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DEFENSORIA DE LOS HABITANTESTercer Observatorio de Derechos Humanos:los 15 años de la Defensoría de los HabitantesInforme Anual de Labores2007-2008


Defensoría de los Habitantes de la República de Costa RicaBarrio México, San José, Calle 22, Avenida 7 y 11-Teléfonos (506) 2258-8585, (506) 800-2258-7474Fax. (506) 2248-2371Apdo. Postal / P.O. Box 686-1005Barrio México, San José, Costa RicaDirección electrónica www.dhr.go.crCorreo electrónico dhr@dhr.go.cr


Misión:La Defensoría de los Habitantes de laRepública es la institución responsable deproteger los derechos e intereses de las ylos habitantes del país frente a las accionesy omisiones del sector público y en el cumplimientode su mandato divulgará y promocionaráesos derechos. Así mismo, velaráporque el funcionamiento del sector públicose ajuste a la moral y la justicia.Visión:Ser una institución fortalecida, dinámica ycon credibilidad, regionalizada y accesibleen el ámbito nacional, con legitimidad yobjetividad en sus actuaciones que procuragarantizar el respeto a los derechos e interesesde las personas contribuyendo al mejoramientode la gestión del sector público


Índice GeneralPresentaciónCapítulo IEl Camino hacia el Buen Gobierno: un trillo empedrado de todos los díasReflexión Inicial. De la legalidad a la justicia en el marco del Buen GobiernoAlguien que responda por favor! Súplica contra un silencio ilegal 7Derecho de respuesta dentro del Buen Gobierno 71- El Derecho a la petición como parte integral del Buen Gobierno 7a- Respeto al principio de legalidad y al principio de la participación 7b- Respeto al derecho de acceso a la información y principio de transparencia 9c- Respeto al principio de eficiencia y efectividad 9d- El papel de la Defensoría en la tutela del derecho de petición y pronta respuesta 92- Abuso del derecho de petición 103- La omisión de respuesta en el accionar de la Defensoría de los Habitantes 114- La perspectiva de las y los habitantes: el rostro humano de la omisión 135- La omisión de respuesta es histórica: ejemplos de su incidencia en el devenir institucional 13a- Desde sus primeros años: Informe 1994-1995 13b- El problema continuaba: Informe 1996-1997 14c- Más omisiones: Informe 2001-2002 15d- El silencio y el secreto como normas de gobierno: Informe 2005-2006 16e- Informe 2006-2007 16f- Logros y Desafíos 17De la Reproducción a la corresponsabilidad: cuando la voz del género alcanzael Buen Gobierno 191- Derecho reproductivo a decidir cuántos hijos e hijas se desea tener 20


Indice GeneralDefensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-20082- De la reproducción biológica a la reproducción social 233- Una paternidad compartida: debilidades administrativas en quienes posibilitan la prueba científicade paternidad 24El “pase” de la injusticia: una situación de irrespeto y humillación hacia las personasadultas mayores 301- Retrospectiva: derecho al “pase” exonerado 302- Panorama actual del cumplimiento de la Ley Nº 7936 333- Conclusiones: eficacia de la Ley Nº 7936 o ineficacia del Estado 37Vivir sin agua: una premisa imposible y un destino que todavía podemos evitar 39Introducción 391- La transparencia, la equidad y la inclusividad en la gestión del recurso hídrico 402- Acceso al agua: un derecho humano insatisfecho, inefectivo e ineficiente 413- Participación ciudadana y rendición de cuentas 424- Algunas conclusiones 43“Ya que entregué toda mi fuerza, pronto viene mi pensión”: el Buen Gobierno, la Justiciay la semántica del pronto 45Presentación 45Marco jurídico del derecho humano a la pensión 46Dirección Nacional de Pensiones: un ejemplo de ineficiencia reiterada 48Situación Actual de la DNP 51Caso específico ASPHAL 54Reflexiones 57Un transporte público anacrónico: la deuda eterna del Estado… 591- Más de una década de poca efectividad y eficiencia 602- El Consejo de Transporte Público hoy: Insuficiente, ineficiente e ineficaz 633- Plan Operativo Anual exitoso, sistema de financiamiento exitoso, ¿por qué persisten las faltasde servicio en el Consejo de Transporte Público? 644- Superávit del Consejo de Transporte Público 655- Modernización del transporte: en busca de equidad e inclusión 676- Rutas intersectoriales: finalmente, un avance 697- Calidad del servicio: ¿se saldará la deuda? 69


Defensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008Indice General8- Renovación de concesiones en el transporte público. Una evaluación de escritorio 709- Transporte público y Buen Gobierno: todavía mucho por hacer 72Gobernabilidad a favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: el sistemanacional de protección integral 73Introducción 73Gobernabilidad a favor de los niños, niñas y adolescentes: visiones frescas de un nuevo paradigma 74Sistema Nacional de Protección Integral de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia:una conformación necesaria 77Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia: comentarios sobre sufuncionamiento 78Sistema Nacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia 84Conclusiones y recomendaciones 85Cuidados Paliativos: Un Derecho Humano… 89Breve reseña histórica 89Referencia histórica de los Cuidados Paliativos en Costa Rica 89Cuidados Paliativos: un derecho humano en necesidad de tutela y protección 91Derecho humano al disfrute de un sistema de atención integral en cuidados paliativos: una misiónde constante tutela de la Defensoría de los Habitantes 94Construyamos capacidades para el Buen Gobierno: propuesta educativa de la Defensoríade los Habitantes 99La función educativa en la protección de los derechos humanos y en la realización de lasresponsabilidades sociales 99Educar para el Buen Gobierno 101Capítulo IILa Defensa y Promoción de los Derechos de los y las Habitantes en el día a día:informe de gestiónDirección de Admisibilidad y Atención Inmediata 107I- Ámbito de competencia de la Dirección 1071- ¿Por qué la Dirección de Admisibilidad es la cara de la Defensoría? 1072- Registro de denuncias: solicitudes de intervención 1093- ¿Cómo determinan los/as profesionales de la Dirección qué es admisible y qué no lo es? 109


Indice GeneralDefensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008a. Control público 110b. La Defensoría no puede sustituir a otras instituciones públicas 1104- Comportamiento de las denuncias durante el año 2007 111a. Total de denuncias recibidas: por provincia y por oficina receptora 111b. Medio de recepción 112c.Género de la persona 112d. Primer filtro: denuncias por sector 113e. Segundo filtro: denuncias del sector público inadmisibles 113f.¿Qué sucede con el resto de solicitudes de intervención? 114II- Gestiones que no pueden esperar: atenciones inmediata 115a.b.c.d.e.¿No hay camas en el hospital? 115¿Y el agua? 116“¿Por qué no se proporciona la atención médica a mi hija? 116“Sólo pido tiempo …” 117Agilizando la atención médica 117III- Otras formas de velar por el respeto de los Derechos Humanos 1181- Difusión de los derechos de las y los habitantes 118a. Primer aniversario de la Revista Digital: De la mano con usted 118b. Celebración del Día Internacional de los Derechos Humanos 1202- Capacitación y actualización para las/os funcionarios profesionales de la Dirección 122a. Capacitaciones sobre temas diversos, brindadas en la sede central de la Defensoría de losHabitantes 122b. Capacitaciones sobre el Código Contencioso Administrativo 123IV- Reflexión final: la Dirección de Admisibilidad a 15 años de experiencia institucional 123Más cerca de las Comunidades: La Regionalización en la defensa de los derechoshumanos 1251- Una firme convicción: la Administración es para las y los habitantes 1252- La Regionalización como una constante en el accionar de la Defensoría: iniciativas queanteceden la creación de las Sedes Regionales 126a. Foros de Consulta Pública 126


Defensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008Indice Generalb. Defensoría Itinerante 126c. Programa para Unidades Móviles de Divulgación y Promoción 126d. Promoción, fortalecimiento y sostenibilidad de las capacidades locales para la protección dederechos humanos en la comunidad de Upala 126e. Proyecto “Casa del Habitante”: Sede Liberia 127f. Plan de fortalecimiento de la regionalización 1273- Administración Actual: continuando la regionalización con una nueva perspectiva 127Sede Regional Pacífico Central 129I. Introducción 129II. Casos relevantes 131III. Otras formas de intervención 136IV. Conclusiones y desafíos 138V. Estadísticas 138Sede Regional del Sur 141I. Introducción 141II. Casos relevantes 145III. Otras formas de intervención 148IV. Conclusiones y desafíos 151V. Estadísticas 153Sede Regional Atlántica 155I. Introducción 155II. Casos relevantes 155III. Otras formas de intervención 157IV. Conclusiones y desafíos 157V. Estadísticas 158Sede Regional Brunca 159I. Introducción 159II. Casos relevantes 159III. Otras formas de intervención 162


Indice GeneralDefensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008IV. Conclusiones y desafíos 164V. Estadísticas 164Sede Regional Chorotega 165I. Introducción 165II. Casos relevantes 165III. Otras formas de intervención 168IV. Conclusiones y desafíos 168V. Estadísticas 169Sede Regional Norte 171I. Introducción 171II. Casos relevantes 172III. Otras formas de intervención 173IV. Conclusiones y desafíos 176V. Estadísticas 177Defensoría de la Mujer 179Introducción 179I- Quince años de abordaje en temas estratégicos: una sistematización 1801- Pensiones Alimentarias: Un diagnóstico continuado de 15 años 1802- Hostigamiento Sexual: Pendiente la aprobación de reformas legales 1833- Mujeres privadas de libertad: presas y discriminadas 1844- El ámbito laboral de las mujeres: espacio de desigualdad y discriminación 187II- Protección de los Derechos de las Mujeres: 2007-2008 1891- Ámbito de la Salud: derecho de las mujeres a gozar de atención médica en condiciones deigualdad y sin discriminación 1892- Poblaciones específicas 1923- Femicidio: un tema de seguridad ciudadana y de seguimiento a la Ley de Penalización 1984- El mecanismo nacional de la Política de Igualdad de Género: Seguimiento de la política al INAMU 1995- Participación política de las mujeres: avancemos hacia la paridad 202III. Otras formas de intervención 203


Defensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008Indice General1- Espacios interinstitucionales en los que participa la Defensoría 2032- Otras actividades 204IV- Conclusiones 204Dirección de Protección Especial 207I-Personas Adultas Mayores 2071- Dilación para certificar la condición de “persona adulta mayor sola” para poder optar por un bonode vivienda 2072- Insuficiencia de recursos materiales y humanos para la solución definitiva de las solicitudes depensión del RNC 2083- Operación clandestina y condiciones de precariedad: algunos establecimientos para personasadultas mayores (hogares y albergues) 209II-Personas con Discapacidad 2101- El reiterado incumplimiento del CTP: ¿y los requerimientos de accesibilidad en el Manualde Revisión Técnica? 2112- Consejo Nacional de Rehabilitación: Debe fortalecer su función fiscalizadora 2123- Falta de acceso al espacio físico en las instituciones públicas 2124- Atención hospitalaria a personas con parálisis cerebral profunda 2135- Falta de adecuaciones curriculares 213III-Personas Indígenas 2141- Migraciones indígenas laborales 2142- Acceso a los servicios públicos en las comunidades indígenas 2153- Hito histórico en protección de derechos: la Declaración Universal de Derechos de los PueblosIndígenas 215IV-Personas Migrantes y Refugiadas 2161- Quejas relevantes del período 2162- Centro de Detención para Personas Extranjeras 2173- Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiada 219V-Personas Privadas de Libertad 2191- La calidad de la alimentación en Centros Penitenciarios: Un diagnóstico profesional 2202- Atención Médica de la Población Privada de Libertad 2213- Flotilla vehicular: Centro de Atención Institucional La Reforma 221


Indice GeneralDefensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-20084- Requisas arbitrarias 2225- Medidas cautelares arbitrarias (violaciones al debido proceso) 2226- Condiciones laborales de la Policía Penitenciaria 223VI- Personas en Situaciones de Pobreza e Indigencia 2231- Indefinición Institucional: atención de la población en Situación de Indigencia 2232- Seguimiento al Proceso de Ordenamiento y Titulación del Asentamiento La Carpio 224VII-Administración de Justicia 224VIII- Seguridad Policial 2241- Reducción de la Seguridad Humana ante el “boom” de la Seguridad Ciudadana 2242- Violaciones Policiales: contra la libertad e integridad humanas 2253- Falta de policías en la comunidades 2254- Estabilidad laboral y condiciones de la Policía 2255- Participación de las Empresas de Seguridad Privada en la Actividad Policial y Regularizaciónde las Armas de Fuego 226IX-Unas palabras más 227Dirección de Calidad de Vida 229Ámbito de competencia 229I- Sobre el Derecho Humano a la Salud 2301- Hospital Monseñor Sanabria: Un Centro de Salud en Permanente Necesidad! 2302- Desabastecimiento de medicamentos en la CCSS: desaciertos que afectan el desarrollodel Buen Gobierno 2323- Seguimiento a las Políticas Públicas sobre el Control de Plaguicidas 2364- Control de la publicidad del tabaco: el acceso de las personas menores de edad 2375- Declaratoria de Inconstitucionalidad de Ley de Creación del Instituto contra el Cáncer:Seguimiento Institucional 2416- Contaminación sónica en Cartago 2437- Sistemas de Emergencia 9-1-1: Una decisión en perjuicio de la Salud Pública y el Buen Gobierno 243II- Sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente Sano 2461-Incendio de empresa de productos peligrosos en Moín: Impacto Ambiental y Social 246


Defensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008Indice General2- El derecho a un medio ambiente sano, la salud y el bienestar comunal: una decisiónde Buen Gobierno 2533- Una Experiencia poco efectiva de co-manejo de áreas protegidas 2574- Actividades de Alto Riesgo en medio ambiente y salud: Funcionamiento de estaciones expendedoras decombustibles 259IV- El Derecho Humano a una Vivienda Digna 2621- Introducción 2622- Urbanización Santa Isabel Arriba en Cañas Guanacaste 264V- Participación en Comisiones 2661. Comité de Patrimonio Histórico y Arquitectónico 2662. Comisión de Emisiones Atmosféricas 2673. Comisión plan de monitoreo y evaluación de la respuesta nacional al VIH y sida en Costa Rica:2007-2010 2674. Comisión del comité nacional de coordinación de la iniciativa mesoamericana en derechoshumanos y VIH 2675. Participación en la Comisión de Medicamentos Falsificados 268VI- Otras formas de intervención 2681. Reforma de la Ley General de VIH/SIDA 2682. Justificación de la reforma a la Ley 2693. Objetivos de la Reforma 2694. Contenidos de la propuesta 2695. Actividades realizadas durante el período 2007-2008 2706. Proyecto donación de sangre 270VII- A manera de conclusión 270Dirección de Control de Gestión 273I- Ámbito de competencia 273II- Casos Representativos del Período 2741- Fraudes Bancarios: Fraudes que defraudan 2742- Planificación Urbana en el Cantón de Escazú: Necesaria Transición hacia un ordenamientoterritorial más justo 2773- Construir aceras, es devolverles las ciudades a las personas 280


Indice GeneralDefensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-20084- El Buen Gobierno, un derecho fundamental que históricamente se lesiona en el Ministeriode Educación Pública 2825- El Derecho de Petición y respuesta del habitante: pilar del Derecho Humano al Buen Gobierno 2846- Proceso de Recepción de Urbanizaciones de Interés Social de San José 286III Seguimiento a Casos Presentados en Informe Anual 2006-2007 2881. Proceso de apertura de los muelles de Limón: proyectos de Gobierno para la provincia de Limón 2882. Estructuras organizacionales de urgente intervención; el caso del INVU 2923. Islas del Golfo de Nicoya: una problemática aún desatendida 2944. El instituto de Desarrollo Agrario: una necesidad que prevalece 2955. La Red Vial Cantonal y los recursos provenientes de la Ley No. 8114 298VI- Casos exitosos a partir de la intervención de la Defensoría 3001. Ejecución eficiente de Proyecto de Desfogue de Aguas Pluviales 3002. Una rectificación oportuna 3003. Retención del pago de la pensión a una persona adulta mayor 3014. Justicia ante ineficiencia bancaria 3025. Equidad ante situación de persona adulta mayor 3036. ¿Podemos pasar? 3037. Alamedas: una responsabilidad de todos 304V- Capacitaciones brindadas en el 2007 305VI- Reflexión 306Dirección de Asuntos Económicos 309I- Trascendiendo la Ilegalidad: Nuestras Investigaciones 3091. Crisis de BN Vivienda Real en Unidades de Desarrollo del Banco Nacional de Costa Rica:Amenaza a la equidad y al derecho a la vivienda 3092. Indefensión: los errores de la ARESEP 3113- ARESEP y el programa de aseguramiento de la calidad del combustible (PACC) 3124- Reestructuración del CNP: ¿Y el apoyo técnico a los agricultores nacionales? 3145- Reestructuración de la Fábrica Nacional de Licores: Nulidad, Vicios en el Motivoy Falta de Transparencia 3166- Recurso de Amparo: eliminación de rutas de Transporte de Estudiantes 318


Defensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008Indice GeneralII.- Audiencias Públicas Tarifarias: La Defensoría vela por el derecho de las personas usuariasal Buen Gobierno en las decisiones sobre tarifas 3201- Metodología de ajuste extraordinario de combustibles 3202- Metodología extraordinaria para ajustar las tarifas del servicio de electricidad merced a lasvariaciones en el gasto en consumo de combustibles 3213- Modelo de fijación tarifaria para la compra y venta de energía eléctrica de fuentes renovablesen el sistema nacional interconectado. 3224- Tarifas del Sector Electricidad del ICE 3225- Tarifas del servicio de acueducto del Instituto Costarricense de Acueducto y Alcantarillado (ICAA) 3236- Tarifas de transporte de combustibles negros 3247-Tarifas de alcantarillado sanitario de la Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH) 3248- Fijaciones generales de tarifas de autobuses 3269- Tarifas de Rutas Intersectoriales 32810- Audiencias Individuales de tarifas de autobuses 32911- Solicitud de Tarifas para el Servicio de Información 113 33012- Tarifa para el servicio celular prepago 33113- Incremento en el margen de comercialización para el expendio de combustibles en estacionesde servicio 332Dirección de Niñez y Adolescencia 333I- Ámbito de Competencia 333II- Violaciones recurrentes de los derechos humanos de la Niñez y la Adolescencia 3341- Derecho a la Educación 3342- Derecho a la Salud en un país pequeño con grandes desigualdades: la desnutrición infantil es unproblema de todos/as 3503- Niños, Niñas y Adolescentes: la cárcel de las drogas y el alcohol 3524- La Protección Especial de los Niños, Niñas y Adolescentes: el PANI 3585- Derecho de acceso a la Justicia: personas adolescentes y el sistema de Justicia penal Juvenil 3616- El derecho a la Protección de la Imagen de los Niños, Niñas y Adolescentes: una extensión de suderecho a la intimidad personal 3677- La Adopción: el derecho a tener una familia idónea 368III- Otras Formas de Intervención 3741. Acciones jurisdiccionales 374


Indice GeneralDefensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-20082. Comisiones, foros y otros espacios de participación de la Dirección de Niñez y Adolescencia 374a. Foro Permanente de Seguimiento al Cumplimiento del Código de la Niñez y la Adolescencia 374b. Coalición contra la Trata de Personas Menores de Edad 375c. Comisión Nacional de Nutrición 375IV- Coordinaciones Internacionales 3751. Consejo Centroamericano de Procuradores de Derechos Humanos (CCPDH) 3752. Federación Iberoamericana del Ombudsman (FIO) 376Dirección de Promoción y Divulgación 381I- Educación en derechos humanos para niños/as en edad escolar 3811- Antecedentes 3862- Situación encontrada 3863- Indicadores sugeridos 3864- Propuestas de abordaje 387II- Procesos de Capacitación en Instituciones Públicas y en comunidades nacionales 390III- Actividades de Promoción y Divulgación en Derechos Humanos 395Capítulo IIIOtras Formas de Intervención en defensa y promoción de los y las habitantesDirección de Asuntos Jurídicos 403I- Recursos de Habeas Corpus interpuestos por la DHR en favor de los habitantes 403II- Citaciones de Funcionarios Públicos 404III- Recursos de Amparo interpuestos en contra de la DHR 407IV- Acciones de Inconstitucionalidad presentadas por la DHR 413V- Reclamos administrativos presentados a favor de los habitantes 413VI- Contratación Administrativa 414VII- Convenios Interinstitucionales 415VIII- Denuncia interpuesta ante el Ministerio Público del Cantón de Aguirre. Puntarenas 416La Defensoría de los Habitantes como Mecanismo Nacional de la Prevención de laTortura 417


Defensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008Indice GeneralEl Referéndum 421Relaciones Interinstitucionales 425I- Relaciones con la Asamblea Legislativa 425II- Relaciones con el Poder Judicial 439III- Relación con el Programa Estado de la Nación 440IV- Relación con el Consejo Social de San José 440V- Comisiones Internas 440Asuntos Internacionales 443La importancia del posicionamiento y la proyección internacional 443Dinámica de Trabajo con proyección internacional 445Proyectos a futuro: apuesta por la formación y la educación en DH 447Capítulo IVGestión Administrativa InstitucionalDirección Administrativa 445Dirección de Planificación Institucional 4551. El Buen Gobierno: hacia una cultura de calidad y eficacia en la atención de las y los habitantes 4552. Compromiso con la rendición de cuentas y una gestión de oportunidad: pilares del Buen Gobierno 4563. La construcción del Buen Gobierno: un trayecto que se recorre día a día 458Estadísticas 2007-2008. Aspectos metodológicos 461Contraloría de Servicios 4731. Las Contralorías de Servicio y la Defensoría de los Habitantes 4732. La Contraloría de Servicio de la Defensoría de los Habitantes 4743. Otras actividades realizadas 4764. Algunos cambios importantes que inciden en la mejora de la prestación de los servicios de lainstitución 4795. Retos 480*******


Tercer Observatorio de Derechos Humanos:los 15 años de la Defensoría de los HabitantesLa Defensoría de los Habitantes es una instituciónque inició sus labores hace quince años, tiempo quepermite hoy hacer un análisis general sobre progresosy regresiones en cuanto a la situación de los derechosde las y los habitantes y la labor que esta instituciónha desempeñado. Cada uno de los días, en los laslabores de defensa y promoción de derechos hansido desarrolladas, la Defensoría se ha enfocado conahínco a la protección y resguardo de los derechos delas y los habitantes de este país, sin distingo de clase,condición, edad o género.Hace dos años, en el Informe Anual de Labores, seindicó que era el momento de ver hacia adentro de lainstitución y de iniciar un proceso de reflexión que nosayudase a plantear con mayor asertividad el caminoque esta institución debía seguir luego de casi catorceaños dentro de la institucionalidad costarricense.El 15 aniversario del inicio de labores de la Defensoríade los Habitantes ha llegado. Durante todo este tiempo,la institución ha denunciado violaciones a losDerechos Humanos; algunas de muy serias y otrasno tanto, pero siempre válidas; y en muchos casoscontinuas y reiteradas a lo largo del tiempo. El objetivosiempre presente, ha sido el resguardo de las ylos habitantes, el cumplimiento y ejercicio efectivo desus derechos fundamentales y su bienestar, dentro delos parámetros de la Justicia, la legalidad y el BuenGobierno.Ahora bien, lograr este bienestar no es sólo tarea dela Defensoría. El Estado debe garantizar condicionesque permitan avanzar gradual y constantemente haciala plena realización de los derechos humanos de sushabitantes. Es quien debe impedir a toda costa el retrocesoen su eficacia, efectividad y garantía. Desdela perspectiva de los derechos humanos, cuando mejorael nivel de desarrollo social, económico, políticoy cultural de un país, en condiciones inclusivas y deequidad, necesariamente se generará que las personasvean realizados sus derechos y que tengan unamejor calidad de vida.Pero la responsabilidad no es solo del Estado, buenaparte de ella corre por cuenta de las y los habitantes,quienes tienen el deber de defender y proteger susderechos. Se trata de un ejercicio de exigibilidad quetiene muchos matices y que entendemos como: el derechode acceso a la información, a la salud, a la educacióny a los servicios públicos, entre muchos otros.Es importante que las y los habitantes, conozcan y recuerdenque las y los funcionarios públicos son depositariosdel poder, al cual han podido acceder graciasal mandato del pueblo y con el fin de que satisfagannecesidades, cumplan con su deber y respeten susderechos tanto individuales como colectivos. Porquees cierto, tal y como lo dice la expresión, “servidorespúblicos”; al servicio del público; es decir, de las y loshabitantes.El ejercicio de este poder no debe hacerse de unamanera irresponsable, ni dentro de los parámetros deun “secretismo” donde el Estado únicamente informesobre aquello que le conviene. Es necesario que todoacto público se enmarque dentro de los principios deceleridad, eficiencia, eficacia y transparencia.Es bajo la perspectiva del Buen Gobierno y sus principios,que este año reseñamos en el presente informetemas muy variados y que responden a situaciones recurrentesque la institución ha conocido. Por ejemplo,la Oficina de Admisibilidad y Defensa Inmediata, exponeel tema de la omisión de respuesta por parte delas instituciones gubernamentales, respecto de las peticionesrealizadas por los y las habitantes. Este temapodría considerarse de carácter administrativo; sinembargo, se muestra cómo la vulneración al derechode petición y respuesta puede afectar a una personaen su derecho a la salud o en su acceso a servicios públicostan importantes como el agua y la electricidad. Yes que la Defensoría durante toda su vida institucional,ha propiciado que las instituciones públicas respondanefectiva y rápidamente a las solicitudes de los ylas habitantes, de manera que la satisfacción de lasnecesidades de las personas sean el norte y la verdaderarazón de ser de estas oficinas, pues en realidad,no fueron creadas para otros fines.


PresentaciónDefensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008Por su parte, la Defensoría de la Mujer, desarrolla eltema de la reproducción biológica y la responsabilidadque deben asumir los hombres en el cuido y formaciónde los hijos e hijas, la cual inicia desde el momento dela concepción. Aquí se exponen los problemas a losque se enfrentan las mujeres que han logrado, conmucho esfuerzo, posicionarse en el mercado laboralpero que tienen que cumplir con dos y hasta tres jornadaspara además cumplir con las tareas del hogar y elcuido de los hijos/as, sin que su pareja comparta esasresponsabilidades por entero. También se exponen loscasos en los cuales una mujer es agredida, no necesariamentede forma física, sino psicológica, con el fin deque abandone la actividad laboral para que se hagacargo de las tareas del hogar y el cuido de los hijos/as,con lo que acaban sus aspiraciones de desarrollarseintegralmente como persona.Por otro lado, el Área de Protección Especial se refiereal “calvario” que enfrentan las personas adultasmayores con los problemas en la implementación delos tiquetes o pasajes, que se les otorgan en condiciónpreferencial para hacer uso del servicio de transportepúblico, a este sector de la población costarricense.Es entonces que se conoce acerca de las largas filasque las personas de este grupo etáreo tienen que hacerpara que se les entreguen los tiquetes y de los despreciosque reciben por parte de los conductores delos autobuses, a quienes de paso, se les ha olvidado–entre otras cosas- que un día envejecerán y que setrata de un asunto de derechos y no de favores. Y otraserie de acciones discriminatorias que también atentande manera importante, contra un grupo social enincremento, ya que se ha determinado que en pocosaños la población costarricense estará compuesta poruna gran cantidad de personas adultas mayores.En cuanto al Área de Calidad de Vida, se hace un recuentode la situación que se está viviendo en relacióncon la protección y conservación del recurso hídrico,el cual está escaseando cada vez más en el mundoentero, condición de la cual no escapa nuestro país.Se exponen no sólo las amenazas que enfrenta esterecurso con la contaminación y el acelerado desarrolloconstructivo en ciertas zonas, donde el agua espoco abundante. Además, se rescata la intervencióny el desempeño que esta Defensoría ha tenido enla tramitación de la Ley del Recurso Hídrico, ante laAsamblea Legislativa. Esta institución ha reiterado endistintas ocasiones, la responsabilidad que en formaparticular recae sobre el Estado y que asiste a todoslos seres humanos, en la conservación del planeta yen la recuperación de todos y cada uno de los recursosnaturales renovables, los cuales, han sufrido durantedécadas la explotación humana y el abuso de podersobre ellos.El Área de Control de Gestión Administrativa, se refiereal tema de las pensiones del Régimen Contributivoy no Contributivo y cómo la Dirección Nacional dePensiones reiteradamente ha retrasado el ordenar yactualizar los expedientes de las personas solicitantes,con lo que ha hecho que existan habitantes que hanesperado hasta 24 años para que les otorguen la pensióna la que tienen derecho. Nuevamente se observacómo el sector público, omite la implementación de losprincipios del Buen Gobierno en el desarrollo de susactividades y cómo ello puede afectar a las personasque han dedicado su vida y sus esfuerzos a cumplircon sus responsabilidades, para luego verse defraudadasen su expectativa de poder contar con un ingresoeconómico que les permita gozar de una calidad devida adecuada y tranquila durante su vejez.En el Área de Asuntos Económicos, se retoma el temadel transporte público, pero desde la óptica de la fijaciónde tarifas, así como del retraso del Consejo deTransporte Público en la evaluación de las empresasque prestan este servicio. Además, se expone el tipode trámite que se da a las quejas presentadas por las ylos usuarios. Este tema ha sido de gran preocupaciónpara la Defensoría de los Habitantes, ya que la dilaciónen la actuación por parte del Consejo de TransportePúblico en esta materia, ha permitido que la sociedadcostarricense no sólo se vea obligada a usar unidadesde transporte público que no cumplen con las condicionesbásicas para brindar el servicio de manera seguray eficiente; sino que además se han implementadométodos de fijación de tarifas que no responden oportunamentea las necesidades de las empresas transportistas,de manera que los y las habitantes paganpor un servicio de transporte irregular, inconstante,inseguro y en muchas ocasiones, bastante oneroso.En cuanto al Área que se encarga de la protección delos Derechos de la Niñez y la Adolescencia, es el temadel Sistema Nacional de Protección Integral de laspersonas menores de edad el que se expone, ademásde las dificultades que se han presentado en el nivelpráctico para que se cumpla con lo establecido en elCódigo de la Niñez y la Adolescencia; todo esto a diezaños de su promulgación. La falta de políticas públicasen relación con las niñas, niños y adolescentes conun enfoque de derecho, es uno de los puntos que sesubrayan como reflejo de un modelo de gobernabilidadno inclusivo de esta población. Evidencia la invisibilizaciónde los niños, niñas y adolescentes y denuncia queeste ha sido el modelo de desarrollo del país, colocandoen clara desigualdad a la población de personasmenores de edad.Aunado a lo anterior, en este informe se establece elinterés de la Defensoría de los Habitantes por posicionarcomo derecho humano, el derecho a que las


Defensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008Presentaciónpersonas que padecen de enfermedades terminalesreciban todos los cuidados paliativos que requieran,con el fin de que, junto con sus familias –que tambiéngozan del derecho a recibir toda la ayuda y terapianecesaria-, puedan enfrentar de manera pacífica ytranquila el momento al que todo ser humano llega asu debido tiempo, el de la muerte.Ahora bien, en este informe no sólo se presentanasuntos que son de reiterado conocimiento y sobrelos que pesan fallos estructurales del sistema, sinoque también se analizan temáticas nuevas tales comolo referente a los fraudes electrónicos o aquellos quese realizan en las llamadas “bancas electrónicas” pormedio de Internet, o la relativa a la suspensión de lainformación al Cuerpo de Bomberos por parte del 911.También se hace referencia a los problemas y maltratosque enfrentan las personas indígenas, quienes seven obligadas a migrar por razones laborales; además,el caso de los préstamos otorgados por la banca nacionalque son cancelados utilizando las denominadasunidades de desarrollo, con el consiguiente daño paraaquellos y aquellas habitantes que no pueden hacerfrente a esta forma de pago y que debido a ello, seencuentran en peligro de perder sus viviendas.En relación con el Área de Promoción y Divulgación,este informe destaca los diversos proyectos que sehan llevado a cabo y los que se planean implementarcon el fin de lograr una Educación en DerechosHumanos, elemento básico en el desarrollo de unEstado que promulgue el Buen Gobierno; ya que lapoblación que ha sido informada y educada respectoal ejercicio y protección de sus derechos, tiene lacapacidad de participar de forma activa e integral enel desarrollo de estrategias que permitan el fortalecimientode esos derechos y obligaciones.Estas acciones en procura de la Educación enDerechos Humanos, están dirigidas a distintos estratosde la población, pero principalmente a las niñas,niños, adolescentes y jóvenes; por medio de diversasmetodologías pedagógicas lúdicas y artísticas. Al respecto,se llevó a cabo un proyecto de promoción dederechos humanos diseñado para escolares a partirdel teatro, los títeres y el mimo, el cual contó con elauspicio de la Embajada de Suiza. En el mes de juniode este año, está dando inicio un proyecto binacional(Costa Rica-Guatemala), patrocinado por la cooperaciónnoruega consistente en la puesta en escena dedos obras de teatro del dramaturgo Henrik Ibsen.Además, en el presente informe, se brinda una detalladaexplicación sobre el proceso de regionalizaciónque la Defensoría ha desarrollado con el fin de llegar aaquellas personas y comunidades que por distanciasgeográficas o recursos limitados, no pueden acercarsea las oficinas centrales para presentar sus denuncias.Este aspecto de las labores de las Defensoría es fundamental,en el entendido de que no solo se recibendenuncias, sino que las y los funcionarios que laboranen ellas, se integran y forman parte de la comunidad,introduciendo en ella elementos de educación en elejercicio y protección de los Derechos Humanos, ademásde que establecen enlaces que les permiten, demanera eficiente y eficaz, resolver los problemas queplantean los y las habitantes de dichas comunidades ymantenerse en contacto directo con las necesidades yaspiraciones de sus pobladores.Es por ello que se enuncia el trabajo de SedesRegionales como la Chorotega, la Regional Norte,Pérez Zeledón y Limón, las cuales tienen más tiempode operar y que ya se han posicionado dentro de lascomunidades a las que les brindan servicios; y el inicioen sus labores de oficinas como las recién abiertasen la zona de Puntarenas y Ciudad Neilly, región quetiene gran cantidad de necesidades y que hasta el momento,no habían sido satisfechas con la presencia deuna oficina regional de esta institución.En cuanto a la gestión institucional, debe señalarseque la dinámica de trabajo se encuentra marcada predominantementepor el ritmo de la demanda de los ylas habitantes, la cual, por su propia naturaleza, no esestructurada. Esto lleva a un nivel de dificultad significativoen el proceso de planificación, particularmenteen lo que atañe a la previsión del comportamiento delos casos, en cuanto a número, temática y grado deurgencia de la intervención, lo cual está definido por laafectación a los derechos humanos que se invoque.Precisamente, por la necesidad de ofrecer a los y lashabitantes una respuesta inmediata y conforme con lagravedad de la situación, es que el ritmo de trabajo institucionales muy acelerado, lo que obliga a un esfuerzoredoblado por atender la demanda cotidiana, sindejar pasar las oportunidades de intervención sistemáticas,integrales y estructurales, que se encuentran enla base de muchos de los asuntos que son conocidospor la Defensoría de los Habitantes.Luego de quince años insertos en una dinámica de talnaturaleza, se impone la necesidad de adoptar medidaspara mitigar el desgaste institucional que se producey, en su lugar, generar nuevas estrategias que,no sólo hagan sostenibles las acciones institucionales,sino que además potencien y estimulen la generaciónde nuevas estrategias con mayor incidencia en lasatisfacción de los derechos e intereses de los y lashabitantes ante los retos contemporáneos.En ese sentido, los esfuerzos que se están desarrollandoen cuanto a la revisión de los procesos y


PresentaciónDefensoría de los Habitantes / Informe Anual de Labores 2007-2008procedimientos de trabajo, la reducción de los tiemposde respuesta, el fortalecimiento de la cultura deplanificación y control interno, entre otras, pretendenmantener y fortalecer la credibilidad que la poblaciónha depositado en esta institución desde la atención delcaso concreto como desde las causas estructurales delas violaciones más recurrentes a sus derechos.Finalmente, es el sentir de esta Defensoría queen cuanto al respeto y protección a los DerechosHumanos se ha avanzado, sin embargo y según lodemuestran las múltiples quejas que se reciben en lainstitución diariamente, queda mucho camino por recorrerpara lograr una sociedad inclusiva y respetuosade los derechos de las y los habitantes. Es un caminoagreste, pero la Defensoría, que es la institución detodas y todos, lo seguirá allanando día a día.San José, 6 de junio de 2008.Ciudadana Lisbeth Quesada TristánDefensora de los HabitantesDaniel Soley GutiérrezDefensor Adjunto de los Habitantes


CAPITULO IEl camino hacia el Buen Gobierno:un trillo empedrado de todos los días ...


REFLEXIÓN INICIALDe la legalidad a la justicia en el marcodel Buen Gobierno.“Una concepción de la democracia debe, en efectocombinar libertad e igualdad, lo cual debe distinguirtres dimensiones de la democracia: el respeto a losderechos fundamentales, que es inseparable de lalibertad; la ciudadanía y la representatividad, lo que ensuma significa el mayor bienestar de los pueblos”Alain Touraine, 1994.Sin querer retroceder más en la historia de la humanidad,para buscar los fundamentos de la naturaleza yla dignidad humana (podríamos ir a épocas antiguas,por ejemplo); vale decir que después de la SegundaGuerra Mundial, se tiende a rescatar y a señalar conmayor fortaleza, como principios sagrados los motivosque provocaron en el pasado movilizaciones depersonas para las luchas: la defensa de los derechoshumanos, de la democracia, de la soberanía y la libertadde los pueblos, la erradicación de la esclavitud, laindependencia nacional, la defensa de la religión, delas tradiciones propias de los pueblos, etc.De tal forma, en documentos tales como la Declaraciónde los Derechos Humanos, de la Carta de NacionesUnidas, se indica con precisión y convencimientoque el ser humano, que ha sido tan menospreciadoy maltratado en su esencia más íntima por guerras,dictaduras, terroristas, drogas y todo cuanto puedaperjudicar su dignidad, posee derechos que deben serrespetados a toda costa y que le son propios, por elsolo hecho de existir. Tal afirmación, se extrae con claridadde los artículos 1 y 2 de la Declaración indicadaque dicen lo siguiente:“Artículo 1. Todos los seres humanos nacenlibres e iguales en dignidad y derechos y,dotados como están de razón y conciencia,deben comportarse fraternalmente los unoscon los otros.Artículo 2. 1. Toda persona tiene todos losderechos y libertades proclamados en estaDeclaración, sin distinción alguna de raza,color, sexo, idioma, religión, opinión políticao de cualquier otra índole, origen nacionalo social, posición económica, nacimiento ocualquier otra condición.”Asumiendo lo indicado, es claro que se debe tomaren cuenta que los derechos humanos han sido consagradospor un pacto mundial en el que entra casi latotalidad de las naciones y por ello, es un compromisoasumido al más alto nivel. Han sido consensuadosy pactados a nivel mundial. Reconocidos por estamayoría, sugieren que la dignidad humana es el fundamentobásico de esos derechos. De tal forma, demodo esquemático podríamos decir que luego estevalor primario o fundacional, se sitúan los derechosinherentes que son la libertad, la igualdad, la fraternidad,la justicia, la paz, etc.; todos coadyuvantes de laesencia mayor o principal, es decir, la dignidad, en lacual están implicados y que son reguladores de losdemás derechos.Dentro de ese contexto, se inscribe también la praxisdemocrática propia del Estado liberal (también conocidocomo estado social o de bienestar) consolidadoen la posguerra mundial; aunque ya existían experienciasal respecto en la socialdemocracia alemana yla escandinava, junto con la visión laborista británica,las cuales dieron cuerpo al modelo en los años 30 delsiglo XX, para luego transitar a su consolidación despuésde 1945. De tal forma, en términos generales,vale parafrasear un poco a Francis Fukuyama (1990),cuando dice que el Estado imperante en la actualidades liberal, pues se caracteriza porque reconoce y protegeel derecho de los seres humanos a la libertad,dentro de un sistema de normas y que es democráticoporque existe en razón del consentimiento de las ma-


yorías. Sin entrar en consideraciones epistemológicassobre los alcances o conceptos de democracia (de lacual existen demasiados); hay que decir que se caracterizaporque recata las libertades civiles (del modeloliberal) y propicia una intervención popular en la conducciónde los asuntos colectivos. Es decir, busca laconsolidación de los derechos humanos, en términosde un crecimiento económico que asegure los mayoresniveles de bienestar para toda la población sindistinción alguna y de ningún tipo entre las personas,potenciando el respeto de su dignidad innata. De talforma, la relación entre la democracia y los derechoshumanos es total e imprescindible.En esto consiste precisamente, lo que en tiempos actualesconocemos como Buen Gobierno, el cual paramuchos obedece al agotamiento y crisis del Estadotradicional, al que abruman hoy día los reclamos socialesde participación, la conformación de redes quetomen decisiones y el proceso de la globalización.Sobre la idea inicial, para Gerry Stoker (1998), porejemplo, el Buen Gobierno, consiste en “lograr que lascosas se hagan, aunque no por el poder del gobiernode emplear la autoridad, sino por emplear la capacidadde coordinación entre los interesados, la orientaciónpara conseguir los resultados y la integración y regulaciónpara evitar efectos secundarios no deseados y alcanzarcoordinación efectiva”. 1 Así, la idea estructuralsería que propicie el bien común y el fortalecimiento dela calidad de vida de todas las personas.Por otro lado, vale decir que para la Comisión deDerechos Humanos de las Naciones Unidas, el BuenGobierno se define como: “Democracia, respeto de losderechos humanos y libertades fundamentales, incluyendoel derecho al desarrollo, transparencia y rendiciónde cuentas en todos los sectores de la sociedad,así como una activa participación de la sociedad civil,son parte esencial para la realización del ser humanodentro de un concepto de desarrollo sostenible”. 2De tal forma, sin ahondar en la abundancia de consideracionesque existen en torno a la teoría del BuenGobierno, se evidencia que de un modo eminentementepragmático (aunque en principio conceptual), se tratade un elemento que ha sido incorporado como parteintegral de la temática de trabajo en la Defensoríade los Habitantes, desde sus inicios y a partir de lascompetencias que le otorga su ley de creación. De talforma, una de las consideraciones que se evidencia enel Informe Anual 2002-2003, por ejemplo, es precisa-1 Tomado de “la Función Pública y el Buen Gobierno”, ponenciarealizada por el Dr. José Alberto Bonifacio; 2006, rescatando elaporte de Gerry Stoker (1998), en un texto que se llama: El BuenGobierno como teoría: cinco propuestas”.2 Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.Resolución 1998/72.mente la de consolidar definitivamente la temática delBuen Gobierno en el quehacer institucional dotándolode una transversalidad que pueda permear toda nuestralabor en ese sentido y siempre desde la perspectivade los derechos humanos.De esta forma, el análisis de la institucionalidad costarricensedesde este enfoque, ha permitido enriquecery promover desde la Defensoría una gestión públicaque responda efectivamente a las necesidades delas personas. Al respecto, ya la Defensoría planteabaen Informes anteriores 3 la urgencia de que la actividadde la Administración Pública esté fundamentadaen parámetros de Buen Gobierno, entendido segúnseñalamos antes, como un Gobierno regido por lademocracia, el respeto de los derechos humanos y laslibertades fundamentales; donde la transparencia, lalegalidad, la rendición de cuentas, la responsabilidad,la participación de todos los sectores de la sociedad,la equidad y la inclusividad, se constituyan más que enprincipios orientadores, en parámetros de aplicacióncotidiana y transversal en toda la gestión pública.El deber de la Administración Pública, de lograr quesu accionar pase del cumplimiento efectivo de una legalidaddeterminada y estrechamente definida, a unajusticia abarcativa del cumplimiento efectivo de todoslos elementos de un Buen Gobierno, se ha constituidoen algunos casos en una aspiración aún difícil desatisfacer.Durante quince años, ha escuchado la Defensoría lavoz de las y los habitantes, quienes denuncian a diariocómo las instituciones se alejan del fin para el cualfueron creadas, o bien, cómo son cada vez menostomadas en cuenta las necesidades efectivas de laspersonas al momento de determinar políticas públicas;esas mismas que afectarán de alguna forma su vida.Estos requerimientos de mayor participación, transparencia,inclusividad, acceso a los servicios públicos,etc., formulados por las y los habitantes, han sido fielmentetrasladados a las instituciones públicas para suatención. En algunos casos, la respuesta institucionalha logrado satisfacer las necesidades planteadas porlas y los habitantes; otros no han corrido con tan buenasuerte y la respuesta ha sido un largo silencio, o bien,una acción inoportuna que cuando llega no logra yaatender la problemática inicialmente denunciada.Si bien es cierto, han existido importantes esfuerzosnormativos que procuran posicionar al habitante nuevamenteen el centro de la gestión pública, tales comola Ley de Simplificación de Trámites o, más recientementeel Código Procesal Contencioso Administrativo,los mismos no resultan suficientes si las instituciones3 Informe Anual de Labores 2002-2003, págs. 70 y ss.


se convierten en un fin en si mismo, donde el serhumano no sea el punto de partida y de llegada delaccionar público.Para la Defensoría de los Habitantes, esta transicióno transformación en algunos casos, hacia una gestiónpública integralmente justa, sea una gestión querespete a cabalidad los derechos humanos así comotodos los principios del Buen Gobierno, requiere el empujesuficiente y necesario para agilizar su paso. Paraello, conviene plantearse desde la perspectiva de las ylos habitantes, cuáles son las principales carencias dela institucionalidad costarricense que impiden cumplira cabalidad con cada uno de los objetivos por los cualeslas instituciones fueron creadas, sea la proteccióno promoción de algún derecho.Tomando en consideración la experiencia acumuladapor la Defensoría durante estos casi 15 años de trabajoen defensa de los derechos humanos, se consideraoportuno para el presente informe realizar un análisisde una serie de temáticas que han sido de reiteradoconocimiento por parte de la institución, mismas quesirven para poner en evidencia si la gestión de lasinstituciones involucradas en la atención de los temasa exponer han cumplido o no con la consecución deuna gestión pública justa para las y los habitantes, apartir de la satisfacción efectiva de las necesidadesplanteadas.Todos y cada uno de los temas corresponden a unaproblemática que, por la afectación negativa en losderechos de las personas, ha requerido por años, laintervención de la Defensoría de los Habitantes, en defensade las personas que, en la mayoría de los casosquedan en un estado de indefensión ante la inacción oel inadecuado proceder estatal.Se pretende entonces, desde la perspectiva del BuenGobierno, hacer un recorrido por cada una de esasproblemáticas, identificando cuáles son las principalesviolaciones en las que ha incurrido la AdministraciónPública y reseñando cuál ha sido la participación de laDefensoría, qué acciones correctivas se han propuestoy la respuesta del Estado a estas acciones.Es tiempo ya de devolver a las y los habitantes elpapel protagónico que deben tener en el accionar delEstado, de generar los espacios necesarios para quela voz del habitante sea escuchada, que sus necesidadessean satisfechas y que las y los funcionarios públicoshagamos honor a lo que estableció la Ley Generalde la Administración Pública, ser servidores de las ylos administrados.


¡Alguien que responda por favor!:súplica contra un silencio ilegal“(…) la reiterada violación al derecho de petición ypronta respuesta, mina la legitimidad de las institucionese incluso incide en la percepción delas y los habitantes sobre la capacidad de acción delEstado y esto no es más que el debilitamiento de lagobernabilidad democrática.”Dirección de Admisibilidad y Atención Inmediata, 2008Derecho de respuesta dentro del BuenGobierno1. El Derecho a la petición como parte integral delBuen Gobierno.Según los principios que sustentan el Derecho al BuenGobierno, es evidente que el derecho de las personasa la petición y oportuna respuesta por partede la Administración Pública, es un componentedel mismo. El derecho a la petición y pronta respuestaestá garantizado en las normas nacionales, implicala participación del habitante en la labor diaria de laadministración pública y exige que las y los funcionariospúblicos sean transparentes y respondan por susactos ante todas y todos los habitantes. Un gobiernoque responde de manera oportuna las peticiones detodas y todos, está respetando el principio de legalidad,el cual centra su gestión en la atención de laspersonas, es transparente en sus acciones y trabajaen la eficiencia y efectividad de sus gestiones… esun Buen Gobierno. Es decir, la respuesta no debe servista como un favor que la administración pública hacea las personas, sino como una obligación tajante quecuando no se cumple, cae en un silencio ilegal e injusto.Veamos, diversos factores que sustentan lo quehemos afirmado.a. Respeto al principio de legalidad y al principiode la participación.Como es ampliamente conocido, el artículo 11 de laConstitución Política establece que las y los funcionariospúblicos son depositarios de poder y solamentepueden hacer aquello que la ley les faculte; es decir,que el accionar de las y los funcionarios públicosestá sujeto a la aplicación y respeto del principio delegalidad. En tal sentido, se debe evaluar las accionesadministrativas y sentar las responsabilidades correspondientesen caso de la detección de incumplimientodel ordenamiento nacional.Específicamente, el artículo citado indica que:“Los funcionarios públicos son simples depositariosde la autoridad. Están obligados acumplir los deberes que la ley les impone y nopueden arrogarse facultades no concedidasen ella. Deben prestar juramento de observary cumplir esta Constitución y las leyes. […]La Administración Pública en sentido amplio,estará sometida a un procedimiento de evaluaciónde resultados y rendición de cuentas,con la consecuente responsabilidad personalpara los funcionarios en el cumplimiento desus deberes […]” (El destacado no es deloriginal)Asimismo, el artículo 11 de la Ley General de laAdministración Pública, enfatiza dicha sujeción a laLey, de la siguiente manera:“1. La Administración Pública actuará sometidaal ordenamiento jurídico y sólo podrárealizar aquellos actos o prestar aquellosservicios públicos que autorice dicho ordenamiento,según la escala jerárquica de susfuentes.2. Se considerará autorizado el acto reguladoexpresamente por norma escrita, al menos


8 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008en cuanto a motivo o contenido, aunque seaen forma imprecisa.”Partiendo de esta premisa, corresponde indicar queen el artículo 27 de la Constitución Política se instituyeel derecho de las y los habitantes a la peticióny pronta resolución por parte de la AdministraciónPública; es decir, se estipula que los miembros de laAdministración deben cumplir con tal mandato en lossiguientes términos:“Se garantiza la libertad de petición, en formaindividual o colectiva, ante cualquier funcionariopúblico o entidad oficial, y el derecho aobtener pronta resolución.”Respecto de esta obligación de la AdministraciónPública, el artículo 32 de la Ley de JurisdicciónConstitucional, establece el plazo de diez días hábilescomo el lapso considerado pronto y oportuno para darrespuesta a las peticiones de los recurrentes:“Cuando el amparo se refiera al derecho depetición y de obtener pronta resolución, establecidoen el artículo 27 de la ConstituciónPolítica, y no hubiere plazo señalado paracontestar, se entenderá que la violaciónse produce una vez transcurridos diezdías hábiles desde la fecha en que fuepresentada la solicitud en la oficina administrativa,sin perjuicio de que, en la decisióndel recurso, se aprecien las razones que seaduzcan para considerar insuficiente eseplazo, atendidas las circunstancias y la índoledel asunto.” (El destacado no es del original)Por otro lado, se debe destacar que la Ley deProtección al Ciudadano de Trámites Administrativosse fundamenta en el derecho de petición de información.Dicha Ley se compone por tres elementos fundamentalesen procura de la consecución del eficientefuncionamiento de la administración pública:a.) el principio de publicidad,b.) la obligatoriedad de brindar información detrámites yc.) el derecho a la petición y pronta respuesta.En este sentido, en el inciso e) del artículo 10 de la Leyse establece que la omisión de respuesta por parte deun funcionario público puede ser considerada comofalta grave:“Artículo 10 – Responsabilidad de laAdministración y el funcionarioEl administrado podrá exigir responsabilidadtanto a la Administración Pública como al funcionariopúblico por el incumplimiento de lasdisposiciones y los principios de esta Ley.[…]Para los efectos de responsabilidad personaldel funcionario público, se considerarán comofaltas graves los siguientes incumplimientosespecíficos de la presente Ley:[…] e) No resolver ni calificar dentro del plazoestablecido”Ahora bien; al recordar que en el artículo primero dela Ley de la Defensoría de los Habitantes se estableceque se debe velar porque el funcionamiento del sectorpúblico se ajuste no solo a la Constitución Política y lasleyes, sino además a los convenios, los tratados y lospactos suscritos por el Gobierno, resulta convenientedestacar algunas de las principales estipulacionesque comprende el Código Iberoamericano de BuenGobierno –firmado por Costa Rica el 23 de Juniode 2006 en Montevideo- en el tema del derecho depetición:“Los miembros del Poder Ejecutivo:26. Actuarán de acuerdo con los principiosde legalidad, eficacia, celeridad, equidad yeficiencia y vigilarán siempre la consecucióndel interés general y el cumplimiento de losobjetivos del Estado.27. Garantizarán que la gestión pública tengaun enfoque centrado en el ciudadano, enel que la tarea esencial sea mejorar continuamentela calidad de la información, laatención y los servicios prestados.28. Garantizarán el ejercicio del derechode los ciudadanos y de los pueblos a lainformación sobre el funcionamiento delos servicios públicos que tengan encomendados,con las especificaciones queestablezcan las leyes. […]34. Promoverán la creación, la mejora de lacalidad y el uso compartido de estadísticas,bases de datos, portales de gobierno enlínea y, en general, todo aquello que facilitela labor interna de sus empleados y el mejoracceso de la ciudadanía a la información ylos servicios públicos.” (El destacado no esdel original)Tales incisos enmarcan de manera muy adecuada loque debe ser una buena administración y el papel que


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes9la solicitud de la información ocupa dentro de un gobiernodemocrático. Como ha sido señalado anteriormente,dado que la administración debe estar al serviciode las personas, éstas pueden solicitar informacióny deben recibir respuestas oportunas que se ajustena la realidad y que se orienten al cumplimiento de suslabores y al respeto de los Derechos Humanos.Como se destaca en el artículo 41 de la Carta de losDerechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamadaen la cumbre de Niza de diciembre del año2000,“Toda persona tiene el derecho de que suspretensiones se manejen de forma imparcial,responsable y dentro de un plazo razonablepor parte de las instituciones…”b. Respeto al derecho de acceso a la informacióny principio de transparencia.Evidentemente, el derecho de petición se vincula conel derecho de acceso a la información y necesariamentese debe comprender como un derecho quedepende del respeto al principio de la transparenciaadministrativa. La garantía de acceso a informaciónfidedigna y en condiciones de igualdad para las y loshabitantes encuentra su fundamento en el artículo 30de la Constitución Política que establece lo siguiente:“Se garantiza el libre acceso a los departamentosadministrativos con propósitos de informaciónsobre asuntos de interés público.”Sobre el particular, la Sala Constitucional de la CorteSuprema de Justicia indicó, mediante el voto n.° 561-94, que esa:“… normativa tiene como fundamento el interésde la comunidad de conocer la actividaddel funcionario público, así como su buen omal desempeño en el ejercicio del cargo ylas informaciones que siendo de interés públicose hallen en oficinas o departamentosadministrativos.”Más recientemente, en el voto n.° 2120-03 del 14 demarzo de 2003 la misma Sala afirmó que:“El derecho de acceso a la información administrativaes un mecanismo de control enmanos de los administrados, puesto que, lepermite a éstos, ejercer un control óptimo dela legalidad y de la oportunidad, convenienciao mérito y, en general, de la eficacia y eficienciade la función administrativa desplegadapor los diversos entes públicos. Las administracionespúblicas eficientes y eficaces sonaquellas que se someten al control y escrutiniopúblico, pero no puede existir un controlciudadano sin una adecuada información…”En concordancia con tales criterios, la Defensoría delos Habitantes ha considerado el derecho de accesoa la información administrativa como uno de los derechosconstitutivos de una nueva cultura del ejerciciodel poder, tendiente a la consecución de un “BuenGobierno”. No obstante, la institución es clara en quepara el logro de ese objetivo, se requieren diversasacciones orientadas a la preservación y el respeto deese derecho. Se necesita acceso a información pero,además, información de calidad.La Defensoría de los Habitantes considera que latransparencia en el ejercicio de la función pública sepresenta como una premisa esencial para el buen funcionamientode los poderes públicos. Transparencia,rendición de cuentas, publicidad de actuaciones yderecho de acceso a la información administrativa, vande la mano si se quiere lograr un Buen Gobierno. Latransparencia se constituye en un principio fundamentalde actuación de los órganos públicos que encuentrasu fundamento normativo en los artículos 9, 11 y 30 dela Constitución Política, que versan sobre el respeto ala legalidad, la garantía de acceso a información auténticay en condiciones de igualdad y la sujeción a losmecanismos de control de la Administración.Las personas pueden solicitar información administrativacuando lo estimen necesario y sobre los temas enlos que tengan interés. Se trata de un compromiso ineludiblepor incorporar la participación de la poblaciónen los procesos de toma de decisiones y formulaciónde políticas públicas.c. Respeto al principio de eficiencia y efectividad.Las competencias asignadas a las y los funcionariospúblicos, deben ser realizadas de la mejor maneraposible y en un plazo oportuno para la atención de lasnecesidades de su población meta. Lo anterior significaque las personas tienen el derecho a que en lasinstituciones se utilicen los recursos públicos de unamanera responsable y eficiente, atendiendo la mayorcantidad de denuncias al menor costo posible y demanera efectiva.d. El papel de la Defensoría en la tutela delderecho de petición y pronta respuesta.El papel de la Defensoría de los Habitantes, en ladefensa del derecho de petición y pronta respuesta re-


10 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008sulta fundamental, ya que como se expuso antes, en elartículo primero de su ley de creación se dispone quela institución tiene que velar porque el funcionamientodel sector público se ajuste a la moral, la justicia ylo establecido en el ordenamiento jurídico vigente. 1Asimismo, el artículo 14 de la ley indica que:“La Intervención de la Defensoría no sustituyelos actos, las actuaciones materiales ni lasomisiones de la actividad administrativa delsector público, sino que sus competenciasson, para todos los efectos, de Control deLegalidad…”El control de la legalidad referido,es entendido en su concepciónmás amplia, abarcadora deprincipios y valores contenidosy desarrollados en los DerechosHumanos de obligada protecciónpor parte del Estado.En razón de tales atribuciones,en la materia del control de lafunción pública en lo que atañeespecíficamente a la omisión derespuesta, la Defensoría se haconvertido en una suerte de mediadoraentre la Administracióny el/la habitante, ha entendidocon diáfana claridad que el silenciodel sector público es unaviolación de derechos y ha trabajadoen aras de superar estapráctica abusiva e injusta. LaDefensoría, aparece en el ordenamientonacional como unaefectiva y ágil alternativa parala búsqueda de la respuestarequerida por el afectado. Las denuncias por violaciónal derecho de petición y pronta respuesta, han representadoa lo largo de la historia institucional una de lasquejas más recurrentes ocupando, generalmente, eltercer lugar respecto del número de expedientes. Noobstante, como se destaca a continuación, se debeprestar atención al hecho que ciertas personas incurrenen un abuso de ese derecho y por ello, desvirtúanel propósito de la norma.2. Abuso del derecho de petición.para exponer un asunto de su interés y recibir prontarespuesta,“… esto último no significa que el administradodeba recibir una contestación favorable asus intereses. En otras palabras, es el derechoa pedir y no el derecho a obtener lo quese pide -aún cuando el funcionario públicodeba resolver con estricta sujeción a la ley-.”Abuso del derecho de petición y prontarespuesta“En lo fundamental, la gestión del recurrentedel tres de agosto del dos mil es reiteraciónde las presentadas por él anteriormente antela misma Contraloría General de la Repúblicay ante otras administraciones, las cuales fueronoportunamente evacuadas. Esta situacióndenota un abuso del derecho de petición porparte del recurrente, quien no sólo pretendeque la Administración se dedique, casi en formaexclusiva, a atender sus solicitudes, sinoque éstas sean resueltas a su gusto, lo queevidentemente no está dentro del contenido deese derecho. Tan así es, que cuando lo resueltono lo es en el sentido que a él le parece, reiterasus gestiones.”Fuente: Sala Constitucional. Sentencia Nº 2002-05963, de las once horas nueve minutos del catorcede junio del dos mil dos.Además, se debe hacer referencia al tema del abusodel derecho sobre el que la Sala Constitucional tambiénse ha pronunciado, indicando que hay habitantesque presentan ante la administraciónpública una mismaqueja de manera reiterativa,esperando no solo quela institución se dedique,casi en forma exclusiva, aatender sus solicitudes, sinoque éstas sean resueltas deacuerdo al criterio personalde quejoso; lo que no estádentro del contenido de esederecho.En sentencia n.º 2002-5963de las 11:09 horas del 14junio 2002, dicha Sala indicólo siguiente:“Todo derecho fundamentaltiene un componentede razonabilidad,lo que implicaque su ejercicio debehacerse en forma racional.Pero cuando lasmismas gestiones yaresultas se presentan una y otra vez antediferentes instancias administrativas- comosucede en este caso- el ejercicio del derechode petición se torna abusivo e irracional y, enlugar de implicar un beneficio, se convierte enun obstáculo para el normal funcionamientode la Administración. No puede el recurrente,so pretexto del libre ejercicio de un derechofundamental, pretender que la administraciónesté dedicada a la atención y resolución desus denuncias […]”.La Sala Constitucional, en resolución n.º 2004-01277de febrero de 2004 estableció que, si bien en el artículo27 constitucional se instituye el derecho del ciudadanoa dirigirse a una entidad o funcionario público1 El anterior campo de acción ha sido de pronunciamiento de laSala Constitucional por medio de los votos 4078-95 y 5994-96.Aunque se trate de una minoría de los casos registradosen la Defensoría de los Habitantes, se debeindicar que el uso abusivzo del derecho de peticiónestá presente en el accionar cotidiano de la Institución.El agravante de que esta situación se presente a lointerno de la Defensoría consiste en el hecho de que


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes11al elevar el caso ante una tercera instancia, ya no solose obstruye el accionar de la institución directamenteafectada, sino que además, se involucra a otra entidadpública.Por ello, se ha puesto especial énfasis en educar a lapoblación sobre el alcance de ese derecho humano.3. La omisión de respuesta en el accionar de laDefensoría de los Habitantes.En el informe de la Auditoría Ciudadana sobre laCalidad de la Democracia, publicado en el año 1999,se señala que más del 70% de las consultas tramitadaspor la Defensoría de los Habitantes respondena la omisión o insatisfactoria respuesta que recibenlas y los habitantes ante las gestiones realizadas enla administración pública. En este sentido, se debedestacar que actualmente, el número de solicitudes deintervención que se presentan sobre ese hecho violatorio,sigue siendo igualmente elevado. Esto permiteafirmar que se trata de un derecho violentado quizáde la forma más reiterada y por ende, requiere especialatención. Sin embargo, la alta incidencia de estetipo de denuncias no puede ser analizada a la ligera,ya que detrás de las omisiones de respuesta existenproblemas de fondo que implican la violación de otrosderechos humanos fundamentales.Así por ejemplo:• El retraso injustificado a una solicitud deuna pensión de por invalidez, puede significarsemanas de hambre o privaciones para unafamilia.• Una carta dirigida al Ministerio de Saludy que no recibe respuesta, puede implicar lafalta de programación de una inspección quepermita constatar le existencia de contaminaciónambiental en un determinado barrio y así retardarla ejecución de medidas correctivas, con laconsecuente proliferación de enfermedades.• Una carta emitida a un jerarca de una instituciónpública y que no cuenta con su respectivarespuesta, puede significar que una personaque es víctima de acoso sexual o laboral tieneque seguir siendo objeto del abuso, la violenciay la afectación de su salud física y mental por untiempo prolongado.• Una gestión planteada ante una DirecciónRegional del Ministerio de Educación Pública y queno recibe respuesta, puede estar violentando elderecho de acceso a la educación en condicionesde igualdad, porque en esa carta se solicita unintérprete para los/as jóvenes con problemasauditivos de un determinado centro educativo.• La falta de respuesta a una gestión presentadaante el Patronato Nacional de la Infancia puedesignificar que un/a niño/a viva en condiciones queatentan contra su integridad física y emocional.Una municipalidad que no responde a una gestión enla que se solicitan cuentas para el desagüe de aguaspluviales, retarda la atención de un problema que estáprovocando filtraciones de agua en las viviendas deuna comunidad y que las deteriora.Ante situaciones como las descritas, es evidenteque con la negativa de respuesta oportuna a unadeterminada petición, no solo se violenta ese derecho,sino que, además, no se está cumpliendo con elprincipio de justicia por el que debe velar la respectivainstitución. Las instituciones no están realizando lasgestiones necesarias para minimizar las desventajassociales de ciertos sectores.Omisión de respuesta y sus consecuencias: por una mejor calidad de vida para una familiaEn octubre de 2007 una persona que trabajaba como miscelánea en un Colegio de Desamparados acudió a laDefensoría.En búsqueda de una mejora de las condiciones de vida de sus hijos (es madre jefa de hogar de 6 menores), sus padres(adultos mayores con problema de salud) y propia, el 29 de junio solicitó un traslado a Turrialba o alrededores, ya quesu familia es de esa zona. En Desamparados no tenía quien le ayudara a cuidar sus hijos y no podía colaborar en laatención de los problemas de salud de sus padres que viven en Turrialba.El MEP dio por perdida su carta y se le comunicó de manera verbal que de todas maneras no se estaban realizandotraslados a propósito de una directriz emitida por el jerarca.Inicialmente acudió a la Defensoría para que se le brindara una respuesta, pero en el fondo se trataba de una cuestióntrascendental para mejorar su vida. La Defensoría solicitó informes al Departamento de Recurso Humanos del MEP, yculminó, no solo con una respuesta, sino con la aprobación de su traslado.Fuente: Sistema de Gestión Documental de la Defensoría de los Habitantes.


12 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008Omisión de respuesta y sus consecuencias:por una mejor calidad de vidade vecinos/as de una urbanizaciónUn habitante solicitó vía telefónica y por escrito al Alcalde de Goicoechea que funcionarios de la Municipalidad cortaranel zacate de un play y un parquecito municipales que se encuentran ubicados en una urbanización.La solicitud se planteó por cuanto dichas zonas no pueden ser utilizadas para los fines para los cuales fueron creadasy, además, porque estaban siendo utilizadas como botadero de basura y como albergue de personas con fines inconvenientespara los/as vecinos/as.La Dirección de Admisibilidad solicitó un informe al Alcalde y, en respuesta, la Municipalidad indicó que no habían podidocontestarle al habitante porque por medio del teléfono que indicó para notificaciones no habían podido contactarlo.Empero, se realizaron los trámites pertinentes para que se cortara el zacate y el parquecito mencionados.El zacate en definitiva se cortó y se coordinó con la cuadrilla de mantenimiento las posteriores visitas al lugar.Fuente: Sistema de Gestión Documental de la Defensoría de los Habitantes.¿Dónde está la justicia para aquel niño/a que no recibealimentación en el centro educativo? ¿Dónde está lajusticia para aquella persona con discapacidad que norecibe un ingreso?¿Dónde está la justicia para aquellas familias que vendeteriorarse las viviendas que construyeron con tantoesfuerzo? ¿Dónde está la justicia para aquellas personasque requieren condiciones dignas de trabajo?Estamos así, frente a claras violaciones al derechode acceso a la información que, además, afectan lacalidad de vida de las y los habitantes, razón por lacual se sigue evidenciando que el silencio del sectorpúblico es ilegal y que responder no es otra cosa másque una obligación que le impone todo un marco normativonacional.Con la omisión de respuesta, se afectan derechoscomo el derecho a la salud, el derecho de acceso a laeducación, el derecho a un ambiente sano y el derechoa un trabajo en condiciones favorables. Se puedeafirmar, entonces, que tras la omisión de respuestasuele producirse un retraso u obstrucción en la atencióny solución de una determinada problemática.Finalmente, no se puede dejar de destacar que elarraigo de esa “cultura de la no respuesta” es tan amplio,que incluso la respuesta oportuna le suele ser negadaa la propia Defensoría de los Habitantes. Es porello, que esta institución frecuentemente debe acudir ala prevención y la posterior notificación de los hechosal superior jerárquico del funcionario y, en algunoscasos, incluso al Ministerio Público. Específicamente,en el artículo 24 de la Ley N° 7319 se establece quelos órganos públicos están obligados a colaborar, demanera preferente, con las investigaciones que realicela Defensoría de los Habitantes así como a brindarletodas las facilidades para el cabal desempeño de susfunciones de manera que no se retarde, entorpezca odificulte esta labor. Textualmente dicha norma señalaque:“1.- Los órganos públicos están obligadosa colaborar, de manera preferente, con laDefensoría de los Habitantes de la República,en sus investigaciones y, en general, a brindarletodas las facilidades para el cabal desempeñode sus funciones.2.- De conformidad con el ordenamiento jurídico,a la Defensoría de los Habitantes dela República no podrá denegársele acceso aningún expediente, documentación ni informaciónadministrativa, salvo a los secretosde Estado y a los documentos que tienen elcarácter de confidenciales, de conformidadcon la ley.”Además, el artículo 26 de la misma norma señala lasconsecuencias para los funcionarios que se nieguen acolaborar con la Institución:“La negativa de un funcionario o de sussuperiores para contestar o enviar la documentaciónrequerida por la Defensoría de losHabitantes de la República, la existencia dealgún acto material o de alguna actuaciónu omisión que entorpezcan las funcionesde éste, harán que el funcionario o losfuncionarios incurran en el delito de desobediencia.En tales casos, la Defensoría


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes13de los Habitantes de la República darácuenta inmediata al superior jerárquico deese funcionario y al Ministerio Público.” (Eldestacado no corresponde al original).4. La perspectiva de las y los habitantes: el rostrohumano de la omisión.Por definición, cuando un/a habitante solicita la intervenciónde la Defensoría, es porque considera que sele está violentando uno o más derechos fundamentalesy porque la vía ordinaria, por así llamarla, no hasido capaz de solucionar la situación. En el caso delderecho de petición y pronta respuesta, la personaacude ante la Administración, plantea una determinadapetición, la Administración tiene un plazo pararesponder, éste transcurre y la persona no ve satisfechasu petición, ni afirmativa ni negativamente, y escuando se le abren un abanico de posibilidades paradefender su derecho a obtener respuesta, una de ellasla Defensoría de los Habitantes.“Con la omisión de respuesta se afectan derechoscomo el derecho a la salud, el derechode acceso a la educación, el derecho a unambiente sano y el derecho a un trabajo encondiciones favorables. Se puede afirmar,entonces, que tras la omisión de respuestasuele producirse un retraso u obstrucción enla atención y solución de una determinadaproblemática”.Es frecuente que las y los habitantes afirmen quela Defensoría es su última esperanza, que ningunaotra entidad les ha logrado resolver sus problemas,que no tiene caso presentar más gestiones porquenunca han recibido respuesta a anteriores solicitudes,etc. Por ello, la efectiva intervención mediadora de laDefensoría permite, no solo que el sistema recobrealgo de credibilidad, sino que las personas vivan mejor;sí, vivan mejor, porque –tal y como se afirmó enlíneas anteriores– tras una omisión de respuesta seesconde una problemática que ha sido sometida alconocimiento de la Administración para ser resueltay esto en muchas ocasiones involucra intereses de lacolectividad, trascendiendo la individualidad y convirtiéndoseen un asunto de interés público, lo que agravala violación a un derecho fundamental que quizá noha sido valorada en su justa dimensión.5. La omisión de respuesta es histórica: ejemplosde su incidencia en el devenir institucional.Con el fin de evidenciar la incidencia de la violación alderecho a la petición y pronta respuesta en el accionarde la Defensoría de los Habitantes, de seguido rescatamosalgunos de los principales pronunciamientos yejemplos recopilados de diversos informes anuales dela institución.a. Desde sus primeros años: informe 1994-1995.Ya desde sus primeros años de existencia institucional,las personas recurrían a la Defensoría a plantear susinconformidades en relación con el tema; por ejemplo:• Derecho de petición como parte fundamentalen la educación del habitante. Una de lasrecomendaciones que más se proporcionabaa las y los habitantes desde la Dirección deAdmisibilidad y Atención Inmediata, era la depresentar un escrito ante la institución públicaque considerara que le estaba vulnerando susderechos y exigir un sello de recibido en la copiade la gestión presentada, ya que de acuerdoal artículo 27 constitucional toda persona tienederecho de recibir respuesta a su solicitud enel plazo que establece la ley. Se les indicaba,además, que de no recibirla, podían acudirnuevamente a la Defensoría para garantizar elrespeto de ese derecho.• Omisión de respuesta en cifras. Las denunciaspresentadas ante la Defensoría de los Habitantespor omisión o retraso injustificado en la emisiónde una respuesta, representaron en el año 1994entre un 20 y un 25% de los asuntos admitidospara investigación. De acuerdo con ese dato, setiene que este es el tercer hecho violatorio demayor incidencia en la institución.Lo anterior, evidencia una importante desidia de grancantidad de funcionarios/as para resolver o explicar alos/as interesados/as el avance de sus gestiones o losrequisitos que tenían que ser cumplidos para satisfacersus expectativas. Esta mala costumbre se puederesumir en la respuesta que diera la encargada deAsuntos Jurídicos del Departamento de Personal delMinisterio de Hacienda a uno de los funcionarios de laDirección de Admisibilidad, a quien comentó:“...nosotros tenemos mucho trabajo y nopodemos darle trámite a todas las consultasque se nos hacen por parte de losfuncionarios...” 2Ante tal respuesta, se recordó que la Sala Constitucional,mediante resolución 30-90 del 9 de enero de 1990,había reforzado el precepto consignado en la CartaMagna al indicar:2 Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.Informe Anual 1994-1995, San José- Costa Rica. p. 267


14 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008El MEP no responde una solicitud de trasladopor excepciónDoña Leonor, miscelánea en propiedad en un colegio de Desamparados, solicita el 29 de junio del 2007 un traslado aTurrialba, ya que su familia es de esa zona y considera que ese cambio es fundamental para mejorar su calidad de viday la de sus hijos (madre, jefa de hogar de 6 menores). Requiere estar cerca de sus padres que están muy enfermos y deotros familiares que ayudarían con el cuido de sus hijosPasados cuatro meses sin recibir respuesta, acude a la Defensoría de los Habitantes solicitando colaboración para quese le conteste.La Defensoría solicitó informe a la Licda. Ligia Acuña, Directora General de Personal del Ministerio de EducaciónPública, quien también es omisa ante las solicitudes de la Defensoría. No se contestan dos solicitudes de informe y unaprevención para la presentación del informe respectivo. Ante la reiterada omisión se procede a comunicar a su superiory así se recibió a fines de febrero de 2008 el oficio N°DRH-660-2008 donde:“… se comunica a la señora […] Traslado en Propiedad de Trabajador Misceláneo 1, Especialidad Generalistadel Colegio Técnico Profesional Monseñor Victor Manuel Sanabria de la Dirección Regional de Educación deDesamparados a Trabajador Misceláneo 1, Especialidad Generalista en la Escuela Dr. Valeriano Fernández F de laDirección Regional de Educación de Turrialba.”Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de Gestión Documental de la Defensoría de los Habitantes, 2007.“(el sentido del artículo 27 Constitucional)implica la obligación de informar al recurrentesobre la suerte de su gestión de tal forma queel derecho de obtener respuesta, no sólo implicael célero trámite al interior de la institución,sino que también obliga a la informaciónexterna, es decir, dar información al petentesobre el curso que ha seguido su gestión.Debe tomarse en cuenta que la libertad depetición consiste, no sólo en el derecho delos habitantes a dirigirse, individual o colectivamente,a los poderes públicos, sino quetambién implica el derecho de obtener prontarespuesta a su petición.” 3Bajo tal criterio, para el año 1994, este tipo de trámiteseran atendidos y tramitados (la mayor parte) directamentepor la Dirección de Admisibilidad, con base enel hecho que eran situaciones reiteradas, de caráctergeneral (no respondían a la especialidad temática delas áreas) y que es un derecho fundamental –constitucionalmentegarantizado– que sirve como mediopara hacer efectivos otros, ya que al verse obligadauna institución o funcionario a responder una gestiónde un/a habitante, de igual forma atiende –cuando esprocedente– la solicitud o queja que le es planteada enel fondo, con lo cual en muchas ocasiones se resuelveel problema originalmente planteado en el mismo momentode emitirse una respuesta.3 Idem.b. El problema continuaba: Informe 1996-1997Las omisiones de respuesta conocidas al inicio de suapertura, continuaron en el curso de los años en laDefensoría; así por ejemplo, el período 1996-1997:• Gobiernos locales. En este informeinstitucional aparecen los gobiernos localescomo instancias que repetidamente eludían suobligación de respuesta en tiempo oportuno y,además, se enfatizaba en el hecho de que lamisma Defensoría de los Habitantes tambiénhabía enfrentado el incumplimiento de parte delas municipalidades de su obligación de remitir losinformes solicitados por esta institución. En esteespacio se destacaron los serios retrasos por partede las municipalidades de Limón y Garabito, entreotras, en la remisión de información solicitada, locual vino en perjuicio directo del/la habitante asícomo del trámite de la investigación.En vista de lo anterior, la Defensoría abocó parte importantede su gestión del año 1996 a recordar a losgobiernos locales su obligación legal de responder entiempo a los requerimientos de información planteadospor la Institución, al igual que a las gestiones presentadaspor las y los habitantes. 4• Centros de Atención Institucional: A raíz delas denuncias de los privados de libertad y de lasdiferentes inspecciones de funcionarios/as de laDefensoría a los centros de atención institucional,se determinó que algunos trámites administrativos4 Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.Informe Anual 1996-1997, San José- Costa Rica. p. XIV


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes15no eran suficientemente ágiles, de manera que alos privados de libertad no les eran atendidas sussolicitudes adecuadamente.Algunos ejemplos de ello, eran la falta de respuestaante las solicitudes de citas para recibir servicios y, engeneral, la falta de información de los horarios de atenciónde los/as funcionarios técnicos y administrativos.En afectación del proceso de solicitud y respuesta,fueron reincidentes las quejas por inoperancia de losservidores de seguridad para trasladar documentos delos privados de libertad a las oficinas administrativas,por falta de información sobre el cómputo de las penas,desconocimiento de las resoluciones emitidas porel Departamento de Procedimientos Administrativos yla falta de notificación oportuna de las medidas cautelaresadoptadas por el Consejo Técnico de Valoración.Esto, inducía a la violación del derecho a la informacióny el derecho de petición y pronta respuesta de losprivados de libertad. Por tal motivo, la Defensoría delos Habitantes recomendó al Ministerio de Justicia yGracia la colocación de buzones para la presentaciónde quejas respecto del servicio que recibían e informar,mediante carteles, los horarios de atención de losfuncionarios técnicos y administrativos del Centro.En aquel momento, la Defensoría de los Habitantesrecordó que:“Las personas privadas de libertad son sereshumanos y titulares de derechos. Losaproximadamente 4.813 habitantes que seencuentran privados de su libertad tienenderecho a que se respete su dignidad y a noser sometidos a tratos crueles y degradantescomo los que se derivan de las condicionesactuales en que se encuentran. Es precisamentelo que la sociedad haga por y conellos, lo que ellos posteriormente harán por ycon la sociedad.” 5c. Más omisiones: Informe 2001-2002.Las denuncias por omisiones de respuesta continuaronen el devenir institucional; en el Informe Anual delperíodo 2001-2002 se dio cuenta de ello:• Atraso injustificado en trámites judiciales. Alhablar de respuestas oportunas, los Tribunalesy la Corte Suprema de Justicia no se eximieronde responsabilidad en el tanto sus resolucionestambién deben responder a los principios deoportunidad, eficiencia y eficacia. En ese sentido,resulta representativo traer a colación unadenuncia interpuesta por una habitante en el año5 Ibid. P. XXII2001, en la que se manifestó su disconformidadcon el atraso injustificado por parte de la Corte enla tramitación de una causa penal.La persona indicó que la denuncia había sido interpuestaen la Corte en el mes de enero de 1997 y parael año 2001 en el expediente no constaba más queun examen médico forense realizado el día 31 de juliodel año 2000, sin que se hubiera producido algún actoprocesal definitivo en su trámite. Ante tal situación,la Defensoría solicitó un informe al Presidente de laCorte Suprema de Justicia y al Fiscal General de laRepública en el que se detallara la tramitación quese le había dado al expediente en cuestión por partede las dependencias a su cargo. De los informes recibidos,la Defensoría concluyó que entre una y otragestión realizada por la Unidad de Delitos contra laVida del Ministerio Público transcurrieron varios mesesque en forma inevitable provocaron que la causa penalindicada prescribiera en perjuicio de la interesada.No obstante, la Unidad de Inspección Judicial, determinóque no había bases para establecer sancióndisciplinaria por la actuación tardía desempeñadadurante el proceso de investigación, justificando queel atraso ocurrido se debía a atrasos sufridos por laentrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal.Enfrentando ese criterio, la Defensoría en su informefinal oficio n.° 00258-2002 de fecha 14 de enero del2002, consideró que el atraso injustificado que sufrió latramitación de la causa penal era responsabilidad –administrativao culpa objetiva – del Ministerio Público, eindicó lo siguiente: 6“… siendo que la causa ha estado prácticamenteparalizada por un año por las razonesanteriormente apuntadas, esta situación sepuede catalogar como una “falta de servicio”por parte del Poder Judicial. Con este términose entiende culpa anónima y objetiva delservicio público cuando se incurre en erroresque en definitiva producen daños o perjuiciospara los administrados, a pesar de que nose cuente con un sujeto o autor responsableidentificado. En este sentido nos recuerda elProfesor Eduardo Ortíz que: “La culpa clásicarequiere autor identificado, pues solo éste, yno una idea, una organización o una personacolectiva, puede incurrir en imprudencia... Laculpa anónima es incompatible con la clásica,y es sin embargo, la más frecuente en la vidade la Administración”.6 Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.Expediente N° 09416-22-2000-QJ, Informe Final oficio N° 08180-2000-DHR , 22 de setiembre del 2000.


16 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008En el presente caso el Poder Judicial incurre en culpaanónima por el hecho de no haber contado con losrecursos necesarios que lograran evitar la omisión derespuesta al derecho del aquí quejoso a una justiciapronta y cumplida…”• Omisiones y dilaciones en trámitesadministrativos y cumplimiento de objetivos deentidades estatales. Es importante destacar queel 26% de las denuncias que ingresaron a laDirección de Control de Gestión Administrativade la Defensoría de los Habitantes se clasificarondentro del renglón “Dilación o negativa injustificadaen trámites administrativos”, dentro del cual la“Omisión de respuesta por parte de departamentosadministrativos” era la más frecuente.Fue criterio de esa Dirección, que los problemas defondo relacionados con este tipo de quejas no seidentificaban hasta que se iniciara la investigación,resolviéndose, en la mayoría de estos casos, la situacióndenunciada por el fondo más que por la omisiónde respuesta y favoreciéndose con ello al/la habitanteal emitir la Defensoría recomendaciones concretassobre la materia y no simplemente que se recomendaraa la institución denunciada la obligatoriedad dedar respuesta a la persona interesada. Los problemasde fondo a que se hace referencia son de todo tipo,incluyendo desde la prestación de servicios hasta elotorgamiento de permisos de construcción y patentes.• Cifras sobre la violación al derecho de petición.De acuerdo con la Sección de Estadística deaquella época, el tercer hecho violatorio conmayor cantidad de expedientes era el “Derechode Petición y Pronta Respuesta”, para el cualse abrieron 165 expediente de investigación.Solamente fue superado por violaciones alderecho a la eficiencia en la prestación deservicios públicos y el derecho a un ambientesano – 440 y 296 expedientes respectivamented. El silencio y el secreto como normas degobierno: Informe 2005-2006.Ya para el período 2005-2006, la Defensoría abordócomo eje rector el tema de las omisiones de respuestay de la falta de información de una manera más sistematizada;de hecho, parte importante del InformeAnual de aquel momento respondió a denunciar públicamenteeste tipo de transgresiones a los derechosfundamentales.• El silencio es contrario a la democracia yal derecho al Buen Gobierno. La Defensoríade los Habitantes consideró que el silencioque guardaban algunas y algunos funcionariospúblicos ante solicitudes de información querealizaban las y los habitantes e incluso entidadesde control (pese a la existencia de obligaciónnormativa explícita), debía ser objeto de atenciónprioritaria.En tal entendido, cabe recordar aquí que la omisiónde respuesta fue uno de los aspectos que sobresalieronen un trabajo que en octubre de 1999 participóla Institución bajo el título “El trato ciudadano enCosta Rica: Apuntes sobre la vivencia cotidiana de laDemocracia” y que formó parte del Informe AuditoríaCiudadana del Proyecto Estado de la Nación. En esteestudio se afirma que más del 70% de las consultasque se tramitaban por parte de la Defensoría, respondíana una solicitud por parte de un/a habitante, aquien la Administración del todo no le brindaba unarespuesta o le respondía de manera omisa y/o contradictoria.Cabe destacar que el número tan elevado deconsultas en ese sentido no se traduce, necesariamente,en igual número de expedientes porque muchas delas solicitudes de información son no sólo atendidaspor la omisión, sino por el problema de fondo que sepresenta en la nota que no ha sido contestada o quefue respondida de manera insatisfactoria.Asimismo, la gravedad de la violación a este derechose evidenció en la recurrencia del tema en la SalaConstitucional, en el entendido de que la misma atendíael caso por la omisión más no por el fondo.e. Informe 2006-2007En años más recientes, se tiene que en el período2006-2007 la problemática que se comenta continuabay ocupó parte importante del esfuerzo institucional:• El papel de las Contralorías de Servicios enel respeto al derecho de petición. La Defensoríade los Habitantes –especialmente la Direcciónde Admisibilidad – mantiene una relación muyestrecha con las contralorías de servicio dadoque en numerosas ocasiones, cuando se recibepor primera vez una solicitud de intervención,se remite a la persona a que plantee su queja,reclamo, consulta o denuncia ante dicho órgano.Además, la mayoría de las gestiones que serealizan ante casi todas las instituciones involucrao se dirige particularmente a estos órganos yes precisamente la omisión o deficiencia en surespuesta la que da lugar a la intervención de laDefensoría.En tales situaciones, la Defensoría respeta las competenciasde las contralorías de servicios y, por ello,traslada el asunto a su conocimiento y se le brindaseguimiento para verificar que éstas resuelvan la pre-


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes17tensión de la persona disconforme, pero también se lesolicita cuentas de las razones por la cuales, si ya el/la habitante acudió, no se le ha proporcionado la respuestarequerida.f.Logros y desafíos.Se puede afirmar que el Buen Gobierno, es un bien públiconecesario y en ese sentido, la valoración que lasy los habitantes tienen del gobierno no puede desestimarse,particularmente cuando el concepto de BuenGobierno se construye a partir de una apreciaciónde las personas administradas sobre el desempeñogubernamental. Es por ello que la reiterada violaciónal derecho de petición y pronta respuesta, mina lalegitimidad de las instituciones e incluso incide en lapercepción de las y los habitantes sobre la capacidadde acción del Estado y esto no es más que el debilitamientode la gobernabilidad democrática.En tal sentido, se debe buscar la atención prioritariade esa problemática no solo desde la Defensoría delos Habitantes, sino, en lo fundamental, desde cadaentidad pública, escenario en donde se produce latrasgresión a este derecho. Además, se requiere deun esfuerzo conjunto de la Administración y los/as administrados/aspara avanzar de manera firme hacia unBuen Gobierno.En efecto; el concepto tradicional de democracia hoyreviste de características novedosas; ha evolucionadoy hoy más que nunca se nos plantea como un ejercicioparticipativo más que de representación política. 7Indudablemente, se debe aprovechar la reciente evoluciónen los estándares nacionales e internacionalesde Derechos Humanos, así como la nueva valoraciónde la relación que debe existir entre los/as ciudadanosy la Administración, con el fin de realizar cambiossustantivos en el quehacer institucional nacional.La tarea no es fácil, pero las pautas son claras y losobstáculos conocidos, lo cual facilita el proceso. Dadoel compromiso adquirido en torno al derecho al BuenGobierno, el tema de la omisión de respuesta debeser tratado con premura en las instituciones públicas,fundamentalmente porque el derecho a la respuestano debería requerir de la mediación de un terceropara hacerse efectivo para todas y todos los habitantes,es simplemente un derecho y como tal, debeser acatado.recurrente violación al derecho de petición y prontarespuesta, pero también habla de la efectividad de suintervención ante este tipo de casos. El quid del asuntose encuentra, entonces, en que un derecho constitucionalmentegarantizado se hace efectivo, en muchasocasiones, por medio de una intervención institucional,lo que vulnera abiertamente su ejercicioAl inicio del presente capítulo se hizo referencia al filósofopolítico, John Rawls, quien afirma que:“La justicia es la primera virtud de las institucionessociales...” 8Partiendo entonces de esta premisa se tiene, tambiéncon Rawls, que:“...no importa que las leyes e institucionesestén ordenadas y sean eficientes: si son injustashan de ser reformadas o abolidas.” 9Acorde con este planteamiento y en virtud de la recurrentetransgresión al derecho de petición y prontarespuesta, se impone en nuestro criterio, un desafío deorden legal y otro de orden conductual: por un lado, olas instituciones revierten este comportamiento recurrenteen relación con los y las habitantes, o se promuevelegislación que imponga sanciones rigurosas.Pero en el orden conductual, no responder una solicitudde una persona no refleja más que una falta ala cortesía, educación y urbanidad que debe prevaleceren las relaciones sociales y en las relacionesdel Estado con las y los habitantes y esto impone undesafío de mayor estatura: el proceso educativo enderechos humanos debe ahora orientarse también haciaquienes ya transitaron por la educación formal parahacer concienciar en ellos/as acerca de la importanciade la ecuación original que hoy se ha revertido y portanto, desvirtuado: la persona tiene que pedir comofavor lo que tiene como derecho.La experiencia de la Defensoría de los Habitantes,durante sus quince años de existencia habla de una7 Testigo de ello es la reciente Ley de Referéndum, que posibilitaa la ciudadanía, por medio de este instituto de la democraciaparticipativa, tomar decisiones que otrora solamente la AsambleaLegislativa tenía bajo su ámbito de competencia.8 Rawls, John. Teoría de la Justicia, Fondo de Cultura Económica,México, 1985. P. 19.9 Ibid.


De la reproducción a lacorresponsabilidad: cuando la voz del géneroalcanza al Buen Gobierno“… sólo en el marco de un Estado que entiende lasdesigualdades de las mujeres y sus responsabilidades;y que adecua su plataforma administrativade forma consecuente con la aspiración de un BuenGobierno sensible al género, pueden superarse estasdesigualdades entre los hombres y las mujeres, detal forma que todas las personas estén incluidas enel quehacer social y del gobierno como lo exige laverdadera la democracia.”Defensoría de la Mujer, 2008.La igualdad de género constituye una doble aspiración;por un lado, para las mujeres que han vivido la historiamarcada por asimetrías, restricciones y exclusionesen el acceso y disfrute de sus derechos; y por otrolado, para la sociedad en general, en tanto constituyeun requisito necesario para el logro de una verdaderagobernabilidad democrática.Sólo a través de la plena incorporación de las mujeres,-que son la mitad de la población- en la vida públicanacional, así como de las experiencias y vivenciasdiferenciadas y de las necesidades e intereses estratégicosde género en la agenda pública nacional, esque se puede hablar de democracia y de gobernabilidaddemocrática. Esta relación entre democracia,gobernabilidad democrática y género presenta múltiplesdesafíos, entre ellos la identificación de las ”…tensiones y puentes entre las definiciones habitualesde democracia” 10 y la identificación de las principalesdesigualdades que viven las mujeres en nuestro paísque inciden negativamente en el logro de esa aspiracióndemocrática.10 CEPAL, Manual de capacitación gobernabilidad democrática eigualdad de género en América Latina y el caribe, unidad mujer ydesarrollo, pag. 10.La Defensoría de la Mujer de la Defensoría de losHabitantes, a lo largo de los quince años de vida institucional,ha ido definiendo desde las voces de las mujeres-que acuden a la institución, que escriben, quecomparten sus vivencias en el marco de comisionesde trabajo- las principales desigualdades de géneroy ha conceptualizado su relación con la estructurasocial, con los procesos de socialización y sobre todocon los Derechos Humanos.Ahora, para efectos de este informe, se relacionanestas voces de las mujeres con la institucionalidad ycon la capacidad de respuesta que existe administrativamente,y se contribuye con la definición de algunosmecanismos que constituyan avances en el fortalecimientode la institucionalidad con el objetivo de queésta que sea capaz de atender y responder a las especialesy específicas condiciones de las situaciones delas mujeres. Se parte de que sólo en el marco de unEstado que entiende las desigualdades de las mujeresy sus responsabilidades; y que adecua su plataformaadministrativa de forma consecuente con la aspiraciónde un Buen Gobierno sensible al género, pueden superarseestas desigualdades entre los hombres y lasmujeres, de tal forma que todas las personas esténincluidas en el quehacer social y del gobierno como loexige la verdadera la democracia.De ahí que pueda hablarse de Buen Gobierno, cuandoatendiendo a las realidades expuestas, se manifiestala sensibilidad de género a través de acciones estatalesque responden a las demandas y necesidades delas mujeres. Desde esta perspectiva, abordamos unode los temas que, en nuestro criterio, tiene un carácterestructural para el avance de los derechos de lasmujeres, en virtud de que constituye la asimetría queexcluye a las mujeres de su derecho al desarrollo, a lacalidad de vida y a la inserción al trabajo remunerado,a saber: la ausencia de corresponsabilidad en el cuidode los hijos e hijas. Mientras seamos las mujeres ensu mayoría las responsables exclusivas –afectiva yfinancieramente- de los hijos e hijas, las brechas entrelos hombres y las mujeres profundizarán el principal


20 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008desafío que presenta la democracia, que es la inclusiónde todos y todas.Ahora bien, el desarrollo de la corresponsabilidad tienecomo precedentes, la falta de acceso de las mujeresa los derechos reproductivos; fundamentalmente delderecho a la autonomía reproductiva y el control delcuerpo de las mujeres para la decisión de cuántos hijose hijas se quiere tener y también el prerrequisito,de que una paternidad biológica sin la determinaciónlegal de esa filiación, no genera derechos. De esta relaciónresulta clara la importancia que hemos asignadoa la situación actual que presenta el laboratorio depruebas de paternidad de la CCSS, en el tanto, constituyela plataforma administrativa que aplica la pruebacientífica como soporte del derecho a la paternidadjurídica. Sin estos prerrequisitos, no puede exigirse lacorresponsabilidad en el cuido de los hijos e hijas.Todos estos derechos de fondo, están garantizados encompromisos internacionales y regulaciones nacionales;sin embargo, las mujeres tienen acceso restringidoo, en algunos casos, totalmente nulo a ellos, lo que setraduce de inmediato en una clara discriminación ensu contra. Para revertir esta situación se requiere deuna institucionalidad y una plataforma administrativacapaz de responder a esos derechos/compromisos,que además, contribuya de manera eficaz con la eliminaciónde las desigualdades entre los hombres y lasmujeres.La aspiración de un Buen Gobierno sensible al género,es entonces la capacidad de las instituciones de respondera las demandas y necesidades específicas delas mujeres, razón por la que falta mucho por recorrery esta Defensoría evidencia algunas de las asimetrías,proponiendo luego, algunos retos que debe asumiresta institucionalidad en consecuencia con dichaaspiración.Derecho reproductivo a decidir cuántos hijos ehijas se desea tener.Costa Rica ha asumido compromisos internacionalesen materia de salud sexual y reproductiva desde laConferencia Mundial de Derechos Humanos celebradaen Teherán (1968) en donde se afirma por primeravez que “los padres tienen el derecho humano fundamentalde determinar libremente el número de hijos ylos intervalos entre los nacimientos”. 11En Bucarest, en la Conferencia Mundial de Población(1974), se reconoció el derecho de las personas a decidirsobre la regulación de la fecundidad y el deber delEstado de proporcionar información y educación, asícomo los medios que permitan a las personas el ejerciciode este derecho. En la Conferencia Internacionalsobre Población y Desarrollo celebrada en El Cairo(1994), se reconocieron expresamente los derechosde las mujeres a tener acceso a servicios de saludque propicien embarazos y partos sin riesgo. En laDeclaración del Milenio adoptada por la AsambleaGeneral de Naciones Unidas en el año 2000 se formularonlos Objetivos de Desarrollo del Milenio, (ODM)entre estos los referidos a la salud sexual y reproductiva,en donde se señala que el acceso a la saludsexual y reproductiva contribuye a reducir la mortalidadinfantil, reducir la propagación y combatir las ITS(Infecciones de Transmisión Sexual), incluido el VIH/SIDA y alcanzar la igualdad entre los géneros.Por otro lado, en la Cumbre Mundial de 2005 losEstados reafirmaron su compromiso con la saludsexual y la salud reproductiva, señalando que es necesariolograr el acceso a la salud reproductiva para el2015, en contexto con la Declaración del Cairo.Sobre la base de estas Declaraciones de Derechos yen conjunto con la Organización Mundial de la Salud,se va consolidando la definición de la salud reproductivacomo “un estado general de bienestar físico, mentaly social y no de mera ausencia de enfermedades odolencias, en todos los aspectos relacionados con elsistema reproductivo” 12 .A partir de estas conceptualizaciones, se han definidolos derechos básicos de las mujeres a disfrutar de unavida sexual y sin riesgos; a adoptar decisiones relativasa la reproducción sin sufrir discriminación, coaccionesni violencia; a decidir libremente si quieren ono procrear, cuántos hijos y cuándo tenerlos; a recibirlos servicios adecuados para la atención de la saludreproductiva que permitan los embarazos y los partossin riesgos; así como a disponer de información y educaciónsobre salud reproductiva y salud sexual.Particularmente el derecho a decidir sobre el propiocuerpo, el cual configura un derecho que muy pocasmujeres han gozado de manera consistente a travésde la historia, en virtud de la falta de autonomía reproductiva–dado que tradicionalmente el cuerpo delas mujeres ha sido dispuesto para satisfacer a otro yhasta ha sido maltratado y violentado- y de una institucionalidadpoco capaz de satisfacerlo.11 Proclamación de Teherán. Conferencia Internacional de DerechosHumanos realizada en Teherán (1968). Párrafo 16, pág. 2. http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/boletin/humanrights/confdh.html.Página consultada el día 03 de abril de 2008.12 OPS. http://www.ops/ who.int/reproductive-health/publications/es/strategy_es.pdf. Página consultada el día 02 de abril de 2008.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes21“No obstante, aún cuando los derechos sexuales yreproductivos han sido reconocidos como derechoshumanos, por tanto inherentes a todas las personas yen todas las etapas de la vida, siguen estando fueradel alcance de la mayoría de las mujeres en nuestropaís.”Defensoría de la Mujer, 2008El seguimiento a la vigencia del derecho reproductivode las mujeres, ha sido un tema que ha ocupado unlugar preponderante en nuestro quehacer institucional.Desde el inicio de la Defensoría se han venidosistematizando las manifestaciones concretas a travésde las cuales se violenta este derecho, siendo unade las más importantes las irregularidades existentesen los Hospitales en relación con los tratamientos deesterilización de las mujeres. Desde el año 1994, laDefensoría pone en evidencia la práctica discriminatoriade exigir que la solicitud de las mujeres para esterilizarsese acompañe de la autorización por parte delmarido. Además, se da cuenta como las solicitudes delas mujeres para realizar la esterilización eran estudiadaspor parte un grupo de médicos, otorgándole a éstosel derecho final de la decisión sobre la operación,circunstancia que constituía una negación al derechoa la autonomía de la voluntad de las mujeres.Sobre la base de una amplia investigación, que contemplóesos y otros temas en torno a la esterilización,la Defensoría realizó en el año 1998 una serie derecomendaciones al Misterio de Salud, como enterector de la política en esta materia; entre ellas, laelaboración de un instrumento jurídico que sustituyerael reglamento de esterilizaciones vigente en ese momento,en virtud de considerarlo un obstáculo para losderechos de las mujeres y la necesidad de reelaborarun procedimiento que garantizara el consentimientoinformado de las personas que se sometieran a la cirugía,en cada centro Hospitalario.En esta investigación, que vinculó la esterilización ylos derechos humanos, se planteó claramente la necesidadde reconocer la voluntad de la persona mayorde edad a escoger el método de control de fertilidad,el respeto al derecho del consentimiento informado yel derecho de contar con una plataforma administrativaque garantizara que las personas pudieran acceder ainformación clara y amplia sobre los métodos y consecuencias;lo cual debía estar a cargo de Consejeríasen Salud Sexual y Reproductiva. Sobre la base de estasrecomendaciones se logró elaborar de forma conjuntacon el Ministerio de Salud, la Caja Costarricensede Seguro Social y la Agenda Política de Mujeres,una propuesta para atender las necesidades de estapoblación. El 9 de junio de 1999, se publicó en laGaceta el Decreto Ejecutivo Nº 27913-S que derogóel Reglamento de Esterilizaciones existente hasta lafecha y que cambio sustancialmente la situación legalen torno al tema.No obstante, el decreto constituye un avance cualitativoen los derechos de las mujeres, se presentaahora el reto de preparar la institucionalidad para estecambio y que responda a las necesidades que le dieronorigen; de nuevo, es la plataforma administrativa,la que en última instancia termina determinando elacceso por parte de las mujeres a sus derechos. Estasituación del acceso de las mujeres a los métodosde control de fertilidad, provocó otra investigación deoficio por parte de la Defensoría, referida particularmentea las esterilizaciones y las actuaciones de loshospitales del país para el cumplimiento del DecretoEjecutivo Nº 27913-S, así como al análisis del voto Nº3791-2002 de la Sala Constitucional, en relación conla interpretación del artículo 123 del Código Penal,relativo al consentimiento informado y el relevo de responsabilidadpenal.En dicha investigación, se determinó que la responsabilidadde controlar la fertilidad sigue siendo un asuntode mujeres ya que el 90.92% de las esterilizacionesrealizadas en el país fueron a mujeres y el restante9.08% le fueron practicadas a los hombres. Esto causógran preocupación, pues las salpingectomías sonoperaciones de mayor riesgo y con mayores períodosde recuperación que las vasectomías y le implican ala CCSS un costo más elevado. La vasectomía es unproceso con menor riesgo (operación ambulatoria),que puede tardar unos pocos minutos.De la información brindada por las mujeres, resultaevidente el papel que cumplen las instituciones públicasen la reproducción de roles asignados según elgénero de la persona, ya que a pesar de las mayoresdificultades que extraña la esterilización de las mujeres,es claro que las instancias de salud las siguenconsiderando como las personas que han de sometersea esta forma de planificación familiar. Además,se logró determinar que no existen campañas de sensibilizaciónhacia los hombres, que contribuyan a queéstos asuman su cuota de responsabilidad en materiasexual y reproductiva.Adicionalmente, se determinó que en muchosHospitales de la Caja Costarricense de Seguro Social,los especialistas en Urología, a pesar de que consideranque la vasectomía es un campo propio de su especialidad,la ven como un recargo de funciones y porello, al no existir suficientes especialistas aumentanlas listas de espera.


