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Escenas Laborales - AELE

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JURISPRUDENCIA

JURISPRUDENCIA LABORALresultare inconveniente dadas las circunstancias».A su vez, la Segunda Disposición Transitoria y Final delmismo dispositivo contenía ciertas particularidades respectoa los trabajadores que, a la dación del Decreto LegislativoNº 728, estuvieren laborando bajo el régimen de la Ley Nº24514 dada durante el régimen el presidente García(04.06.1986).Esta norma facultaba al trabajador a recurrir al Fuero deTrabajo para que éste declare injustificado o improcedenteel despido, logrado lo cual correspondía al trabajador optarentre su reposición inmediata o la terminación del contratode trabajo. De decidirse por esto último, debía demandar elpago de la indemnización especial según escala determinadaen el artículo 14º de la misma ley.Las particularidades previstas en la 2da. Disposición Transitoriay Final comprendían, entre otras, que el juez no podíapor sí mismo sustituir la reposición por el pago de indemnización,salvo a pedido del propio trabajador.Resulta así evidente, que la primera versión del DecretoLegislativo Nº 728 no puso punto final al criterio de estabilidadabsoluta propiciada tanto por la Constitución de 1979como por la Ley Nº 24514. Este régimen supervivió hastaque se variaron los alcances de la Constitución, eliminandoaquellos elementos que preconizaban frontalmente el sentidoexpresamente dogmático de una estabilidad a todas lucespermanente e inalterable.Como ya lo dijimos en anterior oportunidad «los contribuyentesde 1993 no quisieron repetir el contenido del artículo48º (de la Constitución de 1979), sino más bien apartarsetotalmente de él, a tal punto que ni siquiera consignaronen el nuevo texto que el despido sólo procedía por causajusta» (Análisis Laboral, octubre 2002, pág. 8).El texto constitucional de 1993 en su artículo 27º encargóa la ley «otorgar al trabajador adecuada protección contra eldespido arbitrario» y el dispositivo legal dictado en su cumplimiento(artículo 34º de la LPCL) reconoció como derecho deltrabajador afectado, el pago de la indemnización establecidaen el artículo 38º de la misma disposición (una remuneracióny media ordinaria mensual por cada año completo de servicioscon un máximo de doce (12) remuneraciones).La aplicación de estas normas es la que resulta reconocidacomo válida en la sentencia de la Corte Suprema quecomentamos en esta oportunidad. El pronunciamiento respectivo(Undécimo Considerando) es efectuado vía casación,es decir la determinada por el Código Procesal Civil parafijar «la correcta aplicación e interpretación del derechoobjetivo y la unificación de la jurisprudencia nacional por laCorte Suprema de Justicia». (artículo 384º del C.P.C.)Sin embargo, hoy tales criterios resultan cuestionados porúltimas sentencias del Tribunal Constitucional tal como loanalizamos a continuación.2. CRITERIOS SEGUIDOS EN CASACIONES vs. CRITERIOSVÍA AMPAROEs innegable que con los últimos pronunciamientos delTribunal Constitucional (TC) sobre la estabilidad en el trabajo,se ha producido una variación significativa en los alcancese interpretación de las normas constitucionales y legalessobre la materia.Por un lado hay que reconocer que el campo de accióndel TC se responsabiliza directamente respecto a la defensade los derechos fundamentales de la persona reconocidos enla Constitución. De ahí que la acción de amparo, por lagran amplitud de sus alcances, exige una inteligente laborde hermeneútica constitucional destinada a precisar su campode acción.Sobre este particular es que se pueden producir algunosexcesos. El propio Tribunal afirma que no es de su competenciaanalizar «si el acto cuestionado se ha efectuado en términoso no de la ley correspondiente, puesto que ello constituyeun asunto de mera legalidad ordinaria y, desde este punto devista, competencia propia de los juzgados competentes enmateria laboral. Por el contrario, el asunto a dilucidarse esdeterminar si el acto cuestionado constituye o no un acto lesivode derechos constitucionales…» (Fundamento 3 de la Sentenciadel TC de 11.07.2002, Exp. Nº 1124-2001-AA/TC).Sin embargo, no deja de resultar preocupante la posibilidadde excesos en la interpretación de los hechos que pretendidamentecolisionan con el derecho fundamental de lapersona, como podrían ser la consideración dogmática queel «derecho al trabajo» no admite otro contenido que la permanenciaestable en el trabajo, mientras no se atribuya yconstate la justa causa que amerite la separación del servidor.Se rechaza así el carácter resarcitorio considerado enla ley y fijado en ella por mandato constitucional («La leyotorga al trabajador, adecuada protección contra el despidoarbitrario») (art. 27 de la Constitución), permitiéndolo sólosi es el afectado quien lo requiere formalmente.En cambio, la interpretación dada por la Sala Supremaen el Expediente que es objeto de este comentario, es distinta.En efecto, frente al pedido de nulidad y de reposiciónsolicitada por el demandante vía recurso de casación, resuelveterminantemente por la improcedencia del pedido dereposición, en razón de que no se cumplen los requisitos denulidad considerados en la ley; declarando infundado elrecurso de casación. Se reconoce, en cambio, el derecho dereclamar judicialmente el pago de la indemnización por despidoarbitrario; concluyendo que ambos derechos –reposicióne indemnización– resultan excluyentes.En este caso la Sala Suprema interpretó el derecho enbase a la legislación laboral vigente, sin calificar de incompatiblessus disposiciones con las normas constitucionales delcaso, como estaba facultada expresamente por el artículo138º de la Constitución, no con simple carácter optativo sinocon exigencia imperativa. A más de todo ello, vale resaltarel especial significado de lo resuelto en sede de casación porsu carácter de «correcta aplicación e interpretación del derechoobjetivo».Frente a estas disyuntivas, nos encontramos ante un dilemaque no permitirá criterios definitivos mientras los responsablesde la aplicación del derecho no diluciden sus diferenciassin aferrarse a prerrogativas de superioridad jerárquicareales o ficticias (Aldo Vértiz Iriarte).ENERO 2004 39

