Decimosexto Informe al Congreso - DefensorÃa del Pueblo
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DECIMOSEXTO INFORMEDEL DEFENSOR DEL PUEBLO DE COLOMBIAAL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
323.4D313dColombia. Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. <strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de Colombia <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República.Bogotá, D. C. Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, enero – diciembre 2008. 776 p.ISBN 978-958-9353-99-8DERECHOS HUMANOS – COLOMBIA – INFORMESCOLOMBIA. DEFENSORÍA DEL PUEBLO – INFORMESEdición y coordinaciónDirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación de Derechos HumanosCarlos A. Perdomo C. y Leonardo Bahos Rodríguez, con la colaboración deNéstor Osw<strong>al</strong>do Arias Ávila y Gustavo Adolfo Robayo Castillo.EstadísticasCorrección de estiloJorge Enrique Wahaník (primera parte) y Fernando Iriarte Martínez (segunda parte).Diseño PortadaIván Mauricio DelgadoFotosArchivo Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Diagramación e impresiónImprenta Nacion<strong>al</strong>©DEFENSORÍA DEL PUEBLOC<strong>al</strong>le 55 No. 10-32Apartado aéreo: Nº 24299 Bogotá, D. C.Tels.: 314 7300 – 314 4000www.defensoria.org.coObra de distribución gratuita.El presente texto se puede reproducir, fotocopiaro replicar, tot<strong>al</strong> o parci<strong>al</strong>mente, citando la fuente.Bogotá D.C., julio 2009
VÓLMAR ANTONIO PÉREZ ORTIZDefensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>GLORIA ELSA RAMÍREZ VANEGASSecretaria Gener<strong>al</strong>CONSUELO RIVERA PINEDASecretaria PrivadaALFONSO CHAMIE MAZZILIDirector Nacion<strong>al</strong> de Defensoría PúblicaBLANCA PATRICIA VILLEGAS DE LA PUENTEDirectora Nacion<strong>al</strong> de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>esMARÍA GIRLESA VILLEGAS MUÑOZDirectora Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de QuejasHERNANDO TORO PARRADirector Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación de Derechos HumanosBLANCA DEL PILAR RUEDA JIMÉNEZDefensora Delegada para los Derechos de la Niñez,la Juventud, la Mujer y el AncianoELISABETTA MORELLI RICO (E)Defensora Delegada para los Derechos Colectivos y <strong>del</strong> AmbienteKARIN IRINA KUHFELDT SALAZARDefensora Delegada para los Asuntos Constitucion<strong>al</strong>es y Leg<strong>al</strong>esHORACIO GUERRERO GARCÍADefensor Delegado para los Indígenas y las Minorías ÉtnicasPATRICIA RAMOS RODRÍGUEZDefensora Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong> y PenitenciariaADRIANA ROSAS CRUZ (C)Defensora Delegada para el Seguimiento, Ev<strong>al</strong>uación y Monitoreode las Políticas Públicas para la Re<strong>al</strong>ización de los Derechos HumanosJORGE ENRIQUE CALERO CHACÓNDefensor Delegado para la Ev<strong>al</strong>uación de Riesgos de la Población CivilPATRICIA LUNA PAREDES. Unidad de Atención a VíctimasHERNANDO TORO PARRA. Coordinación de Atención a Desplazados por la ViolenciaÁLVARO SERRANO MORA. ÁLVARO GARCÍA HOYOS. PEDRO ABRIL. ÉDGAR GÓMEZ RAMOS JAVIER ALFONSO GÓMEZ CONTRERAS.
EXPRESIÓN DERECONOCIMIENTOEl <strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República,<strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que los anteriores informes <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong>, no habría sido posible sin las v<strong>al</strong>iosascontribuciones de todas las personas y de cada uno de los servidores públicos <strong>del</strong>as dependencias nacion<strong>al</strong>es, region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>;de las entidades <strong>del</strong> Estado; de los organismos de cooperación internacion<strong>al</strong> y <strong>del</strong>as organizaciones soci<strong>al</strong>es y no gubernament<strong>al</strong>es que apoyaron decididamente lagestión defensori<strong>al</strong> durante el periodo.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> 9CONTENIDOPRESENTACIÓN . ............................................. 29PRIMERA PARTE . ............................................ 43INFORME CENTRAL . ......................................... 45A. CON LAS VÍCTIMAS ¿EN QUÉ ANDAMOSY EN DÓNDE VAMOS? . ............................... 45B. INFORMES ANUALES ESPECIALES . ................... 49B.1.B.2.B.3.B.4.B.5.LA ATENCIÓN DEFENSORIAL A LAS POBLACIONESEN RIESGO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO YVÍCTIMAS DEL MISMO: Aspectos de mayorrelevancia ................................................. 49LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLACIONES MASIVAS DELOS DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMA DEALERTAS TEMPRANAS-SAT ........................... 67SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS,LAS NIÑAS, LOS ADOLESCENTES Y LAS MUJERESEN COLOMBIA ...................................... 77SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOSGRUPOS ÉTNICOS DE COLOMBIA . .................... 85LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE.DIAGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA EN LA EJECUCIÓNDE POLÍTICAS PÚBLICAS EN TORNO AL DERECHOHUMANO AL AGUA .................................. 95C. INFORMES ANUALES GENERALES . ................... 103C.1.C.2.INFORME GENERAL DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DEQUEJAS: Los derechos humanos y el Derecho Internacion<strong>al</strong>Humanitario en Colombia en el año 2008 . .................. 103INFORME GENERAL DE LAS ACTUACIONES DE LADEFENSORÍA ANTE LAS RAMAS LEGISLATIVA Y
10 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>JUDICIAL: Acciones en asuntos constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>es ...... 139D. INFORMES ANUALES DE LEY . ........................ 161D.1.D.2.SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LASPERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD: Situación de losderechos humanos de las personas privadas de la libertad ..... 161SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, DESARROLLOY EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS:Observaciones Al 5° <strong>Informe</strong> de la República de Colombia <strong>al</strong>Comité De Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es 2008 . . . 179E. EL ACCESO A LA JUSTICIA . ........................... 207E.1.E.2.LOS RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES. SITUACIÓNESPECIAL DEL PRINCIPAL RECURSO DE PROTECCIÓNJUDICIAL . ........................................... 207LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL MARCO DELORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNO . ............... 213F. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTA PEDAGÓGICAPARA LA EDUCACIÓN, PROMOCIÓN Y FORMACIÓNEN DERECHOS HUMANOS . .......................... 215SEGUNDA PARTE . ............................................ 225INFORME DE GESTIÓN . ...................................... 227LA GESTIÓN DEFENSORIAL . ................................. 229A. LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN AVÍCTIMAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO . ......... 2311. LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL MARCO DE JUSTICIA Y PAZ. . 2321.1. Comité de Coordinación Interinstitucion<strong>al</strong> de Justicia y Paz ......... 2321.2. Comisión Nacion<strong>al</strong> de Reparación y Reconciliación-CNRR ......... 2321.2.1. Programa de Restitución de Bienes- Comité Técnico Especi<strong>al</strong>izado . . 2331.2.2. Programa de Reparación Vía Administrativa - Comitéde Reparaciones Administrativas ............................... 2341.2.3. Programa de Reparaciones Colectivas ........................... 2341.3. Proyecto de Ley de Víctimas (157 Senado y 044 Cámara)en trámite en el <strong>Congreso</strong> de la República. ....................... 235
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>111.4. La atención defensori<strong>al</strong> especi<strong>al</strong>izada y el acceso a la justiciade las víctimas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2351.5. Orientación y asesoría sobre el proceso de justicia y paz ............ 2361.5.1. Acciones de orientación y asesoría individu<strong>al</strong> ..................... 2361.6. Logros <strong>del</strong> proceso de asistencia, asesoría y orientación defensori<strong>al</strong> . . . 2381.7. Acciones de orientación especi<strong>al</strong>izada grup<strong>al</strong> en el marcode justicia y paz ............................................. 2401.7.1. Asesoría y asistencia jurídica sobre el programa de reparaciónindividu<strong>al</strong> por vía administrativa. ............................... 2411.7.2. Proceso de sustanciación y acompañamiento psicológicoen el ámbito judici<strong>al</strong> ......................................... 243INFORMES ANUALES ESPECIALES . ............................ 245B. EJERCICIO DE LA MAGISTRATURA MORAL . ........... 245B.1.GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA PROTECCIÓNDE LOS DERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADAPOR LA VIOLENCIA . ................................. 2471.1. La magistratura mor<strong>al</strong> y la gestión defensori<strong>al</strong> en materia deatención <strong>al</strong> desplazamiento forzado ............................. 2471.2. El Desplazamiento forzado ................................... 2471.3. El ejercicio de la magistratura mor<strong>al</strong> en materia de desplazamientoforzado ......................................................... 2501.3.1. Resoluciones defensori<strong>al</strong>es .................................... 2501.3.2. Audiencias defensori<strong>al</strong>es. ..................................... 250 .......................... 2511.3.2.2. Lugares donde se re<strong>al</strong>izaron las audiencias defensori<strong>al</strong>es duranteel año 2008 ................................................ 2511.3.2.3. Participantes en las audiencias defensori<strong>al</strong>es loc<strong>al</strong>es ................ 2521.4. <strong>Informe</strong>s de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 ............. 2531.5. Participación y asistencia a las audiencias de la Corte Constitucion<strong>al</strong> . . 2541.6. La atención defensori<strong>al</strong> y el acceso a la justicia en materiade desplazamiento forzado. ................................... 254 .................. 2541.6.2. Atención en las zonas de monitoreo o de residenciay/o asentamiento de las comunidades ........................... 254
12 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.6.3. Atención de acuerdo con la situación concreta de las comunidadeso personas en riesgo o víctimas <strong>del</strong> desplazamiento que requieren<strong>del</strong> servicio. ................................................ 2551.6.4. Asesoramiento de acuerdo con la fase de atención en la quese encuentran. .............................................. 2551.6.4.1. Toma de declaraciones ....................................... 2551.6.4.2. Situaciones vinculadas con el registro único de población desplazada(RUPD) ................................................... 2561.6.4.3. Asesoría sobre acceso a derechos. .............................. 2571.6.5. Presencia permanente en zonas de <strong>al</strong>to riesgo de desplazamiento. ........ 2581.6.6. <strong>Informe</strong>s que recogen de manera an<strong>al</strong>ítica y descriptiva, la situaciónde derechos humanos y la dinámica <strong>del</strong> desplazamiento forzado. ..... 2581.6.6.1. <strong>Informe</strong>s de actividades y análisis de monitoreo sobre las situacionesque pueden generar desplazamiento forzado o cruce de fronteras .... 2591.6.7. Seguimiento a las medidas cautelares y provision<strong>al</strong>es <strong>del</strong> SistemaInteramericano de Derechos Humanos. ......................... 2611.6.7.1. Con medidas cautelares. ...................................... 2611.6.7.2. Con medidas provision<strong>al</strong>es. ................................... 261 humanos y de derecho internacion<strong>al</strong> humanitario. ................. 2621.6.8.1. Misiones humanitarias en caso de ocurrencia de eventosde desplazamiento masivo .................................... 2621.6.8.2. Actividades de monitoreo en zona de frontera .................... 2621.6.8.3. Departamentos objeto de monitoreo. ........................... 263B.2. GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA EVALUACIÓNDE RIESGOS DE LA POBLACIÓN CIVIL COMOCONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO – SISTEMADE ALERTAS TEMPRANAS (SAT) . ...................... 2712.1. Gestión en monitoreo. ....................................... 2732.2. Gestión en advertencia a través de informes de riesgo. ............. 2772.3. <strong>Informe</strong> estructur<strong>al</strong> de riesgo. ................................. 287 ........... 2882.3.2. <strong>Informe</strong> estructur<strong>al</strong> de riesgo para el piedemonte araucano. ......... 2922.4. Alertas tempranas levantadas por el CIAT ....................... 294
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>132.4.1. <strong>Informe</strong> de Riesgo 003-07 emitido para el municipio de Puerto Asís,<strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Putumayo. ............................... 2942.4.2. <strong>Informe</strong> de riesgo Nº 031-07 emitido para el municipio de PuertoGuzmán, <strong>del</strong> departamento de Putumayo ........................ 2962.4.3. <strong>Informe</strong> de riesgo 025-07 emitido para el municipio de Colombiaen el departamento <strong>del</strong> Huila .................................. 2972.4.4. <strong>Informe</strong> de riesgo 038-06 emitido para los municipios de San Vicente<strong>del</strong> Caguán, Puerto Rico y El Doncello <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Caquetá . . 2992.4.5. <strong>Informe</strong>s de riesgo Nº 036-07, emitido para los municipios de Cúcuta,Villa <strong>del</strong> Rosario, Los Patios y Puerto Santander, y Nº 006-08para los municipios de Tibú y El Tarra, en el departamentode Norte de Santander ....................................... 3012.5. Proyección soci<strong>al</strong> y coordinación institucion<strong>al</strong> .................... 3012.5.1. Mesas de trabajo en prevención humanitaria. ..................... 3032.5.2. Incorporación de la prevención humanitaria en los planesde desarrollo loc<strong>al</strong>es y region<strong>al</strong>es . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3072.5.3. Coordinación intrainstitucion<strong>al</strong> <strong>del</strong> SAT ......................... 3102.6. Fort<strong>al</strong>ecimiento y capacitación <strong>del</strong> equipo SAT ................... 312B.3.DERECHOS DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUDY LAS MUJERES . ..................................... 3213.1. Gestión defensori<strong>al</strong> para la protección de los derechos de la niñez,la juventud y las mujeres ...................................... 3213.1.1. Proyecto de prevención <strong>del</strong> reclutamiento ilícito de niños, niñasy <strong>del</strong> diseño de indicadores de riesgo para la prevención<strong>del</strong> reclutamiento ilícito en el Sistema de AlertasTempranas (SAT) de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ................... 321 operando una escuela de promoción y defensa de DD.HH. ......... 3233.1.3. Campaña sobre no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes .......................................... 3253.1.4. Proyecto de formación sobre los derechos de los niños, niñasy adolescentes en el marco <strong>del</strong> Código de Infancia y Adolescencia .... 3283.1.5. Proyecto de “Promoción y monitoreo <strong>del</strong> ejercicio de los derechossexu<strong>al</strong>es y reproductivos de población en situación de desplazamientoforzado y receptora vulnerable, con énfasis en violencias intrafamiliary sexu<strong>al</strong>”. .................................................. 3303.2. La atención especi<strong>al</strong>izada a la niñez, la juventud y la mujer .......... 343
14 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3.2.1. Construcción de la Política Nacion<strong>al</strong> de Paz y ConvivenciaFamiliar (Haz Paz). .......................................... 3433.2.2. Comité Interinstitucion<strong>al</strong> para la Lucha contra la Trata de Personas . . . 347B.4. GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA PROTECCIÓN DELOS DERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOS ............ 3514.1. Acciones defensori<strong>al</strong>es a<strong>del</strong>antadas por la Delegadade Asuntos Étnicos. ......................................... 3524.1.1. Síntesis de las resoluciones defensori<strong>al</strong>es. ........................ 3524.1.2. Seguimiento a las recomendaciones de la Resolución 053– <strong>Pueblo</strong> Awa .............................................. 3534.1.3. Investigaciones e <strong>Informe</strong>s defensori<strong>al</strong>es en asuntos étnicos. ........ 3694.2. Atención Especi<strong>al</strong>izada de Derechos Fundament<strong>al</strong>es, Colectivose Integr<strong>al</strong>es de los Grupos Étnicos ............................. 3714.2.1. Protección de los derechos fundament<strong>al</strong>es de las niñasy mujeres Emberá Chamí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3714.2.2. Situación de derechos humanos de grupos étnicos <strong>del</strong> Chocó. ....... 3724.2.3. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas <strong>del</strong> Cauca. . . 3754.2.4. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas Nukaky Guayabero <strong>del</strong> Guaviare. .................................... 3764.2.5. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas <strong>del</strong> Vaupés. . 3774.2.6. Niños y niñas indígenas en condición extrema de vulnerabilidaden los departamentos de Arauca y Chocó (comunidadesEmberá Docabú y Bagadó) ................................... 3774.2.7. Situación de derechos humanos de indígenas privados de la libertad:Centro de Rehabilitación de Puerto Inírida, Guainía ............... 3794.2.8. Seguimiento de los acuerdos entre comunidades indígenasy autoridades estat<strong>al</strong>es ........................................ 3804.2.9. Seguimiento a los acuerdos de las comunidades indígenasde Puerto Vega y Teteyé, <strong>del</strong> Putumayo, con los gobiernosnacion<strong>al</strong> y departament<strong>al</strong> ..................................... 3854.2.10. Seguimiento a los acuerdos <strong>del</strong> pueblo Emberá Katío <strong>del</strong> Alto Sinúcon autoridades estat<strong>al</strong>es y la empresa Urrá ...................... 3854.2.11. Acompañamiento a los procesos de diálogo, concertación y acuerdosde pueblos indígenas y comunidades negras en el marco de lasinstancias de participación: Mesas Nacion<strong>al</strong>es de Concertación ...... 386B.5.ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOSCOLECTIVOS Y DEL AMBIENTE . ...................... 389
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>155.1. GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA PROTECCIÓNDE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE . ...... 3895.1.1. Resoluciones e informes defensori<strong>al</strong>es a<strong>del</strong>antados por la Delegadapara los Derechos Colectivos y <strong>del</strong> Ambiente ..................... 3895.1.1.1. Resoluciones defensori<strong>al</strong>es .................................... 3895.1.1.2. <strong>Informe</strong>s Defensori<strong>al</strong>es ...................................... 3925.1.1.3. <strong>Informe</strong>s de seguimiento a resoluciones defensori<strong>al</strong>es .............. 3945.1.1.4. Mesas de trabajo defensori<strong>al</strong>es y convenio interadministrativo ....... 3985.1.1.5. Consolidado de resoluciones e informes defensori<strong>al</strong>es elaboradospor la Delegada para los Derechos Colectivos y <strong>del</strong> Ambientedurante el año 2008. ......................................... 3995.2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR PARTE DE LASDEFENSORÍAS REGIONALES Y SECCIONALESEN MATERIA DE DERECHOS COLECTIVOSY DEL AMBIENTE . ................................... 403C. INFORME GENERAL DE ATENCIÓN Y TRÁMITEDE QUEJAS . ......................................... 407C 1.INFORME GENERAL DE GESTIÓN EN LA ATENCIÓNY EL TRÁMITE DE PETICIONES DE LA DEFENSORÍADEL PUEBLO . ....................................... 409a. GESTIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE RECEPCIÓNY ANÁLISIS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLODURANTE EL AÑO 2008 . .............................. 409b. ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PETICIONES DELA DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓNY TRÁMITE DE QUEJAS .............................. 412c. FUNCIÓN DE COORDINACIÓN, CONTROLY REGISTRO DE LA ATENCIÓN Y TRÁMITEDE PETICIONES A CARGO DE LA DIRECCIÓNNACIONAL DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS . .... 4131. Gestión de peticiones en forma directa, ordinaria o urgente ......... 4132. Gestión de peticiones en bloque ............................... 4153. Gestión de solicitudes. ....................................... 4174. Gestión de peticiones por grupos poblacion<strong>al</strong>es vulnerables. ........ 4235. Gestión de atención descentr<strong>al</strong>izada ............................ 438
16 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>d. CASOS RELEVANTES DE ATENCIÓN Y TRÁMITEDE QUEJAS EN EL 2008 . .............................. 4381. Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas .............. 4382. Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es ........................... 440D. INFORMES ANUALES DE LEY ........................ 479D.1.GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA POLÍTICA CRIMINALY PENITENCIARIA DURANTE 2008 .................... 4811. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEL COLECTIVO LGBTPRIVADAS DE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTOSDE RECLUSIÓN DE COLOMBIA ........................... 4811.1. Aspectos metodológicos. ..................................... 4811.2. Lugar de reclusión. .......................................... 4821.3. Algunas respuestas obtenidas de los internos e internas ............ 4831.4. Ejemplo de pregunta abierta y tipo de las respuestas obtenidas. ...... 4862. PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN ELSEMINARIO INTERNACIONAL DE PROFUNDIZACIÓNY EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SISTEMASPENITENCIARIOS Y DERECHOS FUNDAMENTALES ......... 4873. LOS RECLUSOS CON ENFERMEDAD MENTALSOBREVENIDA Y LAS UNIDADES DE SALUD MENTAL ..... 5034. NECESIDAD DE DEFINICIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICADE INIMPUTABILIDAD PARA LA ADECUADA UBICACIÓNDEL INTERNO ........................................... 5175. CASO TÍPICO DE DISCRIMINACIÓN BASADA EN LACIRCUNSTANCIA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD ..... 5196. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SOBRE RESIDUOSHOSPITALARIOS Y SIMILARES EN ESTABLECIMIENTOSPENITENCIARIOS Y CARCELARIOS DEL PAÍS ............. 523 ................................................ 5236.2. Aspectos metodológicos. ..................................... 5246.3. Algunos resultados .......................................... 524D.2 GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA INCIDENCIA ENLA FORMULACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓNDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS . ........................ 527
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>171. GESTIÓN DEFENSORIAL EN MATERIA DE INCIDENCIAEN LA FORMULACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓNDE POLÍTICAS PÚBLICAS ................................. 5271.1. Políticas públicas y derechos humanos (ProSeDHer) ............... 5271.1.1 Elaboración de documentos. .................................. 5281.1.2. Sistema de indicadores e instrumentos de medición <strong>del</strong> derechoa la educación .............................................. 5281.1.3. Sistema de indicadores e instrumento de medición <strong>del</strong> derechoa la s<strong>al</strong>ud .................................................. 5291.1.4. Espacios de capacitación y soci<strong>al</strong>ización de los derechos económicos,soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es (DESC). .................................. 5302. INCIDENCIA EN LA FORMULACIÓN, DESARROLLO YEJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES. . 5302.1 Proyecto de ley Nº 047 de 2008, Senado de la República,“Por la cu<strong>al</strong>se consagra el derecho humano <strong>al</strong> agua y se dictan otras disposiciones”2008 ...................................................... 5303. INCIDENCIA EN LA FORMULACIÓN DESARROLLOY EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS ENMATERIA DE DESPLAZAMIENTO FORZADO .............. 5313.1. Participación en sesiones <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong>de Atención Integr<strong>al</strong> ......................................... 5323.2. Expedición de acuerdos <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> .................... 5323.3. Participación en las Mesas <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de AtenciónIntegr<strong>al</strong> a la Población Desplazada. ............................. 5323.4. Participación en comités municip<strong>al</strong>es y departament<strong>al</strong>es de atenciónintegr<strong>al</strong> a la población desplazada .............................. 5323.5. Formulación de planes integr<strong>al</strong>es únicos, departament<strong>al</strong>esy municip<strong>al</strong>es, incluyendo la formulación de planes de prevención,planes de contingencia y planes, programas y proyectosde consolidación y estabilización socioeconómica ................. 5354. INCIDENCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA A PARTIRDEL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL. ....... 5354.1. Investigaciones e informes en materia de s<strong>al</strong>ud y seguridad soci<strong>al</strong>desarrolladas por el programa ................................. 5364.2. Investigación y ev<strong>al</strong>uación de los servicios de s<strong>al</strong>ud que brindanlas Empresas Promotoras de S<strong>al</strong>ud ............................. 5384.3. Seguimiento a la liquidación de la EPS <strong>del</strong> Seguro Soci<strong>al</strong>. ........... 5385. INCIDENCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA DESDELA ATENCIÓN Y EL TRÁMITE DE QUEJAS ................. 539
18 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>5.1. Incidencia en la política pública de lucha contra la impunidadpor graves violaciones a los derechos humanos e infracciones<strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario. ........................... 5395.1.1. Capacitación para la atención y trámite de c<strong>al</strong>idad de las quejaspor graves violaciones a los derechos humanos e infracciones<strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario. ........................... 5395.1.2. Incidencia en la implementación de la política pública de lucha contr<strong>al</strong>a impunidad por graves violaciones a los derechos humanose infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, ejecutadapor el Gobierno nacion<strong>al</strong> ..................................... 5405.1.3. La Defensoría necesita garantías para contribuir a la ejecución <strong>del</strong>a política de lucha contra la impunidad por graves violacionesa los Derechos Humanos y Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario. ..... 5425.1.4. Participación activa en la concertación conceptu<strong>al</strong> interinstitucion<strong>al</strong>,de los derechos y conductas objeto de la política pública de luchacontra la impunidad en Colombia70 ............................ 5435.1.5. Diseño de indicadores para el Observatorio de Graves Violacionesa los Derechos Humanos y el Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario,de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ................................... 5445.1.6. Participación en el Grupo Ampliado de Trabajo de la ComisiónIntersectori<strong>al</strong> de Derechos Humanos. ........................... 5445.1.7. Incidencia para que el Plan de Acción de Derechos Humanosy Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario de Colombia se construyaen la lógica de la política pública ............................... 5455.1.8. Incidencia en la construcción de una Política Pública de AtenciónIntegr<strong>al</strong> a las Víctimas de Minas Antiperson<strong>al</strong> (MAP), MunicionesAbandonadas sin Explotar (MUSE) y Artefactos ExplosivosImprovisados (AEI) ......................................... 5455.1.9. Incidencia en la construcción de una política pública para laDesmovilización, Desarme, Reincorporación y Reintegracióna la Vida Civil de Actores Armados (DDR) ...................... 5466. EL MACROPROCESO DE INVESTIGACIÓN PARALA ACCIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ............ 547E. EL ACCESO A LA JUSTICIA YLA DEFENSA PÚBLICA ............................... 551E.1.GESTIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO ENMATERIA DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALESDURANTE EL AÑO 2008 . .............................. 5531.1. Atención de peticiones en litigio defensori<strong>al</strong> ...................... 5531.1.1. Peticiones recibidas .......................................... 554
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>191.1.2. Estado de las peticiones recibidas .............................. 5561.1.3. Resultado de la gestión defensori<strong>al</strong> ............................. 5631.1.4. Autoridades y particulares presuntamente responsables enlas peticiones elevadas ante la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ............... 5701.1.5. Derechos invocados en las peticiones elevadas ante la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ................................................. 5751.1.6. Autoridades o particulares accionados en virtud <strong>del</strong> ejercicio<strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong> ......................................... 5781.1.7. Derechos protegidos por las autoridades judici<strong>al</strong>es en virtud<strong>del</strong> ejercicio <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>. .............................. 5821.1.8. Peticiones de insistencia ...................................... 5851.2. Casos relevantes en materia de recursos y acciones judici<strong>al</strong>es ........ 5881.2.1. Casos relevantes de la dirección nacion<strong>al</strong> de recursosy acciones judici<strong>al</strong>es. ......................................... 5881.2.1.1. Es necesario motivar el acto administrativo de desvinculación <strong>del</strong>os funcionarios nombrados en provision<strong>al</strong>idad en los cargosde carrera. Procedencia de la acción de tutela ..................... 5881.2.1.2. La jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> y el suministro <strong>del</strong> transporte con<strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud ......................................... 5891.2.1.3. Vulneración <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> debido proceso pen<strong>al</strong> de una personaperteneciente a un grupo armado ileg<strong>al</strong> que acudió ante la autoridadcompetente para iniciar los trámites de su desmovilización y sobrequien no pesaba en aquel momento orden de captura <strong>al</strong>guna;sin embargo, fue procesada y sometida a juicio. ................... 5901.2.1.4. La negativa de Acción Soci<strong>al</strong> a otorgar la ayuda humanitaria con baseen la necesidad de determinar los móviles ideológicos y políticos,. ........... 5901.2.1.5. La discrecion<strong>al</strong>idad para la remoción de sub<strong>al</strong>ternos de la Policíainstrumento necesario para el adecuado funcionamiento dedicha institución ............................................ 5911.2.1.6. En virtud <strong>del</strong> rompimiento de la solidaridad entre el propietario <strong>del</strong>inmueble y el usuario <strong>del</strong> servicio público domiciliario, la empresadebe acceder a la reconexión <strong>del</strong> servicio previo el pagoúnicamente de las tres primeras facturaciones vencidas .............. 5921.2.1.7. Intervención de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ante la Corte Constitucion<strong>al</strong>frente <strong>al</strong> rechazo de tutelas por la Corte Suprema de Justicia promovidascontra providencias judici<strong>al</strong>es de esa <strong>al</strong>ta corporación con violaciónde los derechos de acceso a la justicia y tutela judici<strong>al</strong> efectiva. ....... 593
20 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.2.1.8. La interpretación de las normas que regulan el derecho que las víctimastienen a la ayuda humanitaria por los daños que hayan sufrido comoconsecuencia de la acción de grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley,debe tener en cuenta el principio de favorabilidad ................. 5941.2.1.9. La jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> ha garantizado especi<strong>al</strong>menteel derecho fundament<strong>al</strong> a la s<strong>al</strong>ud de aquellas personas quese encuentran en una relación de sujeción como, por ejemplo,las personas vinculadas a las Fuerzas Armadas .................... 5951.2.1.10. Los jueces de paz son independientes y autónomos; sin embargo,están sometidos a la Constitución y a la ley que los crea. Luegosus decisiones deben ser susceptibles de control. .................. 5951.2.2 Casos relevantes de las defensorías region<strong>al</strong>es. .................... 5971.2.2.1. Por medio de la acción de grupo es factible reclamar indemnizaciónpor los daños que se generan a los habitantes de un sector(Defensoría Region<strong>al</strong> Bogotá) ................................. 5971.2.2.2. El derecho <strong>al</strong> acceso a la educación de los estudiantes diferenciadospositivamente, de conformidad con la Constitución Política, debeser respetado por las instituciones públicas de educaciónsuperior (Defensoría Region<strong>al</strong> Bolívar) .......................... 5971.2.2.3. Las Empresas Promotoras de S<strong>al</strong>ud (EPS) deben dispensar amédica y síquica requeridas, en un centro especi<strong>al</strong>izado de largaestancia, cuando la familia no esté en condiciones de velar porsu cuidado (Defensoría Region<strong>al</strong> Boyacá) ........................ 5981.2.2.4. El derecho a la libre opción sexu<strong>al</strong>, inherente <strong>al</strong> derecho <strong>al</strong> libredesarrollo de la person<strong>al</strong>idad, hace parte de la diversidad sexu<strong>al</strong>que debe ser protegida y estimulada en los contextos educativosy no puede ser restringida de manera ilegitima de modo queafecte otros derechos como la educación y el debido proceso(Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> C<strong>al</strong>das). ........................ 5991.2.2.5. Las trabas burocráticas no pueden entorpecer las labores de defensa,protección y promoción de los derechos fundament<strong>al</strong>es de los niñosy las niñas (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Casanare). ............. 6001.2.2.6. F<strong>al</strong>ta de condiciones mínimas de s<strong>al</strong>ubridad de los internos <strong>del</strong>os c<strong>al</strong>abozos de reclusión transitoria de la URI de la Fisc<strong>al</strong>íaSeccion<strong>al</strong> Cesar (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cesar) ............ 6011.2.2.7. Es viable que el Juez Popular ordene la re<strong>al</strong>ización de obras paraproteger los derechos e intereses colectivos de las personasdiscapacitadas (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Chocó) ............ 6021.2.2.8. La acción de cumplimiento es el mecanismo de protección viablepara hacer cumplir normas contenidas en actos administrativoso leyes (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Córdoba). ................ 602