22 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008Sobre lo expuesto se da cuenta en el siguiente cuadro,que se refiere a la tasas de esterilización voluntariahospitalaria por sexo y edad, que contempla hasta elaño 2005. Es claro que en el año 1994-1995, el grupode mujeres de 30 a 34 años es el sector que con mayorfrecuencia ha estado utilizando este procedimiento,alcanzando un promedio de 4.91 esterilizaciones alaño por cada 100 mujeres. Para el año 2002-2003,continúan siendo las mujeres las que mayoritariamenteusan el método de la esterilización, respecto deluso por parte de los hombres; y en la actualidad siguesiendo este mismo grupo etáreo el que lo utiliza conmayor frecuencia, alcanzando un total de 6.54 esterilizacionespor cada 100 mujeres. Asñi, los hombresen esos mismos grupos etéreos y períodos de tiemposólo reportan 0.025 y 0,177 respectivamente, lo queconstituye una diferencia abismal que se mantienehasta la actualidad.Otro mecanismo importante que se trabajó, despuésde la entrada en vigencia del nuevo decreto, fue laconstitución de la Comisión Interinstitucional sobreDerechos Sexuales y Reproductivos, establecida medianteen el Decreto Ejecutivo Nº 27913-S, en la quela Defensoría tiene el carácter de observadora. Lalabor fundamental de esta Comisión ha sido identificarlos aspectos necesarios para la formulación de unapolítica y un plan nacional en salud sexual y reproductiva,así como apoyar el trabajo que realiza la Secciónde Salud de la Mujer del Departamento de SaludPreventiva de la Caja Costarricense de Seguro Social,particularizando su quehacer en el desarrollo de lineamientostécnicos para las Consejerías, así como lacreación de los instrumentos para la capacitación delpersonal responsable de dichas Consejerías.CUADRO N°1.1TASAS DE ESTERILIZACION HOSPITALARIA POR CADA 100 HABITANTESEN BIENIOS, SEGÚN SEXO Y GRUPOS DE EDAD, CC.S.S 1994-2005GRUPOS DE EDADB I E N I O S94-95 96-97 98-99 00-01 02-mar 04-mayTotal 1.37 1.39 1.30 1.74 1.76 1.5720-24 0,67 0,6 0,57 1,19 1,38 1,2925-29 1,55 1,73 1,73 2,66 2,68 2,3830 -34 2,4 2,57 2,47 3,2 3,29 2,8935 -44 1,76 1,69 1,57 1,82 1,8 1,6645-54 0,11 0,08 0,06 0,08 0,1 0,12Hombres 0,035 0,018 0,003 0,037 0,11 0,2520 -24 0,086 0,044 0,002 0,006 0,005 0,0325 – 29 0,022 0,016 0,002 0,021 0,069 0,2130-34 0,025 0,011 0,005 0,063 0,177 0,4235 -44 0,027 0,013 0,003 0,062 0,192 0,4345-54 0,018 0,011 0,001 0,021 0,074 0,14Mujeres 2,77 2,82 2,66 3,51 3,48 2,9420-24 1,27 1,18 1,15 2,44 2,83 2,6125 -29 3,18 3,52 3,54 5,4 5,42 4,6630 -34 4,91 5,27 5,07 6,49 6,54 5,4535 -44 3,57 3,46 3,22 3,67 3,49 2,9445-54 0,2 0,15 0,12 0,13 0,13 0,11Fuente: C.C.S.S, Departamento de Estadísticas de Salud.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes23Las acciones realizadas por la comisión, no han alcanzadola elaboración de la política pública en materia deSalud Sexual y Reproductiva, lo cual tampoco ha sidoasumido por el Ministerio de Salud, como el rector dela materia de salud, lo que constituye una gran deudadel Estado. Otra deuda, que además es pre requisitodel desarrollo de la política pública en la materia, esla inexistencia de una encuesta de Salud Sexual yReproductiva, que actualice la situación y que sirva deherramienta para las definiciones. La última encuestadata del año 1999.Resulta claro, que nuestro país debe avanzar hacia lavigencia de las declaraciones de derechos humanosy, sobre todo, de los siguientes instrumentos internacionalesque ha ratificado: Declaración Universal deDerechos Humanos, Pacto Internacional de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales, Convención parala Eliminación de Todas las Formas de Discriminaciónen Contra de la Mujer (CEDAW) y su protocolo; yel Protocolo Adicional a la Convención Americanade Derechos Humanos en materia de DerechosEconómicos, Sociales y Culturales, conocido comoProtocolo de San Salvador.Debe avanzarse hacia una oferta de servicios de saludde calidad y accesibles, que incluya la salud sexualy reproductiva, incorporando a los hombres comosujetos de la política y como corresponsables en lasdecisiones de los hijos e hijas que se quiere tener. Setrata de un asunto de dos, no del dominio exclusivode las mujeres y cuando las políticas públicas que setoman lo evidencian, estamos frente a un ejercicio deBuen Gobierno con visión de género, variable impostergabledentro de la vivencia democrática. Así, debegarantizarse que la plataforma administrativa sea sensiblea las necesidades de las mujeres y que sirva parael disfrute de los derechos reproductivos, de tal formaque pueda ejercerse una autonomía –con informaciónsobrelos métodos de control de la concepción.Asimismo, para hacer efectivos los compromisos asumidospor el Estado costarricense en esta materia,se tiene el reto de Reformar la Ley General de Saludcon el fin de adicionar un capítulo sobre derechos ensalud sexual y salud reproductiva, o un texto independiente,que contenga claramente el establecimientode las responsabilidades del Estado en la materia,el reconocimiento de los derechos en salud sexual ysalud reproductiva de todas las personas y particularmentelos derechos sexuales y reproductivos delas mujeres, así como algunas condiciones esencialesde la plataforma estatal que los garantizara en elmarco del Buen Gobierno sensitivo al género. A lafecha, tanto la reforma integral incluida en el proyectode Ley General de Salud, como el capítulo independientese encuentran en la agenda parlamentaria.De la reproducción biológica a la reproducciónsocial.La responsabilidad asignada a las mujeres, sobre elcontrol de su capacidad reproductiva contrasta conla falta de acceso a los métodos de control de la fertilidady tiene como agravante la extensión de la responsabilidadde la reproducción a la responsabilidaddel cuido de los hijos e hijas; a lo que también se leha dado la responsabilidad del cuido de las personasadultas mayores y en general de cualquier integrantede la familia que lo requiera. Esta construcción socialconfigura otro tema estructural en la brecha de lasdesigualdades sociales que afectan el adelanto de losderechos de las mujeres e impiden las aspiracionesdemocráticas.Al tener las mujeres la capacidad de reproducciónbiológica, se les ha asignado el encargo de todos losaspectos relacionados con la misma; a partir de ahíse definen roles sociales de manera diferenciada alos hombres y mujeres, particularmente dentro de lafamilia, lo que también se extrapola al ámbito públicoy al trabajo remunerado. Esta responsabilidad de lasmujeres, extendida a la reproducción social, limitamuchos de sus derechos, en virtud de que disponende poco tiempo para otras actividades como el estudio,el trabajo remunerado o la participación política.En consecuencia, a las mujeres les resulta más difíciltransformar sus capacidades en ingresos o bienestar,lo que limita sus oportunidades de desarrollo y su derechoa la inclusión en todos los ámbitos sociales. Estaasignación de las responsabilidades del cuido de loshijos e hijas, pareciera partir de que las mujeres tienenun tiempo que es elástico y flexible, para poder llevaren cualquier momento a sus hijos/as al médico/a, asistira citas escolares, atender a los/as adultos/as mayores,realizar trabajos de enfermería, cocinar, limpiar,etc.; sin embargo, resulta claro que estos esfuerzosestán incidiendo negativamente en la calidad de vidalas mujeres y en el disfrute de sus derechos.Lo expuesto tiene como corolario una poca valoracióndel trabajo del cuido que realizan las mujeres en elmundo de lo privado, lo que hace que en el marcode una sociedad orientada al mercado económico seexcluya este quehacer como merecedor del conceptode trabajo y mucho menos de una remuneración.Inclusive, cuando las mujeres se integran al mercadolaboral, conlleva que tengan la asignación de la dobley hasta triple jornada de trabajo, tanto la que realizanen el ámbito remunerado como en el no reconocidoeconómicamente. En los últimos tiempos, esta situaciónde múltiples jornadas laborales de las mujeres,se ha exacerbado, en la medida que se ha producidoun aumento de las familias que requieren que tanto elhombre como la mujer obtengan ingresos de sus res-


24 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008pectivos trabajos. Asimismo, se ha dado un aumentode las familias que dependen únicamente del ingresoeconómico que se genera del trabajo de las mujeresmadresy jefas de hogar.Aunado a lo anterior, las nuevas condiciones de redistribuciónde las responsabilidades económicas en lafamilia no se han visto acompañadas de una redistribuciónequivalente de las responsabilidades de trabajoen el hogar. De tal forma que las mujeres continúandesempeñando las tareas domésticas, aún cuandotambién tengan un trabajo remunerado y ello no haimplicado que los hombres asuman, también ellos,esas tareas.“La falta de corresponsabilidad en el cuido de los hijose hijas repercute en las desigualdadesentre las mujeres y los hombres y esto se constituyeun nudo para la gobernabilidad democrática.A través de una redistribución de lasresponsabilidades, de una revaloración deltrabajo doméstico y de un replanteamiento de lasrelaciones de género para la construcción de nuevasidentidades masculinas y femeninas,puede garantizarse la gobernabilidad democrática.”Defensoría de la Mujer, 2008Se impone entonces, el reto de ver a los hombresy a las mujeres como proveedores de cuidados, depromover esa prestación compartida, de reentenderel cuido de los hijos e hijas, para lo cual se requierede la puesta en marcha de políticas públicas que generencorresponsabilidades paternas, y corresponsabilidadesestatales. Esta es una obligación del BuenGobierno sensitivo al género y de hecho constituyeuno de los ejes de la política de género que impulsael gobierno.La Defensoría, es del criterio que se debe de sacardel ámbito privado el tema de los cuidados, dejar detratarlo como un problema individual, para comenzar atratarlo como un problema colectivo, social.Una paternidad compartida: debilidades administrativasen quienes posibilitan la prueba científicade paternidad.La corresponsabilidad en el cuido, tiene como prerrequisitola existencia de paternidades legalmentedeclaradas, por ello, la plataforma que aplica la pruebacientífica adquiere una importancia trascendental eneste enfoque del tema.Desde la perspectiva de la Defensoría, la Ley dePaternidad responsable ha sido un instrumento que hacontribuido de manera decisiva en el reto de la democratizaciónde las responsabilidades del cuido de loshijos e hijas. Esta norma, ha tenido un impacto directoe indirecto en nuestro país al transformar nuestrarealidad nacional de casi un 30% de inscripciones sinpadre reportado, a sólo un 10% durante la vigencia dela ley. Muchos de los registros de paternidad derivande la aplicación directa de este instrumento; otros, lohacen de un efecto indirecto de ella, en virtud de queson declaraciones de paternidad voluntarias najo elconocimiento de que si se les aplica la prueba científica–tarde o temprano- se determinará su paternidad.Por ello, esta Defensoría ha asignado una enorme importanciaa la adecuada implementación de la Ley dePaternidad, cuya fortaleza, aunque al mismo tiempodebilidad, radica en la plataforma administrativa delLaboratorio que realiza la prueba científica de paternidad.El Laboratorio de la CCSS, como responsable derealizar las pruebas del ADN al momento de nacer la oel hijo sin paternidad legalmente declarada, es el queposibilita la determinación biológica de la paternidad ysubsiguientemente, -una vez inscrito ante el RegistroCivil-, la filiación jurídica, que consiste en un conjuntode relaciones jurídicas entre el hijo/a con su padre/madre.Más allá de lo legal, la filiación tiene una importanciafundamental en la identidad de la persona, tanto biológicacomo social; constituye el origen e historia de lapersona. En ese sentido, la filiación -en una sentidoamplio- integra no sólo la identidad del padre y madre,sino la propia identidad, y su búsqueda que “… trasciendelo que podría considerarse un interés puramentebiológico y coadyuva a estructurar y consolidar lapersonalidad del individuo” (Resolución en acción deInconstitucionalidad N° 1894-99).Una vez establecida la paternidad se pueden derivarefectos de naturaleza patrimonial (pensiones alimentarias)y de corresponsabilidad (en la extensión socialde la atención y cuido de los menores a sus padres).Son las mujeres/madres y sus hijos e hijas quieneshacen los trámites respectivos. Son las madres lasque exigen que la institucionalidad sea capaz deasignar las paternidades y poder derivar de éstas,las responsabilidades. Este procedimiento, antes decarácter judicial, formalista y excesivamente largo, semodificó al amparo de dos grandes motores. Por unlado, los avances científicos en la prueba del ADN, lacual garantiza la paternidad de una forma casi exactay no como prueba únicamente de descarte o para demostrarel no parentesco, como sucedía con la pruebade marcadores genéticos que se usaba anteriormente.Por otro lado, la nueva legislación (Ley de PaternidadResponsable) desjudicializó y desformalizó el procedimiento,trasladándolo a la vía administrativa y acer-


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes25cándolo a la lógica y necesidades de las mujeres/madrescomo las principales usuarias de este sistema.Desde el inicio del proyecto, en su etapa de redaccióny durante el proceso de discusión de éste, el problemalo constituyó el Laboratorio de Pruebas de Paternidad.De hecho, cuando se solicitó el dictamen obligatoriosobre el proyecto de ley al Poder Judicial, éste lorindió desfavorable, razonado en la erogación económicaque le significaba el Laboratorio de Pruebas dePaternidad en su jurisdicción. Mucho tiempo dilató elproceso para que el Estado aceptara proveer los recursosanuales suficientes para el funcionamiento dellaboratorio especializado en la realización de las pruebascientíficas de paternidad, sólo hasta entonces, laCCSS aceptó la competencia y adscripción del laboratorio.De esta forma, el artículo 7 de la Ley autorizóal Poder Ejecutivo a girar un monto anual de hasta milmillones de colones. La transferencia presupuestariaactual llega a los 9 millones y le permite a la CCSSfundamentalmente sufragar la compra de los reactivosy materiales consumibles para su funcionamiento. Locorrespondiente al recurso humano, en la actualidad,corre a cargo de la CCSS.Para el año 2002, una vez vigente la ley, nuevamentela dificultad para su implementación lo constituyó ellaboratorio. Esta vez, por no alcanzar de manera inmediataa la entrada en vigencia de la ley, la respectivaacreditación exigida en la misma Ley de PaternidadResponsable, que estipuló que le corresponde alLaboratorio de la Caja Costarricense de Seguro Socialacreditado por el Ente Nacional de Acreditación deLaboratorios (ENAL o ECA actualmente), la realizacióndel estudio comparativo de marcadores genéticos,como prueba científica con la que se determina endefinitiva la afiliación de los menores que se aduce alamparo de la ley. Esta acreditación no se logró sinohasta el mes de abril del año 2003, fecha a partir de lacual esta Defensoría implementó como mecanismo deseguimiento una Comisión Interinstitucional denominada“Comisión de Paternidad Responsable”, la cualestá integrada por personas representantes de diversasinstancias, como el Poder Judicial, CCSS, INAMUy Registro Civil, así como por el conocimiento de lasquejas que se presentan a la Defensoría.Nuevamente, en el año 2007 la plataforma existentepara la transformación social “está haciendo aguas”,en virtud de que la prueba científica que realiza exclusivamenteel laboratorio adscrito a la CCSS no las estarealizando y no puede entregar a las personas interesadaslos resultados de las pruebas de paternidad.La satisfacción del derecho de fondo, del derecho a lafiliación, con las consecuencias sociales, patrimonialesy de transformación de las relaciones de géneroque de éste derivan, está sometido a las debilidadesadministrativas del sistema que le impiden operar alLaboratorio de Pruebas de ADN de la CCSS. En estemomento, el laboratorio tiene suspendida la acreditacióny un rezago en el dictado del resultado de casiseiscientas pruebas; que significan 600 personasmenores de edad y 600 madres esperando la determinaciónde su identidad y el inicio de las responsabilidadessubsiguientes.El debilitamiento de la plataforma administrativa delLaboratorio de la CCSS inició esta vez, con una resoluciónde la Sala Constitucional que obligó a la CCSSa sacar a concurso la propiedad de las plazas de losprofesionales en microbiología nombrados de formainterina en la institución, en cuyo proceso se saca aconcurso la Dirección del Laboratorio de Paternidad yde otros técnicos, sin ningún tipo de requisito de especialidaden la materia molecular de pruebas de ADN,que pudiera garantizar una idoneidad del personal delLaboratorio.Como resultado de ese proceso de concursos y selecciónde personal, el laboratorio se quedó sin el personalidóneo y capacitado. Las reubicaciones de las personasdel Laboratorio de Paternidad Responsable, sedieron efectivamente el día 26 de noviembre de 2007,fecha a partir de la cual la instancia no cuenta con elpersonal profesional y técnico que pueda realizar elanálisis de las pruebas que cotidianamente se tomana las personas al amparo de la Ley. De tal forma quecuando el ECA realiza la labor de seguimiento en elmes de diciembre de 2007, para verificar si se mantienenlas condiciones de acreditación del laboratorio,concluye que el laboratorio tiene una serie de no conformidades,que le impiden seguir operando con calidad,siendo una de las más importantes la pérdida delpersonal de experiencia, así como debilidad en la gestiónde calidad, particularmente en la norma INTE ISO/IEC 17025:2005; falta de actualización de la regenciaante el Colegio de Microbiólogos y falta de limpieza ycalibración del secuenciador, que es un instrumentoespecializado e indispensable para la emisión de losresultados. Esto da como resultado el acuerdo delECA de suspender la acreditación del Laboratorio, sinla cual, no puede operar.En virtud de lo expuesto, la Defensoría de la Mujer dela Defensoría de los Habitantes, inició una serie degestiones informales con el fin de que el Laboratoriopudiera continuar cumpliendo los fines de la Ley, eincluso abrió una Investigación de Oficio. En estemarco se reunió con la Dra. Rosa Climent, Gerentede la División Médica y el Dr. Eduardo Cambronero,Director General de Gestión Regional y Red deServicios de Salud, quienes exponen la situación a laDefensoría y se comprometen a cumplir una serie de


26 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008acciones institucionales encaminadas a enderezar laprecaria situación del Laboratorio, tal como avanzaren el proceso de capacitación del personal tanto en lotécnico como en el tema de calidad y otros.Con la acreditación suspendida, el Dr. Cambronero,Director General de Gestión Regional y Red deServicios de Salud de la CCSS indicó claramente, enoficio remitido a esta Defensoría, cuales son los únicospasos del proceso que pueden continuar realizando ycuáles dependen de la acreditación. Concretamenteseñaló que se puede realizar la revisión “… cuidadosade cada uno de estos casos, para verificar que el expedienteeste completo y que tanto la boleta de cadenade custodia como las muestras, no presentan irregularidadesque puedan afectarel valor de la pruebaemitida. Luego puede irrealizando la amplificacióny electroforesis de los casospor analizar, quedapendiente la interpretaciónde los resultados, la realizaciónde los cálculos estadísticosy la confecciónde los informes, los cuales no se podrán emitir hastaque se cuente con la acreditación nuevamente”.En el transcurso de cuatro meses y como producto deuna serie de gestiones institucionales hechas por laCCSS y de acciones realizadas por diversas instanciascomo la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de losHabitantes, la situación ha avanzado hacia la soluciónde las inconformidades en la plataforma de atención.En ese sentido, debe señalarse que ya existe unanueva Dirección de Calidad y una Gerencia Técnicaen el Laboratorio, integrada por personal idóneo paraque pueda recuperar la acreditación, cuyo personalingresó a partir del lunes 25 de febrero. Asimismo, quedesde ese mismo día se inició la limpieza y calibracióndel secuenciador, se han realizado gestiones ante laauditoría interna y para la actualización de la regenciaante el Colegio de Microbiología, según el informe dela CCSS presentado a esta Defensoría. Todos estosrequerimientos son necesarios y de calidad para elBuen Gobierno.Asimismo, en reunión sostenida en el marco de la comisiónde seguimiento, en las oficinas de la Defensoríade los Habitantes el día 3 de abril del año en curso, laCCSS informó sobre las continuas acciones para solventarla suspensión de su acreditación ante el ECA,tales como el arreglo al secuenciador y todo lo referentea la calidad del proceso y con fechas programadaspara la realización de la auditoría.Aún se encuentra pendiente que el ECA, realice lasrevisiones correspondientes y si el resultado fuerapositivo, devuelva la acreditación al Laboratorio, paraque éste pueda operar nuevamente. Este proceso requierede aproximadamente 4 o 5 semanas, razón porla que, aún cuando el laboratorio ha podido avanzaren la resolución de casi un 36 % del total de los casosingresados, no podrá hacer llegar los resultados alRegistro Civil para que opere las modificaciones de losasientos de inscripción de los y las menores –cuandohayan salido positivas las paternidades- hasta que ellaboratorio este debidamente acreditado.La situación se ha agravado en virtud de que unapersona menor de edad y su madre, que han esperadovarios meses por elresultado de su paternidad,interpusieron un recursode amparo ante al SalaConstitucional y la Salaordenó que, en el plazode quince días le fueranDefensoría de la Mujer, 2008 entregados los resultados,plazo que resulta imposiblea la CCSS, por tener en ellaboratorio la acreditación suspendida.“Hace falta en la mirada institucional la pregunta porlas diferencias de género entre los hombres y las mujeresy la transversalización de estas necesidades enel marco de una política pública integral.”No obstante algunos avances, lo descrito constituyeuna cadena de actos irregulares y poco oportunos porparte de la CCSS que han debilitado el pilar y motor dela transformación de la filiación en Costa Rica, la aplicaciónde la prueba científica; razón por la que resultaurgente que la CCSS asuma los siguientes retos:a. Recuperar la acreditación del Laboratorio porparte del ECA, para que le permita continuarcon el ejercicio de sus funciones antes de lafinalización del mes de abril del año en curso,fecha en que se cumple los 60 días dados porel Ente de acreditación para valorar el avanceen la superación de las no inconformidades yrecuperar la acreditación.b. Hacer una programación con un plan remedial–que incluya trabajo hasta en jornadasextraordinarias- que posibiliten que las casi600 personas que se han tomado las pruebasdesde el mes de diciembre 2007 y lo que vadel año 2008, vean satisfecho su derecho alamparo de la ley de paternidad responsable.c. Que el laboratorio de la CCSS se responsabilicepor la cadena de custodia de la prueba, paraque pueda ser garante de los resultadosemitidos.d. Notificar a la Dirección del Registro Civilinmediatamente después de que se recuperela acreditación, el plan remedial programado,


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes27de tal forma que el Registro pueda tambiénhacer la programación de sus competenciaslegales, tales como la emisión de la resoluciónrespectiva, la modificación de la marginal enel asiento de inscripción y la incorporación deldato en la base correspondiente.e. Que la administración tome las accionescorrespondientes para garantizar que ningunade las no conformidades se vuelva a repetir.f. Que se garantice que los concursos en plazasespecializadas, sean calificadas como talesy que las transiciones sean responsablesy se mantengan las responsabilidades ycompetencias asignadas como corresponde.g. Que se identifique si en la cadena dedebilidades, existen responsabilidadesdisciplinarias por incumplimiento de deberes,particularmente en la acción inicial de habersacado a concurso una plaza sin requisitoscomo lo exigía el tipo de competencia queejerce el Laboratorio de Paternidad de laCCSS.h. Que todo lo acontecido en relación con ellaboratorio, violenta el derecho de filiación delas personas menores de edad y constituyeun tema de discriminación en contra de lasmujeres en el tanto son ellas, quienes tienenla responsabilidad en solitario, desde elcontrol de la reproducción hasta el cuido yresponsabilidad socio-afectivo-económica delos/as menores.Asimismo, el ECA debe hacer las valoraciones de lasno conformidades en un tiempo reducido, tomando enconsideración el derecho de fondo que se encuentra ala espera de las decisiones administrativas. La institucionalidad,es el soporte de los derechos de las personasy garantiza el derecho de fondo, que en el caso delas mujeres ha estado marcado por la discriminaciónen el acceso y disfrute de sus derechos, razón por lacual, esta Defensoría llama la atención en el caminoque aún falta por recorrer para incorporar la perspectivade las necesidades específicas de las mujeres.La respuesta y atención oportuna a las necesidades yderechos de las mujeres por parte de una administraciónsensible al género, es uno de los requisitos másimportantes de un Buen Gobierno ya que incide en lareducción de las brechas entre los hombres y las mujeresy en el avance de sus derechos. En ese sentido,la Defensoría continuará activamente contribuyendo ypromoviendo los cambios hacia la democratización yverdadera gobernabilidad en nuestro país.


El “pase” de la injusticia:una situación de irrespeto y humillación hacialas personas adultas mayores“Es del mandato constitucional de protecciónespecial reconocido a las personas adultas mayores,del que se desprende el derecho a la exoneracióntarifaria, esto obliga a superar la visión discrecionaly asistencialista con que ha sido tratado, para pasar areconocerlo como parte de los derechoseconómicos y sociales de estas personas, así comode los principios rectores de laLey Integral para la Persona Adulta Mayor.”Dirección de Protección Especial, 2008Desde la perspectiva de protección de derechos quepor la ley Nº 7319, ha sido comisionada a la Defensoríade los Habitantes, particularmente en lo que se refierea velar por el buen funcionamiento del sector público,en otras palabras de un Buen Gobierno, para garantizarel respeto de los derechos de las y los habitantes,es fundamental determinar que las gestiones públicassean transparentes, responsables, consecuentes,participativas y sensibles a las necesidades y aspiracionesde la población, en particular de grupos depoblación expuestos a situaciones de vulnerabilidad,como es el caso de las personas adultas mayores.Durante su primer quinquenio de labores, la Defensoríaabogó por la creación de una legislación específicapara la protección de las personas adultas mayores,en cuyo marco se promoviera un cambio de paradigma,con el fin de impulsar la efectiva realización ytutela de sus derechos. Con esa finalidad se le recomendóal Poder Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa,la aprobación y promulgación del Proyecto de LeyIntegral para la Persona Adulta Mayor, en respuestaa los esfuerzos realizados por Naciones Unidas parala declaratoria del Año Internacional de la PersonasAdultas Mayores en 1999, que a su vez formulaba elconcepto de “una sociedad para todas las edades” yreplanteaba el envejecimiento, como fenómeno individualy poblacional. Dicha iniciativa legal fue decretadapor la Asamblea Legislativa, bajo la Ley Nº 7935 del 19de octubre de 1999, anotándose así una conquista desuma trascendencia en materia de protección de losderechos para la población adulta mayor.Del mismo modo, se reconocieron como un valoragregado las reformas legales aprobadas a algunaslegislaciones vinculadas con el derecho a la vivienda yal transporte público, en tanto respondían a necesidadesbásicas de esta población, sin cuya satisfacción elejercicio efectivo de otros derechos se veía menoscabado,en detrimento de su dignidad humana.Las reformas normativas indicadas, se plasman enla Ley Nº 7950 sobre reformas a la Ley del SistemaFinanciero de la Vivienda Nº 7052; y la Ley Nº 7936de Reforma al Artículo 33 de la Ley Reguladora delTransporte Remunerado de Personas en VehículosAutomotores, Nº 3503. Ambas leyes, junto con la LeyNº 7935, nutrieron el orden legal, según la especificidadde este sector poblacional, con miras a definiry ejecutar una política nacional integral de vejez yenvejecimiento.A la luz de estas disposiciones legales tendientes almejoramiento de las condiciones de vida de las personasadultas mayores, la Defensoría de los Habitantes,ha asumido la vigilancia de las acciones institucionalesorientadas a su cumplimiento, poniendo en evidencialos problemas o inconvenientes que devienen de suaplicación práctica, así como la afectación particular aesta población conforme con las quejas recibidas e investigadas.En este sentido, cabe precisar la dificultadadministrativa para satisfacer los derechos reconocidosa la población adulta mayor, de manera particularla actual situación de abuso, humillación y maltratoque viven estas personas al ejercer su derecho a laexoneración tarifaria en el transporte público (derechoal “pase”), la cual ha motivado la decisión institucionalde evaluar el cumplimiento de la Ley Nº 7936, comoun tema prioritario del período de este informe, en arasde revelar hacia dónde se ha dirigido la observancia yeficacia de esta ley, al aproximarse una década de supromulgación.Por consiguiente, la metodología utilizada para evaluarel cumplimiento de dicha ley, consiste en una


30 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008retrospectiva de las principales acciones emprendidaspor las instituciones públicas relacionadas con supuesta en práctica, desde lo señalado en los InformesAnuales de la Defensoría y el posterior análisis delestado actual de su cumplimiento para finalizar señalandoalgunas consideraciones relativas a la actuaciónadministrativa en torno a su eficacia1. Retrospectiva: derecho al “pase” exonerado.El reconocimiento del derecho a la exoneración tarifariapara las personas adultas mayores, en el transporteautomotor colectivo de personas (buses), data del 8 dediciembre de 1999, fecha en la cual entró en vigenciala Ley Nº 7936.De previo, resulta oportuno recordar que la excepcióndel pago de la tarifa (“pase”), quedó supeditada alotorgamiento o renovación de las concesiones de serviciosde transporte remunerado después de que la leyentrara en vigencia. Literalmente se dispuso:“Las personas mayores de 65 años viajaránsin costo alguno en los desplazamientosque no excedan de 25 kilómetros. En losdesplazamientos mayores de 25 kilómetrosy menores del 50 kilómetros, pagarán el cincuentapor ciento (50%) del pasaje, en losdesplazamientos mayores de 50 kilómetros,pagarán el setenta y cinco (75%) del pasaje.Para tal efecto, los adultos mayores de 65años deberán presentar su cédula de identidady el carné de ciudadano de oro, el cualserá extendido por la Caja Costarricense deSeguro Social.”Y en su transitorio único señala que las disposicionesanteriores “regirán para las concesiones de serviciosde transporte remunerado de personas que se inicieno sean renovadas posteriormente a la entrada en vigenciade esta ley”.Consecuentemente, durante el primer año de vigenciade la nueva ley, la Defensoría inició el seguimiento delproceso de otorgamiento y renovación de concesionesde rutas de buses para observar la aplicación delas modalidades de exención tarifaria. Enfáticamentese advirtió a las autoridades que los mecanismos decontrol y difusión que resultarán pertinentes debíanser estrictamente definidos en razón de la obligaciónde los concesionarios de demostrar, fehacientemente,la cantidad de personas adultas mayores subsidiadas,conforme con la información contable que suministrabael Ministerio de Obras Públicas y Transportes(MOPT).Es valioso mencionar que en contra de lo dispuestopor la ley, en el 2001 el representante de una empresade buses interpuso una acción de inconstitucionalidad,en la que alegó que la exoneración constituía una cargapara los empresarios. Aleccionadoramente la SalaConstitucional no solo rechazó la acción por el fondo,sino que le aclaró al accionante el carácter de serviciopúblico del transporte remunerado de personas en lamodalidad de buses; orientado por los principios jurídicosde continuidad, regularidad, uniformidad, generalidady obligatoriedad de la prestación, y subordinado ala regulación del Derecho Público, cuya organización,en lo que respecta a control, vigilancia y regulación,es competencia del MOPT. Específicamente la Salaseñaló:“El servicio de buses en nuestro país constituyeun servicio público que se desarrollacomo concesión, donde el Estado delega enun particular la prestación del servicio, estoes, la ruta, pero la forma en que debe ejecutarse,así como las regulaciones y controldel mismo, están subordinadas a las normasque la ley y la Administración establezcan, demodo que la forma en que se preste el servicioqueda sujeto a las condiciones y regulacionesque la Administración determine.”“(S)e trata de personas que no son económicamenteactivas, y más bien dependen deuna pensión, que en la mayoría de los casos,apenas permite la subsistencia de su beneficiario.Además, se trata de personas que yaaportaron su fuerza intelectual y de trabajo físicoen pro del desarrollo económico del país,con lo cual, se constituye en una especie dereconocimiento o retribución por sus años deservicio. Tiene que tenerse en cuenta, además,que la medida, en modo alguno es desproporcionadao irrazonable, toda vez queno es desmedida, y no puede causar la ruinaeconómica de los concesionarios que prestanel servicio público del transporte remuneradode personas en la modalidad de buses (…)”“(L)a medida no causa un perjuicio patrimonialirreparable, y mucho menos, puedeestimarse que sea confiscatoria. En todocaso, no resulta violatoria del principio deigualdad, por cuanto se trata de una medidade protección a favor de un sector de la poblaciónque merece respeto por la ciudadaníaen general, en cumplimiento de un mandatoconstitucional -párrafo final del artículo 51 dela Constitución Política- (…); con lo cual seconstituye lo que tanto en doctrina como enla jurisprudencia constitucional se ha denomi-


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes31nado como “discriminación positiva”, que seestablece en reconocimiento de la especialcondición de ese grupo.”Obsérvese que la acción de inconstitucionalidadinterpuesta evidencia que algunos empresarios deltransporte público concibieron la exoneración comouna carga; o lo que es lo mismo, como una pérdida deganancias; obviando que el transporte que prestan esun servicio público y malinterpretando el principio desolidaridad social.Pese a que la Sala Constitucional aclaró y justificódebidamente la exoneración, basándose en el derechoa la protección especial de las personas adultas mayoresy el respeto que debe mostrarles la ciudadanía engeneral, las quejas recibidas en la Defensoría han sidocontinuas y reiterativas.“En sus quejas se refieren a los malos tratos quereciben de parte de los choferes de buses pues–según manifiestan- no les “paran” en las paradas,no les reciben el tiquete, los tratan mal, los humillan,les piden información adicional, mientras que aleganque los patronos sólo les reciben cierto númerode tiquetes. La persistencia de esta situación, endiferentes líneas de buses, evidencia que algunostransportistas (propietarios y choferes) no hanasumido la responsabilidad y el deber social de respetarlos derechos de la población adulta mayor,pero también que la entidad encargada de fiscalizarel acatamiento de la exoneración ha sido laxa.”Dirección de Protección Especial, 2008Durante ese mismo año, la Defensoría empezó a recibirquejas por la no aplicación de la excepción tarifariaen las rutas de buses de la Región Brunca y del ÁreaMetropolitana. El MOPT respondió que conforme conlas concesiones renovadas los prestatarios del serviciodebían cumplir con lo dispuesto por la ley, caso contrariose debían adoptar las medidas sancionatoriascorrespondientes; es decir, denunciar a las empresas.Asimismo, la ARESEP, informó sobre la constituciónde una comisión para determinar los mecanismos deaplicación de los descuentos estipulados y las directricesdirigidas a los empresarios de transporte que hubieranrenovado la concesión. En tanto, la Defensoríase abocó a verificar que la creación del nuevo modeloincluyera la tarifa preferencial de la población adultamayor para la aplicación de los ajustes tarifarios.En procura de hacer efectivo el régimen de excepcióntarifaria, en enero del 2002, el MOPT solicitó ala ARESEP un aumento general de buses, busetas ymicrobuses en consideración al reconocimiento de ladisposición legal en la estructura tarifaria. Por primeravez, la Defensoría asumió una posición a favor delincremento, en virtud del incumplimiento registradoa la fecha, ya que esta obligación había quedado adiscrecionalidad de transportistas, más por disposiciónpropia que por determinación institucional como correspondía.Además, la Defensoría argumentó, que “lavoluntad del legislador claramente garantiza la prioridadque se asigna a la adopción de todas aquellas medidasque no sólo equiparen, sino además promuevanla permanencia activa en igualdad de condiciones delas personas adultas mayores en la dinámica social,siendo que, para el acaso que nos ocupa, la posibilidadde movilizarse en condiciones accesibles, no sólofísicamente sino económicamente, se constituye enuna garantía instrumental para el ejercicio de otrosderechos fundamentales como la salud, el trabajo, laeducación, la cultura, el deporte y la recreación.”El 10 de enero de 2002, la ARESEP aprobó el aumentode tarifas, en el que se incluyó la compensación porla tarifa especial de las personas adultas mayores yse trasladó la obligación de su observancia al sectortransportista. Posteriormente, el 24 de ese mismomes, se emitió el Decreto Ejecutivo Nº 30107-MOPT,mediante el cual se reglamentó la Ley Nº 7936. Y, enfebrero, al amparo del Reglamento, se estableció laemisión y entrega de tiquetes por parte de la CajaCostarricense de Seguro Social a las personas adultasmayores.Cabe destacar, que en razón de la propuesta reglamentaria,la Defensoría advirtió las siguientesimplicaciones:• El procedimiento de verificación de los datosrelacionados con la población adulta mayor en elmarco de la demanda global del servicio.• El modelo econométrico de fijación tarifaria;específicamente los efectos sobre la estructura dela demanda, a partir de la inclusión del subsidio,la variación del índice de pasajes por kilómetro ylos efectos de “análisis de sensibilidad”.• Las consecuencias para el equilibrio financierode las empresas por el hecho de que el subsidiono se cargara en la tarifa, bajo el supuesto que lavariación del índice de pasajeros por kilómetro noprodujera variaciones significativas.• El mecanismo para el adecuado uso delsubsidio.Asimismo, la Defensoría apuntó que la tarifa se habíaestimado considerando otros aspectos del modeloeconométrico, como lo era el comportamiento del


32 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008precio de los combustibles y la evolución del tipo decambio, por lo que, para entonces, resultaba muy difícilevaluar su dimensión real. Además, la estimaciónse hizo a partir de una aproximación muy general dela demanda, la cual debería ser revisada posteriormentede manera exhaustiva conforme con la realidadpresentada, para lo cual era necesario contar con losmecanismos de control adecuados que no resultaránuna carga para la población usuaria, sino una responsabilidadcompartida entre el Estado y el sector detransporte público.En razón de las observaciones planteadas, en abril del2002, la Defensoría le recomendó a la ARESEP que,transcurrido el primer mes de aplicación de la tarifapreferencial, emitiera el informe correspondiente alcómputo y reconocimiento tarifario y que indicara lasempresas que no le hubieran entregado los tiquetes. AlConsejo de Transporte Público, que indicara las gestionesrealizadas para implantar un sistema de informaciónque determinará la longitud real de cada unode los desplazamientos de cada ruta. A la C.C.S.S.,que informara el monto destinado para la emisión detiquetes, el plazo de cobertura y las acciones parasustituir el sistema por uno de tarjeta electrónica. Yal CONAPAM que uniformara los mecanismos de informaciónpara la divulgación de la tarifa preferencialy crear conciencia en el resto de la población usuariarespecto a la especificidad de este grupo de poblacióny su inclusión dentro de la dinámica social.Congruente la realidad con las observaciones realizadas,se recibió un sinnúmero de quejas de diferentessectores relacionadas con las contrariedadesocasionadas por el uso de los tiquetes, entre tales: larestricción de tiquetes por parte de la entidad emisora,el rechazo y la limitación para el recibo por parte de loschoferes y, maltratos en contra de las personas usuarias,incluido el maltrato físico . Estos “indicadores”constataron la insuficiencia e ineficacia del sistemade tiquetes como mecanismo para que las personasadultas mayores pudieran ejercer su derecho a la exoneracióntarifaria.De hecho, ante requerimiento de información a laC.C.S.S., fue la primera institución en admitir la convenienciade que para acceder al beneficio, los tiquetesdebían “desaparecer” y sostuvo que con la solapresentación del carné de ciudadano de oro –vigenteen ese momento- la población adulta mayor podía disfrutardel beneficio, siempre y cuando se conciliaránlos intereses convergentes, sobre todo con los transportistas,que insistían en la necesidad de un mediode control . Por su parte la ARESEP, señaló que dadala confusión generada por la división de los tiquetes,se había confeccionado un instructivo-guía y que seestaba a la espera de un análisis estadístico paradeterminar un mínimo de tiquetes mensual reportadospara aplicarlos como parámetro para la solicitud de losajustes tarifarios respectivos.Mientras tanto, en el Consejo de Transporte Público(CTP) se presentaba un retardo administrativo en laatención de las denuncias. Ante lo cual, en noviembredel 2002, se limitó a indicar que iba a realizar una encuestaentre la población usuaria para determinar silas situaciones denunciadas respondían a casos aisladoso resultaba necesario disponer de un criterio másamplio para actuar frente a los casos concretos.En vista de lo anterior, el 10 de diciembre de 2002, laDefensoría de los Habitantes convocó a un grupo detrabajo interinstitucional con el cometido de analizarel sistema como tal y el procedimiento de atención dedenuncias. Como resultado de esta labor, se acordó:realizar los estudios correspondientes a fin de encontraruna respuesta alternativa a los tiquetes -dadas lasdificultades existentes en la aplicación del sistema-,incluyendo las prácticas irregulares detectadas y laatención de las denuncias por parte de la instanciacontralora de servicios del CTP. Valga señalar queel CTP se manifestó dispuesto a formar parte de ungrupo interinstitucional para establecer los controlesrequeridos para evitar “el trasiego de los tiquetes”-en razón del argumento esgrimido por algunos autobuseros-,siendo un elemento que se adicionó a lasituación bajo estudio. A partir de la tarea descrita seregistró una disminución de las quejas recibidas en laDefensoría sobre este tema.Con la finalidad de vigilar la operatividad del sistemade tiquetes, durante el año 2003 la Defensoría investigóotras aristas substantivas alrededor del tema: laslimitaciones para la distribución de tiquetes en algunasunidades administrativas de la C.C.S.S.; las condicionesy barreras físicas de las instalaciones dispuestaspara la entrega de los tiquetes, en perjuicio de la poblaciónacreedora del beneficio; y el presunto trasiegode tiquetes, denunciado por algunos empresarios yhecho público por los medios de comunicación.Posteriormente, en febrero del 2004 se constituyó unacomisión interinstitucional integrada por representantesde la ARESEP, MOPT/CTP, liderada por la Direcciónde Prestaciones Sociales de la CCSS y con el apoyode las Cámaras de Empresarios del Transporte, con elobjetivo de conocer las propuestas sustitutivas del sistemade tiquetes, para garantizar que el mecanismo norepresentara una carga a la población usuaria, ni unaresponsabilidad unilateral del Estado, sino compartidacon el sector transportista.La ocasión fue propicia para hacer énfasis, tal y comohabía sido recomendado en el año 2002, en la ne-


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes33cesidad de que la ARESEP realizara un estudio delcomportamiento de la demanda real del servicio enrelación con reconocimiento en el cálculo tarifario alos transportistas, a partir los datos mensuales parael cómputo; la necesidad de que el CTP tramitaracon diligencia y celeridad las denuncias recibidas eimpusiera las sanciones correspondientes a los transportistas,en procura de contrarrestar el maltrato y ladiscriminación hacia las personas adultas mayores; lanecesidad de que la C.C.S.S. evaluara el sistema decontratación y distribución de tiquetes por medio deunidades administrativas; la necesidad de que esastres instituciones realizaran una coordinación efectivaentre sí y emprendieran la evaluación objetiva del sistemade tiquetes.En marzo de ese año, la C.C.S.S. indicó que estabarealizando un estudio con base en encuestas con elobjetivo de conocer el comportamiento de la poblaciónusuaria en relación al uso de tiquetes, cuyos resultadospodrían compararse con los de los estudios practicadospor la ARESEP, a fin de que la informaciónfuese utilizada en la aplicación de los ajustes tarifariosy así eliminar el uso de los tiquetes. Además, informóque en la reunión de febrero los operadores acordaronformar una comisión encargada para estudiar la posibilidadde instaurar un sistema de control automatizado.Sin embargo, no fue sino hasta agosto del 2005, queel CTP informó sobre la definición de una propuestadenominada “Requerimientos de información paraun nuevo sistema electrónico de control sustitutivode los tiquetes que utilizan los adultos mayores en eltransporte público de personas por autobús” y sobreel proceso de negociación con el sector transportistapara su operacionalización.Debe decirse que durante todo ese tiempo, el Consejode Transporte Público, órgano con las competenciasancionatorias, se limitó a trasladar las denuncias contralos transportistas al área técnica para su investigación,presentando un retraso que rebasaba todo límitede racionalidad y proporcionalidad, bajo el alegato dela escasez de recursos para una atención más expeditacomo en derecho corresponde. De manera tal,que esta Defensoría se vio en la imperiosa necesidadde recomendar a la autoridad jerárquica del MOPT, laprocedencia de revisar la metodología utilizada por elConsejo al amparo de los principios que rigen la funciónpública y objeto de jurisprudencia constitucionalreiterada y dirigida al órgano en cuestión.Con el acompañamiento del Consejo Nacional de laPersona Adulta Mayor (CONAPAM), el 11 de febrerode 2005, la Defensoría asistió a una sesión de laComisión Interinstitucional para conocer el avance delas acciones encaminadas a la sustitución del sistemade control; pero a esas alturas, la respuesta fue la misma:que el sistema de tiquetes se había concebido concarácter temporal previo a su sustitución por una alternativatecnológica, la cual aún no se había definido.“Resulta extraño para la Defensoría, que siendo elCONAPAM, el ente rector en materia de vejez y envejecimiento,la Comisión no lo tomara en cuenta pero quetampoco el Consejo así lo exigiera, para impulsar lasacciones tendientes a evaluar la eficiencia y efectividaddel sistema de tiquetes. Más grave aún, el CONAPAMjustificó su falta de acción en la limitación de recursosmateriales que reportaba, pese a que reconoció la necesidadde articular una estrategia interinstitucionalpara que, en un corto plazo, se dispusiera del mecanismosustitutivo de tiquetes.”Dirección de Protección Especial, 2008No obstante las justificaciones de las institucionesinvolucradas en este asunto, la Defensoría denuncióabiertamente, en su Informe Anual de Labores delperíodo 2006-2007, la impunidad administrativa frenteal maltrato de que es objeto la población adulta mayorpara el goce del derecho otorgado . Sobre todo porquela labor de la comisión interinstitucional, que haoperado desde hace varios años, ha sido realmenteinfructuosa. Además, ante la posición de la C.C.S.S.de suspender la entrega de tiquetes, sin que a la fechase hubiere logrado definir una propuesta alternativa alsistema de tiquetes, se retornó al planteamiento originalde que era al MOPT/CTP al que le correspondíaasumir la coordinación requerida con los transportistaspara lograr un acuerdo definitivo.2. Panorama actual del cumplimiento de la Ley Nº7936.Las labores de protección de derechos de la Defensoríade los Habitantes, se han visto motivadas por el incrementode la capacidad de denuncia de las personasadultas mayores, correspondientemente la Instituciónha asumido una posición de resguardo de la integridady la dignidad de estas personas, particularmenteante la inercia institucional para hacer valer el derechoa la exoneración tarifaria, “concedido” por el propioEstado.Es del mandato constitucional de protección especialreconocido a las personas adultas mayores, del que sedesprende el derecho a la exoneración tarifaria, estoobliga a superar la visión discrecional y asistencialistacon que ha sido tratado, para pasar a reconocerlocomo parte de los derechos económicos y sociales de


34 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008estas personas, así como de los principios rectores dela Ley Integral para la Persona Adulta Mayor.Sin pretender minimizar la importancia ni la gravedadde las distintas quejas recibidas, resulta oportunoejemplificar con dos casos el persistente escenariode agravio en que se encuentra inmersa la poblaciónadulta mayor usuaria de la tarifa preferencial, expuestaa grados de violencia que deben ser abordados por lasautoridades responsables de garantizar este derecho.En el primer caso, la empresaha persistido en el incumplimientoque motiva las quejasen su contra, pues el primerreclamo data del año 2006y en la actualidad, se continúanrecibiendo reclamospor el no recibo de tiquetes.No obstante el Consejo deTransporte Público (CTP, haincurrido en un retraso significativode la investigación enrazón del cambio de administracióny la necesidad de girardirectrices respecto a la laborde campo que se requierepara la atención de las distintasquejas. Si bien se admiteel retardo de la intervencióntécnica, también mencionaronlas medidas de mejora dela actual gestión, Al respectola Defensoría apuntó:“(…) los funcionarios públicosinvolucrados en la atención de estegrupo etáreo, desde las diversas dependenciasen temáticas específicas hasta el enterector en materia de envejecimiento, debenactuar en el marco de los principios que rigenla Ley Integral para la Persona Adulta Mayory la función pública. De ahí la importancia,de que dicha atención sea enfocada a partirde un replanteamiento acerca la naturalezade los derechos vulnerados, las característicassociales y económicas de la población,así como los efectos de su situación sobreel sistema, económico, social y político denuestro país. Todo con el fin de ir permeandola función realizada, de manera que permitavisualizar los vicios en los procedimientosaplicados, a efecto de lograr articular lasacciones pertinentes y promover un abordajeintegral, cuyo cometido inmediato sea garantizarel derecho a una atención preferencialde este segmento de la población.”“En este contexto, es necesario puntualizar las diversasformas de abuso y maltrato que se comentencontra esta población: restricción en la cantidadde tiquetes entregados por la CCSS; limitación encuanto a la recepción diaria de tiquetes en las distintasrutas concesionarias; maltrato verbal y físico;fallas administrativas en el sistema de entrega ydistribución; exposición a situaciones de riesgo debidoa las deficientes condiciones físicas de las oficinasencargadas de la entrega de tiquetes; procedimientode autorización previa del uso del tiquetemediante la firma y sello del empleado encargadodel despacho de autobuses; negación del servicio,evitando realizar paradas cuando se advierte queson personas adultas mayores las que lo requieren;clima de malestar entre el resto de las y losusuarios, que se traduce en repudio a las personasadultas mayores; y, de mayor actualidad; obligaciónde firmar y anotar el número de cédula en el reversodel tiquete o bien aportar estos datos al chofer.”Dirección de Protección Especial, 2008“La Defensoría de los Habitantes consideraque, de conformidad con los logros alcanzadosen el marco jurídico de protección de estapoblación, es imperativo detenerse sobre lalabor realizada a fin de valorar la necesidadde elaborar nuevos manuales y procedimientosde atención, que se traduzcan en buenasprácticas coincidentes con los deberes dela función pública y la atención preferencial.Esto obliga a procurar y/o crear, según la necesidad,mecanismosalternativos de atencióna efecto de obtener unaverdadera tutela de losderechos fundamentalesde las personasadultas mayores.”Pese a que la empresa denunciadaregistra múltiplesquejas por el mismo objeto,el caso se encuentrapendiente de estudio en laJunta Directiva del Consejode Transporte Público.Por ello, se recomendó elenvío del informe de estaDefensoría al órgano colegiadocon el fin de que seaestudiado paralelamente,según los criterios técnicosaplicados por dicha instancia,de manera que seanalicen ambos informes,considerando la recurrenciade las denunciadas recibidasy tramitadas en contra de la empresa denunciadaa efecto de imponer las sanciones proporcionales ala afectación directa a las personas adultas mayoresusuarias del servicio prestado por la concesionaria.El segundo caso, corresponde al de una empresa debuses contra la cual se han interpuesto varias quejasdebido a que los choferes le exigen a las personasadultas mayores que firmen y anoten su número decédula en el reverso del tiquete, con el pretexto de quelo requieren para el “control administrativo” y ante “laexistencia de un tipo de mercado negro sobre talestiquetes”.Ahora bien, resulta necesario repasar las reformas administrativasy legales operadas que han variado sustancialmenteel marco regulatorio aplicable y por ende,modificado el panorama actual. Así, cabe señalar:• Que la Ley Integral para la Persona AdultaMayor mediante la Ley Nº 8500 del 28 de


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes35abril de 2006, fue reformada en el artículo 11,señalando que las personas adultas mayorespodrán disfrutar los beneficios, que el órganorector de vejez y envejecimiento negocie con elsector público, los concesionarios públicos o lasempresas privadas, con solo la presentación desu cédula de identidad, o bien con la cédula deresidencia o pasaporte correspondiente en casode tratarse de personas extranjeras.• Que en el mes de febrero de 2006, en el senode la Comisión Interinstitucional, la C.C.S.S.anunció la suspensión de entrega de tiquetesdebido a que no se había logrado concretar unapropuesta sustitutiva del sistema actual. Noobstante, la Caja amplió el plazo para retirar deoperación el sistema vigente hasta el mes dediciembre de 2008, debido al rechazo del MOPTpara que el Consejo de Transporte Públicoformara parte de un convenio para promoverla propuesta definitiva del sistema de controlalternativo por parte del sector transportista.• Que mediante resolución RRG-5876-2006,publicada el 10 de agosto de 2006, la ARESEPsuspendió la recepción de boletos para el régimende exoneración tarifaria de la población adultamayor, por cuanto dispone de una serie históricade datos mensuales por empresa, que le permitedeterminar el comportamiento de las personasusuarias para efectos de aplicación tarifaria.En vista de lo anterior, la Defensoría de los Habitantessolicitó el criterio técnico de la C.C.S.S, la ARESEP yal Consejo de Transporte Público, respecto a la relaciónestablecida en el nuevo orden legal apuntado.Es importante subrayar, que la CCSS y la ARESEP,respondieron oportunamente confirmando lo actuado,más no así el MOPT.Ante la falta de respuesta del MOPT, en el mes deseptiembre de 2007, la Defensoría de los Habitantesconvocó a la Viceministra de Transportes, a las autoridadesde la CCSS, la ARESEP y el CONAPAM, a unareunión para clarificar el mecanismo mediante el cualel Estado iba a garantizar el ejercicio del derecho decita. Ello por cuanto, en los medios de prensa se habíapublicado que el MOPT no participaría en el procesode búsqueda de un sistema sustitutivo de tiquetes, enrazón del criterio sostenido por la Dirección Jurídica deesa cartera ministerial.Durante dicha reunión, la Viceministra de Transportessostuvo que según el criterio de la Dirección Jurídicadel MOPT, la Ley 3503 no permitía la participación delMinisterio en el convenio suscrito con los empresarios.Además, que la Ley 8500 era clara al indicar que laspersonas adultas mayores con solo su cédula de identidadpodían disfrutar del beneficio sin necesidad delos tiquetes. Y que iba a presentar una consulta a laProcuraduría General de la República para determinarlas responsabilidades que le corresponden a cada unade las instituciones involucradas en el cumplimiento dela Ley 7936.Por su parte, el Director Ejecutivo del CTP indicó queel tema del control iba más allá de la tarifa de adultomayor, pues de las 730 rutas existentes, solo 300 seencontraban en proceso de renovación de la concesión,mientras que las demás gozan de un permisode funcionamiento. Que como parte del proceso derenovación y de los compromisos contractuales, lasempresas deberán de contar con un mecanismo decontrol automático.Luego, entre las conclusiones formuladas destacan:• Que la prórroga o extensión del sistema detiquetes riñe con lo establecido con la Ley Nº8500.• Que el sistema de tiquetes ha sido unaalternativa para colaborar con los empresarios ensu labor de control, por lo que es importante valorarotras alternativas legales como un recurso deamparo o una consulta a la Procuraduría Generalde la República respecto a las competencias delMOPT para garantizar el cumplimiento de la Ley7936.• Que se mantiene la preocupación acerca dela situación que pueda darse una vez vencidala prórroga para el uso de sistema de tiquetes,en razón del retraso del sector transportista endefinir e implementar el mecanismo alternativo.Asimismo resulta importante destacar el siguienteacuerdo de la reunión:“Que en forma urgente el MOPT realizaráuna consulta ante la Procuraduría Generalde la República para determinar las responsabilidadesy competencias institucionalesen la aplicabilidad de la Ley 7936, y estudiarála posibilidad de negociar con el Foro deTransportistas la sustitución del sistema detiquetes, de cuyo trámite informará oportunamentea la Defensoría de los Habitantes.”Consiguientemente, el Despacho de la Viceministra deTransportes informó:“(…)se les informa que consultada verbalmentea la Procuraduría General de la


36 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008República, en aplicación a la Ley Nº 8500 (…)se señaló que, según indica dicha normativa,es posible la aplicación sin la necesidad deentregar tiquetes, para lo cual es necesarioque la citada consulta sea planteada por algunade las partes del acuerdo, es decir, porla Caja Costarricense del Seguro Social o elForo Nacional de Transportistas, a fin de quedicho tema sea resuelto a la mayor brevedad,a fin de garantizar el ejercicio de exoneracióntarifaria a la población adulta mayor establecidoen la Ley 7936 (…)”.Según la información recopilada en la investigaciónde fondo y con base en el marco legal vigente, laDefensoría formuló las siguientes consideraciones desoporte para las recomendaciones dictadas, de lasque en lo conducente, es fundamental destacar:• El CTP debe asumir todas las atribuciones quela ley le confiere y de manera especial, abocarsea la conclusión del proceso de sustitucióndel sistema de tiquetes, dada la urgencia dedeterminar un sistema transparente y claro decontrol ante la necesidad de los transportistas deresolver su situación operativa, la que no escapade la fiscalización que le corresponde al Consejoen relación con la eficiencia y calidad del serviciodado en concesión.• En el trasfondo de esta situación, subyaceel interés primordial de los empresarios paraencontrar una fórmula adecuada que no afecte laoperatividad del servicio, tal como lo han venidomanifestando y ha retardado la acción concertadadentro del sector. Por tanto, se considera que elmecanismo requerido debe ser valorado dentrode la estructura de costos a fin de determinar suverdadero impacto en la tarifa, que no solo abordeel efecto de la exención de pago, sino también losgastos reales de las empresas, habida cuentaque están recibiendo mensualmente el ajusterespectivo, traduciéndose en un subsidio que haasumido toda la población usuaria del serviciopúblico de autobuses.• Que el Consejo de Transporte Público, estállamado a explorar alternativas para exigir elcumplimiento de la tarifa preferencial, teniendopresente que su implementación se dio apropósito de la renovación de las concesiones,resultando obvio el vínculo indisoluble entrela tarifa y los compromisos para la prestacióndel servicio, siendo que según las condicionesen que se ofrece el servicio, así procede elcanon correspondiente. Dicha relación, sugiereque dentro de los términos de los contratos deconcesión para que a un tercero se le otorgueel derecho de explotación de transporte público,cabe incluir una cláusula en ese sentido, que nosólo se refleje en el aspecto tarifario, sino tambiénen las condiciones operativas, de manera tal queconforme con la normativa de cita, se plantea laincorporación y formalización definitiva de esterequisito como obligación específica del operadorde transporte público.• Que igual sucede con el vacío existente a lafecha en relación con la aplicación de sancionesante el incumplimiento legal de referencia,dado que se ha argumentado que el decretoen cuestión no estableció el procedimientorespectivo. Por tanto, la Defensoría consideraque a efecto de rescatar la potestad punitiva serequiere la definición de un régimen de sancionesque promueva el respeto de la tarifa preferencialpara que finalmente sea valorado en el procesode revisión de cumplimiento de los compromisoscontractuales y el otorgamiento de concesioneso permisos, según se trate, tarea que no debeseguir evadiendo la entidad rectora del transportepúblico.En consecuencia, en marzo de 2008, la Defensoría delos Habitantes le recomendó al Consejo de TransportePúblico que procediera a analizar los resultados delproceso iniciado por la C.C.S.S., tendiente a la sustitucióndel sistema de tiquetes, como mecanismo de controlde la exoneración tarifaría establecida en la Ley Nº7936 a favor de las personas adultas mayores, con elfin de definir, dentro del plazo de la última emisión detiquetes, una propuesta sustitutiva del mecanismo decontrol actual, conjuntamente con el CONAPAM y elsector transportista a la luz de las modificaciones legalesy administrativas vigentes a la fecha. Además, quedentro del proceso de la renovación de concesionespara la prestación del servicio de transporte público,procediera a valorar la inclusión del cumplimiento dela Ley Nº 7936 dentro de los requisitos y condicionesoperativas para la explotación del servicio, frente a lacontraprestación tarifaria derivada por el cumplimientode los derechos y obligaciones contractuales y, porende establecer el marco regulatorio de su potestadsancionatoria.Asimismo, al Consejo Nacional de la Persona AdultaMayor se le recomendó que en el marco de la vigilanciadel cumplimiento de la Ley 7935, se integraraformalmente al proceso de sustitución del sistema detiquetes de exoneración tarifaria a favor de la poblaciónadulta mayor derivado del cumplimiento de la LeyNº 7936, mediante la participación activa y fiscalizadora,que coadyuve en la reivindicación de este derecho,dada la obligación impuesta en la Ley Nº 8500, a efec-


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes37to de negociar los beneficios vigentes y futuros paraeste grupo etáreo.Coincidentemente, en esos días, a través de la prensase informó a la ciudadanía que el MOPT acordó con laCámara Nacional de Transportistas que en el mes deseptiembre se instalaría, en los buses que funcionanen la ciudad de San José, un sistema de cobro electrónicopara las personas adultas mayores.En procura de que se garantice la efectiva implementaciónde este nuevo sistema, sin afectar los derechosde las personas adultas mayores ni del resto de la población,el 2 de abril de 2008, la Defensoría procedió asolicitarle a la Viceministra de Transportes informaciónrespecto a cómo funcionará el nuevo sistema, la formaen que se financiarán las tarjetas electrónicas deprepago, cuántos pasajes les alcanzará con la tarjetade prepago, qué acciones se tienen previstas paracapacitar a los choferes y chequeadotes para que cesenlos constantes maltratos y humillaciones por partede los choferes de buses contra las personas adultasmayores cuando ejercen su derecho a la exoneracióntarifaria, qué sistema se utilizará en las rutas de busesfuera de San José para reconocer el derecho a la exoneracióntarifaria y por último qué participación tuvo elCONAPAM, en su condición de ente rector en materiade vejez y envejecimiento, en la gestión del conveniocon el sector transportista.Como lo ha venido haciendo desde la entrada envigencia de la ley 7936, y de la demás normativa deprotección de los derechos de las personas adultasmayores, la Defensoría continuará velando por la nodiscriminación y el trato preferencial para estas personasen las instituciones públicas y en la prestación delos servicios públicos, como lo es el transporte remuneradode personas.3. Conclusiones: eficacia de la Ley Nº 7936 oineficacia del EstadoTodo lo expuesto, permite reafirmar el criterio aplicadopor la Defensoría de los Habitantes en la emisión delas diversas recomendaciones dirigidas a las institucionespúblicas competentes en esta materia, demanera particular al Consejo de Transporte Público,en las que privó la posición de que el accionar de laAdministración requiere del máximo despliegue de todaslas acciones necesarias para la satisfacción de underecho, tal y como es el caso del derecho de exoneracióntarifaria otorgado a la población adulta mayor.Ello, por cuanto la Defensoría había advertido sobrelas implicaciones que esta ley traía consigo y en formacongruente, dictó las recomendaciones pertinentespara evitar las contradicciones señaladas con el firmepropósito de garantizar el ejercicio de este derecho.Conviene subrayar que la cantidad de denunciasinvestigadas durante todos estos años dan cuentainequívoca de una actuación administrativa ineficiente,dada la deficitaria atención prestada a las intervencionessolicitadas por las y los habitantes agraviados enel ejercicio de este derecho. Más aún, se han evidenciadoprocedimientos de gestión internos inadecuadosque han repercutido directamente en el servicioprestado por el Consejo de Transporte Público y enla afectación directa a estas personas usuarias deltransporte público y que paralelamente contravienenla actividad fiscalizadora que le corresponde efectuara ese órgano.De igual modo, merece destacar la negativa manifiestade las instituciones involucradas para la apertura desus agendas a fin de reconocer a la población adultamayor, como depositaria de derechos específicos, quedurante varios años han tenido que vivir una experienciade maltrato y discriminación a la hora de hacerefectivo el ejercicio de tan solo un derecho particular.Las justificaciones institucionales, ante las ineficienciasdel sistema de exoneración tarifaria evidencian que lagestión administrativa no ha sido suficientemente responsable,ni consecuente con el reconocimiento delderecho otorgado a la hora de concretarlo, tampocoha posibilitado la participación activa de la poblaciónadulta mayor en este asunto que afecta directamentesus derechos e intereses, más bien se ha mostradoinsensible a sus necesidades y aspiraciones. Estasprácticas resultan contrarias a las condiciones enlas que deben fundamentarse las prácticas de BuenGobierno que el Estado está obligado a garantizarlea todas las personas, mediante el respeto de sus derechoshumanos y fundamentales; como lo es en estecaso el derecho a la exoneración tarifaria derivado delotorgamiento constitucional del derecho a la protecciónespecial a las personas adultas mayores.Es fundamental recordar, en este sentido, que losprincipios rectores de la actuación administrativa confluyenhacia el derecho de las y los administrados aun trato ciudadano adecuado que brinde la posibilidadde su participación en los procesos de decisión deaquellos asuntos que les atañen directamente. En elcaso concreto de esta población, no sólo desde la Ley7936 que les confiere un derecho económico, sinotambién conforme con la Ley Integral para la PersonaAdulta Mayor en su carácter de legislación específicade protección, se plantea su participación activa en losprocesos de decisión relacionados con su bienestar,así como en la formulación y aplicación de las políticaspúblicas que les afecten.


38 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008Por consiguiente, se estima que la participación deesta población depende en gran medida del verdaderoreconocimiento de sujetos/as en ejercicio de una ciudadaníaactiva, para así promover una buena gestiónadministrativa tendiente a alcanzar este cometido, lacual no puede perder de vista los acuerdos adoptadosy orientados en el mismo sentido dentro de los Planesde Envejecimiento de Viena de 1982 y de Madrid de2003, suscritos por el Estado costarricense.De tal forma, que la actuación administrativa ejecutadaa la fecha, debe ser evaluada con la finalidad defomentar su eficiencia y eficacia para garantizar laprestación del servicio público de transporte a esta población,incorporando la tarifa diferenciada legalmenteestablecida, para poder impulsar los cambios requeridostendientes a su plena consolidación.Consecuentemente, cobra importancia la necesidadde evaluar las dificultades presentadas en el sistemade control instaurado para hacer efectiva la excepciónde pago estipulada a favor de esta población, puesante el largo tiempo transcurrido resulta impostergablela adopción de las medidas correctivas y/o reparadorasurgentes a efecto de revertir la situación de impunidaddominante actualmente. Debe tenerse presente quelos derechos humamos no sólo se violan por acción uomisión, sino también por resultado, en razón del incumplimientode los deberes de la administración, quea la postre, consolidan la condición de desventaja deuna población frente al ejercicio del poder, siendo unclaro ejemplo, la realidad existente en torno al disfrutede este derecho promulgado mediante la Ley 7936.Además, se debe considerar que el sistema de tiquetesse adoptó como una medida de carácter transitorioa efecto de determinar la demanda real de la poblaciónusuaria de la tarifa preferencial, lo que a su vez, permitiríaa las empresas transportistas determinar el costoefectivo para recibir el ajuste tarifario correspondiente.Satisfecho lo anterior, perdió su razón de ser y seconstituyó en un mecanismo de control a favor de lostransportistas, en una barrera discriminatoria que sevio reforzada por la inercia de las instituciones públicasencargadas de su supervisión y evaluación. Ante locual un importante sector de la población adulta mayorha optado por renunciar al goce de este derecho conel propósito de salvaguardar su dignidad.Por ello, la Defensoría de los Habitantes, llama laatención ante la complacencia manifiesta con el sectortransportista, la cual roza con el ordenamiento jurídicoque dispone la obligatoriedad del Estado para que sugestión administrativa resulte acorde con el resguardode los derechos de las y los administrados, concretamente,el derecho de exoneración parcial de pagoconcedida a la población adulta mayor.Preocupa a esta Defensoría, cuánto camino faltarápor recorrer para que en las instituciones se considerecomo prioridad la perspectiva etárea y el enfoque dederechos de este grupo. Igualmente cabe preguntarsesobre la visión que tiene el Estado costarricense sobrela vejez y al envejecimiento, sin poder obviar el hechode que éste es un proceso natural al que estamos expuestoslas y los protagonistas del presente.Ese enfoque de derechos no puede desvincularsede la relación de envejecimiento y desarrollo, parasuperar el concepto de carga social y de problemática,que estigmatiza a esta población, excluyéndolainjustamente del sistema productivo y sometiéndolaequívocamente a un proteccionismo invalidante quela despoja de sus derechos. Si bien es cierto, algunaspersonas adultas mayores se encuentran en condiciónde abandono y dependencia, esa situación no puedegeneralizarse como característica de todo ese sectorde población; además, la situación también se presentaen otros grupos etáreos. Las políticas públicasdeben operativizarse en programas y en medidas deprotección.En tal sentido, la Defensoría de los Habitantes exhortaa la presente legislatura a ejecutar las acciones yejercer los controles requeridos con la finalidad de quela vejez y el envejecimiento sean redimensionadosdentro del proceso de desarrollo económico, social ypolítico del país, tal y como lo exigen los acuerdosde los planes de acción internacionales suscritos alrespecto.Cabe reiterar que desde el inicio de la entrada en vigenciade la Ley Nº 7936, la Defensoría visualizó loseventuales y nocivos efectos que podrían desencadenarsedesde la ejecución práctica de esta ley, conmiras a adoptar las medidas precautorias para evitarel panorama actual. Resultando, que no es posible elejercicio de este derecho desde la arbitrariedad y lainercia institucional, ni desde el maltrato, la discriminacióny la exclusión de la población adulta mayor porparte de las instituciones públicas citadas y de algunossectores de la sociedad.Así pues, por justicia, corresponde a los entes rectoresde transporte público y de vejez y envejecimiento,llevar a buen término la reivindicación del derecho deexoneración tarifaría de las personas adultas mayores,conforme con los derroteros de la legislación de protecciónespecial de este grupo etáreo, que marcan lavocación de servicio de esas instancias públicas paragarantizar el trato ciudadano, así como la participaciónactiva en igualdad de oportunidades, según sus condicionesespecíficas.


Vivir sin agua: una premisa imposible y undestino que todavía podemos evitar…“El calentamiento global y su incidencia en las condicionesclimáticas ha traído como consecuencia ladisminución de los cultivos, poniendo en peligro laseguridad alimentaria de gran parte de la poblaciónmundial; el fenómeno del deshielo de las masaspolares hace más vulnerable al planeta por desastresnaturales y la acelerada pérdida de las fuentes deabastecimiento de agua, está comprometiendo la vidahumana de millones de seres y especies.”IntroducciónDirección de Calidad de Vida, 2008Desde el inicio de sus funciones, la Defensoría de losHabitantes de la República, se ha abocado al estudio yanálisis de la problemática ambiental del país. Se hanlanzado alertas a la sociedad y exigido cuentas a lasautoridades de turno respecto de las debilidades administrativasy técnicas en la protección del patrimonionatural y la diversidad biológica, en las deficiencias enel control de la contaminación de la cual son objetonuestras ciudades y su entorno, en lo poco sostenibledel manejo de nuestra cobertura forestal, en la falta defiscalización de algunas prácticas agrícolas y minerasextensivas y la poca incidencia de la política de conservacióny recuperación del suelo, entre otros.En el marco de las preocupaciones institucionales porlos temas del medio ambiente, sobresale el recurso hídrico,no solo por el simple hecho de haberse mencionadoen los ya catorce informes anuales presentadosante la Asamblea Legislativa y puestos al conocimientoy examen de la opinión pública y de la sociedad ensu conjunto, sino porque del análisis que a continuaciónse presenta, a la luz de los principios del BuenGobierno, observamos que el mismo presenta pocosy efectivos avances y hasta ciertos retrocesos, si tenemospresente las exigencias actuales.Parte este análisis de la premisa que sin agua y aguade calidad, no hay vida posible. Es así de sencillo.Esta afirmación no se hace con una intención fatalistacomo consecuencia de una proyección de la imaginación,es que la realidad científica lo impone y la realidadempírica lo confirma. ¿Por qué nos cuesta tantocomprenderlo?Hoy, vivimos fenómenos que hace escasos veinteaños nos parecían simples conjeturas pero que, muya nuestro pesar, reconocemos y sentimos en toda sudimensión. El calentamiento global y su incidencia enlas condiciones climáticas ha traído como consecuenciala disminución de los cultivos poniendo en peligrola seguridad alimentaria de gran parte de la poblaciónmundial, el fenómeno del deshielo de las masas polareshace más vulnerable al planeta por desastresnaturales y la acelerada pérdida de las fuentes deabastecimiento de agua, está comprometiendo la vidahumana de millones de seres y especies.Ya lo señalaba la Defensoría en su informe de labores2001-2002, al citar algunos estudios científicos quedemuestran que el 80 por ciento de todas las enfermedadesy más del 33 por ciento de los fallecimientos enlos países en desarrollo, se deben al consumo de aguacontaminada. Estudios más recientes de NacionesUnidas con ocasión del establecimiento de las metasdel milenio, indican que hoy en el hemisferio sur másde mil millones de personas no tienen acceso a aguade calidad y para el año 2025, dentro de tan solo diecisieteaños, más de la mitad de la población del mundosufrirá escasez de agua. Esta es la realidad de la cualCosta Rica no se sustrae tal y como lo veremos másadelante a partir de datos poco prometedores.Ahora bien, en el contexto costarricense resulta indiscutibledesde el punto de vista estrictamente jurídicoque el derecho al agua es un derecho humano, no solopor su reconocimiento en distintos instrumentos dederecho internacional como el Pacto Internacional deDerechos Económicos Sociales y Culturales (que demandade los Estados suscribientes, el derecho a unacalidad de vida adecuada dentro del cual está implícitoel acceso al agua); el Protocolo de San Salvador y laConvención Interamericana de Derechos Humanos,sino por que nuestra Carta Política en su artículo 50


40 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008lo establece y la profusa jurisprudencia constitucionalle ha dado contenido y orientación. Además, en unalabor de análisis hermenéutico del ordenamiento y lasotras fuentes de derecho, los propios informes de laDefensoría de los Habitantes, emitidos en razón delejercicio de su magistratura de influencia en quinceaños de funcionamiento, así lo han exigido a las distintasAdministraciones.Cabe preguntarse -objeto principal de este apartado-,si la gestión pública del Estado, en lo que toca alderecho humano al agua, está orientada por los postuladosde las buenas prácticas que definen un BuenGobierno, a fin de promover, respetar y garantizar esederecho en una coyuntura, como ya mencionamos,de extrema urgencia. Pretendemos aquí, llamar laatención del gobierno una vez más y de la AsambleaLegislativa, sobre la necesidad de tomar accionesconcretas y oportunas en los campos de lo legislativo yadministrativo en torno al agua, así como que estas líneascoadyuven en conscientizar y por qué no, educare informar a la población sobre extremos que a todos ytodas nos incumben como sociedad civil.1. La transparencia, la equidad y la inclusividaden la gestión del recurso hídrico.Al estar referida la transparencia, a la posibilidad debrindar información clara a los habitantes sobre lasacciones del gobierno, así como a la aspiración deprivilegiar el bien común sobre el interés particularmediante la fundamentación de las decisiones quese tomen sobre un determinado asunto público, laDefensoría estima que en la gestión del recurso hídrico,la falta de transparencia es un factor que atenta engran medida contra este derecho creando brechas quehacen menos inclusivo el derecho humano al agua ydistanciándose en la procura de su preservación y usosostenible.Esta falta de transparencia, para el caso concreto, estáreferida a la ausencia de información básica sobre unmanejo apegado a criterios eminentemente técnicos,así como de definición administrativa que oriente lagestión de manera articulada. Son varias las lagunasen lo que a indefinición administrativa se ha referidoesta Defensoría en sus informes anuales y que hoy,quince años después, aún no se subsanan. Entreellas resaltan de manera más significativa la ausenciao falta de definición del Sector Agua y Saneamientoo mejor dicho la carencia de una política nacional deagua y saneamiento en el país, que ayude a mejorar ymodernizar los servicios. Esto impide que la toma dedecisiones se realice de forma concertada, asertiva ybajo criterios uniformes orientados a un uso efectivo yeficiente del recurso.Por otra parte, persiste la mezcla del papel rector yoperador del servicio en el Instituto Costarricense deAcueductos y Alcantarillados (AyA), lo cual no permitela mejora sustancial de los servicios, agravado por laresistencia administrativa de dar apoyo técnico al régimenmunicipal, tan carente de recursos tanto administrativoscomo financieros para una gerencia óptimaen sus comunidades. Otro de los males que aquejanla gestión del recurso hídrico en el país y que haceimposible la toma de decisiones de manera transparente,entendida esta, como se mencionó, amparadaen criterios eminentemente técnicos; es la ausenciade planes reguladores municipales o bien el estado dedesactualización de los pocos existentes.Sobre este tema, la Defensoría en sus investigacionesha recomendado de manera insistente al régimenmunicipal la urgente necesidad de invertir en planificaciónmediante la promulgación de los planes reguladores,pues esa herramienta permitiría una gestiónmás científica sobre las zonas cuyas necesidades deprotección del recurso son mayores y apremiantes,así como la identificación de aquellas en que el usodel suelo no estaría tan comprometido favoreciendoel desarrollo inmobiliario, comercial, agroindustrial yturístico, basado en criterios de certeza técnica y seguridadjurídica.Es inminente hacer referencia al deterioro irreversiblede las aguas superficiales en las treinta y cuatro cuencasdel país por irrespeto a las zonas de protecciónnormadas en la Ley Forestal, mismas que ni siquieraestán establecidas por la falta de determinación delAyA, tal y como es su obligación y el incumplimientodel MINAE, en su identificación y delimitación en elsitio, así como la falta de visualización de este factoren la toma de decisiones municipales en lo que a permisosde construcción se refiere.Con gran preocupación, muchos sectores de la academiay de la misma administración han insistido enla necesidad de que el país cuente con un balancehídrico por cuenca. La carencia de este elementalinstrumento técnico impide, en gran medida, que lasdecisiones se tomen basadas en una visión integralde la misma, contribuyendo así de manera grave a lafalta de planificación regional que apuntábamos líneasatrás dando como resultado la sobreexplotación de lasaguas superficiales, comprometiendo seriamente lacantidad y calidad del recurso.Hoy podemos ver las consecuencias de la falta detransparencia en la gestión del recurso hídrico. Nohan sido aislados los casos que hemos analizado yque han degenerado en exclusión e inequidad a gruposvulnerables, entre otros factores, de una gestiónpoco transparente. Para rememorar el más significa-


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes41tivo y mencionado con amplitud en el informe anual2001- 2002 de esta institución es la explotación pocofundada técnicamente del acuífero de Nimboyores,el cual por la autorización concedida por el Estadodel abastecimiento del agua para la industria turística,ponía en peligro el suministro de agua óptimopara consumo humano de varias comunidades deGuanacaste.“Además, tiene particular importancia el hecho de quela propia administración ha reconocido que de los2.259 acueductos del territorio nacional, 1.032 no sonde calidad potable, consecuentemente un porcentajeimportante de la población recibe agua no apta paraconsumo humano; incluso hay divergencias en los estudiosque se han realizado, pues algunos mencionanque representa un 16 por ciento de la población y otrosque superan el 20 por ciento. Esto tiene consecuenciasdirectas sobre la salud y la calidad de vida de los y lashabitantes teniendo repercusiones en el estancamientoen la lucha contra la pobreza y la exclusión social.”Dirección de Calidad de Vida, 2008La Defensoría es enfática en el hecho de que la políticade Estado respecto al reconocimiento y satisfaccióndel derecho humano al agua, debe fundamentarse enlos principios del Buen Gobierno y en especial en el dela transparencia y la inclusión. Ello implica que debeprivilegiarse el consumo humano sobre cualquier otrouso, de ahí que el suministro debe ser suficiente parael uso personal y doméstico debiendo orientarse a preservary potenciar la salud. Para ello, la Defensoría hademandado y demanda del Estado el establecer mediantelas políticas públicas que se generen en torno alrecurso hídrico, la garantía que no existirá en la tomade decisiones traducidas en permisos, concesiones yadministración de las fuentes de agua, ninguna discriminacióna grupos y comunidades vulnerables y quedichas políticas serán favorecedoras de la inclusiónsocial.2. Acceso al agua: un derecho humanoinsatisfecho, inefectivo e ineficienteHemos indicado líneas atrás, que el reconocimientodel derecho al agua como derecho fundamental esindiscutible en la realidad jurídica costarricense. LaConstitución Política, es clara y su obligatoriedad noes objeto de controversia, confirmando lo establecidoen los Tratados Internacionales suscritos por elpaís. La teoría sugiere que para que exista un BuenGobierno, el Estado debe procurar que su marco jurídicoo bloque de legalidad, permita la protección efectivade los derechos de las personas, así como su justa yconsistente aplicación, todo referido a una efectiva yeficiente administración de los recursos naturales.Para que exista un Buen Gobierno en torno a un derechohumano, no solo el reconocimiento es necesario;la vivencia del derecho en todos sus alcances y dimensionesdebe ser posible. Es por ello, que el Estadoha de conformar su ordenamiento jurídico al serviciode la garantía y tutela administrativa y judicial. LaDefensoría al ser un órgano de control de legalidad, delos actos de la administración pública en cuanto a losderechos humanos de las personas, ha detectado ungrave incumplimiento del Estado en lo que al derechohumano al agua se refiere.Amén de los incumplimientos e inobservancias enlos que la administración constante y groseramenteincurre en cuanto a la garantía plena y satisfacción delderecho humano al agua, es importante enfatizar enlo que institucionalmente consideramos el mayor delos incumplimientos del Estado en esta materia y queconsiste en la ausencia de un marco legal moderno yarticulado que esté a la altura de las exigencias inmediatasy que regule de manera eficiente y efectiva elacceso a ese derecho de cara al futuro.“No puede existir una buena gestión de recursohídrico a la luz de los principios del Buen Gobierno,cuando existen más de quince cuerpos normativosy diez instituciones con distintas competenciassobre éste y cuando el principal referente jurídicoque se aplica en materia hídrica en Costa Rica esla Ley de Aguas No. 276 de 27 de agosto de 1942.”Dirección de Calidad de Vida, 2008La realidad legal de la gestión del recurso hídrico enel país, está dominada por la atomización, la fragmentacióny la desarticulación del marco jurídico sobre elcual deben, en buena lid, fundarse las políticas públicasy los distintos planes de gerencia de la administraciónpública. Este panorama permite a la Defensoríaafirmar que existe ingobernabilidad en esta materia,la cual de manera amenazante se cierne sobre la explotaciónsostenible de este escaso y finito recurso. Alrespecto, vale la pena, dar un vistazo breve pero significativoa un extracto de lo propuesto por la Defensoríaen el Proyecto de Ley Conservación, Manejo y Usodel Recurso Hídrico, expediente legislativo numero14.594, y que al día de hoy son todavía más válidospor los pocos avances presentados para ordenar elsector y sobre los que hay que discutir y tomar decisiones.Así, el objeto del proyecto es la creación delmarco institucional y legal para la conservación, ma-


42 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008nejo, uso y descarga del recurso hídrico, así como laprotección de los componentes esenciales del régimenhidrológico bajo una perspectiva ecosistémica sostenible,bajo la soberanía del Estado así como sobre losprocesos y las actividades realizados bajo su jurisdiccióncontinental, insular y marino costera.Se define el recurso hídrico y su cauce como un bienpúblico y social, económica y ambientalmente estratégico,sosteniendo que uno de los principales fines delproyecto es el manejo integrado de las cuencas comoinstrumento de planificación y gestión intersectorial,situación que como analizáramos anteriormente estáayuna la actual política de Estado.Entre los principios quese propusieron en aquellaoportunidad para el manejoy gestión del recurso hídricoy para darle contenidocomo derecho humano,encontramos el preventivo,el precautorio, la preferenciadel recurso hídrico paraabastecimiento poblacional,el principio de solidaridad,la participación ciudadana y la internalizaciónde las externalidades negativas de la contaminación(entendido esto, como “el que contamina paga”, asumiendolos costos ambientales y sociales actuales ypotenciales).De indiscutible trascendencia y considerada como unade las piedras angulares del proyecto es que el accesoal agua debe ser a un precio razonable, pero que incluyael costo del servicio ambiental hídrico, fundamentalpara recuperar los componentes naturales.Por otro lado, se define y establece con mayor especificidadel régimen de protección de las fuentes deagua, ya que las prohibiciones que existen en la actualidadson confusas, por lo que en este proyecto se establecencon mayor claridad, todo esto con el fin de nosólo permitir una efectiva planificación y desarrollo delas actividades productivas, sino además proteger esteamenazado recurso con mayor eficiencia. También,se regula entre otras cosas lo referente a tarifas, cánonesy contaminación, en este último caso haciendoespecial énfasis en normar lo referente al sistema dealcantarillado sanitario.La situación de caos jurídico se agrava, porque en díaspasados el Poder Ejecutivo remite a esa Asamblea unnuevo proyecto de Ley, cuyos contenidos son objetode preocupación para la Defensoría, ya que no sóloobvia los postulados del derecho humano al agua,sino que además atentacontra la sostenibilidad delrecurso en cuestión. Dadoque la Asamblea recibióeste proyecto hace tanpoco tiempo, la Defensoríano ha sido llamada a evaluarlo,sin embargo, esmenester afirmar que enel momento en que dichaconsulta se realice, estainstitución procederá areferirse ampliamente al respecto.“El caos jurídico en el que nos encontramos en estamateria, producto de la desactualización, de lafragmentación de competencias y de las lagunasnormativas, favorecen la falta de transparencia yvulneran peligrosamente el recurso hídrico,sumándose esto a los tantos otros factoresque limitan su sostenibilidad.”Dirección de Calidad de Vida, 2008Entre tanto resulta oportuno llamar la atención de los ylas señoras diputadas en la urgente necesidad de queesa Asamblea Legislativa se involucre en acrecentarlos niveles de gobernabilidad del país, en apego a losprincipios del Buen Gobierno, retomando como una desus prioridades el análisis, discusión y aprobación deun Proyecto de Ley de Manejo Integrado del RecursoHídrico que se ajuste a las reales necesidades delpaís.Desde el punto de vista administrativo se crea laAutoridad Hídrica Nacional, órgano de desconcentraciónmáxima dentro de cuyos fines se encuentra laformalización de una política nacional sobre el recursohídrico, contar con bases de información actualizadaspara la toma de decisiones técnicas, promover lasreformas a los planes reguladores urbanos vigentes yotorgar los permisos y concesiones para los distintosusos. Además, como fortalecimiento a la participaciónciudadana en la toma de decisiones se crean losorganismos de cuencas, los cuales son instanciascomunales cuyo objetivo es socializar los proyectos ydesarrollos de actividades económicas en las distintaslocalidades.3. Participación ciudadana y rendición decuentas.El Buen Gobierno supone, que quienes detentan el poderde manera transitoria y delegada por el pueblo, enlos casos de elección popular y en aquellos en que laspersonas se desempeñan en la función publica comoadministradores de los intereses de la colectividad;rindan cuentas por las acciones que se implementen oaquellas que se dejen de implantar, así como por lasdecisiones que se adopten en la gestión. En el casodel derecho humano al agua y su satisfacción mediantela rendición de cuentas, es un hecho que el paísdebe avanzar más allá de lo caminado hasta ahora.Una de las situaciones más ejemplarizantes en estetema tiene que ver con las cuestiones financieras yconcretamente con la inversión en obra pública paraproyectos de saneamiento y potabilización del agua


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes43y el conocimiento o acercamiento de la población entorno a cómo se destina el presupuesto.Debemos señalar que hay un rezago de inversión parael año 2002, de más de dos mil quinientos millones decolones en la operación y mantenimiento de los diferentesacueductos y el monto estimado por conceptoen obras sin presupuestar para el mismo período erade más de dieciocho mil millones de colones. Desdehace veinticinco años que el Estado costarricense noinvierte lo suficiente para el mantenimiento y nuevosproyectos en materia de saneamiento. Esta situación,poco se ha explicado a los y las habitantes, quienesven vulnerado su derecho al acceso al agua (que seade calidad). En síntesis, la rendición de cuentas hafallado en este caso.En materia de alcantarillado sanitario, con la puesta enmarcha del mega proyecto de saneamiento de aguasde desecho, las autoridades públicas han sido pocoeficientes en transmitir la información del mismo alas comunidades aquejadas por la falta de acceso alalcantarillado sanitario, problema que está tomandodimensiones altamente preocupantes por su repercusiónen la salud pública. Esta Defensoría, en algunoscasos, consciente que la inversión en esta materia resultamuy alta y que el proyecto por sus dimensiones,será ejecutado por etapas, ha insistido en la necesidadde mejorar los canales de comunicación, así como losmedios de información hacia las comunidades parasocializar la información y rendir cuentas sobre esteparticular. Esto, contribuiría a mejorar sustancialmentela gestión del recurso hídrico, involucrando y concientizandoa las personas sobre su propia responsabilidaden la disposición de las aguas de desecho. En esesentido, la rendición de cuentas juega aquí un doblepapel: informar para evaluar y educar para responsabilizara la ciudadanía a asumir diligentemente suspropios deberes.Estrechamente unido a este tema, se presenta laparticipación ciudadana, que para el caso del derechoambiental se yergue como uno de sus principios fundamentales.Ya el Convenio de Biodiversidad del año1992, en su disposición 10 resalta el hecho de que lacomunidad debe necesariamente participar activa yresponsablemente en la toma de decisiones respectode todos aquellos proyectos que los gobiernos ylas compañías traten de implementar y que tenganincidencia o bien que impacten de alguna manera elhábitat natural.No obstante, para que esa participación sea tanto activacomo responsable, se impone a los Estados suscribientesdel Convenio dos obligaciones: por un ladodisponer jurídicamente de los instrumentos necesariosque incentiven y promuevan la participación mediantemecanismos efectivos de consulta y por otro lado seestablece la obligación de rendir cuentas a la comunidady brindar toda aquella documentación necesariapara que la participación sea informada, con criteriotécnico a fin de que ésta sea responsable y constituyaun factor determinante para la toma de las decisionespor parte de la administración.Para el caso del goce del derecho humano al agua,ambos postulados del Buen Gobierno sub examineresultan de trascendental importancia. Las comunidadesdeben estar enteradas de los proyectos que sepretendan instalar no solo para informarlas sino paraorientarlas y que ellas mismas puedan decidir sobreel futuro de los reservorios y los usos que resultentécnicamente posibles, asegurando y preservando elabastecimiento para consumo humano y domiciliar.En momentos en que el país vive una importantetransformación en lo que al uso del suelo se refiere yla variación de la vocación tradicional de este, el aguaconstituye un factor decisivo. Lo podemos observarcon toda claridad en el cambio sufrido en los últimosquince años en el sector oeste de la capital donde eldesarrollo inmobiliario ha sido a gran escala, o bienen la provincia de Heredia donde el suelo ha pasadode ser eminentemente agrícola a un uso urbanísticode dimensiones muy significativas. Y ni hablar de laprovincia de Guanacaste donde las áreas de ganaderíay ciertos cultivos se han visto transformados engrandes desarrollos turísticos, impactando ademásla zona marítimo terrestre y consecuentemente, lasaguas marinas.Ante ese panorama y por la presión ambiental a laque se ve expuesta el hábitat natural y en especial losreservorios de agua tanto superficiales como subterráneos,es que se hace imprescindible que el Estadodisponga de todos aquellos medios que empoderena las comunidades de su derecho de participación. Yaunque en esta materia la Ley Orgánica del Ambientey la Ley de Biodiversidad, contienen algunas disposiciones,la Defensoría estima que las mismas resultantímidas y hasta ineficaces dada la necesidad enfortalecer ese derecho. Además, la disposición de laAdministración en promoverla no ha sido ni consistenteni eficaz; hasta podría afirmarse que hay resistenciade algunos mandos medios en aceptarla, lo cual contravienede manera grosera los principios del BuenGobierno.4. Algunas conclusiones.Ante la inminente disminución en la cantidad y calidaddel recurso hídrico, pareciera que existe una graveomisión por parte del aparato estatal costarricense yde la sociedad en su conjunto, alejándose del fortale-


44 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008cimiento democrático que supone el Buen Gobierno,en el sentido de no escuchar, entender y atender lasdemandas, exigencias y retos que nos imponen lostiempos en materia hídrica.Es por ello que una vez más la Defensoría insiste enla imperiosa necesidad de agendar como prioridadnacional este tema si queremos acrecentar nuestrosíndices de desarrollo humano, las condiciones desalud pública, la gobernabilidad ambiental del país yasegurar la existencia de las especies biológicas y dela nuestra.¿Cómo puede existir transparencia en la gestión delagua cuando la administración no fundamenta algunasde sus decisiones en forma técnica? Esto impide aaproximadamente un millón de habitantes contar conagua suficiente y de calidad óptima para la satisfacciónde sus necesidades básicas, poniendo en riesgo alresto de la población en su abastecimiento y en entredichoal disfrute pleno de este derecho.No puede hablarse de Buen Gobierno cuando elEstado no ha invertido en planificación para hacertransparente y eficiente la gestión del agua. No puedeser considerada la gestión del derecho humanoal agua, dentro de los parámetros de Buen Gobiernocuando las decisiones no se aclaran y se ponen al examenpúblico fundados en criterios oportunos de realconveniencia para la colectividad, cuando no encuentranlos actos administrativos su asidero en las normasde la técnica, la razón y la ciencia.No obstante el paso significativo del reconocimientoconstitucional del derecho humano al agua, no ha resultadosuficiente en lo que a una correcta gestión delrecurso hídrico se refiere a la luz de los postulados delBuen Gobierno, por cuanto la efectividad y eficienciapara satisfacerlo y garantizarlo no tienen la suficientefirmeza en el ordenamiento y mucho menos sostenibilidaden las políticas públicas.Corresponde ahora a la Asamblea Legislativa, decidirsobre el futuro jurídico del agua; los insumos existenen la corriente legislativa, así como la voluntad deesta Defensoría y de muchas Organizaciones NoGubernamentales en contribuir al proceso. Es sumamenteimportante que dotemos al país de un marcolegal moderno y eficiente para proteger este recursono sólo para nosotros, sino para el desarrollo de lasfuturas generaciones.


“Ya que entregué toda mi fuerza,pronto viene mi pensión”: el Buen Gobierno,la justicia y la semántica del pronto“…una gestión pública de calidad es aquella que,además de ser legal, es transparente, eficiente, eficaz,responsable, inclusiva, desarrollada con equidad, querinde cuentas y ha tomado participación, de una u otraforma, a las personas para determinar sus necesidadesy responder a ellas. En consecuencia, los principiosde legalidad, eficiencia y eficacia aplicables almomento de otorgamiento de una pensión, deben serigualmente respetados, en cuanto a las revalorizacioneso actualizaciones de la misma, constituyendo unaviolación a los derechos de las personas pensionadas,cualquier dilación injustificada en la atención de lasgestiones de actualización o revalorización de la pensiónpresentadas por las y los habitantes”PresentaciónDefensoría de los Habitantes,Informe Anual 2006-2007El deber encomendado al Estado de protección ygarantía de los derechos humanos, ha generado laexistencia de una institucionalidad que procure cumplira cabalidad con dicho mandato. Para ello, la estructuraorganizativa estatal, así como la calidad de la gestiónpública que se realice en las instituciones, viene aconstituirse en un elemento fundamental para que lasorganizaciones logren la protección y desarrollo efectivode los derechos.El Buen Gobierno, entendido como “…aquel que buscay promueve el interés general, la participación ciudadana,la equidad, la inclusión social y la lucha contra lapobreza, respetando todos los derechos humanos, losvalores y procedimientos de la democracia y el Estadode derecho”, 13 requiere una gestión pública que permitacumplir con los cometidos de mejoramiento, engeneral, de la calidad de vida de las personas.13 Código Iberoamericano de Buen Gobierno. Junio 2007.Esta necesaria adecuación de la gestión pública a laprotección efectiva de los derechos humanos, requiereque la legalidad administrativa a la que deben sujetarsus actuaciones las instituciones, sea acompañadade otra serie de principios que permiten distinguir unagestión pública de calidad, promotora y protectora delos derechos humanos, de aquella que no lo es.La construcción de un Buen Gobierno, implica que elaccionar público esté fundamentado en una serie deprincipios, tales como la legalidad, la responsabilidad,la equidad, la eficiencia, la efectividad, la transparencia,la rendición de cuentas y la inclusividad. Laaplicación, en conjunto, de estos principios generanun accionar administrativo que permite cumplir a cabalidadcon el deber de protección y promoción dederechos encomendado al Estado, así como brindaruna respuesta, en tiempo y contenido, a las demandasde las y los habitantes. Tal y como lo ha definidola Defensoría, “…una gestión pública de calidad esaquella que, además de ser legal, es transparente, eficiente,eficaz, responsable, inclusiva, desarrollada conequidad, que rinde cuentas y ha tomado participación,de una u otra forma, a las personas para determinarsus necesidades y responder a ellas” 14 .Dentro del marco de aplicación efectiva de losPrincipios de Buen Gobierno en la gestión pública,corresponde incorporar en el presente Informe Anual,una visión retrospectiva del accionar de la DirecciónNacional de Pensiones (DNP), como administradorade diferentes regímenes de pensiones con cargo alPresupuesto Nacional.En casi 15 años de existencia de la Defensoría delos Habitantes, la protección de los derechos de laspersonas pensionadas ha constituido uno de los principalestemas a considerar año con año, tal y como haquedado plasmado en los diferentes Informes Anualespresentados ante la Asamblea Legislativa. El análisisde la gestión de la DNP, y de la aplicación efectiva delos Principios de Buen Gobierno, permite visualizarcómo ha incidido negativamente dicha gestión en14 Defensoría de los Habitantes, Informe Anual 2006-2007,Pág. 234


46 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008hacer efectivo el derecho humano que tienen las ylos costarricenses a la pensión y su correspondienterevalorización.Una recurrente violación por parte de la DNP al ordenamientojurídico interno e internacional, constituyeuna anormalidad tolerada que, definitivamente, debeerradicarse. El reto principal de la Dirección Nacionalde Pensiones, del Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial es lograr una gestión pública que modifique sustancialmentela violación de derechos que hasta ahorahan sufrido las personas pensionadas, atendiendo,sin mayor demora, una deuda histórica y permitiendotrascender hacia una institucionalidad que atienda entiempo y de forma eficiente las solicitudes de pensión,así como de las otras gestiones presentadas relacionadascon su pensión, tales como revalorizaciones,traspasos, etc.Tal y como lo ha establecido la Sala Constitucional, alreferirse al artículo 41 de la Constitución Política, el derechode toda persona a una justicia pronta y cumplidano es un deber exclusivo de los órganos jurisdiccionales,sino una obligación de todos los órganos públicos.Este es precisamente el corolario del derecho a la“Libertad de Petición” y “Pronta Resolución” establecidoen el artículo 27 constitucional, ya que al pedirsejusticia se pide también que ésta sea PRONTA, esdecir, dentro de plazos lógicos y razonables.Señala la Sala Constitucional al respecto:“... lo anterior no legitima jurídicamente alas administraciones públicas para que prolonguenindefinidamente el conocimiento yresolución de los asuntos que los administradosles han empeñado, puesto que, ental supuesto los procedimientos se alarganpatológicamente por causas exclusivamenteimputables a éstas, siendo que los administradosno tienen el deber o la obligación detolerar tales atrasos y dilaciones indebidas.El Derecho a una justicia pronta y cumplidadel ordinal 41 de la Constitución Política o aun proceso en un plazo razonable prescritoen el artículo 8, párrafo 1º, de la ConvenciónAmericana sobre Derechos Humanos nose limita, en el Derecho Administrativo, alámbito jurisdiccional, esto es, a los procesosque conoce la Jurisdicción ContenciosoAdministrativa creada en el artículo 49 delmismo cuerpo normativo supremo, sino quese proyecta y expande con fuerza, también,a la vía administrativa o gubernativa previaa la judicial, esto es, a los procedimientosadministrativos. De modo y manera que esun imperativo constitucional que los procedimientosadministrativos sean, igualmente,prontos, oportunos y cumplidos en aras devalores constitucionales trascendentalescomo la seguridad y la certeza jurídicas delos que son merecidos acreedores todos losadministrados...“. 15Esta Justicia, exigida por las personas pensionadas,refiere a que la DNP rija sus actuaciones conforme alprincipio de legalidad, respetando todos y cada uno delos principios del Buen Gobierno. Es solo así como laDNP cumpliría con lo establecido en el artículo 73 de laConstitución Política, mismo que resguarda el derechoa la pensión o jubilación de toda persona.Corresponde entonces hacer una revisión de lo que hasido la gestión administrativa de la DNP, cuáles son losprincipios del Buen Gobierno que se han violentado ycuál ha sido la intervención de la Defensoría en la protecciónde los derechos de las personas pensionadas.Todo lo anterior conviene ser complementado con unareferencia al marco legal y constitucional que rige lamateria de pensiones, así como una actualización dela labor que está realizando la DNP, y las expectativas,tanto de las y los habitantes, como de la Defensoría,que se tienen sobre el proceso de mejoramiento de laDNP actualmente promovido.Marco jurídico del Derecho Humano a la Pensión.El Artículo 22 de la Declaración Universal de losDerechos Humanos, establece que:“Toda persona, como miembro de la sociedad,tiene derecho a la seguridad social ya obtener, mediante el esfuerzo nacional yla cooperación internacional, habida cuentade la organización y los recursos de cadaEstado, la satisfacción de los derechos económicos,sociales y culturales, indispensablesa su dignidad y al libre desarrollo de supersonalidad”.Asimismo, el Art. XVI de la Declaración Americana delos Derechos y Deberes del Hombre señala:“Toda persona tiene derecho a la seguridadsocial que lo proteja contra las consecuenciasde la desocupación, de la vejez y de laincapacidad que, proveniente de cualquierotra causa ajena a su voluntad, la imposibilitefísica o mentalmente para obtener los mediosde subsistencia”.También, el Protocolo de San Salvador, en su Artículo9, determina que la seguridad social debe contribuir a15 Sala Constitucional. Voto Nº 16961-2005.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes47que las personas obtengan los “medios para llevar unavida digna y decorosa”. Tomando en consideraciónque, en el caso de las pensiones, las mismas constituyen,en la mayoría de veces, la forma de atender lasnecesidades de las personas que las reciben, cobraespecial relevancia cualquier negativa injustificada,dilación o desactualización de la misma, dado queafecta el patrimonio de las personas pensionadas, repercutiendo,indiscutiblemente, en su calidad de vida.Adicionalmente, el Convenio sobre Seguridad Social,Nº 102 de la Organización Internacional del Trabajo(OIT) adoptado en 1952, y que entró en vigor en 1955,ratificado por Costa Rica mediante Ley Nº 4736 del 29de marzo de 1971, señala que “Todo miembro parael cual esté en vigor esta parte del Convenio deberágarantizar a las personas protegidas la concesión deprestaciones de vejez, de conformidad con los artículossiguientes de esta parte...” (Artículo 25).Conviene tomar en consideración que tal y como loestablece la jerarquía de las fuentes normativas quenutren nuestro ordenamiento jurídico, los tratados yconvenios internacionales en materia de derechoshumanos tienen el rango superior a la ley ordinaria(artículo 7 constitucional) y se equiparan a las normasconstitucionales (artículo 48 constitucional) 16 . En estesentido, los instrumentos Internacionales arriba consignadosson de aplicación obligatoria por parte deCosta Rica.Por su parte, la Constitución Política ha sido contestecon las regulaciones internacionales existentes. Enese sentido, el artículo 73 establece los seguros socialesen beneficio de las y los trabajadores, reguladospor un sistema de contribución forzosa del Estado,patronos y trabajadores, “…a fin de proteger a estoscontra los riesgos de enfermedad, invalidez, maternidad,vejez, muerte y demás contingencias que la leydetermine…”.Conviene señalar que la Ley Nº 7935 (Ley Integralpara la persona adulta mayor), definió el concepto deseguridad social como el “conjunto de prestacionessanitarias, sociales y económicas que contribuyen adotar a las personas de una vida digna y plena” 17 .Ahora bien, derivado del régimen de seguridad socialse contextualizan las prestaciones económicas denominadaspensión o jubilación, mismas que tienen suarraigo en el artículo 73 de la Constitución Política,anteriormente citado, así como en los instrumentosinternacionales consignados.16 Sala Constitucional, Voto Nº 2313-2005 del 9 de mayo de1995.17 Artículo 2º de la Ley Integral para la persona adultamayor, Nº 7935 de 25 de octubre de 1999.La Ley Nº 7935, estableció en su artículo 3, incisog) el derecho que tiene toda persona adulta mayor“(…) el ordenamiento jurídico es rico y suficiente en disposicionesque protegen el derecho fundamental a lapensión o jubilación que tiene toda persona. Asimismo,(…) el derecho humano a la pensión está íntimamenterelacionado con otros derechos humanos de obligadagarantía por parte del Estado, tales como el derechoa una vida digna, a la alimentación, a la vivienda, a lasalud, entre otros.”Dirección de Control de Gestión Administrativa, 2008a una mejor calidad de vida, imponiendo para ello alEstado la obligación de concederle oportunamentela pensión que le ayude a satisfacer sus necesidadesfundamentales, “haya contribuido o no a un régimende pensiones”. Conviene destacar que la normativacitada permita delinear un principio del Buen Gobiernode vital importancia en el caso del tema de pensiones,tal cual es la eficiencia y efectividad en el otorgamientodel derecho y su actualización.La Sala Constitucional, establece el derecho a la pensióno jubilación como un derecho subjetivo público18 que requiere que sea otorgado por parte del Estadode forma eficiente y oportuna. Lo anterior considerandoel efecto directo que tiene el disfrute de dicho derechocon la satisfacción de las necesidades básicas delas personas pensionadas. De esta forma, del análisisde la normativa nacional e internacional vigente, seconcluye que el derecho humano a la pensión requierepara su satisfacción efectiva, que dicha pensión seaotorgada en tiempo y la misma permanezca actualizada,de forma tal que las personas pensionadas nopongan en riesgo la satisfacción de sus necesidadespor retrasos u omisiones de la Administración.El derecho a la revalorización de la pensión ha sidoestablecido por la Sala Constitucional, al señalarque simultáneamente con el derecho a la pensión seadquiere, en ese mismo momento, “…los beneficiosque el régimen específico establezca, por ejemplo, elbeneficio a que el monto de la pensión aumente añocon año. Este beneficio no es una mera expectativa dederecho para quienes se jubilan cuando el beneficioestá previsto, sino que es parte del derecho que hanadquirido, y como derecho adquirido que es, resultaintangible para la ley posterior, que, en consecuencia,no puede validamente suprimirlo, aunque sí puedemejorarlo” 19 .18 Sala Constitucional. Resolución Nº 1745-91.19 Sala Constitucional, Voto Nº 5718-93. (También Votos Nº


48 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008En consecuencia, los principios de legalidad, eficienciay eficacia aplicables al momento de otorgamiento deuna pensión, deben ser igualmente respetados, encuanto a las revalorizaciones o actualizaciones de lamisma, constituyendo una violación a los derechos delas personas pensionadas cualquier dilación injustificadaen la atención de las gestiones de actualizacióno revalorización de la pensión presentadas por las ylos habitantes.Dirección Nacional de Pensiones: un ejemplo deineficiencia reiterada.La Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio deTrabajo y Seguridad Social, administra diferentes regímenesde pensión que involucra alrededor de 58.139personas, de los cuales 51.396 pertenecen a pensionesde regímenes contributivos y 6.743 a regímenesno contributivos 20 .Conviene indicar que desde el momento en que laDefensoría de los Habitantes abrió sus puertas, en elmes de octubre de 1993, la problemática vivida porlas y los pensionados en relación con la gestión de supensión, o bien por el pago de sumas adeudadas, porparte de la Dirección Nacional de Pensiones (DNP)del Ministerio de Trabajo, se convirtió en uno de losasuntos más recurrentes de atención por parte de laDefensoría. Desde esa fecha, ya los titulares de laDNP argumentaban exceso de trabajo acumuladoy que la capacidad de respuesta institucional eramuy limitada. Se indicaba entonces que “...se estánrealizando importantes esfuerzos por modernizar lossistemas actuales, no obstante con el volumen de trabajopendiente...es imposible finalizar la reforma de laDirección Nacional de Pensiones...” 21Es así como en el Informe Anual 1993-1994, presentadopor la Defensoría de los Habitantes ante laAsamblea Legislativa, se concluyó:“En la Dirección Nacional de Pensiones delMinisterio de Trabajo existe una presa dealrededor de treinta y cinco mil solicitudes.Ello requiere una decisión formal y pronta. Setrata de expectativas de personas verdaderamentenecesitadas, muchas de las cualesviven en la indigencia y que han adquirido-con el esfuerzo de su trabajo- su derecho arecibir un beneficio de jubilación por parte delEstado….” 22 .6464-94, 1500-96, 4289-07).20 Datos brindados por la Dirección Nacional de Pensiones,mediante oficio del 21 de febrero del 2008, suscrito por laDirectora Nacional de Pensiones.21 (Oficio Nº DNP-2268-93 de Danilo Ugalde Vargas,Director)22 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual 1994. Pág.El 21 de marzo de 1995, el entonces Defensor de losHabitantes, realizó una visita a las instalaciones delMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, recorrió lasinstalaciones ubicadas en el edificio de Barrio Turnóny recibió explicaciones generales de los funcionariosde la DNP sobre las perspectivas de corto plazo paralograr la actualización del trabajo en esa dependencia.En ese mismo año, se convino entre el Gobierno deturno y el partido mayoritario de oposición, medianteel llamado “Pacto Figueres-Calderón, en su cláusulaVI.5 que el Poder Ejecutivo “Pondrá al día el trámitede las solicitudes de pensión pendientes antes de juliode 1997”.Para el Informe Anual 1995, la Defensoría informabasobre el incremento en las denuncias presentadascontra la DNP, señalando “…la Dirección Nacional dePensiones, órgano del Ministerio de Trabajo, se hadeclarado incompetente para resolver la problemáticaplanteada y el Ministro de Trabajo tampoco ha podidolograr una solución viable. Entre tanto el problematiende a agudizarse al no lograr obtener los recursosnecesarios para cubrir las pensiones autorizadas y lasque esperan trámite” 23 .Siendo que el tema de mala gestión por parte de laDNP, se agravaba con el pasar del tiempo más quemejorar, la Defensoría de los Habitantes dedicó en elInforme Anual del 1997, un apartado para exponer eltema como de atención prioritaria, reseñando en eseentonces cuáles eran los principales problemas identificadosde la DNP, así como el incumplimiento constitucionaly legal que dicha gestión estaba generando.Claramente se establece que dicho incumplimientoafecta irremediablemente el derecho a la pensión quetienen las y los costarricenses ubicados dentro delRégimen de Pensiones administrados por la DNP.Se establece en el referido Informe que el problematrasciende los obstáculos administrativos, legales y fiscalesque en múltiples oportunidades han alegado losencargados de la Dirección Nacional de Pensiones;identificándose problemas de orden estructural que seven agravados en razón de intereses cortoplacistas yde carácter político-electoral 24 .”Tomando en consideración que ya a la altura del año1997, la Defensoría de los Habitantes tenía plenamenteidentificado que los problemas de la DNP iban másallá del contar con los recursos económicos para hacerlefrente al pago de las pensiones y se ubicaban aun nivel de gestión, se hicieron una serie de recomendacionesque permitieran abarcar la atención de todas19223 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual 94-95. Pág.29224 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual 97. Pág. 30


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes49las problemáticas detectadas. Se recomendó, entreotras cosas, el publicar los listados con la informaciónde todas las solicitudes de pensión, ajustes, facturasde Gobierno y otras, pendientes. Esto con la finalidadde que los mismos usuarios fiscalicen el trámite seguidopor su solicitud y evitar así, desorden administrativo,tráfico de influencias y corrupción.Asimismo, en aras de lograr un mejora efectiva dela gestión de la DNP, la Defensoría recomendó establecerindicadores de productividad al personal quetiene a cargo el estudio técnico y financiero de losexpedientes tramitados en la DNP, todo lo que permitamás altas estándares de calidad y mejorar los tiemposde respuesta de los asuntos. La atención de formaapropiada de las personas usuarias de los serviciospor parte de la DNP, fue una de las recomendacionesformuladas por la Defensoría, requiriendo que se lebrinde información adecuada a las personas que acudena la DNP.Tomando en cuenta que el tema de resolver los seriosproblemas de gestión que presenta la DNP, se habíaplasmado por parte de la Defensoría de los Habitantescomo de atención prioritaria durante el período 1998-1999, esta institución dio seguimiento a las múltiplesdenuncias presentadas y en atención al deber legalde proteger los derechos e intereses de los habitantesy velar por el buen funcionamiento del sector público,interpeló a las máximas autoridades del Ministerio deTrabajo sobre las acciones inmediatas que se pretendíanestablecer para la búsqueda de una solución aesta problemática que, de una vez por todas, hicieranvaler los derechos de muchos costarricenses quemerecen recibir una pensión digna que cubra sus necesidadesbásicas.En ese sentido, se le dio seguimiento al “Proyecto deDepuración Contable”, iniciado por la DNP y que consistíaen establecer la situación real de cada uno de lospensionados de los diferentes regímenes de pensionescon cargo al presupuesto nacional. Para noviembrede 1998, se reportaba que la planilla de pensionadoscon cargo al presupuesto nacional comprendía 19,701expedientes. De éstos, 12,903 (64.1%) se lograrondepurar con dicho proyecto, según lo informado oportunamentepor la DNP. Dicho en otras palabras, sobreeste porcentaje se estableció quiénes estaban sobrepagados,y quiénes subpagados. La Defensoría secomprometió en esa oportunidad, a darle seguimientoa las labores que se realizaban para lograr la total depuraciónde expedientes y con ello mejorar la gestiónde la DNP, exigiendo a las autoridades un cronogramade labores en el cual se establecieran las actividadesque la Dirección Nacional de Pensiones ejecutaría duranteel segundo semestre de 1999.Pese al importante esfuerzo realizado por la DNP en ladepuración de expedientes, para el período comprendidoentre 1999-2000, la Defensoría hacía un llamadosobre la urgencia de que la DNP continuara con elproceso de depuración iniciado, así como la atencióndel problema relacionado con las deudas acumuladaspor concepto de cuentas pendientes de ejercicios anterioresque no se pudieron reconocer en los ejerciciospresupuestarios vigentes y que de conformidad con lanormativa técnica y jurídica vigente, debían ser resueltasmediante una nueva solicitud por medio de lo quese denomina “Factura de Gobierno”.La Defensoría de los Habitantes determinó que enlos pagos realizados vía resolución y que se materializanen la confección de una factura de gobierno,se presentaban una serie de pasos ante diferentesinstancias públicas entre las que se puede mencionar:Departamentos Legales de los órganos correspondientes,la Presidencia de la República, el Ministeriode Hacienda y la Contraloría General de la República.Como es de suponer, en virtud de que cada caso debíaser tramitado individualmente por la administraciónactiva, se ocasionaban serios retrasos en el reconocimientodel derecho. De ahí que en algún momento seoptó por un procedimiento más expedito consistenteen tramitar esas deudas vía planillas colectivas, demanera que se incluyera ya no individualmente a laspersonas acreedoras del derecho, sino a un grupodeterminado de pensionados que finalmente se beneficiaríande un proceso más ágil y efectivo. No obstante,en determinado momento, dicho procedimiento fuesuspendido por orden del Ministerio de Hacienda porcuanto, según se indicó, la legislación vigente no permitíael pago por esta modalidad y se estimaba que lapromulgación de un decreto que validara el mecanismovía “planilla” acarrearía mayores costos y demandaríamás tiempo en relación con el procedimiento de“Factura de Gobierno”.Ante esta situación, tomando en cuenta la afectacióndirecta a las y los demandantes de servicios de la DNP,la Defensoría de los Habitantes solicitó al Ministro deTrabajo y Seguridad Social que analizara la posibilidadde reactivar el mecanismo de “planilla colectiva” y deesta forma lograr mayor agilidad en los pagos. El señorMinistro, en atención a la anterior solicitud, medianteoficio Nº DMT-192.00 del 22 de febrero del 2000 indicóque se reactivaría el mecanismo de planilla colectiva,procurando solucionar la problemática denunciada. Deconformidad con lo indicado por el señor Ministro, estadisposición beneficiaría a los pensionados de los diferentesregímenes con cargo al Presupuesto Nacional.La Defensoría se comprometió a darle seguimientoa la implementación de dicho mecanismo, así como


50 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008a la mejoría en la gestión de pago de las facturas degobierno.Para el período 2001-2002, laDefensoría consignaba en suInforme Anual el impacto quela mala gestión de la DNP habíatraído a nivel inclusive de laAdministración de Justicia. En esesentido, se hacía referencia a ladenuncia recibida por el exceso deasuntos y la dilación en su resolucióndel Tribunal de Trabajo delSegundo Circuito Judicial 25 .tivo que contenga algún pedimento relativoa la materia de jubilaciones que son de sucompetencia”.“Así, la Defensoría dio una especial atención a las denuncias presentadaspor las y los habitantes con una condición especialmente agravada de vulnerabilidad,sea por carecer de cualquier otro recurso más que la pensiónpara su subsistencia o la de su familia, o por estar la persona en condicionesadversas de salud que le impidiera darle seguimiento a la gestión presentada,o bien, que requiriera su urgente resolución. En ese sentido, en el InformeAnual 2004-2005, la Defensoría de los Habitantes hizo especial referenciaal problema presentado en el otorgamiento de pensiones por viudez”Defensoria de los Habitantes. Informe Anual 2004-2005, pág. 223.Como resultado de la investigaciónrealizada, la Defensoría recomendó al ConsejoSuperior del Poder Judicial 26 analizar la pertinenciade que el Tribunal de Trabajo del Segundo CircuitoJudicial de San José actúe como jerarca impropioadministrativo de la Dirección Nacional de Pensiones,teniendo en cuenta que el impacto de esta competenciaen su labor afecta la prestación del servicio deAdministración de Justicia que le es propia. El PoderJudicial informó a la Defensoría que el volumen de loscasos y su retraso, se debía en gran parte a la negativade la Dirección Nacional de Pensiones de acatarlos lineamientos que ha ido brindando el Tribunal deTrabajo. Se concluía que:(…) Es entonces la actuación de la DirecciónNacional de Pensiones la que ha generadoel volumen incontrolable de asuntos de estanaturaleza en el Tribunal de Trabajo” 27 .De esta forma, se empieza a visualizar el impacto queuna mala gestión pública genera sobre otros órganosdel Estado, en este caso los órganos jurisdiccionales.Esta afirmación queda sobradamente ratificada alconocer el incremento en el número de Recursos deAmparo contra la DNP que ha venido conociendo laSala Constitucional; problemática reconocida por laSala en el Voto Nº 2005-02747, indicando, entre otrascosas, lo siguiente:“Es un hecho público y notorio que la DirecciónNacional de Pensiones viene enfrentando yarrastrando una difícil situación respecto ala tramitación célere, eficiente y eficaz de losprocedimientos administrativos incoados porlos interesados ante ese órgano administra-25 Expediente No. 10941-22-200126 Oficio Nº 10007-2001-DHR, del 20 de diciembre del2001.27 Oficio fechado 19 de febrero del 2002, suscrito por elJuez Coordinador del Tribunal de Trabajo del SegundoCircuito Judicial.Conviene asimismo señalar que la Contraloría Generalde la República, emitió también una serie de informesdirigidos a la DNP, en los cuales se refiere a losproblemas de gestión que dicha dependencia hapresentado 28 .En los años siguientes, la Defensoría continuó recibiendolas denuncias presentadas por las y los habitantescontra la DNP sin que se pudiera determinarque las acciones correctivas que se habían anunciando,y otras tomadas por parte del Ministerio de Trabajoy Seguridad Social respecto a la labor de la DNP, hubierantenido un impacto significativo en la tramitaciónde los asuntos de su competencia.Se planteó cuál era el tratamiento que está dando laDNP a dos aspectos específicos: las solicitudes depensión por viudez y el cobro de cuentas pendientesde las viudas y los viudos. Con la intervención de laDefensoría se logró determinar un grado importantede descoordinación y procedimientos aislados porparte de varias instancias administrativas del MTSSque participan en los procesos de atención de estetipo de solicitudes. La DNP no cuenta con informaciónoportuna y confiable en relación con las solicitudesde las viudas y viudos, y su atención oportuna.La Defensoría de los Habitantes consideró que laDirección Nacional de Pensiones debía cumplir consu obligación de ejercer el servicio público con parámetrosde “Buen Gobierno”, al considerar no sólo elretraso en la resolución de las solicitudes de pensiónpor viudez y de las cuentas pendientes de ejerciciosanteriores, sino también por el hecho de no contarcon elementos básicos para realizar una gestión acordecon las necesidades de las y los usuarios de losservicios.28 Informes: FOE-SO-278 13 de agosto 2001; FOE-SO-381del 30 de octubre 2001; FOE-SO-10/2001 del 30 de octubredel 2001; FOE-SO-3/2001 del 13 de agosto, 2001; FOE-SO-146.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes51En esa oportunidad, se insistió en que los jerarcasdebían asumir su responsabilidad y ejercer el control yla supervisión sobre los responsables de la DirecciónNacional de Pensiones, para que se determinaran lascausas de la violación de derechos a personas queperdieron a sus cónyuges y que lo único que están solicitandoes lo que por ley les corresponde. Además, seindicó que no era permisible que se siguieran violentandolos derechos de estas personas y no se pusieraun límite al trabajo que, desde el punto de vista de laDefensoría, resultaba ineficiente e ineficaz.Durante el período comprendido entre el año 2005 y2006, las denuncias contra la Dirección Nacional dePensiones no disminuyeron. Esto generó la necesidadde demandar en el Informe Anual 2005-2006, solucionesurgentes y definitivas para una problemáticaañeja, ampliamente documentada por todos los órganosde control y jurisdiccionales, sin que los diferentesGobiernos de turno pusieran el empeño necesariopara solucionar el problema.En esa oportunidad, la Defensoría denunciaba:“ Del contacto directo con las autoridades dela DNP y del propio Despacho ministerial, seestablecieron procedimientos que lo únicoque buscaban eran ser parte de la solución;sin embargo, los cambios constantes deDirector, los proyectos de orden informáticoque no han llegado a feliz término, la legislaciónabundante, y la falta de una verdaderaprioridad por parte del Estado costarricenseen la búsqueda del buen servicio de la DNP,no hacen más que recalcar la frase que enalgún momento se ha utilizado para exponerlo que acontece en esa unidad de serviciopúblico y se resume en que en la DNP “losderechos no se piden, se mendigan” 29 .Dada la complejidad de una problemática que, parasu solución requiere ya no solo la decisión de las autoridadesde la DNP, sino las de más alta jerarquía delGobierno de la República, así como la intervenciónlegislativa, la Defensoría sugirió a las y los señoresDiputados:“…que se analice en forma prioritaria la reformalegal pertinente que permita separar ala DNP de la estructura orgánica del MTSSy se defina una opción viable que le permitainstalar un sistema de información automatizadoágil y confiable que a su vez representeun pilar fundamental para la prestación de unservicio acorde con las necesidades de las29 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual 2005-2006.pág. 147personas adultas mayores que diariamenteacuden a la DNP”. 30El Informe Anual 2006-2007 31 , recordó a las y losseñores Diputados que la intervención de la DNP sepostergaba sin que se vislumbraran soluciones al respecto.Indicaba la Defensoría:“…La misma Sala Constitucional se ha pronunciadode manera reiterada en cuanto aque la DNP no puede seguir alegando faltade medios ni de personal para justificar onceaños de no pago de actualización de pensiones,que deviene en una afectación directade los derechos e intereses del gremio quedía a día solicitan los servicios de esa unidadadministrativa del Estado. Resulta lamentablesaber que 760 afiliados de ASPHAL hanfallecido en la última década, sin que hayanvisto resuelto el problema denunciado, lo cualconstituye un verdadero drama humano quegolpea sensiblemente a todo el gremio, a susfamilias, e incrementa el grado de frustracióny de desconfianza en el Estado de derechodel país” 32 .En esa oportunidad, la Defensoría informó sobreuna problemática denunciada por la Asociación dePensionados de Hacienda y Asamblea Legislativa(ASPHAL), en relación con el conflicto surgido a partirde la aplicación de los aumentos semestrales porcosto de vida. Sobre el tema, la Defensoría sirvió defacilitadora de comunicación entre las partes promoviéndoseuna serie de reuniones técnicas, tal y comoposteriormente se detallará.Luego de realizar un recorrido por lo que ha sido laintervención de la Defensoría en el tema de proteccióndel derecho humano a la pensión que tienen las y loshabitantes, específicamente de aquellos regímenesde pensiones administrados por la DNP, conviene,referirse a cuáles han sido los avances logrados en elpresente período, en el conocimiento y resolución dela problemática de la DNP.Situación actual de la DNP.La Defensoría consignó en su Informe Anual 2006, laurgencia de que el Gobierno de la República tomaraacciones definitivas en punto a la DNP, y se dio a latarea, durante el 2007, de buscar un acercamiento con30 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual 2005-2006.pág. 14931 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual 2006-2007.pág. 271 y ss.32 Defensoría de los Habitantes. Informe Anual 2006-2007.Pág. 271.