JURISPRUDENCIA TRIBUTARIO - LABORALJurisprudencia Tributario-LaboralLa asignación por movilidad es un concepto no remunerativo• RTF Nº 02872-2-2003EXPEDIENTE Nº 3602-2002INTERESADO: TELEFÓNICA DEL PERÚ S.A.A.ASUNTO: Aportaciones a ESSALUDPROCEDENCIA: PiuraFECHA: Lima, 28 de mayo de 2003VISTA la apelación interpuesta por TELEFÓNICA DEL PERÚS.A.A., contra la Resolución Nº 816-17-0000101-AL-SGR-GDPI-ESSALUD-2002, emitida el 30 de mayo de 2002 porla Sub Gerencia de Recaudación de la Gerencia DepartamentalPiura del Seguro Social de Salud - ESSALUD, quedeclaró infundada la reclamación formulada contra el Actade Liquidación lnspectiva Nº 01-002-1084-CP-017-GCRM-IPSS-95 de fecha 7 de junio de 1996, sobre Aportaciones alos Regímenes de los Decretos Leyes Nºs. 22482, 18846 y19990, por el período comprendido entre agosto de 1995 yabril de 1996.CONSIDERANDO:Que la recurrente sostiene que el rubro de movilidad notuvo el carácter de fijo ni de permanente sino que se abonabaal trabajador por su asistencia efectiva al centro de trabajo,por cada día efectivo de trabajo, considerando comomáximo 20 días cada mes, lo que determina que no era unbeneficio de libre disposición del trabajador al estar estrechamenteligado a la concurrencia del mismo a su centro detrabajo, lo cual acredita con las copias de las planillas y delos comprobantes de pago correspondientes, además se otorgabaen cantidad razonable para el traslado, por lo que alno constituir una ventaja patrimonial para el trabajador, notuvo carácter remunerativo;Que la Administración Tributaria señala que la recurrenteomitió considerar los pagos por movilidad, dentro de labase imponible, pese a que los mismos están afectos a lasleyes sociales, según lo dispuesto por el inciso c) del artículo2º del Decreto Supremo Nº 179-91-PCM, no habiéndoseacreditado que se rindiera cuenta de los montos percibidospor concepto de movilidad, y determinándose el carácterpermanente del beneficio, por lo que tiene carácter remunerativo;Que en el caso de autos, la controversia consiste en determinarsi la asignación por movilidad que la recurrentepagó a sus trabajadores durante el período de agosto de1995 a abril de 1996, forma parte de la base imponible delas Aportaciones a los Regímenes de los Decretos Leyes Nºs.22482, 18846 y 19990;Que el Decreto Supremo Nº 179-91-PCM, aplicable alos períodos acotados, que precisó los regímenes de aportacionesa cargo del Instituto Peruano de Seguridad Social,sustituyó el artículo 2º del Decreto Supremo Nº 140-90-PCMy señaló que las aportaciones de empleadores y aseguradospara el Sistema Nacional de Pensiones del Decreto Ley Nº19990 y Régimen de Prestaciones de Salud del Decreto LeyNº 22482, que administraba el Instituto Peruano de SeguridadSocial, serían calculadas sin topes, sobre la totalidad delas remuneraciones asegurables percibidas por el asegurado,cantidad que para estos efectos tendría carácter de remuneraciónmáxima asegurable;Que el inciso c) del artículo 2º del referido Decreto Supremo,dispuso que no formaban parte de la remuneraciónasegurable, las sumas o bienes entregados al trabajador parala realización de sus labores, exigidas por la naturaleza deéstas, tales como movilidad, viáticos, gastos de representacióny vestuario, siempre que sirvieran efectivamente a dichosfines y no fueran de libre disposición, y que aquéllasentregadas para movilidad, que tuvieran fijeza y respectode las cuales no debía rendirse cuenta, estarían sujetas aaportación;Que de otro lado, el artículo 39º de la Ley del Fomento alEmpleo, Decreto Legislativo Nº 728, vigente durante el períodoacotado, establecía que constituía remuneración el integrode lo que el trabajador recibía por sus servicios, cualquierafuera la forma o denominación que se le diera siempreque fuera de su libre disposición; además, el artículo 40ºde la referida norma, señalaba que no constituía remuneraciónpara ningún efecto legal los conceptos previstos en losartículos 19º y 20º del Decreto Legislativo Nº 650;Que el inciso e) del artículo 19º de la Ley de Compensaciónpor Tiempo de Servicios, Decreto Legislativo Nº 650,establece que no se considera remuneración computable el40ENERO 2004

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