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>211.2.2.9. Acción de tutela promovida por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Seccion<strong>al</strong>Guajira contra el Instituto Nacion<strong>al</strong> Penitenciario y Carcelario(INPEC) por la negativa a trasladar a unos internos víctimasde agresiones y amenazas por su condición de ex funcionarios<strong>del</strong> DAS (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Guajira) ................ 6031.2.2.10. Mediante la acción de tutela se pueden proteger los derechosfundament<strong>al</strong>es de la población desplazada (Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Huila) .................................... 6041.2.2.11. Mediante la acción de tutela es procedente proteger el derechoa la s<strong>al</strong>ud en conexidad con la vida de un soldado a quien le hannegado la atención médica por hechos acaecidos durantela prestación <strong>del</strong> servicio militar (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio) ................................... 6051.2.2.12. Las creencias religiosas de los padres de familia no pueden vulnerarlos derechos fundament<strong>al</strong>es de sus hijos menores de edad(Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Meta) .......................... 6061.2.2.13. La acción de tutela procede para ordenar servicios de s<strong>al</strong>ud No POScuando el médico tratante está adscrito a la EPS. Excepcion<strong>al</strong>mente,si la vulneración es evidente y grave, debe aceptarse las prescripciones<strong>del</strong> médico particular, así no pertenezca a la red de prestadores deservicios de s<strong>al</strong>ud (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Nariño) ......... 6061.2.2.14. La prestación <strong>del</strong> servicio público domiciliario de telefonía debe estary oportunidad (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Quindío) ........... 6071.2.2.15. Cuando se ha violado el derecho fundament<strong>al</strong> a la s<strong>al</strong>ud de un menor,es viable solicitar el tratamiento integr<strong>al</strong> mediante la acción de tutela.(Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Risar<strong>al</strong>da). ...................... 6081.2.2.16. El derecho a la propiedad puede llegar a ostentar la natur<strong>al</strong>eza de derechofundament<strong>al</strong>, y por ende ser susceptible de ampararse por vía de tutela,siempre que su vulneración sea conexa con la de derechos fundament<strong>al</strong>escomo la vida y la integridad. (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Santander) . . 6091.2.2.17. La exención de prestar el servicio militar a los casados que hacenvida conyug<strong>al</strong> también debe aplicarse a los que tienen uniónmarit<strong>al</strong> de hecho, así el texto leg<strong>al</strong> no lo haya estipuladodirectamente (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Sucre) .............. 6091.2.2.18. Mediante la acción popular es procedente adoptar como medidade protección la reubicación de los habitantes de un barrio ubicadoen una zona de <strong>al</strong>to riesgo. (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Urabá). . . 6101.2.2.19. La necesidad de una comunidad de acceder <strong>al</strong> servicio público de aguapotable no satisfecha por la administración municip<strong>al</strong> puede ser exigidaa través de una acción popular (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le) . . . 611
22 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.2.2.20. La colocación de conos y v<strong>al</strong>las en la vía pública, sin autorización previade la autoridad competente, viola el derecho fundament<strong>al</strong> a la libertadde locomoción (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Vichada). .......... 612E.2. LA GESTIÓN DEFENSORIAL EN LA DEFENSA PÚBLICA . . 6131. EL SERVICIO DE DEFENSORÍA PÚBLICA. AÑO 2008 ........ 6131.1. Gestión defensori<strong>al</strong> por parte de los defensores públicos ........... 6131.1.1. Programa pen<strong>al</strong> acusatorio ................................... 6141.1.1.1. Prestación <strong>del</strong> servicio y promedio de carga por defensor público .... 6141.1.1.2 Procesos asignados por conducta punible ........................ 6151.1.1.3. Formas de terminación de los procesos. ......................... 6161.1.1.4. Audiencias a<strong>del</strong>antadas por defensores públicos .................. 6161.1.2. Programa pen<strong>al</strong> ordinario (Ley 600 de 2000) ..................... 6191.1.2.1. Prestación <strong>del</strong> servicio ...................................... 6191.1.3. Procesos asignados según conducta punible ..................... 6191.1.3.1. Libertades obtenidas ........................................ 6201.1.3.2. Formas de terminación de los procesos ......................... 6211.1.4. Programa menor infractor. ................................... 6211.1.4.1. Demanda <strong>del</strong> servicio y promedio de carga por defensor ........... 6211.1.4.2. Asignaciones según conducta punible ........................... 6221.1.4.3. Libertades obtenidas ........................................ 6231.1.4.4. Formas de terminación de los procesos. ......................... 6231.1.5 Programa Responsabilidad Pen<strong>al</strong> Adolescentes ................... 6231.1.5.1. Prestación <strong>del</strong> servicio y promedio de carga por defensor público .... 6241.1.5.2. Procesos asignados por conducta punible ........................ 6241.1.5.3. Formas de terminación de los procesos ......................... 6251.1.5.4. Audiencias a<strong>del</strong>antadas por defensores públicos .................. 6251.1.6. Programa pen<strong>al</strong> militar. ...................................... 6261.1.6.1. Demanda <strong>del</strong> servicio y promedio de carga por defensor ........... 6261.1.6.2. Asignaciones según conducta punible ........................... 6261.1.6.3. Libertades obtenidas ........................................ 6271.1.6.4. Formas de terminación de los procesos. ......................... 628 Personas Condenadas (Decreto 1542 de 1997) .................... 628
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>231.1.8. Programa Casación Pen<strong>al</strong> ..................................... 6291.1.8.1. Procesos asignados según conducta punible ...................... 6291.1.9. Programa Pen<strong>al</strong> Indígenas .................................... 6301.1.10. Programa Pen<strong>al</strong> – Parte Civil .................................. 6301.1.10.1. Causas de terminación de los procesos .......................... 6311.1.11. Programa para representación judici<strong>al</strong> a víctimas en el marcode la Ley 975 de 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6311.1.12. Programa Civil – Familia ..................................... 6321.1.12.1. Procesos asignados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6331.1.12.2. Formas de terminación de los procesos. ......................... 6341.1.13. Programa labor<strong>al</strong>. ........................................... 6341.1.13.1. Prestación <strong>del</strong> servicio ....................................... 6341.1.13.2. Procesos asignados según tipo de proceso ....................... 6351.1.13.3. Causas de terminación de los procesos .......................... 6351.1.14. Programa administrativo. ..................................... 6361.1.14.1. Asignaciones según tipo de proceso ............................ 6361.1.14.2. Formas de terminación de los procesos ........................ 6371.1.15. Programa Casas de Justicia .................................... 6371.1.15.1. Prestación <strong>del</strong> servicio ....................................... 6371.1.16. Resumen por programas ..................................... 6381.1.16.1. Área pen<strong>al</strong> ................................................. 6381.1.16.2. Área no pen<strong>al</strong> .............................................. 6381.2. GESTIÓN DEFENSORIAL POR PARTE DEL GRUPODE INVESTIGADORES .................................... 6391.2.1. PRESTACIÓN DEL SERVICIO ............................. 6391.2.2. Labores investigativas ........................................ 6401.3. Gestión defensori<strong>al</strong> por parte de los consultorios juridicos .......... 6401.3.1. Audiencias a<strong>del</strong>antadas por los estudiantes de los consultoriosjurídicos de Bogotá .......................................... 6401.3.2. Procesos asignados por conducta punible ........................ 641 . .. 6421.4.1. Casos de la defensa .......................................... 643
24 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>F. LA EDUCACIÓN PARA LA APROPIACIÓN, EJERCICIOY DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS . .......... 649GESTIÓN DEFENSORIAL EN EDUCACIÓNPARA LA APROPIACIÓN, EJERCICIO Y DEFENSADE LOS DERECHOS HUMANOS . ...................... 6511. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓNDE DERECHOS HUMANOS. ............................... 6512. CÁTEDRA CIRO ANGARITA Y SEMINARIO DE EDUCACIÓNEN DERECHOS HUMANOS ............................... 6552.1. Cátedra Ciro Angarita Barón .................................. 6552.2. Seminario de educación en derechos humanos .................... 6572.3. VI Concurso Universitario de Derechos Humanos,DIH y Mecanismos de Protección ............................. 6583. PROYECTO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES EN RIESGO . . . 6594. EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA .......... 6645. GESTIÓN EDUCATIVA PARA LOS DERECHOSDE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LA MUJER. ................ 6716. LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOSHUMANOS A LA POBLACIÓN EN CONDICIÓNDE DESPLAZAMIENTO FORZADO ........................ 6736.1. Jornadas de Capacitación y de Sensibilización. .................... 6736.2. Fort<strong>al</strong>ecimiento organizativo .................................. 6757. ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN YAPROPIACIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS ..... 6778. PROCESO DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOSPARA LA PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA ENPOLÍTICA PÚBLICA ....................................... 6789. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN ENDERECHOS HUMANOS A PERSONEROS MUNICIPALES. .... 68010. CAPACITACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓNDEFENSORIAL DESCENTRALIZADA ...................... 68211. GESTIÓN ESPECIALIZADA DE INFORMACIÓN ENDERECHOS HUMANOS - UPEIDH ......................... 68612. LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DERECHOA LA SALUD ............................................. 68813. GESTIÓN DEFENSORIAL DEL OBSERVATORIODE JUSTICIA CONSTITUCIONAL .......................... 689
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2513.1. Antecedentes .............................................. 68913.2. Temas abordados por el Observatorio. .......................... 69113.3. Acciones <strong>del</strong> Observatorio .................................... 69214. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DESDE LAS DEFENSORÍASREGIONALES Y SECCIONALES DE LOS DERECHOSHUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO .......................................... 69414.1. Region<strong>al</strong> Bogotá ............................................ 69414.2. Region<strong>al</strong> Arauca ............................................ 70114.3. Region<strong>al</strong> Bolívar ............................................ 70114.4. Region<strong>al</strong> Risar<strong>al</strong>da .......................................... 70214.5. Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca. ..................................... 703G. LA DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOSA TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN . ...... 705TERCERA PARTE . ............................................ 711III.LA ENTIDAD Y EL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONAL .................................... 715A. LA ENTIDAD ........................................ 7151. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD ........................ 7151.1. Estructura orgánica y funcion<strong>al</strong> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7151.1.1. Organigrama Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.. ........................... 7161.1.2. Estructura Funcion<strong>al</strong> ........................................ 7171.1.3. Otras funciones asignadas a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> .............. 7171.1.3.1. Servicio de Defensoría Pública y personas privadas de la libertad ..... 7171.1.3.2. Poblaciones vulnerables o víctimas ............................. 7181.1.3.3. Participación en comités, consejos o comisiones especi<strong>al</strong>es .......... 7191.1.3.4. Derechos Colectivos y <strong>del</strong> Ambiente ............................ 7211.1.3.5. Competencias para la Promoción y Divulgación de Derechos. ....... 7211.1.3.6. Funciones como Órgano de Control. ........................... 7221.1.3.7. Funciones como Promotor de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es ....... 7231.2. La planeación estratégica ..................................... 7241.2.1. El Plan estratégico y su énfasis ................................ 724
26 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.2.2. Misión y Visión de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ..................... 7251.2.3. Las líneas de visión .......................................... 7251.2.3.1. Ejercicio de la magistratura mor<strong>al</strong> .............................. 7251.2.3.2. Incidencia en la formulación, desarrollo y ejecución de las políticaspúblicas ................................................... 7261.2.3.3. Atención defensori<strong>al</strong> y acceso a la justicia ........................ 7261.2.3.4. Educación para la apropiación, ejercicio y defensa de los derechoshumanos .................................................. 7261.2.3.5. Fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> .................................. 7261.3. Desarrollo estratégico ........................................ 7271.3.1. Sistema de Gestión de C<strong>al</strong>idad ................................. 7271.3.2. Gestión Financiera y Administrativa ............................ 7271.3.2.1. Gastos de Funcionamiento ................................... 7291.3.2.2. Gastos de Person<strong>al</strong> .......................................... 7301.3.2.3. Gastos Gener<strong>al</strong>es ........................................... 7301.3.2.4. Transferencias Corrientes ..................................... 7301.3.2.5. Presupuesto de Inversión ..................................... 7311.4. Ejecución Presupuest<strong>al</strong>. ...................................... 7341.4.1. Apropiación y Ejecución Presupuest<strong>al</strong> .......................... 7341.4.2. Ejecución presupuest<strong>al</strong> de la Subdirección Administrativa. .......... 7351.4.2.1. Adquisición de bienes ........................................ 7361.4.2.2. Planta de person<strong>al</strong> ........................................... 738B. EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL. . . . . . . . . . . . . . 7391. PROYECTOS DE INVERSIÓN .............................. 7411.1. Divulgación y promoción de los derechos humanos en Colombia .... 7411.2. Administración, control y organización institucion<strong>al</strong> para apoyara la administración de Defensoría Pública. ....................... 7421.3. Implementación <strong>del</strong> programa de seguimiento y ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong>as políticas públicas en derechos humanos. ...................... 7441.4. Capacitación <strong>del</strong> servicio y generación de s<strong>al</strong>dos pedagógicos. .................... 7451.5. Implementación <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas - SAT- par<strong>al</strong>a prevención de las violaciones masivas de los derechos humanosen Colombia. .............................................. 745
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>271.6. Aplicación <strong>del</strong> programa de descentr<strong>al</strong>ización de derechos humanos. . . 7461.7. Protección y fort<strong>al</strong>ecimiento de la gestión de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> para la prevención y atención <strong>del</strong> desplazamiento forzado. . . . 7461.8. Actu<strong>al</strong>ización e implementación <strong>del</strong> sistema de gestión document<strong>al</strong>en la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. .................................. 7471.9. Adquisición, compra, mejoramiento, construcción y adecuaciónde sedes en las region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. . . 7471.10. Implantación de los procedimientos de atención leg<strong>al</strong> y orientaciónpsicosoci<strong>al</strong> para las víctimas de violaciones a los derechos humanose infracciones <strong>al</strong> DIH en condiciones de incapacidad económica y soci<strong>al</strong>. . 7512. EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD. ................. 7512.1. El Fort<strong>al</strong>ecimiento de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública. . . 7512.1.1. Unidad operativa de investigación crimin<strong>al</strong> ....................... 7522.1.2. Centr<strong>al</strong> de Información para la Defensa ......................... 7522.1.3. Centro de Prueba Forense para la Defensa ....................... 7532.1.4. Control de gestión a grupo de investigación ...................... 7552.1.5. Control de gestión a defensores públicos ........................ 7552.1.6. Enlaces de información con la Corte Suprema de Justicia ........... 7552.1.7. Capacitación orientada a la Unidad de Investigación Crimin<strong>al</strong>. ....... 7562.1.8. Capacitación a estudiantes de los consultorios jurídicos. ............ 7562.1.9. Capacitación a operadores sobre el Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio ........ 7582.1.10. Capacitación a servidores ..................................... 7582.1.11. Publicaciones .............................................. 7582.2. El fort<strong>al</strong>ecimiento en materia de atención y trámite de quejas ....... 7592.3. El fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> de los sistemas de información. ..... 7602.3.1. Infraestructura Informática y Comunicaciones. ................... 7602.3.2. Sistemas de Información y Aplicativos: .......................... 7602.3.3. Desarrollo de Internet/Intranet y otros. ......................... 7612.4. La Cooperación Internacion<strong>al</strong> ................................. 7622.4.1. Gestión de la Unidad de Coordinación de la CooperaciónInternacion<strong>al</strong> - UCCI –. ...................................... 7622.4.2. La Cooperación Técnica Alemana. ............................. 7672.5. Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> Fondo para la Defensa de los Derechose Intereses Colectivos ........................................ 772
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>29PRESENTACIÓNEl Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera que sus informes deben contribuir efectivamente <strong>al</strong> cumplimientode la atribución establecida por el artículo 282 de la Constitución Política. El objetivo de este informees destacar la situación de derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario en Colombiadurante el 2008, especi<strong>al</strong>mente en perspectiva de los derechos de las víctimas y complementar,desarrollar y consolidar los aspectos presentados <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> en informes anteriores.El informe <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República se presentaen cumplimiento <strong>del</strong> artículo 282 de la Constitución Política de 1991, las Leyes5a y 24 de 1992 y la Resolución Defensori<strong>al</strong> número 064 de 12 de enero de2007. A él se incorporan un informe centr<strong>al</strong> y los informes anu<strong>al</strong>es especi<strong>al</strong>es,gener<strong>al</strong>es y de ley, estos últimos ordenados por el artículo 169 de la Ley 65 de1993 y el artículo 17 de la Ley 812 de 2003. Los informes aparecen, según suscaracterísticas, en los apartes respectivos.La obligación que el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> cumple con estos informes tienefundamento en la natur<strong>al</strong>eza institucion<strong>al</strong> 1 de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> comoorganismo de control <strong>del</strong> Estado que forma parte <strong>del</strong> Ministerio Públicoy que tiene, por mandato de la Constitución y por disposición de las leyes,la atribución de velar por el ejercicio, la promoción y la divulgación de losderechos humanos, de acuerdo con su misión, visión y líneas estratégicasadoptadas en el Plan Estratégico Institucion<strong>al</strong>.El Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera que sus informes deben contribuirefectivamente <strong>al</strong> cumplimiento de la citada atribución constitucion<strong>al</strong>. Elobjetivo de este informe es complementar, desarrollar y consolidar losaspectos presentados <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> en informes anteriores, así como destacar,especi<strong>al</strong>mente durante el periodo, la situación de las víctimas y la perspectivade sus derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.Este informe se inicia con una síntesis de los pronunciamientos de prensa<strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en ejercicio de su magistratura mor<strong>al</strong>. En su primeraparte se presenta un análisis de la situación de los derechos de las víctimas yde los sujetos de especi<strong>al</strong> protección; el registro de las peticiones, asesorías,quejas, solicitudes y quejas relativas a las amenazas o violaciones de losderechos fundament<strong>al</strong>es, según las solicitudes interpuestas ante la Defensoría;las acciones a<strong>del</strong>antadas en cumplimiento de las recomendaciones de la AltaComisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre1 Esta natur<strong>al</strong>eza institucion<strong>al</strong> se complementa con la potestad de participar en las <strong>del</strong>iberaciones <strong>del</strong> Consejo de DerechosHumanos de la ONU, instancia internacion<strong>al</strong> en la que puede presentar sus propios informes.
30 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la situación de derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitarioen Colombia en el año 2008; el seguimiento de las medidas cautelares yprovision<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Sistema Interamericano, y los asuntos de especi<strong>al</strong> relevancia,observados y atendidos por las Direcciones Nacion<strong>al</strong>es, Defensorías Delegadasy las Defensorías region<strong>al</strong>es.La segunda parte es el informe de la gestión institucion<strong>al</strong>, que constituye,fort<strong>al</strong>ecimiento y desarrollo.Los pronunciamientos de prensa <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> 2Durante el año 2008, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en ejercicio de su magistraturamor<strong>al</strong> emitió 79 comunicados de prensa (numerados <strong>del</strong> 1.287 <strong>al</strong> 1.365), enlos que informó a la opinión pública y a los medios de comunicación sobrelas princip<strong>al</strong>es observaciones, solicitudes y recomendaciones defensori<strong>al</strong>es,pruebas fehacientes de la posición <strong>del</strong> Defensor como gestor de una políticapública en materia de derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitarioen nuestro país.En estos pronunciamientos se expresó no sólo la razón de ser y sentido <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, sino también un mandato y una orientación clarasobre la forma como el Estado, en particular el Gobierno, debe cumplir con susobligaciones constitucion<strong>al</strong>es para que los colombianos gocen de los derechosconsagrados en la Constitución Política y en los principios univers<strong>al</strong>es quesirven de fundamento a los derechos humanos. A continuación, un resumen dedichos pronunciamientos:Frente a los asesinatos se condenó vehementemente el asesinato de dospersonas ocurrido a mediados de enero en jurisdicción <strong>del</strong> municipio de Istmina(Chocó); se rechazó, en el mes de febrero, el asesinato de Fredis Darío Pineda,quien se desempeñaba como consultor <strong>al</strong> servicio de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> yse reiteró la necesidad de que las autoridades <strong>del</strong> Estado protejan y garanticenla seguridad de las personas que trabajan en la defensa y la re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong>os derechos humanos; se lamentó la muerte violenta de Elser María Endo,Presidente <strong>del</strong> Concejo <strong>del</strong> municipio de El Doncello (Caquetá), ocurridoa mediados de marzo; se rechazó el asesinato <strong>del</strong> indígena Ovidio Málaga(profesor y ex gobernador de la comunidad de Puerto Pizario - P<strong>al</strong>estina), yel de un afrodescendiente NN, en el municipio Litor<strong>al</strong> de San Juan (Chocó), yinvestigación correspondiente para esclarecer estos hechos lamentables.También, se condenó el crimen cometido en contra de la líder soci<strong>al</strong> MarthaCecilia Obando ocurrido el 29 de junio, en el municipio de Buenaventura (V<strong>al</strong>lewww.defensoria.org.co/red/?_item=0303&_secc=03&ts=2.(06.09)
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>31<strong>del</strong> Cauca), a la vez que se exigió de las autoridades la inmediata y efectivainvestigación de los hechos; se rechazó vehementemente el asesinato deGuillermo Rivera Fúquene, Presidente de uno de los sindicatos de la Contr<strong>al</strong>oría de julio en la ciudad de Ibagué luego de 84 días de haber desaparecido en lacapit<strong>al</strong> colombiana. Rico, Hugo González Bernaza; se anunció que la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>acompañaría el proceso de investigación que se a<strong>del</strong>ante sobre este lamentablehecho, y se rechazó el asesinato <strong>del</strong> comunero indígena Luis Olmedo GuejíaTrochez, miembro activo <strong>del</strong> resguardo Munchique Los Tigres ocurrido municipio y resguardo de Jamb<strong>al</strong>ó en el departamento <strong>del</strong> Cauca, y ante lamuerte violenta de Elser María Endo, Presidente <strong>del</strong> Concejo <strong>del</strong> municipiode El Doncello (Caquetá), ocurrido a mediados de marzo; se llamó la atenciónsobre la advertencia re<strong>al</strong>izada desde el 6 de marzo a través <strong>del</strong> SAT cuando seestableció que las violaciones masivas de derechos humanos e infracciones <strong>al</strong>(DIH) en ese y otros municipios <strong>del</strong> Caquetá, tenían un nivel “<strong>al</strong>to”.En el tema de masacres, se condenó, a comienzos de julio, el secuestro yposterior asesinato de los educadores Maura Elisa Pinto, Piedad Anama, RicardoFigueroa y Graciela Pantoja, hechos que ocurrieron en diferentes municipios<strong>del</strong> departamento de Nariño; se rechazó enérgicamente el homicidio múltiplede siete campesinos, ocurrido en el mes de julio en el municipio de PuertoLibertador (Córdoba) en dos hechos diferentes, <strong>al</strong> tiempo que se reclamó unaacción decidida de la fuerza pública para garantizar el derecho a la vida y a laintegridad person<strong>al</strong> de las comunidades en esta región <strong>del</strong> país.De la misma forma, se repudió el asesinato de cuatro personas de una mismafamilia, Olga Marina Vergara (59 años); su nuera, Yudy Andrea Álvarez Patiño; Prado Centro de Me<strong>del</strong>lín, y se condenó enérgicamente la masacre ocurrida el25 de diciembre en cercanías <strong>al</strong> complejo petrolero de Caño Limón (Arauca), <strong>al</strong>parecer cometida por el ELN y en la que f<strong>al</strong>lecieron cinco personas, entre ellasuna menor de 15 años, y resultaron heridas cuatro personas.Sobre ataques y hostigamientos, se condenó un atentado terrorista ocurridoa mediados de agosto en el municipio de Ituango (Antioquia), que dejó un s<strong>al</strong>dotrágico de siete personas muertas, cuatro heridos de gravedad y 48 con heridasleves. Igu<strong>al</strong>mente, se lamentó la muerte <strong>del</strong> ex secretario de Gobierno de es<strong>al</strong>oc<strong>al</strong>idad Alberto C<strong>al</strong>le G<strong>al</strong>lo, de 52 años, y de tres jóvenes que fueron víctimasde la explosión de una bomba que est<strong>al</strong>ló en La Mejor Esquina, uno de los lugares
32 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>más concurridos de la loc<strong>al</strong>idad; se condenó de manera enérgica el atentado concarrobomba perpetrado a comienzos de septiembre en zona céntrica de la ciudadde C<strong>al</strong>i, en el cu<strong>al</strong> murieron cinco personas y quedaron más de 25 heridos, y serechazó el atentado con explosivos ocurrido a comienzos de diciembre contrauna patrulla de la Policía Nacion<strong>al</strong> en el que murieron ocho miembros de laestación de dicha entidad en el municipio de Fortul (Arauca).En cuanto a desplazados y refugiados, se condenó el desplazamiento deaproximadamente 120 habitantes ocurrido a mediados de enero en jurisdicción<strong>del</strong> municipio de Istmina (Chocó); se denunció el desplazamiento de cercade 1000 campesinos, a comienzos de febrero, que vivían en siete veredas queconforman el corregimiento de Puerto V<strong>al</strong>divia (Antioquia), hacia el cascourbano <strong>del</strong> municipio de V<strong>al</strong>divia, debido a presiones <strong>del</strong> Frente 36 de lasFARC; se denunció que cerca de 200 personas (60 familias) que habitaban variasveredas de la zona rur<strong>al</strong> <strong>del</strong> corregimiento de El Decio fueron desplazadas, acomienzos de febrero, hacia el municipio de Samaniego (Nariño).Se denunció una grave crisis de desplazamientos forzados masivospresentados en marzo en los municipios de Toribío (Cauca), Mapiripán (Meta) eItuango (Antioquia), <strong>al</strong> tiempo que se solicitó el envío urgente, por parte de lasautoridades competentes, de brigadas de Atención Humanitaria de Emergenciapara atender a los afectados por los grupos armados ileg<strong>al</strong>es, suministrándoles<strong>al</strong>imentos, artículos de aseo y atención especi<strong>al</strong>izada; a mediados de junio, enel Día Mundi<strong>al</strong> <strong>del</strong> Refugiado, <strong>al</strong> reconocer la solidaridad de la comunidadinternacion<strong>al</strong>, se convocó a los Estados que brindan acogida para que, conformea los instrumentos internacion<strong>al</strong>es sobre la materia, brinden a los colombianos,que se han visto obligados a migrar, la más amplia e integr<strong>al</strong> protección.julio en el parque de la 93 <strong>al</strong> norte de Bogotá, en el que cerca de 100 desplazados(incluidos unos 30 niños) protestaban por el incumplimiento, según ellos, deacuerdos suscritos por Acción Soci<strong>al</strong>; se denunció el desplazamiento de másde cuatro mil personas que huyeron, a comienzos de septiembre, de los efectosde la confrontación armada entre guerrilleros de las FARC y <strong>del</strong> ELN, enjurisdicción <strong>del</strong> municipio de López de Micay (Cauca), que buscaban protecciónen la cabecera municip<strong>al</strong>.Con gran preocupación, se advirtió, a mediados de septiembre, que des<strong>del</strong>as comunidades afrodescendientes e indígenas en el departamento <strong>del</strong> Chocó,y se pidió protección humanitaria, a mediados de septiembre, para más de3.000 personas pertenecientes a 900 familias, entre las que se encontraban 1.200menores de edad, que llegaron desplazados desde las veredas Henche, ConchaArriba, Concha Media, Concha Abajo, Madre Seca, Tocamocha, El Carmen,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>33Bolívar Cruces, Providencia y Charcón, entre otras, a la cabecera <strong>del</strong> municipiode Anorí en el departamento de Antioquia, como consecuencia de presiones <strong>del</strong>as FARC.En relación con el secuestro, se celebró a comienzos de enero la liberaciónde Clara Rojas y Consuelo González por parte de las FARC y se hizo llegaruna voz de <strong>al</strong>iento a familiares y personas privadas de la libertad; se condenóel secuestro re<strong>al</strong>izado a mediados de enero de seis personas en el municipiode Nuquí (Chocó); se hizo un nuevo llamamiento humanitario a las FARC ydemás grupos armados ileg<strong>al</strong>es, a favor de las personas privadas de la libertad.Se condenó de manera enérgica el secuestro y posterior asesinato deCarmen Rosa y Gerardo Angulo, una pareja de esposos de 70 años que fueronsecuestrados en el año 2000 en zona rur<strong>al</strong> de La C<strong>al</strong>era (municipio <strong>al</strong> noreste deBogotá); se denunció, el 15 de julio, el secuestro de diez personas, en el lapsode diez días, en diferentes lugares <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Cauca: un primergrupo lo conformaron cuatro personas de la vereda San Juan de la Guadua, <strong>del</strong>municipio de Argelia; un segundo grupo estaba compuesto por dos personasque fueron sacadas de sus viviendas en la vereda La Ceiba <strong>del</strong> municipio dePatía, y un tercer grupo lo integraban cuatro personas que fueron plagiadas enla vereda El Convenio, <strong>del</strong> municipio de Patía.Se renovó el apoyo y solidaridad con las víctimas de la violencia,especi<strong>al</strong>mente con los miles de secuestrados que permanecen en cautiverioa manos de la guerrilla y se apoyó la convocatoria nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong>para participar el 28 de noviembre en la marcha organizada para exigir l<strong>al</strong>iberación de los secuestrados en Colombia, y se condenó enérgicamente elmunicipio de Cubarr<strong>al</strong> en el departamento <strong>del</strong> Meta, donde hombres armados,presuntamente de las FARC, incursionaron primero en la vereda Arrayanes <strong>del</strong>municipio de Cubarr<strong>al</strong> y se llevaron nueve hombres y luego se dirigieron a lavereda Angostura y secuestraron una persona más.En cuanto <strong>al</strong> tema de desaparición forzada, se condenó la desaparición deocho personas a mediados de enero en jurisdicción <strong>del</strong> municipio de Istmina(Chocó); se denunció la desaparición de ocho campesinos, ocurrida en mayo enel municipio <strong>del</strong> Litor<strong>al</strong> de San Juan (Chocó), <strong>al</strong> tiempo que se solicitó una accióndecidida de la fuerza pública para garantizar la protección que requieren lascomunidades campesinas, y se denunció que entre los meses de enero y agostose reportó, ante la Comisión de Búsqueda, la desaparición de 11 personas en laciudad de Bogotá, en los sectores de Soacha, Bosa y Altos de Casucá, y que <strong>al</strong>cruzar esa información con Medicina Leg<strong>al</strong> se pudieron ubicar cadáveres quehabrían sido inhumados en Cimitarra y Ocaña, departamentos de Santander yNorte de Santander.