52 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008las autoridades de gobierno que permitiera, no solo exponerla situación de la DNP y su afectación en perjuiciode las y los pensionados, sino también, la urgenciade que se tomaran decisiones que permitieran solventarde forma definitiva la problemática denunciada.En ese sentido, en el mes de marzo del 2007, laDefensora de los Habitantes, visitó al Ministro deTrabajo, exponiendo su preocupación por la recurrenciade las denuncias recibidas, y por lo que consideró,una inercia violatoria de los derechos de las y lospensionados. En esa oportunidad, las autoridadesdel Ministerio de Trabajo, ofrecieron a la Defensoríaexponer las acciones que se tenían planificadas paraavanzar en la solución de la problemática denunciada.Posteriormente, los entonces Director de Pensiones yViceministro de Trabajo, visitaron la Defensoría, dondese refirieron a la problemática específica planteadapor ASPHAL; así como a la problemática general dela DNP. Se reconoce en esa oportunidad, que la DNPatraviesa una situación de inercia administrativa, especialmentereflejada en el proceso de emisión de resolucionesadministrativas (facturas de gobierno) y unacapacidad instalada (recurso humano e informático)insuficiente para la cantidad de trámites pendientes deresolución.Asimismo, el entonces Director de Pensiones informósobre un proceso de revisión que finalizó el 04 deabril del 2007, implementado por el Departamento dePagos y el Núcleo de Servicio al Cliente, estableciéndoseen el archivo del Departamento de Pagos un estimadode 1175 expedientes pendientes de revisión, endonde existían votos vencidos sin ser resueltos desdeel año 2001. Lo anterior generó un proceso inmediatode atención de dichas sentencias constitucionales,pero al mismo tiempo, bajo las condiciones de capacidadinstalada implicaba una imposibilidad de soluciónde los nuevos Votos notificados dentro del plazo de unmes que en este momento se emitían por parte de laSala Constitucional, frente a los cuales y en un buenporcentaje, se encararía la posibilidad de desobedecerlos mismos, no por negligencia voluntaria sino por lasituación de la DNP que se limita a poder responderen el plazo ordenado.El 9 de mayo del 2007, el Defensor Adjunto de losHabitantes, se reunió con la Vicepresidenta de laRepública, así como con autoridades de la DNP,donde nuevamente se expuso la urgencia de que laAdministración tomara acciones urgentes tanto parasolventar la problemática general, como para atenderasuntos puntuales que habían sido postergados.En esa oportunidad se indicó que el asunto seríapuesto en conocimiento del Consejo de Gobierno.Asimismo, se instauró una comisión entre autoridadesde la DNP, el Ministerio de Trabajo y ASPHAL, coordinadapor la Defensoría para analizar la problemáticapuntual de ese grupo de pensionados.Mediante Sesión Ordinaria Nº 46 del 23 de mayodel 2007, el Consejo de Gobierno recomendó unareestructuración profunda y fuerte de la DNP, quecontemplara por un lado, cambios en la estructuraorganizacional y recurso humano y por otro lado, elfortalecimiento de la plataforma informática, con locual se evitaría la realización de procesos manualesque generan los acumulados y que a la postre llevan alos pensionados a acusar ante la Sala Constitucional ala Dirección Nacional de Pensiones por omisión en laatención de sus solicitudes.De esta forma, se inició el proceso de modernizaciónencomendado por el Consejo de Gobierno, para lo cualla Dirección Nacional de Pensiones 33 estableció comolos principales problemas a afrontar, los siguientes:• Insuficiente capacidad instalada paraatender la demanda de usuarios: sedeterminó que específicamente el problemase ubica en el cálculo de reajustes del 23% depensionados (Hacienda, Registro Público, MOPTy Comunicaciones); en la presa de facturas porpagar y en el aumento de Recursos de Amparo,Votos y Desobediencias.• Débil gestión técnica y operativa: ocasionadapor una normativa dispersa, un deficiente manejode archivo de expedientes y una alta rotación depersonal.Para atender esta problemática se planteó una propuestade automatización de la DNP. Esta automatizaciónse pretende realizar mediante dos proyectosa saber: a) Proyecto de desarrollo de un sistema derevalorización automática de pensiones de 4.000expedientes, para lo cual se contrató a la empresaPRIDES; y b) Proyecto de Modernización del Archivo:digitalización, indexación y seguimiento de expedientes,contratado a la empresa APLICOM.En el mes de diciembre del 2007, funcionarios dela Defensoría se reunieron en la DNP con la nuevaDirectora de Pensiones, estableciéndose un procedimientode reunión mensual para que se informarasobre los avances en el proceso de modernización dela DNP, así como para conocer los casos puntuales deurgente atención. En esa oportunidad, se solicitó a laDirectora Nacional de Pensiones se remitiera un cro-33 Según consta en Oficio fechado 12 de marzo del 2008,suscrito por el Ministro de Trabajo y el Ministro de laCoordinación Institucional y dirigido a ASPHAL, con copia aDefensoría de los Habitantes.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes53nograma sobre las acciones puntuales que se estabanrealizando, a efecto de que, tanto las organizacionesde pensionados como la propia Defensoría, pudierandarle seguimiento al proceso.La Defensoría tuvo acceso al informe de seguimientode los proyectos presentado por la Directora Nacionalde Pensiones al Ministro de Coordinación Institucionaly de los términos de dicho oficio se desprendía, entreotras cosas, que la Administración actual ha realizadoesfuerzos y ha contratado servicios para cumplir conlas instrucciones del Consejo de Gobierno; sin embargo,también se observó un condicionamiento relacionadocon la dependencia al trabajo de las empresascontratadas, la obtención de información, y la actitudque asuman las y los pensionados, principalmenteen cuanto a la presentación de recursos de amparo,para que el problema pueda solucionarse. Anteesta situación, la Defensoría acudió al Ministro de laCoordinación Institucional para denunciar la urgenciade hacer del proceso de mejoramiento de la gestión dela DNP, un proceso sostenible que brinde resultadossatisfactorios en el menor tiempo posible.Es así como en reunión sostenida con el Ministro deCoordinación Interinstitucional, el 17 de marzo del2008, la Defensora de los Habitantes informó sobrela intervención de la Defensoría en la problemáticageneral de la DNP y la preocupación de que a esteproblema no se le haya dado una pronta solución. LaDefensoría hizo ver al señor Ministro la necesidad decontar con un mecanismo de control y fiscalizaciónque permitiera a las autoridades del gobierno y a lamisma Defensoría tener algún grado de certeza deque efectivamente para octubre o noviembre del presenteaño, se podría contar con los dos productos enlos que se está actualmente trabajando, sea digitalizaciónde expedientes y la revalorización automática delos expedientes.El señor Ministro, indicó que le parecía lógica y razonablela posición de la Defensoría y que estaríaponiéndose en contacto con las autoridades delMinisterio de Trabajo para conversar con ellos sobreeste asunto, con el fin de poder informar al Consejode Gobierno sobre los términos de la conversación conla Defensoría, así como del mecanismo de control yfiscalización que debería implementarse con un cronogramade acción.El 27 de marzo del 2008, en reunión con la DirectoraNacional de Pensiones, se informaba sobre el hechode que aun cuando se habló de 4.000 expedientesinicialmente, se hacía necesario digitar y automatizarunos 4.000 más. Eso también implica depurar estos4.000 expedientes adicionales y aplicar lo que sedefine como indexación (apertura de casillas dentrodel sistema de registro de trámites). Para realizar estetrabajo, se estimó una suma global de 67 millonesde colones, misma con la que no cuenta la DirecciónNacional de Pensiones.El 4 de abril del 2008, en reunión sostenida con elMinistro de la Coordinación y con la presencia depensionados y pensionadas agremiados a ASPHAL,así como del Viceministro de Trabajo y la DirectoraNacional de Pensiones, se expuso cuáles eran las necesidadesy requerimientos de la DNP para cumplir acabalidad con los compromisos planteados, de formatal que se tradujera en un efectivo mejoramiento de lagestión.La Defensoría rescató los esfuerzos que el presenteGobierno está realizando para atender la problemáticade la DNP. Asimismo, se reiteró en la referida reuniónla urgencia de que el mejoramiento de la gestión de laDNP se vea como un problema de interés público, enel cual deben colaborar las distintas autoridades degobierno involucradas, sea los Ministerios de Trabajo,de Hacienda, etc.El Ministro de la Coordinación, requirió un tiempo cortoy determinado a efecto de realizar las consultas necesariaspara determinar la posibilidad de contar con losrecursos financieros que permitan a la DNP atenderlos proyectos eficaz y eficientemente, de forma talque el proyecto de automatización de la DNP abarque8.000 expedientes.Al respecto, la Defensoría insistió en la necesidad deque el Gobierno de la República no escatimara esfuerzosni recursos para que los proyectos iniciadospuedan abarcar la mayor cantidad de expedientes posibles,de manera que se tenga una efectiva incidenciaen la gestión tanto ordinaria como de atención de losprincipales problemas que se ha determinado, tiene laDNP.Conviene hacer referencia a que en el informe citado,remitido por los Ministros de Trabajo y de laCoordinación Interinstitucional a ASPHAL, se señalancomo logros obtenidos en el mejoramiento de la gestiónde la DNP entre el 2006 y el 2007, según lo señalael Cuadro 1.2:En reunión sostenida con el Ministro de la CoordinaciónInterinstitucional el 6 de mayo del 2008, se informó quese está en espera de que se confirme la fuente dedonde se tomarán los recursos requeridos por la DNPpara llevar a buen término los proyectos referidos conlos 8.000 expedientes. Asimismo, tomando en cuentaque ha existido variación en los plazos inicialmenteplanteados por la DNP, para contar con las revalorizaciónautomáticas y la digitalización de expedientes,


54 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008se requirió tanto por parte de la Defensoría como deASPHAL, un cronograma definitivo que permita lafiscalización de su cumplimiento, mismo del que seestá en espera al momento de laelaboración de este informe.Caso específico ASPHAL:La Asociación de Pensionados deHacienda y del Poder Legislativo(ASPHAL), requirieron la intervenciónde la Defensoría, para que seprocediera a analizar lo que consideran,una aplicación de normativainjusta por parte de la DNP, enperjuicio de sus agremiados.Paralelo al seguimiento realizadosobre el proceso de mejoramientogeneral de la DNP, desde el mesde mayo 2007 hasta el mes de julio 2007 34 inclusive, laDefensoría facilitó una comisión en la que estuvieronpresentes representantes de ASPHAL, el Ministerio deTrabajo, la DNP y la SUPEN. Este espacio permitióanalizar la principal causa del problema, relacionadocon el 23% de la población de pensionados que administrala DNP (58.139 personas) y que para febrerodel 2008 significaban 13.581 personas con un trámitependiente de resolución, definidos técnicamente comoaquellas personas con “metodologías especiales derevalorización”.Producto de los insumos surgidos de las reunionesrealizadas, en enero del 2008, la Defensoría emitió uninforme final con recomendaciones donde expuso conclaridad su posición, luego del análisis y estudio de losdistintos argumentos presentados por todas las partes,es decir, la DNP, la SUPEN, la Auditoria del Ministeriode Trabajo, el Viceministro de Trabajo y por supuestoASPHAL.En el análisis y estudio de los procedimientos de revalorizacióntambién identificados como revalorizacionespor diferencia y por porcentaje, se consideraron lasposiciones asumidas por la DNP, la Superintendenciade Pensiones, la Auditoría Interna del Ministerio deTrabajo y los representantes de los pensionados.Asimismo, se hizo énfasis en distintos criterios emitidospor la Procuraduría General de la República y laSala Constitucional, mismos que han sido de interpretaciónmuy diversa por parte de las instituciones y dependenciascitadas, sin que exista un criterio unificadosobre la revalorización que debe prevalecer en cuanto34 Se realizaron cuatro sesiones de trabajo en la Defensoríade los Habitantes los días: 22 de mayo; 4 y 25 de junio y 6de julio del 2007.a los ajustes por costo de vida que le corresponde alos pensionados.CUADRO No. 1.2Comparativo de ProducciónConcepto 2006 2007CambioPorcentualEstudios Contables 1/ 692 1,800 160.12%Estudios Legales 538 1,127 109.48%Facturas Pagadas 2/ 427 751 75.88%Resoluciones Ministro 603 1,059 75.62%Cambios 3 / 7,488 9,956 32.96%Fuente: Elaboración propia con datos del Departamento de Desarrollo1/ Total de estudios, incluyen de subpago, sobrepago o a derecho2/ Se refiere a las facturas enviadas a financiero para pago3/ Corresponde a los cambios generados por la actualización de pensiónLa ASPHAL defiende la tesis de que tratándose de unmismo puesto, esos ajustes no deberían reflejar ningunadiferencia en cuanto al número de colones quese debe reconocer a los pensionados ordinarios y losextraordinarios, entendiendo por éstos a quienes sepensionan con el 100% y aquellos que se pensionanen forma proporcional por no haber completado los30 años de servicio laboral. Esto considerando queel costo de vida afecta por igual a los pensionados ylo que hacen esos ajustes al monto de la pensión esmantener el poder de compra de ambas categorías debeneficiarios.La ASPHAL insiste en que este tipo de incrementos almonto de la pensión debe observarse integralmente,es decir, se debe tener en cuenta que el pensionadoproporcional tiene una base menor debido a la deducciónque se le aplicó cuando se le otorgó la pensiónpor los años no laborados y de ahí, según ASPHAL, noes posible comparar los mismos incrementos respectoa bases distintas ya que si se aplica el mismo porcentajede aumento para ambos tipos de pensiones,representará más colones para quien tenga una basemayor, y si aplican los mismos aumentos en términosde colones para ambos, representará un porcentajemayor para quien tenga una base menor. Por estarazón, ASPHAL compara el incremento de la pensióncomo tal, respecto del incremento del índice de preciosal consumidor que afecta por igual al pensionado quelaboró 30 años y para quien laboró menos tiempo ypor lo cual resulta de medular importancia responderla siguiente interrogante: ¿Cuál sería el incremento encolones que requiere una pensión 100% para adquirirun producto de la canasta básica y cuánto requeriríaun pensionado proporcional para comprar el mismoproducto? Lo anterior, tomando en cuenta que se trataincrementos de costo de vida para puestos idénticos.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes55La ASPHAL reclama un trato similar al que opera paraun incremento absoluto donde ambas categorías depensionados (100% y proporcional) reciben el mismonúmero de colones. Las autoridades gubernamentales,aclaran que en los ajustes por costo de vida no está depor medio ninguna metodología sino una compensaciónal poder de compra y en el caso de los montosabsolutos, fue la PGR la que dispuso que cuando elincremento fijado por el Gobierno se definiera como unmonto absoluto, se debía aplicar el mismo número decolones a los pensionados, independientemente de sucondición de pensionado ordinario o extraordinario.Esta posición de la ASPHAL, no es compartida por lasautoridades gubernamentales, basándose en que sila canasta básica aumenta, por ejemplo, en un 10%significa un ajuste en términos absolutos de 10 colonespara una pensión de 100 colones, mientras queese mismo incremento de un 10% sobre una pensiónde 150 colones equivaldría a 15 colones en términosabsolutos. Ello significaría que la pensión proporcionalno estaba disminuyendo su poder adquisitivo ya queel ajuste se estaría dando en el mismo porcentaje queaumento la canasta básica. Además, los incrementospara una pensión proporcional no se realizan al puestosino al monto de la pensión que se otorgó cuando eltrabajador decidió cesar sus funciones como funcionarioactivo. Consecuentemente, sus ajustes futurosdeberán ser proporcionales, dando como resultadoincrementos diferentes para personas que laboraron30 años y para quienes laboraron menos tiempo.Desde esa perspectiva, se estaría respetando el principiode legalidad, ya que ante la contundencia dela PGR sobre este punto se emitieron las directrices016-2006 y 001-2007 por parte de la DNP, entre otrascosas, establecer el tratamiento que se debe dar a losincrementos de pensión en términos absolutos. Estoes importante señalarlo tomando en cuenta que delanálisis y estudio que se realiza de los diferentes pronunciamientosde la PGR y la Sala Constitucional, nose observa una referencia específica a un ajuste pordiferencia que signifique autorizar - como consecuenciade un aumento porcentual por costo de vida - elmismo número de colones a los pensionados ordinariosy los extraordinarios.Lo anterior, resulta importante ya que la metodologíapor diferencia para hacer frente a los ajustes por inflación,originaría un incremento porcentualmente mayoren las pensiones de aquellas personas que no cumplieroncon los 30 años de servicio, lo que implica queesas personas estarían recibiendo una compensaciónmayor a la inflación, lo cual no resultaría lógico nijusto, si se toma en cuenta que existen diferencias enla base de cálculo debido al origen de las pensiones.Un ejemplo que se utilizó en las reuniones de los representantesgubernamentales y la ASPHAL fue el deuna persona con una pensión de 150 colones (100%)y otra que en condición proporcional recibe la suma de100 colones por ese mismo concepto, a las cuales habráque ajustarles el porcentaje de inflación calculadoen un 10%. Con simples cálculos se definiría que lapersona con un monto de pensión de 150 colones lecorrespondería un ajuste de 15 colones para mantenersu poder adquisitivo mientras que quien recibe 100colones le correspondería un ajuste de 10 colones.Esto significa que, dependiendo de la situación particularde las personas, específicamente el monto de suingreso, así será el porcentaje de ajuste que recibiría y,consecuentemente, el resultado significaría un montoen colones distinto.Obsérvese lo indicado por la PGR en el Dictamennúmero C-147-2003 del 26 de mayo de 2003, que apesar de referirse a los regímenes de Obras Públicasy de Comunicaciones, resulta de utilidad para efectosde este análisis.“…En otros términos, la duda consiste endeterminar si a una persona que se le otorgóuna pensión proporcional, debe aplicárseletambién proporcionalmente el porcentaje o lasuma fija que se acuerde como incremento alos servidores activos. Analizado el punto – almenos en lo que se refiere a los regímenesde Obras Públicas y Comunicaciones sobrelos cuales se nos consulta, y no a otros, comoel del Magisterio Nacional, que por su complejidadrequiere un estudio aparte – debemosindicar que no encontramos justificaciónpara que las pensiones otorgadas en proporcióna los años de servicio se revaloricen conun porcentaje o en un monto inferior al quese revalorizan las pensiones otorgadas conbase en treinta años de servicio. Al respecto,debe tomarse en cuenta que al momento defijar inicialmente la pensión de quienes noalcanzaban los treinta años de servicio, sedisminuyó su monto en forma proporcionala los años servidos, y si la revalorización deeste tipo de pensiones se hace tomando encuenta el aumento al costo de vida, tal aumentoafecta en el mismo porcentaje el montode las pensiones que fueron otorgadas conbase en treinta años de servicio, como el delas que fueron aprobadas tomando en cuentauna cantidad menor (….)Por lo anterior laspensiones de los regímenes en estudio quefueron otorgadas en forma proporcional a losaños de servicio, deben revalorizarse con elmonto o porcentaje total acordado para losservidores activos por aumento en el costo de


56 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008vida, y no aplicando proporcionalmente esemonto o porcentaje.”Lo anterior, se complementa con lo establecido por laSala Constitucional en el Voto Nº 5817-93 de las 17:03horas del 10 de noviembre de 1993, en donde se indicóque el pensionado extraordinario no se encuentra enla misma condición que el pensionado ordinario y cabecon respecto a él, hacer diferenciación al momentode aplicar el aumento por concepto de costo de vida,sin que se vulnere alguna disposición constitucional.Desde el punto de vista de la Defensoría, lo indicadopor la Sala no hace otra cosa que respaldar la tesisde que puede existir diferencia en el reconocimientode los colones que eventualmente podrían recibir lospensionados extraordinarios respecto a los ordinarios;sin embargo, lo que no podría justificarse es que seapliquen, como en algúnmomento sucedió, montosabsolutos distintos o porcentajesdiferentes a losacordados por el Gobiernode la República por conceptode costo de vida.Por otra parte, e independientementedel análisisjurídico realizado sobreeste tema, no resulta lógicolo que se está presentandocon las comparacionesque se puedenrealizar producto de laaplicación de las directrices011-2005 y 319-1998,emitidas por la DirecciónNacional de Pensiones. Existen algunos ejemplos depensionados proporcionales (personas que laborarondurante quince años y se acogieron a su derecho) cuyadiferencia original respecto al pensionado ordinario seestableció en un 50% que variaría sustancialmentedependiendo de la directriz que se aplique.De conformidad con lo dispuesto en la directriz 011-2005, la diferencia absoluta definida originalmentesería la que se mantendría en el tiempo cuando sedecretara algún ajuste al monto de la pensión, dandocomo resultado una diferencia significativa entre elporcentaje original de la pensión proporcional respectoa la pensión ordinaria que en algunos casos fue dealrededor de un 50% y con el transcurso del tiempopodría acercarse al 100% del monto de la pensión ordinaria.Según lo indicado, la Defensoría apoyó la tesisde las autoridades gubernamentales y de supervisiónen cuanto al procedimiento que debía seguirse a lahora de ajustar los montos de las pensiones cuando elPoder Ejecutivo decretara un ajuste por costo de vida.“La Defensoría es del criterio de que en el presentecaso la DNP no ha respetado los derechos adquiridosde terceros de buena fe, ni la garantía del principioconstitucional de irretroactividad. Consecuentemente,debería revisar su actuación y modificarlaa efecto de que se respeten las situaciones jurídicasconsolidadas, de manera que la aplicación de las directricesse realicen a partir de su publicación y haciafuturo. Tómese en cuenta que ASPHAL no estádefendiendo casos donde estén de por medio normasmal aplicadas, ni revaloraciones incorrectas yaque son conscientes que, de existir, se deberían tomarlas acciones administrativas que correspondan.”Dirección de Control de Gestión Administrativa, 2008La Defensoría no comparte el criterio de ASPHAL enel sentido de que la directriz 011-05 lo que pretendíaera dimensionar los alcances de la resolución Nº 319-98, ya que la misma establecía con claridad que estaúltima no sería aplicable a los regímenes de pensionesde Hacienda que venían aplicando el procedimientopor diferencia. Asimismo, y como resultado del análisisy estudio de la aplicación de la directriz Nº 011-95, noresulta de recibo para la Defensoría la posibilidad derescatar el articulado de dicha resolución, tomando encuenta lo ilógico que resultaría el hecho de que unapensión proporcional pudiera, mediante la aplicaciónde los ajustes por el método por diferencia, llegar aacercarse a la pensión ordinaria o total.Situación distinta se suscitó alrededor de los derechosadquiridos que reclama ASPHAL. En relación con esteasunto, la Defensoría concluyóque la revalorizaciónde las pensiones constituyeun derecho humano quese adquiere al momento enque se reconoce el derechoa la pensión cuyo objetivoes preservar su valor en eltiempo. Esta definición, enmuchos de los casos planteadospor ASPHAL, no hasido respetada por la DNPy con su proceder ha creadoun clima de inseguridadjurídica respecto al derechode los pensionados deobtener lo que les correspondeen materia de ajusteal monto de su pensión.La emisión de la directriz número 319-98 del 17 deagosto de 1998, constituye un elemento distorsionadorque ha originado inseguridad jurídica a un conglomeradode personas que acuden a la DNP en demandade sus derechos. Obsérvese que la misma no fue suficientementeclara en cuanto a la metodología a utilizar,no tomó en cuenta el procedimiento que se había aplicadoantes de 1996, ni las consideraciones que justificarancon claridad el cambio en las reglas para aplicarlas revalorizaciones al monto de las pensiones.Este no es un caso aislado de vulneración de derechospor parte de la DNP, tómese en cuenta que nosólo ASPHAL ha denunciado, entre otras cosas, lanegligencia, el mal trato y el atraso en los trámites alos que comúnmente tiene que acudir el demandantede servicios de esa unidad administrativa del MTSS.Basta con hacer mención a la problemática alrededorde lo que comúnmente se ha definido como “facturade gobierno” que no hace más que establecer el


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes57procedimiento de cobro de las cuentas pendientes deejercicios anteriores, todo lo cual ha sido expuesto enlos informes que anualmente la Defensoría presentaante el Poder Legislativo.Con base en lo anterior, la Defensoría le recomendó 35al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, reconsiderarsu posición respecto a los derechos adquiridos yel principio constitucionalde irretroactividad de lospensionados proporcionalesque adquirieron suderecho a la pensión y surespectiva revalorizaciónantes de la promulgaciónde la directriz Nº 319-98de 17 de agosto de 1998.Cabe indicar que esa recomendaciónfue reconsideradapor el Ministerioy, en estos momentos,se encuentra en fase deresolución.Reflexiones.El tortuoso mejoramiento de la gestión de la DNP, hasignificado para las y los pensionados más de unadécada de espera, así como una constante violacióna su derecho a la pensión y correspondiente revalorizaciónen forma oportuna, y a que se atiendan entiempo y forma las gestiones que las y los pensionadospresentan.La ineficiencia de la DNP ha generado un peligrosocírculo vicioso: los pensionados ven violentados susderechos, por ello acuden a las instancias judiciales,éstas condenan a la DNP y ésta para acatar los fallosjudiciales desatiende la actividad ordinaria; eso generamás amparos y de nuevo al punto de partida, dondees característico, tal y como ha venido repitiendo laDefensoría, la violación a los derechos humanos delas personas que acuden a solicitar los servicios deesa entidad.Ante esta realidad, la Defensoría se pregunta: ¿Cómoromper ese círculo? ¿Pidiendo a los pensionadosque no denuncien? Parece que esa no es la medida,máxime considerando que les asiste el derecho.¿Fortaleciendo la labor de la DNP? Para ello es criteriode esta Defensoría que definitivamente se requiere deun esfuerzo coordinado que va más allá del Ministeriode Trabajo, donde se establezca la solución a este problemacomo una prioridad del Estado. Hay que tomaren cuenta que cualquier coordinación en este sentido35 Informe Final, Oficio Nº 00742-2008-DHR del 21 de enero del2008. Expediente Nº 21475-24-2006.“La Defensoría de los Habitantes ha sido consciente enque el problema de la Dirección Nacional de Pensionesdel MTSS es un asunto complejo, cuyas causas estándebidamente identificadas. Actualmente, se vislumbrauna esperanza, la misma que en otras oportunidades hasido anunciada a las y los pensionados, pero que con eltiempo se pierde entre la injusticia de un sistema burocráticoque ha dejado al ser humano de lado, para establecercomo prioridades muchas otras, distantes de lalabor que dio nacimiento a instituciones como la DNP.”Dirección de Control de Gestión Administrativa, 2008debería establecerse desde los aspectos meramenteoperativos, pasando por la información requerida paraactualización de pensiones y el mantener los expedientesal día, hasta el recurso técnico que permitaatender la emergencia que vive la DNP en materia deamparos.Debe tomarse en consideración que los asuntos queatiende la DNP están referidosa una poblacióndonde un gran porcentajecorresponde a personasadultas mayores, grupopor demás vulnerable yque no cuenta con un tiemposuficiente como el queparece necesitarse pararesolver los problemas degestión de la DNP.Las señoras y señoresdiputados, han sido documentadosen todos losinformes de la Defensoríade los Habitantes de la situación de la DNP, de lahistoria de atrasos en la tramitación de solicitudes,maltratos en la atención, omisiones de respuesta, resolucionesmal elaboradas, es decir, de la constanteviolación a los derechos humanos de las personasque solicitan los servicios de esa Dirección Nacional.Esto no sólo por lo dispuesto en el artículo 15 de la leyde creación de la Defensoría de los Habitantes, sinotambién por su papel de representantes de la colectividad,que junto con el Poder Ejecutivo y los órganosde control del Estado, deben velar por el bienestar desus conciudadanos.El mejoramiento de la gestión de la Dirección Nacionalde Pensiones, es una deuda histórica que el EstadoCostarricense tiene con las y los pensionados de estepaís. Es por todo lo anterior, que la Defensoría tomarála propuesta presentada por la Administración para,de una vez por todas, dar solución a la problemáticade la DNP y le dará seguimiento puntual, constante eincisivo a cada uno de los compromisos asumidos poresa Dirección y más importante aún, por el Gobiernode la República, de forma tal que las y los pensionadosobtengan una respuesta, misma hasta ahora inadecuaday se pueda ubicar al habitante en el centro deuna gestión pública, que, por demás, tiene como únicofin la protección y desarrollo del derecho humano a lapensión y su correspondiente revalorización.


Un transporte público anacrónico:la deuda eterna del Estado ...“(…) un transporte público eficiente, inclusivo,de calidad y costos razonables, adecuadamenteregulados, tiene implicaciones positivas directas en elbienestar y la calidad de vida de los y las habitantes.Y por el contrario, un transporte público insuficiente,no inclusivo, desordenado y deficientemente regulado,afecta negativamente el bienestarde las y los habitantesal no lograr satisfacer sus necesidades de transportey además,tiene consecuencias no deseablespara la sociedad: exagerado consumo decombustibles por el transporte individual,congestión vial y hasta aumento en los costosde producción. Todo esto genera razones más quesuficientes para incorporar al transporte públicocomo un campo para la defensa y promociónde los derechos de los y las habitantes.”Dirección de Asuntos Económicos, 2008A lo largo de estos 15 años de existencia institucional,el transporte público ha sido una constante en la laborde la Defensoría de los Habitantes, dedicándole esfuerzoy recursos, no sólo a la atención y resoluciónde las quejas que constantemente presentan las ylos usuarios de este servicio, sino al análisis de lasprincipales dolencias que le afectan con la finalidad dehacer aportes, desde la perspectiva de los derechosde los y las habitantes, para mejorar su prestación.Son varias las razones del interés de la Defensoría enel transporte público:En sus diferentes modalidades, es el medio de transportepor excelencia en el ámbito nacional, ya queaproximadamente ha llegado a movilizar hasta el 75%de las y los habitantes, pero debido a sus deficienciaseste porcentaje ha decrecido alarmantemente.• Contribuye al desarrollo económico y socialdel país, debido a que las y los usuarios deeste servicio tienen una participación directae indirecta en los procesos productivos y es elmedio para que día a día se incorporen a éstos.• Los impactos de la regulación de este serviciopúblico, fundamentalmente en lo que se refierea la regulación tarifaria, afectan a un grupo muysignificativo de nuestra población, especialmenteaquellos de menores ingresos.• Por su naturaleza, un transporte públicoeficiente e inclusivo, genera para la sociedadimportantes externalidades positivas: ahorro decombustible si logra convertirse en una opciónatractiva para no utilizar el vehículo particular,abaratamiento de los costos de movilización delas personas, disminución de la congestión vial yde la contaminación del aire.Las anteriores consideraciones, han llevado a laDefensoría a concluir que un transporte público eficiente,inclusivo, de calidad y costos razonables, adecuadamenteregulados, tiene implicaciones positivasdirectas en el bienestar y la calidad de vida de los ylas habitantes. Y por el contrario, un transporte públicoinsuficiente, no inclusivo, desordenado y deficientementeregulado, afecta negativamente el bienestar delas y los habitantes al no lograr satisfacer sus necesidadesde transporte y además, tiene consecuenciasno deseables para la sociedad: exagerado consumode combustibles por el transporte individual, congestiónvial y hasta aumento en los costos de producción.Todo esto genera razones más que suficientes paraincorporar al transporte público como un campo parala defensa y promoción de los derechos de los y lashabitantes.La primera referencia de la Defensoría de losHabitantes al transporte público en un informe anual,fue realizada en el del periodo 1994-1995. Por la formaen que retrata algunos de los problemas que el transportepúblico costarricense presenta aún el día de hoy,transcribimos parte del texto que la Defensoría planteóen ese momento:


60 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008“Existe malestar entre los usuarios de variaslíneas de autobuses por el abuso de los empresariosque operan autobuses y busetasen la misma ruta. Las quejas se reciben en elsentido de que los empresarios operan desdela misma terminal para ambas modalidadesde servicio y se aprovechan de esto y de lafalta de control de los horarios del servicio ordinariode buses para inducir indebidamentea los pasajeros a tomar el de buseta, que lesresulta más oneroso.Otros se quejan de que existe un servicio directoque tiene un costo mayor que el del servicioordinario no obstante lo cual los busesrealizan paradas en trayecto para recogerpasajeros, con lo cual se están infringiendolas condiciones autorizadas para esta modalidadde servicio.Incumplimiento de horarios, estado de lasunidades, y recargo de pasajeros, constituyenmotivos de queja de los habitantes.Los resultados de las gestiones de laDefensoría de los Habitantes ante el Ministeriode Obras Públicas y Transportes, en defensade los derechos e intereses de los usuariosdel transporte público, no han sido del todosatisfactorios. Lejos de ello, más bien hahabido tardanza considerable en las respuestas,aducida a la falta de recursos humanos,materiales y presupuestarios para realizar eltrabajo de campo que muchos de los casostrasladados por la Defensoría requieren; faltade profundidad en los informes de respuestay sobre todo ninguna constatación de las quejasde los usuarios; el común denominador delas respuestas es que siempre se encuentrade conformidad la operación de la ruta.De esas respuestas pareciera que consistentementese equivocan los usuarios, y que se equivocan losusuarios de todos los extremos del país. La Defensoríade los Habitantes no acepta este tipo de explicacionesperegrinas generalizadas y esto lo señala en sus resolucionesal respecto…(…) A pesar de que se han hecho reorganizacionesinternas en la Dirección Generalde Transporte Público para atender las relacionescon la Defensoría y las quejas quele presentan directamente los usuarios, losresultados distan mucho de ser satisfactorios.No es con la Defensoría de los Habitantescon quien la Dirección General de TransportePúblico tiene la obligación de dar respuestasoportunas y adecuadas. Es con los habitantescuyos derechos e intereses debe protegery no lo hace. Esa marcada omisión afecta alos habitantes, quienes tienen que soportarno sólo el mal servicio sino también el injustoaumento de las tarifas 36 .”A la luz de lo anterior y en la actual coyuntura, espertinente plantearse dos preguntas: ¿cuánto se haavanzado en la adecuada regulación del transportepúblico y en la promoción de los derechos de las y losy usuarios de este servicio? Y ¿cómo podemos evaluarla prestación de este servicio desde la perspectivadel derecho de las y los habitantes al Buen Gobierno?Para ensayar algunas respuestas a estas preguntasy poder comprender cuál es la situación al día de hoy,haremos un recorrido en retrospectiva de cómo laDefensoría ha valorado la prestación del transportepúblico y su regulación a lo largo del periodo, desdela perspectiva de los derechos de las y los usuarios.Posteriormente, nos referiremos a los temas que mayoratención de la Defensoría han requerido y que seencuentran hoy vigentes tales como: la situación delConsejo de Transporte Público, la modernización deltransporte, la calidad del servicio y la renovación de lasconcesiones.1. Más de una década de poca efectividad yeficienciaEn el período 1995-1996, el transporte público costarricensefue calificado por la Defensoría como “unafuente inagotable de quejas”:• Malestar general del usuario por mala calidaddel servicio:•xMal estado de las unidades.•xMaltrato por parte de los chóferes.•xFalta de información sobre las condicionesen que las empresas deben prestar el servicio.• Desatención de las necesidades de lacomunidad:•xLas condiciones actuales de muchas rutasno coinciden con las necesidades reales de lacomunidad.• Quejas de los transportistas:36 Informe Anual 1994-1995. Àrea de transporte público y servicioslocales. Pág. 216.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes61•xOmisiones de respuesta del MOPT antesolicitudes de cambio de condiciones delservicio.•xAnomalías y retrasos en procedimientosadministrativos.• Deficiencia en la actividad de control porparte, en ese momento, del Ministerio de ObrasPúblicas y Transportes (MOPT):•xFalta de vigilancia efectiva sobre laprestación del servicio.•xIncumplimiento de rutas, horarios yparadas.•xReticencia de algunas empresas a variarlas condiciones del servicio.•xFalta de control de la prestación noautorizada del servicio.•xOmisión de respuesta ante las quejas delos usuarios.•x• Descontento con tarifas:•xInconformidad con los procedimientosde cálculo y falta de participación de lascomunidades en la determinación de lastarifas.•xIncongruencia entre el monto de la tarifa yla calidad del servicio.•xCobros abusivos.Con la transformación del Servicio Nacional deElectricidad en la Autoridad Reguladora de losServicios Públicos en el año 1996, la regulación deltransporte público sufrió una trascendente reforma,al encargársele al ente regulador la fijación de lastarifas del transporte público y la introducción de lasaudiencias públicas dentro del procedimiento para ladeterminación de aquéllas. La Defensoría encontróen las audiencias un mecanismo para defender losderechos e intereses de los usuarios, no sólo presentandooposiciones técnicas a las solicitudes de ajustede tarifas que así lo ameritasen, sino denunciando lasdeficiencias en la calidad del servicio que hubiese tenidopor comprobadas dentro de los principios de BuenGobierno.Así, para el periodo 1997-1998, la Defensoría identificócomo uno de los principales problemas del transportepúblico la desvinculación entre los aumentos en lastarifas y la calidad del servicio. Dado que esta desvinculaciónestaba directamente relacionada no solo convacíos legales, sino con la inercia de la Administraciónen su función regulatoria, para la Defensoría las actuacionesdel MOPT e incluso de la Autoridad Reguladorade los Servicios Públicos distaban mucho de la efectividad,eficiencia, equidad e inclusividad del BuenGobierno.La insistencia de la Defensoría en el tema de la calidaddel servicio, logró encender el debate y la instituciónlideró un proceso de acercamiento de todas las partesinvolucradas, empezando por definir y reglamentarqué debería entenderse por “calidad del servicio detransporte público.” Así, el MOPT, la ARESEP y laDefensoría conformaron una comisión para analizar eltema y definir, en conjunto, en qué consistía la calidaddel servicio, concepto hasta ese momento indefinido ysujeto a múltiples interpretaciones.De ese trabajo en equipo, surgió lo que la Comisiónllamó el “Sistema para la Evaluación y Calificación dela Calidad del Transporte Remunerado de Personas”que es un instrumento de carácter técnico, objetivo,único, aceptado y aplicado por las entidades públicascorrespondientes, y conocido por los operadores y losusuarios, que permite calificar la calidad del serviciode transporte público colectivo, separando las áreasde responsabilidad de las partes involucradas conla prestación del servicio, o sea, la Administración ylos Operadores. El Sistema otorga una calificaciónglobal a cada ruta según las categorías “muy buena,regular, mala y muy mala” y consta de tres elementos:el “Modelo de Evaluación de la Calidad del Servicio”,el “Manual de Procedimientos para la aplicación delModelo” y el “Reglamento”. Con esto, en el tema de lacalidad del servicio de transporte público, la Defensoríaconsideró que la regulación de este servicio habíadado un paso fundamental pasando de la queja a lareglamentación. Pero los posteriores acontecimientosdemostrarían que la propuesta encontraría importantesescollos que, hasta el día de hoy, han impedido supuesta en práctica.Finalmente, se conformó una Comisión EspecialMixta en la Asamblea Legislativa para elaborar unnuevo marco regulatorio para el transporte público. LaComisión delegó en una subcomisión la redacción deltexto del proyecto de ley con el objetivo de lograr elmayor consenso posible entre los sectores representadosen dicha Comisión. La Subcomisión fue integradapor la ARESEP, el MOPT, asesores parlamentarios,representantes de los empresarios de transportecolectivo y la Defensoría de los Habitantes. Durantevarios meses esta subcomisión analizó las propuestasy recibió a representantes del MINAE, el ConsejoNacional de Rehabilitación, CONADECO, empresariosde transporte colectivo y transportes especiales(estudiantes, trabajadores, universitarios y turísticos)


62 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008y municipalidades entre otros. Asimismo analizó lasposiciones de cada una de las instituciones y sectoresrepresentados en la Comisión Legislativa.Lamentablemente, aunque el proyecto de ley llegó atener Dictamen Afirmativo de Mayoría, no ha llegadoa votarse en Plenario. A ello se unió la resistencia deun sector de los empresarios a la modernización delsistema y a la inexistencia de una política consistentepor parte del MOPT, que tampoco parecía interesadoen contar con más y mejores herramientas para cumplircon sus obligaciones en relación con el transportepúblico y los derechos de las y los usuarios.Ante el fracaso de la nueva propuesta regulatoria, elescenario del transporte público mantuvo sus característicasprincipales, que en mucho, lo acompañanhasta el presente:• El Consejo de Transporte Público tieneserias deficiencias que son reflejo, en parte,de una inadecuada estructura organizacional yuna débil planificación institucional en la que seobserva carencia de adecuados mecanismos decoordinación entre las respectivas unidades.• La reprogramación en las inspecciones porparte del Departamento de Inspección y Controlpara realizar los estudios de campo, es el reflejode una falta de coordinación, comunicación y unaconstantemente alegada falta de recursos, sobretodo recurso humano, en los departamentosencargados de ejecutar esas funciones.• El Consejo de Transporte Público tarda mesesy hasta años para realizar una inspección de unaqueja interpuesta por un habitante, la cual por lademora en ser atendida, algunas veces carecede interés para el habitante o el motivo de laqueja desapareció, aunque no por la acción delConsejo de Transporte Público. Igual tratamientoreciben las solicitudes de autorización de nuevosservicios que le presentan los habitantes, loscuales tardan mucho tiempo para ser resueltos.• La Junta Directiva del Consejo, por su parte,tarda demasiado tiempo en conocer y resolver losinformes emitidos por las unidades técnicas delConsejo de Transporte Público.• En lo que respecta al transporte público, elConsejo ha estado ausente en el control quese debe ejercer en carretera para regular estaactividad pero tampoco existe un adecuadorégimen sancionatorio para aplicar en caso deanomalías, más allá de las disposiciones de laLey de Tránsito.• No se ha llegado a poner en práctica el Sistemapara la Evaluación de la Calidad del Servicio niningún sistema alternativo que garantice a las ylos usuarios el resguardo de sus derechos.Por ello, la Defensoría de los Habitantes ha tenidoque asumir la disconformidad de las y los usuariosdel servicio de transporte público en la modalidad deautobús durante muchos años. Dichos usuarios sometena nuestra consideración sus interrogantes, lascuales nos han obligado a asumir una actitud casi deadministración activa, ya que la Defensoría no obtiene,en la mayoría de los casos, la información suficientepor parte del Consejo de Transporte Público; situaciónque exige acudir al lugar de los hechos y así exponerlas recomendaciones o sugerencias para corregir lasanomalías denunciadas y comprobadas. Además,también ha debido atender casos en los que no sólo elConsejo ha sido completamente omiso en responderal habitante, sino que ni siquiera tiene claros los parámetrosde regulación que debe aplicar. Un ejemplo, esel asunto de la contaminación visual provocada por publicidadcomercial en las estructuras de las unidadesde transporte público, particularmente en ventanaslaterales y parabrisas trasero. En esta investigación,la Defensoría determinó que no existía una regulaciónespecífica para la rotulación comercial en la estructurade las unidades de transporte público modalidadautobús, más allá de la regulación general contenidaen la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres Nº7331 y que las empresas de transporte público delÁrea Metropolitana circulaban con sus unidades parcialmenteo totalmente rotuladas con publicidad, a lavista y paciencia del Consejo de Transporte Público,el cual reconoció que desconocía cómo regular esapublicidad.La Defensoría efectuó un estudio de campo paraobservar la publicidad colocada en unidades de transportepúblico. Al ser entrevistados, algunos usuarios“La carencia de rango legal para el Sistema para laEvaluación de la Calidad del Servicio, ha sido uno deesos obstáculos para su puesta en práctica, aunqueno el único ni el más relevante.En general, las leyes que hasta el día de hoy regulanel transporte público son incompletas,obsoletas y plagadas de lagunas, por lo quela adecuada regulación del servicio siguesiendo solo una quimera.”Dirección de Asuntos Económicos, 2008


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes63disconformes manifestaron su preocupación por suintegridad física, al no haber visibilidad de afuera haciaadentro de las unidades y por las molestias que causael hecho de no poder observar bien el recorrido y solicitarlas paradas correctamente.Según se desprende de la indagación realizada por laDefensoría, el tema de la contaminación visual ha sidopoco tratado en nuestro sistema administrativo y jurídico,ya que encontró una ausencia de normas de regulacióntécnica de dicha actividad por parte del Consejode Transporte Público, ente que tiene la responsabilidadde dictar y ejecutar controles efectivos que garanticenla seguridad y la accesibilidad del servicio. Así lascosas, esta Defensoría consideró que el Consejo deTransporte Público debería aplicar regulaciones específicasen relación al tema de publicidad en las unidadesde transporte público, ya que si el usuario pagapor el servicio de transporte público, dicho servicio seconvierte de interés público y el bien mueble, propiedadde la empresa permisionaria o concesionaria, seconvierte en un bien afecto al servicio público. Por lotanto, recomendó al Consejo de Transporte Público:1-Ordenar el retiro de la publicidad en las unidadesde transporte público modalidad autobús, ya que losempresarios concesionarios o permisionarios debencumplir con las disposiciones que la Ley de Tránsitoestablece en los artículos 31, inc. e y 113. 2- Emitir unaregulación específica en la publicidad de las unidadesde transporte público ante una eventual solicitud de losde los empresarios de dicha actividad.El Consejo, presentó un recurso de reconsideraciónque la Defensoría declaró sin lugar manteniendo elcriterio pronunciado sobre la ausencia de fiscalizacióny regulación específica en el tema de rotulación comercialen la carrocería de las unidades de transportepúblico; criterio que fue compartido por la ProcuraduríaGeneral de la República en dictamen Nº C-440-2007del 11 diciembre del 2007:“De conformidad con lo dispuesto en los artículos31, inciso e) y 113 de la Ley de Tránsito,se encuentra prohibida la utilización, en todoslos vehículos automotores -incluyendo lasunidades de transporte público-, de cualquierrótulo, cartel, calcomanía u otro materialopaco, que obstruya la visibilidad a través delos vidrios de las ventanas y parabrisas queimpliquen una disminución de la visibilidad enun 30% por ciento o más, o que obstruyanla visibilidad del conductor sobre la vía y susalrededores. Por consiguiente, en la medidaen que la publicidad utilizada en las unidadesde transporte público rebase los límites impuestosen las normas en comentario, estaríaprohibida.”2. El Consejo de Transporte Público hoy:Insuficiente, ineficiente e ineficaz.Según lo manifestado por los y las habitantes que acudena la Defensoría, el Consejo de Transporte Públicono atiende oportunamente las disconformidades de losy las habitantes usuarias del servicio de transporte público;aunque sus personeros han manifestado en reiteradasocasiones a los medios de comunicación queen el Consejo todo se encuentra al día. A manera deejemplo, podemos citar un caso en cuya investigaciónla Defensoría comprobó in situ que la empresa prestatariadel transporte público en la ruta 639, descritacomo San José-Quepos-Dominical-Uvita de Osa porCostanera Sur y viceversa, incumple con las condicionesy requisitos legales para la prestación del servicioque nos ocupa.La Defensoría comprobó en dos inspecciones realizadasa la comunidad de Uvita de Osa, que la empresapresta el servicio con tres unidades, una de las cuales,en el momento de realizar las inspecciones, no estabaautorizada por el Consejo de Transporte Público.Además, ha estado realizando un incómodo trasbordode pasajeros en la comunidad de Quepos que no estáautorizado por el Consejo. No obstante, a la fecha dela elaboración del presente informe, el Departamentode Inspección y Control del Consejo de TransportePúblico, no había realizado ningún estudio de campo yla empresa continuaba con las irregularidades ante lavista y paciencia del Consejo de Transporte Público.Mediante informe final Nº-03187-2008-DHR del 2 deabril de 2008, al Defensoría recomendó al Consejo deTransporte Público que:a. Realizara un estudio de campo para analizarlas condiciones de la prestación del servicio,particularmente al trasbordo no autorizado yaplicar lo que a derecho corresponda.b. Revisar el horario con el que opera la empresa,el cual no se ajusta a lo establecido por elDepartamento de Concesiones y Permisos.c. Realizar un estudio de flota autorizada paradeterminar si la flota actual es suficiente o sihay que aumentarla.d. Realizar una inspección a las condicionesestructurales y mecánicas de las unidades dela empresa Autotransportes La Costanera.e. Que el Departamento de Ingeniería delConsejo de Transporte Público realice elestudio correspondiente para determinar siprocede el fraccionamiento de las tarifas,así como indicar cuáles serían los puntos defraccionamiento, y coordinar con ARESEP lo


64 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008que corresponda.La inercia del Consejo de Transporte Público se pusode manifiesto, una vez más, en la investigación querealiza esta Defensoría, en relación con el servicioprestado en las rutas 142 y 143, ambas de San Isidrode Coronado, cuyo recorrido fue modificado por elConsejo con base en un estudio que no fue solicitadopor los usuarios. Esta modificación tuvo como consecuenciaque algunas localidades vieran disminuidossus horarios, frecuencias y recorridos. Los usuarios sequejaron ante el Consejo, éste nunca respondió perorealizó un segundo estudio que fue remitido a la JuntaDirectiva 8 meses después de haberse realizado. Lasy los usuarios nunca fueron notificados de ello hastala intervención de la Defensoría, lo cual ocurrió año ymedio después de haber acudido al Consejo.En este caso la Defensoría le recomendó al Consejo,aplicar los mecanismos correspondientes para quelos plazos y/o tiempos en que se realizan sus procedimientostécnicos y administrativos sean disminuidos.Un hecho curioso en el caso que nos ocupa, es queel Consejo de Transporte Público interpuso un recursode reconsideración contra esta recomendación,alegando que aunque han aplicado acciones encaminadasa reforzar el funcionamiento de dicho Consejo,la implementación de las recomendaciones resultamaterialmente imposible en el momento actual, ya quenecesitan tiempo para poder aplicar efectivamente losrecursos adquiridos y otros recursos se encuentranpendientes de solicitud de terna ante la DirecciónGeneral del Servicio Civil. Alegato que la Defensoríaconsideró inadmisible.Es claro entonces, que parte de las denuncias presentadasante esta Defensoría por violación a los derechosde los usuarios del transporte público, proviene de lafalta de respuesta inmediata por parte del Consejo deTransporte Público y la falta de fiscalización sobre laoperación de las empresas. En otra investigación secomprobó que la empresa que actualmente prestael servicio en la comunidad de Los Planes de AguaBuena de San Vito de Coto Brus, lo hace sin permisodel Consejo de Transporte Público, situación que hasido informada al Consejo por parte de esta Defensoríay por la Oficina Regional de ésta en Pérez Zeledón ya la fecha de elaboración del presente informe, no sehabía obtenido ninguna respuesta al respecto.La situación es compleja, por cuanto la empresaautorizada para prestar el servicio en la ruta en cuestiónabandonó parte de la ruta sin autorización delConsejo, mientras que este último no ha establecidoninguna sanción al respecto y más bien ha hecho casoomiso a las solicitudes de intervención que se les haremitido al respecto.Analizando todo lo anterior, es indudable la falta defiscalización, seguimiento y eficiencia del Consejode Transporte Público para atender las quejas de losusuarios. Como justificación, el Consejo en más deuna ocasión ha argumentado que no cuenta con losrecursos necesarios para realizar sus funciones, talcomo lo manifestó a propósito del caso de las rutas142 y 143 de (Coronado) arriba mencionado y en diversosoficios relacionados con otras investigaciones.Esas manifestaciones no parecen coincidir con el PlanAnual Operativo del Consejo ni con los estudios quefundamentan los cánones que financian al Consejo,según se analiza a continuación.3. Plan Operativo Anual exitoso, sistema definanciamiento exitoso, ¿por qué persisten lasfaltas de servicio en el Consejo de TransportePúblico?.En cuanto a la responsabilidad y la rendición decuentas que deben caracterizar al Buen Gobierno,la Defensoría de los Habitantes considera relevanteadjuntar al análisis del funcionamiento del Consejode Transporte Público, el hecho de que a pesar deque, como se verá, la entidad cuenta con un sistemade financiamiento propio, producto de los serviciosque debe regular y además, una evaluación del PlanOperativo Anual con metas ampliamente cumplidas,las quejas y denuncias por la prestación deficientede servicios continúan presentes en las estadísticasinstitucionales.De acuerdo con la Ley que creó el Consejo deTransporte Público (Nº 7969), éste tiene como fuentesde financiamiento los fondos procedentes de los presupuestosordinarios y extraordinarios de la República,aportes, donaciones y préstamos, los cánones sobreconcesiones y permisos de transporte y lo que se fijepor reglamento. En cuanto a los cánones, el artículo25 de dicha ley establece que con base en el principiode servicio al costo, y un sistema de costeo apropiado,el Consejo deberá cobrar un canon por cada actividadregulada. Cabe resaltar que ésta es una recaudacióneficiente ya que un 85% se realiza a través del InstitutoNacional de Seguros por medio del derecho de circulacióny el resto del porcentaje se cancela en oficinascentrales o regionales mediante entero de Gobierno.El Gobierno Central recibe el producto total de los cánonesy en el presupuesto nacional se destina la totalidadde los mismos a favor del Consejo de TransportePúblico y del Tribunal Administrativo de Transportes.El siguiente cuadro indica los montos que se hanaprobado por concepto de cánones en los últimos tresaños. Como puede verse, los montos varían cada añoy por cada modalidad. Esto permite presumir que losproyectos de cánones se han elaborado con base en


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes65CUADRO No. 1.3CÁNONESMODALIDAD/AÑO 2006 2007 % devariaciónTAXICanon por unidadCanon total:¢391.936.905.23¢ 28.660.00Canon total¢532.725.900¢30.450.0035% Canon total:¢445.942.719.062008 % devariación¢35.560.00-16%ESPECIALESCanon por unidadCanon total:¢360.710.726.51¢ 77.875.00Canon total:¢338.828.023.49¢50.670.00-6% Canon total:¢433.686.301.07¢ 70.970.0030%RUTA REGULARCanon por unidadCanon total:¢691.003.719.05¢ 201.575.00Canon total:¢911.533.849.71¢ 213.675.0032% Canon total:¢990.151.772.57¢ 219.740.008.6%Fuente: Cuadro elaborado con base en los documentos DI-AA-1860, FOE-IP-421 y FOE-OP-396 de la Contraloría General de laRepública y los proyectos de cánones de los años 2007 y 2008. Dirección de Asuntos Económicos.las necesidades de los servicios que se prestan yaque, con excepción de la modalidad especiales, elmonto ha aumentado considerablemente año a año.Es decir, si el Consejo ha requerido mayores ingresosprovenientes del canon para garantizar su efectivo funcionamiento,así lo ha solicitado y así lo ha obtenido:Cabe resaltar que durante varios períodos y por diversosmotivos, el Consejo de Transporte Público ha tenidosuperávit presupuestario. En el cuadro 4 se describela situación para los años: 2003, 2004, 2005 y 2006de acuerdo con los informes de la Contraloría Generalde la República que se encuentran disponibles:4. Superávit Consejo de Transporte Público37Por otra parte, la Contraloría ha reiterado la obligaciónde utilizar el monto de cánones recaudado, exclusivamentepara atender los fines de la Ley Nº 7969 y nootros fines. Además, el ente contralor ha indicado queprevio a elaborar el proyecto de cánones, el Consejodebe formular el Plan Operativo Anual (POA) y adjuntarloal proyecto, para su aprobación. Además, esteproyecto debe ajustarse a lo dispuesto por el PlanNacional de Desarrollo. Entonces, al elaborar elproyecto de cánones, se toman en cuenta las necesidadesde cada unidad administrativa del Consejo paradistribuir el costo. Así, debe existir una plena conexiónentre el proyecto de cánones y el Plan Operativo37 Cuadro elaborado con base en los documentos DI-AA-1995,DI-AA-1860, FOE-IP-421 y FOE-OP-396 de la Contraloría General dela República.Anual. Es decir, entre los fondos por recaudar y lasactividades que se realizan anualmente.Los lineamientos de acatamiento obligatorio para laelaboración del proyecto de cánones, incluyen montospara financiar las plazas autorizadas y las revaloracionescorrespondientes, la implementación de accionespara el reordenamiento del transporte público, la fiscalizaciónde las empresas de transporte público para elcumplimiento de la Ley Nº 7600, la reorganización derutas y la reubicación de paradas, el establecimientodel Sistema Específico de Valoración del Riesgo, lafiscalización de todas las terminales nuevas para queincorporen tecnología apropiada para personas condiscapacidad, la disminución del tiempo que ocupauna persona en realizar los trámites en una oficinaregional, entre otros.Llama la atención de esta Defensoría el que se planteecomo lineamiento el “realizar durante el año 2008 dosestudios de campo y sus correspondientes informesde resultados, para verificar los servicios prestadospor las empresas concesionarias de transporte públicoterrestre en el país”. 38 Al respecto, la Defensoría sepregunta si ello significa que solamente se planteandos estudios de campo existiendo actualmente alrededorde 700 empresas que brindan el servicio, o másbien, dos estudios de campo para cada una de las empresas.Si se trata de la primera hipótesis, ¿cuál puedeser el aporte de dos estudios anuales en relación conla cantidad de empresas por fiscalizar? Si se trata del38 Proyecto de Cánones 2008 del Consejo de Transporte Público.Junio 2007.


66 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008CUADRO No. 1.4Superávit Consejo de Transporte PúblicoAño Al 31/12/2003 Al 31/12/2004 Al 31/12/2005 Al 31/12/2006 Al 31/07/2007Monto ¢183.773.549,72 ¢153.449.689,51 ¢117.129.443,88 ¢704.075.100* ¢374.151.930Observaciones de la Contraloría General de laRepúblicaEn cumplimiento delprincipio de servicioal costo, ese montodebe aplicarse enlos gastos estimadospara el 2005, específicamentegastos decapital (¢921.153.500)Según oficio DFI-05-177 del 23/08/2005,el DepartamentoFinanciero del CTPcertifica que esa sumafue utilizada en sutotalidad, en el presupuestoExtraordinarioNº1-2005.El oficio DE-063883 del 11 deagosto de 2006indica que el superávitpresupuestarioal 31 de diciembrede 2005 es de¢273.774.226,77.De esta sumase incorporó alpresupuesto 2006en el PresupuestoExtraordinario Nº1¢156.644.782,89.Esta suma seincorporó alpresupuesto de2007 mediantepresupuestosextraordinarios1-2007 y 2-2007,por lo que noexiste saldodisponible.El informe deejecución presupuestariareflejaun saldo en lapartida “CuentasEspeciales” (sumassin asignación presupuestaria).Éstasuma se habíareservado para eltraslado horizontalde plazas enel PresupuestoExtraordinario Nº1.El CTP refleja unaejecución de apenasun 36.6% porlo que se rebajó¢187.075.950 parael 2008.Fuente: Cuadro elaborado con base en los documentos DI-AA-1995,DI-AA-1860, FOE-IP-421 y FOE-OP-396 de la Contraloría General dela República.segundo escenario, es claro que si el Consejo nuncaha realizado al menos un estudio de campo para todaslas rutas en un año, mucho menos podrá realizar dos,por lo que la Defensoría cuestiona la razonabilidad eincluso la seriedad de este tipo de planteamiento.En cuanto al Plan Operativo Anual, la Contraloría señalóen la Memoria Anual de 2006 que: “la institucióndel Sector Transportes cuyo gasto está menos relacionadocon las acciones estratégicas contenidas en surespectivo PAO es el Consejo de Transporte Público,cuya relación se redujo de 13,9% en el año 2004 al5,8% en el año 2005…” 39Resulta interesante entonces, analizar el documentoNº DPD-08-048 de la Dirección de Planificación delConsejo de Transporte Público mediante el cual serealiza la evaluación del Plan Operativo Anual de dichaentidad correspondiente al año 2007, donde se consignaque se cumplen satisfactoriamente asuntos talescomo los siguientes:“1.15.1 Resolver en el año 2007 en tiempo y formalas gestiones de 600 recursos de amparo de taxis,39 Memoria Anual 2006. Contraloría General de la República. Pág.130.buses y servicios especiales, 120 procedimientosadministrativos de taxis, buses y servicios especiales,120 procedimientos administrativos de taxis, buses yservicios especiales, 10 convenio, 25 contrataciones,50 pronunciamientos, documentos varios.”“1.16.1 Atender y Resolver durante el año 2007, 250gestiones y elaborar 13 informes relacionados condenuncias, peticiones y quejas presentadas por usuariospor deficiencias en la calidad de la prestación deservicios remunerado de personas y del CTP”“1.16.1 Lograr durante el año 2007, 10 informes de laaplicación de criterios de calidad del servicio en lasempresas de transporte público a través de estudiosde campo.”Objetivos de mejora: Mejorar el proceso de mediciónen la calidad del servicio de transporte público terrestrepara garantizar a los usuarios un servicio eficiente,de calidad y con costos razonables, así como el cumplimientode las obligaciones de los concesionarios dedichos servicios.”“1.7.1 Durante el año regular el nivel de calidad conque se presta el servicio de transporte público nacio-


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes67nal, por medio de estudios de campo para realizar untotal de 30 informes.“1.8.1 Atender durante el año 2007, 250 denunciasque corresponden a transporte público en sus diferentesmodalidades en todo el territorio nacional, converificaciones de campo por los técnicos.”“1.8.2 Remitir 260 informes hacia la Junta Directivadel Consejo de Transporte Público correspondientea denuncias y verificaciones del estado de la flota detransporte público en sus diferentes modalidades.”Con respecto a las oficinas regionales, dentro de loslogros y cumplimiento de metas que se señalan seindica que todas las regionales cuentan con vehículopara llevar a cabo trabajos de campo, se asignó personaltécnico especializado, la Dirección Técnica apoyócon personal y en su mayoría, las regionales cuentancon acceso a la base de datos a través del servidorinstitucional. Esto, según indica el documento citado,genera beneficios a los usuarios y empresarios a lahora de utilizar sus servicios. Además, se han oficializadoo reubicado paradas que eran necesarias parasatisfacer las necesidades de las y los usuarios y empresarios.Se indica además, que se logró atender yparticipar en reuniones con el fin de atender denunciasy que se aumentaron los operativos de control por loque se dio una mayor verificación de documentación ycondiciones mecánicas.Por otra parte, se indica como meta cumplida:“Satisfacer durante el año 2007, las necesidades delos clientes internos (CTP) y externos (concesionariosy permisionarios de servicio público, modalidad autobúsy taxi) y realizar durante el año 10700 documentosy actualizar bases de datos de autobuses y taxis.”Esto consiste en atender las gestiones que presentanlas y los usuarios, las solicitudes para la emisión depermisos de estudiantes, turismo y trabajadores y lasque ingresen a través de Ventanilla Única. Tambiénla atención a recursos de amparo, salidas del país,asignación de códigos de bus, demandas de permisosde servicios especiales y ocasionales, gestiones detaxis a nivel nacional y atención de requerimientos deentidades internas y externas, incluida la Defensoríade los Habitantes. Se indica que se cumplió la metapropuesta y se atendieron todas las gestiones de losusuarios en forma oportuna, en todos los servicios.De acuerdo con lo anterior, el Consejo de TransportePúblico cuenta con presupuesto de acuerdo al cobrode cánones, con superávit recurrente cada año yademás, con una evaluación altamente positiva de suPlan Operativo Anual. A pesar de ello, de conformidadcon la casuística del Área de Asuntos Económicos,persisten todos los años, quejas y denuncias referidasjustamente, a las actividades que el Consejo reportacomo metas cumplidas.5. Modernización del transporte: en busca deequidad e inclusión.La idea de modernizar el transporte no es nueva ennuestro país, ya desde finales de la década de losochentas (1987), la Dirección de Ingeniería de Tránsitodel MOPT, había realizado una propuesta de Plande Tránsito y de Transportes para la Ciudad de SanJosé.En el año 1994, se creó el Plan Director Urbano de laMunicipalidad de San José: “San José 2015: por unaciudad agradable, habitable y competitiva”. Este plande la Municipalidad de San José tenía como uno desus componentes principales el sistema vial y de transporte,donde dos de los principios considerados fueron:desconcentrar las actividades del casco urbanode San José y descongestionar sus calles, así comohacer más atractivos el uso del transporte público y losrecorridos peatonales.En el año 2000 se publicó el decreto Nº. 28337-MOPT“Reglamento sobre Políticas y Estrategias para laModernización del Transporte Colectivo Remuneradode Personas por autobuses Urbanos para el ÁreaMetropolitana de San José y Zonas Aledañas que leafectan en forma directa o indirectamente”.En los considerandos de este decreto se establece,entre otras cosas, que el Ministerio de Obras Públicasy Transportes se ha propuesto reorganizar el sistemade transporte público para que las empresas operadorascuenten con un grado de organización y capacidadempresarial que permitan un servicio al usuariode mayor calidad y eficiencia. Además, en el decretomencionado, el MOPT estableció la conveniencia deimplementar un proceso de modernización en dosetapas: una etapa de transición que abarcaría hastadiciembre del año 2002 y otra etapa de consolidacióna partir del cuarto año. También se establecieron sectoresy subsectores, así como varios tipos de rutas,como por ejemplo: rutas primarias radiales, secundarias,primarias intersectoriales y de distribución, asícomo diametrales.Recientemente, en el año 2007, por medio del proyectoPRU-GAM (Planificación Regional Urbana de laGran Área Metropolitana), se realizó un estudio, denominado“Estudio de Oferta y Demanda de Transportesde la GAM”, el cual contempló una encuesta de hogarespara conocer los patrones predominantes denecesidades de transporte urbano en la Gran ÁreaMetropolitana (GAM), con el fin de atender las necesidadesde transporte en esta región en el corto,


68 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008mediano y largo plazo y la estructuración, calibracióny aplicación de un modelo de demanda de transporteurbano basado en herramientas informáticas demodelación.No obstante los distintos estudios realizados, todosmuy importantes y de un alto costo, los cuales dejaronen evidencia los grandes problemas y necesidadesque el país ha venido experimentando en materia detransporte, no hemos avanzado en este tema. Por elcontrario, se ha evidenciado un acelerado crecimientoen la tasa de utilización de vehículos individuales lacual, sumada al crecimiento de la población de las últimasdos décadas y a la escasa o casi nula aplicaciónde políticas estructuradas en materia de transporteurbano, ha contribuido sin lugar a dudas a potenciarel congestionamientode nuestras vías, lo cual,como todos sabemos, tieneefectos negativos sobrela población.Algunos de estos efectosson muy visibles, comopor ejemplo: un incrementodesproporcionado delos tiempos de viaje, queafecta tanto a los automovilistascomo a las y losusuarios del transportepúblico, escasa inversiónen infraestructura vial, un aumento en los niveles decontaminación ambiental, mayor consumo de combustiblesen transporte, mayor cantidad de accidentesde tránsito y como si fuera poco, producto de la faltade una gestión adecuada de las distintas autoridadesque tienen la obligación de intervenir en áreas relacionadascon el transporte urbano, sistemáticamentese han venido incrementando el valor de los pasajesdel servicio de transporte público. Además, existenotros efectos provocados por los congestionamientosque no son tan visibles como los mencionados supra,pero que son igualmente complejos e importantes,como por ejemplo: el desarrollo de la dinámica socioeconómicay el aumento de la enfermedades de laspersonas, producto, esto último, de la contaminacióndel ambiente, entre otras.Con este panorama, resulta evidente que nuestrosistema de transporte está prácticamente colapsado.El transporte público en estos momentos es poco eficientey por lo tanto no es tan atractivo para los milesde usuarios y usuarias que diariamente utilizan esteservicio, mucho menos representa una alternativaaceptable para aquellas personas que actualmentese desplazan a sus actividades en vehículo particular,“(…) se debe trabajar en el desarrollo de medidasmuy concretas, con un enfoque integral y mediantelo cual se pueda aspirar a tener ciudades con unnivel más elevado en lo que a calidad de vida se refiere.Aunado a lo anterior, se debe agregar que enlos últimos diez años, el Estado costarricense ha invertidomuy poco en la reparación de la red vial asícomo en la construcción de nueva infraestructura.”Dirección de Asuntos Económicos, 2008pues este servicio público les ocasiona grandes demoraspara cubrir sus necesidades de movilidad.Ahora bien, son varias las razones que intervienenpara que nuestro país no haya avanzado en materiade modernización del transporte público. En primerlugar, esta Defensoría considera que no ha existido lavoluntad política para ejecutar proyectos que orientenhacia un cambio sustantivo en materia de transportepúblico y poner en práctica las medidas y cambiosque se requieren. En segundo lugar, tal y como lo hamencionado la Defensoría de los Habitantes en otrosinformes anuales, las anteriores administraciones tantodel MOPT como del Consejo de Transporte Públicohan carecido del liderazgo apropiado, situación que seha visto reflejada en su poca capacidad de ejecución.En tercer lugar, estima estaDefensoría que estas institucionesno han tenido elapoyo logístico adecuado,tanto a nivel administrativocomo a nivel de ejecuciónde las actividades de vigilanciay control que lescorresponde ejercer.Es claro que, a pesar de lasdeficiencias que presenta eltransporte en nuestro paísy en especial el transportepúblico, es poco el avanceen materia de modernización del transporte público.El MOPT a la fecha no ha ejecutado ningún proyectode importancia que permita corregir muchas de las deficienciasque se presentan principalmente en el transportepúblico. Así por ejemplo, algunos de los pocoscambios que se han dado, no han surtido el efecto esperado,como es el caso de los cambios viales que seejecutaron en el sector oeste de San José. En ese sentido,no cabe duda que es necesaria una intervenciónmás decidida y concreta por parte de las autoridadescompetentes, que genere los cambios necesarios quenuestro sistema de transporte público y la administraciónvial requieren, los cuales deben estar orientadoshacia un mayor desarrollo y a un mejoramiento de lacalidad de vida de nuestros habitantes.Así las cosas, la falta de capacidad de gestión y ejecuciónde estas entidades, aunado a un marco jurídicocompuesto por leyes dispersas, incompletas y contrapuestas,con grandes vacíos legales, ha posibilitado elsurgimiento de servicios paralelos, sin mayor control,como los servicios especiales (estudiantes, turismo,trabajadores), los porteadores y los taxis piratas, loscuales sin lugar a dudas han ejercido una fuerte presiónen relación con los congestionamientos que se


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes69generan a diario en nuestras vías y que tienen prácticamentecolapsado nuestro sistema vial.La presión de estos servicios paralelos ha sido tanfuerte que a principios de esta década, el transportepúblico movilizaba entre el 75% y el 80% de laspersonas que requerían transportarse. No obstante,según un estudio de Oferta y Demanda de Transportede la GAM, realizado en el año 2007 por la empresaL.C.R. Logística, S.A., estos porcentajes se redujerona un nivel aproximado de 43,5%, lo que demuestra lagravedad de no haber tomado las medidas necesariasy oportunas para mitigar el efecto que otras modalidadesde transporte tienen sobre el transporte público.6. Rutas Intersectoriales: finalmente, un avance.En el indicado Decreto Nº 28337, se propuso entreotras cosas, la integración de servicios mediante rutasintersectoriales, es decir,que la Administración leofrecería a los usuariosdel transporte público, laposibilidad de poder trasladarsea través del sistemade transporte público, de unsector geográfico a otro delArea Metropolitana de SanJosé, sin tener que pasarpor el centro de la ciudad,lo cual actualmente les generaa los usuarios, en lamayoría de los casos, untiempo mayor para trasladarsea sus destinos.En febrero del 2008, la Junta Directiva del Consejo deTransporte Público autorizó la creación de las rutasintersectoriales en el transporte colectivo remuneradode personas del Área Metropolitana de San José.Después de años del escaso avance descrito supra, laDefensoría aplaude la iniciativa del Consejo y reconoceque es un paso muy importante en el camino haciala transformación del transporte público costarricense.Según la información disponible, es claro que en elfuturo cercano se requieren ajustes como por ejemplo:definir un esquema tarifario integrado; ajustar loscuadros de demanda según el comportamiento de lamisma, una vez que empiecen a operar las rutas, asícomo la cantidad de servicios y flota, tanto en las rutasintersectoriales como en las rutas radiales primarias,de manera que se pueda lograr la integración que elproyecto de modernización pretende alcanzar.La Defensoría, sabe que en materia de modernizacióndel transporte público el camino es largo y que faltamucho trecho por andar, pero para que el proyecto“Tal como la Defensoría lo ha indicado en anterioresinformes, el Poder Ejecutivo aprobó en agosto delaño 2000 el Decreto Ejecutivo N° 28833-MOPT, medianteel cual se estableció el reglamento y el modelopara evaluar y calificar la calidad del servicio detransporte público. Sin embargo, ocho años despuésde haberse aprobado el modelo para evaluar la calidaddel servicio, aún no se aplica, sin que se hayandado las explicaciones adecuadas de esa posición.”Dirección de Asuntos Económicos, 2008tenga éxito requiere de una planificación adecuada yde que se analicen todas las variables, de modo queno haya espacio para el fracaso.La Defensoría espera, por un lado, que el MOPT y elConsejo de Transporte continúen la senda de planificaradecuadamente los proyectos que en el corto,mediano y largo plazo espera ejecutar y, por otro lado,espera que las empresas que brindan este serviciopúblico, colaboren y se unan al esfuerzo institucionalpara hacer realidad el proyecto de modernización quepor tantos años han esperado los habitantes de estepaís.7. Calidad del servicio: ¿se saldará la deuda?La Defensoría de los Habitantes ha venido denunciandosistemáticamente el hecho de que las tarifasdel transporte público continuamente están aumentando,sin embargo, lacalidad del servicio nomejora, según se desprendede las múltiplesdenuncias que las y losusuarios presentan antela Autoridad Reguladorade los Servicios Públicos,principalmente en las audienciaspúblicas a lascuales la ARESEP convocapara analizar lassolicitudes de aumento delas tarifas en el transporteremunerado de personas.No cabe duda de las tarifas deben tener una relacióndirecta con la calidad del servicio que brindan lasempresas de transporte público. Sin embargo, lasentidades reguladoras (Consejo de Transporte Públicoy Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos),muy poco han hecho para controlar que el servicio dese brinde con criterios de calidad, a pesar de que lanormativa es amplia en la asignación de responsabilidadesen esa materia.Por otro lado, cabe mencionar que, ante consultade la Defensoría sobre las acciones que el Consejode Transporte Público espera realizar en el corto ymediano plazo, para que se mejore la prestación delservicio en el transporte público, dicho Consejo indicóque actualmente se trabaja en la revisión del DecretoEjecutivo 28833-MOPT, con el fin de determinar losparámetros con los cuales las empresas pueden serevaluadas, estudio que esperan tener concluido amediados del mes de abril del presente año. Así lascosas, estima esta Defensoría que no habrían razonespara que en el corto plazo, el Consejo de Transporte


70 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008Público no evalúe la calidad del servicio en el transporteremunerado colectivo.Asimismo, la Autoridad Reguladora ante consulta similarde la Defensoría ha indicado que dentro de susplanes de corto plazo está el lograr una participacióndirecta y sensible para el usuario, realizando visitas enlas cuales la participación estará centrada en aspectoscomo:a. Registrar y documentar los cobros de tarifasno autorizados por parte de los empresarios,así como verificar las tarifas, fraccionamientosde las rutas y corredores comunes, de talforma que exista coherencia técnica entrelas rutas, distancias de las paradas y lasrespectivas tarifas.b. Verificar el cumplimiento de los horarios y lasunidades autorizadas.c. Verificar el recorrido, kilometraje y coberturade las rutas.d. Evaluar las condiciones de comodidad,limpieza, trato y operación de las unidades queprestan el servicio. Además de contabilizar lacantidad total de unidades en operación.e. Verificar la idoneidad de las características delas unidades al tipo de ruta respectiva.Además, indicó la Autoridad Reguladora que para elaño 2009 esperan contratar auditorías técnicas independientes,las cuales trabajarían con base en unmanual de procedimientos de calidad que se aplicaríaperiódicamente en una muestra de rutas seleccionadascada año.Así las cosas, dadas las gestiones que han iniciadoambas entidades, la Defensoría espera ver cumplidoel anhelo y el derecho de los miles de usuarios dedisfrutar de un servicio de transporte público eficientey estará pendiente del cumplimiento de estas propuestas.Asimismo, espera que se establezca unaadecuada coordinación entre el Consejo de TransportePúblico y la Autoridad Reguladora, de manera que nosólo se valore el sistema de evaluación más adecuadosino que además no se dupliquen esfuerzos.8. Renovación de concesiones en el transportepúblico. Una evaluación de escritorio.En el año 2000, cuando venció la mayoría de las concesionesdel transporte remunerado de personas, elConsejo de Transporte Público se encontró ante unadisyuntiva: renovar las concesiones de las empresasque ostentaban esa condición o someterlas al procedimientode licitación pública. Este último, le permitiría adicho Consejo, escoger las empresas mejor capacitadaspara brindar a los usuarios un servicio eficiente yde calidad. No obstante, el Consejo, ante la ausenciade una adecuada planificación, decidió escoger el caminomás fácil, es decir, renovar a los operadores lasconcesiones.Como parte del proceso de renovación de concesionesrealizado en el año 2000, el Consejo de TransportePúblico diseñó un contrato de concesión en el cual seconsignaron algunos compromisos para las empresas,dentro de las cuales se obligaba a éstas a cumplir conel proceso de modernización del transporte remuneradode personas, cuyas estrategias estaban plasmadasen Decreto Ejecutivo N° 28337-MOPT. Asimismo, enel contrato antes mencionado, se obligaba a las empresas,entre otras cosas, a cumplir con el Decreto N°28833-MOPT en materia de calidad del servicio.Por otro lado, es importante mencionar que si bienel artículo 21 de la ley N° 3503 establece la posibilidadde renovar las concesiones al término del plazoconcedido, también es cierto que de acuerdo con elartículo 7) del Decreto N° 28337-MOPT, esto sólo esposible si el operador ha cumplido a cabalidad con todasy cada una de las obligaciones que la ley le exigecomo concesionario. En ese sentido, el artículo 11) delDecreto Ejecutivo N° 28337-MOPT establece que: “Lainobservancia de los requisitos establecidos por el artículo21 de la ley N° 3503, implicará la no renovaciónde la concesión y en consecuencia, el MOPT deberá asacar a licitación pública la ruta respectiva”.Ahora bien, en setiembre del año 2007, venció el plazode la mayor parte de las concesiones del transportepúblico y el Consejo renovó, de nuevo sin licitación,las concesiones de esta modalidad de transporte, sinconocer si los operadores cumplieron con las obligacionesestablecidas en el contrato, o lo que es másgrave aún, quizás sabiendo que no las cumplieron,igual procedió a renovar dichas concesiones.Cabe destacar que el Consejo de Transporte Públicorealizó dicha renovación con base en un acuerdo deabril del 2007, modificado por un acuerdo de mayo del2007, en los cuales se establecieron los parámetrospara evaluar la gestión u operación del servicio brindadopor las empresas y cuyos ejes de evaluación fueron:Organización empresarial, Calificación de la flota,Calificación del servicio. Estudio técnico y financiero yObligaciones Generales. Sin embargo este sistema deevaluación realizado a las empresas del transporte remuneradode personas dejó muchas dudas en cuantoa su eficacia y pertinencia, ya que no se verificó en elcampo, si realmente las empresas estaban brindandoel servicio de conformidad con los horarios autorizadospor la entidad competente, o si la flota reportada


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes71está en condiciones óptimas para operar el servicio ysi además cumple con todos los requerimientos establecidosen el marco jurídico, entre otras cosas, la LeyNº 7600.Como se sabe, el artículo 46 de la Ley 7600 estableceque para obtener la concesión del servicio de transportepúblico, será requisito que los operadores de lasrutas regulares (beneficiarios), hayan cumplido conla revisión técnica, que compruebe que han atendidolas disposiciones establecidas en esta ley y su reglamento.Cabe destacar que para realizar el proceso deevaluación para renovar las concesiones de las rutasde transporte remunerado de personas, en el período2007-2014, el Consejo de Transporte Público contratólos servicios de la Escuela de Ingeniería Industrial dela Universidad de Costa Rica.Ahora bien, el cumplimiento de las obligaciones en laley 7600 y su reglamento por parte de los operadoresdel transporte público, no fue evaluado en el análisisprevio que la Escuela de Ingeniería Industrial realizó alas distintas empresas de transporte público con el finde determinar si dichas empresas eran sujetas de renovaciónde la concesión o no. Aún más, al momentoen que se realizó dicha evaluación y, a la fecha de laelaboración de este informe, el Consejo de TransportePúblico no ha aprobado el proyecto de modificacióndel Manual de Procedimientos de Revisión TécnicaVehicular, que es el instrumento mediante el cual sepuede verificar el cumplimiento de estas obligaciones.Por otro lado, a partir de la promulgación de la LeyN° 8556 Adición del artículo 46 bis y el Transitorio VIIIde la Ley 7600 Igualdad de Oportunidades para lasPersonas con Discapacidad, dicha ley estableció algunasobligaciones para los concesionarios y permisionariosdel transporte público, las cuales, en materia dediscapacidad quedaron establecidas en el transitorioVIII. En lo que interesa dicho transitorio estableció losiguiente:“Transitorio VIII.- A partir de la entrada envigencia del artículo 46 bis de esta Ley, todaslas unidades que se autoricen para queoperen por primera vez en el servicio detransporte público, por concesión o permiso,modalidad autobuses, deberán estar acondicionadasde conformidad con los requisitosde admisibilidad, incluida la rampa o plataformay las medidas de las puertas de acceso.A los permisionarios y concesionarios quese encuentren brindando el servicio, se lesaplicarán los siguientes plazos para cumplirlos requerimientos técnicos equivalentes quegaranticen su idoneidad funcional, seguridady accesibilidad” (…).De lo dispuesto en este transitorio, no hay evidenciade que el Consejo de Transporte Público realizara laverificación respectiva, amén de que para ser efectiva,la verificación del cumplimiento de estas obligacionesdebe realizarse directamente en los autobuses.Además, esta Defensoría considera que el Consejo deTransporte Público debió establecer condiciones mínimasque los operadores debían cumplir, de tal maneraque la Administración pueda tener la certeza de que eloperador está en capacidad de prestar el servicio enforma adecuada y eficiente y a partir del cumplimientoo evaluación de esas condiciones mínimas, procedera renovar la concesión de aquellos operadores quelas cumplieron. A manera de ejemplo, una de esascondiciones mínimas es que la Administración unavez realizados los estudios de demanda, establezca elnivel de servicio adecuado y que el operador cumplaestrictamente, con los horarios y frecuencias autorizadas,así como la flota, la cual, no sólo debe ser laadecuada, en términos de la cantidad, sino que debeestar en condiciones óptimas para operar el servicio.Esto requiere por supuesto, una vigilancia y controlcontinuo por parte de la Administración.Aún más, si lo que se pretendía era evaluar el cumplimientode las obligaciones contractuales del períodoanterior, a criterio de esta Defensoría, se debió realizaruna verificación en el campo del cumplimiento de lasobligaciones establecidas en la ley y el contrato, quedebió hacerse en forma continua y durante el períodode la concesión, sólo así podía saberse con bastanteclaridad, si la empresa ha estado operando a derechoo no en los últimos siete años. Así por ejemplo, paracalificar el servicio, entre otras cosas, se le solicitó alos operadores aportar una Certificación Notarial delos horarios autorizados vigentes a la fecha. Entoncescabe preguntarse: ¿cómo garantiza el Consejo deTransporte Público que las empresas han cumplido acabalidad con las frecuencias y horarios autorizados,si el único requisito es presentar una certificación dela información que consta en los registros de las unidadesadministrativas de dicho Consejo y no lo queocurrió durante el período anterior de concesión?Así como en el caso de los horarios, muchos de loscriterios de evaluación y calificación que estableció elConsejo para considerar como elegibles a los operadoresdel transporte remunerado de personas, fueronplanteados mediante este sistema de certificaciones,en el cual no hay forma de comprobar que las empresasincumplieron las condiciones establecidas en la leyy en el contrato. Sin embargo, dadas las innumerablesquejas planteadas por los usuarios a la Administración,es evidente que en muchas líneas de autobuses sí


72 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008hubo incumplimiento de las condiciones establecidasen el contrato de concesión, como por ejemplo loshorarios autorizados, y hoy, esas empresas el Consejode Transporte Público les renovó la concesión. Por ellono cabe más que concluir, que la renovación se ejecutócon base en evaluaciones de escritorio.9. Transporte público y Buen Gobierno: todavíamucho por hacerAl culminar este análisis del transporte público costarricensea la luz del derecho de las y los habitantes alBuen Gobierno y después de 15 años de investigar yfiscalizar las acciones y omisiones de los entes rectoresy reguladores de este servicio, la Defensoría hapodido constatar avances y logros muy valiosos a lapar que considera que todavía resta mucho por hacer.A lo largo de este período, la Defensoría ha sido testigode la eliminación de los trompos, la renovaciónde buena parte de la flota, particularmente del ÁreaMetropolitana, el cumplimiento parcial de la Ley 7600,la desaparición de la Comisión Técnica de Transportesy el nacimiento del Consejo de Transporte Público,la creación y promulgación del “Sistema para laEvaluación y Calificación del Transporte Remuneradode Personas”, el nacimiento de la Autoridad Reguladorade los Servicios Públicos y las audiencias públicas tarifariasy, en los últimos días, la creación de las rutas intersectoriales.Todos estos logros fundamentales parala realización de los derechos de las y los usuarios deltransporte público.Pero también, queda mucho trecho por recorrer paraque las y los usuarios del transporte público vean realizadosu derecho al Buen Gobierno en este ámbito.La persistente incapacidad del Consejo para atenderlas demandas de los usuarios en tiempo y forma, laausencia de verdaderas evaluaciones del desempeñode las empresas prestatarias incluso cuando se lespretende renovar sus concesiones y permisos y lasdificultades para transformar el transporte público enun sistema inclusivo y con equidad son algunos de losdesafíos que desde la perspectiva del Buen Gobiernoestán en espera de ser aceptados. La Defensoría siguedispuesta a dedicar tiempo, esfuerzo y recursospara coadyuvar a enfrentar esos desafíos.


Gobernabilidad en favor de los derechosde los niños, niñas y adolescentes:el sistema nacional de protección integral“(…) asimismo, si eres el primero en tener una idea yla haces patentar, solo te pertenecerá a ti.Por lo tanto, a mí me pertenecen las estrellas ya quenadie había tenido la idea jamás de poseerlas.Eso es cierto –dijo el Principito- ¿y qué haces tú conlas estrellas? -Las administro, las cuentoy recuento- contestó el hombre de negocios-.Es difícil, pero yo soy un hombre serio.El Principito (…) prosiguió: -Si yo poseouna bufanda puedo colocármela alrededordel cuello y llevármela, si poseo una florpuedo cortarla y llevármela a donde yo quiera.Pero tú no puedes tomar las estrellasy llevártelas a donde quieras!. –No perolas puedo depositar en un banco (…).Y eso es todo?- Sí, con eso basta.Es muy divertido –pensó el Principito-(…) pero no es muy serio. El Principito teníaideas muy diferentes a las de las personas adultasrespecto de las cosas serias.Decididamente los adultos son raros,pensó el Principito durante el viaje…”IntroducciónEl Principito, 2003.Con la entrada en vigencia de la Convención sobrelos Derechos del Niño (CDN, 1989), se genera uncambio sustancial en la realidad jurídica y social de laspersonas menores de edad, lo cual obliga al Estado ya sus instituciones, así como a la familia y a la comunidaden general a adoptar una concepción diferentede los niños, niñas y adolescentes en su conjunto y demanera muy particular, de quienes se encuentran encircunstancias especiales, debido a que sus derechosson vulnerados con mayor recurrencia.La doctrina denominada “de la situación irregular”,presupone la existencia de una profunda división enel interior de la categoría “infancia”: 1) NIÑOS, NIÑASy ADOLESCENTES con sus necesidades básicas satisfechas,para quienes el marco jurídico prevalecientede la misma resulta indiferente; 2) Los MENORES consus necesidades parcial o totalmente insatisfechas,siendo el Estado y sus instituciones las instancias decisoriasde su vida y su futuro, principalmente a travésde su criminalización o encierro.Anteriormente, la legislación, las políticas y la gestiónestatal colocaban a la población menor de edadvulnerable, en una condición de “objeto pasivo decompasión y represión” sujetos de la intervención einterferencia de las instituciones del Estado y de laspersonas adultas, sin derecho -la mayoría de las veces-a expresar su opinión (necesidades, sentimientos,intereses y pensamientos).Con la ratificación de la CDN, el concepto de niño/niñacambia sustancialmente, generando una construcciónsocial que reconoce y legitima sus necesidades y derechos,bajo principios tales como el interés superiordel niño/a, de sujeto social de derechos, de no discriminación,de autonomía progresiva, de discriminaciónpositiva, de persona como prioridad absoluta, de participaciónactiva y el de autoridad parental.De tal forma, todos los niños, niñas y adolescentes seconvierten en “sujetos activos y plenos de derechos”,dando paso a la llamada “Doctrina de la ProtecciónIntegral”; perspectiva que anula la imagen y concepciónde “menor como objeto de compasión-represión”para convertirlo en el niño, niña y adolescente, sujetopleno de derechos “... sin distinción alguna, independientementede la raza, el color, el sexo, el idioma, lareligión, la opinión política o de otra índole, el origennacional, étnico o social, la posición económica, losimpedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otracondición del niño, de sus padres o de sus representanteslegales”40. Asimismo, como país se asume elcompromiso de adoptar todas las medidas apropiadas40 Convención sobre los Derechos del Niño, Ley Nº 7184 del 09 deagosto 1990, art.2.


74 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008para garantizar que el niño/a sea protegido contra todaforma de discriminación o castigo por causa de la condición,las actividades, las opiniones expresadas o lascreencias de sus padres, tutores o familiares.El cambio doctrinal, constituye una transformación enfavor de las personas menores de edad, que marcauna verdadera ruptura en la historia de su condición jurídicay social, donde se debe comprender y aprendera respetar su protagonismo, como sujetos activos desu vida, sujeto de derechos y actores de la sociedad.Esto compromete y obliga a los Estados a realizarcambios en las estructuras organizacionales, en laforma de entender y actuar que asumen las personasadultas y en mejorar las formas para atender a la niñezy la adolescencia. Significa también, introducir nuevosconocimientos, modificar valores, actitudes, habilidadesy destrezas de trabajo, para que sean compatiblescon las prácticas basadasen la doctrina de la protecciónintegral, que sesustenta en un enfoque dederechos.La Convención sobre losDerechos del Niño, constituyela síntesis más acabadadel nuevo paradigmapara interpretar y enfrentarla realidad de todos losniños, niñas y adolescentes.De manera amplia,la Convención reconocederechos civiles, políticos(como de participación yexpresión), económicos,sociales y culturales de laspersonas menores de edaden su condición de personahumana, así como tambiénaquellos derechos específicos derivados de su especialcondición de persona en desarrollo, fundamentalespara la adecuada y plena realización de los primeros.Con la ratificación de este instrumento normativo,Costa Rica asume un compromiso internacional quedebe plasmarse en la construcción de un nuevo modelosocietario que garantice el respeto por los niños,niñas y adolescentes basado en el reconocimiento desu titularidad en el ejercicio de sus derechos. De estemodo, a partir de este replanteamiento conceptualdebe estructurarse un sistema político, jurídico e institucionalque brinde el apoyo necesario para su efectivaimplementación.“El Código de la Niñez y la Adolescencia, constituye elmarco jurídico mínimo para la protección integral de losderechos de las personas menores de edad. Ademásde enumerar los derechos y deberes de esta población,establece los principios fundamentales tanto dela participación social y comunitaria como de los procesosadministrativos y judiciales que se definen paragarantizarlos. Este instrumento regula las relacionesentre el mundo adulto y el de las personas menoresde edad, incorpora aspectos de orden sustantivo, procedimental,programático y sancionatorio. Con ello, selogra sintonizar la temática de los derechos humanosde la población menor de edad en una frecuencia radicalmentedistinta que obliga al replanteamiento de todoel modelo de protección que deben observar las institucionesdel Estado, la sociedad y la familia.”Dirección de Niñez y Adolescencia, 2008Esta consideración, es de particular importancia a laluz de la razón de ser del Estado de Derecho y del modelopolítico democrático, en tanto se introducen nuevosreferentes para garantizar la inclusión de la niñezy adolescencia como actores sociales y sujetos de laspolíticas y programas públicos. Se trata de orientar laacción estatal y social bajo un esquema paradigmáticode gobernabilidad, en que todas las personas menoresde edad sean tenidas en cuenta considerando sus derechospor igual. “La Convención sobre los Derechosdel Niño por sí sola no puede garantizar el bienestarde aquellos para quienes ha sido hecha. Para que estaherramienta legal efectivamente funcione, el Estadodebe garantizar el buen gobierno, pues solo así talesderechos se harán realidad.” 41Gobernabilidad en favor de los niños, niñas yadolescentes: visiones frescas de un nuevoparadigmaLa inclusión de un nuevo paradigma en la conceptualizaciónde un sectordel conglomerado social,hace imperativo adecuarlas estructuras existentesa partir de un proceso coherente,integral, sostenidoy dinámico. Como seha indicado en diferentesforos nacionales e internacionales,en el temade niñez y adolescencia,se debe reconocer porlo menos tres grandescomponentes de este procesoque deben servir denorte en la labor de losEstados y los gobiernospara alcanzar la efectividadde los derechos deesta población.El primer componente,refiere a la necesidad de una revisión y adecuación delmarco jurídico vigente derivado de un mandato explícitode la Convención y retomado por el Comité de losDerechos del Niño, sobre lo cual fue particularmenteinsistente en sus primeros pronunciamientos. En relacióncon el primer informe que presenta Costa Ricasobre el cumplimiento de la Convención, dicho Comitéexpresó su preocupación por lo dispersa y contradictoriade la legislación interna, a partir del referente de laConvención; insistiendo así en la necesidad de armonizarlas leyes y reglamentos relativos a los derechoshumanos de los niños, niñas y adolescentes (1994).Este mandato fue acatado por el país, mediante el iniciodel proceso de redacción del Código de la Niñez yla Adolescencia (1995), proceso que se formalizó me-41 www.savethechildren.org (página inicial)


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes75diante un decreto ejecutivo, integrando una ComisiónRedactora bajo la coordinación de la Defensoría de losHabitantes y a partir de un criterio ampliamente participativoy abierto para la población adolescente, lossectores sociales, organizacionales e institucionalesdel país.Este proceso culmina en diciembre de 1997, cuandola Asamblea Legislativa aprueba por unanimidad elCódigo de la Niñez y la Adolescencia (CNA), el cualentra en vigencia el 06 de febrero de 1998 a partir de supublicación en el Diario Oficial La Gaceta. Si bien, estehecho refleja una clara voluntad política por dar cumplimientoa la Convención sobre los Derechos del Niñoy con ello, la adopción de la Doctrina de la ProtecciónIntegral, requerirá un mayor esfuerzo en el tiempo parasu efectivo posicionamiento y consolidación, habidacuenta de lo revolucionario del planteamiento.Posterior al CNA, se promueven una serie de reformaslegislativas de suma relevancia para la adecuacióndel marco jurídico nacional con los principios de laConvención 42 , de tal forma que hasta la fecha, si bienla tarea se encuentra muy avanzada, al punto de seruno de los mayores logros alcanzados en esta primeradécada de vigencia del CNA; aún faltan algunas áreasen las cuales se debe eliminar el antiguo paradigma.Asimismo, la deuda en materia de desarrollo reglamentarioes evidente, lo que ha impedido entre otrosfactores, la plena efectividad de las normas legales yla estructuración adecuada de los criterios, procedimientose instrumentos institucionales conforme con laintención de la Convención y del Código.El segundo componente del proceso de adecuaciónhacia un modelo de gobernabilidad que sea inclusivode los niños, niñas y adolescentes, supone la promulgacióny desarrollo de políticas públicas que, haciendoefectiva la normativa, orienten la labor gubernamentaly social hacia la consecución de los propósitos de laConvención y el Código. Con 18 años de vigencia dela Convención y 10 del Código, un breve repaso sobrelos planes nacionales de desarrollo permitirá haceruna valoración sobre el estado en que el país se encuentraen la materia.Luego de este tiempo, se ha constatado con claridadla ausencia de una política de Estado en relación conla niñez y la adolescencia en Costa Rica. Además, eltiempo ha pasado y ha habido distintos esfuerzos porresponder a esta necesidad; sin embargo, a la fecha42 Algunas son la: Ley Nº 7517 Convenio Relativo a la Proteccióndel Niño y a la Cooperación en Materia de Adopción Internacional(1995), la Ley Nº 8460 Ejecución de las Sanciones PenalesJuveniles (2005), la Ley Nº 7735 Protección a la Madre Adolescente(1998), la Ley Nº 7654 Pensiones Alimentarias (1997), la Ley Nº8101 Paternidad Responsable (2001) y la Ley Nº 8111 Nacional deVacunación ( 2001).no se han definido y mucho menos, promulgado esaspolíticas, lo cual se evidencia en una dinámica errática,ambivalente –en cuanto a enfoque-, inconsistente y casuísticaque ha caracterizado la acción gubernamentalen la materia. Si bien, existen ciertas áreas en dondela política pública ha sido un poco más clara, v.gr. ensalud o en la administración de justicia, en las que selogra atisbar elementos del enfoque de derechos de laniñez y la adolescencia, lo cierto es que no se visualizanplanes de desarrollo a nivel nacional claramentedefinidos en favor de esta población. Cabe destacarque lo más ha destacado es la dispersión de programasfocalizados en situaciones de vulnerabilidad, esdecir, orientados a la satisfacción de necesidades inmediataque a la garantía de derechos y cuyo abordajeparte de la doctrina de la situación irregular.Desde una perspectiva de buen gobierno, la claridadde metas y la definición de planes de desarrollo quegaranticen la inclusión de todos los sectores de lapoblación en procura de la satisfacción de sus derechos,resulta un elemento impostergable. Sólo a partirde este referente de decisión política, respecto de laconsecución de un determinado modelo societario, sepuede advertir la voluntad necesaria para hacerlo efectivo.Una rápida referencia a los planes nacionales dedesarrollo correspondientes a los períodos 1994/1998,1998/2002, 2002/2006 y 2006/2010, para analizar elenfoque que ha regido la gestión gubernamental enestos años, mediante la delimitación y priorización deacciones para atender el cumplimiento efectivo de losderechos de la niñez y la adolescencia, permite confirmarlo indicado.Aún y cuando el país asumió la doctrina de la protecciónintegral desde 1990, con la ratificación dela Convención sobre los Derechos del Niño, no essino hasta el Plan Nacional de Desarrollo del período2002/2006 donde se visualiza la incorporación de esteenfoque en favor de este grupo etáreo. Entre otrosaspectos, se puntualiza la protección integral de laspersonas menores de edad por medio del efectivoejercicio de los derechos para alcanzar su desarrollointegral. Se incorpora el principio del interés superiorde la persona menor de edad en la gestión gubernamental,organizacional y comunitaria. También, seenfatiza en la modernización e implementación delproceso de reforma institucional del Sistema Nacionalde Protección Integral de la Niñez y Adolescencia y delPatronato Nacional de la Infancia; y se convoca haciala construcción de una cultura de respeto por los derechosde la niñez y la adolescencia, de garantía y restitucióncuando son vulnerados. Si bien, para entoncestampoco se promulgó una política nacional en relacióncon la niñez y la adolescencia, se inducen o intentan,algunas orientaciones al respecto a partir de locontenido en este plan nacional. Se acoge la Agenda


76 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008Nacional para la Niñez y la Adolescencia 2000/2010como un instrumento de trabajo de las instituciones yorganizaciones del sector; además se concluye el procesode redacción de las Políticas Públicas de Niñez yAdolescencia. En ese mismo período administrativo, elPresidente de la República en ejercicio, acordó otorgarel rango de Ministerio de la Niñez y la Adolescenciaa la Presidencia Ejecutiva del Patronato Nacional de laInfancia.Pese a tal orientación, al analizar las políticas quesubyacen en el Plan Nacional de Desarrollo 2006/2010se observa la ausencia del enfoque de derechoshumanos de la niñez y la adolescencia en la gestióngubernamental, así como de los principios rectores dela protección integral, lo que no sólo impide el desarrolloy consolidación del paradigma de la Convencióny el Código sino que, además, encamina el quehacerinstitucional en forma regresiva hacia el modelo degestión anterior, basado en un enfoque a la niñez apartir de sus necesidades, es decir, de la doctrina de lasituación irregular.No debe olvidarse, que incluso esta vinculación dela acción pública en materia de niñez y adolescenciacon los planes nacionales de desarrollo, se encuentraexpresamente dispuesta en el propio Reglamento delCódigo de la Niñez y Adolescencia, al señalarse enel Artículo 3º la sujeción a los instrumentos de planificaciónnacional, indicándose que el “Consejo actuarádentro del marco de los planes nacionales, regionalesy sectoriales de desarrollo.” 43Si a este vacío se suma la persistencia en torno a lafalta de políticas públicas de niñez y adolescencia,es clara la dificultad para alcanzar un modelo degobernabilidad favorable a la efectividad de los derechosde esta población. Esto se refleja –se analizarámás adelante- en la gestión del Sistema Nacional deProtección Integral, columna vertebral del esquema degestión en la materia.Ante el panorama descrito y considerando la necesidadde advertir sobre la amenaza que esto representapara el goce de los derechos de los niños, niñas yadolescentes del país, la Defensoría de los Habitantescon el apoyo del Foro de Seguimiento al cumplimientodel Código de la Niñez y Adolescencia, en abril del2007, manifestó a la rectoría del sector social, la preocupaciónpor la implementación de políticas que consideraransolamente las necesidades de la niñez y laadolescencia en condición de pobreza, sin contar conun enfoque más amplio e integral hacia toda la poblaciónmenor de edad. En este sentido, se instó a consi-43 Reglamento al Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia,Decreto Ejecutivo Nº33028 del 14 de noviembre de 1995, publicadoen el Diario Oficial La Gaceta Nº34 el 3 de mayo de 2006, art. 3.derar la información contenida en la Agenda Nacionalpara la Niñez y la Adolescencia 2000/2010, productodel consenso social, así como del documento denominadoPolíticas Públicas de Niñez y Adolescencia, quetrabajaron instituciones del sector; el cual además, elactual Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescenciaretoma y traslada a MIDEPLAN para su correspondienteestudio y análisis, a la luz del Plan Nacional deDesarrollo 2006/2010. Esta última propuesta aún seencuentra pendiente de aprobación.Desde esa perspectiva, los avances y logros queefectivamente existen en la materia y no se puedennegar, resultan ser más el resultado del empeño particularo subsectorial que producto de una adecuadaorientación y clarificación de metas y planes gubernamentales.Este tipo de gestión resulta contraria conuna perspectiva de buen gobierno tanto en sentido general,como en particular para este grupo etáreo y, porende, atenta contra los principios fundamentales deigualdad, equidad y solidaridad del Estado de Derechoy del sistema democrático.El tercer componente, corresponde a la construcciónde una estructura organizacional e institucional queresponda con el modelo de desarrollo asumido; garantizandouna adecuada planificación, desempeñode la gestión –en este caso tanto pública como comunitaria-,asignación y aprovechamiento de recursos yevaluación. Esto último incluye de manera particular,la existencia de mecanismos de rendición de cuentasy monitoreo que en forma periódica determinen de manerafehaciente y objetiva el grado de cumplimiento delos derechos de los niños, niñas y adolescentes.El componente de la exigibilidad de los derechos,resulta esencial para lograr su plena garantía y cumplimiento.Además de una cultura de transparenciay rendición de cuentas por parte de las institucionespúblicas en torno a la realización de sus mandatosy obligaciones, resulta preciso establecer y consolidarmecanismos de participación democrática sobrela evaluación de la gestión institucional. Desde elparadigma de la protección integral, esto incluye laparticipación activa de la propia población meta enestos procesos de monitoreo, cuya opinión y criteriodeben ser promovidos y considerados como aspectosesenciales en la evaluación. A esto, deben sumarseadecuados mecanismos de denuncia ante situacionesde vulneración de derechos y la garantía de un sistemade justicia, tanto administrativo como judicial que lahaga efectiva, que restituya los derechos lesionados yevite la impunidad.Estos aspectos fueron igualmente abordados en elCódigo de la Niñez y la Adolescencia, en sus respectivoscapítulos sobre Derecho de Acceso a la Justicia


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes77y el Proceso Especial de Protección. Asimismo, elartículo 7° de este cuerpo normativo establece que“... Las instituciones integrantes del Sistema Nacionalde Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia(...) garantizarán el respeto por el interés superior deestas personas en toda decisión pública y privada. LaDefensoría de los Habitantes de la República velarápor el cumplimiento efectivo de estas obligaciones”.Esta disposición refuerza y especifica en favor de laniñez y la adolescencia, el mandato dado por el legisladora la Defensoría de los Habitantes en materiade protección de derechos e intereses de todas laspersonas que habitan en el país y de control sobre elbuen funcionamiento del sector público; labor que secomplementa con la ejecución de actividades de divulgacióny promoción de los derechos humanos. Parala observancia de este precepto, se ha diseñado unmodelo de seguimiento al cumplimiento del Código delcual se dará cuenta más adelante.Tal como se indicó, en el Código de la Niñez y laAdolescencia queda debidamente garantizada, almenos en el nivel normativo, la protección especiale integral de los derechos humanos de las personasmenores de edad, lo cual presupone la necesidad dediseñar y aprobar políticas públicas, así como ejecutarprogramas destinados a la protección, atención,prevención y defensa de esos derechos, por mediode las instituciones del Estado y las organizacionesde la sociedad, todas articuladas mediante el denominado“Sistema Nacional de Protección Integralde los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia”,sistema sobre el cual se centra el presente análisis altranscurrir diez años de aprobado dicho Código.Sistema Nacional de Protección Integral de losDerechos de la Niñez y de la Adolescencia: unaconformación necesariaEn un particular esfuerzo innovativo para su época,el Código de la Niñez y la Adolescencia estructuró unesquema normativo que no sólo enunciara derechosy procedimientos, sino que además, estableciera lasbases de un modelo institucional como garantía de suobservancia, mediante la construcción de un sistemaintegral e intersectorial.De conformidad con el Título IV de Código, el SistemaNacional de Protección Integral de la Niñez y laAdolescencia, en adelante el Sistema, lo integran unconjunto de instituciones y organizaciones socialesrelacionadas entre sí, que persiguen un mismo propósito,el cual consiste en la protección integral de los niños,niñas y adolescentes, así como la plena garantíay realización de sus derechos:El Sistema contiene cuatro partes:a. El Consejo Nacional de la Niñez y laAdolescencia. (CNNA)Cuerpo colegiado, adscrito al Poder Ejecutivo,propiamente a la Presidencia de la República,establecido como un espacio de deliberación,concertación y coordinación entre el PoderEjecutivo, las instituciones descentralizadasdel Estado y las organizaciones representativasde la comunidad relacionadas con la materiade niñez y adolescencia. El Consejo esresponsable de asegurar que la formulación yejecución de las políticas públicas observen lapolítica de protección integral de los derechoshumanos de las personas menores de edady lo conforman las siguientes instituciones yorganizaciones.b. Las instituciones gubernamentales yorganizaciones sociales.Corresponde a: los Ministerios de EducaciónPública; de Salud, de Cultura y Juventud;Trabajo y Seguridad Social; Justicia y Gracia;Seguridad Pública; Planificación Nacionaly Política Económica. Las institucionesautónomas tales como el Patronato Nacionalde la Infancia, el Instituto Mixto de AyudaSocial, la Caja Costarricense de SeguroSocial, el Instituto Nacional de Aprendizajey el Instituto Nacional de las Mujeres. LasAsociaciones, fundaciones u organizacionesno gubernamentales, dedicadas a laprotección y defensa de los derechos de laspersonas menores de edad. Las Cámarasempresariales. Las Organizacioneslaborales.El Consejo Nacional de Rectores.c. Las Juntas de Protección a la Niñez y laAdolescencia (JPNA)Están adscritas al Patronato Nacional de laInfancia. Actúan como órganos locales decoordinación y adecuación de las políticaspúblicas en materia de niñez y adolescencia.Su creación y funcionamiento se sustenta enla Ley Orgánica del Patronato Nacional dela Infancia (art.30) y el Código de la Niñez yla Adolescencia (art.179). Las Juntas estánintegradas por un representante del PatronatoNacional de la Infancia (preside), de laMunicipalidad del cantón, del sector educativo(residente en zona), tres representantes de lacomunidad y uno de la población adolescente(mayor de 15 años) designados por elecciónpopular.


