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Sistemas electorales y principios constitucionales. - Tribunal ...

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Mesa I. <strong>Sistemas</strong> <strong>electorales</strong> y <strong>principios</strong> <strong>constitucionales</strong>La suspensión de derechos políticos por cuestiones penales en Méxicoc) Entre abril y agosto de 2005, el Tercer <strong>Tribunal</strong> Colegiado en Materia Penaldel Primer Circuito sentó diversos precedentes que dieron origen a lajurisprudencia I.3o.P. J/16, en la que se prescribe básicamente que, considerandoque la suspensión de derechos políticos de los gobernados,como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión impuesta alpronunciar sentencia condenatoria, debe decretarse únicamente por laautoridad judicial, 28 si el juzgador no decreta expresamente dicha suspensióny únicamente informa al Registro Federal de Electores “para losefectos de su competencia”, “la autoridad electoral, en una interpretacióninadecuada de ese comunicado, podría suspender los derechos políticosdel sentenciado sin estar autorizada legalmente para ello, pues no debeperderse de vista que la intención del legislador fue, precisamente, señalarcuál autoridad judicial local o federal está facultada para decretarla suspensión de los derechos políticos de los gobernados, y a cuál [sic]corresponde sólo ejecutar la orden”.d) En mayo de 2005, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de laNación prescribió, en la jurisprudencia 1a./J. 67/2005, que esta causa desuspensión de los derechos políticos se establece por “ministerio de ley”como consecuencia necesaria de la imposición de una sanción o de la penade prisión: “La suspensión de derechos por ministerio de ley, es la que demanera intrínseca se produce como consecuencia necesaria de la imposiciónde una sanción o de la pena de prisión, que el Juez debe tomar en cuentaineludiblemente al dictar sentencia” (Tesis 1a/J 67/2005).Que la suspensión de derechos políticos se imponga por ministerio de leyimplica que una vez que el gobernado se ubica en la hipótesis constitucional–como cuando se extingue una pena privativa de libertad–, no se requiere unacto voluntario diverso para que se produzcan sus consecuencias, sino queoperan de manera inmediata.28 Ya en la jurisprudencia I.6o.P. J/8, inmediatamente citada, se prescribe que la suspensión de derechos políticos,como consecuencia directa y necesaria de la pena de prisión impuesta por la comisión de un delito,“debe ser decretada necesariamente en la sentencia por la autoridad judicial y no por la autoridad electoral,a quien únicamente le corresponde ejecutar dicha pena impuesta por la autoridad judicial local o federal”.Manuel González Oropeza, Carlos Báez Silva y David Cienfuegos Salgado― 50 ―

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