34 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Sobre el proceso de desmovilización, conjuntamente con representantes Revolucionario Guevarista (ERG), en el Alto Guaduas, vereda <strong>del</strong> Carmen deAtrato (Chocó). Se entregaron 52 guerrilleros, 45 combatientes (28 hombres y17 mujeres) y siete milicianos, y se consideró necesario que las autoridadescompetentes investigaran las declaraciones <strong>del</strong> ex jefe “paramilitar” Freddyfueran a sus casas antes de la desmovilización.Con respecto a la ley de Justicia y Paz, se diseñó una estrategia de atenciónintegr<strong>al</strong> a las víctimas que contiene, por un lado, la asesoría gener<strong>al</strong>, laorientación jurídica y la atención psicosoci<strong>al</strong> y, por el otro, la representaciónextrajudici<strong>al</strong> y judici<strong>al</strong> de las víctimas a través de los defensores públicos,a brindar un mo<strong>del</strong>o de asistencia leg<strong>al</strong> y de acompañamiento psicosoci<strong>al</strong> másacorde con las exigencias de orientación jurídica de las víctimas, considerandoa estas como sujetos de derechos y no como objetos de litigio.En lo que concierne a las amenazas, ante las continuas intimidaciones contrasacerdotes de la Iglesia Católica <strong>del</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio, defensoras y defensoresde derechos humanos y representantes de organizaciones soci<strong>al</strong>es, se reiteróen abril un llamado a las autoridades y organismos de seguridad <strong>del</strong> Estadopara que les brindara una efectiva protección a los derechos fundament<strong>al</strong>esa la vida, la integridad y la libertad person<strong>al</strong>; se rechazaron y condenaron demanera enérgica las amenazas conocidas contra León V<strong>al</strong>encia, Director de laCorporación Nuevo Arco Iris, y se solicitó a la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nacióny a los cuerpos de investigación <strong>del</strong> Estado a<strong>del</strong>antar las investigacionesresponsables.Se rechazaron y condenaron las amenazas que por medios electrónicosestaban recibiendo, en mayo, miembros de la comunidad universitaria devarios centros educativos <strong>del</strong> país por parte de personas desconocidas y deuna supuesta organización que se hace llamar Águilas Negras; se rechazaronamenazas contra el Secretario de Educación <strong>del</strong> municipio de Ocaña, AdrianoJácome, quien renunció en mayo por presiones e intimidaciones contra suvida y la de su familia, así como amenazas contra el Personero de la mismapoblación, Jesús Sánchez, quien estaba recibiendo mensajes intimidatorios porpreocupación, en octubre, el riesgo que enfrentaba la población civil de la región<strong>del</strong> Urabá por la presunta activación de nuevas estructuras armadas ileg<strong>al</strong>esen los municipios de Riosucio, Carmen <strong>del</strong> Darién, Belén de Bajirá, Unguía,Acandí, Turbo, Chigorodó, Carepa, Mutatá, Necoclí y Apartadó, conforme
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>35a amenazas que hicieron circular quienes se autodenominan AutodefensasGaitanistas de Colombia.En lo referente a las audiencias defensori<strong>al</strong>es, se re<strong>al</strong>izó en la ciudad deTibú, el 11 de julio, una audiencia de seguimiento a la Resolución Defensori<strong>al</strong>No. 46 “Situación soci<strong>al</strong> y ambient<strong>al</strong> en la región <strong>del</strong> Catatumbo Norte deSantander”, mediante la cu<strong>al</strong> se presentó un conjunto de recomendacionesa distintas autoridades <strong>del</strong> Estado <strong>del</strong> nivel nacion<strong>al</strong> y region<strong>al</strong>, para hacerefectivos los derechos de las comunidades de la región; se re<strong>al</strong>izó el 25 de julio,en la ciudad de Santa Marta, una audiencia defensori<strong>al</strong> en la que se presentóel informe sobre la explotación, transporte y embarque de carbón en losdepartamentos de Cesar y Magd<strong>al</strong>ena.El viernes 25 de julio, en la ciudad de Santa Marta, se re<strong>al</strong>izó una audienciadefensori<strong>al</strong> para reparar los daños causados a la Ciénaga Grande de Santa Martay evitar que se presenten otros en el futuro y para garantizar el derecho a la vida,a la s<strong>al</strong>ud, a gozar de un ambiente sano, <strong>al</strong> equilibrio ecológico, a la seguridaden la que se dieron a conocer los resultados de la investigación: Promoción yMonitoreo de los Derechos Sexu<strong>al</strong>es y Reproductivos de Mujeres Víctimas deDesplazamiento Forzado con Énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexu<strong>al</strong>, en elmarco <strong>del</strong> Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables.En lo tocante a comunidades indígenas, el 9 de agosto, <strong>al</strong> celebrar elDía Internacion<strong>al</strong> de los <strong>Pueblo</strong>s Indígenas <strong>del</strong> Mundo, se manifestó que losatraviesan una grave situación de vulneración a sus derechos fundament<strong>al</strong>es,colectivos e integr<strong>al</strong>es, que ha implicado princip<strong>al</strong>mente un grave impactoen el goce pleno de sus derechos territori<strong>al</strong>es y, de manera complementaria,en el ejercicio de su autonomía, jurisdicción y demás derechos cultur<strong>al</strong>es;se denunció la preocupante situación en materia de derechos humanos (eldisfrute de su derecho a la <strong>al</strong>imentación, a la vida digna, a la s<strong>al</strong>ud) <strong>del</strong> pueblokatío de la comunidad de Conondo, resguardo Tahamí, en el municipio Bagadó(Chocó), comunidad retornada el 6 de julio tras haber pactado con el Gobiernonacion<strong>al</strong> un plan integr<strong>al</strong> en materia de s<strong>al</strong>ud, hábitat, educación, desarrolloagropecuario y productivo, seguridad <strong>al</strong>imentaria, vivienda, fort<strong>al</strong>ecimientoorganizativo, cultura, DD. HH. y DIH.A comienzos de julio, se rechazó de manera vehemente la muerte en uncampo minado de tres indígenas de la comunidad awa en Samaniego (Nariño);a mediados de octubre se hizo un llamado para que se buscaran escenariosde diálogo y de concertación entre autoridades y comunidades indígenas,<strong>al</strong> tiempo que se instó a dichas autoridades a cumplir con los acuerdospactados, así como a proteger y respetar los derechos fundament<strong>al</strong>es de lospueblos ancestr<strong>al</strong>es de Colombia y evitar así que la marcha nacion<strong>al</strong> indígena
36 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>que se estaba desarrollando derivara en hechos de violencia. A mediados decomo líder en las marchas conocidas como Minga), mientras se transportabaentre los municipios de Inzá y Totoró en un vehículo civil <strong>del</strong> Consejo Region<strong>al</strong>Indígena <strong>del</strong> Cauca (CRIC).En cuanto <strong>al</strong> tema de medio ambiente, se reiteró en junio, en el Día Mundi<strong>al</strong><strong>del</strong> Medio Ambiente, un llamado urgente a las autoridades competentes <strong>del</strong>Estado a redoblar los esfuerzos con programas, recursos y medidas paraproteger el derecho a la prevención de los desastres natur<strong>al</strong>es previsiblestécnicamente, <strong>al</strong> goce de un ambiente sano, a la prestación de los serviciospúblicos, a la s<strong>al</strong>ud y s<strong>al</strong>ubridad pública, princip<strong>al</strong>mente de aquellos cuyosderechos sufren un mayor grado de vulneración. Luego de una emergencia porllamado a las autoridades competentes para que se garantizara a los habitantesde los municipios de los departamentos de Cesar, Magd<strong>al</strong>ena, Atlántico yseguridad <strong>al</strong>imentaria y a gozar de un ambiente sano y se tomaran las medidasnecesarias para evitar cu<strong>al</strong>quier consecuencia negativa en la población.Con respecto <strong>al</strong> tema de mujer, con ocasión de la conmemoración <strong>del</strong>Día Internacion<strong>al</strong> de la Mujer, el 8 de marzo, se presentó la cartilla Porque el , que incorpora indicadores de géneropara el monitoreo de las acciones violentas de los grupos armados ileg<strong>al</strong>esque re<strong>al</strong>iza el Sistema de Alertas Tempranas (SAT); en el marco de la mismaconmemoración, se señ<strong>al</strong>ó que esa es una fecha emblemática que invita a lacomo sujetos de derechos y, desde esa perspectiva, el papel que han venidocumpliendo en el escenario de lo público y en el sector privado, y se instó <strong>al</strong>país en gener<strong>al</strong> y a los funcionarios públicos competentes a prestarle máximaatención a la violencia de género y a las instituciones y a la sociedad civil aimpulsar la puesta en vigor de la Ley 1257, sancionada el 4 de diciembre, “Porla cu<strong>al</strong> se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas deviolencia y discriminación contra las mujeres; se reforman los códigos pen<strong>al</strong>, deprocedimiento pen<strong>al</strong>, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones”.En el área de niñez<strong>del</strong> Niño y a la luz de los tratados internacion<strong>al</strong>es adoptados por Colombia,de la normativa nacion<strong>al</strong>, de la doctrina y la jurisprudencia, se hizo entregade la cartilla que recopila los derechos de los niños en materia de s<strong>al</strong>ud; par<strong>al</strong>a misma fecha, se hizo un llamado a la familia, a la sociedad y <strong>al</strong> Estado aque, de conformidad con lo dispuesto en el articulado de la Ley de Infancia yAdolescencia, recientemente aprobada por Colombia, que pretende incorporarlos postulados de derechos humanos en favor de los niños y las niñas, se aúnen
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>37esfuerzos en el sentido de lograr el mayor nivel posible de garantía de susderechos fundament<strong>al</strong>es; en el Día Mundi<strong>al</strong> contra el Trabajo Infantil, que seconmemoró el 12 de junio. Se recordó la grave situación por la que atraviesanlos niños y las niñas por efecto <strong>del</strong> incumplimiento de los compromisosrelacionados con su derecho a no ser explotados económica o labor<strong>al</strong>mente, asícomo respecto de la protección contra las peores formas de trabajo infantil, enespeci<strong>al</strong> el ingreso prematuro a las actividades labor<strong>al</strong>es.Se condenó de manera enérgica la muerte <strong>del</strong> niño de 11 meses Luis SantiagoLozano, quien fuera secuestrado en Chía (Cundinamarca), en septiembre, poruna mujer vinculada para el efecto por el padre <strong>del</strong> menor. Al mismo tiempo, sehizo un llamado a las autoridades para que se impongan penas ejemplarizantesa los responsables de ese crimen que estremeció a la sociedad colombiana; separa los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego para los Refugiados y laPersonería Municip<strong>al</strong> y la Alc<strong>al</strong>día de Soacha. Con ocasión <strong>del</strong> aniversarionúmero 19 de la aprobación de la Convención sobre los Derechos <strong>del</strong> Niño,se instó a todos los estamentos soci<strong>al</strong>es y estat<strong>al</strong>es para que sigan aunandoesfuerzos a efecto de lograr el mayor nivel posible de garantía y protección <strong>del</strong>os derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.En lo concerniente a la s<strong>al</strong>ud, se solicitó a la Superintendencia Nacion<strong>al</strong> deS<strong>al</strong>ud y a la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, que investigaran a fondo los hechosque produjeron el f<strong>al</strong>lecimiento, en la ciudad de C<strong>al</strong>i, de Giselle Hasney Luna,una niña de 30 meses, y a cada una de las instituciones de s<strong>al</strong>ud a donde acudió,para establecer, en caso de que hubiera lugar, las sanciones correspondientes;se ordenó un seguimiento <strong>al</strong> proceso de liquidación <strong>del</strong> Seguro Soci<strong>al</strong> comocontinuidad en la prestación <strong>del</strong> servicio <strong>al</strong> ser trasladados a la Nueva EPS,traumático posible.Se <strong>al</strong>ertó a la población y a las autoridades sanitarias para que a<strong>del</strong>antaran<strong>del</strong> medicamento Rivotril a los menores de edad, por cuanto esta sustancia(Clonazepán) estaba siendo utilizada por menores y adolescentes; se hizo unllamado <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> para que se autorizara el recaudode manera directa en los bancos de los recursos <strong>del</strong> sistema de seguridad soci<strong>al</strong>integr<strong>al</strong>, hasta que la PILA (Planilla Integr<strong>al</strong> de Liquidación de Aportes), comoherramienta tecnológica, se adecuara a las necesidades de los usuarios paraevitar que llegara a convertirse en otra barrera de acceso. Unido a ello, sesolicitó una campaña pedagógica de carácter masivo sobre el procedimientoque debería seguirse en el diligenciamiento de dicha planilla.
38 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Fin<strong>al</strong>mente, como resultado de un estudio pormenorizado sobre la situación en S<strong>al</strong>ud, en el cu<strong>al</strong> se an<strong>al</strong>izaron los contenidos <strong>del</strong> POS de los regímenescontributivo y subsidiado, se denunció, entre otros temas, que los pacientescon trastornos psiquiátricos se encuentran en un estado de <strong>al</strong>ta vulnerabilidadpor exclusión, estigmatización y discriminación, y en la celebración <strong>del</strong> DíaInternacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> SIDA (1° de diciembre), se hizo referencia <strong>al</strong> cumplimientoen Colombia de las metas trazadas en los Objetivos de Desarrollo <strong>del</strong> Milenio<strong>al</strong> mantener la epidemia por debajo <strong>del</strong> 1,2 % y se reconoció el esfuerzo y loslogros <strong>del</strong> Gobierno en las campañas emprendidas, dentro de los cu<strong>al</strong>es mereceespeci<strong>al</strong> mención la disminución de la transmisión de la enfermedad en elEn materia de educación, luego de una protesta a mediados de febrero,en la que <strong>al</strong>rededor de 600 estudiantes <strong>del</strong> Colegio Cooperativo Carvaj<strong>al</strong>, <strong>del</strong>a loc<strong>al</strong>idad de Kennedy (Bogotá), decidieron s<strong>al</strong>ir a la avenida Boyacá paraprotestar por el des<strong>al</strong>ojo, ordenado por un juez, de las inst<strong>al</strong>aciones en lasque tomaban clases. El Defensor ordenó el acompañamiento de la entidadque dejó satisfechas las aspiraciones de los estudiantes desde el punto devista de la garantía <strong>del</strong> derecho a la educación. Ante la propuesta planteada,la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, de ordenar la revisión de la base de datosde <strong>al</strong>umnos y profesores de las universidades públicas Nacion<strong>al</strong>, Pedagógicay Distrit<strong>al</strong>, y de la Corporación Privada Universidad Libre, además de lascorrespondientes <strong>al</strong> Servicio Nacion<strong>al</strong> de Aprendizaje, SENA, desde el año1992, con el ánimo de “buscar guerrilleros, paramilitares y <strong>del</strong>incuentes...”, elDefensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hizo una serie de observaciones en las que advirtió sobrela amenaza a los derechos fundament<strong>al</strong>es de miles de colombianos.En referencia a la discriminación, se intervino ante la situación presentadaen el Colegio Leonardo Da Vinci, de la ciudad de Maniz<strong>al</strong>es (C<strong>al</strong>das), cuyasdirectivas decidieron no matricular -<strong>al</strong>egando problemas disciplinarios- ados <strong>al</strong>umnas por sus tendencias sexu<strong>al</strong>es, pero se vieron obligadas a volvera matricularlas tras una decisión de un juez de tutela. No obstante la decisiónjudici<strong>al</strong>, <strong>al</strong> ingreso de las dos <strong>al</strong>umnas para efectuar su matrícula, fueronsometidas a m<strong>al</strong>trato verb<strong>al</strong> por parte de las demás compañeras sin que lasdirectivas a<strong>del</strong>antaran acciones para evitar t<strong>al</strong> despliegue de intolerancia; sedenunció un nuevo hecho de intolerancia y discriminación hacia la comunidadLGBT (lesbianas, gays, bisexu<strong>al</strong>es y transgéneros), que se presentó en el mes demayo en el sector de Juanchito (C<strong>al</strong>i), cuando una pareja gay fue discriminadapor besarse en un establecimiento público, acción que desconoció derechosfundament<strong>al</strong>es de las personas que están ejerciendo decididamente su libertadsexu<strong>al</strong>; y en compañía de 20 congresistas, entre ellos la senadora Gina Parody y
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>39de Representantes, en agosto, el proyecto de ley “Por la cu<strong>al</strong> se desarrollael derecho a la igu<strong>al</strong>dad y se dictan disposiciones para prevenir, erradicar ysancionar la discriminación”.En lo que hace a misiones médicas y humanitarias, se condenó elsecuestro, por parte de las Farc, de una misión médica conformada por nuevefuncionarios en la vereda de El Charco, siete de los cu<strong>al</strong>es fueron dejados enlibertad y los dos restantes quedaron en manos <strong>del</strong> grupo subversivo. LosMarina Gutiérrez quienes se desempeñan como odontólogo y enfermerarespectivamente, y fueron acusados como informantes <strong>del</strong> Ejército por partede ese grupo armado ileg<strong>al</strong>. Se rechazó el ataque con explosivos perpetrado acomienzos de diciembre, contra la misión médica conformada por funcionarios<strong>del</strong> Hospit<strong>al</strong> San Rafael y <strong>del</strong> ICBF, que se desplazaban de San Vicente <strong>del</strong>Caguán a la Inspección de Campo Hermoso (Caquetá), para re<strong>al</strong>izar unabrigada de s<strong>al</strong>ud.En el tema de la solidaridad con los gremios, en el Día <strong>del</strong> Periodista (9de febrero) se pidió una mayor acción de la comunidad internacion<strong>al</strong> paraenfrentar la impunidad y eliminar el miedo y el peligro en el ejercicio <strong>del</strong>y con motivo de la celebración <strong>del</strong> Día <strong>del</strong> Trabajo, se pidió incrementar lasmedidas de prevención y de seguridad que amparan a los sindic<strong>al</strong>istas.Al respecto de sucesos especi<strong>al</strong>es nacion<strong>al</strong>es, en una marcha re<strong>al</strong>izada el6 de marzo, se renovó la solidaridad <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con las víctimasde la violencia a quienes se les deben garantizar los derechos a la verdad, lajusticia y la reparación. También se solidarizó con la movilización re<strong>al</strong>izadael 4 de febrero en la cu<strong>al</strong> participaron distintos estamentos de la sociedad yconvocó a los colombianos a participar el 20 de julio en la marcha organizadapara exigir la liberación de los secuestrados y pronunciarse en contra de lasvulneraciones de los derechos en que, de manera permanente, incurren losviolentos en Colombia, en especi<strong>al</strong> los grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley.Ante el paro judici<strong>al</strong> que se efectuó a mediados de septiembre y que afectóel norm<strong>al</strong> funcionamiento de la justicia en Colombia, consideró que, si bien lasreclamaciones de Ason<strong>al</strong>-Judici<strong>al</strong> podían ser válidas, los requerimientos de unsector de los servidores públicos no podían, de ninguna manera, quebrantarel principio rector <strong>del</strong> Estado de garantizar la efectividad y vigencia de losderechos consagrados en la Constitución Política. Fin<strong>al</strong>izando el año y ante elhecho de que ya se había podido establecer que, por efectos de la manipulaciónde pólvora en todo el territorio nacion<strong>al</strong>, 227 personas habían resultadoquemadas, 130 de ellas menores de edad, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> exhortó a loscolombianos a proteger los derechos de los niños y de las niñas consagradosen el artículo 44 de la Constitución Política, en la Ley 1098 de 2006 (Código de
40 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la Infancia y la Adolescencia) y en la Ley 670 de 2001, mediante las cu<strong>al</strong>es seexpiden normas para garantizar la vida, la integridad física y la recreación <strong>del</strong>niño expuesto <strong>al</strong> riesgo por el manejo de juegos pirotécnicos.En lo concerniente a sucesos internacion<strong>al</strong>es, el 10 de diciembre el Defensor<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> se unió a la celebración mundi<strong>al</strong> de los 60 años de la DeclaraciónUnivers<strong>al</strong> de los Derechos Humanos e hizo un vehemente llamado a todas lasinstituciones <strong>del</strong> Estado para que de manera articulada y conjunta, inspiradosen los principios y los propósitos de la Declaración Univers<strong>al</strong> y atendiendo losdeberes de respeto y garantía de los derechos humanos que tiene todo Estado,fort<strong>al</strong>ezcan la adopción de las medidas necesarias, pertinentes y oportunaspara que los derechos que se encuentran plasmados en la citada declaración,en los demás instrumentos internacion<strong>al</strong>es sobre derechos humanos y enla Constitución Política sean una re<strong>al</strong>idad en la vida cotidiana de todos loshabitantes <strong>del</strong> territorio colombiano.En relación con <strong>al</strong>gunos temas especi<strong>al</strong>es, <strong>al</strong> cumplirse el décimo quintoaniversario de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, el 3 de marzo, se inauguró la nueva ymoderna sede <strong>del</strong> organismo region<strong>al</strong> en la ciudad de C<strong>al</strong>i.Ante el aumento de quejas presentadas en la Defensoría por deudoresmorosos que han perdido su vivienda o han tenido que sufrir humillantesacciones por parte de autoridades que se ven obligadas a cumplir su deber, elDefensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> dio instrucciones para que los ciudadanos sean atendidosrápidamente, <strong>al</strong> tiempo que solicitó a los afectados actuar a tiempo para poderdefender sus derechos. Apoyó y participó activamente <strong>del</strong> lanzamiento, acomienzos de noviembre, <strong>del</strong> libro . Aportes psicosoci<strong>al</strong>es, producción <strong>del</strong> Instituto Interamericanode Derechos Humanos (IIDH), texto que constituye una inv<strong>al</strong>uable ayuda aquienes desde el ámbito psicosoci<strong>al</strong> y jurídico investigan, laboran y re<strong>al</strong>izan susaportes en los procesos de defensa, reivindicación y reparación de las víctimas.VÓLMAR PÉREZ ORTIZDefensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Colombia
Primera parte<strong>Informe</strong> Centr<strong>al</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>43PRIMERA PARTEEste informe se inicia con una síntesis de los pronunciamientos de prensa<strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en ejercicio de su magistratura mor<strong>al</strong>. En su primeraparte se presenta un análisis de la situación de los derechos de las víctimasy de los sujetos de especi<strong>al</strong> protección; el registro de las peticiones, asesorías,quejas, solicitudes y quejas relativas a las amenazas o violaciones de los derechosfundament<strong>al</strong>es, según las solicitudes interpuestas ante la Defensoría; las accionesa<strong>del</strong>antadas en cumplimiento de las recomendaciones de la Alta Comisionadade las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación dederechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario en Colombia en elaño 2008; el seguimiento de las medidas cautelares y provision<strong>al</strong>es <strong>del</strong> SistemaInteramericano, y los asuntos de especi<strong>al</strong> relevancia, observados y atendidos porlas Direcciones Nacion<strong>al</strong>es, Defensorías Delegadas y las Defensorías region<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>45INFORME CENTRALA. CON LAS VÍCTIMAS: ¿EN QUÉANDAMOS Y EN DÓNDE VAMOS?Desde los últimos dos años la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, teniendo entre sus asuntoscentr<strong>al</strong>es a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones<strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, el derecho más amenazado o violado en nuestropaís 3 , considera que ha desempeñado un papel fundament<strong>al</strong> en el desarrollo y aplicaciónLa actuación institucion<strong>al</strong>, a lo largo y ancho <strong>del</strong> país, ha sido un arduo trabajo a travéshumanidad es la verdad”, más de 150 t<strong>al</strong>leres sobre derechos, asesorías extrajudici<strong>al</strong>es yrepresentaciones judici<strong>al</strong>es, y la participación en diferentes escenarios interinstitucion<strong>al</strong>es,donde se han enfatizado los derechos de las víctimas, con enfoque diferenci<strong>al</strong> y perspectivade género.Al respecto, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha obtenido importantes resultados, de los quese dará cuenta en este <strong>Informe</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República, sobre todo en materia desino que, con la expedición de la Ley 975 de 2005, se logró que 57.846 personas hayanrecibo asistencia y acompañamiento. Labor que ha sido desempeñada por profesion<strong>al</strong>es<strong>del</strong> derecho y la psicología ubicados en 20 region<strong>al</strong>es <strong>del</strong> país.De acuerdo con las cifras que viene manejando la Coordinación de Justicia y Paz de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, las region<strong>al</strong>es de Antioquia, Magd<strong>al</strong>ena, Cesar, Atlántico, Bogotá,En estas region<strong>al</strong>es se concentra el 70% de las personas que han acudido a la entidad arecibir información para reclamar sus derechos.En cuanto <strong>al</strong> número de abogados que, con c<strong>al</strong>idad de defensores públicos, se hadispuesto para la atención de las víctimas, tenemos que, en este momento, se encuentrandisponibles 100 profesion<strong>al</strong>es <strong>del</strong> ramo con el encargo de asumir representaciones judici<strong>al</strong>esen las region<strong>al</strong>es de Antioquia, Atlántico y Bogotá. Adicion<strong>al</strong>mente, por disposición de la3 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. <strong>Informe</strong>s <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República 2008 -2009, entre otros.En: http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0202&_secc=02&ts=1 . p.36.
46 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, se a<strong>del</strong>antan versiones directas, en las ciudades de Maniz<strong>al</strong>es,Bucaramanga, V<strong>al</strong>ledupar, Montería, Santa Marta, C<strong>al</strong>i, Pereira, Cúcuta e Ibagué, para locu<strong>al</strong> la Defensoría tuvo que proveer los representantes judici<strong>al</strong>es necesarios.Para brindar un mejor servicio se conformaron unidades operativas integradas pordefensores públicos adscritos <strong>al</strong> programa de Justicia y Paz, que asumieron la representaciónextrajudici<strong>al</strong> y judici<strong>al</strong> de 40.477 víctimas. De acuerdo con las cifras de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong>de la Nación, de un tot<strong>al</strong> de 1.205 versiones libres terminadas se han relacionado 27.104víctimas enunciadas, de las cu<strong>al</strong>es los victimarios únicamente han reconocido 8.468.Durante este lapso el aprendizaje ha sido v<strong>al</strong>ioso, pues se han compartido experienciascon las víctimas y con otras instituciones y organizaciones soci<strong>al</strong>es que también laboran enesta área. Se han conocido los aciertos y desaciertos en la atención, y, sobre todo, se hanEstos escenarios permiten plasmar <strong>al</strong>gunas consideraciones en torno a los asuntos queestán poniendo en riesgo el derecho de las víctimas a ser reparadas de manera integr<strong>al</strong>:documentos para que las personas puedan acreditar su c<strong>al</strong>idad de afectadas, la f<strong>al</strong>ta defrente a sus padecimientos físicos y sicológicos, el permanente riesgo y prioridad para suprotección y la f<strong>al</strong>ta de atención amable para escuchar sus necesidades.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en este informe anu<strong>al</strong>, considera prioritario insistir en quelas víctimas deben ser tratadas como sujetos de especi<strong>al</strong> protección y defensa y no comoobjeto exclusivo de litigio; que debe existir mayor acercamiento y presencia <strong>del</strong> Estado yque las acciones de este deben restituir la dignidad de quienes reclaman, válidamente, quese les reconozca su condición de víctima.Por otra parte, para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> es grato señ<strong>al</strong>ar que las 57.846 personas las jornadas individu<strong>al</strong>es y t<strong>al</strong>leres comunitarios con mayor frecuencia, por considerarque recibieron explicación completa sobre la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005),que hubo claridad en la pedagogía sobre conceptos y procedimientos y que se facilitó elconocimiento en torno a los derechos de las víctimas.La Ley de Víctimas y lo irrenunciable. Lo anterior permite concluir que el trabajo convíctimas en el desarrollo de fort<strong>al</strong>ezas individu<strong>al</strong>es y familiares para la elaboración deduelos ha sido útil, toda vez que ha permitido a las personas recordar sus vivencias conmenos dolor y sentir que por nuestro conducto el Estado los acompaña. Sin embargo, hayotros aspectos que para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> representan preocupaciones mayores: laLey de Víctimas, los vacíos y limitaciones que se han evidenciado dentro de las discusiones<strong>del</strong> proyecto que se debatieron en el 2008 y aún persisten 4 .Si bien para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> fue importante que desde el escenario legislativose hayan buscado <strong>al</strong>ternativas que garanticen a las víctimas sus derechos a la verdad, justicia4 http://www.defensoria.org.co/red/?_item=0301&_secc=03&ts=2&n=686 (junio 19 de 2009)
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>47y reparación integr<strong>al</strong>, no se pueden relegar aquellos aspectos que quedaron pendientes yque son impostergables:El derecho a la reparación nace de la violación <strong>del</strong> derecho, t<strong>al</strong> y como lo consagranlos principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violacionesderecho internacion<strong>al</strong> humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, aprobadointerpretativa <strong>del</strong> artículo 5 de la Ley 975 de 2005: “… Una persona será considerada víctimade la relación familiar que pueda existir entre el autor y la víctima”la necesidad de que se repare a todo el universo de víctimas sin distingo de si el agenteresponsable <strong>del</strong> daño causado fue estat<strong>al</strong> o no estat<strong>al</strong>.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera que el principio sobre el cu<strong>al</strong> se deben re<strong>al</strong>izarlas reparaciones en el marco de la ley no sólo es el de solidaridad, sino también, el de laresponsabilidad <strong>del</strong> Estado, con fundamento en los instrumentos <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong>y de los derechos humanos.En opinión de la Defensoría, cu<strong>al</strong>quier programa de reparación para que sea legítimoy conforme a los estándares internacion<strong>al</strong>es, debe asegurar el trato igu<strong>al</strong> de las víctimas y,así mismo, debe garantizar que las medidas de reparación sean adecuadas, proporcion<strong>al</strong>es,efectivas y rápidas.La Ley 975 de 2005 contempla, como uno de los efectos <strong>del</strong> daño, la reparación porel menoscabo patrimoni<strong>al</strong> que la víctima sufrió; sin embargo, el texto mayoritario <strong>del</strong>proyecto de ley en discusión en el <strong>Congreso</strong> de la República sólo consagra la reparaciónde los bienes inmuebles, con lo cu<strong>al</strong>, se excluye el concepto integr<strong>al</strong> de bienes (muebles einmuebles).Fin<strong>al</strong>mente, el texto <strong>del</strong> Proyecto de Ley 044 de 2008, aprobado en plenaria de la Cámarade Representantes establece como medida reparadora el acceso a los derechos soci<strong>al</strong>es,económicos y cultur<strong>al</strong>es, lo que contraría la jurisprudencia de la Corte Constitucion<strong>al</strong>sobre la materia que ha reiterado que los servicios soci<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Estado t<strong>al</strong>es como la s<strong>al</strong>ud,la educación y la vivienda no deben ser considerados como medidas o componentes deacciones reparadoras a favor de las víctimas de violaciones de derechos humanos, “se tratade deberes y acciones claramente diferenciables en su fuente, frecuencia, destinatarios, duración, por loque ninguna de estas acciones puede sustituir a la otra; si bien pueden ser medidas complementarias, sondiferentes por su razón, intencion<strong>al</strong>idad y título jurídico que las origina”, como lo fue establecido enla Sentencia C- 1199 de 2008.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>49B. INFORMES ANUALES ESPECIALESB.1. LA ATENCIÓN DEFENSORIAL A LAS POBLACIONES ENRIESGO DE DESPLAZAMIENTO FORZADO Y VÍCTIMASDEL MISMO: Aspectos de mayor relevanciaEl desplazamiento forzado de personas siguió siendo un grave problema para lasociedad colombiana, con tendencia a tornarse crónico, no obstante el aumento de laactividad estat<strong>al</strong>. De un lado continuó el éxodo, la acumulación de víctimas en centrosen cuanto <strong>al</strong> aumento de la actividad estat<strong>al</strong>, hubo ampliación de recursos, involucramientode nuevas entidades, discusiones en profundidad sobre las medidas necesarias para atenderLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en lo de su atribución y competencia, continuó atendiendoa la población: participando a nivel loc<strong>al</strong>, region<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong>, en la formulación eimplementación de políticas públicas; monitoreando situaciones de riesgo; visitandorequiriendo de las autoridades medidas de protección y promoviendo, difundiendo yvelando por la guarda, ejercicio y protección de los derechos fundament<strong>al</strong>es de las personasy comunidades en riesgo de desplazamiento y ya afectadas por el mismo.De los distintos asuntos y temas que se an<strong>al</strong>izaron o sobre los que se intervino desde desplazamiento forzado. Al respecto de las víctimas, los temas más relevantes fueron: sureconocimiento y registro, las bases de datos sobre desplazamiento, las razones de su noinscripción en el Registro Único de Población Desplazada <strong>del</strong> Sistema de Información <strong>del</strong>a situación de desplazamiento forzado, se aborda desde la dinámica de los desplazamientosmasivos, la expulsión y recepción de acuerdo a la dinámica region<strong>al</strong>, la situación en la zonade fronteras y los responsables <strong>del</strong> desplazamiento, con <strong>al</strong>gunos comentarios especi<strong>al</strong>es <strong>al</strong>a. Los desplazadosLos desplazados se encuentran por debajo de la línea de indigencia y su condición sedimensiona a partir de la posibilidad de acceso a los servicios soci<strong>al</strong>es de protección de sus
50 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>derechos. Quienes han sido afectados por el desplazamiento forzado no están ingresandoa un nuevo campo soci<strong>al</strong>, económico, político y cultur<strong>al</strong> que los integre en un nuevo gruposoci<strong>al</strong> donde se posibilite el ejercicio pleno de sus derechos.Para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, quienes han tenido que s<strong>al</strong>ir huyendo ante factores deamenaza o de vulneración no están precisamente buscando mejorar condiciones materi<strong>al</strong>esde vida, sino que están buscando con urgencia la protección para continuar ejerciendoderechos como cu<strong>al</strong>quier otro ciudadano.En este sentido, como se ha planteado en previos informes <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong>, no es lomismo la superación de la pobreza que la superación <strong>del</strong> desplazamiento, ya que el accesoa bienes y servicios no sustituye el ejercicio de derechos en condiciones de autonomía ydignidad. La persona afectada requiere el reconocimiento de su condición de desplazado,la atención estat<strong>al</strong>, la protección de sus bienes, la reparación, la política pública en el marcojurídico de la declaratoria <strong>del</strong> estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong>. Aspectos que se articulan yse dan en función de la persona y sus derechos.1. El reconocimiento y el registro de la víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzadoEl acceso de las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado a la atención estat<strong>al</strong>, a losmecanismos de protección de derechos y a los bienes y servicios ofertados en las políticaspúblicas de atención, depende de la inscripción que Acción Soci<strong>al</strong> haga de ellas en elRUPD – SIPOD. Para ello, las personas desplazadas declaran ante el Ministerio Público loshechos de su desplazamiento. La declaración es escrita y luego v<strong>al</strong>orada por Acción Soci<strong>al</strong>,lo cu<strong>al</strong> puede producir su elección o reconocimiento o una decisión de no inscripción o dedevolución de la declaración por problemas de forma.A pesar de los años que el RUPD lleva en funcionamiento, de la adaptación <strong>del</strong>sistema de información para la inclusión de mayor información, de las órdenes dadas porla Corte Constitucion<strong>al</strong>, <strong>del</strong> establecimiento de términos perentorios para la remisión <strong>del</strong>a declaración, el mo<strong>del</strong>o de elegibilidad anteriormente descrito presenta los siguientesproblemas o vacíos: la f<strong>al</strong>ta de un programa continuo de difusión <strong>del</strong> derecho de lashay presencia de Acción Soci<strong>al</strong>; diversas f<strong>al</strong>las que presenta el proceso de toma y anotaciónde la declaración; f<strong>al</strong>ta de recursos económicos para la posterior remisión desde laspública de los criterios que se tienen en cuenta o de los procesos que se siguen en la etapade v<strong>al</strong>oración de la declaración.el derecho de petición –mediante la declaración- el reconocimiento de la situación jurídicaexcepcion<strong>al</strong>, y tener la carga de la petición, el sustento y la argumentación de la misma,extraña, que indaga y profundiza sobre la vivencia.La inscripción no es un simple trámite de llenado de un formato. La inscripción es underecho cuando se ha sido víctima de la vulneración grave de derechos, inscripción que,por lo gener<strong>al</strong>, se busca cuando no se cuenta con medios de supervivencia autónomos.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>51En este sentido, las decisiones de Acción Soci<strong>al</strong> se han convertido en campo de ampliasdiscusiones. La no Inscripción tiene que ver con debates sobre subregistro, diferenciasnuméricas de víctimas, diferencias de interpretación sobre hechos, personas responsablesy lugares donde se produjo o se está produciendo el desplazamiento.Causas <strong>del</strong> subregistro. En t<strong>al</strong>es discusiones se aceptan como causas <strong>del</strong> subregistrode personas y comunidades en el RUPD: la f<strong>al</strong>ta de interés de <strong>al</strong>gunas víctimas; eldesconocimiento sobre las medidas de atención, por an<strong>al</strong>fabetismo y desconocimiento decondición de discapacidad, comunidades indígenas desplazadas dentro de los resguardosy niñez abandonadas; las decisiones de no inscripción de personas y hogares por parte deAcción Soci<strong>al</strong> que, en el marco de acciones de tutela, llevaron a la Corte Constitucion<strong>al</strong> apronunciarse sobre los criterios que se han de tener en cuenta en los procesos de v<strong>al</strong>oración,no obstante que durante el 2008 la Corte debió pronunciarse en nuevos casos. Igu<strong>al</strong>mente,la f<strong>al</strong>ta de reconocimiento de numerosos eventos de desplazamiento -como los sucedidosen el marco de las operaciones de erradicación de cultivos de uso ilícito o derivados deoperaciones militares por iniciativa de la fuerza pública- y también, por la f<strong>al</strong>ta de registrode los casos de desplazamientos masivos que, habiendo sido atendidos humanitariamente,fueron retornados prontamente.Respecto <strong>al</strong> subregistro la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> llamó la atención en sesiones <strong>del</strong>Consejo Nacion<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada y de los ComitésDepartament<strong>al</strong>es de Atención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada, solicitando el desarrollode campañas de difusión de los derechos de la población desplazada; el aumento de person<strong>al</strong>para la toma de la declaración en las sedes y el fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> Ministerio Público; eldesarrollo de campañas de toma de declaración masiva; también, la recomendación, encasos de desplazamientos masivos, <strong>del</strong> reconocimiento y registro de dichas víctimas.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha manifestado que sería recomendable la adopción demedidas legislativas y administrativas de ajuste, fort<strong>al</strong>ecimiento y consolidación <strong>del</strong>proceso de elegibilidad; el fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> registro y <strong>del</strong> sistema de información –entanto mecanismos de protección y restablecimiento de derechos–; la adopción de medidasde preservación y protección de esta memoria –el SIPOD contiene la memoria históricade innumerables pasajes dolorosos de nuestra nación que nos habrá de servir en tiemposvenideros, incluso como garantía de no repetición– y medidas orientadas <strong>al</strong> incrementoy entrenamiento de funcionarios –formados en v<strong>al</strong>ores, actitudes y comportamientosimparci<strong>al</strong>es, respetuosos, considerados y especi<strong>al</strong>mente humanitarios–, tanto en elMinisterio Público como en Acción Soci<strong>al</strong> y en las administraciones municip<strong>al</strong>es, así comola garantía para el ejercicio de los derechos de las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado.1.1. Las bases de datos <strong>del</strong> desplazamiento forzado durante el 2008 y el RUPDLas discusiones que tuvieron lugar entre los años 2002 y 2004, respecto <strong>del</strong> númerode víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado, en la entonces Red de Solidaridad Soci<strong>al</strong> y laConsultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), luegosuperadas en los años siguientes, volvieron a presentarse respecto a los datos <strong>del</strong> año 2008.