78 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008d. Los Comités Tutelares de los Derechos dela Niñez y la Adolescencia (CTDNAMediante el artículo 181, el Código crea losComités como una forma de organizacióncomunal, adscritos a las asociaciones dedesarrollo, de acuerdo con la Ley Nº3859 deDesarrollo de la Comunidad. Los Comitésdentro del Sistema Nacional de ProtecciónIntegral constituyen órganos de soportedel nivel local responsables de fiscalizar laprotección de los derechos de la niñez y laadolescencia.Queda así definida, la participación de distintos sectoressociales prestando especial atención al vínculopermanente que debe existir entre las partes queintegran este sistema, mediante el establecimiento demecanismos de coordinación y de cooperación paracumplir de manera efectiva lo dispuesto en la normay en procura de establecer y consolidar un sistemade protección integral de los derechos humanos de lapoblación menor de edad.Es prácticamente imposible, entender la esencia de unsistema si se observa solamente una parte de éste y nosu conjunto. Por ello, para asegurar su funcionamiento,el Código previó la inclusión de distintos actores socialese institucionales, involucrados directamente conla niñez y la adolescencia fundamentalmente desde elámbito de lo público tanto nacional como comunitario.No se incluye dentro del Sistema la participación delámbito familiar –quizá por la necesidad por diferenciarsedel enfoque familista, así como la propia dificultadque operativamente esto representa- pero sí se da unesfuerzo incipiente por incorporar una representaciónsimbólica de la población meta.Desde la perspectiva de un modelo de gobernabilidad,dispuesto en forma favorable a los derechos de la niñezy la adolescencia, vale la pena esta reflexión, particularmenteen torno al papel que ha desempeñado elSistema en la observancia de los derechos humanosde todos los niños, niñas y adolescentes a partir deuna verificación de algunos de los principios que informandel Derecho al Buen Gobierno 44 . Ello significadeterminar si el quehacer cotidiano de las institucionesy las organizaciones que integran el Sistema, funcionaen forma lo suficientemente articulada para garantizarel desarrollo y la calidad de vida de la niñez y la adolescenciadel país, a partir de un enfoque de derechos.44 “…participación, transparencia y rendición de cuentas. Estambién efectividad y equidad. Es promoción de la legalidad. ElBuen Gobierno asegura que las prioridades económicas, socialesy políticas están basadas en un amplio consenso social y que lasvoces de los más pobres y más vulnerables son escuchadas enlos procesos de toma de decisiones sobre la distribución de losrecursos de desarrollo.” Consejo del Parlamento Europeo. Gobiernoy Desarrollo Sostenible. 1997.Sistema Nacional de Protección Integral de laNiñez y la Adolescencia: comentarios sobre sufuncionamientoTal y como se indicó, el Sistema Nacional de ProtecciónIntegral está compuesto por un conjunto de institucionesy organizaciones que deben interactuar entresí, para asegurar la protección integral de los niños,niñas y adolescentes. Y como sistema, la actuaciónu omisión de alguna de las partes, incide en el restode éstas. Al respecto, en forma referencial, el Códigodispone de un elemento político y de decisión en elnivel nacional representado en el Consejo Nacional dela Niñez y la Adolescencia, en adelante el Consejo, unelemento programático y funcional correspondiente alas instituciones y organizaciones sociales, un elementoarticulador del ámbito local y un elemento de fiscalización,ubicado como una función particular en cadauno de los componentes del Sistema. Ello, sin perderde vista la labor de vigilancia de la Defensoría de losHabitantes que el mismo Código le atribuye, pero sinincluirla de manera explícita dentro del esquema delSistema.Se trata de una propuesta básica en la legislación,que no incluye la definición de mecanismos concretosde articulación operativa, tarea que ha quedado parael desarrollo posterior y que no es sino con la promulgacióndel Reglamento al Consejo Nacional de Niñezy Adolescencia (Decreto Ejecutivo Nº 33028 vigentedesde el 3 de mayo de 2006, ocho años después desu constitución), que se establecen algunas reglas alrespecto. Asimismo, desde el Sistema no se define larectoría en materia de niñez y adolescencia, siendoesta función atribuida al PANI por medio de su LeyOrgánica, sin que, conforme con la normativa que regulala estructura administrativo-institucional del país,sea usual depositar tal responsabilidad rectora en unainstitución autónoma. Cabe destacar que no obstantetal imprecisión jurídica y apoyado más bien en su reconocimientoconstitucional, dicha rectoría se encuentrainstitucionalmente asumida y socialmente aceptada.Inclusive en algunos momentos hasta demandada, porencima incluso de la propia construcción del Sistema ydel Consejo como instancia política de nivel superior.A partir de una resolución de la Sala Constitucional,se desprende que en todo caso, el funcionamiento delSistema y de sus respectivos integrantes no puedeinterpretarse de manera tal que desconozca, perjudiqueo disminuya las potestades constitucionales delPatronato Nacional de la Infancia. (Res. N°13583-2007 de las 15:10 hrs. del 19 de setiembre de 2007)No cabe duda, que todo Sistema necesita un eje articulador,en este caso, identificado en el Consejo, el cualse constituye en uno de los componentes fundamenta-


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes79les con atribución legal suficiente para liderar la articulacióny asegurar el debido funcionamiento del Sistemaen todos sus niveles. Desde el Consejo se debe desarrollarel proceso de toma de decisiones, formulaciónde políticas públicas, verificación de cumplimiento deéstas por parte de las instituciones y organizacionessociales que lo conforman, incluyendo la definiciónde lineamientos para aquellas instancias que si bien,no son parte formal de este órgano colegiado, tienenobligaciones claras en materia de niñez y adolescencia,v.gr., en el sector público con las municipalidadesy en el sector privado con los medios de comunicacióncolectiva. Todo ello en aras de garantizar de maneraefectiva el interéssuperior del niño/a yel efectivo goce y disfrutede sus derechos.Para lograr este objetivo,el Consejo cuentacon una SecretaríaTécnica y comisionesespeciales, incluidouna comisión permanentetécnico asesora,según lo dispuestoen su Reglamento.Particularmente, laSecretaría Técnica seapoya en el PANI, elcual provee el personal técnico. Esto facilita la armonizaciónentre la labor del Consejo y del PANI, al cualse le reconoce sin perjuicio de sus atribuciones constitucionales,una función de enlace entre el Consejo y laPresidencia de la República. 45“(…) tanto la similitud de funciones y roles del Consejo con lasdel PANI, como la falta de una regulación de funcionamientotemprana, han dado como resultado una incidencia de bajoimpacto por parte de este órgano colegiado, ello pese a losdistintos esfuerzos que desde la jerarquía del PANI se han desarrollado,así como de la voluntad particular de sus miembrosa lo largo de estos años. Se trata de un órgano, que hasta elaño 2006 cuenta con una normativa de funcionamiento propiaque oriente y ordene su quehacer, en procura de constituirseen el motor de los procesos del Sistema.”Dirección de Niñez y Adolescencia, 2008Durante esta década de vigencia del Código, se hapercibido la ausencia de esta instancia de deliberacióny coordinación, pese al alto perfil con el cual fueconcebido (recuérdese su adscripción a la Presidenciade la República y la integración con los jerarcas de lasinstituciones que lo conforman). La discontinuidad ensu funcionamiento, la falta de definición y desarrollode un plan de acción claro y sostenible, así como elalejamiento con las otras partes del Sistema (llámeseJuntas de Protección y Comités Tutelares), son partede las razones por las cuales aún no se percibe la tananhelada articulación entre los distintos componentesdel Sistema, siendo apenas puntuales los logros obtenidosproducto de la articulación del Sistema Nacionalde Protección a la Niñez y la Adolescencia como tal. 4645 “El Patronato Nacional de la Infancia, en adelante PANI, en sucondición de ente rector en materia de niñez y adolescencia segúnlo establecido en el artículo 55 de la Constitución Política, actuarácomo enlace coordinador entre la Presidencia de la República yel Consejo, y le corresponderá la conducción técnica del mismo.”Reglamento del Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, art.5ª párrafo segundo.46 Entre esos logros se puede citar la conformación de laCabe destacar, que recientemente cuando se percibenalgunos cambios en la actuación de este cuerpocolegiado, incluyendo la importancia de garantizaruna representación institucional del más alto nivel,como lo es la presencia de la mayor parte de los jerarcasde las instituciones públicas; la Presidencia-en su momento, asumida por la Vicepresidenta de laRepública-, así como la presencia (con voz pero sinvoto), de representantes de los Comités Tutelares dela Niñez y la Adolescencia. Se debe destacar además,que la participación de las organizaciones sociales vinculadascon la protección y con la defensa de la niñezy la adolescencia, son quienes han sido constantes yhan impulsado la sostenibilidadde algunosprocesos de definiciónde políticas, incluyendola Agenda Nacional y lapropuesta de PolíticasPúblicas de la Niñez y laAdolescencia.El trabajo conjunto entrelos diferentes actoresque conforman elConsejo, es esencial enprocura de retroalimentarla tarea de éste dentrodel Sistema, paraque la formulación y ejecución de las políticas públicasestén conformes con la política de protección integralde los derechos de las personas menores de edad.Precisamente, la debilidad del planteamiento sobre laprotección integral de los niños, niñas y adolescentesen el Plan Nacional de Desarrollo vigente, así como lafalta de promulgación de una Política Pública de Niñezy Adolescencia durante toda esta década, son muestrasclaras de la deuda que el Estado costarricense engeneral y el Consejo, tienen con la niñez y la adolescenciaque habita en el país.En consecuencia, el proceso de planificación, elaboraciónde planes anuales operativos, así como deprogramación presupuestaria; la evaluación y la consecuenterendición de cuentas, no está orientado, nipermeado por una política pública de protección integral,que a la vez, en forma dinámica, logre incidir en laarticulación y fortalecimiento del Sistema, en la gestiónComisión Nacional para la Explotación Sexual Comercial deNiños, Niñas y Adolescentes (CONACOES), el reconocimiento dela Agenda Nacional como “un Plan Nacional que contempla lasmetas requeridas para concretar los compromisos nacionales einternacionales adquiridos en materia de niñez y adolescencia,incorporadas en una secuencia priorizada de programas y accionestendientes a integrar la voluntad política de los principales actoressociales de la comunidad nacional, hacia la construcción de unapolítica de Estado en esta materia, con un plazo de ejecución dediez años”, como fue plasmado en el Reglamento del Consejo.


80 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008institucional desde el nivel central y local, así comoen la actuación y empoderamiento de las estructurassociales del ámbito comunitario para proteger integralmentelos derechos de la población menor de edad ygarantizar su participación en estas estructuras.rados, al mismo tiempo que le faculta para adoptar lasmedidas necesarias con el fin de restituir el ejerciciopleno de esos derechos; asegurando el desarrollointegral y el respeto por la dignidad humana de estegrupo social.Si bien, respecto del PANI, el Código dispuso unaserie de atribuciones, particularmente en el tema delProceso Especial de Protección en sede administrativay otras obligaciones específicas propias de sucompetencia, sobre su participación en el Sistema y enel Consejo, aparte de ser integrante de éste, no existeuna caracterización particular propia de su mandatoconstitucional. El artículo 171 incisos c) y d) reconocela obligación del PANI de elaborar y presentar alConsejo informes de seguimiento y auditoría del cumplimientode los derechos de las personas menores deedad, así como evaluar periódicamente las políticaspúblicas sobre niñez y adolescencia. 47 Debe recordarseque la actual Ley Orgánica del PANI antecede a lapromulgación del Código de la Niñez y la Adolescenciay dado el corto tiempo en que ambos cuerpos legalesfueron emitidos, el segundono desarrolla en extensosobre esta institución ysu papel en el Sistema. Eshasta la promulgación delReglamento al Consejo,que se delimita de maneramás clara el papel quejuega el PANI en esta instanciadeliberativa, conformecon lo indicado líneasatrás.Además de ser la instancia de protección especial dela niñez y la adolescencia en el país por excelencia,según disposición del constituyente, resulta clara lanecesidad de redefinir la intervención del PANI a la luzdel paradigma de la protección integral en procura degarantizar en forma plena los derechos de los niños,niñas y adolescentes sin distinción alguna y en un marcode derechos humanos y de desarrollo. Queda atrásla vieja concepción de un PANI, limitado a intervenirtan sólo ante situaciones irregulares de los “menores”(ante la desventaja social y abandono como se concibierainicialmente en 1930), debiendo abrirse haciauna nueva forma de abordaje que comprenda todaslas formas mediante las cuales deben garantizarse losderechos de esta población. Esto queda claramenteestablecido en el marco regulatorio vigente (Códigoy Ley Orgánica del PANI), especialmente en lo queatañe al Proceso Especial de Protección, mecanismode garantía para la preservación los derechos de laspersonas menores de edad cuando éstos son vulne-47 Ello de conformidad con el art. 4 inc. d) de la Ley Orgánica delPANI, Nº 7648 del 9 de diciembre de 1996.“Respecto de la protección especial, es evidente queel PANI desempeña un papel trascendental dentro delSistema Nacional de Protección, correspondiéndole unpapel de liderazgo en el Sistema, dada su especialidadtécnica y su competencia en la protección integral de laniñez y la adolescencia.”Dirección de Niñez y Adolescencia, 2008A partir de su mandato legal y con la experiencia decasi setenta y ocho años de trayectoria en la tutelade los derechos de las personas menores de edad,el PANI es la institución que debe conducir el procesode protección integral, convocando a las institucionesy organizaciones sociales para lograr consenso y trabajardesde una planificación y cooperación conjuntalos asuntos de niñez y adolescencia. Por ello, hastatanto en el PANI no se concrete el proceso de reformainstitucional y se asuma la tutela de los derechos delas personas menores de edad desde los principiosque rigen la protección integral, resulta difícil que talconducción sea efectiva y consecuente con el mandatoconstitucional y legal correspondiente.Al igual que con el Consejo y a partir del referente de lapromulgación del Códigoen el año 1998, ha transcurridouna década sin quese pueda afirmar que demanera efectiva, eficiente,transparente, continua yplanificada, el PANI hayacumplido a cabalidad consu misión.En ese sentido, preocupaa la Defensoría de losHabitantes que desde 1997 cuando empieza a regirla nueva Ley Orgánica (Nº7648), el PANI ha iniciadodiversos procesos de reforma institucional que aúnno logra materializar. De manera particular, preocupatambién, que siendo la institución llamada a tutelar losderechos de todos los niños, niñas y adolescentes, suactuación varíe según la perspectiva o interpretaciónque tenga la jerarquía institucional (sea la PresidenciaEjecutiva y la respectiva Junta Directiva) sobre estamateria, cuando esa tutela debe trascender y tenercontinuidad en el tiempo, debido a que está regida porlos principios rectores de la Doctrina de ProtecciónIntegral. Tal situación, deriva en la ausencia de liderazgoy de posicionamiento institucional para incidir tantoen la gestión del Consejo como del resto de las partesque componen el Sistema.Desde la Administración anterior (2002-2006) y hastala actual, se hacen manifiestos algunos esfuerzos porconcretar las acciones de reforma institucional queconduzcan al diseño de un modelo de gestión conformecon un esquema de gobernabilidad inclusiva de losderechos de la niñez y la adolescencia que facilite la


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes81articulación en lo interno y externo del Sistema, particularmenteen la interacción entre el ámbito nacionaly local.Actualmente, se reconoce como objetivo del procesode reforma al que está sometida la institución:“Garantizar el cumplimiento de los derechos de losniños, niñas y adolescentes para su desarrollo integral,a través de su misión como institución rectora, conun modelo de desarrollo integral, una organizaciónadecuada, recursos humanos idóneos, ambientes detrabajo apropiados a las necesidades técnicas y administrativasy con tecnologías y sistemas de informaciónque apoyan la gestión y la toma de decisiones”. 48El esquema del Sistema, sería incompleto si no secontemplara la armonización con la gestión local ycomunitaria. Es así que se incluyen en el Sistema lasJuntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia ylos Comités Tutelares de Derechos de la Niñez y laAdolescencia, como instancias de base comunitariasustentadas por el Código; responsables de trabajardesde el nivel local en la promoción y protección integralde las personas menores de 18 años.Las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia,están adscritas al PANI y deben actuar como órganoslocales de coordinación y adecuación de las políticaspúblicas sobre niñez y adolescencia. Cada Juntaestá integrada por siete miembros: un representantedel PANI (preside), de la Municipalidad y del sectoreducativo a los que se suman cuatro miembros de lacomunidad, siendo uno de ellos el/la representante delgrupo de adolescentes de la zona. 49 Con esta representación,se procura promover entre este sector poblacionalla participación, la expresión de sus opiniones,necesidades e inquietudes, así también facilitar lacapacidad decisoria y propositiva en los asuntos quele afecten o atañen en su entorno social.Por otra parte, los Comités Tutelares están adscritos alas asociaciones de desarrollo, de acuerdo con la LeyN° 3859 de Desarrollo de la Comunidad, constituyenuna forma de organización comunitaria que coordinaacciones y actúa como órganos de vigilancia de la protecciónintegral de los derechos de la niñez y la adolescenciadel territorio donde interactúan. Sus fines soncolaborar con la asociación de desarrollo, velar por elcumplimiento de los derechos de las personas menoresde edad en su comunidad y funcionar como centrode mediación en la resolución de conflictos propios de48 www.pani.go.cr/spreforma49 Las Juntas de Protección a la Niñez y la Adolescencia seencuentran constituidas en la Ley Orgánica del PANI, art. 30 y ss.El Código de la Niñez y la Adolescencia introdujo una reforma ensu conformación al incorporar un/a representante de la poblaciónadolescente, mayor de 15 años, con voz y voto (art. 179).la materia. Los Comités, para su constitución y funcionamiento,pueden contar con los recursos del Fondopara la Niñez y la Adolescencia, el cual es creado parafinanciar proyectos de base comunitaria, en favor delas personas menores de edad. (Artículo 184, CNA)No obstante, la importancia de consolidar esta plataformalocal y comunitaria a favor de la niñez y la adolescenciadurante estos diez años, estas instanciasno han contado con el apoyo necesario para su constitucióny consolidación en las distintas comunidadesdel país. Precisamente la existencia de diferenciassustanciales y las brechas en cuanto al efectivo cumplimientode los derechos de los niños, niñas y adolescentesque se dan en los cantones del país, comolo acreditó el estudio realizado al efecto por UNICEF,confirman estos vacíos.Con el apoyo de UNICEF, es que en los últimos añosse desarrollan acciones puntuales para fortalecer elnivel local del Sistema, siendo que hasta el momentose encuentran constituidas 59 Juntas de Protección ala Niñez y la Adolescencia.Para la Defensoría de los Habitantes, es importantereconocer algunos esfuerzos para poner en marchael Sistema Nacional de Protección Integral desde laplataforma local, como lo es la labor que al respectoha venido realizando la Dirección Nacional para elDesarrollo de las Comunidades (DINADECO). Estainstitución ha logrado impulsar una estrategia de observaciónde derechos; aprovechando la dinámicay estructura del movimiento comunal, así como elfortalecimiento de los gobiernos locales para la sostenibilidadcantonal. Se ha estimulado y apoyado a lasorganizaciones comunitarias para que incorporen ensus planes de trabajo el tema de la protección socialintegral de las personas menores de edad, creandocondiciones propicias para la constitución y fortalecimientode los Comités Tutelares de los Derechos dela Niñez y la Adolescencia. Dentro de esa estrategiade intervención comunitaria, se pretende potenciarlas capacidades del movimiento comunal para crearambientes protectores capaces de prevenir y disminuirlas amenazas y las violaciones de los derechos de laspersonas menores de edad y de promover conductasproclives al ejercicio de sus derechos fundamentales.Es en correspondencia con esa gestión y a partir dela necesidad de fortalecer la base comunitaria delSistema, que se firmó una Carta de Entendimientoentre DINADECO y el PANI; estrategia que buscamecanismos para articular y fortalecer la gestión comunitariaen el proceso de protección de los derechoshumanos de la niñez y la adolescencia, en una acciónconjunta entre las Juntas de Protección y los ComitésTutelares.


82 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008Además, es necesario propiciar que estas organizacionesdel nivel comunitario cuenten con una normativaque regule su gestión, aspecto que también ha sidoseñalado por el Comité Internacional de Derechos delNiño en las recomendaciones emitidas en su últimoinforme. Se indica así que el Estado debe adoptar “todaslas medidas necesarias para aumentar la eficaciade las Juntas de Protección y los Comités Tutelaresy proporcionarles, así como al Patronato Nacional dela Infancia (PANI), recursos financieros suficientesque les permitan realizar plenamente su mandato,y redoblar sus esfuerzos para establecer Juntas deProtección y Comités Tutelares en todos los cantonesy distritos.” 50Hasta el momento, DINADECO ha conformado 392Comités Tutelares de los Derechos de la Niñez y laAdolescencia, un Comité Consultivo de los ComitésTutelares y se logró un espacio –con voz pero sin votoenel Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia.Este esfuerzo debe ser sostenido y progresivo, demodo que no sólo se garantice la conformación de estosespacios, sino que además se consolide su gestióndentro de la comunidad con el apoyo técnico y presupuestariodel resto de los miembros del Sistema y bajolas políticas que al efecto el país adopte.Cabe destacar que en los últimos dos años, se ha incorporadoal Plan de Trabajo del Foro Permanente deSeguimiento al Código de la Niñez y la Adolescenciaque lidera la Defensoría de los Habitantes, el objetivode promover la integración de los distintos niveles delSistema, para lo cual un referente fundamental esacercarse a la realidad de las comunidades. Con estepropósito, se dispuso en el 2007, la visita del Foro acuatro cantones tenidos como prioritarios a partir delestudio efectuado por UNICEF 51 en relación con elIndice de Vulnerabilidad Infantil. En ese sentido, a partirde dicho estudio, se seleccionó a los cantones deOsa-Palmar Sur, Puntarenas, La Cruz-Guanacaste yCorredores-Ciudad Neilly, siendo importante referirsea algunos de los principales señalamientos que fueroncomunes en estas zonas en relación con el funcionamientodel Sistema.Se destaca:a. Ausencia de acompañamiento, asesoríay orientación por parte de las autoridadescentrales de las diferentes instituciones.Se alega falta de capacitación permanenteen derechos humanos de la niñez y laadolescencia.50 Recomendación CRC/C/15/ Add.117, párr. 10).51 Derechos de la Niñez y la Adolescencia “Una Mirada Detalladaa las Brechas Cantonales y Regionales”. Programa Estado dela Nación. 2006b. No existe una política pública de niñezy adolescencia que involucre el nivelregional y que responda a las necesidades,características y realidad de la localidad, loque incide en la carencia del correspondientepresupuesto para trabajar.c. No existe una instancia que promueva y facilitela coordinación, cooperación e integracióninterinstitucional para la ejecución de proyectosy acciones que respondan a las necesidadesy fomente el desarrollo social local de la niñezy la adolescencia. Los proyectos que seejecutan no son sostenibles, porque tienenéxito solo mientras una organización foránealidera y convoca el proceso.d. El trabajo que realizan las instituciones yorganizaciones de protección integral a laniñez y la adolescencia está disperso, noexiste articulación de acciones, lo que generaun desgaste en el personal, hay desperdiciode recursos y es bajo el impacto en lapoblación meta. No obstante, la existenciade Juntas de Protección y conformación deComités Tutelares en esas zonas, el trabajono se logra coordinar ni armonizar. Es asícomo más allá del compromiso que exista ylos esfuerzos emprendidos por los miembrosde la comunidad, les resulta difícil cuando laactuación de las instituciones no es articuladani integral.Lo anterior es el reflejo de la falta de planeamiento, porparte de las instituciones que deben acompañar, orientary asesorar la gestión de las Juntas de Protección yde los Comités Tutelares, así como velar por la sostenibilidadde los procesos que se emprenden, creandocondiciones que permitan a los/as miembros de lacomunidad empoderarse para mejorar las condicionesy calidad de vida de la población menor de edad; asegurandoasí su desarrollo integral y pleno.Por otra parte y a partir de la valoración que en añosanteriores se ha llevado a cabo en relación con la respuestaestatal a situaciones puntuales, la Defensoríade los Habitantes también puede observar que en materiade protección integral a los derechos de la niñezy la adolescencia, existen espacios dirigidos hacia laatención de situaciones que vulneran los derechos dela población menor de edad, en donde muchas veceslas acciones que se emprenden no son coordinadasinterinstitucionalmente dentro del Sistema Nacional deProtección Integral.Esto ha generado la constitución de espacios, programasy procesos, en algunos casos, duplicados,lo cual no resulta conforme desde una perspectivade buen gobierno, en tanto no permite la adecuada


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes83planificación, armonización y correspondencia de losobjetivos, la dispersión de recursos, provocando unagestión más onerosa, poco eficiente y eventualmentecontradictoria. Como ejemplo, se tiene que:1. A partir de distintos cuerpos normativos, se hanconstituido diferentes órganos colegiados, sinque se evidencien, mecanismos adecuadosde coordinación, dada la cercanía en susmandatos y en la población meta. Es lasituación del Consejo de la Madre Adolescente,el Consejo de la Persona Joven, el Consejode Sexualidad Humana y el Consejo Nacionalde la Niñez y la Adolescencia.2. En el nivel gubernamental se lideran diversascomisiones responsables de garantizar laprotección integral de la niñez y la adolescenciacontra el trabajo infantil, contra la explotaciónsexual comercial, la trata, la desnutrición,la adicción a drogas y para el cumplimientode la Agenda Nacional, entre otras. De esascomisiones se derivan planes para prevenir,atender y proteger a la población menor deedad expuesta a estas amenazas. Al respecto,la Defensoría de los Habitantes no ha tenidoevidencia sobre las medidas adoptadas porparte del Consejo para asegurar la efectivaarticulación de las acciones interinstitucionalesy atender de manera efectiva, oportuna yracionalmente estas problemáticas desde ladinámica del Sistema. Ello es particularmentepreocupante, si se considera que en buenacantidad de estas comisiones coinciden lasinstituciones (no necesariamente las/losinterlocutores), creando desconocimientoy confusión a lo interno de éstas, entrelas instancias del sector y entre el nivelnacional y local. Tampoco el quehacer deestas comisiones se armoniza con las metas ycompromisos de la Agenda Nacional.3. Se conoce también la existencia de distintaspolíticas que ejecutan algunas instituciones,tales como Política Nacional de Alimentacióny Nutrición 2006-2010 (Ministerio de Salud),Política Educativa hacia el Siglo XXI 2006-2010, Nuevo Desarrollo del Sistema EducativoCostarricense (Ministerio de EducaciónPública), Política de la Persona Joven (Consejode la Persona Joven), Políticas Educativaspara la Sexualidad Humana (Ministerio deEducación Pública), entre otras, cada unapromovida por sus respectivos entes rectores;no obstante, no se tiene información sobrela articulación o conjugación de éstas conel proceso de protección integral que debegarantizar el Sistema Nacional.4. En la aplicación e interpretación de lalegislación que garantiza la protección integralde la niñez y la adolescencia, la práctica revela–y así se evidencia de las distintas denunciasque recibe esta institución- no sólo la faltade armonización de las normas conformelos principios rectores de la materia como elinterés superior del niño/a, el principio de sujetosocial de derechos, de no discriminación,de autonomía progresiva, de discriminaciónpositiva, persona como prioridad absoluta,de participación activa y el de autoridadparental. A esto se suma la falta de asimilaciónde estos principios por parte de los y lasoperadoras del Sistema, lo que se traduce enviolaciones a los derechos de los niños, niñasy adolescentes. Debe tenerse presente quela doctrina de la protección integral, a partirde la ratificación de la Convención, permeatodo el bloque de legalidad en la materia,siendo que no se limita al Código de Niñezy Adolescencia. Es así que resulta necesariotener esto en cuenta en la observancia yaplicación de normativa especial, igualmentereferida a este sector de población como la LeyGeneral de Educación, la Ley de Justicia PenalJuvenil, la Ley de Madre Adolescente, la Ley dePaternidad Responsable, la Ley de Control dePropaganda, entre otras.Como se indicó antes, otro aspecto que incide enla desarticulación del Sistema, es la falta de unReglamento que regule, a partir del modelo de protecciónintegral de la niñez y la adolescencia, la actuacióninstitucional y los diversos procesos que debenatender, de modo que respondan de una mejor formaa los principios de buen gobierno. Desarticulación quetambién significa dispersión de los recursos institucionales,lo cual impide aprovechar adecuadamente lodisponible y valorar con certeza lo requerido.Al analizar la efectividad del Sistema, a la luz del gradode cumplimiento de los derechos de los niños, niñasy adolescencia, se pone en evidencia los rezagosque aún se conservan y los desafíos que se imponenpara revertir los procesos de desigualdad existentes,lejanos a la pretensión de alcanzar un sistema justopara este sector etáreo. Algunos indicadores ilustranesta realidad, tal como es el índice de vulnerabilidadinfantil. En el caso de las personas menores de edad,se consideran las dos primeras décadas de vida, queengloban a los tres grupos más vulnerables: niños/niñas, no natos, infantes y adolescentes; entendiendopor vulnerabilidad infantil “aquellas situaciones en lasque hay presencia de factores que impiden o puedenimpedir un adecuado desarrollo físico intelectual oemocional, de los niños, niñas y adolescentes y que


84 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008los coloca en una situación de desigualdad de oportunidadespara su integración social”. 52En este caso, el mayor índice de vulnerabilidad infantilse encuentra en los cantones fronterizos y loscosteros. Cerca del 37% de la población total delpaís corresponde a personas menores de 18 años, el15,3% está en muy alta vulnerabilidad, un 21% en altavulnerabilidad, un 24.1% en mediana vulnerabilidad,un 25.8% en baja vulnerabilidad y un 13.8% en muybaja vulnerabilidad.Otro indicador lo representa el de necesidades básicasinsatisfechas (NBI) de albergue, higiene, saber y consumo,las cuales de alguna forma reflejan la situaciónespecífica de cada vivienda y sus habitantes, perotambién la calidad de la infraestructura pública que lesbrinda los servicios. De nuevo se estima que el porcentajemayor de población deteriorada se encuentraen zonas rurales, fronterizas y costera.En distintos foros de análisis, incluso en aquellosrealizados en el marco del décimo aniversario delCódigo de la Niñez y Adolescencia, existe coincidenciaen torno a la inoperancia del Sistema Nacional deProtección Integral como garantía de protección de losderechos de esta población, lo que representa un llamadoa la acción inmediata. Existen diversas propuestaspara dar inicio a esta tarea y procurar a la brevedadposible poner en marcha el Sistema ; demanda quesintetiza en buena medida lo que ha venido señalandola Defensoría de los Habitantes en relación con lainexistencia de un modelo de desarrollo y de gestióngubernamental claramente orientado y efectivamentecomprometido con las reformas sustanciales que exigenla atención de la niñez y la adolescencia a partirde un enfoque de derechos y bajo una perspectiva deprotección integral.Sistema Nacional de Protección de la Niñez yla Adolescencia:La Defensoría de los Habitantes, ha venido dandocuenta sobre el proceso de aplicación y exigibilidadde los derechos de la niñez y la adolescencia, paraatender de manera efectiva la responsabilidad develar por el cumplimiento efectivo de los derechos dela niñez y la adolescencia, durante los últimos nueveaños, mediante la implementación de un Modelo deSeguimiento al Cumplimiento del Código de la Niñez yla Adolescencia , Es así como desde al año 1999, lasinstituciones públicas rinden cuentas sobre el acatamientode las disposiciones establecidas en el Código52 Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Una mirada Detalladaa las brechas cantorales y regionales. Programa Estado de laNación.2006mediante la elaboración de un informe anual de cumplimientoque remiten a la Defensoría.Ante la preocupación mostrada por la evidente desarticulacióndel Sistema Nacional de Protección Integraldesde el año 1999, la Defensoría de los Habitantes haemitido recomendaciones al Consejo Nacional de laNiñez y la Adolescencia relacionadas con los siguientesasuntos:5. La imperiosa necesidad de abocarse a laelaboración de una Política Pública de Niñezy Adolescencia que le permita al Consejoconstituirse en una instancia efectiva dedeliberación, concertación y coordinaciónentre el Poder Ejecutivo, las instituciones delEstado y las organizaciones representativasde la comunidad, para tratar los asuntos deniñez y adolescencia de conformidad con losderechos humanos que le asisten. El hechode contar con una Política Pública permitefavorecer el proceso de transformaciónconcertada de la labor de las institucionesmediante la ejecución de programas deprotección, prevención, atención, defensade los derechos humanos de la niñez y laadolescencia.La protección integral de los derechos de la niñez yla adolescencia, no puede circunscribirse al ámbitoinstitucional, pues las políticas públicas tanto comola reglamentación del Sistema deben establecer unaestrategia de intervención que recorra todas las partesque lo conforman, desde el Consejo, las institucionesde Gobierno y las organizaciones sociales, hasta llegara las Juntas de Protección y a los Comités Tutelares,logrando así la unificación y articulación del SistemaNacional de Protección de la Niñez y la Adolescencia,para que todos los actores se articulen y armonicencon el modelo de protección integral.6. Desde la Defensoría, se ha instado alas instituciones para que el tema de laprotección integral de la niñez y adolescenciase plasme en los planes anuales operativos,así como los presupuestos institucionales.Suelen identificarse que las acciones quese desarrollan corresponden a subpartidasde un programa institucional marco.Justificando así, la inobservancia de losderechos humanos de esta población, porrazones de presupuesto, por rigidez en laformulación de éste, o bien, por que lasautoridades responsables de la aprobaciónde los recursos, mantienen regulacionespara su ejecución, que obstaculizan elcumplimiento efectivo de esa obligación.Sin embargo, si bien se visualizan algunos


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes85avances en la materia, al menos en el nivelde planificación, ello no se plasma en formacorrelativa en los presupuestos institucionales.En este sentido, se destaca la gestión emprendidapor las autoridades del Instituto de EstudiosInterdisciplinarios de la Niñez y la Adolescencia(INEINA) de la Universidad Nacional, al solicitar a laContraloría General de la República establecer dentrode los lineamientos generales para la formulación deplanes operativos y presupuestos de las institucionespúblicas, lo correspondiente al cumplimiento del artículo4 del Código de la Niñez y laAdolescencia 53 y mismo artículode la Convención sobrelos Derechos del Niños.Instancia que fue acogidapor el ente contralor, el cualdispuso prever a las institucionessu responsabilidaden la verificación de cumplimientode estas normaspara los presupuestos del2008 (oficio DFOE-324 del30 de octubre 2007). Taldisposición empezará a seraplicada en los proyectosde presupuesto para el período2009. Sin embargo, laobligación de dotar de losrecursos necesarios paracumplir de manera efectivacon estas obligaciones nose agota en esta medida,siendo necesario contar con una voluntad políticaefectiva que garantice la transversalidad etárea enestos presupuestos.Otra de las preocupaciones expresadas por laDefensoría de los Habitantes a las instituciones desdela promulgación del Código, ha sido la importancia deposicionar el tema de protección integral de la niñezy la adolescencia en la gestión gubernamental, me-53 Artículo 4º Políticas estatales. Será obligación generaldel Estado adoptar las medidas administrativas, legislativas,presupuestarias y de cualquier índole, para garantizar la plenaefectividad de los derechos fundamentales de las personas menoresde edad.En la formulación y ejecución de políticas, el acceso a losservicios públicos y su prestación se mantendrá siempre presente elinterés superior de estas personas. Toda acción u omisión contrariaa este principio constituye un acto discriminatorio que, viola losderechos fundamentales de esta población.De conformidad conel régimen de protección especial que la Constitución Política,la Convención sobre los Derechos del Niño, este Código y leyesconexas garantiza a las personas menores de edad, el Estadono podrá alegar limitaciones presupuestarias para desatender lasobligaciones aquí establecidas. Código de la Niñez y la Adolescencia( Ley Nº 7739)“Uno de los principales prismas, a través de los cualesla Defensoría de los Habitantes toma el pulso del gradode asimilación y adecuación del modelo gubernamentalacorde con la doctrina de la protección integral, lo sonlas denuncias que cotidianamente se reciben en la institución,que señalan de manera continua la falta de laspolíticas públicas, la sostenibilidad, efectividad y equidaden los programas públicos, la inacción de los mecanismosprotectores ante situaciones de vulneraciónde los derechos de los niños, niñas y adolescentes delpaís. Se evidencia que la gestión gubernamenta,l nose encuentra aún diseñada para garantizar la atencióny satisfacción de de los derechos de esta población yque todavía se mantiene un enfoque más centrado enla atención de las necesidades inmediatas a partir desituaciones irregulares.”Dirección de Niñez y Adolescencia, 2008diante el establecimiento de una instancia interna encada una de las instituciones, que sea responsablede observar los derechos de las personas menores deedad. En ese sentido, la Defensoría reconoce, de maneraparticular, el esfuerzo realizado por el Ministeriode Trabajo y Seguridad Social, el Ministerio de Culturay Juventud, el Ministerio de Salud, el Ministerio deEducación Pública, la Caja Costarricense de SeguroSocial y DINADECO por acatar esa recomendacióny fortalecer la gestión de esas estructuras institucionales,encargadas de velar por la efectiva aplicaciónde los derechos de la niñez y la adolescencia y laadopción de este enfoquede derechos en toda lagestión institucional.Debe puntualizarse quequeda mucho trabajo porrealizar, para garantizarque los principios de participación,efectividad yeficiencia, equidad e inclusividadse encuentrenpresentes en el procesode cumplimiento de derechosde la niñez y la adolescencia,obligación quedebe acatar el SistemaNacional de ProtecciónIntegral. No existe unaarticulación entre laspartes que integran elSistema, situación quetambién ha sido tema depreocupación del ComitéInternacional de los Derechos del Niño al hacer un llamadode atención sobre la necesidad de aumentar lacoordinación entre las diversas entidades que se ocupande cuestiones relacionadas con los niños, niñas yadolescentes, tanto en el nivel nacional como local.Es evidente, que pese a que se invoca la protección integralen las acciones en favor de la niñez y adolescencia,prevalece la visión adultocéntrica que vuelve escasa onula la participación directa de los niños, niñas y adolescentesen los asuntos que les competen. Este esun claro desafío para el país, conforme los derechos humanosque le asisten a las personas menores de edad ylos principios rectores del buen gobierno. Una nación esdemocrática en la medida en que sus ciudadanos participanen especial dentro de las decisiones en todoslos niveles o al menos que existan espacios para ello.Conclusiones y recomendacionesEl movimiento que se gesta a partir de la Convenciónsobre los Derechos del Niño, impacta el tema de la


86 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008“gobernabilidad”; significa eficacia en la forma de actuarel Estado y sus instituciones en la protección delos derechos humanos de la niñez y la adolescencia,en tres sentidos, esencialmente:a. Inicia un proceso de adecuación de lanormativa nacional con el espíritu y texto dela Convención.b. El Estado debe disponer de una PolíticaPública, que se concrete en la planificación dePlanes Nacionales para observar los derechoshumanos de las personas menores de edad.c. Para valorar el impacto de la gestión delEstado, es necesario disponer de herramientasefectivas de seguimiento y monitoreo para elcumplimiento de los derechos. Es así comola práctica de la rendición de cuentas debeestar presente en ese proceso; asegurandoel desarrollo integral y pleno de la poblaciónmenor de edad.Cabe señalar que en 1990, cuando el país ratifica laConvención sobre los Derechos del Niño, la administracióninicia un proceso en el cual se tienden aperfilar las buenas prácticas de gobernabilidad en laprotección de los derechos humanos de las personasmenores de edad. Se aprobó, en ese momento, unaPolítica con principios, criterios y líneas de acción queorientó la elaboración de un Plan Nacional que incidióen el quehacer institucional para atender los derechoshumanos de la población menor de edad. No obstante,ese proceso no continuó, en razón de la tendenciacorto placista de la gestión gubernamental. Además,transcurren cinco años para que la mirada de la administraciónse dirija hacia la adecuación de la normativavigente en materia de niñez y adolescencia; iniciandola elaboración del proyecto de Código de la Niñez y laAdolescencia.No obstante, desde 1998 se cuenta con el Código dela Niñez y la Adolescencia, siendo un instrumento quese ajusta con los principios rectores de la Doctrina dela Protección Integral y que garantiza la protecciónespecial e integral de los derechos humanos de laspersonas menores de edad, al prever la necesidad dediseñar y aprobar políticas públicas, así como ejecutarprogramas destinados a la protección, atención,prevención y defensa de esos derechos, por mediode las instituciones del Estado y las organizacionesde la sociedad, todas articuladas mediante el denominadoSistema Nacional de Protección Integral de losDerechos de la Niñez y de la Adolescencia, la gestióngubernamental no ha sido efectiva, ni responde a lasbuenas prácticas de la gobernabilidad.Por lo anterior, tomando en consideración la titularidadde derechos de las personas menores de edad, laDefensoría de los Habitantes le recomienda a las instanciasque integran el Sistema Nacional de ProtecciónIntegral de la Niñez y la Adolescencia, lo siguiente:1. Definir y aprobar políticas públicas de niñezy adolescencia, regidas por los principiosrectores de la Doctrina de la ProtecciónIntegral, con carácter universal, integral yarticulado. Políticas que permitan la definicióny puesta en marcha de planes y programas querespondan a las necesidades y derechos deesta población, que sean óptimos, que tengancoherencia, faciliten la corresponsabilidadde la sociedad, que definan las pautas paraevaluar el impacto y la rendición de cuentassobre la actuación de las instituciones.2. Articular las políticas, planes y programas,para garantizar los derechos humanos de laspersonas menores de edad, así también debeadoptar medidas para restituir estos derechoscuando son vulnerados. Por lo que demanera especial, debe abocarse a la atencióninmediata de la población cuyos derechosson cotidianamente vulnerados, tales como laadicción a sustancias psicoactivas, explotaciónsexual comercial, trabajo infantil, trata depersonas, abuso, entre otras situaciones.Es importante, que las políticas específicasque se ejecutan para intervenir en estosescenarios se articulen con las políticaspúblicas anteriores.3. Promover y fortalecer la coordinación ycooperación entre las partes del Sistema,desde un enfoque sistémico. Lo que significa,desde la Teoría General de Sistemas (TGS),que se debe comprender el funcionamiento dela sociedad desde una perspectiva holística 54e integradora, en donde lo importante son lasrelaciones entre las partes que lo integran. Sepuede entender o explicar una de las partes porsu relación con el todo; de ello que el trabajoindividual es opuesto a esta orientación. Es apartir de esta perspectiva, que la Defensoríade los Habitantes no puede concluir que elSistema Nacional de Protección que regula elCódigo de la Niñez y la Adolescencia funcionecomo tal. Es necesario trabajar para quepor medio de una acción coordinada, puedagarantizarse a la niñez y adolescencia laprotección integral a que tiene derecho. Debe54 Teoría General de los Sistemas (Niklas Luhmann): Estudio de lossistemas como entidades más que como conglomerado de partes.Todos los sistemas comprendidos por la teoría o por su método deanálisis dan como resultado un modelo de universo. Plantea unavisión integral cuya clave justifica plenamente cualquier parte de lacreación por pequeña que sea, y que se considera juega un papelimportante dentro de la entidad y no puede verse aisladamente.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes87incentivarse la comunicación efectiva entrelas partes y sobre todo, constituirse en uninstrumento válido, confiable y de fácil accesopara la sociedad.4. Garantizar que mediante la ejecución deproyectos locales o regionales se responda,de manera efectiva, a las necesidades de lapoblación menor de edad de la comunidad.5. Lograr asumir un liderazgo en la toma dedecisiones, atinentes con la protección integralde las personas menores de edad, tantodesde el nivel central como del regional.6. Promover y garantizar la apertura de espaciospara la participación efectiva y permanentede la niñez y la adolescencia, en todaslas acciones que se ejecuten. Ello, con elobjetivo de facilitar la construcción de unacultura de derechos que coadyuve en elempoderamiento y la gestación de cambiospara el mejoramiento de la calidad de vida y eldesarrollo integral y pleno de ese grupo social,dentro de un proceso democrático.7. Adoptar las medidas necesarias para que elSistema pueda disponer de un instrumentoque contenga información institucional quepermita monitorear los avances y retrocesosen el quehacer institucional con el fin degarantizar la protección integral de los derechoshumanos de la niñez y la adolescencia y asíredireccionar la gestión.8. En cuanto a inversión social, en materiade niñez y adolescencia, el XIII Informedel Estado de la Nación (2006) señala quela medida adoptada desde el año 2003para controlar el déficit fiscal y mantenerla estabilidad macroeconómica, afectó losrecursos reservados para la inversión social einfraestructura. El financiamiento del Fondo deDesarrollo Social y Asignaciones Familiares(FODESAF), es reflejo de esta situación:entre 2005 y 2006 los ingresos de esteFondo disminuyeron en un 1,4%; los recursosgirados se reducen en casi el 30% desde elaño 2000. A partir del segundo semestre del2006, se observan cambios en las políticassobre contención del gasto y se asignanmás recursos para infraestructura, vivienda yeducación (comedores escolares). No obstantelo anterior, recientemente la ContraloríaGeneral de la República volvió a señalar alPoder Ejecutivo que no se cumple con laasignación del 6% del PIB para Educaciónsegún el mandato constitucional, por lo que eltema de la inversión en niñez y adolescenciaes otro aspecto que deberá ser abordado condetalle en relación con el cumplimiento de lospresupuestos de buen gobierno a favor de losniños, niñas y adolescentes del país.


Cuidados Paliativos:Un Derecho Humano ...“El propósito de los Cuidados Paliativoses proveer apoyo y cuidado a las personas en lasúltimas fases de su enfermedad, de modo que puedanvivirlas tan plena y confortablementecomo sea posible. Los Cuidados Paliativos afirman lavida y consideran la muerte como un proceso normal,no aceleran ni posponen la muerte y existe enla creencia y esperanza que a través de un cuidadopersonalizado y de una comunidad sensible a sus necesidades,los pacientes y sus familias puedan lograrla necesaria preparación para la muerte, en la formaque sea más satisfactoria para cada cual.”Breve reseña histórica.El modelo Hospicio –Cuidados Paliativos nace enInglaterra en l967, cuando la Dra. Dame CicelySaunders crea el Hospicio San Cristóbal en las afuerasde Londres. Definiendo hospicio como aquella palabrainicial utilizada para describir una filosofía de cuidadosy tratamientos que vendría a revolucionar la atenciónde los y las pacientes- inicialmente con cáncer-.Es la Dra. Saunders, quien toma el concepto de hospiciode la Edad Media y lo materializa en la atenciónintegral de los pacientes y sus familias. Durante laEdad Media y la época de las Cruzadas, diferentesórdenes religiosas se establecieron a lo largo de loscaminos que conducían a Tierra Santa, con el propósitode servir como centros de abastecimiento, lugarde descanso y en caso de enfermedad, un sitio dondese recibieran los cuidados que le permitirían restablecersey en caso de muerte, recibir los cuidados ytratamientos necesarios para que de forma integral yespecial pudieran trascender este momento.En el siglo XX, la Dra. Saunders redefine el conceptode hospicio, particularizándolo en la atención de los ylas pacientes de cáncer en etapa terminal, con el objetivode mejorar su calidad de vida mediante un ade-cuado control del dolor. Fue labor de muchos años deconvencimiento para que la Dra. Saunders generara laconciencia y lograra reunir los fondos que brindaransostenibilidad a este proyecto y que en el futuro seconstituyera en una revolución de la medicina y el sistemaimperante de atención de estos pacientes.Históricamente, los cuidados paliativos se han definidocomo el cuidado integral, total y holístico que se proporcionaa un paciente que enfrenta una enfermedadterminal y a su familia, donde el pilar de la atenciónintegral consiste en abordar los cuatro aspectos fundamentalesdel ser humano: biológico, social, psicológicoy espiritual.Actualmente, la National Hospice Organization delos Estados Unidos de América, define el conceptode cuidados paliativos en los siguientes términos:“El propósito de los Cuidados Paliativos esproveer apoyo y cuidado a las personas enlas últimas fases de su enfermedad, de modoque puedan vivirlas tan plena y confortablementecomo sea posible. Los CuidadosPaliativos afirman la vida y consideran lamuerte como un proceso normal, no aceleranni posponen la muerte y existe en la creenciay esperanza que a través de un cuidado personalizadoy de una comunidad sensible asus necesidades, los pacientes y sus familiaspuedan lograr la necesaria preparación parala muerte, en la forma que sea más satisfactoriapara cada cual.” 55Referencia histórica de los Cuidados Paliativosen Costa RicaEn l987 se le otorga una beca Fulbright a una profesionalen medicina para cursar estudios de especializaciónen cuidados paliativos de adultos en el St. Luke’s-Roosevelt Hospital Center en New York. A su regreso,el 1 de octubre de 1990, logra fundar una clínica decuidados paliativos pediátricos; la primera en CostaRica y en América Latina. El objetivo es atender niños55 http://www.nhpco.org


90 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008y niñas que por el carácter de su enfermedad, no tienenen la medicina curativa ninguna alternativa de tratamiento,aunque sí el acceso a la medicina paliativa;la cual puede proveerles en sus seis o menos mesesde vida (o más), una atención profesional adecuada.Esta clínica, la más antigua de Latinoamérica, es laprimera en instaurar un grupo de apoyo a padres quese les ha muerto un hijo y actualmente integra tambiéna los hermanos.Desde enero del año 2000, la Clínica y la FundaciónPro Unidad de Cuidado Paliativo amplían su coberturaa las niñas, niños o adolescentes con enfermedadescrónicas, es decir, personas menores de edad en condicionesde vida limitada. Si bien es cierto estos niñosse atendían antes en la clínica, ahora se amplió lacobertura del servicio, logrando una mejor calidad enla atención. Actualmente, en la Clínica de CuidadosPaliativos del Hospital de Niños se atienden másde 660 pacientes por mes, así como a sus padres yhermanos.Cada año ingresan al Hospital Nacional de Niños“Carlos Sáenz Herrera”, un promedio de 130 infantescon padecimientos de enfermedades terminales opara-terminales. El Hospital de Niños posee una tasade tratamiento único en América Latina y hace posiblela recuperación de un 70% de los niños, pero el 30%restante, está destinado a fallecer en un tiempo que vade uno a seis meses.La Fundación, nace como una respuesta a la falta depresupuesto y políticas claras de la seguridad socialcostarricense hacia los cuidados paliativos. Desde elinicio del programa de cuidados paliativos -la clínica-,se pudo evidenciar que la seguridad social no estabadiseñada para tener una proyección de atención alhogar de las y los menores de edad con enfermedadterminal.Entre enero y febrero de l990, nace en la ciudad deCartago, “el Comité de Cuidados Paliativos” conformadopor un grupo de profesionales sensibles al tema,quienes deciden trabajar con los pacientes candidatosa cuidados paliativos, en forma gratuita y ad honorem,fuera de sus horas de trabajo. Este comité crece y seconvierte más adelante en la Asociación CaminemosJuntos, que dará origen posteriormente a la primeraclínica de cuidados paliativos en Cartago. Un añomás tarde, en el primer trimestre de 1991, nace laClínica del Dolor en el Hospital Rafael Ángel CalderónGuardia, la cual, luego de ocho años (en 1999) seconvertiría en el Centro Nacional del Dolor y CuidadosPaliativos.se constituiría en una asociación y daría nacimiento alHospicio “Los Ángeles”, primero en las instalacionesde la Clínica de Alajuela y luego en su propio terrenocon multiplicidad de servicios, incluyendo una Unidadde Cuidado Intensivo Paliativa. En 1996, se crea laClínica del Dolor- Hospital de Heredia; y así sucesivamente,nacen muchas otras iniciativas dentro de lo quecaracteriza el desarrollo de los cuidados paliativos enCosta Rica, que es el modelo mixto de atención.En mayo del 2007, la Junta Directiva de la CajaCostarricense del Seguro Social, designa a la Clínicade Cuidados Paliativos Pediátricos del HospitalNacional de Niños, como el ente institucional paradictar políticas de atención a los niños, niñas y adolescentesque enfrenten una enfermedad que requiera laatención paliativa.Una de las opciones de medicina paliativa, que actualmentefunciona en Costa Rica como una alternativade atención integral, es el centro que se conoce comoAlbergue San Gabriel. Este albergue es una opciónorganizada y eficiente de atención a los niños, niñasy adolescentes que no es su casa de habitación, ni unhospital. En este lugar, las personas menores de edadasisten para ser evaluados, observados, medicados ya que se les practiquen procedimientos médicos sencillosy especializados (cambio de una sonda, ajuste demedicación, entre otros). Se cuenta con atención personalizadabio-psico-social-espiritual para los pacientes,sus padres y los hermanos que así lo necesiten.Se cuenta además, con un cuarto de juegos, un cuartode estimulación sensorial, un baño para hidroterapia,camas para cada paciente, con atención individualizadapor parte del equipo interdisciplinario; ademásdel voluntariado que los atiende y les programa actividadesde acuerdo con sus posibilidades. Asimismo,se les da terapia de grupo o individual a los padres defamilia y a los hermanos de los pacientes que así lorequieran. Todos estos servicios son gratuitos para lasy los pacientes, lo mismo que para sus familias.En febrero del 2007, se inaugura en Pérez Zeledónel segundo Albergue San Gabriel, dada la necesidadde la población infantil de la zona, con enfermedadescrónicas progresivas y con enfermedades en faseterminal.Asimismo, en Alajuela se crea el “Comité de CuidadosPaliativos del Hospital de Alajuela”, que más adelante


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes91Cuidados Paliativos: un derecho humano ennecesidad de tutela y protección.“Cuidar es comprender que todos tenemos derechoa una muerte digna y sin dolor. Cuidar es respetaraunque no estemos de acuerdo.Cuidar es hacer valerlos derechos del paciente”Dame Cicely SaundersLos derechos humanos son atributos inherentes a todapersona, por su mera condición de serlo, sin distinciónde edad, raza, sexo, nacionalidad, clase social o cualesquieracriterios de que se trate. Por sus características,los derechos humanos son:• Universales: inherentes a todas las personasen todos los sistemas políticos, económicos yculturales.• Irrenunciables: no se pueden trasladar a otrapersona ni renunciar a ellos.• Integrales, interdependientes e indivisibles:se relacionan unos con otros, conforman un todointegral -civiles, políticos, económicos, sociales yculturales- de modo que no se puede sacrificarun derecho por defender otro.• Jurídicamente exigibles: al estar reconocidospor los Estados en la legislación internacionaly nacional, se puede exigir su respeto ycumplimiento.Cuando los Estados ratifican tratados o convencionesinternacionales en materia de derechos humanos,adquieren las obligaciones de respetar y garantizaresos compromisos en el ámbito nacional. En otraspalabras, los Estados asumen la obligación jurídica deasegurar que sus leyes, políticas y prácticas nacionalesestén en armonía con los derechos humanos. Esdeber de los Estados no sólo no infringir directamentelos derechos reconocidos, sino también asegurar lascondiciones que permitan su respeto, protección, gocey ejercicio.La doctrina y la filosofía, han definido la vida como elbien supremo que debe ser tutelado por el ordenamientojurídico y se le ha dado el rango de valor principaldentro de la escala de los derechos fundamentales.Esto porque de la vida derivan los demás derechos yprecisamente, en esa medida es que debe ser especialmenteprotegida por el ordenamiento jurídico.De tal forma, resulta indispensable este análisis constitucionalsobre el derecho a la salud, a la luz conceptoque ofrece la Organización Mundial de la Salud:“Un estado de bienestar físico, mental, social,y no meramente como la ausencia de enfermedado invalidez. La salud implica siempreun determinado equilibrio entre sus diferentesdimensiones: anátomo-morfológico, fisiológico,psíquico, ecológico y socioeconómico.“ 56Si bien, la Constitución Política costarricense nocontempla en forma expresa el derecho a la salud, síregula expresamente los aspectos que se resaltan enla definición propuesta y que son catalogados comoparte de los derechos constitucionales sociales, comoes el derecho a la seguridad social y al bienestar; ya la salud en términos de protección del consumidor.No se puede negar su existencia, por ser un derivadodirecto del derecho a la vida, protegido en el artículo21 de la Constitución Política.Por tratarse de un derecho humano, surge la obligaciónfundamental del Estado de satisfacerlo, garantizarloy tutelarlo. Así las cosas, se presenta a lapersona un sujeto de derechos y al Estado como unagente que asume las obligaciones inherentes a talesderechos. Se trata de un compromiso que se asumeno sólo frente a la sociedad civil de la nación, sino tambiénfrente a la comunidad internacional al constituirseen responsable de velar por el respeto y la garantíade brindar al ciudadano atención en salud, en formaoportuna y de calidad.Habiendo reconocido la tutela constitucionalidad delderecho a la salud en Costa Rica, encontramos que laprotección de este derecho rebasa los límites territorialesdel ordenamiento jurídico costarricense. El mismo,encuentra sustento y tutela en múltiples instrumentosinternacionales que extrapolan su importancia y establecenclaras obligaciones para los Estados partesde las cuales el país es signatario. En este sentidola Defensoría, aboga porque los tratados y conveniosinternacionales en esta materia recobren “vida” y seanampliamente respetados. Estima la Defensoría que esfundamental que en la gestión de política pública, unode los elementos a considerar para su formulación, loconstituyan los tratados y convenios internacionales,para acercarnos a una verdadera humanización de losservicios.56 Constitución de la Organización Mundial de la Salud. http://www.who.int/features/factfiles/mental_health/es/


92 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008Si bien no existe un instrumento internacional dederechos humanos específico, en relación con loscuidados paliativos, en materia de protección de derechoshumanos de todas las personas, se aplica ladoctrina internacional existente, que es jurídicamentevinculante para los Estados. En este sentido, cabedestacar las regulaciones internacionales sobre elderecho a la salud, básicamente los artículos 25 dela Declaración Universal de Derechos Humanos, 26de la Convención Americana de Derechos Humanos,12 del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales yCulturales, 10 del ProtocoloAdicional a la ConvenciónAmericana de DerechosHumanos “Protocolo deSan Salvador”, 24 dela Convención de losDerechos del Niño, 12 delComité para la eliminaciónde la discriminación contrala mujer, 2 de la ConvenciónAmericana para Prevenir ySancionar la Tortura, entreotros. Asimismo, se aplicanlas resoluciones de laComisión de Derechos Humanos.Por otro lado, también hay documentos que han alcanzadoel consenso internacional en el ámbito delsistema de Naciones Unidas, referidos especialmentea la bioética, como la Declaración Universal sobreBioética y Derechos Humanos (UNESCO, 2005) yotros temas conexos. Además, la OMS estableció que“los Gobiernos deben asegurar que se ha dedicado especialatención a las necesidades de sus ciudadanosen el alivio del dolor y los cuidados paliativos antesde legislar sobre la eutanasia” (Cancer Pain Relief,Ginebra, 1990, OMS).En Europa, cabe mencionar la Recomendación 1418del 25 de junio de 1999 de la Asamblea Parlamentariadel Consejo de Europa sobre Protección de losDerechos y la Dignidad de los Enfermos Terminalesy Moribundos y sus antecedentes (Recomendaciones613 y 779). En estas recomendaciones se reconoceque “lo que quieren los enfermos terminales es principalmentemorir en paz y dignidad, con el apoyo yla compañía, si es posible, de su familia y amigos”. 57También se hace necesario citar la ConvenciónEuropea para la Protección de los Derechos Humanosy la Dignidad del Ser Humano en relación con laAplicación de la Biología y la Medicina.También, algunos países han reconocido el derecho ala muerte digna como un derecho de rango constitucional,como son las sentencias del Tribunal Supremo de57 http://book.coe.int“El derecho a la vida es la razón de ser y explicaciónúltima del derecho a la salud, la conexión jurídica existenteentre ambos es evidente. El derecho a la salud,tiene como propósito fundamental hacer efectivo elderecho a la vida, porque este no protege únicamentela existencia biológica de la persona, sino también losdemás aspectos que ella implica.”los Estados Unidos: Washington versus Glucksburg yVacco versus Quill, en las cuales se sentaron las basesde la existencia de un derecho constitucional a recibircuidados paliativos adecuados. En Europa, el TribunalEuropeo de Derechos Humanos resolvió en el caso deDianne Pretty versus el Reino Unido, que la respuestaa la eutanasia pasa por la promoción de los cuidadospaliativos; esto es, que a través de una mejora en loscuidados paliativos es como se puede solucionar elproblema de la atención a los enfermos terminalesy no por la vía legal de una legislación permisiva dela eutanasia. Para ello,alude a recientes estudiosLisbeth Quesada Tristán, 2008que han demostrado quelas peticiones de eutanasiadisminuyen cuando semejora la formación de losprofesionales en el tratamientodel dolor y en cuidadospaliativos. En CostaRica también cabe destacarla resolución 1915-92de la Sala Constitucional,que trata sobre la materia.La obligación de respetar y proteger la dignidad de laspersonas con enfermedad Terminal, deriva de la inviolabilidadde la dignidad humana en todas las etapas dela vida. El respeto y protección encuentra su expresiónen proporcionar un medio adecuado que permita al serhumano morir con dignidad a través del tratamientodel dolor físico y de las necesidades psicológicas, socialesy espirituales. Una medicina reconocedora dela dignidad del ser humano debe comprender que sólose ayuda a las personas en fase terminal con cuidadosintegrales, que contemplen los niveles bio-psico-socialy espiritual del ser humano.Los cuidados paliativos, deben procurar mejorar lacalidad de vida del paciente, luchar por conseguir elmayor bienestar posible, evitar problemas físicos, psicológicos,sociales y espirituales y de ser necesario,procurar que la persona en fase terminal no sufra innecesariamenteel encarnizamiento terapéutico y que suvoluntad sea respetada, para lo cual es indispensableuna veraz información y comunicación. Por tanto, loscuidados paliativos, son parte integrante de la atenciónintegral en salud y coadyuvan en forma directa, en lageneración de una mejor calidad de vida de las personas,hasta el último momento de su vida. No puedetécnicamente, negarse la relación de conexidad entreel derecho a la salud-vida y a los cuidados paliativos ypor ende su status jurídico de derecho humano.En este sentido, el derecho a la salud incluyeuna prerrogativa de atención y cuidados desde elnacimiento hasta el momento de la muerte de la


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes93persona. La Defensoría de los habitantes, medianteresolución del expediente número 7665-23-99 indicólo siguiente:” el concepto de salud ha superado la ideareferida al bienestar físico, psíquico, o social. Tampocoes ya un resultado biológico. La salud es un productosocial por lo tanto dinámico. Desde esta perspectivala salud viene a ser el resultado de determinantestales como la biología humana, el medio ambiente, elsistema sanitario, y en la mayoría de los casos, en losestilos de vida. La Constitución Política garantiza elderecho pero la sociedad lo construye para hacerloefectivo”. 58la interpretación de la ley que hacían los diferentesfarmacéuticos en la farmacia del Hospital San Juande Dios y farmacias privadas, era otra. El recurso fueacogido y la Sala obligó a las farmacias, a despacharlas dosis y cantidades necesarias que permitieran a lapaciente aliviar su dolor. La resolución final de la SalaConstitucional, recoge un claro perfil proteccionistade los derechos humanos en materia de cuidadospaliativos, estableciendo algunas de las siguientesafirmaciones:Nuestra Sala Constitucional ensentencia 1915-92, amplía la protecciónconstitucional del derecho a la saludal derecho de atención a la salud,incluyendo en forma precisa y particularel deber del Estado, de garantizarla prevención y el tratamiento de lasenfermedades. Similares resoluciones 59no sólo han confirmado dicha obligación,sino que han clarificado que los criterioseconómicos deberán ceder siempreante el derecho a la vida y a la salud.En ese sentido Sala Constitucional en sentencia 5130-94, lo ilustra indicando:“… de qué sirven todos los demás derechos ygarantías, las instituciones y sus programas,las ventajas y beneficios de nuestro sistemade libertades, si una sola persona no puedecontar con que tiene asegurado el derechoa la vida y a la salud?, si lo que precisa esponer el problema en la fría dimensión financiera,estima la Sala que no sería menos atinadopreguntarnos por los muchos millonesde colones que se pierden por hecho de losenfermos no puedan tener la posibilidad dereincorporarse a la fuerza laboral y producirsu parte, por pequeña que sea”Al respecto y de particular relevancia para el temaen análisis, resulta importante el recurso de amparopresentado ante la Sala Constitucional en el año1990, a favor de la señora Mónica Granados. Endicha oportunidad, en el recurso se planteaba que a lapaciente se le negaba el medicamento morfina en lasdosis y cantidades necesarias para controlar el dolorque sufría por la enfermedad de cáncer que enfrentaba.Las dosis requeridas, habían sido prescritas por sumédica tratante de acuerdo con la ley. Sin embargo,a pesar de que las prescripciones estaban correctas,58 Oficio DH-10287-9959 Sala Constitucional. Resoluciones: 61-96, 5130 y 5135, de1994:“Como parte de la tutela del derecho a la salud, la Defensoría de los Habitantesse ha dedicado en gran parte al conocimiento del tema de la atenciónmédica vivificando ese derecho constitucional. Se ha establecido que la“atención médica integral” involucra la posibilidad para la o el habitante, derequerir un adecuado proceso de atención en salud que conlleve desdela oportunidad de un diagnóstico de calidad; hasta la aplicación del másseguro y eficiente tratamiento, considerando en forma particular aquellasterapias que le permiten al ser humano alcanzar una muerte en condicionesde paz, contención del dolor y en compañía de las personas que desea.”Lisbeth Quesada Tristán, 2008“1- Si bien es cierto que las farmacias sonentes privados, realizan una función socialdirectamente relacionada con la salud, yno pueden negarse a despachar una recetalegalmente prescrita.2- Un farmacéutico no puede negarsea despachar la totalidad una recetalegalmente constituida y no puede cambiarla prescripción médica. No puede invadir otrocampo profesional, como el del médico.3- Es responsabilidad exclusivamente delmédico las consecuencias que derivadas dela prescripción se den.”Aunado a lo anterior y de especial relevancia en elpronunciamiento, fue la afirmación que se hiciera yque adquiere trascendencia para el desarrollo de loscuidados paliativos, al indicar que:“Todo costarricense tiene derecho a unamuerte digna y sin dolor”Fue este hito histórico lo que sentó el precedentepara que todos los y las habitantes, iniciaran procesosde solicitud y demanda de atención paliativa parasus seres queridos. Así mismo, resulta ser un puntode partida para que los tomadores de decisióndeterminaran políticas de salud pública y medidasconcretas que garantizaran mejoras en la atención delos pacientes. Dentro de ellas, resalta en escala deimportancia, la aprobación de la Ley 7756 del 20 de


94 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008marzo de 1998: “Beneficio para los responsables delpaciente en fase terminal”. Esta ley reconoce que lasituación de terminalidad, se debe atender en y con lafamilia del paciente. El objetivo fundamental de estanorma es ayudar al paciente, mediante el pago de unsubsidio durante el plazo que persista la condición determinalidad certificada por un médico, a un familiaro allegado para que le pueda cuidar antes de que seproduzca el deceso. El familiar asiste al o la pacientey con la capacitación de los equipos de cuidadospaliativos se prepara para el proceso de atención de laenfermedad y posteriormente de muerte.De reciente promulgación y con gran acierto, se aprobóuna modificación a dicha ley (Decreto Legislativo Nº8600) donde se consigna que el plazo de otorgamientodel subsidio es indeterminado, dependiente únicamentede la condición de terminalidad del paciente, certificadapor el médico tratante Otra interesante reformaes referente al monto del subsidio donde en formaescalonada, es posible para el petente recibir hasta elcien por ciento (80% ó 60%) del promedio del ingresode los últimos tres meses, según se exceda el montode dos salarios mínimos.Al respecto, resulta pertinente que el Estado y susinstituciones realicen una labor de promulgación deesta ley y su reforma, a fin de que se convierta enun mecanismo que facilite las condiciones de vida delas y los pacientes que se encuentran enfrentando unproceso de enfermedad Terminal y sus familias.Derecho humano al disfrute de un sistema deatención integral en cuidados paliativos: unamisión de constante tutela de la Defensoría delos Habitantes.“Los derechos humanos son el nervio de lavida en libertad y del progreso de lospueblos (…). La función de los defensores sesitúa en el difícil espacio entre la escuchadirecta de las necesidades de la población yla independencia de criterio que exige lasupervisión de las administraciones públicas.”Rey Juan Carlos de Españaen la I Conferencia Tricontinental deDefensa y Promoción de los Derechos HumanosLisbeth Quesada Tristán, 2008Desde sus inicios, la Defensoría de los Habitantesha evacuado consultas, realizado investigacionesy tramitado denuncias de habitantes 60 que siendoafectados en su derecho a la salud, buscan en lainstitución acompañamiento, defensa y asesoría.En su particularidad, en la especialidad de cuidadospaliativos, se han tramitado investigaciones tendientesa garantizar el acceso a medicamentos (incluyendolos fármacos utilizados para el control del dolor),acceso a las unidades de cuidados paliativos,obtención de insumos (pañales), cierres de servicioscomplementarios, denegación del servicio, ausenciade información respecto de la medicación, divergenciasde criterio, no referencia médica a las unidades decuidado paliativo, entre otros tópicos.La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha establecidoque el propósito de los cuidados paliativos es“reafirmar la importancia de la vida aún en su últimaetapa, establecer un cuidado activo que no acelerela muerte ni la posponga artificialmente, proporcionaralivio del dolor y otros síntomas angustiantes”. 61 Lamisión es “integrar los aspectos, físicos, sociales, psicológicosy espirituales” que le ayuden a la personaenferma a llevar una vida lo más activa posible y ofrecerlea la familia un sistema de apoyo para que pueda“transitar la enfermedad y afrontar el duelo”.El modelo de atención médica propuesto por la medicinapaliativa, promueve un cambio en la cultura médicacontemporánea. Frente a la lógica de la tecnologíaimperante que con frecuencia nos lleva a considerarque es éticamente justificable –o incluso exigible-60 Expedientes Nº: 5768-23-04, 13981-2002, 19754-2007, 12098-98, 22685-2005, entre otros61 http://www.who.int


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes95todo lo que es técnicamente posible, esta disciplinanos presenta un modelo de atención “personalizaday humanizada”, es decir, un desempeño profesionalbasado en el profundo respeto por la persona y por sudignidad. Se propone una estrategia que considere lasvivencias del enfermo y su grupo familiar, identificandosus necesidades, problemas y recursos; buscando laintegralidad en todo el proceso de la enfermedad.En este sentido, se ha partido del criterio de que ladisciplina de los cuidados paliativos involucra unaatención integral, donde los cuidados especiales quese le brindan al paciente, la participación de la familia,el amor y la contención que él o ella debe recibirresultan ser elementos fundamentales. De tal forma,se consideran como contenidos imprescindibles en unprograma de una Unidad de Cuidados Paliativos, lossiguientes:• *Cuidado Total: Bio-Psico-Social-Espiritual• *Control de síntomas• *Control de dolor• *Apoyo emocional al paciente y a la familia• .*Apoyo en el duelo• *Apoyo al equipoEste enfoque de atención médica se ha caracterizadopor realizar un trabajo con asistencia de personalmultidisciplinario, con un enfoque armónico para el ola paciente y su familia, donde se destaca una atencióncontinua (24 horas al día), accesible en todo elterritorio nacional, individualizada y personalizada ysin condiciones de discriminación. Es la familia, elprincipal soporte en el manejo del paciente y por ello,el trabajo se puede desarrollar en la casa, hospital uotro escenario que se requiera para la mejor atencióndel paciente.En Costa Rica, los servicios de cuidados paliativosson prestados en forma mixta (“Modelo MixtoCostarricense”). Por una parte, la Seguridad Socialdispone de servicios de “control del dolor” en algunasunidades de salud en el territorio nacional. Coexistenen este campo, organizaciones no gubernamentalesque de una forma integral y siguiendo los parámetrosdictados por la Organización Mundial de la Salud,atienden la población que requiere de los servicios decuidados paliativos. Es en este último supuesto, quela sociedad civil coadyuva en la prestación de los serviciospúblicos de salud.Si bien es cierto, el objetivo de ambas instancias esel mismo, la realidad demuestra que distan muchode realizar las mismas funciones. La pluralidad deprestatarios de cuidados paliativos –no suficientespara atender la demanda- ha hecho que los usuariosbusquen en las Organizaciones No Gubernamentales(ONG`s) sus alternativas de tratamiento, toda vez quela oferta y la calidad del servicio resulta ser más efectiva;en contraposición a un servicio brindado por laseguridad social, con buen espíritu de trabajo pero encondiciones limitadas y con sesgos importantes en lalabor y el abordaje.No obstante, la escasez de recursos con que trabajanlas organizaciones no gubernamentales, ha demandadoque los servicios complementarios, tales como:exámenes diagnósticos, medicamentos, u otros; seansolicitados por las entidades privadas al sistema deseguridad social, mediante el mecanismo de medicinamixta Sin embargo, debido a la carencia de un nexo legal,se ha impedido un desarrollo inocuo de esta dinámica,con el efecto inmediato –perjudicial- de atencióna los pacientes.El problema de fondo que subyace la situación, espor una parte la inexistencia de unidades de cuidadospaliativos suficientes en la Seguridad Social que puedanatender en condiciones de calidad a toda la poblacióndemandante; y por otra parte: la inexistenciade un convenio formal entre la Caja Costarricense delSeguro Social y las organizaciones no gubernamentalesque brindan los servicios de salud en cuidadospaliativos, para que éstas puedan utilizar los servicioscomplementarios de la CCSS sin mayor complicaciónpara las personas usuarias.Se promueve una filosofía de atención en cuidadospaliativos, donde a partir de la experiencia y considerandolas necesidades individuales de cada paciente,se ofrece una combinación de opciones para brindarlos servicios, que no constituyen únicamente serviciosclínicos propiamente dichos. Veamos:• Visita Intra hospitalaria.• Visita domiciliar a todo el país (Hospital Nacionalde Niños) o en la zona de correspondencia.• Albergue San Gabriel, centro diurno paraniños, niñas y adolescentes.• Seguimiento del proceso del duelo a toda lafamilia (HNN y Fundación Pro-Unidad de CuidadoPaliativo)


96 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008• Banco de equipo médico, para préstamogratuito al paciente y su familia.• Diarios de comida a las familias más pobresy pacientes (Fundación Pro –Unidad de CuidadoPaliativo-HNN)• Docencia• Compra de medicamentos que la CCSS notiene.• Apoyo económico para pago de recibo deelectricidad a las familias con préstamo de unconcentrador de oxígeno.• Cumplir un sueño• Apoyo legal• Apoyo logístico de 24 horas, 365 días al año.Sin perjuicio de lo anterior y teniendo claro que loscuidados paliativos, como disciplina de la medicinaconstituye un derecho humano, en constante necesidadde defensa y divulgación, la Defensoría de losHabitantes, ha promocionado que las y los pacientescon enfermedad terminal son sujetos de derechos ycomo tales, exigibles y de obligatoria protección porparte de los Estados, mediante la implementación depolíticas públicas tendientes a su tutela y con accionesadministrativas que viabilicen su pleno disfrute. Entreestos derechos, se consignan los siguientes:1. Derecho a ser tratado como un ser humanohasta el último momento de la vida.2. Derecho a mantener la esperanza, sinengaños.3. Derecho a ser cuidado por personas queayuden a mantener la esperanza4. Derecho a expresar mis sentimientos yemociones ante la cercanía de la muerte.5. Derecho a participar de las decisionessobre los cuidados que recibirá.6. Derecho a ser atendido por los equipos desalud aunque la o el paciente sepa que no seva a curar.7. Derecho a recibir una respuesta honestaa las preguntas8. Derecho a conocer la verdad.9. Derecho a permanecer en el hogar.10. Derecho a vivir mis experiencias religiosasy espirituales aunque sean diferentes delas de otros.11. Derecho a que se alivie el dolor.12. Derecho a vivir la vida tan activamentecomo sea posible13. Derecho a que la familia y la o el paciente,sean ayudados para aceptar la muerte.14. Derecho a morir en paz.15. Derecho a que se respete el cuerpo despuésde la muerte.16. Derecho a ser cuidado por personas quecomprendan las necesidades del paciente.17. Derecho de morir acompañado.18. Derecho de conservar la individualidady de no ser juzgado por las decisiones quetome, aunque puedan ser contrarias a lascreencias de otros.19. Derecho a que se alivie el sufrimientofísico, emocional, espiritual y social.20. Derecho a que las necesidades y temoresde los seres queridos sean atendidos antes ydespués de mi muerte.21. Derecho a que no se prolongue el sufrimientoindefinidamente, ni se apliquen medidasextremas y heroicas sólo para sostenerlas funciones vitales.Pese a la incidencia que se ha logrado en la prestaciónde los servicios de salud a este respecto, aún existenmúltiples obstáculos que impiden una prestaciónadecuada de los mismos, que garanticen un accesointegral y real a los servicios que puede ofrecer unaunidad de cuidados paliativos. No puede obviarseque aún cuando se brindan prestaciones con esmero,calidad humana y profesionalismo, son múltiples lasbarreras que se deben enfrentar para garantizar unacceso verdadero a este derecho. Se mencionanalgunos a continuación:I- Mitos: El acercamiento al proceso de muerteestá rodeado de múltiples creencias y mitos que sindisponer de pruebas científicas, dificultan el desarrollode atención de los y las pacientes. El abordaje


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes97emocional –psicológico- no se brinda en todos lossupuestos requeridos y a todas las personas que lonecesitan (paciente y familia).II- Educación inadecuada e ignorancia: Por ser unaespecialidad nueva y que implica un cambio radical enla perspectiva de atención, aún existe resistencia en elsistema a facilitar los servicios y a considerarlos unaalternativa terapéutica más exitosa y efectiva.III- Restricciones por legislación obsoleta: Lasnecesidades individualizadas de las y los pacientesque enfrentan este tipo de enfermedades, requierende normas, políticas y directrices que coadyuven ygaranticen un real disfrute del derecho a una atenciónintegral.IV- Asocio de la morfina a abuso y narcotráfico: Alutilizar esta disciplina cierto tipo de medicamentos deuso restringido, existen temores –injustificados y sinasidero científico- de que dichos fármacos provocanadicción.V- Alto costo de opioides: las preparaciones delas grandes compañías farmacéuticas son caras,no así el producto en bruto para ser elaborado en elpaís, ello hace que exista un uso restringido de losmedicamentos, que no considera las necesidadesreales y particulares de los pacientes.VI- Falta de opioides orales: Son sumamenteonerosos y si bien se consiguen recientemente enCosta Rica, su alto costo dificulta su disponibilidad.VII- Infraestructura inadecuada. No se dispone entodas las regiones programáticas de la infraestructuraadecuada para garantizar los servicios, ello sinconsiderar que los equipos no siempre disponende las diferentes especialidades profesionales quese requieren para brindar la atención integral, quegarantiza este modelo de prestación de servicios decuidados paliativos.VIII- Distribución desigual: Normalmente, losservicios especializados se encuentran en la capital delos países y en los Hospitales clase A. A nivel provincial,incluso las farmacias privadas no mantienen en stocktodos los productos y en el resto de hospitales de laCCSS, existen medicamentos pero no en todas laspresentaciones, ni en las cantidades necesarias parasatisfacer a los pacientes. Esto simplemente, porqueno se calcula ni planifica correctamente las necesidadanual de los productos. Cuando esto sucede, seobliga al paciente o a su familia a trasladarse a otrasáreas de salud para obtenerlo.IX-Desconocer farmacoquinesia y farmacodinamiade opioides: Existe desconocimiento en las y losprofesionales de la salud, sobre el manejo correctode los opioides. Se desconoce el tipo de acciones quetienen los medicamentos para el control del dolor enel cuerpo y su reacción ante los diferentes tipos dedosis.X- Reducir los intervalos en vez de subir la dosis:Por ausencia de una adecuada educación científicay ante el temor de que se genere adicción dadoel aumento del dolor en los y las pacientes, losprofesionales no acuden a un aumento de las dosisde los medicamentos para tratar el dolor y por elcontrario se prescriben las mismas dosis en menostiempo, desconociendo la acción del medicamento enel cuerpo, así como la tolerancia al mismo.XI- No evaluar y re-evaluar rutinariamente: Debepartirse de la premisa de que el control del dolor esuna prioridad en la consulta de cuidados paliativos, detal suerte resulta fundamental una revisión constantede los esquemas de medicación, para atenderpuntualmente las necesidades del paciente.XII- Usar siempre la misma droga: El desconocimientode las drogas que existen, hace que los profesionalesutilicen el mismo tipo en los y las pacientes, sinconsiderar otras opciones que pueden resultarefectivas, según los requerimientos particulares decada paciente.XIII- No usar la escalera analgésica de la OrganizaciónMundial de la Salud (OMS)XIV- No distinguir entre el dolor del cáncer y dolorrelacionado con otra causa.XV- No escuchar al paciente ni creerle cuando diceque le duele. Se tiende a desvalorizar las necesidadesque plantea la o el paciente en relación con el dolorque sufre.Desde la resistencia técnica de profesionales clínicosa considerar la especialidad de cuidados paliativoscomo una alternativa terapéutica de control del dolortotal, hasta la indisponibilidad de medicamentosorales (por su costo) que faciliten la administracióna los pacientes; por citar algunos ejemplos, esque la Defensoría rescata la necesidad de quese definan e implementen políticas públicas yacciones concretas que viabilicen un disfrute realdel derecho humano a la salud, plasmado en ladisponibilidad de unidades de cuidados paliativos,integrales y universales para todos los habitantesdel país, sin condición alguna de exclusión.Resulta oportuno apuntar que los cuidados paliativosse convierten en un elemento por tasar, para medir lacalidad en la prestación de los servicios de salud


98 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008pública. Evaluar la atención que se brinda al habitanteen aquellos momentos en que se acerca al final desu vida, sea éste: niño, joven, adulto o adulto mayor,significa entender que el proceso de muerte es parte dela vida y que siendo el derecho a la salud un mecanismode protección de aquella,implica una necesidadimperante asegurar quela persona disponga de laatención en salud integraly completa, de acuerdocon los estándares quese proponen técnica yuniversalmente.Como parte de las accionesque ha desarrolladola Defensoría de losHabitantes en la defensay promoción del derechoa la salud y como miembrodel Consejo Centroamericano de Procuradoresde Derechos Humanos (CCPDH), entidad en la cualactualmente, se ostenta el cargo de la presidencia; seha realizado una labor de sensibilización y concientizaciónen todas las instancias de defensa de derechoshumanos a nivel centroamericano, con el fin de logrararticular esfuerzos y formalizar redes de trabajo a nivelregional que desarrollen los cuidados paliativos en laregión.En seguimiento al tema y en el marco del la XXXIVReunión del Consejo, celebrada en San José, CostaRica, el 1 y 2 de febrero 2007 se declaró que los cuidadospaliativos materializan el derecho a una muertedigna y sin dolor, derivado del derecho fundamental ala vida y que por tanto, las acciones para promover sudesarrollo, competen a las Instituciones Nacionalesy al Consejo Centroamericano de Procuradores deDerechos Humanos.“Así las cosas, en setiembre del 2005, se acordóuna resolución sobre el derecho a una muerte digna(cuidados paliativos) que incita a las instituciones nacionalesde derechos humanos del área a que ejerzanlas funciones de promoción y protección de los derechoshumanos, particularmente los relacionados conla vida y la salud. Que así como se protege el derechoa la vida, se debe proteger el derecho a una muertedigna y sin dolor.”En el mismo sentido y con el fin de promover una mayorconciencia de los derechos humanos en relacióncon las personas con enfermedad terminal, se incluyóen el ámbito de las acciones del Plan Estratégico2006-2010 del Consejo, en su sección de intervenciónen el Área de Salud y en suLisbeth Quesada Tristán, 2008.eje de trabajo Nº 1: Inducirla formulación e incidenciade políticas públicas en laregión para promover elcuidado paliativo como underecho humano.Dentro de este campo deacción, se llevó a cabo elprimer seminario-taller desensibilización en CostaRica, con representantesde todas las procuraduríasy defensorías centroamericanas,los días 15 y 16 de marzo del 2007. En procurade la consecución del objetivo planteado en el PlanEstratégico se programaron y ejecutaron con un satisfactorioresultado, iguales actividades de promociónde derechos y capacitación en el tema de cuidadospaliativos en El Salvador, Nicaragua y Panamá; quedandoaún pendientes los eventos correspondientesa Guatemala, Honduras y Belice, que se realizarán endías próximos.Los programas realizados en los diferentes paíseshan logrado los objetivos propuestos: el acercamientoentre las diferentes instituciones y organizaciones quetrabajan en el tema de cuidados paliativos en los países,la formulación de planes de trabajo para impulsaracciones en red, así como la habilitación de instrumentosde intercambio y colaboración entre las diferentesinstituciones. Nótese que si bien han sido plasmadosen agendas de trabajo, requieren aún de una laborimportante en materia de promoción y protección dederechos. En ese esfuerzo estamos actualmente.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes99Construyamos capacidades parael Buen Gobierno: propuesta educativa de laDefensoría de los Habitantes“El esquema clásico de obligaciones estatales incluyeel respeto, la no obstaculización y la satisfacción delos derechos humanos. No obstante, la tarea degarantizar la participación colectiva en la toma dedecisiones que supone el Buen Gobierno, obliga alEstado también a promover activamente los derechoshumanos, mediante el desarrollo de conocimientos yde habilidades comunicativas en la población (y especialmenteentre los grupos históricamente discriminadoso excluidos), de manera que esa participación seaposible y efectiva.”Dirección de Promoción y Divulgación, 2008La función educativa en la protección de losderechos humanos y en la realización de lasresponsabilidades socialesEl Buen Gobierno puede entenderse como una conducciónpolítica institucional concertada en la implementaciónde los derechos humanos, que significaa la vez un proceso de construcción de capacidadessociales e individuales que se proyecta en todos losámbitos de la vida pública. Implica, por lo tanto, desarrollarconsensos, respetar disensos y garantizar “quelas voces de los más pobres y más vulnerables sonescuchadas en los procesos de toma de decisionessobre la distribución de los recursos de desarrollo” 62 .Tal como lo ha indicado antes la Defensoría de losHabitantes, 63 esta guía del quehacer gubernamentaldebe incidir en el manejo de los asuntos públicos, demanera que la gestión estatal garantice los mecanismosadecuados para combatir todas las formas deabusos y corrupción, e igualmente asegure que lasleyes ordinarias y el aparato administrativo se ajustena los principios de los derechos humanos.62 Consejo del Parlamento Europeo. Gobierno y DesarrolloSostenible. 1997.63 Defensoría de los Habitantes de la República. Informe anual2002-2003.La sola observancia del ordenamiento jurídico noconstituye una garantía completa de Buen Gobierno,si las responsabilidades estatales no abarcan, además,las medidas necesarias para construir un tipode ciudadanía comprometida con los derechos y lasresponsabilidades humanas.El esquema clásico de obligaciones estatales incluyeel respeto, la no obstaculización y la satisfacciónde los derechos humanos. No obstante, la tarea degarantizar la participación colectiva en la toma dedecisiones que supone el Buen Gobierno, obliga alEstado también a promover activamente los derechoshumanos, mediante el desarrollo de conocimientos yde habilidades comunicativas en la población (y especialmenteentre los grupos históricamente discriminadoso excluidos), de manera que esa participación seaposible y efectiva.Tratándose de una tarea fundamentalmente educativa,la promoción de los derechos humanos es una funciónesencial del Buen Gobierno, ya que no puede concebirseun modelo de administración pública que no potenciela incidencia popular en la toma de decisionesa nivel comunitario y nacional. Esa incidencia real eslo que da forma a la gobernabilidad democrática, dadoque es la vía en que se concreta la confluencia de lasdecisiones y acuerdos entre los diferentes actores estratégicosdel país.La Defensoría de los Habitantes no piensa en “la democracia”,en “el desarrollo” y en “la justicia” como categoríasabstractas que sólo tienen un valor simbólicoen la academia o en la actividad jurisdiccional, segúnsea el caso. Por el contrario, es en la gestión pública yen la vida cotidiana, donde la democracia, el desarrolloy la justicia se deberían proyectar con particular resonancia,de modo que la actividad de la Administraciónsea el apoyo y el norte de la promoción y defensa delos derechos de las personas.Reconocer, proteger y desarrollar esos derechos, es laactividad central del ente público y esta actividad sólotiene especial sentido en términos de su realizaciónconcreta en las personas y comunidades que integran


100 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008la diversidad social de la nación. Por esta razón, losindicadores de éxito de la función pública deberíantomar en consideración al menos dos referentes fundamentales:la rendición de cuentas gubernamental yel grado de satisfacción de los derechos humanos.Por un lado, la rendición de cuentas constituye unejercicio de información social, que obedece a unaresponsabilidad constitucionalmente establecida 64 , yes además un instrumento que permite a la poblacióndesarrollar el sentido crítico respecto de las responsabilidadescomunitarias y resulta tener, por ello, unenorme valor pedagógico.El grado de satisfacción de los derechos humanos, porsu parte, depende en gran medida de las posibilidadesque tengan las personas, de involucrarse activamenteen todos los asuntos que les conciernen y afectan. Laparticipación ciudadana, es un mecanismo ineludiblepara la solución de los problemas que demanda unBuen Gobierno. Consecuentemente, dado que elinvolucramiento de las personas resulta indispensablepara el desarrollo, es menester fomentar una participacióninformada y comprometida con los derechoshumanos, que sea institucionalmente facilitada por elgobierno central y por las municipalidades.Siguiendo este orden de ideas, el desarrollo no puedeentenderse como un objetivo desligado de las oportunidadesde las personas para compenetrarse enel diseño e implementación de políticas y programaspúblicos.Debemos actuar cautelosamente con las ideas dedesarrollo nacional que sean concebidas y fijadasexternamente. Además, los modelos de desarrollo quese presentan como sinónimo de crecimiento per cápitao de eficiencia mercantil, no sólo resultan inaceptables,sino que son contraproducentes para garantizarla dignidad de los grupos sociales que esos modelos,precisamente, mantienen en la pobreza, debido a unexcesivo énfasis en los mecanismos del mercado, antesque en las necesidades de justicia e igualdad.El verdadero desarrollo humano, sólo es posible si laspersonas tienen la posibilidad de construir las capacidadespara responder a las necesidades de la época.No hay manera de lograr avances significativos enlos ámbitos económicos, sociales y culturales, si a laspersonas se les niega el derecho de enfrentar esosretos mediante una gestión de gobierno que no esincluyente, ni participativa ni solidaria. Mucho menoses posible optar por el desarrollo, si se piensa quelas necesidades históricas de las comunidades, sólo64 Artículos 27, 30, 139 y 140 de la Constitución Política de laRepública.pueden ser determinadas y atendidas allende nuestrasfronteras y exclusivamente con medidas utilitaristas.Ciertamente, el impacto de la cooperación internacionalpara el desarrollo debe mejorarse, pero es másurgente comprender que el desarrollo es un procesode aprendizaje colectivo; y que este proceso es necesariopara construir valores y conocimientos quetienen como fin dignificar la vida y que resultan indispensablespara comprometer a la ciudadanía con losderechos de las personas 65 y el mantenimiento de unambiente ecológicamente equilibrado y saludable.Los retos que plantea el Buen Gobierno en una sociedaddemocrática, llevan por lo tanto a repensar elconjunto de dispositivos normativos e institucionalesque regulan y configuran la educación 66 y el papel queésta juega en la formación ciudadana.Por los motivos expuestos, no conviene seguir presentandoa la democracia como una cuestión de representatividadpara el ejercicio del poder estatal, sinomás bien como una red de procesos que orientan, entérminos reales y verificables, la participación en latoma de decisiones de las personas y de los pueblos,en torno a las cuestiones críticas de las que dependela realización de los derechos y las responsabilidadeshumanas.La desigualdad, la discriminación y la pobreza sonprácticas esencialmente antidemocráticas, que debencombatirse con la implementación de políticas públicasde amplia base participativa, que busquen el desarrollode medidas afirmativas para reducir las asimetríassociales, económicas y culturales.Dado que las prácticas discriminatorias y en general laexclusión social no se reducen a los fenómenos de explotacióny desigualdad económica, sino que abarcanmúltiples determinaciones patriarcales, la arquitecturadel Buen Gobierno debe afianzarse en los mecanismosde prevención a largo plazo, como formas de evitar omorigerar los conflictos sociales y buscar la promociónde la igualdad y el desarrollo sostenible 67 .Los procesos de democratización son factores de realizaciónde los derechos humanos. En términos con-65 Muñoz, Vernor. Informe del Relator Especial de la ONU sobreel derecho a la educación. E/CN.4/2005/50 del 17 de diciembre de2004, parágrafos 30 a 46.66 Braslavsky, Cecilia y Coss, Gustavo. Las actuales reformaseducativas en América Latina: cuatro actores, tres lógicas y ochotensiones. EN: REICE - Revista Electrónica Iberoamericana sobreCalidad, Eficacia y Cambio en Educación. 2006, Vol. 4, No. 2e.67 Proyecto revisado del plan de acción para la primera etapadel Programa Mundial para la educación en derechos humanosQuincuagésimo noveno período de sesiones de la AsambleaGeneral de Naciones Unidas. A/59/525/Rev.1


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes101cretos, se entienden como condiciones de inclusiónefectiva en la toma de decisiones y en el goce de losfrutos de la construcción autónoma de las ciudadaníasactivas y responsables.La democratización de los asuntos de gobierno deberíacambiar las determinaciones históricas que hanfavorecido el autoritarismo, el racismo, la depredaciónecológica y demás prácticas patriarcalistas, para construirsignificaciones que favorezcan la igualdad, la justiciay las responsabilidades humanas en la realizaciónde los derechos de las personas.La realización de estas prácticas podría llevarnos areconstituir un nuevo carácter del Estado Social deDerecho, que ha sido puesto en grave peligro ante lapostración de los bienes sociales, culturales y ambientales,que son reducidos a mercancía por la voracidaddel comercio internacional.La tarea educativa, en cualquier forma o dimensiónque se piense (sea la educación formal, no formal,informal, la promoción y la divulgación) ya no se vecomo una acción subsidiaria de la gestión gubernamental,sino como un derecho humano que a su vezrealiza otros derechos.Hoy más que nunca se entiende que para garantizar,respetar y desarrollar los derechos humanos, elEstado debe profundizar los mecanismos de promoción,para capacitar a los operadores institucionalesen las formas de protección de los derechos de laspersonas y para que las personas consoliden lacreencia de que el ejercicio de sus derechos no puededesligarse de la afirmación de sus responsabilidades.Educar para el Buen GobiernoLa Defensoría de los Habitantes es una institucióncomprometida con la defensa y promoción de los derechoshumanos. De conformidad con lo dispuestoen su ley de creación y en virtud de lo establecido porNaciones Unidas en los Principios de París 68 , las actividadesde protección que lleva a cabo la institución,incluyen la realización de programas educativos enderechos humanos, que se llevan a cabo en escuelasy colegios, así como en comunidades e institucionespúblicas.La presentación detallada de estas actividades, sepresentará más adelante en este informe anual.Sin embargo, resulta necesario caracterizar de previola naturaleza de la intervención pedagógica que llevaa cabo la institución, para ilustrar la manera en que lasactividades educativas se dirigen al fortalecimiento delsentido crítico de las personas y, en general, del régimende derechos humanos que inspira la institucionalidadcostarricense y, por extensión, el Buen Gobierno.Las acciones de la Dirección de Promoción yDivulgación de la Defensoría se han focalizado encinco programas estratégicos, que incluyen actividadescon estudiantes de primaria y secundaria, perotambién acciones de divulgación, programas de publicacionesy de extensión cultural, entre otras.Los programas educativos de la Defensoría de losHabitantes responden también a las demandas concretasde grupos sociales y de comunidades, peroigualmente reflejan la diversidad temática que representanlas quejas recibidas en la institución a lolargo de sus quince años de funcionamiento. Por estemotivo que la Dirección de Promoción y Divulgacióntiene competencia concurrente en todos los temasinstitucionales, lo cual le permite ofrecer asesoría pedagógicay acompañamiento técnico a las iniciativasde capacitación que también se realizan en las direccionesde defensa.La experiencia acumulada ha permitido dimensionarcada una de las actividades que se llevan a cabo enlos programas permanentes y en las experiencias piloto,en el marco de acción de Educación para Todos,de la Conferencia de Dakar y del Programa Mundial deEducación en Derechos Humanos de la ONU.La vinculación temática y conceptual de todos estostemas, se encuentra mediada por el desarrollo de unenfoque holístico de los procesos de enseñanza y deaprendizaje y con la necesidad de aportar a la construcciónde capacidades en las personas que les permitandesenvolverse como seres solidarios y justos.Las consideraciones sobre el Buen Gobierno, la democraciay los derechos humanos que se presentaron enel acápite precedente, tienen un correlato en el diseñometodológico de las actividades institucionales, específicamenteen la puesta en práctica de las actividadesde promoción y divulgación de derechos humanos.Estas actividades, además recogen quince años deexperiencia institucional, que resulta cada vez másvaliosa y se proyecta en una diversificación del quehacercolectivo, que ha sido enriquecido con el aportede profesionales de diferentes especialidades e intereses,y que sin embargo permanecen unidos en lacerteza de que los derechos humanos constituyen elfactor que armoniza la diversidad social y cultural.68 Adoptados por la Asamblea General de las Naciones Unidasmediante resolución 48/134 del 20 de diciembre de 1993.


102 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008Las propuestas pedagógicas de la Defensoría hantratado de reforzar de manera transversal el trabajo deeducación en derechos humanos en las escuelas delpaís, de modo que sea posible promover la convivenciade los grupos sociales en los que los entornos familiar,escolar, cultural y social actúen como espaciospara el aprendizaje.Las Naciones Unidas, en el Programa Mundial de educaciónen derechos humanos, señala que la adopciónde un enfoque holístico en los procesos educativosresulta indispensable para integrar los objetivos, contenidos,recursos, métodos y sistemas de evaluación,de modo que las y los estudiantes puedan abrirse a lavida fuera del aula y fomentar asociaciones entre losdiferentes miembros de la comunidad escolar” 69 .El sentido holístico en la educación, constituye unode los enfoques que con mayor ahínco han sido fortalecidosen los últimos años, atendiendo, entre otrasrazones, la necesidad de insistir en los vínculos vitalesde la ecología y de trabajar en la expansión de laconciencia global respecto de las responsabilidadesque incumben a todos y todas, en torno a los gravespeligros que afectan al planeta y que con especialvirulencia atacan a las poblaciones discriminadas ydesposeídas.En la medida en que los procesos educativos contribuyana constituir valores firmemente asentados enel respeto y promoción de los derechos humanos, seespera que las políticas públicas reproduzcan con mayorfrecuencia y profundidad, las acciones necesariaspara contrarrestar la depredación planetaria y la desigualdade injusticia social. Una visión educativa queno atienda estas necesidades mundiales y locales,difícilmente puede contribuir a la construcción de lamasa crítica que con urgencia se requiere para avanzaren la producción de los cambios cualitativos que elpaís y el mundo necesita.Con este propósito, la Defensoría puso en prácticavarias propuestas educativas que ha venido desarrollandodesde el período anterior, pero que recogenla experiencia antecedente en materia de derechoshumanos. Varias de las iniciativas institucionales sehan formulado recurriendo a las formas y manifestacionesartísticas, al considerar que la asimilación deinformación y la generación de actitudes proclives alos valores y derechos humanos, son más fácilmenteapropiadas por los y las estudiantes mediante el artey la recreación.Es por este motivo que la acción educativa ha tenidoun fuerte énfasis en el mimo, los títeres, el teatro, elcine y las artes plásticas, por medio de actividades69 A/59/525/Rev.1, op cit, p.28.que lograron producir una sensibilización susceptiblede reconocer los derechos humanos y su potencial deacción.La puesta en marcha de estas actividades ha requeridoal personal de la Dirección de Promoción yDivulgación de la Defensoría, elaborar metodologíasparticipativas cooperativas, (es decir no competitivas,sino de cooperación), que constituyen herramientasinteractivas, basadas en la experiencia vital de las ylos participantes. Con ello se establecen vínculos entrela teoría y la práctica, que permiten desarrollar un espíritucrítico y solidario entre las personas, al tiempo quese les ofrecen recursos para exigir el cumplimiento desus derechos, valga decir, a pedir cuentas a las institucionesy solicitar transparencia en las respuestas.La consolidación de redes y mecanismos de acciónpara la efectiva realización de los derechos humanos,se ha propuesto como procesos que tomen en cuentalas redes locales activas, comprometidas con la creacióno detección de mecanismos de contacto y quepermitan establecer un intercambio de prácticas entrelos alumnos y alumnas, para que recojan el sentir yla aspiración de sus propias vidas en las comunidadesy puedan así conducirlas hacia un mejor ejercicioeducativo en valores y principios éticos, morales yespirituales.Estas iniciativas se han complementado con los avancesque hace la Defensoría en la promoción de losmecanismos alternativos de resolución de conflictos,como medidas para lograr el respeto a los derechoshumanos. Estos mecanismos tienen como objetivobrindar a las personas las herramientas necesariaspara fortalecer las buenas relaciones con los demásy potenciar las capacidades para manejar adecuadamentelos conflictos sociales y personales.Es evidente que los progresos económicos y socialeshasta ahora alcanzados no son suficientes para vencerel rezago histórico del país y de la región; ademásde los problemas derivados de la reducción del gastopúblico y del aumento del desempleo, existen retosimportantes en materia de fortalecimiento institucionaldel Estado de derecho, la inclusión social y el reconocimientode la diversidad cultural.Por otra parte, Centroamérica está situada en unárea de paso de las especies, lo que le ha permitidodestinar muchos esfuerzos a la preservación de labiodiversidad. Sin embargo, también es cierto que nosenfrentamos a una realidad preocupante en relacióncon las condiciones que imperan en el marco de ladisponibilidad presente y futura de nuestros recursosnaturales, de nuestras interdependencias y de nuestrasidentidades nacionales.


Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoDefensoría de los Habitantes103El origen de esta situación es variado y complejo;comprende rasgos culturales, económicos y de organizaciónpolítica, por lo que la búsqueda de solucionesante la existencia de condiciones ambientales cadavez más deterioradas, debe generar respuestas desdela cultura, desde su desarrollo económico y su organizaciónpolítica, pasando por el tamiz de los valoresintangibles de la Humanidad (aquellos que debemospreservar no solo para los nuestros, sino que tambiénpara el resto de los hijos e hijas centroamericanas delfuturo). Por estas razones, la Defensoría también hainiciado un proceso de educación en derechos humanosmediante el teatro, que logró implementar graciasal apoyo económico del Gobierno de Noruega.Este proyecto asegura el reconocimiento de las institucionesde derechos humanos locales, como entesinstitucionales que en forma directa se acercan alas poblaciones y logran establecer puentes entre lainstitucionalidad, la acción civil y las organizacionesciudadanas para ejercer presiones sobre el sistemapolítico nacional en busca de situaciones de consensoque logren mejorar las limitantes o carencias existentesen beneficio de la aplicabilidad de los derechoshumanos.La Defensoría considera indispensable que las personasconozcan sus derechos y tomen concienciasobre el deber de protegerlos y hacerlos válidos. Enla medida en que los y las habitantes dispongan deinformación precisa y de los instrumentos organizativosnecesarios, podrán gestionar por sí mismos-asla resolución de los problemas que los afecten o quelesionen sus derechos.Los derechos humanos suponen una práctica constantey sólo cuando se traducen en actos, conductas,comportamientos, cobran plena vigencia; pasandel plano de los principios generales al plano de lasrealidades concretas. Los derechos humanos no sonsimples enunciados teóricos sino, principalmente, derechosintegrales e irreductibles de las personas.Los derechos humanos establecen una relación articulada;se fundan en valores más amplios que losvalores individuales, valores supremos que buscanante todo la convivencia pacífica, equilibrada y justaentre todas las personas, las naciones y los Estados.Interesa tener presente, entonces, la importancia de laeducación como recurso mediante el cual la sociedadenfrenta el reto de construir valores que fortalezcan laconvivencia entre las personas y sus entornos y favorezcansu desarrollo pleno, individual y colectivo.Por ello, el disfrute pleno de los derechos humanospasa por la atención de la dualidad derivada de losprocesos de inclusión/exclusión. Esta dualidad aludea una relación cultural que no se resuelve solamentecreando medios de comunicación o estableciendolineamientos jurídicos, sino que se materializa particularmenteen las maneras en que las personas seconstruyen a sí mismas en su relación con los otros,en condiciones de igualdad y justicia. Ha sido necesario,pues, efectuar un trabajo previo de análisis críticode aquellos elementos, actos o valoraciones que naturalizana la exclusión y expropian de la palabra a laspersonas, a la sociedad y a los pueblos.Nada más adecuado que utilizar el derecho a una educaciónbasada en derechos, como mecanismo paraque el aprendizaje de los roles ciudadanos de los ylas estudiantes de los colegios públicos nacionales, secontinúen arraigando en su formación integral. Abordarla construcción de sentido de los nuevos valores sociales,culturales, políticos y económicos, particularmentedesde la visión de la persona en su entorno, con elrecurso existente de las políticas educativas formalese informales, posibilita actuar desde el tercer ciclo dela educación general básica.El teatro y otras manifestaciones artísticas, han sidoutilizados exitosamente en la búsqueda interminablede espacios de encuentro y elaboración de nuevosmodelos de vida, modelos de comunicación en dondelos derechos humanos encuentran asidero en la construcciónde una sociedad más justa, más equitativa ymenos excluyente.La propuesta teatral de la Dirección de Promoción yDivulgación de la Defensoría, facilita las herramientasy mecanismos de conocimiento e información necesariospara convertirlos en espacios ideales de aprendizajede los nuevos modelos significativos, en donde secomprenda el entorno político, social y cultural comouna infraestructura necesaria para el desarrollo.La oportunidad de elaborar mediante el teatro propuestasde gestión cultural de los derechos, se aprovechapara redimensionar los valores que fundamentan losderechos de las personas y de los pueblos.Esta posibilidad de aprendizaje es el producto que empiezaprimero en el ámbito social y luego trasciende alplano individual, dentro del marco de relaciones que seestablecen entre los seres humanos, dando por sentadoque el proceso de aprendizaje, sólo es posible encompañía, nunca en soledad.Y como los seres humanos son gregarios por naturaleza,creamos el espacio óptimo y adecuado para estimularel intercambio de experiencias, de sensaciones,de interpretaciones que ofrece el teatro como puentecomunicacional. Una comunicación entendida comoproceso y producto de diversas prácticas sociales,


104 Capítulo I / El camino hacia el Buen GobiernoInforme Anual de Labores 2007-2008cuyos componentes básicos son la socialidad, la ritualidady la tecnicidad.Desde una perspectiva democrática, esas prácticasdeben ser fortalecidas, especialmente en uno de susaspectos esenciales: el diálogo y los “escenarios paraese diálogo”. El teatro como arena social, como mediode interlocución de la palabra actuada, la palabra escuchada,la palabra para aprender, articulada en dosdimensiones: quien oferta el diálogo y como éste esrecibido por su audiencia, convierten en realidad eseescenario para el diálogo dentro de la enorme carga desus propios valores y actos en sus vidas cotidianas.El aprendizaje que se logra cuando media la acciónteatral es la más inmediata; donde los y las adolescentespodrán adueñarse de lo vivido, por medio de laparticipación y la interacción generada entre el dramade la obra y los sentimientos del auditorio les dará laoportunidad de tener los conocimientos a través desentido lúdico, particularmente sensibilizados con losdiálogos, los sentimientos y la emoción.Divulgar y promover en forma permanente y cotidianaestos derechos dentro de los criterios del teatro comomedio, aseguran el conocer, valorar, distinguir y enúltima instancia proteger esos derechos, como patrimoniospersonales y universales.La práctica de los derechos, percibida desde la acciónteatral, lleva en sí el componente emocional necesariopara que pueda asegurarse su respectivo conocimiento,su práctica y la prevención de abusos, carencias oviolaciones a los mismos.La propuesta teatral de la Defensoría, deberá generaractividades locales que modifiquen de alguna manerala forma de visualizar las acciones de promoción,divulgación o educación en todas y cada una de lassedes de derechos humanos. Esperamos, entonces,que la experiencia desde la acción lúdica y dentro delmarco del teatro como espacio para el cambio, genereun aprendizaje desde, para y por la promoción y divulgaciónde los derechos humanos y los deberes quedeterminan tales aprendizajes.


