer fin al reiterado procesamiento de los objetoresde conciencia por negarse a cumplir el serviciomilitar. En noviembre, el Tribunal Europeo deDerechos Humanos consideró que la negativa deTurquía a ofrecer una alternativa civil al serviciomilitar conculcaba el derecho a la libertad depensamiento, conciencia y religión en la causaErçep v. Turkey. Se seguía procesando a laspersonas que apoyaban públicamente el derecho ala objeción de conciencia (véase el apartado sobreLibertad de expresión). El objetor de conciencia İnan Süver, que continuabaencarcelado debido a las múltiples condenas que se lehabían impuesto por negarse a cumplir el serviciomilitar, quedó en libertad condicional en diciembre.Personas refugiadasy solicitantes de asiloSe denegaba arbitrariamente el acceso alprocedimiento de concesión de asilo, por lo quealgunas personas fueron devueltas a lugares endonde corrían peligro de persecución. Lasautoridades no introdujeron una legislación yaprevista que garantizaba derechos básicos a laspersonas refugiadas y solicitantes de asilo. A partir demayo, miles de sirios huyeron a Turquía en buscade protección frente a la violencia y los abusos contralos derechos humanos cometidos en su país. Muchosde ellos fueron alojados en campos, pero no se lesfacilitó acceso al ACNUR, la agencia de la ONU paralos refugiados, ni al procedimiento de concesión deasilo. Su contacto con el mundo exterior estabagravemente restringido, incluida la posibilidad deinformar sobre la situación de los derechos humanosen Siria. Se denunció que algunos sirios fueronsecuestrados en Turquía y trasladados a Siria, endonde corrían peligro de sufrir persecución.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroNo se abordó la discriminación basada en laorientación sexual y la identidad de género. Lasautoridades continuaban hostigando a activistas delos derechos de lesbianas, gays, bisexuales ypersonas transgénero. Durante 2011, los grupos dedefensa de estos derechos registraron ochoasesinatos presuntamente cometidos a causa de laorientación sexual o la identidad de género de lasvíctimas. En noviembre, tres mujeres transgénero fuerondeclaradas culpables de “insultar a agentes de policía”y de “resistencia a la policía”; eran miembros dePembe Hayat (Vida Rosa), grupo de defensa de losderechos de lesbianas, gays, bisexuales y personastransgénero radicado en Ankara. Los cargos contraellas se presentaron tras denunciar que unos agentesde policía las habían detenido arbitrariamentey sometido a malos tratos. Ningún policía fueprocesado en relación con los hechos.Violencia contra mujeres y niñasTurquía ratificó el Convenio del Consejo de Europasobre prevención y lucha contra la violencia contra lasmujeres y la violencia doméstica. Sin embargo, losmecanismos de prevención de la violenciaintrafamiliar seguían siendo lamentablementeinsuficientes, y el número de albergues eramuy inferior al exigido en la legislación interna. En octubre, el Tribunal Supremo de Apelacionesconfirmó la reducción de las condenas impuestas a 26hombres hallados culpables de violar a una niña quehabía sido vendida a los 12 años para ejercer laprostitución, alegando que ella había “consentido” enmantener relaciones sexuales.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Turquía en enero, marzo, abril, mayo,junio, agosto, septiembre, octubre y diciembre.426 Informe 2012 Amnistía Internacional

‘Not an illness nor a crime’: Lesbian, gay, bisexual and transgenderpeople in Turkey demand equality (EUR 44/001/2011) El defensor de los derechos humanos Halil Savda se enfrenta de nuevoa la cárcel en Turquía (EUR 44/002/2011) Decenas de familias se enfrentan a desalojos forzosos en Turquía(EUR 44/007/2011) Turkey: Attacks on civilians condemned (EUR 44/013/2011) Turkey: Activists alleging police ill-treatment convicted for ‘insultingpolice’ (EUR 44/014/2011) Turkey: KCK arrests deepen freedom of expression concerns(EUR 44/015/2011) Turkey: Supreme Court of Appeals overturns historic verdict in deathin custody case (EUR 44/018/2011)UCRANIAUCRANIAJefe del Estado:Víctor YanukovichJefe del gobierno:Mykola AzarovPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:45,2 millonesEsperanza de vida:68,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 15,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,7 por cientoContinuó la impunidad por la tortura y otros malostratos. Se aprobaron reformas del sistema dejusticia, pero sin incrementar la independencia delpoder judicial; además, la utilización de la vía penalcon fines políticos socavaba el Estado de derecho.Las personas solicitantes de asilo corrían peligro dedevolución y no tenían acceso a un procedimientode asilo justo. Los defensores y defensoras de losderechos humanos estaban expuestos a serprocesados y a sufrir agresiones por su trabajo.Tortura y otros malos tratosSiguieron conociéndose casos de tortura y otrosmalos tratos bajo custodia de la policía. El TribunalEuropeo de Derechos Humanos falló contra Ucraniaen nueve causas, al concluir que se había vulneradoel artículo 3 del Convenio Europeo de DerechosHumanos, que prohíbe la tortura. Firdovsi Safarov, ciudadano ucraniano de origenétnico azerbaiyano, contó a Amnistía Internacional quehabía sido golpeado el 26 de marzo por seis agentes dela comisaría de policía de Mohiliov Podilsky que lehabían dado el alto cuando llevaba un viejo automóvil aun depósito de chatarra; recibió puñetazos en lacabeza e insultos. En la comisaría también lo golpearonde manera intermitente el comisario y otros agentes,hasta que, a la una de la madrugada, lo dejaron enlibertad. Firdovsi Safarov contó que le habían exigido elpago de 3.000 dólares estadounidenses para suliberación. Más tarde fue acusado de oponerresistencia a los agentes, pero resultó absuelto el 25 dejunio. Firdovsi Safarov presentó una denuncia por losmalos tratos sufridos, que se rechazó en dos ocasiones,hasta que la fiscalía abrió una investigación en julio.A pesar de estar la investigación en curso, el comisariocontinuaba en su puesto al concluir el año. En octubre,Firdovsi Safarov fue hospitalizado de nuevo por laslesiones sufridas pero, según la información recibida,dejaron enseguida de atenderlo debido a las presionesque los agentes de policía ejercieron sobre losmédicos que lo trataban.ImpunidadLa policía siguió disfrutando de impunidad. Lasdeficiencias estructurales, la corrupción, lainvestigación defectuosa de los actos delictivos de lapolicía o la falta de investigación incluso existiendoinformes médicos u otras pruebas verosímiles, elhostigamiento y la intimidación de los demandantes,el escaso índice de procesamientos consiguiente,todos estos factores favorecían la ausencia derendición de cuentas. Un gran número de denunciassobre la policía eran desestimadas en primerainstancia. La Fiscalía General afirmó en julio que, delas 6.817 denuncias contra agentes de policíaformuladas en 2010, sólo 167 habían dado lugar ainvestigaciones criminales y, de ellas, 21 se habíanarchivado por falta de pruebas. El 17 de agosto, tres jueces del tribunal de apelaciónde Kiev decidieron que no era necesario queprosiguiera la investigación sobre la muerte bajocustodia policial del estudiante de 19 años Ihor Indiloen 2010. Con esta decisión, el tribunal admitió en lapráctica la versión policial de que la causa de la heridamortal en la cabeza que presentaba Ihor Indilo habíasido una caída desde el banco de 50 centímetros dealtura de la celda en la que estaba recluido. En octubre,el fiscal general anunció que había ordenado otrainvestigación sobre su muerte.UInforme 2012 Amnistía Internacional427

U El 24 de octubre, la fiscalía de Kiev anunció que sehabía abierto una investigación sobre las continuas ypersistentes denuncias de Alexander Rafalsky, queafirmaba haber sido torturado en junio de 2001 con elfin de que confesara un asesinato. Había sidocondenado a cadena perpetua en 2004 y los fiscalesse habían negado sistemáticamente a abrir unainvestigación sobre sus denuncias.Sistema de justiciaContinuó el proceso de reforma del sistema dejusticia. En julio se presentó al Parlamento un nuevoproyecto de Código de Procedimiento Penal, que alfinal del año no había sido aprobado.Las presiones de la Fiscalía General, queconservaba la potestad de procesar a jueces,pusieron en peligro la independencia de éstos.El 7 de junio, el fiscal general adjunto solicitó ladestitución de tres jueces del tribunal de apelación deKiev por haber rehusado la solicitud de un fiscal deponer bajo custodia a un sospechoso aduciendo queno existían motivos para ello.En octubre se aprobaron varias reformas de la Leydel Poder Judicial y el Estatuto de los Jueces. Sehabían propuesto en respuesta a las críticas a la Ley,que, aprobada en 2010, había comportado una gravereducción de la función del Tribunal Supremo, entreotros cambios. Las reformas restablecieron la funcióndel Tribunal Supremo sólo parcialmente.En octubre, el Consejo de Europa criticó el papeldel Parlamento en el nombramiento y la destituciónde jueces. Determinó que nombrar a los jueces porun periodo inicial de cinco años antes de confirmarsu nombramiento vitalicio ponía en peligro suindependencia, y recomendó que durante eseperiodo no se les asignaran “causas importantes, confuertes implicaciones políticas”. El 11 de octubre, un tribunal de Kiev condenó aYuliya Tymoshenko –que había sido primera ministrade enero a septiembre de 2005, y, posteriormente, dediciembre de 2007 a marzo de 2010– a siete años decárcel y tres de inhabilitación para ejercer un cargopúblico por la firma de un contrato energético conRusia por valor de millones de dólares en enerode 2009. Los cargos en su contra tenían motivaciónpolítica y no se referían a delitos comunesreconocibles. El juez al que se había asignado su causaocupaba la plaza provisionalmente.Personas refugiadasy solicitantes de asiloEl 8 de julio, Ucrania aprobó una ley “sobre personasrefugiadas y necesitadas de proteccióncomplementaria” que mejoró la condición de losrefugiados, simplificó la documentación de lossolicitantes de asilo e introdujo el concepto deprotección complementaria para las personas que nose ajustaban estrictamente a la definición de laConvención sobre el Estatuto de los Refugiados. Contodo, la ley distaba de cumplir las normasinternacionales, al no ofrecer proteccióncomplementaria por motivos de conflicto armadointerno o internacional. El ACNUR, la agencia de laONU para los refugiados, la criticó, porque no leproporcionaba acceso a las personas afectadas ni leotorgaba una función consultiva en el procedimientode determinación de los casos de asilo.En diciembre de 2010 se había creado el nuevoServicio Estatal de Migración de Ucrania, coordinadopor el Ministerio del Interior. Las oficinas regionalesde migración dejaron de funcionar en octubre, y alfinal del año ya estaba operativo el nuevo sistema. Lossolicitantes de asilo corrían el riesgo de ser devueltosa países donde podían sufrir graves violaciones dederechos humanos. En marzo tuvo lugar la devolución a Afganistán de ungrupo de 10 ciudadanos afganos entre los que habíaun niño. Las solicitudes de asilo de algunos de elloshabían sido rechazadas. No se les dio la oportunidadde recurrir contra esta decisión ni contra su expulsión.Según afirmaban, no les proporcionaron servicios deinterpretación al solicitar el asilo ni durante el procesode expulsión, y los obligaron a firmar documentosredactados en un idioma que no comprendían.El 17 de marzo, el Servicio Estatal de Guardias deFronteras contó a los medios de comunicación que sehabía empleado la fuerza contra los hombres porquehabían intentado resistirse a su expulsión.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos defensores y defensoras de los derechoshumanos, que ponían al descubierto la corrupción ylas violaciones de esos derechos cometidas porfuncionarios públicos y policías, se enfrentaban aagresiones y procesamientos dirigidos a silenciarlos. El 12 de enero, Dmytro Groysman, presidente delGrupo de Derechos Humanos de Vinnytsya, fue428 Informe 2012 Amnistía Internacional

acusado de injuriar la bandera nacional de Ucrania yde distribuir pornografía por colgar en su blogimágenes y un vídeo sexualmente explícitos decarácter satírico. Al final del año, el juicio seguía abiertoy Dmytro Groysman estaba en libertad bajo fianza. Eluso de tales imágenes en este contexto estaba dentrode los límites de la expresión pública permisible segúnel derecho internacional. Dmytro Groysman fue elúnico procesado por la publicación del vídeo a pesar deque éste ya había tenido una amplia difusión pública através de varios sitios de Internet, lo que parecía indicarque se había actuado contra él por su labor de defensade los derechos humanos. El 28 de agosto, Andrei Fedosov, director de Yuzer,organización que defendía los derechos de lospacientes psiquiátricos, sufrió presuntamente unataque brutal debido a su trabajo de denuncia de lacorrupción y las violaciones de derechos humanos enlos hospitales psiquiátricos. Un desconocido le dijo queacudiera al pueblo de Mirny, en Crimea, para atender aun paciente y, una vez allí, lo llevó a un piso, donde lotorturó. Nada más ser liberado telefoneó a la policía. Vioa su agresor paseando por el pueblo y lo señaló. Lapolicía condujo a ambos a la comisaría del pueblo. Elagresor y la policía parecían tratarse con familiaridad.Andrei Fedosov informó del delito, facilitó los datos desu pasaporte y se marchó. Fuera de la comisaría, sehabía detenido a telefonear a un amigo cuando lapolicía volvió a detenerlo aduciendo “comportamientoinadecuado”. Los agentes lo llevaron a un hospitalpsiquiátrico para someterlo a una prueba y logolpearon en la cabeza cuando preguntó por qué lollevaban allí. Una vez en el hospital, los médicos lodejaron marchar. Las autoridades no investigaron elataque, y Andrei Fedosov tuvo muchas dificultadespara documentar sus lesiones, pues los médicos a losque acudió para ello en la vecina ciudad de Yevpatoriyay en Kiev no les dieron importancia.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Ucrania en marzo, abril y octubre. ‘No evidence of a crime’: Paying the price for police impunity in Ukraine(EUR 50/009/2011) Blunt force: Torture and police impunity in Ukraine(EUR 50/010/2011)UGANDAREPÚBLICA DE UGANDAJefe del Estado y del gobierno: Yoweri Kaguta MuseveniPena de muerte:retencionistaPoblación:34,5 millonesEsperanza de vida:54,1 añosMortalidad infantil (‹5 años): 127,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:73,2 por cientoAumentaron las restricciones a la libertad deexpresión. Las autoridades reprimieron protestaspacíficas, y para ello utilizaron medios como el usode fuerza excesiva, en ocasiones con resultado demuerte. Los funcionarios encargados de hacercumplir la ley seguían cometiendo violaciones dederechos humanos, incluidos homicidios ilegítimos ytortura. Los responsables no rindieron cuentas. Elcolectivo de lesbianas, gays, bisexuales y personastransgénero seguía haciendo frente a discriminacióny violencia.Información generalEn febrero se celebraron elecciones presidenciales yparlamentarias. El presidente Museveni fue reelegidocon el 68 por ciento de los votos para un nuevomandato de cinco años. Los partidos de la oposicióncuestionaron los resultados, aduciendo fraude eirregularidades electorales. El partido gobernante,Movimiento de Resistencia Nacional, obtuvo mayoríaen el Parlamento. Hubo algunos enfrentamientosviolentos entre simpatizantes de partidos políticos, lapolicía y otro personal de seguridad antes de laselecciones, en su transcurso y después de ellas.En octubre, tres ministros del gobierno fueronacusados formalmente de malversación de fondospúblicos destinados a la Reunión de Jefes deGobierno de la Commonwealth de 2007. Ugandatambién presentó al Consejo de Derechos Humanosde la ONU su informe en virtud del examen periódicouniversal.Libertad de reuniónEn febrero, el gobierno impuso una prohibición generalde todas las protestas públicas, que afectó sobre todoa la actividad política. En abril, el grupo de presiónActivistas por el Cambio convocó a la población aacudir a su trabajo a pie para protestar por el alza delUInforme 2012 Amnistía Internacional429