52 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Mientras CODHES reportó que tan solo durante el “primer semestre de 2008, fueronACCIÓN SOCIAL reportó que durante el año 2008 fueron inscritas en el SIPODcomo expulsadas 254.468 personas, como recepcionadas 266.665, y como personas quedeclararon 372.333.Los datos de CODHES corresponden a información con base en monitoreo dezonas, medios masivos de comunicación y aportes de redes soci<strong>al</strong>es, mientras que lainformación de Acción Soci<strong>al</strong> corresponde exclusivamente a datos v<strong>al</strong>orados, aceptadosy registrados por Acción Soci<strong>al</strong> en el SIPOD, de acuerdo con las fechas de expulsión,asentamiento y declaración, que se registraron en el año correspondiente. De otra parteel Comité Internacion<strong>al</strong> de la Cruz Roja (CICR) lleva un registro de la población a la cu<strong>al</strong>le brinda asistencia y el Secretariado Nacion<strong>al</strong> de Pastor<strong>al</strong> Soci<strong>al</strong> tiene otro registro en laSección de Movilidad Humana: el Sistema de Información sobre Población en Situaciónde Desplazamiento Forzado.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> trabaja con base en la información pública institucion<strong>al</strong>reportada por Acción Soci<strong>al</strong>, y por CODHES, que son fuentes especi<strong>al</strong>izadas. Teniendoen cuenta las funciones <strong>del</strong> Ministerio Público, la Defensoría ha visto la necesidad deorganizar un Sistema de Información de Declarantes a cargo <strong>del</strong> Ministerio Público y unSistema de Control y Seguimiento <strong>del</strong> SIPOD que pueda ser también instaurado por elMinisterio Público.1.2. Razones de la “no inclusión” <strong>al</strong> RUPDDurante el año 2008 la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> recibió más de 17.000 declaraciones, quecorresponden a 76.869 personas y a 17.082 núcleos familiares. El 68% de estos núcleosfamiliares fueron incluidos en el RUPD; el 32% fueron rechazados. Es decir, cerca de25.000 personas quedaron como no inscritas por una cu<strong>al</strong>quiera de las caus<strong>al</strong>es previstasen el Decreto 2569 de 2000.Tabla Nº 1. Información de declaraciones tomadaspor la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, número de personas incluidas,personas no incluidas y tasa de inclusiónAÑO DE DECLARACIÓN Declarantes Incluidos No IncluidosTasa deinclusión2008 76.869 51.959 24.910 68%Fuente: http://www.accionsoci<strong>al</strong>.gov.co/Estadisticas/publicacion%20marzo%2031%202009.htmNumerosas personas solicitaron asesoría en la elaboración y presentación de recursosde agotamiento de vía gubernativa en contra de las resoluciones de no inscripción emitidaspor Acción Soci<strong>al</strong>. Un <strong>al</strong>to número de t<strong>al</strong>es resoluciones fueron expedidas por considerarlas siguientes caus<strong>al</strong>es: 1°) las declaraciones eran contrarias a la verdad, o 2°) los hechosdeclarados no correspondían a las circunstancias de hecho previstas en el art. 1º de la Ley 387 de1997, y, a pesar de la declaratoria de nulidad de la caus<strong>al</strong> 3ª <strong>del</strong> Art. 11 <strong>del</strong> Decreto 2569 de
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>532000, <strong>al</strong>gunas resoluciones fueron expedidas por considerar que las víctimas llevaban másde un año en desplazamiento.En los casos en los que se aplicó la caus<strong>al</strong> de rechazo 1°) Acción Soci<strong>al</strong> tuvo en cuenta lainformación obtenida de diferentes bases de datos <strong>del</strong> Estado relacionadas con la presenciade la persona, el acceso a subsidios, el lugar de votación, el lugar de expedición de la cédulade ciudadanía, la atención en s<strong>al</strong>ud y si no corresponden con el lugar que la persona indicacomo lugar de expulsión, no la inscriban en el RUPD, a pesar de las indicaciones dadas porla Corte Constitucion<strong>al</strong>, yendo en contravía de la aplicación de la presunción de buena fey trasladándole a la persona la carga de la prueba.En relación con la aplicación de la caus<strong>al</strong> de no inscripción 2°) Acción Soci<strong>al</strong> centróla v<strong>al</strong>oración de la declaración en la vinculación <strong>del</strong> hecho generador de desplazamiento,Al respecto, la Ley 387 de 1997 en su artículo 1º, además <strong>del</strong> ,incluyó como posibles situaciones en las que se produce desplazamiento forzado: los“disturbios y tensiones interiores”; la “violencia, gener<strong>al</strong>izada”; las “violaciones masivas de los derechoshumanos”; las “infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario” u otras circunstancias emanadasde las situaciones anteriores, que puedan <strong>al</strong>terar o <strong>al</strong>teren drásticamente el “orden público”, esto, tuvo como factor determinante, la coacción en diferentes mod<strong>al</strong>idades, ya que laexpulsión se produce por acción de la fuerza o la potenci<strong>al</strong>idad de la fuerza y los efectossobre la persona y no, por la situación en que se da la coacción. La distinción técnica deeventos coactivos sirve para establecer las consecuencias <strong>del</strong> uso de la fuerza de un lado yla adopción de medidas de atención.La fuerza puede ser leg<strong>al</strong>, legítima, restringida, ileg<strong>al</strong>, excesiva o arbitraria, dependiendode quien haga su uso, la cantidad que use, el momento y el lugar en que la use, el sujeto o situaciónpasiva <strong>del</strong> uso de la fuerza y el impacto que produzca. La diferencia entre una acción legítimay una acción ilegítima –que puede llegar a ser considerada terrorismo– se da a partir de laaplicación de criterios t<strong>al</strong>es como proporcion<strong>al</strong>idad, leg<strong>al</strong>idad, distinción, no reciprocidad y necesidadmilitar, entre otros.La relación entre participación, intensidad y duración <strong>del</strong> uso de la fuerza hace que lasacciones u omisiones, según el caso, puedan ser consideradas violación de derechos humanos,infracción <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, una situación común de violencia gener<strong>al</strong>izada, unacto leg<strong>al</strong> y legítimo de los ordenados y previstos para la fuerza pública, o una acción <strong>del</strong>egítima defensa en el caso de los particulares. De igu<strong>al</strong> modo, los factores contextu<strong>al</strong>espolíticos, económicos, soci<strong>al</strong>es, cultur<strong>al</strong>es y jurídicos, en relación con los elementosprenotados, ubican la acción u omisión y su resultado en medio de una situación de armado interno, de un evento de disturbio o tensión interior, o de una situación que simplementepudo <strong>al</strong>terar o <strong>al</strong>teró el orden público.La Corte Constitucion<strong>al</strong> señ<strong>al</strong>ó que el elemento que ha de tenerse en cuenta enla ocurrencia <strong>del</strong> desplazamiento forzado es la coacción que da origen <strong>al</strong> traslado y lapermanencia dentro de las fronteras de la nación.
54 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Numerosas decisiones de no inscripción o de rechazo se dieron cuando losresponsables pertenecían a los grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley que surgieron en lapostdesmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia, por la consideración deque los grupos paramilitares no existían y lo que había eran bandas crimin<strong>al</strong>es <strong>al</strong> serviciocomo los que se dieron en zonas de cultivos de uso ilícito o se presentaron en escenariosde erradicación de cultivos de uso ilícito por f<strong>al</strong>ta de planes de contingencia o por la acciónileg<strong>al</strong> o arbitraria de <strong>al</strong>guno de los contratistas o de los servidores públicos que participanen dichas operaciones, entre otros casos. Otra mod<strong>al</strong>idad de vulneración <strong>del</strong> derecho a la libertad de locomoción y residencia,por amenaza y vulneración de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y seguridad combustibles y medicamentos, por acción directa de los grupos armados <strong>al</strong> margen <strong>del</strong>a ley, el uso de minados antiperson<strong>al</strong> y la f<strong>al</strong>ta de desactivación de munición sin explotar.pública y así proteger los mismos grupos ileg<strong>al</strong>es; en <strong>al</strong>gunas ocasiones, <strong>al</strong> impedimentode s<strong>al</strong>ir, impuesto por los grupos ileg<strong>al</strong>es, se le ha sumado la prohibición <strong>del</strong> ingreso demiembros de la fuerza pública.Este hecho se expuso ante la Corte Constitucion<strong>al</strong> que dictó el Auto 093 de 2008, queordenó <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> la adopción de medidas de:…protección de los derechos a la vida, a la integridad person<strong>al</strong>, a la seguridad person<strong>al</strong>, a la libertadde circulación, y a la prevención de las circunstancias que generan desplazamientos forzados, de laspersonas civiles <strong>del</strong> municipio de Samaniego (Nariño) afectadas por el problema de minas antiperson<strong>al</strong>y ubicadas en consecuencia en <strong>al</strong>to riesgo de desplazamiento forzado, o de desplazamiento forzadoconstitucion<strong>al</strong>mente protegidos, particularmente de los derechos a la vida en condiciones dignas, laintegridad person<strong>al</strong>, la libertad, la <strong>al</strong>imentación, la s<strong>al</strong>ud y el trabajo”.Para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> las personas y comunidades que se encuentran correspondiente a las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado.El RUPD es una herramienta útil para brindar y garantizar la atención que requiereel problema <strong>del</strong> desplazamiento forzado. Su desarrollo y consolidación depende <strong>del</strong>ajuste y fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>o de elegibilidad, el desarrollo <strong>del</strong> esquema de fuentescontrastadas y la implementación de un mo<strong>del</strong>o de control y seguimiento que aporteinformación, facilite el análisis y ofrezca <strong>al</strong>ternativas de mejoramiento.1.4. La atención estat<strong>al</strong> <strong>al</strong> desplazamiento forzadoEl artículo 2°, inciso segundo, de la Constitución Política de Colombia estableceque: “Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>55en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias y demás derechos y libertades, y para asegurar elcumplimiento de los deberes soci<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Estado y de los particulares”. De la aplicación de esta normatodos los niveles por acción y omisión.La instauración de este derecho–deber de protección constitucion<strong>al</strong>, es una garantíafundament<strong>al</strong> de la existencia de los derechos fundament<strong>al</strong>es. Los mandatos de la Ley387 de 1997 y las órdenes jurisprudenci<strong>al</strong>es respecto <strong>del</strong> desplazamiento forzado seactivan y re<strong>al</strong>izan la garantía secundaria: el restablecimiento de los derechos vulnerados.El conocimiento y conciencia sobre el desplazamiento forzado, demanda la adopción demedidas orientadas, de una parte, a evitar la vulneración de derechos mediante medidasde prevención y, en caso de que se presente el desplazamiento, adoptar medidas derestablecimiento de derechos.2. Las medidasEn seguida se an<strong>al</strong>izarán las medidas de prevención, de atención humanitaria deemergencia, de estabilización socio–económica y de retorno que se adoptaron durante el2008 y que fueron materia de diferentes pronunciamientos <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.2.1. Las medidas de prevenciónse han visto opacados con la persistencia de factores generadores de desplazamiento forzado,de derechos de todas las personas son la razón de ser <strong>del</strong> Estado soci<strong>al</strong> de derecho.La prevención corresponde a las medidas orientadas a la preservación y garantía deprotección <strong>del</strong> ejercicio de derechos de las personas y comunidades que se encuentran o sepueden llegar a encontrar en riesgo. Dichas medidas se deben proyectar con la participaciónde las mismas comunidades.2.2. Atención humanitaria de emergencia-AHEAcaecido el evento de desplazamiento forzado y solicitado el reconocimiento por lasvíctimas, se debe dar inicio a la atención estat<strong>al</strong> con el propósito de restablecer el ejerciciointegridad física y psicológica.La AHE debería prestarse a la víctima dentro de las 72 horas siguientes a la ocurrencia <strong>del</strong>evento de desplazamiento o de la puesta en conocimiento de las autoridades competentes,a través de la declaración individu<strong>al</strong> o masiva reconocida por el correspondiente ComitéMunicip<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada. Esta primera atencióncorrespondería a lo que se ha denominado ayuda inmediata-AI.La AHE puede ser prorrogada mientras las víctimas se encuentren en condicionesde vulnerabilidad t<strong>al</strong> que les resulte muy difícil sobrevivir por sus propios medios. Lacapacidad autónoma de sobrevivencia.
56 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Las condiciones de las víctimas, en su gran mayoría, son precarias. Numerosos estudioscomparativos con personas que se encuentran en condiciones de extrema pobreza,evidenciaron que las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento se encuentran por debajo de la líneade indigencia, con ingresos inferiores a un dólar diario. Diferentes factores inciden enello: como la f<strong>al</strong>ta de preparación adecuada para generar ingresos en un ambiente urbano,la f<strong>al</strong>ta de opciones de generación de ingresos en el lugar de asentamiento, la f<strong>al</strong>ta decapacidad inst<strong>al</strong>ada para asimilar el <strong>al</strong>to número de personas que llegan con ocasión <strong>del</strong>desplazamiento forzado, etc. vulnerabilidad que presentan las víctimas. Consume un <strong>al</strong>to porcentaje de los recursosestat<strong>al</strong>es destinados para atender a estas víctimas. La entrega de los bienes y serviciosdurante la AHE debería facilitar y garantizar el paso a la fase de estabilización, así comoasegurar la generación de autonomía.De conformidad con lo anterior, en los distintos escenarios de formulación eimplementación de la política pública de atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado, se hanhecho observaciones respecto <strong>del</strong> esquema establecido y se han propuesto ajustes y hechosuperación de los daños ocasionados.2.3. Estabilización socio–económicaEn esta fase se busca que las víctimas restablezcan el ejercicio de sus derechosy se asegure su autonomía en condiciones dignas. Supone la articulación de medidas eEn razón de la especi<strong>al</strong>ización sectori<strong>al</strong> y la f<strong>al</strong>ta de un plan de atención integrado,especi<strong>al</strong>mente orientado hacia la superación de los efectos <strong>del</strong> desplazamiento forzado,las víctimas se han ido convirtiendo en gestores de subsidios, políticas públicas, planes,programas y proyectos, en nuevos habitantes de las urbes, que engrosan cordones demiseria.Con base en la declaratoria de estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong> emitida por la CorteConstitucion<strong>al</strong> y las diferentes órdenes dadas <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong>, t<strong>al</strong>es víctimas hanentrado a formar parte de las discusiones y las medidas de política pública orientadasespeci<strong>al</strong>mente a la protección de las comunidades indígenas y afrodescendientes, de lasmujeres, la niñez y de las personas en condiciones de discapacidad, en temas t<strong>al</strong>es como lapolítica de vivienda, tierras, s<strong>al</strong>ud, educación y generación de ingresos, entre otros.estilo de vida, y en <strong>al</strong>gunos casos la capacidad disminuida de resiliencia 5 , incrementan losy aprovechamiento de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es, bandas <strong>del</strong>incuenci<strong>al</strong>es y bandas detrata de personas, t<strong>al</strong> como quedó evidenciado con los casos <strong>del</strong> reclutamiento <strong>del</strong>ictivo dedolor emocion<strong>al</strong>. Cuando un sujeto (…) es capaz de hacerlo, se dice que tiene resiliencia adecuada, y puede sobreponerse acontratiempos o, incluso, resultar fort<strong>al</strong>ecido por los mismos.(…)”. En: http://es.wikipedia.org/wiki/Resiliencia_(psicología)(06.09). Nota de edición.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>57jóvenes de Soacha 6 , que luego aparecieron muertos en Ocaña Norte de Santander, <strong>al</strong>gunosde los cu<strong>al</strong>es, provenían de familias víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado.3. Protección de bienes y tierrasLa protección de los bienes patrimoni<strong>al</strong>es, y especi<strong>al</strong>mente de la tierra, de ordinario,se a<strong>del</strong>anta a través de los mecanismos establecidos en el derecho privado, derecho civil,procedimiento civil y derecho comerci<strong>al</strong>.Desde hace unos años se ha buscado darles uso a estos instrumentos jurídicos con desplazamiento forzado; no obstante, dadas las características de estos instrumentos, cuyopropósito es garantizar la circulación comerci<strong>al</strong> de los bienes, el impedir su circulacióncomo medida de protección es una acción transitoria de todas maneras.En el escenario de la coacción o <strong>del</strong> uso de la fuerza, el derecho civil y el derecho deprocedimiento civil colombiano no son las herramientas más adecuadas para la protecciónde los bienes en riesgo de abandono, despojados, abandonados o comerci<strong>al</strong>izadosjurídicas ordinarias; no tienen en cuenta los derechos, las relaciones de los particularessobre los bienes; no desarrollan dinámicas de negociación jurídica, y eliminan el ámbitodecision<strong>al</strong> y de disposición de las personas afectadas. La expoliación, el despojo, o la compraforzada de bienes, por parte de los actores armados, no son conductas constitutivas <strong>del</strong>derecho a la propiedad, como quiera que se dan en medio de la vulneración de derechoshumanos, en ninguna circunstancia deben dar paso a la prescripción adquisitiva, ni a laprotección <strong>del</strong> tercero de buena fe.El derecho internacion<strong>al</strong> humanitario promueve la protección de los bienes civilesmediante claras y expresas prohibiciones para las partes, que, en caso de ser desconocidas,constituyen crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, los cu<strong>al</strong>es pueden ser objetode juzgamiento por la Corte Pen<strong>al</strong> Internacion<strong>al</strong>.El 21 Principio Rector de los Desplazamientos Internos 7 prohíbe la privación arbitraria de lapropiedad o de posesiones de quienes están en riesgo o ya son víctimas <strong>del</strong> desplazamiento. Esobligación para el Estado la protección contra el expolio, los ataques directos o indiscriminados,su utilización como escudos de operaciones u objetos militares, los actos de repres<strong>al</strong>ia y la destrucción oexpropiación como forma de castigo colectivo. En caso de abandono de bienes, es obligatoria laprotección contra la destrucción y la apropiación, ocupación o usos arbitrarios e ileg<strong>al</strong>es.La protección de bienes para casos como el desplazamiento forzado no lo garantizael derecho privado interno, sino el derecho internacion<strong>al</strong> público; esto es, el derechointernacion<strong>al</strong> de los derechos humanos, el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario y el derechointernacion<strong>al</strong> de refugio, normativa que se debe aplicar a través de mecanismos de derechopúblico, tanto en su dimensión administrativa como en su dimensión jurisdiccion<strong>al</strong>.6 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Comunicados de Prensa 1346 de 24 de septiembre de 2008. Defensoría reitera preocupación porreclutamiento o utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes. En: www.defensoria.org.co/prensa (06.09). Nota de edición.7 http://www.unhchr.ch/spanish/html/menu2/7/b/principles_sp.htm (06.09)
58 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Los Principios Pinheiro, aprobados por la Asamblea Gener<strong>al</strong> de las Naciones Unidasdesde el año 2005, en su sección V sobre los “Mecanismos de aplicación leg<strong>al</strong>es, políticos,proces<strong>al</strong>es e institucion<strong>al</strong>es” 8 señ<strong>al</strong>an explícitamente los deberes <strong>del</strong> Estado para dar curso a lasreclamaciones relativas a los bienes abandonados.Hasta el momento se han dado tímidos pasos para el establecimiento de mecanismosidóneos de protección de bienes, siendo, todavía, necesario que se ahonde en la adopción dede derechos humanos, el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario y el derecho internacion<strong>al</strong> derefugio. No se puede seguir adjudicando <strong>al</strong> derecho privado el tratamiento de un problemapara el cu<strong>al</strong> no fue instituido. Siempre que se considere que las medidas de derecho privadopueden contribuir a la política pública, nos encontraremos en medio de una situacióncomo la advertida por la Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre desplazamiento forzadoen su VI informe a la Corte Constitucion<strong>al</strong> 9 .En el marco de la estructura sistémica prevista en la Ley 387 de 1997 podría pensarse enun Subsistema de Protección y Restitución de Bienes. También es posible partir de la experiencia yavances logrados con el Programa de Protección de Tierras y Patrimonio que se encuentraadscrito a la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong> y la Cooperación Internacion<strong>al</strong> –Acción Soci<strong>al</strong> 10 . Este mecanismo correspondería <strong>al</strong> ente administrativo de derecho públicoencargado de la protección de los bienes en gener<strong>al</strong>, <strong>al</strong> que es necesario desarrollorarletitularidad y posesión puedan llegarse a generar.Al respecto, el principio 12.1., de los “Principios sobre la restitución de las viviendas y elpatrimonio de los refugiados y las personas desplazadas” o Principios Pinheiro, señ<strong>al</strong>a que:12.1. Los Estados deben establecer procedimientos, instituciones y mecanismos que de una maneraequitativa, oportuna, independiente, transparente y no discriminatoria, y con su apoyo, permitanev<strong>al</strong>uar y dar curso a las reclamaciones relativas a la restitución de las viviendas, las tierras y procedimientos, las instituciones y los mecanismos existentes, se deben proporcionar los recursos4. El derecho a la reparación de las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzadoExiste consenso y pareciera que no hay discusión <strong>al</strong>rededor <strong>del</strong> derecho a la reparaciónque tendrían las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado. No obstante, dentro <strong>del</strong> abanico de reporta para su re<strong>al</strong>ización.El reconocimiento de la condición de víctimas de quienes se encuentran en8 http://74.125.47.132/search?q=cache:uloC6KVLoBUJ:www.proyectierras.org/opencms/export/sites/default/public/comunicaciones/portlets/Documentos/Derechos_Internacion<strong>al</strong>es/Principios_sobre_la_restitucion.pdf+Principios+Pinheiro+“Mecanismos+de+aplicación+leg<strong>al</strong>es,+políticos,+proces<strong>al</strong>es+e+institucion<strong>al</strong>es”&cd=1&hl=es&ct=clnk (06.09)..9 http://www.codhes.org/index.php?option=com_content&task=view&id=39&Itemid=52&date=2009-07-0110 http://www.accionsoci<strong>al</strong>.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=3&conID=544&pagID=820 (06.09)
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>59sobre la ruta o rutas de re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> derecho a la reparación de quienes han sido víctimas<strong>del</strong> desplazamiento; se ha señ<strong>al</strong>ado un procedimiento de reparación en el marco de unanormativa que se orienta <strong>al</strong> reconocimiento de quienes fueron causantes <strong>del</strong> desplazamientoy es dentro de este ámbito que se ha hablado de reparación; se ha concentrado la reparaciónen el ámbito nacion<strong>al</strong> a partir <strong>del</strong> decreto reglamentario de reparación administrativa; y lareparación no se está dando de la mano de la verdad y la justicia.La respuesta institucion<strong>al</strong> no ha desarrollado un contenido claro para el derecho a lareparación de las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado, no se ha deslindado su contenido<strong>del</strong> previsto en la política de atención, y a pesar de los pronunciamientos constitucion<strong>al</strong>es,se siguió dando el mensaje de que la atención y asistencia que brinda el Sistema Nacion<strong>al</strong>de Atención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada corresponde a reparación.La centr<strong>al</strong>ización de la atención y especi<strong>al</strong>mente de la reparación ha <strong>al</strong>ejado a lasvíctimas <strong>del</strong> reconocimiento soci<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong> institucion<strong>al</strong>. Son muy pocos los sectores queciudadanía vea la atención y reparación a estas víctimas como un asunto de asistencia yodiosas con la población pobre y en condiciones de vulnerabilidad que cohabita con lapoblación desplazada.desplazamiento forzado es que no existe claridad sobre la ruta o rutas de re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong>derecho. Las víctimas se pueden encontrar frente a tres escenarios de reparación. Dos deestos escenarios dependen de la existencia de procesos judici<strong>al</strong>es, uno de carácter ordinarioy otro de contenido restaurativo; el tercer escenario es el de la reparación administrativa.El escenario judici<strong>al</strong> ordinario es el desarrollado a través de las acciones de responsabilidadcivil extracontractu<strong>al</strong>, acciones de parte civil en los procesos pen<strong>al</strong>es y acciones de reparacióndirecta ante el contencioso administrativo. Este escenario tiene el menor desarrollo. Sehan dado poquísimos procesos judici<strong>al</strong>es por la ocurrencia <strong>del</strong> ilícito de desplazamientoforzado y las víctimas no se atreven a impulsarlo, porque no ven garantías proces<strong>al</strong>es yde seguridad para el impulso de dichos procesos. Este escenario puede activarse y darreconocimiento a las víctimas sin necesidad de contar con un presunto responsable, noha sido tenido en cuenta como escenario posible, ni los funcionarios responsables se hanpreocupado por las implicaciones que la omisión tiene y la sociedad no se ha movilizadoen búsqueda de su activación.Es importante impulsarlo, ya que la justicia es un mecanismo garante de la protecciónde los derechos fundament<strong>al</strong>es de las personas residentes en el país y, mientras que se estéen un escenario de vulneración de derechos y sin procesos de justicia restaurativa, nadaEl escenario de la justicia restaurativa es el que se desarrolla dentro o como parte de losacuerdos en procesos de diálogo, negociación, desmovilización o solución negociada ode paz, en que los actores armados responden directamente por los hechos y situacionesde vulneración de derechos en los que se vieron implicados. Este escenario se está dandoparci<strong>al</strong>mente ya que no todos los grupos se encuentran dentro de procesos de paz y, en el
60 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>caso de los grupos que están en procesos de paz, no todos los responsables están siendoprocesados.el procesamiento de los responsables, así como se presentan limitaciones en el reconocimientode las víctimas y en la tramitación de sus demandas. Adicion<strong>al</strong>mente, el fondo de reparaciónEl escenario de la reparación administrativa es el último escenario para la reparación de lasvíctimas y está estructurado conforme <strong>al</strong> principio de solidaridad. Este escenario no day se centra en una propuesta de compensación igu<strong>al</strong> y gener<strong>al</strong> a cargo de recursos <strong>del</strong>de quienes fueron afectados por el ilícito.El involucramiento <strong>del</strong> Estado en la reparación <strong>del</strong> daño sufrido por las víctimas sedesprende <strong>del</strong> deber de protección y no de la mera solidaridad, la cu<strong>al</strong>, de acuerdo <strong>al</strong> artículo95 de la Constitución Política, es un deber ciudadano, en tanto que las autoridades tienen eldeber de protección previsto en el artículo 2° de la Constitución Política. En este sentido, lareparación administrativa es una manera <strong>del</strong> Estado de garantizar el derecho a la reparaciónde las víctimas, junto <strong>al</strong> cu<strong>al</strong> se deben garantizar los derechos a la verdad y la justicia, que, asu vez, constituyen parte <strong>del</strong> componente de satisfacción dentro <strong>del</strong> derecho a la reparación.Este escenario buscaría apunt<strong>al</strong>ar un proceso que de <strong>al</strong>guna manera se encontraríasuperación <strong>del</strong> estado de vulneración de derechos. Esta situación que no resulta tot<strong>al</strong>menteclara en las actu<strong>al</strong>es circunstancias, dado que no se han desarrollado procesos de investigaciónabierta una confrontación que genera continuamente desplazamiento forzado, ni se haarticulado plenamente una política pública de garantía de la protección <strong>del</strong> ejercicio <strong>del</strong>os derechos fundament<strong>al</strong>es que prevenga <strong>del</strong> desplazamiento forzado o que contribuya <strong>al</strong>restablecimiento de los derechos de las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado. Además, solose están reconociendo como víctimas para los efectos de reparación a quienes hayan sidoafectados por los grupos armados organizados <strong>al</strong> margen de la ley, autodefensas y guerrilla,y en sus derechos a la vida, integridad física, s<strong>al</strong>ud física y ment<strong>al</strong>, libertad individu<strong>al</strong> ysexu<strong>al</strong>, quedando por fuera las personas victimizadas por la fuerza pública o por otrosgrupos, así como los demás derechos que hubieren podido ser vulnerados.b. La política pública de atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado y el estado decosas inconstitucion<strong>al</strong>Las Leyes 387 de 1997 y 1190 de 2008 establecen los campos y responsabilidadespara la formulación e implementación de políticas públicas de atención <strong>al</strong> desplazamientoforzado, que han de desarrollarse en los diferentes niveles de responsabilidad. El artículo10 de la Ley 387 de 1997 establece los objetivos que se deben desarrollar en la formulación<strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada. El Decreto 250 de 2005formula dicho plan. No obstante y desde el año 2004 la Corte Constitucion<strong>al</strong> declaró laexistencia de un estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong> en materia de atención <strong>al</strong> desplazamientoforzado.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>61 protección que tiene el Estado soci<strong>al</strong> de derecho frente a la ciudadanía y en gener<strong>al</strong>frente a las personas y comunidades que se encuentran dentro <strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong>. Sibien es cierto una declaratoria de esta natur<strong>al</strong>eza se da solo en situaciones extremas devulneración de derechos y supone una acción de justicia constitucion<strong>al</strong> que tiene efectosjurídicos, políticos e incluso económicos, también tiene efectos pedagógicos y cultur<strong>al</strong>esque conllevan cambios estructur<strong>al</strong>es, tanto en la sociedad como en las instituciones.La Sentencia T-025 de 2004 y los autos de seguimiento a dicha sentencia han contribuidoque produce graves efectos sobre la sociedad, que es necesario mejorar las condicionesde la población afectada por el desplazamiento forzado, que hay que generar mayorsensibilidad soci<strong>al</strong> frente a las víctimas, y esenci<strong>al</strong>mente que se deben desarrollar dinámicasinstitucion<strong>al</strong>es orientadas a la solución de problemas que cuenten con la participación <strong>del</strong>os mismos afectados, para superar así la precaria capacidad institucion<strong>al</strong>.En este sentido, la sanción constitucion<strong>al</strong> se ha convertido en una experiencia con<strong>al</strong>tos s<strong>al</strong>dos pedagógicos. El desplazamiento forzado es un verdadero estado de cosasinconstitucion<strong>al</strong>, ya que hay vulneración grave y sistemática de derechos fundament<strong>al</strong>es, en<strong>al</strong>gunas de estas situaciones hay responsabilidad por acción de parte de funcionarios y enotras se presentan omisiones de funcionarios para garantizar la protección de quienes seencuentran dentro <strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong>; hay factores estructur<strong>al</strong>es que no funcionan tantopara respetar, como para proteger y garantizar los derechos fundament<strong>al</strong>es de las personasy comunidades que se encuentran dentro <strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong>, no se asumen las normasy prevenir a quienes se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado; son numerosaslas autoridades involucradas; las políticas públicas diseñadas no han logrado garantizar losderechos fundament<strong>al</strong>es de quienes se encuentran en riesgo, no han asegurado el goceefectivo de sus derechos, ni han contribuido a superar las condiciones que ocasionan laviolación de estos derechos, y se presentan no pocas solicitudes administrativas e inclusojudici<strong>al</strong>es de protección.De igu<strong>al</strong> manera se presenta estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong> en la limitada superación o mejorcesación de la condición de desplazados de quienes han sido víctimas <strong>del</strong> desplazamientoforzado, a quienes de manera limitada se les restablece en el ejercicio de sus derechos, ono se les facilita continuar con sus proyectos de vida de manera autónoma, independiente,digna y protegida, así como tampoco se les repara en los daños sufridos con el eventodesplazador y con el deterioro de su c<strong>al</strong>idad de vida durante el desplazamiento.En este sentido, hay estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong> en la ocurrencia de eventos dedesplazamiento forzado, en la precaria atención a las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzadoy en la débil política de cesación de la condición de desplazados.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera que es necesario insistir en la prevención <strong>del</strong>desplazamiento forzado, buscando que no ocurra más el desplazamiento forzado y quelos desplazadores desistan de estar desplazando. Hay que crear verdaderos mecanismos deprotección que puedan garantizar o contribuir a garantizar la protección de los derechosde las personas y comunidades para que no se vean forzadas a huir hacia el interior <strong>del</strong> paíso a cruzar las fronteras.