CAPITULO IILa Defensa y Promoción de losDerechos de los y las Habitantes en eldía a día: informe de gestión


Dirección de Admisibilidady Atención InmediataI.Ámbito de competencia de la Dirección.-Como parte del ejercicio de rendición de cuentas quedebe realizar la administración pública, en el presentecapítulo se exponen las principales características delaccionar de la Dirección de Admisibilidad y AtenciónInmediata de la Defensoría de los Habitantes duranteel período comprendido entre el 1 de enero y el 31 dediciembre de 2007.En concreto, se planteará una breve explicación delpapel que la Dirección ocupa en el engranaje institucionalpara la defensa de los derechos e interesesde las y los habitantes, para luego presentar datos ycasos que evidencian el ejercicio realizado durante elperíodo en cuestión.En tal sentido, debe tenerse presente que el fin de laDefensoría de los Habitantes es velar porque la actividaddel sector público se ajuste al ordenamientojurídico, la moral y la justicia, de forma tal que losderechos e intereses de los y las habitantes siempreestén protegidos y tutelados. La Defensoría realiza,entonces, un control de la legalidad, la moralidad yla justicia de las acciones u omisiones de la actividadadministrativa del citado sector.En procura del cumplimiento de esa responsabilidad,la Defensoría cuenta con una organización institucionalque se centra en la labor de defensa, promoción,divulgación y educación en Derechos Humanos, esdecir, que si bien cuenta con todos los órganos administrativosnecesarios para el cumplimiento integral desu labor (Vg. oficina de prensa, auditoría, planificación,proveeduría, archivo y correspondencia, financiero,etc.), propiamente la defensa y promoción de losderechos de las personas se realiza mediante lasáreas especializadas en derechos fundamentales y laDirección de Admisibilidad y Atención Inmediata.De manera más amplia, la Dirección de Admisibilidades donde se inician las gestiones en pro de la defensade los derechos fundamentales de las personas y sutrabajo se suele complementar con las acciones deáreas organizadas de acuerdo con los espacios de larealidad en los que se produce la vulneración de derechos.Las áreas de defensa son las siguientes:• Dirección de Mujer• Dirección de Protección Especial• Dirección de Calidad de Vida• Dirección de Control de Gestión• Dirección de Asuntos Económicos• Dirección de Niñez y AdolescenciaDichas áreas son las que se encargan de dar trámitea los expedientes admitidos para su investigación yestudio y por ende, realizan las gestiones necesariaspara proteger los derechos de las y los habitantes frentea las actuaciones u omisiones de la administraciónpública.1. ¿Por qué la Dirección de Admisibilidad es lacara de la Defensoría?-Tal y como se establece en el párrafo primero del artículo12 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes:“Sin perjuicio de las potestades constitucionalesy legales de los órganos jurisdiccionalesdel Poder Judicial, la Defensoría de losHabitantes de la República puede iniciar, deoficio o a petición de parte, cualquier investigaciónque conduzca al esclarecimientode las actuaciones materiales, de los actos uomisiones de la actividad administrativa delsector público…” (El destacado no es deloriginal)Al hacer referencia a investigaciones a solicitud departe, resulta evidente que debe haber una instanciaencargada de la recepción de las denuncias o inquietudesde las personas o agrupaciones que recurrena la institución en busca de colaboración. Es así, quela Dirección de Admisibilidad es la primera oficinaque recibe a las y los habitantes. Corresponde a laDirección de Admisibilidad y Atención Inmediata larecepción, registro y estudio de admisibilidad de las


108 Capítulo II / Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataInforme Anual de Labores 2007-2008solicitudes de intervención que se presentan a laDefensoría. Además, le corresponde dar trámite a lasatenciones inmediatas, entendidas éstas como aquellassolicitudes o denuncias en las que se infiera que,de no actuarse de inmediato, el daño a los derechos eintereses de la persona sería irreversible.Para realizar tales labores, la Dirección cuenta conun equipo interdisciplinario de profesionales altamentecomprometidos con las acciones que ejecutala Defensoría y con todas aquellas personas quesolicitan la intervención de la Institución ante las violacionescausadas por acciones u omisiones del sectorpúblico.En cuanto a esa recepción inicial, se debe prestaratención al menos, a dos elementos fundamentales:• e/la habitante puede recurrir a la Defensoría pordiferentes medios y• el/la habitante puede acudir a diferentes oficinasubicadas a lo largo del territorio nacional.En cuanto al primer factor, las y los habitantes puedenpresentar su queja ante la Defensoría de manera personal,telefónica, vía fax, carta o correo electrónico.Además, de acuerdo con las disposiciones del artículo17 de la Ley de la Defensoría de los Habitantes, laintervención se,“… solicitará sin costo alguno y sin formalidadesespeciales, de modo verbal o escrito. Sinembargo, el reclamante debe indicar su nombre,sus calidades y su domicilio exactos.”Siempre y cuando se aporten esos datos, cualquierpersona residente en el país puede ser atendida porla institución, sin importar si es residente en el país ose trate de pasajeros en tránsito en un aeropuerto nacional.No obstante, es de trascendental importanciarecordar que resulta igualmente vital que se aporte losiguiente:• una clara descripción de los hechos denunciadosy el lugar exacto donde han ocurrido,• copia de las gestiones realizadas por el/la habitantecon anterioridad a la presentación de laqueja en la Defensoría (aunque no es un requisitoindispensable )De igual forma, se debe precisar la pretensión de lapersona interesada en relación con la intervención dela Defensoría.Tabla N° 1Sedes regionales de la Defensoría de los Habitantes:cobertura, inauguración e información de contacto.Oficina regional Cobertura/cantones Fecha de apertura ContactoBrunca Pérez Zeledón, Buenos Aires y Osa 2003Tel: 27-70-64-54Dirección: Costado oeste delEstadio MunicipalChorotegaLiberia, Nicoya, Santa Cruz, Bagaces,Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán,Nandayure, La Cruz y Hojancha1999Tel: 26-66-38-37Dirección: Antiguo Edificio deGobernaciónHuetar NorteSan Carlos, Alfaro Ruiz, Upala, LosChiles, Guatuso, Río Cuarto deGrecia y San Isidro de Peñas Blancas2002Tel: 24-60-93-13Dirección: 100 metros sur y 75oeste del Liceo de San CarlosInstalaciones del MAGHuetar AtlánticaLimón, Pococí, Siquirres, Talamanca,Matina y Guácimo2003Tel: 27-58-07-89Dirección: Contiguo a la agenciade La NaciónPacífico CentralPuntarenas, Esparza, Montes de Oro,Aguirre, Parrita, Garabito, Orotina ySan Mateo2007Tel: 26-61-6107Dirección: Contiguo al Liceo JoséMartíSur Golfito, Coto Brus y Corredores 2008Tel: 27-83-26-40Dirección: De la iglesia católica 50metros al esteFuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Dirección de Admisibilidad, Atención Inmediata y Sedes Regionales.


Capítulo II /Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataDefensoría de los Habitantes109Si bien en sus inicios la institución solamente contabacon una oficina en San José 1 , a partir del año 1999 seinicia un encomiable esfuerzo por facilitar el accesode toda la población del país a los servicios brindadospor la entidad, mediante la apertura de distintas sedesregionales. Actualmente, además de dicha oficina centralsituada en San José, la atención de la poblaciónse realiza a través de seis sedes regionales que seenuncian en la siguiente tabla:Cada una de estas sedes tiene un ámbito de coberturaque garantiza mayor accesibilidad a los servicios quebrinda la Defensoría de los Habitantes, logrando quelas personas no se sientan limitadas o excluidas por sulugar de residencia, sino que, por el contrario, sientanque la institución está para el servicio de todos y todas.En las sedes regionales igualmente se realiza recepciónde denuncias, atención inmediata de problemas yorientación a habitantes en el marco de la educaciónen derechos humanos, tal y como lo hace la Direcciónde Admisibilidad. Con esto se brinda una atención másexpedita y la institución se vuelve más cercana a laspersonas.2. Registro de denuncias: solicitudes deintervención.-En el artículo 18 de la Ley de la Defensoría de losHabitantes, se establece que la institución debe registrartodas las quejas que se le formulen y acusará recibode ellas. En los casos en que se rechaza la solicitudpor cuestiones de competencia o limitaciones legales,la institución debe justificar de manera adecuada elacto de inadmisibilidad y, si se considera necesario, sedebe orientar al/la habitante sobre las vías oportunaspara reclamar sus derechos.De acuerdo con lo anterior, la Defensoría debe llevarun registro exhaustivo de toda solicitud que se le planteey sea o no admisible para su estudio, debe orientara las y los habitantes para que puedan solucionar suproblema. En este marco es donde se inscribe granparte del accionar de la Dirección de Admisibilidad, yaque a ésta le corresponde la recepción y el registro delas consultas y/o denuncias, el estudio correspondientepara determinar si una situación es competencia ono de la entidad, orientar a los/as recurrentes cuya denunciano es admisible y, en ocasiones, debe participarde manera directa en la solución de problemáticas queenfrentan las y los habitantes realizando inspeccioneso visitas a las instituciones denunciadas.1 Junto a las oficinas centrales, en la administración 1993-1997, se implementó el denominado programa de unidadesmóviles de promoción y divulgación de derechos que sedesplazaban por el territorio nacional en procura de atendera los/as habitantes para que expusieran sus quejas. Además,se desarrollaba un importante programa de educación enderechos humanos.De tal forma, los/as funcionarios/as de la Direcciónde Admisibilidad cuentan con la responsabilidad dedeterminar qué es competencia de la institución y además,de orientar al/la habitante. En tal sentido, los/asfuncionarios/as de la Dirección son, por así llamarlo, lacara de la Defensoría y representan a la institución indicandode qué manera se puede ayudar a la personao agrupación reclamante del servicio.Tal y como fue señalado, la presentación de las denunciasy la valoración que realizan los profesionales/asde la Defensoría sobre ellas debe ser apropiadamentedocumentado, en la medida de lo posible. El registrode las consultas y/o denuncias que se presentan a laDefensoría de los Habitantes se realiza mediante unsistema de gestión documental que se basa en un instrumentodenominado “Solicitud de Intervención” (“SI”).En dicho documento se consignan cuestiones básicaspara la orientación o investigación del caso expuesto,tales como datos personales de la persona interesada(nombre, cédula, género, edad, teléfono, fax., correo,dirección exacta, etc.), institución denunciada, hechosdenunciados, pretensión concreta, funcionario a cargode la consulta, trámites sugeridos, gestiones realizadasy observaciones adicionales.Toda “SI” es abierta por los/as profesionales de laDirección de Admisibilidad y la elección del trámite querecibirá también es determinada por ellos/as. Entrelas opciones de trámite se encuentran la apertura deexpedientes – o admisibilidades –, la orientación al/la habitante, el traslado de la consulta a contraloríasde servicios u órganos de control, las atencionesinmediatas, las acciones sumarias de defensa y lasinadmisibilidades.Dada la relevancia de las tareas y el volumen de trabajode esta Dirección, se genera una alta concentraciónde trabajo que es ejecutado en el menor plazo y con lamejor calidad posible, siempre teniendo como norte ala persona que se encuentra frente a nosotros.Para reflejar las dimensiones del trabajo que se llevaa cabo, posteriormente se presentan datos sobre lasdenuncias admitidas durante 2007, así como ejemplosrepresentativos.3. ¿Cómo se determina qué es admisible yqué no lo es?2Aunque el nombre de “Defensoría de los Habitantes”suele llamar a la confusión porque puede ser interpretadocomo el apelativo para una entidad que va aproteger a toda persona ante cualquier problema, la2 Para mayor detalle, puede consultarse: Defensoría de losHabitantes de la República de Costa Rica. Informe Anual 2006-2007, San José-Costa Rica, pp. 10-24.


110 Capítulo II / Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataInforme Anual de Labores 2007-2008verdad es que desde su creación, en el año 1992, normativamentese estableció que su deber es proteger alos los/as habitantes de las acciones u omisiones delsector público que violenten el disfrute de sus derechoshumanos. Asimismo, también por mandato legal,se ha trabajado de manera amplia en la difusión de lascompetencias de la institución y los derechos que éstaprotege, dado que la promoción y divulgación es laborfundamental conforme se establece en el artículo 1 dela Ley N.° 7319 y que la educación en derechos humanoses un eje rector de la presente gestión.No obstante, resulta conveniente precisar los criteriosde admisibilidad que se siguen, ya que el ordenamientopositivo establece casos excepcionales o condicionantesque deben ser considerados.a.Control de lo público.-El artículo 6 del Reglamento a la Ley de Creación dela Defensoría de los Habitantes –Decreto Ejecutivo N.°22266-J de 15 de junio de 1993– dispone lo siguiente:“Corresponde a la Defensoría de losHabitantes de la República las siguientesatribuciones generales:• Proteger los derechos e intereses de los habitantesfrente a amenazas, perturbaciones, restriccioneso violaciones provocadas por accionesu omisiones provenientes de la actividadadministrativa del sector público.• Velar porque el funcionamiento del sector públicose ajuste a lo prescrito por la moral, la justiciay el ordenamiento jurídico.• Velar por el buen funcionamiento, la eficienciay la agilización en la prestación de los serviciospúblicos.• Desarrollar programas para la promoción y divulgaciónde los derechos de los habitantes.”Tal y como lo establece la Ley General de laAdministración Pública, el acto administrativo públicoes aquel que expresa la voluntad de la AdministraciónPública y que produce efectos jurídicos. Esa voluntadse manifiesta mediante acciones concretas que lasinstituciones – a través de sus funcionarios/as – adoptanfrente a una determinada problemática.El quehacer de las instituciones que brindan serviciosy administran fondos públicos, debe ajustarse a las leyes,la moral y la justicia. En ese sentido es necesariopreguntarse: ¿qué es público?Existen ciertas actividades de entidades de naturalezaprivada que, por el tipo de servicio que brindan o losrecursos que administran, se rigen por el DerechoPúblico y por ello, bajo determinadas circunstancias laDefensoría puede intervenir en procura de la defensade los derechos de las y los habitantes (Vg. colegiosprofesionales). Por el contrario, ciertas actividadesdesarrolladas por instituciones de naturaleza pública oque administran fondos públicos, no pueden ser objetode investigación de la Defensoría, si el fondo del asuntorefiere a asuntos regulados por el Derecho Privado(Vg. ciertas acciones de organismos financieros).Es así que la labor de admisibilidad de consultas, esun ejercicio de análisis que desde su etapa más básicadebe considerar diversas variables.El artículo 6 del Reglamento, también recuerda queparte fundamental del control de la gestión administrativay la tutela de los derechos de todas y todos loshabitantes, reside en la promoción de los DerechosHumanos. En ese espacio de divulgación de losDerechos Humanos, la institución ha desarrolladonumerosos proyectos y programas que permiten laformación de las personas en materia de derechos ydeberes.En el caso de la Dirección de Admisibilidad, mediantela atención personal que se brinda a las y los habitantesy las orientaciones que se canalizan de maneratelefónica y escrita, se realiza un invaluable aportea la labor formativa que debe ejercer la institución.Los/as funcionarios/as de Admisibilidad no se limitana admitir o inadmitir un caso; brindan explicacionesintegrales de la situación e indican vías para subsanarlos problemas a los que se enfrentan las personas. Seles estimula para que asuman un rol activo dentro dela Administración, se les enseña que la administraciónes para servir a los y las habitantes y que uno de losderechos humanos de mayor trascendencia en laactualidad es el Derecho al Buen Gobierno. Se cree,firmemente, en el fomento de una población comprometidaun ejercicio pleno de la ciudadanía y la mejorade la Administración Pública.b. La Defensoría no puede sustituir a otrasinstituciones públicas.-El artículo 14 de la Ley de la Defensoría de losHabitantes establece que,“La intervención de la Defensoría de losHabitantes de la República no sustituyelos actos, las actuaciones materiales ni lasomisiones de la actividad administrativa delsector público, sino que sus competenciasson, para todos los efectos, de control delegalidad.”Resulta claro, entonces, que la labor de la Defensoríano consiste en realizar tareas que competen a otras


Capítulo II /Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataDefensoría de los Habitantes111entidades. La Defensoría puede solicitar informacióne investigar a entidades públicas y puede emitir recomendacioneshacia las instituciones públicas involucradas,instando – no obligando – a la respectivainstitución a realizar las tareas que le corresponden.Tal ejercicio es lo que se conoce como magistraturade influencia. Es decir, dado que los informes de laDefensoría no tiene poder vinculante, el acatamientode sus recomendaciones depende de la fuerza moralque caracteriza a las actuaciones de la institución asícomo de la credibilidad, el prestigio y la confianza quetenga frente a la sociedad.c. Impedimento de intervenir en actuacionesdel Tribunal Supremo de Elecciones y el PoderJudicial.-De acuerdo con las disposiciones del artículo 12 de laLey de la Defensoría de los Habitantes, la institución,“… no puede intervenir, en forma alguna,respecto de las resoluciones del TribunalSupremo de Elecciones en materia electoral.[ y ] Cuando la Defensoría de los Habitantesde la República conozca, por cualquier medio,una irregularidad de tipo administrativoque se atribuya a algún órgano del PoderJudicial o a sus servidores, se la comunicaráa la Corte Suprema de Justicia o a laInspección Judicial.”La veda para intervenir en todo lo relacionado a lasresoluciones del órgano rector de la materia electoral,se deriva de la propia Constitución Política, dondeen los artículos 9 y 99 se instituye que el TribunalSupremo de Elecciones tiene el rango e independenciade los Poderes del Estado y tiene a su cargo,en forma exclusiva e independiente, la organización,dirección y vigilancia de los actos relativos al sufragio.Es por ello que la intervención de la Defensoría de losHabitantes que se registra frente al Tribunal se limitaa una solicitud de aclaración sobre un criterio emitido,aunque en materia administrativa puede intervenir sinimpedimento alguno.En el caso de solicitudes de intervención relacionadascon actuaciones del Poder Judicial, la Defensoría nopuede intervenir en cuestiones sustanciales y procedimentales.Además, si un caso se encuentra o ha sidoelevado a la vía jurisdiccional, debe proceder conformelo establece el artículo 19 de la Ley de la Defensoríade los Habitantes, inadmitiéndolo o suspendiendoel trámite hasta tanto el órgano jurisdiccional no sepronuncie.La institución solamente podrá conocer denuncias enlas que,• se trate aspectos generales o que trasciendenel caso particular que se está tramitando en lavía judicial (mientras la autoridad judicial conocey resuelve sobre un caso particular, la Defensoríade los Habitantes puede investigar lascausas de la irregularidad y puede emitir recomendacionestendentes a la mejora de la situaciónglobal, caso en el cual las consecuenciasserán para la colectividad);• o en las que se produzca una dilación injustificadaen el trámite: la Defensoría podrá conoceresos casos sin perjuicio de los lazos de coordinaciónque entable con órganos como la InspecciónJudicial y la Contraloría de Servicios,en cuyo caso la intervención institucional seorienta a canalizar la demanda respectiva y abrindar el seguimiento que ambos órganos lebrinden.En este espacio se debe señalar, la posibilidad de laDefensoría para asistir a las personas en la tramitaciónde acciones de inconstitucionalidad ante la SalaConstitucional, respetando lo establecido en su Ley yReglamento, así como las disposiciones de la Ley de laJurisdicción Constitucional. Igualmente, puede someterproyectos de ley a consulta de constitucionalidad.Finalmente, en el caso del Organismo de InvestigaciónJudicial, como órgano del Poder Judicial, el artículo 19de la Ley de la Defensoría indica que sus actuacionesserán materia de competencia de la Defensoría de losHabitantes “… en cuanto a los Derechos Humanosde los ciudadanos” y que en tales casos su accionar“…se limitará a informar sobre sus investigaciones yconclusiones a la Corte Suprema de Justicia, la cualdecidirá lo correspondiente.”4. Comportamiento de las denuncias durante elaño 2007.-a. Total de denuncias recibidas: por provincia ypor oficina receptora.-Durante la mayor parte del año 2007, la recepción dedenuncias se realizó mediante cinco oficinas, una centraly cuatro regionales. Sin embargo, para noviembrede ese año, se abrió una nueva Sede Regional en laRegión Pacífico Central, de manera que en las tablasy gráficos siguientes se registran los primeros dosmeses de funcionamiento y se muestran datos para untotal de seis oficinas.El total de denuncias recibidas durante el año 2007 fuede 14.397, de las cuales cerca del 60% fueron registradasen la Sede Central –San José–. El restante 40%,


112 Capítulo II / Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataInforme Anual de Labores 2007-2008CUADRO Nº 1Total de denuncias recibidas por la Defensoría de losHabitantes durante el año 2007, por oficina de recepción.Sede de recepción Absolutos PorcentajePacífico Central* 37 0,25Atlántica 910 6,32Norte 1205 8,37Brunca 1702 11,82Chorotega 1989 13,81Central 8554 59,41Total 14397 100,00* La Sede Regional Pacífico Central abrió sus puertas el 9 denoviembre de 2007, de manera que estos datos corresponden alprimer mes de funciones.Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Sistema de GestiónDocumental de la Defensoría de los Habitantestodos los medios que la Defensoría de los Habitantespone a disposición de las personas, siendo las giraslas que representan un porcentaje considerablementeinferior y las vías directas de interposición de denuncias,las de mayor acogida (personal y telefónica).CUADRO Nº 2Total de denuncias recibidas por laDefensoría de los Habitantes durante elaño 2007, por medio de recepción.Medio de recepciónDenunciasGiras 53Fax. 337Internet 794Carta 815Teléfono 3399Personal 6508No categorizada 2491Fuente: Elaboración propia, a partir de datos delSistema de Gestión Documental de la Defensoría de losHabitantes, abril 2008Gráfico N°1Total de denuncias recibidas por la Defensoría de los Habitantesdurante el año 2007, por oficina de recepción.Se debe destacar el importante número de solicitudesde intervención que se plantearon por medio de correoelectrónico, lo cual evidencia que la población está involucrándosemás en el uso de lainformática y las facilidades queésta ofrece.San JoséLiberiaPerez ZeledónSan CarlosLimónPuntarenasSe debe destacar el importantenúmero de solicitudes de intervenciónque se plantearon pormedio de correo electrónico, locual evidencia que la poblaciónestá involucrándose más en eluso de la informática y las facilidadesque ésta ofrece.que corresponde a la labor de las Sedes Regionales,sugiere una buena acogida de la iniciativa de regionalizaciónimpulsada por la Defensoría y además, se debeseñalar la posibilidad de que ese porcentaje crezca alconsolidarse la Regional Pacífico Central y por la aperturaen el 2008 de una Sede en el Sur del país, cuyoámbito de competencia son los cantones Corredores,Coto Brus y Golfito.b.0 2000 4000 6000 8000 10000Denuncias* La Sede Regi onal P acíf i co Cent r al abr i ó sus puer t as el 9 de novi embr e de 2007, de maner a que est os dat oscor r esponden al pr i mer mes de f unci ones.Fuent e: El abor aci ón pr opi a, a par t i r de dat os del Si st ema de Gest i ón Document al de l a Def ensor ía de l osHabi t ant esMedio de recepción.-De acuerdo con la forma de recepción de las solicitudesde intervención, se evidencia la utilización dec.Género de la persona.-Desde una perspectiva general,la Defensoría recibió cerca de un10% más de solicitudes de intervenciónmasculinas que femeninasdurante el año 2007, situación que se explica porla predominancia de este género en las dos oficinasque concentran la mayoría de denuncias. No obstante,el comportamiento en las sedes regionales no es homogéneo;basta con verificar el ejemplo de la regionalBrunca, donde la proporción es prácticamente de 70%contra 30%, predominando las mujeres.


Capítulo II /Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataDefensoría de los Habitantes113CUADRO Nº 3Género de las personas que acudierona la Defensoría de los Habitantes durante elaño 2007, por oficina de recepciónSede de recepción Femenino MasculinoPacífico Central 17 20Atlántica 469 441Norte 626 579Brunca 998 704Chorotega 1174 815Central 3256 5298Total 6540 7857Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Sistema deGestión Documental de la Defensoría de los HabitanteSGráfico N°2Porcentaje de denuncias recibidas por la Defensoría delos Habitantes,de acuerdo al género de la persona, 2007CUADRO Nº 4Total de denuncias recibidas por la Defensoría de losHabitantes durante el año 2007, por sector.SectorOficina receptoraSector públicoprivadoPacífico Central 4 33Atlántica 271 639Norte 197 1008Chorotega 479 1510Brunca 182 1520Central 1505 7049Total 2638 11759Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Sistema deGestión Documental de la Defensoría de los HabitantesGráfico N°3Total de denuncias recibidas por la Defensoríade los Habitantes durante el año 2007, segúnsector.18%55%45%FemeninoMasculino82%PrivadoPúblicoFuent e: E l abor ac i ón pr opi a, a par t i r de dat os del Si st ema de Ges t i ón Doc ument al de l a Def ensor ía de l os Habi t ant esFuent e: Elabo rac ió n propia, a part ir de dat o s del Sist ema de Gest ió nDo c ument al de la Def enso rí a de lo s Habit ant esd.Primer filtro: denuncias por sector.-Como fue indicado en acápites anteriores, quizá elprimer y más significativo filtro para determinar laprocedencia de la intervención de la Defensoría delos Habitantes, es el que tiene que ver con la determinacióndel sector que se está denunciando. En estesentido, para el año 2007, de las 14.397 denunciasrecibidas, 2.638 correspondían al sector privado y enese sentido, inmediatamente se le indica a la personainteresada sobre la imposibilidad de intervención dela Defensoría.En términos porcentuales, el 18% de las denuncias correspondíana denuncias del sector privado y un 82% asolicitudes de intervención hacia el sector público.un 82%. Aunque pueden plantearse diversas causaspara el ascenso en el porcentaje de denuncias hacia elsector sobre el que puede intervenir la Defensoría delos Habitantes, la Dirección de Admisibilidad consideraque parte importante de ese comportamiento reside enla relevante labor de orientación/educación que se lebrinda a las y los habitantes, respecto de la competenciade la Institución en el mismo acto de la recepciónde la denuncia, o bien, por medio de los documentosque se expiden en el día a día.e. Segundo filtro: denuncias del sector públicoinadmisibles.-En segunda instancia, de las solicitudes de intervenciónreferentes a instituciones del sector público, debedeterminarse la competencia institucional, la cual, encaso de no corresponder, se debe declarar la inadmisibilidadde acuerdo con los criterios establecidosnormativamente.En términos comparativos, en el año 2006, el 75% de lasdenuncias correspondían a acciones u omisiones delsector público, mientras que en el año 2007 se registra


114 Capítulo II / Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataInforme Anual de Labores 2007-2008DerechoCuadro Nº 5Derechos vulnerados con mayor frecuenciadurante el año 2007.Derechos económicos y sociales• Derecho al trabajo y estabilidad en el empleo• Derecho a una vida digna• Derecho a un ambiente sano• Derecho a los beneficios de la cultura• Derecho a la seguridad social• Derecho a la salud• Derecho a la propiedad• Derecho a la educaciónDerechos individuales• Derechos de la personalidad• Derecho de petición y pronta respuesta• Derecho al ejercicio de la libertad de tránsito• Derecho al debido proceso• Derecho a la vida• Derecho a la seguridad ciudadana• Derecho a la protección especial• Derecho a la privacidad personal• Derecho a la libertad personal• Derecho a la legalidad• Derecho a la justicia• Derecho a la integridad personal• Derecho a la documentación personal• Derecho a la constitución y protección de la familiaDerechos políticosN° dedenuncias1636• Derecho a la participación en asuntos políticos3• Derecho a la ciudadanía3Total 2251Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Sistema deGestión Documental de la Defensoría de los Habitantes1014328438855629418114609313141101219213153921454296• Derecho a la eficiencia en la prestación de los serviciospúblicosf. ¿Qué sucede con el resto de solicitudes deintervención?-Ahora bien; de las solicitudes de intervención restantes,un total de 2.251 fueron objeto de aperturade expediente (90 fueron investigaciones de oficio yel resto a solicitud de parte); es decir, fueron elevadasal conocimiento de las Direcciones de Defensade la institución para el trámite de la investigacióncorrespondiente.En el cuadro Nº 5 se destaca la tipología de los casosque fueron investigados desde dichas Direcciones.Sobresale la violación del derecho a la salud, del derechoa la eficiencia en la prestación del servicio público,


Capítulo II /Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataDefensoría de los Habitantes115del derecho a un ambiente sano y del derecho a laintegridad personal.En cuanto a las solicitudes de intervención restantes; esdecir, las que no fueron tramitadas por las Direccionesde Defensa de la Defensoría de los Habitantes, fueronatendidas por la Dirección de Admisibilidad y de SedesRegionales, fundamentalmente mediante las siguientesgestiones:• Acciones sumarias de defensa: En ciertos casos,la Dirección de Admisibilidad realiza gestionesdirectamente frente a la institución a laque refieren los hechos denunciados. Esto ocurrecuando se determina que el caso puede serconocido por la Defensoría de los Habitantespero requiere de mayor información para serelevado a la Dirección de Defensa que resultacompetente; o bien, cuando un caso posee característicasque indiquen que desde la mismaDirección de Admisibilidad se le pueda dar trámitey solución.• Atenciones inmediatas: Se presentan ante solicitudesde intervención que, por su naturalezao implicaciones, requieren intervención prontay oportuna por parte de la Defensoría. Si de lasolicitud de intervención se infiere que de no actuarsede inmediato, el daño al/la habitante esirreversible, se inicia una intervención inmediataen los términos del Estatuto Autónomo de Organizaciónde la Defensoría de los Habitantes. Porlo general, se resuelven el mismo día (existiendoun plazo máximo de 72 horas) y combinandiversos tipos de gestiones como llamadas telefónicasy visitas a la institución denunciada.• Traslado de denuncias a órganos de control:Parte de los casos que son competencia de algúnotro órgano de la Administración deben sertrasladados, ya sea de manera directa o indicandoal/la afectado cuál es la instancia a la quedebe de recurrir.En este espacio predomina el criterio administrativode la no duplicidad de acciones y funcionesinstitucionales; es decir, debe prevalecer elrespeto de las competencias de otros órganosde control.Se trata, fundamentalmente, de traslados a laContraloría General de la República (fiscalizadorde la Hacienda Pública), a la Autoridad Reguladorade los Servicios Públicos (fiscalizaciónde tarifas de servicios públicos), a la ComisiónNacional del Consumidor (tutela de los derechosde los/as consumidores/as), SuperintendenciaGeneral de Entidades Financieras, SuperintendenciaGeneral de Valores, SuperintendenciaGeneral de Pensiones, Consejo de TransportePúblico y Contralorías de Servicios (procuranque la prestación de los servicios y/o bienes dela institución en la que se ubican, así como laatención que se brinda al público, mantenga altosestándares de calidad).En todos estos casos, el traslado no implica, necesariamente,que la Defensoría se desentiendadel caso, ya que en diversas oportunidadesse generan acciones conjuntas para la defensade los derechos e intereses del las y los habitantes.• Orientaciones a los y las habitantes: Éstas seefectúan cuando el caso no es competencia dela Defensoría o cuando se requiere de un trámiteprevio que evidencie la irregularidad o laomisión de una entidad pública.Cumpliendo con la consigna de que la Instituciónpretende constituirse en promotora y educadoraen materia de derechos humanos, los/as Profesionalesde Admisibilidad orientan a la personapara que presente sus denuncias o consultasante el órgano correspondiente. Se trata de unproceso para proporcionar herramientas válidasen la defensa de los derechos humanos de laspersonas.II. Gestiones que no pueden esperar:atenciones inmediatas.-Indudablemente, existen situaciones en la vida que nopueden esperar por una solución dilatada, en el tantola espera puede poner en riesgo la integridad física y/opsicológica de las personas. En este espacio es dondela intervención de la Defensoría de los Habitantes y demanera más precisa, de la Dirección de Admisibilidady Atención Inmediata, se presenta como fundamental.En líneas anteriores se indicaron, sucintamente, lascaracterísticas de las atenciones inmediatas. Dado queesta labor es una de las fundamentales de la Direcciónde Admisibilidad y que implica una inmediatez en laactuación en razón de los derechos vulnerados, acontinuación se presentan ejemplos emblemáticosde atenciones inmediatas realizadas por la Direcciónde Admisibilidad durante el período en relación con elcual se rinde cuentas por medio del presente InformeAnual.a.¿No hay camas en el hospital?-Un habitante acudió a la Defensoría preocupado porquesu padre se encontraba internado el Hospital SanRafael de Alajuela esperando por un tratamiento de urgencia.Los médicos remitieron el expediente médicodel paciente al Hospital México, donde aprobaron un


116 Capítulo II / Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataInforme Anual de Labores 2007-2008cateterismo urgente; sin embargo, no habían podidotrasladarlo porque en el Hospital México sostenían queno había camas disponibles.Ante tal situación, una profesional de la Dirección deAdmisibilidad conversó con el cardiólogo del HospitalMéxico, quien reiteró la falta de camas en CuidadosIntensivos, pero amablemente indicó que revisaría siquedaba alguna disponible y devolvería la llamada.Ese mismo día el médico se comunicó con la Direcciónde Admisibilidad para indicar que el sábado o domingoa más tardar estarían realizándole el cateterismo al paciente.Como resultado de las gestiones realizadas porla Dirección de Admisibilidad, el padre del habitantefue trasladado al Hospital México y le fue realizado elcateterismo que requería. Vale destacar que todos lostrámites, se hicieron el mismo día en que fue recibidala Atención Inmediata.b.¿Y el agua?-Un habitante, vecino de Orotina, solicitó la intervenciónde la Defensoría porque desde hacía 13 días –en elmomento en que acudió a la Defensoría– que no seles brindaba el servicio de agua potable como consecuenciade derrumbes en la zona. Dicho servicio esbrindado por la Municipalidad del cantón.Aparentemente, se estuvo repartiendo agua con camionescisternas en el centro de Orotina, pero a sucomunidad nunca llegaron. Llamó y acudió a la municipalidadcon el fin de que le resolvieran el problemade alguna manera, sea abasteciendo con camiones obien mediante la reparación del daño, pero el gobiernolocal no le respondía.El mismo día en que se tomó la denuncia, la Direcciónde Admisibilidad se comunicó con la secretaria delAlcalde, quien indicó que el sistema de agua provienede Turrubares y que un derrumbe había ocasionadodaños, pero que ya habían sido reparados y que se estabasuministrando el agua de manera regulada, puesse tomaba varios días la normalización del servicio.Agregó que se investigaría si existía algún problemaal respecto.Como resultado de las gestiones realizadas por laDirección de Admisibilidad, se informó a la Municipalidadque pese a que se había reparado los daños, el problemacon el abastecimiento agua continuaba. Se informóal habitante sobre el problema que ocasionó el faltantede agua y, posteriormente, el habitante indicó que senormalizó el servicio, que contaban con el líquido todoel día y abundantemente.La denuncia se tramitó el mismo día de su recepción ycuatro días después se cerró, cuando se logró conversarcon el interesado quien confirmó que el problemaestaba totalmente resuelto, aunque la solución seprodujo mucho antes de que se llevara a cabo esaconversación.c. “¿Por qué no se proporciona la atenciónmédica a mi hija?”.-Una madre acudió ante la Defensoría para contar lahistoria médica reciente de su hija de 15 años y solicitarcolaboración urgente para garantizar su derechoa la salud.De manera muy resumida, la madre destacó que la jovenhabía sido operada del apéndice en noviembre de2007 y posteriormente, por un problema con la sutura,se le produjo un desgarre del intestino que provocóque la joven fuera llevada al quirófano en seis ocasiones.Finalmente, la dejaron con una colostomía y conla herida abierta por ocho días.A raíz de lo anterior, el 19 de diciembre de ese mismoaño, la joven tuvo que ser llevada a emergencias y elmédico que la atendió recomendó el internamiento demanera urgente, por cuanto el intestino estaba salidomás de lo normal. No obstante, al 29 de enero de2008, habían consultado de manera insistente en elhospital, donde no la habían querido internar.El mismo día en que se recibió la queja, la Dirección deAdmisibilidad conversó con el padre de la niña, quienindicó que le habían dado cita para el día siguiente (alas 9:00 a.m.) y que con posterioridad a la cita llamaríao se apersonaría en la Defensoría para saber cómo sele podía ayudar. Como parte de la consulta, el señorquería saber si la Defensoría podría llevar el caso pormala praxis, ante lo cual se le explicó de manera detalladaque se trata de un delito que debe ser elevado ala vía judicial y que la institución sólo le podía ayudarcon la cuestión administrativa.Al día siguiente, el padre se comunicó con la Direcciónde Admisibilidad e indicó que, si bien habían atendidoa su hija, no la internaron porque no había cama. Anteesa situación, la Profesional de Admisibilidad a cargodel caso llamó a la Dirección Médica del Hospital perono respondieron porque se estaban trasladando de oficina.Una funcionaria administrativa ofreció trasladarlelos datos a una médico para que se comunicara con laDefensoría.Asimismo, la Dirección de Admisibilidad llamó a laContraloría de Servicios, pero la funcionaria se encontrabaen visita hospitalaria y por ello se le dejó elmensaje.Ante la imposibilidad de la comunicación telefónica,una funcionaria de la Dirección de Admisibilidad visitóel Hospital y conversó con la funcionaria de la


Capítulo II /Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataDefensoría de los Habitantes117Contraloría de Servicios, quien corroboró que en esemomento no había camas en cirugía para internar a lapaciente. Recomendó que se realizara una gestión formal– escrita – ante la jefatura de la Sección de Cirugíapara solicitar una revaloración de la paciente.De acuerdo con dicha recomendación, la Direcciónde Admisibilidad elaboró una nota concediéndose unplazo de 24 horas para dar respuesta.Como resultado de las gestiones realizadas por laDirección de Admisibilidad, el Hospital concedió lacita para valoración. La habitante se comunicó con laDirección e indicó que, después de la valoración médica,a su hija la internaron. Desde que se recibió el casohasta el internamiento transcurrieron solamente tresdías. Todas las gestiones empezaron el mismo día dela solicitud de intervención.d.“Sólo pido tiempo…”Una habitante indicó que su esposo había sufrido unaneurisma. Luego fue internado en el Hospital Dr.Rafael Angel Calderón Guardia por una bronconeumonía.Inicialmente estuvo internado en CuidadosIntensivos y luego fue trasladado a observación, enla Sección de Medicina, Especialidad NeurologíaMedicina 1.Le indicaron que por sus padecimientos, debían realizarunas modificaciones en su casa para no poneren riesgo nuevamente su salud. Aunque los arreglossugeridos no estaban terminados, ya se le había dadode alta en el Hospital. Ante el temor de que su esposotuviera que ingresar a un espacio no apto para susalud, acudió solicitando ayuda a la Defensoría delos Habitantes. La Dirección de Admisibilidad expusoel caso ante la jefatura de la Sección de Medicinadonde se indicó que el caso era de la Sección deNeurociencias, aunque se añadió que se conversaríacon la médico encargada de esa Sección y le solicitaríavalorar la posibilidad de mantener el internamientoal menos dos días más mientras terminaban los trabajosen la casa del habitante.Como resultado de las gestiones realizadas por laDirección de Admisibilidad, se logró que no se le dierade alta al habitante para que pudieran terminar losarreglos de la casa. Todas las gestiones se realizaronel mismo día en que se presentó la queja ante laDefensoría.e.Agilizando la atención médica.-Una habitante remitió un correo electrónico indicandoque había acudido a la Clínica Solón Núñez, dondefue atendida debido a un fuerte dolor en el talón delpie izquierdo. La médica que la atendió, la remitió alHospital San Juan de Dios donde, pese a tratarse deun caso urgente, le dieron la cita para una fecha que lepareció irracional: prácticamente un año después. Losdolores en el talón eran insoportables y tenía que ircada dos o tres días a la clínica para que le inyectaranVoltaren y Tramal.El mismo día en que se planteó la denuncia ante laDefensoría, se solicitó un informe para que se indicarasi era posible realizarle a la paciente una nueva valoración,así como la posibilidad de que le suministraraalgún medicamento para aliviar sus fuertes dolores.En respuesta, el Director General a.i. del Hospitalindicó que la habitante había sido remitida de formaerrónea al Hospital San Juan de Dios, señalando quesería evaluada en Consulta de Rehabilitación.Si bien es cierto en la respuesta que se remitió ala Defensoría por parte del centro médico se indicóque las consultas en Ortopedia estaban saturadas,fue en virtud de la intervención de la Dirección deAdmisibilidad, que se evidenció el error que se cometióen la Clínica Solón Núñez, ya que en lugar de referira la paciente a Ortopedia debió haber sido referida aRehabilitación, que se encontraba menos saturada.Como resultado de las gestiones realizadas por laDirección de Admisibilidad, la paciente fue atendidadiez meses antes de la fecha inicialmente señalada.Los anteriores son solamente algunos casos queejemplifican el trámite, la pronta respuesta y el favorabledesenlace de las solicitudes de intervenciónque la Dirección de Admisibilidad tramita de manerainmediata.Generalmente se refieren a violaciones o vulneraciónde derechos e intereses de las y los habitantes enhechos, actos concretos u omisiones relacionadas conlos derechos a la vida, la salud, la integridad física, laeducación, la libertad de tránsito, el acceso a los serviciospúblicos (agua, electricidad, telecomunicaciones),entre otros.Es de interés señalar que, como se ha ejemplificadoen los casos expuestos, es notable la celeridad en eltrámite en busca de la más eficaz y efectiva solucióna los problemas enfrentados por quienes acuden a laDefensoría.Al obtenerse respuestas como las indicadas, las ylos habitantes muestran confianza hacia la tutela dederechos realizada por la Institución. En suma, conestas acciones la Dirección de Admisibilidad atiendesu deber legal de resolver de la forma más expedita yacuciosa posible, las solicitudes que se le presentan asu consideración bajo este tipo de atención.


118 Capítulo II / Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataInforme Anual de Labores 2007-2008III. Otras formas de velar por el respeto delos Derechos Humanos.-1.Difusión de derechos de los y las habitantes.-SI bien ya ha sido destacada la importante labor de difusiónde derechos que se realiza durante el accionarcotidiano de la Dirección de Admisibilidad, se debenagregar al menos dos actividades adicionales que sehan emprendido desde el área con el fin de contribuircon tan necesaria labor: la creación y fortalecimientode la Revista Digital y la realización de una jornadareflexiva en torno a la actualización de derechoshumanos.a. Primer aniversario de la Revista Digital: De lamano con usted.-El 10 de diciembre de 2007 la Revista Digital “De laMano con usted” celebró su primer aniversario.El nacimiento de esta iniciativa y la conmemoraciónde esta fecha coincidió – no de manera casual – conla celebración del Día Internacional de los DerechosHumanos.La publicación nació en un día tan significativo, porquese ha querido destacar que los Derechos Humanosexisten por el solo hecho de ser personas y que, defrente a actuaciones u omisiones del poder que los vulneren,se tienen una serie de medios para defenderlosy hacerlos valer.Educación en Derechos Humanos, eje transversal dela presente gestión.En este sentido, cabe recordar que la Revista naciócomo una iniciativa de la Dirección de Admisibilidady Atención Inmediata y de Sedes Regionales de laDefensoría de los Habitantes, al considerar de trascendentalimportancia hacer de conocimiento públicosus diversas resoluciones. El trabajo que es realizadopor la Defensoría debe ser conocido por la poblacióny por eso la utilización de un medio de comunicaciónde tal actualidad y difusión como lo es Internet, se havislumbrado como el mecanismo ideal para compartircon todas las personas las acciones ejecutadas parala defensa de sus derechos.En este orden de ideas, es importante indicar que estano es una iniciativa que trabaja en una sola vía –publicaciónde sus resoluciones –; es decir, la Revista “Dela Mano con Usted” busca, además de informar, constituirseen un espacio en el que las y los habitantespuedan compartir con la institución su parecer sobrela labor realizada. En todo momento se tiene presenteque la base y el norte del trabajo de la Defensoría esla persona humana.En efecto; la voz de las y los habitantes es un factorindispensable para el ejercicio de la magistratura deinfluencia que está llamada a realizar la institución. Dehecho, sin el aporte de los miles de personas que acudena la Institución año con año, la labor se tornaría enirrelevante e innecesaria.A continuación, se presentan algunos de los elementosfundamentales sobre la concepción y funcionamientode la Revista durante este primer año.•¿Qué significa el nombre de la Revista?“De la Mano con Usted” concentra el sentir de laDirección de Admisibilidad y Atención Inmediata y deSedes Regionales, en el tanto sugiere que estamospara dar una mano de apoyo a todas las personas queven violentados sus derechos fundamentales por accionesu omisiones del sector público, pero, al mismotiempo, somos esa mano que impulsa a las personashacia el empoderamiento de sus derechos y que lesda la fuerza necesaria para ejercer una ciudadaníaresponsable.•¿Cómo trabaja la Revista?Este esfuerzo editorial es parte de un proceso educativo,por lo que la publicación se enmarca en laLa Revista Digital “De la Mano con Usted” es una publicaciónbimensual que resulta del esfuerzo de un grupode compañeras y compañeros de la Defensoría de losHabitantes quienes de manera voluntaria, han conformadoun Consejo Editorial en el cual cada miembro


Capítulo II /Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataDefensoría de los Habitantes119tiene una responsabilidad específica. Además de eseConsejo, se cuenta con la colaboración de las y loscompañeros de las direcciones de Admisibilidad y deSedes Regionales, sin cuyo aporte la publicación seríaimposible de construir.Asimismo, se cuenta con contribuciones de profesionalesque comparten sus conocimientos en la secciónde Opinión.•¿Es formalmente una publicación periódica?Con el claro propósito de ser un atractivo para importantesacadémicos, profesionales e investigadores,la Revista, que se publica cada dos meses, cuentacon el código ISSN o International Standard SerialNumber, que permite la identificación de cualquierpublicación seriada vigente y que facilita, entre otrascosas, la puesta al día y la vinculación de archivos,recuperación y transmisión de datos. También permiteque estudiantes, investigadores/as, especialistas de lainformación y bibliotecarios/as puedan citar las publicacionesseriadas con precisión y sin equívocos.Al contar con el ISSN, la Revista contiene un elementoque viene a darle un mayor rigor científico, constituyéndoseen un instrumento de información y de educaciónen derechos humanos, a la mano de habitantes,estudiantes e investigadores.•¿Cuál es su contenido?Tal y como es acostumbrado en las revistas, “De laMano con Usted” inicia con una parte introductoria yeditorial de la publicación, donde se plasma la línea depensamiento del Consejo Editorial y por supuesto, dela propia Defensoría.Al tratarse de una publicación realizada desde unainstitución pública comprometida con sus usuarios/as, se abren dos espacios exclusivos para que losjerarcas puedan estar más cerca de la población. Setrata de las columnas denominadas La Defensora conusted y Con usted el Defensor Adjunto, donde dichosjerarcas expresan su opinión acerca de temas de interésnacional.Cumpliendo con uno de los principales objetivos dela Revista, se encuentra un apartado dedicado a lapresentación de resoluciones elaboradas por las y losProfesionales de Admisibilidad y que por ende, representanparte del trabajo ejecutado en el día a día dela institución.Con la clara convicción de fortalecer la regionalizaciónde los servicios brindados por la Defensoría de loaHabitantes, se proporciona información diversa sobrelas sedes regionales que se encuentran en funcionamiento.Se procura evidenciar los esfuerzos realizadospor estar cada vez más cerca de las y los habitantes.“Un grupo selecto de intelectuales y profesionalescontribuye en cada edición convaliosos aportes para la sección de Opinión.Además, personas destacadas en derechoshumanos conceden una entrevista paracada una de las ediciones. Así por ejemplo,se ha entrevistado a la entonces Presidentade la Comisión de Derechos Humanos de laAsamblea Legislativa, Lesvia Villalobos Salas;a la Presidenta del Instituto Interamericanode Derechos Humanos, Sonia Picado Sotela,y al Rector de la Universidad para la Paz,George Tsäi.”Dirección de Admisibilidad y Atención Inmediata, 2008Además, se publican normas en las que se plasmanderechos fundamentales reconocidos en instrumentosnacionales e internacionales y que resultan de vitalimportancia en la defensa y educación ciudadana. Deigual forma, se abre un espacio exclusivo para fomentarla participación ciudadana, con el cual se buscaincentivar la participación organizada de las y los habitantescon el fin de que colaboren en la tutela de suspropios derechos e intereses.Se cuenta, también, con noticias de interés, informaciónimportante para el ejercicio de los derechos y unespacio en el que se publican ponencias e informaciónsobre los consultorios jurídicos de universidades conlas cuales la Defensoría de los Habitantes ha suscritoconvenios de cooperación.•¿Qué ha sucedido durante este primer año?Durante este primer año, “De la mano con usted” hapublicado siete ediciones, donde en cada una procurómejorar la anterior con el fin de cumplir con el objetivopropuesto.En cada una de las ediciones se planteó un eje transversal,de manera que su contenido girara en tornoa un tema en concreto. Particularmente, se puedensubrayar ediciones acerca del entonces Proyectode Ley Tratado de Libre Comercio entre RepúblicaDominicana, Centroamérica y Estados Unidos o sobreel Referéndum celebrado el pasado 7 de octubre. Laedición de aniversario se refirió al tema de la regionalizaciónde la Defensoría de los Habitantes; específicamenteabordando la reciente apertura de la SedeRegional del Pacifico Central y los retos de cara unavigorización de este proceso de regionalización, al reconocerla urgencia de tener una mayor y más cercana


120 Capítulo II / Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataInforme Anual de Labores 2007-2008presencia en las zonas lejanas a la capital, circunstanciaque posibilita un mayor contacto y sensibilizacióncon la realidad y con las necesidades de la población.Esto, a su vez potencia la labor de defensa, promoción,divulgación y educación en derechos humanosque realiza la Defensoría.En términos de difusión, cabe indicar que se registrancasi tres mil visitas al sitio y se espera cada día llegara más personas. Este número es un referente, aunqueno refleja las visitas anteriores a la cuarta edición,momento en el que se incorporó el contador de visitas.Esto nos evidencia que el número es mayor.Al dar una mirada hacia atrás, brota una mezcla de dossentimientos contrapuestos: por un lado, un sentimientode optimismo y por otro, de insatisfacción.Nos seduce un alto grado de optimismo, pues esteesfuerzo representa la culminación de doce meses detrabajo que se reflejan en siete ediciones, por mediode las cuales se ha querido llevar a las y los habitantesinformación de su interés, amén de que se ha tratadode responder cada día mejor, al objetivo que nosplanteamos hace un año. Produce gran satisfacción elcontribuir con una educación en Derechos Humanosque promueva el ejercicio de una ciudadanía activa ymás comprometida con el ejercicio de los derechos ylas diferentes formas de reclamarlos. Somos del criteriode que la Educación se constituye en el motor paraalcanzar el Desarrollo Humano.Pero, por otro lado, nos embarga una importante dosisde insatisfacción frente a lo que ha quedado por hacery que hoy planteamos como retos de cara al próximoejercicio editorial: el desafío que se nos impone deperfeccionar el trabajo que hemos venido haciendopara lograr así mejores resultados y seguir luchandopor hacer de esta publicación una fuente de referenciaen temas de relevancia en materia de derechosfundamentales.b. Celebración del Día Internacional de losDerechos Humanos.-Reconociendo la importancia del Día Internacional delos Derechos Humanos, la Dirección de Admisibilidad,Atención Inmediata y Sedes Regionales, en conjuntocon el Despacho de la Defensoría de los Habitantes,organizó una Jornada Conmemorativa y Reflexivaque denominó “Actualizando los derechos humanos…interrogantes, condicionantes y posibilidades en elcontexto actual del Derecho Humano al Desarrollo”. Laactividad se realizó en el Auditorio de la Ciudad de lainvestigación de la Universidad de Costa Rica, los días10 y 11 de diciembre de 2007.Durante la Jornada, la Defensoría de los Habitantescompartió y reflexionó de manera crítica con diversos/as funcionarios/as del sector público nacional, condestacados/as académicos/as y con representantesde organismos nacionales e internacionales, diversasaproximaciones sobre los Derechos Humanos en elmarco de las tendencias políticas, sociales y económicasactuales. Lo anterior con el claro propósito deque esa actualización en la discusión de los DerechosHumanos de todas y todos, sea efectivamente incorporadaen los procesos de toma de decisión en CostaRica.Innegablemente, dicha actividad forma parte de lalabor de la Defensoría como educadora de los y lashabitantes en materia de Derechos Humanos, la granacogida y la alta calidad de las distintas ponenciasrealizadas durante la Jornada, permitieron trascenderesa tarea. La Jornada fue una clara motivación paraque las y los participantes procuren la incorporacióntransversal de los Derechos Humanos, la justicia, losprincipios éticos y los valores sociales en el análisis,elaboración, gestión y evaluación de las políticas públicasque buscan el desarrollo de Costa Rica.Debe resaltarse, que el eje transversal de la Jornadafue el Derecho al Desarrollo,“... derecho humano inalienable en virtud delcual todo ser humano y todos los pueblos estánfacultados para participar en un desarrolloeconómico, social, cultural y político en elque puedan realizarse plenamente todos losderechos humanos y libertades fundamentales,a contribuir a ese desarrollo y a disfrutarde él.” 3En otras palabras, el desarrollo de una nación siempredebe tener como causa y fin al ser humano.Partiendo de esa visión, se ejecutaron nueve ponenciascon diversos/as profesionales y académicos/as nacionales y se contó con la presencia del Dr.Miguel Sánchez Morón, Catedrático de la Facultad deDerecho de la Universidad de Alcalá de Henares, deEspaña, destacado jurista que tuvo a cargo la conferenciainaugural.En la tabla siguiente se resumen temáticas y ponentesque compartieron su conocimiento con todos y todaslas personas presentes durante esa Jornada:3 Asamblea General de la Naciones Unidas. Declaración sobre elDerecho al Desarrollo, del 4 de diciembre de 1986.


Capítulo II /Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataDefensoría de los Habitantes121Tabla Nº 2Conferencias y mesas redondas realizadas durante la Jornada Conmemorativay reflexiva “Actualizando los derechos humanos”, organizada por laDefensoría de los Habitantes, diciembre de 200710 de diciembre de 2007 11 de diciembre de 20071. Conferencia Inaugural: “Derecho Humano a laJusticia pronta y cumplida: La efectividad de la reformade lo Contencioso Administrativo”Dr. Miguel Sánchez Morón, Catedrático Facultad deDerecho, Universidad de Alcalá de Henares, España2. Conferencia “Políticas Públicas Regionales deReducción de la Pobreza en Centroamérica y su incidenciaen el pleno disfrute de los Derechos Humanos”Dra. Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantes1. Mesa Redonda “La perspectiva de género y de gruposespecíficos en la construcción del Desarrollo”1.1 “Derechos Humanos y Mujeres: su rol en laconstrucción del Desarrollo”, Licda. JeannetteCarrillo Madrigal, Presidenta del Instituto Nacional dela Mujer1.2 “Los retos en la defensa de los derechosde la niñez en la construcción del Desarrollo”,Lcda. Milena Grillo, Directora Ejecutiva FundaciónPANIAMOR3. Mesa Redonda “Dimensiones del y para elDesarrollo”3.1“Combate a la pobreza para la construcción delverdadero Desarrollo”, Dr. Miguel Gutiérrez Saxe,Director, Programa Estado de la Nación3.2 “El componente económico del Desarrollo”,Lic. Juan Manuel Villasuso Estomba, Catedrático de laUniversidad de Costa Rica3.3 “La Gobernabilidad del Desarrollo”, Dr. JaimeOrdóñez, Director, Centro de Estudios Para el Futuro4. Mesa Redonda: “Consideraciones centrales para elDesarrollo”4.1 “Ambiente sano y ecológicamente equilibrado”,Dr. José Zaglul, Rector Universidad Escuela Agrícola dela Región Tropical Húmeda4.2 “Derecho a la Salud y Políticas Públicas en CostaRica”, Mtro. Allan Abarca Rodríguez, ex subdirectorEscuela de Ciencias Políticas, Universidad de CostaRica4.3 “La división social del trabajo y de los derechos”,Lic. Víctor Morales, exministro de Trabajo y SeguridadSocial4.4 “Descentralización del Desarrollo”, Lic. FabioMolina Rojas, Presidente Ejecutivo Instituto de Fomentoy Asesoría Municipal (IFAM)1.3 “Desarrollo en igualdad de oportunidades”, Dr.Federico Montero Mejía, Representante personas condiscapacidad2. Conferencia “El referéndum como instrumento dela Democracia Participativa Directa”Lic. Max Alberto Esquivel Faerron, Magistrado TribunalSupremo de Elecciones3. Conferencia “Libertad de Culto, DerechosFundamentales y Desarrollo”Mons. Vittorino Girardi Obispo, Diócesis de Tilarán4. Conferencia “Ética, Política y Pobreza”Dr. Carlos Sojo, Director Facultad Latinoamericana deCiencias Sociales – Costa Rica5. Reflexión Conclusiva “Derecho al Desarrollo: haciauna perspectiva multidimensional”Lic. Daniel Soley Gutiérrez, Defensor Adjunto de losHabitantes5. Conferencia: “Derechos Humanos: entre la coberturay la accesibilidad”Licda. Sonia Picado Sotela Presidenta del InstitutoInteramericano de Derechos Humanos.


122 Capítulo II / Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataInforme Anual de Labores 2007-2008Evidenciada la riqueza de las temáticas y los/asprestigiosos/as exponentes, corresponde indicar queactualmente la Defensoría de los Habitantes realizalas gestiones pertinentes para publicar un documentoque compendie cada una de las presentaciones. LaDefensoría considera necesario generar un materialescrito que permita difundir la riqueza del pensamientocontemporáneo en pro de la defensa de los derechosde todas y todos los habitantes.2. Capacitación y actualización para los/asprofesionales de la Dirección.-En el año 2006 la Dirección de Admisibilidad, AtenciónInmediata y Sedes Regionales creó un espacio quedenominó “Juntos Compartiendo”, cuyo máximoobjetivo es realizar intercambios de conocimiento yexperiencias que permitan que los/as funcionarios/asde la Dirección de Admisibilidad y de Regionales seancapacitados/as y se mantengan actualizados/as en lostemas relacionados con la defensa de los derechos eintereses de las y los habitantes y por ende, brindenun servicio de la mayor calidad y de la manera másexpedita posible.Tabla Nº 3Actividades realizadas por y paraprofesionales de la Dirección de Admisibilidady de Regionales de la Defensoría de losHabitantes durante el año 2007.FechaTema19/01/0702/02/0716/03/0713/04/0711/05/0727/07/07Manejo creativo delconflictoPrevención de conflictosviolentosControl político dela Defensoría de losHabitantesCapacitación en materiapenitenciariaParticipación ciudadanaen Administración deJusticiaLey contra la Corrupcióny el EnriquecimientoIlícitoFuente: Registro de la Dirección de Admisibilidad yAtención InmediataEl alcance de este objetivo se procura mediante la realizaciónde básicamente dos tipos de actividades:Actualización: dado el carácter dinámico del ordenamientojurídico nacional e internacional, exige que los/as funcionarios/as estén en constante actualización.Tal tarea se realiza mediante dos vías: los/as funcionarios/asde la Defensoría asisten a cursos impartidospor entidades ajenas a la institución y por profesionalesde las distintas direcciones de Defensa de laDefensoría.• Transferencia de conocimiento o retroalimentaciónentre funcionarios: los funcionarios queasisten a actividades como talleres, cursos oseminarios en los que se adquiere conocimientoactualizado sobre temas de interés para laentidad comparten su experiencia, de modoque todos los profesionales manejen la mismainformación.El foro “Juntos compartiendo” ha continuado operandodurante el año 2007, período en el que se registran lassiguientes actividades:a. Capacitaciones sobre temas diversos,brindadas en la sede central de la Defensoría delos Habitantes.-En la tabla siguiente se recogen las principales actividadesde capacitación realizadas a lo interno de lainstitución durante el año 2007, realizando un especialesfuerzo por incorporar a los/as compañeros/as de lassedes regionales que se encuentran a muchos kilómetrosde distancia en relación con la Sede Central.De igual forma, se llevaron a cabo varios intercambioscon las Direcciones de Defensa de la Defensoría, loscuales tienen como propósito estrechar los vínculosde colaboración y coordinación que deben prevalecerpara brindar el mejor abordaje de los casos quese presentan a la consideración de la Institución;por ejemplo, con la Dirección de Mujer, la Direcciónde Protección Especial y la Dirección de Control deGestión Administrativa.Además de las actividades anteriores, se debe destacarque los días 13 y 18 de julio del año 2007, funcionariasy funcionarios de la Dirección de Admisibilidad, Controlde Gestión Administrativa y Asuntos Económicosde la Defensoría de los Habitantes, participaron enuna capacitación sobre el Sistema Interbancario deNegociación y Pagos Electrónicos (SINPE), impartidopor especialistas del Banco Central de Costa Rica.La actividad tenía como fin dar a conocer el funcionamientogeneral de los servicios a terceros que sebrindan mediante el SINPE 4 , así como aspectos generalessobre el mismo.4 El SINPE es una plataforma tecnológica desarrollada por elBanco Central de Costa Rica con el apoyo y colaboración de todoel Sector Financiero Nacional, donde por medio de una red privadade telecomunicaciones, las instituciones que conforman dichosector han logrado una interconexión electrónica con la finalidad demovilizar entre sí, fondos propios, de sus clientes, de una maneramás ágil, segura y eficiente, con una gran dinámica de la economía ybrindando un mejor servicios a los clientes usuarios de los servicios


Capítulo II /Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataDefensoría de los Habitantes123Igualmente, bajo la coordinación de la Dirección deControl de Gestión Administrativa, se recibió la visitade profesionales del Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial, quienes realizaron una provechosa inducciónsobre el tema de pensiones.Por lo anterior, se puede afirmar que desde laDirección de Admisibilidad, Atención Inmediata ySedes Regionales se trabaja constantemente en laactualización y capacitación de los/as profesionales,todo en aras de brindar un servicio expedito y decalidad a las personas que requieren de los serviciosinstitucionales.b. Capacitaciones sobre el Código ContenciosoAdministrativo.-La entrada en vigor del Código Procesal ContenciosoAdministrativo, en enero de 2008, obligó a la Defensoríade los Habitantes a capacitar a su personal.El Despacho de la Defensoría tuvo a cargo estaimportante labor de organización y la Dirección deAdmisibilidad y Regionales fue invitada a las actividadesque se indican a continuación:• Seminario de capacitación: Implicaciones delCódigo Procesal Contencioso Administrativo enla Defensa de los Derechos Humanos y la laborde la Defensoría de los Habitantes de la República,realizado los días 5 y 6 de diciembre de2007 en el Auditorio de Coopeservidores R.L.,organizado por la Defensoría de los Habitantesy la Fundación General Universidad de Alcalá.• Seminario sobre el nuevo Código Procesal ContenciosoAdministrativo, realizado en el TribunalSupremo de Elecciones.Por otra parte, la Dirección de Admisibilidad propicióla participación de sus funcionarios/as y de sedes regionalesen el Seminario internacional sobre el nuevoproceso contencioso administrativo, realizado los días28, 29 y 30 de noviembre de 2007 en el Auditorio delPoder Judicial, y organizado por el Poder Judicial, laAsociación Costarricense de Derecho Administrativo,Fundación Honrad Adenauer y la Escuela Judicial.IV. Reflexión final: la Dirección deAdmisibilidad a 15 años de experienciainstitucional.-La Defensoría de los Habitantes, institución previstapor el/la legislador/a para el control del poder públicodesde la óptica de los Derechos Humanos y para lapromoción, divulgación y educación en éstos, es elresultado de varios órganos internos que han sidoestablecidos para realizar dicha labor. La Direcciónde Admisibilidad es sólo uno de ellos pero, tal y comose indicó líneas atrás, su función es de alta relevanciapara el quehacer institucional, no sólo porque constituyepor así decirlo, la cara de la Institución, sino porquees allí en donde se determina la competencia o node la Defensoría en relación con un caso concreto,como también el trámite que se brinda a las solicitudesde intervención que se presentan a la consideracióninstitucional.Ahora bien; en el contexto de los primeros quince añosde vida institucional, cabe preguntarse cuáles son losdesafíos que a la luz de la misión de la Defensoría, seplantea la Dirección de Admisibilidad. Para respondera esta interrogante, es necesario preguntarse acercadel significado de cumplir quince años.En el Informe Anual correspondiente al período2005-2006, se indicó con el sociólogo francés, EmileDurkheim (1858-1917), que las instituciones transitanpor procesos similares a los que experimenta lapersona humana. A partir de este símil, los quinceaños en la vida de una persona no se limitan a unacelebración que convoca a la sociedad para festejar;van mucho más allá: se considera el cumpleaños másimportante porque simboliza la transición de la niñez ala adultez. Es decir, se trata de un punto de inflexiónque como tal, es de elevada intensidad y en dondepueden presentarse sentimientos, posturas definidas yplantearse sueños, o pueden presentarse incertidumbresy sentimientos de desesperanza. Constituyen,como se puede apreciar, una etapa fundamental en eldesarrollo personal.financieros.


124 Capítulo II / Dirección de Admisiblidad y Atención InmediataInforme Anual de Labores 2007-2008Ahora bien; retomando a Durkheim y extrapolandoel planteamiento anterior a la vida institucional y enconcreto, a la Dirección de Admisibilidad, cabe afirmarque en efecto, también para la Dirección el hecho decumplir quince años de labor implica una etapa muyimportante en el contexto del crecimiento institucional:se está frente a un desafío de gran escala: mirar haciaatrás, analizar lo actuado y soñar –que no es lo mismoque divagar o fantasear– para cumplir mejor la misiónencomendada.Quince años de labores son una oportunidad extraordinariapara revisar lo actuado, redefinir esquemas detrabajo y plantear alternativas que respondan mejor alas circunstancias históricas que como es claro, no soniguales a las de 1993.El año anterior, la Dirección de Admisibilidad planteósu trabajo de cara a un proceso más humano y expeditoen donde se planteó que los Derechos Humanos noesperan. Hoy, cabe retomar esta idea y en el marco deuna necesaria revisión del trabajo institucional, apostamospor continuar sirviendo a las y los habitantes conla acostumbrada entrega, identificación y mística sinperder de vista que en nosotros está el compromiso deresponder de una manera sumaria e informal, en lostérminos de la Ley N.° 7319.De igual forma, apostamos por una mayor creatividaden el abordaje de las solicitudes de intervención. Eneste sentido, las capacitaciones y la actualización delos conocimientos debe continuar siendo una prioridadde la Dirección.Apostamos, también, por continuar haciendo de laJusticia un valor fundamental de nuestro trabajo,tal y como nos lo exige el artículo 1 de la Ley de laDefensoría y con Rawls, haciendo de ella la primeravirtud de las instituciones sociales, planteando alternativasante leyes e instituciones injustas. Desde estaperspectiva, reconoceremos las diferencias solamentecuando son necesarias para beneficiar a los grupossociales menos aventajados. Por ello, es nuestra responsabilidad,orientar a las instituciones que conformanel sector público para que respondan, dentro delos límites que les han sido establecidos, a los requerimientosde los grupos más necesitados.La moralidad, parámetro de control de las actuacionespúblicas, en los términos del artículo 1 de la Ley N.°7319, debe plantearse también como un desafío decara a situaciones que son presentadas a nuestra consideracióny que rozan abiertamente con ella.Y, finalmente, apostamos por la educación, motor deldesarrollo integral, como lo hemos venido haciendodurante estos años, porque estamos firmemente convencidosde que el trabajo diario de esta Dirección esel momento más adecuado para educar a la población.Por ello, continuaremos fortaleciendo el trabajo quese ha venido haciendo desde la Revista Digital “Dela Mano con usted” y desde cualquier otra instanciaque nos permita trascender y seguir haciendo de losDerechos Humanos el eje rector de las políticas públicasde nuestro país.


Más cerca de las comunidades: laregionalización en la defensa de los derechoshumanos“El espacio local se ha identificado como el escenarioidóneo para el fortalecimiento de la participaciónciudadana […]. Es en ese espacio en donde elejercicio democrático puede dejar de ser un ritualelectoral para convertirse en una práctica cotidiana.”IFAM, Descentralización en Costa Rica1. Una firme convicción: la administración es paralas y los habitantes.Si bien Costa Rica es considerada internacionalmentecomo una de las democracias de mayor antigüedad ymás consolidada de América Latina, es de trascendentalimportancia recordar que la democracia no es un finen sí mismo; se debe trabajar cotidianamente en sumejoramiento. En este sentido, diferentes corrientesde pensamiento y las exigencias de la sociedad civilnos demuestran que el denominado “gobierno del pueblo”puede y debe tomar diversos matices de acuerdocon la realidad circundante.La democracia, basada en el ejercicio de un voto delegativode poder resulta a todas luces insuficiente,ya que en su vertiente eminentemente representativa,no permite mostrar la diversidad de habitantes de unanación y los modos de pensar que estos/as asumenante distintas coyunturas. Es así que un sistema participativose vislumbra como una clara necesidad paraconsolidar la democracia y para lograr que la administraciónpública esté realmente al servicio de todas laspersonas.En tal línea, la Defensoría de los Habitantes ha manifestado,desde su creación, un claro compromiso porconstruir una administración pública cada vez máscercana a las personas. No basta con garantizar laoportunidad de elegir a los/as gobernantes mediantevotación popular, sino que la profundización de la democraciaexige el surgimiento de nuevos cauces paragarantizar la participación ciudadana en los distintosmomentos de la vida nacional.La visión de una sola Costa Rica que puede ser administradadesde un centro político y administrativo,debe ser superada. Pese a lo pequeño del país, existeuna importante diversidad cultural, étnica, social, económicay geográfica que debe ser atendida.En total coherencia con dicha perspectiva, la Defensoríade los Habitantes ha procurado predicar con el ejemploy por ello, a lo largo de sus quince años de existenciaha implementado distintos mecanismos quebuscan consolidar el acercamiento de la institucióncon las y los habitantes. Si bien se han implementadoproyectos participativos como los foros de consulta ylas unidades móviles de promoción y divulgación dederechos, el proceso de creación y fortalecimiento delos servicios prestados mediante sedes regionales esel que ha concentrado gran parte de los esfuerzos delas recientes administraciones y en particular de lapresente.En vista de lo anterior, a continuación se exponen lasprincipales características del proceso de regionalizaciónemprendido por la Institución, prestando énfasisen los logros más recientes.¿Por qué la regionalización de la Defensoríade los Habitantes?Dado que el mandato institucional de la Defensoría delos Habitantes es el de proteger a toda persona quese encuentre dentro del territorio nacional y a lacual se le hayan vulnerado sus derechos, la incorporaciónde una perspectiva de cercanía con el/la habitanteen la prestación de los servicios, es primordial. Laregionalización o apertura de oficinas de la Defensoríade los Habitantes en diferentes partes del país es unproceso que busca llegar cada vez a un mayor númerode personas.No obstante, la regionalización no solo busca democratizarel acceso a los servicios prestados por laDefensoría de los Habitantes; además, pretende cono-


126 Capítulo II / Sedes RegionalesInforme Anual de Labores 2007-2008cer y atender las particularidades a las que se enfrentanlos habitantes en un determinado contexto. Conello se apuesta por un proceso de mayor contigüidadcon las regiones alejadas del país, especialmente conaquellas que tradicionalmente se han encontrado distantesde los centros de toma de decisión del Estado yque presentan problemáticas particulares.Con la regionalización, se pretende conocer las particularidadesde cada zona y procurar una respuestainstitucional que realmente mejore la administraciónpública en todo el país. En este sentido, el proceso deregionalización comprende labores, tanto en materiade defensa como de promoción, divulgación y educaciónen derechos de las personas, las dos grandesvertientes que nutren el funcionamiento institucional.2. La regionalización como una constanteen el accionar de la Defensoría: iniciativasque anteceden la creación de las SedesRegionales-Tal y como ha sido indicado con antelación, en todomomento la Defensoría de los Habitantes ha tenidomuy claro que el centro de su labor son las y los habitantesde todo el país, de manera que durante estosprimeros quince años de vida institucional han sidodiversas las maneras en las que se ha procurado elacercamiento a las personas.Como se observa a continuación, las iniciativas emprendidasprocuran la superación de la visión “vallecentrista” que suele predominar el quehacer gubernamentaly que suele invisibilizar las diversas realidadesque componen nuestro pequeño país.a. Foros de Consulta Pública.-A inicios de la década de los años noventa, específicamentedurante el proceso de apertura y aprendizajeinstitucional de la Defensoría de los Habitantes, seconsideró de trascendental importancia incorporar lavisión de las y los habitantes en la definición del perfilinstitucional. La idea era básicamente inscribir a laDefensoría en el contexto de su población meta. En talsentido, se organizaron “Foros de Consulta Pública”en las comunidades de San Ramón, Liberia, Paraíso,Limón, Ciudad Quesada, Palmar Sur, Heredia y SanJosé. En estas actividades, si bien se divulgaron lascompetencias de la Defensoría, existió un claro interéspor implementar una escucha activa de las inquietudesde las personas y de las organizaciones de la sociedadcivil participantes.Se constituyen estos foros en un primer ejercicio de lafundamental relación Habitante/Defensoría, que es labase de todo el accionar de la entidad.b. Defensoría Itinerante.-Reconociendo la necesidad de que la Defensoríallegue a todas las personas del país, en el primerReglamento Autónomo de la Institución se establecióla figura de la “Defensoría Itinerante”. Como su nombrelo sugiere, el fin de este órgano era el desplazarsepor las diversas regiones del país analizando situacionesy realizando las gestiones que se consideraranpertinentes para lograr la defensa de los derechos delas personas.Mediante un mapeo de los principales problemaspúblicos divulgados en los distintos medios de comunicaciónnacionales, se elegían zonas y derechos másvulnerados. Bajo esta metodología se decidió trabajarfundamentalmente en el sector salud, específicamenteen clínicas y hospitales del país. Debido al éxitode la medida en términos de atención de denuncias(octubre de 1993–abril de 1995), se decidió redimensionarsu funcionamiento, clausurando el proyectode “Defensoría Itinerante” y creando la Dirección dePromoción y Divulgación y el Programa de UnidadesMóviles de Divulgación y Promoción.c. Programa para Unidades Móviles deDivulgación y Promoción.-Mediante un convenio de cooperación que se suscribiócon la Unión Europea en el año 1994, se creóel proyecto de Unidades Móviles de Divulgación yPromoción, que trabajaron en las regiones Brunca,Chorotega, Huetar Atlántica, Huetar Norte, Central,Pacífico Central y la Sub Región Central Oriental.Estas unidades debían levantar bases de datos deinstituciones públicas en la localidad, líderes y organizacionescomunales, medios de difusión, espacios departicipación ciudadana y debían realizar un estado desituación de los derechos humanos en cada zona. Lasacciones emprendidas comprendieron la formación decomités locales de defensa, capacitaciones, divulgaciónde derechos, acciones de defensa y fortalecimientode la relación institución/habitante.d. Promoción, fortalecimiento y sostenibilidadde las capacidades locales para la protección dederechos humanos en la comunidad de Upala.-Con el apoyo del denominado Comité Interagenciasde las Naciones Unidas -compuesto por el PNUD,UNICEF, ACNUR, OIT/IPEC y PRODERE), se elaboróuna Auditoria Social de Derechos Humanos en elsector de Upala, con el fin de identificar los principaleshechos violatorios de derechos que aquejaban a esapoblación. A partir de ese diagnóstico se implementóun plan de acción para que los/as habitantes se involucraranen la defensa de sus derechos.


Capítulo II /Sedes RegionalesDefensoría de los Habitantes127e. Proyecto “Casa del Habitante”: Sede Liberia.-Entre los años 1999 y 2002, se creó una oficina de laDefensoría de los Habitantes en Guanacaste que, sibien partía de los lineamientos generales de la SedeCentral, intentó realizar las adaptaciones necesariaspara que el servicio fuera más acorde a las necesidadesde la zona. Sus servicios se suspendieron paracontinuar con la atención itinerante y luego:f.Plan de fortalecimiento de la regionalización.-Uno de los objetivos centrales de la gestión 2001-2005de la Defensoría de los Habitantes, fue redimensionarel accionar de la Institución con un claro componenteregionalizador en el desarrollo y ejecución de suslabores. Dado que aproximadamente el 90% de lasdenuncias que se estaban registrando procedían delÁrea Metropolitana, se hacía evidente la necesidad debrindar un servicio que realmente fuera para todas laspersonas del país.Objetivo de la regionalizaciónEl objetivo del proceso de regionalización es que las y loshabitantes tengan acceso a los servicios que brinda laInstitución sin necesidad de tener que trasladarse hastaSan José. De esta forma, la Defensoría garantiza el mayoracceso posible a los servicios institucionales atendiendo másdirectamente a las demandas de la población.Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.Informe de Labores 2006-2007Se impulsó esencialmente, una regionalización basadaen el desarrollo de estructuras institucionales permanentesen regiones alejadas del país. Así, se producela reapertura de la Oficina de la Región Chorotega y seabrieron la Regional Huetar Norte (2002), la RegionalHuetar Atlántica (2003) y la Regional Brunca (2003).3. Administración actual: continuando laregionalización con una nueva perspectiva.-Considerando que la regionalización no sólo permiteque la democracia funcione mejor sino que ademáspropicia la eficacia de los servicios brindados, la actualAdministración decidió trabajar en el fortalecimientodel proceso de regionalización. Con ello, se procuraavanzar hacia el efectivo acercamiento de las decisionespúblicas al control de las y los habitantes, lograruna vinculación activa de estos en la selección de lostemas públicos, brindar mayores posibilidades de deliberacióny sobre todo, impulsar controles sociales másefectivos y novedosos sobre la gestión pública.En el claro entendido de que la regionalización no esuna panacea sino una estrategia de la que se disponepara la modernización de un Estado, se ha de considerarque plantea diversos retos institucionales. Eneste sentido, por ejemplo, se debe tener presente quela estrategia de regionalización tiene estrecha relacióncon la definición de tácticas de organización y de laconcentración del poder, de los recursos y su capacidadpara utilizarlos. Por ello, al abrir sedes regionaleses indispensable asegurar que los nuevos entes sobrelos cuales reposa el proceso, estén capacitados y encondiciones de encarar las diversas tareas que lescorresponde. Se trata, así, de un traslado de recursosy responsabilidades pero de manera coordinada y sinperder el ligamen con la Sede Central, dada la naturalezajurídica de la Defensoría de los Habitantes. De nocontarse con las condiciones adecuadas la estrategiapodría ser contraproducente, al resultar en un uso ineficientede los recursos o en una deficiente gestión. Elproceso requiere planificación, orientación y control enel transcurso del tiempo que sea necesario para queel nuevo esquema funcione en concordancia con loslineamientos institucionales.A partir de lo anterior, desde el mes de setiembre de2006 la Defensoría de los Habitantes ha prestado unespecial énfasis en el fortalecimiento de los mecanismosde coordinación, capacitación y homologación deprocesos/criterios para la prestación de los servicios.¿Por qué una nueva perspectiva?De manera muy general, se debe destacar quelas Sedes Regionales, al igual que la Dirección deAdmisibilidad y Atención Inmediata, se encargan dela recepción, registro y estudio de admisibilidad delas solicitudes de intervención que presentan las y loshabitantes. Además, realizan labores de defensa, promocióny educación en Derechos Humanos.A partir de setiembre de 2006, la Dirección deSedes Regionales fue asumida por la Dirección deAdmisibilidad con el fin de procurar la mejora de laprestación de los servicios de las sedes regionales.Fundamentalmente, se ha trabajado en la coordinaciónde gestiones y la unificación de criterios deadmisibilidad y formas de abordaje de las solicitudesde intervención. En este sentido, las capacitacionesa las y los funcionarios de las diversas sedes, se haimpuesto como una prioridad institucional y ello a suvez, les acerca a la Sede Central y les permite sentirseincorporados en la dinámica institucional.Actualmente, por ejemplo, se ha logrado que cadasede realice la apertura de expedientes para su respectivatramitación en las diversas áreas de defensade la Defensoría. Con ese trabajo se ha logrado una


128 Capítulo II / Sedes RegionalesInforme Anual de Labores 2007-2008considerable reducción en los plazos de tramitación delas quejas. En ese sentido, ha sido fundamental el lograrque las sedes trabajen con las mismas facilidadesque ofrece el sistema informático en la Sede Central.Mayor cobertura: dos nuevas sedes.-En el Informe Anual del período anterior, se indicóque para la actual administración es de suma importanciacontinuar con la labor de regionalización.Con ello se pretende llegar a las y los habitantes conmayores necesidades, contribuir a llevar los DerechosHumanos a las distintas regiones del país y facilitar elengranaje organizativo y funcional en las diferentescomunidades.Se anunció, en ese momento, que se tenía previstala apertura de dos sedes regionales más, una enel Pacífico Central y otra en la zona sur del país. ElPacífico Central, es una zona de vasta extensión dondese detectó la necesidad de reforzar la presenciainstitucional, y la apertura de una sede en la RegiónSur viene a beneficiar a las y los pobladores de esazona que, por la distancia con la Sede Brunca yaexistente quizá veían frustrado su deseo de acudir a laInstitución en demanda de sus servicios.Así las cosas, la inauguración de ambas sedes respondeal reconocimiento de la urgencia de tener unamayor y más cercana presencia en las zonas lejanasa la capital, circunstancia que posibilita un mayor contactoy sensibilización con la realidad y las oportunidadesy necesidades de la población, lo cual, potencia lalabor de defensa, promoción, divulgación y educaciónen Derechos Humanos que realiza la Defensoría.Ambas sedes se insertan en la aspiración de innovaren cuanto a las dos vertientes que nutren el actuarinstitucional: por un lado, el control del poder públicoa partir de la justicia, de la ética y de la legalidad ypor el otro, la promoción, divulgación y educación enDerechos Humanos.estandarte cuya enseña sea promover la reflexióny la acción; y que suscite, con urgencia la adopciónde la filosofía y de la ética derivada de los DerechosHumanos que se sustenta en la dignidad de la persona,tanto de parte de los/as habitantes como de los/asfuncionarios/as públicos/as.Con esas aperturas, ya son siete las oficinas que disponela Defensoría de los Habitantes para la defensa ydivulgación de Derechos Humanos:Tabla N°1Sedes regionales de la Defensoría de losHabitantesOficina regionalBruncaChorotegaHuetar AtlánticaHuetar NortePacífico CentralSurCobertura/cantonesPérez Zeledón, Buenos Airesy OsaLiberia, Nicoya, SantaCruz, Bagaces, Carrillo,Cañas, Abangares, Tilarán,Nandayure, La Cruz yHojanchaLimón, Pococí, Siquirres,Talamanca, Matina yGuácimoSan Carlos, Alfaro Ruiz,Upala, Los Chiles, Guatuso,Río Cuarto de Grecia y SanIsidro de Peñas BlancasPuntarenas, Esparza,Montes de Oro, Aguirre,Parrita, Garabito, Orotina ySan MateoGolfito, Coto Brus yCorredoresFuente: Elaboración propia, a partir de datos de la Direccion deAdmisibilidad, Atención Inmediata y Sedes Regionales. Mayo de2008.En efecto; la inauguración de dos nuevas sedes regionalesparte de la esperanza de inyectar nuevosbríos al proceso ya iniciado, pero, como todo proceso,requiere un remozamiento que incluye el compromisopor la transparencia y la rendición de cuentas a partirde planes de acción debidamente estructurados, conobjetivos específicos, metas concretas, tareas precisas,recursos necesarios y plazos determinados paracumplir por cuatrimestres.De esta forma, la apertura de las sedes regionalesPacífico Central y del Sur se propone como un puntode inflexión en el proceso de regionalización institucional,en donde se asuma la educación como su


Sede RegionalPacífico CentralI.“Yo estoy muy contento y muy agradecidocon toda la ayuda que ustedes me han dadoen mi caso con el Seguro, la próxima semana bajo aPuntarenas y paso a verlos y saludarlos”Introducción.-Un habitante de EsparzaCon ocasión de la inauguración de la Sede RegionalPacífico Central de la Defensoría de los Habitantesde la República, el 9 de noviembre de 2007, convienetener un panorama general de la Región dentro dela cual la Institución realiza las labores propias de sufunción. Ello explicará las razones por las cuales seadoptó la decisión de abrir una sede regional en estazona.De igual forma, por medio de esta reflexión, se conoceráun poco más a fondo las características propiasde la zona geográfica, sus particularidades y que laDefensoría deberá necesariamente, prestar atenciónpara responder de manera eficiente y eficaz a las necesidadesde sus habitantes.Como panorama general tenemos que la RegiónPacífico Central fue creada mediante Decreto n.° 16-068-PLAN del 15 de febrero de 1985, contando con untotal de 3921.28 Km.2 y representando el 7.67% delterritorio nacional. Está integrada por los cantones deAguirre, Garabito, Montes de Oro, Parrita y Puntarenas–todos ellos de la Provincia de Puntarenas– y por loscantones Orotina y San Mateo –ambos de la Provinciade Alajuela–. 1Se tiene, además, que la Región es la más pequeñaen población, contando con un 5,3% del total de poblacióndel país, con un total de 205.714 habitantes,1 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. PlanRegional de Desarrollo 2003-2006. Región Pacífico Central. P.13de los cuales el 51% corresponde a hombres y el 49%a mujeres. 2Para conocer sobre la población de la región y referidoal tema de pobreza, debemos indicar que un 26,3%de la población se encuentra dentro del grupo que enfrentaesta problemática, frente a un 20,2% que es elíndice general de pobreza en el país 3 .Lo anterior se manifiesta en una tasa de 7,8% de desempleoen la zona, donde las actividades productivasse concentran en el sector turismo, siendo que ensectores como industria y comercio se presenta un desarrollobastante bajo; prueba de ello es que la RegiónCentral abarca el 80% de las empresas que operan entodo el territorio nacional, excluyendo de dicha mediciónal sector turismo. Sumado a esto, se cuenta conque la mayoría de estas actividades se desarrollan enPuntarenas, cantón central, evidenciándose, aún másel poco desarrollo de las otras zonas de la RegiónPacífico Central.Como posible explicación de la falta de desarrollo de laregión, tenemos que precisamente, del total de institucionespúblicas en la región, 24 tienen presencia institucional,siendo que el resto atienden las necesidadesde las y los habitantes desde San José. Además,respecto de las que se encuentran asentadas en laRegión se les atribuye que presentan debilidad en losaspectos de toma de decisiones y definición de prioridadesregionales ya que todo les llega de sus oficinascentrales en San José. 4 Por otra parte, no cuentan conlos recursos humanos, financieros y técnicos que lespermitan desarrollar una labor de acuerdo con las demandasde la región, dados sus índices de desarrollosocial.Con estos datos breves, se puede concluir que laRegión definitivamente enfrenta grandes retos paralograr que las y los habitantes tengan la posibilidad de2 Idem. P.13.3 Datos proporcionados por el INEC, 2007.4 Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica. PlanRegional de Desarrollo 2003-2006. Región Pacífico Central.p.71


130 Capítulo II / Sede Regional Pacífico CentralInforme Anual de Labores 2007-2008alcanzar una mejor calidad de vida y un mejor desarrollo.En este contexto, la Defensoría de los Habitantes,dentro del proceso de regionalización adquiere el compromiso,a partir de la apertura de su Sede Regionalen el cantón de Puntarenas, de incidir de manera positivaen la realidad o contexto específico que presentala Región.Plan de trabajo.-Al adoptar la decisión de abrir una sede regional más,se adquirió como un compromiso y responsabilidadde primer orden el compromiso constitucional y moralcon la transparencia y la rendición de cuentas de caraa la población, donde se informe del estado de lasgestiones, de los logros y de los grandes retos y tareaspendientes, contrastándolos con los compromisosasumidos previamente, de manera que no se conviertaen un simple ejercicio sin seriedad.En ese sentido, el equipo de trabajo de esta SedeRegional ha planteado un plan de acción debidamenteestructurado con objetivos específicos, metas concretas,tareas precisas, recursos necesarios y plazos determinadospara cumplir durantes los próximos cuatromeses.De esta forma, para lograr los cometidos de laInstitución, actualmente se está ejecutando un plan detrabajo que trata de realizar de manera sistemática yorganizada una labor de promoción y divulgación enDerechos Humanos, eje fundamental de trabajo de laDefensoría. Se pretende llegar a las y los habitantescon el objeto de que conozcan las competencias y ámbitode acción de la Institución. Se pretende también,poner en conocimiento de las personas sus derechosfrente a las actuaciones de la Administración Pública.En fin, se desea promover una cultura de ejercicioefectivo de los derechos, lo cual es una forma de educaciónen derechos humanos, prerrogativa que la leyde creación concede a la Defensoría.Con ese fin, de manera sistemática, se realizaronvisitas en las instituciones con presencia en los ochocantones que conforman la Región. Los resultadosde esta labor han sido altamente satisfactorios porcuanto se han establecido vínculos de comunicación ycoordinación con las distintas instituciones, todo con elobjetivo de lograr soluciones a las y los habitantes enel marco de una protección y tutela de sus derechos.En ese sentido, ha habido un compromiso por parte delas autoridades de atender con prontitud y sin mayordilación las intervenciones solicitadas por parte de laDefensoría, de cara a la promoción de una culturade rendición de cuentas por parte de las entidadespúblicas.De manera conjunta con la acción de promoción anivel institucional, se realizó una labor de promoción anivel general entre la población, tratando de ubicar aagrupaciones clave o líderes en el desarrollo comunalde los distintos cantones que conforman la Región.En el desarrollo de esta labor se han encontrado dificultadescon la identificación de estos grupos que, enocasiones, se encuentran legalmente conformados,pero no tienen una actividad real orientada a desarrollarde manera efectiva los fines para los cuales hansido creadas.Se desarrolló en ese mismo sentido, un acercamientoa los distintos medios de comunicación regionales conla intención de dar a conocer las labores que realizala oficina regional, así como temas de interés nacionalen donde exista participación de la Defensoría delos Habitantes. Sobre el particular, ha existido buenadisposición por parte de los medios de comunicacióncolectiva de coadyuvar a la labor que proyecta laDefensoría en la Región.Rendición de cuentas.-A seis meses de haberse abierto la Sede RegionalPacífico Central, deben sopesarse las labores realizadashasta el momento y proyectar las tareas y retosque tiene la oficina y en general, la Defensoría de losHabitantes con la Región.Analizando el primer punto, debe indicarse que deconformidad con el plan de trabajo que se propusopara los primeros cuatro meses de trabajo, se hanobtenido resultados satisfactorios en las tareas programadas.En el campo de la promoción y divulgación dela oficina se ha logrado dar a conocer su existencia anivel de las instituciones con presencia en la Región.Por otras parte, deben crearse o facilitarse los espaciosen los lugares de la Región que, por cuestionesgeográficas, se encuentran más alejados a la ubicaciónde la Sede Regional con el objetivo de tratar decumplir a cabalidad con una de las metas del procesode regionalización, cual es brindar facilidades de accesoa los servicios institucionales y tener un contactomás cercano con la realidad y especificidad de lascomunidades.En lo que respecta a las labores propias de defensa,éstas han sido aceptables por cuanto existe un altoporcentaje de las pretensiones solicitadas por las ylos habitantes que han sido satisfechas a través delas gestiones informales de la oficina. Por el contrario,cuando no ha existido esa posibilidad, posterior alejercicio de control de legalidad que le compete a lainstitución, se ha orientado a la persona sobre sus derechosy obligaciones frente a las situaciones denun-


Capítulo II /Sede Regional Pacífico CentralDefensoría de los Habitantes131ciadas y sobre las formas legales de que dispone parahacer valer sus derechos. En el mismo sentido se haprocedido cuando las denuncias presentadas no hansido competencia de la Defensoría.En general, la labor encomendada a esta SedeRegional de lograr incidir de manera positiva en lasproblemáticas que afectan al Pacífico Central, no esuna tarea de que se logre en unos pocos meses, esees el reto gradual hacia el futuro.Solicitudes de intervención atendidas.-En relación con las solicitudes de intervención quehan sido planteadas desde el mes de noviembre de2007, cabe destacar que se ha logrado constatar conclaridad que ciertos temas presentan un nivel de recurrenciaimportante y por ende, se erigen como los máscomunes en el quehacer institucional.Dentro de la amplitud de temas que podrían ser abordadospor la Defensoría de los Habitantes, ha sidonotorio –al menos en la Región Pacífico Central– quea la ciudadanía se le hace difícil obtener calidad yeficiencia en áreas cuya importancia y vitalidad en eldesarrollo regional es fundamental.Al referirnos a estas áreas destacamos particularmentetres que se detallan a continuación:• Régimen Municipal: área en donde laMunicipalidad del cantón central de Puntarenasaporta la mayor cantidad de solicitudes deintervención.Tal particularidad se ve reflejada en las estadísticasmensuales que al efecto lleva la Regional. Así,tenemos que la Municipalidad de Puntarenasha sido denunciada en 27 oportunidades yes seguida, de lejos por el gobierno local deGarabito con 4, Parrita, Aguirre y Esparza con2 y, finalmente, Montes de Oro y Orotina con 1denuncia respectivamente.• Prestación de Servicios de Salud (CajaCostarricense de Seguro Social): en esteapartado destaca, la prestación directa de losservicios de salud por parte de las diferentesinstituciones de la Región, desde el HospitalMonseñor Sanabria hasta las diferentes áreasde salud de la localidad. Igualmente, se incluyedentro de este grupo los servicios que brinda laInstitución y que son de naturaleza puramenteadministrativa tales como el pago de subsidios porincapacidad, trámite de pensiones del Régimenno Contributivo, pago de planillas y pensiones porInvalidez, Vejez y Muerte, entre otros.Sobre estos temas, se han recibido duranteestos primeros meses de labor regional, untotal de 46 denuncias y/o consultas por partede los/as habitantes.• Área de Salud (Ministerio de Salud): La granmayoría de las 11 denuncias recibidas contraeste Ministerio tiene que ver con deficienciasen la gestión del Área de Control y Protección alAmbiente Humano; es decir, están relacionadasdirectamente con hechos que atentan contra lacalidad de vida de las y los habitantes en virtudde agentes externos, tales como polvo, humo,ruido u olores que limitan la posibilidad de laspersonas de vivir y desarrollarse en un ambientesano y ecológicamente equilibrado desde elpunto de vista medioambiental.Con la intención de ilustrar mejor las acciones realizadashasta el momento por la Sede Regional PacíficoCentral, nos permitimos indicar que desde el 9 denoviembre del 2007 al 30 de abril de 2008 se han recibidoun total de 470 solicitudes de intervención, de lascuales se han asignado a los profesionales de la Sede,para evaluación preliminar un total de 189 y de ellas,se han abierto 21 expedientes para las direcciones dedefensa de la Defensoría, correspondiendo el restoa orientaciones al/la habitante, consultas privadas ogestiones sobre las cuales la Defensoría no tiene competenciapara intervenir.Con este panorama y teniendo claro que la Defensoríade los Habitantes ejerce funciones propias de un órganode control de legalidad, justicia y moralidad de lafunción pública, se busca cooperar y ayudar a detectarproblemas en el funcionamiento de las entidadespúblicas en la Región para que de manera conjuntacon la administración activa, se busque dar solucionesconcretas a las denuncias que presentan las y loshabitantes, así como educar y formar en materia dederechos humanos.II. Casos relevantes.-En el presente apartado se destacan dos hechos particularmenterelevantes. En primera instancia, que laapertura de la Sede Regional sea tan reciente constituyeuna limitación a la posibilidad de contar con unagama mucho más amplia de posibilidades en cuanto atemática tratada. A pesar de lo anterior, se han admitidopara evaluación preliminar un total de 189 solicitudesde intervención.


132 Capítulo II / Sede Regional Pacífico CentralInforme Anual de Labores 2007-2008En segundo lugar y como consecuencia de la escasavida institucional de la Sede, tenemos la incidencia“Papito, ayúdenme a que el seguro me digaalgo de mi pensión, hace casi un año que la presentéy aún no me han avisado nada.”Una habitante de San Miguel de Paqueradirecta del desconocimiento por parte de la poblaciónlocal y regional de la existencia de la Defensoría en lazona, provocando ello un acceso limitado y reducidode la población hacia los servicios brindados por laInstitución. No obstante, con la implementación delplan trabajo que nos hemos propuesto ejecutar sepretende proyectar la atención de l Defensoría en todala región.Como se indicó en el primer párrafo, durante la cortavida de la Sede Regional se han admitido para evaluaciónun total de 189 denuncias y rescatamos algunasen razón de su importancia. Veamos.Paseo de los Turistas y Paseo León Cortés: ¿legalidadvs. justicia?Los bienes demaniales del Estado revisten un especialinterés para la colectividad, razón por la cual el legisladorsiempre ha tratado de darle una protección mayora través de distintos institutos jurídicos que garanticenesa condición para beneficio común de las personas.Un ejemplo claro de ello son las playas y zonas costerasde nuestro país, mismas que a lo largo del tiempohan sido objeto de resguardo, donde este bien ha sidovisto como de especial interés para el Estado, inclusopor la condición estratégica en materia de defensanacional. Como consecuencia de ello, se han dictadodistintas leyes que regulan las áreas en las que los/asparticulares pueden hacer uso de ellas y las zonas quedefinitivamente, son reservadas para el uso común detodos y todas las habitantes del país.Al respecto, desde la misma apertura de la oficina,se han recibido denuncias sobre las actividades quese realizan en los Paseos Marítimos de Puntarenas,denominados “Paseo de los Turistas” y “Paseo LeónCortés”. Ahí, desarrollan actividades comercialescomo ventas de artesanías bajo las modalidades depatentes estacionarias, ventas de comidas, ademásde sodas, bares y restaurantes, amparados a distintasfiguras jurídicas que han sido cuestionadas en los últimosaños por parte de entidades como la ProcuraduríaGeneral de la República y la Contraloría General dela República. 5 Estas entidades han alegado que lasautoridades municipales han consentido a lo largodel tiempo, situaciones que se han convertido en usosprivativos sobre bienes demaniales que carecen desustento legal y no pueden ser permitidos por cuantodebe garantizarse en esa zona un disfrute generalpara todas las personas. De esta forma, se ha puestocomo estandarte la defensa a un derecho a la bellezaescénica y al paisaje que debe primar en los paseosmarítimos que ostenten esa condición.En esta oficina regional, se han recibido tres denuncias(14473-2007-SI, 15050-2008-SI y 15659-2008-SI) sobre la situación que afronta un sector de los/as patentados/as estacionarios en el Paseo de losTuristas. Los y las habitantes han aportado abundanteinformación al respecto, donde denuncian atropellosy violaciones, principalmente al debido proceso porparte de la Municipalidad de Puntarenas, así como untrato discriminatorio.Las personas afectadas, aducen situaciones comofalta de regulación y fiscalización por parte de las autoridadesmunicipales en la confección de los módulospara el ejercicio de sus actividades comerciales, desigualdaden la cancelación del cobro de las patentes,falta de supervisión y control en la realización de actividadesque no cuentan con los permisos municipalespara ejercer en la zona, exceso de patentes concedidas,violaciones al debido proceso, etc.Sobre el particular, la Sala Constitucional se ha pronunciadoen reiteradas ocasiones por cuanto los/ashabitantes han recurrido a esa vía. En las resolucionesde ese órgano jurisdiccional se ha confirmado la legalidadde las actuaciones de la Municipalidad, salvocuando se ha alegado violación al derecho de peticióny pronta respuesta y se ha indicado que con relacióna la omisión de actuación sobre personas en idénticascondiciones, lo que procedería es un eventual incumplimientode deberes por parte de las autoridadesmunicipales.En estos momentos, la Municipalidad no ha dadoel debido cumplimiento al dictamen rendido por laContraloría General de la República y que tiene caráctervinculante para la Municipalidad, especialmentesobre los usos privativos que se dan en la zona pública.La fiscalización sobre el particular fue delegadapor parte de la Contraloría General de la República ala Auditoría Interna de la Municipalidad; sin embargo,debe observarse que este hecho genera malestarentre las personas que tienen patentes estacionarias5 Entre otros el Informe Nº DFOE-SM-51/2005 de la ContraloríaGeneral de la República, División de Fiscalización Operativa yEvaluativo, Área de Servicios Municipales y la Opinión JurídicaO.J.042-2005 de la Procuraduría General de la República.


Capítulo II /Sede Regional Pacífico CentralDefensoría de los Habitantes133de los Paseos porque se ha actuado a derecho, encontra de ellos, mas el dictamen de la Contraloría teníaespecial énfasis en los usos privativos que se dan enel lugar.En visitas al lugar, por parte de funcionarios de laDefensoría, se constata que en general y en relacióncon la situación de quienes tienen patentes estacionariasno se respetan las disposiciones legales yreglamentarias a las que se tienen que ajustar. Pesea ello, la Municipalidad no ha podido poner en reglala actividad y hay personas ejerciendo la actividadcomercial descrita que no cuentan con los respectivospermisos municipales, lo que también agrega disconformidadentre quienes, pese a no cumplir a cabalidadcon las disposiciones legales, sí cuentan con la patenterespectiva.También debe observarse que las acciones de laMunicipalidad no se han dirigido contra estas personaspatentadas que se encuentran en la llamada plaza delas artesanías, misma que en un principio también seencuentra dentro de la zona pública donde por otrolado, se han otorgado gran cantidad de patentes y esmaterialmente es imposible la ubicación de todos enel lugar.Se denuncia que la problemática se agudiza cuandohay arribo de cruceros al muelle de Puntarenas, pueshay gran afluencia de comerciantes no patentados/asque vienen a competir de manera desleal contra quienesejercen la actividad a derecho.A partir de lo indicado, la Defensoría ha realizadointervenciones ante la Municipalidad de Puntarenas;en ellas se ha buscado controlar que las acciones deesa entidad sobre el conflicto existente en la zona, seajusten al marco de legalidad que corresponde.El día 16 de mayo de 2008, la Defensora de losHabitantes sostuvo una reunión con la AlcaldesaMunicipal, funcionarios de esa entidad y de laDefensoría y se les propuso e instó a buscar en elproceso de ordenamiento de la zona no olvidar la partehumana o visión social que enfrentan las y los habitantesenvueltos en el conflicto.Dentro de las propuestas presentadas a laMunicipalidad, se encuentra la creación de una comisiónconformada por funcionarios municipales yrepresentantes de los/as comerciantes en la zona conel propósito de que el proceso de ordenamiento querealice la Municipalidad respete el marco de legalidady además, ofrezca alternativas a las personas cuyasactividades vayan a ser objeto de alguna modificación.De igual forma, se ha ofrecido la participación de laDefensoría con el objeto de informar a las personas delas acciones que vaya realizando la corporación municipal,así como tener participación en la comisión quese fuera a formar con el objetivo ya mencionado.Desalojos en ChomesLos sectores de Costa de Pájaros y Punta Morales deChomes, han sido objeto de preocupación para la SedeRegional Pacífico Central de la Defensoría. En esazona existen alrededor de 400 familias que viven, deuna u otra forma dentro de la zona marítimo terrestre.Sobre el particular, como consecuencia de una seriede reportajes que se han dado en distintos medios decomunicación, se generó el temor en los/as habitantesen relación con desalojos por parte de la Municipalidadde Puntarenas para cumplir con sus obligaciones segúnla Ley de Zona Marítimo Terrestre.Debido a las gestiones realizadas por la Sede Regionalde la Defensoría, las autoridades municipales han informadoque se han buscado soluciones habitacionalespara al menos 200 familias. Además, se informó delproceso de ensos para tener certeza sobre el númerode familias que habita la zona, así como determinarcuáles pobladores estarían dentro del espacio marítimoterrestre. Indicaron también, que se ha actuadoen situaciones concretas realizando desalojos en losque ha mediado alguna resolución judicial y que elórgano municipal se encuentra comprometido con labúsqueda de soluciones integrales a la problemáticapresentada.En la actualidad, la zona no cuenta con un plan regulador–requisito indispensable para que las personaspudieran optar por una solicitud de concesión deconformidad con la legislación vigente– y por ello, laDefensoría ha planteado la necesidad de participar aquienes viven en la zona de conflicto, de este proceso,educarles y orientarles para que participen de maneraactiva en el desarrollo de los mecanismos de solución.Se ha conversado con las autoridades municipalespara que el proceso sea lo más participativo posible yla Defensoría como tal, planea tomar un papel activoen este sentido.Legalidad con justiciaCon ocasión del proyecto de construcción de la carreteraCiudad Colón–Caldera, el Ministerio de ObrasPúblicas y Transportes (MOPT) notificó a un grupo devecinos de Salinas de Esparza que sus viviendas seencontraban ubicadas dentro del derecho de vía tal ycomo lo estipula la Ley General de Caminos Públicos;y que por ello, debían proceder a realizar las demo-


134 Capítulo II / Sede Regional Pacífico CentralInforme Anual de Labores 2007-2008liciones respectivas para así devolverle al Estado loque por ley le corresponde.A partir de lo anterior, tres de estos habitantes presentaronante la Sede Regional de la Defensoría una solicitudde intervención ante las autoridades del MOPT.Antes de la intervención institucional, se procedió alanálisis de los documentos presentados por las personasinteresadas para ver si las viviendas y propiedadesestaban dentro de los límites establecidos por lalegislación como derecho de vía y si además, habíanagotado, en sede administrativa la etapa recursivaa la cual tenían derecho. Se comprobó que unos nohabían presentado los recursos respectivos contra lanotificación que ordenaba la demolición y el desalojoy que otros habían trasladado sus casos ante la SalaConstitucional.Agotada la etapa administrativa y rechazados losrecursos de amparo, se determinó que no existía almenos en los casos presentados ante esta Sede,violación al ordenamiento jurídico por parte del MOPT.A partir de aquí, se tomó la decisión de solicitarle alMOPT, IMAS e Instituto de Desarrollo Agrario (IDA),información para ver si en virtud de estos desalojos,existía un plan o planes de mitigación y reparaciónsocial necesaria para minimizar al máximo las consecuenciasde los desalojos.Como respuesta a estas gestiones, el MOPT respondióen su oportunidad:“Quinto: (…) existe una comisión interinstitucionalconformada por el IMAS, BANHVI,CNC (Consejo Nacional de Concesiones) yel MOPT propiamente, encargada de buscarsoluciones habitacionales a estas personas,gestiones que se encuentran en procesomediante el estudio y valoración de los casoscon el fin de determinar las necesidades particularesde cada familia”.Igualmente, el IDA indicó sobre un caso concretolo siguiente:“… al estar las personas poseyendo el mismode forma ilegal, se les está haciendo alseñor (…) y a su familia el correspondienteestudio de calificación a efectos de determinarsi pueden ser declarados beneficiariosde la Institución, para en caso afirmativo, seles reubique en otro asentamiento del IDA, aefectos de no causarles mayores perjuicios”.El IMAS, ante gestiones informales realizadas, indicóque su participación se limitaba a entregar un subsidioeconómico para que los desalojados pudieran pagarhasta un máximo de tres meses de alquiler mientrassolucionaran, de manera definitiva, su situación dedesalojo.A partir de la anterior información, la Defensoría seabocó a corroborar que en el proceso de desalojo segarantizara a las personas afectadas una reubicacióno solución que no les sometiera a un estado de vulnerabilidady riesgo social, pues a partir de la documentaciónobtenida, se comprobó que las actuaciones yprocesos de desalojo se encontraban a derecho.¡Vino por lana y salió trasquilada!La Asociación Administradora del Acueducto Rural(ASADA) de Sardinal de Acapulco, denunció ensu oportunidad falta de celeridad, por parte de laMunicipalidad de Puntarenas en la tramitación de unproceso de contratación para la compra de materialesnecesarios para la ampliación y mejoras del acueductocomunal.La denuncia se registró el día 19 de diciembre de2007.Específicamente denunciaron los representantes de laASADA lo siguiente:“Que a mediados del año 2006, laMunicipalidad de Puntarenas, a través delos consejos de distrito, convocó a las comunidadesde Sardinal, Acapulco, San Rafael,Guacimal, entre otras, para que presentaranante el ayuntamiento, los proyectos comunalesmás importantes para cada una de ellas.El consejo de distrito de Sardinal, presentó unproyecto para mejorar el acueducto rural.(…)la Municipalidad les exigió cumplir con unaserie de requisitos necesarios para echar aandarlo (…) ellos cumplieron con cada uno delos requisitos solicitados por la Municipalidad.Una vez hecho esto, el anterior alcalde losllamó para dejar finiquitado el proyecto antesde él finalizar su gestión. Asignó el caso a lafuncionaria… quien les indicó que ya todoestaba listo. Ha transcurrido todo el año 2007y no se ha logrado realizar las reparaciones.(…) en el ayuntamiento, de manera informal,les indicaron que las licitaciones promovidashabían sido mal realizadas (dos licitaciones) yque no se podía hacer nada hasta el próximoaño. En Sardinal, durante el verano, hay desabastecimientode agua porque las tuberíasson de apenas 2” y datan de hace más de 45años, la población de abonados es de 320 yel costo inicial de reparación y/o ampliaciónera de ¢10.000.000”.