Uprecio del combustible y otros productos esenciales. Sesucedieron varias semanas de manifestacionespúblicas en la capital, Kampala, y en otros lugares.La policía declaró ilegítimas las protestas e intervinopara perturbar el desarrollo de algunos actosinicialmente pacíficos. Varios manifestantes arrojarondespués objetos contra funcionarios encargados dehacer cumplir la ley, que respondieron con fuerzaexcesiva. Se detuvo a dirigentes de partidos políticos deoposición y a cientos de sus simpatizantes.Las autoridades afirmaron que los convocantes delas protestas tenían la intención de organizar actosviolentos y “derrocar al gobierno”, sin aportar pruebasque respaldaran sus afirmaciones. En octubre, cuatroactivistas políticos fueron acusados formalmente detraición –cargo que llevaba consigo la pena de muerte–por su participación en la organización de las protestas.Al doctor Kizza Besigye, dirigente de la oposición, se leimpuso una medida de “arresto preventivo” que leimpedía salir de su domicilio de Kampala. Esta medidaparecía concebida expresamente para impedirleejercer su derecho a la libertad de reunión.Decenas de simpatizantes de partidos políticoscontinuaban recluidos en espera de juicio y seenfrentaban a diversos cargos penales por participaren las protestas.Homicidios ilegítimosLa policía y el personal militar usaron fuerza excesivadurante manifestaciones públicas en al menos seisocasiones distintas en abril y mayo. Se disparó fuegoreal contra las multitudes de manifestantes, y almenos nueve personas –entre ellas una niña de dosaños− resultaron muertas y decenas sufrieronheridas. La muerte por disparos de la niña el 21 deabril recibió mucha publicidad y dio lugar a unainvestigación criminal y al compromiso del gobiernode juzgar al agente de policía implicado. No setomaron medidas para obligar a rendir cuentas a losfuncionarios encargados de hacer cumplir la leyresponsables de los demás homicidios y lasviolaciones de derechos humanos relacionadas conellos, ni para conceder a las víctimas y sus familias elderecho a un recurso efectivo.Tortura y otros malos tratosAlgunos dirigentes políticos y sus partidarios sufrieronmalos tratos durante su detención por la policía y otropersonal de seguridad. El 28 de abril, el doctor Kizza Besigye (véase supra)sufrió lesiones graves al ser detenido por policías yagentes encargados de hacer cumplir la ley noidentificados. Los representantes del gobiernoafirmaron que el nivel de fuerza utilizada en su contraestaba justificado.En junio, la Comisión de Derechos Humanos deUganda informó de que la tortura y otros malos tratosa manos de la policía, otros funcionarios encargadosde hacer cumplir la ley y los militares seguían siendogeneralizados.Libertad de expresiónPeriodistas, políticos de la oposición y activistashacían frente a detención arbitraria, intimidación,amenazas y cargos penales de motivación política porexpresar opiniones consideradas críticas hacia lasautoridades. Hasta 30 periodistas ugandeses hacíanfrente a cargos penales en relación con su trabajo enlos medios de comunicación.Durante las protestas de abril y mayo, lasautoridades intentaron bloquear sitios de redessociales y prohibieron programas de televisión endirecto, sobre la base de afirmaciones no verificadasde amenazas para la seguridad nacional y laseguridad pública. Muchos periodistas sufrieronhostigamiento, intimidación y palizas a manos depolicías y otros funcionarios encargados de hacercumplir la ley, especialmente mientras informabansobre las protestas.El proyecto de Ley de Prensa y Periodistas(Enmienda) continuaba en espera de ser debatidopor el gabinete. En caso de promulgarse, esta leypodría facultar a las autoridades para denegar laconcesión de licencias de medios de comunicaciónimpresos por motivos imprecisos, como la “seguridadnacional”.En octubre se presentó para debate en elParlamento el proyecto de ley de Gestión del OrdenPúblico. En caso de convertirse en ley, podríaimponer restricciones indebidas a la libertad dereunión y asociación.Violencia contra mujeres y niñasLa violencia contra las mujeres y niñas –en particularla violencia sexual y otras formas de violencia pormotivos de género– seguía siendo generalizada. Elgobierno adoptó algunas medidas positivas paraabordar este problema, como la elaboración de un430 Informe 2012 Amnistía Internacional

manual para trabajadores de la salud sobre la gestiónde casos de violencia de género. Sin embargo, lasmujeres víctimas de violación y otras formas deviolencia sexual y de género seguían haciendo frentea obstáculos económicos y sociales para obtenerjusticia. Las supervivientes de este tipo de violenciacometida durante el conflicto en el norte de Ugandasiguieron reclamando una reparación oficial parahacer frente al trauma físico y emocional resultante.Justicia internacionalSeguían en vigor las órdenes de detención dictadasen 2005 por la Corte Penal Internacional contraJoseph Kony, líder del Ejército de Resistencia delSeñor, y tres jefes del mismo grupo. Los cuatroestaban en libertad. En julio, Thomas Kwoyelo, ex jefe del Ejército deResistencia del Señor, compareció ante la División deDelitos Internacionales del Tribunal Superior pararesponder de cargos de asesinato, homicidiointencionado, secuestro con intención de matar, robocon agravantes, destrucción de bienes y otros delitoscometidos en el marco de los ataques quepresuntamente había ordenado durante el conflicto enel norte de Uganda. Thomas Kwoyelo negó los cargos ysolicitó una amnistía al Tribunal Constitucional envirtud de la Ley de Amnistía de 2000. En septiembre, elTribunal falló que tenía derecho a una amnistía, enconsonancia con las concedidas a miles decombatientes que habían renunciado posteriormenteal conflicto. El gobierno apeló contra esta decisión anteel Tribunal Supremo. Al término de 2011 la vista delrecurso estaba pendiente. Sin embargo, el gobierno norevocó las disposiciones legales que preveían amnistíaspara delitos de derecho internacional.Atentados con explosivosEn septiembre comenzó en el Tribunal Superior deKampala el juicio de 19 personas de diferentesnacionalidades acusadas formalmente de terrorismo,asesinato e intento de asesinato durante los atentadoscon explosivos de 2010. Dos encausados sedeclararon culpables de terrorismo y conspiraciónpara cometer actos terroristas y fueron condenadosa 25 y 5 años de cárcel, respectivamente.Se retiraron por falta de pruebas los cargos contracinco detenidos, entre ellos el activista de derechoshumanos keniano Al Amin Kimathi, que llevaba unaño en detención en espera de juicio. Al parecer, lohabían detenido, acusado formalmente y recluidosólo por llevar a cabo su trabajo legítimo. Al terminar2011 aún no había comenzado la vista en la que lafiscalía debía presentar las pruebas contralos 12 encausados restantes.En abril, las autoridades de inmigración impidieronarbitrariamente a cuatro defensores de los derechoshumanos kenianos la entrada en Uganda, lesobligaron a firmar documentos de expulsión yordenaron su devolución a Kenia. Los cuatro habíanviajado junto con otras personas para asistir a unareunión prevista con las autoridades ugandesas paratratar el caso de Al Amin Kimathi (véase supra).Personas refugiadasy solicitantes de asiloLa posibilidad de que se pusiera fin a la proteccióninternacional de que gozaban las personas refugiadasy solicitantes de asilo ruandesas en Ugandaprovocaba que miles de personas vivieran con eltemor a ser devueltas a su país. No existían garantíasde que las personas refugiadas pudieran acceder aun procedimiento justo y satisfactorio en el que seexaminaran los temores que tuviesen en relación consu retorno.La prohibición de cultivar productos alimenticiosimpuesta en 2009 a los refugiados ruandeses quevivían en asentamientos de personas refugiadasseguía reduciendo en gran medida su acceso aalimentos en comparación con otras comunidadesde refugiados.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroEn enero, el activista David Kato fue asesinado en sudomicilio de Kampala. Había pedido a las autoridadesugandesas que pusieran fin a la discriminación, sobretodo la que se daba en los periódicos sensacionalistasque habían publicado nombres, imágenes y datospersonales de personas supuestamente lesbianas,gays, bisexuales o transgénero. En noviembre, lapersona acusada del asesinato de David Kato fuecondenada a 30 años de cárcel después dedeclararse culpable.El gobierno seguía guardando un llamativo silencioen relación con la retórica discriminatoria contralesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero.En enero, el Tribunal Superior dictó una históricasentencia que prohibía que los medios deUInforme 2012 Amnistía Internacional431

Ucomunicación publicaran los nombres de personasgays, lesbianas, bisexuales y transgénero.Al terminar el año el proyecto de ley contra laHomosexualidad de 2009, que afianzaría aún más ladiscriminación y daría lugar a otras violaciones dederechos humanos, continuaba pendiente en elParlamento. Se presentó para debate legislativo enmayo, pero el Parlamento no lo debatió, comotampoco otros proyectos de ley. Después de que enoctubre el nuevo Parlamento votara a favor de unamoción para mantener proyectos de ley que nohabían sido examinados por el Parlamento anterior, elproyecto de ley fue incluido para su examen.Pena de muerteLos tribunales civiles y militares seguían imponiendola pena capital por delitos punibles con la muerte. Deacuerdo con las estadísticas oficiales hechas públicasen septiembre, unas 505 personas –35 de ellasmujeres– estaban en espera de ejecución. No huboejecuciones.Un soldado del ejército ugandés fue declaradoculpable de asesinato y condenado a muerte enagosto por una corte marcial de campo ugandesa enel este de la República Centroafricana.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Uganda en abril, julio, agostoy noviembre. Uganda: Human rights concerns in the run-up to the February 2011general elections (AFR 59/004/2011) Uganda: Teargas and bullets used against peaceful protestors(AFR 59/008/2011) Uganda: A nine point human rights agenda (AFR 59/009/2011) Uganda: Investigate Use of Force against Protestors(AFR 59/012/2011) Uganda: Court’s decision a setback for accountability for crimescommitted in northern Uganda conflict (AFR 59/015/2011) Uganda: Stifling dissent: Restrictions on the rights to freedom ofexpression and peaceful assembly in Uganda (AFR 59/016/2011)URUGUAYREPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAYJefe del Estado y del gobierno: José Alberto Mujica CordanoPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:3,4 millonesEsperanza de vida:77 añosMortalidad infantil (‹5 años): 13,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:98,3 por cientoEn octubre, el Congreso aprobó una histórica ley paraabordar la impunidad por las violaciones de derechoshumanos cometidas durante el periodo de gobiernocívico-militar (1973-1985).Información generalAl finalizar el año, el Congreso tramitaba un proyectode ley para legalizar el matrimonio entre personas delmismo sexo.En septiembre, cinco marinos uruguayosdestacados en una misión de la ONU en Haití fueronacusados de abusos sexuales contra un haitianode 18 años, tras la divulgación por Internet de unasimágenes de vídeo del presunto incidente. Al finalizarel año proseguían las investigaciones en lasjurisdicciones militar y civil.ImpunidadEn febrero, la Corte Interamericana de DerechosHumanos ordenó a Uruguay que eliminara losobstáculos que bloqueaban las investigaciones y losenjuiciamientos por violaciones de derechos humanoscometidas durante los años de gobierno cívico-militar(1973-1985). La Corte declaró a Uruguayresponsable de la desaparición forzada, en 1976, deMaría Claudia García Iruretagoyena de Gelman, y delsecuestro de su bebé, María Macarena GelmanGarcía, y ordenó al Estado que realizaseinvestigaciones para aclarar el paradero de MaríaClaudia y hacer que los responsables comparecieranante la justicia. En octubre, un tribunal resolvióenjuiciar a cinco oficiales del ejército retirados, que yaestaban cumpliendo penas de prisión, por elhomicidio especialmente agravado de María ClaudiaGarcía Iruretagoyena de Gelman.En mayo, la Suprema Corte de Justicia concluyóque no se podía acusar a dos oficiales del ejércitoretirados de desaparición forzada porque este delito432 Informe 2012 Amnistía Internacional

no se incorporó a la legislación nacional hasta 2006y no podía aplicarse retroactivamente. En su lugar, losoficiales fueron declarados culpables de homicidiomuy especialmente agravado en relación con lamuerte de 28 personas, y condenados a 25 años deprisión. La preocupación por la posibilidad de queesta sentencia supusiera la prescripción deviolaciones graves de derechos humanos hizo que elCongreso aprobase en octubre una ley que, en lapráctica, anulaba los efectos de la Ley de Caducidadde la Pretensión Punitiva del Estado de 1986 (Ley deCaducidad) y revocaba las normas sobre prescripciónque habrían impedido que las víctimas presentaranquerellas.En junio, el presidente Mujica dictó un decreto querevocaba las decisiones de presidentes anterioressobre qué casos de presuntas violaciones dederechos humanos se podían investigar. Estasdecisiones se habían adoptado en virtud defacultades conferidas por la Ley de Caducidad queprotegían al personal policial y militar delenjuiciamiento por violaciones de derechos humanos.El decreto de junio suscitó la esperanza de que sereabrieran alrededor de 80 casos.En octubre se formularon denuncias en nombre demás de 150 sobrevivientes de la tortura.Condiciones de reclusiónEn mayo, el gobierno anunció que se iba a dejar derecluir a presos en las cabinas de acero conocidascomo “las latas” en el Penal de Libertad. Tras suvisita a Uruguay en 2009, el relator especial de laONU sobre la tortura había condenado lascondiciones de reclusión en estos módulos de acerocalificándolas de crueles e inhumanas.En julio, la Comisión Interamericana de DerechosHumanos expresó preocupación por varios defectosgraves del sistema penitenciario, como elhacinamiento, las infraestructuras inadecuadas y eluso generalizado de la prisión preventiva.Al finalizar el año, no se había creado aún elInstituto Nacional de Derechos Humanos yDefensoría del Pueblo, una de cuyas funciones eraimplementar el mecanismo preventivo nacionalprevisto en el Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la Tortura.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Uruguay en septiembre y octubre. Uruguay: Los crímenes de derecho internacional no están sujetos aprescripción (AMR 52/001/2011)UZBEKISTÁNREPÚBLICA DE UZBEKISTÁNJefe del Estado:Islam KarimovJefe del gobierno:Shavkat MirzioievPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:27,8 millonesEsperanza de vida:68,3 añosMortalidad infantil (‹5 años): 36,1 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:99,3 por cientoDos defensores de los derechos humanos fueronexcarcelados por motivos humanitarios antes decumplir íntegra la condena, pero otras personasconsideradas presos de conciencia continuaroncumpliendo largas penas de cárcel en condicionesque constituían trato cruel, inhumano y degradante.Pese a la aprobación de nueva legislación paramejorar el trato a las personas detenidas,continuaron recibiéndose decenas de denuncias detortura y otros malos tratos infligidos en centrosde detención y prisiones. Se impusieron másrestricciones aún a la libertad de expresión y deasociación.Libertad de expresión: defensoresy defensoras de los derechos humanosy periodistasLas autoridades continuaron imponiendorestricciones a la libertad de expresión y deasociación.En abril se comunicó a los periodistas que ya notenían permiso para reunirse con diplomáticos yrepresentantes de organizaciones extranjeras ni paraasistir a seminarios y conferencias de prensa sinprevia autorización por escrito de las autoridades. Untribunal de Tashkent condenó en julio al secretario deprensa de la embajada británica, el ciudadanouzbeko Leonid Kudryavtsev, al pago de una elevadaUInforme 2012 Amnistía Internacional433

Umulta por “contravenir las leyes sobre organizacionesconvocantes de reuniones, protestas callejeras ymanifestaciones”. El fiscal lo había acusado depromover el extremismo en seminarios de formaciónpara activistas independientes de derechos humanosen instalaciones de la embajada británica. En agosto,un tribunal de apelación desestimó el recurso deLeonid Kudryavtsev contra la sentencia.Como en años anteriores, los defensores de losderechos humanos y los periodistas independienteseran víctimas de acoso, palizas, detención y juiciosinjustos. Eran citados por la policía para serinterrogados, puestos bajo arresto domiciliario ysometidos a vigilancia constante por agentesuniformados o vestidos de civil. Algunos denunciaronpalizas a manos de agentes de policía o de personasque presuntamente trabajaban para las fuerzasde seguridad.Las autoridades pusieron en libertad a dosdefensores de los derechos humanos antes de quehubieran cumplido íntegra la condena, pero al menosotros 10 continuaron cumpliendo largas penas decárcel en condiciones que constituían trato cruel,inhumano y degradante. Muchos detenidos padecíanenfermedades graves y no tenían acceso altratamiento médico necesario, y algunos seguíansufriendo tortura como castigo por presentardenuncias sobre el trato recibido por ellos o suscompañeros. Norboi Kholzhigitov, de 61 años, defensor de losderechos humanos y preso de conciencia, fueexcarcelado antes de tiempo por razones humanitariasel 14 de octubre, pocos días antes de la visita oficial dela secretaria de Estado estadounidense Hillary Clinton.Su estado de salud había empeoradoconsiderablemente en los meses previos y su familiatemía que muriera en prisión. Khabibulla Akpulatov,compañero de Norboi Kholzhigitov y acusado junto conél, permaneció en prisión. Tras una visita que le hizo ennoviembre, su hijo Yuldosh informó de que su salud ysu ánimo eran peores que cuando lo había visto la vezanterior, en julio. Pesaba menos de 50 kilos, habíaperdido la sensibilidad en ambas piernas y teníadificultades para moverse. Aunque sólo le quedabanseis dientes, le negaban tratamiento dental. Parecíamuy angustiado y reacio a hablar del trato que recibía.En junio, las autoridades cerraron la oficina deHuman Rights Watch, última organizacióninternacional de derechos humanos que quedaba enel país. El Tribunal Supremo accedió a la petición delMinisterio de Justicia de cerrar la oficina por supresunto incumplimiento reiterado de la normativa, loque obligó a Human Rights Watch a suspender suactividad en el país.Tortura y otros malos tratosAunque las autoridades aseguraban que la prácticade la tortura se había reducido de manerasignificativa y que se había aprobado legislacióndirigida a mejorar el trato a los detenidos, continuórecibiéndose información durante todo el año sobrepresunta tortura y otros malos tratos a detenidos ypresos. En la mayoría de los casos, las autoridades nollevaron a cabo investigaciones prontas, exhaustivas eimparciales sobre estas denuncias.El presidente aprobó en septiembre una ley sobreel trato a las personas detenidas y en prisiónpreventiva. La nueva legislación les permitía, entreotras cosas, recibir un número ilimitado de visitas deduración indefinida de sus familiares y abogados sinnecesidad de solicitar previamente la autorización delos agentes de seguridad encargados de lainvestigación. Sin embargo, al final del año apenashabía indicios de que la ley se estuviera aplicando demanera coherente y efectiva.A pesar de que hubo algunas excarcelaciones a lasque se dio gran publicidad, varios miles de personascondenadas por vinculación a movimientos islámicoso partidos islamistas prohibidos, así como personascríticas con el gobierno, opositores políticos yactivistas de derechos humanos, continuaroncumpliendo largas penas de prisión en condicionesque constituían trato cruel, inhumano y degradante.A muchas se les aumentó la pena por presuntainfracción de las normas de conducta de la prisióntras juicios sumarios celebrados a puerta cerrada enlos centros de detención. Yusuf Juma, poeta crítico con el gobierno, fueliberado inesperadamente de la prisión de Yaslikel 19 de mayo tras haber cumplido tres de los cincoaños de cárcel a que había sido condenado por oponerresistencia a la detención y causar lesiones a variosagentes de policía, cargos que él afirmaba que teníanmotivación política. Lo condujeron en secreto alaeropuerto de Tashkent y lo embarcaron en un avióncon destino a Estados Unidos. Yusuf Juma afirmó quelo habían obligado a renunciar a su nacionalidaduzbeka a cambio de reunirse con su familia, a la que434 Informe 2012 Amnistía Internacional

