1094 - Intranet - Comunidad Andina

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Año XXI - Número 1094Lima, 20 de julio de 2004SUMARIOResolución 836.-Resolución 837.-Resolución 838.-Resolución 839.-Secretaría General de la Comunidad AndinaRecurso de Reconsideración interpuesto por la República del Perú contra laResolución 785 de la Secretaría General ..........................................................Recurso de Reconsideración interpuesto por la República del Ecuador y laempresa EGAR S.A. contra la Resolución 800 de la Secretaría General ........Recurso de reconsideración interpuesto por las empresas C.A. Ecuatoriana deCerámica, Cerámica Rialto S.A. y Cerámicas Graiman Cía. Ltda. contra la Resolución814 de la Secretaría General ...............................................................Dictamen N° 09-2004 de Incumplimiento por parte de la República del Ecuadorde la Resolución 802 que calificó como restricción al comercio intrasubregionalla exigencia de licencias y autorizaciones previas para la importación de losproductos identificados en la Resolución 183 del Consejo de Comercio Exteriore Inversiones COMEXI ........................................................................................Pág.191824RESOLUCION 836Recurso de Reconsideración interpuesto por la República del Perú contrala Resolución 785 de la Secretaría GeneralLA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-NIDAD ANDINA,VISTOS: El artículo 97 del Acuerdo de Cartagena;el Reglamento de Procedimientos Administrativosde la Secretaría General contenidoen la Decisión 425 del Consejo Andino de Ministrosde Relaciones Exteriores; y la Resolución785 de la Secretaría General; y,CONSIDERANDO: Que, mediante Resolución785 de 12 de noviembre de 2003, publicada enla Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena 1011del 13 de noviembre de 2003, la Secretaría Generaldenegó la solicitud del Gobierno del Perúpara la aplicación de medidas correctivas a lasimportaciones de perfiles, barras y tubos dealuminio, clasificadas en la subpartidas arancelariasNANDINA 7604.21.00, 7604.29.20 y7608.20.00, originarias de los Países Miembros,bajo lo dispuesto en el artículo 97 del Acuerdode Cartagena, e instruyó al Gobierno del Perú adevolver las garantías que hubieran sido impuestaspor la aplicación de las medidas provisionalesa que se refiere la Resolución Viceministerial009-2001-MITINCI/VMINCI a las importacionesde perfiles, barras y tubos de aluminio de laComunidad Andina;Que, el 9 de enero de 2004, la Secretaría Generalrecibió la comunicación 014-2004-MINCE-TUR/VMCE/DNINCI del Gobierno del Perú, mediantela cual presentó un recurso de reconsideracióncontra la Resolución 785 y solicitó que seautorizara la medida de salvaguardia impuestapor su gobierno. Acompañó al recurso de reconsideraciónun documento anexo “Análisis de Daño:Comentario General” mediante el cual presentóun resumen de la Resolución 609 de la SecretaríaGeneral, así como las conclusiones de laComisión de Fiscalización de Dumping y Subsidiosdel Instituto de Defensa de la Competenciay Protección de la Propiedad Intelectual delPerú (INDECOPI);Para nosotros la Patria es América


GACETA OFICIAL 20/07/2004 2.28Que el 16 de enero de 2004, la SecretaríaGeneral, mediante comunicación SG/X/2.14.17/035/2004, admitió a trámite el recurso de reconsideraciónpresentado por el Gobierno del Perú,de conformidad con el artículo 37 del Reglamentode Procedimientos Administrativos de la SecretaríaGeneral. En la misma fecha, mediantefax SG/X/2.14.17/025/2004, la Secretaría Generalinformó a los Países Miembros sobre el recursode reconsideración del Perú y solicitó queremitieran las observaciones que consideraranpertinentes;Argumentos del Gobierno del PerúQue la Secretaría General no habría tomadoen consideración la información actualizada remitidapor el gobierno peruano y recibida el 12de noviembre de 2003 en la Secretaría General.El Gobierno del Perú señaló que medianteoficio 212-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI, de 11de noviembre de 2003, envío a la Secretaría Generalinformación sobre producción total, ventasinternas, importaciones, exportaciones por acabado,así como inventario inicial y final del productoterminado, utilización de la capacidadinstalada, precio CIF de los productos importadospor acabado, importaciones peruanas desdeel año 1998 al año 2002 (énfasis añadido);Que el Gobierno del Perú indicó que “la informaciónanteriormente señalada, sumada a laque fuera presentada en octubre de 2001, medianteoficio 178-2001-MITINCI/VMINCI, constituíaprueba fehaciente y suficiente para demostrarla perturbación que se generó a la producciónnacional de perfiles, barras y tubos dealuminio clasificados en las subpartidas arancelarias7604.21.00, 7604.29.20, 7608.20.00, originariosy procedentes de los Países Miembros,durante el periodo objeto de investigación”;Que, según el Gobierno del Perú, la afirmaciónque hizo la Secretaría General en la Resolución785 en el sentido siguiente: “Que el 9 deoctubre de 2003, la Secretaría General, mediantecomunicación SG/X/2.14.17/ 1663/2003, solicitóal Gobierno del Perú información adicionaldesagregada por tipo de acabado de productopara las barras, perfiles y tubos importados delas subpartidas NANDINA 7604.21.00, 7604.29.20y 7608.20.00. De igual forma, la Secretaría Generalsolicitó información sobre la situación financierade la empresa productora de los productosinvestigados para el período febrero de2000 a diciembre de 2001, debido a que el informeque presentó el gobierno peruano se referíaa información agregada que incluiría a otro girode negocios. No se recibió información adicional”,sería falsa, y el Gobierno del Perúagregó que, “la Secretaría General no tomó enconsideración la información anteriormente señaladapese a que la misma ya obraba en supoder, variando de esta manera sustancialmenteel universo probatorio que debió serconsiderado para emitir la Resolución 785”;Que por lo expuesto el Gobierno del Perúindicó que “la Secretaría General ha causadoindefensión al Gobierno peruano, perjudicandogravemente los derechos que amparan al país ya la rama de la producción nacional de los productoscomprendidos en las subpartidas objetode la solicitud de salvaguardia”;Que, el gobierno peruano señaló que “el periodode investigación al que se debe abocarla Secretaría General en el presente procedimientoadministrativo debe ser el comprendidoentre los años 1998 y 2001 (parcial)de manera que se dé pleno cumplimientode la sentencia emitida por el Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina dentro del Proceso23-AN-2002”;Que añadió el Gobierno del Perú que “la Secretaríadebe acatar los efectos de la Sentenciadel Tribunal Andino que ordena retrotaer el estadode las cosas al momento previo de la expediciónde dichas resoluciones y permitir quecontinúe el procedimiento con la informaciónentregada en aquel entonces para acreditarel daño en el periodo investigado original”(énfasis añadido);Que el Gobierno del Perú también señaló que“la Secretaría General dentro del procedimientopara la imposición de derechos antidumping,encontró suficientes elementos de prueba quedemostraron el daño que se causó a la Vidriería28 de Julio (rama de la producción nacional deperfiles, tubos y barras de aluminio)”. Añadió elGobierno del Perú que “sin embargo, resultaextraño que en el presente caso la SecretaríaGeneral, habiendo analizado el mismo tipo deproductos, la misma empresa, el mismo periodode investigación, y más aún, conociendo la informaciónque obra en el expediente antidumping,haya denegado la solicitud del Gobierno peruanopara la imposición de la medida de salva-


GACETA OFICIAL 20/07/2004 3.28guardia”. Por lo que en su opinión “estaban dadastodas las condiciones que exige la normaandina para la imposición de medidas de salvaguardia”;Que el Gobierno del Perú advierte a la SecretaríaGeneral que según el artículo 5 de la Decisión425 de la Comisión (sic) (del Consejo Andinode Ministros de Relaciones Exteriores):“En virtud del principio de economía procesal,la Secretaría General tendrá en cuenta quelas normas de procedimiento se utilicen paraagilizar la adopción de Resoluciones, que losprocedimientos se adelanten en el menor tiempoy con la menor cantidad de gastos de quienesintervienen en ellos, y que no se exijanmás documentos y copias que los estrictamentenecesarios.En virtud del principio de celeridad, la SecretaríaGeneral tendrá el impulso oficioso delos procedimientos, suprimirá los trámites innecesarios,utilizará formularios para actuacionesen serie cuando la naturaleza de ellaslo haga posible y sin que ello releve a susfuncionarios de la obligación de considerartodos los argumentos y pruebas de losinteresados”; (énfasis añadido por el Gobiernodel Perú).Que el Gobierno del Perú destaca que la SecretaríaGeneral tuvo presente y consideró parala expedición de la Resolución 785, el procedimientoantidumping seguido por la Vidriería 28de Julio (Corporación Furukawa) incluyendo laResolución 609;Que según el Gobierno del Perú “en el presentecaso, en el estricto sentido legal, para elperiodo investigado estaban dadas todas lascondiciones que exige la norma andina para laimposición de medidas de salvaguardia, razónpor la cual es menester que la Secretaría Generalse pronuncie autorizando la medida impuestaa través de la Resolución Viceministerial N°009-2001-MITINCI/VMINCI”;Que el Gobierno del Perú hace referencia alos artículos 21 de la Decisión 425 y artículo 63de la Decisión 456 para concluir afirmando que“la Secretaría General está obligada a utilizar lainformación contenida en el expediente que motivóla expedición de la Resolución 609; y encumplimiento de los principios de economía procesaly celeridad, no debería utilizar el formalismode solicitar nuevamente toda la documentaciónnecesaria cuando ésta obra en poder de lamisma Secretaría”;Que así señala el gobierno peruano que: “Lainformación presentada por la Vidriería 28 deJulio para una investigación antidumping estuvodirigida a obtener una medida de proteccióncontra las importaciones de Colombia y Ecuador.Este es justamente el objetivo de la salvaguardiasolicitada al amparo del Artículo 97 delAcuerdo de Cartagena”;Argumentos del Gobierno de ColombiaQue el 9 de febrero de 2004, el Gobierno deColombia mediante fax 2-2004-006291 solicitó ala Secretaría General que declarara infundado elrecurso de reconsideración interpuesto por elGobierno del Perú, “toda vez que no se encuentranelementos técnicos suficientes que controviertanlas conclusiones de la Secretaría General”.Agregó que “contrario al argumento de Perú,las conclusiones de SGCAN no son contradictoriasya que los resultados de la Resolución785, ratifican la decisión tomada por la SecretaríaGeneral mediante Resolución 609”;Argumentos de la Corporación Miyasato S.A.C.Que el 4 de marzo de 2004, la CorporaciónMiyasato S.A.C. solicitó que se declarara inadmisibleel recurso de reconsideración interpuestopor el Gobierno del Perú, debido a su extemporaneidady, declarara firme la Resolución 785;Consideraciones de la Secretaría GeneralQue el artículo 30 del Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la Secretaría Generalestablece que:“Los plazos se contarán siempre a partir deldía siguiente a aquel en que tenga lugar lapublicación del acto de que se trate en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena ode la notificación correspondiente. Los plazosque vengan establecidos por días, seentenderán en días calendario, salvo cuandoexpresamente se los califique como días hábiles.Si el plazo se fija en meses o años, secomputará de fecha a fecha. Si en el mes delvencimiento no hubiere día equivalente a aquélen que comienza el cómputo se entenderáque el plazo expira el último día del mes.