Capítulo II /Sede Regional Pacífico CentralDefensoría de los Habitantes135Inicialmente, parecía una violación de derechos porparte de la Municipalidad, en cuanto al derecho a laeficiencia en la prestación de servicios públicos; sinembargo, también podría existir una dilación o negativainjustificada en trámites administrativos. Luego, medianteu informe solicitado, se logró constatar que másbien, el Ayuntamiento sí había promovido el procesoconcursal de contratación y éste tuvo que ser declaradodesierto por errores atribuibles a los oferentes y noa la Municipalidad propiamente.Igualmente, se verificó que la ASADA cumpliera contodos los requisitos técnicos y legales necesarios parapoder realizar una inversión –con dineros públicosde todos los/as contribuyentes del cantón– y se logróconstatar que incumplían, entre otras cosas, con losiguiente:Falta de personería jurídica al día• Ausencia de contrato de delegación parala administración del acueducto, debidamentefirmado y aprobado por el Instituto Costarricensede Acueductos y Alcantarillados (ICAA)• Cobro de tarifas diferentes a las aprobadaspor la Autoridad Reguladora de los ServiciosPúblicos (ARESEP)Una vez constado lo anterior, se realizó el informe decierre de la solicitud de intervención donde se hizo laindicación de que la ASADA podría volver a solicitar -através del Consejo de Distrito de la zona- la inclusióndel proyecto a las autoridades municipales. A la fechala ASADA de Sardinal no ha renovado su personeríajurídica y se encuentra imposibilitada de desarrollarlas mejoras y los convenios con las instituciones respectivasque le permitan mejorar y ampliar el acueductocomo tal y por ende, la calidad en la prestacióndel servicio de agua potable que brinda a casi 320abonados.Sobre este particular, en reiteradas oportunidades laSede Regional Pacífico Central de la Defensoría haconversado con miembros de la Asociación y se lesha indicado que la personería jurídica y el convenio dedelegación con el ICAA resultan fundamentales parapoder desarrollar cualquier proyecto.¡Requerimos del servicio de agua potable!La comunidad de Esparza cuenta actualmente con unAcueducto cuya construcción tiene más de 40 años.No obstante, pese a que el ICAA da mantenimientopara evitar un colapso del mismo, tiene serios problemasde capacidad y de calidad en la prestación delservicio básico.“Uy qué dicha que abrieron ustedes aquí,ahora si es cierto que nos van a ayudar con elproblema del agua aquí en Esparza. Ya no sabemosqué hacer con estos señores del Acueducto”.Una habitante de EsparzaLo anterior dio lugar a la intervención de la Defensoríade los Habitantes, ante la Oficina Cantonal del InstitutoCostarricense de Acueductos y Alcantarillados enEsparza y ante la Dirección Regional Pacifico Centraldel ICAA. Las intervenciones eran directamente relacionadascon el desabastecimiento de agua potableen las comunidades de Macacona y Los Ángeles deEsparza.En resumen, estas denuncias hablaban de la suspensióndel servicio desde las 8 a.m. hasta las 4 de latarde, lo cual sucedía en los últimos seis meses; y enotros casos, el tener que estar un mes completo sinagua, pues solo llegaba a las 2 a.m. Decían ademásque mandaban cartas al ICAA firmadas por todos losvecinos y no recibían respuestas.La problemática de distintas comunidades al respectoera evidente. Se realizaron las gestiones ante los funcionariosde AyA competentes y se les solicitó informaciónal respecto. La respuesta obtenida, en lo queinteresa, decía que:“Durante el mes de noviembre del 2007, elsistema de bombeo del campo de pozos deMarañonal de Esparza, compuesto por diez(10) pozos empezó a manifestar una disminuciónen los niveles dinámicos de bombeo(…) con ello una baja en el caudal producido,esto nos originó que el 12 de diciembre delpresente año se nos quemaran dos equiposde bombeo, los cuales fueron sustituidos deinmediato. Al día de hoy la situación con lapérdida de caudal es bien notoria, sobre todoen las partes altas del acueducto de Esparza(…) estos barrios se alimentan de un bombeodirecto a la línea, que cuando por alguna fallaen la corriente eléctrica el servicio se corta deforma inmediata. La situación con la pérdidade caudal se ha acrecentado durante el mesde diciembre.Como medida para solventar el problema elInstituto tiene perforado dos pozos, uno quetiene que ser desarrollado mediante el sistemade pistoneo, para ponerlo en operacióny el otro al cual se le está construyendo lacaseta de bombeo para su protección (…)”


136 Capítulo II / Sede Regional Pacífico CentralInforme Anual de Labores 2007-2008Además, indicaban que para solucionar el problema enel 2008 se habilitarían otros dos pozos. Actualmente,tenemos información que luego de la intervención dela Defensoría, la prestación del servicio se ha normalizadoen casi un 100%.Sobre este tema, la Sede Regional en el informe decierre Nº 02756-2008-DHR y relacionado sobre estaintervención indicó:“… Para evitar carencias como las que hemosvenido analizando, sería importante quela Institución valore la posibilidad de mejorar,de una manera mucho más integral, la capacidadde operación del acueducto como tal”.(El subrayado no es del original).Sobre el mismo tema, el ICAA de Esparza, informóque el problema del acueducto de la zona sería resueltocon un proyecto financiado por el Banco deIntegración (BCIE), el cual planteaba las mejoras entoda la red de distribución, abastecimiento, caudal,etc. Tal parece que el desarrollo de este proyectovendría a asegurar una prestación del servicio seguray de calidad.III. Otras formas de intervención.-Como es bien sabido, unos de los grandes ejes deacción de la Defensoría de los Habitantes es la promoción,divulgación y educación en Derechos Humanos.A continuación se resumen las acciones adoptadas eneste sentido.• Posicionamiento de la Sede Regional.La Sede Regional Pacífico Central ha propiciado encuentros,conversaciones, disposición de espaciosy medios que permitan darle a conocer a las y losfuncionarios públicos de la zona que la Defensoría hadispuesto una sede regional.Un detalle de las instancias visitadas se ofrece acontinuación:InstituciónClínica San RafaelMinisterio de SeguridadPatronato Nacional de la InfanciaDefensa Pública (Poder Judicial)INAMUDirección Regional CCSSDirección Migración y ExtranjeríaCUPMinisterio de SaludUNEDCantónPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasICE (Puntarenas centro)INCOPESCAIMASMunicipalidad de PuntarenasIMASICAA (Oficina de Barranca)MOPT (Sede Regional)Dirección Regional de EnseñanzaEscuela Enseñanza EspecialCNREEMunicipalidad de EsparzaMINAEParroquia de EsparzaOficina Regional CCSSMinisterio de SaludMinisterio de SeguridadICEAYAMunicipalidad de Montes de OroMinisterio de SaludBanco Nacional de C.R.ICEClínica Montes de OroMunicipalidad de OrotinaICEAsistencia Social MunicipalidadDirección Médica (CCSS)Oficina Pensiones CCSSRegistro CivilINSParroquia de OrotinaMinisterio de SaludUNEDIDAMinisterio de TrabajoMOPTMunicipalidad de San MateoPresidente MunicipalMunicipalidad de AguirreRegistro CivilINSMinisterio de SaludAYAGuardacostaINCOPMEPMinisterio de SeguridadICEHospital Max Teran VallsMINAEMinisterio de SeguridadICEOficina Regional CCSSPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasPuntarenasEsparzaEsparzaEsparzaEsparzaEsparzaEsparzaEsparzaEsparzaMontes de OroMontes de OroMontes de OroMontes de OroMontes de OroOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaOrotinaSan MateoSan MateoAguirreAguirreAguirreAguirreAguirreAguirreAguirreAguirreAguirreAguirreAguirreAguirreParritaParritaParrita


Capítulo II /Sede Regional Pacífico CentralDefensoría de los Habitantes137Instituto Desarrollo AgrarioDirección Médica (CCSS)Municipalidad de ParritaMinisterio de SaludIMASMinisterio de Agricultura y GanaderíaMOPTMunicipalidad de GarabitoMinisterio de SaludClínica de JacóDirección Administrativa CCSSMOPTPolicia de TránsitoMinisterio de Agricultura y GanaderíaICEICAAParritaParritaParritaParritaParritaParritaParritaGarabitoGarabitoGarabitoGarabitoGarabitoGarabitoGarabitoGarabitoGarabito• Comisiones, foros y otros espacios en queparticipa la Sede Regional.Esta Sede Regional, ha participado en distintas agrupacionesciviles o gubernamentales. Tal es el caso desu reciente participación en el grupo “Alianza para laconstrucción del futuro de las personas menores deedad”, liderado por el grupo católico Caritas. Este grupopretende establecer alianzas de coordinación paraconsolidar la protección integral y la defensa de losderechos de los niños, las niñas y adolescentes, especialmenteaquellos relacionados con la educación y eltrabajo infantil. Esta alianza se encuentra actualmentetrabajando en un proyecto de reinserción educativa enadolescentes en edades de 15 a 17 años que estánfuera del sistema educativo. Se cuenta con la participaciónde instituciones como el INA, IAFA, PANI,INAMU, IMAS, OFIM, MEP, UNED.Este grupo realiza, además, una labor de denuncia alas autoridades con relación a casos específicos sobreviolencia contra menores, previo estudio que al efectorealizan profesionales miembros de la alianza. En esesentido, esta Sede Regional es miembro participantedel grupo defensor en materia de niñez y adolescenciay ha ofrecido canalizar esfuerzos a través según lasprerrogativas legales que posee.Se ha considerado oportuna la participación de laoficina en esta alianza –que trabaja de manera permanente,con dos sesiones o reuniones al mes– paracoadyuvar en la protección y promoción de los derechosde la niñez y la adolescencia, población que porsus condiciones de vulnerabilidad, merece una especialatención.• Participación en actividades de capacitación ypromoción en derechos.Esta Sede ha participado en actividades organizadaspor el Área de Conservación Pacífico Central delMinisterio de Ambiente y Energía (MINAE). Se realizóuna sesión de trabajo conjunta donde se produjoun acercamiento al tema de la situación de las Islasdel Golfo de Nicoya; participaron, de igual forma elServicio Nacional de Guardacostas y la ProcuraduríaGeneral de la República.Se analizó el marco jurídico bajo el que se encuentranprotegidas las islas del Golfo, así como las áreas protegidasespecíficamente como refugios o reservas yproyecciones gubernamentales tendentes a extenderla protección, también inclusive, sobre los fondos marinos.Esta esfera de protección es importante porqueel recurso marino representa una fuente de trabajoimportante para la población de la región y por la explotacióndesmedida que se ha dado a través de losaños, así como la destrucción y contaminación de losecosistemas. Es por ello, que se ha venido experimentandouna disminución importante en la riqueza conque se cuenta sobre este recurso.Esto significa que deben proyectarse esfuerzos enaras de impulsar la protección de estos recursos naturalespor cuanto las consecuencias negativas incidendirectamente en las y los habitantes de la Región y,especialmente, en quienes dependen de actividadesrelacionadas con la explotación de los recursosmarinos.Igualmente, se tuvo participación en una capacitaciónsobre “Metodologías para la Valoración del DañoAmbiental”, organizada esta vez por el MINAE, en laque se analizó técnica y jurídicamente, la forma en quelas autoridades relacionadas con el tema determinanel contenido económico de los daños que genera undaño ambiental, con el fin de hacer las reclamacionesdel caso a favor del Estado.• Promoción en derechos humanos.Tal y como se propuso en el plan de trabajo de la Sederegional, se realizó una labor de presentación de laDefensoría a nivel institucional; esto es, una visita alas distintas instituciones públicas radicadas en loscantones de la región de nuestra competencia. La ideaera conversar con los/as personeros de cada una delas instituciones, dando detalles de nuestra localización,posibles intervenciones conjuntas; e informandolas competencias de la Defensoría, tema en el queen muchas ocasiones existe gran desconocimiento oincluso, ideas erróneas sobre su labor. Se visitaron,


138 Capítulo II / Sede Regional Pacífico CentralInforme Anual de Labores 2007-2008el cantón central de Puntarenas, Esparza, Montes deOro, Orotina, San Mateo, Aguirre, Parrita y Garabito.Esta labor, se considera de gran relevancia en el marcode fomento de una coordinación necesaria entre lasdistintas instituciones y la Sede Regional con el objetivode que exista una comunicación fluida a la hora deresolver denuncias interpuestas ante la Defensoría.De igual forma, se participó en un taller organizado porla Sede Regional Brunca de la Defensoría con representantesdel Instituto Costarricense de Acueductos yAlcantarillados y el Banco Popular; y con participaciónde representantes de Asociaciones Administradoras deSistemas de Acueductos y Alcantarillados Comunalesde la zona de Aguirre y Pérez Zeledón. En este tallerse buscaba informar a los/as representantes de estasasociaciones sobre las obligaciones que tienen comoprestadores de un servicio público y las posibilidadesque tienen para mejorarlo.Dentro de la coordinación entre las distintas direccionesde la Defensoría de los Habitantes, se ha colaboradode manera activa con la Dirección de Promocióny Divulgación en el desarrollo y programación defuturas actividades que se pretende desarrollar. Alrespecto, se tiene planeado desarrollar el proyecto“Aprendiendo a Convivir” que esa Dirección lleva acabo con estudiantes de segundo ciclo de primaria,con el objetivo de promover el conocimiento y ejercicioactivo de los derechos humanos de las y los niños enun cantón de la Región.Por otro lado, se tiene programada la actividad queha venido desarrollando la Institución con el grupo deTico-títeres, función en la que se ha invitado a distintasescuelas del cantón central de Puntarenas y en la quese pretende brindar la oportunidad a los/as menoresde acceder a una actividad educativa enfocada en lapromoción de los derechos humanos.El norte que guía a esta Sede es poder llegar, de unamanera efectiva y eficaz, a la mayor población posibledentro de la Región, garantizar el acceso a los serviciosque presta la Institución, e intervenir de maneracoordinada con las instituciones de la zona para lograruna pronta solución a las violaciones a los derechoshumanos que se dieran en relación con las y los habitantesde la Región.IV. Conclusiones y desafíos.-Se planea continuar con un programa de promociónde Derechos Humanos, en donde se intentará tenerun acercamiento mayor con la población para informarsobre temáticas específicas que afecten a las comunidades,atendiendo a la especificidad de los problemasque se enfrentan en la Región, además de las laborespropias de defensa que ya tiene asignadas esta sederegional..“Yo creo que la Muni solo con Ustedes hacen caso.Yo me cansé de llamarles y nunca vinieron, todo era queUstedes los llamaran para que a los dos días llegara lamaquinaria y los trabajadores”Se busca llegar de una manera efectiva y eficaz a lamayor población posible dentro de la región, garantizarel acceso a los servicios que presta la institución e intervenirde manera coordinada con las entidades de lazona para lograr una pronta solución a las violacionesde derechos hacia las y los habitantes de la región.En ese sentido, se tiene el reto de poder llegar a loslugares más alejados de la Región, pues quienes vivenen el cantón central llegan con mayor facilidad a laoficina regional para acceder los servicios que prestala institución. Por ello, se debe llegar a las personasque habitan en lugares más lejanos.En consecuencia, se planea continuar realizando girasa esos lugares con el objetivo primordial de dar a conocerla labor que realiza la Institución, informar sobrelas facilidades de accesibilidad a nuestros servicios yatender de manera oportuna las inquietudes y eventualesdenuncias de estas personas.V. Estadísticas.-Una habitante de QueposA continuación se ilustra la labor de la Regional encuanto a las solicitudes de intervención planteadas,con la siguiente información:• Solicitudes de intervención presentadassegún mes• Solicitudes de intervención presentadassegún cantón• Solicitudes de intervención presentadas segúnforma de recepciónSolicitudes de intervenciónpresentadas según sector (público/privado)• Solicitudes de intervención presentadassegún entidad• Solicitudes de intervención presentadassegún género


Capítulo II /Sede Regional Pacífico CentralDefensoría de los Habitantes139En primer lugar, Desde el 9 de noviembre de 2007,día en que oficialmente se dio la inauguración de laoficina regional, y hasta el 30 de abril del 2008, se hanrecibido una serie de denuncias que se presentan enel cuadro a continuación:Solicitudes de intervención por MesNoviembre 36Diciembre 35Enero 104Febrero 104Marzo 92Abril 103San Mateo 1Solicitudes de intervención por RecepciónPersonal 396Carta 2Telefónica 58Fax 18Solicitudes de intervención por SectorPúblico 317Privado 167Entidades más denunciadasSolicitudes de intervención por CantónPuntarenas 383Aguirre 43CCSS 43Municipalidad de Puntarenas 5MOPT 5Esparza 12Parrita 7Montes de Oro 9Orotina 11Solicitudes de intervención por GéneroMasculino 50%Femenino 50%Garabito 8


Sede Regional del Sur“… esto es algo que urgía en este lugar…”Un habitante de Ciudad Neily• Brindar atención al público vía telefónica ypersonal• Realizar inspecciones• Asistir a las actividades organizadas por otrasinstituciones en la zonaI.Introducción.-Como parte del proceso de regionalización en el queestá inmerso la Defensoría de los Habitantes desde1998, la Sede Regional Brunca fue inaugurada en elaño 2003 para atender a las y los habitantes de PérezZeledón, Osa, Buenos Aires, Corredores, Coto Brus yGolfito. La oficina de esta Sede fue ubicada en PérezZeledón, pero con una característica distinta a lasotras sedes regionales en ese entonces, la cual eracontar con un anexo o filial en el distrito de Río Clarode Golfito, de modo que la población de los cantonesfronterizos y costeros tuvieran una oficina aún máscercana para plantear sus denuncias, quejas, reclamoso consultas.Luego de dos años de labores, en el 2005 se tomó ladecisión de cerrar la oficina ubicada en Río Claro. Estamedida se debió al reconocimiento de que los esfuerzosrealizados por defender los derechos e interesesde las y los habitantes en la Zona Sur-Sur del paísy de promover y divulgar los derechos humanos, noestaban siendo suficientes para satisfacer la demandade la población. Esto en razón de que la mayor cargade trabajo recaía sobre la persona que estaba ubicadapermanentemente en la oficina quien, entre otras actividades,debía:• Realizar giras en los cantones para atenderconsultas y denuncias de personas que no podíantrasladarse hasta la oficina en Río Claro• Participar en actividades de la Defensoría enSede Central• Organizar y ejecutar eventos de promoción ydivulgación en derechos humanos• Realizar trámites para la atención de lassolicitudes de intervención planteadas por las ylos habitantesTodas estas responsabilidades, implicaban que enocasiones la oficina estuviera cerrada para la atenciónpersonal de la población, lo que podía representarserios problemas para habitantes que quizás habíanhecho un importante esfuerzo en términos económicosy de tiempo. A pesar del apoyo que recibía y la coordinacióncon la Sede en Pérez Zeledón, de manerapaulatina se fue evidenciando la necesidad de reforzarla prestación de servicios que se estaba realizando,a fin de beneficiar a la población con una atención ytrámites más eficientes y diligentes.Sin duda alguna, principalmente para la población delos cantones de Corredores, Coto Brus y Golfito elcierre de la oficina en Río Claro fue muy impactante,ya que ahora tendrían que acudir hasta Pérez Zeledónpara lograr que se defendieran y respetaran sus derechose intereses frente a las actuaciones u omisionesdel sector público.Sin embargo, cerrar la oficina de Río Claro tenía comopropósito revisar, analizar, elaborar una nueva forma


142 Capítulo II / Sede Regional del SurInforme Anual de Labores 2007-2008de brindar servicios de calidad a la población de laZona Sur-Sur del país. Se visualizaba desde un inicio,la necesidad e importancia de abrir una nueva Sedeque de manera directa y permanente velara por elbuen funcionamiento del sector público, al tiempo quepromoviera, divulgara y educara a las y los habitantesen materia de derechos humanos.De la constitución de la Sede.-Para la creación y entrada en funciones de la SedeRegional del Sur de la Defensoría de los Habitantes,se presentaron, de manera particular, algunas consideracionesque fueron determinantes para lograr elapoyo de la Asamblea Legislativa y poder cumplir, máscabalmente, con el compromiso asumido desde 1993por la defensa de las y los habitantes frente al sectorpúblico y la educación en Derechos Humanos. Entreesas están:• Los cantones Corredores, Coto Brus y Golfitose encuentran entre los diez cantones con menorÍndice de Desarrollo Social (IDS) del país. Segúninforme deL Ministerio de Planificación Nacional yPolítica Económica (MIDEPLAN) para el año 2007Corredores se ubica en el sitio 74 con un IDS de14.7, Coto Brus en el lugar 80 con un IDS de 4.5 yGolfito en el lugar 78 siendo su IDS de tan solo 6.4.Relacionado con este índice, se cuenta tambiéncon el estudio elaborado por UNICEF en el 2005sobre el Índice de vulnerabilidad infantil, el cualcomprende vulnerabilidad por riesgo ambiental,por la no retención de educación de calidad ypor riesgo al desarrollo integral temprano. Eneste sentido, para los cantones de Corredores,Coto Brus y Golfito, los índices son 44.9, 44.7 y44.3 respectivamente, posicionándose entre loscantones de mayor vulnerabilidad. Finalmente,también forman parte estos cantones de laRegión Brunca, la cual cuenta con los indicadoresmás altos de niñas y niños con necesidadesbásicas insatisfechas (higiene, saber, consumo yalbergue).• Población, costumbres y estructurasproductivas evidentemente condicionadas porlos enclaves bananeros apostados en la Regióndurante un siglo, que luego de 40 años dehaberse cerrado, siguen predominando.• Las dinámicas sociales, políticas y económicaspropias de los territorios fronterizos.• Población cuyos índices de alfabetizaciónson bastante bajos, principalmente dentro de lapoblación indígena.• Alto porcentaje de territorio indígena, cuyastradiciones, costumbres y posesiones (tierras)no son efectivamente respetadas por el resto dela población e igualmente desdeñadas por lasautoridades locales y nacionales.• Desafección, en general, por parte de lapoblación, respecto de las dinámicas y procesossocioeconómicos y culturales del Gran ÁreaMetropolitana.• Territorios muy amplios y de muy difícilacceso, lo que conlleva a una población muydispersa y de ahí también –aunque sin serexcusa – los obstáculos a los que deben hacerfrente las instituciones para brindarles de maneraeficiente y oportuna sus servicios y satisfacer susnecesidades y demandas.• Rezago de la población en cuanto al acceso atecnologías de punta, servicios públicos básicosy servicios de salud, principalmente, claramenteaparejado este punto con el anterior.• Incentivos y preparación (formación) mínimapara desarrollo de micro, pequeñas y medianasempresas que puedan ser competitivas y seconsoliden exitosamente, dando lugar a lacreación de nuevas empresas para el progresode la zona.• Serias afectaciones, año con año, a causade las incidencias del tiempo (inundacionesprincipalmente, pero también posibilidad desiniestros, emergencias químicas, entre otros).• Limitaciones en tiempo y dinero para viajar aSan José, a las sedes centrales de las institucionespara buscar un trámite más eficaz y oportuno desus necesidades y demandas.• Una fuerte y muy clara persistencia de lapolítica clientelista, donde el incumplimientopor parte de los políticos ocasiona una pérdidade credibilidad y legitimidad respecto de lainstitucionalidad del país, lo que a su vez implicala aceptación, e incluso el impulso de la utilización


Capítulo II /Sede Regional del SurDefensoría de los Habitantes143de vías y recursos ilegítimos para la satisfacciónde sus necesidades.• Importante falta de recursos humanos ymateriales en las instituciones con presenciaen la zona, lo cual afecta el trabajo de las y losfuncionarios públicos de la Región.Teniendo presente estos elementos –sin dejar de ladoel hecho de que las poblaciones de la mayoría de loscantones de la periferia del país debe sobrevivir día adía estas situaciones y condiciones– y la combinaciónde todos ellos en una sola región es algo que de unamanera singular afecta a la zona Sur-Sur, por lo que sesubraya la importancia y urgencia de que la Defensoríade los Habitantes acuerde y ejecute las medidas necesariaspara cumplir de manera verdaderamente efectivacon su función de defender los derechos e interesesde todas y todos los habitantes, así como su responsabilidady compromiso de tener una presencia directay accesible en todas las regiones del país.Esta determinación brinda la posibilidad a la poblaciónde esta zona de conocer sus derechos y los mecanismospara ejercerlos, las vías, espacios y recursos conque cuenta para defenderlos en caso de alguna falta uomisión, contribuyendo así, con la construcción de unasociedad donde las personas estén más familiarizadasy comprometidas con los procesos de toma de decisionespolíticas, sociales y económicas que les afectandirectamente; es decir, con el ejercicio de una ciudadaníamás conciente y activa, inmersa en la lucha por laconsecución de una mejor calidad de vida.Por todo lo anterior, es que el 22 de octubre de 2007,mediante acuerdo no. 1280, la Defensoría de losHabitantes constituyó la Sede Regional del Sur –y laSede Regional Pacífico Central– para maximizar losesfuerzos realizados en la provincia de Puntarenasy tener una mayor y mejor incidencia en la atencióny resolución de sus necesidades y demandas. Esteacuerdo llevó a la reestructuración de la competenciaterritorial de la Sede Regional Brunca, principalmente,pues le correspondía la atención de las personas delos cantones de Corredores, Coto Brus y Golfito, lacual ahora es asumida por la Sede del Sur.En ese sentido, es importante destacar algunas consideracionespara la emisión de este acuerdo de constituciónde la(s) Sede(s):“…Quinto.- Que desde el comienzo de sugestión la Defensoría de los Habitantes hatenido como una de sus misiones principalesbuscar que su ámbito de acción se extiendaal mayor número de personas y que éstastengan las facilidades de acceso oportunasque garanticen una intervención eficientey eficaz de parte de la institución. En estesentido, el proceso de regionalización buscademocratizar el acceso a los servicios prestadospor la Defensoría de los Habitantes. Enconsonancia con ello, se busca un procesode mayor inmediación y cercanía con regionesdel país que tradicionalmente se encuentranalejadas de los centros en donde se hanconcentrado las instituciones del Estado ydonde no ha habido una acción eficiente decara a las poblaciones en esos lugares.Sétimo.- Que la Defensoría de los Habitantes,luego de un estudio sobre la Región PacíficoCentral y la Región Sur-Sur, en que se ha tomadoen consideración aspectos tales comola percepción de la población sobre el papelde la institución, conocimiento de derechosde las y los habitantes, problemáticas específicasque afectan a la zona, así como facilidadde acceso de los mismos(as) a los serviciosque presta la institución, ha considerado devital importancia extender su proceso deregionalización a esos sectores geográficos,lo que a todas luces se constituiría en unaporte significativo al proceso en marchade construcción de una cultura de derechosen estas regiones del país.” (El destacadono corresponde al original)El significado de lo resaltado en la cita anterior respondea lo que se ha establecido como el eje transversalde la labor de este órgano defensor para el periodo2005-2009. Al respecto, se señala en el primer InformeAnual de Labores (2005-2006) que,• “La Educación en Derechos Humanos esfundamental para garantizar un verdaderoejercicio en el uso y defensa de los derechos porparte de las y los habitantes.• (…) Concientes de que la educación enDerechos Humanos es vital para alcanzar elrespeto hacia ellos y un ejercicio efectivo departicipación en el perfeccionamiento de laDemocracia, nos proponemos constituirnosmaestros de los Derechos Humanos.” (Eldestacado no corresponde al original)De tal forma, las y los funcionarios de la Defensoríadeben interactuar con las y los habitantes directamente,día con día brindándoles espacios, herramientas yel tiempo necesario para que puedan exigir, ejercer ydefender sus derechos.


144 Capítulo II / Sede Regional del SurInforme Anual de Labores 2007-2008En otro orden y propiamente en lo concerniente a suentrada en funciones, la Sede Regional del Sur, ubicadaen el distrito de Ciudad Neily cantón de Corredores,fue inaugurada el 4 de marzo de 2008, en un eventodonde se contó con la participación de las y los diputadosde la zona, la Viceministra de Gobernación, elPresidente Municipal de Corredores y representantesde las instituciones públicas con presencia dentro de lacircunscripción territorial de la Sede (Fuerza Pública,ICAA, MEP, IDA, Contraloría de Servicios del PoderJudicial, ICE, Ministerio de Hacienda, entre otros).Del mismo modo, la respuesta al llamado de laDefensoría para que los/as representantes de lasinstituciones públicas nos acompañaran en el evento,sobrepasó las expectativas pues asistieron la mayoríade las y los funcionarios invitados (o sus representantes),lo cual puede interpretarse como una muestra derespeto y cariño para con este órgano defensor quelucha fervientemente por garantizar el ejercicio de susderechos a las y los habitantes.Plan de Trabajo: metas y tareas por cumplir.-Al adoptar la decisión de abrir una sede regional más,se adquirió como un compromiso y responsabilidadde primer orden el compromiso constitucional y moralcon la transparencia y la rendición de cuentas de caraa la población, donde se informe del estado de lasgestiones, de los logros y de los grandes retos y tareaspendientes, contrastándolos con las tareas asumidaspreviamente, de manera que no se convierta en unsimple ejercicio sin el menor rigor ni seriedad. En esesentido, el equipo de trabajo de esta Sede Regional haplanteado un plan de acción debidamente estructuradocon objetivos específicos, metas concretas, tareasprecisas, recursos necesarios y plazos determinadospara cumplir durantes los próximos cuatro meses.La planificación del trabajo a realizar deberá adecuarcada objetivo y tarea al contexto en el que se desarrollaráy la población que se desea beneficiar, atendiendolas funciones y competencias que por ley debe atenderla Defensoría, en consonancia con su visión y misión.Sobre esta planificación, se ha previsto que cada programaciónde objetivos y actividades se enmarque enperiodos de cuatro meses, para que al final de cadacuatrimestre se rinda un informe sobre el cumplimientode dicha programación ante el Despacho de estaInstitución y la Dirección de las Sedes Regionales.Esta rendición de cuentas tiene como fin, en primerlugar, monitorear la gestión realizada por la SedeRegional y su ajuste a las funciones y principios orientadoresde la labor de la Defensoría y en segundolugar, servir de espacio para la retroalimentación yenriquecimiento de las metas y actividades futuras.A partir de lo expuesto, se dan a conocer los objetivosprevistos para este primer cuatrimestre de funcionesde la Sede Regional del Sur, sobre los cuales se estarárindiendo cuentas en el mes de julio:“Posicionar a la Defensoría de los Habitantesen los cantones de la circunscripción territorialde la Sede Regional del Sur (Corredores,Coto Brus y Golfito), como un órgano decontrol de la legalidad, la moralidad y la justicia,encargado de defender los derechos eintereses de las y los habitantes frente a lasactuaciones u omisiones de las institucionespúblicas, a fin de garantizar el buen funcionamientodel sector público.a. Brindar una atención pronta y oportuna alas solicitudes de intervención presentadaspor las y los habitantes, actuando de oficio enaquellos casos en que la complejidad e implicacionesde la situación así lo amerite.b. Coordinar con las Áreas de Defensa laatención de aquellas solicitudes de intervenciónque por la naturaleza de lo expuestodemanden una gestión más profunda eintegral.c. Gestionar el establecimiento de “víasrápidas de intervención” con las y los funcionariospúblicos, con el propósito de lograr elcumplimiento de los plazos y la tramitaciónefectiva de las denuncias, consultas, quejaso reclamos de las y los habitantes.”Implementar un plan de promoción y divulgaciónen derechos humanos en coordinacióncon las y los representantes de las institucionespúblicas, dirigentes de escuelas, colegiosy universidades, grupos religiosos, agrupacionesde la sociedad civil y con la poblaciónen general, ejerciendo el rol de educadoresen derechos humanos.a. Establecer un primer contacto con las ylos representantes de las instituciones públicascon presencia en la zona, así comocon las y los dirigentes de las escuelas, colegios,universidades, asociaciones y gruposorganizados y con dirigentes de la poblaciónindígena.b. Gestionar la integración de la Defensoríaen redes donde se brindan espacios a lasy los habitantes para formar y motivarles elejercicio de una ciudadanía activa.


Capítulo II /Sede Regional del SurDefensoría de los Habitantes145c. Motivar la conformación de alguna red ocírculo de participación ciudadana donde seanalice, discuta y reflexione sobre algún temao situación de interés para la región y quehasta el momento no haya sido efectivamenteabordado. Claro está, dentro del ámbito decompetencia de la Defensoría como órganoeducador en Derechos Humanos.d. Ejecutar actividades como charlas, semi-narios, conversatorios, entre otras, en torno atemas específicos dirigidos a distintos grupospoblacionales, mediante la coordinación coninstituciones y organizaciones de la zona ycon las Áreas de Defensa y la Dirección dePromoción y Divulgación de la Defensoría delos Habitantes.“Realicé una solicitud de pensióny han pasado ocho meses sin quereciba respuesta alguna”; “solicité lospermisos de construcción en la Municipalidadhace seis meses y ni siquierame indican el estado del trámite…”Un habitante de Coto BrusComo se desprende de lo anterior, se han propuestodos objetivos generales directamente relacionadoscon las dos funciones de la Defensoría, desagregadosen objetivos específicos, siendo que el cumplimientoindividual de cada uno de ellos conlleva al logro delobjetivo general.Se resalta, además, que se ha puesto un mayor énfasisal objetivo sobre la labor de promoción, divulgacióny educación en derechos humanos en virtud de que seestima que contribuirá sobremanera con el proceso deposicionamiento y consolidación de la Defensoría en lazona, dando a conocer sus funciones, la forma en queactúa y cómo se puede acceder a sus servicios, siendoesta una vía también para el mejor cumplimiento delprimer objetivo general, pues personas informadas yconcientes de sus derechos, que ejercen su ciudadaníaactiva, aprovechan aún más los medios y espaciosque se les ofrecen para velar por su respeto y resguardo(en otras palabras, hacen un mayor y mejor uso delos servicios que presta este órgano defensor).En concordancia con esto, lo referente a las actividadesy gestiones realizadas a la fecha para elcumplimiento cabal de estos objetivos se enuncia enapartados siguientes lo respectivo a algunos temasy posibles tendencias reflejadas en las solicitudes deintervención tramitadas y la participación de la Sedeen distintas reuniones con representantes de institucionespúblicas, en comisiones, foros y talleres.II. Casos relevantes.-En este acápite se detallan algunos casos en los quese ha solicitado la intervención de la Sede Regionaldel Sur de la Defensoría para lograr la atención y resoluciónefectiva y oportuna de una situación o hechoespecífico. Cabe rescatar que debido al corto tiempode haber iniciado funciones, limita la posibilidad deefectuar inferencias o llegar a conclusiones definitivasrespecto de la atención a ciertos temas por parte dedeterminadas instituciones; sin embargo, permite irdelimitando algunas posibles tendencias.Aparente conflicto entre derechos de estudiantesde primaria y secundariaSe presentó ante la Sede Regional una solicitud de intervenciónpor parte de estudiantes del IPEC-CINDEAde Agua Buena (Satélite de Sabalito), en razón de queexistía una orden de parte del Asesor Supervisor delMinisterio de Educación (MEP) de Sabalito, donde seestablecía el traslado de las y los alumnos del IPECpara que recibieran lecciones a partir del 24 de marzode 2008 en las instalaciones del Colegio TécnicoProfesional de Sabalito (CTP), desocupando así lasinstalaciones de la Escuela José Gonzalo Acuña dondehabían recibido lecciones los últimos cinco años.El problema al respecto es que, a criterio de las y losestudiantes, las instalaciones del CTP no reunían lascondiciones mínimas sanitarias y de seguridad pararecibir lecciones en horario nocturno (de 6:00 p.m. a10:00 p.m.). Además, señalaron que se les estabanrecriminando comportamientos y hechos sobre loscuales no había prueba de que fueran ellos/as, asícomo persecución por parte del director de la EscuelaGonzalo Acuña a raíz de un enfrentamiento personalentre él y el director del IPEC-CINDEA de AguaBuenaPartiendo de lo expuesto y luego de diversas gestionesinformales que no lograron propiciar un acuerdo nisolución, se solicitó formalmente al Asesor Supervisordel Circuito de Sabalito y a la Directora Regional deEnseñanza Coto, rendir el informe correspondiente enel cual se pronunciaran sobre la situación y las medidas–así como a los criterios técnicos y administrativos–tomadas para su atención y resolución definitiva.En este punto, es importante acotar que la denunciaingresó a la Sede Regional el 28 de marzo de 2008,por lo que ya tenían las y los estudiantes una semanasin asistir a clases producto de esta situación y de lahuelga que protagonizaban las y los profesores desegunda enseñanza.


146 Capítulo II / Sede Regional del SurInforme Anual de Labores 2007-2008Al punto, se recibió oficio de la Directora Regional dondeordenaba al Asesor Supervisor dejar sin efecto ladecisión de trasladar a las y los estudiantes del IPECy permitirles permanecer en las instalaciones de laEscuela. Sin embargo, y a pesar de que el Asesor acatóesta orden, el estudiantado no pudo retornar puesla Junta Administrativa de la Escuela se oponía a esto,aduciendo que ponían en riesgo la infraestructura físicade la institución y el proceso de aprendizaje de lasy los estudiantes de primaria.Esta negativa persistió, incluso, hasta una semanadespués de finalizada la huelga de profesores/as desecundaria (es decir, más de un mes y medio sin recibirlecciones las y los estudiantes del IPEC Satélitede Sabalito). Esta persistencia de la situación y la faltade voluntad manifestada por las partes para negociarun acuerdo temporal o permanente, evidenció la complejidady grado de conflictividad que caracterizabala situación. En virtud de ello, la Coordinación de laSede Regional solicitó colaboración al Despacho de laDefensoría, desde el cual se contactó a la ViceministraAdministrativa del MEP (autoridad máxima en estetema), para así lograr una verdadera y efectiva intervencióny resolución que permitiera la normalizaciónde la situación.A partir de la intervención del Despacho y de laViceministro, se rescató la competencia y autoridadde la Dirección Regional para atender y tomar la resoluciónfinal correspondiente, en virtud de lo cual seretomaron las negociaciones con la Directora Regionaly se logró la reafirmación de la primera orden dictada(revocar el traslado) y se autorizó al Asesor Supervisorpara tomar las medidas especiales necesarias paralograr el reinicio de las lecciones para las y los estudiantesdel IPEC de Sabalito.En razón de lo expuesto, el día 5 de mayo de 2008 elestudiantado del IPEC de Sabalito se instaló nuevamente–de manera temporal– en las instalaciones dela Escuela, mientras se trabaja para que las instalacionesdel CTP de Sabalito cumplan con las medidasde seguridad necesarias para un eventual traslado yestablecimiento de este segundo recinto como Sededefinitiva del IPEC de Sabalito.Con esta –aparente– solución temporal han surgidootras disputas como la renuncia de la JuntaAdministrativa de la Escuela Gonzalo Acuña y problemaspor la no prestación de seguridad a las y losestudiantes del IPEC durante su horario lectivo en lasinstalaciones de dicha escuela –guardas tienen ordenverbal de no trabajar durante ese período–, las cualesno permiten negociar ni tomar acuerdos definitivos;es decir, el problema más bien se está ampliando aúnmás. No obstante, los esfuerzos de la Sede Regionaldel Sur de la Defensoría de los Habitantes continúanorientados a recomendar espacios y alternativas quepermitan a las autoridades correspondientes tomar unacuerdo lo más satisfactorio para la mayor cantidad depersonas posible.Por otro lado, esta Sede Regional ha realizado importantesesfuerzos por escuchar y tomar en cuenta lasopiniones y observaciones de cada una de las partes,al tiempo que se le brindó la misma información y consideracionesrespecto del fondo del asunto.Es importante recalcar que el caso detallado, cuyaconfiguración era ideal para el desarrollo de un procesode resolución alternativa de conflictos (conciliaciónmediacióno arbitraje), contenía una característica enparticular que dificultaba profundamente esa posibilidadreal y efectiva de que todas las partes involucradas(representantes de cada grupo) negociaran ytomaran un acuerdo mutuamente satisfactorio (lo cualno significa que fuera igualmente satisfactorio paratodas y todos), y era el hecho de que cada parte estabacentrada en su posición, dejándose llevar por susemociones y percepciones, obviando completamentelos intereses y valores objetivos que se suponía comprendíanel trasfondo del conflicto.De manera singular se destaca el hecho de que esasposiciones y sentimientos que se han sobrepuesto alos intereses objetivos que envuelve la situación, estánsiendo externados y “defendidos” por funcionarias yfuncionarios públicos y, más que eso, son educadorasy educadores quienes se encargan de la formaciónde las futuras generaciones, lo cual puede significarque estos marcos de conducta y formas de pretenderresolver los conflictos se continúen reproduciendo,limitando aún más las posibilidades de contar conuna sociedad donde la norma sea la paz social y nocomo se está manifestando en este momento donde laarmonía en las relaciones interpersonales a nivel familiar,escolar, laboral y dentro de la sociedad en generales la excepción.Ante esto, es innegable la responsabilidad de laDefensoría –en este caso a través de esta SedeRegional– de ejercer, de manera incisiva, sus funcionesde modo que se restrinja estas prácticas y situacionesy se reduzca también los niveles de conflictividadpara que las y los habitantes dejen de recurrir a laviolencia para la “solucionar” los conflictos ya que estano es la esencia del costarricense.De las violaciones al derecho de petición y prontaresolución derecho: su manifestación en la SedeRegional del Sur


Capítulo II /Sede Regional del SurDefensoría de los Habitantes147Ciertamente, siendo que esta Sede Regional estádando sus primeros pasos a tan solo dos meses dehaber sido inaugurada, difícilmente se puede hablar,en un sentido amplio, de antecedentes, de historia ode estadísticas; sin embargo, a pesar de que por estarazón es osado referirse o inferir alguna tendencia enla casuística, las y los habitantes que se han acercadoa esta Sede han manifestado satisfacción con suapertura, haciendo afirmaciones como: “… esto esalgo que urgía en este lugar…” o “ahora sí van a verlas instituciones lo que es bueno”, lo cual significa,por un lado, el reconocimiento a la labor que realiza laDefensoría en la defensa de sus derechos e interesesy por otro y de manera implícita, su disconformidadrespecto de la atención y actuaciones de las y los funcionariospúblicos, y en general, al funcionamiento delsector público en la zona.De tal forma, se evidencia la vulneración al derechode petición y pronta resolución, cuando la atención y/oresolución de las peticiones, denuncias y consultasque plantean las y los habitantes de la Zona Sur correspondea un nivel superior que el local (DirecciónRegional, usualmente ubicada en Pérez Zeledón oSede Central). Ante esto, existen preocupacionescomo el hecho de que una persona en San José tramitay obtiene su reposición de cédula de identidad entan solo tres días hábiles, mientras que en la Zona Suresto puede demorar hasta un mes y medio. Otro ejemplobastante preocupante es la tramitación de las citasmédicas para que las y los habitantes de Corredores,Coto Brus y Golfito reciban atención de especialistasen el Hospital Escalante Pradilla o en alguno de loshospitales nacionales en San José, donde sólo paraconocer cuándo será la cita, deben esperar hasta seismeses, a lo que se le suma el hecho de que si la solicitóen el 2005, irá siendo atendida hasta en el 2009o después.Sobre lo recién señalado, detallamos un caso atendidoen la Sede Regional del Sur que ejemplifica esta situacióny trae a colación lo delicado y riesgo –en algunoscasos– de esta dilación.“Una habitante de 75 años presentó unasolicitud de intervención por cuanto fue referidapor el EBAIS de Río Claro al HospitalEscalante Pradilla de Pérez Zeledón parauna cita, una vez con la referencia, demoraronseis meses en indicarle que la cita se leprogramaba para el 18 de agosto del 2009. Apesar de su preocupación por el largo lapsode tiempo que debía esperar, se conformócon la resolución dada, pero en este momento(abril de 2008), su salud se encuentra muydeteriorada, razón por la que no puede esperarhasta esa fecha ya que necesita atenciónlo más pronto posible.Esta situación fue discutida con la Contralorade Servicios de dicho hospital, quien recomendóque la habitante se presentara denuevo en el EBAIS y que solicitara otra referencia,documento con el cual la Contraloríapodría gestionar ante el servicio médico correspondientela posibilidad de adelantar lacita (respetando el criterio médico).Lo anterior le fue notificado a la habitantequien cumplió con la recomendación de laContralora de Servicios, sin embargo, topócon inconvenientes al solicitar el documentoen el EBAIS. Esto fue comunicado a la SedeRegional del Sur por lo que inmediatamentese consultó -vía telefónica- en el centro desalud donde se informó que la situación seríacorregida, lo que efectivamente sucedió.Finalmente, se le efectuó la nueva referenciay la habitante ya fue atendida por el especialistaen el Hospital Escalante Pradilla.”En este caso, se demuestra cómo la dilación en laprestación efectiva y oportuna de los servicios públicosno solamente violenta el derecho a la petición y prontaresolución, sino que, también, se pone en riesgola salud y la calidad de vida de las y los habitantes.Evidentemente, la situación expuesta en este caso esvivida por muchas otras personas, incluso habitantesde la Gran Área Metropolitana; sin embargo, la falta deconocimiento –en algunas ocasiones–, la distancia, elgasto económico y en tiempo y la falta de credibilidaden las instituciones y las alternativas que estas lespresentan, son varias de las razones por las que esteproblema es principalmente acuciante para las y loshabitantes de las zonas alejadas a la capital.Dilación en la tramitación de solicitudes de pensiónpor parte de la CCSSAunque no se puede afirmar con certeza –partiendode lo visto hasta el momento–, como se denota en lainformación estadística de las solicitudes de intervencióntramitadas por la Sede Regional del Sur la entidadprincipalmente denunciada es la Caja Costarricensede Seguro Social (CCSS). Las consultas y denunciasal respecto, de manera preponderante versan sobre ladilación por parte de la institución a la hora de emitirla resolución final de los recursos de apelación queplantean las y los habitantes de la zona; de modo singularcuando se deniega el beneficio de pensión porRégimen No Contributivo.


148 Capítulo II / Sede Regional del SurInforme Anual de Labores 2007-2008Se ha determinado que los tiempos de resoluciónhan sido excesivos (sobrepasando los seis meses ohasta un año). Esa dilación se ha presentado, en especial,cuando dichas solicitudes se encuentran en laComisión de Apelaciones de la Caja en San José enespera de ser resueltas en segunda instancia.Llama poderosamente la atención el hecho de que lassolicitudes, en su mayoría son rechazadas haciendouso de tecnicismos legales sin tomar en cuenta larealidad socioeconómica de la población de la zona,en la que se notan índices muy altos de pobreza, dedesempleo, de baja escolaridad, de disfunción familiary de problemas de salud que impiden laborar (sobretodo en la población adulta mayor).Atenciones Inmediatas: inminente violación a lapropiedad privadaUn habitante solicitó la intervención de la Sede anteuna situación que se estaba presentando en relacióncon la Municipalidad de Coto Brus, la cual evidenciabauna posible violación a su derecho a disfrutarplenamente –dentro del marco de la legalidad– de supropiedad. La solicitud se recibió vía telefónica y elhabitante expuso que en unas pocas horas se estaríarealizando una ampliación de la calle frente a su casa,obra que afectaría su vivienda directamente en virtudde que los ingenieros encargados le señalaron queparte de los trabajos implicaban que un tractor pasaraprácticamente por encima de su casa de habitación, loque conllevaría derribar el garaje y un muro.Debido a la urgencia y por limitaciones concretas parapoder apersonarnos directamente en el lugar de los hechos,un Oficial de Admisibilidad de la Sede Regionalrealizó, de inmediato, gestiones informarles (vía telefónica)mediante las cuales se estableció contacto,tanto con el Alcalde Municipal de Coto Brus, como conlos ingenieros encargados de la obra (funcionarios delMinisterio de Obras Públicas y Transportes).Luego de plantearles la preocupación del habitante ylas implicaciones de las acciones que pensaban realizar,se logró con esta intervención de la Sede Regional(en un plazo de dos días) que todas las partes se reunierany tomaran el acuerdo de modificar el trazado–diseño– de la vía, variándola sutilmente y evitando detal forma dañar el inmueble donde habita el habitante.Esta gestión da cuenta del reconocimiento, por partede los/as dirigentes de las instituciones involucradas,de la capacidad conciliadora de la Defensoría, delrespeto a los criterios que emite y principalmente, dela posibilidad real y efectiva de incidir en la variación–para bien y dentro del marco de la legalidad– de lasconductas y actuaciones de las y los funcionarios públicos,a fin de que en el cumplimiento de sus deberesno vulnere los derechos de las y los habitantes.ReflexiónEn suma, las situaciones y hechos ante los cualesse ha solicitado la intervención de la Sede Regionaldel Sur que se han expuesto –sin ser los únicos nirepetitivos– dan cuenta de algunas de las principalespreocupaciones, intereses, demandas y necesidadesinsatisfechas dentro de la población de los cantonesde Corredores, Coto Brus y Golfito.Una adecuada infraestructura física y calidad de losprogramas de los cursos lectivos, una tramitación diligentey efectiva de los trámites de beneficios para laasistencia socioeconómica y un sentido más humanoen la realización de obras para el desarrollo de las comunidadesson algunas de las demandas de la poblaciónen este momento, y ante las cuales, la Defensoríapor medio de esta Sede Regional, debe asumir un rolpreponderante de manera oportuna para así incidir enel mejoramiento de la calidad de vida de las y los habitantesde esta zona.III. Otras formas de intervención.-Amén de la labor de defensa de derechos e interesesde las y los habitantes de la Región, la Sede Regionaldel Sur realiza una importante labora en materia depromoción, divulgación y educación en DerechosHumanos, la cual se detalla a continuación.• Sobre la participación activa en el quehacercomunal e institucional de la regiónAl no ser la Defensoría de los Habitantes una instituciónde la administración activa, su participación enredes y foros está principalmente relacionada conmateria de promoción, divulgación y educación en derechoshumanos, con la particularidad de que en muchosde estos espacios asume su coordinación o rolespreponderantes, los cuales pertenecen tanto al ámbitonacional (Red de Transparencia Institucional, Foro deSeguimiento al Código de la Niñez y la Adolescencia,Programa Estado de la Nación, entre otros) como enel ámbito internacional (Consejo Centroamericanode Procuradores de Derechos Humanos, InstitutoInteramericano de Derechos Humanos). En lo referentea comisiones o consejos con poder de decisión, suvinculación está enfocada, especialmente, a lo que esfacilitación, emisión de criterios –cuando se le solicita–y mediación en su interacción con otras instituciones ogrupos interinstitucionales.


Capítulo II /Sede Regional del SurDefensoría de los Habitantes149• Posicionamiento de la Sede Regional en lascomunidadesLa Coordinación de la Sede Regional del Sur, ha invertidouna especial cantidad de tiempo y esfuerzopropiciando encuentros, conversaciones, disposiciónde espacios y medios que permitan darle a conocera las y los habitantes de la zona que la Defensoría hadispuesto para su atención una sede regional cercanaa ellas y ellos, donde a un menor coste en razón detiempo y dinero pueden acudir para plantear sus denuncias,quejas, reclamos y/o consultas.De esta manera, el primer gran paso en esa dirección–dar a conocer la presencia de la Defensoría en lazona– fue la actividad realizada como acto inauguralde la Sede. En esa oportunidad, como ya se comentó,se contó con la asistencia de diversos representantesde las instituciones públicas, pero también con padresy madres de familia de las y los estudiantes que participaronen los actos culturales.Posterior a ese primer contacto, se ha seguido unaagenda de visitas a las distintas instituciones presentesen los tres cantones. Entre los temas discutidos seha enfatizado en el interés de la Sede de ser un pilarde apoyo para la labor que realizan, principalmente ensu relación con instancias superiores, colaborándolesen las gestiones que realicen tendentes al mejoramientode la infraestructura y la calidad de los beneficiosy servicios brindados. Además, se ha propuestoel apoyo para impartir charlas en materia de derechoshumanos y exponerle a las y los funcionarios públicosla razón de ser y el quehacer institucional a fin de quepuedan aprovechar los servicios que presta este órganodefensor.Asimismo, se ha solicitado la posibilidad de contar conpequeños espacios físicos, de modo que siguiendoun programa de visitas, poder trasladar la recepción yatención de consultas y denuncias a las distintas comunidadesde la circunscripción territorial de la SedeRegional del Sur. De cara a interacciones futuras, seha dejado planteada la disponibilidad para participaren actividades que se organicen y que sean de invitaciónrecíproca.Finalmente, se ha discutido –entre otros detalles másespecíficos según cada institución– sobre nuestrointerés de mantener estrechos y abiertos canales decomunicación que contribuyan con el cumplimiento acabalidad de la labor que las instituciones estamos llamadasa cumplir, tanto las de la administración activacomo nosotros Defensoría, en lo referente al control delegalidad, moralidad y justicia.Un detalle de las instancias visitadas se ofrece acontinuación:Banco de Costa Rica(Agencia de CiudadNeily, Corredores)Banco Nacional de CostaRica (Corredores)Colegio AcadémicoNocturno de La CuestaDirección General deMigración y Extranjería(Canoas, Corredores)Escuela Alberto Echandi(Corredores)Escuela La Fortuna(Corredores)Escuela La Fuente(Corredores)Escuela Las Vegas deRío Abrojo (Corredores)Escuela Líder de PasoCanoas (Corredores)Escuela Río Bonito(Corredores)Escuela Río Nuevo(Corredores)Instituto Costarricensede Acueductos yAlcantarillados(Corredores)Instituto Costarricensede Electricidad(Dirección Regional deElectricidad-Corredores)Instituto Mixto de AyudaSocial (Corredores)Instituto Nacional de la Mujer(Dirección Regional-Golfito)Instituto Nacional de Seguros(Agencia Ciudad Neily,Corredores)Ministerio de EducaciónPública (Dirección Regional deEnseñanza Coto-Corredores)Ministerio de Hacienda(Aduana, Canoas, Corredores)Ministerio de Salud (ÁreasRectoras de Salud deCorredores y Golfito)Ministerio de SeguridadPública y Gobernación(Comando Sur, Corredores)Municipalidad de Corredores(Alcalde)Municipalidad de CotoBrus (Alcalde y PresidenteMunicipal)Patronato Nacional de laInfancia (Corredores y Golfito)Poder Judicial (Contraloríade Servicios Tribunales deJusticia de Corredores)Universidad Católica(Corredores)Universidad de Costa Rica(Golfito)Universidad MetropolitanaCastro Carazo (Corredores)Universidad Nacional(Corredores)Aunado a las visitas realizadas a las distintas instituciones,se ha participado en varias actividadesorganizadas por otras entidades, aprovechando cadaoportunidad para divulgar la existencia de la Sede;entre estas actividades están las siguientes:• Sesión de trabajo del Foro de Seguimiento alCumplimiento del Código de Niñez y Adolescencia,realizado en el Campus Coto de la Universidad


150 Capítulo II / Sede Regional del SurInforme Anual de Labores 2007-2008Nacional y organizado por la Dirección de Niñez yAdolescencia de la Defensoría de los Habitantes.• Participación en una de las jornadas de lasFerias del Conocimiento, organizadas por elInstituto de Estudios Interdisciplinarios de laNiñez y la Adolescencia (INEINA). La actividad ala que se asistió se llevó a cabo en la Escuela deRío Nuevo, Ciudad Neily y asistieron estudiantesescolares de otros cuatro centros educativos delmismo distrito.• Asistencia regular a las reuniones delComité Local de Emergencias de Corredores,en el que participan representantes de distintasinstituciones (aquí se ha tenido la oportunidadde interactuar con funcionarias y funcionariosdel Departamento de Bomberos de Corredores,Cruz Roja Costarricense, Ministerio de Salud,Instituto Mixto de Ayuda Social, ComisiónNacional de Prevención de Riesgos y Atenciónde Emergencias, entre otros) y miembros dela comunidad (líderes comunales voluntarios ytambién representantes de la empresa privada).Parte de los medios utilizados, también para dar a conocerla presencia de la Defensoría en la zona, es ladistribución de pequeños volantes con información dela Institución y los contactos (dirección, teléfono, fax.)para que planteen en la Sede Regional sus solicitudesde orientación, asesoría o intervención.Por otro lado y aunque se trata de una forma más extraoficialde divulgar la existencia de la Sede Regionaldel Sur, la interacción en el ámbito familiar y vecinaldel personal de la Sede también permite el aprovechamientode espacios y distintas vías para dar a conocerla labor de la Defensoría y la forma de acudir parasu intervención por medio de esta oficina en CiudadNeily.• Consejo Regional de Desarrollo BruncaEste grupo colegiado está conformado por todas ytodos los directores regionales de las institucionespúblicas de la Región Brunca (Pérez Zeledón, BuenosAires, Osa, Corredores, Coto Brus y Golfito). Fuecreado a partir de lo dispuesto por el Plan Vida Nuevaque se elaborara y pusiera en práctica durante laAdministración 2002-2006 y destinado a la coordinacióninterinstitucional de esfuerzos para incentivar ypromover el desarrollo de la Región.A pesar de que este plan fue descontinuado con laentrada en funciones de la actual Administración, lasy los directores de estas instituciones, previendo queigualmente representaba un importante apoyo e insumopara sus labores la coordinación de los proyectos ylos esfuerzos, decidieron continuar con las sesiones ygrupos de trabajo organizados según ámbitos de intervencióno población metas (Sector Educación, SectorProductivo, Sector Tecnológico, Grupos Vulnerables,Sector Salud y Vivienda, entre otros)En el marco de este Consejo, la Defensoría a travésde la Sede Regional Brunca, ha sido parte, y ahora seha permitido la incorporación de la Sede Regional delSur. Ambas sedes estarían siendo parte del grupo deinstituciones encargadas de velar por los derechos ynecesidades de las poblaciones vulnerables y tambiénsomos parte del sector encargado de velar por unaeducación de calidad en la región.Las sesiones de trabajo son los segundos miércolesde cada mes y ante una moción de las y los representantescuyas sedes se encuentran en los cantonesdel Sur-Sur (rompiendo la regla pues la mayoría seencuentran en Pérez Zeledón), se logró el acuerdode sesionar de manera intercalada un mes en PérezZeledón (San Isidro) y otro en Corredores (CiudadNeily).En virtud del cargo de las y los miembros, las decisionesy acuerdos tomados son vinculantes, ademásde que según las nuevas directrices emitidas por elgobierno actual a través del Ministerio de Planificacióny Política Económica se debe rendir informes de lalabor realizada (estos informes son periódicos peroatendiendo los plazos asignados para cada subgrupoo institución). Cabe destacar que, de manera excepcional,las únicas decisiones tomadas o acciones enlas que se compromete a la Defensoría, son dentro delmarco de las competencias de cada Sede Regional ya partir de las funciones y competencias propias de laInstitución.• Comité Local de EmergenciasEs de conocimiento general que nuestro país, año conaño, en términos de infraestructura y economía sufreserias afectaciones por los desastres naturales. Enestos cantones de la Zona Sur, de manera especial ypreocupante las diversas situaciones de emergenciaque se viven con la llegada de la época lluviosa.Ante el daño en infraestructura, a las actividades agrícolasy productivas en general, a la salud en generalde la población, se le debe sumar una serie de muyserias y numerosas dificultades presupuestarias y decapacidad de respuesta que afrontan las institucionespúblicas y los grupos organizados de las comunidadespara hacer frente a estas situaciones.


Capítulo II /Sede Regional del SurDefensoría de los Habitantes151En este sentido, la Defensoría, a través de la SedeRegional del Sur, forma parte del Comité Local deEmergencias de Corredores, a fin de colaborar con lalabor que las demás instituciones miembro realizan, ycon el afán de velar porque los esfuerzos realizadossean realmente oportunos y los mejores –en la medidade las posibilidades materiales y humanas– tantoen materia de prevención como de atención de lasemergencias.Al respecto, considerando que la incorporación en esteComité es muy reciente, la participación es de acompañamientopero enfocada al análisis y a la búsquedade aportes –dentro del ámbito de competencias delórgano defensor– para el enriquecimiento de un mejorcumplimiento de esta tarea. De este modo, actualmentese contribuye con el estudio del Plan Cantonal deEmergencias de Corredores, el cual es elaborado porel Comité y será ejecutado mediante su coordinación.IV. Conclusiones y desafíos.-Por el momento, la experiencia que vamos acumulandocada día al ejercer nuestra labor, nos ha permitidoevidenciar cómo las oficinas locales de las institucionespúblicas atienden de la mejor manera posiblenuestras solicitudes y responden, de manera favorablepara las y los habitantes a nuestras intervenciones. Alrespecto, nos complace reconocer en esta disposiciónpara colaborar y atender nuestro llamado, le legitimidady credibilidad con que cuenta la Defensoría de losHabitantes en la Zona Sur del país.Ahora bien; antes de plantear algunas aproximacionessobre lo que se visualiza como los principalesretos para la consolidación de la Sede Regional delSur en la zona, se estima oportuno puntear algunasestimaciones sobre lo que se cree son los logros mássignificativos luego de dos meses y medio de haberiniciado funciones:• Más de dos personas por día hábil hanacudido a solicitar la intervención de esta SedeRegional para lograr la debida y oportunaatención y resolución de lo que consideran unaviolación a sus derechos o intereses.• Las y los representantes de las institucionespúblicas han atendido de manera eficiente ydiligente nuestras solicitudes de informe. Tambiénse nos ha externado el respeto por el criterio yla labor realizada hasta el momento; ademásse cuenta desde ya con algunas conexionesespeciales con funcionarias y funcionarios, queposibilitan el mantenimiento de los canales decomunicación abiertos para colaborar con la tareaque se lleva a cabo.• A pesar de algunas limitaciones materialesen lo que a equipo de trabajo y condiciones delas instalaciones de la Sede refiere, el personalha procurado –y creemos haberlo logrado– serconsecuentes con la labor encomendada ybrindar un servicio del mejor nivel, amable, conlenguaje comprensible, diligente, efectivo ytransparente.• Respecto de las intervenciones que ya hemosconcluido, además de haber atendido los casosdentro del plazo que nos establece la ley, las ylos habitantes se han manifestado conformes yagradecidos con la gestión efectuada. Aunquesea una afirmación mayormente utilizada porempresarios/as, no hay nada más efectivo parapromoción que un habitante –cliente para elsector empresarial– satisfecho con los resultadosobtenidos (esto no necesariamente implica quelo resuelto haya sido favorable a la persona, sinouna valoración en general respecto del serviciobrindado).Ahora, en lo que respecta propiamente a los retos omejor dicho ámbitos en los que se vislumbra la necesidadde eventuales intervenciones de la Defensoría através de esta Sede Regional, se plantean a continuacióntres temas; se subraya que no serán los únicos yquizás tampoco donde se puede tener una mayor incidencia,pero sí tres en los cuales se pondrá especialénfasis en las programaciones futuras de los planesde trabajo:• Planificación y optimización de programaspara el mejoramiento de la calidad de vida de lapoblación indígenaCon respecto a este punto, se puede catalogar en unmayor nivel de vulnerabilidad a las y los habitantesde los territorios indígenas que se encuentran dentrode la circunscripción territorial que atiende esta SedeRegional. Las y los habitantes de este sector de lapoblación, actualmente viven situaciones de pobrezaextrema y de falta de oportunidades en educación ytrabajo. Asimismo, carecen de adecuados servicios(salud, agua potable, electricidad) y beneficios (sub-


152 Capítulo II / Sede Regional del SurInforme Anual de Labores 2007-2008sidios para agricultura, pensiones de Régimen NoContributivo, becas para estudiantes, etc.) que brindael Estado a otros grupos vulnerables. 6Ante lo expuesto, se evidencia una imperiosa necesidadde establecer mecanismos y políticas que fomentenel desarrollo comunal y personal:• En cuanto al desarrollo comunal esta SedeRegional es del criterio que se deben planificarestrategias de desarrollo económico tendentes allogro de la autosuficiencia, precisamente por lasgrandes dificultades que se presentan para llegara estas zonas.• En lo referente al desarrollo personal, separte de la consideración de que es necesariofortalecer programas en los cuales se brinde laimplementación de acreditación de documentaciónadecuada para cada habitante (cédulas deidentidad). No es concebible que todavía existancostarricenses que no porten documentos deidentidad que les permita y les facilite el acceso alos más básicos servicios y beneficios que brindael Estado, situación particularmente frecuenteentre los/as pobladores en la zona fronteriza conPanamá.Es a partir de este panorama, que la Sede Regionalprevé necesario ahondar en los estudios, elaboracióny ejecución de programas de capacitación y asesoríapara colaborar con el mejoramiento de la calidad devida de este sector poblacional. De modo particular, sepreverá impulsar y apoyar los esfuerzos por fortalecerlos programas dirigidos a la promoción, educación ydivulgación de sus derechos humanos, en pro de suejercicio efectivo, pero también, de intervencionesprecisas por parte de la Caja Costarricense del SeguroSocial, los gobiernos locales, JUDESUR, DINADECOe IMAS. principalmente.Sobre el particular, es importante destacar que primordialserá la coordinación y consideración en primer ordende las observaciones, valoraciones y recomendacionesque efectúen las y los dirigentes de los distintosgrupos indígenas.• Coordinación de intervenciones binacionalesPartiendo de una lectura preliminar de las dinámicassociales, económicas y políticas que se presentan6 La mayoría de las valoraciones señaladas al respecto fueronrecopiladas por un Oficial de Admisibilidad de la Sede Regional delSur de la Defensoría, en el marco del Taller de Capacitación querealizaran funcionarias de la Dirección de Promoción y Divulgacióndel mismo órgano, dirigido a educadoras y educadores en escuelaspara población indígena. La actividad se llevó a cabo el 6 de abril delaño en curso.en los distritos fronterizos y los lazos de colaboracióncon que cuenta la Defensoría de los Habitantes conla Defensoría del Pueblo en Panamá, se preverán enel mediano y largo plazo, investigaciones conjuntas yelaboración de programas y proyectos de intervenciónintegral binacional de las principales problemáticasque afecta a las y los habitantes de estas comunidades,como:• Trabajo infantil y explotación sexual(problemática en la que está inmersa la poblacióninfantil de ambos países)• Controles migratorios• Colaboración con programas de saludbinacionales (en este punto se partiría de la laborque actualmente realiza ACNUR en coordinacióncon las áreas de salud de la CCSS)• Sensibilización y capacitación de cuerpospoliciales para el control del consumo y venta deestupefacientes• Organización y ejecución de talleres,capacitaciones y programas que contribuyan conla mitigación de los efectos de estas dinámicas enlas niñas y niños, gestionando los medios para supermanencia en el sistema educativo, partiendodel reconocimiento de la educación como motordel desarrollo• Aprovechamiento de otros espacios, temas yactividades organizadas por distintas instituciones(costarricenses, panameñas o internacionales;gubernamentales o no gubernamentales).• Apoyo a los comités locales de emergencias delos cantones de Corredores y GolfitoEs de conocimiento a nivel nacional de las dolorosassituaciones de emergencia que han afrontado estoscantones a causa de los distintos desastres naturalesque se han presentado en el pasado (principalmenteinundaciones por huracanes).A pesar de que esta Sede Regional ha vislumbrado uninvaluable esfuerzo por parte de los/as representantesde las instituciones públicas de organizarse, programary coordinar de manera efectiva las labores parala prevención de riesgos y la atención de las emergencias,se denota que aún no existe una sensibilizaciónsuficiente y verdaderamente arraiga ni entre las y los


Capítulo II /Sede Regional del SurDefensoría de los Habitantes153funcionarios de esas mismas instituciones ni entre lapoblación en general de ambos cantones.El nivel de compromiso y dedicación demostrada noes suficiente –según valoración de esta Sede– si setoma en cuenta los estragos económicos y en infraestructuraque estos eventos han ocasionado en lascomunidades.Dentro de las sesiones de trabajo de los comités, 7 nosiempre se cuenta con la presencia de las o los representantesde todas las instituciones; además, en algunasocasiones asisten distintos representantes, por loque no se da una efectiva continuidad a los procesosy temas previstos en la agenda. Además, algunasrepresentaciones se limitan a discutir o plantear víasy mecanismo de intervención en lo correspondientea sus competencias y funciones, por lo que se dificultauna verdadera integración. Ante tal escenario, laSede Regional se ha incorporado al Comité Local deEmergencias de Corredores y trabaja por formar partedel Comité de Golfito, con el objetivo de colaborar conla fiscalización de la labor de aquellas instituciones menoscomprometidas (de manera factual) en la debidacoordinación de este tipo de tareas. Igualmente, paracooperar con lo que así dispongan los miembros activosde cada comité, evidentemente, dentro del marcode las funciones y competencias de la Defensoría delos Habitantes (control del funcionamiento del sectorpúblico).Esta tarea en la que se trabaja desde hoy, se considerapuede contribuir significativamente a maximizarla preparación y coordinación de lo que se refiere alresguardo de la integridad física de la población anteuna determinada situación de emergencia.• Otros retosSe visualizan deberá afrontar esta Sede Regional, sedistinguen dos principalmente. El primero, la apatíade la población para participar en las actividades queorganizan las instituciones y donde se les ofrece informacióny formación en distintos temas y para distintosfines; y, el segundo, el desconocimiento de todavía unimportante número de la población de la circunscripciónterritorial de la Sede, precisamente respecto de suexistencia, las labores que realiza y las vías con quecuentan para solicitar sus servicios.Definitivamente, retomando de algún modo lo ya planteadosobre el ser maestros de Derechos Humanos,es sobre los objetivos, metas y actividades que seprogramen y cumplan en atención a la función de laDefensoría como promotora, divulgadora y educadora7 De manera particular el de Corredores que es con el queactualmente se trabaja más directamente.en derechos humanos, donde recaerá la principal responsabilidadde poder hacer frente de manera exitosaa estos dos retos.V. Estadísticas.-A continuación se ilustra la labor de la Regional encuanto a las solicitudes de intervención planteadas,con la siguiente información:• Solicitudes de intervención presentadassegún mes• Solicitudes de intervención presentadassegún cantón• Solicitudes de intervención presentadassegún forma de recepción• Solicitudes de intervención presentadassegún sector (público/privado)• Solicitudes de intervención presentadassegún entidad• Solicitudes de intervención presentadassegún géneroDe previo, cabe mencionar que durante los primerosdos meses y medio de labores de esta Sede Regional,un importante número de habitantes se ha acercadode manera personal y solicitado vía telefónica, unaorientación o la intervención de la Defensoría ante unasituación o hecho que a su parecer vulnera sus derechosfundamentales e intereses.Se reconoce en la experiencia que la Sede puedaobtener en estos primeros pasos como órgano posicionadode manera directa y permanente en la Región,el principal sustento o cimiento a partir del cual consolidara la Defensoría de los Habitantes dentro delacontecer institucional como un órgano que cumple demanera efectiva y oportuna su rol de velar porque elfuncionamiento del sector público se ajuste a la legalidad,la moralidad y la justicia.Solicitudes de intervención por MesMarzo 32Abril 52Mayo 3Sobre lo detallado a continuación, es importante acotarque las solicitudes de intervención (SI) contabilizadasson las comprendidas en el periodo que va del 4


154 Capítulo II / Sede Regional del SurInforme Anual de Labores 2007-2008de marzo al 2 de mayo de 2008, en virtud de lo cual,considerando la tendencia demostrada de 20 solicitudesde intervención más en el mes de abril que en elmes de marzo, se puede afirmar que día a día son –yposiblemente serán– más las personas que conocende la presencia de la Sede en la zona y que se acercanpara plantear sus denuncias y consultas.Solicitudes de intervención por CantónCorredores 42, Coto Brus 15, Golfito 24, Otros 6Respecto del cantón de procedencia de las y loshabitantes que presentan sus solicitudes de intervenciónen la Sede del Sur de la Defensoría, se denotala afluencia principalmente de personas que habitanen el cantón de Corredores, lo cual encuentra su explicaciónen el hecho de que en ese cantón se ubicala Sede y, por esta razón, tienen mayor acceso yconocimiento de la presencia de la Defensoría en lazona. No obstante, es en lo absoluto despreciable lamagnitud de la cantidad de habitantes provenientesde Coto Brus y Golfito, que están acudiendo a la Sedeen busca de la intervención de la Defensoría ante unasituación o hecho en particular.Otro dato destacable es el detallado como “Otros”, elcual representa en su totalidad las y los habitantes queresiden en otros cantones ajenos a la circunscripciónterritorial de la Sede del Sur (todas las personas sondel cantón de Osa, el cual compete a la intervenciónde la Sede Brunca) y que se han acercado a esta sedepara obtener los servicios de la Defensoría. En estoscasos, cuando lo expuesto por el o la habitante loamerita, se le remite a la Sede Brunca para que seanla compañera y compañeros de esta Sede quienesintervengan en lo correspondiente.Solicitudes de intervención por RecepciónCarta 1, Personal 62, Telefónica 34Existen dos importantes valoraciones que acotar respectode lo observado los datos anteriores. En primerlugar, se denota la preferencia de las y los habitantesde Corredores, Coto Brus y Golfito por plantear susconsultas y/o denuncias ante la Defensoría de manerapersonal, lo cual implica, a su vez, un gran esfuerzoconsiderando las limitaciones y dificultades en tiempoy dinero que esto significa. Se subraya esta preferenciacomo una importante justificación para el procesode regionalización de este órgano defensor, pues sevuelve necesario respetar las costumbres, tradicionesy prácticas de socialización de la población; en estecaso en particular, su inclinación por tratar los asuntosde su interés de manera personar y directa.En segundo lugar y relacionada con las limitacioneseconómicas arriba señaladas y rescatando lo vislumbrandoen el Índice de Desarrollo Humano segregadopor cantones, evidentemente el acceso a la tecnologíaen esta Región es uno de los más bajos, razón por lacual la utilización de Internet o de un fax. para plantearlas solicitudes de intervención no tienen mayor representatividaddentro de la estadística, como sí lo es porejemplo en el caso de la Sede Central, e incluso deotras sedes regionales.Solicitudes de intervención por SectorPúblico 87%, Privado 13%A partir de los datos reflejados en el gráfico donde sedetallan las solicitudes de intervención planteadaspor las y los habitantes según el sector denunciado,podría afirmarse que la población de los cantones deCorredores, Coto Brus y Golfito, tiene una claridadbastante amplia respecto del ámbito de competenciadel órgano defensor, en vista de que las denunciasreferentes al sector privado representa apenas el 13%del total de solicitudes; es decir, una considerablemayoría ha requerido orientación o intervención enasuntos referentes al sector público.Entidades más denunciadasCCSS 23, MEP 7, ICAA 7, Otros 10Precisamente, en ese sentido se evidencia en elsiguiente gráfico sobre principales entidades denunciadas,cómo la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS; servicios de salud, pensiones), el Ministerio deEducación Pública (MEP) y el Instituto Costarricensede Acueductos y Alcantarillados (ICAA), son las institucionesrespecto de las cuales las y los habitantes másrequieren la intervención de la Defensoría. De maneraespecial, es importante subrayar cómo la demandaporque los servicios brindados por parte de la CCSSsean más oportunos y efectivos triplica (23 casos) lasotras dos entidades con más denuncias (7 casos cadauna).Solicitudes de intervención por GéneroMasculino 47%, Femenino 53%


Sede RegionalAtlánticaI.Introducción.La Defensoría de los Habitantes, como producto de lanecesidad de la sociedad costarricense por encontrarun mejor nivel de vida, ha visualizado en su plan deregionalización la materialización de un importantepropósito de llevar la Institución a todos los rinconesdel país partiendo de la información como base de laparticipación ciudadana para el cambio.La defensa de los derechos e intereses de las y loshabitantes llevó al nacimiento de esta Sede Regionalen el cantón central de Limón conel equipamiento mínimo necesariopara empezar la labor de promoverla legalidad, la moralidad y la justiciacomo también el Buen Gobiernoque debe llenar las expectativas delas y los habitantes de esta extensaárea de competencia.A la Regional del Atlántico, le correspondeatender por competenciaterritorial los seis cantones dela provincia de Limón que por sunaturaleza y origen y por su cultura,social, económica, étnica y geográficamente,son áreas muy distintasentre sí y requieren de una atenciónmuy distinta y personalizadade los funcionarios ahí destacados.Estos cantones son Limón, Pococí,Siquirres, Talamanca, Matina yGuácimo.En esta región, en las áreas urbanizadas predominanlas denuncias y quejas contra los abusos de la administraciónmunicipal en cuanto al problema de loscobros excesivos de impuestos y patentes, pero tambiénse presentan quejas sobre la Caja Costarricensede Seguro Social (CCSS) por asuntos de pensiones ymala atención a pacientes, entre otros. De igual forma,se presentan denuncias contra la Dirección Generalde Migración y Extranjería por mala atención a la poblaciónnicaragüense que construyeron las fincas debanano y piña.En las áreas más rurales de la región, predominan lasdenuncias por la falta de agua potable en los caseríos,la contaminación por agroquímicos y conflictos por latenencia de tierras que en el primer caso, recae sobreineficiencias del Instituto Costarricense de Acueductosy Alcantarillados (AyA) y del Instituto de DesarrolloAgrario (IDA) en el segundo caso por los problemasque condicionan la toma de decisiones para las asignacionesde tierras.Distribución de la población de la Región Brunca y Pacífico Sur,por cantón, por kilómetro cuadradoCantónPoblaciónExtensiónKm 2II. Casos relevantes.-DensidadHab/Km 2 Hombres MujeresPérez Zeledón 122187 1904.51 64.16 60651 61536Buenos Aires 40139 2384.22 16.84 20797 19342Osa 25861 1936.89 13.35 13625 12236Golfito 33823 1753.96 19.28 17523 16300Coto Brus 40082 933.91 42.92 20430 19652Corredores 37274 620.6 60.06 18985 18289Regional 299366 9534.09 31.40 152011 147355Fuente INEC. Censo 2000Como la Ley de la Defensoría hace prevalecer lasgestiones informales para atender una denuncia,debe destacarse el uso del teléfono como medio importantísimode trabajo que propiciar soluciones alos problemas más complejos que se presenten y quenormalmente requieren de una atención inmediata. Eneste sentido, muchos de los casos que son planteadoshan sido tramitados y resueltos por la vía telefónica,es decir, mediante las gestiones informales. Esto de-


156 Capítulo II / Sede Regional AtlánticaInforme Anual de Labores 2007-2008muestra que las posibilidades de actuación institucionalotorgadas por la Ley n.° 7319 –trámite sumario einformal– resultan eficaces.En esta Sede Regional, las y los habitantes acudenen busca de ayuda, fundamentalmente por problemascon los gobiernos locales (municipalidad, CCSS, entreotros), en especial por trámites de servicios que secobran y no se brindan, solicitudes de pensiones noresueltas y mala praxis. También se atiende una considerablecantidad de denuncias contra el servicio quebrinda AyA y el Instituto Costarricense de Electricidad(ICE), por tarifas excesivas. Han sido denunciados,también, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) yel Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), por burocraciao mala atención.Luego siguen, una serie de denuncias que tienen quever con asuntos de orden ambiental y social en relacióncon intereses, más difusos que individuales, queson de difícil solución porque requieren muchas vecesde la intervención de varias instituciones y donde, porlo general, no se dispone de presupuesto para esosasuntos fuera de su programación. A continuación,varios casos relevantes que han sido atendidos y resueltospor esta Sede Regional.¡Necesito atención médica!Una habitante llama llorando porque tiene un bociocreciente y doloroso. Indica que ha tratado por todoslos medios de lograr que su médico en la CCSS lefijara una fecha lo más próxima posible para la operacióny no tuvo éxito. Recurrió a la Defensoría pues eneste caso, el hospital Tony Facio le estaba violentandosu derecho a una atención médica pronta y cumplidaporque tenía mucho dolor y le daban largas a su atencióncon argumentos como falta de presupuesto, deespacio, pacientes adelante de ella, etc. A través degestiones telefónicas, la señora se sintió aliviada porla atención recibida y además, se logró que la trasladarana un hospital en San José viendo la posibilidadde que allá podría lograr su objetivo de una maneramás rápida.La señora fue atendida en San José y agradeció laintervención de la Defensoría. No logró una fechapronta para su cirugía, porque le tocaba solicitar eseservicio en Limón y no podían darle prioridad, pero porla insistencia de la gestión realizada por esta Regional,le fijaron un mes más próximo para la operación, fechaque a la interesada le pareció mucho tiempo, pero unlogro.¡No me quieren operar!Una habitante paciente del Hospital Tony Facio, denuncióque había sido víctima de negligencia de parte deldoctor que la debió operar pero que se negó a hacerlo.El médico argumentó que ella no había cumplido conaportar un donador de sangre, lo cual es requisito enese Hospital para tener derecho a una operación. Eneste sentido, si bien quienes se van a operar deberíandonar o aportar un donador de sangre para garantizarel abastecimiento del banco de sangre, no es un requisitopara que una persona reciba una intervenciónquirúrgica en ningún hospital de la CCSS.Por ello, la Sede Regional de la Defensoría, se comunicócon la Dirección Médica del Hospital Tony Facio,donde el subdirector manifestó que el médico quese negó a operar a la señora es muy problemático yque le dijéramos a la paciente que fuera a buscarloa él directamente al hospital para atender su asuntoen forma personal. El asunto se resolvió luegosatisfactoriamente.¡Protejan el ambiente, por favor!El interés urgente de la población en procura de quese proteja el ambiente ha sido atendido por esta SedeRegional. Como ejemplo podemos mencionar en elcantón de Talamanca voces denunciando la tala indiscriminadade árboles, la desprotección de las reservasnaturales. De igual forma, ha sido de especial interésde los y las habitantes, por sus consecuencias ecológicas,el proyecto de marina que promueve un grupo deempresarios de la parte sur de la provincia.Asimismo, se han planteado consultas por la contaminacióncon agroquímicos utilizados producciones agrícolas(bananeras, piñeras, por ejemplo) y en toda laregión, acerca de la falta de agua potable en muchasde las comunidades.La contaminación de los mantos acuíferos en Matina,la amenaza de las inundaciones y la falta de respuestaoportuna de las autoridades respectivas, han sido tambiéntemas conocidos por esta Sede Regional.¡Necesito mi cédula de residencia!También es importante señalar que si bien no todoslos problemas se pueden resolver por teléfono, existenotras alternativas como acudir personalmente a lainstitución denunciada o remitir un oficio solicitando elinforme correspondiente. Lo importante es la buenadisponibilidad de los y las funcionarias para que seresuelva algún problema en particular. En este sentido,vale mencionar un caso de una habitante quien en2007, denunció que las autoridades de Migración de


Capítulo II /Sede Regional AtlánticaDefensoría de los Habitantes157Limón aún no le renovaban su cédula de residencia,trámite que había iniciado muchos meses atrás.Debe destacarse que esta Sede Regional, tramitauna veintena de casos de extranjeros que no recibenla atención aceptable a sus necesidades de obtenersus documentos en forma y tiempo, por lo tanto estecaso es un reflejo de todos los demás y en consecuenciatipifica una problemática muy sentida en nuestracomunidad.La Dirección de Migración y Extranjería de Limón,respondió reiteradamente que no tenía ni el equiponi el personal suficiente para brindarle a los/as usuarios/asla atención que requerían, por lo que remitíanlos expedientes a San José donde los extravían y sepierde la gestión. Por ello, se extiende un documentoque dice que la cédula de residencia está en trámite yque próximamente se entregará el documento correspondiente.Pero transcurrió el tiempo y no se resolvíanada, además de que para el trámite de renovaciónlos solicitantes deben pagar hasta 50 dólares en formareiterada, ya que desde el año 2000 están tramitandoese documento.Ante la negligencia de la Dirección General deMigración y Extranjería y la falta de una respuestarazonable a la petición de la habitante, ésta decidiópresentar un recurso de amparo.III. Otras formas de intervención.-Como la Defensoría debe estimular la participacióndemocrática y activa de la los personas en el procesode protección y promoción de sus derechos e interesesde los y las habitantes que les son consagradosen la Constitución, las leyes de la nación y demás instrumentosnormativos, no debemos sustituir a ningunapersona en su deber de actuar a favor de la justicia y elderecho que les asiste. De esta forma, la Regional hacoadyuvado para que las y los habitantes recurran aotras instancias donde se obligue a las instituciones avaler sus derechos, ya sea a través del Poder Judicialo por medio de un recurso de amparo.Ejemplo de ellos son las resoluciones n.º 2007-016965y n.° 2007-017543, ambas de la Sala Constitucional.Por otra parte, se destaca la participación con la comunidadde Puerto Viejo en la histórica reunión con elConcejo Municipal en pleno por el problema surgidopor la construcción de un proyecto de marina en PlayaNegra de esa comunidad.De igual forma, el proceso de concesión y construcciónen los puertos de la Junta de Administración Portuariay de Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA)impulsado por el actual gobierno, ha generado variasdenuncias de habientes y trabajadores de Limón loque nos ha exigido una intervención racional y conciliadoraentre los diferentes sectores en pro y en contrade los proyectos, siempre procurando la legalidad, lajusticia y el bienestar de todos/as especialmente delos/as más débiles.IV. Conclusiones y desafíos.-A la luz de lo producido durante estos 15 años deexperiencia de la Defensoría de los Habitantes enel marco de la institucionalidad costarricense, se hapromovido en la Región la búsqueda de la legalidad, lajusticia y la moralidad en las actuaciones de las y losfuncionarios públicos.En el caso concreto, como Oficina Regional son cincoaños los que llevamos funcionando. Este tiempoha servido para darnos cuenta de la importancia dedefender sus derechos e intereses que constantementeson violentados por la burocracia que existeen la mayoría de las instituciones que conforman elsector público y que se aprovechan en muchos casosde la humildad y sencillez de la persona. En efecto; elsector público presenta una serie de limitaciones quedificultan la agilización de los servicios que se brindaa la población: de personal para afrontar la crecientedemanda de las y los habitantes, de falta de equipamientode las oficinas y mantenimiento oportuno delequipo existente, por ejemplo.Por ello, le garantizamos a las y los habitantes nuestraintermediación para lograr una solución a sus quejas,facilitamos respuesta y educamos para empoderarlos/as en sus derechos y la forma de defenderlos. Además,en algunos casos se brindado acompañamiento hastala institución denunciada pues con el simple hecho deidentificarnos rápidamente se resuelve el problema,lo que demuestra la efectividad de la magistratura deinfluencia.La experiencia de estos cinco años de la SedeRegional, nos habla de la necesidad que tenía la poblaciónde protegerse del abuso del poder de funcionarios/aspúblicos/as. En 2007, en concreto, han crecidolas consultas de parte de la población más vulnerableen razón de su condición económica y social; los diferentessectores de las comunidades han planteadosus posiciones respecto a varios asuntos que afectanla esfera económica, ecológica, social y política de suentorno.El gran reto para el 2008 es, a través del esfuerzo detodos/as, y considerando la inestimable experienciainstitucional, continuar defendiendo y promoviendo losderechos de las y los habitantes, educándoles para


158 Capítulo II / Sede Regional AtlánticaInforme Anual de Labores 2007-2008propiciar un nuevo concepto de democracia en la quehoy las personas deben dejar de ser expectantes paraconvertirse en protagonistas de primer orden.V. Estadísticas.-A continuación se ilustra la labor de la Regional encuanto a las solicitudes de intervención planteadas,con la siguiente información:• Solicitudes de intervención presentadassegún mes• Solicitudes de intervención presentadassegún cantón• Solicitudes de intervención presentadassegún forma de recepción• Solicitudes de intervención presentadassegún sector (público/privado)• Solicitudes de intervención presentadassegún entidad• Solicitudes de intervención presentadassegún géneroSolicitudes de intervención por CantónLimón 714Guácimo 5Talamanca 44Siquirres 42Pococí 40Matina 55Solicitudes de intervención por RecepciónPersonal 790Telefónica 111Otros 9Solicitudes de intervención por SectorPúblico 271Solicitudes de intervención por MesPrivado 639Enero 147Febrero 117Marzo 85Abril 119Mayo 122Junio 134Julio 99Entidades más denunciadasPrivadas 314Otras 100IMAS 54Comisión del Consumidor 90Hospital Tony Facio 66Agosto 88Setiembre 150Octubre 85Noviembre 94Solicitudes de intervención por GéneroMasculino 48%Femenino 52%Diciembre 48


I.Sede RegionalBrunca.-Introducción.-La Sede Regional de la Defensoría de los Habitantesen la Región Brunca, fue constituida en el mes de diciembrede 2003 con el propósito de atender de formadirecta y expedita a los distintos segmentos de la poblaciónque residen en la zona sur del país.Con ello se pretende el acercamiento de esta entidadde control de legalidad, justicia y moralidad sobre laactividad administrativa del sector público, a favor dela población rural y costera que se asienta en la zonade influencia de esta unidad regional y su enfoque enla defensa y promoción de los Derechos Humanos.Desde esa perspectiva, se ha planificado y orientadola acción de acuerdo a la atención de segmentos de lapoblación que ha sufrido históricamente la desatenciónpor parte del aparato público. Además, no existíaanteriormente la posibilidad de las y los habitantes deplantear de forma directa y personalizada sus inquietudes,disconformidades o manifestaciones sobre elfuncionamiento del sector público.Así pues, la Sede Regional Brunca fue creada conel ideal de satisfacer las necesidades de la zona surdel país. Al efecto, su ámbito de competencia geográficaestaba conformado por los cantones de PérezZeledón, Buenos Aires, Osa, Golfito, Corredores yCoto Brus. A raíz de las distancias que existen entre lacabecera de un cantón a otro, se creó la decisión decrear otra oficina para llegar más directamente a la poblacióny brindar la mejor atención posible a un territorioque comprende 9534.09 kilómetros cuadrados. Deesta forma, la Regional Brunca tiene su asiento en eldistrito de San Isidro de El General, Pérez Zeledón, yla otra oficina, que dependía directamente de aquélla,se estableció en Guaycará (Río Claro) de Golfito.Con posterioridad la oficina se Golfito se cerró perose abrió otra Sede Regional con asiento en CiudadNeilly, Corredores, creando de esa manera una SedeRegional independiente, misma que está enfocada ala atención específica de los cantones de Corredores,Coto Brus y Golfito. El propósito, como es claro, esmás ambicioso.Sobre el particular, es importante destacar la distribuciónde la población, por cantón, por kilómetrocuadrado.II. Casos relevantes.-Considerando el organigrama de la Defensoría delos Habitantes y la forma como se aborda la defensade los derechos humanos según la especificada, acontinuación se exponen los principales problemasdetectados según la competencia de las direccionesde defensa.Dirección de Defensoría de Mujer:• Violencia doméstica intrafamiliar• Pensiones Alimentarias• Hostigamiento SexualDirección de Protección Especial:• Asuntos indígenas• Abuso policial• Privados de libertad• Atención grupos vulnerablesDirección de Calidad de Vida:• Diferentes formas de contaminación (sónica,ambiental, sobre cuencas hidrográficas, porejemplo)• Prestación de servicios de salud, enmarcadodentro de la seguridad social y el InstitutoNacional de Seguros• Calidad y acceso a vivienda de interés socialDirección de Control de Gestión Administrativa:


160 Capítulo II / Sede Regional BruncaInforme Anual de Labores 2007-2008• Régimen municipal• Zona marítimo terrestre• Red vial• Seguimiento de trámites administrativosDirección de Asuntos Económicos:• Tarifas de servicios públicos,• Transporte público remunerado de personas.Dirección de Niñez y Adolescencia:• Derecho a la educación• Adecuaciones curriculares• Resguardo laboral de menores de 15 años deedadA partir de la puesta en marcha de la Sede RegionalBrunca, se ha notado un aumento paulatino enlas denuncias contra entidades públicas, respectode las denuncias planteadas contra sujetos dederecho privado. Al efecto, se debe señalar que lasinstituciones que aparecen dentro de los registros, conmayor número de consultas son las siguientes:• Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)• Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)• Gobiernos locales• Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)• Ministerio de Educación Pública (MEP)Algunos casos emblemáticos se exponen a continuación,indicando de previo, que la labor de control realizadapor la Sede en relación con municipalidades,ministerios, entidades autónomas y semiautónomas,por ejemplo, ha permitido que la actividad administrativase adecue, dentro del marco de la legalidad, a lasnecesidades y requerimientos de la población, lo cualsupone también, propiciar la justicia en las actuacionesde las y los funcionarios públicos.La constante queja sobre los servicios de salud.Las denuncias presentadas se han en focalizado enprimera instancia en los servicios médicos que prestala CCSS mediante los hospitales asentados en laRegión Brunca; entre estos:• Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, SanIsidro de El General, Pérez Zeledón, San José• Hospital Tomás Casas Casadejus, CiudadCortés, Osa• Hospital de San Vito, Coto Brus• Hospital de Golfito, Golfito• Hospital de Ciudad Neily, Corredores• Clínica de Buenos Aires, Buenos AiresEn segundo lugar, las quejas versan sobre los equiposBásicos de Atención Integral (EBAIS) asentados alo largo y ancho de la zona. Las denuncias recibidashan estado orientadas a advertir la falta de atenciónoportuna por parte de médicos, enfermeros/as y personalde apoyo hacia los pacientes internados o querequieren atención médica ambulatoria, además de ladeshumanización en el trato y atención que se brindatanto a las personas aseguradas como a quienes nolo están.Otros de los problemas que se denuncian, son latardanza en el acceso a citas de valoración médicapor parte de médicos especialistas, problemas de índolelaboral entre funcionarios de los mismos centroshospitalarios con las Jefaturas y Dirección Médica,además de dificultades en el acceso a medicamentos.En cuanto a los servicios administrativos, se debehacer énfasis en las constantes denuncias por la faltade agilidad y de información que se presentan almomento en que un/a habitante gestiona o solicita elacceso a una de las pensiones contempladas tanto enel Régimen de Invalidez Vejez y Muerte como en lasdel Régimen No Contributivo.En ese sentido, se debe incorporar la tardanza enla elaboración de estudios de trabajo social y deresolución que impiden al/la administrado/a obtenerpronta resolución sobre el trámite administrativoseguido en relación con su solicitud.De nuevo la educación en la picota.La situación en cuanto al Ministerio de EducaciónPublica (MEP), ha sido un asunto que varía dependiendodel calendario escolar. Por eso, a principios de año, seproducen más solicitudes de intervención y se centróen la falta de matrícula de estudiantes en algún centrode enseñanza para iniciar o continuar sus estudios,tanto de primaria o de secundaría.Posteriormente, se presentaron problemas originadosen la falta de aplicación de adecuaciones curriculares


Capítulo II /Sede Regional BruncaDefensoría de los Habitantes161a estudiantes que, por su condición, requierenajustes dentro del temario de estudio. La falta de unareglamentación y políticas claras en la confección delos estudios correspondientes por el Departamentode Educación Especial, al que corresponde efectuaresas valoraciones de forma individual, produce unaafectación en la continuidad del estudiante dentro delsistema educativo formal.Otra situación presentada en cuanto a desavenenciascon el MEP, es la que se refiere a la falta de pagodel salario a las y los docentes, las cuales handesembocado en un claro perjuicio en la economía deestos y de sus grupos familiares.La Sede Regional ha conocido casos de profesores/asque no se les ha depositado el salario incluso por másde seis meses, para lo cual se han hecho gestionesadministrativas o recomendar la interposición deacciones ante la jurisdicción constitucional con el idealde proteger los derechos que rigen en torno al derechoal trabajo.Para finalizar este apartado, se evidencia constatedesatención de la Dirección de Personal del MEP dela jurisprudencia constitucional, relacionada con eldespido o la variación de las condiciones laboralesde funcionarios/as que se encuentran en una relaciónde interinato en el aspecto laboral. Así, por ejemplo,se produce el cese de funciones de un interino porotro interino, en afectación a los principios y derechosconstitucionales que según jurisprudencia de la SalaConstitucional, tiene limitaciones.Dilación en el IMAS.En el tiempo que tiene de haberse constituido la SedeRegional Brunca, ha determinado, desde la perspectivay posicionamiento local, la situación que sepresenta actualmente en la labor de apoyo social quedesarrolla el IMAS en procura de mejorar y atenderlas necesidades de las personas de escasos recursoseconómicos. En ese sentido, en informes de laboresanteriores se ha indicado la demora existente en esainstitución debido a la falta de aplicación de las fichasde información social por parte de las pocas trabajadorassociales dedicadas al desempeño de esa labor.La confección de esas fichas, denominas con lassiglas (FIS), ha provocado un atraso importanteen la entrega de subsidios económicos o ayudas apersonas que así lo requieren a partir de su condiciónsocioeconómica. Esa situación se origina en la falta depersonal con experticia, tiempo y capacidad necesariapara la confección de las mismas. Recientemente, elproblema ha ido solucionando con la presencia deestudiantes de Ciencias Sociales de la Universidadde Costa Rica (UCR), quienes han apoyado en laelaboración de las mismas. La disyuntiva actual,se orienta entonces al plazo que debe esperar el/la posible beneficiario/a para que esa informaciónsea incluida dentro del Sistema de Información de laPoblación Objetivo (SIPO).En algunos casos esa inclusión informativa debeesperar hasta cuatro meses de tiempo para procedera la digitación de datos, tiempo que a todas luces,es perjudicial en la atención de las necesidades yrequerimientos de segmentos de la población querequieren apoyo gubernamental.Fallas en las comunicaciones.Es un tema de bastante recurrencia en la regiónBrunca, la diversidad de problemas con el InstitutoCostarricense de Electricidad, en virtud de trescuestiones derivadas de los servicios de telefonía fijaresidencial:• La falta de instalación de nuevas líneastelefónicas a pesar de haber trascurrido variosaños desde su solicitud, ocasionado problemasde incomunicación. En este sentido, las accionesdesarrolladas por el ICE–Telecomunicacioneshan sido bastante pobres en la ampliación de laoferta telefónica en detrimento de la conexión denuevos usuarios.Es claro que en la época actual de lastelecomunicaciones surge la necesidad demantener contacto vía comunicación con lasdemás personas. El problema es que se habrindado una prioridad casi absoluta a la telefoníacelular, en detrimento de la telefonía fija que porsus características, mantiene un costo menorpara al usuario en cuanto a la utilización delservicio.• Se agrega el problema de las constantessolicitudes de intervención donde se indica que lasllamadas desde teléfonos fijos, son interrumpidasocasionando la discontinuidad en la prestacióndel servicio público. El malestar generalizadoes además del punto recién indicado, la demoraen la reposición de las tarjetas de red que serequieren cambiar constantemente debido a lascondiciones climáticas que imperan en la zona.En ese sentido, el servicio es reconectado, enalgunos casos, varios días después de haberfaltado la comunicación telefónica.• En concordancia con el punto anterior, se estáocasionando un detrimento económico a las y loshabitantes en virtud de la facturación por conceptode consumo del servicio público que no se detiene


162 Capítulo II / Sede Regional BruncaInforme Anual de Labores 2007-2008o modifica de acuerdo al uso del mismo, motivopor el cual los recibos por concepto tarifario novaloran el tiempo de discontinuidad sufrido por lapersona.Actualmente se coordina el traslado de estasituación con la Autoridad Reguladora de losServicios Públicos (ARESEP) para efectos deleventual cobro indebido por parte del Instituto.Trabas en los gobiernos locales.La situación y la relación que mantienen las y loshabitantes con los gobiernos locales en la RegiónBrunca, representa por sus características propias,la enumeración de una serie de problemas de índoleadministrativo sobre los cuales han manifestado grandesconfianza y preocupación.Al efecto, trámites que deben efectuar o recibirlos/as administrados/as; entre estos, cobros deservicios municipales, recolección de basura, procesosadministrativos, fiscalización municipal, garantía delibre tránsito en vías públicas municipales, y otrotipo de cuestiones, no son atendidas con la prontitudy celeridad que permitan al/la interesado/a unapronta resolución a su requerimiento o al menos unarespuesta.En ese sentido, se deben enumerar tres áreas en lasque las corporaciones municipalidades han incumplidoo no han ejercido la fiscalización que les corresponde,además de que no ha existido información oportuna,en detrimento de los derechos e intereses de las y loshabitantes:• Plan de zonificación y regulación cantonal• Desalojo de la zona marítimo terrestre• Gestiones y solicitudes administrativasOmisiones de respuesta: falta a deberes legales ya normas mínimas de urbanidad.Dentro del marco de las acciones desarrolladas porparte de esta Oficina Regional, se han desarrolladouna serie de estrategias con el fin de atender las denunciasque versan sobre omisión de respuesta. Deesta forma, la Sede Regional ha realizado gestiones,tanto en el ámbito informal como formal, con el idealde obtener respuesta por parte de la entidad públicasujeta de control.Cabe aclarar, que previo a la intervención de laDefensoría, se cuenta con una copia de la gestiónrealizada por la persona ante la entidad pública. Alefecto, se solicita como soporte para el abordaje de lasolicitud de intervención que la nota planteada por lapersona interesada, tenga el sello de recibido o colillade fax que compruebe el envío de la correspondencia.En el caso específico de la gestión informal, se procedea contactar telefónica o personalmente al funcionarioque tramita el caso y se le recuerda la obligación debrindar respuesta y de las responsabilidades en quepodría incurrir en caso de limitarse ese derecho.Si se trata de un trámite formal, se notifica a la institucióncorrespondiente que se ha presentado la quejaante la Sede y se solicita al/la funcionario/a brindarrespuesta acerca de la solicitud previamente efectuadapor el/la habitante.Para finalizar, existen casos en los que una vezatendidos y analizados, se está en presencia de unaviolación a derechos constitucionales, por lo que seprocede a brindar asesoría en casos muy concretos–y en los menos– con el ideal que la persona presenteun recurso de amparo ante la Sala Constitucional de laCorte Suprema de Justicia.III. Otras formas de intervención.-El programa de “Puertas Abiertas” y las actividades decoordinación interinstitucional ha permito la atenciónde solicitudes de intervención en el mismo acto y la capacitaciónde diferentes actores (sujetos públicos y privados)para lo cual ha sido necesaria la coordinacióncon diferentes instancias de la administración activaobteniendo, de esa manera, resultados favorables quehan permitido la solución integral de asuntos puestosal conocimiento de la Regional.De conformidad con la atención y capacitación que habrindado la Sede Regional Brunca de la Defensoríade los Habitantes en este año de labores, se debeindicar que las actividades de promoción y divulgaciónde derechos se han enfocado y orientado a cubrir lossegmentos más vulnerables de la sociedad. En esesentido, se han identificado y realizado las siguientesacciones.Capacitación en defensa de la integridad física delas niñas, niños y adolescentesEl esfuerzo ha estado orientado a brindar una adecuadadivulgación acerca de los derechos de las personasmenores de edad, mediante la utilización de espacioscreados por los distintos centros educativos de enseñanzapública. El ideal de esas acciones es brindarinformación de primera mano a esta población sobrelos derechos y normas que los cobijan así como lasmedidas y acciones para proteger sus intereses. De la


Capítulo II /Sede Regional BruncaDefensoría de los Habitantes163misma manera, se efectuaron actividades en los cantonesde Pérez Zeledón y Buenos Aires.Capacitación a docentes sobre procedimientoseducativosLas solicitudes de intervención por parte de estudiantesdel sistema educativo formal y padres de familia,por las inadecuada aplicación de medidas disciplinariascorrectivas en contra de la permanencia y continuidadde los/as estudiantes que asisten regularmentea lecciones, ha ocasionado la necesidad de desarrollarcharlas que promuevan y orienten al personal docentey administrativo a realizar sus actos de conformidadcon los principios constitucionales, entre los que seincluyen el debido proceso y el derecho de defensa.Talleres de participación y rendición de cuentas encoordinación interinstitucionalEn reciprocidad con la estrategia de coordinación interinstitucionalse ha pretendido crear alianzas con el finde buscar una solución expedita a las necesidades yrequerimientos de los/as habitantes.Al efecto, se ha utilizado como instancia de participacióny de coordinación los consejos regionales, compuestospor los/as directores/as y coordinadores/asregionales, con el ideal de buscar una atención expeditaa los requerimientos y necesidades previamenteestablecidos.A partir de esas instancias, la Sede Regional se asienta,en mayor medida como una instancia de control dela legalidad sobre la actividad administrativa del sectorpúblico.Charlas sobre las funciones de la Defensoría y mecanismosde defensaDe conformidad con el lema “los mejores defensoresde nuestros derechos somos nosotros mismos…”, laSede Regional ha reforzado el concepto de participaciónciudadana y rendición de cuentas, por lo quesurte vital importancia el interés de hacer de la personasujeto activo en su relación con las entidades queconforman en el sector público. Se orienta a las y loshabitantes para que ejerzan sus derechos ante las instanciaspúblicas y se insiste en su derecho de obtenerpronta respuesta a los requerimientos formulados.Derechos Humanos y DiscapacidadLas acciones efectuadas en el presente año de laboresse han orientado a brindar a las personas concapacidades diferentes, más que una explicación delos derechos y alcances de la Ley de igualdad deoportunidades para las personas con discapacidad,pues se les ha educado para que conozcan y exijanlas condiciones que debe desarrollar tanto la empresaprivada como pública con el ideal de incluir de formaexpresa a este segmento de la población.Se han efectuado talleres en el Centro de EnseñazaEspecial de Pérez Zeledón con el fin de orientar yrecibir solicitudes de intervención acerca de las violacionesy discriminaciones que sufren.Población Indígena asentada en la Región BruncaEn el espacio territorial que ocupa la Sede RegionalBrunca se destacan por su etnia, los siguientes gruposindígenas: Borucas, Teríbes, Bribris y Ngöbes. Lavisita a distintos territorios se ha efectuado de conformidadcon la presentación en la corriente legislativa dela Ley de Desarrollo Autónomo de Pueblos Indígenas.Además, se han realizado actividades donde se hatratado de orientar la actividad administrativa del sectorpúblico, a las necesidades de este segmento de lapoblación. La actuación institucional se ha enfocado ala defensa de los derechos denominados de consulta,participación y autodeterminación que se encuentranincluidos en los convenios internacionales, especialmenteel Convenio 169 de la OIT.Acercamiento con las Contralorías de Serviciosdel Poder Judicial en la Región BruncaDe conformidad con las actividades y reuniones coordinadaspor la Contraloría de Servicios del PoderJudicial, se debe indicar que, a la fecha, la SedeRegional participa en forma activa en las reunionestendentes a facilitar el acceso de los/as usuarios/asdel servicio de del Poder Judicial en la Región. Deesta forma, se utiliza ese espacio para transmitir lasdisconformidades existentes entre las y los habitantescon los servicios que brinda ese poder de la República.Lo anterior con el fin de solicitar y aplicar las medidascorrectivas que sean necesarias en procura de la satisfaccióndel interés colectivo e individual, en el menortiempo posible.Merece resaltar además, la capacitación en BahíaBallena de Osa, acerca del manejo del recurso hídrico,protección, legalidad y financiamiento, en coordinacióncon varias instituciones públicas, entre ellas, elBanco Popular y de Desarrollo Comunal y el InstitutoCostarricense de Acueductos y Alcantarillados.En concreto, se capacitó con el fin de actualizar amiembros de distintas asociaciones de acueductosrurales (ASADA´s) en relación con todo lo concerniente


164 Capítulo II / Sede Regional BruncaInforme Anual de Labores 2007-2008a la idónea prestación del servicio de agua potable.IV. Conclusiones y desafíos.-La experiencia desarrollada por esta Sede Regionalen sus cinco años de existencia y considerando laslabores realizadas, comprueban que la decisión deregionalizar los servicios que ofrece la Defensoría delos Habitantes ha permitido que las personas cuentencon un espacio para interponer sus denuncias y recibirla atención debida a cada una de sus solicitudes deintervención.En este sentido, la Sede Regional ha pretendido, comoeje central de su accionar, la concienciación sobre elderecho de petición con el ideal de crear una culturade participación ciudadana y de rendición de cuentasque permita a las personas intervenir como sujeto activoante la Administración Pública y recibir una prontarespuesta y cuando procede, una solución al problemaque expone.En el marco del 15 aniversario de la Defensoría delos Habitantes, la Sede Regional Brunca pretende laconsolidación, aplicación y respecto, por parte de laadministración activa, de la normativa jurídica y losprincipios que la informan. En ese sentido, es de vitalimportancia la adecuación del accionar administrativode conformidad con las necesidades y característicasde las y los habitantes teniendo la justicia y la moralidadcomo norte de sus actuaciones, Para ello, sebrindará una atención especial y expedita a partir de laoptimización del recurso humano y tecnológico con elque se cuenta.V. Estadísticas.-A continuación se ilustra la labor de la Regional encuanto a las solicitudes de intervención planteadas,con la siguiente información:• Solicitudes de intervención presentadassegún mes• Solicitudes de intervención presentadassegún cantón• Solicitudes de intervención presentadassegún forma de recepción• Solicitudes de intervención presentadassegún sector (público/privado)• Solicitudes de intervención presentadassegún entidad• Solicitudes de intervención presentadassegún géneroSolicitudes de intervención por MesEnero 136Febrero 236Marzo 180Abril 121Mayo 132Junio 147Julio 177Agosto 120Setiembre 118Octubre 140Noviembre 109Diciembre 86Solicitudes de intervención por CantónPérez Zeledón 1425, Buenos Aires 96, Aguirre 13,Golfito 41, Osa 21, Corredores 28, Coto Brus 31, Otros47Solicitudes de intervención por RecepciónPersonal 44%, Carta 1%, Fax 1%, Telefónica 3%,Otros 51%Público 1510Privado 192Solicitudes de intervención por SectorEntidades más denunciadasIMAS 226, CCSS 189, Otros 33Solicitudes de intervención por GéneroMasculino 41%, Femenino 59%


Sede RegionalChorotegaIntroducción.-La Sede Regional Chorotega de la Defensoría de losHabitantes, tiene una competencia territorial conformadapor los cantones guanacastecos de Liberia, Nicoya,Santa Cruz, Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares,Tilarán, Nandayure, La Cruz y Hojancha.La oficina está ubicada en la ciudad de Liberia, en unedificio histórico conocido como la antigua Casonade la Gobernación, el cual se constituye en punto deconvergencia de la población en razón de sus amplioscorredores externos y salones internos, dedicadosprincipalmente al desarrollo de actividades cívicas yculturales. Esta ubicación, es favorable para el posicionamientoinstitucional y para la identificación de laInstitución entre las personas usuarias; no obstante,se espera que en el mediano plazo la Sede cuentecon un edificio propio, gracias a la donación de unterreno que hizo la comunidad a través de la Junta deEducación de Liberia centro.La nueva ubicación no alteraría el funcionamiento porqueel terreno adquirido se encuentra a poca distanciade la actual oficina, específicamente a un costadode la antigua Comandancia de Plaza de la FuerzaPública, edificio igualmente histórico y emblemáticoque está destinado para constituirse en el MuseoRegional de Guanacaste.En relación con el contenido del presente informeanual, es causa de satisfacción el hecho de que seenfatice al tema del derecho de petición y prontarespuesta a nivel de la Defensoría en general, siendoque la promoción y divulgación de este derecho constitucionalha sido el eje y fundamento de la accióninstitucional de esta Sede Regional Chorotega de laDefensoría, habiéndose acuñado para tal fin, el lema“cultura de la petición formal” que muy sabiamente hasido complementado por la propia comunidad con ellema popular de “papelitos hablan”.En el presente informe de la labor de la SedeRegional Chorotega, se analizará a partirdel concepto del Buen Gobierno; verá elfuncionamiento que se ha observado en algunasde las instituciones públicas que con mayorincidencia, han sido objeto de las solicitudes deintervención de las y los habitantes.II.- Casos relevantes.-Durante el año 2007 y considerando la experienciaadquirida como instancia regional durante los pasadossiete años de gestión, se ha observado y analizado elcomportamiento institucional de algunas instancias públicasque han presentado históricamente algún gradode dificultad para el acceso a sus servicios por partede las y los habitantes.A continuación se exponen los más emblemáticos.Asistencia social del Estado: poblaciones vulnerablessin respuestas y sin atención de sus problemas• El acceso a los servicios del IMAS: falta decomprobantes de gestionesLas personas solicitantes de la asistencia social delEstado a través del Instituto Mixto de Ayuda Social(IMAS) se han acercado a esta Sede Regional de laDefensoría, expresando sus disconformidades por elrechazo en unos casos, por el atraso en la resoluciónde sus peticiones en otros y por la calidad de la atenciónque brindan las y los funcionarias del IMAS.Se ha determinado que las personas solicitantes deasistencia social por parte del IMAS, no cuentan conun mecanismo de comprobación y seguimiento dela gestión planteada y para poder conocer el estadode sus solicitudes requieren la intervención de laDefensoría. En diferentes ocasiones y con motivo dela atención de casos particulares, esta Sede Regionalha solicitado información a la Gerencia RegionalChorotega del IMAS sobre la forma de registro delas solicitudes que reciben de las y los habitantes dela Región y se ha solicitado que informen sobre la


166 Capítulo II / Sede Regional ChorotegaInforme Anual de Labores 2007-2008existencia de comprobantes de recibo de gestión quepuedan ser entregados a cada persona interesada. Alrespecto, desafortunadamente la Gerencia Regionaldel IMAS ha sido omisa en la evacuación de ese tipode consultas y a lo sumo remiten informes lacónicos,que se refieren al estado general actual de determinadoscasos.En atención con estas dificultades de acceso a losservicios del IMAS, la Sede Regional Chorotega de laDefensoría asesora a las personas para que presentenuna solicitud formal. Para tal fin, se tiene preparadoun formulario de petición que se pone a disposición delas y los habitantes que así lo requieran.• El acceso a pensiones del Régimen noContributivo: dilación injustificada en perjuicio dehabitantesTambién, durante el periodo anual objeto de esteInforme Anual, se ha observado el comportamientoinstitucional de la Caja Costarricense del SeguroSocial (CCSS), en su competencia de administrar losfondos del Régimen No Contributivo (RNC) y su respectivadistribución por medio de pensión a personasen pobreza extrema de la Región Chorotega.En ese sentido, se le dio seguimiento a un grupo desolicitudes de pensión del RNC presentadas, en algunoscasos desde el año 2006, las cuales terminado elaño 2007 no habían sido resueltas como en derechocorresponde.Al respecto, se solicitó el informe correspondiente yse obtuvo el oficio Nº CARNC-625-2008 emitido por laComisión de Apelaciones del Régimen No Contributivo,dependencia de la Gerencia de Pensiones de la CCSSen San José. En este documento se evidencia la violacióndel precepto constitucional de justicia administrativapronta y cumplida por cuanto, sin mediar justificaciónformal, transcurren meses y hasta años, para quelas personas solicitantes reciban una resolución final.Así las cosas, se estará proponiendo a la Dirección deControl de Gestión Administrativa de la Defensoría delos Habitantes la apertura, de oficio, de una investigaciónpara abordar la problemática.Derechos de las y los consumidores: trabasen la presentación de denunciasOtra institución en la que se observa una gestión queno cumple con las expectativas de servicio hacia las ylos habitantes de la Región Chorotega, es la ComisiónNacional del Consumidor (CNC) que presenta dificultadesen la atención de quejas por violación a losderechos de las y los consumidores.En ese sentido y entre otras cosas, esta Sede Regionalha podido observar que la Comisión Nacional delConsumidor incumple una disposición expresa contenidaen los artículos 61 y 63 de la Ley de Promoción dela Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, enlos cuales se establece que, las denuncias de los consumidoresque deban ser conocidas por la Comisión,deberán ser recibidas en cualquier oficina regional delMinisterio de Economía Industria y Comercio (MEIC),acudiendo a un procedimiento oral de recepción, elcual, una vez transcrito en memorial por las y los funcionariosde dicha instancia regional, será firmado porla persona denunciante para su inmediato traslado,como trámite formal, a la CNC en San José.Así las cosas, las limitaciones de la tramitología queimponen las formalidades de la Ley de Promoción dela Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor,se ven agravadas por la mencionada omisión en lasinstancias regionales del MEIC, en detrimento del derechode las y los consumidoras de bienes y servicios,en una Región que se ha visto envuelta en un aceleradodesarrollo material que supera la capacidad dereacción y defensa de las personas, frente a empresasproveedoras de bienes y servicios que toman ventajade esa debilidad para favorecer sus intereses, en violacióndel derecho de las y los consumidores.Al respecto, la Sede Regional Chorotega informa alas personas que acuden a consultar sobre sus derechoscomo consumidores/as, sobre los alcances delas mencionadas disposiciones legales, las cuales sifueran observadas por la autoridades del MEIC, facilitaríanla protección de los derechos de aquéllos/as.Adicionalmente, se estará proponiendo a la Direcciónde Control de Gestión Administrativa de la Defensoríade los Habitantes la apertura de oficio, de una investigaciónpara abordar la problemática.Derechos laborales: limitaciones en la atenciónde denuncias en la Inspección de TrabajoOtro comportamiento institucional que se ha observadoy analizado por parte de esta Sede Regional, esel que desarrolla el Ministerio de Trabajo y SeguridadSocial a través de sus oficinas de inspección deltrabajo. Al respecto, se ha podido observar la falta derecurso humano, material y logístico que presentanestas instancias de protección a los derechos de las ylos trabajadores.Las personas que acuden a las oficinas cantonalesde la Inspección del Trabajo, ven limitadas sus posibilidadesde atención, en vista de que únicamente seatiende público los lunes y los viernes de cada semana.Además, las posibilidades de lograr que se realice


Capítulo II /Sede Regional ChorotegaDefensoría de los Habitantes167una inspección al centro de trabajo denunciado sonescasas por la falta de transporte y de recurso humanoinstitucional.Se tiene conocimiento de los esfuerzos que realiza lajefatura regional actual de esta instancia protectorade los derechos laborales, la cual asumió funciones amediados del año 2007, pero también se tiene conocimientode la falta de apoyo institucional que recibenpara su función, por parte de la Dirección Nacional dela Inspección del Trabajo.La Sede Regional solicitará a la Dirección de Controlde Gestión Administrativa de la Defensoría la apertura,de oficio, de una investigación para abordar laproblemática.Derecho a un ambiente sano: negligencia ensu garantía• Competencia del Ministerio de Salud: elrecurrente problema de la contaminación sónica ylas aguas servidasDentro de la más alta recurrencia de solicitudes de intervenciónen la Sede Regional Chorotega, se encuentranlas relacionadas con contaminación al ambientehumano, las cuales se polarizan en dos vertientes,principalmente; por un lado, las que se refieren a contaminaciónsónica y, por el otro, las que se refieren ala indebida disposición de aguas servidas.En el primer caso, se ha observado poca eficienciaen las intervenciones de las respectivas oficinas deprotección al ambiente humano, especialmente por lafalta de equipo de medición sónica sin el cual, segúnse ha manifestado reiteradamente por parte de las ylos funcionarios competentes de las diferentes áreasrectoras de salud, no es posible emitir una orden sanitariaen protección de la salud de personas afectadaspor actividades como el karaoke y otros espectáculosy actividades públicas que se llevan a cabo en establecimientoscomerciales donde regularmente se expendelicor y alimentos hasta altas horas de la noche.Esta Sede Regional tiene conocimiento de quepara toda la Región Chorotega existe únicamenteun aparato de medición sónica y esta limitación deequipo tecnológico, se ve agravada por la rigidez delos procedimientos de control que se aplican a losestablecimientos infractores, notándose bajos nivelesde exigencia en sus condiciones estructurales para lacontención del sonido, tanto a la hora de extender lospermisos sanitarios de funcionamiento anuales comoa la hora de realizar inspecciones extraordinarias motivadas,generalmente, en denuncias por infracción ala Ley General de Salud.En relación con la contaminación por disposición indebidade aguas servidas, se ha podido observar mayoreficiencia en las intervenciones de las diferentes oficinasde protección al ambiente humano de la región, enrazón de que los hechos denunciados son de más fácilcomprobación, lo cual permite la emisión de órdenessanitarias que en ocasiones, sirven de base para lasolución de situaciones particulares.No obstante lo anterior, se ha podido determinar queno siempre el resultado es eficaz en vista de queante la desobediencia de las personas infractoras, seestablecen denuncias penales que, en no pocas ocasiones,son desestimadas y archivadas, en algunoscasos por la aplicación de criterios de oportunidad porparte del órgano judicial competente, pero en otros seconcluye con el archivo de determinadas causas porasuntos de forma originados en omisiones administrativasde las y los funcionarios competentes de algunasáreas rectoras de salud.Al respecto, mediante oficio Nº 01555-2008-DHR, ycon motivo de la atención de un caso particular, sesolicitó a la Dirección Jurídica del Ministerio de Saludreferirse a aspectos relacionados con los procedimientosy la capacitación de las y los funcionarias de lasdiferentes oficinas de protección al ambiente humano.A pesar de que aún no se ha recibido una respuestaconcreta a nuestro planteamiento, sí está claro quese está atendiendo el asunto, por cuanto la DirecciónJurídica del Ministerio de Salud remitió copia a estaSede Regional del oficio Nº DAJ-IZ-790-08 dirigidoa la Dirección Regional Chorotega del Ministerio deSalud, llamando la atención sobre cuestionables actuacionesde algunos funcionarios del Área Rectora deSalud involucrada en el caso particular aquí mencionado.Además, se indicó la necesidad de informar a estaSede Regional sobre las directrices regionales queorientan a las y los funcionarios de las diferentes áreasrectoras de salud en el adecuado procedimiento delas actuaciones administrativas tendentes a protegerel ambiente humano.A la fecha de preparación del presente informe anual,la Dirección Regional Chorotega del Ministerio deSalud no se ha referido a lo solicitado por esta SedeRegional de la Defensoría por medio de la Direcciónde Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud.• Competencia de las municipalidades: de nuevola desprotección del ambienteSiempre dentro del tema de la contaminación ambiental,es evidente que las municipalidades no estánaplicando algunas de las disposiciones del CódigoMunicipal en lo referente a la contaminación que se


168 Capítulo II / Sede Regional ChorotegaInforme Anual de Labores 2007-2008genera en predios desocupados. Específicamente,vale mencionar la cantidad de lotes sin construcción,cuyos propietarios no ejercen su deber de limpieza. Eneste sentido, es importante recordar que en los artículos75 y 76 del Código Municipal se dispone la obligaciónde los/as propietarios/as de mantener limpios suspredios desocupados y de las municipalidades, previanotificación, de proceder a la limpieza y al traslado delcobro respectivo de su costo a quienes incurrieron enesa omisión.La Sede Regional se propone promocionar y divulgarentre las y los habitantes de la Región, dentro delo que se ha denominado la “cultura de la peticiónformal”, que soliciten a las autoridades municipaleslocales acciones concretas de control en relacióncon aquellos predios desocupados y descuidados delmantenimiento que le corresponde a las personaspropietarias.De igual manera, se remitirá un oficio dirigido a losconcejos y administraciones municipales de la Regiónsolicitando que, de oficio, se atienda este tipo desituaciones a la luz de lo establecido en el CódigoMunicipal.III. Otras formas de intervención.-La Sede Regional Chorotega de la Defensoría ha procuradomantener su participación en organizacionesregionales que involucran entidades gubernamentalesy no gubernamentales desde donde se realiza laborde promoción y divulgación de derechos y se proyectaa la institución en su acción regional y nacional.Además de la ya conocida participación en el EquipoInterinstitucional para el Desarrollo con Equidad eIgualdad de Género (EIDIEG) y la Red Interinstitucionalde la Pastoral Social Diocesana, recientemente serecibió la convocatoria y se concretó la participaciónde la Sede en la Comisión de Usuarios del CircuitoJudicial de Liberia.Esta convocatoria de la Comisión, se da en vista delconocimiento que tiene la Sede Regional de la recurrenciade solicitudes de intervención que no puedenser tramitadas por la Defensoría en razón de las disposicionesestablecidas en la Ley n.º 7319 sobre asuntospendientes de resolución judicial y sobre temas que noson de su competencia.La limitación para intervenir indicada, pone a estaSede Regional en la obligación de orientar adecuadamentea las y los solicitantes hacia las instancias correspondientesdel Poder Judicial, dentro de las cualesse encuentra la Contraloría de Servicios que es, a suvez, la instancia encargada de organizar y liderar lascomisiones de usuarios/as en los diferentes circuitosjudiciales.IV. Conclusiones y desafíos.-Como se mencionó al inicio del presente acápite, paraesta Sede Regional Chorotega de la Defensoría el derechode petición y pronta respuesta ha sido especialmenteimportante y fundamental para el abordaje dela defensa, promoción y divulgación de los derechosde las y los habitantes, en especial en relación con elderecho al Buen Gobierno.En forma paulatina, a lo largo de la historia institucionalregional Chorotega, las y los usuarias de los serviciosde la Sede, han asimilado e interiorizado la importanciay el beneficio que obtienen haciendo uso del recursoformal para canalizar sus peticiones.Con el propósito de coadyuvar en los esfuerzos deformalización que han emprendido las y los habitantes,se han diseñado diversos formularios con losque se les facilita manifestar por escrito su inquietud,reclamo, denuncia o necesidad particular o colectivade servicio.Los efectos de la formalización de las peticioneshan sido diversos, pero especialmente ha facilitadola intervención de la Defensoría ante funcionarias yfuncionarios que incurren en omisión de respuesta, obien, habiéndose cumplido con ese deber, se les sitúaante la obligación de hacerlo en forma fundamentada yasumiendo la responsabilidad que les corresponde.Otro importante efecto, ha sido que la sola presentaciónde una petición formal que fue sugerida yorientada a partir de una solicitud de intervención antela Defensoría, en muchos casos resuelve en formaindirecta y definitiva esa expectativa de intervención,en razón de que muchos funcionarios y funcionariasperciben el apoyo a la gestión de la persona interesadapor parte de la Defensoría a través de los formatosutilizados. Este último efecto, se analiza como unasaludable disminución de la mediatización a la quese ha visto sometido el derecho de petición y prontarespuesta, en vista de que no es necesaria una gestiónverbal o escrita directa de la Sede Regional, paralograr el objetivo de respuesta y / o de solución.Después de quince años de gestión institucional de laDefensoría de los Habitantes, se percibe la apropiaciónde las y los habitantes cada vez más evidente, enel ejercicio de su derecho a la información oportuna ypersonalizada que se hace valer en beneficio de suderecho al Buen Gobierno.