62 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Las entidades territori<strong>al</strong>es, como instancia encargada de brindar la primera atención ydar <strong>al</strong>bergue en su territorio a la población desplazada, tienen bajo su responsabilidad laposibilidad de que se agrave la situación de las víctimas o se restablezcan en el ejercicio desus derechos. De las autoridades territori<strong>al</strong>es depende en buena medida que el problema<strong>del</strong> desplazamiento se empiece a superar o se continúe volviendo crónico.Igu<strong>al</strong>mente se deben fort<strong>al</strong>ecer los mecanismos de participación de la poblacióndesplazada y se debe garantizar la participación de las mujeres, la niñez, la juventud,las personas en condición de discapacidad, los adultos mayores, los indígenas yafrodescendientes.c. Situación <strong>del</strong> desplazamiento forzadoDurante el año 2008 se siguieron presentando diferentes situaciones de desplazamientoforzado. Algunos eventos afectaron a un <strong>al</strong>to número de personas; en otros eventos sepresentaron desplazamientos hacia adentro de los territorios de las mismas comunidades;otras comunidades tuvieron que s<strong>al</strong>ir de sus territorios; <strong>al</strong>gunas comunidades fueron manera individu<strong>al</strong> o familiar. Con el desplazamiento forzado se siguieron viendo afectadascomunidades afrodescendientes, pueblos indígenas, grupos de niños y jóvenes.Quienes s<strong>al</strong>ieron huyendo lo hicieron de áreas rur<strong>al</strong>es en los departamentos de LaGuajira, Magd<strong>al</strong>ena, Cesar, Norte de Santander, Arauca, Meta, Guaviare, Caquetá,Antioquia, Chocó, Tolima, C<strong>al</strong>das, Bolívar, Cauca, Nariño, Putumayo y de áreas urbanasde Buenaventura y Santa Marta, princip<strong>al</strong>mente.Los miembros y comunidades de pueblos indígenas que se desplazaron huyeron <strong>del</strong>os departamentos de Putumayo, Arauca, Nariño, Chocó y Guaviare. Los miembros decomunidades afrodescendientes se desplazaron de los departamentos de Chocó, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong>Cauca, Cauca y Nariño.La movilidad forzada de niños y jóvenes se presentó especi<strong>al</strong>mente en el Departamentode Arauca y en Vistahermosa en el Meta, ante la amenaza de reclutamiento forzado porparte de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es. Nariño, mediante minados sembrados por grupos armados ileg<strong>al</strong>es para evitar el ingresode la fuerza pública e impedir el abandono de las comunidades de la zona.Los desplazamientos, en su mayoría, fueron de personas y familias que, si biens<strong>al</strong>ieron en pequeños grupos, provenían, a veces, de comunidades sometidas a expulsionessistemáticas.1. Desplazamientos masivosLa tendencia durante el 2008 fue la disminución de eventos de desplazamiento masivo.Tanto los grupos como los diferentes sujetos responsables de los desplazamientos nobuscaron provocar migraciones masivas; por el contrario, en muchos lugares impusieron comunidades indígenas y afrodescendientes y, en <strong>al</strong>gunos casos, pobladores rur<strong>al</strong>es. A pesar
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>63de que se disminuyeron los eventos de desplazamiento masivo, Acción Soci<strong>al</strong> reconoció unbajo número de t<strong>al</strong>es casos.Acción Soci<strong>al</strong> registró durante el año 2008 desplazamientos masivos en 52 municipios.En el municipio de Tame, Arauca, Acción Soci<strong>al</strong> registró el mayor número de víctimasdesplazadas masivamente. Le siguieron los municipios de Policarpa, Nariño; Timbiquí,Cauca; Istmina, Chocó; Puerto Libertador, Córdoba; Roberto Payán, Barbacoas ySamaniego, Nariño.Tabla Nº 2. Municipios sobre los que se registraron eventosde desplazamiento masivo durante el año 2008MUNICIPIOS EXPULSORES DE GRUPOS MASIVOSTAME 2.171 EL LITORAL DEL SAN JUAN 108POLICARPA 1.717 SAN RAFAEL 89TIMBIQUÍ 1.383 SARAVENA 89ISTMINA 1.353 IPIALES 87PUERTO LIBERTADOR 1.310 PUERTO RICO 85ROBERTO PAYÁN 1.248 CHIGORODÓ 83BARBACOAS 1.135 SANTA ROSA DEL SUR 75SAMANIEGO 1.126 LA LLANADA 74LÓPEZ 983 TUMACO 71BUENAVENTURA 727 DAGUA 71TORIBÍO 589 ARAUCA 62CÓRDOBA 489 SANDONÁ 62MAPIRIPÁN 461 MORALES 47ITUANGO 443 MEDIO ATRATO 45SAN JOSÉ DEL GUAVIARE 433 FORTUL 27SANTA MARTA 430 CAREPA 6TIERRALTA 379 VILLAHERMOSA 6URRAO 364 SONSÓN 5BAJO BAUDÓ 311 TARAZÁ 5ANORÍ 296 LA PAZ 5ALTO BAUDO 289 MEDIO BAUDÓ 5PELAYA 282 EL DONCELLO 4ARAUQUITA 275 NECHÍ 4COLOMBIA 264 DABEIBA 3MUTATÁ 197 CERRITO 3EL TARRA 149 COYAIMA 2Tot<strong>al</strong> de población desplazada en grupos masivos durante el periodo: 19.927Fuente: http://www.accionsoci<strong>al</strong>.gov.co/Estadisticas/publicacion%20marzo%2031%202009.htmEl número de personas afectadas por los desplazamientos masivos corresponden <strong>al</strong> 7%<strong>del</strong> tot<strong>al</strong> de registros re<strong>al</strong>izados durante el periodo.
64 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Por su parte, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> registró información de desplazamientos masivossucedidos en los departamentos de Guaviare, Nariño, Cauca, Chocó, Meta y Antioquia.En el departamento de Guaviare se registró un desplazamiento masivo de Tomachipán,municipio de San José <strong>del</strong> Guaviare, el 27 de enero de 2008.En el departamento de Nariño se registraron 30 eventos de desplazamiento masivo, 3se vieron afectadas cerca de 11.900 personas.Tabla N°3. Desplazamientos masivos en el departamentode Nariño durante el año 2008Fecha Factor de Riesgo MunicipioEneroEnero-FebreroMarzoPresencia de minas, combatesEjército, paramilitares y ELNCONFINAMIENTO-COMBATES YMAPCombates Ejército – guerrillaSamaniegoSamaniegoM<strong>al</strong>lama(Piedrancha)PresuntoResponsableELN,paramilitares,EjércitoELN, FARC,paramilitares,EjércitoEjércitoguerrillaPoblaciónFamiliasPoblaciónpersonas150 400672 382014 54MarzoCombates, quema de viviendas yseñ<strong>al</strong>amiento de la fuerza públicaCórdoba Ejército 17 55Mayo Enfrentamientos Ejército – guerrilla Barbacoas FARC 75 300Mayo Enfrentamiento Ejército – FARC Policarpa FARC 98 315MayoOperativos de la fuerza pública(BM. 19) contra FARC-F-29Policarpa 102 265MayoTemor ante enfrentamiento ACNG– EjércitoPolicarpa ACNG 17 56MayoOperativos de la Fuerza pública(B.M. 19) contra FARC-F-29Cumbitara 10 50Junio Incursión paramilitar Olaya HerreraACN / ÁguilasNegras115 415Junio Incursión paramilitar Roberto PayánACN / ÁguilasNegras43 119Junio Incursión paramilitar Olaya HerreraACN / ÁguilasNegras17 185Junio Incursión paramilitar Olaya HerreraACN / ÁguilasNegras15 60Junio Incursión paramilitar Olaya HerreraACN / ÁguilasNegras62 319Junio Incursión paramilitar Olaya HerreraACN / ÁguilasNegras56 229Junio Enfrentamientos FARC – ELN Barbacoas FARC – ELN 31 120Julio Temor por enfrentamientos MosqueraEjército -guerrilla12 60
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>65JulioJulioFecha Factor de Riesgo MunicipioAgostoAgostoAgostoPresencia de minas yenfrentamientos Ejército – FARCPresencia de minas yenfrentamientos Ejército – FARCOperativos fuerza públicacontra FARCOperativos de la fuerza públicacontra Nueva GeneraciónNo se pueden desarrollaractividades cotidianas:confinamientoIpi<strong>al</strong>esIpi<strong>al</strong>esCumbitaraPolicarpaPresuntoResponsableEjército -guerrillaEjército -guerrillaEjércitoguerrillaNuevaGeneraciónPoblaciónFamiliasPoblaciónpersonas28 1416 12262 791450 2085Policarpa no define 115 639Agosto Temor por enfrentamientos Barbacoas FARC – ELN 43 122Agosto Temor por enfrentamientos Barbacoas FARC – ELN 29 154Septiembre Enfrentamientos FARC – ELN Barbacoas FARC – ELN 40 176Septiembre Enfrentamientos FARC – ELN Barbacoas FARC – ELN 29 156Septiembre Enfrentamientos FARC – ELN Barbacoas FARC – ELN 15 111Septiembre Enfrentamientos FARC – ELN Barbacoas FARC – ELN 33 186Octubre Amenazas grupos armados Roberto PayánFARC -BAFLIM-EJC17 177Octubre Amenazas grupos armados Tumaco29 FrenteFARC17 172Noviembre Amenazas grupos armadosFranciscoPizarroÁguilas Negras 25 132Diciembre Enfrentamiento FARC-ACN Roberto Payán FARC - ACN32 eventos de desplazamiento masivo, 3 desplazamientos no reconocidos comomasivos2.615 11.876Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Coordinación de Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado.En el departamento <strong>del</strong> Chocó se registraron 17 desplazamientos masivos que dejaron3.258 víctimas de las comunidades de Suruco, Santa Mónica, Bocas de Luis, Quebradade Oro, Bocas de Suruco, La Carmelita, Juana Marcela, Playa Grande, Basurú, Paitó, ElSepulcro, El Pajon<strong>al</strong> <strong>del</strong> municipio de Itsmina; Puerto Meluk, Playita, Charco G<strong>al</strong>lo, veredael Guam<strong>al</strong>, Unión Berrecuy y Aguacatico <strong>del</strong> municipio <strong>del</strong> Medio Baudó; Santa Rosa deIjua, Vereda Bajo Grande, San Luis <strong>del</strong> municipio <strong>del</strong> Bajo Baudó; Mojaudó, el río Chicué,La Divisa, Iruto y La Playita <strong>del</strong> Alto Baudó; vereda El Guam<strong>al</strong> de Murindó; y habitantes<strong>del</strong> río Chicué y de la Loma de Bojayá <strong>del</strong> municipio de Bojayá.En el departamento <strong>del</strong> Meta los grupos armados ileg<strong>al</strong>es ocasionaron desplazamientosmasivos, detenciones arbitrarias, amenaza de reclutamiento forzado, enfrentamientosarmados, existencia de campos minados, fumigación de cultivos ilícitos, capturas masivas,amenazas de muerte. También hubo señ<strong>al</strong>amientos por parte de la fuerza pública, f<strong>al</strong>sospositivos y otros. Igu<strong>al</strong>mente, se presentaron restricciones en el paso de los víveres,medicamentos y combustibles y ocupación de escuelas y casas de habitación de poblacióncivil por parte de miembros <strong>del</strong> Ejército.La zona <strong>del</strong> Ariari se convirtió en escenario de intensas operaciones militaresa<strong>del</strong>antadas por el Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, que afectaron a la población
66 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>civil y en <strong>al</strong>gunos casos llegaron a generar desplazamientos forzados. De otra parte, lapresencia y control ejercido por los grupos armados ileg<strong>al</strong>es que se tradujo en amenazas eimposiciones de colaboración, transporte de víveres, recolección de información sobre losmovimientos de las tropas, llevaron a que estas comunidades se fueran desplazando haci<strong>al</strong>a cabecera municip<strong>al</strong> de Granada.En el departamento de Antioquia se presentaron varios eventos de desplazamientomasivo en el marco de operaciones de erradicación de cultivos de uso ilícito: parte de ellosno fueron reconocidos por Acción Soci<strong>al</strong>. Algunos casos individu<strong>al</strong>es fueron aceptados,dado que se demostraron amenazas de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es que presionaron a lascomunidades para que protestaran por las medidas gubernament<strong>al</strong>es.
B.2. LA PREVENCIÓN DE LAS VIOLACIONES MASIVASDE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL SISTEMADE ALERTAS TEMPRANAS-SATDe conformidad con el fundamento normativo nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong> 11 de respetode la dignidad humana, es una obligación prioritaria <strong>del</strong> Estado colombiano protegerlos derechos fundament<strong>al</strong>es a la vida, a la libertad e integridad person<strong>al</strong>, de posiblesviolaciones. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> es la institución responsable de impulsar laefectividad de los derechos humanos, en el marco <strong>del</strong> Estado soci<strong>al</strong> de derecho, y, en estesentido, le corresponde por mandato constitucion<strong>al</strong> y leg<strong>al</strong> promover la vigencia y respetode los derechos humanos, así como, especi<strong>al</strong>mente, promover la prevención de violacionesmasivas de derechos humanos e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario. Esto selogra a través <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas - SAT.T<strong>al</strong> como se presenta en la segunda parte de este informe <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong>, la misión derechos humanos de la población civil e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario,para demandar la respuesta integr<strong>al</strong> y oportuna de prevención y protección <strong>del</strong> Estado. Enmarzo de 2001, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> puso en vigor el SAT. En marzo de 2003, conla Resolución 250 se crea la Delegada para la Ev<strong>al</strong>uación de Riesgos de la Población Civildicho sistema.a. El monitoreo y la advertencia <strong>del</strong> riesgo con perspectiva de género y enfoquediferenci<strong>al</strong>: Advertencias <strong>del</strong> sistema de <strong>al</strong>ertas tempranas en el año 2008En el año 2008, el SAT advirtió sobre 71 situaciones de riesgo a 145 municipios de29 departamentos <strong>del</strong> país, de las cu<strong>al</strong>es 34 fueron consideradas <strong>al</strong>ertas tempranas porel Comité Interinstitucion<strong>al</strong> de Alerta Temprana-CIAT 12 , lo que corresponde <strong>al</strong> 47.8%<strong>del</strong> tot<strong>al</strong>. Para las restantes 37 situaciones de riesgo el CIAT orientó y recomendó a lasautoridades civiles y de fuerza pública la adopción de medidas de protección para las11 Pacto Internacion<strong>al</strong> de derechos Civiles y Políticos y Convención Interamericana de derechos Humanos.12 ONU. OACNUDH. Sobre la implementación de las recomendaciones <strong>del</strong> Alto Comisionado de las Naciones Unidas par<strong>al</strong>os Derechos Humanos a Colombia, y la situación de los derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario en:http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=54&cat=24 (06.09)
68 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>No obstante la consumación de <strong>al</strong>gunos hechos advertidos por el Sistema de AlertasTempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, se ha podido determinar que en la mayoría <strong>del</strong>os casos la acción disuasiva <strong>del</strong> Estado a través de las medidas de seguridad adoptadas yacciones de carácter soci<strong>al</strong> y humanitario logró mitigar, en un <strong>al</strong>to número, las situacionesde riesgo advertidas.Las mencionadas 71 situaciones dieron lugar a 32 informes de riesgo que cubrieron76 municipios de 24 departamentos y a 39 notas de seguimiento sobre la persistencia oagudización <strong>del</strong> riesgo advertido en 87 municipios de 16 departamentos. Los departamentosque fueron objeto de un mayor número de informes de riesgo son: Cauca con quince (15)municipios, Nariño con catorce (14) municipios, Atlántico con catorce (14) municipios yCaquetá con ocho (8).El SAT solicitó a las autoridades adoptar medidas de prevención para la poblaciónindígena en 14 informes de riesgo y s<strong>al</strong>vaguardar los derechos fundament<strong>al</strong>es de lapoblación afrodescendiente en 7 de dichos informes.Los informes de riesgo emitidos por el SAT señ<strong>al</strong>an como fuente de amenaza a lascon posterioridad a la desmovilización de las AUC y que se autodenominan “ÁguilasNegras”, “Los Paisas”, “Autodefensas Campesinas de Nariño”, “Organización NuevaGeneración”, “Autodefensas Gaitanistas de Colombia”, “Contrainsurgencia Wayuu”, entreotras.Entre las conductas advertidas por el SAT, las de mayor relevancia son las relacionadascon los homicidios selectivos, el desplazamiento forzado, los enfrentamientos armados coninterposición de la población civil, el uso de métodos para generar terror en la poblacióncivil y los accidentes e incidentes por mina antiperson<strong>al</strong> que ponen en riesgo los derechosfundament<strong>al</strong>es a la vida, a la integridad person<strong>al</strong> y <strong>al</strong> derecho a no ser desplazado por partede los grupos armados ileg<strong>al</strong>es.La perspectiva de género. A partir de las recomendaciones de la Resolución 1325 <strong>del</strong>Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el Fondo de Desarrollo de Naciones Unidaspara la Mujer UNIFEM inició un programa de incidencia en políticas públicas que tenía armados.En un esfuerzo por comprender mejor y consolidar información sobre la situación desde el año 2007 el proceso de adopción de la perspectiva de género <strong>al</strong> interior <strong>del</strong> SAT,con el acompañamiento técnico UNIFEM. Como resultado de esta importante asistencia UNIFEM en Colombia presentaron ante una numerosa audiencia la cartilla PORQUEEL CONFLICTO GOLPEA… PERO GOLPEA DISTINTO. Esta cartilla contribuye <strong>al</strong>a apropiación de los indicadores de género por parte <strong>del</strong> SAT en las tareas de monitoreo,advertencia y prevención.Es importante señ<strong>al</strong>ar que los indicadores de género que el Sistema de Alertas
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>69 vista <strong>del</strong> análisis <strong>del</strong> riesgo, v<strong>al</strong>orar los impactos de género de la confrontación armada,examinando: 1) Evidencias estructur<strong>al</strong>es explicativas de factores de vulnerabilidad que,asociadas <strong>al</strong> género, aumentan la exposición de mujeres y hombres a los efectos <strong>del</strong> infracciones <strong>al</strong> DIH, así como tendencias en este sentido, con ocasión <strong>del</strong> comportamientoque puedan constituirse en oportunidades de control, mitigación o superación de losLos 31 indicadores se elaboraron teniendo en cuenta, por un lado, que correspondieran estrategias de prevención, protección y atención. Es decir, según pueda entenderse comoun factor de vulnerabilidad, amenaza, protección y prevención y, por el otro lado, conformea un conjunto de manifestaciones de violencia que vulneran los derechos humanos yel derecho internacion<strong>al</strong> humanitario (DIH), t<strong>al</strong>es como: violencia sexu<strong>al</strong>, regulación ycontrol de la vida cotidiana, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, bloqueos yhomicidios, desapariciones, accidentes por minas, tortura, amenazas, etc.Con posterioridad, el 14 de abril de 2008, la S<strong>al</strong>a Segunda de la Honorable Corte…medidas comprehensivas para la protección de los derechos fundament<strong>al</strong>es de las mujeres política pública para la atención <strong>del</strong> desplazamiento forzado desde la perspectiva de las mujeres, constitucion<strong>al</strong>es que amparan a las mujeres desplazadas, (iii) la adopción de órdenes individu<strong>al</strong>esde protección concreta para seiscientas (600) mujeres desplazadas en el país, y (iv) la comunicación<strong>al</strong> Fisc<strong>al</strong> Gener<strong>al</strong> de la Nación de numerosos relatos de crímenes sexu<strong>al</strong>es cometidos en el marcoCon lo anteriormente enunciado, se aprecia que la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> havenido desarrollando su labor de prevención y protección de derechos humanos desdeuna perspectiva de género y con el enfoque diferenci<strong>al</strong> que exige la honorable CorteConstitucion<strong>al</strong>.b. La reconfiguración <strong>del</strong> conflicto armado y factores de riesgo y de los avances en materia preventiva, pues los grupos armados ileg<strong>al</strong>es, guerrillas,
70 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>armado y las violaciones sistemáticas y masivas de derechos humanos. Los actores armadosestán recurriendo a prácticas como la violencia sexu<strong>al</strong>, el degollamiento, la mutilaciónde cuerpos, el reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes en accionesde terror (niños y adolescentes que, atraídos por la paga, colocan petardos explosivos,lanzan granadas, cobran extorsiones, sirven de informantes, etc.), las amenazas de muerteEn la labor de monitoreo, el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>ha señ<strong>al</strong>ado en <strong>al</strong>gunos informes de riesgo que las Farc y ELN emplean nuevas formasde confrontación: acciones armadas a través de células o grupos pequeños, que portanarmas cortas (milicias rur<strong>al</strong>es y urbanas) y se mimetizan con facilidad en la poblacióncivil para labores de inteligencia, ataques contra la fuerza pública, atentados terroristasy hostigamientos, siembras de minas antiperson<strong>al</strong>es en los corredores de movilidad,extorsiones, secuestros, etc. Este modus operandi de la guerrilla incrementa la vulnerabilidadde la población civil que está siendo víctima de amenazas, señ<strong>al</strong>amientos, homicidios,a áreas urbanas o a zonas de frontera ante los posibles enfrentamientos armados con losgrupos contendientes en los que quede interpuesta la población civil.La guerrilla, en los departamentos de Cauca, Tolima, Nariño, Putumayo y Chocó,está empleando diferentes mecanismos de coerción contra la población civil entre losque sobres<strong>al</strong>en los señ<strong>al</strong>amientos contra líderes comunitarios, representantes de cabildosindígenas y dirigentes de comunidades afrocolombianas que se oponen a la presencia deactores armados en sus resguardos o territorios colectivos; la intimidación de servidorespúblicos de las administraciones municip<strong>al</strong>es que consideran afectos a las políticasgubernament<strong>al</strong>es, de campesinos y pobladores que acusan de ser colaboradores de otrosgrupos armados ileg<strong>al</strong>es o de la fuerza pública. Además, las Farc están provocandoconfrontaciones entre campesinos e indígenas que a<strong>del</strong>antan procesos de reivindicaciónde la tierra, lo que está fracturando el tejido soci<strong>al</strong> y comunitario.En <strong>al</strong>gunas regiones <strong>del</strong> país, las FARC, motivadas por la <strong>al</strong>ta rentabilidad <strong>del</strong> negocioV<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca o con grupos ileg<strong>al</strong>es emergidos con posterioridad a la desmovilización,t<strong>al</strong> como ocurre en los llanos orient<strong>al</strong>es con el autodenominado Ejército RevolucionarioPopular Antiterrorista de Colombia – ERPAC liderado por <strong>al</strong>ias “Cuchillo” o en el sur deBolívar con las autodenominadas Águilas Negras. Las FARC se dedican a la producción yel transporte de los <strong>al</strong>ijos; los segundos a la distribución y comerci<strong>al</strong>ización de la coca, ensus respectivas regiones.En otros departamentos <strong>del</strong> país, como Arauca, Cauca y Nariño, se han presentadoconfrontaciones armadas entre las guerrillas <strong>del</strong> ELN y las Farc o <strong>al</strong>ianzas entre el ELN yla fuerza pública como las conocidas en el departamento de Arauca, o con grupos ileg<strong>al</strong>escomo sucede en el departamento de Nariño con la asociación ELN, los Rastrojos y lasÁguilas Negras contra las Farc: Todo lo anterior ha provocado homicidios selectivos,masacres y desplazamientos forzados de la población civil.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>71De igu<strong>al</strong> modo, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través <strong>del</strong> SAT ha advertido de manerareiterada la presencia de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es que emergieron con posterioridada la desmovilización de las AUC que se autodenominan Águilas Negras, AutodefensasGaitanistas de Colombia, Los Paisas, Los Traquetos, Organización Nueva Generación yEjército Revolucionario Popular Antiterrorista de Colombia – ERPAC, conformados porreductos de las autodefensas que no se desmovilizaron, desmovilizados de las AUC que organizado.En <strong>al</strong>gunos departamentos <strong>del</strong> país como Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Antioquia,Cesar, La Guajira, Vichada, Meta, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, Santander, Chocó y Nariño, el princip<strong>al</strong>agente de riesgo de posibles violaciones a los derechos fundament<strong>al</strong>es de la población civillo constituyen los nuevos grupos armados ileg<strong>al</strong>es postdesmovilización de las AUC, quebuscan conservar el control territori<strong>al</strong>, soci<strong>al</strong>, político y económico en las zonas donde también es cierto que en <strong>al</strong>gunas zonas <strong>del</strong> país estos grupos procedentes de las autodefensasamenazan a defensores y defensoras de derechos humanos por su actividad de denuncia yreivindicación de derechos, a dirigentes sindic<strong>al</strong>es y estudiantiles; combaten a la guerrilla yestigmatizan, señ<strong>al</strong>an, intimidan y asesinan a los líderes comunitarios y soci<strong>al</strong>es.De igu<strong>al</strong> modo, presuntos miembros de estas organizaciones armadas, en los últimoscontra personas soci<strong>al</strong>mente estigmatizadas (trabajadoras sexu<strong>al</strong>es, habitantes de la c<strong>al</strong>le,drogadictos, jóvenes con antecedentes judici<strong>al</strong>es) y contra mototaxistas y paga diarios comoestá ocurriendo en los departamentos de Córdoba y Sucre donde estas amenazas se hancumplido. A estos grupos ileg<strong>al</strong>es, también se les ha atribuido la presunta responsabilidaden la ejecución de crímenes y supuestas “acciones de limpieza” en varios municipios <strong>del</strong>país.Asimismo, la violencia de estos grupos ileg<strong>al</strong>es se ha traducido en homicidios selectivos,masacres, desapariciones, reclutamientos de menores de edad y de desmovilizados,de la vida cotidiana de las comunidades (establecimiento de “toques de queda”, cobros porservicios de seguridad y restricciones a la circulación de personas).Estos grupos ileg<strong>al</strong>es, en <strong>al</strong>gunas zonas, han urdido acuerdos y <strong>al</strong>ianzas con las FarcRastrojos (Cauca y Chocó) e incluso en el sur <strong>del</strong> país se han conocido <strong>al</strong>ianzas entre ELN,las Águilas Negras y Los Rastrojos para combatir a las Farc. En otros departamentos comoAntioquia, Córdoba, Sucre y Magd<strong>al</strong>ena son evidentes los enfrentamientos entre estasestructuras armadas como ocurre entre el grupo ileg<strong>al</strong> <strong>al</strong> mando de <strong>al</strong>ias “Don Mario” yLos Paisas, lo cu<strong>al</strong> agrava la situación de vulnerabilidad de la población civil.Otras situaciones de riesgo que el SAT ha hecho evidentes son las siguientes:1. y Panamá, particularmente en los departamentos de la Guajira, Norte de Santander,Arauca, Cesar, Nariño, Putumayo y Chocó, por la grave afectación de los derechos
72 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>humanos de las poblaciones que están asentadas en estos territorios, en especi<strong>al</strong>de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas, debido a la presencia yrefugio y retaguardia, lo que ha incrementado los homicidios, el desplazamientoforzado, los accidentes por minas antiperson<strong>al</strong> y las operaciones militares de lafuerza pública en estos territorios.2. El impacto desproporcionado de la violencia en mujeres, niños y niñas, ycomunidades indígenas y afrocolombianas, por parte de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es.transporte de <strong>al</strong>imentos y medicinas, señ<strong>al</strong>amientos, desapariciones y homicidiosy en los departamentos de Putumayo, Caquetá, Bolívar, Atlántico, Córdoba y Sucre.3. El despojo de tierras en zonas habitadas por afrodescendientes, indígenas ypoblación campesina, a través de la violencia y el terror, para la implantación demonocultivos agroindustri<strong>al</strong>es (caña de azúcar, p<strong>al</strong>ma aceitera), ganadería extensiva,ocupadas o utilizadas por los actores armados como campamentos, áreas de refugio en el marco de una estrategia de control soci<strong>al</strong> y económico que ha provocadodesplazamientos forzados, homicidios y ataques contra el patrimonio económico,entre otras acciones de violencia.4. La inseguridad <strong>al</strong>imentaria que pone en riesgo la supervivencia de la poblacióncivil por las restricciones que imponen los grupos armados para el transporte de<strong>al</strong>imentos, víveres y medicinas o por los ataques contra acueductos, cosechas yganados y por la prohibición <strong>del</strong> ingreso de las misiones de carácter humanitario.5. el control territori<strong>al</strong> y establecer condiciones de seguridad, las cu<strong>al</strong>es no tienen unenfoque preventivo pues en muchas ocasiones las operaciones militares se re<strong>al</strong>izancon interposición de población civil y producen la muerte y el desplazamientoforzado de la población civil.6. La violencia psicológica es un método disimulado que están utilizando los gruposterror y el miedo que los grupos armados ileg<strong>al</strong>es están infundiendo en la poblaciónestán impidiendo la denuncia de los crímenes y están limitando la libertad deexpresión y manifestación de los líderes y dirigentes comun<strong>al</strong>es que se están viendoobligados a migrar a otras zonas para s<strong>al</strong>vaguardar sus vidas e integridad person<strong>al</strong>.La instauración de controles soci<strong>al</strong>es en barrios, comunas y veredas está limitandolas libertades individu<strong>al</strong>es y está socavando procesos organizativos y comunitarios.Ante la imperiosa obligación de prevenir las graves violaciones a los derechos humanose infracciones <strong>al</strong> DIH, las autoridades de la República tienen el deber de s<strong>al</strong>vaguardar losderechos humanos, de fomentar una cultura preventiva en las diferentes instancias <strong>del</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>73Estado y se acoger los informes de riesgo <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas con unapoblación civil en riesgo.Es de verdad muy lamentable que las autoridades departament<strong>al</strong>es y loc<strong>al</strong>es, de maneratempranas argumentando que estas afectan el turismo o la inversión económica en susterritorios y expongan a las comunidades a las agresiones y acciones violentas de losgrupos armados ileg<strong>al</strong>es. En estos últimos días, el país ha visto cómo las advertenciashechas oportunamente por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>han venido cumpliéndose de manera inexorable porque la respuesta <strong>del</strong> Estado fue débil,desarticulada o tardía. La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DerechosHumanos 13 hizo visible esta preocupación en el informe anu<strong>al</strong> sobre la situación desu presencia a lo largo <strong>del</strong> país. Sin embargo, nota con preocupación que el Sistema de AlertasTempranas (SAT) establecido en la Defensoría no está siendo plenamente utilizado de manera Interinstitucion<strong>al</strong> de Alertas Tempranas (CIAT) liderado por el Ministerio <strong>del</strong> Interior y deJusticia, generaron menos <strong>al</strong>ertas.En el pasado se han registrado hechos violentos previamente informados por laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>: la masacre de Bojayá; el ataque indiscriminado de las Farc contra lapoblación de Toribío y Jamb<strong>al</strong>ó; la masacre de los nueve concej<strong>al</strong>es municip<strong>al</strong>es de Riveraen el departamento <strong>del</strong> Huila; el ataque armado de las Farc contra la población y la estaciónde Policía <strong>del</strong> corregimiento de Tierradentro en el departamento de Córdoba; las muertesmúltiples ocasionadas por los nuevos grupos armados ileg<strong>al</strong>es surgidos con posterioridad <strong>al</strong>a desmovilización de las Autodefensas en la ciudad de Cúcuta, en la región <strong>del</strong> Catatumbo,en Puerto Libertador – Córdoba, en el litor<strong>al</strong> <strong>del</strong> San Juan y en la zona <strong>del</strong> Baudó en elChocó, como en otras regiones <strong>del</strong> país.Cuando las autoridades demuestran una re<strong>al</strong> vocación de prevenir las violacionesmasivas, se logra mitigar y prevenir de manera efectiva el riesgo de violaciones a losderechos humanos y las infracciones <strong>al</strong> DIH. Una auditoría internacion<strong>al</strong> hecha <strong>al</strong> SATpor la compañía MSI y contratada por el Programa de Derechos de USAID estableció que“el SAT tuvo un éxito entre el 47.6% y 56% de las veces, teniendo en cuenta las violaciones<strong>al</strong>ertadas que no sucedieron”.Algunos casos emblemáticos de prevención que se pueden mencionar son los informesde riesgo emitidos para proteger a las víctimas <strong>del</strong> municipio de San Onofre – Sucre; elemitido para proteger a las comunidades urbano margin<strong>al</strong>es <strong>del</strong> área metropolitana deBucaramanga; el elaborado para proteger a la comunidad universitaria de las universidadesNacion<strong>al</strong>, Distrit<strong>al</strong>, Nueva Granada, Colegio Mayor de Cundinamarca y la PedagógicaNacion<strong>al</strong>, que a través de la constitución de una mesa de prevención humanitariainteruniversidades que coordina la Universidad Nacion<strong>al</strong> ha logrado mitigar las amenazas13 <strong>Informe</strong> anu<strong>al</strong> de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechoshumanos en Colombia, A/HRC/10/032, 19 de febrero de 2009