habían concedido asilo político en Estados Unidos. Enuna entrevista con Radio Ozodlyk, servicio en uzbekode Radio Free Europe/Radio Liberty, sostuvo que habíasufrido tortura y otros malos tratos en prisión y que lohabían sometido periódicamente a 15 días deaislamiento en una celda de castigo. Según contó, elpersonal de la prisión y los agentes encargados dehacer cumplir la ley practicaban por sistema torturaspara obtener confesiones de los detenidos o castigar alos presos.Seguridad y medidas antiterroristasLas autoridades continuaron solicitando la extradiciónde miembros o presuntos miembros de movimientosislámicos y de grupos y partidos islamistas prohibidosen Uzbekistán en nombre de la seguridad nacional yregional y de la lucha contra el terrorismo. Laspersonas que eran objeto de devolución a Uzbekistáncorrían grave peligro de sufrir tortura y otros malostratos, así como largas penas de cárcel encondiciones crueles, inhumanas y degradantes trasjuicios injustos.Se supo que al menos 12 de 28 uzbekosextraditados en junio de Kazajistán (véase el apartadosobre Kazajistán) habían sido procesados por cargosde extremismo religioso y presunta pertenencia a laorganización islamista Jihadchilar (Yihadistas). Todoshabían sido recluidos en régimen de incomunicacióntras su extradición. Los observadores de derechoshumanos pensaban que estos hombres estaban en laprisión de Tashkent y corrían grave riesgo de tortura.También informaron de que las fuerzas de seguridadintimidaban a sus familiares y les impedían conocersu paradero.Tres de los hombres extraditados fueroncondenados a prisión en dos juicios distintoscelebrados en agosto y septiembre. El 21 de agosto,el tribunal regional de Sirdaria impuso 15 y 5 años decárcel a Akhmad Boltaev y Faizullakhon Akbarov,respectivamente, que en la vista de apelación seredujeron a 13 y 4 años. Fueron declarados culpablesde pertenecer a Jihadchilar, distribuir materiales queamenazaban el orden público y planear ladestrucción del orden constitucional de Uzbekistán.Ambos habían estado dos meses recluidos enrégimen de incomunicación y no habían podidoreunirse con sus familiares hasta después del juicio.No habían sido autorizados a contratar los serviciosde un abogado de su elección, y su acceso a losletrados de oficio había sido limitado. El 13 deseptiembre, el tribunal penal de distrito de Kibraiskcondenó a Kobidzhon Kurbanov a cuatro años decárcel por organizar reuniones religiosas ilegales.Escrutinio internacionalLa comunidad internacional, en concreto la UniónEuropea (UE) y Estados Unidos, tomó medidas paraincrementar la cooperación económica y en materiade seguridad con Uzbekistán, a pesar de lascontinuas y manifiestas violaciones de derechoshumanos cometidas en el país.El presidente Karimov visitó Bruselas el 24 deenero, en medio de sonadas protestas de lasorganizaciones de derechos humanos, para hablar decooperación económica y de seguridad con la UE y laOTAN. Era su primera visita oficial a Bruselas desdelas masacres de Andiyán de mayo de 2005 y laconsiguiente imposición de sanciones por parte de laUE. El presidente del Consejo Europeo, Herman VanRompuy, rehusó por “razones ideológicas” reunirsecon el presidente Karimov. José Manuel Barroso,presidente de la Comisión Europea, emitió uncomunicado de prensa en el que subrayaba quehabía planteado asuntos de derechos humanos alpresidente Karimov en la reunión celebrada entreambos. No obstante, la UE continuó sin tomarmedidas para exigir responsabilidades a Uzbekistánen relación con sus compromisos en materia dederechos humanos.Después de que el presidente contrajera enseptiembre nuevos compromisos en materia dereforma económica, política y democrática, elCongreso de Estados Unidos levantó las restriccionesimpuestas durante siete años a la ayuda militar aUzbekistán por razones de derechos humanos, parafacilitar la cooperación en el tránsito de suministrospara las tropas estadounidenses y de la OTAN en elvecino Afganistán.UInforme 2012 Amnistía Internacional435

VVENEZUELAREPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELAJefe del Estado y del gobierno:Hugo Chávez FríasPena de muerte: abolicionista para todos los delitosPoblación:29,4 millonesEsperanza de vida:74,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 17,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:95,2 por cientoLos defensores y defensoras de los derechoshumanos recibieron amenazas, y se siguieronformulando cargos por motivos políticos contradetractores del gobierno. Los mecanismos derendición de cuentas para garantizar la justicia opara disuadir con eficacia de cometer abusospoliciales continuaban siendo endebles. En elsistema penitenciario, cuyas condiciones eran dehacinamiento extremo, hubo episodios graves deviolencia que desembocaron en varias muertes.Información generalLa violencia delictiva y policial siguió siendo unproblema grave en las ciudades de Venezuela. Enmayo, el gobierno creó la Comisión Presidencial parael Control de Armas, Municiones y el Desarme, cuyocometido era abordar la proliferación de armaspequeñas que alimentaban la violencia. Ennoviembre, el presidente Chávez sacó a la calle a lastropas de la Guardia Nacional para atajar ladelincuencia violenta generalizada.Continuaron las protestas sociales. Solamente enseptiembre, el Observatorio de Conflictividad Socialvenezolano registró 497 protestas sobre diversascuestiones, como los derechos laborales y laseguridad pública.En octubre, la actuación de Venezuela en materiade derechos humanos fue sometida al examenperiódico universal de la ONU. Los Estadosexpresaron preocupación por varias cuestiones, comola independencia del poder judicial, las amenazas y elhostigamiento contra defensores y defensoras de losderechos humanos, las condiciones de reclusión, lalibertad de expresión y la impunidad.En octubre, el Tribunal Supremo de Justiciaincumplió sus obligaciones internacionaleslegalmente vinculantes al no acatar una sentencia dela Corte Interamericana de Derechos Humanos queordenaba levantar la prohibición de la candidaturaelectoral del político de la oposición Leopoldo López.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos defensores y defensoras de los derechoshumanos recibieron amenazas y fueron objeto deacusaciones infundadas por parte de autoridadesgubernamentales y de los medios de comunicaciónestatales. A las organizaciones de derechoshumanos les preocupaba la posibilidad de que sulabor se viera dificultada por la ausencia dedefinición de los “derechos políticos” en la Ley deDefensa de la Soberanía Política yAutodeterminación Nacional, aprobada por laAsamblea Nacional en diciembre de 2010. La Leyprohibía que las organizaciones que se considerabaque trabajaban por la defensa de derechos políticosreciban fondos internacionales. En junio, Humberto Prado Sifontes, director delObservatorio Venezolano de Prisiones, fue objeto deuna campaña de intimidación y amenazas de muertedespués de pedir al gobierno que abordasepacíficamente un motín en la prisión El Rodeo. Tras lasacusaciones formuladas contra él por ministros delgobierno y por los medios de comunicación oficiales,un blog publicó sus datos de contacto con una notaque decía: “Próximamente datos familiares […]para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital”. Su esposarecibió una llamada anónima en la que le dijeron queHumberto sería “el próximo en caer”.Policía y fuerzas de seguridadSiguieron recibiéndose informes sobre violaciones dederechos humanos cometidas por la policía, talescomo homicidios ilegítimos y torturas. La mayoría deestos abusos no se investigó debidamente, y apenashubo actuaciones judiciales. En mayo, dos encapuchados asesinaron a Juan JoséBarrios en Guanayén, estado de Aragua. Juan José erael séptimo miembro de la familia Barrios asesinado encircunstancias que indicaban la implicación demiembros de la policía estatal de Aragua. En enero,Néstor Caudi Barrios, que había presenciado laejecución extrajudicial de Narciso Barrios en 2003,sufrió lesiones permanentes tras ser tiroteado por doshombres que viajaban en motocicletas. Al finalizar elaño no se tenía conocimiento de ningún avance en lasinvestigaciones sobre estos ataques.436 Informe 2012 Amnistía Internacional

En enero, unos agentes del Cuerpo deInvestigaciones Científicas, Penales y Criminalísticasde Caracas amenazaron y golpearon a Daniel AntonioNúñez y a su hija de 16 años, Francis Daniela NúñezMartínez, aparentemente para intimidarlos a fin de queno declarasen como testigos de un tiroteo ocurridocerca de su casa. En febrero, la ex esposa y las hijas de corta edad delpolicía Johny Montoya fueron amenazadas de muerte.Johny Montoya había denunciado la crecientecorrupción del ex superintendente en jefe de la PolicíaMunicipal de Caracas.Represión de la disidenciaSe siguieron formulando cargos por motivos políticoscontra detractores del gobierno. En febrero, Rubén González, secretario general delSindicato Integral de Trabajadores de CVG FerromineraOrinoco (Sintraferrominera), fue declarado culpable devarios delitos, como incitación a delinquir yagavillamiento (conspiración), por organizar unahuelga en 2009, y fue condenado a siete años deprisión. Tres días después, el Tribunal Supremode Justicia ordenó su libertad condicional. En julio, un tribunal penal de Caracas declaró aOswaldo Álvarez Paz, miembro de un partido de laoposición y ex gobernador del estado de Zulia, culpablede difundir “información falsa” por criticar al gobiernoen unas declaraciones emitidas por Globovisión enmarzo de 2010. Álvarez fue condenado a dos años deprisión, aunque posteriormente el juez le permitiócumplir la pena en libertad condicional.Independencia del poder judicialLa independencia e imparcialidad del poder judicialsiguieron suscitando preocupación. En febrero, la jueza María Lourdes Afiuni, detenidaarbitrariamente en diciembre de 2009 tras conceder lalibertad provisional al banquero Eligio Cedeño, fuepuesta bajo arresto domiciliario. Llevaba más de un añoen prisión, donde había recibido amenazas y le habíandenegado la atención médica adecuada. La jueza Afiunise negó a entrar en la sala de audiencias como protestapor las violaciones del debido proceso. En diciembre, suarresto domiciliario fue prorrogado dos años más.Condiciones de reclusiónLa violencia seguía siendo endémica en las prisiones,aquejadas de hacinamiento crónico. En junio, losenfrentamientos entre bandas rivales en la prisiónEl Rodeo se saldaron con la muerte de alrededorde 27 reclusos.En julio, la ministra de Servicios Penitenciariosanunció unos planes para excarcelar al 40 por cientode la población penitenciaria con el fin de aliviar lasituación de hacinamiento. En noviembre amenazópúblicamente con destituir a los jueces quebloquearan sus planes de acelerar los juicios dedetenidos acusados de delitos menores. ElObservatorio Venezolano de Prisiones informó de queen 2010 sólo una cuarta parte de la poblaciónpenitenciaria cumplía condena; el resto de losreclusos estaban siendo juzgados, en espera de unaaudiencia preliminar o sometidos a investigación.Libertad de expresiónHubo nuevas restricciones a la libertad de expresión.En octubre, la Comisión Nacional deTelecomunicaciones (Conatel), organismo estatalregulador de los medios de comunicación, impusouna cuantiosa multa a Globovisión por vulnerar la Leyde Responsabilidad Social en Radio, Televisión yMedios Electrónicos. La emisora de televisión fueacusada de “apología al delito” y de promover “elodio por razones políticas” por su cobertura del motínen la prisión El Rodeo. Globovisión, cuyos periodistasya habían sufrido amenazas y ataques, y que eraobjeto de otras investigaciones administrativas, apelócontra esta última medida en noviembre. Al finalizarel año, la apelación estaba aún pendiente. Leocenis García, editor del semanario Sexto Poder,fue detenido en agosto acusado de “vilipendio afuncionario público y ofensa pública por razones degénero” en relación con la publicación, ese mismomes, de un artículo satírico que incluía un fotomontajecon imágenes de altos cargos femeninos del gobierno.Quedó en libertad condicional en noviembre.Violencia contra mujeres y niñasLa violencia contra las mujeres seguía siendogeneralizada. Pese a las medidas adoptadas en losúltimos años, las autoridades no habían elaboradoaún un plan de acción para abordar este tipo deviolencia, ni habían tomado medidas para aplicar elReglamento de la Ley Orgánica sobre el Derecho delas Mujeres a una Vida Libre de Violencia, de 2007.VInforme 2012 Amnistía Internacional437

VInformes y visitasde Amnistía Internacional Venezuela: Las garantías de los derechos humanos deben serrespetadas. Resumen de preocupaciones en materia de derechos humanos.Informe de Amnistía Internacional para el examen periódico universalde la ONU, marzo de 2011 (AMR 53/007/2011)VIETNAMREPÚBLICA SOCIALISTA DE VIETNAMJefe del Estado:Truong Tan Sang(sustituyó a Nguyen Minh Triet en julio)Jefe del gobierno:Nguyen Tan DungPena de muerte:retencionistaPoblación:88,8 millonesEsperanza de vida:75,2 añosMortalidad infantil (‹5 años): 23,6 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:92,8 por cientoSe siguió reprimiendo duramente la disidencia ycontinuaron las severas restricciones a la libertad deexpresión, asociación y reunión pacífica. Seperseguía a quienes criticaban las políticasgubernamentales, en especial cuando destacabanpor su activismo político o social. Se celebraron almenos 9 juicios de disidentes, en los que se juzgóa 20 personas. Se recurrió a ambiguas disposicionesdel Código Penal de 1999 para criminalizar ladisidencia política y social pacífica. El gobiernocontinuó censurando Internet; sin embargo, seregistró un aumento del uso de sitios de redessociales a medida que comenzaron a utilizarseherramientas para eludir la censura. Decenas depersonas consideradas presos de conciencia seguíanen prisión. Grupos étnicos y religiosos a los que seconsideraba opositores al gobierno continuaronsufriendo violaciones de derechos humanos. Segúninformación aparecida en los medios decomunicación, 23 personas fueron condenadas amuerte, y 5 ejecutadas, aunque se creía que lascifras reales eran superiores. Las estadísticasoficiales sobre la pena de muerte seguían siendoinformación clasificada.Información generalEn julio se formó un nuevo gobierno, y el primerministro fue elegido para un segundo mandato decinco años.Desde junio hasta agosto, las autoridadespermitieron una serie de protestas contra China en lacapital, Hanoi, al aumentar las tensiones conrespecto a la controvertida propiedad de las islasParacel y Spratly, en el mar de China Meridional.El relator especial de la ONU sobre el derecho detoda persona al disfrute del más alto nivel posiblede salud física y mental visitó Vietnam en diciembre.Pidió el cierre inmediato de los centros derehabilitación para personas que consumían drogas ytrabajaban en la industria del sexo, haciendoreferencia a la preocupación que suscitaban elinternamiento obligatorio y la aplicación detratamientos sin consentimiento.En diciembre, países donantes que asistían a lareunión de un grupo consultivo en Hanoi pidieron algobierno que mejorase su historial de derechoshumanos, y le advirtieron de que la continuarepresión de la disidencia amenazaba la credibilidadinternacional de Vietnam.Represión de la disidenciaContinuaron las severas restricciones a la libertad deexpresión y asociación, y los disidentes que criticabanlas políticas del gobierno eran objeto de una durarepresión. Quienes mayor peligro corrían eran losactivistas en favor de la democracia y las personasque pedían reformas o protestaban en relación concuestiones medioambientales, de derechos laboralesy sobre la tierra y de derechos de minorías étnicas yreligiosas. Las autoridades recurrieron a ambiguasdisposiciones del capítulo sobre seguridad nacionaldel Código Penal de 1999, en concreto a losartículos 79 (intención de “derrocar” al gobierno)y 88 (“difundir propaganda” contra el Estado), paracastigar la disidencia pacífica.Se celebraron al menos nueve juicios dedisidentes, en los que se juzgó a 20 personas.Al finalizar el año se detuvo y recluyó en prisiónpreventiva a más de 18 personas, incluidosal menos 13 activistas católicos que apoyabanal disidente Cu Huy Ha Vu. Cu Huy Ha Vu, defensor de los derechos humanos,jurista y ecologista, fue condenado en abril a siete añosde cárcel con arreglo al artículo 88 del Código Penal. Se438 Informe 2012 Amnistía Internacional