Capítulo II /Sede Regional ChorotegaDefensoría de los Habitantes169La Sede Regional Chorotega de la Defensoría, tienebuenas razones para estar satisfecha con los resultadosobtenidos en sus años de gestión; sin embargo,en razón del comportamiento mostrado por algunasinstituciones como las mencionadas antes, no seráposible pregonar esa satisfacción; más bien, se debenmultiplicar esfuerzos para identificar limitacionesy potenciar fortalezas con la finalidad de cumplir demejor manera la función protectora de los derechose intereses de las y los habitantes de la Región, laborencomendada a esta Sede Regional Chorotega de laDefensoría.A finales del año 2006, las sedes regionales de laDefensoría iniciaron una nueva etapa en su desarrollocuando se habilitó la posibilidad de elaborar determinadosoficios dentro del sistema electrónico de gestióndocumental, los cuales pueden ser suscritos por cadaCoordinador/a Regional.Este avance en la capacidad de gestión aumentó lasposibilidades de eficiencia y efectividad de los trámitesregionales; no obstante, este aumento en la formalidadde las gestiones generó también en las y los usuariosuna mayor expectativa de eficacia de la gestión.Para cumplir con esa expectativa, debemos prepararnosen el futuro cercano, tomando en consideraciónque la Sede Regional Chorotega tiene una de las competenciasterritoriales con mayor diversidad y cantidadde instituciones públicas que giran alrededor de losonce cantones mencionados al inicio.V. Estadísticas.-A continuación se ilustra la labor de la Regional encuanto a las solicitudes de intervención planteadas,con la siguiente información:• Solicitudes de intervención presentadassegún mes• Solicitudes de intervención presentadassegún cantón• Solicitudes de intervención presentadassegún forma de recepción• Solicitudes de intervención presentadassegún sector (público/privado)• Solicitudes de intervención presentadassegún entidad• Solicitudes de intervención presentadassegún géneroSolicitudes de intervención por MesEnero 169Febrero 175Marzo 169Abril 108Mayo 180Junio 175Julio 156Agosto 215Setiembre 188Octubre 155Noviembre 175Diciembre 124Solicitudes de intervención por CantónLiberia 1085Bagaces 106Nicoya 100Hojancha 27La Cruz 68Tilarán 55Nandayure 9Santa Cruz 123


170 Capítulo II / Sede Regional ChorotegaInforme Anual de Labores 2007-2008Cañas 82Abangares 38Otros 82Entidades más denunciadasCCSS 202Comisión del Consumidor 124Solicitudes de intervención por RecepciónPersonal 1339Carta 28MEP 139ICAA 132Ministerio de Salud 101Fax 31Internet 4Giras 15Telefónicas 572Masculino 41%Solicitudes de intervención por GéneroFemenino 59%Público 1511Privado 478Solicitudes de intervención por Sector


Sede RegionalNorte.I.Introducción.-Durante los 15 años de gestión de la Defensoría delos Habitantes, una de las acciones que le ha obligadoa un cambio y evolución en su desempeño, ha sidola urgencia de un tratamiento prioritario a las zonasque, por su lejanía geográfica, presentan sensiblesproblemas para el ejercicio y cumplimiento de los derechosde las y las y los habitantes. En este sentido,la Defensoría de los Habitantes, ha llevado a cabo unfuerte proceso de fortalecimiento de la regionalizacióninstitucional, a través de la apertura de sedes regionalesen distintos sitios del país. A partir de ello y previoestudio de las necesidades de la comunidad se abrió,desde hace seis años, la Sede Regional Norte, cuyaoficina se encuentra ubicada en Ciudad Quesada.Durantes estos años, la Sede se ha ido consolidandoy hoy cuenta con instalaciones más accesibles y estabilidaden su espacio físico por un buen período puesdesde 2006 se suscribió un convenio con el Ministeriode Agricultura y Ganadería (MAG) para mantenerse enla actual oficina que pertenece a esa entidad, con posibilidadesde prorrogar dicho acuerdo. Este espaciofísico es ventajoso pues se adaptó para que sea accesiblesegún la Ley N.° 7600; asimismo, cuenta conespacio para estacionamiento, una sala de sesiones yse ubica en la cercanía de la terminal de autobuses dela Zona Norte en donde llegan todos los servicios deautobús de las diferentes comunidades de la Región.Concretamente, en esta región, teniendo como centrode coordinación el cantón de San Carlos, una de lasfortalezas ha sido la capacidad organizativa de representantesde instituciones públicas, Iglesia y sociedadcivil, manifiesta en la existencia de redes de protecciónde derechos que realizan un abordaje integral delas situaciones que enfrentan sus habitantes y que sedesarrollará más ampliamente en líneas posteriores.La presencia continua de la Institución en la zona, haconstituido un aporte sustancial al proceso de construcciónde una cultura de derechos en la Región Nortedel país, sustentado en las redes interinstitucionalesde protección de derechos y en el fortalecimiento deespacios de participación ciudadana activa.La población meta de esta oficina regional inicialmentela constituían las y los habitantes de San Carlos, LosChiles, Guatuso y Upala; sin embargo, dada la proyeccióny las posibilidades de acercamiento de las y las ylos habitantes por la infraestructura vial y medios detransporte público, en el año 2007 se amplió el acuerdodelegatorio de funciones y se incluyó dentro de lacompetencia territorial a Alfaro Ruiz y los distritos dePeñas Blancas y Río Cuarto.Esta experiencia de labor regional, además de permitirnosinteractuar con las instituciones del Estadoy las y los habitantes, ha enriquecido la experienciade la Defensoría de los Habitantes siendo que, encoordinación con la Sede Central y sus direccioneshemos logrado el seguimiento de casos e inspeccionesnecesarias para corroborar el cumplimiento delas recomendaciones emitidas por la Institución y asípoder tener certeza de que las instituciones públicasestán cumpliendo con su deber de atender en formaoportuna las necesidades de las y los habitantes.A partir de estas experiencias que se han tenido desdelas sedes regionales, también se han llegado a identificarsituaciones que tienen el denominador comúnde afectar a todas las regiones en que actualmentecontamos con oficina. En este sentido, durante estosseis años de labor, hemos realizado trabajos conjuntoscon otras instituciones públicas, sociedad civil y otrassedes regionales de la Defensoría.Para la Defensoría y dentro de las prácticas de BuenGobierno, la rendición de cuentas sobre el trabajoque se realiza en cada sede regional constituye unode los puntos fundamentales de la labor institucional,así como por la intervención a través de las visitasa las comunidades. Es además, de suma importancia,la legitimidad de esta oficina en la RegiónNorte.Es precisamente esta labor la que ha posicionado a laSede Regional Norte, frente a las demás instituciones


172 Capítulo II / Sede Regional NorteInforme Anual de Labores 2007-2008de la zona como un lugar privilegiado en el que tambiénalgunos/as funcionarios/as se apoyan para llevara cabo su función, pues consideran que la labor dela Defensoría es un aporte a su gestión y han dejadode verla como una amenaza y más bien ahora es unafortaleza para el cumplimiento de sus deberes. Todo,claro está, en el marco de las competencias establecidasen la Ley n.° 7319.II. Casos relevantes.-En el presente período, comprendido entre enero ydiciembre de 2007, las disconformidades más significativas,consultas o quejas presentadas por las y loshabitantes se refieren a asuntos relacionados con elquehacer de la Caja Costarricense de Seguro Social,el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de EducaciónPública y la Municipalidad San Carlos. Veamos lo correspondientepor institución:Omisión de respuesta y dilación en la Caja.-Las solicitudes o trámites presentados ante la Sucursalde la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) enla Región, principalmente las relacionadas con trámitesde apelación a la resolución denegatoria de pensiones,en la mayoría de los casos no son resueltoso se presenta dilación en su resolución. Por ello, lasy los habitantes han sido orientados por la Sede de laDefensoría para que presenten un recurso de amparopor el derecho de petición y respuesta. Cabe resaltarque en muchos casos la CCSS se limita a ratificar ladenegatoria sin considerar si ha habido cambio en lasituación socioeconómica de la persona interesada.Además, en un caso en particular, un habitante indicóque los estudios realizados por el Departamento deTrabajo Social no correspondían a la realidad, quela información que se registraba allí no era correcta yque no era cierto que contara con el ingreso indicado.Indicó, textualmente, que “… parece que este departamentose limita a sumar y restar sobre el ingreso percápita y el costo de la vida.” Otros habitantes, señalaronque realmente no tenían ningún tipo de ingresoeconómico y que por lo tanto, no se aplicaba la proteccióndel Estado al adulto mayor y a los discapacitados,como lo expresan las leyes correspondientes.Negligencia en el régimen disciplinario del MEP.-Diferentes grupos de padres y madres de familia de lasdiversas comunidades de la Región, han manifestadosu disconformidad principalmente con el Departamentode Régimen Disciplinario del Ministerio de EducaciónPública, porque las denuncias presentadas en contrade docentes y directores educativos tardan muchotiempo en ser atendidas, no brindan respuesta o no seda una intervención oportuna. En algunos casos, incluso,no se brindó ninguna solución al problema planteadouna vez realizado el procedimiento por lo quela situación denunciada se mantiene. En otros casos,la denuncia es por el trato hostil de las y los funcionariosdel MEP a cargo de la respectiva investigación.Sobre este particular, se resalta lo manifestado por unhabitante:”No se aplican las leyes correspondientes ymucho menos la Ley 8220, de simplificaciónde trámites, más bien, los procesos son máslentos, no se le dan soluciones a los habitantesy cada día la imagen institucional decae,ya que las personas no creen en las institucionesgubernamentales”.Dilación y falta de sensibilidad en la Municipalidadde San Carlos.-Durante el tiempo en que la Sede Regional Norte de laDefensoría ha funcionado, se concluye que en el casode las denuncias presentadas ante la Municipalidad deSan Carlos, no existe una sensibilización del personalde esa entidad con las necesidades de la persona,pues no son conscientes del significado de una prontarespuesta. Por lo tanto, la gestión se traduce en procesoslentos y deficientes en su atención al problemaplanteado.Asimismo, en todos estos años de gestión de la SedeRegional Norte, el lugar número uno de institucionesmás denunciadas lo ocupa la Municipalidad SanCarlos. Pese al esfuerzo de coordinación con los diversosfuncionarios/as de esa entidad, sus jerarcas nohan asumido un compromiso en aras de encontrar laforma de mejorar los canales de comunicación y losmiembros del Concejo Municipal en algunas ocasiones,se atreven a citar a rendir cuentas a la Defensoríade los Habitantes cuando es ésta quien les pide cuentasy no se presentan (caso comunidad Boca del RíoSan Carlos, acción interinstitucional del 2008)Omisión de respuesta y dilación en Migración.-En relación con Migración, la queja es en cuanto a lostrámites que no se resuelven de acuerdo con lo queestipula la Ley. De igual forma, en algunos casos eltrámite presenta una dilación mayor a un año y a travésde las oficinas regionales de esa dependencia, nose obtiene tampoco respuesta alguna ya que se indicaque el asunto está pendiente en San José.La mayoría de estos trámites se relaciona con solicitudesy renovación de cédula de residencia.


Capítulo II /Sede Regional NorteDefensoría de los Habitantes173Estos casos han sido remitidos a la Dirección deProtección Especial de la Defensoría.Alianzas estratégicas con instituciones de laRegiónDurante el período a partir del cual se rinde cuentas,la Sede Regional Norte de la Defensoría ha logradorealizar algunas alianzas estratégicas con diferentesinstituciones como por ejemplo el Instituto Mixto deAyuda Social y el Servicio Nacional de Salud Animal(SENASA-MAG), en donde se ha tratado de dar unasolución conjunta a problemas planteados por las ylos habitantes, en una forma más ágil y expedita y deacuerdo con la normativa vigente.Esto se ha logrado por medio de acciones concretascomo la comunicación a través de correo electrónicoque permite mayor agilidad en el envío de información;acciones conjuntas en inspecciones de campo paraverificar lo denunciado; y propuestas de solucionesoportunas y acordes a derecho.Por otra parte, las áreas rectoras del Ministerio deSalud de Florencia y Aguas Zarcas, San Carlos, handemostrado interés en coordinar con la oficina regionalde la Defensoría para dar respuesta a los problemasplanteados por las y los habitantes de esos sectores,en ejercicio del derecho y deber de pronta respuesta.En este sentido, se han coordinado acciones con losequipos de trabajo de las dos instituciones –Ministeriode Salud y Defensoría– en aras de encontrar soluciones,todo ello sin menoscabo de la función vigilante delcumplimiento de las acciones y servicios públicos querealiza la Defensoría de los Habitantes.Finalmente, cabe resaltar que para el año 2008, setiene prevista una intervención conjunta con el Áreade Salud de Florencia, en relación con el manejo deaguas residuales. Además, existe en proceso una intervencióncon el Área de Salud de Aguas Zarcas, encoordinación con el Ministerio de Ambiente y Energía,en cuanto a la situación de permisos de desarrollo deinfraestructura y uso de suelos en la zona fronteriza;específicamente en las cercanías de las comunidadesde Boca Tapada, Boca San Carlos y las que se ubicanen el denominado corredor fronterizo norte. Estoobedece a las limitaciones legales existentes y a quela Municipalidad de San Carlos ha sido pasiva y permisivaen su actuar respecto a esta zona, propiciando elirrespeto a la normativa vigente.III. Otras formas de intervención.-Pero además de la labor propiamente dicha de defensay protección de derechos e intereses de las ylos habitantes de la Región, esta Sede realiza otrasformas de intervención en el contexto de la promoción,divulgación y educación en derechos humanos, lascuales se comentan a continuación.• Inspecciones: en algunos casos, la Sedecorrobora en el campo cuanto afirman laspersonas en la misma Regional o en coordinacióno colaboración con las direcciones de la SedeCentral; por ejemplo, podemos citar la visitarealizada a fincas bananeras para dar seguimientoa un caso que se atiende en la Dirección deCalidad de Vida.• Capacitaciones: se realizan para promover,divulgar y educar en derechos humanos, enalgunas oportunidades en coordinación con lasdirecciones de defensa de la Sede Central o con laDirección de Promoción y Divulgación. Asimismo,se orientan a la labor de fortalecimiento de lascapacidades del personal de la Sede.• Reuniones interinstitucionales: en este casose trata de la participación de los/as funcionarios/as en diferentes actividades en donde convergendiferentes instituciones para tratar temas deinterés de la Región o del ámbito institucional,como por ejemplo la Red de Organizaciones de laZona Norte, la Red contra la violencia intrafamiliar,la Comisión intersectorial de la prevención delVIH-SIDA, Red de una cultura de Paz.Red Regional Norte contra la ViolenciaIntrafamiliarEn el caso de este tipo de reuniones, destaca la RedRegional Norte contra la Violencia Intrafamiliar.Se encuentra integrada por funcionarios/as de 13 instituciones:Hospital San Carlos, Ministerio de Salud,Instituto Mixto de Ayuda Social, Instituto Nacionalde Aprendizaje, Centro Nacional de Rehabilitacióny Educación Especial, Fuerza Pública, Oficina de laMujer de la Municipalidad de San Carlos, Defensoríade los Habitantes, Patronato Nacional de la Infancia,Poder Judicial, Pastoral Social, Instituto Nacional dela Mujer, Ministerio de Educación Pública y PastoralSocial de la Iglesia Católica. En total, participan 18personas.En este período, se realizaron 11 reuniones ordinariasy 20 extraordinarias para organizar diferentes eventos,como son el Día Internacional de la Mujer, el Día


174 Capítulo II / Sede Regional NorteInforme Anual de Labores 2007-2008Mundial de la No Violencia y la Participación en la RedNacional y Provincial de Redes, entre otros.Acción Social.-La Red realiza un trabajo de detección y atenciónde situaciones de violencia intrafamiliar a nivel multidisciplinarioe intersectorial, para lo cual utiliza losrecursos humanos y materiales de las institucionesinvolucradas.Cuando se requiere la intervención en algún caso sobreviolencia intrafamiliar, se cuenta con una red conformadapor varias instituciones que unen su esfuerzoy, de ser necesario, atienden de manera conjunta parabrindar apoyo legal, contención y apoyo psicológico,así como la búsqueda de albergues y el establecimientode medidas de protección, incluso apoyo policial segúnla gravedad de la situación. Las instituciones quese involucran en esta dinámica son las siguientes:• Fuerza Pública• Juzgado de Familia• Hospital (traslados en ambulancia)• INAMU–Albergue• PANI• IMAS• Oficina de la Mujer, Municipalidad de SanCarlos• MEP• Defensoría de los HabitantesDurante el año, compañeras de la Red formarongrupos terapéuticos con mujeres afectadas por la violenciaintrafamiliar, niñas y niños testigos de violenciaintrafamiliar y mujeres sobrevivientes de abuso sexual• Capacitación sobre la Ley contra la ViolenciaDoméstica en Upala el 7 de febrero del 2007,participan 20 personas.• Capacitación sobre la Ley contra la ViolenciaDoméstica en Los Chiles el 8 de febrero,participaron 20 personas.• Taller “Erradicación de la violencia contraniños, niñas y adolescentes” en noviembre,participaron 27 personas.• Talleres con población estudiantil sobrevalores para mejorar su condición de vida enla Escuela de Concepción de Ciudad Quesadaen marzo, abril, mayo y junio, participaron 250estudiantes.• Taller dirigido a las jefaturas de las institucionesque integran la Red y a miembros de la Red, sobrela estrategia de trabajo en redes, antecedentesde la Red, evaluación de acciones del año 2006 yprogramación a desarrollar en el 2007, celebradael día 23 de marzo de 2007, contó con unaasistencia de 42 participantes.• Capacitación sobre Derechos Humanos yParadigmas en Discapacidad, dirigida a losmiembros de la Red el 25 de julio, participaron 15personas.• Exposición y análisis de los casos reportadossobre violencia intrafamiliar en la ComisiónInterinstitucional Local de Vigilancia de la Salud(CILOVIS).• Taller sobre la Ley de Penalización de laviolencia contra las mujeres, dirigido a funcionarios/as del sector salud y del Poder Judicial el 10 deagosto, participaron 37 personas.• Participación en el curso Atención Integral dela Mujer Embarazada donde se desarrolló el tema“Abordaje e indicadores de riesgo y protocolo deAtención de la violencia intrafamiliar”, dirigidoLas actividades realizadas en el período se indican acontinuación:• Capacitación sobre paternidad responsable enLos Chiles el 11 de enero del 2007, participaron25 personas.


Capítulo II /Sede Regional NorteDefensoría de los Habitantes175a funcionarios/as del sector salud, el día 31 deagosto, participaron 24 personas.• Obra de teatro “Mal dormir”, dirigida a lacomunidad el 19 de octubre, participaron 200personas.• Día Internacional de la Mujer: (1er. FestivalMusical por la Mujer Sancarleña), asistieron 134mujeres.• Taller de empoderamiento a las mujeressancarleñas, asistieron 40 mujeres.• Taller de autoestima y sexualidad, asistieron35 mujeres.• Taller de autoestima para mujeres que laboranen el servicio doméstico, asistieron 20 mujeres.• Foro informativo “Ley de la penalización dela violencia contra las mujeres, asistieron 38personas.Fortalezas.-Desde la Sede Regional Norte de la Defensoría, elcompromiso con esta Red es orientar a las y los habitantesrespecto al tema, quienes atienden casos sobreviolencia, dónde acudir y cómo hacerlo en caso de unasituación de violencia intrafamiliar. Asimismo, se aportanrecursos humanos y material, si es posible, cuandose realizan actividades de capacitación y divulgación.En ese sentido, se realiza un acompañamiento a lasinstituciones cuando se requiere aportar soluciones enla atención de un caso, en seguimiento al cumplimientode los objetivos de la Red, y dadas las políticas delINAMU y el mandato institucional es necesario participarde manera activa y con una representación.Otra de las razones que se han considerado para manteneruna participación activa en esta Red, es precisamenteque la situación de violencia intrafamiliar ocupaun lugar prioritario en los registros epidemiológicos delMinisterio de Salud de la Región Norte.Dentro del quehacer de esta Red se encuentran comouna fortaleza el hecho de que se contribuya a su crecimientocon presencia de instituciones que trabajan eltema y que aún no se han incorporado. Igualmente, enel 2008 se pretende fortalecer a la Red con la especializaciónde miembros en el abordaje de situaciones deviolencia intrafamiliar.Otra fortaleza, es la atención de población vulnerableque cuenta con acceso a redes de apoyo a nivel interinstitucional,las que permiten también desarrollar lacreatividad al brindar la atención según las necesidadeslocales.Un punto también a destacar es que durante la experienciaen el desarrollo del quehacer de la SedeRegional Norte y de la Red se ha logrado, a través dedivulgación y capacitación, que actualmente se cuentecon población sensibilizada y mayor integración localdesde alianzas estratégicas que agilizan los procesosy permiten la potencialidad de recursos.Comisión Interinstitucional para la Prevención delVIH-SIDADe igual forma, debe destacarse la participación de laSede Regional Norte de la Defensoría en la ComisiónInterinstitucional para la Prevención del VIH-SIDA.Esta Comisión se encuentra integrada por las siguientesinstituciones: Comisión VIH-SIDA del HospitalSan Carlos y Ministerio de Salud, Defensoría de losHabitantes, Pastoral Social de la Iglesia Católica,Ministerio de Educación Pública, Instituto Tecnológicode Costa Rica, Fuerza Pública, ASOVIH-SIDA, Agendade Mujeres y se tiene programada una reunión ordinariaal mes.Durante los años 2007 y 2008 se ha participado en laFeria de la Salud del Instituto Tecnológico, sede SantaClara, San Carlos, la cual se realiza en el mes de mayode cada año. Además, como parte de las actividadesrealizadas, todos los 1º de diciembre se realizan actividadesen diferentes centros de educación relacionadascon el Día Mundial contra el SIDA.En 2007 se brindó capacitación, tanto a docentescomo estudiantes del Colegio, “Promoviendo laAdaptación saludable de nuestros adolescentes”.Además, se impartió un Taller para mujeres sobre”Autoestima, Sexualidad y VIH-SIDA”, integrantes dela Agenda Regional de Mujeres y vecinas del distritoQuesada, para un total de 50 mujeres.También se brindó capacitación a docentes, tantoorientadores/as como psicólogas del cantón de SanCarlos, sobre el abordaje a la hora de impartir la clasesobre sexualidad y VIH-SIDA.De igual forma, se elaboraron materiales de divulgacióncon el apoyo del Fondo de Población paralas Naciones Unidas (UNFPA) conjuntamente con elDespacho del Viceministerio de Juventud y Deportes,dentro de los que se encuentran afiches, rompecabezas,panfletos y un módulo socio-educativo para la


176 Capítulo II / Sede Regional NorteInforme Anual de Labores 2007-2008prevención del VIH-SIDA dirigido a personas jóvenes,el cual fue distribuido entre todos los centros educativosde la Región. El módulo contempla 13 talleres,dos discos compactos y tarjetas de apoyo para lascapacitaciones en los Centros Educativos.Para este año se espera evaluar la continuidad y capacitacióna orientadores/as y psicólogos/as de los centroseducativos, además de la aplicación del materialaportado en las capacitaciones.También se brindará la segunda etapa del Taller paramujeres sobre ”Autoestima, Sexualidad y VIH-SIDA”.Para el año 2008 la Comisión para la prevención delVIH-SIDA, sede Ciudad Quesada, San Carlos, tieneprogramado las siguientes actividades:• Evaluación de los docentes orientadores,psicólogos y trabajadores sociales de la RegiónNorte del Ministerio de Educación Pública,población que ya fue capacitada sobre el temaen años anteriores, con lo cual se pretendevalorar el domino y manejo adecuado del tema deprevención de VIH-SIDA. Con ello se pretende,también, que sean los docentes los que brindentoda la información que sea necesaria a losestudiantes, sobre la prevención VIH-SIDA.• Revisar y poner en práctica todo el materialeditado sobre el tema, además de brindarle ladivulgación que sea necesaria para el uso de lapoblación en general. En este sentido, se crearáuna base de datos en la Biblioteca Pública deCiudad Quesada, San Carlos.• Reuniones con grupos de habitantes: enmuchas oportunidades las comunidades requierenla presencia de funcionarios/as de la Defensoríacon el fin de exponerles temas de caráctercolectivo. Por esta razón, se realizan actividadescomo ferias de atención interinstitucional, tal esel caso de la Feria de la Salud y el Ambientedesarrollada en la comunidad El Castillo ylas realizadas en Aguas Zarcas, así como enBoca del Río San Carlos. En todas las visitasse interactuó con las y los habitantes de lasdiferentes comunidades.• Entrevistas: se realizaron diferentesentrevistas con funcionarios/as del sector públicoy se asistió a audiencias que por las funcionespropias del cargo se debe asistir.• Audiencias ARESEP: en coordinación conla Dirección de Asuntos Económicos de laDefensoría, se ha representado a la Instituciónen las audiencias públicas convocadas por laAutoridad Reguladora de los Servicios Públicos.• Por lo anterior, es evidente que en la RegiónNorte, la Defensoría ha encontrado como fortalezade la labor interinstitucional el trabajo a través delas redes de protección de derechos, conformadaspor instituciones públicas, organizaciones desociedad civil, particulares y que tienen como finun objetivo especifico.IV. Conclusiones y desafíos.-En este período, la falta de recurso ha limitado el desplazamientoa las comunidades debido a que duranteseis meses hubo una baja en el equipo de trabajo porun accidente laboral. A ello se agrega la reparación delvehículo institucional durante un período de cinco meses,por lo que durante ese tiempo la sede contó condos personas que debieron realizar el trabajo de tres yademás, sin posibilidad de trasladarse por la Región.De esta forma, fue necesario priorizar la atención deusuarios/as que se acercan a la oficina dejando pendientelas visitas a las comunidades.Una vez que se contó con el vehículo y el personalcompleto asignado a la Sede, aunque se considerasiempre insuficiente para una Región como la que seatiende –compleja y extensa– se pretende acercarsea las comunidades más alejadas y buscar mejorar loscanales de comunicación con los gobiernos locales yen especial, con representaciones institucionales enlos cantones y distritos más lejanos.Igualmente, se pretende mejorar la comunicación conla Sede Central y sus diversas áreas de atenciónaprovechando al máximo los recursos que brinda elsistema interno de registro y atención de casuísticay se busca mejorar los registros y controles internosrespecto a lo que se tramita en Sede Central con elfin de brindar mayor seguimiento a lo que se remite aSan José. Esto porque las y los habitantes siempre sedirigen a esta Sede para preguntar sobre el avance desu caso, aunque se haya trasladado a San José.Se destaca como una fortaleza, el trabajo con redesde protección de derechos y que se ha atendido unacantidad considerable de denuncias pese a las limitacionessupra citadas. Por ello, se pretende continuarcon esto en aras de fortalecer también la labor dedivulgación y coordinación en ejercicio de nuestra magistraturade influencia.


Capítulo II /Sede Regional NorteDefensoría de los Habitantes177V. Estadísticas.-A continuación se ilustra la labor de la Regional encuanto a las solicitudes de intervención planteadas,con la siguiente información:• Solicitudes de intervención presentadassegún mes• Solicitudes de intervención presentadassegún cantón• Solicitudes de intervención presentadassegún forma de recepción• Solicitudes de intervención presentadassegún sector (público/privado)• Solicitudes de intervención presentadassegún entidad• Solicitudes de intervención presentadassegún géneroSolicitudes de intervención por MesEnero 64Febrero 134Marzo 143Abril 71Mayo 164Junio 89Solicitudes de intervención por RecepciónCarta 130Fax 15Teléfono 411Giras 3Personal 731Sin categoría 15Entidades más denunciadasCCSS 11%IMAS 4%MSC 5%Otros 80%Solicitudes de intervención por SectorPrivado 197Público 1008Solicitudes de intervención por GéneroMasculino 48%Femenino 52%Julio 113Agosto 79


Defensoría de la Mujer“Son entonces, las voces de las mujeres obreras,campesinas, profesionales, amas de casa,políticas, privadas de libertad, funcionariaspúblicas, mujeres todas; las que constituyenel punto de partida institucional.Voces que se atienden desde la perspectiva delos Derechos Humanos, en la que las personasconstituyen el eje central de toda la actividad delEstado y desde la perspectiva de género, en la quese reconocen las específicas condiciones,intereses y necesidades de las mujeres,quienes están sometidas a condiciones,construidas socialmente y diferenciadas respectode los hombres.”IntroducciónDefensoría de la Mujer, 2008La creación y vigencia de la Defensoría de la Mujerprecede a la de la Defensoría de los Habitantesde la República de Costa Rica, ya que con la Leyde Promoción de la Igualdad Social de la Mujer(Ley Nº 7142) nace legalmente la Defensoría de laMujer, la cual ejerció sus competencias en el marcodel Ministerio de Justicia. Al aprobarse la Ley delDefensor de los Habitantes, mediante Ley Nº 7319 del17 de noviembre de 1992 y especialmente despuésdel nombramiento de la persona que ocuparía el cargode Defensor –marzo de 1993-, se dio un proceso dereflexión y análisis en el movimiento de mujeres juntocon el primer Defensor nombrado, acerca del futuro dela Defensoría de la Mujer.Como producto de este proceso de diálogo, el 1ºde octubre de 1993 la Defensoría de los Habitantesinició sus funciones y competencias contando en suseno con la Defensoría de la Mujer, como la instanciaresponsable de proteger y defender los derechos eintereses de las mujeres ante acciones y omisiones dela actividad administrativa del sector público que violentansus derechos fundamentales. Además, con laresponsabilidad de velar por el buen funcionamiento,eficiencia y que las mujeres no sufran discriminaciónen el acceso a estos servicios y derechos, así como decontribuir a la ampliación, promoción y divulgación delos derechos de las mujeres.La Defensoría de la Mujer, en ejercicio de sus competencias,ha venido señalando las principales asimetríasy desigualdades que afectan el acceso y disfrutede los derechos de las mujeres, tomando comoprincipal referencia sus voces a través de las quejasy denuncias que se presentan ante la Defensoría.Pero, también sus voces en el marco de comisionesde trabajo, de cursos de capacitación y promoción,de lo que escriben en los medios de comunicación,en entrevistas, de las visitas y conversaciones en losdiferentes espacios. Son entonces, las voces de lasmujeres obreras, campesinas, profesionales, amasde casa, políticas, privadas de libertad, funcionariaspúblicas, mujeres todas; las que constituyen el puntode partida institucional. Voces que se atienden desdela perspectiva de los Derechos Humanos, en la que laspersonas constituyen el eje central de toda la actividaddel Estado y desde la perspectiva de género, en la quese reconocen las específicas condiciones, intereses ynecesidades de las mujeres, quienes están sometidasa condiciones, construidas socialmente y diferenciadasrespecto de los hombres.Resulta importante resaltar que para la Defensoríaconocer, investigar y elaborar recomendaciones, asícomo promover y divulgar los derechos de las mujeresdesde una perspectiva de género, implica el uso deuna categoría de análisis que involucra los factoresculturales, sociales y económicos como determinantesde la situación de subordinación y subalternidad delas mujeres en relación con los hombres. Pero implicatambién, el uso de herramientas que procuran la transformaciónde estas relaciones, es decir, no se trata deun análisis descriptivo, sino que aspira a ser transformadorde la situación de las mujeres.Hoy, una vez más, se sistematiza esta diversidad devoces de las mujeres para indicar la situación actualde los derechos y de la institucionalidad que constituyesu soporte.


180 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008Muchos de los temas tienen un análisis continuado enel tiempo, en virtud de que constituyen tema constantede denuncia ante la institución. El abordaje sistémicode algunos de ellos, arroja altos y bajos, modificacionesy prioridades diferentes en cada año que han sidoexpuestos. En el caso de otros, éstos aparecen porprimera vez en virtud de la pretensión de progresividaden la protección de los derechos humanos de las mujeresy además, en la necesidad de abarcar cada vezmás la diversidad y complejidad de aspectos, situacionesy poblaciones que componen la sociedad.Debe mencionarse que los temas de salud sexual yreproductiva y paternidad responsable se abordan deforma separada bajo el título: “De la reproducción a lacorresponsabilidad en el marco de un buen gobiernosensible al género”. Ahí se analizan desde la visión deque sólo con la incorporación plena de las mujeres, deesa mitad de la población en la vida pública nacional,de ese cúmulo de experiencias y vivencias diferenciadasen la agenda pública nacional y la transversalizaciónde género, es que se puede hablar de democraciay de gobernabilidad democrática.En el capítulo señalado, se plantean las responsabilidadesy debilidades en la materia para cumplir conla aspiración de un Buen Gobierno sensible al géneroy de la aspiración democrática, lo que constituye unesfuerzo articulador y globalizador con el resto de lasáreas de la Defensoría.Es importante señalar que la persona que dirigió laDefensoría de la Mujer, del año 1993 a febrero de2008, Sra. Ligia Martín Salazar, se acogió a su jubilación,razón por la que la Dirección fue asumida deforma interina por una profesional que ha integradoactivamente el equipo de trabajo desde su inicio, Sra.Alejandra Mora Mora.El equipo de la Defensoría de la Mujer y de laDefensoría de los Habitantes, le ha hecho diversosreconocimientos a la Sra. Ligia Martín, por su destacadotrabajo institucional, por la entrega en su trabajo,que han contribuido de manera certera al avance delos derechos de las mujeres. De igual manera, otrasorganizaciones y entidades han resaltado la labor de laseñora Martín. De hecho, el Instituto Nacional de lasMujeres (INAMU) la ha incorporado a la Galería de laMujer en homenaje por su trayectoria en la defensa delos derechos de las mujeres.Seguidamente, se expone una retrospectiva de lostemas recurrentes a través de quince años de acercamiento,investigación y análisis para la atención de losderechos de las mujeres. En este sentido, se señalanlos principales logros y las persistentes violacionesrelacionadas con pensiones alimentarias, hostigamientosexual y la situación de las mujeres privadasde libertad.Posteriormente, se comentan los principales temasy diferentes formas de intervención que ocuparon laatención de la Defensoría de la Mujer en el período correspondientea este Informe y finalmente, se exponenlas conclusiones derivadas de las labores referidas.I. Quince años de abordaje en temasestratégicos: una sistematización1. Pensiones Alimentarias: Un diagnósticocontinuado de 15 años.Desde que la Defensoría de los Habitantes abrió suspuertas en el año de 1993, se han tramitado los casosde pensión alimentaria. Este tipo de casos derivan delno pago de una pensión alimentaria, lo que configuraun incumplimiento a la corresponsabilidad en el cuidode los hijos e hijas en la dimensión económica, la cualobliga a las mujeres, en su condición de acreedorasalimentarias personales o en representación de sushijos e hijas, a demandar a los hombres –mayoritariamentelos deudores- por el incumplimiento de susresponsabilidades.Este incumplimiento, se ha conceptualizado como unacto de Violencia Patrimonial a la luz de la Convenciónde Belén Do Para. La Defensoría se fundamenta enlas responsabilidades estatales suscritas en instrumentosjurídicos nacionales e internacionales paraexigir que se garantice, a través de una política públicay una plataforma administrativa sensible al género,el cumplimiento por parte de los particulares, de susobligaciones. Desde esta perspectiva, las entidadesobjeto de seguimiento y control de las competenciasen materia de pensión alimentaria, son principalmenteel Ministerio de Seguridad Pública, principalmente enrelación con la notificación de demandas por pensiónalimentaria y de la ejecución de la orden de apremiocorporal; el Poder Judicial, por la dilación y la calidaden la atención en los procesos de pensión alimentariay los Bancos Estatales, como entes que realizan intermediacióndel dinero de la pensión alimentaria.A este respecto, los mecanismos de intervención dela Defensoría son diversos: atención de la queja individuale investigación de oficio. Por un lado, la quejaindividual, se refiere al tema específico que la personadenunciante solicita. En el segundo caso, la investigaciónde oficio, surge por la naturaleza y reiteración delas quejas y propicia el trabajo de coordinación en elmarco de instancias de trabajo interinstitucionales.


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes181a. Primeros obstáculos: inicia el trabajo en eltema de pensiones alimentarias.Uno de los principales retos que se enfrentó en ladefensa de los casos de pensión, fue desde los inicios,la consideración del tema como poco importanteprincipalmente por parte de los oficiales de la FuerzaPública, quienes, en relación con las competenciaspropiamente de seguridad ciudadana, considerabanla notificación y ejecución de la orden de apremio corporalcomo un tema poco prioritario. Mucho trabajoinvirtió la Defensoría, en asignarle al tema la importanciadesde los derechos y necesidades de las mujeres,en el marco de una corresponsabilidad en el cuido delos hijos e hijas. Esta reivindicación es en su dobledimensión; por un lado, como derecho de las mujeresy por otro, como derecho colectivo de la sociedad quese precia de democrática.En relación con el trámite jurisdiccional, la Defensoríaha denunciado la excesiva lentitud y litigiosidad delmismo, que lo convierte en un proceso plagado deobstáculos jurídicos que tornan ineficaz el derecho alacceso a la justicia pronta y cumplida.b. Un mecanismo para la protección de losderechos: la Comisión Interinstitucional dePensión Alimentaria.A partir de las situaciones recién expuestas, en el añode 1998 se realiza una primera investigación de oficioque sistematiza alrededor de 50 quejas formales yvarias consultas de carácter informal. En esa sistematizaciónse incluyeron los temas referentes al ámbitojudicial:a. lentitud de los procedimientos tanto en su tra-mitación y notificación, como en la emisión de lasresoluciones de fondo.b. dificultades para la notificación de la partedemandada.c. falta de información respecto de la situación delas pensiones alimentarias.d.retrasos en la emisión de cheques ye. ausencia de seguimiento jurisdiccional a losmandamientos remitidos a las autoridades policialesde todo el país para efectos de ejecutar lasórdenes de apremio corporal.Como resultado de esa primera intervención macro,se pudo determinar que estas situaciones se debieronen mucho, a la acumulación de jurisdicciones en elMega Juzgado de Pensiones Alimentarias del CircuitoSegundo Judicial de San José, lo cual generó un enormecirculante que exacerbó los problemas de agilidaden la administración de justicia.La investigación dio lugar a la recomendación de conformaruna Comisión Interinstitucional con el objetivode reflexionar sobre los problemas señalados y buscare impulsar soluciones integrales. Dicha Comisión seinstaló formalmente el día 6 de octubre de 1999 y estuvoconstituida por personas que laboran en el ConsejoSuperior, Defensa Pública, Jueces y Juezas del PoderJudicial; Centro de Atención de Apremiados Corporalesy del Nivel de Atención Institucional del Ministeriode Justicia; Dirección de la Fuerza Pública, Planes yOperaciones, Contraloría de Servicios y DepartamentoLegal del Ministerio de Seguridad Pública; Direcciónde Cuenta Individual, de Inspección, AdministraciónSalarial y Recursos Humanos de la Caja Costarricensede Seguro Social; Dirección General de Migracióny Extranjería; Instituto Nacional de las Mujeres;Dirección de Protección Especial y Defensoría de laMujer de la Defensoría de los Habitantes, quien hacoordinado el trabajo.La Defensoría considera importante la apuesta al métodode trabajo en comisión, en virtud de que ha permitidoavances concretos que facilitan la labor de las distintasdependencias y el ejercicio del control por partede la Defensoría. Además, constituye un espacio en elque fluye la comunicación, se logra una relación máspersonalizada entre las y los participantes, y consolidavínculos formales e informales que contribuyen a lacoordinación y la búsqueda conjunta de la superaciónde obstáculos para el avance de derechos.Como parte de los logros de la Comisión, se destacala sistematización de todas las circulares del ConsejoSuperior del Poder Judicial, con el objetivo de compilarlasen un sólo instrumento para ayuda y uso de todaslas instancias interesadas. También, cabe resaltar lainclusión del Centro de San Ramón en ese entonces,de atención a apremiados corporales en el recorridosemanal del correo interno del Poder Judicial, lo queagiliza mucho los trámites de las personas detenidaspor apremio corporal y el inicio de procesos de capacitaciónsobre la materia para la Defensa Pública.De igual forma, la Comisión ha incidido en que en elPoder Judicial la materia de Pensiones Alimentarias,sea considerada de atención especial en los períodosde vacaciones y feriados, mediante un sistema decontinuación del servicio a través de turnos y disponibilidades.Además, se colaboró en la elaboraciónde una Directriz del Consejo de Gobierno en materiade retenciones salariales y se logró una coordinacióninterinstitucional entre el Poder Judicial y la CajaCostarricense de Seguro Social, para el intercambiode información mediante transferencia electrónica, conel fin de que la orden de deducción y la actualizaciónse realice de forma automática.


182 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008Uno de los trabajos más significativos de la ComisiónInterinstitucional, fue una investigación sobre las principalesdebilidades del tema de las pensiones alimentariasa través de encuestas que recogen la opinión delas distintas poblaciones involucradas en la materia:personas usuarias, apremiados corporales y operadorasdel derecho.El resultado obtenido fue una Evaluación y Análisisde la Ruta Crítica de los Procesos de PensionesAlimentarias, que se dio a conocer el día 30 de noviembredel 2001, que incluyó la visita al centro y laatención de las necesidades de espacio. Se realizaronmúltiples recomendaciones (sobre las cuales existeuna amplia referencia en el informe del año 2001-2002), a las que la Comisión dio seguimiento. De ellasse incluye la novedad de incorporar el tema de los privadosde libertad por deuda alimentaria en la discusióny reflexión del tema, con el objetivo de buscar en lareclusión un fin distinto para las personas beneficiariasdesde una óptica humanizadora.c. Una actualización de la situación de pensionesal año 2007-2008: Surgen Nuevos Retos.La defensa del derecho alimentario da cuenta de algunosavances, como se ha establecido en este capítulo,pero también surgen nuevas debilidades que requierende la atención inmediata institucional. En estesentido, esta Defensoría considera que los principalesretos que deben atenderse interinstitucionalmente sonlos siguientes:En cuanto al Ministerio de Seguridad Pública:a. Desconocimiento del Protocolo de PensionesAlimentarias del Ministerio de Seguridad por partede las personas operadoras del sistema, por lo quese requiere reforzar los procesos de capacitación.b. Insuficiencia presupuestaria para asumir lasfotocopias de los formularios del Protocolo, libros deactas y otros, por lo que las personas deben costearestos gastos.c. Escasez de recurso humano especializado enel Ministerio de Seguridad para ejecutar las órdenesjudiciales de apremio y realizar notificaciones; asícomo carencias en la infraestructura y equipamiento,y falta de vehículos para notificar. Esta situaciónse agrava cuando se deben desplazar lugares lejanospara lo cual deben tomar autobús y pagar elpasaje con su propio peculio.d. Serias limitaciones para la notificación de losasuntos debido a enormes circulantes de casos pornotificar, ya que las y los policías que deben realizarlase encuentran también de guardia.e. Alto nivel de rotación del personal humano quegenera muchas personas nuevas en los puestosquienes desconocen el protocolo y deben recurrir asu propia creatividad para el trámite respectivo.f. Ausencia de fundamentación de los allana-mientos por parte de la policía, lo que provoca quesean denegados judicialmente.g. Ausencia de intercambio de información entreel Ministerio de Seguridad Pública, Registro Públicoy Registro Civil, sobre la materia.En cuanto a los bancos estatales:h. Frecuentes problemas con los depósitos queprovocan bloqueo de las cuentas por parte de losBancos, sobre todo del Banco de Costa Rica. Estasituación impide que aunque el dinero esté efectivamentedepositado, no pueda ser retirado por laspersonas acreedoras alimentarias. Esto se da porerrores en la información que remite el Juzgadoy porque se deposita un monto diferente al quecorresponde. El “desbloqueo de la cuenta”, es untrámite administrativo adicional que deben realizarlas personas beneficiarias y que le retrasa el accesoa sus ingresos y la satisfacción de sus derechos.En cuanto al Ministerio de Justicia:i. Poca información para los privados de libertadsobre las ventajas del pago en tractos, lo que generaque permanezcan durante prolongados periodosen los Centro de Detención.En cuanto al Poder Judicial:j. Falta de homogeneidad de criterios en la re-solución de algunos temas de fondo en casos depensiones alimentarias. Por ejemplo, en materiaprobatoria, en algunos juzgados se exigen facturaspara probar un gasto, mientras que en otros no.k. Aumento considerable de actoras nicaragüen-ses que no tienen un estatus migratorio definido, yno existen claros mecanismos para que ellas puedanobtener rápidamente el número de cédula o depasaporte que les permita identificarse y accionarsus derechos.l. Necesidad de interpretación de los alcancesdel principio de gratuidad en la materia de familia,en el sentido de si su cobertura debe alcanzar losgastos de peritajes y algunos gastos procesales.m. En términos generales, durante estos últimos15 años los avances han sido muchos en la pro-


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes183tección de los derechos humanos de las mujeresen el tema de pensiones alimentarias, pero continúanmúltiples temas pendientes de resolver,que deben ser abordados interinstitucionalmente.2. Hostigamiento Sexual: pendiente laaprobación de reformas legales.Hace trece años se introdujo en el marco jurídiconacional, como respuesta al desarrollo deDerechos Humanos y concepciones jurídicas establecidasen instrumentos internacionales, la Leycontra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y laDocencia Nº 7476, que irrumpió en la cultura y en lascostumbres patriarcales permisivas hacia accionescon contenidos sexuales. Con esta ley, se incorporanen el Ordenamiento Jurídico Nacional una serie deresponsabilidades para los particulares y además, laobligación estatal de establecer políticas de prevencióny un reglamento adecuado, efectivo y que contemplesanciones con el fin de satisfacer el derecho ala dignidad, la integridad física, psicológica y sexual; elderecho al trabajo y la educación y la igualdad entrehombres y mujeres.Desde la aprobación de la ley en marzo de 1995, laDefensoría ha realizado procesos de capacitación,tanto a instituciones públicas como privadas, en lolaboral y lo educativo y ha dado seguimiento a todoslos casos que se presentan ante el sector público conel objetivo de controlar la legalidad de los actos de laadministración pública en los procedimientos de hostigamientosexual. Esta labor ha puesto en evidencialas debilidades, los vicios más frecuentes, las causasde indefensión de las víctimas y los vacíos legales quehan provocado la impunidad de las conductas, a travésde estos procedimientos administrativos.Entre los hechos violatorios a los derechos de laspersonas denunciantes, en su mayoría mujeres, seencuentran:• Uso inadecuado del principio de Confidencialidad,••Lesión al derecho de intimidad.Falta de acceso al expediente.• Exclusión de la víctima como parte del procedimiento.•cia.Violación a los principios de eficacia y eficien-• Violación al principio de justicia pronta y cumplida;dilación en los procesos y violación al debidoproceso.• Interpretación amplia del concepto de relaciónlaboral extendida a la víctima como motivo para rechazarla apertura del expediente.• Incumplimiento del artículo 7 de la Ley contra elHostigamiento Sexual en el Empleo y la Docenciaque obliga a informar sobre las denuncias que sereciban, así como del resultado del procedimiento ala Defensoría de los Habitantes.• Débil preparación de las personas que conformanlos órganos disciplinarios sobre este tema enparticular y el procedimiento especial.• Tendencia a la judicialización de los procesos alexigirse pruebas directas, fehacientes y contundentesde los hechos denunciados, en detrimento de laprueba indiciaria.•Falta de utilización de medidas cautelares.• Uso de la figura de “conciliación” y de “In dubiopro operario”.“Asimismo, esta Defensoría ha detectado una serie demalas prácticas administrativas que se dan en detrimentode los derechos de las partes. A través de lasrecomendaciones, la capacitación y asesoría activapor parte de la Defensoría, se ha logrado incidir enla casuística individual evitandoprocesos que revictimiceny garanticen la reivindicación de los derechosde las víctimas. De igual manera, se ha impactadopositivamente en la creación de políticas internas sobrehostigamiento sexual y de los reglamentos internosque exige la Ley 7476.”Defensoría de la Mujer, 2008La Defensoría considera que la elevada tasa de denunciaspor parte de las mujeres ante la institución esel resultado de un proceso sostenido de visibilizaciónde las conductas con contenido sexual y del rechazopor parte de quienes la reciben. Ello permite afirmarde igual forma, que han disminuido los niveles de toleranciahacia este tipo de conductas, lo que constituyeun avance en esta materia.La sistematización de los casos trabajados por laDefensoría durante los años de vigencia de la ley,han servido de base para solicitar a la AsambleaLegislativa cambios en la misma. Estos cambios hansido incorporados en el proyecto de ley “Modificaciónde los artículos 2, 5, 7, 8, 9, 15, 22, 23, 29 y 31 de laLey contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y laDocencia, Nº 7476 y adición de un nuevo Capítulo”,expediente número No. 16.566. Este proyecto de leyrecoge todas las observaciones que la Defensoríaha denunciado a lo largo de estos trece años y actualmentese encuentra en la agenda legislativa en laComisión Especial de la Mujer.


184 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008• Reglamentos internos sobre hostigamientosexual.Desde la entrada en vigencia de la ley se ha trabajadoen el seguimiento y asesoría para la elaboración dereglamentos internos a la Ley contra el HostigamientoSexual en el Empleo y la Docencia. Para ello, se harealizado un trabajo conjunto, en distintos períodos detiempo, de elaboración y revisión de reglamentos conel Ministerio de Educación, el Instituto Costarricense deElectricidad, la Caja Costarricense del Seguro Social,la Universidad Nacional, la Universidad de CostaRica, el Poder Judicial,el Ministerio de ObrasPúblicas y Transporte, laAutoridad Reguladora delos Servicios Públicos, elRegistro Nacional, y elInstituto CostarricenseContra el Cáncer.A pesar de las obligaciones legales, todavía existenmuchas instituciones que no tienen reglamento onormas que establezcan los mecanismos internos deprevención y sanción del hostigamiento sexual. Enese sentido, la Defensoría realizó una investigaciónsobre la situación del hostigamiento sexual en el país 1 ,en ella se priorizó el tema del cumplimiento a la obligacióncontemplada en el artículo 5 de la ley, acerca delreglamento interno para la prevención, investigación ysanción de los casos de hostigamiento sexual.El período de la investigación contempló hasta elaño 2007 e incluyó a las instituciones públicas, oprivadas con fines públicos, que constituyen el ámbitode competencia de la Defensoría. Para recabarla información correspondiente la institución, realizósolicitud formal de informe a un total de 168 entidades,entre ellos todos los Ministerios del PoderEjecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, TribunalSupremo de Elecciones, Instituciones Autónomas,las Municipalidades y un porcentaje de los ColegiosProfesionales. De todos los traslados realizados, sóloel 2.38 % no contestó, en todos los demás, consta ladebida información en el expediente.El 57% de las instituciones o entes, cuenta con el reglamentode hostigamiento sexual, mientras que 40%del total de las instituciones interpeladas no tienenreglamento a la Ley contra el Hostigamiento Sexual enel Empleo y la Docencia.El núcleo del Estado constituido por todos losMinisterios del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, elTribunal Supremo de Elecciones y el Poder Legislativo1 19757-21-2005-QJ. Ultima actualización de datos en junio de2007.“Cabe resaltar que el hostigamiento sexual esel tema que más denuncias ha generado en laDefensoría de la Mujer”Defensoría de la Mujer, 2008(Asamblea Legislativa, Contraloría General de laRepública y Defensoría de los Habitantes) cuentan conel reglamento respectivo. Sin embargo, institucionesautónomas tan importantes como el BANHVI, el INVU,la Compañía Nacional de Fuerza y Luz, aún no cuentancon el Reglamento, así como más de la mitad delos 15 colegios Profesionales consultados no cuentacon reglamento. Los Gobiernos locales, son quienesmás incumplen esta obligación, ya que el 55% aún nocuenta con reglamento. Se ha puesto en conocimientode los resultados de la investigación, al Instituto deFomento y Asesoría Municipal ya que esta es la instituciónde apoyo a las municipalidades,mediante asistenciatécnica, capacitación,financiamiento, divulgacióny coordinación interinstitucional,para el ejercicio de suscompetencias.Más allá de la obligación legal de poseer el reglamentointerno, su importancia radica en que es el instrumentoque posibilita una adecuación de las reglas generalesestablecidas en la ley a las específicas condicionesde la institución y además, fortalece los mecanismosinternos.3. Mujeres privadas de libertad: presas ydiscriminadasLa Defensoría de los Habitantes, ha puesto especialatención a la población de mujeres que se encuentrarecluida en los Centros de Atención Institucional, porser una población altamente discriminada a través delos años. En el año 1995 y luego en el año 2001, laDefensoría, cumpliendo con su compromiso con lasmujeres privadas de libertad, realizó dos diagnósticosque permitieron profundizar las diferentes debilidadesexistentes para garantizar los derechos de la poblaciónprivada de libertad. Con las investigaciones realizadasy las denuncias que ingresan de manera constantea la Defensoría el trabajo con esta población ha sidovasto.Desde la perspectiva de la Defensoría de la Mujer,los principales ámbitos de violación de los derechoshumanos que el Ministerio de Justicia debe atendermediante un trabajo arduo y sostenido, son lossiguientes:a.Regionalización:Durante muchos años, el único Centro de AtenciónInstitucional para mujeres fue El Buen Pastor (actualmenteLiberia, Pérez Zeledón); sin embargo, loshombres privados de libertad tenían varios Centros enlas diferentes provincias del país. La anterior situaciónfue evidenciada desde la Defensoría de los Habitantes


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes185en el primer diagnóstico de 1995 y en diversas resoluciones,donde claramente se ponía de manifiesto elhecho de que las mujeres, al estar lejos de sus familiasestaban enfrentándose al desarraigo familiar, social ycultural, lo cual quebranta su salud física y emocional,así como sus relaciones intrafamiliares y afectivas.Asimismo, por más que las familias deseen visitar asus madres, hermanas, hijas, amigas o parejas, tienenque hacer un gasto económico que es excesivo dentrode sus posibilidades económicas (pagar buses, hospedaje,comida, etc.). Las mujeres privadas de libertad,tienen derecho a la regionalización al igual que lo hantenido los hombres por muchos años.El actual Gobierno, queda debiendo la inauguración dela Cárcel de Mujeres en Puntarenas que se proyectópara el año 2007 y que se espera sea abierta en el2008 junto con el Centro de Atención Institucional deLimón.b. Mejoramiento en Infraestructura: Centro BuenPastorEn el año 1995 era evidente la necesidad de mejorarla estructura del Centro, existía hacinamiento, malestado de los dormitorios, de los servicios sanitarios,del comedor, de las pilas para el lavado; y en general,un deterioro agravado.Es hasta el año pasado, después de un calvario legaly de múltiples problemas, sobre todo con el tanque deaguas residuales, que la población logra trasladarsea la nueva ampliación del Centro. A partir de estemomento las mujeres sentenciadas se separan de lasindiciadas, como lo establecen las Reglas Mínimasde los y las Privadas de Libertad establecidas porlas Naciones Unidas. El hacinamiento existente seresuelve, los espacios mejoran, tanto los destinadosa los comedores y servicios sanitarios, como los dereposo.La población inicia un proceso general de reordenamientoen cuanto a espacios, lo que trae consigo unareducción de libertad de movimiento para las privadasa lo interno del Centro, nuevas compañeras de celdaen los ámbitos nuevos, que modifican la dinámicaacostumbrada de las privadas de libertad y que requirióde intervención técnica para la superación.No obstante esta transición de una gran parte de lapoblación a los módulos nuevos, una gran parte de ellaaún se mantiene ubicada en los módulos viejos, razónpor la que deben ser reparados prácticamente en sutotalidad, no solo pintándolos, sino también cambiandola instalación eléctrica con respeto a las normas de seguridad,cambiando piezas de madera que se encuentranpodridas, sellando los huecos que existen en loscielos rasos, fumigando los espacios contra las plagas,entre otros muchos requerimientos; pero sobre todo,tomando las medidas pertinentes que eviten la erosiónde las paredes que lindan con el río y que atentan encontra de la estabilidad del Centro.Los problemas de infraestructura se agravan en elSector de Casa Cuna, por la falta de espacio, malestado de la cocina, de los baños, reducidos espaciosde dormitorios, ausencia de adecuación de la estructuray espacio a las necesidades de los/las menoresy sus madres, que por lo demás está restringido a 25personas menores de edad. Este espacio no existeen las cárceles de Liberia y Pérez Zeledón, por lo quese discrimina en este servicio a las mujeres que vivenfuera de la capital. La Defensoría considera que estarea del Ministerio de Justicia la creación de “CasasCuna” en los Centros Regionales.c.Área laboral del Centro Buen Pastor:Por la escasa oferta laboral remunerada en el Centro,las mujeres no pueden acceder al descuento del artículo55 del Código Penal, ni pueden sufragar sus propiasnecesidades económicas y tampoco las de susfamilias, pasando en ocio la mayor parte del tiempo dereclusión. Por esta razón, la Defensoría ha subrayadoen varios informes, no sólo las diferencias frente a lapoblación masculina privada de libertad y la evidentediscriminación, sino también, las consecuenciasnegativas que dicha situación produce a las mujeresprivadas de libertad.d.Área de SaludEn la actualidad, el Centro está pasando por una situacióninusual donde el servicio de salud se ha afectadoen cantidad y calidad de atención en razón de un problemade clima organizacional en el Centro Médico. Apesar del profesionalismo de la única médica generalque quedó brindando el servicio, el Área requiere deapoyo y debe incrementar su personal.El Buen Pastor, es un Centro de AtenciónInterinstitucional para mujeres, razón por la que esinexcusable que no se le haya dado prioridad a la contrataciónde una ginecóloga de planta. Por otra parte,el odontólogo sólo llega dos o tres veces por semana,y le resulta imposible atender la demanda.Estas debilidades en el sector salud, obligan a tenerque realizar más egresos de los necesarios a loscentros de salud externos, con las complicaciones decustodia, recursos vehiculares y de chofer que estorepresenta.Esta situación, sobre todo en el caso de la medicinageneral, ha generado una explosión inusual de quejas


186 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008de las mujeres privadas de libertad, razón por la quese ha solicitado al Vice-Ministro el apoyo de un médicomás para el Centro Buen Pastor y la resolución de losconflictos de clima organizacional que ha presentadoesta área y que inciden en la calidad del servicio.e.Máxima SeguridadOtro gran pendiente es el de Máxima Seguridad enEl Buen Pastor. Este es un lugar cuya existencia ymala utilización son cuestionados por la Defensoría,ya que las mujeres no sólo ingresan por un problemade disciplina, sino también para desintoxicarse y paraprotegerse. Este es un lugar con problemas gravescausados por falta de servicios sanitarios, malos olores,zonas oscuras, despintadas, problemas por faltade sol, pisos y paredes resquebrajadas, pintura enpésimo estado, sin teléfonos públicos, ni comedores,ni ningún tipo de espacios para el esparcimiento.La Defensoría ha manifestado la necesidad de queel área de máxima seguridad no se utilice para ladesintoxicación y más bien, se cree un lugar que suplaesta necesidad, con personal que pueda contribuir nosólo del proceso de desintoxicación sino además, dela prevención y del adecuado acompañamiento de lapoblación.Asimismo, se ha considerado necesario valorar si elespacio de máxima seguridad constituye una necesidaden una cárcel para mujeres.f.Visita íntima.La Defensoría de los Habitantes, recibió una queja decarácter confidencial donde una mujer solicitó la visitaíntima con una privada de libertad, la cual fue denegadapor parte del Instituto Nacional de Criminología confundamento en el decreto ejecutivo 32724-J, publicadoen el diario oficial la Gaceta de 7 de noviembre de2005, Reglamento de Visita Intima. Este decreto estableceen su artículo 1, lo siguiente: “La visita íntima esel ejercicio del derecho de la persona privada de libertad,al contacto íntimo con otra persona de su elección,que sea de distinto sexo al suyo…”.En vista de lo anterior, la Administración justifica deforma jurídica la negativa a la visita íntima entre personasdel mismo sexo. Sin embargo, esta Defensoríadesea llamar la atención sobre la realidad del Centro,en donde las personas privadas de libertad mantienenrelaciones afectivas entre ellas durante su convivenciaen el mismo, de tal forma que la regulación que hacela Administración se refiere exclusivamente a la entradade personas al Centro Penitenciario como una“visita regulada”, con lo que se da un doble parámetropor parte del sistema para las personas con opcionessexuales diferentes, lo que constituye una debilidadque debe solventarse en el marco de la doctrina de losderechos humanos.En este momento, tanto el Ministerio de Justicia,como la Defensoría están a la espera de que la SalaConstitucional se pronuncie en un Recurso de Amparo,tramitado bajo el expediente número 08-000032-0007-CO sobre este tema, siendo que la posición de estaDefensoría, en principio, que la convivencia íntimaentre personas del mismo sexo no puede ser limitadapor la institución penitenciaria.g.¿Y la política de género?La Defensoría, ha recomendado al Ministerio deJusticia y Gracia desde hace 15 años concebir y poneren práctica una política específica para la poblaciónfemenina privada de libertad.Lamentablemente, las cárceles de nuestro paíscontinúan reflejando el dominio de una sociedadmasculina, donde no se consideran, ni se toman encuenta las desigualdades entre hombres y mujeres. ElReglamento de Privados y Privadas de libertad, el Plande Desarrollo Institucional y las circulares, no contemplanlas diferencias de género, ni reconocen que hombresy mujeres viven la prisión de forma diferente.La actual Administración solicitó colaboración alInstituto Nacional de las Mujeres, para la elaboraciónde la política penitenciaria específica para las mujeresprivadas de libertad, pero el tiempo ha transcurrido sinque la misma sea presentada, lo que constituye uno delos mayores desafíos.“Ante el aumento de solicitudes de intervenciónrealizada por las mujeres privadas de libertad, laDefensoría planteó al Centro una estrategia deintervención que permita cumplir con las competenciasde fiscalización de la Defensoría, atendiendolas demandas de las mujeres, tomando en consideraciónlos escasos recursos existentes en el área desalud. Por ello, los casos se están tratando medianteuna “Boleta de Atención Inmediata” que contienela descripción del hecho y que permite respuestadirecta por parte de la médica, vía fax, sin ningúntipo de formalidad.”Defensoría de la Mujer, 2008


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes1874. El ámbito laboral de las mujeres: espacio dedesigualdad y discriminación.La construcción de la sociedad ha impuesto roles a loshombres y a las mujeres que influyen directamente enla división de funciones tanto dentro, como fuera delámbito familiar. Esto constituye una desigualdad deoportunidades para la incorporación de las mujeresen el trabajo remunerado, en virtud de que continúanasumiendo las responsabilidades del mundo privado alconsiderárseles únicas responsables del hogar, hijos ehijas y su cuido.La Defensoría de la Mujer ha recibido, durante cadauno de los quince años de vida institucional, denunciaspor violación a los derechos laborales de las mujeres,lo que pone de manifiesto la discriminación a través dela exclusión, restricción del acceso y disfrute de susderechos.Durante los años de 1993, 1994, 1995, 1996 y 1997la Defensoría de la Mujer, recibió diversas quejas quecolocan el tema del rol reproductivo, especialmentedurante el período de embarazo y post parto, como elde mayor tendencia de violación de los derechos delas mujeres.El mayor porcentaje de las quejas recibidas, aludierona la violación del Principio de Igualdad en relacióncon el hombre en el trabajo y sobre todo, al incumplimiento,en el caso de las trabajadoras interinasen estado de embarazo, del “régimen de protecciónespecial a la mujer en estado de embarazo”. Por elloen 1994, en defensa de los derechos laborales de lasmujeres, la Defensoría dio seguimiento a la acción deinconstitucionalidad interpuesta en contra del artículo94 del Código de Trabajo, referente al despido de lastrabajadoras embarazadas por causa justificada, quese declaró sin lugar.Posteriormente, en el año de 1996 desde las necesidadesevidenciadas por las mujeres, sobre todo por lainterrupción de derechos laborales en cada período delicencia por maternidad, se logra la reforma el Artículo95 del Código de Trabajo, para que se incorporase laregla de que la licencia por maternidad no suspendíael contrato laboral y por ende no se afectarían los derechosde vacaciones, aguinaldo y salario total.En esta misma línea, durante 1997 y 1998, laDefensoría realizó una investigación de oficio sobrela aplicación del “Régimen de Protección Especialde las Mujeres Embarazadas” en el Ministerio deTrabajo. Este régimen laboral esta caracterizado por laprohibición de despido de las mujeres embarazadas,fundamentado en la Convención para la Eliminaciónde todas las Formas de Discriminación contra la Mujer(art.11 inc.c), los Convenios y Declaraciones de laOrganización Internacional del Trabajo, y el artículo 51de la Constitución Política.La Investigación de Oficio de la Defensoría, dio cuentade la forma cómo el Ministerio de Trabajo ejerce suscompetencias de protección laboral y de prohibiciónde despido a las mujeres. En este proceso se encontróuna serie debilidades en las condiciones infraestructuralesy de procedimiento que se llevan a cabo, razónpor la que se emitieron varias recomendaciones, entreellas, las siguientes:• mejorar las condiciones infraestructurales delas oficinas• dotar de medios de transporte a las y los inspectores/as• modificar de la política y procedimiento para lainvestigación.Del año 1998 al 2000 se creó y se puso en vigenciauna comisión de trabajo constituida por la Defensoría,el Ministerio de Trabajo, el Instituto Nacional de lasMujeres, la Agenda Política de Mujeres y la Liga deMujeres pro Paz y Libertad, para la protección de losderechos de las mujeres y para dar apoyo a la oficinade género del Ministerio de Trabajo, que tenía comoobjetivo transversar el tema en este Ministerio.A pesar de los esfuerzos, las recomendaciones de laprimera investigación sobre el tema y la modificacióndel procedimiento que se realiza para la autorizaciónde un patrono de despido de una mujer embarazada;las denuncias continuaron llegando a la Defensoría,por incumplimientos en el sector privado, razón por laque cuatro años después surgió la necesidad de actualizarel diagnóstico sobre el Régimen de ProtecciónEspecial de las Mujeres Embarazadas.Del año 2001 al 2003, la investigación de oficio sobreel régimen de protección de las mujeres embarazadasse profundiza y se identifican varios problemas administrativosy de manejo técnico del tema y sobre todouna ausencia de sistematización de los casos. En esaocasión se señaló:• los derechos violentados que se consignan enlos documentos del Ministerio no siempre identificanel motivo principal de la renuncia;• incumplimiento de un procedimiento especialpara tramitar las denuncias de las trabajadoras embarazadaso en período de lactancia;• no existe un ordenamiento diferenciado de losregistros de las denuncias de las trabajadoras embarazadaso en lactancia.


188 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008• falta de claridad en las funciones que desempeñala Dirección de la Inspección de Trabajo enrelación con estos casos.•falta de personal en la oficina de género.La Defensoría, en seguimiento de la investigaciónconcluida en el año 2003, recomendó al Ministerio deTrabajo la elaboración de la política interna de género,la inclusión de la perspectiva de género en todos losprocesos institucionales, la ubicación de la Unidadde Equidad de Género en un lugar estratégico dondemantenga el vínculo y seguimiento con las mujeresembarazadas que no son atendidas en otros serviciosy anteriormente podían ser atendidas en esta Unidad.De igual forma, se asignó particular importancia a lalínea 800 y se recomendó que se dotara de una plataformaadecuada de servicios y la utilización de unaBoleta especial para la recolección de información enla línea.Durante los años 2004 a2006, se empieza a notarotra tendencia en el tipo dequejas que se reciben antela Defensoría. Las mujeresque mayormente se considerandiscriminadas ensu derechos laborales sonaquellas que, encontrándoseen ámbitos de trabajotradicionalmente masculinos, se sienten tratadas deforma diferente a los hombres. Este es el caso de lasmujeres policías, las agentas de seguridad, las mujeresbomberas, las mujeres árbitras, enfermeras, directorasde escuelas, abogadas, entre muchas otras.La Defensoría ha dado cuenta de las debilidades institucionalespara recibir y garantizar la permanenciade mujeres en ámbitos laborales asociados a trabajosde tradición masculina, por lo que el camino paraidentificar y respetar las específicas condiciones ysituaciones de las mujeres requiere de procesos decapacitación, de modificación de normas y de unapolítica pública, así como de mecanismos de sanciónante el incumplimiento.Más recientemente, durante los últimos años, el mayornúmero de denuncias presentadas eran por acoso laboral,tanto por parte de jefes, como de personas quese encontraban en el mismo nivel jerárquico.El acoso laboral ha sido definido como el ejercicioextralimitado de un poder (jurídico o de hecho) enel entorno laboral, mediante el uso sistemático, recurrente,progresivo, de la fuerza intimidatoria, queatenta contra la integridad moral (L. Guevara, El acoso“En un mundo laboral, donde el poder acentúa lasupremacía masculina sobre la femenina, a la mujertrabajadora se le cobra muchas veces, medianteel acoso laboral, haberse salido del control de losrequerimientos culturales de satisfacción femenina.”moral en el trabajo). El acoso laboral se presenta antela Defensoría de la Mujer como un tipo de violencia/agresión que es denunciada con mayor frecuencia pormujeres, que por hombres. Las denuncias presentadaspor las mujeres ante esta Defensoría, permitenconsiderar que el acoso laboral se da como consecuenciade las relaciones de poder, mal entendidas yextralimitadas; como una forma de violencia de géneroen contra de las mujeres.La Defensoría de la Mujer no sólo ha acompañado yasesorado a las mujeres trabajadoras del sector públicoen sus casos, sino que además, ha tratado deposicionar el tema en la agenda pública nacional, através de las investigaciones e informes en cada casoen particular En ese mismo sentido, se ha expuestoel tema en el informe estructural que se rinde anualmenteante la Asamblea Legislativa, profundizandoen los conceptos, requisitos, características doctrina yjurisprudencia que permitan tratar el tema en su justadimensión.Defensoría de la Mujer, 2008Las mujeres han acudidoa la Defensoría a solicitarla intervención para la búsquedade las medidas deprotección/cautelares, de laapertura del procedimientoadministrativo y para el seguimientoa éstos.Más allá de la doctrina que sobre la materia se ha idoprofundizando, esta Defensoría desea llamar la atenciónde las autoridades públicas sobre la dimensiónhumana del tema de hostigamiento laboral, sobre elcual dan cuenta las mujeres que se presentan a laDefensoría de la Mujer; quienes no sólo necesitan dela asesoría jurídica, sino de un espacio para ser escuchadas,para desahogar su ansiedad y su tristeza.La comprensión por parte de la víctima de la lógicadel hostigador y de la serie de mitos que se han construidoen torno al hecho, -tendientes a invisibilizarlo odisminuir su impacto tanto en las empresas como lasinstituciones públicas-, ayuda a las mujeres a entenderque el problema laboral no lo causaron ellas, que noson inútiles e incapaces de realizar un buen trabajo, taly como se les dijo y se les hizo creer; aspecto al quela Defensoría le da una gran importancia en el procesode atención del caso.Las mujeres que denuncian esta forma de violenciapresentan una lesión en su autoestima, dejan de creeren ellas mismas, poseen un daño psicológico, cuyodiagnóstico en la mayoría de los casos ha sido un importanteelemento probatorio que da cuenta de la existenciadel hecho. Incluso debe señalarse que el acoso


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes189laboral no sólo lesiona el ámbito laboral, sino que lasvíctimas trasladan los daños psicológicos propios derivadosdel hostigamiento laboral a los otros ámbitos desus relaciones sociales, principalmente con su pareja,esposo/a, hijos e hijas.Dado el impacto del hecho, esta Defensoría continúallamando la atención por el enorme vacío existente enel país, al no contar con una ley específica en contradel acoso laboral que permita atender la especialidaddel hecho. La Asamblea Legislativa ha conocido dosproyectos de ley en los que la Defensoría se ha pronunciado,los cuales ya no se encuentran en trámiteparlamentario, razón por la que subsiste la necesidaddenunciada por esta Defensoría.Ante la ausencia de norma legal contra el acoso laboral,la defensa se fundamenta en el artículo 56 dela Constitución Política, así como en la DeclaraciónUniversal de los Derechos Humanos, la DeclaraciónAmericana de los derechos y deberes del hombre,el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo yocupación) OIT, la Ley No. 2694, Código de TrabajoArtículos 19, 69, 81,83, el Reglamentos Internos deTrabajo, y la Jurisprudencia de la Sala Segunda.II. Protección de los Derechos de lasMujeres: 2007- 2008.1. Ámbito de la Salud: derecho de las mujeresa gozar de atención médica en condiciones deigualdad y sin discriminaciónLas acciones para promover el respeto de los derechoshumanos de las mujeres, tiene muchos años dehistoria, producto de lo cual se han venido sucediendocambios relevantes en la condición jurídica y socialde la mujer a nivel mundial. Los esfuerzos realizadospara lograr dicho cambio han dado su fruto productode la promulgación y puesta en ejecución de diversosinstrumentos internacionales que han reconocido laimportancia de proteger la dignidad de la mujer, suderecho a la igualdad y no discriminación y que seencuentran en diversas Declaraciones, Convenios,Pactos, Convenciones, así como en Reuniones yConferencias Internacionales.Entre los Instrumentos Internacionales más importantespara la protección de los derechos humanosde las mujeres, se encuentra la Convención para laEliminación de todas las formas de Discriminacióncontra la Mujer, aprobada por la Asamblea Generalde las Naciones Unidas en resolución 34/180 del 18de diciembre de 1979. Con la promulgación de estaConvención, se logra un gran paso hacia la meta dela igualdad de derechos para la mujer, al consagrarque la discriminación contra la mujer es una injusticiay constituye una ofensa a la dignidad humana. Segúnla CEDAW 2 se entiende por discriminación “toda distinción,exclusión o restricción basada en el sexo quetenga por objeto o por resultado menoscabar o anularel reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientementede su estado civil, sobre la base dela igualdad del hombre y de la mujer, de los derechoshumanos y las libertades fundamentales en las esferaspolítica, económica, social, cultural y civil o en cualquierotra esfera”.El derecho a gozar de atención médica en condicionesde igualdad y sin discriminación, es un derecho queha sido reconocido específicamente en el Art. 12 de la(CEDAW), a saber:“1. Los Estados Partes adoptarán todas lasmedidas apropiadas para eliminar la discriminacióncontra la mujer en la esfera de laatención médica a fin de asegurar, en condicionesde igualdad entre hombres y mujeres,el acceso a servicios de atención médica,inclusive los que se refieren a la planificaciónde la familia.2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo1 supra, los Estados Partes garantizarán a lamujer servicios apropiados en relación conel embarazo, el parto y el período posterioral parto, proporcionando servicios gratuitoscuando fuere necesario y le asegurarán unanutrición adecuada durante el embarazo y lalactancia”.Conforme con esta disposición, los Estados eliminarántoda forma de discriminación en contra de la mujer enlo que respecta al acceso a los servicios de atenciónmédica durante todo su ciclo vital, especialmente en loque respecta a la planificación de la familia, el embarazo,el parto y el período posterior al parto.Según lo estableció el Comité para la Eliminación de laDiscriminación Contra la Mujer, en su RecomendaciónGeneral Nº 24 3 “el cumplimiento por los Estados Partedel Artículo 12 de la Convención es de importanciacapital para la salud y el bienestar de la mujer”. Paraello, los Estados deben informar la manera en que laspolíticas y medidas sobre atención médica abordanlos derechos de la mujer en materia de salud, desdeel punto de vista de las necesidades y los interesespropios de la mujer. Además, la forma en que laatención médica tiene en cuenta las característicasy factores privativos de la mujer, en relación con elhombre.2 Convención para la Eliminación de Todas las Formas deDiscriminación contra la Mujer.3 La Mujer y la Salud. 02/02/99. CEDAW RECOMEN. GENERAL24


190 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008Entre esos factores se citan los biológicos (menstruación,función reproductiva, menopausia), socioeconómicos(desigual relación de poder entre hombres ymujeres en el hogar y en el lugar de trabajo que puedenrepercutir negativamente en la salud y de nutriciónde la mujer; así como las distintas formas de violenciaa la que están expuestas las mujeres como el abusosexual por ejemplo) y de carácter psicosociales, (depresiónen general y en el período posterior al partoen particular), etc.Los Estados deben tomar medidas, para garantizara las mujeres el acceso a servicios de atención médicade calidad en donde se respete su dignidad, suderecho a la intimidad así como tener en cuenta susnecesidades y perspectivas. Sin embargo; el derechoa recibir una atención médica de calidad en los centroshospitalarios de nuestro país se ha visto obstaculizado,entre otros, por las carencias de infraestructura yla falta de capacidad del servicio, lo que ha incidido enel acceso al disfrute de este derecho por parte de lasmujeres.Desde sus inicios, la Defensoría ha recibido diversasdenuncias relacionadas con la mala prestación enlos servicios de ginecología y obstetricia de los hospitales:atención de las mujeres en los pasillos de loshospitales por falta de espacio en los salones, violaciónal derecho a la privacidad, largas filas, esperasinterminables, falta de equipo para la realización deestudios ginecológicos, e incluso maltrato por parte delpersonal hacia las pacientes con regaños, ofensas yhasta culpabilización. A la fecha, no se han logrado resolvermuchas de las deficiencias encontradas en losServicios de Ginecología y Obstétrica de los Hospitalesde la Caja Costarricense de Seguro Social.La Defensoría ha insistido en la necesidad de que lasalud de las mujeres se aborde desde una políticaintegral que tenga en cuenta sus necesidades y especificidades,como está claramente establecido en lasrecomendaciones de la CEDAW y por ende, gocen deservicios de salud de calidad sin discriminación y encondiciones de igualdad.Con base en la frecuencia de las denuncias recibidas,los casos más ejemplarizantes sobre la situación desalud de las mujeres, tienen relación con la maternidad.Estos casos se exponen seguidamente.a. Deficiencias en el Servicio de Ginecología yObstetricia: Hospital William Allen de TurrialbaActualmente, la Defensoría de los Habitantes seencuentra realizando una investigación de oficio relacionadacon dos denuncias recibidas por el serviciode salud que se brinda a las mujeres en el Área deGinecología y Obstetricia del Hospital William Allen deTurrialba.Las denuncias recibidas se refieren a la falta de personalespecializado en radiología y equipo necesariopara la realización de mamografías, motivo por elcual las pacientes deben trasladarse al Hospital MaxPeralta de Cartago. También se denuncia el desabastecimientode medicamentos, el otorgamiento de citaspara estudios ecográficos, de histerosalpingografía ode laparoscopía diagnóstica que tardan varios mesesde espera, la realización de cesáreas a pacientes queno son de consulta ordinaria del Hospital, el cobro porparticipación en el curso de preparación para el parto(el cual es gratuito), la aplicación arbitraria de medicamentospara aceleración del parto (procedimientoprohibido por los reglamentos del hospital), e irregularidadesen la realización de exámenes de papanicolau,entre otras.En efecto, se comprobó que debido a la falta de equipoadecuado, muchas mujeres deben ser referidas a otrohospital ya que según informa la Dirección Generalde Gestión Regional y Red de Servicios de Saludde la Caja Costarricense de Seguro Social: “...En elHospital William Allen de Turrialba no hay médico radiólogodesde hace 8 años por lo cual en el Servicio deRadiología no se hacen ultrasonidos, mamografías ohisterosalpingografías. Estas pacientes son referidasal Hospital Max Peralta, el cual tiene una población ensu área de atracción de 500.000.00 habitantes...” 4Recientemente, en el seguimiento realizado a estadenuncia, la Defensoría ha podido comprobar que aúncuando ya se cuenta con los servicios de una médicaespecialista en Radiología, persiste la carencia delequipo médico necesario para la realización de mamografíasy otros exámenes, y no existen estudios quedeterminen con exactitud los plazos de espera para larealización de esos exámenes a las pacientes que sonreferidas al Hospital Max Peralta por parte del HospitalWilliam Allen, todo lo cual pone en riesgo la salud delas mujeres.La Defensoría continuará en el proceso de seguimientode las acciones realizadas por la Administración,en acatamiento a las recomendaciones giradas por laAuditoría Interna del Hospital.b. La Plétora en los Servicios de Maternidad:inexistencia de Protocolos.En el mes de agosto del año 2007, la Defensoría recibióuna denuncia 5 en la que se expuso el calvario que4 Oficio Nº 1841-06 de la Dirección General: Gestión Regional yRed de Servicios de Salud.5 Expediente Nº 11055-2007-SI


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes191sufrió una mujer con dolores de parto que acudió concarácter de urgencia al Hospital Rafael Ángel CalderónGuardia.Luego de ser valorada en ese Hospital, se le indicóque se le iba a referir al Hospital San Juan de Dios oal Hospital de las Mujeres (conocido como MaternidadCarit), en virtud de que no se le podía dejar internadaya que solo tenía un centímetro de dilatación y habíaplétora en los servicios por lo que no disponían decamas, ni ambulancias para realizar el traslado. Unavez que, por sus propios medios, llegó a la MaternidadCarit, fue atendida en el servicio de emergencia y nuevamente,se le refirió al Hospital Calderón Guardia, debidoa que el neonato era muy grande y no se disponíade los mecanismos adecuados para atender el parto yque en consecuencia, tanto su vida como la del niñopodían correr peligro. En ese momento, se le explicóal médico que ya había acudido a ese Hospital y queya no había tiempo porque ella sentía que iba a dar aluz en cualquier momento.No obstante, se le trasladó en una ambulancia enla que no se permitió a su esposo acompañarla y laenfermera que le acompañó, se sentó adelante juntoal chofer. Durante el traslado en la ambulancia, dio aluz a su bebe sin ningún tipo de asistencia profesional,violentándosele su derecho a la salud, a obtener losservicios de salud y en suma, a su dignidad como paciente;amén de que con las omisiones de atención sepuso en peligro su vida y la del recién nacido. Por estavicisitud fue trasladada al Hospital San Juan de Diospara su atención.Todas las explicaciones brindadas a la Defensoría enlos informes presentados por las autoridades de losHospitales involucrados en este caso, señalaron la“Plétora en el Servicio de Maternidad” como la causaprincipal para no internar a la paciente y atender elparto. Por estos motivos, la Defensoría realiza lassiguientes consideraciones sobre el tema. El conceptode “Plétora de Servicio”, tiene un alto contenido discrecionaly diferenciado en cada uno de los dos hospitalesque fue atendida y trasladada la paciente, lo que pudoconstituir un factor de riesgo para su vida y la del reciénnacido.Es claro que existe una falta de homogenización delconcepto “plétora” para todos los hospitales, lo queposibilita un negativo margen de discrecionalidad,que impide la garantía de la seguridad jurídica delas pacientes, razón por la que debe procederse a ladefinición jurídica del concepto. En ese sentido, debevalorarse si el concepto debe estar integrado por la nodisponibilidad de camas, de infraestructura, de médicos,de equipo adecuado, de especialistas, personalde enfermería, etc. De la misma forma, deben definirselos mecanismos de coordinación interinstitucional,como prerrequisitos de un traslado de paciente a otrohospital en casos de “plétora de servicios”.Resulta importante destacar que las emergenciasmédicas no pueden obviarse en caso de plétora en elservicio, de tal forma que ante una emergencia de estetipo, debe prevalecer el derecho a la salud y no poneren riesgo a la persona.Llama la atención a la Defensoría que la Plétora en elServicio de Hospitalización se use con un carácter permanenteen el tiempo, cuando su uso debe tener uncarácter extraordinario; de tal forma que, si se repiteuna y otra vez, se convierte en una situación que debeser prevista y atendida en la cotidianeidad.c. Omisión del pago obligatorio y oportuno de lalicencia por maternidadUna denuncia que causó gran preocupación en laDefensoría de los Habitantes, fue la queja reiterada devarias mujeres a quienes al acudir a diferentes unidadesde la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)a retirar el importe correspondiente a la licencia pormaternidad, se les informó que no se les podía realizarel pago respectivo en virtud de que no había contenidopresupuestario en la partida referida a los subsidios ytampoco había certeza de cuándo se iba a realizar elpago.Cabe resaltar que la licencia por maternidad, es unbeneficio económico que se otorga a la trabajadoraembarazada con la finalidad de que pueda contar coningresos que le permitan sufragar las necesidades básicasdurante el período de licencia por maternidad yconstituye un pago obligatorio que debe realizar la entidadaseguradora, en este caso la Caja Costarricensedel Seguro Social y el patrono. Dicho pago obligatorio,se encuentra establecido en el Art. 95 del Código deTrabajo, el cual contempla la obligación de cancelar elequivalente al cien por ciento del salario percibido porla trabajadora embarazada, distribuyendo tal obligaciónen partes iguales entre la Caja Costarricense deSeguro Social y el patrono.Asimismo, el Reglamento del Seguro de Salud de laCCSS es el instrumento con el que la institución hadesarrollado este mandato y en el cual ha definidolo relacionado con las licencias de maternidad, de lasiguiente manera: “Período obligatorio de reposo establecidopor ley, para las trabajadoras embarazadas,con motivo del parto. Se divide en licencia pre-partoy licencia post-parto, dependiendo a si se refiere alperíodo anterior o posterior al alumbramiento”. (artículo10del Reglamento)


192 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008Adicionalmente, el artículo 73 de la ConstituciónPolítica consagra el Derecho a la Seguridad Socialcomo un derecho de las y los trabajadores.Sobre la base de la normativa expuesta, es claro quela Caja Costarricense de Seguro Social está obligada,por mandato constitucional y legal a administrar losseguros sociales y por consiguiente, otorgar los beneficiosderivados de la seguridad social a las trabajadorasy trabajadores del país.Considera la Defensoría, que la Caja incumplió esasobligaciones al no cancelar de manera inmediata a lastrabajadoras que se presentaron en diversas sucursales;entre éstas, Alajuela, Golfito, Puerto Jiménez,San José, Heredia, así como en el Hospital San Juande Dios y la Clínica Marcial Rodríguez de Alajuela, larespectiva licencia por maternidad.En la investigación de la Defensoría, 6 se concluyeque efectivamente se presentaron problemas de faltade contenido presupuestario en las partidas de subsidiosen varias sucursales de la Caja Costarricensede Seguro Social violentándose de esta manera elDerecho a la Seguridad Social, en tanto DerechoHumano reconocido tanto en el Sistema Universal deDerechos Humanos, como en el Sistema Americanode Derechos Humanos. En este Sistema se englobantemas de la salud pública, tales como el subsidio aldesempleo, o los planes de pensiones y jubilaciones yotras medidas que han ido surgiendo en muchos paísesdesde finales del siglo XIX para asegurar nivelesmínimos de dignidad de vida a las personas.De la misma forma en que las denunciantes han venidocontribuyendo al sistema de seguridad social denuestro país por medio del pago del seguro de maternidad;a la CCSS le corresponde el pago del subsidioen tiempo y forma por lo que, al no hacerlo, violentaronlos derechos de las interesadas.Esta Defensoría ha sido enfática al recomendarle a laCaja Costarricense de Seguro Social velar: “…paraque las Unidades Médicas de las Sucursales de laCaja Costarricense de Seguro Social planifiquen adecuadamentelos recursos financieros, de manera quelas partidas por concepto de licencias por maternidadcuenten con contenido presupuestario durante todo elaño, con el propósito de realizar los pagos correspondientesen el momento que lo solicitan las beneficiariasy así eliminar cualquier forma de violación de un derechofundamental.Para tal efecto debe emitirse una circular a todas lasinstancias responsables de esta materia en la Cajaacerca de la obligación de cumplir con el pago de la6 Expediente Nº 22078-21-2006licencia por maternidad en el momento en que es solicitado”..72.a.Poblaciones específicas.Mujeres IndígenasBajo el marco general de los derechos consagradosen el artículo 33 de la Constitución Política, ConveniosInternacionales específicos o generales como laDeclaración Universal de los Derechos Humanosdesde 1948, la Convención Americana de DerechosHumanos, la Convención CEDAW y el Convenio 169de la OIT, la Defensoría de la Mujer ha realizado trabajosconjuntos con las mujeres indígenas organizadas,principalmente en el ámbito de la divulgación y promociónde los derechos partiendo de la especificidad deéstas y de la heterogeneidad de las culturas y realidadesde los diferentes pueblos indígenas.Desde el año de 1999, se iniciaron procesos de capacitacióna las mujeres indígenas de Ditsöpa enmateria de derechos humanos, con representantes deTérraba, Boruca, Cabagra, Salitre, Ujarrás y Curré, endonde se abordaron los temas del derecho a la pensiónalimentaria, participación política, al trabajo y lasalud de manera prioritaria.Entre los años 2001 y 2002 se realizaron diferentesreuniones con representantes de varias institucionesgubernamentales donde la Defensoría asesoró, apoyóy facilitó la conformación de la Comisión de MujeresIndígenas de Talamanca y la Asociación de MujeresDörcas de la Zona Atlántica con el fin de mejorarlas condiciones de vida de las mujeres indígenas.Este proceso continuó en los años sucesivos con laComisión de Mujeres Talamanqueñas y más recientemente,con las mujeres indígenas representantes dela Mesa Nacional Indígena para el fortalecimiento dela organización nacional de mujeres indígenas WallëKané, cuyo significado es “mujeres trabajando”.En el ámbito de la defensa, durante el año 2007-2008la Defensoría de los Habitantes ha dado seguimientoa las acciones interinstitucionales orientadas agarantizar los derechos de las familias migrantestrabajadoras indígenas Ngöbes por parte de las institucionesque tienen competencias en los derechosderivados de su situación de migrante, de trabajo y desalud de estas poblaciones. Estas son institucionestales como: la Caja Costarricense de Seguro Social,CONASPI, PANI, la Dirección Nacional de Migracióny Extranjería, ICAFE, INAMU, CANAI, Ministerio deTrabajo, INS, Ministerio de Relaciones Exteriores,Proyecto Saltra-UNA y Organización Internacionalpara las Migraciones.7 Informe Final con Recomendaciones, Oficio Nº 06935-2007 del06 de setiembre de 2007.


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes193Actualmente, la Defensoría da seguimiento a los trescompromisos que asumió el Instituto Nacional de laMujeres para la protección de los derechos de lasmujeres:• promoción de derechos de las mujeres en lazona de los Santos con énfasis en derechos a lasalud, mediante dos jornadas de información,• capacitación de 30 mujeres migrantes sobre elderecho a una vida sin violencia y• preparación de una mesa redonda sobre la situaciónde las mujeres migrantes: motivaciones paramigrar, rutas y consecuencias de la migración paralas mujeres y sus familiaspara sensibilizar a lapoblación nacional.La intervención de laDefensoría, ha estadomotivada en las necesidadesde las diversas organizacionesde mujeresindígenas que así lo hanrequerido y continuará conel apoyo que ellas solicitenen la defensa y promociónde sus derechos.Actualmente, se planificanvisitas a las distintas poblacionesindígenas delpaís a lo largo del año de2008.b.Mujeres Policías: las Mujeres de UniformeLas mujeres, precisamente por tal condición, son víctimasde diversos tipos de discriminaciones en el ámbitolaboral que se exacerban cuando realizan trabajos enespacios que tradicional y estructuralmente, han sidopensados y ocupados por hombres.Las discriminaciones laborales se presentan históricamentea través de la división laboral del trabajo, queasigna labores específicas por el sexo de la persona.Uno de estos espacios, que de forma clara estabaestructurado para el hombre es el de la seguridad,vigilancia y custodia. No obstante, las mujeres hanido abriendo los espacios y logrando acceder a lospuestos de policías en el Ministerio de Seguridad y alde agentas de seguridad en el Ministerio de Justicia.En ambos tipos de puesto, y aunque pertenecen ainstituciones diversas, las mujeres policías y agentasde seguridad comparten el uniforme, las relacionesde subalternidad hacia los hombres compañeros detrabajo, y la discriminación.“La Defensoría, desde los años 1998-1999, ha venidorecibiendo denuncias por el tipo de funciones queson asignadas, las cuales se han asociado a los rolesque tradicionalmente han sido asumidos por ellas enel ámbito doméstico, tales como la cocina y limpiezade los lugares de trabajo, en detrimento de la funciónpolicial. De igual forma, se han recibido denunciaspor las condiciones de la infraestructura de los lugaresde trabajo, los que se caracterizan por la ausencia deprivacidad y porque no responden a sus necesidadesespecíficas. Otras se refieren a la asignación de ununiforme que no les queda a su medida y por la imposibilidadde ascender dentro de la estructura.”Para la defensa de estos derechos la Defensoría harealizado múltiples tipos de intervención. Tal es elcaso de las reuniones de trabajo para lograr acuerdossobre roles de trabajo, la mejora en las condiciones detrabajo y de la estructura donde duermen y el diseñode una estrategia de comunicación, divulgación ycapacitación interna sobre los deberes y responsabilidadespropias del cargo. Se han realizado recomendacionespuntuales para los casos individuales y unarecomendación de carácter estructural tendiente a laelaboración de una Política de Igualdad de Género.Este tipo de intervención se ha ampliado a unainvestigación más integral 8 , solicitada por la organizaciónde la sociedadcivil “CEFEMINA”, en unadenuncia por la discriminacióncontra las mujerespolicías y el debilitamientodel sistema de atención delMinisterio de SeguridadPública a las víctimas deviolencia, que se encuentradentro del programade política de igualdad yequidad de género.Dentro del marco de laDefensoría de la Mujer, 2008 investigación se le envióal entonces Ministro deSeguridad Pública, Lic.Fernando Berrocal Soto, el traslado de los hechosinvestigados que cubre lo relativo a:• la política de contratación de personal policialen esta administración;• la capacitación a mujeres y hombres agentesde seguridad sobre el tema de desigualdad de género,particularmente la violencia intrafamiliar, elhostigamiento sexual, el acoso laboral;• las acciones para posibilitar condiciones deigualdad a las mujeres policías, tales como derechoal trabajo en la institución, acceso a la capacitación,avituallamiento apropiado, estabilidad laboral y ascensoa posiciones de toma de decisiones;• la coordinación y articulación interinstitucionalcon instancias que trabajan la violencia doméstica ylas pensiones alimentarias;• la designación de recursos policiales para atenderla violencia doméstica y las pensiones alimentarias.8 Expediente número 21-2006-IO.


194 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008Esta investigación se encuentra en proceso y se tienela programación de entrevistas para recabar la informacióncorrespondiente.Respecto de las mujeres uniformadas, agentas deseguridad del Ministerio de Justicia y Gracia ubicadasen los Centros Penitenciarios, la Defensoría ha recomendadoal Ministerio de Justicia:• Asumir el compromiso de ubicar mujeres policíasen los puestos de decisión y máxima jerarquía,particularmente en el Centro de Atención InstitucionalEl Buen Pastor.• Propiciar procesos de capacitación a las policías,con el fin de fortalecer y elevar sus herramientasy conocimientos para incrementar los retos delos puestos de decisión.• Mejorar el estado físico estructural de los cuartosde las agentas de seguridad.• Realizar una capacitación sistemática a todos/as las funcionarias/os para que apliquen medidasacordes con la normativa vigente y la realidad delCAI El Buen Pastor.• Que se orienten y capaciten a las agentas deseguridad en el unos de las esposas, medidas disciplinarias,casos en que se debieran usar, resoluciónde conflictos y defensa personal entre otros.• Establecer los roles de las agentas de seguridadde tal modo de que exista personal para quecubra a las agentas, cuando tengan que hacer susnecesidades fisiológicas.• Realizar las obras de infraestructura para queel mal olor de las aguas residuales que llega al dormitoriode las agentas de seguridad sea eliminado.• Proveer de servicio sanitario a todos los cuartosde las agentas sea el de las que están de guardacomo las que duermen.La Defensoría considera que son claras las relacionesentre estos dos grupos y que es un tema recurrenteque requiere de la constante intervención y seguimiento.Asimismo, se considera que ninguna acciónes sostenible mientras los patrones socioculturalesinstitucionales sean diferenciados y excluyentes paralas mujeres.c.Mujeres migrantes: ¿Y sus derechos?Históricamente, nuestro país se ha caracterizado porser uno de los principales países receptores de poblaciónmigrante en la región centroamericana. Nuestrasáreas fronterizas han experimentado grandes movimientosde migraciones temporales asociadas aactividades agrícolas, siendo los principales migrantesla población de los países vecinos, esencialmente lanicaragüense.Esta conformación de personas migrantes trabajadoras,ha cambiado en las últimas décadas y actualmente,aunque las personas nicaragüenses se mantienencomo la mayoría, también existe un gran número depersonas trabajadoras procedentes de otros países,quienes, mayoritariamente, se trasladan a nuestropaís huyendo de presiones políticas, sociales y culturalespara insertarse en diversos sectores del mercadolaboral costarricense.Según el Censo Nacional de Población realizado porel Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC),en el año 2000 habían 296.451 personas nacidas enel exterior, representando el 7.8% de la población total.Entre estos, el grupo más numeroso es el de laspersonas migrantes nicaragüenses, quienes en 1984alcanzaban un porcentaje del 2% del total de la población,pasando a un 6% en el año 2000.Las cifras internacionales dan cuenta de la modificaciónde la migración en las mujeres, otrora acompañantes,ahora vienen por su propia cuenta. CEPAL da cuentadel fenómeno al señalar que “de los casi 180 millonesde migrantes internacionales, cerca de la mitad sonmujeres que ya no viajan exclusivamente como acompañantes,como solía suceder otrora, sino que cadavez más lo hacen por su propia cuenta en general, enbúsqueda de mejores mercados laborales” 9 .Según lo expuso la Relatora Especial para losDerechos Humanos de los Migrantes, GabrielaRodríguez Pizarro, en su Primer Informe de Gestión:“la vulnerabilidad rodea la migración, especialmente lairregular” 10 .Esta situación ha causado gran preocupación en lacomunidad internacional por los derechos humanos delas personas migrantes y ha llevado a la promulgaciónde algunos instrumentos internacionales sobre derechoshumanos, que reconocen la condición particularde las personas migrantes en su calidad de personassujetas de derechos. Entre estos, puede citarse laConvención Internacional sobre Protección de todoslos Trabajadores Migratorios y sus Familiares (MWC),adoptada por la Asamblea General de las NacionesUnidas en su resolución 45/1º58 del 18 de diciembrede 1990 y que entró en vigor en el año 2003. Esteinstrumento establece derechos relacionados con un9 Cortés Castellanos, Patricia. “Mujeres Migrantes deAmérica Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y durasrealidades”. Programa Regional de Población y Desarrollo. CentroLatinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE): División dePoblación/Fondo de Población de las Naciones Unidas. CEPAL.Noviembre, 2005. Pág. 9.10 Ibidem. Pág. 13.


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes195fenómeno poblacional específico como es la migracióny toma en cuenta tanto a las personas trabajadorasmigrantes, como a sus familias, independientementede su condición migratoria o jurídica. A la fecha, CostaRica no ha ratificado esta Convención, a pesar de seruno de los países receptores de personas migrantesmás importantes de la Región.Otro de los instrumentos más recientes y relevantespara la protección de los derechos de las mujeresmigrantes, es la Convención de Naciones Unidascontra la Delincuencia Organizada Transnacional, queentró en vigencia el 29 de setiembre de 2003. Esteinstrumento tiene la particularidad de ser la primeraConvención Internacional sobre el Crimen Organizadoen su carácter transnacional, además de que prestaespecial atención al problema de la trata de personas,especialmente mujeres, niños y niñas lo que se recogeen el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar laTrata de Personas y en el Protocolo Contra el TráficoIlícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire.Adicionalmente, en el marco internacional se realizarondiversas Conferencias Mundiales Internacionalesen las que se consideró la necesidad de otorgar untratamiento igualitario y con equidad para hombres ymujeres, así como la urgencia de luchar contra todaslas formas de explotación, abuso, acoso y violenciacontra las mujeres. En la Conferencia Mundial representativaque se efectuó contra el Racismo, laDiscriminación Racial, la Xenofobia y Formas Conexasde Intolerancia, realizada en Durban, Sudáfrica entreel 31 de agosto y el 08 de setiembre de 2001 serecomendó que: “Los Estados implementen medidasenfocadas en promover el acceso, en igualdad delos migrantes, a la salud, la educación y los serviciosbásicos” 11 .Sin embargo y a pesar de la preocupación internacional,los derechos humanos de las mujeres migrantescontinúan siendo violentados en diversos países delmundo. En Costa Rica, todavía no se ha logrado queel principio de igualdad y no discriminación sea el ejeprincipal que transverse las leyes y políticas públicasque se implementan en el país y que la no discriminaciónsea un principio en la vida de las mujeres migrantesque se exponen a situaciones que afectan susderechos humanos.• El derecho a la salud de las mujeres ensituación migratoria irregularLa realidad social de nuestro país, da cuenta de unagran cantidad de mujeres migrantes indocumentadas11 Oficina de Alto Comisionado Para los Derechos Humanos.Instituciones Nacionales de Derechos Humanos. Mesa Redondasobre Migración. Pág. 2. http://www.nhri.net/pdf/backround_Migration_Sp.pdf. Página consultada el día 22/04/2008.o en condición migratoria irregular, que se encuentranen el mercado laboral. Justamente por esa situaciónirregular, lo hacen en condiciones desiguales al restode la población, con salarios por debajo de los mínimosestablecidos por ley, a veces en condiciones deexplotación que provocan la pérdida de su salud, sinpoder acceder a ningún tipo de asistencia social yaque requieren de cédula o permiso de residencia paraello.Preocupa sobre manera a la Defensoría esta situaciónya que tal y como se indicó en el Oficio Nº 05147-2004-DHR 12 , la salud es un derecho humano de todas laspersonas y un deber del Estado garantizarlo mediantepolíticas sociales y económicas que persigan la reduccióndel riesgo de enfermedades y de otros males, esun derecho humano fundamental protegido tanto en lanormativa internacional como en la nacional.Nuestra Sala Constitucional a señalado que “… lasalud es, innegablemente importante, ya que es labase para establecer una sociedad justa y productiva,y es la piedra angular para que puedan desarrollar laspotencialidades que tienen las personas de realizarsea plenitud, individual y socialmente. Una poblaciónenferma no puede aprender, trabajar ni desarrollarse;salud es, pues un estado completo de bienestar físico,mental y social y no solamente la ausencia de afeccioneso enfermedades”. (Voto Nº 4423-93).La Defensoría resalta que el sistema debe extender laactual cobertura, incorporando mecanismos que permitangarantizar la universalidad de las prestacionesbásicas esenciales para el conjunto de la población.Debe entonces cubrir a aquellas personas que perdieroncapacidad contributiva o carecen de ella. Paratal efecto, debe garantizar la “salud” financiera de laCCSS a través del combate al trabajo no registrado, laobligatoriedad de contribución del sector empresarialy la incorporación de fuentes de carácter fiscal comoparte de las políticas del Estado. Asimismo, el Estadoestá en la obligación de elaborar políticas públicasen el tema de salud que aborden de manera integralla salud de las mujeres, sin que se excluya de formaalguna a las mujeres migrantes, con el fin de lograr lainserción de este grupo en igualdad de condiciones ysin ningún tipo de discriminación.• Situación laboral de las mujeres trabajadorasdomésticasSegún los datos del Censo del año 2000, el 60% de lafuerza laboral migrante femenina se concentra en elsector de servicios (trabajadoras domésticas, cocine-12 Oficio de fecha 3 de junio de 2004: Informe Final conRecomendaciones dirigido a la Presidencia Ejecutiva de la CajaCostarricense de Seguro Social y al Departamento de Validación deDerechos de esa Institución. Expediente Nº 15924-21-2004-QJ.