GACETA OFICIAL 20/07/2004 4.28Cuando el último día del plazo sea inhábil,se entenderá prorrogado al primerdía hábil siguiente.El Secretario General dará a conocer anualmente,mediante Resolución, el calendariode días hábiles de la Secretaría General.”;Que la Secretaría General admitió a trámiteel recurso de reconsideración presentado por elGobierno del Perú, contra la Resolución 785publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdo deCartagena 1011 de 13 de noviembre de 2003, deconformidad con los artículos 30 y 37 del Reglamentode Procedimientos Administrativos de laSecretaría General;Sobre las medidas de salvaguardiaQue es preciso reiterar que la Secretaría General,como órgano técnico encargado de evaluarlas solicitudes de medidas de salvaguardiade los Países Miembros a las importaciones deproductos específicos originarios de la ComunidadAndina, verifica el cumplimiento de las siguientescondiciones: a) el incremento de cantidadeso las condiciones en que han ocurrido lasimportaciones provenientes de los Países Miembros;b) la existencia de “perturbación” o dañograve a la producción nacional de productosespecíficos; y, c) que la perturbación a la producciónnacional sea la consecuencia del incrementode cantidades o las condiciones en quehan ocurrido las importaciones originarias de laSubregión;Que, debido a que la medida de salvaguardiaprevista en el artículo 97 del Acuerdode Cartagena procede sólo a instanciadel País Miembro importador interesado, elinforme presentado por el País Miembro solicitantedebe incluir toda la justificación necesariaque respalde su petición, así como las pruebas,especialmente documentales, que demuestrenel cumplimiento de los presupuestos exigidospor el artículo 97 del Acuerdo de Cartagena;Que sobre este principio de la carga y responsabilidadde la prueba, el Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina en la sentencia de7 de mayo de 2004, en el proceso 71-AN-2001,señaló que:“Visto que las medidas en referencia tendríanpor efecto restringir temporalmente el comerciointracomunitario y alterar provisionalmenteel equilibrio de los derechos y obligacionesde los Países Miembros, su adopción se encuentrasupeditada al cumplimiento de unaserie de condiciones que, previstas en formaexpresa por la norma comunitaria, constituyenelementos de hecho cuya prueba correa cargo del País Miembro importador, interesadoen la imposición de las medidas.Se entiende que este País Miembro llevaráa cabo un procedimiento previo de investigaciónpara establecer, en determinadoperíodo de referencia, la existencia,origen y composición de las importacionesque perturben la producción nacional,la existencia y factores constitutivosde tal perturbación, y el nexo causalentre aquéllas y ésta. La noción de producciónnacional se refiere a los productos domésticosafectados por el crecimiento súbitode las importaciones y, por tanto, a la totalidado mayor parte de sus productores.En el caso que se examina, incumbe a la actorala carga de probar que los requisitos queservirían de fundamento a la medida de salvaguardiaque adoptó, previstos en el artículo109 del Acuerdo de Cartagena, fueron cumplidos.A propósito de esta particular exigencia,lo que consta en autos es que, principalmente,la actora consignó, junto con la demanda,una copia simple del Decreto N° 2378,de 20 de noviembre de 2000, “Por el cual seestablece una medida de salvaguardia”, y unacopia simple de la comunicación 2-2001-02765S, de 23 de enero de 2001, a través de la cualla República de Colombia informa a la SecretaríaGeneral sobre la aplicación de la medidade salvaguardia. En cambio, no consta quehaya acompañado los elementos documentalesrelativos al procedimiento de investigaciónque debió llevar a cabo para establecerla existencia, origen y composición de lasimportaciones perturbadoras de la producciónnacional, la existencia y factores constitutivosde tal perturbación, y el nexo causalentre aquéllas y ésta”;Que es pertinente insistir que las medidas desalvaguardia constituyen mecanismos que exceptúanla aplicación de compromisos básicosemanados del Acuerdo de Cartagena, específicamentede su Programa de Liberación, por loque corresponde al País Miembro que las invoquecomo sustentación para imponer una res-


GACETA OFICIAL 20/07/2004 5.28tricción comercial, probar la existencia de loselementos que la justifiquen, esto implica que elPaís Miembro que pretenda aplicar este tipo demedidas debe reunir determinadas consideracionesmínimas, tanto en el procedimiento comoen cuanto a demostrar la situación de perturbaciónque estaría siendo sufrida por su producciónnacional de productos específicos comoconsecuencia de importaciones de origen andino;esto deriva de un principio básico y general delderecho que quien afirma la existencia de unhecho tiene la carga y responsabilidad de probarlo;Que el artículo 63 de la Decisión 456 sobreNormas para prevenir o corregir las distorsionesen la competencia generadas por prácticas dedumping en importaciones de productos originariosde Países Miembros de la Comunidad Andina,señala que: “La información recibida en aplicaciónde la presente Decisión únicamentepodrá utilizarse para el fin para el que fuereproporcionada”;Que esta Secretaría General no observa haberviolado el derecho de defensa de la Repúblicadel Perú, al contrario, como se recoge en lapropia Resolución impugnada, el 8 de septiembrede 2003, mediante comunicación SG-F/0.5/1459/2003, la Secretaría General, de conformidadcon lo dispuesto en el artículo 22 del Tratadodel Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina,consultó al Gobierno del Perú si manteníainterés en obtener un pronunciamientode la Secretaría General relativo a la autorizaciónde las medidas de salvaguardiasolicitadas en su oficio 178-2001-MITINCI/VMINCI de 5 de octubre de 2001, con base enel artículo 109 del Acuerdo de Cartagena (actualartículo 97) a las importaciones de perfiles, barrasy tubos de aluminio originarias de la ComunidadAndina. Como respuesta a nuestro planteamiento,el 10 de septiembre de 2003, el Gobiernodel Perú mediante fax 761-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI, solicitó a la Secretaría Generalel cumplimiento de la sentencia 23-AN-2002 yen consecuencia iniciar a la brevedad posible elprocedimiento de calificación de la medida desalvaguardia a los perfiles, barras y tubos dealuminio, impuesta por Resolución Viceministerial009-2001-MITINCI/VMINCI. El Gobierno del Perúsolicitó a la Secretaría General “se sirva considerarla información que le fuera remitidaen su momento para evaluar la medida desalvaguardia (de 5 de octubre de 2001), demanera tal que la investigación se realicesobre la base de las condiciones vigentes ala fecha de la presentación de la solicitud yésta sea concordante con el artículo 2 de lasentencia en cuestión”;Que para el análisis de la medida de salvaguardia,el 9 de octubre de 2003, la SecretaríaGeneral, mediante comunicación SG/X/2.14.17/1663/2003, solicitó al Gobierno del Perú informaciónadicional desagregada por tipo deacabado de producto para las barras, perfilesy tubos importados de las subpartidasNANDINA 7604.21.00, 7604.29.20 y 7608.20.00.De igual forma, la Secretaría General solicitóinformación sobre la situación financierade la empresa productora de los productosinvestigados para el período febrero de 2000a diciembre de 2001, debido a que el informeque presentó el gobierno peruano se referíaa información agregada;Que es pertinente señalar que el artículo 39del Acuerdo de Cartagena establece la obligaciónde los Países Miembros de colaborar conlas investigaciones que desarrolle la SecretaríaGeneral, así se recoge que:“En el caso de procedimientos que debanculminar en la adopción de una Resolución oDictamen, las personas naturales o jurídicas,públicas o privadas de los Países Miembros,deberán colaborar con las investigaciones querealice la Secretaría General en el desarrollode sus funciones y en tal sentido deberánsuministrar la información que al efecto éstales solicite”;Que fue el 12 de noviembre de 2003, mediantecomunicación 212-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI que el Gobierno del Perú remitió informaciónadicional relacionada con la investigaciónsobre la medida de salvaguardia a los perfiles,barras y tubos de aluminio originarias yprocedentes de la Comunidad Andina. Esta comunicaciónno pudo ser tenida en cuenta puestoque fue recibida cuando la Resolución quedebía emitir la Secretaría General había sido yaelaborada. Efectivamente, la Resolución 785 fueemitida el día 12 de noviembre de 2003, allí seindica que el gobierno tenía la posibilidad desolicitar su reconsideración, si consideraba quela misma estaba viciada o que no se tuvieron encuenta pruebas esenciales para resolver el asunto,que su gobierno no pudo haber presentado con


GACETA OFICIAL 20/07/2004 6.28anterioridad por no estar disponibles o por noser conocidas para la época de la tramitacióndel expediente;Que la Secretaría General, tanto en el procedimientode salvaguardia bajo lo dispuesto en elartículo 97 del Acuerdo de Cartagena, iniciado ainstancia del Gobierno del Perú y dentro delprocedimiento iniciado a raíz del recurso dereconsideración interpuesto por dicho Gobierno,ha garantizado el derecho de defensa de laRepública del Perú, para que pueda presentarsus argumentos y descargos en uno y otro procedimiento;Que en su comunicación 212-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI de 12 de noviembre de 2003, elGobierno del Perú acompañó una carta de laCorporación Furukawa de 10 de noviembre de2003 “Requerimiento de Información-SalvaguardiaAndina Perfiles de Aluminio” que contieneinformación estadística preparada por la empresaFurukawa para los años 1998 al primer semestrede 2001: de la producción nacional (endólares y kilogramos) por acabado, capacidadinstalada, precio promedio de los productos investigados,precio CIF de los productos importados,importaciones peruanas de los productosobjeto de investigación. Dicha información noestá acreditada con documentos idóneos, como,por ejemplo, los balances auditados registradosante la correspondiente autoridad de control desociedades que presenten la situación financierade la empresa productora de los productosinvestigados para el período febrero de 2000 adiciembre de 2001;Que en la Resolución 785, sobre el periodode análisis de la supuesta perturbación en laproducción nacional, la Secretaría General señalóque:“… teniendo en consideración el inicio deoperaciones de la empresa peruana Vidriería28 de julio (Corporación Furukawa) en febrerode 2000, observó un crecimiento de la producción(9 por ciento) y las ventas (47 porciento), entre el primer semestre de 2000 y elprimer semestre de 2001. Ambas variablestuvieron un comportamiento negativo en elprimer semestre de 2001 respecto al semestreanterior, que coincide con el decrecimientodel mercado en dicho período. La disminucióndel mercado en el primer semestre de2001, respecto al segundo semestre de 2000,fue explicada por la disminución de las importacionestotales (35 por ciento), las ventas dela empresa peruana se incrementaron en 18por ciento en el primer semestre de 2001respecto al semestre anterior”;Que adicionalmente, la Secretaría Generalhace notar que la información sobre produccióny ventas remitida en la comunicación 212-2003-MINCETUR/VMCE/DNINCI del 12 de noviembrede 2003, difiere de la información presentadamediante la comunicación 178-2001-MITINCI/VMINCI de fecha 5 de octubre de 2001, quecontiene el “Informe del Gobierno del Perú sobrela aplicación de una medida de salvaguardiaandina a las importaciones de Perfiles y Tubosde Aluminio originarios de los Países Miembrosde la CAN”. En el mencionado informe de octubrede 2001, las cifras sobre producción mensualdel año 2000 indicaban un total de 840toneladas, y las ventas de 555 toneladas; mientrasque en la información de noviembre de2003, remitidas por el Gobierno del Perú, lascifras sobre producción y ventas para el año2000 eran de 736 toneladas y 518 toneladasrespectivamente;Que la Secretaría General precisa destacarque de la información presentada por el Gobiernodel Perú en noviembre de 2003, no se apreciancambios sustanciales respecto a lo resueltoen la Resolución 785. Se observó en la informaciónde la empresa Vidriería 28 de Julio S.A.C.(Corporación Furukawa), única empresa peruanaproductora de los productos investigados, uncrecimiento de la producción (16 por ciento) yventas (152 por ciento) en el primer semestre de2001, respecto a similar periodo en el año anterior(este comportamiento es el mismo si se analizapor principales acabados 00, 10 y 20). Incluso,si se analizan los años completos del 2000y 2001, se aprecia que la producción se incrementóen 24 por ciento y las ventas de la empresacrecieron 87 por ciento, el comportamiento deproducción y ventas por tipo de acabado de losperfiles, barras y tubos de aluminio -según elanodizado- refleja una tendencia similar;Que en cuanto a los inventarios, se aprecióque el inventario final como porcentaje de laproducción, representó el 35 por ciento en elaño 2000; y, en el primer semestre del año 2001representó 47 por ciento, inferior a similar periodoel primer semestre del año 2000, cuandoalcanzó 67 por ciento;