había querellado en dos ocasiones contra el primerministro; en una de ellas intentó detener un polémicoproyecto de explotación minera de bauxita, y en la otracuestionó la legalidad de la prohibición de emprenderacciones judiciales de grupo. En mayo, Tran Thi Thuy, el pastor Duong Kim Khai yotros cinco activistas en favor del derecho a la tierrafueron condenados a entre dos y ocho años de cárcelpor un tribunal de la provincia de Ben Tre. Se los habíaacusado de intentar “derrocar” al gobierno. Thuy habíahecho campaña pidiendo justicia social para losagricultores de la provincia. El pastor Khai dirigía lacongregación “Establo” de la iglesia menonita, y habíaayudado a los agricultores cuyas tierras habían sidoconfiscadas a presentar una petición a las autoridades.Presos de concienciaDecenas de presos de conciencia detenidos en añosanteriores continuaban cumpliendo largas condenasimpuestas en juicios sin las debidas garantías.Muchos estaban vinculados al movimiento en favorde la democracia Bloc 8406.Un reducido número de presos de concienciaquedó en libertad. La escritora disidente Tran KhaiThanh Thuy fue excarcelada en julio, antes definalizar su condena, tras acceder a exiliarse en elextranjero. Truong Quoc Huy, técnico de telefoníamóvil, quedó en libertad en diciembre, ocho mesesantes de concluir su condena de seis años de cárcel.El abogado de derechos humanos Nguyen Van Daisalió de prisión en marzo, tras haber cumplido sucondena de cuatro años. Los dos hombres quedaronbajo arresto domiciliario por un periodo de hastacuatro años. En julio, la policía volvió a detener al padre NguyenVan Ly, sacerdote católico y cofundador de Bloc 8406,que fue enviado de nuevo a la prisión de Ba Sao, en elnorte de Vietnam. A raíz de que sufriera un derramecerebral y se le diagnosticara un tumor cerebral, enmarzo de 2010 se había suspendido por 12 meses sucondena de ocho años de prisión. Las autoridadesafirmaron que lo habían encarcelado de nuevo pordistribuir folletos contra el gobierno mientras estaba enlibertad por razones médicas. El bloguero y periodista Nguyen Hoang Hai,conocido como Dieu Cay y cofundador del grupoindependiente Club de Periodistas Vietnamitas Libres,continuaba recluido, según informes, por “difundirpropaganda” contra el Estado. Las autoridadesrechazaron las reiteradas solicitudes presentadas porsu familia y su abogado para que se les permitieravisitarlo, y tampoco respondieron a las peticiones deinformación sobre su bienestar cuando un agente delas fuerzas de seguridad afirmó que Nguyen Hoang Haihabía “perdido un brazo”.Discriminación: grupos étnicosy religiososAgentes de las fuerzas de seguridad continuaronhostigando y vigilando de cerca a miembros degrupos étnicos y religiosos a los que considerabanopositores al gobierno. Continuaron las disputas sobrela propiedad de la tierra entre las autoridades localesy la iglesia católica; en algunos casos, agentes de lasfuerzas de seguridad hicieron un uso excesivo oinnecesario de la fuerza contra personas que semanifestaban pacíficamente. El patriarca supremo dela prohibida Iglesia Budista Unificada de Vietnamcontinuaba bajo arresto domiciliario de facto. Unnúmero indeterminado de miembros de las minoríasétnicas montagnard seguían encarcelados desde lasprotestas celebradas en 2001 y 2004 en las tierrasaltas centrales. En noviembre, la policía golpeó y detuvo al menosa 30 seguidores de Falun Gong que se manifestabanpacíficamente en el exterior de la embajada china enHanoi en protesta por el juicio a Vu Duc Trung y Le VanThanh, locutores de la emisora local de Falun Gong.Dos días después, éstos fueron condenados a dos ytres años de cárcel, respectivamente, porque laemisión llegaba ilegalmente a China, en donde FalunGong estaba prohibido. Nguyen Van Lia y Tran Hoai An, miembros de laiglesia budista Hoa Hao, fueron condenados endiciembre a cinco y tres años de cárcel,respectivamente, por “abusar de las libertadesdemocráticas para atentar contra los intereses delEstado”. Nguyen Van Lia, de 72 años, y Tran Hoai Anhabían informado a diplomáticos extranjeros sobre lasrestricciones a la libertad de religión y otras violacionesde derechos humanos.VInforme 2012 Amnistía Internacional439

YYEMENREPÚBLICA DE YEMENJefe del Estado:Alí Abdulá Salé(de junio a septiembre desempeñó sus funcionesel vicepresidente, Abd Rabu Mansur Hadi)Jefe del gobierno:Mohamed Salim Basindua(sustituyó a Alí Mohamed Muyauar en noviembre)Pena de muerte:retencionistaPoblación:24,8 millonesEsperanza de vida:65,5 añosMortalidad infantil (‹5 años): 66,4 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:62,4 por cientoFuerzas del gobierno y simpatizantes del presidenteAlí Abdulá Salé mataron a más de 200 personas enel contexto de manifestaciones masivas celebradaspara exigir reformas y la dimisión del presidente.Muchas personas murieron cuando se manifestabanpacíficamente, y miles más resultaron heridas. Lasprotestas se vieron avivadas por la ira de la poblaciónante el agravamiento de la pobreza, el desempleo y lacorrupción, y ante la respuesta represiva y brutal delgobierno. Las fuerzas de seguridad y quienessimpatizaban con el gobierno emplearon enreiteradas ocasiones munición real, granadaspropulsadas por cohetes y otros medios letales yfuerza excesiva contra manifestaciones pacíficas, asícomo durante enfrentamientos en los que laoposición al presidente recurrió también ala violencia. Las fuerzas de seguridad fueronresponsables de detenciones arbitrarias masivas,desapariciones forzadas y tortura y otros malostratos. Los medios de comunicación y su personalfueron objeto de constantes ataques. Las mujeres ylas niñas siguieron estando gravementediscriminadas. Muchas mujeres desempeñaron unpapel fundamental en las protestas, y algunas fuerondetenidas, golpeadas u hostigadas a causa de ello.Se aprobaron nuevas condenas de muerte, y almenos 41 personas fueron ejecutadas. Fuerzas delgobierno y de Estados Unidos atacaron y mataron apresuntos miembros de Al Qaeda; en los ataquesmurieron también civiles.Información generalEn enero, el gobierno propuso una reforma de laConstitución que permitía al presidente Salé, en elpoder desde 1978, presentarse para su reelección deforma indefinida. La propuesta desencadenóprotestas generalizadas, entre ellas una granmanifestación en Saná, la capital, el 22 de enero. Aldía siguiente se celebraron nuevas protestas tras ladetención de Tawakkol Karman, presidenta de laONG Mujeres Periodistas sin Cadenas, que quedó alpoco tiempo en libertad bajo fianza y, en octubre, fueuna de las tres mujeres galardonadas con el premioNobel de la Paz. Las fuerzas de seguridadrespondieron con violencia a las manifestaciones,que, no obstante, crecieron y se propagaron a Adén ya otras ciudades, a la vez que comenzaba a pedirseen ellas la destitución del presidente y de sugobierno.Por su parte, el presidente Salé declaró el 2 defebrero que dejaría el cargo en 2013, cuandoterminara su mandato, e inició conversaciones con elComité Conjunto de Partidos, coalición formada porseis partidos de oposición. Esta medida, lejos dedetener las protestas, las avivó aún más. Al díasiguiente, cuando se manifestaron los estudiantes yactivistas de la Juventud de la Revolución, las fuerzasde seguridad empezaron a utilizar medios letalescontra los manifestantes tanto en Saná como enotros lugares.Varias personas perdieron la vida a mediados defebrero durante las manifestaciones masivas quetuvieron lugar en diversas localidades. En lascercanías de la Universidad de Saná y en Taiz semultiplicaron las sentadas y los campamentos deprotesta, levantados en plazas que pronto adoptaronel nombre de Al Tahgyeer (el Cambio). El 23 defebrero, nueve parlamentarios del partido delgobierno dimitieron en señal de protesta por laviolencia ejercida por las fuerzas del gobierno contralos manifestantes.Según informes, el 28 de febrero el presidente Salépropuso formar un gobierno de unidad nacional queincluyera a miembros de la oposición, pero ésta exigióantes de nada que dimitiera, y propuso un plan detransición según el cual debía hacerlo antes deconcluir el año. El presidente Salé rechazó el plan, yla crisis se agravó radicalmente el 18 de marzo,cuando francotiradores del gobierno dispararoncontra el campamento de protesta de la “plaza delCambio” de Saná y mataron al menosa 52 manifestantes. Varios ministros y funcionariosdel Estado dimitieron en señal de condena, y el440 Informe 2012 Amnistía Internacional

general al mando de la Primera Brigada del ejércitoanunció que, a partir de ese momento, él y sushombres apoyarían a los manifestantes. El presidenteSalé disolvió el gobierno, anunció la formación de ungobierno provisional e impuso durante 30 días elestado de excepción, que el Parlamento aprobóel 23 de marzo. De esta forma, la Constitución quedósuspendida, se endureció la censura de los mediosde comunicación y se ampliaron los poderes de lasfuerzas de seguridad para efectuar detenciones yprohibir las protestas populares.El Consejo de Cooperación para los Estados Árabesdel Golfo Pérsico medió entre el presidente Salé y susopositores. El 23 de abril, el presidente afirmó queaceptaba la propuesta del Consejo de renunciar a lapresidencia en el plazo de 30 días y permitir laformación de un gobierno de unidad nacional, que asu vez les otorgaría inmunidad de procesamiento a ély a sus allegados. Sin embargo, posteriormente senegó en reiteradas ocasiones a firmar el acuerdo, amedida que aumentaban los choques entre susfuerzas y miembros armados de tribus que sedeclararon hostiles a él o islamistas armados,presuntamente vinculados a Al Qaeda en la PenínsulaArábiga, que se hicieron con el control de partes de laprovincia de Abyan.El 3 de junio, el presidente Salé resultó gravementeherido en un atentado contra el palacio presidencialque dejó varios muertos y heridos. Fue trasladado aArabia Saudí para recibir tratamiento médico, por loque el vicepresidente ocupó su lugar. La oposiciónformó en agosto una alianza llamada ConsejoNacional de Fuerzas Revolucionarias, que, sinembargo, se dividió al poco tiempo. La situaciónalcanzó un estado de tenso estancamiento, en el quese producían constantemente enfrentamientosarmados; un equipo de investigación enviado por laalta comisionada de la ONU para los DerechosHumanos identificó graves violaciones de derechoshumanos y pidió una investigación internacional yrendición de cuentas.El 23 de septiembre, el presidente Salé volvió alpaís, lo que desencadenó manifestaciones masivastanto en su favor como en su contra.El 21 de octubre, el Consejo de Seguridad de laONU condenó la persistencia de la violencia enYemen e instó al presidente Salé a abandonar elpoder, de conformidad con el acuerdo propuesto porel Consejo de Cooperación para los Estados Árabesdel Golfo Pérsico. El 23 de noviembre, el presidentefirmó dicho acuerdo, por el que cedía el poder alvicepresidente, que debía a su vez designar un nuevoprimer ministro que presidiera un “gobierno dereconciliación nacional” y celebrara eleccionespresidenciales en el plazo de 90 días. Comocontrapartida, se concedía al presidente Salé y a suscolaboradores inmunidad por los delitos cometidosdurante su mandato. Transcurridas dos semanas, senombró nuevo primer ministro a un miembro de laoposición y se constituyó un gobierno nacional en elque estaban representados tanto el partido delgobierno anterior como la oposición. Las protestascontinuaron, esta vez en contra del presunto acuerdode inmunidad.En 2011 también se produjeron enfrentamientosarmados en el norte y el sur del país, que tuvieroncomo consecuencia el desplazamiento de civiles. Enel norte, a finales de marzo la provincia de Sadaquedó en la práctica bajo el control de los rebeldeshuthis, quienes, según se supo, se hicieron másadelante también con el control de parte de otrasprovincias. En la meridional provincia de Abyan, lasfuerzas del gobierno se enfrentaron a islamistasradicales armados. También se produjeronenfrentamientos armados en Saná y en Taiz entre lasfuerzas de seguridad y tribus armadas y desertoresdel ejército, que habían manifestado su intención deproteger a los manifestantes. Muchas personasmurieron durante los enfrentamientos, algunas aconsecuencia de intensos bombardeos de las fuerzasdel gobierno.La situación humanitaria, de por sí grave, adquirióproporciones de crisis cuando la población yemení sevio obligada a soportar severos recortes de agua y deotros productos básicos, crecientes tasas dedesempleo, un costo de la vida cada vez más elevado yrestricciones en el suministro de electricidad y petróleo.Uso excesivo de la fuerzaEn el marco de las manifestaciones pacíficas contra elgobierno y durante los enfrentamientos de algunaspartes del país, las fuerzas de seguridad hicieron usoexcesivo y desproporcionado de la fuerza, incluidosmedios letales. Emplearon munición real, gaslacrimógeno, porras, pistolas eléctricas paralizantes ychorros de agua contaminada. Francotiradoresapostados en tejados y hombres armados quedisparaban desde el suelo atacaron en repetidasYInforme 2012 Amnistía Internacional441

Yocasiones a manifestantes pacíficos. Las fuerzas deseguridad atacaron también a los manifestantescuando eran especialmente vulnerables –en plenanoche y durante la oración–, mientras que hombresarmados vestidos de civil y conocidos como baltagi(“matones”) atacaban a quienes se manifestabancontra el gobierno con porras y armas de fuego, amenudo en presencia de las fuerzas de seguridad ycon su consentimiento. Todas estas agresiones contramanifestantes se perpetraban casi con totalimpunidad: las autoridades anunciaroninvestigaciones sobre algunos homicidios, pero éstasno fueron independientes ni dieron resultados claros. El 25 de febrero, en Adén, las fuerzas de seguridadabrieron fuego desde vehículos blindados contramanifestantes y atacaron casas en las quesospechaban que se habían refugiado manifestantes,matando a unas 12 personas, 2 de ellas en su propiodomicilio. Asimismo, según informes, impidieron quese trasladara a los heridos al hospital. El 4 de marzo, en la localidad de Harf Sufyan,perteneciente a la septentrional gobernación deAmran, los soldados de un puesto militar dispararoncontra manifestantes que abandonaban la zona enautomóviles, con el resultado, según la informaciónrecibida, de dos muertos y varios heridos. El 18 de marzo, en el centro de Saná, francotiradorespertenecientes presuntamente a las fuerzas deseguridad dispararon desde las azoteas de los edificioscontra el campamento de protesta tras la oración delviernes, al tiempo que desde la calle las fuerzas deseguridad abrieron también fuego, dando así lugar a loque rápidamente se conocería como “ViernesSangriento”. Al menos 52 manifestantes murieron aconsecuencia de los disparos, y cientos más resultaronheridos. El presidente emitió una disculpa pública, peronegó que la policía fuera responsable. Según la Oficinadel Alto Comisionado de la ONU para los DerechosHumanos, como resultado de una investigación oficialsobre los acontecimientos del 18 de marzo sepresentaron cargos contra 78 personas, pero no estabaclaro si entre ellas había miembros de las fuerzas deseguridad. Las autoridades ofrecieron indemnizacionesa las familias de algunas de las víctimas. El 29 de mayo, las fuerzas de seguridad abrieronfuego en Taiz contra un campamento de protesta y unimprovisado hospital de campaña, dejando, segúninformes, no menos de 12 muertos, tras lo cualarrasaron y quemaron el campamento. El 24 de junio, en Adén, soldados respaldados portanques mataron a tiros a Jiyab Ali al Saadi, hijo de unode los líderes del Movimiento del Sur, cuando, deacuerdo con la información recibida, les instaba aabstenerse de disparar contra quienes asistían alfuneral de Ahmed al Darwish, muerto bajo custodia enjunio de 2010, según informes tras haber sidotorturado. Entre el 18 y el 22 de septiembre, las fuerzas deseguridad emplearon a francotiradores y dispararongranadas propulsadas por cohetes contramanifestantes que pedían la dimisión del presidenteSalé, a consecuencia de lo cual murieron decenas depersonas y cientos más resultaron heridas.Detenciones arbitrariasy desapariciones forzadasCientos de personas fueron detenidas de formaarbitraria en relación con las protestas, sumándoseasí a las que ya estaban recluidas, algunas de ellasdesde mucho antes de que empezaran las protestas.En junio y julio, una delegación de la ONU queconsiguió acceder a una prisión de Saná dirigida porlos servicios de Seguridad Política comprobó quehabía en ella ciudadanos yemeníes y extranjeros quellevaban meses o incluso años recluidos sin cargos nijuicio o sin haber comparecido ante un juez. Abdul Hakim Ahmed al Hatami, Nabil Mowqahu yMohammed al Zubayri fueron detenidos en una callede Saná el 23 de noviembre y recluidos durante nuevedías en régimen de incomunicación antes de sertrasladados a una comisaría de policía. Abdul HakimAhmed al Hatami fue obligado a comprometerse porescrito a no participar en más protestas y salió enlibertad el 7 de diciembre. Nabil Mowqahu yMohammed al Zubayri quedaron en libertad unos díasdespués. Hassan Baoom, de 71 años y miembro destacadodel Movimiento del Sur, fue detenido el 20 de febrerocuando recibía tratamiento hospitalario en Adén.Permaneció recluido en régimen de incomunicaciónhasta el 7 de diciembre, fecha en que quedó enlibertad sin cargos.Seguridad y medidas antiterroristasTanto el gobierno yemení como las fuerzasestadounidenses llevaron a cabo operaciones deseguridad contra presuntos miembros de Al Qaeda,sobre todo en la provincia de Abyan, en las que442 Informe 2012 Amnistía Internacional