196 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008ras, meseras, entre otros). La Defensoría ha recibidoquejas de la discriminación que sufren las mujeres eneste sector, por xenofobia, explotación, discriminación,no pago de salarios mínimos, ni acceso al segurosocial.Resulta claro que las trabajadoras domésticas, tieneun régimen de excepción legal previsto en el CapítuloVIII del Código de Trabajo que contempla jornadaslaborales de doce horas y tiempos de descanso y feriadosdiferentes al resto de la mayoría de las personastrabajadoras.En razón de ello, desde el 19 de enero de 2006 laDefensoría coadyuvó en la acción de inconstitucionalidadcontra los incisos c), d) y e) del Artículo104 del Código de Trabajo y en el mes marzo de2007, mediante la Resolución Nº 3043-2007, la SalaConstitucional resolvió la equiparación del derecho aldisfrute completo de los días feriados por ley y la adecuaciónde la jornada extraordinaria. Sin embargo, lajornada laboral para esta población se mantuvo en 12horas, cuatro horas más que la del resto de las personasasalariadas del país.Por ello la Defensoría de los Habitantes, en conjunto conorganizaciones de la sociedad Civil como la Asociaciónde Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), laAlianza para las Mujeres y el INAMU han venido denunciandola situación discriminatoria en que se encuentranlas trabajadoras domésticas remuneradas ennuestro país y solicitando la aprobación a la AsambleaLegislativa del proyecto de reforma a los incisos a), c)y d) del Artículo 104 del Código de Trabajo, expedienteNº. 12.378, posteriormente se presentó el proyecto deley, Exp. 13.413 y por último el expediente 15.417.La Defensoría continuará la defensa de los derechosde estas trabajadoras, mediante la iniciativa legislativay otros mecanismos para alcanzar el respeto a la igualdady no discriminación.• La trata de mujeres: grave vulneración a losderechos humanos de las personas migrantesLa trata de personas es una de las mayores violacionesa los derechos humanos y la dignidad de laspersonas, que afecta especialmente a mujeres, niños,niñas y adolescentes. Tiene diferentes fines, como laexplotación sexual, el trabajo servil en condicionesmuy parecidas a la esclavitud, el tráfico o venta dedrogas en la calle, tráfico de órganos y la adopción deilegal de niños y niñas, entre otras.Como causas de este flagelo se han citado: “…factoresestructurales que hacen vulnerables a las personasfrente a este delito, en particular las mujeres y losniños tales como la pobreza, los desastres naturales,los conflictos armados, además de las razones declase, género y culturales que marginan a la mujer,especialmente en el empleo y la educación, y que explicanla violencia intrafamiliar, el abandono, los usosy costumbres sexistas, la discriminación de género,entre otras” 13 .Este no es un fenómeno propio de la modernidad, hasido un problema tratado desde épocas muy antiguase incluso se conocen diversos instrumentos internacionalesdesde el siglo XIX 14 para tratar de combatirlo.Estos instrumentos se encuentran vigentes y en conjuntocon otros más recientes, constituyen el marco jurídicointernacional para combatir la trata de personas: LaConvención de las Naciones Unidas contra el CrimenOrganizado Transnacional, vigente desde el 29 de setiembrede 2003, y sus Protocolos Complementarios:El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar laTrata de Personas, especialmente Mujeres y Niños;el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes porTierra, Mar y Aire y el Protocolo contra la Fabricacióny Tráfico Ilícito de Armas de Fuego, sus Piezas yComponentes y Municiones. Estos protocolos definenmedidas específicas para que los Estados puedancombatir aspectos particulares del crimen organizadosy deben ser aplicados junto con la Convención.La Convención tiene dos funciones principales 15 :1. Fortalecer una respuesta internacional coordinadaeliminando las diferencias entre los sistemasde legislación nacional y,2. Desarrollar y acordar un grupo de estándarespara la legislación doméstica que pueda combatir13 Cortés Castellanos, Patricia. “Mujeres Migrantes deAmérica Latina y el Caribe: derechos humanos, mitos y durasrealidades”. Programa Regional de Población y Desarrollo. CentroLatinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE): División dePoblación/Fondo de Población de las Naciones Unidas. CEPAL.Noviembre, 2005. Pág. 61.14 “Se estima que entre 1815 y 1957 se aprobaron cerca de 300acuerdos internacionales con el fin de suprimir la esclavitud en todassus formas, entre los cuales se incluye la Convención Internacionalpara la Supresión de la Trata de Blancas de 1910, la Declaraciónrelativa a la abolición Universal del Comercio de Esclavos de1915, la Convención sobre la Esclavitud de 1926, la Convenciónpara la Supresión de la Trata de Personas y de la Explotación dela Prostitución Ajena de 1949, y la Convención Adicional sobre laAbolición de la Esclavitud, el Comercio de Esclavos y de Institucionesy Prácticas Análogas a la Esclavitud de 1956”. UNHCR. Directricessobre Protección Internacional, 7 de abril de 2006.15 Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen OrganizadoTransnacional y sus Protocolos Complementarios. Materialelaborado por Oficina Regional para Norte América y El Caribe.Traducción elaborada por Oficina Regional para Centroamérica yMéxico. OIM. Ofiplaza del Este, Edificio B. San José, Costa Rica.


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes197efectivamente el crimen organizado.Al firmar la Convención, los Estados se han comprometidoespecíficamente a realizar las siguientes seisacciones:1. Penalizar la participación en grupos de crimenorganizado, incluyendo corrupción, lavado de dineroy obstrucción de la justicia;2. Realizar campañas contra el lavado de dineroy ganancias de este delito;3.Agilizar y ampliar el alcance de la extradición;4. Proteger a los testigos que declaren contragrupos de crimen organizado;5. Estrechar la cooperación para buscar y procesara sospechosos(as);6. Fomentar la prevención del crimen organizadoen el campo nacional e internacional.El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar laTrata de Personas, especialmente mujeres, niñas yniños, define la trata de personas como:“La captación, el transporte, el traslado, laacogida o la recepción de personas, recurriendoa la amenaza o al uso de la fuerza uotras formas de coacción, al rapto, al fraude,al engaño, al abuso de poder o de una situaciónde vulnerabilidad o a la concesión orecepción de pagos o beneficios para obtenerel consentimiento de una persona que tengaautoridad sobre otra, con fines de explotación.Esa explotación incluirá, como mínimo,la explotación de la prostitución ajena u otrasformas de explotación sexual, los trabajos oservicios forzados, la esclavitud o las prácticasanálogas a la esclavitud, la servidumbreo la extracción de órganos”. 16Según esta definición, la trata de personas es un procesoque involucra una serie de acciones relacionadasentre sí y no un solo acto que se da en un momentodeterminado. Una vez logrado el control inicial, porlo general, las víctimas son trasladadas a un lugaren el cual existe un mercado para sus servicios, confrecuencia, en lugares donde las víctimas no conocenel idioma ni tienen otros conocimientos básicosque les permita buscar ayuda, lo que las hace másvulnerables.La Defensoría ha venido dando seguimiento a las accionesque realiza el Estado costarricense, para darcumplimiento a los compromisos asumidos al ratificarla Convención y sus respectivos protocolos. Una delas acciones más relevantes del actual gobierno paracumplir con el mandato de prevenir, combatir, sancionary erradicar el tráfico ilícito de migrantes y la trata depersonas, fue la creación de la Coalición Nacional contrael Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de Personas,mediante Decreto Ejecutivo Nº 33.824 de fecha 8 denoviembre de 2005. Este mecanismo está conformadopor representantes del Ministerio de Seguridad,Gobernación y Policía, institución que la coordina,el Instituto Nacional de las Mujeres, el Ministerio deJusticia, el Ministerio de Salud, la Caja Costarricensede Seguro Social, el Ministerio de Educación Pública, elMinisterio de Trabajo y Seguridad Social, el PatronatoNacional de la Infancia y el Ministerio de RelacionesExteriores. La Defensoría de la Mujer y el Área de laNiñez y Adolescencia asisten como observadoras ycoadyuvan en el tema desde su competencia.La Coalición ha venido trabajando en el cumplimientode las acciones establecidas en la Convención y susProtocolos. Actualmente, trabaja el Plan de Abordajea las Víctimas; la reforma legislativa a la legislaciónactual que la regula en el artículo 172 del Código Penaly que no contempla en su totalidad los diversos finesde la trata de personas, solamente la servidumbresexual o laboral y la prostitución, dejando por fueradelitos como las adopciones ilegales, la mendicidadpara fines de explotación o el tráfico de órganos, entreotros.Asimismo, la legislación actual no incluye la trata internade personas, delito que consiste en sacar de suscomunidades a mujeres, niños y niñas para ser explotadasen labores agrícolas, sexuales y domésticas enotras zonas del país.Resulta claro que la trata de mujeres constituye unnuevo ámbito de acción para las autoridades del paísy para esta Defensoría, como ente de control de lainstitucionalidad. Se imponen diversos desafíos, talescomo la reforma de la ley, en la que el parámetro delos instrumentos internacionales constituya un mínimo;que el Poder Judicial y el Ministerio de SeguridadPública capaciten y adecuen su capacidad instaladapara esta nueva forma de delinquir, máxime que lamayoría de las veces se da en el marco de bandasorganizadas. De igual forma, deben elaborarse planesde sensibilización e información a las personas operadorasdel derecho, pero también a las y los habitantesen general. Esta Defensoría vigilará, particularmente,que las mujeres que se encuentran detenidas en elCentro de Extranjeros en Tránsito de la DirecciónGeneral de Migración y Extranjería, no estén sometidasa trata y que se creen servicios especializadosque les permitan a las víctimas, denunciar y contar conprotección.16 Artículo 3.


198 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-20083. Femicidio: un tema de seguridad ciudadana yde seguimiento a la ley de penalización.a.Femicidio. Un tema de seguridad ciudadana.Impactante, así es el femicidio, en el que 8 mujeresen Costa Rica –durante los primeros cuatro meses delaño 2008- han perdido la vida en manos de sus cónyugeso compañeros.Desde la perspectiva de la Defensoría este tipo deviolencia debe ser considerado como un asunto de seguridadciudadana en tanto también se caracteriza porla ingobernabilidad y la incapacidad de dar respuestaa las necesidades de las mujeres 17 . Es claro que paralos Estados, la gobernabilidad pertenece al mundo delo público, y se excluyen situaciones dentro lo “privado”,como la violencia doméstica y el femicidio.Sobre el tema, la Comisión Interamericana deDerechos Humanos, señaló: “Las políticas públicas enmateria de seguridad ciudadana no toman en cuentalas necesidades específicas de la mujer. La violenciaintrafamiliar y doméstica afecta particularmente a lamujer pero no están tomando en cuenta como un problemade seguridad ciudadana”.A la falta de acción e impunidad que caracteriza muchosámbitos de la violencia en contra de las mujeres,debe aunarse la poca participaciónciudadana por parte delas personas que viven alrededorde las víctimas, principalmentevecinos/as y amigos/as.En este sentido cabe resaltarque éstas personas ven eltema como un asunto privadoque deben resolver las partes,desconociendo las limitacionesde las víctimas para salir solasdel circulo de la violencia y elaporte que podrían dar haciendouna llamada a la policía,cuando el bien jurídico que está en riesgo es la vidade las personas.El femicidio ha sido atendido en la Defensoría a travésde la incidencia en la creación de la ley, asesoría alas mujeres, denuncia pública del hecho, elaboraciónde recomendaciones al Estado para que asuman susresponsabilidades, investigación sobre el tema a nivelcentroamericano y seguimiento de políticas públicas.Es importante destacar, que con la entrada en vigenciade la Ley de Penalización de la Violencia en contrade las mujeres, aprobada el 30 de mayo de 2007,17 Grupo Guatemalteco de Mujeres: 2005: 14. en I Informe regional:situación y análisis del femicidio en la región centroamericana.se tipifica por vez primera en Costa Rica el femicidioen desarrollo de las obligaciones internacionales adquiridaspor el Estado en instrumentos de DerechosHumanos, como por ejemplo en la Convención deBelem Do Pará. En ejercicio de las competencias,en el marco de la Comisión de Seguimiento a la Leyde Penalización se le ha dado seguimiento a la ley yse ha podido constatar la asignación presupuestariaextraordinaria al Poder Judicial para la contratación depersonal especializado en los ámbitos de competenciade la ley y la ejecución de un plan de capacitaciónsobre la materia.Se ha dado seguimiento a la política del MinisterioPúblico, en pos de que tenga una política apropiadapara el trámite de los casos de violencia y que éstosno sean remitidos a la sede de familia cuando las personastienen toda la posibilidad legal de emprender lasdos acciones simultáneamente, tanto en la vía penal,como la de familia.b. Seguimiento a la ley de penalización: Elfemicidio y los otros delitos en el Poder Judicial.Debe resaltarse que esta Defensoría ha venido dandoseguimiento a la ley de penalización en el PoderJudicial, cuyo ingreso general de la denuncias, envirtud de la naturaleza de acción pública que tienenlos diferentes tipos penales,se dan por la“El término femicidio se acuñó en los años 60, paraidentificar la forma de violencia más extrema contralas mujeres. Se conceptualiza como las muertesintencionales y violentas de mujeres (asesinatos,homicidios y parricidios) por el hecho de ser mujeres.Constituye la máxima violación a los derechoshumanos de las mujeres por tratarse de la eliminaciónde la vida, principal bien jurídico protegido porlos sistemas jurídicos nacionales e internacionales.”Defensoría de la Mujer, 2008vía de la denuncia individualde las víctimas,por testimoniode piezas por partede los Juzgados deViolencia Doméstica ypor los partes de la policíadel Ministerio deSeguridad Pública.En las estadísticasdel Departamento dePlanificación del Poder Judicial, los casos ingresadospor los delitos previstos en la Ley de Penalización contralas mujeres durante los meses de abril a setiembrede 2007, dan cuenta de un total de 2426 denuncias,de las cuales el mayor ingreso se debe al delito demaltrato que acumula un total de 1035 denuncias,seguido por el de violencia emocional que totaliza 860denuncias y en tercer lugar, el incumplimiento de unamedida de protección, con 244 denuncias. Duranteese mismo período por el delito de femicidio sólo secontabilizó una denuncia.En una muestra restringida a los meses de julio asetiembre de 2007, las denuncias tramitadas ante lasfiscalías penales fueron de 1603, de las cuales sólo31 fueron elevadas a acusación fiscal; es decir sólo


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes199un 1.93% se elevaron para una posible sanción penal.Asimismo, debe resaltarse que en esa misma muestralos casos sobreseídos fueron de 8.6%, los desestimadasun 71%, los conciliados un1.3%, los remitidas aotra jurisdicción un 6.7%, los acumulados un (5.4%),los sometidos a criterio de oportunidad un 4.9% y losarchivados un 0.06%.Todos estos aspectos, principalmente el referido almínimo porcentaje de las denuncias que se elevana acusación fiscal, llaman mucho la atención a estaDefensoría y por ello advierte que deben identificarselos obstáculos para ser superados en pos de la plenavigencia de la ley. Sin duda, uno de ellos lo constituyela falta de acompañamiento a la víctima, circunstanciaque para esta Defensoría constituye el reto fundamentala resolver de manera pronta y eficaz.c. El femicidio en el marco regional del Consejode Procuradores Centroamericanos.La investigación sobre el feticidio, es un ámbito detrascendental importancia que permite contribuir en eldiseño de la política pública. Desde ahí se ha realizadoel “I Informe regional: situación y análisis del femicidioen la región Centroamericana”, que contemplótodos los países de la región centroamericana, y fuerealizado en el marco del Consejo de Procuradoresde Derechos Humanos, con el apoyo del InstitutoInteramericano de Derechos Humanos, en su condiciónde Secretaría Técnica.La investigación arroja una serie de recomendacionestales como:• promover la elaboración de un plan interinstitucionalpara la prevención del femicidio que incluyaentre, otros aspectos, la medición y criterios sobreel riesgo, la gravedad, un sistema de declaraciónde alarma, activación de los recursos existentes yla presentación de informes anuales sobre el femicidio;• construcción de propuestas para el abordajede programas de prevención de violencia con hombres,con enfoque de género y derechos humanos,que puedan ser ejecutados por otras institucionescomo Sistemas de Seguridad Social, Ministerio deSeguridad o Poder Judicial y,• desarrollar estrategias de educación en las comunidadesy capacitación a funcionarias y funcionariospúblicos para abordar de manera más adecuadael tratamiento de la violencia contra las mujeresy evitar que aumente el número de femicidios en lospaíses.• mantener o apoyar albergues para mujeres, comouna medida de protección para evitar el femicidio.Con ocasión del Día Internacional de la Mujer en elmes de marzo de 2008, en el marco del ConsejoCentroamericano Procuradores de Derechos Humanospresidido por la Defensora de los Habitantes de CostaRica, se hizo una declaración en la que se recordaronla obligaciones de las Defensorías, Procuradurías yComisionados de Derechos Humanos de la Regiónreferidas a las necesidades estratégicas de las mujeresy la responsabilidad adquirida de los EstadosCentroamericanos en relación con cada uno de losderechos.En virtud de la incidencia y consecuencias de los asesinatosde las mujeres en la región, se dio particularimportancia al derecho de las mujeres a vivir libres deviolencia y al femicidio, por lo que la Presidencia delConsejo se comprometió a:• la incorporación de la agenda estratégica dederechos de las mujeres y en general de los derechoshumanos de las mujeres en la agenda delConsejo Centroamericano de Procuradores de DerechosHumanos,• fortalecimiento del papel institucional de lasProcuradurías, Defensorías y Comisionados para lavigencia de los derechos de las mujeres y el continuofortalecimiento de las áreas especializadas dedefensa de los derechos de las mujeres en las Procuradurías,para que puedan cumplir con la defensa,promoción y protección de los derechos de lasmujeres;• fortalecimiento de la red y continuación del trabajoiniciado sobre el derecho de las mujeres a vivirlibres de violencia y el seguimiento a las recomendacionesderivadas del I informe regional del ConsejoCentroamericano de Procuradores de Derechos Humanos:Situación y análisis del femicidio en la regióncentroamericana, particularmente para coadyuvaren el proceso de homogenización del concepto defemicidio, y en la tipificación como delito, que sóloCosta Rica lo ha establecido; así como para fortalecerlos procesos de prevención, investigación,sanción, promoción y divulgación del femicidio.4. El mecanismo nacional de la Política deIgualdad de Género: seguimiento de la política alINAMUDesde 1975 la Organización de las Naciones Unidasconvocó para que los Estados desarrollaran una seriede estrategias para la adopción de un “Plan de Acción”para mejorar las condiciones de las mujeres. Comoresultado de la Primera Conferencia del “Decenio de


200 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008las Naciones Unidas para la Mujer” se aprueba la“Convención sobre la eliminación de todas las formasde discriminación contra la mujer”, la cual fue ratificadapor Costa Rica en 1984. Posteriormente, en la segundaconferencia se organiza un “Programa de acción”,para la segunda mitad del Decenio, enfatizando losderechos a la educación, el empleo y la salud de lasMujeres. En Nairobi, Kenia, la tercera conferencia en1985 evalúa los avances y obstáculos durante estedecenio y se aprueban “Las estrategias de Nairobiorientadas hacia el futuro para el adelanto de las mujeresen el 2000” 18 .Todos estos acuerdos y reuniones establecidos por lasNaciones Unidas, fueron recopilados e introducidos enla Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing1995, en la que se estableció claramente la obligaciónde los Estados de “Crear, un mecanismo nacional,cuando no exista y fortalecer, según proceda, los mecanismosnacionales existentes para el adelanto de lamujer en las instancias más altas de gobierno que seaposible”. Esa instancia en Costa Rica es el InstitutoNacional de las Mujeres (INAMU) que, luego de variosantecedentes institucionales en oficinas de menorrango, fue creado en el año de 1998 mediante Ley Nº7801, como entidad autónoma.La competencia institucional del INAMU a la que se daseguimiento en este informe, es la establecida en elartículo 3 inciso a) de su Ley, que señala la obligaciónde: ”Formular e impulsar la política nacional para laigualdad y equidad de género, en coordinación conlas instituciones públicas, las instancias estatales quedesarrollan programas para las mujeres y las organizacionessociales”.Históricamente, la institución ha jugado un papel protagónicoen el desarrollo de los derechos humanos delas mujeres y la propuesta de la Política Nacional parala Igualdad y Equidad de Género (2007- 2017), deberepresentar un verdadero avance.a.Antecedentes de la política pública.El nacimiento y fortalecimiento del Instituto Nacionalde las Mujeres ha sido producto de la lucha de muchaspersonas, organizaciones e instituciones, cuyaparticipación resulta necesaria para la continuidad yel buen funcionamiento del ente. En esta dirección essignificativo el espacio que institucionalmente ocupanlas diversas organizaciones que trabajan en el temade los derechos humanos de las mujeres cuandopor la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, tiene18 Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia. Dela Plataforma de acción a la aplicación nacional a través de planesnacionales: los compromisos de Beijing y su cumplimiento en CostaRica. 1.ed..Colección de documentos Nº15. pág. 11. San José CostaRica, 1997.garantizado un espacio en la Junta Directiva a unapersona representante de las organizaciones sociales,nombrada por el Consejo de Gobierno a partir de unaterna sometida por el Foro de las Mujeres.Esta participación ciudadana, también se ha manifestadoy activado en torno a la fiscalización del ente,cuando han percibido desviaciones en los objetivosinstitucionales. Con la denuncia interpuesta ante estaDefensoría durante la Administración 2002-2006, seevidenció la omisión e incumplimiento de la obligaciónestatal de crear políticas a favor de los derechos delas mujeres; así como el incumplimiento de los planesanuales operativos de la institución y de las partidaspresupuestarias asignadas para la realización de losdiversos proyectos durante el período presidencial2002-2006.La Defensoría realizó una amplia investigación, recomendacionesy seguimiento a éstas, cuyo procedimientoy resultados han sido recapitulados en informesanuales anteriores.En este proceso de seguimiento se ha dado cuenta deque, no es sino durante este período 2006-2010, quela actual Presidencia Ejecutiva del INAMU asume lasrecomendaciones de esta Defensoría e inicia todo unproceso para su cumplimiento, en particular la relativaa la elaboración de la política de igualdad y equidadde género.b. La construcción de la Política: un procesocomplejo.La nueva Política Nacional para la Igualdad y Equidadde Género (PIEG), se construye desde la perspectivadel INAMU, de manera participativa, orientada yestructurada. Para tal efecto, contaron con la participaciónde representantes de instituciones públicas delos tres poderes del Estado, de sectores productivos yde servicios estrechamente relacionados con mujeres,de organizaciones no gubernamentales, de AgendasCantonales de Mujeres, de cooperativas y por supuesto,de la Defensoría de la Mujer de la Defensoría de losHabitantes 19 .La Defensoría participó activamente en la delimitaciónde los ejes y desafíos; así como en diversas consultasde temas especializados para la formulación de lapolítica.A partir de un diagnóstico general sobre la situaciónde las mujeres, se precisaron los desafíos de géneropara los próximos 10 años, lo cuales fueron sometidos19 Presidencia Ejecutiva del Instituto Nacional de las Mujeres.Presentación. Política Nacional para la Igualdad y Equidad deGénero 2007-2017. Instituto Nacional de las Mujeres. 2.ed. SanJosé, 2007.


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes201a consulta a nivel central y regional. Como resultadose elaboró el documento de política PIEG, así comolos lineamientos generales, que fueron presentados eldía 8 de marzo de 2007, en conmemoración del DíaInternacional de la Mujer.c. Contenido de la Política Nacional para laIgualdad y Equidad de Género.La Política Nacional de Igualdad y Equidad de Género,de conformidad con lo manifestado por la PresidentaEjecutiva del INAMU, se respalda en tres núcleos deacción estratégica que consisten en: autonomía económica,participación política y cambio cultural, bajoel objetivo de eliminar las barreras de la desigualdadpara lograr un desarrollo nacional más equitativo, conuna concepción universalista de promoción y protecciónde los derechos humanos, la igualdad de géneroy el desarrollo humano sostenible 20 .El PIEG contiene 6 objetivos; el primero es el cuidocomo responsabilidad social, cuya meta es que en el2017 toda mujer que requiera de servicios de cuido deniñas y niños para desempeñarse en un trabajo remunerado,cuente con al menos la alternativa de cuidopública, privada o mixta, de calidad, dando así pasosconcretos hacia la responsabilidad social en el cuido yla valoración en el trabajo doméstico. Para tal efectose propone crear una infraestructura social de cuido ypromover cambios culturales a favor de la corresponsabilidadentre hombres y mujeres.El segundo, se refiere al trabajo remunerado de calidady la generación de ingresos, cuya meta es que enel 2017 el país haya removido las principales causasque provocan brechas de ingreso entre hombres ymujeres; el desempleo femenino se haya reducido ala mitad y el subempleo haya disminuido al menos encinco puntos porcentuales con respecto a los nivelesque tenía en el 2007, en el marco del mejoramientogeneral del empleo en el país. Para tal efecto, se promoverála formalización del trabajo femenino existentey se creará trabajo femenino en zonas con mayoresdesventajas.El tercero, refiere a la Educación y Salud de calidada favor de la Igualdad, cuya meta es que en el 2017la totalidad de niños, niñas y adolescentes haya sidocubierta por acciones formativas deliberadas, desdeedades tempranas, dirigidas a remover estereotiposen los patrones de crianza, en la sexualidad, la saludsexual y reproductiva, que obstaculizan la igualdad entremujeres y hombres. Para tal efecto se influirá en laformación, formal e informal, de niños, niñas y jóvenesdesde edades tempranas.20 Idem.El cuarto, es la protección efectiva de los derechos delas mujeres y frente a todas las formas de violencia,cuya meta es que en el 2017 se hayan fortalecidoy ampliado los servicios de información y asesoríajurídica públicos y privados, gratuitos y de calidad entodo el país, que les permitan a las mujeres ejercer yexigir el cumplimiento de sus derechos y garantizarel respeto a una vida sin violencia. Para tal efecto,se mejorarán las condiciones para que las mujeresexijan sus derechos, se promoverá una administraciónde justicia efectiva e integrada con los esfuerzos querealizan los demás poderes del Estado y garantizará laprotección efectiva de las mujeres ante todas las formasde violencia contra ella, así como su prevencióny erradicación.El quinto apuesta al fortalecimiento de la participaciónpolítica de las mujeres y una democracia paritaria.La meta es que en el 2017, el país cuente con unaparticipación paritaria en todos los espacios de tomade decisión en el Estado, instituciones e instanciasgubernamentales. Para ello, se promoverá la participaciónparitaria en posiciones de toma de decisión yrepresentación política, así como potenciar la calidadde los liderazgos políticos de las mujeres.Finalmente, el último componente es el fortalecimientode la institucionalidad a favor de la igualdad y la equidadde género, con la meta de que en el 2017, el paíscuente con un INAMU y un conjunto de mecanismosde promoción de la igualdad de género fortalecidos ensus competencias políticas, técnicas y financieras, quele permitan desarrollar una clara incidencia en la vidanacional 21 .Como parte de los mecanismos de seguimiento, seestablece el sistema de información y evaluación acargo del INAMU, como herramienta para la toma dedecisiones políticas y técnicas relacionadas al cumplimientode los 6 objetivos del PIEG y además, estesistema podrá retroalimentar a las instituciones, organizacionesy la ciudadanía en general.Actualmente, el INAMU está realizando el “Plan deAcción” correspondiente al período de 2008 al 2012para la Política de Igualdad y Equidad de Género yaunque todavía no se encuentra en marcha, se haavanzado en la identificación de las acciones concretasa realizarse en este período, en el cronogramapara ejecutar estas acciones, y en la identificación delas instituciones responsables para el logro de los 6objetivos. Asimismo, en seguimiento de este proceso,la Defensoría ha podido constatar que el INAMU ha ini-21 Política Nacional para la Igualdad y Equidad de Género 2007-2017. Instituto Nacional de las Mujeres. 2.ed. San José, 2007, Págs.67-75.


202 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-2008ciado un proceso de negociación para consensuar lasacciones cuya ejecución serán de su responsabilidad.Esta Defensoría considera importantes los avances logradospara la implementación de la política pública deigualdad. Se rescata además, el consenso previo quehan impulsado con cada institución responsable, de talforma, que estos actores no se sientan desvinculadosde las ideas y del objetivo estratégico, sino, por el contrario,sean partes activas. Se trata de la construcciónen conjunto y no de la imposición.Ahora bien, la parte más compleja del proceso es lapuesta en marcha del “Plan de Acción 2008-2012”,para lo cual se requiere de una enorme dosis de voluntadpolítica que posibilite la transversalización dedichas políticas en todo el quehacer público. EstaDefensoría no observa señales contundentes por partedel Presidente de la República tendientes a garantizarla prioridad de este tema en su gestión; más aún, en elreciente informe presentadoel primero de mayo antela Asamblea Legislativano hizo ninguna alusión aeste reto, ni tampoco sevisibilizó la construcción dela política como un logro desu administración.En estas condiciones latransversalización de géneroy las acciones paralelaspara limar las resistenciaspersonales e institucionales,así como para lograrla articulación entre lossectores, instituciones yprogramas del Estado enlos que debe operacionalizarse la política pública, setorna mucho más complejo y difícil.“Se considera de importancia fundamental la reformaelectoral, en cuyo proceso, desde la perspectiva de laDefensoría de la Mujer, debe aspirarse como mínimoa pasar de las cuotas (40 % de participación de unode los sexos) a la paridad, fundamentada en los principiosde la democracia participativa y representativagarantizados en nuestra Constitución Política, de losprincipios de igualdad y no discriminación garantizadosen los instrumentos jurídicos internacionales ratificadospor el Estado costarricense, en especial la Convenciónpara la eliminación de todas las formas de discriminacióncontra la mujer (CEDAW) y además, partiendo dela realidad de que las mujeres somos la mitad de lapoblación.”Defensoría de la Mujer, 2008diferente en la que se nos ha excluido del poder yello ha contribuido en la exclusión de las mujeres enlos puestos de representación popular y de toma dedecisión.Por el proceso del país en el tema electoral y departicipación política de las mujeres, desde la Ley dePromoción de la Igualdad Social de la Mujer, las cuotasdel Código Electoral y la jurisprudencia del TSE,esta Defensoría considera que el país está listo paraavanzar en el derecho de las mujeres y pasar de lascuotas a la paridad de género. Bajo esta premisa laDefensoría de la Mujer ha trabajado en el marco de laComisión Interinstitucional de Reformas Electoralesy Partidos Políticos, con propuestas para incidir enlas reformas electorales que conoce la AsambleaLegislativa.Asimismo, se apuesta a que el principio de paridad sedebe garantizar mediante un mecanismo de alternanciay secuencialidad, dondela diferencia entre unoy otro de los sexos, en laspapeletas de elección popular,para cada uno de lospuestos, no puede ser superiora uno. Pero esta paridadno debe garantizarsesólo en los puestos deelección, debe ampliarsea todas las delegaciones alas Asambleas Cantorales,Provinciales, Nacionales ylos órganos de dirección yrepresentación política delos Partidos Políticos y elno cumplimiento deberáacarrear la sanción de noinscripción del órgano y el no reconocimiento de valideza sus actos.La Defensoría continuará monitoreando los avances ydenunciando las debilidades, sobre todo cuando éstasderiven de falta de compromiso y voluntad política,dada la importancia de este proceso para el adelantode los derechos de las mujeres y para la gobernabilidaddemocrática que sólo se garantiza en la medidaque las mujeres y sus necesidades sean parte del desarrolloinstitucional y estén presentes en las políticaspúblicas.5. Participación política de las mujeres:avancemos hacia la paridad.El derecho a la participación política de las mujeresestá íntimamente ligada al derecho de igualdad, y apesar de que las mujeres,”somos igualmente humanasque los hombres” constituimos una categoría culturalTodos estos aspectos han sido aprobados mediantemoción al proyecto de ley que conoce la AsambleaLegislativa y que la Defensoría ve con mucha satisfacción,en la medida que en la mayoría coinciden con lasmociones sugeridas por la Comisión de ParticipaciónPolítica. Sin embargo, continúan algunas propuestaspresentadas por esta comisión y cabildeadas ampliamentepor la Defensoría, que no se han consideradocomo viables y que podrían constituir mayores adelantospara los derechos políticos de las mujeres, talcomo que la paridad sea considera horizontalmenteen la totalidad de nóminas globalmente consideradasy no sólo para cada uno de los puestos, para tal efectolos partidos políticos podrían elaborar las herramientasque aseguren ese resultado, tales como el asegura-


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes203miento del encabezamiento de las mujeres en la mitadde las nóminas.Otras de las recomendaciones que no han sido incorporadas,son la autorización a los partidos políticosde superar la paridad mediante medidas afirmativas afavor de las mujeres, y la necesidad de la capacitaciónde las mujeres que posibilite un verdadero acceso alderecho de participación política, para tal efecto debehacerse una reserva de 30% del total de los recursosde capacitación para los programas específicos paralas mujeres.Asimismo, los partidos políticos deben contribuir conla eliminación de los obstáculos que dificultan la participacióny representación política de las mujeres,a través de diversos mecanismos, que serán de sucreatividad, tales como programas de cuido de las ylos niños para las giras.De igual forma, en el marco de la Comisión se consideróimportante que la integración del Tribunal Supremode Elecciones asuma obligaciones de género afirmativas,de tal manera que el nombramiento de las trespersonas magistradas deberá cumplir con el principiode paridad y la diferencia no debe ser mayor a uno.III. Otras formas de intervención.1. Espacios interinstitucionales en los queparticipa la Defensoría.a. Inspecciones al Centro de Extranjeros enTránsito de la Dirección General de Migración yExtranjeríaLa Defensoría de la Mujer, ha venido realizando inspeccionesperiódicas al Centro para Extranjeros enTránsito, ubicado en Hatillo, con el fin de verificar lascondiciones en que se encuentran las mujeres ensituación migratoria irregular que son llevadas a eselugar mientras se realizan los trámites de deportacióna su país. El objetivo de estas inspecciones, ha sidovelar por el respeto a los derechos humanos fundamentalesde estas mujeres, tales como el derecho a laintegridad física, a la salud, la alimentación, al debidoproceso, etc.Durante estas visitas, la Defensoría ha tenido conocimientode violaciones a los derechos humanos, razónpor la cual actualmente la Dirección de ProtecciónEspecial y la Defensoría de la Mujer mantienen entrámite una investigación relacionada con las denunciasrecibidas en las inspecciones mencionadas,así como otra investigación en la que una mujer fuepresentada en un canal de noticias y enfrentada a preguntassobre hechos delictivos, presuntamente, sin suconsentimiento.b. Participación en el Encuentro especializado“Hacia el Fortalecimiento de las CapacidadesTécnicas del Consejo Centroamericano deProcuradores de Derechos Humanos”Esta actividad se llevó a cabo en el InstitutoInteramericano de Derechos Humanos, durante losdías 10 al 13 de marzo de 2008 y fue convocada porel Consejo Centroamericano de Procuradores deDerechos Humanos, cuya presidencia la ocupa la Dra.Lisbeth Quesada Tristán, Defensora de los Habitantesde Costa Rica.Además, en la actividad general se expusieron las estrategiasutilizadas por las instituciones Ombudsman yla Defensoría de la Mujer en la promoción de los derechoshumanos y los principales desafíos en materia delos derechos humanos de la población migrante.c. Participación en el Foro Permanente dePoblación Migrante y RefugiadaLa Defensoría de la Mujer participa en el ForoPermanente de Población Migrante y Refugiada, espaciointegrado por instituciones públicas, organizacionessociales y organismos internacionales y cuyaSecretaría Técnica se encuentra bajo la responsabilidadde la Defensoría de los Habitantes.La participación de la Defensoría de la Mujer en elForo, tiene como objetivo velar porque en cualquierpolítica pública, legislación interna o medida administrativaque se aplique en relación con las mujeresmigrantes y refugiadas se tome en cuenta los factoressociales, culturales, económicos y de especificidad deesta población, de manera que se garantice el mejoramientode sus condiciones de vida y se eliminen todaslas formas de discriminación y subordinación que atentancontra sus derechos humanos.d.Guía para la Persona MigranteLa Asociación “Ticos y Nicas Somos Hermanos” solicitóla colaboración de la Defensoría de los Habitantespara la elaboración de una guía dirigida a las personasmigrantes nicaragüenses, con el fin de que estas personasconozcan sus derechos y obligaciones durantesu permanencia en el país.La Defensoría de la Mujer, participó activamente en laredacción y elaboración de la guía contribuyendo deesta manera, a la incorporación de la perspectiva degénero en este importante instrumento de informacióny educación en derechos humanos de esta población.


204 Capítulo II / Defensoría de la MujerInforme Anual de Labores 2007-20082.a.Otras actividades.Agenda LegislativaLa Defensoría de la Mujer, además de dictaminar losproyectos de ley que le corresponden por la temática,asistió a audiencia a cuatro comisiones legislativas;la primera, en la Comisión de Reformas Electorales;y las restantes ante la Comisión Permanente de laMujer, para exponer el capítulo sobre Defensoría de laMujer, del informe anual 2006-2007, la posición sobrelas reformas a la Ley contra la Violencia Domésticay la Defensa a la modificación del Código de Trabajoreferente a las Trabajadoras Domésticas.b.Promoción y Divulgación.El eje más importante durante este período, fue ladivulgación de la Ley de Penalización de la Violenciacontra las mujeres, en el marco de mesas redondas,charlas y a instancias organizadas de mujeres.Asimismo, se ha continuado procesos de divulgaciónen hostigamiento laboral y hostigamiento sexual, principalmentecon el Ministerio de Seguridad Pública,Municipalidad de Liberia, Instituto Tecnológico deCartago, Colegio de Economistas, Consejo Municipalde Nicoya, Universidad Nacional en conjunto con elInstituto de Estudios de la Mujer.Las funcionarias de la Defensoría de la Mujer, hanaportado sus planteamientos y experiencias; y hanrecibido retroalimentación en cada uno de los forossobre derechos de las mujeres a los que asistieron enel período 2007-2008.IV.ConclusionesA través de quince años de investigación, promoción ydefensa de los derechos de las mujeres, la Defensoríade la Mujer desea exponer, en cuanto a los avancesy retos de los temas abordados, las siguientesconclusiones:Cabe resaltar que, a pesar de los avances en los procesosreferidos en la materia de pensiones alimentarias,existen serios retrocesos que impiden el ejerciciode los derechos y el acceso efectivo. Estas deficienciasdeben retomarse en el marco de las comisionesinterinstitucionales que han demostrado ser un medioeficaz para garantizar el cumplimiento de lo establecidoen la legislación y asimismo, una respuesta a lasnecesidades actuales de las mujeres.Sobre el tema de hostigamiento sexual, existe grannecesidad de modificaciones legales y además, paraque el derecho a una vida libre de este tipo de violacionessea una realidad, es urgente la elaboración ypuesta en vigencia de los reglamentos internos en lainstituciones que aún no lo han realizado.En cuanto a las mujeres privadas de libertad, no se havisualizado aún la especificidad de esta población ypor lo tanto, persisten serias carencias en el sistemapenitenciario que provocan violaciones a los derechosde estas mujeres. De acuerdo con lo expuesto en elpresente informe, el Estado tiene aún mucho por hacerpara garantizar estos derechos.Además de las persistentes inequidades que enfrentanlas mujeres en el ámbito laboral, surge una fuertenecesidad de normativa específica que regule el hostigamientolaboral. Mientras no exista un cuerpo legalespecífico para sancionar este tipo de violencia, serádifícil contrarrestar su incidencia en la vida laboral delas mujeres.La Defensoría considera que en el tema del feticidio,se impone al gobierno la reconsideración de la violenciacontra las mujeres y la pérdida de la vida enmanos de sus compañeros -manifestación extrema deesta violencia-, como un problema vigente y real quedebe ser abordado desde la perspectiva de seguridadciudadana y de la eliminación de la impunidad que leha caracterizado.En cuanto al Derecho a la Salud de las mujeres, persistenlas debilidades en los servicios de ginecología yobstetricia, no solamente de infraestructura sino también,en la capacidad de atención, lo que ha llevadoa la exclusión del derecho a la salud de mujeres enel parto por estimar que existe plétora en el serviciode ginecología, lo que es un nuevo obstáculo para elejercicio de los derechos de las mujeres.La Defensoría resalta por otra parte, que las poblacionesespecíficas viven la discriminación genérica contralas mujeres aunada a la discriminación por su condiciónespecífica. Esta doble vulnerabilidad ha sidoinvisibilizada por la institucionalidad, lo que impide unaacción o respuesta estatal efectiva para garantizar susderechos como mujeres y proteger aquellos derivadosde su condición especial de mujer-migrante, mujertrabajadora,mujer-privada de libertad, mujer-indígena,etc.En este mismo tema, la trata de mujeres se imponecomo un reto para las instituciones y la Defensoría. Deahí que, la visibilización y comprensión del problema,el desarrollo e implementación de una normativa queprohíba y sancione estas prácticas tomando en cuentalas necesidades específicas del país y una capacidadde atención y servicios a las personas sometidas aeste flagelo que procure una reivindicación de sus


Capítulo II / Defensoría de la MujerDefensoría de los Habitantes205derechos, debe ser parte de las acciones y objetivosinstitucionales.En cuanto al seguimiento de la Política de Igualdadde Género y las acciones en este sentido, del INAMU,esta Defensoría considera importante rescatar losavances logrados para su implementación. Además,resalta que la Política se ha construido con la participacióny el consenso de las instituciones responsables.Sin embargo, a pesar de que debe ponerse en marchael “Plan de Acción 2008-2012”, la Defensoría no observaseñales específicas por parte de la Presidenciade la República tendientes a garantizar la prioridadde este tema en su gestión. Cabe resaltar, que en elinforme rendido el primero de mayo ante la AsambleaLegislativa, el Presidente no hizo ninguna alusión a laconstrucción de la Política como un logro de su administración,ni tampoco, manifestación alguna de lanecesidad de poner en práctica el recién citado plan deacción. Por ello, la Defensoría continuará monitoreandolos avances y denunciando las debilidades, sobretodo cuando éstas deriven de falta de compromiso yvoluntad política.Finalmente, en el tema de participación política laDefensoría continuará un proceso de incidencia paraavanzar hacia la paridad tanto en los procesos deelección, como en los órganos de los partidos, lo quedebe trascender a todas las instancias de toma dedecisiones.


Dirección deProtección Especial“Una democracia defrauda a sus miembros, cuandoexcluyeo discrimina a algunos de ellos, de maneramoralmente perturbadora;cuando las grandes institucionesno toman en cuenta la propia identidady condición particular.. ¿Pueden representarsecomo iguales las personascon diversa identidad ocondición, si las instituciones públicas no reconocensusparticularidades, sino tan solo los intereses másuniversalmente compartidoscomo el derechoa la salud y la educación?”Amy Gutmann, 1993.Para el cumplimiento de sus atribuciones y competencias,la Defensoría de los Habitantes distribuye la laborde protección de derechos en varias áreas especializadas,entre las cuales corresponde a la de ProtecciónEspecial investigar las quejas por actuaciones u omisionesdel sector público que amenazan o lesionan losderechos de los grupos sociales que por sus condicionesbiopsicosociales se ven expuestos a situacionesde vulnerabilidad: discapacidad, adultez mayor, origenétnico, nacionalidad, privación de libertad, orientaciónsexual, indigencia, entre otras. Precisamente por estascondiciones, el Estado ha reconocido a algunos deestos grupos poblacionales el derecho a la protecciónespecial, el cual debe ser respetado no sólo por lasinstituciones públicas, sino también por la sociedad engeneral.La Defensoría de los Habitantes, considera que lasactuaciones u omisiones arbitrarias del sector públicocomprometen el buen funcionamiento, o buengobierno que el Estado debe garantizarle a las y loshabitantes, como condición para el pleno ejercicio desus derechos. Con tal propósito, la Defensoría ha asumidola misión de velar porque la gestión pública seatransparente, responsable, consecuente, participativay sensible a las necesidades y aspiraciones de la población,particularmente de los grupos poblacionalescuyas condiciones biopsicosociales los exponen a situacionesde vulnerabilidad.I.Personas Adultas Mayores.En el período anterior a este informe, la Defensoría advirtióla necesidad de evaluar el enfoque utilizado paraabordar la vejez y el envejecimiento, como componentesineludibles de una política nacional de corte integral,que abarque tanto las acciones del sector públicocomo las del privado. Consecuentemente, procedió aanalizar objetivamente la actuación del ente rector ehizo énfasis en la obligatoriedad de fortalecerlo paraque, como le corresponde, pueda fiscalizar el cumplimientode la legislación de protección de la poblaciónadulta mayor.En esa línea evaluativa de las condiciones que debereunir una buena gestión pública, la Defensoría ha iniciadola valoración del cumplimiento de la Ley Integralpara la Persona Adulta Mayor, Nº 7935, con el cometidode identificar las fortalezas e insuficiencias que presentasu aplicación práctica, máxime que en el 2009 secumplirán 10 años de su entrada en vigencia. La evaluaciónpermitirá, además, sustentar una propuesta deacciones que deberán adoptar los sectores público yprivado, con el propósito de acatar lo dispuesto en esaLey, así como la eficacia y efectividad de los mecanismosde exigibilidad dispuestos a la fecha, todo lo cualredundará en la inclusión, participación y desarrollo dela población adulta mayor conforme con el mandatode Naciones Unidas en pro de la consolidación de unasociedad inclusiva de todas las edades.A continuación, se procede a dar cuenta del estadode situación de los temas derivados del trámite de lasquejas recibidas durante el período de este informe ysu relación con aspectos propios del desenvolvimientode las personas adultas mayores en el marco legaldispuesto a su favor.1. Dilación para certificar la condición de“persona adulta mayor sola” para poder optar porun bono de vivienda.En agosto del 2006, mediante Ley Nº 8534, se establecióque “igual derecho tendrán quienes por sucondición de persona adulta mayor no puedan realizarlabores que les permita el sustento o no posean núcleo


208 Capítulo II / Dirección de Protección EspecialInforme Anual de Labores 2007-2008familiar que pueda brindárselo (…), la calificación deestos beneficios corresponderá al Consejo Nacionalde la Persona Adulta Mayor“ 1 . Asimismo, se reformóel Reglamento de Operaciones del Sistema de laVivienda para definir la calificación referente a personaadulta mayor sola, con pareja o núcleo atípico. 2Dada la atribución conferida, se han recibido variasquejas por la mora administrativa del CONAPAM enla entrega de las certificaciones correspondientes.En respuesta, el CONAPAM manifestó que su áreade trabajo social presenta limitaciones para atenderoportunamente el requerimiento, el cual ha devenidoen que de 1421 solicitudes recibidas, estén 1022 pendientesde trámite. En procura de solventar este inconveniente,solicitó autorización a la Contraloría Generalde la República para utilizar los recursos provenientesde la Ley de Cargas Tributarias a la Cerveza, Licor yCigarrillos, en la contratación de servicios profesionalesencargados de la elaboración de los estudiossocioeconómicos, e informó que el Ministerio de laPresidencia había incluido en el presupuesto ordinariodel 2008, un monto determinado para continuar lascontrataciones indicadas a fin de atender el déficit resolutivoapuntado. 3A la fecha de redacción del informe, el BANHVI informópor los medios de comunicación, la acción institucionalde recurrir a profesionales externos en trabajosocial de las entidades autorizadas para que efectúenlos estudios mencionados y, así apoyar la labor delCONAPAM de evaluar a las personas adultas mayoresinteresadas en tramitar el bono de la vivienda, cuyofinanciamiento será con recursos propios del bono,1 Modificación del artículo 59 de la Ley 7052 del Sistema FinancieroNacional para la Vivienda.2 El inciso a) del artículo 22 del Reglamento de Operaciones delSistema Financiero de la Vivienda, define: “Se considera que unapareja de adultos mayores cónyuges entre sí o en unión de hechodebidamente acreditada, o de dos adultos mayores que conformela valoración realizada por medio de un profesional en trabajosocial, determinen que califican bajo el concepto de “núcleo atípico”,según su definición del Sistema, que se encuentra en situación depobreza extrema, que no puedan realizar labores que les permitanel sustento y que no cuenten con otros miembros en su núcleofamiliar que puedan brindarle asistencia económica califica bajo esteconcepto”. El artículo 32 del mismo Reglamento señala: “Podránrecibir un subsidio hasta de un bono ordinario y medio, quienes porsu condición de adultos mayores solos no puedan realizar laboresque les permitan el sustento o no posean núcleo familiar quepueda brindárselo, previa calificación que al efecto deba certificarel Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor y, que debepresentarse ante la entidad autorizada”. (sic)3 Según los datos ofrecidos por el CONAPAM de Agosto de2006 a Marzo de 2007, se registraban 476 solicitudes, 124 visitasrealizadas, 80 solicitudes denegadas y 44 aprobadas. Pendientes deinforme 06 y pendientes de visita 352. Asimismo, en el III Trimestrede 2007, se reportaban 1143 solicitudes, 295 visitas realizadas,84 certificaciones extendidas y 211 denegadas, 32 pendientes deinforme y 848 pendientes de visita, todo lo cual refleja el crecimientoreal de la demanda.sin que signifique una erogación para estas personasque disponen de exiguos recursos derivados de laspensiones.La Defensoría brindará el seguimiento oportuno y formularálas recomendaciones que procedan en salvaguardadel reconocimiento de la condición de personaadulta mayor para optar en condiciones más favorablesa un bono de la vivienda, en concordancia con elderecho a una vivienda digna contemplado en la LeyIntegral para la Persona Adulta Mayor, Nº 7935.2. Insuficiencia de recursos materialesy humanos para la solución definitiva delas solicitudes de Pensión del Régimen NoContributivo (RNC).En los últimos informes anuales, se ha expuesto el desarrollode la actual política en materia de otorgamientode pensiones del RNC, dirigida a brindar atenciónprioritaria a la población adulta mayor en situación depobreza extrema, a la cual se le han anotado algunoslogros significativos dentro del esfuerzo realizado paraque el beneficio llegue a quienes realmente lo necesitan.En este sentido, es básico subrayar que posteriora una valoración inicial de la solicitud, se determina lanecesidad de realizar un estudio socioeconómico delpetente, como mecanismo para comprobar su verdaderoestado de necesidad e igualmente en la etapade apelación, según sea el caso, se recurre al mismoprocedimiento. Por consiguiente, el retraso que se presentapara la resolución final del asunto se deriva dela falta de profesionales para realizar dichos análisis,que además conlleva una visita social al domicilio dela persona interesada, siendo que estos dos aspectosse ven agravados por la necesidad de una mayor inversiónde los escasos recursos institucionales disponiblespara la atención efectiva.Si bien es cierto, la Coordinación de la dependencia deapelaciones ha redoblado las medidas para disponerdel recurso profesional desde la Dirección respectivaen la C.C.S.S., también lo es que se ha visto en la imperiosanecesidad de recurrir a los/as trabajadores socialesde las Sucursales o Unidades Administrativas,a efecto de recibir el apoyo requerido, por lo que estapráctica ha dificultado el proceso final. Ello, porque lainsuficiencia de estos recursos también se constituyeen una limitante de las sedes mencionadas, provocandoque la dilación cuestionada se prolongue por mayortiempo en contraposición con la intencionalidad delobjetivo inicialmente propuesto.Conforme con la casuística atendida en esta Defensoríay según el contexto expuesto, la intervención institucionalse ha reorientado hacia las autoridades jerárquicasde la C.C.S.S. para que presten atención a loseñalado, lo cual, a todas luces resulta contrario con


Capítulo II / Dirección de Protección EspecialDefensoría de los Habitantes209los avances alcanzados anteriormente. Así, en casosconcretos, se han formulado recomendaciones a laGerencia División Pensiones de la C.C.S.S., con mirasa evaluar las áreas de gestión y fortalecer de maneraintegral el Programa del RNC, las que han sido acogidasoportunamente por la autoridad señalada y seencuentran en etapa de seguimiento, todo con el finde garantizar el acceso de la población adulta mayor adicho programa y el otorgamiento del beneficio, segúncorresponda. 43. Operación clandestina y condiciones deprecariedad: algunos establecimientos parapersonas adultas mayores (hogares y albergues).El tema de atención y funcionamiento de los centrosde atención para personas adultas mayores, en susdiversos tipos de atención: centros diurnos, alberguesy hogares, ha sido recurrente desde los inicios de laDefensoría hace ya 15 años. Justamente, la atenciónde las múltiples quejas recibidas y tramitadas en relacióncon la gran gama devariables que presenta estatemática, que va desde lasdeficitarias condiciones de infraestructurahasta el maltratohacia la población usuaria,promovió que a finales de ladécada anterior, se instara alas autoridades sanitarias aregular la prestación de estosservicios.De este modo, se inició unlargo proceso de evaluaciónpara el otorgamiento de los permisos respectivos,hoy conocido como “Habilitación”, el cual no estuvoexento de inconvenientes y dificultades, tanto para susadministradores como para la población beneficiaria,debido a la falta de conocimiento necesario para comprenderel funcionamiento integral de estos programas.El proceso, culminó con la promulgación de unanorma que estableció el cumplimiento de requisitosmínimos para la satisfacción de necesidades básicasde las personas usuarias. La Habilitación, se instituyócon miras a introducir a los prestadores de serviciosen un ulterior proceso de mejoramiento de la calidadde atención, denominado “Acreditación”, conforme conestándares de calidad de un nivel superior, en procurade garantizar un trato digno y acorde con los derechosfundamentales de la población adulta mayor que requierela opción institucional.En el presente período, el tema resurge a propósito denuevas quejas relacionadas con la gestión o adminis-4 Informe Final Nº 08658-2007-DHR del 02 de noviembre de 2007,del expediente Nº 22011-22-2006.tración de este tipo de establecimientos. Se registranvarios casos, entre los que destaca el de un Hogar,cuya denuncia se hizo de conocimiento público por losmedios de comunicación y que urgió al Ministerio deSalud y al CONAPAM para la adopción de las medidasadministrativas y judiciales correspondientes en razónde la presión ejercida por la prensa. Se reveló el maltratohacia las personas atendidas y condiciones deservicio, que bien cabría calificar como infrahumanas.Asimismo, se reporta el caso de un prestador de serviciosclandestinos, cuya trayectoria es ampliamenteconocida por el personal fiscalizador de estas prestaciones,pues tiene como práctica el abrir hogares temporalesen los que la oferta de servicios se caracterizapor las condiciones deficitarias. Además, cada vez quees denunciado por distintos medios, ha logrado evadirel control del Ministerio de Salud y no obstante que sedecreta el cierre técnico del Hogar, logra salir impunede su responsabilidad, lo que le permite reubicarse enun corto plazo en otrodomicilio y continuar“La denuncia ha puesto en evidencia las deficientescondiciones en que se encuentran las 14 viviendasque conforman esta modalidad de establecimiento y elgrado de riesgo a que están expuestas las personasusuarias, debido a la falta de condiciones sanitarias yde seguridad en las que se ven obligadas a vivir, dadala débil gestión administrativa, delegada por el IMASa una persona que desatiende las peticiones de laspersonas “beneficiarias”.Dirección de Protección Especial, 2008-con la prestación irregularde servicios.Casos como los apuntados,llaman la atenciónde la Defensoríade los Habitantes, porqueponen de manifiestodeficiencias enla supervisión de estoscentros, sobre todo porquela Habilitación seotorga por un plazo de cinco años, lo que supone quela mayoría de los programas deberían encontrarseen el proceso de acreditación de la calidad, según elmodelo inicial de la regulación. En este sentido, se exhortaa las autoridades en salud, pobreza, vejez y envejecimientoa disponer lo necesario en forma urgentepara evaluar los resultados alcanzados en dichosprocesos y valorar las acciones interinstitucionalespertinentes. Asimismo, adoptar las medidas jurisdiccionalesque correspondan en cada caso individual deconformidad con la legislación aplicable, en particularla dispuesta en materia civil y de violencia relacionadacon la población adulta mayor, entre otras de ordenadministrativo.De igual forma, en el actual período destaca el expedienteque se tramita respecto de los alberguesconcebidos para personas adultas mayores deescasos recursos, quienes careciendo de viviendacuentan con la capacidad funcional y cognitiva paraasistirse en forma autónoma e independiente y parainteractuar dentro de las áreas comunes de las instalacionesfísicas, como área de alimentación, recrea-


210 Capítulo II / Dirección de Protección EspecialInforme Anual de Labores 2007-2008ción, entre otras. La composición de esta modalidadhabitacional o de alojamiento se remonta a inicios dela década de los noventa, mediante un acuerdo tripartitoentre la Comisión de Vivienda, el INVU y el IMAS,correspondiéndole a esta última entidad la administraciónde los programas y la construcción respectiva alas autoridades de vivienda, en terrenos pertenecientesal INVU.A la fecha, las autoridades sanitarias indican que porlas características de esta modalidad no pueden evaluarlamediante los instrumentos existentes para otorgarla Habilitación, pese a que un informe del Área deSalud determinó algunas medidas para disminuir losriesgos sanitarios hallados en cuanto al tratamiento deaguas negras, manejo de deshechos y otros aspectosde mero mantenimiento y carácter preventivo. Por suparte, el IMAS y el INVU ante el requerimiento delCONAPAM, han enmarcado el caso concreto dentrode la situación general de los albergues existentes, yaque no se ha realizado una labor de monitoreo y seguimientode estos programas como corresponde.La propuesta de solución planteada por las autoridades,implica el traspaso de los inmuebles a los gobiernoslocales, a alguna de las instituciones involucradaso a las organizaciones de bienestar social, con el finde que asuman la administración directa del programapara luego continuar con las acciones siguientes.Ciertamente, el contexto de fondo revelado en el casoespecífico, en cuanto al estado general de los demásalbergues, requeriría del concurso de las entidadesinvolucradas para emprender la difícil tarea que demandasu atención, incluyendo la dotación de recursosfinancieros para mejorar sus condiciones actuales. Noobstante, el caso concreto requiere de atención inmediata,la cual debe partir de una evaluación del funcionamientodel programa con base en la cual adoptar lasmedidas necesarias para: garantizar condiciones sanitariasbásicas; rectificar la gestión administrativa queaún corresponde al IMAS; y garantizar la seguridadhumana que demanda el grupo de personas adultasmayores expuestas a la criminalidad común de la zonade ubicación, lo cual agrava su situación de vulnerabilidad;sin que se manifieste la voluntad institucionalnecesaria para garantizarles sus derechos.II.Personas con Discapacidad.Con el propósito de superar la discriminación contralas personas con discapacidad, abolir las barreras queles restringen su participación efectiva, y garantizarlesla igualdad de oportunidades en 1996 se promulgó laLey Nº 7600 de Igualdad de Oportunidades para lasPersonas con Discapacidad, a cuyo cumplimiento laDefensoría de los Habitantes, a lo largo de sus quinceaños, ha contribuido mediante diferentes actividadesde defensa y promoción de derechos.En ese sentido, en el Informe Anual 2005-2006, laDefensoría de los Habitantes realizó un amplio análisissobre el cumplimiento de esa normativa a los10 años de su entrada en vigencia; y concluyentemente,le recomendó al Estado que desarrollara unproceso de revisión, sistematización, reformulación yvalidación de las políticas institucionales emitidas enmateria de discapacidad. A la vez, en procura de facilitarla operativización del proceso, se le recomendóa la administración gubernamental que incorporarade manera transversal la variable discapacidad en elPlan Nacional de Desarrollo. Adicionalmente, entre lasprácticas de buen gobierno requeridas para garantizara las personas con discapacidad el ejercicio pleno desus derechos, se señaló la necesidad de fortalecer suparticipación en los procesos de formulación, ejecucióny evaluación de las políticas, planes, programas yacciones del sector público; la necesidad de dotar derecursos presupuestarios esos planes y programas,y la de implementar los mecanismos periódicos deevaluación requeridos; así como la necesidad de promoveracciones educativas para la eliminación de lasactitudes y prejuicios discriminatorios hacia las personascon discapacidad.Luego, en el Informe 2006-2007 a propósito del PlanNacional de Desarrollo, fue necesario observar queaunque las acciones que incorporaba eran importantes,no incorporan de manera transversal el tema dela discapacidad en la gestión pública, entendiendo portal tener presente las necesidades de las personas condiscapacidad, en todos los ejes de la planificación.La reivindicación de las personas con discapacidadapunta ahora a la aprobación de la Convención deDerechos Humanos de las Personas con Discapacidady de su Protocolo Facultativo, recientemente convocadopor la Asamblea Legislativa, pues con la aprobaciónde este instrumento internacional, sus derechosadquirirían rango constitucional.En el presente informe, se abordan cinco aspectos queponen en evidencia la falta de incorporación de la Ley7600 en las políticas, las instituciones y los programasdirigidos a la población con discapacidad: el incumplimientoen la supervisión de los requerimientos deaccesibilidad en las unidades de transporte público;la necesidad de fortalecer el ente rector en materia dediscapacidad; y el incumplimiento de las institucionespúblicas en lo que ser refiere a garantizar la accesibilidaddel espacio físico, la disponibilidad de protocolosde salud para la atención de diferentes discapacidadesy de adecuaciones curriculares.


Capítulo II / Dirección de Protección EspecialDefensoría de los Habitantes2111. El reiterado incumplimiento del Consejo deTransporte Público: ¿y los requerimientos deaccesibilidad en el Manual de Revisión Técnica?En el informe anual correspondiente al período anterior,se indicó que la Ley 7600 fue reformada mediantela incorporación del artículo 46 bis y el transitorioVIII. El primero establece que el Ministerio de ObrasPúblicas y Transporte incluirá en el Manual de RevisiónTécnica de Riteve, los requerimientos de accesibilidadde las personas con discapacidad a los autobuses.Asimismo, el último dispone que todos los autobuses apartir del 2007, deberán estar acondicionados con todoslos requisitos de accesibilidad, incluyendo rampaso plataformas. Además, los autobuses modelo anterioral 2007, se irían adaptando de conformidad con su añode fabricación hasta arribar al 2014.Interesada en conocer la aplicación de lo dispuesto,en marzo del 2007, la Defensoría solicitó a la EmpresaRiteve que informara sihabía realizado la revisióntécnica de las unidades detransporte público modelo2007, conforme con lasnormas de accesibilidad.En resumen la empresarespondió que no lo habíahecho porque no tienecompetencia ni potestadpara aplicar directamentelo dispuesto una normativalegal o reglamentaria,sin que antes hayan sidoincorporadas las disposicionesen el Manual deProcedimientos de la Revisión Técnica Vehicular,el cual es elaborado y aprobado por el Consejo deTransporte Público (CTP) 5 . El criterio de la empresa seajusta a lo dispuesto por la Sala Constitucional, en el2005, en el cual indicó que esa empresa revisa los autobuses“conforme con las especificaciones dispuestaspor el Consejo de Transporte Público en el Manualde Revisión Técnica, que se regula en el DecretoEjecutivo N° 30184-MOPT denominado Reglamentopara la Revisión Técnica de Vehículos Automotoresque circulan por las vías públicas, y no a su arbitrio”y que la determinación de los aspectos que se debenrevisar “es competencia y responsabilidad absoluta delas autoridades rectoras del transporte público y nouna atribución del desarrollador”. 6 En otras palabras,que el Consejo de Transporte Público es el quedebe incorporar los elementos de accesibilidad enel Manual para que Riteve proceda a aplicarlo.5 Oficio Nº 0411001 del 10 de abril de 2007 suscrito por el Lic.Fernando Mayorga, Gerente General de Riteve.6 Sala Constitucional, resolución N° 2005-05895.“Lamentablemente, la situación del reconocimientode derechos de las personas con discapacidad noha mejorado, pareciera que el Estado se conformócon la promulgación de la Ley 7600, como si con ellobastara, sin considerar necesario evaluar el grado decumplimiento institucional, para disponer las accionescorrectivas necesarias; menos aún conocer el impactoefectivo en el ejercicio de los derechos de la poblacióncon discapacidad. Por el contrario, la tendencia ha sidoa reformarla para derogar o alargar el plazo de algunasobligaciones estipuladas, como sucede con el derechoal transporte público accesible.”Dirección de Protección Especial, 2008Así las cosas, ante requerimiento de la Defensoría, elDespacho de la Viceministra de Transportes, informóen abril del 2007, que había conformado una comisiónpara incorporar las normas de accesibilidad al Manualde Revisión Técnica 7 . Posteriormente, ante nuevo requerimientode información, en noviembre de ese año,el CTP informó que aún se encontraba en trámite laincorporación de dichas normas y que “se espera finalizarpara el mes de diciembre de este año” 8 . Es necesarioadvertir que, a esa fecha, ya había transcurridomás de un año, desde la reforma de la Ley N° 7600,tiempo más que suficiente para el cumplimiento de laobligación, de forma tal que se evidencia es notableinercia de las autoridades del Consejo de TransportePúblico.A la espera de la obligatoria incorporación de las normasde accesibilidad, la Defensoría mantuvo en etapade trámite varias denuncias; pero ante la omisión, enenero del 2008, se procedióa resolverlas conjuntamenterecomendándoleal Consejo de TransportePúblico 9 :“Proceder a incorporaren el Reglamento y enel Manual de RevisiónTécnica lo estipuladoen la Ley Nº 7600 y suReglamento respectoa la disposición delas medidas técnicasespecíficas que debecumplir el transportepúblico para garantizarla accesibilidad y adecuación a las necesidadesde las personas con discapacidad.”A modo de informe de cumplimiento, el 25 de enero del2008, fue recibido del CTP copia del Artículo 5.5 de laSesión Ordinaria 06-2008 del 24 de marzo del 2008,mediante el cual la Junta Directiva adoptó el siguienteacuerdo:“3. Ordenarle a la empresa Riteve SyC., quedeberá verificar en el caso de las unidades detransporte público de ruta regular, el cumpli-7 Oficio N° DVT-07-1077 del 30 de abril de 2007 suscrito por elLic. Bernal Quirós Wauters. Asesor Legal en el Despacho de laViceministra de Transportes.8 Oficio N° DE-075973 del 5 de noviembre de 2007, suscritopor el Lic. Javier Vargas Tencio, Director Ejecutivo del Consejo deTransporte Público.9 Informe Final con Recomendaciones Nº 00120-2008-DHR del 8de enero de 2008, correspondiente a los expedientes Nº 20349-22-2005, 20359-22-2005, 20661-22-2006, 20936-22-2006, y 21317-22-2006.


212 Capítulo II / Dirección de Protección EspecialInforme Anual de Labores 2007-2008miento de las disposiciones relativas al transportepúblico de personas con discapacidad,conforme a lo establecido en el artículo 45 dela Ley N° 7600 e informar al Departamento deAdministración de Concesiones y Permisosde este Consejo mensualmente del cumplimientode esta disposición”.“El Consejo de Transporte Público también remitió lalista, al mes de octubre del 2007, de los autobusesdel servicio regular que disponían de rampas, perono especificó la metodología utilizada. Ciertamente esimportante contar con un registro de ese tipo, pero larelevancia de esta acción se ve diezmada al desconocerselas condiciones en que se encuentran las rampaspuesto que no existen criterios objetivos para evaluaresos dispositivos. Esto, porque como reiteradamentese ha señalado, las disposiciones de accesibilidad noestán incorporadas al Manual indicado.”Dirección de Protección Especial, 2008El acuerdo fue recurrido por la empresa Riteve, puesno se modificó el Manual para poder aplicarlo 10 .Haciendo caso omiso de lo ordenado por la SalaConstitucional desde el 2005 y obviando la insistenciade esta Defensoría, para que procediera a actualizar elManual de Revisión Técnica, el Consejo de TransportePúblico pretende que con los acuerdos tomados, Riteveaplique lo dispuesto en la Ley 7600 y su Reglamento,sin haber incorporado en el Manual las característicastécnicas que deben tener las rampas, puertas y otrasespecificaciones requeridas. Esta maniobra, solo prolongaráuna situación violatoria del derecho de accesoal transporte público de las personas con discapacidad,al negarse a exigir la adaptabilidad de la flota deautobuses que brinda el servicio de transporte públicoa las necesidades de estas personas.2. Consejo Nacional de Rehabilitación: debefortalecer su función fiscalizadora.La Defensoría de los Habitantes, mantuvo en etapa detrámite una queja presentada por un grupo de familiaresde las personas usuarias de los servicios que brindabala Asociación Industrias de Buena Voluntad, debidoa que según denunciaron, se presentaban variasanomalías en el funcionamiento de esa Asociación 11 .10 Oficio Nº 031301-2008 del 13 de marzo del 2008, suscrito porel Lic. Fernando Mayorga, Gerente General de Riteve en el que serefirió a los acuerdos tomados por el Consejo de Transporte Público,mediante los cuales pretende que esa empresa aplique lo dispuestoen la Ley 7600 y su Reglamento.11 Corresponde al expediente Nº 21912-22-2006, resuelto medianteInforme Final con Recomendaciones Nº 07220-2007 del 17 deseptiembre del 2007.Dado que a la Defensoría le corresponde específicamente,velar por el buen funcionamiento del sectorpúblico, no podía investigar a la Asociación, por tratarsede una organización de carácter privada; sinembargo, se investigó la actuación fiscalizadora delConsejo Nacional de Rehabilitación. En un primer momento,ante la solicitud de los familiares, el Consejoconformó una comisión mediadora entre éstos y laJunta Directiva de la Asociación; pero ante la irreconciliabilidadde las posiciones, se abocó a investigar lasdenuncias y recomendar las medidas procedentes.A criterio de la Defensoría, el Consejo no se ha apropiadodebidamente de sus potestades de fiscalización,la ocasión fue propicia para recomendarle introducir,dentro de su estructura organizativa, una unidadinvestigadora de denuncias relacionadas con el funcionamientode instituciones públicas y privadas queofrecen servicios a personas con discapacidad.La Defensoría, es consciente de que si bien a lo largode los años al Consejo se le han asignado diferentesfunciones, dentro de las cuales la fiscalización no es laúnica que debe desempeñar, lo cierto es que es unade las más importantes. Precisamente por su incidenciade carácter general en la exigibilidad del cumplimientode la Ley 7600 y por ende, en el ejercicio de losderechos de las personas con discapacidad.3. Falta de acceso al espacio físico en lasinstituciones públicas.Tal y como se denunció en el Informe Anual del períodoanterior, a la fecha muchas edificaciones públicasno cumplen con los requerimientos de accesibilidadque estipula la Ley 7600, por tal motivo la Defensoríaha continuado recibiendo quejas por la falta de accesoal espacio físico. Con la finalidad de ejemplificar la situación,hacemos referencia a dos casos concretos:El primero, corresponde a la queja interpuesta por losfamiliares de una niña usuaria de silla de ruedas. Laniña fue matriculada en la Escuela Fátima, ubicada enla ciudad de Heredia, donde existen barreras arquitectónicasque dificultan su ingreso y movilización 12 .Desde antes del ingreso de la estudiante a la EscuelaFátima, sus familiares comenzaron a gestionar con laDirección las modificaciones de la infraestructura a finde que la niña pudiera movilizarse con comodidad yseguridad. Asimismo, personal del Centro Nacional deInfraestructura Educativa llevó a cabo una inspeccióncon el propósito de recomendar las especificacionestécnicas requeridas para convertir la mencionadaEscuela en un sitio accesible. Posteriormente, elDirector de la Escuela Fátima informó a este Despacho12 Corresponde al expediente Nº 03559-2007, resuelto medianteInforme Final con Recomendaciones Nº 02610-2008-DHR del 17 demarzo del 2008.


Capítulo II / Dirección de Protección EspecialDefensoría de los Habitantes213que ya contaba con los recursos para las obras. Encumplimiento a las recomendaciones de la Defensoríase iniciaron las obras requeridas.La situación, es una muestra de las dificultades queenfrentan las personas con movilidad restringida y dellento proceso de adaptar los edificios públicos a susnecesidades, a pesar que ya se venció el plazo establecidoen el transitorio II de la Ley N° 7600.La segunda queja, fue presentada por un adulto mayorque frecuenta el Mercado Central de San José,en donde debido a las barreras arquitectónicas,tiene dificultades para circular por ese edificio. 13 LaMunicipalidad de San José informó que había realizadovarias acciones tendientes a cumplir con la Ley7600; sin embargo, han enfrentado una serie de inconvenientes.Específicamente en cuanto a la adaptaciónde los servicios sanitarios para la población con discapacidad,debido a que no se puede modificar éstos pormotivo de espacio y tuvo que iniciarse un proceso deindemnización al inquilino de un local a efecto de contarcon un área adecuada para construir una batería deservicios sanitarios con las características apuntadas.Funcionarios de la Defensoría, practicaron una inspecciónal Mercado Central, constatando que tieneuna serie de obstáculos a la movilización entre loscuales destacan que en la mayoría de las esquinasno cuenta con rampas; en el interior, existen pasillosde diferentes anchos y banquillos que dificultan lacirculación y en las puertas de los servicios sanitariosexisten gradas, lo que prácticamente impide el ingresode personas usuarias de silla de ruedas.En aras a un abordaje integral a la problemática dela falta de accesibilidad al Mercado Central, esteDespacho recomendó a la Municipalidad de SanJosé elaborar un plan integral de accesibilidad, que almenos contemplara un cronograma de las accionesemprender, el presupuesto de las obras, la definiciónde las dependencias que deben participar en la ejecuciónde las mismas, además de los mecanismos devalidación del plan en los que se de participación a laspersonas con discapacidad. Como parte de la ampliaciónde la Avenida Central, la Municipalidad de SanJosé procedió a eliminar las gradas que dificultabanel ingreso al Mercado Central, y ha procedido a iniciargestiones para eliminar o solventar las demás carenciasinfraestructurales.13 Corresponde al expediente Nº 21328-22-2006, resuelto medianteInforme Final con Recomendaciones Nº 10162-2007-DHR del 19 dediciembre del 2007.4. Atención hospitalaria a personas conparálisis cerebral profunda.La Defensoría recibió una queja presentada por lamadre de una joven con parálisis cerebral profunda,quien indicó que su hija murió presuntamente productode una mala atención en el Hospital San Juan deDios, debido a la ausencia de procedimientos médicosadaptados a sus necesidades. 14 Aún cuando laDefensoría no tiene competencia para investigar loreferente a la causa de la muerte, se investigó el tipode atención que recibe la población con secuelas deparálisis cerebral profunda.Respecto del trato especial que se les debe brindar alas personas con discapacidad que presentan secuelasde parálisis cerebral, el artículo 31 y siguientes dela Ley 7600 señala que “los servicios de salud deberánofrecerse, en igualdad de condiciones, a toda personaque los requiera. Serán considerados como actos discriminatorios,en razón de la discapacidad, el negarsea prestarlos, proporcionarlos de inferior calidad o noprestarlos en el centro de salud que le corresponda.”A criterio de la Defensoría, el Hospital San Juan deDios debe elaborar –y así lo recomendó- un protocolopara la atención de estas personas, en el que secontemplen procedimientos adecuados para dichapoblación y en la medida de lo posible, equipo idóneoa sus necesidades. De igual manera, se recomendóiniciar un proceso de capacitación al personal sobre laatención de pacientes con parálisis cerebral.5.Falta de adecuaciones curriculares.La Defensoría de los Habitantes, tramitó una quejareferente a la no aplicación de adecuaciones en laUniversidad Nacional 15 . La investigación constató quela Universidad Nacional no disponía de un procedimientopara regular la aplicación de las adecuacionescurriculares. Ante tal circunstancia, se procedió a recomendarque se informara antes de iniciar el curso,cuáles adecuaciones curriculares se le iban a aplicar ala estudiante: además, que una vez finalizado el cursole brindara información sobre los logros, limitaciones yresultados de la aplicación de las adecuaciones; y queemitiera normativa para regular el procedimiento detramitación de dichas adecuaciones.En cumplimiento de lo recomendado, la UniversidadNacional, informó que había citado a la estudiante auna reunión a fin de comunicarle cuáles adecuacionesse le iban a aplicar; sin embargo, que la estudiante14 Corresponde al expediente Nº 03111-2007, resuelto medianteInforme Final con Recomendaciones Nº 09523-2007 del 3 dediciembre del 2007.15 Corresponde al expediente Nº 22065-22-2006, resuelto medianteInforme Final con Recomendaciones Nº 01196-2007 del 20 defebrero del 2007.


214 Capítulo II / Dirección de Protección EspecialInforme Anual de Labores 2007-2008no llegó a la cita. Asimismo que se encontraba muyadelantada la elaboración del Reglamento sobreEquiparación de Oportunidades y Atención a losEstudiantes con Necesidades Educativas Especiales,donde se regula el procedimiento de las adecuacionescurriculares.III.Personas Indígenas.Uno de los principales esfuerzos emprendidos por laDefensoría de los Habitantes, a lo largo de sus quinceaños, ha sido el de que todos los sectores del paísacepten y reconozcan a Costa Rica como una sociedadmultiétnica y pluricultural; para lograr con ello lasensibilización y compromiso del sector público derespetar los derechos de los pueblos indígenas. Noobstante, ante la desatención de las instituciones, lascomunidades indígenas reiteradamente denuncian elgran rezago en temas como salud, educación, vivienda,seguridad, electricidad, telefonía, agua potable einfraestructura vial, entre otros.En este apartado, se informará sobre el estado delas gestiones que a partir de la casuística realiza laDefensoría de los Habitantes y que tienden a lograr elefectivo respeto a los derechos de estos pueblos; sedetallará con especial detenimiento, la situación de lasfamilias indígenas migrantes estacionales que contribuyencon el desarrollo económico del país, a travésde la recolección de café.Finalmente, se hará mención a la aprobación por partede la Asamblea General de las Naciones Unidas de laDeclaración Universal de los Pueblos Indígenas, instrumentoque garantiza a los pueblos indígenas, de formacolectiva e individual, todos los derechos humanosy libertades fundamentales reconocidos por la ONU,teniendo el Estado para ello, que adoptar las medidasnecesarias para su efectiva vigencia práctica.1.Migraciones Indígenas Laborales.Desde hace muchos años, cientos de familias de laComarca Ngöbe Buglé de Panamá, emigran haciaCosta Rica con el anhelo de trabajar para satisfacer,al menos, algunas de sus necesidades básicas; y conello, mejorar la calidad de vida de sus familias. La condiciónde pobreza extrema en la que viven ha mantenidoy agudizado este fenómeno migratorio.La carencia de servicios básicos como agua, electricidad,vivienda digna y alimentación hace que en estapoblación se presenten altas cifras de mortalidad maternae infantil, analfabetismo, desnutrición, anemia,parasitosis intestinal y patologías como la meningitistuberculosa, malaria y tuberculosis. No obstante, lascondiciones culturales, laborales y habitacionales desu estancia en las zonas de trabajo en Costa Rica,acentúan sus fragilidades y menoscaban su calidadde vida. Hasta el momento, a pesar de lo continuo yacrecentado de este fenómeno migratorio, el país noha implementado las acciones necesarias para brindarun abordaje integral de la situación, que sea respetuosode las características culturales y la cosmovisión deestas personas.El esfuerzo desarrollado en los últimos años, por lasoficinas regionales de las instituciones públicas a lolargo de la ruta migratoria, no ha sido del todo satisfactoriopor dos razones fundamentalmente: la falta decoordinación interinstitucional y la falta de compromisoy respaldo de los jerarcas.Es importante recalcar que las labores que realizanestas familias son trascendentales para el desarrolloeconómico de las comunidades en las que se asientany para el país en general. Por ello, la atención de estamigración indígena, que ya de por sí es muy diferentede la que se presenta en otros sectores del país, requierede un análisis desde diferentes perspectivas:antropológica, social, de salud pública y ocupacional,para identificar las características y falencias de lapoblación y lograr a partir de ello, definir un plan deacción integral y multisectorial que reduzca los riesgosy mejore las condiciones de vida y trabajo de estasfamilias en el país 16 .En atención a lo anterior, desde el año 1999 laDefensoría de los Habitantes, ha intervenido 17 antelas instituciones públicas 18 obligadas a atender la si-16 El Convenio N° 169 de la OIT ratificado por Costa Rica en1989, dentro del marco de respeto de los derechos humanos delos pueblos indígenas establece en materia de contratación ycondiciones de empleo: “Artículo 20. 1. Los gobiernos deberánadoptar, en el marco de su legislación nacional y en cooperacióncon los pueblos interesados, medidas especiales para garantizara los trabajadores pertenecientes a esos pueblos una proteccióneficaz en materia de contratación y condiciones de empleo, en lamedida en que no estén protegidos eficazmente por la legislaciónaplicable a los trabajadores en general. 2. Los gobiernos deberánhacer cuanto esté en su poder por evitar cualquier discriminaciónentre los trabajadores pertenecientes a los pueblos interesados ylos demás trabajadores, especialmente en lo relativo a: a) accesoal empleo, incluidos los empleos calificados y las medidas depromoción y de ascenso b) remuneración igual por trabajo de igualvalor c) asistencia médica y social, seguridad e higiene en el trabajo,todas las prestaciones de seguridad social y demás prestacionesderivadas del empleo, así como la vivienda (...) 4. Deberá prestarseespecial atención a la creación de servicios adecuados de inspeccióndel trabajo en las regiones donde ejerzan actividades asalariadastrabajadores pertenecientes a los pueblos interesados, a fin degarantizar el cumplimiento de las disposiciones de esta parte delpresente Convenio.” (El subrayado no corresponde al original).17 Al respecto pueden consultarse los expedientes N° 07113-22-1999-QJ, N° 08847-22-2000-QJ y N° 19014-22-2005-IO.18 Caja Costarricense del Seguro Social, Comisión Nacional deAsuntos Indígenas, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo ySeguridad Social, Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto,Dirección General de Migración y Extranjería, Instituto Nacional de


Capítulo II / Dirección de Protección EspecialDefensoría de los Habitantes215tuación que afecta los derechos de esta población enprocura de que se les garanticen sus derechos.Recientemente, las instituciones públicas competentesy algunos organismos internacionales vinculados conla cuestión indígena, a través de la coordinación de laDefensoría y mediante una Comisión Interinstitucional;están trabajando en la definición de las acciones quea corto, mediano y largo plazo desarrollarán con el finde potenciar los efectos, maximizar los recursos y generarsoluciones permanentes.2. Acceso a los servicios públicos en lascomunidades indígenas.La magnitud de la deficiente prestación de serviciospúblicos a las comunidades indígenas ha devenido enlimitaciones de otros derechos. Resulta sumamentedifícil para esta población ejercer, por ejemplo, susderechos a la educación o a la salud sin contar conagua potable, electricidad,telefonía pública e infraestructuravial entre otros.La Sala Constitucional hadesarrollado ampliamenteque nuestra ConstituciónPolítica, recoge el derechofundamental de loshabitantes al buen funcionamientode los serviciospúblicos; esto implica queel Estado se encuentra enla obligación de brindar dichosservicios bajo los principios rectores de continuidad,regularidad, celeridad, eficacia y eficiencia 19 . Sinembargo, en el caso de la población indígena, la dotaciónde tales servicios debe realizarse en atención asu solicitud expresa; caso contrario, es requisito indispensablehacerles la consulta previa. Ello en respeto alderecho de consulta que reconocido en los artículos 4y 6 del Convenio 169 a las poblaciones indígenas.“La realidad de vida de las personas indígenas resultamuy distinta a la del resto de la población y estacircunstancia no se aparta de los servicios públicos.Efectivamente, mientras que los reclamos regularesde la mayoría de la población se podrían focalizar enservicios como accesibilidad celular o la prestacióndel servicio de Internet; los pueblos indígenas lo queexigen son servicios públicos esenciales como salud,educación, seguridad, electricidad, agua potable.”Dirección de Protección Especial, 2008Ahora bien, a pesar de que el Tribunal Constitucionalha sido amplio en el desarrollo de este derecho fundamental,y no en pocas ocasiones ha reestablecido losintereses y derechos lesionados de las y los habitantesde la República, en el caso particular de los pueblosindígenas y según la experiencia acumulada por laDefensoría desde la visión integral y especial de estospueblos, no se ha dado una prestación de los serviciospúblicos respetuosa de los principios rectores mencionadospor la Sala.Seguros, Patronato Nacional de la Infancia, Instituto Nacional de lasMujeres e Instituto del Café de Costa Rica.19 Sala Constitucional, resolución Nº 05600-2005.Ejemplo de lo anterior, es la denuncia que conoce e investigaesta Defensoría sobre las sequías que se danentre los meses de diciembre y abril de cada año, en lacomunidad de Puente ubicada en el territorio indígenade Salitre, ante la falta de ampliación de las fuentes deagua potable 20 .Pareciera, entonces, que los principios que desarrollala Sala Constitucional en materia de servicios públicosíntimamente relacionados con el Derecho al BuenGobierno, fuesen inaplicables para las poblacionesindígenas, pues ¿cómo se pueden exigir serviciospúblicos con criterios de eficiencia, eficacia, celeridad,continuidad y adaptabilidad, si en el caso de los pueblosindígenas, ni siquiera existen tales servicios?Debe hacerse un llamado de atención a las autoridadesdel Estado, por cuanto las personas indígenas tienenlos mismos derechos que los demás pobladores de laNación y en tal sentido elBuen Funcionamiento delos Servicios Públicos debeser un derecho fundamentalgarantizado sin excepciones;hacerlo de formadistinta, sea consciente oinconscientemente, constituyeuna vulneración aderechos fundamentalesque debe ser atendida ysolventada por las autoridadespúblicas y en especialpor las y los diputadosde la República, quienes según el convenio 169 dela OIT, tienen la responsabilidad de legislar a favorde las condiciones especiales que presentan estaspoblaciones.3. Hito histórico en protección de derechos:la Declaración Universal de Derechos de losPueblos Indígenas.El 13 de septiembre del año 2007, la Asamblea Generalde la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó-tras dos décadas de largas negociaciones entre representantesde los estados y diplomáticos indígenas detodo el mundo-, la Declaración Universal de Derechosde los Pueblos Indígenas. Este hecho ha sido consideradopor grupos y organizaciones indígenas de todo elorbe, como un hito histórico 21 .20 Expediente Nº 04790-2007, actualmente en fase deinvestigación.21 La Declaración se aprobó con el voto afirmativo de 143 paísesdel total de 192 que conforman la organización; ello a pesar dela resistencia -con votos negativos- de potencias como NuevaZelanda, Australia, Canadá y Estados Unidos (los cuales cuentancon poblaciones indígenas numerosas) y la abstención de 11naciones. Este instrumento internacional protegerá a más de 5000


216 Capítulo II / Dirección de Protección EspecialInforme Anual de Labores 2007-2008Aunque por sus características esta Declaración significarápara la mayoría de los países una norma quesolo contiene autoridad política y moral, para CostaRica se constituye en un instrumento internacionalvigente con valor incluso superior a sus leyes. Puestoque dentro del marco de legalidad del Estado costarricense,debe ser incorporada en el quehacer institucionalpúblico 22 .Es conveniente entonces, realizar aquí un llamadode atención a los poderes públicos del EstadoCostarricense sobre la responsabilidad que implicapara todos los sectores del país el respetar, protegery aplicar adecuadamente el contenido de dichaDeclaración. La cual además exige a la AsambleaLegislativa que adapte, incorpore y desarrolle el ordenamientojurídico infraconstitucional en perfecta armoníacon los postulados y principios que incorpora esteinstrumento internacional.IV.Personas Migrantes y Refugiadas.En diferentes Informes Anuales presentados a laAsamblea Legislativa, la Defensoría de los Habitantesha insistido en la necesidad de que las autoridades migratoriasreconozcan que la complejidad del fenómenomigratorio obliga al análisis y abordaje de éste enforma integral por parte del Estado costarricense, másallá de una cuestión meramente de control o de la promulgaciónde una legislación atinente al tema. Dentrode ese orden de ideas, a criterio de la Defensoría, lapolítica migratoria que se formule, más que la referenciaa las medidas administrativas a tomar por cadasector social (trabajo, salud, educación, vivienda,entre otros), debe estar orientada a la implementaciónde acciones conjuntas, por medio de la coordinacióninterinstitucional, para garantizar el respeto de losderechos humanos de las personas migrantes y refugiadas,así como la oportunidad de impulsar accionesbinacionales que den respuesta al fenómeno migratorio,en el tanto corresponde a una obligación que atañea los países involucrados (país emisor o expulsor decomunidades indígenas compuestas por cerca de 370 millones depersonas alrededor del mundo quienes año con año, denuncianmalos tratos, violaciones a los derechos humanos, pérdida delibertades civiles, así como la invasión de sus territorios por parte degrandes consorcios transnacionales.22 Sobre este punto debe recordarse el pronunciamiento de la SalaConstitucional sobre jerarquía normativa: “...no se aplica lo dispuestopor el artículo 7 de la Constitución Política, ya que el 48 constitucionaltiene norma especial para lo que se refiere a derechos humanos,otorgándoles una fuerza normativa del propio nivel constitucional. Alpunto de que, como lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala,los instrumentos de los derechos humanos tienen no solamente unvalor similar a la Constitución Política, sino que en la medida enque otorguen mayores derechos o garantías a las personas, primansobre la Constitución.” (Resoluciones Nº 02313-1995 y 06856-2005).población migrante y país receptor) y no solamente aaquel que recibe los flujos migratorios.1.Quejas relevantes del período.a. Irregularidades en el trámite de solicitudes deResidencia.Al igual que en períodos anteriores, la Defensoría recibióvarias denuncias relacionadas con el atraso en laresolución de las solicitudes de visa de ingreso 23 ; y deresidencia permanente 24 . En la resolución de algunosde estos asuntos, la Defensoría ha estimado necesariorecordar a la Dirección General de Migración yExtranjería, la importancia de brindar a las personasque se presentan ante esa instancia, a realizar determinadotrámite, la información requerida, el estadoactual del mismo y el procedimiento que debe incoarpara finalizarlo, según corresponda. En la medidaen que esta información se proporcione de maneraágil y oportuna, la Dirección General de Migración yExtranjería podrá dar respuesta o resolver las solicitudessometidas a su conocimiento en un tiempo prudencial,según lo que establezca la legislación vigentepara cada concreto.Con tal finalidad, se ha instado a la Dirección Generalde Migración y Extranjería a continuar el proceso derevisión de los procedimientos propios de gestión migratoria,con el propósito de mejorar aquellas áreas enlas que se requiera realizar ciertos ajustes de ordenadministrativo que permitan garantizar la prestacióneficiente del servicio público que está llamada abrindar.b. Falta de asistencia de los Consuladosde Costa Rica a las personas costarricensesdetenidas en el extranjero.La Defensoría, recibió varias denuncias relacionadascon la situación en la que se encontraban personascostarricenses detenidas en el extranjero y el desconocimientode sus familiares acerca de las condicionesen las que estaban estas personas 25 . Con ocasión dela resolución de asuntos similares 26 , la Defensoríamanifestó que es consciente de que los recursoseconómicos que poseen los diferentes Consuladosde Costa Rica, en algunos supuestos no son suficientespara brindar un servicio adecuado y oportuno anuestros nacionales detenidos en el exterior. Pese aestas limitaciones, no deben ser una justificación para23 A modo de ejemplo, pueden citarse los expedientes Nº 12296-2007-SI; 12712-2007-SI.24 A modo de ejemplo, pueden citarse los expedientes Nº 05032-2007-SI; 06161-2007-SI; 08833-2007-SI; 09326-2007-SI; 13057-2007-SI; 15073-2007-SI; 16180-2007-SI.25 A modo de ejemplo, pueden citarse los expedientes Nº 06860-2007-SI; 06780-2007-SI.26 Corresponde al expediente Nº 21115-22-2006.


Capítulo II / Dirección de Protección EspecialDefensoría de los Habitantes217dejar de realizar todas aquellas acciones que esténa su alcance y ser creativos en la invención de otrosmecanismos de atención, que permitan al Estadocostarricense garantizar el derecho de estas personasa recibir la asistencia que requieren frente al procesoque enfrentan, por medio de la representación diplomáticacorrespondiente.L a D e fensoría e stima i mportante q u e l a sRepresentaciones Diplomáticas acreditadas en elexterior, tomen en consideración que la visita a uncentro de detención ya sea de carácter administrativoo judicial, no debe ser el único medio utilizado paraobtener información acerca de las condiciones en lasque se encuentra una persona costarricense privadade libertad. En ese sentido, resulta importante quese fortalezcan los canales y procedimientos oficialesestablecidos por el Estado en el que se encuentran detenidasestas personas, por ejemplo, con las autoridadespenitenciarias de ese país, mediante la realizaciónde reuniones periódicas que permitan obtener informaciónacerca de esas condiciones; la firma de convenioso acuerdos de colaboración entre ambos Estados, quepermitan la implementación de un mecanismo ágilpara la obtención de la información que se requiere,entre otros mecanismos. Como ejemplo de estosesfuerzos de coordinación, puede citarse la prácticadel Consulado de Panamá de realizar reuniones conel Director del Sistema Penitenciario del Ministerio deGobierno y Justicia de ese país.Igualmente, la Defensoría de los Habitantes, consideraque este derecho de asistencia consular contemplatambién la obligación que compete a los Consuladosde Costa Rica acreditados en el exterior, en el tantoinstancias que brindan un servicio público, a brindarla información solicitada por los familiares de estaspersonas, en relación con la ubicación de estas en loscentros de detención, su estado de salud o en general,en cuanto al procedimiento administrativo o judicialque enfrentan.c.Seguridad Social: afectaciones a este derecho.La Defensoría de los Habitantes, recibió varias denunciasde parte de personas extranjeras en las que manifestaronsu disconformidad con la reforma realizadapor la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS),al Manual de Procedimientos de las Unidades deAfiliación y Validación de Derechos, en cuyo artículo36 se estableció que a partir de febrero del 2006,únicamente pueden optar por la modalidad de aseguramientopor el Estado las personas costarricensespor nacimiento o naturalización, no así las personasextranjeras aún en condición migratoria regular.Al respecto, la Caja Costarricense de Seguro Social,informó que la modificación obedece a que el Seguropor el Estado se nutre de los fondos de FODESAFy que el artículo 2 de la Ley de Desarrollo Social yAsignaciones Familiares, Ley Nº 5662, indica que “losbeneficiaros de dicho Fondo son los costarricenses deescasos recursos económicos, según los requisitosque la misma ley y su reglamento establecen (…)”.Además, que, de conformidad con el artículo 61 delReglamento de Salud, “en caso de no asegurados,cuando la atención sea urgente, serán atendidos deinmediato, bajo su responsabilidad económica, entendiéndoseque el pago podrá hacerse, en esta hipótesis,después de recibir la atención médica. En caso deque la atención no sea de urgencia o de emergencia,el pago deberá efectuarse por el no asegurado antesde recibir la atención, sin perjuicio de poner a su disposiciónlas alternativas de aseguramiento que ofrecela Institución”. 27No obstante, preocupa a esta Defensoría los casosde aquellas personas extranjeras que no poseenrecursos económicos suficientes para cancelar unseguro por cuenta propia y que requieren una atenciónmédica constante según sus padecimientos crónicos;por ejemplo: personas diabéticas, hipertensas, y enalgunos supuestos, personas adultas mayores enesas condiciones. Resulta evidente que el servicio deemergencias no cubre a estas personas que requierenprogramación de citas periódicas para el seguimientode su enfermedad, medicamentos y referenciasa otras especialidades en caso de que surja algunacomplicación; por lo que, a criterio de la Defensoría,se está desprotegiendo a un sector importante dela población a quienes el Estado les concedió unaautorización de permanencia en el país de manerapermanente.La Defensoría de los Habitantes, mantiene en etapade investigación las denuncias recibidas en la materia,con el propósito de indagar acerca del procedimientoque estas personas deberán realizar para podertener acceso oportuno a la atención médica, segúnlas condiciones de salud y económicas en las que seencuentran.2. Centro de detención para personasextranjeras.a. Acciones realizadas para garantizar el respetode los derechos de las personas detenidas:La Dirección General de Migración y Extranjería, disponede un sitio denominado técnicamente: “Centro deAseguramiento para Extranjeros en Tránsito”, al queson trasladadas las personas extranjeras con el fin de27 Oficio Nº DGA-17232-07 de fecha 12 de abril del 2007, suscritopor el Lic. Manuel Francisco Ugarte Brenes, Gerente DivisiónFinanciera a cargo de la Gerencia División Administrativa de la CajaCostarricense de Seguro Social.


218 Capítulo II / Dirección de Protección EspecialInforme Anual de Labores 2007-2008definir el procedimiento que se utilizará para retornarlasa su país de procedencia o país de origen. Estecentro, se caracteriza por ser un sitio cerrado de privaciónde libertad bajo la custodia y la dinámica de esetipo de establecimientos, con serias restricciones parasatisfacer necesidades de comunicación, alimentacióny contacto personal; de hecho han tenido que solicitarapoyo de otras instancias públicas y organismos internacionalespara atender, incluso, las necesidadesbásicas de las personas recluidas. Aunque las autoridadesmigratorias han realizado algunas accionespara mejorar las condiciones infraestructurales dellugar, el mismo aún no reúne las condiciones necesariaspara garantizar los derechos fundamentales de laspersonas que permanecen en ese Centro.Al respecto, el día 25 de julio del 2007, la Defensoríapresentó ante la Sala Constitucional un recurso de hábeascorpus contra la Dirección General de Migracióny Extranjería, a favor de un grupo de personas denacionalidad china que fueron encontradas en unaembarcación en el Océano Pacífico, en abril del 2007;fundamentalmente, por la falta de definición de la situaciónjurídica de estas personas, así como por la violaciónde sus derechos humanos a la libertad personale integridad física, debido a las condiciones en las quehabían permanecido por más de tres meses, en dichocentro de detención.Aunque las autoridades migratorias informaron alTribunal Constitucional que su intervención obedecía auna “asistencia humanitaria”, la Defensoría insistió enque para ser conformes con ese propósito humanitario,las acciones del Estado tenían que haber incluidoun sitio que reuniera condiciones de abrigo y alberguey no meramente de privación de libertad.Además, la Defensoría llamó la atención de la SalaConstitucional, sobre el proceso administrativo quese les aplicó, esto pues, pese a que Migración yExtranjería aseguró que sólo les estaba brindandoasistencia humanitaria, a mediados del mes de agostosiguiente, las deportó a su país de origen, aplicándoseen su contra una sanción administrativa y una prohibiciónde ingreso a Costa Rica por el plazo de cinco años;la cual se plasmó en una resolución en idioma españolsin que exista certeza de que realmente hubieran sidoinformadas en su idioma del proceso aplicado. El recursopresentado por esta Defensoría, fue declaradocon lugar, por unanimidad, por la Sala Constitucional,mediante el voto Nº 12819-07 del 4 de septiembre del2007, ordenándole al Ministro de Seguridad Pública yal Director de Migración y Extranjería que:“a) En coordinación con el Ministerio deSalud, en el Centro de Aprehensión de Hatillono permanezcan más de cien personas almismo tiempo, y se realicen las mejoras necesariasa fin de que las instalaciones cuentencon luz natural y artificial necesarias, mejorventilación natural, lo cual deberá efectuarsea más tardar en el plazo de un año, contado apartir de la notificación de esta sentencia.b) Proceder de forma inmediata a solucionarel problema relacionado con la alimentaciónde las personas detenidas en el Centro deAprehensión, todo ello de conformidad con elestudio realizado por el Ministerio de Saludpara con el mínimo de personas recluidas enel Centro.Por mayoría de la Sala se anulan las resolucionesmediante las cuales fueron deportadoslos amparados, únicamente en cuantose dispone el impedimento de entrada al paíspor el período de cinco años. En lo demásse mantienen incólumes. Los magistradosCalzada y Armijo anulan en su totalidad dichasresoluciones”.Lo anterior, crea un precedente importante en el reconocimiento,por parte del Estado, de los derechos humanosde la población migrante en situación irregularsometida a procesos de control migratorio. No debeolvidarse, que esta población solo infringe una regulaciónde carácter administrativo al no poseer losrequisitos necesarios para permanecer regularmenteen el país, por lo que su detención administrativa nodebe implicar una privación del goce de sus derechosfundamentales.b. Acciones para formalizar y regularizar losprocedimientos del Centro.Resulta importante, señalar que la Defensoría delos Habitantes junto con el Alto Comisionado de lasNaciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), laOrganización Internacional para las Migraciones (OIM)y la Dirección General de Migración y Extranjería, seabocaron a elaborar una propuesta de Manual deProcedimientos para el funcionamiento del Centrode Aprehensión para extranjeros en tránsito y de otroslugares que se habiliten con ese fin.En la propuesta de Manual, se incluyen procedimientosrelacionados con el ingreso de las personas extranjerasa dicho lugar; gestiones para la verificación de sucondición migratoria e inicio del procedimiento dedeportación; salidas provisionales o definitivas;traslados a centros de salud cuando la situación loamerite; atención de situaciones de emergencia; asícomo regulación relacionada con la alimentación,atención médica, visitas, entre otros aspectos.


Capítulo II / Dirección de Protección EspecialDefensoría de los Habitantes219Por otro lado, como parte de los compromisos asumidospor las instancias que integran dicha Comisión,se convino la capacitación que deberá brindarseposteriormente, a los y las oficiales de la Policía deMigración y Extranjería destacadas en dicho Centro ya aquellas personas que laboran en zonas fronterizas,en relación con los procedimientos contenidos en eseManual y la obligación de respetar los derechos humanosde las personas migrantes sometidas a procesosde verificación de su condición migratoria.3. Foro Permanente sobre Población Migrante yRefugiada.Tal y como ha sido informado en los Informes Anualesanteriores, la Defensoría de los Habitantes funge comoSecretaría Técnica del Foro sobre Población Migrantey Refugiada, el cual se aboca a desarrollar actividadesque propician el intercambio de información, su discusióny análisis, así como la coordinación de accionescomunes para un abordaje integral del fenómenomigratorio, con el propósito de contribuir a la toma dedecisiones de los diferentes sectores involucrados.En su condición de Secretaría Técnica de dicho Foro,es relevante informar lo siguiente:• Seguimiento al Proyecto de Ley de Migracióny Extranjería: Durante el período que comprendeeste Informe, el Foro tuvo una importanteparticipación en el proceso de reforma a la legislaciónmigratoria vigente (principalmente, en la consultarealizada por las autoridades migratorias y enla audiencia concedida por la Asamblea Legislativa),lo cual compromete a las instancias que integraneste espacio a continuar brindando insumos ycoadyuvando con las autoridades correspondientesen la formulación de políticas relacionadas con laatención de la población migrante y refugiada ennuestro país.• Seguimiento a la Convención Internacionalpara la protección de los Derechos de todos losTrabajadores Migratorios y sus Familias: En diciembrede 1990, la Asamblea de la Organizaciónde las Naciones Unidas (ONU) aprobó la “ConvenciónInternacional sobre la Protección de los Derechosde todos los Trabajadores Migratorios y de susfamiliares”, sin embargo, a la fecha, no ha sido sometidaa la corriente legislativa. Con este propósitoel Foro Permanente sobre Población Migrante y Refugiadaplanteó como uno de sus objetivos del plande trabajo del 2007, promover la revisión, el análisisy la discusión de la Convención, en las instanciasque lo integran. En ese sentido, en el mes de octubrede ese año, se llevó a cabo un Taller en relacióncon esta Convención, que reunió la participación deesas instancias y otras instituciones relacionadasV.con la temática migratoria, como por ejemplo, elForo de seguimiento al cumplimiento del Código dela Niñez y la Adolescencia.• Plan Anual de Trabajo 2008: Con el propósitode dar seguimiento a las acciones desempeñadasy a aquellos asuntos que en la actualidad demandanuna atención prioritaria por parte de las instanciasque integran dicho espacio, los objetivosdel Plan de Trabajo del 2008, se abocan a: 1) Darseguimiento al proceso de reforma a la Ley de Migracióny Extranjería y al Reglamento posterior; 2)Promover el estudio, revisión, análisis y discusiónde temas relacionados con los derechos humanos;3) Dar seguimiento a la incorporación de capítulo“Trabajadores Migrantes”; en el Código de Trabajo;4) Discutir colectivamente la Convención para laProtección de los Derechos de Todos los TrabajadoresMigrantes y sus Familias; 5) Colaborar conMigración y Extranjería en el mejoramiento de lascondiciones del Centro de detención para personasextranjeras; y 6) Colaborar con las instancias beneficiariasdel Proyecto de Codesarrollo Costa Rica-Nicaragua de la Agencia Española de CooperaciónInternacional para el Desarrollo, en las acciones yactividades que se deriven a favor de la poblaciónextranjera meta.Personas Privadas de Libertad.El trabajo desarrollado por la Defensoría de losHabitantes en el tema de población privada de libertad,incluye aspectos individuales y generales. Por un lado,se tramitan las denuncias particulares que presentanlas personas privadas de libertad, por la vía telefónicay durante las inspecciones carcelarias que se realizanperiódicamente. Por otro lado, se conocen aspectosde infraestructura, salubridad, nutrición, educación uotras de interés general para la población privada delibertad, cuando la Institución se hace presente en loscentros penitenciarios a efectuar inspecciones de carácterpreventivo para determinar las condiciones dereclusión en las que se encuentra la población.Un logro básico durante este año de labores, fue queen coordinación con la Escuela de Nutrición de laUniversidad de Costa Rica, se realizó un diagnósticoacerca de la calidad de la alimentación en cuatro centrosde atención institucional del Sistema PenitenciarioCostarricense, el cual fue presentado a las autoridadesdel Ministerio de Justicia y Gracia en el mes deoctubre de 2007.Por otra parte, debe mencionarse que se siguenreiterando las denuncias con respecto a la atencióndel Derecho a la Salud, sobre todo en los centros pe-


220 Capítulo II / Dirección de Protección EspecialInforme Anual de Labores 2007-2008nitenciarios pertenecientes a la Región Reforma. Enigual medida, son una constante las denuncias que sereciben durante las inspecciones carcelarias por faltade entrega de artículos de higiene personal y artículosde limpieza, aspecto sobre el cual la Defensoríade los Habitantes hizo referencia en el Informe Anualde Labores del período 2006-2007, reiterándose eneste informe el deber que tiene la AdministraciónPenitenciaria de adoptar las medidas presupuestariasque sean necesarias para garantizar la entrega de dichosartículos a la población privada de libertad.1. La calidad de la alimentación en centrospenitenciarios: un diagnóstico profesionalTanto la cantidad como la calidad de la alimentación,constituyen uno de los motivos de queja constantes dela población privada de libertad, básicamente en lo quese refiere a: menús nutricionales inadecuados, preparacióndeficiente de los alimentos, problemas con lasdietas asignadas, y la falta de higiene y de utensiliosnecesarios para su distribución, entre otros aspectos.En marzo del 2007 se inició el trabajo con la participaciónde estudiantes de quinto año de la carrera deNutrición, el cual se enmarcó dentro del Programadel Curso “Planificación de Programas y Proyectos”,para el cual la Defensoría de los Habitantes les brindóasesoría técnica en el tema de población privada delibertad y acompañamiento en cuatro inspeccionesque se realizaron el 10 de abril de 2007 al Centrode Atención Institucional La Reforma; el 15 demayo de 2007 al Centrode Atención InstitucionalSan Carlos; el 4 de septiembrede 2007 al Centrode Atención Institucional ElBuen Pastor y el 11 de septiembrede 2007 al Centrode Atención InstitucionalAdulto Mayor. La decisiónde visitar dichos centrosobedeció a consideracionesde género, etáreas yregionales. Los resultadosdel diagnóstico, fueronpresentados ante lasautoridades del Ministeriode Justicia y Gracia en elmes de octubre de 2007 yse emitieron una serie derecomendaciones orientadasa garantizar el Derecho a la Alimentación de lapoblación privada de libertad y al personal técnico y deseguridad que labora en los centros penitenciarios.Las principales recomendaciones del diagnóstico fueronlas siguientes:“Aún cuando durante las visitas carcelarias, el personalde la Defensoría prueba los alimentos que sebrindan a la población privada de libertad con el fin deverificar que no se encuentren en mal estado, lo ciertodel caso es que la valoración nutricional de los alimentoses eminentemente técnica. En tales circunstancias,como la Institución no requiere de la contrataciónpermanente de profesionales en nutrición, cuandoresulta necesario conocer su criterio técnico, serecurre a la colaboración de las instituciones especializadasen esa materia. Así, se solicitó el apoyo técnicode la Escuela de Nutrición de la Universidad deCosta Rica, con la cual se logró planificar la ejecuciónde un proyecto conjunto para elaborar un diagnósticosobre de la calidad de la alimentación en los centrospenitenciarios.”• Incluir un patrón de menú que incluya el valorenergético total promedio de cada población penitenciariasegún sus necesidades fisiológicas (edad,género, actividad física).• Mejorar la distribución de energía y nutrientesen los diferentes tiempos de comida, para facilitar laplanificación del menú, los controles posteriores delvalor nutritivo y el cálculo de costos.• Brindar una guía de situaciones de alimentosacorde con los alimentos con que se disponen quesirva para tomar decisiones por parte del personaladministrativo y los encargados de la cocina.• En relación con las dietas especiales, se sugiereimplementar un menú igual al de la dieta normalpero con las modificaciones respectivas para quefacilite la preparación de los alimentos y ofrezca unaalimentación variada.• Cumplir con lo establecido en el Reglamento delos Servicios de Alimentación al Público.• Optimizar el control de todo el proceso de producción,desde la compra de materias primas hastala distribución y transporte del producto final.• Asegurar que toda persona involucrada en elproceso de recibo, almacenamiento, preparación ydistribución de los alimentos sea capacitado en lastécnicas necesarias para desempeñar adecuadamentesus funciones.Dirección de Protección Especial, 2008• Desarrollar un programa de manejo integradode plagas que proteja la seguridad alimentaria dela población privada de libertad,y mantenerlo enconstante evaluación paraverificar su efectividad.El trabajo desarrolladofue sumamente útily se enmarca dentro dela labor preventiva querealiza la Defensoríade los Habitantes, cuyofin es el de coadyuvarcon la AdministraciónPenitenciaria en el mejoramientode la prestacióndel servicio de alimentaciónen establecimientospenales, quedando a estaúltima adoptar las medidaspertinentes para materializarlos resultados del proyecto y recomendacionesemitidas, para lo cual la Defensoría brindará el seguimientooportuno.


Capítulo II / Dirección de Protección EspecialDefensoría de los Habitantes2212. Atención médica de la Población Privada deLibertad.En los Informes Anuales de Labores de la Defensoríade los Habitantes, se ha señalado que la mayorcantidad de denuncias presentadas por la poblaciónprivada de libertad a la Institución, continúan siendolas referidas a las afectaciones de su Derecho a laSalud. De tal forma, la institución ha determinadoque las denuncias responden principalmente a lossiguientes motivos:• Los procedimientos seguidos a lo interno decada ámbito o pabellón, de los diferentes centrospenitenciarios, para valorar y anotar en una lista deatención médica a las personas privadas de libertadque requieren el servicio; pues el procedimientoestá a cargo del personal de seguridad.• Las listas de espera para la prestación del serviciomédico, pues no se tiene la capacidad paraatender a todas las personas que lo requieren.• La falta de personal en salud y de equipo médiconecesario para atender la demanda.• La valoración y disposición acerca de si unapersona privada de libertad, tomando en cuenta sucondición de salud, debe ser remitida o no a un centrohospitalario.• La lentitud en la asignación de citas para medicinaespecializada.• La pérdida de citas en los centros hospitalarios,por no cumplirse con el traslado oportuno; además,los fines de semana el servicio queda a cargodel personal de seguridad.• El procedimiento y la dilación en la entrega demedicamentos.• Las condiciones de infraestructura de lasáreas de salud.En procura de coadyuvar a la solución oportuna deestos problemas, la Defensoría ha considerado convenientecoordinar con las autoridades penitenciarias,para exponerle a la Dirección General de AdaptaciónSocial, las diferentes situaciones denunciadas, lasconclusiones de las investigaciones realizadas y lasrecomendaciones emitidas, con el fin de garantizarel Derecho a la Salud de la población privada delibertad.En esta misma línea, la Defensoría tiene conocimientode que la Caja Costarricense de Seguro Socialy el Ministerio de Justicia y Gracia, se encuentrantrabajando conjuntamente para mejorar la prestacióndel servicio de salud en la Región Reforma, aspectosobre el cual la Institución brinda el seguimientocorrespondiente.3. F