GACETA OFICIAL 20/07/2004 7.28Que respecto a la capacidad instalada utilizada,con la información remitida en noviembrede 2003, refleja que fue de 36 por ciento en elaño 2000 y en el año 2001 fue de 38 por ciento.En el primer semestre de 2001 la capacidadutilizada fue de 31 por ciento, inferior a similarperiodo en el año 2000, que fue de 33 por ciento.En el informe de octubre de 2001 el Gobiernoperuano señaló que la utilización de la capacidad,a octubre, era de 35 por ciento;Que respecto a lo señalado en cuanto a lassupuestas contradicciones de la Secretaría General,adicionalmente, en la Resolución 609 laSecretaría General señaló que:“…en conclusión, y con base en la informacióndisponible, no se aprecia para el períodoobjeto de investigación, el supuestodaño alegado por la Corporación Furukawaen lo relativo al volumen de ventas, lasmismas que se habrían incrementado en nivelessuperiores a los incrementos de la demandanacional aparente de Perú, de los perfilesy tubos de aluminio. Dichas ventas habríandesplazado a las importaciones de similaresproductos, tanto en términos absolutos, comoen su participación en la referida demandanacional aparente. Asimismo, no se observael daño alegado por la Corporación Furukawaen la caída en inventarios de la empresa,siendo que esta caída podría explicarse alhaber producido la empresa productora peruanainicialmente para disponer de un inventariopara la atención de sus pedidos, elmismo que en el curso de los meses siguienteshabría logrado su nivel de mercado;Que sin embargo, sí se observa un daño enlos niveles de precios de los perfiles ytubos de aluminio de acabados mill finish,mate y negro de la Corporación Furukawa,los que son inferiores a los costos en que incurrela empresa para la producción de losreferidos productos, lo que habría afectadola situación financiera de la empresa;”Que en la Resolución 785 la Secretaría Generalseñaló que: “…la información sobre márgenesde ganancia e información financiera dela rama de la producción nacional, por línea deproducción, no fue remitida por el Gobierno delPerú. En conclusión, no se ha podido determinarel comportamiento de esta variable y porende la situación financiera de la empresa productorade la línea de perfiles, barras y tubos dealuminio;”. Esta información tampoco fue remitidapor el Gobierno del Perú, en noviembre de2003;Que en la misma Resolución, respecto a losprecios de las importaciones, la Secretaría Generalindicó que:“…entre 1999 y 2000, los precios implícitosde las importaciones de Colombia…, tuvieronuna variación negativa de 2 por ciento, pasaronde 3,55 a 3,47 dólares por kilogramo,mientras que los precios de las importacionesque provienen de Ecuador presentaronuna variación positiva de 8 por ciento, pasaronde 2,94 a 3,17 dólares por kilogramo.Entre el primer semestre de 2000 y primersemestre de 2001, Colombia y Ecuador presentaronuna variación negativa en los preciosimplícitos de sus importaciones, 16 y 6por ciento, respectivamente. Colombia pasóde 3,51 a 3,19 dólares por kilogramo y Ecuadorpasó de 3,18 a 3,07 dólares por kilogramo,mientras que los precios de las importacionesde Venezuela decrecieron 8 por ciento,pasaron de 3,04 a 2,80 dólares por kilogramo(este país no fue un proveedor importanteen el mercado peruano en el año 2000 yprimer semestre de 2001, representó el 3 y 5por ciento del total importado);“…respecto al comportamiento de los preciosde otros países, la Secretaría General observóque entre 1999 y 2000 los precios implícitosde Brasil y China decrecieron 17 y 33 porciento, respectivamente. Brasil pasó de 3,53a 2,94 dólares por kilogramo y China pasó de2,36 a 1,59 dólares por kilogramo. Los preciosimplícitos de las importaciones procedentesde Chile se incrementaron en 31 porciento, pasaron de 2,52 a 3,29 dólares por kilogramo.En cuanto al análisis del períodocomprendido entre el primer semestre de 2000y primer semestre de 2001, los precios de lasimportaciones de Chile presentaron una mayorvariación negativa, 35 por ciento, pasaronde 3,83 a 2,79 dólares por kilogramo, mientrasque los precios de las importaciones deBrasil decrecieron 3 por ciento, pasaron de2,91 a 2,88 dólares por kilogramo, en el mismoperíodo;”Que con base en lo anterior, la SecretaríaGeneral en las Resoluciones 609 y 785 encon-


GACETA OFICIAL 20/07/2004 8.28tró similares consideraciones sobre los preciosde las importaciones. De igual forma, en la Resolución785 se señaló:“Que la Secretaría General pudo apreciar unadisminución de los precios de la industria local,explicada principalmente por la gestiónde la empresa y presión de los precios delas importaciones de Colombia, Ecuador,Chile y Corea en el primer semestre de2000, posteriormente se aprecia una presiónde los precios de las importacionesde Ecuador y Chile, este último país presentólos precios más bajos, medidos en términosCIF, en diciembre de 2000 y los mesesde marzo y abril de 2001;”“Que la situación de precios descrita en elpárrafo anterior -refiriéndose a las prácticasde competencia desleal, dumping-, habría sidoatendida mediante Resolución 609 de estaSecretaría General, de fecha 22 de marzo de2002, para corregir las importaciones que ingresabana precios de dumping provenientesde la empresa Corporación Ecuatoriana delAluminio (CEDAL), y de otra parte, mediantelas Resoluciones 002-2002-CDS y 028-2002-CDS del 24 de enero y 3 de junio de 2002 dela Comisión de Fiscalización de Dumping ySubsidios del INDECOPI del Perú, para lasimportaciones que ingresaban a precios dedumping provenientes de la empresa chilenaIndustrias de Aluminio S.A. (INDALUM);”Que en el INFORME Nº 025-2002/CDS delINDECOPI del Perú, se indicó que:“92 Entre el segundo trimestre del año 2000 yel primer semestre del 2001 se ha observadouna reducción en el nivel de precios de laproducción nacional de 18% lo que originóuna disminución en el valor de las ventas apesar del incremento en el volumen desde elinicio de sus operaciones. En este periodo,se ha observado un incremento en las importacionestanto de Colombia, como Ecuadory Chile, acompañada de una reducciónen sus precios, lo que habría incidido en losprecios del producto nacional.93 El daño a la producción nacional en el año2000 podría estar asociado no sólo a las importacioneschilenas a precios dumping,sino también a las importaciones originariasde Colombia y Ecuador, las cuales fueronlas más significativas durante ese periodo.94 Sin embargo, en el primer semestre del2001 las importaciones chilenas se hanincrementado en 240% respecto al segundosemestre del año 2000, alcanzandouna participación en el total importadode 20%, y registrando precios CIF por debajode los precios de Ecuador y Colombiaen 8% y 13%, llegando a ser el másbajo precio en el primer semestre del2001 (2,75 US$/Kg).95 Por esta razón, en dicho período eldaño es atribuible a las importacionesoriginarias de Chile.” (énfasis añadido)Que sobre este particular, es oportuno teneren cuenta que el Tribunal de Justicia, sobre ladeterminación de la perturbación dentro del proceso4-AN-97, consideró “la autorización demedidas correctivas de salvaguardia y sujustificación no puede dar lugar a duda algunaen cuanto a las causales de perturbación”y que cuando se produce un daño o perturbacióndebe establecerse o determinarse cómose produjo ese daño. También ha sostenido elTribunal Andino que “una cosa es la determinaciónestadística de las cifras en juego (importaciones,producción interna, empleo, etc.) y otrael establecimiento de las relaciones de causalidadentre el fenómeno de las importaciones y suefecto en la industria)”;Que el Tribunal de Justicia señaló en la sentenciade 10 de junio de 1987 (proceso 1-N-86) que:“La Junta del Acuerdo, concretamente, comoorganismo técnico encargado en primer lugar de“velar por la aplicación del Acuerdo” (artículo 15)y depositaria, por tanto, de una especie de‘cláusula general de competencia’ en esta materia,debe estar dotada de las facultades indispensablespara cumplir su función frente al usode las salvaguardias, para proteger el interéscomunitario, evitar la inseguridad que puede afectara otro País Miembro, o cualquier tipo de perjuicioinjusto que pueda sufrir y para obtener ypreservar el necesario y delicado equilibrio deintereses de que se ha hecho mención.”;Que en este sentido, dentro del proceso 4-AN-97 el Tribunal de Justicia Andino indicó que:“La Secretaría General efectivamente deberáestablecer criterios para la aplicación de medidascorrectivas, y moverse dentro de un rangode posibilidades con cierto grado de discrecionalidad”;


GACETA OFICIAL 20/07/2004 9.28Que como se indicó en la Resolución 785 laSecretaría General utilizó los registros de importaciónde la base de datos de la SuperintendenciaNacional de Administración Tributaria del Perú(SUNAT) con fuente en Aduanas del Perú, excluyendoaquellos registros con valores unitariosmayores a 6 dólares por kilogramo, porconsiderar que éstos no son similares al productoobjeto de la investigación. También consideróla información presentada por el Gobiernodel Perú en el desarrollo del procedimiento, asícomo determinada información de la Vidriería 28de Julio SAC (Corporación Furukawa) en el documento“Solicitud para la aplicación de la Cláusulade Salvaguardia Andina” presentado al Gobiernodel Perú. De igual forma se consideró lainformación presentada por los Gobiernos deColombia y el Ecuador; las observaciones presentadaspor las empresas Corporación Ecuatorianadel Aluminio (CEDAL) y Aluminio NacionalS.A. de Colombia;Que esta Secretaría General considera necesarioreiterar lo señalado por el Tribunal de Justiciadel Acuerdo de Cartagena en su sentenciade 10 de junio de 1987 (proceso 1-N-86) al indicarque las medidas de salvaguardia constituyenun “…remedio extremo que sólo se permitepor vía de excepción, como defensa necesaria,aunque transitoria, de los países comprometidosen el proceso de integración, ante trastornosgraves e imprevistos…” (énfasis añadido);Que, en conclusión, esta Secretaría Generalse reafirma en lo señalado en la Resolución 785;Que, conforme a lo previsto en el Reglamentode Procedimientos Administrativos de la SecretaríaGeneral, contra la presente Resolución nopuede interponerse un nuevo recurso de reconsideración;dejándose a salvo el derecho de laspartes a recurrir ante el Tribunal, sin perjuiciodel cumplimiento de lo que aquí se dispone;Que, por todo lo anteriormente expuesto, laSecretaría General;RESUELVE:Artículo 1.- Declarar sin lugar el recurso dereconsideración interpuesto por la República delPerú, y en consecuencia, confirmar la Resolución785 de la Secretaría General.De conformidad con lo dispuesto en el artículo17 del Reglamento de Procedimientos Administrativosde la Secretaría General de la ComunidadAndina, contenido en la Decisión 425 delConsejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,comuníquese a los Países Miembros,y a la Corporación Miyasato S.A.C., la presenteResolución, la cual entrará en vigencia a partirde su publicación en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena.En cumplimiento de lo previsto en los artículos17, 37 y 44 del Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la Secretaría General, seseñala que contra la presente Resolución nopuede interponerse un nuevo recurso de reconsideración,dejándose a salvo el derecho de laspartes a recurrir ante el Tribunal de Justicia dela Comunidad Andina, a través del ejercicio dela acción de nulidad dentro de los dos añossiguientes a la fecha de entrada en vigencia dela Resolución.Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséisdías del mes de julio del año dos mil cuatro.ALLAN WAGNER TIZONSecretario GeneralRESOLUCION 837Recurso de Reconsideración interpuesto por la República del Ecuador y laempresa EGAR S.A. contra la Resolución 800 de la Secretaría GeneralLA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-NIDAD ANDINA,VISTOS: Los artículos 1, 30, literal a), 97 y139 del Acuerdo de Cartagena, los artículos 1 y4 del Tratado del Tribunal de Justicia de laComunidad Andina; el Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la Secretaría Generalcontenido en la Decisión 425 del ConsejoAndino de Ministros de Relaciones Exteriores;y, la Resolución 800 de la Secretaría General;y,


GACETA OFICIAL 20/07/2004 10.28CONSIDERANDO: Que el 20 de febrero de2004, la Secretaría General emitió la Resolución800, publicada en la Gaceta Oficial del Acuerdode Cartagena 1038 del 24 de febrero de 2004,mediante la cual suspendió las medidas correctivasaplicadas por el Gobierno del Ecuador, mediantela Resolución 206 de 1 de septiembre de 2003del Consejo de Comercio Exterior e Inversiones(COMEXI), a las importaciones de guarnicionespara frenos, producto clasificado en la subpartidaNANDINA 6813.10.00, procedentes de Bolivia,Perú y Venezuela. En la misma Resolución semodificó las medidas correctivas a las importacionesde guarniciones para frenos clasificadasen la subpartida NANDINA 6813.10.00 provenientesde Colombia, aplicadas por el Gobiernodel Ecuador. Asimismo, se indicó que el Gobiernode Ecuador podría aplicar a las importacionesoriginarias de Colombia un contingentelibre de gravámenes de 536 toneladas, correspondienteal promedio de las importaciones provenientesde Colombia para el período febrero aagosto, entre los años 2000 y 2002. Dicho contingentese computará a partir del 1 de febrerode 2004 hasta el 31 de agosto de 2004. Para losvolúmenes que sobrepasen el contingente señalado,el Gobierno del Ecuador podrá aplicar ungravamen que no exceda el nivel del menorarancel aplicado a proveedores de terceros países.En la Resolución impugnada también seseñaló que el Gobierno del Ecuador devolverálas garantías o gravámenes que hubieran sidoexigidos por la aplicación de las medidas provisionalesa que se refiere la Resolución 206 delCOMEXI a las importaciones de guarnicionespara frenos de la subpartida arancelaria NANDINA6813.10.00, originarias de los Países Miembros;Que la medida provisional aplicada por elGobierno del Ecuador aplicada mediante la Resolución206 del COMEXI consistía en un derechoad valórem equivalente al arancel vigenteque aplica la Comunidad Andina a sus importacionesdesde terceros países, que sería de 15por ciento;Que el Gobierno de Ecuador, mediante fax2004-073-DOC-MICIP de 7 de abril de 2004,interpuso recurso de reconsideración contra laResolución 800 de la Secretaría General, y a suvez solicitó la suspensión de los efectos de laResolución 800 “en los artículos 2, 3, 4, 5 y 6”;Que la Secretaría General, mediante comunicaciónSG/X/2.14.17/381/2004 de 14 de abril de2004, informó a los demás Países Miembros sobreel recurso de reconsideración presentadopor el Gobierno del Ecuador, a efectos que presentaranlas observaciones pertinentes;Que, con carácter previo, corresponde pronunciarseacerca de la solicitud de suspensiónde los artículos 2, 3, 4, 5 y 6 de la Resolución800 de la Secretaría General, a través de loscuales se modificó las medidas correctivas a lasimportaciones de guarniciones para frenos clasificadasen la subpartida NANDINA 6813.10.00provenientes de Colombia, aplicadas por el Gobiernodel Ecuador. Así corresponde señalar,según lo establecido en el artículo 41 del Reglamentode Procedimientos Administrativos de laSecretaría General, que al no haberse fundamentadola procedencia de una causal de nulidadde pleno derecho ni tampoco haberse demostradoque la aplicación de la Resolución800 de la Secretaría General pudiera causar unperjuicio irreparable, no subsanable por la Resolucióndefinitiva, la solicitud de suspensión provisionalha sido denegada;Argumentos del Gobierno del EcuadorQue en su recurso de reconsideración el Gobiernodel Ecuador señaló que:“Analizado el periodo de referencia determinadopara la aplicación de la Salvaguardia,las importaciones de Colombia en el período2000 y 2002, tienen un promedio anual de781,54 toneladas, … con respecto a las provenientesde la CAN, que registran 787,45toneladas; y, el … promedio total de importaciones,que ascienden a 868,10 toneladasen promedio…” (énfasis añadido);Que el Gobierno de Ecuador señaló que “resolvióaplicar la medida de salvaguardia por UNAÑO, garantizando lo previsto en el Art. 97 delAcuerdo de Cartagena”, esto es “el acceso deun volumen de comercio no inferior al promediode los tres últimos años”. Advierte el Gobiernode Ecuador que en la Resolución 800 se señalaque “… la medida de salvaguardia provisionalcontenida en la Resolución 206 del COMEXI,está vigente desde el 1 de septiembre de 2003”;por ello el Gobierno de Ecuador señaló que “…el volumen libre de arancel garantizado paraColombia no debe exceder ese promedio ANUALque en este caso es de 781,54 toneladas”;