ecurrieron a ataques aéreos y otros medios y, enalgunos casos, causaron muertos y heridos entre lapoblación civil. En junio se tuvo noticia de dos ataques llevados acabo en Abyan por las fuerzas estadounidenses convehículos aéreos no tripulados, reactores o aviones deambos tipos y en los que hubo civiles entre los muertosy heridos. El 30 de septiembre, en un ataque realizado en laprovincia de Al Yauf, según trascendió, por un vehículoaéreo no tripulado y un avión de combateestadounidenses, murieron cuatro personas, entreellas el clérigo Anwar al Awlaki, nacido en EstadosUnidos y presunto miembro de Al Qaeda, acusado dehaber participado en el intento de hacer estallar unavión civil de pasajeros sobre la ciudad estadounidensede Detroit en diciembre de 2009.Aviones de combate del gobierno atacaron enmayo la ciudad meridional de Zinyibar, de la que sehabían apoderado radicales islamistas, que ocupabanlos bancos y un recinto del gobierno y, según sesupo, cometían abusos contra los derechos humanos.El 11 de septiembre, las autoridades anunciaron queel ejército había recuperado la mayor parte de laciudad, tras más de tres meses de combates en losque al parecer murieron 230 soldados y 50 miembrosde tribus locales.Libertad de expresiónEl gobierno endureció el control sobre la libertad deexpresión y persiguió a periodistas y medios decomunicación considerados críticos con el presidenteSalé. Durante los disturbios, muchos periodistas ytrabajadores de los medios de comunicación fueronvíctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento,amenazas o encarcelamiento, y la libertad de prensay de expresión se vio gravemente socavada porlas restrictivas leyes de prensa y por la represiónde las fuerzas de seguridad. Varios periodistasextranjeros fueron atacados o expulsados de Yemen.Se tuvo noticia del secuestro de decenas depublicaciones, y de la intervención o suspensión depáginas web. Algunos periodistas de medios decomunicación estatales fueron despedidos cuando sesumaron a las protestas contra el gobierno.En febrero, el reportero Abdullah Ghorab y elcámara Mohammed Omran, de la BBC, fueronagredidos por simpatizantes de un alto cargo públicocuando cubrían las protestas contra el presidente Salé. Según la información recibida, el 18 de marzo,cuando las fuerzas del gobierno atacaron a losmanifestantes en Saná, un periodista murió, mientrasque otros sufrieron lesiones, fueron detenidos oamenazados o perdieron su material de trabajo, que lesfue confiscado. El 24 de marzo, las autoridades clausuraron laoficina local de la cadena de televisión Al Yazira yretiraron las autorizaciones de trabajo a sus reporterosa consecuencia de la información de este medio sobrelos homicidios de manifestantes del “ViernesSangriento”. En mayo, las oficinas de Saná de la agencia estatalde noticias Saba y de Suhail TV, propiedad deun destacado opositor del gobierno, sufrieron gravesdaños durante enfrentamientos armados entresimpatizantes y adversarios del presidente Salé.También se supo que el Ministerio de Comunicaciónhabía inhabilitado ciertos servicios de Sabafone, red detelecomunicaciones perteneciente al propietario deSuhail TV. Abdul Ilah Haydar Shayi, periodista autónomoespecializado en antiterrorismo y detenido en agostode 2010, continuó en prisión pese a que, según lainformación recibida, el presidente Salé habíaordenado su liberación el 1 de febrero. Inicialmentehabía estado recluido en régimen de incomunicación,cuando al parecer lo habían golpeado brutalmente, yluego había comparecido ante el Tribunal PenalEspecial de Saná, que lo condenó a cinco años deprisión en enero de 2011. Parecía ser preso deconciencia.Tortura y otros malos tratosSe recibieron nuevas denuncias de tortura y otrosmalos tratos a detenidos por parte de las fuerzas deseguridad. Según la información recibida, losmétodos más comunes eran palizas, descargaseléctricas, quemaduras de cigarrillos y suspender a lapersona por las extremidades, a menudo duranteperiodos prolongados. En febrero trascendió que, en la prisión de losservicios de Seguridad Política de Saná, los guardiashabían golpeado y recluido en régimen de aislamientoa reclusos, incluidos presuntos miembros osimpatizantes de Al Qaeda, que se habían declaradoen huelga de hambre para protestar por su prolongadareclusión sin cargos ni juicio, los malos tratos y lanegación de la debida atención médica. Al parecer, aYInforme 2012 Amnistía Internacional443

Yconsecuencia de las palizas, al menos 10 reclusosnecesitaron tratamiento hospitalario. También se supo que agentes de los servicios deSeguridad Central habían propinado en repetidasocasiones patadas, golpes y latigazos a Mustafa AbduYahya al Nahari, a quien habían recluido durante unasemana en un lugar secreto tras haberlo detenido en sudomicilio el 14 de noviembre. Con los ojos vendados entodo momento, lo habían interrogado en relación conlas manifestaciones y obligado a firmar un documentosin conocer su contenido. Posteriormente, loabandonaron en una calle, aún con los ojos vendados.Penas crueles, inhumanas o degradantesMientras los islamistas radicales controlaron Zinyibaraplicaron una interpretación estricta de la sharia (leyislámica), y en septiembre se supo que habíanamputado las manos a dos hombres acusados derobo, uno de los cuales murió a consecuencia de ello.Derechos de las mujeresLas mujeres y las niñas seguían estando gravementediscriminadas en la ley y en la práctica, sobre todo enzonas rurales. No obstante, las mujeres desempeñaronun papel importante, a veces de liderazgo, en lasmanifestaciones contra el gobierno, por lo que, el 15de abril, el presidente Salé condenó públicamentecomo “contraria al islam” la mezcla de hombres ymujeres en las manifestaciones. Como respuesta, milesde mujeres se manifestaron para desafiar así lo queconsideraban un intento del presidente de restringir suderecho a la libertad de expresión y a participar en losasuntos públicos. Las mujeres activistas y periodistaseran perseguidas por las fuerzas de seguridad y porsimpatizantes del gobierno, que las sometían ahostigamiento, detención y, en algunos casos, palizaspor participar en manifestaciones. Algunas eranamenazadas a través de sus familiares, por ejemploordenando a sus familiares varones que las controlarany que reprimieran su activismo. Según la información recibida, tras la detención deTawakkol Karman en enero, su hermano recibió unallamada telefónica en la que lo conminaron amantenerla confinada en casa, ya que, de lo contrario,“quienes debilitaran el látigo de la obedienciamorirían”. El 9 de octubre decenas de mujeres resultaronheridas al ser agredidas por simpatizantes del gobiernocuando participaban en una marcha en Taiz paracelebrar la concesión del Premio Nobel de la Paz aTawakkol Karman.Personas refugiadasy solicitantes de asiloYemen continuaba albergando a más de 200.000refugiados africanos, la mayoría somalíes. Además, apartir de agosto empezaron a llegar más a causa de lasequía, los conflictos y la inseguridad política.Soportaban duras condiciones, agravadas por lacreciente crisis política, económica y humanitaria deYemen, y muchos de ellos se manifestaron ante lasoficinas del ACNUR, la agencia de la ONU para losrefugiados. En julio, el ACNUR cerró durante varios días susoficinas de Saná, tras haberse producidoenfrentamientos entre la policía y cientos de refugiadoseritreos y de otras nacionalidades, que habíanacampado ante ellas para exigir su reasentamiento,habida cuenta de la inestable situación en Saná.Pena de muerteAl menos 29 personas fueron condenadas a muerte,y como mínimo 41 fueron ejecutadas; las cifras realespodían ser considerablemente superiores. Cientos depersonas permanecían condenadas a muerte. Yasser Ismail y cuatro familiares suyos varones, deentre 20 y 30 años, corrían peligro de ser ejecutados,tras haber confirmado el Tribunal de Apelación y elTribunal Supremo las condenas que se les habíanimpuesto en 2006 por asesinato. Ahmed Omar al Abbadi al Markashi corría peligro deser ejecutado tras haber confirmado el Tribunal deApelación su condena de muerte en junio. Guardia deseguridad en el domicilio, en Saná, de HishamBashraheel, redactor jefe del periódico Al Ayyam, habíasido declarado culpable de asesinato en junio de 2010,a causa de un incidente ocurrido en 2008, cuando alhaber empezado a disparar contra la casa del periodistaun grupo de hombres armados, uno de ellos murió aconsecuencia de los disparos de respuesta de losguardias de seguridad. Su juicio fue injusto.Informes y visitasde Amnistía Internacional El gobierno rechazó las solicitudes de Amnistía Internacional paravisitar Yemen en 2011. Yemen: Amenazada activista de los derechos humanos. TawakkolKarman (MDE 31/003/2011)444 Informe 2012 Amnistía Internacional

El momento de la verdad para Yemen (MDE 31/007/2011) Acuerdo de “inmunidad” empaña la transición en Yemen(PRE01/591/2011)ZIMBABUEREPÚBLICA DE ZIMBABUEJefe del Estado y del gobierno:Robert MugabePena de muerte:retencionistaPoblación:12,8 millonesEsperanza de vida:51,4 añosMortalidad infantil (‹5 años): 89,5 por cada 1.000Población adulta alfabetizada:91,9 por cientoLa discordia y la desconfianza en el seno delgobierno de unidad nacional seguían menoscabandoel cumplimiento de objetivos clave del AcuerdoPolítico Global. Esta situación ocasionó gravesdemoras, tanto en la redacción de una nuevaConstitución como en la aplicación de las reformaselectorales y en materia de seguridad y medios decomunicación establecidas en la hoja de ruta quedebía conducir a la celebración de elecciones.Continuaba la presión ejercida por elementospertenecientes a las fuerzas de seguridad sobre losdos partidos del Movimiento por el CambioDemocrático (MDC) al ordenar la detención demiembros destacados de los partidos o perturbar demanera ilegítima el desarrollo de sus actividadespolíticas. Se detuvo, recluyó y torturó bajo custodiapolicial a defensores y defensoras de los derechoshumanos, sobre todo tras las protestas en OrienteMedio y el norte de África. La policía seguíaactuando de manera partidista, y no tomaba medidascontra los miembros del partido del presidenteMugabe, la Unión Nacional Africana deZimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF) cuandohostigaban, intimidaban o propinaban palizas asupuestos opositores políticos.Información generalEl gobierno de unidad nacional no completó elproceso para el establecimiento de una nuevaConstitución, que acumulaba una demora de más deun año respecto al calendario previsto. Esto se debíasobre todo a la inadecuada financiación del procesoconstitucional y a las disputas entre los partidos queintegraban el gobierno de unidad. La Unión NacionalAfricana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF)seguía oponiendo resistencia a las reformas en elsector de la seguridad y en los medios decomunicación que se habían acordado como partedel Acuerdo Político Global, firmado por los trespartidos principales en septiembre de 2008 y quecondujo a la creación del gobierno de unidad enfebrero de 2009. El 24 de noviembre, la Autoridad deRadiodifusión de Zimbabue concedió licencias deemisión comerciales a Zimbabwe Newspapers Groupy a AB Communications, empresas controladas por elEstado. Se consideraba que ambas eran afines a laZANU-PF.La Comunidad para el Desarrollo del África Austral,a través del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma,siguió mediando entre la ZANU-PF y los dos partidospolíticos del Movimiento por el Cambio Democrático(MDC), que acordaron una hoja de ruta electoral. Sinembargo, la aplicación de los acuerdos se viodificultada de nuevo por el recelo y la desconfianzaen los niveles más elevados del gobierno. En junio, elgeneral de brigada Douglas Nyikayaramba causóalarma al hacerse eco el periódico Herald, controladopor el Estado, de unas declaraciones suyas en lasque decía que la ZANU-PF y las fuerzas de seguridaderan una misma cosa y que el primer ministro,Morgan Tsvangirai, era una amenaza para laseguridad.El 31 de marzo, la Troika del Órgano sobre Política,Defensa y Cooperación para la Seguridad de laComunidad para el Desarrollo del África Austral pidióel fin de la violencia en Zimbabue, incluidas lasdetenciones y la intimidación de opositores políticosde la ZANU-PF.Las declaraciones relativas a unas posibleselecciones en 2011, sobre todo por parte delpresidente Mugabe y de miembros de la ZANU-PF,aumentaron las tensiones en las comunidades ruralesy suburbanas más afectadas por la violencia quehabía estallado en 2008 fomentada por el Estado.Salieron a la luz casos de hostigamiento eintimidación por parte de partidarios de la ZANU-PFcontra presuntos opositores. En algunas zonas, estodesembocó en enfrentamientos entre los partidos. Sinembargo, daba la impresión de que la policía sólodetenía a quienes se oponían a la ZANU-PF, lo queZInforme 2012 Amnistía Internacional445

Zprovocaba la sensación de que los partidarios de estaorganización estaban por encima de la ley.Durante los preparativos del congreso del partidoMovimiento por el Cambio Democrático de MorganTsvangirai (MDC-T), celebrado en Bulawayo en abril,algunos miembros del partido estuvieron implicadosen enfrentamientos violentos mientras competíanpara obtener cargos. Se tuvo noticia deenfrentamientos en el seno del MDC-T en lasprovincias de Manicaland, Masvingo, Bulawayo yMidlands durante los congresos provinciales.Libertad de expresión, asociacióny reuniónLa policía usó la Ley de Orden Público y Seguridadpara menoscabar las actividades políticas de los dospartidos del MDC. Durante todo el año siguióinterfiriendo en sus actividades, obstaculizando susreuniones o absteniéndose de actuar cuandopartidarios de la ZANU-PF intentaban perturbar eldesarrollo de sus reuniones. En algunos casos, lapolicía usó fuerza excesiva, o amenazó con la fuerza,para obstaculizar la celebración de reuniones delMDC que habían sido aprobadas por los tribunales; lapolicía no puso trabas a ninguna reunión de laZANU-PF. En los casos de violencia entre partidos, lapolicía rara vez detenía a partidarios de la ZANU-PF.Chipangano, banda vinculada a la ZANU-PF,cometió abusos contra los derechos humanos contotal impunidad en su base de Mbare y en otraszonas de Harare. El 23 de julio, miembros de labanda invadieron el edificio del Parlamento,perturbaron el desarrollo de una audiencia públicarelacionada con el Proyecto de Ley sobre la Comisiónde Derechos Humanos de Zimbabue y golpearon avarias personas, entre ellas un parlamentario y unperiodista. No se practicó ninguna detención a pesarde la presencia de la policía. En octubre, enMarondera y Mutare, grupos de partidarios de laZANU-PF perturbaron el desarrollo de las consultaspúblicas del Parlamento sobre el Proyecto de Ley deReforma Electoral, lo que causó demoras adicionalesen el proceso de reforma electoral. El 21 de enero, Amnistía Internacional fue testigo decómo partidarios de la ZANU-PF que se manifestabanante el ayuntamiento de Harare golpeaban a variaspersonas en presencia de la policía antidisturbios.Golpearon a un estudiante de secundaria por tomar unafotografía y golpearon y desnudaron a una joven quevestía una camiseta del MDC-T. Los dos agredidossufrieron lesiones graves y necesitaron tratamientomédico. La policía no intervino para detener la violencia. En febrero, 23 residentes de poblados del distrito deNyanga, provincia de Manicaland, y DouglasMwonzora, parlamentario del MDC-T por esacircunscripción, fueron detenidos y recluidos bajocustodia. Se los acusó de violencia pública tras losenfrentamientos entre miembros de la ZANU-PF y delMDC-T. No se detuvo a ningún miembro de laZANU-PF. A los 24 detenidos se les concedió la libertadbajo fianza, pero la fiscalía recurrió al artículo 121 de laLey de Pruebas y Procedimiento Penal para suspenderla orden de libertad bajo fianza, y prolongó la reclusiónpor siete días más. El artículo 121 de la Ley de Pruebasy Procedimiento Penal se había utilizado en el pasadopara prolongar la reclusión de presuntos opositores dela ZANU-PF. El 10 de julio, el profesor Welshman Ncube, líder delMDC, el más pequeño de los dos partidos de lacoalición MDC, y varios miembros de las ejecutivas delpartido fueron detenidos en Hwange tras dárseles elalto en un control policial. Quedaron en libertad sincargos al cabo de un par de horas. La policía de la provincia de MatabelelandiaSeptentrional impidió dos concentraciones del MDC-Ten Lupane y Victoria Falls, los días 29 y 30 de octubre,respectivamente. En ambos actos iba a intervenirMorgan Tsvangirai. El 6 de noviembre, unos seguidores de la ZANU-PFdesbarataron una concentración que el MDC-T teníaprevisto celebrar en el estadio Chibuku, en la ciudad deChitungwiza, y presuntamente atacaron a losparticipantes. Estalló la violencia y el acto fuesuspendido. La policía, a la que se había notificado lacelebración de la concentración, estaba presente perono practicó ninguna detención. Después de esteincidente, los portavoces de la policía afirmaron que nohabría presencia policial en las actividades políticas delMDC-T, lo cual impedía en la práctica a esta formacióncelebrar concentraciones porque preocupaba laseguridad de los asistentes. Sin embargo,posteriormente sí hubo presencia policial en unaconcentración del MDC-T convocada en el mismoestadio, de modo que fue posible celebrarla.Detención y reclusión arbitrariasPersistieron las detenciones por motivos políticos demiembros destacados de los partidos del MDC.446 Informe 2012 Amnistía Internacional

