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Sistemas electorales y principios constitucionales. - Tribunal ...

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Mesa I. <strong>Sistemas</strong> <strong>electorales</strong> y <strong>principios</strong> <strong>constitucionales</strong>La suspensión de derechos políticos por cuestiones penales en MéxicoPara el primer jefe, quienes no votaran, teniendo derecho a ello, o quienes nodesempeñaran los cargos de elección popular para los cuales habían sido electos, oquienes se negaran a participar en la recepción de la votación el día de la elección,por ejemplo, eran personas que, no obstante su calidad de ciudadanos, se interesabanpoco o nada en la vida de la República, por lo que no merecían mantener la “gracia” o“privilegio” que implica la ciudadanía, el goce de los derechos políticos. Ese desinterésen el cumplimiento de las obligaciones de todo ciudadano justificaba, según Carranza,la suspensión de los derechos políticos de los desobligados.Sin embargo, en lo que respecta a este trabajo, lo que interesa es que las fraccionesdel artículo 38 relacionadas con la suspensión de las prerrogativas ciudadanaspor cuestiones penales se justifican con el breve enunciado “no saber hacer uso debidode la ciudadanía”. Esta frase encierra toda la explicación de la filosofía política de lasuspensión de derechos políticos. Conforme con esto, sobre aquel a quien se le hayadictado una orden de aprehensión y que ésta no haya sido ejecutada por evasión, quiense encuentre sujeto a un proceso penal o quien se encuentre expiando una pena deprisión por sentencia recae (no la presunción, sino) la condena de “no haber hecho unuso debido de la ciudadanía”.Cabe precisar que en el texto original de la Constitución de 1917 se consagróigualmente como un derecho fundamental la denominada “libertad caucional”, que seentendió como una medida precautoria en beneficio del inculpado, para que, durante elproceso penal, gozara de libertad. Evidentemente, su inclusión en el artículo constitucionaltuvo por objeto reconocer en dicha medida precautoria un derecho fundamental delque gozaran con mayor facilidad los inculpados, evitando la práctica judicial previa enla que se negaba con simplicidad burocrática el disfrute de dicho derecho.A partir de la reforma practicada en este tema al artículo 20 constitucional, en 1948,se ha delineado la práctica más benéfica, pero también más rigurosa, de esta medidaprecautoria, con el objetivo de que cumpla cabalmente con su finalidad, es decir, permitirque el inculpado siga su proceso en libertad.Lo anterior debe ser considerado al momento de intentar una interpretación sistemáticadel artículo 38, fracción II, de la propia Constitución federal, puesto que no debeperderse de vista que la libertad del inculpado se ha percibido como un valor constitucionalmentede tutela, incluso en aquellas situaciones en las cuales una persona estásujeta a un proceso penal.Manuel González Oropeza, Carlos Báez Silva y David Cienfuegos Salgado― 42 ―

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