GACETA OFICIAL 20/07/2004 11.28Que el Gobierno de Ecuador refiere que “Deacuerdo con la Resolución 800 de la SecretaríaGeneral de la CAN, el volumen garantizado resultaser de 893,21 toneladas, que correspondena las importaciones ya realizadas por elEcuador y procedentes de Colombia entre septiembre1 de 2003, fecha en la que el Gobiernode Ecuador adopta la medida, y enero 31 de2004 por 357,21 toneladas, más 536 toneladasdel “contingente libre de gravámenes de 536toneladas”, referido en el artículo 3 de la Resolución800”;Que el Gobierno de Ecuador indicó que “… lanorma andina es clara al determinar un VOLU-MEN ANUAL, porque lo que se debe garantizares “el acceso de un volumen de comercio no inferioral promedio de los tres últimos años”;Que según el Gobierno de Ecuador, la SecretaríaGeneral de la CAN tomaría como referenciaun periodo total de un año para la aplicacióny vigencia de la medida. Sin embargo, el Gobiernode Ecuador señala que la Secretaría Generalhabría dividido el período anual únicamente parael cálculo del volumen;Que sobre lo mismo, el Gobierno de Ecuadorindica que “se debe considerar también en elanálisis para determinar el volumen de lo quefalta, las importaciones ya efectuadas en el primerperiodo de cinco meses, esto es, entre lafecha de la Resolución del COMEXI (1 septiembredel 2003) y la fecha de la resolución de laSecretaría (20 de febrero del 2004), de lo contrariono se lograría establecer una diferencia (elexceso) a la cual se aplicará la salvaguardia”;Que el Gobierno de Ecuador indicó que:“La aplicación y duración de una medida deSalvaguardia, que es de EXCEPCION, tienecomo propósito prevenir o reparar el daño gravey facilitar el reajuste. A la fecha los hechosno lo han permitido, durante el año 2003 lasimportaciones registran un crecimiento respectoal 2002; y en lo que va del 2004 mantienenla misma tendencia.Aplicar la salvaguardia implica superar el contingentelibre de gravamen. Para llegar al volumendeterminado en la Resolución 206 delCOMEXI y específicamente en la parte quecorresponde a Colombia, tendrían que pasarcerca de 11 meses, por lo que la medida seaplicaría a las importaciones que se realicenentre los meses de julio y agosto de 2004,fecha límite de vigencia, es decir algo más deUN AÑO efectivo de aplicación. De aplicarseel volumen determinado por la Secretaría, esevidente que la medida de salvaguardia notendrá aplicación real”;Que de otra parte, sobre la aplicación de laCláusula de Nación Más favorecida, el Gobiernode Ecuador indicó que:“El Artículo 5 de la Resolución 800 señala:‘Para los volúmenes que sobrepasen el contingenteseñalado en el artículo 3 de la presenteResolución, el Gobierno de Ecuadorpodrá aplicar un gravamen que no exceda elnivel del menor arancel aplicado a proveedoresde terceros países.’La liberación de los intercambios comercialesno puede llegar a límites que sacrifiquen yno permitan la defensa necesaria ante trastornosgraves. Siendo la salvaguardia un casode EXCEPCIÓN contemplado en la normaandina, ante circunstancias extraordinariasque evidencian perturbaciones que causan undaño grave, precisamente otorga este recursoal País Miembro afectado, para que excluyay suspenda el tratamiento preferencial aesa parte identificada como dañina, sin retirarel beneficio otorgado a la parte más importantedel volumen del libre comercio.La cláusula de nación más favorecida se mantieneal excluir a los países miembros que nohan causado la perturbación y también al garantizarel promedio de los tres últimos añospara quién la ha causado. Por lo que, no seha generado la situación de perjuicio a ningúnPaís Miembro respecto de terceros países.Entendemos entonces, que el arancel aplicableal EXCESO que ha producido una perturbaciónque causa daño; volumen que sobrepasael contingente; es asimilable al aplicadoa terceros países que no gozan de concesioneso preferencias.En este caso está claramente identificado elorigen de la perturbación en uno solo de lospaíses miembros de la CAN, que es Colombia”;Que adicionalmente, el Gobierno de Ecuadorseñaló algunos criterios y comentarios sobre la


GACETA OFICIAL 20/07/2004 12.28Cláusula de Nación más Favorecida, en especialal referirse a:“… la sentencia citada en la Resolución 800de la Secretaría General de la CAN, Proceso1-N-86 del Tribunal Andino de Justicia de laComunidad Andina:‘El proceso de liberación interna, … debeadmitir excepciones por fuerza de lascircunstancias, como las autorizadas porlas cláusulas de salvaguardia de que tratael Capítulo IX del Acuerdo. Convieneentonces tener muy presente que tales cláusulasconstituyen un remedio extremo quesolo se permite por vía de excepción, comodefensa necesaria, aunque transitoria, de lospaíses comprendidos en el proceso de integración,ante trastornos graves e imprevistos.Tales circunstancias, de no existir esta previsión,llevarían presumiblemente a unasituación insostenible para el país afectado,con la lógica consecuencia de incumplimientosforzosos e inevitables del programade liberación, o aun de francosrompimientos del propio Acuerdo, quesin duda afectaría más seriamente el procesode integración que el uso regulado ycontrolado de la salvaguardia, la que actúaasí, como un remedio para evitar malesmayores. De donde se desprende quelas citadas cláusulas protegen tanto losintereses particulares del país afectadocomo los comunitarios propios del mercadoampliado, en aparente paradoja.Si se quiere que el proceso de integraciónsea realista y objetivo, no puedeolvidarse los principios generales del derechopúblico que autorizan a todo Estado,en caso de urgencia a tomar las medidasnecesarias para enfrentar perturbacionesgraves…”Que el Gobierno de Ecuador señaló que: “Lacláusula de salvaguardia que tiene como antecedenteo requisito una perturbación que causadaño, fue prevista en el Acuerdo y es entoncesEXCEPCIÓN QUE SUSPENDE TEMPORALMEN-TE LA CONCESION CONVENIDA”;Que el Gobierno de Ecuador señaló respectoal pronunciamiento del Tribunal en el proceso32-AI-20001, relativo a la acción de Incumplimientointerpuesta por la Secretaría General dela Comunidad Andina contra la República deColombia, que dispuso “que el Gobierno de Colombiaal no hacer extensivas las preferenciasarancelarias pactadas en los acuerdos comercialessuscritos con México (G-3) y Chile, a lasimportaciones de los Países Miembros, en particulardel Perú, ha incurrido en incumplimientode normas que conforman el Ordenamiento Andino,en especial del Artículo 4 del Tratado decreación del Tribunal de la Comunidad Andina ydel artículo 155 del Acuerdo de Cartagena”, queen este caso, afirmó el Gobierno del Ecuadorresulta adecuada la invocación del principiode Nación más Favorecida, y destacó loseñalado por el Tribunal en el punto 2.3 cuandoobservó que “… El tratamiento de nación másFavorecida consiste, de manera elemental enque cualquier concesión arancelaria dada porun país a otro, debe ser automáticamente aplicadaa todos los demás que puedan invocarlopor razón de tenerlo vigente en sus relacionescomerciales bilaterales o multilaterales con elpaís otorgante de las ventajas”;Que sobre lo anterior el Gobierno de Ecuadorseñaló que:“En este caso, la falta de aplicación de laspreferencias arancelarias se refiere a las concesiones,no se sustenta ni tiene relacióncon una perturbación que causa daño a laproducción nacional de un país miembro.Caso que no corresponde a Ecuador, que encumplimiento del Acuerdo de Cartagena, hamantenido y extendido las preferencias arancelarias(concesiones) a los Países Miembros.”;Que el Gobierno de Ecuador señaló que:“… en la partida 6813.10.00, motivo de unasalvaguardia, ha mantenido las preferenciaspactadas para las importaciones procedentesdesde Colombia y que representan enpromedio de los tres últimos años, el 90%de las importaciones totales.El Ecuador ha aplicado conforme al Art. 97(antes 109) del Acuerdo el tratamiento deexcepción que comprende la suspensión dela concesión teniendo como antecedente laexistencia de una perturbación en la producciónecuatoriana, conforme lo verificó y confirmóla Secretaría General de la CAN”;


GACETA OFICIAL 20/07/2004 13.28Que el Gobierno de Ecuador indicó que “Noes pertinente en este caso invocar la Cláusulade Nación más Favorecida, que comprende untrato igualitario a cualquier ventaja o privilegioque un País Miembro reconozca o conceda a untercero, sino en cuanto a la discriminación hechapor la Secretaría al excluir a los otros PaísesMiembros que no causan la perturbación ypara quienes se mantiene la concesión”;Que el Gobierno de Ecuador cuestionó laforma en que se puede corregir la perturbaciónsin suspender la concesión, siendo ese precisamenteel mecanismo aplicable que le permitiríaal País Miembro afectado, corregir la perturbacióny facilitar el reajuste. Señala así el Gobiernodel Ecuador que “en cuanto al tratamientode excepción, resulta de imposible aplicaciónla Cláusula citada”;Que, asimismo, el Gobierno de Ecuador secuestiona “¿Cómo hacer extensiva una desventajao suspensión de un privilegio, que en estecaso es la circunstancia de EXCEPCIÓN QUESUSPENDE LA CONCESIÓN CONVENIDA, cuandose ha producido una perturbación y que tambiénforma parte de los acuerdos con tercerospaíses?”;Que el Gobierno de Ecuador indicó que:“El Gobierno de Colombia parecería que confundey sugiere desventaja asimilando doseventos claramente diferenciables en los acuerdos:a) Las concesiones a volúmenes razonablesde importación, para los cuales se garantizael libre comercio, porque se espera queno causen perturbación y daño; yb) Los excesos de volúmenes de importaciónque causan perturbación y daño.Para el primero se mantienen las concesiones.Para el segundo, previamente se hanconcedido medidas de excepción que excluyenla concesión y permiten reparar el daño yfacilitar el reajuste”;Que también el Gobierno de Ecuador señalóque:“La cláusula de Nación más Favorecida, seha de entender, que solo puede ser aplicadaen el primer evento, para situaciones normaleso aceptables de libre comercio, NO paracasos de EXCEPCIÓN, como son las situacionesproducidas por los excesos perturbadoresque causan daño grave.Precisamente, la naturaleza de una medidade salvaguardia deja a salvo el tratamiento delas concesiones, pues se debe corregir el dañoque causa el exceso en perjuicio de una de laspartes contratantes. El principio no es aplicablea la EXCEPCIÓN, por ello la Secretaríadiscrimina y excluye a los otros países miembrosde la CAN que mantienen el libre comercioen volúmenes NO EXCEPCIONALES y queno están causando ni perturbación, ni daño”;Que adicionalmente, mediante comunicaciónde 6 de mayo de 2004, el Gobierno del Ecuadory la empresa EGAR S.A. solicitaron una audienciaen el marco del recurso de reconsideraciónde la Resolución 800 de la Secretaría General.La Secretaría General informó a los demás Países,mediante comunicación SG/X/2.1.17/496/2004 del 12 de mayo, sobre la petición de losrecurrentes y la convocatoria de la audiencia, aefectos que pudieran confirmar su asistencia.Dicha audiencia se celebró el 25 de mayo de2004, en la sede de la Secretaría General, conla asistencia de representantes del Gobiernodel Ecuador y de la empresa Egar S.A., y funcionariosde la Secretaría General. En la audienciala empresa Egar S.A. presentó informaciónadicional, información agregada del sectory de algunas empresas ecuatorianas no relacionadascon el producto que nos ocupa;Que en el escrito presentado por la empresaEGAR S.A. en la audiencia destaca que:“…siendo la salvaguardia un mecanismo destinadoa corregir una situación extraordinaria;la perturbación; y que por lo mismo es unaexcepción de la CNMF, bajo esta nueva circunstanciadebe establecerse una maneradiferente para regular el intercambio.”“… La Resolución (800) resulta de imposibleaplicación.- La expresión ‘que no exceda elnivel del menor arancel aplicado a proveedoresde terceros países’, por los considerandosexpuestos, alude al contenido del Art. 139,una disposición final del Acuerdo de Cartagena,que prevé la CNMF, esto es, que las ventajas,concesiones o privilegios otorgados aterceros países serán inmediatamente exten-