También se detuvo a decenas de partidarios del MDC,y algunos pasaron meses bajo custodia por cargos demotivación política. Desde hacía años, lasdetenciones de este tipo concluían en la absolución oen la retirada de los cargos. El 10 de marzo, el ministro de Energía y DesarrolloEnergético, Elton Mangoma, del partido MDC-T, fuedetenido por cargos falsos de corrupción. Un tribunallo absolvió más tarde. El 14 de abril, Moses Mzila, ministro para laReconciliación Nacional y miembro del MDC, fuedetenido por no haber notificado presuntamente a lapolicía una reunión celebrada la víspera en Lupane,Matabelelandia Septentrional. Ese mismo día, unsacerdote católico, el padre Marko Mabutho Mnkandla,fue detenido por celebrar una misa en memoria de lasvíctimas y los supervivientes del Gukurahundi, lasatrocidades cometidas por las fuerzas de Seguridad delEstado en Matabelelandia en la década de 1980. En junio, Jameson Timba, ministro de Estado en elgabinete del primer ministro, fue detenido tras escribirpresuntamente en un periódico local que el presidenteMugabe había mentido en relación con los resultadosde la cumbre de la Comunidad para el Desarrollodel África Austral celebrada en Johannesburgo esemismo mes. Más de 25 personas fueron detenidas en relacióncon un incidente ocurrido en Glen View, Harare,el 29 de mayo, cuando un agente de policía, PetrosMutedza, fue golpeado hasta morir por unamuchedumbre. Sin llevar a cabo verdaderasinvestigaciones, la policía hizo públicas declaracionesen las que culpaba a partidarios del MDC-T, y tomómedidas represivas contra los simpatizantes del partidoen la zona. Algunos detenidos fueron torturados bajocustodia policial. A siete se les denegó la libertad bajofianza y al final del año seguían en prisión preventiva.Cynthia Manjoro, defensora de los derechos humanos,fue detenida tras ser visto su automóvil, según se supo,circulando cerca del lugar donde tuvo lugar laviolencia; ella no estaba en la zona en ese momento yno desempeñaba ningún cargo en el MDC-T.Defensores y defensorasde los derechos humanosLos defensores y defensoras de los derechoshumanos seguían siendo objeto de detenciónarbitraria, reclusión ilegítima, cargos de motivaciónpolítica e incluso tortura bajo custodia policial. Losactivistas comunitarios sufrían hostigamiento eintimidación por parte de miembros de la ZANU-PFdebido a su labor de derechos humanos. Lasamenazas y los actos de intimidación de esta índoleaumentaron cuando la ZANU-PF comenzó a hacerdeclaraciones sobre unas posibles eleccionesen 2011.El 19 de febrero, Munyaradzi Gwisai y otros 44activistas fueron detenidos por la policía en Hararemientras celebraban una reunión para debatir sobrelas repercusiones de las protestas en Egipto y Túnez.Estuvieron detenidos más de las 48 horas quepermitía la ley, y sólo unos minutos antes decomparecer ante un tribunal el 23 de febrero se lesdijo que se los acusaba de traición. Se les negótratamiento médico y el acceso a sus abogados, yalgunos denunciaron haber sido torturados por lapolicía. Un total de 39 activistas fueron absueltosel 7 de marzo. Los cargos de traición se retiraron enjulio, pero los activistas seguían haciendo frente acargos de “conspiración para cometer violencia obien incitar a la violencia pública o participar en unaconcentración con la intención de promover laviolencia pública, alteraciones del orden públicoy fanatismo”.El 28 de febrero, siete integrantes de lasorganizaciones de activistas Mujeres de Zimbabue,¡En Pie! (WOZA) y Hombres de Zimbabue, ¡En Pie!fueron detenidos en Bulawayo. Según los informes,se los sometió a tortura en la comisaría de policía deBulawayo Central. Dos días después quedaron enlibertad previo pago de una fianza de 50 dólaresestadounidenses y se les ordenó que se presentarana la policía dos veces por semana.El 1 de marzo, otras 14 activistas de WOZA fuerondetenidas en Bulawayo mientras celebrabanreuniones sobre cuestiones sociales. Quedaron enlibertad sin cargos ese mismo día.Desalojos forzososEl gobierno no proporcionó educación a miles deniños y niñas afectados por los desalojos forzososmasivos de 2005, conocidos como OperaciónMurambatsvina. En Hopley y Hatcliffe Extension, dosasentamientos creados por el gobierno para realojara las víctimas de los desalojos de Harare, másde 2.000 niños y niñas asistían a escuelas primariasno registradas, en edificios inadecuados y sindocentes capacitados ni material de escritorio. MásZInforme 2012 Amnistía Internacional447

de seis años después de los desalojos forzosos, lamayoría de las víctimas se había hundido aún más enla pobreza debido a que el gobierno no habíaencontrado remedios efectivos.Derechos de lesbianas, gays, bisexualesy personas transgéneroContinuaba la persecución de personas debido a suorientación sexual. El 20 de octubre se detuvo en el barrio residencialde Mbare, Harare, a dos hombres, Lionel Girezha,de 27 años, y Ngonidzashe Chinya, de 28, y se losacusó formalmente de sodomía, cargos que ellosnegaron. Ambos fueron golpeados por las personasque los denunciaron antes de quedar bajo custodiapolicial. Cuando comenzó el juicio, varios miembrosde la banda Chipangano, vinculada a la ZANU-PF,hostigaron y amenazaron con violencia a los abogadospor representar a personas sospechosas de ser gays.La policía no protegió a los abogados, que tuvieron quepresentar un recurso ante el Tribunal Superior paraque el juicio se celebrase en un lugar distinto deMbare.En octubre, Morgan Tsvangirai afirmó en unaentrevista concedida a la BBC que apoyaba losderechos de los gays. Fue criticado en los medios decomunicación controlados por el Estado, queintentaron politizar la declaración e incitar el odiocontra los homosexuales.Informes y visitasde Amnistía Internacional Amnistía Internacional visitó Zimbabue en enero, agosto, septiembre,octubre y noviembre-diciembre. Zimbabwe: Briefing to the pre-session working-group of the UNCommittee on the Elimination of Discrimination Against Women – 51stSession (AFR 46/014/2011) Zimbabwe: Continued clampdown on dissent – Amnesty Internationalsubmission to the UN Universal Periodic Review, March 2011(AFR 46/016/2011) Left behind: The impact of Zimbabwe’s mass forced evictions on theright to education (AFR 46/019/2011)Z448 Informe 2012 Amnistía Internacional

Fotos de desaparecidos frente alTribunal del Distrito Norte de Bengasi(Libia), abril de 2011. Las fuerzas deGadafi realizaron una amplia campañade desapariciones forzadas depresuntos detractores en todo el paísque afectó, entre otros, a periodistas,escritores, ciberactivistasy manifestantes.

© Amnistía Internacional (Foto: Grace Gonzalez)

12INFORME 2012 AMNISTÍA INTERNACIONALTERCERA PARTE: SELECCIÓN DE TRATADOSINTERNACIONALES Y REGIONALESDE DERECHOS HUMANOS

© AP Foto/Juan KaritaSELECCIÓN DE TRATADOSINTERNACIONALESY REGIONALESDE DERECHOS HUMANOS(A 31 DE DICIEMBRE DE 2011)TRATADOS INTERNACIONALESTRATADOS REGIONALESUNIÓN AFRICANAORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOSCONSEJO DE EUROPALos Estados que han ratificado o se han adherido a unconvenio son Parte en el tratado y están obligadosa cumplir sus disposiciones. Los Estados que lo hanfirmado pero aún no lo han ratificado han expresadosu intención de convertirse en Partes en el futuro;mientras tanto, tienen la obligación de abstenerse derealizar actos que menoscaben el objeto y el propósitodel tratado.

Manifestantes indígenas y ecologistasmarchan a La Paz (Bolivia) paraprotestar contra los planes del gobiernode construir una carretera a través delTerritorio Indígena y Parque NacionalIsiboro-Sécure, donde viven miles deindígenas. Agosto de 2011.

© AP Photo/Lefteris Pitarakis

Agente antidisturbios dando una patadaa una manifestante durante losenfrentamientos de la plaza Syntagmade Atenas, 15 de junio de 2011. Losmanifestantes se enfrentaron a lapolicía antidisturbios en el centro deAtenas durante una importanteconcentración contra las medidas deausteridad.

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)Protocolo Facultativo del PIDCPSegundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinadoa abolir la pena de muertePacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales (PIDESC)Protocolo Facultativo del PIDESC (no en vigor)Convención sobre la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra la MujerProtocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminaciónde Todas las Formas de Discriminación contra la MujerConvención sobre los Derechos del NiñoProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,relativo a la participación de niños en los conflictos armadosConvención Internacional sobre la Eliminación de Todaslas Formas de Discriminación RacialConvención contra la Tortura y Otros Tratos o PenasCrueles, Inhumanos o DegradantesAfganistán 28Albania Alemania 22Andorra 22Angola Antigua y Barbuda Arabia Saudí 28Argelia 22Argentina 22Armenia Australia 22Austria 22Azerbaiyán 22Bahamas Bahréin Bangladesh 10 Barbados Bélgica 22Belice 10 Benín Bielorrusia Bolivia 22Bosnia y Herzegovina 22Botsuana Brasil 22Brunéi Bulgaria 22Burkina Faso 458 Informe 2012 Amnistía Internacional

Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la TorturaConvención Internacional para la Protección deTodas las Personas contra las Desapariciones ForzadasConvención sobre el Estatutode los Refugiados (1951)Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)Convención para Reducir Casos de Apatridia (1961)Convención Internacional sobre la Protección de los Derechosde Todos los Trabajadores Migratorios y de sus FamiliaresEstatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalTRATADOSINTERNACIONALES Afganistán Albania Alemania Andorra Angola Antigua y BarbudaArabia Saudí Argelia Argentina Armenia Australia Austria Azerbaiyán Bahamas Bahréin Bangladesh Barbados Bélgica Belice Benín Bielorrusia Bolivia Bosnia y Herzegovina Botsuana BrasilBrunéi Bulgaria Burkina Faso El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.10 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 10 del ProtocoloFacultativo de la Convención sobre laMujer, por la que no se reconoce lacompetencia del Comité para laEliminación de la Discriminación contrala Mujer para examinar información querevele violaciones graves o sistemáticasde los derechos enunciados en laConvención.22 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 22, por la que sereconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinar lasdenuncias de violaciones de laConvención enviadas a título individual.28 El país ha formulado la reserva, deconformidad con el artículo 28, de queno reconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinarinformación que parezca indicar que latortura se practica sistemáticamente ypara emprender una investigaciónconfidencial si ello está justificado.12 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 12.3, por la queacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de genocidio, lesahumanidad, guerra y agresióncometidos en su territorio.124 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 124, por la que noacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de guerra durante unperiodo de siete años tras la ratificación.* El país firmó el Estatuto de Roma,pero luego declaró formalmentesu intención de no ratificarlo.** El país ratificó o se adhirió al tratadopero posteriormente formuló unadenuncia del mismo.Informe 2012 Amnistía Internacional459

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)Protocolo Facultativo del PIDCPSegundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinadoa abolir la pena de muertePacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales (PIDESC)Protocolo Facultativo del PIDESC (no en vigor)Convención sobre la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra la MujerProtocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminaciónde Todas las Formas de Discriminación contra la MujerConvención sobre los Derechos del NiñoProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,relativo a la participación de niños en los conflictos armadosConvención Internacional sobre la Eliminación de Todaslas Formas de Discriminación RacialConvención contra la Tortura y Otros Tratos o PenasCrueles, Inhumanos o DegradantesBurundi 22Bután Cabo Verde Camboya Camerún 22Canadá 22Chad Chile 22China 28Chipre 22Colombia 10 Comoras Corea del Norte Corea del Sur 22Costa de Marfil Costa Rica 22Croacia 22Cuba 28Dinamarca 22Dominica Ecuador 22Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia 22Eslovenia 22España 22460 Informe 2012 Amnistía Internacional

Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la TorturaConvención Internacional para la Protección deTodas las Personas contra las Desapariciones ForzadasConvención sobre el Estatutode los Refugiados (1951)Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)Convención para Reducir Casos de Apatridia (1961)Convención Internacional sobre la Protección de los Derechosde Todos los Trabajadores Migratorios y de sus FamiliaresEstatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalTRATADOSINTERNACIONALES BurundiBután Cabo Verde Camboya Camerún Canadá Chad Chile China Chipre 124 Colombia ComorasCorea del Norte Corea del Sur 12 Costa de Marfil Costa Rica CroaciaCuba Dinamarca Dominica Ecuador Egipto El Salvador Emiratos Árabes Unidos Eritrea Eslovaquia Eslovenia España El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.10 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 10 del ProtocoloFacultativo de la Convención sobre laMujer, por la que no se reconoce lacompetencia del Comité para laEliminación de la Discriminación contrala Mujer para examinar información querevele violaciones graves o sistemáticasde los derechos enunciados en laConvención.22 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 22, por la que sereconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinar lasdenuncias de violaciones de laConvención enviadas a título individual.28 El país ha formulado la reserva, deconformidad con el artículo 28, de queno reconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinarinformación que parezca indicar que latortura se practica sistemáticamente ypara emprender una investigaciónconfidencial si ello está justificado.12 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 12.3, por la queacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de genocidio, lesahumanidad, guerra y agresióncometidos en su territorio.124 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 124, por la que noacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de guerra durante unperiodo de siete años tras la ratificación.* El país firmó el Estatuto de Roma,pero luego declaró formalmentesu intención de no ratificarlo.** El país ratificó o se adhirió al tratadopero posteriormente formuló unadenuncia del mismo.Informe 2012 Amnistía Internacional461

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)Protocolo Facultativo del PIDCPSegundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinadoa abolir la pena de muertePacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales (PIDESC)Protocolo Facultativo del PIDESC (no en vigor)Convención sobre la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra la MujerProtocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminaciónde Todas las Formas de Discriminación contra la MujerConvención sobre los Derechos del NiñoProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,relativo a la participación de niños en los conflictos armadosConvención Internacional sobre la Eliminación de Todaslas Formas de Discriminación RacialConvención contra la Tortura y Otros Tratos o PenasCrueles, Inhumanos o DegradantesEstados Unidos de América Estonia Etiopía Federación Rusa 22Filipinas Finlandia 22Fiyi Francia 22Gabón Gambia Georgia 22Ghana 22Granada Grecia 22Guatemala 22Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial 28Guyana Haití Honduras Hungría 22India Indonesia Irak Irán Irlanda 22Islandia 22462 Informe 2012 Amnistía Internacional

Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la TorturaConvención Internacional para la Protección deTodas las Personas contra las Desapariciones ForzadasConvención sobre el Estatutode los Refugiados (1951)Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)Convención para Reducir Casos de Apatridia (1961)Convención Internacional sobre la Protección de los Derechosde Todos los Trabajadores Migratorios y de sus FamiliaresEstatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalTRATADOSINTERNACIONALES * Estados Unidos de América Estonia Etiopía Federación Rusa Filipinas Finlandia Fiyi 124 Francia Gabón Gambia Georgia Ghana Granada Grecia Guatemala Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Guyana Haití Honduras HungríaIndia IndonesiaIrak Irán Irlanda Islandia El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.10 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 10 del ProtocoloFacultativo de la Convención sobre laMujer, por la que no se reconoce lacompetencia del Comité para laEliminación de la Discriminación contrala Mujer para examinar información querevele violaciones graves o sistemáticasde los derechos enunciados en laConvención.22 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 22, por la que sereconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinar lasdenuncias de violaciones de laConvención enviadas a título individual.28 El país ha formulado la reserva, deconformidad con el artículo 28, de queno reconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinarinformación que parezca indicar que latortura se practica sistemáticamente ypara emprender una investigaciónconfidencial si ello está justificado.12 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 12.3, por la queacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de genocidio, lesahumanidad, guerra y agresióncometidos en su territorio.124 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 124, por la que noacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de guerra durante unperiodo de siete años tras la ratificación.* El país firmó el Estatuto de Roma,pero luego declaró formalmentesu intención de no ratificarlo.** El país ratificó o se adhirió al tratadopero posteriormente formuló unadenuncia del mismo.Informe 2012 Amnistía Internacional463

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)Protocolo Facultativo del PIDCPSegundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinadoa abolir la pena de muertePacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales (PIDESC)Protocolo Facultativo del PIDESC (no en vigor)Convención sobre la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra la MujerProtocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminaciónde Todas las Formas de Discriminación contra la MujerConvención sobre los Derechos del NiñoProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,relativo a la participación de niños en los conflictos armadosConvención Internacional sobre la Eliminación de Todaslas Formas de Discriminación RacialConvención contra la Tortura y Otros Tratos o PenasCrueles, Inhumanos o DegradantesIslas Cook Islas Marshall Islas Salomón Israel 28Italia 22Jamaica ** Japón Jordania Kazajistán 22Kenia 22Kirguistán Kiribati Kuwait 28Laos Lesoto Letonia Líbano Liberia Libia Liechtenstein 22Lituania Luxemburgo 22Macedonia Madagascar Malaisia Malawi Maldivas Malí 464 Informe 2012 Amnistía Internacional

Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la TorturaConvención Internacional para la Protección deTodas las Personas contra las Desapariciones ForzadasConvención sobre el Estatutode los Refugiados (1951)Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)Convención para Reducir Casos de Apatridia (1961)Convención Internacional sobre la Protección de los Derechosde Todos los Trabajadores Migratorios y de sus FamiliaresEstatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalTRATADOSINTERNACIONALES Islas Cook Islas Marshall Islas Salomón * Israel Italia Jamaica Japón Jordania Kazajistán Kenia Kirguistán Kiribati KuwaitLaos Lesoto Letonia Líbano Liberia Libia Liechtenstein Lituania Luxemburgo Macedonia ** MadagascarMalaisia Malawi Maldivas Malí El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.10 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 10 del ProtocoloFacultativo de la Convención sobre laMujer, por la que no se reconoce lacompetencia del Comité para laEliminación de la Discriminación contrala Mujer para examinar información querevele violaciones graves o sistemáticasde los derechos enunciados en laConvención.22 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 22, por la que sereconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinar lasdenuncias de violaciones de laConvención enviadas a título individual.28 El país ha formulado la reserva, deconformidad con el artículo 28, de queno reconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinarinformación que parezca indicar que latortura se practica sistemáticamente ypara emprender una investigaciónconfidencial si ello está justificado.12 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 12.3, por la queacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de genocidio, lesahumanidad, guerra y agresióncometidos en su territorio.124 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 124, por la que noacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de guerra durante unperiodo de siete años tras la ratificación.* El país firmó el Estatuto de Roma,pero luego declaró formalmentesu intención de no ratificarlo.** El país ratificó o se adhirió al tratadopero posteriormente formuló unadenuncia del mismo.Informe 2012 Amnistía Internacional465