74 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>contra la población estudiantil y docente; los informes de riesgo emitidos para BuenosAires y B<strong>al</strong>boa en el departamento <strong>del</strong> Cauca que impulsaron una estrategia preventivaintegr<strong>al</strong> entre las diferentes autoridades civiles y la fuerza pública que logró neutr<strong>al</strong>izar elriesgo <strong>al</strong> que estaban expuestas las comunidades de esta región.c. Los avances normativos y jurisprudenci<strong>al</strong>es en materia de prevención:Hacia el marco jurídico de una política pública de prevención de violacionesmasivas de derechos humanosEn los últimos tres años se han dado importantes avances normativos y jurisprudenci<strong>al</strong>esque esperamos puedan convertirse en el marco jurídico de una política pública deprevención de violaciones masivas de derechos humanos que ha venido impulsando yreclamando la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para contribuir de manera efectiva a la prevención<strong>del</strong> desplazamiento forzado y de los crímenes contra víctimas, la población civil y loslíderes de sus organizaciones. En este aspecto, se hace referencia a la Ley 975 de 2005 (Leyde Justicia y Paz) que consagra el derecho a la reparación y establece, como uno de susaspectos fundament<strong>al</strong>es, la garantía de no repetición de los hechos de violencia, lo cu<strong>al</strong> sePosteriormente, se han dado otros desarrollos normativos t<strong>al</strong>es como la Ley 1106de 2006 y el Decreto 2862 de 2007 que consagra el deber de las autoridades territori<strong>al</strong>esde atender de manera urgente los informes de riesgo y las <strong>al</strong>ertas tempranas. De igu<strong>al</strong>forma, La Ley 1151 de 2007, por la cu<strong>al</strong> se expidió el Plan Nacion<strong>al</strong> de Desarrollo 2006-2010, establece como mecanismo de prevención en materia de derechos humanos lanecesidad de fort<strong>al</strong>ecer y consolidar el Sistema de Alertas Tempranas; el Decreto 3570de septiembre 18 de 2007 (por el cu<strong>al</strong> se crea el programa de protección de víctimasy testigos) en los artículos 9 y 10 <strong>al</strong>ude <strong>al</strong> Subcomité de Protección de Víctimas yTestigos, <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> hace parte la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, que tiene el encargo de elaborary actu<strong>al</strong>izar el mapa de riesgo y someterlo a la aprobación <strong>del</strong> Comité Interinstitucion<strong>al</strong>de Justicia y Paz.En cuanto a la doctrina y la jurisprudencia, se destacan la Sentencia T-025 de 2004y los autos dictados por la Corte Constitucion<strong>al</strong> para asegurar el cumplimiento de lasórdenes impartidas con el objeto de superar el estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong> y establecerla importancia de la coordinación interinstitucion<strong>al</strong> encaminada a la prevención de lasacciones de violencia que generan o producen el desplazamiento forzado.En el documento “B<strong>al</strong>ance de la política pública para la atención integr<strong>al</strong> <strong>al</strong>desplazamiento forzado en Colombia – Enero 2004 – abril 2007” elaborado por la Agenciade la ONU para los Refugiados – ACNUR - (página 216) <strong>al</strong> hablar de la coherencia entrelos diferentes programas y entre las diferentes acciones para la prevención, se mencion<strong>al</strong>o siguiente:El Sistema de Alertas Tempranas constituye un elemento esenci<strong>al</strong> dentro de la estructura deprevención <strong>del</strong> desplazamiento. A partir de la información suministrada por el SAT se puedenprecisar los hechos que dan origen <strong>al</strong> desplazamiento forzado de la población. El análisis de lainformación debería estar en capacidad de nutrir los ejercicios de diseño y ejecución de políticas,planes y programas de prevención. Es decir, más <strong>al</strong>lá <strong>del</strong> ejercicio rutinario de revisar un informe deriesgo y ev<strong>al</strong>uar si se emite o no una <strong>al</strong>erta tempranas, la información proveniente <strong>del</strong> SAT debería
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>75materia de prevención… Esa dinámica que hace <strong>del</strong> SAT un sistema es la que lo ubica en elnúcleo de la política de prevención <strong>del</strong> desplazamiento forzado.Es en esta materia que nos proponemos en los próximos meses organizar, con laautorización que concedan los señores Ministros <strong>del</strong> Interior y de la Defensa Nacion<strong>al</strong>,una capacitación con las entidades que conforman el CIAT y con los <strong>al</strong>tos mandos de lasFuerzas Militares, de la Policía Nacion<strong>al</strong> y los organismos de seguridad, para que conozcanlas herramientas preventivas que aplica la Defensoría y los mo<strong>del</strong>os de ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong>formulan desde la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Los informes de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DerechosHumanos sobre Colombia, E/CN.4/2004/13 <strong>del</strong> 17 de febrero de 2004 y el E/CN.4/2005/10 de febrero 28 de 2005 y los subsiguientes recomiendan el fort<strong>al</strong>ecimiento<strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas y <strong>del</strong> CIAT, garantizando la sostenibilidad <strong>del</strong> Sistemamediante oportunas apropiaciones presupuestarias. En el último informe que correspondea la situación de derechos humanos en Colombia, en el periodo 2009, “La AltaComisionada <strong>al</strong>ienta <strong>al</strong> Gobierno a tomar concretas medidas preventivas para terminar conla preocupante tendencia <strong>del</strong> incremento <strong>del</strong> desplazamiento y a proteger a la poblacióndesplazada, aprovechando en mayor medida el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>”la actu<strong>al</strong> coyuntura de la confrontación armada, es uno de los desafíos que afront<strong>al</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y es materia de enorme preocupación de los organismosnacion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es de derechos humanos que han conocido por diversosmedios la decisión <strong>del</strong> Programa de Derechos Humanos de USAID de disminuirgradu<strong>al</strong>mente los recursos de cooperación internacion<strong>al</strong> para el SAT hasta agotareste apoyo en el año 2011, en un esfuerzo porque el Estado colombiano asuma tod<strong>al</strong>a operación de este importante instrumento de prevención que es considerado unproyecto estratégico en materia de seguridad y de protección de los derechos humanosy <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.
B.3. SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS NIÑOS, LASNIÑAS, LOS ADOLESCENTES Y LAS MUJERES EN COLOMBIAa. Situación de los niños, las niñas y los adolescentesEl Código de la Infancia y la Adolescencia ha permitido que los derechos de los menoresde edad en Colombia sean abordados de manera diferente por parte de las entidadesencargadas <strong>del</strong> tema, especi<strong>al</strong>mente en lo que respecta a la participación de las autoridadesloc<strong>al</strong>es en el diseño e implementación de la política pública que proteja y garantice susderechos, y a diferencia de lo que venía ocurriendo históricamente de conformidad conlo cu<strong>al</strong> el único responsable institucion<strong>al</strong> en Colombia era el Instituto Colombiano deBienestar Familiar.En t<strong>al</strong> sentido, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera que los esfuerzos que se a<strong>del</strong>antan responsabilidades por parte de los gobernantes en Colombia es un avance importante,especi<strong>al</strong>mente por cuanto implica una mejor participación <strong>del</strong> Estado, la sociedad yla familia dentro <strong>del</strong> propósito de garantizar y proteger en la mejor medida posiblelos derechos de los niños y los adolescentes. En el mismo sentido es necesario seguira<strong>del</strong>antando las gestiones tendientes a establecer el panorama de su ejercicio y efectividad,la que atraviesa la población colombiana.Sin embargo, a pesar de que ya se han completado dos años desde que se expidió la Ley1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha podidoestablecer que aún sigue siendo muy preocupante y que los esfuerzos que debe a<strong>del</strong>antar establecimiento de una política pública estat<strong>al</strong> integr<strong>al</strong> que permita la satisfacción de losderechos de la infancia.Al respecto, es pertinente hacer referencia a unas cifras que siempre han preocupado <strong>al</strong>en estos momentos, especi<strong>al</strong>mente cuando en lo pen<strong>al</strong> se deben sancionar conductasresponsables de violencia intrafamiliar y la violencia sexu<strong>al</strong>. V<strong>al</strong>e la pena destacar quedurante el año 2008 el Instituto Nacion<strong>al</strong> de Medicina Leg<strong>al</strong> y Ciencias Forenses reportópor m<strong>al</strong>trato a niños y niñas un tot<strong>al</strong> de 10.886 dictámenes: 5.817 dictámenes a niñas y5.069 a niños.
78 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Igu<strong>al</strong>mente, fueron reportados durante el mismo período 16.114 dictámenessexológicos; de los cu<strong>al</strong>es, se practicaron 2.471 dictámenes a menores de 4 años: 1945a niñas y 526 a niños; entre 5 y 9 años de edad fueron practicados 5.025 dictámenessexológicos, de los cu<strong>al</strong>es: 3.784 practicados a niñas y 1.241 a niños; entre los 10 y 14 años,6448 dictámenes: a niñas y adolescentes 5.603 y a niños y adolescentes 845 dictámenes.Entre los 15 a 17 años se practicaron 2.170 dictámenes a adolescentes: 1.990 a mujeresadolescentes y 180 a hombres y adolescentes 14 .Respecto de las muertes de menores de edad, es necesario indicar que 2.113 f<strong>al</strong>lecieronen forma violenta y que fueron asesinados 718 niños y 157 niñas. En relación con suicidiosse reportaron por el Instituto Nacion<strong>al</strong> de Medicina Leg<strong>al</strong> durante el año 2008 un tot<strong>al</strong> de101 suicidios de niños y hombres adolescentes y 77 de niñas y mujeres adolescentes. Elrango de edad más afectado: entre 15 y 17 años con 47 niñas y 63 niños.Los niños que están por fuera <strong>del</strong> sistema educativo ascienden a 2’300.000 y el índicede an<strong>al</strong>fabetismo es <strong>del</strong> 11% en áreas urbanas y <strong>del</strong> 30% en zonas rur<strong>al</strong>es. Ello puederesponder a que en materia de cobertura educativa el país sólo ha <strong>al</strong>canzado el 90% y a queel nivel de inasistencia escolar es de 16.2% entre los 5 y los 17 años (1.782.000) 15 .Para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y que afectatambién a las comunidades afrodescendientes y rom disminuye las posibilidades deque esos niños disfruten de manera adecuada de los bienes esenci<strong>al</strong>es y de los serviciosde educación y s<strong>al</strong>ud, especi<strong>al</strong>mente por cuanto no acceden fácilmente <strong>al</strong> registro civil,a veces por razones cultur<strong>al</strong>es, lo cu<strong>al</strong> ocasiona que no hagan parte de los programasde atención estat<strong>al</strong>. Lo anterior reclama una mayor actividad <strong>del</strong> Estado tendiente aincluir a dichas comunidades y a sus infantes en las actividades propias de garantía yPor otra parte, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha podido establecer que los derechos de los aunque las cifras de personas desplazadas varían entre 1´500.000 y 3´100.000, el Fondode las Naciones Unidas para la Infancia -UNICEF- sostuvo que como consecuencia <strong>del</strong> 16 . Igu<strong>al</strong>mente,se ha establecido en el 2000 que “cerca <strong>del</strong> 58% de los desplazados internos son mujeres, <strong>al</strong>tiempo que el 55% tienen menos de 18 años” 17 . Se debe tener presente que esta poblaciónes, en <strong>al</strong>gunos casos, víctima de violencia sexu<strong>al</strong> por parte de los grupos armados y quesus derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos son vulnerados, de acuerdo con el informe Hopkinssobre violencia contra la mujer 18 .14 Instituto Nacion<strong>al</strong> de Medicina Leg<strong>al</strong> y Ciencias Forenses. Boletín Estadístico Mensu<strong>al</strong> CRNV Enero – Diciembre de 2008.15 DANE. Publicación resultados <strong>del</strong> Censo. Citado por El Her<strong>al</strong>do de Barranquilla. Mayo 2006. http://www.elher<strong>al</strong>do.com.co/elher<strong>al</strong>do/home.asp16 CODHES - UNICEF, Desplazamiento forzado y derechos de la infancia. En El Tiempo, Bogotá (enero 21 de 2000).17 Naciones Unidas. Consejo Económico y Soci<strong>al</strong>. <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Representante <strong>del</strong> Secretario Gener<strong>al</strong> sobre los desplazadosinternos presentado de conformidad con la Resolución 1999/47 de la Comisión. Pautas de los desplazamientos: misión deseguimiento enviada a Colombia. Doc. E/CN. 4/2000/83/add.1,11, enero / 2000.18 <strong>Informe</strong> Hopkins. Violencia contra la Mujer, extendida glob<strong>al</strong>mente. Stephen M Goldstein Johns Hopkins Center ofCommunication Programs. Revista Mujer y S<strong>al</strong>ud 2/2000. Citado en la encuesta de PROFAMILIA.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>79 incrementa el riesgo de que el ejercicio de los derechos humanos <strong>del</strong>a niñez y la adolescencia colombiana experimente graves afectaciones; están expuestosa ser víctimas de amenazas, masacres, homicidios, desapariciones, torturas, ataquesindiscriminados, accidentes por minas antiperson<strong>al</strong> y armas de uso no convencion<strong>al</strong>,enfrentamientos armados, restricciones a la circulación de bienes e insumos indispensables internacion<strong>al</strong> humanitario, e inclusive como crímenes de guerra y crímenes de lesahumanidad, según el Estatuto de Roma de la Corte Pen<strong>al</strong> Internacion<strong>al</strong>.El reclutamiento ilícito es utilizado de manera recurrente como estrategia de guerray como forma de sometimiento de la población civil. Este afecta especi<strong>al</strong>mente a laspoblaciones en condiciones de mayor vulnerabilidad y por este motivo los adolescentes,los niños y las niñas son gener<strong>al</strong>mente víctimas comunes de esta práctica 19 .fenómeno <strong>del</strong> desplazamiento forzado, que repercute directamente en la población civil,a la que se le obliga a abandonar intempestivamente su lugar de origen en búsqueda decondiciones mínimas de seguridad person<strong>al</strong> y familiar.Los más afectados son los menores de edad por su particular vulnerabilidad que lesimpide especi<strong>al</strong>mente protegerse por sí mismos de dicha situación. Particularmente seven expuestos a situaciones de violencia sexu<strong>al</strong>, trabajo infantil (inclusive en sus peoresformas), mendicidad, utilización en cultivos ilícitos, el reclutamiento por grupos armados<strong>al</strong> margen de la ley, la <strong>del</strong>incuencia juvenil, la situación de c<strong>al</strong>le, etc. Es por ello que en laque los derechos de los niños sean un asunto de máxima prioridad.Si bien la Ley 1098 de 2006 incorpora la doctrina de la protección integr<strong>al</strong> que condensael conjunto de acciones y buenas prácticas que se deben a<strong>del</strong>antar en los Estados par<strong>al</strong>ograr el mayor nivel de satisfacción de los derechos de la infancia, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>insiste en que es necesario que las instituciones obligadas a la re<strong>al</strong>ización, protección ygarantía de los derechos humanos de los niños coordinen esfuerzos de t<strong>al</strong> forma que lasEs indispensable que, mediante el diseño y ejecución de una política pública nacion<strong>al</strong>,se logre que los esfuerzos a favor de la infancia en los niveles territori<strong>al</strong>es y en los diferentes Colombia, en el corto, mediano y largo plazo, pueda dar cuenta de sus acciones encumplimiento de los compromisos adquiridos con los denominados Objetivos <strong>del</strong> Milenio.Por todo lo anterior el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha exhortado a los mandatarios seccion<strong>al</strong>esa los compromisos adquiridos en los respectivos planes de desarrollo en los cu<strong>al</strong>es se debela satisfacción de los derechos de los niños. En t<strong>al</strong> sentido se hace un llamado a que se19 El Décimo Tercer <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> presentado <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República, correspondiente <strong>al</strong> períodoenero a diciembre de 2005, <strong>al</strong> señ<strong>al</strong>ar que 1.100.000 personas menores de 18 años de edad han sido desplazadas en los últimosPrograma Especi<strong>al</strong>izado <strong>del</strong> ICBF por haber abandonado los grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley.
80 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>procure que el derecho a la s<strong>al</strong>ud y a la educación de los menores de edad sean de atenciónprioritaria. De la misma manera les recomienda procurar a<strong>del</strong>antar campañas de adecuadoaprovechamiento <strong>del</strong> tiempo libre por parte de los niños, niñas y adolescentes, a efectos deprevenir la vulneración de sus derechos.Con ello se pretende que la re<strong>al</strong>ización de sus derechos y la prevención de situacionesque los vulneren sean la princip<strong>al</strong> actividad <strong>del</strong> Estado, la sociedad y la familia a favor de lainfancia colombiana, y que solo en los eventos en que sea necesario se recurra <strong>al</strong> sistemade restablecimiento de derechos que contempla la norma.Por último, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera que el Código de la Infancia y laAdolescencia es un avance importante en lo que respecta a la efectividad y garantía <strong>del</strong>os derechos de los niños y adolescentes en Colombia, en la medida en que se establecenmecanismos que permiten que ellos y sus familias logren el mayor desarrollo armónicoe integr<strong>al</strong> posible. Por ello, el reto fundament<strong>al</strong> <strong>del</strong> Estado colombiano está en generaruna política pública de infancia que responda adecuadamente <strong>al</strong> establecimiento deplanes, programas y proyectos que tiendan prioritariamente a la prevención de situacionesvulneratorias de los derechos de la infancia.El establecimiento de políticas públicas que propendan por la re<strong>al</strong>ización de los derechosde la infancia tiene como recompensa la disminución de la cantidad de menores de edadque requieran atención <strong>del</strong> Estado, y, en la misma medida, se disminuye la necesidad de laintervención <strong>del</strong> sistema de responsabilidad pen<strong>al</strong> adolescente.Por todo lo anterior, los esfuerzos <strong>del</strong> Estado deben estar dirigidos a generaroportunidades para que las familias se constituyan en los primeros ejes de protección desus hijos, para que la sociedad pueda estar en condiciones de brindar espacios de desarrollode los derechos de la infancia y para que se diseñen y ejecuten políticas públicas quepermitan a los menores de edad el mayor nivel posible de re<strong>al</strong>ización de sus derechos. Enesa medida, el Código de la Infancia y la Adolescencia facilita que Colombia tome medidas Internacion<strong>al</strong> de los Derechos <strong>del</strong> Niño. T<strong>al</strong>es políticas públicas deben traducirse en laimplementación de planes de desarrollo, programas, proyectos que, desde el nivel nacion<strong>al</strong>,departament<strong>al</strong>, municip<strong>al</strong> y distrit<strong>al</strong>, articuladamente contribuyan a brindar a la infancia lascondiciones necesarias para el ejercicio de sus derechos.De la misma manera es necesario que, <strong>al</strong> formular dichas políticas, el Estado a<strong>del</strong>antegestiones para lograr un cambio cultur<strong>al</strong> que permita reconocer a los menores de edadcomo sujetos de derechos prev<strong>al</strong>entes y se elimine la discriminación que han soportadohasta hoy. En el mismo sentido la sociedad debe ponerse a tono de t<strong>al</strong> forma que, cuandoun niño, niña o adolescente reclame sus derechos, la actitud asumida sea la de garantizar suno desde la perspectiva asistenci<strong>al</strong>ista de quien otorga una concesión.b. Situación de las mujeresLey integr<strong>al</strong> por una vida libre de violencias para las mujeresEl 4 de diciembre de 2008 se promulgó la Ley 1257, por la cu<strong>al</strong> se dictaron normas desensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>81mujeres y se reformaron los Códigos pen<strong>al</strong> y de Procedimiento pen<strong>al</strong> y la Ley 294 de 1996,luego de un trabajo conjunto de más de dos años de la Delegada de Niñez, Juventud yMujer con organizaciones soci<strong>al</strong>es de mujeres, la Academia, el sistema de Naciones Unidase instituciones gubernament<strong>al</strong>es y la bancada de mujeres <strong>del</strong> <strong>Congreso</strong> de la República. violencia contra la mujer adoptada en la Convenciónvíctimas podrán intentar en la búsqueda de una vida libre de violencias tanto en el ámbitopúblico como en el privado.De fundament<strong>al</strong> importancia se considera el haber introducido como Criterios deInterpretación los principios contenidos en la Constitución Política, y en los Tratados oConvención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y laConvención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra la Mujer.Aunque constitucion<strong>al</strong>mente se encuentran consagrados los derechos fundament<strong>al</strong>es restablecerlos plenamente cuando ocurra una cu<strong>al</strong>quiera de las violencias ya mencionadas,teniendo entonces como t<strong>al</strong>es, el derecho a una vida digna, a la integridad física, sexu<strong>al</strong> ypsicológica, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o a tratos crueles ni degradantes,a la igu<strong>al</strong>dad re<strong>al</strong> y efectiva, a no ser sometidas a forma <strong>al</strong>guna de discriminación, a l<strong>al</strong>ibertad y autonomía, <strong>al</strong> libre desarrollo de la person<strong>al</strong>idad, a la s<strong>al</strong>ud, a la s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> yreproductiva y a la seguridad person<strong>al</strong>.Además de los capítulos dedicados a los principios y derechos, esta ley dedica tres capítulosmedidas de sensibilización y prevención, medidas de protección y medidas de atención.Establece que las medidas de sensibilización y prevención son responsabilidad de todaslas autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas de reconocer lasdiferencias y desigu<strong>al</strong>dades soci<strong>al</strong>es, biológicas en las relaciones entre las personas segúnel sexo, la edad, la etnia y el papel que desempeñan en la familia y en el grupo soci<strong>al</strong> y, ent<strong>al</strong> sentido, enlista las responsabilidades a cargo <strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong>, departament<strong>al</strong> ymunicip<strong>al</strong>, así como a cargo <strong>del</strong> Ministerio de Comunicaciones, <strong>del</strong> Ministerio de Educacióny <strong>del</strong> Ministerio de Protección Soci<strong>al</strong>.violenciaintrafamiliar incluyendo dentro de esta la violencia sexu<strong>al</strong> y agregándola a las formas deres<strong>al</strong>tando la inclusión de nuevas medidas importantes como la decisión sobre custodia ycuidado person<strong>al</strong> de los niños, niñas y adolescentes y las cuotas <strong>al</strong>imentarias en su favor, lano necesidad de reincidencia <strong>del</strong> agresor para medida terapéutica, la prohibición de portede armas, el disfrute de la vivienda familiar y la prohibición de enajenación de bienes,el acompañamiento a la víctima por parte de la policía para su reingreso <strong>al</strong> domicilio y
82 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la devolución de sus objetos y documentos person<strong>al</strong>es. También se prevén medidas deprotección en otros ámbitos diversos a la familia.En cuanto a las medidas de atención, se incorporó como relevante la obligación de garantizarla habitación y <strong>al</strong>imentación de la víctima a través <strong>del</strong> Sistema Gener<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong>en S<strong>al</strong>ud. Las empresas promotoras de s<strong>al</strong>ud y las administradoras de Régimen Subsidiadoprestarán servicios de habitación y <strong>al</strong>imentación en las instituciones prestadoras deentregarán un subsidio en dinero a la víctima para cubrir estas necesidades quien comocontraprestación deberá asistir a citas médicas, psicológicas o psiquiátricas atendiendo a lascircunstancias que requiera dicha víctima. Esta protección especi<strong>al</strong> estará precedida de unamedida de protección proferida por autoridad competente.De otro lado, la ley dedica un capítulo a las sanciones en materia pen<strong>al</strong>, que se resumen así:1. Privación de derechos: Se incluyen: Prohibición de acercarse a la víctima o a integrantes <strong>del</strong> grupo familiar. Prohibición de comunicarse con la víctima o con integrantes <strong>del</strong> grupo familiar.2. Duración de la privación de derechos: Durante el tiempo de la pena princip<strong>al</strong> yhasta 12 meses más.3. Circunstancia de agravación <strong>del</strong> <strong>del</strong>ito de homicidio: Si se comete contra una mujerpor el hecho de ser mujer.4. En el <strong>del</strong>ito de homicidio en persona protegida la pena señ<strong>al</strong>ada (30 a 40 años) seaumentará de la tercera parte a la mitad cuando se cometiere contra una mujer porel hecho de ser mujer.5. En el <strong>del</strong>ito de secuestro extorsivo se incluye a todas las personas que de manerapermanente se h<strong>al</strong>len integradas a la unidad doméstica.6. edad, sexo, posición labor<strong>al</strong>, soci<strong>al</strong>, familiar o económica, acose, persiga, hostigueincurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años”.7. Circunstancias de agravación para los <strong>del</strong>itos contra la libertad, integridad yformación sexu<strong>al</strong>es: Cuando se cometen contra un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad,sobre cu<strong>al</strong>quier persona integrada a la unidad doméstica en forma permanente o Cuando se cometen sobre personas en situación de vulnerabilidad (edad, etnia, Cuando se cometen para generar control soci<strong>al</strong>, temor u obediencia en la comunidad.8. En los <strong>del</strong>itos de inducción a la prostitución, constreñimiento a la prostitución ytrata de personas, se incluyen como circunstancias de agravación de la pena:
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>83Cuando se cometen contra un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad,sobre cu<strong>al</strong>quier persona integrada a la unidad doméstica en forma permanente o Cuando se cometen sobre personas en situación de vulnerabilidad (edad, etnia,9. En el <strong>del</strong>ito de m<strong>al</strong>trato mediante restricción a la libertad física se adicionó:“Parágrafo. Para efectos de lo establecido en el presente artículo se entenderá queel grupo familiar comprende los cónyuges o compañeros permanentes; el padrey la madre de familia, aunque no convivan en un mismo lugar; los ascendientes odescendientes de los anteriores y los hijos adoptivos; todas las demás personas quederivada de cu<strong>al</strong>quier forma de matrimonio o unión libre.”10. Respecto <strong>al</strong> principio de publicidad de las audiencias, se estableció, como limitación<strong>al</strong> mismo en los <strong>del</strong>itos sexu<strong>al</strong>es, la posibilidad de que cu<strong>al</strong>quiera de los intervinientesen el proceso solicite la re<strong>al</strong>ización de audiencias cerradas <strong>al</strong> público.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> debe asumir la corresponsabilidad con la ConsejeríaPresidenci<strong>al</strong> para la Equidad de la Mujer y la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación <strong>del</strong>seguimiento a la implementación de esta ley a través de un comité en el que participaránorganizaciones de mujeres, para lo que se encuentra diseñando un plan que permitirácumplir con esta obligación.