GACETA OFICIAL 20/07/2004 14.28didas a los Países Miembros. Se puede decirque se trata de forzar la pertinencia de unprincipio para que encuadre en una situacióncontraria.En efecto, como regla general, la concesiónotorgada mutuamente entre Ecuador y Chilees del cien por cien, para el intercambio deproductos, no existe concesión o ventaja otorgadapor el Ecuador para los casos de salvaguardias,ni con Chile ni con ningún otro Estado.Esta concesión es la misma que se otorgaronmutuamente los miembros de la CAN.Si hemos de interpretar la Resolución de laSG en el sentido de que no existe concesiónpara los casos de salvaguardia, entonces nohabría duda; no hay concesión en la aplicaciónde medidas correctivas, porque la SG seha ceñido a la expresa disposición andina,cuya finalidad está reflejada en el pronunciamientode la SG.En otro sentido, esto es, que el pronunciamientode la SG no ha tenido en cuenta la excepciónde la CNMF en el tratamiento de las salvaguardias,se concluye que la SG ha desviadola finalidad de la norma y porque resultainaplicable su decisión. Para aplicarla comomedida correctiva debe existir objetivamenteun gravamen, así lo dispone el Art. 97, seaeste arancelario o un contingente u otro mecanismoaplicable. Por lo tanto, en la Resolución800 de la Secretaría General, se ha incurridoen una desviación de poder que hace que esteacto administrativo sea anulable de acuerdocon el Art. 12, literal b, del Reglamento deProcedimientos Administrativos de la SG, teniendoclaro que el citado Reglamento confierea la misma SG la capacidad de enmendarloconforme lo previsto en los Art. 34, 35 y 36”;Observaciones del Gobierno de ColombiaQue el Gobierno de Colombia mediante comunicaciónde 30 de abril de 2004, solicitó a laSecretaría General que “declare infundado el recursode reconsideración interpuesto por Ecuador,toda vez que en la demanda de ese Gobiernono se encuentran elementos jurídicos y técnicossuficientes que controviertan las conclusionesde la SGCAN”;Que “la Secretaría tuvo en cuenta que Ecuadorvenía aplicando la salvaguardia desde septiembrede 2003, por lo cual al momento de laexpedición de la Resolución 800 (febrero de2004) restaban 7 meses para completar el periodode un año durante el cual debía aplicarse lamedida. En ese sentido, la SGCAN actuó correctamenteal computar el contingente con baseen el promedio del periodo febrero-agosto de2000 a 2002, ya que de esta manera se garantizóun flujo de comercio equivalente al promediode los tres últimos años, y además se guardócoherencia respecto a la vigencia real de la ResoluciónNº 800, que según su artículo 4 comprendeel periodo febrero-agosto de 2004”;Que también agregó el Gobierno de Colombiaque “la medida de salvaguardia impuesta porEcuador es improcedente, por cuanto en virtuddel principio de NMF los países no pueden porregla general establecer discriminaciones entresus diversos interlocutores comerciales, y aúnmenos dar un mejor trato a terceros países quea sus socios de la subregión, con los cualestiene suscrito un Acuerdo de libre Comercio”;Que el Gobierno de Colombia indicó que “sise restringen las importaciones subregionalesal tiempo que se deja libre el comercio originariode terceros países que gozan de preferenciasarancelarias, el efecto de la salvaguardia seríacontrario al esperado, toda vez que en lugar deconceder un alivio temporal para que los productoresnacionales reajusten su estructura industrial,se generaría una desviación de comerciohacia los terceros países con preferencias, perpetuandoasí la situación de menoscabo de laproducción doméstica”;Observaciones del Gobierno del PerúQue el 30 de abril de 2004, el Gobierno delPerú a través de la comunicación 302-MINCETUR/VMCE/DNINCI señaló que “según lo estableceel Artículo 97 del Acuerdo de Cartagena, laaplicación de las medidas correctivas definitivassolamente podrán aplicarse a los productos delPaís Miembro donde se hubiere originado laperturbación causada a la industria nacional”;Que “en ese sentido y tal como se determinóen la investigación efectuada por la SecretaríaGeneral, las importaciones provenientes del Perúsólo han representado el 3,35% de las importacionestotales de guarniciones de frenos realizadaspor Ecuador en el año 2003”;


GACETA OFICIAL 20/07/2004 15.28Observaciones del representante legal de lasempresas Incolbestos S.A., Renosa S.A., InfrisaS.A. y Servifreno Cía. Ltda. al recurso de reconsideraciónde la Resolución 800Que el 17 de junio de 2004 el representantelegal de las empresas Incolbestos S.A., RenosaS.A., Infrisa S.A. y Servifreno Cía. Ltda., presentósus observaciones al recurso de reconsideracióninterpuesto por el gobierno del Ecuador y laempresa EGAR S.A. Al respecto señaló que “LaResolución 800 no tiene vicios de forma”, asimismoindicó “no se observa que la SecretaríaGeneral hubiera pretendido lograr un fin diferenteal contenido en el artículo 97 del Acuerdo deCartagena”;Que en su escrito señalaron que “no fue alegada,ni está probada, la causal de violación ocontravención del ordenamiento jurídico andino”,sino “que el recurso de reconsideración… pretendefundamentarse en interpretaciones extensasdel artículo 97 del Acuerdo de Cartagena,que por el carácter excepcional de las medidascorrectivas que autoriza, debe ser interpretadode manera restringida”;Que “La CNMF es uno de los principios queconstituye pilar fundamental de la ComunidadAndina, porque al pretender eliminar sus beneficios,en virtud de la aplicación del artículo 97 delAcuerdo de Cartagena a las importaciones colombianas,una vez se supere el contingente autorizadopor la Secretaría General, este últimopaís quedaría en una situación menos favorableque la otorgada por Ecuador a las importacionesde Chile, con lo que se pierde totalmente elsentido integracionista …y se violaría tambiénel carácter irrevocable del principio de liberacióncontenido en el artículo 72 del Acuerdo deCartagena”;Consideraciones de la Secretaría GeneralQue es oportuno señalar que el Tribunal Andinode Justicia en la sentencia de 28 de enero de1999, en el proceso 3-AI-97, recordó que:“en el estado actual del desarrollo de la integraciónsubregional andina, se ha llegado yaa un momento en que puede construirse unadoctrina sólida y consistente que desarrolleel principio de libre circulación de mercancíascomo un instrumento orientadorpara la interpretación y aplicación del derechocomunitario...”;Que las medidas de salvaguardias previstasen el Acuerdo de Cartagena son una excepciónal Programa de Liberación como lo ha señaladoel Tribunal de Justicia, entre otras en la sentenciade 10 de junio de 1987 (proceso 1-N-86),“como defensa necesaria, aunque transitoria,de los países comprometidos en el proceso deintegración, ante trastornos graves e imprevistos…”;Que como lo ha reconocido el Tribunal deJusticia en la sentencia mencionada, la SecretaríaGeneral como “organismo técnico encargadoen primer lugar de “velar por la aplicacióndel Acuerdo” (artículo 15) y depositaria, portanto, de una especie de ‘cláusula general decompetencia’ en esta materia, debe estar dotadade las facultades indispensables paracumplir su función frente al uso de las salvaguardias,para proteger el interés comunitario…”;(énfasis añadido)Que como se indicó en la Resolución 800, “laSecretaría General efectivamente deberáestablecer criterios para la aplicación de medidascorrectivas, y moverse dentro de un rangode posibilidades con cierto grado de discrecionalidad”(sentencia de 17 de agosto de1998 del Tribunal Andino de Justicia, proceso4-AN-97);Que en ese sentido, conviene recordar que almomento de decidir sobre la solicitud de salvaguardia,la Secretaría General evaluó los elementosy argumentos expuestos por el Gobiernodel Ecuador, así como las observaciones formuladaspor los Gobiernos del Perú y Colombia,y demás información allegada al expediente,con fundamento en el ordenamiento jurídico dela Comunidad Andina, y en ejercicio de las facultadesdiscrecionales que el Tribunal Andinode Justicia le reconoce a la Secretaría Generalen materia de medidas de salvaguardias;Que la Secretaría General se pronunciará sobrela revisión del cupo de importación cuestionadopor el recurrente, en ejercicio de su funciónde velar por la aplicación del Acuerdo de Cartagenay por el cumplimiento de las normas queconforman el ordenamiento jurídico de la ComunidadAndina, y de acuerdo a lo establecido enel artículo 3 del Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la Secretaría General;Que en relación con los argumentos relacionadoscon el cupo de importación señalado en


GACETA OFICIAL 20/07/2004 16.28el artículo 3 de la Resolución 800, la SecretaríaGeneral indicó que:“Artículo 3.- El Gobierno del Ecuador podráaplicar a las importaciones originarias de Colombiaun contingente libre de gravámenesde 536 toneladas, que corresponde al promediode las importaciones provenientes de Colombiapara el período febrero a agosto, entrelos años 2000 y 2002”;Que es preciso observar que el artículo 2 dela Resolución 206 del COMEXI señala lo siguiente:“La medida señalada …, se aplicará cuandolas importaciones …, hayan superado el cupoanual de importación de 787,45 toneladas,correspondientes al promedio de las importacionesoriginarias de la CAN del periodo 2000-2002, de manera que las importaciones quese efectúen dentro del cupo señalado, se realizaránde conformidad con el Programa deLiberación vigente en la CAN”;Que el segundo párrafo del artículo 97 delAcuerdo de Cartagena establece que:“… La Secretaría General, dentro de un plazode sesenta días siguientes a la fecha derecepción del mencionado informe, verificarála perturbación y el origen de las importacionescausantes de la misma y emitirá su pronunciamiento,ya sea para suspender, modificaro autorizar dichas medidas, las que solamentepodrán aplicarse a los productosdel País Miembro donde se hubiere originadola perturbación. Las medidas correctivas quese apliquen deberán garantizar el acceso deun volumen de comercio no inferior al promediode los tres últimos años.”;Que en el periodo de septiembre de 2003 aenero de 2004, las importaciones provenientesde Colombia alcanzaron un volumen de 357,21toneladas, a las que no se habrían aplicadogravámenes por ser volúmenes inferiores a lodispuesto en el artículo 2 de la Resolución 206del COMEXI;Que según las estadísticas de importacióndesde Colombia en la subpartida NANDINA6813.10.00 del Banco Central de Ecuador en elperiodo de 2000 a 2002, fue de 781,54 toneladas;Que con base en lo anterior, la SecretaríaGeneral encuentra que procede una correcciónen el cálculo del contingente a aplicarse en elperiodo comprendido entre el 1 de febrero de2004 hasta el 31 de agosto de 2004, considerandoel volumen que ingresaron libres de gravamen(357,24 toneladas);Que en ese sentido, el contingente libre degravamen para el periodo comprendido entre el1 de febrero y el 31 de agosto de 2004 será de424,33 toneladas;Que para los volúmenes que sobrepasen dichocontingente, se podrá aplicar un gravamenque no exceda el nivel del menor arancel aplicadoa terceros países, que de acuerdo con lainformación que dispone la Secretaría General,el arancel efectivo que el Ecuador aplicaría a lasimportaciones de Chile, Brasil y Paraguay seríancero (0), 7,5 y 9 por ciento respectivamente,por lo que debe entenderse que el nivel delmenor arancel aplicado a terceros países escero (0) por ciento;Que respecto a la Cláusula de Nación másFavorecida, el Acuerdo de Cartagena dispone losiguiente:“Artículo 139.- Cualquier ventaja, favor, franquicia,inmunidad o privilegio que se apliquepor un País Miembro en relación con un productooriginario de o destinado a cualquierotro país, será inmediata e incondicionalmenteextendido al producto similar originario deo destinado al territorio de los demás PaísesMiembros.Quedan exceptuados del tratamiento a quese refiere el inciso precedente, las ventajas,favores, franquicias, inmunidades y privilegiosya concedidos o que se concedieran envirtud de convenios entre Países Miembroso entre Países Miembros y tercerospaíses, a fin de facilitar el tráfico fronterizo”(énfasis añadido);Que respecto al principio de Nación más Favorecidaen la aplicación de situaciones de excepción,como la medida de salvaguardia invocadaa través del artículo 97 del Acuerdo deCartagena, la Secretaría General considera necesarioreferirse a determinadas consideracionesrealizadas por el Tribunal de Justicia sobreeste principio en la sentencia de 22 de noviembrede 2001, relativo al proceso 32-AI-2001:


GACETA OFICIAL 20/07/2004 17.28“Como ha sido ya dicho, el artículo 155 (actualartículo 139) del Acuerdo de Cartagenaconsagra de modo general la cláusula llamadade la “Nación más favorecida” en beneficiode todos los Países suscriptores de ese Instrumentoy, en consecuencia, de todos losque participan en el proceso de integraciónque se desarrolla bajo su amparo. No considerael mecanismo excepciones a la aplicacióngeneral del principio, que no seanlas previstas en los incisos segundo ytercero (eliminado en el actual artículo139) de la misma norma,…” (énfasis y anotacionesañadidos);“La cláusula de más favor es pues un mecanismoincorporado al Acuerdo de Cartagenadesde la fecha misma de su suscripción,cuyo efecto es el de establecer un trato igualitario,automáticamente ajustable para hacerseequivalente a cualquier ventaja o privilegioque un País Miembro reconozca o concedaa un tercero, para restablecer, de esamanera, la igualdad de trato respecto de losSocios Comunitarios.”“Las características fundamentales de estafigura convertida en ley para los Países Andinos,son aquellas de ser inmediatamente aplicadacuando se constituye la ventaja afavor de un tercero, también en beneficiode los demás Países Miembros; que esaextensión dispuesta como consagración delprincipio de equidad, debe ser incondicionaly, consecuentemente, no sujeta a compensacionesde clase alguna, menos aún sometidaa exigencias en materia de reciprocidad”(énfasis añadido);“A partir del análisis de los orígenes andinosrelativos al establecimiento de la cláusula dela Nación más Favorecida y, de las característicasjurídicas y técnicas de la misma, fijadaspor la doctrina y recogidas también enjurisprudencia de este Tribunal, puede concluirseque se trata de un mecanismo incorporadoal Ordenamiento Jurídico Comunitario,que no determina otras excepciones quelas taxativamente establecidas en el propioartículo 155 del Acuerdo de Cartagenay que, en consecuencia, tiene el carácter dedisposición de respeto obligatorio y automáticopara todos los Países Miembros, no siendopor lo tanto oponibles a ese compromiso,argumentos o justificaciones que nose enmarquen, fehacientemente, en losdispositivos que la constituyen y consagran”(énfasis añadido);Que con base en lo anterior, la SecretaríaGeneral considera que la única excepción señaladaen el artículo 139 del Acuerdo de Cartagenase refiere a determinados convenios que puedancelebrar los Países Miembros relacionados conel tráfico fronterizo, que no es el caso que nosocupa;Que la Secretaría General reitera el criterioexpuesto en la Resolución recurrida, en el sentidoque la aplicación de medidas de salvaguardiabajo lo dispuesto en el artículo 97 del Acuerdode Cartagena no debe poner a los productosoriginarios de los Países Miembros en una situaciónmenos ventajosa que en relación conproductos de terceros países. Y para ello deberecordar que ese razonamiento ha sido sostenidoen diversas resoluciones relacionadas conmedidas de salvaguardias expedidas por la Juntadel Acuerdo de Cartagena, y ahora por laSecretaría General de la Comunidad Andina, asíes pertinente mencionar las Resoluciones 275 y276 de 29 de febrero de 1988; 277 y 278 de 8 deabril de 1988; y 283 de 16 de diciembre de 1988,la Junta del Acuerdo de Cartagena consideróque las medidas de salvaguardia autorizadas“no podrán generar en ningún caso situacionesde discriminación en perjuicio de Países Miembrosrespecto de terceros países”. Asimismo,en la Resolución 690 de 14 de enero de 2003, alautorizar la medida solicitada señaló que “si losvolúmenes importados superaran lo señalado eneste párrafo, el Gobierno de Ecuador podrá aplicarun gravamen arancelario que no exceda elnivel del menor arancel aplicado a proveedoresde terceros países”;Que por consiguiente, la Secretaría Generalreitera que el principio de nación más favorecidaconsagrado en el artículo 139 del Acuerdo deCartagena debe aplicarse a los volúmenes deimportación que exceden el promedio de lostres últimos años, tanto cuando un País Miembroimpone una medida de salvaguardia provisionalal amparo del artículo 97 así como tambiéncuando la Secretaría General autoriza omodifica la medida solicitada;Que, por todo lo anteriormente expuesto, laSecretaría General;


GACETA OFICIAL 20/07/2004 18.28RESUELVE:Artículo 1.- Declarar parcialmente fundado elrecurso de reconsideración interpuesto por laRepública del Ecuador y por la empresa EGARS.A., contra la Resolución 800 de la SecretaríaGeneral.Artículo 2.- En consecuencia revocar los artículos3 y 5 de la Resolución 800.Artículo 3.- Se sustituye el artículo 3 de laResolución 800 por el siguiente:“El Gobierno del Ecuador podrá aplicar a lasimportaciones originarias de Colombia un contingentelibre de gravámenes de 424,33 toneladas”.Artículo 4.- Se sustituye el artículo 5 de laResolución 800 por el siguiente:“Para los volúmenes que sobrepasen el contingenteseñalado en el artículo 3, el Gobiernodel Ecuador podrá aplicar un gravamenhasta de quince por ciento (15%) a las importacionesoriginarias de Colombia, siempre ycuando aplique ese mismo gravamen a todaslas importaciones originarias de países nomiembros de la Comunidad Andina.”Artículo 5.- Confirmar los artículos 1, 2, 4 y 6de la Resolución 800 de la Secretaría General.Artículo 6.- De conformidad con lo dispuestoen el artículo 17 del Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la Secretaría General,comuníquese a la República del Ecuador ydemás Países Miembros; a la empresa EGARS.A.; y al representante legal de las empresasIncolbestos S.A., Renosa S.A., Infrisa y ServifrenoCía. Ltda., la presente Resolución, la cual entraráen vigencia a partir de su publicación en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.En cumplimiento de lo establecido en losartículos 17, 37 y 44 del Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la Secretaría General,se informa que contra la presente Resoluciónno puede interponerse un nuevo recurso dereconsideración, dejándose a salvo el derechode las partes a recurrir ante el Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, a través del ejerciciode la acción de nulidad dentro de los dosaños siguientes a su entrada en vigencia.Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséisdías del mes de julio del año dos mil cuatro.ALLAN WAGNER TIZONSecretario GeneralRESOLUCION 838Recurso de reconsideración interpuesto por las empresas C.A. Ecuatorianade Cerámica, Cerámica Rialto S.A. y Cerámicas Graiman Cía. Ltda.contra la Resolución 814 de la Secretaría GeneralLA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-NIDAD ANDINA,VISTOS: El artículo 30 literal a) y el CapítuloVI del Acuerdo de Cartagena sobre Programa deLiberación, el Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la Secretaría General, contenidoen la Decisión 425 del Consejo Andino deMinistros de Relaciones Exteriores, y la Resolución814 de la Secretaría General y;CONSIDERANDO: Que mediante Resolución814 de 7 de abril de 2004, publicada en la GacetaOficial 1052 de 12 de abril de 2004, la SecretaríaGeneral determinó que los derechos advalórem y específicos exigidos por la Repúblicadel Ecuador a las importaciones de cerámicaplana provenientes de Países Miembros de laComunidad Andina, a través de las Resoluciones205 del Consejo de Comercio Exterior e Inversionesdel Ecuador (COMEXI), publicada enel Registro Oficial 159 de 1 de septiembre de2003, y 232 también del COMEXI, publicada enel Registro Oficial 273 de 13 de febrero de 2004,constituyen gravámenes a los efectos del Programade Liberación del Acuerdo de Cartagena.Asimismo, de conformidad con lo señalado porel literal e) del artículo 55 de la Decisión 425,otorgó a la República del Ecuador un plazo dediez (10) días calendario para el levantamiento


GACETA OFICIAL 20/07/2004 19.28del gravamen determinado a las importacionesoriginarias y provenientes de los Países Miembros,de los productos comprendidos en las subpartidasNANDINA 6908.90.00 y 6907.90.00;Que mediante comunicación de 20 de mayode 2004, las empresas C.A. Ecuatoriana de Cerámica,Cerámica Rialto S.A. y Cerámicas GraimanCía. Ltda. interpusieron recurso de reconsideracióncontra la Resolución 814 de la SecretaríaGeneral y solicitaron “dejarla sin efecto”;Que la Secretaría General, a través del faxSG-X/0.5/543/2004 de 27 de mayo de 2004, informóa los Países Miembros de la ComunidadAndina sobre el recurso de reconsideración presentadocontra la Resolución 814 de la SecretaríaGeneral con la finalidad que presentaran lasobservaciones pertinentes;Que el 7 de junio de 2004, el Gobierno delEcuador mediante comunicación 2004-106 MICIPrespaldó el recurso de reconsideración interpuestocontra la Resolución 814 por las empresasC.A. Ecuatoriana de Cerámica, CerámicaRialto S.A. y Cerámicas Graiman Cía. Ltda. Alrespecto, el Gobierno del Ecuador reiteró elcriterio expuesto dentro del procedimiento iniciadopor la Secretaría General por la posibleaplicación de gravámenes al comercio por partede Ecuador que dio origen a la Resolución 814,en el sentido que “la aplicación de medidas desalvaguardia dentro del esquema de integraciónregional, es de naturaleza diferente a las salvaguardiasque se aplican al amparo de la normativade la OMC. Es bajo este principio que lospaíses andinos (Colombia, Ecuador y Venezuela)en la negociación reciente mantenida con elMERCOSUR, defendieron el derecho a mantenerla posibilidad de aplicar la salvaguardia OMCde manera simultánea a la que se aplicaríadentro del Acuerdo CAN – MERCOSUR. Esteprincipio está debidamente recogido en el artículo2 del Anexo V del mencionado Acuerdo deComplementación Económica”;Que las empresas C.A. Ecuatoriana de Cerámica,Cerámica Rialto S.A. y Cerámicas GraimanCía. Ltda. solicitaron la reconsideración de laResolución 814 sobre la base de dos argumentosprincipales:Sobre la jerarquía del ordenamiento jurídico andinoAl respecto afirman que:“en el marco de esta disposición constitucional(artículo 163), la Secretaría General ha deobservar que los Acuerdos multilaterales sobreel Comercio de mercancías, entre ellos elAcuerdo General sobre Aranceles Aduanerosy Comercio, GATT, de 1994 y el Acuerdo sobreSalvaguardias de la Organización Mundialdel Comercio, fueron ratificados por el CongresoNacional y promulgados en el RegistroOficial Nº 977, Suplemento, de 28 de junio de1996. Por lo tanto forman parte del ordenamientojurídico de la República del Ecuador”;“Por su parte, la Ley de Comercio Exterior eInversiones, LEXI, regula la facultad que tieneel Consejo de Comercio Exterior e Inversiones,COMEXI, para imponer medidas desalvaguardia en defensa de la producciónnacional; e impone la obligación de que alhacerlo se observen las normas y procedimientosde la Organización Mundial del Comercio,OMC;“…el Decreto Ejecutivo 3497 …introducen ala legislación interna las normas contenidasen algunos Acuerdos de la Organización Mundialdel Comercio y, particularmente, las contenidasen el Acuerdo sobre salvaguardias dela OMC“;Asimismo observan que,“Especial importancia y atención debe otorgarla Secretaría General de la ComunidadAndina al hecho de que no existe pronunciamientoalguno a nivel subregional andino, niadministrativo por parte de la propia SecretaríaGeneral ni judicial por parte del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina, que señaleun eventual incumplimiento del Ecuador a lalegislación comunitaria derivado de la vigenciade las normas contenidas en la Ley deComercio Exterior e Inversiones, LEXI, ni deaquellas contenidas en el Decreto Ejecutivo3497”;Estas afirmaciones conduce a los recurrentesa concluir en,“una convivencia entre la legislación comunitariaandina y aquella que deviene de laadhesión del Ecuador a la Organización Mundialdel Comercio. Por lo que, pretenderque las normas de la Comunidad Andinason jerárquicamente superiores a las de