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)Protocolo Facultativo del PIDCPSegundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinadoa abolir la pena de muertePacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales (PIDESC)Protocolo Facultativo del PIDESC (no en vigor)Convención sobre la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra la MujerProtocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminaciónde Todas las Formas de Discriminación contra la MujerConvención sobre los Derechos del NiñoProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,relativo a la participación de niños en los conflictos armadosConvención Internacional sobre la Eliminación de Todaslas Formas de Discriminación RacialConvención contra la Tortura y Otros Tratos o PenasCrueles, Inhumanos o DegradantesMalta 22Marruecos 22Mauricio Mauritania 28México 22Micronesia Moldavia Mónaco 22Mongolia Montenegro 22Mozambique Myanmar Namibia Nauru Nepal Nicaragua Níger Nigeria NiueNoruega 22Nueva Zelanda 22Omán Países Bajos 22Pakistán 28Palaos Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay 22466 Informe 2012 Amnistía Internacional

Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la TorturaConvención Internacional para la Protección deTodas las Personas contra las Desapariciones ForzadasConvención sobre el Estatutode los Refugiados (1951)Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)Convención para Reducir Casos de Apatridia (1961)Convención Internacional sobre la Protección de los Derechosde Todos los Trabajadores Migratorios y de sus FamiliaresEstatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalTRATADOSINTERNACIONALES Malta Marruecos Mauricio Mauritania MéxicoMicronesia Moldavia Mónaco Mongolia Montenegro MozambiqueMyanmar Namibia NauruNepal Nicaragua Níger NigeriaNiue Noruega Nueva Zelanda Omán Países BajosPakistán Palaos Panamá Papúa Nueva Guinea Paraguay El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.10 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 10 del ProtocoloFacultativo de la Convención sobre laMujer, por la que no se reconoce lacompetencia del Comité para laEliminación de la Discriminación contrala Mujer para examinar información querevele violaciones graves o sistemáticasde los derechos enunciados en laConvención.22 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 22, por la que sereconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinar lasdenuncias de violaciones de laConvención enviadas a título individual.28 El país ha formulado la reserva, deconformidad con el artículo 28, de queno reconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinarinformación que parezca indicar que latortura se practica sistemáticamente ypara emprender una investigaciónconfidencial si ello está justificado.12 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 12.3, por la queacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de genocidio, lesahumanidad, guerra y agresióncometidos en su territorio.124 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 124, por la que noacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de guerra durante unperiodo de siete años tras la ratificación.* El país firmó el Estatuto de Roma,pero luego declaró formalmentesu intención de no ratificarlo.** El país ratificó o se adhirió al tratadopero posteriormente formuló unadenuncia del mismo.Informe 2012 Amnistía Internacional467

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)Protocolo Facultativo del PIDCPSegundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinadoa abolir la pena de muertePacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales (PIDESC)Protocolo Facultativo del PIDESC (no en vigor)Convención sobre la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra la MujerProtocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminaciónde Todas las Formas de Discriminación contra la MujerConvención sobre los Derechos del NiñoProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,relativo a la participación de niños en los conflictos armadosConvención Internacional sobre la Eliminación de Todaslas Formas de Discriminación RacialConvención contra la Tortura y Otros Tratos o PenasCrueles, Inhumanos o DegradantesPerú 22Polonia 28 22Portugal 22Qatar Reino Unido República Centroafricana República Checa 22República del Congo República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumania Samoa San Cristóbal y Nieves San Marino Santa Lucía Santa Sede Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal 22Serbia 22Seychelles 22Sierra Leona Singapur Siria 28Somalia Sri Lanka Suazilandia 468 Informe 2012 Amnistía Internacional

Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la TorturaConvención Internacional para la Protección deTodas las Personas contra las Desapariciones ForzadasConvención sobre el Estatutode los Refugiados (1951)Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)Convención para Reducir Casos de Apatridia (1961)Convención Internacional sobre la Protección de los Derechosde Todos los Trabajadores Migratorios y de sus FamiliaresEstatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalTRATADOSINTERNACIONALES Perú Polonia PortugalQatar Reino Unido República Centroafricana República Checa República del Congo República Democrática del Congo República Dominicana Ruanda Rumania Samoa San Cristóbal y NievesSan MarinoSanta Lucía Santa Sede Santo Tomé y Príncipe San Vicente y las Granadinas Senegal Serbia Seychelles Sierra LeonaSingapur Siria SomaliaSri Lanka Suazilandia El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.10 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 10 del ProtocoloFacultativo de la Convención sobre laMujer, por la que no se reconoce lacompetencia del Comité para laEliminación de la Discriminación contrala Mujer para examinar información querevele violaciones graves o sistemáticasde los derechos enunciados en laConvención.22 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 22, por la que sereconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinar lasdenuncias de violaciones de laConvención enviadas a título individual.28 El país ha formulado la reserva, deconformidad con el artículo 28, de queno reconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinarinformación que parezca indicar que latortura se practica sistemáticamente ypara emprender una investigaciónconfidencial si ello está justificado.12 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 12.3, por la queacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de genocidio, lesahumanidad, guerra y agresióncometidos en su territorio.124 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 124, por la que noacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de guerra durante unperiodo de siete años tras la ratificación.* El país firmó el Estatuto de Roma,pero luego declaró formalmentesu intención de no ratificarlo.** El país ratificó o se adhirió al tratadopero posteriormente formuló unadenuncia del mismo.Informe 2012 Amnistía Internacional469

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)Protocolo Facultativo del PIDCPSegundo Protocolo Facultativo del PIDCP, destinadoa abolir la pena de muertePacto Internacional de Derechos Económicos, Socialesy Culturales (PIDESC)Protocolo Facultativo del PIDESC (no en vigor)Convención sobre la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra la MujerProtocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminaciónde Todas las Formas de Discriminación contra la MujerConvención sobre los Derechos del NiñoProtocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño,relativo a la participación de niños en los conflictos armadosConvención Internacional sobre la Eliminación de Todaslas Formas de Discriminación RacialConvención contra la Tortura y Otros Tratos o PenasCrueles, Inhumanos o DegradantesSudáfrica 22Sudán Sudán del SurSuecia 22Suiza 22Surinam Tailandia Tanzania Tayikistán Timor Oriental Togo 22Tonga Trinidad y Tobago ** Túnez 22Turkmenistán Turquía 22Tuvalu Ucrania Uganda Uruguay 22Uzbekistán Vanuatu Venezuela 22Vietnam Yemen Yibuti Zambia Zimbabue 470 Informe 2012 Amnistía Internacional

Protocolo Facultativo de la Convencióncontra la TorturaConvención Internacional para la Protección deTodas las Personas contra las Desapariciones ForzadasConvención sobre el Estatutode los Refugiados (1951)Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados (1967)Convención sobre el Estatuto de los Apátridas (1954)Convención para Reducir Casos de Apatridia (1961)Convención Internacional sobre la Protección de los Derechosde Todos los Trabajadores Migratorios y de sus FamiliaresEstatuto de Roma de la Corte Penal InternacionalTRATADOSINTERNACIONALES Sudáfrica * SudánSudán del Sur Suecia Suiza Surinam Tailandia Tanzania Tayikistán Timor Oriental TogoTonga Trinidad y Tobago Túnez Turkmenistán Turquía Tuvalu Ucrania Uganda Uruguay Uzbekistán Vanuatu VenezuelaVietnam Yemen Yibuti Zambia Zimbabue El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.10 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 10 del ProtocoloFacultativo de la Convención sobre laMujer, por la que no se reconoce lacompetencia del Comité para laEliminación de la Discriminación contrala Mujer para examinar información querevele violaciones graves o sistemáticasde los derechos enunciados en laConvención.22 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 22, por la que sereconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinar lasdenuncias de violaciones de laConvención enviadas a título individual.28 El país ha formulado la reserva, deconformidad con el artículo 28, de queno reconoce la competencia del Comitécontra la Tortura para examinarinformación que parezca indicar que latortura se practica sistemáticamente ypara emprender una investigaciónconfidencial si ello está justificado.12 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 12.3, por la queacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de genocidio, lesahumanidad, guerra y agresióncometidos en su territorio.124 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 124, por la que noacepta la competencia de la Corte sobrelos crímenes de guerra durante unperiodo de siete años tras la ratificación.* El país firmó el Estatuto de Roma,pero luego declaró formalmentesu intención de no ratificarlo.** El país ratificó o se adhirió al tratadopero posteriormente formuló unadenuncia del mismo.Informe 2012 Amnistía Internacional471

Carta Africana de Derechos Humanosy de los Pueblos (1981)Protocolo a la Carta Africana sobre un Tribunal Africanode Derechos Humanos y de los Pueblos (1998)Carta Africana sobre los Derechosy Bienestar del Niño (1990)Convención que Regula los Aspectos Específicosde los Problemas de los Refugiados en África (1969)Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de losPueblos, relativo a los derechos de la mujer en África (2003)Angola Argelia Benín Botsuana Burkina Faso Burundi Cabo Verde Camerún Chad Comoras Costa de Marfil Egipto Eritrea Etiopía Gabón Gambia Ghana Guinea Guinea-Bissau Guinea Ecuatorial Kenia Lesoto Liberia Libia Madagascar Malawi Malí Mauricio Mauritania 472 Informe 2012 Amnistía Internacional

Carta Africana de Derechos Humanosy de los Pueblos (1981)Protocolo a la Carta Africana sobre un Tribunal Africanode Derechos Humanos y de los Pueblos (1998)Carta Africana sobre los Derechosy Bienestar del Niño (1990)Convención que Regula los Aspectos Específicosde los Problemas de los Refugiados en África (1969)Protocolo a la Carta Africana de Derechos Humanos y de losPueblos, relativo a los derechos de la mujer en África (2003)TRATADOSREGIONALESUNIÓN AFRICANAMozambique Namibia Níger Nigeria República Árabe Saharaui Democrática República Centroafricana República del Congo República Democrática del Congo Ruanda Santo Tomé y Príncipe Senegal Seychelles Sierra Leona Somalia Suazilandia Sudáfrica Sudán Sudán del SurTanzania Togo Túnez Uganda Yibuti Zambia Zimbabue El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.En la tabla figuran los países que eranmiembros de la Unión Africanaal concluir 2011.Informe 2012 Amnistía Internacional473

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,relativo a la abolición de la pena de muerte (1990)Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre DerechosHumanos en Materia de Derechos Económicos, Socialesy Culturales, “Protocolo de San Salvador” (1998)Convención Interamericana para Preveniry Sancionar la Tortura (1985)Convención Interamericana sobre DesapariciónForzada de Personas (1994)Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar laViolencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1994)Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)Antigua y BarbudaArgentina 62 BahamasBarbados 62 BeliceBolivia 62 Brasil 62 CanadáChile 62 Colombia 62 Costa Rica 62 Cuba*Dominica Ecuador 62 El Salvador 62 Estados Unidos de América Granada Guatemala 62 GuyanaHaití 62 Honduras 62 Jamaica México 62 Nicaragua 62 Panamá 62 474 Informe 2012 Amnistía Internacional

Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969)Protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,relativo a la abolición de la pena de muerte (1990)Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre DerechosHumanos en Materia de Derechos Económicos, Socialesy Culturales, “Protocolo de San Salvador” (1998)Convención Interamericana para Preveniry Sancionar la Tortura (1985)Convención Interamericana sobre DesapariciónForzada de Personas (1994)Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar laViolencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará” (1994)Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formasde Discriminación contra las Personas con Discapacidad (1999)TRATADOSREGIONALESORGANIZACIÓN DE LOSESTADOS AMERICANOSParaguay 62 Perú 62 República Dominicana 62 San Cristóbal y NievesSan Vicente y las GranadinasSanta LucíaSurinam 62 Trinidad y TobagoUruguay 62 Venezuela 62 El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.En la tabla figuran los países que eranmiembros de la Organización de losEstados Americanos al concluir 2011.62 El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo 62, por la quereconoce como vinculante lacompetencia de la CorteInteramericana de Derechos Humanos(para todos los asuntos relativosa la interpretación o la aplicaciónde la Convención Americana).* En 2009, la Asamblea Generalde la Organización de los EstadosAmericanos (OEA) adoptóla resolución AG/RES.2438(XXXIX-O/09), que resuelve que laresolución de 1962 que excluía algobierno de Cuba de su participaciónen la OEA queda sin efecto.La resolución de 2009 estableceque la participación de Cuba enla OEA será el resultado de unproceso de diálogo iniciadoa solicitud del gobierno de Cuba.Informe 2012 Amnistía Internacional475

Convenio Europeo para la Protección de los DerechosHumanos y de las Libertades Fundamentales (1950)Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo para la Protecciónde los Derechos Humanos y de las LibertadesFundamentales, relativo a la abolición de la penade muerte en tiempos de paz (1983)Protocolo núm. 12 al Convenio Europeo para laProtección de los Derechos Humanos y de las LibertadesFundamentales, relativo a la prohibición generalde discriminación (2000)Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo para laProtección de los Derechos Humanos y de las LibertadesFundamentales, relativo a la abolición de la penade muerte en toda circunstancia (2002)Convenio Marco para la Protección de las MinoríasNacionales (1995)Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contrala trata de seres humanosCarta Social Europea (revisada) (1996)Protocolo Adicional a la Carta Social Europea que prevéun sistema de reclamaciones colectivas (1995)Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contrala violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (no en vigor)Albania Alemania * Andorra Armenia Austria Azerbaiyán Bélgica Bosnia y Herzegovina Bulgaria **Chipre Croacia * Dinamarca * Eslovaquia Eslovenia ** España * Estonia Federación Rusa Finlandia Francia Georgia Grecia * Hungría Irlanda Islandia * Italia 476 Informe 2012 Amnistía Internacional

Convenio Europeo para la Protección de los DerechosHumanos y de las Libertades Fundamentales (1950)Protocolo núm. 6 al Convenio Europeo para la Protecciónde los Derechos Humanos y de las LibertadesFundamentales, relativo a la abolición de la penade muerte en tiempos de paz (1983)Protocolo núm. 12 al Convenio Europeo para laProtección de los Derechos Humanos y de las LibertadesFundamentales, relativo a la prohibición generalde discriminación (2000)Protocolo núm. 13 al Convenio Europeo para laProtección de los Derechos Humanos y de las LibertadesFundamentales, relativo a la abolición de la penade muerte en toda circunstancia (2002)Convenio Marco para la Protección de las MinoríasNacionales (1995)Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contrala trata de seres humanosCarta Social Europea (revisada) (1996)Protocolo Adicional a la Carta Social Europea que prevéun sistema de reclamaciones colectivas (1995)Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contrala violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (no en vigor)TRATADOSREGIONALESCONSEJO DE EUROPALetonia *Liechtenstein Lituania Luxemburgo * Macedonia * Malta Moldavia Mónaco Montenegro Noruega Países Bajos Polonia *Portugal Reino Unido *República Checa * Rumania San Marino Serbia Suecia Suiza Turquía Ucrania El país es Estado Parte. El país pasó a ser Estado Parte en 2011. Firmado, pero no ratificado. Firmado en 2011, pero no ratificado.En la tabla figuran los países que eranmiembros del Consejo de Europaal concluir 2011.* El país es Estado Parte en la CartaSocial Europea de 1961, que estásiendo sustituida progresivamentepor la Carta Social Europea(revisada). La Carta revisadaincorpora en un solo instrumentotodos los derechos consagrados en laCarta de 1961 y en su ProtocoloAdicional de 1988, y añade nuevosderechos y enmiendas.** El país ha efectuado la declaraciónprevista en el artículo D de la CartaSocial Europea (revisada), por la quese reconoce la competencia delComité Europeo de Derechos Socialespara considerar las reclamacionescolectivas.Informe 2012 Amnistía Internacional477

Restos de un álbum familiar halladosen una casa abandonada de Duékoué(Costa de Marfil, abril de 2011),donde cientos de personas murierondurante la ola de violencia que estallótras las controvertidas eleccionespresidenciales de noviembre de 2010.

© Amnistía Internacional

12INFORME 2012 AMNISTÍA INTERNACIONALCUARTA PARTE

© REUTERS/Marcos Brindicci

Miembros del grupo de derechoshumanos Madres de Plaza de Mayoreaccionan ante el anuncio de lacondena de varios ex militares ypolicías, incluido Alfredo Astiz,por crímenes de lesa humanidad,Buenos Aires (Argentina),26 de octubre de 2011.