B.4. SITUACIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LOS GRUPOSÉTNICOS DE COLOMBIAEl presente informe trata sobre la situación de vulneración de derechos humanos de losgrupos étnicos de Colombia: pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, raiz<strong>al</strong>es yrom o gitanos, en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de2008. El contenido tiene dos secciones: la primera es el análisis de la situación de derechoshumanos de estos cuatro grupos étnicos con fundamento en los datos reportados porlos afectados, sus organizaciones de base, las organizaciones no gubernament<strong>al</strong>es u otrasautoridades ante la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, las Defensorías Seccion<strong>al</strong>esy Region<strong>al</strong>es y la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas; la segunda esla gestión, que relaciona las actuaciones defensori<strong>al</strong>es a<strong>del</strong>antadas para garantizar laprotección de los afectados, así como el respeto <strong>al</strong> ejercicio efectivo de sus derechos.Desde el informe presentado <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República en el 2008 (periodo 2007), laDefensoría expresó la preocupación por la <strong>del</strong>icada situación de derechos humanos que enlos últimos cinco años había afectado de manera persistente la vida, integridad, dignidad,cultura y, en gener<strong>al</strong>, los derechos colectivos fundament<strong>al</strong>es e integr<strong>al</strong>es de los grupos étnicos.Preocupación que para la presente vigencia se mantiene debido a los <strong>del</strong>itos que por partede los grupos armados se perpetraron en el año 2008. De otra parte, conviene recordarque existen vulneraciones originadas en vigencias anteriores cuyos efectos persisten todavía,habida cuenta de que los factores que las causaron no han sido superados.Asimismo, es pertinente observar que, en el actu<strong>al</strong> período, también se evidenció laexistencia de factores de vulneración de los derechos de los grupos étnicos derivados menester indicar que -no obstante el proceso de concertación iniciado desde el año2007 entre las entidades estat<strong>al</strong>es competentes y los representantes de los gruposétnicos- el diseño, la formulación e implementación de políticas públicas con carácterdiferenciado y orientadas a la garantía efectiva de los derechos reconocidos a estapoblación, es un proceso en el cu<strong>al</strong> debe avanzarse con mayor agilidad. En las quejasrelativas a territorios, medio ambiente, s<strong>al</strong>ud, saneamiento básico, seguridad <strong>al</strong>imentaria,educación, planes de vida y derechos colectivos especi<strong>al</strong>es como la autonomía, consulta el ámbito de los derechos colectivos especi<strong>al</strong>es como la autonomía, consulta previa,jurisdicción y gobierno propio.
86 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En consecuencia, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en ejercicio de su mandato constitucion<strong>al</strong>y leg<strong>al</strong> y según las competencias derivadas <strong>del</strong> mismo, impulsó las acciones para promoverla garantía de la protección adecuada, oportuna y efectiva de los derechos humanosfundament<strong>al</strong>es, colectivos e integr<strong>al</strong>es de los grupos étnicos afectados, mediante el ejerciciode la Magistratura Mor<strong>al</strong>, y produjo informes y resoluciones defensori<strong>al</strong>es dirigidas a lasentidades y autoridades concernidas.responsables a prestar atención urgente a cada uno de los casos de vulneración de derechosde grupos étnicos. De manera complementaria, desplegó un proceso de acompañamientodefensori<strong>al</strong> en terreno a comunidades en <strong>al</strong>to riesgo por causa de las acciones de losdiferentes dependencias de la institución (Sistema de Alertas tempranas, Coordinación deAtención a Población Desplazada, Programa de defensores Comunitarios y las defensoríasregion<strong>al</strong>es). Igu<strong>al</strong>mente, se llevaron a cabo mediaciones entre comunidades indígenas,autoridades estat<strong>al</strong>es (region<strong>al</strong>es y nacion<strong>al</strong>es) y seguimientos <strong>al</strong> cumplimiento de acuerdosentre miembros de grupos étnicos y entidades gubernament<strong>al</strong>es. centr<strong>al</strong> la de incidir en la transformación de la persistente vulneración de los derechosfundament<strong>al</strong>es colectivos e integr<strong>al</strong>es de los grupos étnicos, para que mediante acciones deconcretas, de inmediato, mediano y largo plazo; con responsables de su cumplimiento ycon disponibilidad de recursos para materi<strong>al</strong>izar lo dispuesto en las normas.Desde este enfoque, los requerimientos y recomendaciones instaron a las autoridadesa la efectividad de sus actuaciones en cuanto a: acciones de los actores armados (ileg<strong>al</strong>es y en <strong>al</strong>gunos casos leg<strong>al</strong>es) contra estapoblación.Establecer procedimientos de control respecto a los factores y actores asociadosa dinámicas de uso ileg<strong>al</strong> de los territorios colectivos de pueblos indígenas ycomunidades negras (cultivos de uso ilícito), así como actividades relacionadas conel desarrollo de proyectos y megaproyectos que no se han surtido con el previocumplimiento de los derechos de consulta previa, concertación y participación.Formular e implementar políticas públicas de carácter diferenciado, sustentadasen el enfoque de derechos humanos integrado a la diversidad étnica y cultur<strong>al</strong>reconocida a los grupos étnicos de Colombia.Proveer los mecanismos necesarios para incluir en todos los espacios de la sociedadla implementación y respeto efectivo de los derechos colectivos, fundament<strong>al</strong>es empoderamiento de sus titulares, y consolidar estos derechos en el ámbito de lasacciones institucion<strong>al</strong>es.La información <strong>al</strong>legada a la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, así comoa las sedes region<strong>al</strong>es, reportó múltiples situaciones de vulneraciones de derechosfundament<strong>al</strong>es colectivos e integr<strong>al</strong>es, derechos civiles y políticos, derechos económicos
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>87soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es de los grupos étnicos en diferentes regiones <strong>del</strong> país; así comoLas diferentes quejas y solicitudes de intervención que se registraron en la DefensoríaDelegada para Indígenas y Minorías Étnicas se adicionan <strong>al</strong> reporte de casos de vulneraciónde derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario a grupos étnicos de la Direcciónregion<strong>al</strong>es. Con estas fuentes de información se sustenta el informe sobre la situación dederechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario de los grupos étnicos durante elaño 2008.La tipología de hechos denunciadas va desde amenazas, desplazamiento forzado –individu<strong>al</strong> o masivo-, desaparición, secuestro, homicidio, masacres, presencia de actoresarmados dentro de territorios indígenas y comunidades negras en lugares restringidos,como escuelas de los niños y niñas de esos territorios, existencia de minas antiperson<strong>al</strong>en territorios indígenas con impacto directo (muertes y lesiones por la explosión de estosDurante el año 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> recibió ciento noventa y siete (197)solicitudes escritas relativas a denuncias de hechos que acarrearon vulneración de derechosen personas o comunidades pertenecientes a grupos étnicos. De acuerdo con este registrose encontró que 46 casos correspondieron a quejas relacionadas con infracciones a las reglas<strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario que evidencian violaciones de carácter individu<strong>al</strong>y colectivo que afectan a personas integrantes de pueblos indígenas y de comunidadesnegras. En cuanto a los autores responsables de las vulneraciones e infracciones, la mayoríaestán vinculados a actores armados ileg<strong>al</strong>es, FARC y Autodefensas, y también, en <strong>al</strong>gunoscasos, se atribuyen a miembros de la fuerza pública con presencia en las regiones afectadasAn<strong>al</strong>izando el registro de quejas recibido, se observó que el número de casos devulneración de derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario tuvo una mayorincidencia en comunidades indígenas, en especi<strong>al</strong> las pertenecientes a los pueblos indígenasawa de Nariño, nasa y páez <strong>del</strong> Cauca, emberá katío <strong>del</strong> Chocó y Córdoba, los wiwa yarhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, los nukak y guayabero <strong>del</strong> Guaviare, lospueblos indígenas de Guainía, Vichada, Vaupés y Putumayo. En lo concerniente a lascomunidades afrocolombianas, las más afectadas se encuentran loc<strong>al</strong>izadas en territorioscolectivos de los departamentos de Chocó, Nariño, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca y Cauca.La mayoría de las vulneraciones de derechos humanos continuaron presentándose endepartamentos en los que, en años anteriores, ha habido persistentes <strong>al</strong>teraciones <strong>del</strong> ordenpresentadas a la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas (376 registros) seorganizó la información por derechos vulnerados, impacto de estas violaciones en cadauno de los grupos étnicos, e incidencia en cada uno de los departamentos en los queocurrieron los diferentes hechos denunciados.En la sección de derechos presuntamente vulnerados en gener<strong>al</strong>, los tot<strong>al</strong>es indican queel mayor número de denuncias recayó en infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario,202 reportes; seguido por 44 casos de violación <strong>del</strong> derecho a la vida, así:
88 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>presuntamente vulneradoTOTALES POR DERECHOInfracción <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitarioInfracción a la legislación de menores de edadDerecho de peticiónDerecho de los desplazadosDerecho <strong>al</strong> trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficioDerecho <strong>al</strong> reconocimiento de la person<strong>al</strong>idad jurídicaDerecho a un ambiente sanoDerecho a las libertades de circulación y residenciaDerecho a la vidaDerecho a la seguridad soci<strong>al</strong>Derecho a la s<strong>al</strong>udDerecho a la propiedadDerecho a la pazDerecho a la mor<strong>al</strong>idad administrativaDerecho a la libertad person<strong>al</strong>Derecho a la integridad person<strong>al</strong>Derecho a la igu<strong>al</strong>dadDerecho a la educación y a la culturaDerecho a la defensa, <strong>al</strong> debido proceso y a las garantías judici<strong>al</strong>esDerecho a la autonomía de las minorías étnicasDerecho a la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios72511111115126427333253442020 50 100 150 200 250Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Archivo institucion<strong>al</strong> de los casos reportados en el 2008. Delegada para Indígenas y MinoríasÉtnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.La revisión de la información por grupos étnicos afectados, permite observar en la indígenas y comunidades afrocolombianas; y dentro de estos dos grupos étnicos, el mayorregistro de casos de vulneración se presentó en pueblos indígenas.Pueden resumirse así las infracciones a las normas <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario: 138 casos en indígenas, 62 casos en población afrocolombiana, 1 caso enraiz<strong>al</strong>es y 1 en mestizos. El mismo esquema se repite en lo relativo a los derechos a la vida,derecho a la integridad person<strong>al</strong>, derecho a la autonomía de las minorías étnicas, derechode petición, infracción a los derechos de los menores, derecho a la s<strong>al</strong>ud, educación ycultura, garantías judici<strong>al</strong>es y mor<strong>al</strong>idad administrativa, entre los más relevantes.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>89y derecho presuntamente vulneradoTOTALES POR GRUPOINDÍGENAS NEGRITUDES RAIZALES MESTIZOSInfracción <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario1162138Infracción a la legislación de menores de edad7Derecho de petición520Derecho de los desplazados1Derecho <strong>al</strong> trabajo y a la libertad de escoger profesión u oficio1Derecho <strong>al</strong> reconocimiento de la person<strong>al</strong>idad jurídicaDerecho a un ambiente sanoDerecho a las libertades de circulación y residenciaDerecho a la vida111539Derecho a la seguridad soci<strong>al</strong>1Derecho a la s<strong>al</strong>ud114Derecho a la propiedad1Derecho a la paz2Derecho a la mor<strong>al</strong>idad administrativaDerecho a la libertad person<strong>al</strong>Derecho a la integridad person<strong>al</strong>221626Derecho a la igu<strong>al</strong>dad3Derecho a la educación y a la cultura3Derecho a la defensa, <strong>al</strong> debido proceso y a las garantías judici<strong>al</strong>es3Derecho a la autonomía de las minorías étnicas421Derecho a la adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios21Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Archivo institucion<strong>al</strong> de los casos reportados en el 2008 ante: Delegada para Indígenas y MinoríasÉtnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.Con relación a las tipologías de vulneración <strong>del</strong> derechos a la vida, derecho a la integridadperson<strong>al</strong>, derecho a la autonomía de las minorías étnicas, derecho de petición, infracción <strong>al</strong>os derechos de los menores, derecho a la s<strong>al</strong>ud, educación y cultura, garantías judici<strong>al</strong>es ymor<strong>al</strong>idad administrativa, se mantiene el mayor grado de impacto en pueblos indígenas.Ahora bien, en relación a los datos aportados por las cifras descritas, se observa que pordepartamento las violaciones a los derechos humanos e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario en grupos étnicos se presentaron en 19 entidades territori<strong>al</strong>es: Antioquia,Arauca, Boyacá, C<strong>al</strong>das, Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Meta,Nariño, Putumayo, Quindío, Risar<strong>al</strong>da, V<strong>al</strong>le, Vaupés, Vichada, y en el Distrito Capit<strong>al</strong>.
90 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Archivo institucion<strong>al</strong> de los casos reportados en el 2008 ante: Delegada para Indígenas y MinoríasÉtnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>91Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Archivo institucion<strong>al</strong> de los casos reportados en el 2008 ante: Delegada para Indígenas y MinoríasÉtnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.
92 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>TOTALES POR DEPARTAMENTOAmazonasAntioquiaAraucaBoyacáC<strong>al</strong>dasCaquetáCasanareCaucaCesarChocóCórdobaBogotá D. C.ExtranjeroGuaviareHuilaLa GuajiraMetaNariñoPutumayoQuindíoRisar<strong>al</strong>daSantanderTolimaV<strong>al</strong>le Del CaucaVaupésVichada114732361471411871441313171027313844860 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Archivo institucion<strong>al</strong> de los casos reportados en el 2008 ante: Delegada para Indígenasy Minorías Étnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es. registros, la mayor incidencia de vulneraciones a los derechos humanos e infracciones <strong>al</strong>derecho internacion<strong>al</strong> humanitario se presentó en el Chocó, siguiendo respectivamente,Nariño, Guaviare, Cesar, V<strong>al</strong>le, Vaupés, Cauca, Antioquia, Risar<strong>al</strong>da y Vichada.A juicio de la Defensoría, los hechos que generaron mayor impacto en la vida,integridad y dignidad de los grupos étnicos son los referidos a las acciones atribuidasa actores armados <strong>al</strong> margen de la ley, habida cuenta de la incidencia que tuvieron endiferentes pueblos indígenas asentados en diversas regiones <strong>del</strong> país. En t<strong>al</strong> sentido, el ejede análisis de esta sección es el tema relacionado con la transgresión de las normas <strong>del</strong>derecho internacion<strong>al</strong> humanitario y su impacto en los grupos étnicos.Transgresión de las reglas <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario y su impactoen los grupos étnicos. Los casos reportados a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para la vigencia <strong>del</strong>año 2008 muestran que la infracción <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, con ocasión <strong>del</strong>por la frecuencia de hechos ocurridos y el impacto causado a personas y comunidadespertenecientes a los pueblos indígenas y afrocolombianos, se registró en el departamento
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>93y proyectos de exploración y explotación de recursos natur<strong>al</strong>es y mineros, dan cuenta deun escenario de múltiples violaciones a los derechos colectivos fundament<strong>al</strong>es e integr<strong>al</strong>esde los grupos étnicos–, con su mayor expresión en las cuencas de los ríos Curbaradó,Jiguamiandó, Riosucio, y el <strong>al</strong>to y el bajo Atrato.El impacto causado por los diferentes actores que se movilizan en este departamentoincluye la afectación grave de los derechos a los territorios colectivos, a la autonomía,<strong>al</strong> gobierno propio, la consulta previa, la participación y concertación, los recursosnatur<strong>al</strong>es; el derecho a la vida e integridad person<strong>al</strong>, el goce digno de derechos a la s<strong>al</strong>ud,educación, cultura. Violaciones múltiples que por la presión y amenaza han derivado endesplazamientos forzados individu<strong>al</strong>es y colectivos de población indígena y afrocolombiana,desde los territorios originarios hacia cabeceras municip<strong>al</strong>es, amenazas, muertes, lesionesa la integridad física y, en el escenario más complejo, la ruptura <strong>del</strong> tejido soci<strong>al</strong> y cultur<strong>al</strong>de estos grupos étnicos.Una situación igu<strong>al</strong>mente grave ha sido la registrada en el departamento Nariño,en particular el impacto sufrido por pueblos indígenas como el awá y comunidadesen esa región, la erradicación de cultivos de uso ilícito y otra serie de factores asociados <strong>al</strong>complejo escenario político, soci<strong>al</strong> y económico por el que atraviesa este departamento.La situación más aguda en materia de derechos humanos para el pueblo awá se conocióy atendió por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, desde el año 2007, período en el cu<strong>al</strong> se considerófundament<strong>al</strong> presentar un informe defensori<strong>al</strong> que diera cuenta de los graves hechos queafectaron a esta población. La ostensible afectación de las comunidades awa fue por causade los actores armados <strong>al</strong> margen de la ley que operan en esa región tanto los frentes de laguerrilla como las nuevas estructuras armadas ileg<strong>al</strong>es y, en <strong>al</strong>gunos casos, por operacionesde integrantes de la fuerza pública. Esto llevó en el año 2008 a la Resolución Defensori<strong>al</strong>053, mediante la cu<strong>al</strong> se instó a entidades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong>, departament<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong>, aa<strong>del</strong>antar, de acuerdo con sus competencias, las acciones urgentes y de mediano plazo quecontrarresten el <strong>al</strong>to grado de vulneraciones a los derechos humanos y de infracciones <strong>al</strong>Situación de Derechos Humanos de grupos étnicos en los departamentos <strong>del</strong>Chocó, Cauca, Nariño, Guaviare y Vaupés: En la vigencia <strong>del</strong> año 2008, uno de losAsimismo, por los motivos relacionados con el mismo factor, fue notorio el incrementode la vulneración de los derechos humanos y de crisis humanitaria en los pueblos indígenas<strong>del</strong> Cauca, Nariño, Guaviare y Vaupés. En las diferentes dependencias de la institución,Defensoría Region<strong>al</strong>, Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, así como en los registrosAtención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado y <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas, las denunciassobre violaciones de derechos humanos de los pueblos indígenas y afrocolombianosfueron uno de los asuntos de mayor conocimiento, gestión y trámite defensori<strong>al</strong>es. Enla sección correspondiente a la atención especi<strong>al</strong>izada se hará referencia a los hechos queafectaron a los grupos étnicos de estas regiones.
B.5. LOS DERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTE.DIAGNÓSTICO DE LA INCIDENCIA ENLA EJECUCIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICASEN TORNO AL DERECHO HUMANO AL AGUALa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, mediante sus investigaciones, pudo comprobar la precariedaden el servicio de acueducto que padecen muchos grupos poblacion<strong>al</strong>es <strong>del</strong> país. Algunoscarecen de este servicio en absoluto, mientras que otros no lo reciben con la regularidad,continuidad y c<strong>al</strong>idad que se requieren para asegurar la efectiva re<strong>al</strong>ización de los derechoshumanos a la s<strong>al</strong>ud, la vida digna, la seguridad <strong>al</strong>imentaria y el goce de un ambiente sano.Esta condición fue una de las razones que motivó a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a promoverla re<strong>al</strong>ización efectiva <strong>del</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua, como uno de sus objetivos.Desde el año 2004, la Entidad ha profundizado sobre el tema, desde distintasperspectivas: en primer lugar, a<strong>del</strong>antó una investigación que sirvió para <strong>del</strong>imitar Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacion<strong>al</strong>es y, en especi<strong>al</strong>, en laObservación Gener<strong>al</strong> No. 15 20 ; investigación que fue publicada en El derecho humano <strong>al</strong>agua 21 .Teniendo como referencia los tres elementos que conforman el núcleo <strong>del</strong> derechohumano <strong>al</strong> agua: i) la disponibilidad, ii) la accesibilidad: física, económica, la no discriminacióne información y iii) la c<strong>al</strong>idad, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> consideró oportuno ahondar eneste último elemento, debido a la incidencia directa sobre la s<strong>al</strong>ud de la población, toda vezen la vulneración de los derechos a la vida, a la s<strong>al</strong>ud y a la s<strong>al</strong>ubridad pública.Se re<strong>al</strong>izaron diagnósticos sobre la c<strong>al</strong>idad de agua en el país 22 , mediante los cu<strong>al</strong>es sepuso en evidencia el incumplimiento en las obligaciones de <strong>al</strong>gunas autoridades <strong>del</strong> Estado20 La Observación Gener<strong>al</strong> N° 15 es relativa <strong>al</strong> derecho <strong>al</strong> agua emitida por el Comité de Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es yCultur<strong>al</strong>es de las Naciones Unidas.21 El derecho humano <strong>al</strong> agua. En la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentos internacion<strong>al</strong>es. Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Imprenta Nacion<strong>al</strong>, 2005, Bogotá.22 Décimo tercer <strong>Informe</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> páginas 359-360 y Décimo cuarto <strong>Informe</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> páginas 337-340. Décimo quinto<strong>Informe</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> páginas 370-371.
96 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>en la materia, cuyos resultados fueron presentados en tres <strong>Informe</strong>s Defensori<strong>al</strong>es 23 ; <strong>del</strong>a misma forma se insistió ante el <strong>Congreso</strong> de la República con la presentación de unproyecto de ley que busca el reconocimiento explícito <strong>del</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua 24 .Como resultado de estas investigaciones y documentos, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>fort<strong>al</strong>eció su misión en la construcción de una cultura de respeto a los derechos humanos,en particular <strong>del</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua. En el mismo sentido, consideró la trascendenciaque tiene la formulación de las políticas públicas y la importancia de incidir no sólo en estaetapa, sino también en su implementación, su ejecución, su seguimiento y su control, paraque las entidades competentes tengan como orientación y propósito fundament<strong>al</strong> asegurarla efectividad <strong>del</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua 25 .Los derechos humanos deben ser transvers<strong>al</strong>es a la formulación de todas las políticas<strong>del</strong> Estado. El seguimiento y ev<strong>al</strong>uación de las políticas públicas, con una visión dederechos humanos, aporta no sólo a la efectividad de su re<strong>al</strong>ización, sino que contribuyea la construcción de una cultura en este sentido y a la gestión pública nacion<strong>al</strong>, region<strong>al</strong> yloc<strong>al</strong>.Con el propósito de promover los derechos humanos y fort<strong>al</strong>ecer la acción <strong>del</strong> Estado,se elaboró el informe Diagnóstico <strong>del</strong> cumplimiento <strong>del</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua enColombia. Para ello, de conformidad con la metodología <strong>del</strong> programa ProSeDHer 26 ,los indicadores necesarios para ev<strong>al</strong>uar el desarrollo de la política pública de agua potabley de saneamiento básico, y teniendo en cuenta cada uno de los componentes <strong>del</strong> derechoy la matriz de las obligaciones <strong>del</strong> Estado. Ello permitió evidenciar la situación de loshabitantes <strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong> en relación con el cumplimiento de las obligaciones<strong>del</strong> Estado, desde el punto de vista de la prestación <strong>del</strong> servicio público de acueducto y<strong>al</strong>cantarillado, así como desde una perspectiva ambient<strong>al</strong>, soci<strong>al</strong> y económica.Con este diagnóstico, se fort<strong>al</strong>ece el conocimiento institucion<strong>al</strong> de los sectores,poblaciones y regiones sobre los cu<strong>al</strong>es se debe desplegar la acción; se aumentan y mejoran23 Diagnóstico sobre la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> agua para el consumo humano en Colombia, en el marco <strong>del</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua 2005. Diagnóstico sobrec<strong>al</strong>idad de agua para consumo humano, 06 de octubre de 2006. Tercer diagnóstico sobre c<strong>al</strong>idad de agua para consumo humano, 07 de octubrede 2007.24 Proyecto de Ley N° 047 de 2008, Senado.25 EXPOSICIÓN DE MOTIVOS. Proyecto de Ley por medio de la cu<strong>al</strong> se consagra el “Derecho humano <strong>al</strong> Agua” y sepolítica y la asignación de recursos con destinación especi<strong>al</strong> y constitucion<strong>al</strong>mente prioritaria, las inversiones necesarias paraatender con la debida cobertura las necesidades de la población en cuanto <strong>al</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua, no se han efectuado.F<strong>al</strong>ta organización, desarrollo empresari<strong>al</strong>, control, monitoreo y seguimiento, así como establecer las responsabilidades ycompetencias de las diferentes entidades estat<strong>al</strong>es y de los particulares en cuanto a la plena re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> derecho humano<strong>al</strong> agua. Tampoco existen programas ni estrategias para el fort<strong>al</strong>ecimiento de los esquemas de prestación <strong>del</strong> servicio en el“Si bien Colombia cuenta con una riqueza hídrica considerable, es necesario que el Estado intervenga para garantizar susostenibilidad y así disminuir los costos en la potabilización <strong>del</strong> agua. En este sentido, se requiere determinar los principios,los lineamientos y los criterios precisos, así como elementos de política pública coherente y de largo plazo, para que el Estadoa través de los instrumentos y mecanismos de intervención haga posibles los derechos a la disponibilidad, la accesibilidad yla c<strong>al</strong>idad de agua para consumo humano, sin importar que el servicio sea prestado por un agente privado”.“El agua por su natur<strong>al</strong>eza, es ante todo un bien soci<strong>al</strong>, en cuanto forma parte <strong>del</strong> patrimonio común de la humanidad, queimpone <strong>al</strong> Estado una serie de obligaciones de hacer, objeto de reglamentación y control por parte de los poderes públicos,para que su utilización sea equitativa y su reparto entre los usuarios se haga conforme <strong>al</strong> principio de solidaridad”(…)26 Programa de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de Políticas Públicas en Derechos Humanos –Prosedher-
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>97sustanci<strong>al</strong>mente las posibilidades de intervención, seguimiento y control sobre las entidadespúblicas y privadas responsables de la materi<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> derecho; los funcionariosestat<strong>al</strong>es, organizaciones no gubernament<strong>al</strong>es, organizaciones soci<strong>al</strong>es y la población engener<strong>al</strong> pueden acceder a la información relacionada y hacer efectivo el contenido y larecomendaciones pertinentes. estructur<strong>al</strong>es y otras coyuntur<strong>al</strong>es de los sectores encargados de garantizar el derechohumano <strong>al</strong> agua. De él puede colegirse que para cumplir con las obligaciones relativas <strong>al</strong>derecho humano <strong>al</strong> agua en Colombia, hace f<strong>al</strong>ta re<strong>al</strong>izar importantes inversiones en elsector y es necesario monitorear de manera permanente y continua las obligaciones quetiene el Estado colombiano en sus diferentes niveles y ámbitos, para determinar si se haavanzado en su cumplimiento o si, por el contrario, las debilidades persisten.Los informes y recomendaciones producto de este diagnóstico, se considera, soncon respecto <strong>al</strong> nivel de re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua. Es importante adecuaro construir indicadores que permitan establecer en cu<strong>al</strong>quier momento el grado dere<strong>al</strong>ización actu<strong>al</strong> <strong>del</strong> derecho, su nivel mínimo de re<strong>al</strong>ización y su nivel óptimo.En relación con los elementos o componentes <strong>del</strong> Derecho; en materia de disponibilidad<strong>del</strong> recurso hídrico 27 , se contabilizaron 14,4 millones de personas que están en riesgo <strong>al</strong>toy medio <strong>al</strong>to de escasez de agua y más de 20 millones de personas con vulnerabilidad <strong>al</strong>tao muy <strong>al</strong>ta en el abastecimiento de agua futura. Asimismo, se estima que menos <strong>del</strong> 10%de estas aguas reciben un tratamiento adecuado antes de ser devueltas a fuentes hídricasnatur<strong>al</strong>es.En cuanto <strong>al</strong> componente de accesibilidad 28 , una persona <strong>del</strong> estrato 1 consume enpromedio 103 litros de agua <strong>al</strong> día, mientras que una persona de estrato 6 consume enpromedio tres veces ese volumen. Se c<strong>al</strong>cula que 9.022.276 personas no tienen acceso <strong>al</strong>servicio de acueducto, mientras que 13.541.532 personas no tienen acceso <strong>al</strong> servicio de<strong>al</strong>cantarillado. Se estima que 977.984 niños entre 0 y 4 años de edad no acceden <strong>al</strong> serviciode acueducto. Sólo el 40% de las viviendas cuentan tanto con el servicio de acueducto comocon el de <strong>al</strong>cantarillado, de manera conjunta. En 222 municipios la cobertura en acueductoen el sector rur<strong>al</strong> no supera el 30% y para el caso <strong>del</strong> <strong>al</strong>cantarillado, 593 municipios nosuperan dicha cobertura.Respecto <strong>del</strong> uso de los instrumentos <strong>del</strong> Estado por medio de los cu<strong>al</strong>es se garantiza laLo que deteriora la capacidad adquisitiva de los hogares de ingresos bajos y posiblementecargo, las contribuciones <strong>del</strong> estrato 5 fueron <strong>del</strong> 73% y <strong>del</strong> estrato 6 <strong>del</strong> 112%. En el27 28 la información.