GACETA OFICIAL 20/07/2004 20.28la Organización Mundial del Comercio,resulta forzado y del todo infundado”;“El pronunciamiento del Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina citado por la SecretaríaGeneral que a su criterio determina que‘la circunstancia de que los Países Miembrosde la Comunidad Andina pertenezcan a suvez a la Organización Mundial del Comerciono los exime de obedecer las normas comunitariasandinas so pretexto de que se estácumpliendo con las de dicha organización oque se pretende cumplir con los compromisosadquiridos con ella”, opera también ensentido inverso, es decir que la circunstanciade que algunos Países Miembros de la OMCsean parte a su vez de un Acuerdo Regionalque crea una zona de libre comercio como esla Comunidad Andina no los exime de obedecerlas normas multilaterales de la OMC sopretexto de que se está cumpliendo con lasnormas del acuerdo regional o que se pretendacumplir con los compromisos asumidosen la CAN’”;“…en el caso de las medidas de salvaguardia,no existe contradicción de normasentre las de la CAN y las de la OMC,pues la facultad de imponer derechos correctivospara gravar la importación de cerámicaplana originaria de los Países Miembrosde la Comunidad Andina al amparo del Art.97 del Acuerdo de Cartagena responde a unprocedimiento que se LIMITA a analizar elcomportamiento de las importaciones intrasubregionales;mientras que la facultad deimponer medidas de salvaguardia paragravar la importación de cerámica plana originariade todo el mundo (incluidos los PaísesMiembros de la CAN) al amparo del Art.XIX del GATT y del Acuerdo sobre Salvaguardiasde la OMC responde a un procedimientoque analiza el comportamiento de lasimportaciones provenientes de todo el mundo”(énfasis añadido);Sobre la prohibición de discriminarLos recurrentes sostienen que:“El Art. 2.2 del Acuerdo sobre Salvaguardiasde la OMC así como el Art. 301 del DecretoEjecutivo 3497, establecen una condición quela autoridad nacional debe observar a efectosde asegurar la validez de las medidas desalvaguardia tanto frente a la legislación internacomo frente a la legislación internacional.Esta condición es la prohibición de DIS-CRIMINAR respecto al origen o a la procedenciade los productos…”“Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMCArt. 2.2 Las medidas de salvaguardia se aplicaránal producto importado independientementede la fuente de donde proceda”,“D.E. 3497Art. 301 las medidas de salvaguardia se aplicaránal producto importado independientementede la fuente de donde proceda”;“Discriminar el origen de los productos, excluyendode la aplicación de la salvaguardia alos productos originarios de la ComunidadAndina de Naciones, como pretende la Resolución814 - de la Secretaría General, significaríaponer en riesgo la validez del proceso yla validez de las medidas ante la OrganizaciónMundial del Comercio”;Observaciones del Gobierno de ColombiaQue el Gobierno de Colombia, mediante comunicaciónSPC-107 de 8 de junio de 2004, solicitóa la Secretaría General que declarara “infundadoel recurso de reconsideración interpuestopor las empresas ecuatorianas, toda vez que enel mismo no se observan elementos jurídicos ytécnicos suficientes que controviertan las conclusionesde la SGCAN”;Que el Gobierno de Colombia insistió en “teneren cuenta que el Gobierno de Ecuador,desconoció el carácter prevalente de las disposicionescomunitarias frente al marco normativoestablecido para terceros países, toda vez quelas salvaguardias aplicables al comercio entrelos Miembros de la CAN, se rigen por el Acuerdode Cartagena y demás reglamentaciones desu ordenamiento jurídico”;Consideraciones de la Secretaría GeneralQue la Secretaría General ratifica su criteriocontenido en la Resolución 814 en el sentido deque el objeto de la investigación, dentro delprocedimiento iniciado por la Secretaría General,fue determinar si el derecho ad valórem y elderecho específico exigido por la República delEcuador a las importaciones de cerámica plana


GACETA OFICIAL 20/07/2004 21.28provenientes de los Países Miembros de la ComunidadAndina, a través de las Resoluciones205 del Consejo de Comercio Exterior e Inversionesdel Ecuador (COMEXI), publicada en el RegistroOficial 159 de 1 de septiembre de 2003, y232 también del COMEXI, publicada en el RegistroOficial 273 de 13 de febrero de 2004, constituíangravámenes a los efectos del Programa deLiberación del Acuerdo de Cartagena. A tal efectodicha Resolución así lo determinó en el sentidodel artículo 73 del Acuerdo de Cartagena;Que observa la Secretaría General que en elrecurso de reconsideración presentado por lasempresas C.A. Ecuatoriana de Cerámica, CerámicaRialto S.A. y Cerámicas Graiman Cía.Ltda. y ratificado por el Gobierno del Ecuador,no se desvirtúa la motivación ni la calificaciónde gravámenes determinada por la SecretaríaGeneral en la Resolución 814 de conformidadcon lo previsto en el artículo 73 del Acuerdo deCartagena, sobre el derecho ad valórem y elderecho específico exigido por la República delEcuador a las importaciones de cerámica planaprovenientes de los Países Miembros de la ComunidadAndina, a través de las Resoluciones205 y 232 del Consejo de Comercio Exterior eInversiones del Ecuador (COMEXI);Que observa asimismo la Secretaría Generalque en el recurso de reconsideración no se presentaningún argumento relativo a que la medidaadoptada por la República del Ecuador se justificapor alguna de las excepciones taxativamenteestablecidas en el artículo 73 del Acuerdo deCartagena. Al respecto, procede recordar que lajurisprudencia del Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina ha declarado que la legitimidadde cualquier control, procedimiento o formalidadque un País Miembro pudiere exigir, como consecuenciadel hecho de la importación procedentede otro País Miembro, sólo podría serapreciada dentro del marco del Derecho Comunitario.En este sentido -agrega el Tribunal-, laexigencia de condiciones, medidas restrictivaso gravámenes en los intercambios entre losPaíses Miembros no se justifica más que en lamedida necesaria para establecer si la mercancíaimportada está comprendida en alguna delas excepciones de carácter no económico previstasen el artículo 73 del Acuerdo de Cartagenacomo la moralidad, el orden y la seguridad públicas,la vida y salud de las personas, animales oplantas, los patrimonios nacionales de valor artístico,histórico o arqueológico, las armas, losmateriales nucleares; o para aplicar el régimende cláusulas de salvaguardia establecido en elCapítulo IX del Acuerdo de Cartagena (sentencia2-AN-98 de 2 de junio de 2000);Que, como se señaló en la Resolución 814,el artículo 72 del Acuerdo de Cartagena estableceque “el Programa de Liberación de bienestiene por objeto eliminar los gravámenes y lasrestricciones de todo orden que incidan sobre laimportación de productos originarios del territoriode cualquier País Miembro”;Que el artículo 73 del Acuerdo de Cartagenaseñala que “se entenderá por ‘gravámenes’ losderechos aduaneros y cualesquier otros recargosde efectos equivalentes, sean de carácterfiscal, monetario o cambiario, que incidan sobrelas importaciones. No quedarán comprendidosen este concepto las tasas y recargos análogoscuando correspondan al costo aproximado delos servicios prestados”;Que, el Tribunal de Justicia de la ComunidadAndina ha reiterado que caen bajo el conceptode gravamen “todas aquellas situaciones conlas cuales se pretenda recargar el valor de lasimportaciones que, por estar realizándose dentrode una zona de libre comercio, no debengravarse con suma alguna derivada del hechomismo de la importación a no ser que se tratedel cobro de los servicios que, directamenterelacionados con tal hecho, deba sufragar elimportador como contraprestación por tales servicios,generalmente constituidos por operacionesde descargue, estiba y desestiba, utilizaciónde puertos y hangares, bodegajes, trámitesconcernientes al levante de las mercancíasy demás usuales dentro del comercio internacionalde bienes” (sentencia 12-AN-99 de 24 deseptiembre de 1999);Que, el artículo 77 del Acuerdo de Cartagenaestablece la obligación de los Países Miembrosde abstenerse de aplicar gravámenes y de introducirrestricciones de todo orden a las importacionesde bienes originarios de la Subregión;Que, el artículo 4 del Tratado del Tribunal deJusticia de la Comunidad Andina advierte elcompromiso asumido por los Países Miembrosa no adoptar ni emplear medida alguna que seacontraria a las normas que conforman el ordena-


GACETA OFICIAL 20/07/2004 22.28miento jurídico de la Comunidad Andina o quede algún modo obstaculice su aplicación;Que como también se indicó en la Resoluciónimpugnada, las medidas contenidas en lasResoluciones 205 y 232 del COMEXI consistenen la aplicación de derechos adicionales al arancel.En el primer caso, bajo la forma de un derechoad valórem del quince por ciento (15%), yen el segundo, en cambio, como un derechoespecífico de 5 centavos de dólar, que se iríareduciendo de acuerdo con un cronograma;Que, como se explicó en la Resolución 814,tanto el derecho ad valórem como el derechoespecífico son recaudados por la administraciónaduanera ecuatoriana al momento de laimportación. Por lo que, tales derechos puedenser considerados como derechos aduaneros o,en todo caso, recargos de efecto equivalente aderechos aduaneros;Que, tales derechos no constituyen una contraprestacióna un servicio prestado, por lo queno pueden ser considerados como tasas o recargosanálogos;Que, por consiguiente, la Secretaría Generalconfirma que los derechos exigidos por la Repúblicadel Ecuador en las Resoluciones 205 y232 del COMEXI constituyen gravámenes en elsentido del artículo 73 del Acuerdo de Cartagena,como se determinó en la Resolución 814;Que sobre los argumentos presentados porlos recurrentes acerca de las relaciones entre lasalvaguardia prevista en el artículo 97 del Acuerdode Cartagena y las medidas permitidas porlos Acuerdos de la Organización Mundial delComercio, la Secretaría General reitera lo expuestoen la Resolución 814 en el sentido que:“el artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobreSalvaguardias de la OMC no imponen a susMiembros una obligación de aplicar medidas desalvaguardia. Esta es una facultad que disponenlos Miembros de la OMC, cuyo ejercicio nojustifica la adopción de medidas incompatiblescon otros compromisos que aquéllos hubieranasumido en el marco de acuerdos regionales.En tal sentido, los Países Miembros de la ComunidadAndina sólo habrían podido aplicargravámenes al comercio intracomunitario, amparándoseen las normas de la OMC, si elAcuerdo de Cartagena expresamente hubieraprevisto esa posibilidad”;Que, asimismo, se reitera lo expresado por elTribunal de Justicia de la Comunidad Andinaacerca de que “la circunstancia de que los PaísesMiembros de la Comunidad Andina pertenezcana su vez a la Organización Mundial deComercio no los exime de obedecer las normascomunitarias andinas so pretexto de que seestá cumpliendo con las de dicha organizacióno que se pretende cumplir con los compromisosadquiridos con ella” (sentencia de 21 de julio de1999, en el proceso 7-AI-98);Que, en este orden de ideas, procede recordarel pronunciamiento del Tribunal Andino sobrela naturaleza del ordenamiento jurídico de laComunidad Andina y su congruencia o coexistenciacon otros ordenamientos internacionales,emitido, entre otras, en la sentencia de 18de junio de 2003, procesos 10-AN-2000 y 61-AN-2000 acumulados:“El ordenamiento jurídico andino es autónomoy la aplicación de las normas comunitariasque lo conforman no depende de las deotros ordenamientos internacionales, ni debesujetarse a que guarden compatibilidad o conformidadcon ellas. Cosa bien diferente es lade que, para que este ordenamiento se acompasecon el de otras esferas u organizacionesinternacionales o mundiales, el legisladorandino expida normas que acojan dentrode su ordenamiento principios y regulacionesidénticos o semejantes a las de aquéllas …Además, el derecho comunitario andino, fuerade constituir un ordenamiento jurídico autónomo,independiente, con su propio sistemade producción, ejecución y aplicaciónnormativa, posee los atributos, derivados desu propia naturaleza, conocidos como deaplicabilidad inmediata, efecto directo y primacía.Este tercer elemento dice relacióncon la capacidad que tienen sus normas deprevalecer sobre las de derecho interno, cualquieraque sea el rango de éstas, lo cual enla práctica se traduce en que el hecho depertenecer al acuerdo de integración leimpone a los Países Miembros dos obligacionesfundamentales dirigidas la una,a la adopción de medidas que asegurenel cumplimiento de dicho Ordenamientodentro de su ámbito territorial; y la otra,a que no se adopten medidas o se asumanconductas o se expidan actos, seande naturaleza legislativa, judicial, o ad-