SECCIONESDE AMNISTÍA INTERNACIONALAlemania Amnesty InternationalHeerstrasse 178, 53111 BonnCorreo-e: info@amnesty.dewww.amnesty.deArgelia Amnesty International10, rue Mouloud ZADI (face au 113 rue Didouche Mourad)Alger Centre, 16004 AlgerCorreo-e: amnestyalgeria@hotmail.comArgentina Amnistía InternacionalAv. Pueyrredón 689, Piso 2, (C1032ABG) Buenos AiresCorreo-e: contacto@amnesty.org.arwww.amnesty.org.arAustralia Amnesty InternationalLocked Bag 23, Broadway NSW 2007Correo-e: supporter@amnesty.org.auwww.amnesty.org.auAustria Amnesty InternationalMoeringgasse 10, A-1150 ViennaCorreo-e: info@amnesty.atwww.amnesty.atBélgica (de habla flamenca) Amnesty InternationalKerkstraat 156, 2060 AntwerpenCorreo-e: amnesty@aivl.bewww.aivl.beBélgica (de habla francesa) Amnesty InternationalRue Berckmans 9, 1060 BruxellesCorreo-e: amnesty@amnesty.bewww.amnestyinternational.beBermudas Amnesty InternationalPO Box HM 2136, Hamilton HM JXCorreo-e: director@amnestybermuda.orgwww.amnestybermuda.orgBurkina Faso Amnesty InternationalBP 11344, Ouagadougou 08Correo-e: aiburkina@fasonet.bfwww.amnesty-bf.orgCanadá (de habla francesa) Amnistie internationale50 rue Ste-Catherine Ouest, bureau 500,Montréal, Quebec, H2X 3V4www.amnistie.caCanadá (de habla inglesa) Amnesty International312 Laurier Avenue East, Ottawa, Ontario, K1N 1H9Correo-e: info@amnesty.cawww.amnesty.caChile Amnistía InternacionalOficina Nacional, Huelén 164 - planta baja750-0617 Providencia, SantiagoCorreo-e: info@amnistia.clwww.amnistia.clColombia Amnistía InternacionalOn-line Action PlatformCorreo-e: AIColombia.Online@amnesty.orgCorea del Sur Amnesty InternationalGwanghwamun P.O. Box 2045 Jongno-gu, 10-620 SeoulCorreo-e: info@amnesty.or.krwww.amnesty.or.krCosta de Marfil Amnesty International04 BP 895, Abidjan 04Correo-e: amnesty.ci@aviso.ciDinamarca Amnesty InternationalGammeltorv 8, 5 - 1457 Copenhagen K.Correo-e: amnesty@amnesty.dkwww.amnesty.dkEslovenia Amnesty InternationalBeethovnova 7, 1000 LjubljanaCorreo-e: amnesty@amnesty.siwww.amnesty.siEspaña Amnistía InternacionalFernando VI, 8 -1.º izda. 28004 MadridCorreo-e: info@es.amnesty.orgwww.es.amnesty.orgEstados Unidos Amnesty International5 Penn Plaza, 16th floor, New York, NY 10001Correo-e: admin-us@aiusa.orgwww.amnestyusa.orgFilipinas Amnesty International18-A Marunong Street, Barangay Central, Quezon City 1100Correo-e: section@amnesty.org.phwww.amnesty.org.phFinlandia Amnesty InternationalRuoholahdenkatu 24, FI-00180 HelsinkiCorreo-e: amnesty@amnesty.fiwww.amnesty.fiFrancia Amnesty International76 boulevard de La Villette, 75940 Paris Cédex 19Correo-e: info@amnesty.frwww.amnesty.frGrecia Amnesty InternationalSina 30, 106 72 AthensCorreo-e: athens@amnesty.org.grwww.amnesty.org.grHong Kong Amnesty InternationalUnit D, 3/F, Best-O-Best Commercial Centre, 32-36 Ferry Street, KowloonCorreo-e: admin-hk@amnesty.org.hkwww.amnesty.org.hk484 Informe 2012 Amnistía Internacional

CONTACTARCON AMNISTÍAINTERNACIONALIrlanda Amnesty InternationalSean MacBride House, 48 Fleet Street, Dublin 2Correo-e: info@amnesty.iewww.amnesty.ieIslandia Amnesty InternationalÞingholtsstræti 27, 101 ReykjavíkCorreo-e: amnesty@amnesty.iswww.amnesty.isIslas Feroe Amnesty InternationalStephanssons Hús, Kongabrúgvin, Fo-100 TórshavnCorreo-e: amnesty@amnesty.fowww.amnesty.foIsrael Amnesty InternationalPO Box 14179, Tel Aviv 61141Correo-e: info@amnesty.org.ilwww.amnesty.org.ilItalia Amnesty InternationalVia Giovanni Battista De Rossi 10, 00161 RomaCorreo-e: info@amnesty.itwww.amnesty.itJapón Amnesty International7F Seika Bldg. 2-12-14 KandaogawamachiChiyoda-ku, Tokyo 101-0052Correo-e: info@amnesty.or.jpwww.amnesty.or.jpLuxemburgo Amnesty InternationalBP 1914, 1019 LuxembourgCorreo-e: info@amnesty.luwww.amnesty.luMarruecos Amnesty International281 avenue Mohamed V, Apt. 23, Escalier A, RabatCorreo-e: amorocco@sections.amnesty.orgwww.amnestymaroc.orgMauricio Amnesty InternationalBP 69, Rose-HillCorreo-e: amnestymtius@erm.muMéxico Amnistía InternacionalTajín No. 389, Col. Narvarte, Del. Benito Juárez, 03020 México D.F.Correo-e: vinculacion@amnistia.org.mxwww.amnistia.org.mxNepal Amnesty InternationalPO Box 135, Amnesty MargaBasantanagar, Balaju, KathmanduCorreo-e: info@amnestynepal.orgwww.amnestynepal.orgNoruega Amnesty InternationalGrensen 3, 0159 OsloCorreo-e: info@amnesty.no, www.amnesty.noNueva Zelanda Amnesty InternationalPO Box 5300, Wellesley Street, AucklandCorreo-e: info@amnesty.org.nzwww.amnesty.org.nzPaíses Bajos Amnesty InternationalKeizersgracht 177, 1016 DR AmsterdamCorreo-e: amnesty@amnesty.nlwww.amnesty.nlParaguay Amnistía InternacionalManuel Castillo 4987 esquina San Roque GonzálezBarrio Villa Morra, AsunciónCorreo-e: ai-info@py.amnesty.orgwww.amnesty.org.pyPerú Amnistía InternacionalEnrique Palacios 735-A, Miraflores, Lima 18Correo-e: amnistia@amnistia.org.pewww.amnistia.org.pePolonia Amnesty Internationalul. Piękna 66a lokal 2, I piętro, 00-672 WarszawaCorreo-e: amnesty@amnesty.org.plwww.amnesty.org.plPortugal Amnistia InternacionalAv. Infante Santo, 42, 2.º, 1350-179 LisboaCorreo-e: aiportugal@amnistia-internacional.ptwww.amnistia-internacional.ptPuerto Rico Amnistía InternacionalCalle Robles 54, Suite 6, Río Piedras, PR 00925Correo-e: amnistiapr@amnestypr.orgwww.amnistiapr.orgReino Unido Amnesty InternationalThe Human Rights Action Centre17-25 New Inn Yard, London EC2A 3EACorreo-e: sct@amnesty.org.ukwww.amnesty.org.ukRepública Checa Amnesty InternationalProvaznická 3, 110 00, Prague 1Correo-e: amnesty@amnesty.czwww.amnesty.czSenegal Amnesty International303/GRD Sacré-coeur II, Résidence Arame SIGABP 35269, Dakar ColobaneCorreo-e: asenegal@sections.amnesty.orgwww.amnesty.snSierra Leona Amnesty International13B Howe Street, FreetownCorreo-e: amnestysl@gmail.comSuecia Amnesty InternationalPO Box 4719, 11692 StockholmCorreo-e: info@amnesty.sewww.amnesty.seSuiza Amnesty InternationalSpeichergasse 33, CH-3011 BerneCorreo-e: info@amnesty.chwww.amnesty.chInforme 2012 Amnistía Internacional485

Taiwán Amnesty International3F., No. 14, Lane 165, Sec. 1, Sinsheng S. RdDa-an District, Taipei City 106Correo-e: amnesty.taiwan@gmail.comwww.amnesty.twTogo Amnesty International2322 avenue du RPT, Quartier Casablanca, BP 20013, LoméCorreo-e: contact@amnesty.tgwww.amnesty.tgTúnez Amnesty International67 rue Oum Kalthoum, 3ème étage, Escalier B, 1000 TunisCorreo-e: admin-tn@amnesty.orgUruguay Amnistía InternacionalSan José 1140, piso 5, C.P. 11.100, MontevideoCorreo-e: oficina@amnistia.org.uywww.amnistia.org.uyVenezuela Amnistía InternacionalTorre Phelps piso 17, oficina 17 A,Av. La Salle, Plaza Venezuela, Los Caobos, Caracas 1050Correo-e: info@aiven.orgwww.aiven.orgZimbabue Amnesty International56 Midlothean Avenue, Eastlea, HarareCorreo-e: amnestyinternational.zimbabwe@gmail.comESTRUCTURASDE AMNISTÍA INTERNACIONALHungría Amnesty InternationalRózsa u. 44. II/4, 1064 BudapestCorreo-e: info@amnesty.hu, www.amnesty.huMalaisia Amnesty InternationalA-3-3A, 8 Avenue, Jalan Sungai Jernih, 8/1Section 8, 46050 Petaling Jaya, SelangorCorreo-e: aimalaysia@aimalaysia.orgMalí Amnesty InternationalImmeuble Soya Bathily, Route de l'aéroport24 rue Kalabancoura, BP E 3885, BamakoCorreo-e: amnesty.mali@ikatelnet.netMoldavia Amnesty InternationalPO Box 209, MD-2012 ChişinăuCorreo-e: info@amnesty.mdwww.amnesty.mdMongolia Amnesty InternationalSukhbaatar District, Baga Toirog 44, Ulaanbaatar 210648Correo-e: aimncc@magicnet.mnwww.amnesty.mnTurquía Amnesty InternationalAbdülhakhamid Cd. No. 30/5, Talimhane, Beyoğlu, IstanbulCorreo-e: posta@amnesty.org.trwww.amnesty.org.trPREESTRUCTURASDE AMNISTÍA INTERNACIONALCroacia Amnesty InternationalPraška 2/III, 10000 ZagrebCorreo-e: admin@amnesty.hrwww.amnesty.hrTailandia Amnesty International90/24 Lat Phrao Soi 1, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900Correo-e: info@amnesty.or.thwww.amnesty.or.thENTIDADES DE AMNISTÍAINTERNACIONAL QUE RINDENCUENTAS DIRECTAMENTEAL SECRETARIO GENERALBenín Amnesty International01 BP 3536, CotonouCorreo-e: amnestybenin@yahoo.frBrasil Amnesty InternationalCorreo-e: contato@anistia.org.brwww.anistia.org.brEslovaquia Amnesty InternationalKarpatska 11, 811 05 BratislavaCorreo-e: amnesty@amnesty.skwww.amnesty.skGhana Amnesty InternationalH/No. 347/7 Rolyat Castle Road, Opposite Havard CollegeKokomlemle, AccraCorreo-e: info@amnestyghana.orgIndia Amnesty InternationalCorreo-e: amnestyindia@amnesty.orgKenia Amnesty InternationalSuite A3, Haven Court, Waiyaki Way, WestlandsP.O. Box 1527, 00606 Sarit Centre, NairobiCorreo-e: amnestykenya@amnesty.orgSudáfrica Amnesty International11th Floor Braamfontein Centre, 23 Jorrissen Street2017 Braamfontein, JohannesburgCorreo-e: info@amnesty.org.zawww.amnesty.org.zaUcrania Amnesty InternationalOlesya Honchara str, 37A, office 1, Kyev 01034Correo-e: info@amnesty.org.uawww.amnesty.org.ua486 Informe 2012 Amnistía Internacional

CONTACTARCON AMNISTÍAINTERNACIONALASOCIACIONES ESTRATÉGICASDE AMNISTÍA INTERNACIONALEl Proyecto de Asociaciones Estratégicas se enmarca dentro de laUnidad de Crecimiento de Amnistía Internacional. Su objetivo eshacer crecer el activismo y el impacto en los derechos humanos enpaíses que no cuentan con entidades de Amnistía Internacional,estableciendo asociaciones con ONG locales. También pretendeaumentar la visibilidad de la organización y las asociacionesestratégicas y crear plataformas de Amnistía Internacional sobreasuntos concretos en el país. En 2011, Amnistía Internacionalmantuvo asociaciones estratégicas en Camboya, Haití, Indonesia,Letonia, Liberia, Rumania y Timor Oriental.Para más información sobre estas asociaciones, pónganse encontacto con: Strategic_Partnerships_Team@amnesty.orgMEMBRESÍA INTERNACIONALDE AMNISTÍA INTERNACIONALTambién hay miembros internacionales en varios países y territoriosdel mundo. Pueden encontrar información adicional en:www.amnesty.org/en/joinCorreo-e: online.communities@amnesty.orgOFICINAS DE AMNISTÍA INTERNACIONALSecretariado Internacional (SI)Amnesty InternationalPeter Benenson House, 1 Easton StreetLondon WC1X 0DW, Reino UnidoCorreo-e: amnestyis@amnesty.orgwww.amnesty.orgCentro de Recursos de Lenguas de Amnistía Internacional (AILRC)Oficina principalCalle Valderribas, 13, 28007 Madrid, EspañaCorreo-e: AILRC@amnesty.orgÁrabe: www.amnesty.org/arEspañol: www.amnesty.org/esCentro de Recursos de Lenguas de Amnistía Internacional - Francés(AILRC-FR)Oficina de París47 rue de Paradis - Bât C, 75010 Paris, Franciawww.amnesty.org/frCentro de Recursos para Rusia - MoscúAmnesty InternationalPO Box 212, Moscow 119019Federación RusaCorreo-e: msk@amnesty.orgwww.amnesty.org.ruOficina Exterior de Investigación - ParísAmnesty International76 boulevard de la Villette, 75940 ParisCédex 19, FranciaCorreo-e: pro@amnesty.orgOficina de AI ante las Naciones Unidas - GinebraAmnesty International22 rue du Cendrier, 4ème étageCH-1201 Geneva, SuizaCorreo-e: uaigv@amnesty.orgOficina de AI ante las Naciones Unidas - Nueva YorkAmnesty International777 UN Plaza, 6th FloorNew York, NY 10017, Estados UnidosCorreo-e: aiunny@amnesty.orgOficina de AI ante las Instituciones EuropeasRue de Trèves 35, B-1040 Brussels, BélgicaCorreo-e: amnestyIntl@amnesty.euwww.amnesty.euOficina de Educación en Derechos Humanos para África - DakarAmnesty InternationalSICAP Sacré Coeur Pyrotechnie Extension,Villa 22, BP 47582, Dakar, SenegalCorreo-e: isdakaroffice@amnesty.orgwww.africa-hre.orgOficina Regional para África - KampalaAmnesty InternationalPlot 20A, Kawalya Kaggwa ClosePO Box 23966, Kampala, UgandaCorreo-e: ai-aro@amnesty.orgOficina Regional para Asia y Oceanía - Hong KongAmnesty International16/F Siu On Centre, 188 Lockhart RdWanchai, Hong KongCorreo-e: admin-ap@amnesty.orgOficina Regional para Oriente Medioy el Norte de África - BeirutAmnesty InternationalPO Box 13-5696, ChouranBeirut 1102 - 2060, LíbanoCorreo-e: mena@amnesty.orgwww.amnestymena.orgInforme 2012 Amnistía Internacional 487

© REUTERS/Handout

Los manifestantes, con pan en lasmanos, gritan consignas duranteuna manifestación de solidaridad conlos manifestantes de Deraa,en la ciudad portuaria siria de Banias,3 de mayo de 2011.

© Sanja Knezevic

Anela Krasnic, su vecino ZoranDurmisevic y el hijo de éste, Danijel,frente a su antigua casa de Belgrado(Serbia). Cinco familias romaníes quevivían en edificios de propiedad privadafueron desalojadas forzosamente y sequedaron en la calle con todas suspertenencias.

Mohd Rafiq Hakeem y Naseem Hakeem,padres de Faizan Hakeem, de 14 años,detenido en Cachemira en virtud de la Leyde Seguridad Pública en febrero de 2011.Faizan quedó en libertad el 5 de abrilde 2011, tras la intervención de AmnistíaInternacional.

© Amnistía Internacional

© AP Photo/Khalil HamraUn manifestante se deshace de un botede gas lacrimógeno durante losenfrentamientos con la policíaantidisturbios egipcia cerca de la plazaTahrir, El Cairo, 22 de noviembre de 2011.El gobierno civil egipcio ofreció su dimisióndespués de tres días de enfrentamientosviolentos en varias ciudades entremanifestantes y fuerzas de seguridad.

INFORME 2012 AMNISTÍA INTERNACIONALEL ESTADO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL MUNDOEl Informe 2012 de Amnistía Internacional documenta el estadode los derechos humanos en 155 países y territorios en 2011.El eco de las demandas de derechos humanos resonó en todo elplaneta a lo largo del año, que comenzó con protestas en paísesdonde la represión de la libertad de expresión y reunión era unapráctica habitual. Pero, al finalizar el año, el descontento y laindignación ante el hecho de que los gobiernos no garantizabanjusticia, seguridad ni dignidad humana provocaron que lasprotestas prendieran en todo el mundo.Un denominador común a todas estas protestas, ya fuera enEl Cairo o en Nueva York, fue la rapidez con que los gobiernos seaprestaron a evitar la protesta pacífica y silenciar la disidencia.Las personas que se echaron a la calle mostraron un inmensovalor ante la represión –a menudo brutal– y el uso abrumadorde medios letales.En un año de disturbios, transición y conflicto, son demasiadaslas personas a quienes se siguen negando sus derechos másbásicos. Conforme aumentan las demandas de mejor gobierno ymayor respeto por los derechos humanos, este informe muestraque los líderes mundiales aún no están a la altura de este reto.