GACETA OFICIAL 20/07/2004 23.28ministrativa, que contraríen u obstaculicenla aplicación del derecho comunitario”(Sentencia dictada en el expediente N°89-AI-2000, Gaceta Oficial N° 722, del 12 deoctubre de 2001) (énfasis añadido);Que respecto al argumento de las empresasrecurrentes en el sentido de que “discriminar elorigen de los productos, excluyendo de la aplicaciónde la salvaguardia a los productos originariosde la Comunidad Andina de Naciones,como pretende la Resolución 814 de la SecretaríaGeneral, significaría poner en riesgo la validezdel proceso y la validez de las medidas antela Organización Mundial del Comercio”, sin perjuiciode los fundamentos expuestos sobre laautonomía del ordenamiento comunitario y de lacalificación como gravámenes de las medidasadoptadas por la República del Ecuador, la SecretaríaGeneral observa que las normas de laOMC permiten a los Países Miembros de AcuerdosRegionales de Comercio excluir entre ellosla aplicación de medidas de salvaguardia previstasen las normas de la OMC, afirmación que seconstata con lo previsto en las normas de laOMC y con la interpretación que ha dado elÓrgano de Apelación de la OMC 1 ;1Ver (a) informe del Órgano de Apelación de la OMC de10 de noviembre de 2003, relativo al caso de EstadosUnidos - medidas de salvaguardia definitivas sobre lasimportaciones de determinados productos de acero(WTO 259 AB/R), y (b) Informe del Órgano de Apelaciónde la OMC de 15 de febrero de 2002, referente alcaso de Estados Unidos - Medida de salvaguardiadefinitiva contra las importaciones de tubos al carbonosoldados de sección circular procedentes de CoreaWT/DS248.2Ver artículos 1 y 5 del Anexo IV del Tratado de Asunciónrelativo a las Cláusulas de Salvaguardia. Véasetambién el laudo del Tribunal Arbitral del MERCOSURrelativo a la controversia entre la República Federativadel Brasil (Parte Reclamante) y la República Argentina(Parte Reclamada) identificada como controversia sobre“aplicación de medidas de salvaguardia sobre productostextiles (res. 861/99) del Ministerio de Economíay Obras y Servicios Públicos”, de 10 de marzo de2000.3Ver Capítulo VIII del TLCAN, Artículo 802. 1.Que la Secretaría General observa tambiénque determinados Acuerdos Regionales comoel Mercado Común del Sur (MERCOSUR) 2 y elTratado de Libre Comercio de América del Norteentre el Gobierno del Canadá, el Gobierno delos Estados Unidos de América y el Gobiernode los Estados Unidos Mexicanos (TLCAN, oNAFTA por sus siglas en inglés) 3 , prevén la exclusióno prohibición de las medidas de salvaguardiaprevistas en las normas de la OMC, sinque hayan sido declaradas incompatibles conlas normas de la OMC;Que conviene precisar que el Acuerdo deCartagena no establece la posibilidad de quelos Países Miembros apliquen otro tipo de medidasde salvaguardia, diferentes a las previstasen el Acuerdo. Por lo que cualquier aplicaciónde medidas de salvaguardia al comercio intracomunitariose regirá bajo lo dispuesto en elordenamiento jurídico de la Comunidad Andina;Que, por todo lo anteriormente expuesto, laSecretaría General ratifica la Resolución 814; y,RESUELVE:Artículo 1.- Declarar sin lugar el recurso dereconsideración interpuesto por las empresasC.A. Ecuatoriana de Cerámica, Cerámica RialtoS.A y Cerámicas Graiman Cía. Ltda., y en consecuencia,confirmar la Resolución 814 de laSecretaría General.De conformidad con lo dispuesto en el artículo17 del Reglamento de Procedimientos Administrativosde la Secretaría General de la ComunidadAndina, contenido en la Decisión 425 delConsejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores,comuníquese a las empresas C.A. Ecuatorianade Cerámica, Cerámica Rialto S.A. yCerámicas Graiman Cía. Ltda., y a los PaísesMiembros, la presente Resolución, la cual entraráen vigencia a partir de su publicación en laGaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.En cumplimiento de lo previsto en los artículos17, 37 y 44 del Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la Secretaría General, seseñala que contra la presente Resolución nopuede interponerse un nuevo recurso dereconsideración, dejándose a salvo el derechode las partes a recurrir ante el Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina, a través del ejerciciode la acción de nulidad dentro de los dosaños siguientes a la fecha de entrada en vigenciade la Resolución.Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséisdías del mes de julio del año dos mil cuatro.ALLAN WAGNER TIZONSecretario General


GACETA OFICIAL 20/07/2004 24.28RESOLUCION 839Dictamen N° 09-2004 de Incumplimiento por parte de la República del Ecuadorde la Resolución 802 que calificó como restricción al comercio intrasubregionalla exigencia de licencias y autorizaciones previas para la importaciónde los productos identificados en la Resolución 183 delConsejo de Comercio Exterior e Inversiones COMEXILA SECRETARIA GENERAL DE LA COMU-NIDAD ANDINA,VISTOS: El artículo 30 y el Capítulo VI delAcuerdo de Cartagena sobre el Programa deLiberación, los artículos 4 y 23 del Tratado delTribunal de Justicia de la Comunidad Andina, elReglamento de Procedimientos Administrativoscontenido en la Decisión 425 y la Resolución802 de la Secretaría General; y,CONSIDERANDO: Que el 5 de marzo de2004, la Secretaría General emitió la Resolución802, publicada el 8 de marzo de 2004 en laGaceta Oficial 1042, que calificó como restricciónal comercio intrasubregional, según lo dispuestoen el artículo 73 del Acuerdo de Cartagena,la exigencia por parte de la República del Ecuadorde una “autorización previa” o “licencia deimportación”, adicional a los procedimientos decontrol permitidos por el artículo 73 del Acuerdode Cartagena, para la lista de los productosidentificados en la Resolución 183 del Consejode Comercio Exterior e Inversiones COMEXI,publicada en la Edición Especial 6 del RegistroOficial del 5 de mayo de 2003;Que, de conformidad con lo establecido en elliteral e) del artículo 55 del Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la SecretaríaGeneral, la Resolución 802 concedió al Gobiernodel Ecuador un plazo máximo de treinta (30)días calendario para el levantamiento de la restricción;Que, mediante comunicación SG-F/0.5/728/2004 de fecha 5 de mayo de 2004, este órganocomunitario dio inicio a la investigación por posibleincumplimiento de la Resolución 802 porparte de la República del Ecuador;Que, mediante la comunicación SG-F/0.5/783/2004 del 14 de mayo de 2004, y con arregloa lo previsto en el artículo 61 del Reglamento deProcedimientos Administrativos de la SecretaríaGeneral (Decisión 425), este órgano comunitarioformuló una nota de observaciones a laRepública del Ecuador, en la cual consideróque, hasta la fecha, no se había informado aeste órgano comunitario acerca de las medidasadoptadas para levantar la referida restricción.Adicionalmente, se concedió al Gobierno delEcuador un plazo de diez (10) días hábiles a finde que presentara sus descargos;Que, mediante comunicación SG-X/0.5/503/2004 de fecha 14 de mayo de 2004, esta SecretaríaGeneral comunicó a los Países Miembrosla emisión de la correspondiente nota de observacionesal Gobierno del Ecuador, y les concedióun plazo de diez (10) días hábiles a fin deque presentaran sus observaciones al respecto;Que, con fecha 27 de mayo de 2004, enrespuesta al fax SG-X/0.5/503/2004, el Gobiernode Colombia comunicó a esta Secretaría que“Ecuador mantiene la autorización previa para laimportación de productos agrícolas”. Adicionalmente,el Gobierno de Colombia presentó doscomunicaciones de las empresas Alpina ProductosAlimenticios S.A. y Aerocomercial Delivalle,de fechas 25 de mayo y 21 de mayo, respectivamente,en las cuales se señala que el Ecuadormantiene la aplicación de autorizacionesprevias. La empresa Alpina sostiene que “desdeel 2 de abril se radicaron en el Ministerio deAgricultura de Ecuador las solicitudes para laimportación de Quesos Petit Suisse y QuesoParmesano Rallado, no obstante tener el avalde la documentación y el visto bueno por partede la subsecretaría del Ministerio de Agricultura,las autorizaciones aún no han sido firmadaspor el ministro Dr. Salomón Larrea”. Por suparte, la empresa Delivalle, señala que “La CANdeterminó un plazo de 30 días para que el GobiernoEcuatoriano eliminara la restricción impuestaa los productos agrícolas denominadaAUTORIZACION PREVIA. Desafortunadamenteesto no ha sucedido, y vencido el plazo estedocumento se mantiene y como si fuere poco


GACETA OFICIAL 20/07/2004 25.28las tarifas de servicios sanitarios (SESA) se haaumentado de manera considerable”;Que, vencido el plazo otorgado, el Gobiernodel Ecuador no dio respuesta a la nota de observaciones;Que, de la información que dispone la SecretaríaGeneral, se desprende que la Repúblicadel Ecuador no procedió a levantar la exigenciade autorizaciones o licencias previas para lasimportaciones originarias de la Subregión de losproductos identificados en la Resolución 183del Consejo de Comercio Exterior e InversionesCOMEXI, en los términos y el plazo establecidoen la Resolución 802 de la Secretaría General;Que la Resolución 802 de la Secretaría Generalforma parte del ordenamiento jurídico de laComunidad Andina y, consecuentemente, es deobligatorio cumplimiento para la República delEcuador. En este sentido, el Tribunal de Justiciade la Comunidad Andina ha sostenido que“constituyendo las Resoluciones… actos administrativos,se encuentran revestidos o amparadosde las características de la presunción delegalidad y ejecutoriedad” (sentencia 3-AI-97 de24 de marzo de 1997); y que “las Resolucionesque califican una medida interna como restricciónal comercio, a los efectos del Capítulo V delAcuerdo de Cartagena, constituyen actos decisoriosque crean en el País Miembro destinatariouna obligación de cumplimiento inmediato”(sentencia 43-AI-99 de 13 de octubre de 2000);Que, adicionalmente, la República del Ecuador,al no haber levantado la restricción determinadaen la Resolución 802 de la SecretaríaGeneral, ha incurrido en incumplimiento del CapítuloVI del Acuerdo de Cartagena, en particularde los artículos 72, 73 y 77, que prohíben laaplicación de gravámenes y la introducción derestricciones de todo orden a las importacionesde bienes originarios de la Subregión;Que la República del Ecuador, al haber adoptadouna medida incompatible con el Acuerdode Cartagena y al no haber procedido a levantarla,dentro del plazo fijado para el efecto por laSecretaría General, también ha incurrido en incumplimientode su deber de cooperación leal,consagrado en el artículo 4 del Tratado del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina. Enefecto, como lo ha expuesto el Tribunal Andino,“el incumplimiento de cualquier norma jurídica,originaria o derivada, por parte de un País Miembrocomporta inevitablemente la infracción delreferido artículo 4º…” (Sentencia del 31 de enerode 2001 en el proceso 17-AI-2000);Que el inciso a) del artículo 30 del Acuerdode Cartagena, atribuye a la Secretaría Generalla función de velar por la aplicación del Acuerdoy por el cumplimiento de las normas que conformanel ordenamiento jurídico de la ComunidadAndina;RESUELVE:Artículo 1.- Dictaminar que la República delEcuador, al no haber procedido a levantar lasrestricciones calificadas por la Resolución 802de la Secretaría General, consistentes en laexigencia de autorizaciones o licencias previaspara la importación de los productos identificadosen la Resolución 183 del Consejo de ComercioExterior e Inversiones COMEXI, ha incurridoen incumplimiento de normas que conformanel ordenamiento jurídico de la ComunidadAndina, en especial de la señalada Resolución802, de los artículos 72, 73 y 77 del Acuerdo deCartagena y del artículo 4 del Tratado del Tribunalde Justicia de la Comunidad Andina.Artículo 2.- Conforme a lo previsto en elliteral f) del artículo 65 del Reglamento de ProcedimientosAdministrativos de la Secretaría General(Decisión 425), concédase al Gobierno delEcuador un plazo de treinta (30) días calendariopara que ponga fin al incumplimiento a que serefiere el presente Dictamen.De acuerdo con lo establecido en el artículo17 del Reglamento de Procedimientos Administrativosde la Secretaría General, se informa quecontra la presente Resolución procede recursode reconsideración dentro de los 45 días siguientesa su publicación en la Gaceta Oficialdel Acuerdo de Cartagena.Comuníquese a los Países Miembros la presenteResolución, la cual entrará en vigencia apartir de su fecha de publicación en la GacetaOficial del Acuerdo de Cartagena.Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los dieciséisdías del mes de julio del año dos mil cuatro.ALLAN WAGNER TIZONSecretario General


GACETA OFICIAL 20/07/2004 26.28


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GACETA OFICIAL 20/07/2004 28.28Editada por la Secretaría General de la Comunidad Andina - Paseo de la República 3895 - Fax (51-1) 221-3329 - Teléf. (51-1) 411-1400 - Casilla 18-1177 - Lima 18-Perú

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