98 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>año 2007, el promedio nacion<strong>al</strong> de subsidios en el cargo por consumo básico fue <strong>del</strong>50% para el estrato 1, 36% para el estrato 2, y 16% para el estrato 3. En dicho cargo lascontribuciones <strong>del</strong> estrato 5 fueron <strong>del</strong> 39% y <strong>del</strong> estrato 6 <strong>del</strong> 50%. Sólo se han trasladadorecursos para el 44% de los 769 municipios que cuentan con el Fondo de Solidaridad yRedistribución de Ingresos.El índice promedio de agua no contabilizada 29 es <strong>del</strong> 45%, <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> el 30% lo asumenlos usuarios vía tarifas.Las inversiones en el sector de agua potable y saneamiento básico fueron cercanas a$9,6 billones, entre los años 1996 y 2005. Sin embargo, no existe un inventario actu<strong>al</strong>izadode la infraestructura de agua potable y saneamiento básico, como tampoco existe unpresupuesto <strong>del</strong> plan de obras e inversiones nacion<strong>al</strong> para los próximos cinco años, deacuerdo con los pagos que re<strong>al</strong>izan los usuarios vía tarifas.empresas <strong>del</strong> servicio público de acueducto consienten a las peticiones, quejas o reclamosde los usuarios. El <strong>al</strong>to consumo constituye la queja más frecuente, seguida por la f<strong>al</strong>ta deentrega oportuna de la factura, dirección incorrecta, f<strong>al</strong>las en la prestación <strong>del</strong> servicio,error de lectura, suspensión, corte, reconexión y reinst<strong>al</strong>ación.Respecto de la cobertura para lugares de especi<strong>al</strong> <strong>al</strong>ojamiento, la más baja se presentaen los campamentos de trabajo, <strong>al</strong>ojamientos para los habitantes de la c<strong>al</strong>le y <strong>al</strong>berguespara desplazados. El diagnóstico re<strong>al</strong>izado por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> mostró quelos campesinos, los indígenas, los raiz<strong>al</strong>es y los afrocolombianos tienen coberturas deacueducto y <strong>al</strong>cantarillado por debajo <strong>del</strong> promedio nacion<strong>al</strong>.Fin<strong>al</strong>mente, en cuanto a la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> agua que suministran los acueductos 30 , el 83%de los 541 municipios que reportaron información en el primer semestre <strong>del</strong> año 2007 nocontaron con suministro de agua apta para el consumo humano. En el primer semestre<strong>del</strong> año 2007, el porcentaje de muestras no aptas por presentar coliformes tot<strong>al</strong>es fue<strong>del</strong> 46%, por E-coli fue <strong>del</strong> 30% y por cloro residu<strong>al</strong> fue <strong>del</strong> 49%. El mayor número deenfermedades relacionadas con el agua se presentan por dengue clásico y m<strong>al</strong>aria. De otrolado, el mayor número de muertes que guardan una posible relación con la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> aguase presenta con la muerte perinat<strong>al</strong>, por enfermedad diarreica aguda y desnutrición. se hicieron recomendaciones a las entidades. Así mismo, es necesario generar un debate<strong>del</strong> agua y de mejorar la c<strong>al</strong>idad de vida de la población colombiana.A continuación, <strong>al</strong>gunas de estas recomendaciones:Incluir en las políticas públicas de agua un enfoque integr<strong>al</strong> que considere el derecho humano <strong>al</strong>agua y en particular lo dispuesto en los instrumentos internacion<strong>al</strong>es, la Observación Gener<strong>al</strong>29 el agua entregada a los usuarios (micromedición).30 microorganismos o sustancias que amenacen la s<strong>al</strong>ud.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>99y Cultur<strong>al</strong>es.Difundir situaciones de riesgo por abastecimiento futuro de agua en cada uno de los municipios<strong>del</strong> país; así como adoptar un conjunto de medidas concretas para prevenir y reducir dicho riesgoen el largo plazo.Controlar, vigilar y mitigar los niveles de contaminación y efectos ambient<strong>al</strong>es adversos en las cuencas.Así como a divulgar el estado de los recursos natur<strong>al</strong>es por jurisdicción y actuar de manera másrigurosa con aquellas entidades que contaminen el medio ambiente y en especi<strong>al</strong> las fuentes hídricas.Liderar procesos de protección y cuidado de los nacederos de agua en el país, así como integrar a lapoblación en torno a la conservación de los recursos natur<strong>al</strong>es.Implementar el programa de educación ambient<strong>al</strong> dirigido a estudiantes de primaria y secundariay comunique sus resultados.Formular e implementar una política pública especi<strong>al</strong> para conservar los nacederos de agua, lospáramos y los glaciares en Colombia.Liderar el desarrollo e implementación <strong>del</strong> documento CONPES 3177 de 2002, AccionesPrioritarias y Lineamientos para la Formulación <strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de Manejo de Aguas Residu<strong>al</strong>es.Adicion<strong>al</strong>mente, es necesario ser más riguroso en las metas de tratamiento de aguas residu<strong>al</strong>es.Ev<strong>al</strong>uar la metodología y el factor de actu<strong>al</strong>ización de las tarifas de acueducto y <strong>al</strong>cantarillado conDesarrollar e implementar el documento CONPES 3386 de 2005 Plan de Acción para laservicios públicos domiciliarios.Incluir en la metodología tarifaria de acueducto y <strong>al</strong>cantarillado factores t<strong>al</strong>es como la continuidaden la prestación <strong>del</strong> servicio, la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> agua, el nivel de satisfacción de los usuarios y, en gener<strong>al</strong>,Exigir a las personas prestadoras de los servicios públicos domiciliarios de acueducto y <strong>al</strong>cantarilladoa incluir en la factura mensu<strong>al</strong> las características <strong>del</strong> agua y la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> servicio que se presta.prevenir situaciones de abuso de posición dominante.<strong>del</strong> sistema de indicadores que midan el cumplimiento <strong>del</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua.Re<strong>al</strong>izar un inventario nacion<strong>al</strong> de la infraestructura disponible <strong>del</strong> sector de acueducto y<strong>al</strong>cantarillado.
100 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Asegurar un adecuado mantenimiento de los acueductos públicos, así como a exigir unaremuneración justa por su uso y usufructo.Re<strong>al</strong>izar las acciones necesarias para expandir la cobertura en acueducto y <strong>al</strong>cantarillado <strong>del</strong> árearur<strong>al</strong>. La expansión de la cobertura en zonas rur<strong>al</strong>es deberá estar provista de recursos, programasy metas que incorporen las características propias <strong>del</strong> sector, así como sus necesidades.Incorporar metas de cobertura univers<strong>al</strong> en los servicios de agua potable y saneamiento, para elaño 2019.prestadores que así lo requieran, con el propósito de que suministren servicios públicos domiciliariospúblicos.Formular y aplicar políticas públicas de tipo preventivo para reducir la mort<strong>al</strong>idad infantil porcausas relacionadas con el agua, en especi<strong>al</strong> para prevenir problemas de s<strong>al</strong>ud y el deterioro de suscapacidades físicas y ment<strong>al</strong>es.Acoger en forma estricta el Decreto 1575 de 2007 y la Resolución 2115 de 2007, que señ<strong>al</strong>an loscriterios para la protección y el control de la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> agua para consumo humano. Asimismo,riesgos para la s<strong>al</strong>ud y la vida de los habitantes en sus respectivos municipios.Investigar y exigir un adecuado manejo de los recursos públicos de inversión soci<strong>al</strong> e instaurar unmecanismo de exposición pública de aquellas personas natur<strong>al</strong>es o jurídicas que los m<strong>al</strong>gasten o desvíen.Actuar responsablemente en el manejo <strong>del</strong> agua y que se ejerza el derecho a la participaciónciudadana y <strong>al</strong> control soci<strong>al</strong> de los recursos públicos.Tomar medidas estrictas para el ajuste <strong>del</strong> índice de agua no contabilizada de acuerdo conImplementar un mecanismo de seguimiento a las tarifas de los servicios públicos de acueducto y<strong>al</strong>cantarillado en cada uno de los municipios y a los planes de inversión que se incluyen en la tarifa,Formular un documento CONPES para la protección y conservación <strong>del</strong> Macizo colombiano y laSierra Nevada de Santa Marta, así como a dedicar más empeño <strong>al</strong> desarrollo e implementación <strong>del</strong>os documentos CONPES 3320 de 2004 Estrategia para el Manejo Ambient<strong>al</strong> <strong>del</strong> Río Bogotá, yOtorgar un porcentaje de subsidio a los estratos uno, dos y tres, que permita satisfacer lasnecesidades de agua potable de manera efectiva, sin restringir el poder adquisitivo de los hogares.Es necesario dar prioridad a las familias de ingresos bajos en el sector rur<strong>al</strong>.Se pretende que este documento sea el punto de partida para un debate públiconacion<strong>al</strong> en torno a una mejor planeación de los sectores que integran los temas relativos<strong>al</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua, así como el inicio de un espacio que promueva propuestasinnovadoras. De esta manera, se pueden <strong>al</strong>canzar en forma progresiva y rápida coberturasunivers<strong>al</strong>es en el suministro de agua apta para el consumo humano, mitigar los problemas
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>101ambient<strong>al</strong>es derivados de la disposición de aguas servidas sin tratamiento previo en losríos, la promoción y divulgación de los principios esenci<strong>al</strong>es <strong>del</strong> derecho para que losciudadanos puedan reconocer la importancia <strong>del</strong> agua como bien y patrimonio público,desde una perspectiva no solo <strong>del</strong> suministro <strong>del</strong> servicio público, sino también <strong>del</strong> recursohídrico desde la óptica ambient<strong>al</strong> y cultur<strong>al</strong>.Este sistema de indicadores permitirá mejorar las actuaciones en materia de políticapública, con base en un seguimiento continuo a los avances o retrocesos que en torno <strong>al</strong>ejercicio <strong>del</strong> derecho se generan en cada uno de los municipios y departamentos <strong>del</strong> país y,si bien aún f<strong>al</strong>ta su aplicación y ajuste, los resultados preliminares muestran que es posibleobtener a nivel municip<strong>al</strong> una esc<strong>al</strong>a que permita visu<strong>al</strong>izar de manera ordenada cuálesmunicipios están cerca de cumplir con el derecho y cuáles no.Es necesario avanzar en la divulgación de los elementos esenci<strong>al</strong>es <strong>del</strong> derecho humano<strong>al</strong> agua entre los funcionarios de las entidades encargadas de formular políticas públicas,para que en el diseño de las mismas cuenten con herramientas que permitan darle unenfoque de derechos humanos. Para esto se necesita la adopción de una estrategia decomunicación que involucre a dichos actores, tema en el cu<strong>al</strong> se está trabajando.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>103C. INFORMES ANUALES GENERALESC.1. INFORME GENERAL DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS:Los derechos humanos y el Derecho Internacion<strong>al</strong>Humanitario en Colombia en el año 2008Corresponde a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Colombia, en cumplimiento de su misiónconstitucion<strong>al</strong> de velar por la promoción, el ejercicio y la divulgación de los derechoshumanos y <strong>del</strong> mandato de la Ley 24 de 1992, presentar <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la Repúblicael informe anu<strong>al</strong> gener<strong>al</strong> relacionado con la gestión de atención y trámite de peticionescorrespondiente <strong>al</strong> año 2008, en especi<strong>al</strong>, de las quejas por violación a los derechoshumanos registradas en la base de datos institucion<strong>al</strong>.a. Registro de peticiones y quejas por violaciones a los derechos humanose infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, en la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Las peticiones recibidas y tramitadas por la Defensoría en Colombia, durante el año2008, fueron 72.456 31 : 33.007 fueron asesorías 32 , 23.564 quejas 33 y 15.885 solicitudes 34 . VerEs de anotar que los derechos presuntamente violados o infringidos en este mismoperiodo son 23.71, es decir, <strong>al</strong>gunas quejas dan cuenta de la violación o infracción de más deun derecho. Ver anexo N° 1. Derechos presuntamente violados. Cuadro gener<strong>al</strong>. Año 2008(ver ordin<strong>al</strong> f).31 Para el <strong>Informe</strong> de gestión 2008 <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de República, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> contó con un registro <strong>del</strong> 94.1% <strong>del</strong>as peticiones en su base de datos. El otro 5.9% restante <strong>del</strong> registro de peticiones recibidas durante el año 2008 no se pudoobtener a la fecha de corte.32 Asesoría: Información, orientación e instrucción a los peticionarios sobre el contenido y <strong>al</strong>cance de sus derechos; las entidadesde carácter público o privado a las que deben acudir, el trámite que deben seguir y la respuesta que, de acuerdo con lasobligaciones constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>es, debe obtener para la re<strong>al</strong>ización efectiva de sus derechos.33 Queja: Es la petición que se presenta contra una conducta, por activa o pasiva, presuntamente de un funcionario público o unparticular con la aquiescencia o tolerancia <strong>del</strong> primero, mediante la cu<strong>al</strong> se amenaza o viola un derecho humano. Igu<strong>al</strong>mente,armado interno.34 Solicitud:acuda en forma especi<strong>al</strong> ante una autoridad o particular que tiene por función lograr la re<strong>al</strong>ización de un derecho reconocidopor la Constitución, la ley o un acto administrativo, previa solicitud <strong>del</strong> interesado.
104 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Cuadro N° 1PETICIONES ATENDIDAS AÑO 2008PeticionesSubtot<strong>al</strong>Quejas 23.564Asesorías 33.007Solicitudes 15.885Tot<strong>al</strong> 72.456PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS PETICIONES. AÑO 2008Solicitudes22%Asesorías46%Quejas32%b. Análisis de la situación de derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario en el país a partir de las quejas recibidas y tramitadas porla Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> durante el año 2008Para el análisis de la situación de derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, 35 , el cu<strong>al</strong>indica por muestreo que el derecho más transgredido en el país durante el año 2008 fueel derecho internacion<strong>al</strong> humanitario con 11.462 quejas; seguido <strong>del</strong> derecho humano a las<strong>al</strong>ud con 2.934 quejas; los derechos de los desplazados por la violencia con 1.953 quejas; elderecho de petición con 1.732 quejas, y el derecho a la vida con 1.203. El tot<strong>al</strong> de estas quejaspor derechos más vulnerados asciende a 19.284: un 81.8 % de las recibidas por la DefensoríaCuadro N° 2LOS CINCO DERECHOS MÁS VIOLADOS DURANTE EL AÑO 2008SEGÚN EL REGISTRO DE QUEJAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLODERECHOS VIOLADOSDerecho internacion<strong>al</strong> humanitario 11.462A la s<strong>al</strong>ud 2.934De los desplazados 1.95335 “Es la gestión defensori<strong>al</strong>, en ejercicio de la misión constitucion<strong>al</strong> y leg<strong>al</strong> entregada a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en la que anteel conocimiento de una situación relativa <strong>al</strong> derecho interno, a los derechos humanos o <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario yde conformidad con el contenido y <strong>al</strong>cance de estos, se asesora, apoya o se insta con fuerza mor<strong>al</strong> y jurídica a las autoridades oparticulares que prestan un servicio público, para que actúen de conformidad con su competencia”. Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Manu<strong>al</strong> deProcesos y Procedimientos para la Atención y Trámite de Peticiones. Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas,. 2008.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>105LOS CINCO DERECHOS MÁS VIOLADOS DURANTE EL AÑO 2008SEGÚN EL REGISTRO DE QUEJAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLODe petición 1.732A la vida 1.203Tot<strong>al</strong> de los cinco derechos más violados 19.284LOS CINCO DERECHOS MÁS VIOLADOS. AÑO 2008SEGÚN EL REGISTRO DE QUEJAS DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLODe petición9%A la vida6%De los desplazados10%A la s<strong>al</strong>ud15%Infracciones <strong>al</strong>derecho internacion<strong>al</strong>humanitario60%b.1. El derecho a la vidaEl registro de quejas indica una situación preocupante respecto <strong>al</strong> derecho a la vida,tanto desde la perspectiva de los derechos humanos como <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario. Las quejas por ejecuciones extrajudici<strong>al</strong>es o arbitrarias y homicidiosindividu<strong>al</strong>es en personas protegidas, de presunta responsabilidad de miembros de la fuerzapública y de actores armados ileg<strong>al</strong>es, respectivamente, da cuenta de los siguientes datos.1.1. Las ejecuciones extrajudici<strong>al</strong>es o arbitrariasLas quejas por ejecuciones arbitrarias, de presunta responsabilidad de miembros <strong>del</strong>a fuerza pública, son las que se ilustran en el siguiente cuadro N° 3. Otros presuntosresponsables por la misma conducta aparecen en el cuadro Derecho a la vida. Presuntosresponsables. Año 2008 que corresponde <strong>al</strong> anexo N° 6 (ver ordin<strong>al</strong> f).Cuadro N° 3QUEJAS POR EJECUCIONES ARBITRARIAS. PRESUNTOS RESPONSABLESMIEMBROS DE LA FUERZA PÚBLICA. AÑO 2008PRESUNTOS RESPONSABLESEjército Nacion<strong>al</strong> 140Policía Nacion<strong>al</strong> 12Armada Nacion<strong>al</strong> 1Fuerza Aérea Colombiana 0Tot<strong>al</strong> 153
106 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>QUEJAS POR EJECUCIONES ARBITRARIAS. PRESUNTOS RESPONSABLES MIEMBROSDE LA FUERZA PÚBLICA. AÑO 2008140120100806040200Ejército Nacion<strong>al</strong> Policía Nacion<strong>al</strong> Armada Nacion<strong>al</strong> Fuerza Aérea1.2. Homicidios individu<strong>al</strong>es de personas protegidasHubo 946 quejas radicadas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> durante el año 2008, comohomicidios individu<strong>al</strong>es de personas protegidas, de presunta responsabilidad de miembrosDe estas quejas, en 881 se atribuyó por los peticionarios la presunta responsabilidad amiembros de estructuras de autodefensas no desmovilizadas y grupos que emergen conposterioridad a la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia; a la guerrillade las Fuerzas Armadas Revolucionarias Ejército <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> FARC le atribuyeron presuntaresponsabilidad en 49 quejas, a miembros de grupos guerrilleros no determinados 11quejas y <strong>al</strong> Ejército de Liberación Nacion<strong>al</strong>, ELN, le atribuyeron presunta responsabilidaden 5 quejas.Sobre las quejas donde se atribuye responsabilidad por esta conducta a miembros <strong>del</strong>a fuerza pública. Ver anexo N.° 2. Infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.Presuntos responsables. Año 2008 (ver ordin<strong>al</strong> f).Cuadro N° 4HOMICIDIOS INDIVIDUALES EN PERSONAS PROTEGIDAS. ACTORES ARMADOS ILEGALES AÑO 2008Estructuras no desmovilizadas de las Autodefensas Unidas de Colombia, AutodefensasIndependientes y otros grupos armados ileg<strong>al</strong>es post desmovilización de las Autodefensas881Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC 49Grupos guerrilleros no determinados 11Ejército de Liberación Nacion<strong>al</strong> ELN 5Tot<strong>al</strong> 946
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>107HOMICIDIOS INDIVIDUALES EN PERSONAS PROTEGIDAS.ACTORES ARMADOS ILEGALES AÑO 20089008007006005004003002001000Estructuras no desmovilizadasde las Autodefensas Unidasde Colombia, autodefensasindependientes y otrosgrupos armados ileg<strong>al</strong>es posdesmovilización de las AutodefensasFARCGrupo guerrillerono determinadoELNLas anteriores quejas, debidamente documentadas, fueron remitidas a las entidadescompetentes: la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación, laDirección Nacion<strong>al</strong> de la Justicia Pen<strong>al</strong> Militar y el Ministerio de Defensa.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en relación con el derecho a la vida manifestó durante elaño 2008 en diversas oportunidades su condena frente a homicidios y masacres que seefectuaron en diferentes regiones <strong>del</strong> país 36 .No obstante, las medidas positivas <strong>del</strong> Estado para proteger el derecho a la vida,investigar, juzgar y sancionar a los presuntos responsables de estas conductas, entre lasde Seguridad Departament<strong>al</strong>es con participación <strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong>, el seguimiento <strong>al</strong>as Directivas 10 y 19 <strong>del</strong> 2007, emitidas por el Ministerio de Defensa; la implementación Extr<strong>al</strong>eg<strong>al</strong>es, Arbitrarias o Sumarias de las Naciones Unidas, en especi<strong>al</strong> por la Comisiónlos hechos de desaparición forzada y posterior muerte violenta de jóvenes <strong>del</strong> municipio deSoacha, Cundinamarca, a los que miembros <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> reportaron como caídosen combate; el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ve con preocupación que durante el 2008 se hubieranseguido cometiendo ejecuciones extrajudici<strong>al</strong>es o arbitrarias.T<strong>al</strong>es ejecuciones se produjeron en varias partes <strong>del</strong> país, fueron atribuidas en presuntaresponsabilidad de miembros de la fuerza pública de diferentes unidades militares,36 http://www.defensoria.org.co/red/?_secc=03. (22- 07-09).
108 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>y llevaron a la Alta Comisionada de Naciones Unidas, a concluir que “las ejecucionesextrajudici<strong>al</strong>es no son hechos aislados sino una práctica muy extendida cometida por unimportante número de unidades militares (…) 37 ”.Al respecto, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en la gestión de quejas por presunta violación <strong>al</strong>derecho a la vida bajo la conducta de ejecuciones extrajudici<strong>al</strong>es o arbitrarias, en reiteradasoportunidades ha solicitado a la justicia pen<strong>al</strong> militar que no reclame competenciaen procesos por conductas constitutivas de violaciones de los derechos humanos oinfracciones <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario y a la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación,que actúe de conformidad con el principio internacion<strong>al</strong>, en virtud <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> los militaresy policías a quienes se imputen violaciones de los derechos humanos o infracciones <strong>al</strong>derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, deben ser procesados por la jurisdicción ordinaria.b.2. Análisis de quejas sobre desaparición forzada de personas en los últimossiete añosEl registro actu<strong>al</strong> de quejas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> da cuenta de 921 quejas,recibidas y tramitadas por violación <strong>al</strong> derecho fundament<strong>al</strong> a no ser desaparecido demanera forzada, entre los años 2002 <strong>al</strong> 2008. Este dato institucion<strong>al</strong> surge <strong>del</strong> proceso defueron concluidas durante el año en que se recibieron.Así, se estableció que en el año 2002, se pasó a 160 quejas; en el año 2003, a 116; en elaño 2004, a 142 38 ;en el año 2005, a 128 39 ; en el año 2006, a 121; y en los dos últimos años,se registró: 151 para el 2007 y 103, para el 2008. La tendencia de quejas por la conducta200TENDENCIA DEL REGISTRO ACTUAL DE QUEJAS POR PRESUNTA VIOLACIÓN AL DERECHO ANO SER DESAPARECIDO DE MANERA FORZADA. AÑOS 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 y 2008150100500AÑO 2002 AÑO 2003 AÑO 2004 AÑO 2005 AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 200837 Naciones Unidas. <strong>Informe</strong> de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sobre la Situaciónde Derechos Humanos y Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario en Colombia. (Del 1 de enero <strong>al</strong> 31 de diciembre de 2008).Doc.A/HRC/10/32,9 de marzo de 2009, página 8.Igu<strong>al</strong>mente, el profesor Phillip Alston, Relator Especi<strong>al</strong> de las Naciones Unidas para las Ejecuciones Arbitrarias señ<strong>al</strong>ó enreciente visita a Colombia que esta práctica “fueron llevadas a cabo de una manera más o menos sistemática, por una cantidadlas Ejecuciones Arbitrarias Misión a Colombia <strong>del</strong> 8 <strong>al</strong> 18 de junio <strong>del</strong> 2009.En:www.hchr.org.co/documentos e informes/documentos/relatores especi<strong>al</strong>es/2009/relatores.php3?cod =2&cat=80.38 XI <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República. Año 2003. p. 241.39 XIV <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República. Año 2005. p. 453.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>109El mismo análisis de quejas sobre presunta violación <strong>al</strong> derecho a no ser desaparecidode manera forzada por departamentos y en el mismo periodo, permite establecer que eldepartamento que más desapariciones forzadas ha presentado es el de Antioquia con 147quejas, seguido de los departamentos de Santander con 134 quejas y el V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca con100 quejas.El análisis comparativo <strong>del</strong> registro actu<strong>al</strong> de estas quejas permite establecer que en elaño 2008 se recibió el menor número de quejas por esta conducta, y que, el mayor númerode quejas por t<strong>al</strong> violación fue en el año 2002. desaparecidos, se informó a la Comisión Nacion<strong>al</strong> de Búsqueda, como aporte institucion<strong>al</strong>para el registro único de desaparecidos de manera forzada en el país 40 , ver det<strong>al</strong>le en el160DERECHO A NO SER SOMETIDO A DESAPARICIÓN FORZADA. DISTRIBUCIÓN POR DEPARTAMENTO.AÑOS 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 Y 2008140120100806040200VichadaVaupésV<strong>al</strong>le <strong>del</strong> CaucaTolimaSucreSantanderSan Andrés y ProvidenciaRisar<strong>al</strong>daQuindíoPutumayoNorte SantanderNariñoMetaMagd<strong>al</strong>enaLa GuajiraHuilaGuaviareGuainíaExtranjerosBogotáCundinamarcaCórdobaChocóCesarCaucaCasanareCaquetáC<strong>al</strong>dasBoyacáBolívarAtlánticoAraucaAntioquiaAmazonas2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002Por otra, es importante tener en cuenta que la Defensoría ha detectado que son máslos perjudicados por violación a este derecho que solicitan reparación que los que estáninteresados en formular quejas por violación a este derecho fundament<strong>al</strong>; en el año 2007,la Defensoría, a través de la Unidad de Atención a Víctimas, recibió 2.286 41 solicitudes dereparación.b.3. Infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitarioSegún el registro de quejas de la Defensoría, de las 23.564 quejas registradas duranteel año 2008, 11.462 fueron infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario. Losdepartamentos más afectados, según esta muestra, fueron Antioquia con 2.163 infracciones,Caquetá con 848, Tolima con 757 y Meta con 626. Ver det<strong>al</strong>le sobre las tres conductas más40 Decreto 4218 de 2005. Reglamentario <strong>del</strong> Artículo 9 de la Ley 589 de 2000.41 XV <strong>Informe</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Páginas 742 y 749.
110 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>recurrentes: amenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la población civil o contra personasciviles; el desplazamiento forzado de las personas protegidas y los homicidios individu<strong>al</strong>esde personas protegidas.Infracciones <strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario por conductasrecurrentes y departamentos más afectados año 2008REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS INFRACCIONES AL DERECHOS INTERNACIONAL HUMANITARIOMÁS RELEVANTES POR DEPARTAMENTOS MÁS AFECTADOS. AÑO 2008Meta626Tolima757Caquetá848Antioquia2.163Nota: Información completa por departamentos. Ver anexo N° 7, p. 138.3.1. Participación de los actores armados en las infracciones <strong>al</strong> derechointernacion<strong>al</strong> humanitario. Las FARC fueron las que más infringieron elDIH en el año 2008 42El registro de quejas por infracciones <strong>al</strong> DIH de la Defensoría señ<strong>al</strong>a que los actoresarmados que más incurrieron en estas infracciones fueron los grupos armados ileg<strong>al</strong>es con11.185 quejas, y que la fuerza pública incurrió en 277 infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario durante el año 2008. De las anteriores quejas, en 208 se atribuyó presuntaresponsabilidad a miembros <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>, en 63 quejas a miembros de la PolicíaNacion<strong>al</strong> y en 6 quejas a miembros de la Armada Nacion<strong>al</strong>.42 Ver ordin<strong>al</strong> f anexo 2 Infracciones <strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario: Presuntos responsables. Año 2008.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>111Entre los actores armados ileg<strong>al</strong>es, en el 2008, según el registro de quejas de la Defensoría,a las FARC - EP se les atribuyeron 5.248 quejas y a las estructuras de autodefensas nodesmovilizadas y otros grupos armados ileg<strong>al</strong>es que surgen posdesmovilización de lasautodefensas 43 3.836.Las conductas más recurrentes en las infracciones <strong>al</strong> DIH en que incurrió la fuerzapública fueron, en su orden: amenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la población civil ocontra personas civiles, con 119 quejas, 73 de presunta responsabilidad de miembros <strong>del</strong>Ejército Nacion<strong>al</strong>, 42 de miembros de la Policía Nacion<strong>al</strong> y 4 de miembros de la ArmadaNacion<strong>al</strong>. Estas conductas recurrentes fueron seguidas <strong>del</strong> desplazamiento forzado depersonas protegidas con 57 quejas, 51 de presunta responsabilidad de miembros <strong>del</strong>Ejército Nacion<strong>al</strong> y 6 de miembros de la Policía Nacion<strong>al</strong>.El registro de quejas de la Defensoría indica que la conducta más recurrente entre losactores armados ileg<strong>al</strong>es fue también el desplazamiento forzado de personas protegidascon 5.099 quejas. La presunta responsabilidad por desplazamiento forzado entre los actoresarmados ileg<strong>al</strong>es se distribuyó de la siguiente manera: a las FARC se les atribuyó presuntaresponsabilidad en 2.973 quejas, a las estructuras no desmovilizadas de las autodefensasunidas de Colombia, autodefensas independientes y otros grupos armados ileg<strong>al</strong>esposdesmovilización de las autodefensas 44 se les atribuyó presunta responsabilidad en 1.096quejas; <strong>al</strong> Ejército de Liberación Nacion<strong>al</strong> ELN en 186 quejas, a grupos no determinadosde guerrilla se atribuyó presunta responsabilidad en 837 quejas, <strong>al</strong> Ejército Popular deLiberación EPL en 6 quejas y <strong>al</strong> Ejército Revolucionario Popular ERP en una queja.El segundo lugar, en las conductas recurrentes de infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario, de presunta responsabilidad de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es corresponde a lasamenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la población civil o contra personas civiles con 4.669quejas. Esta presunta responsabilidad se distribuye entre los armados ileg<strong>al</strong>es, así: a lasFARC EP en 2.011 quejas; a las estructuras de autodefensas no desmovilizadas y estructurasno desmovilizadas de las autodefensas unidas de Colombia, autodefensas Independientesy otros grupos armados ileg<strong>al</strong>es posdesmovilización de las autodefensas en 1.727 quejas;quejas; <strong>al</strong> ELN en 96 quejas, <strong>al</strong> EPL en 6 quejas y en una <strong>al</strong> ERG.En un tercer lugar, se encuentran las infracciones por homicidios individu<strong>al</strong>es contrapersonas protegidas, de las cu<strong>al</strong>es la mayor presunta responsabilidad entre los armadosileg<strong>al</strong>es se atribuyó a las estructuras de autodefensas no desmovilizadas y otros gruposarmados ileg<strong>al</strong>es que surgen después de la desmovilización de las autodefensas, en 881quejas; seguidas de las FARC EP en 49 quejas; grupos guerrilleros no determinados en 11quejas y el ELN en 5 quejas.43 Común a los Cuatro Convenios de Ginebra y Art. 1 <strong>del</strong> Protocolo II).44 Para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> las conductas desarrolladas por las estructuras no desmovilizadas de las autodefensas unidasde Colombia, autodefensas independientes y otros grupos armados ileg<strong>al</strong>es posdesmovilización de las autodefensas, seenmarcan en el ámbito <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, con fundamento en lo establecido en el artículo 3 Común a losCuatro Convenios de Ginebra y el artículo 1 <strong>del</strong> Protocolo II.
112 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO.PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR PRESUNTO RESPONSABLE. AÑO 2008FUERZA PÚBLICA2%GRUPOS ARMADOS AL MARGEN DE LA LEY98 %3.2. El reclutamiento forzado de menores de edad continuó durante el año 2008No obstante los esfuerzos de la Defensoría por hacer presencia en todo el territorionacion<strong>al</strong>, a través de proyectos de fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>, la solicitud de medidas deprevención y protección para los menores de edad y las gestiones desplegadas en la atención ytrámite de quejas, en las que reiteradamente se requiere a las autoridades compelidas a brindarla protección debida a los niños y niñas <strong>del</strong> país, en el año 2008 se recibieron 55 quejas porreclutamiento forzado de menores de edad. A las FARC - EP se les atribuyó responsabilidaden 37 quejas, a las estructuras no desmovilizadas de las autodefensas unidas de Colombia,autodefensas independientes y otros grupos armados ileg<strong>al</strong>es posdesmovilización de lasautodefensas, por 10 quejas, <strong>al</strong> ELN por 6 quejas y grupo guerrillero no determinado por 2,t<strong>al</strong> como aparece en el cuadro respectivo Anexo N° 2 y en el cuandro N° 5 siguiente.Cuadro Nº 5QUEJAS POR EL RECLUTAMIENTO FORZADO DE MENORES DE EDAD AÑO 2008PRESUNTOS RESPONSABLESNo.Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Ejército <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> FARC - EP 37Estructuras no desmovilizadas de las autodefensas unidas de Colombia, autodefensasindependientes y otros grupos armados ileg<strong>al</strong>es posdesmovilización de las autodefensas10Ejército de Liberación Nacion<strong>al</strong> ELN 6Grupo guerrillero no determinado 2Tot<strong>al</strong> 55c. Violaciones a los derechos humanos y fundament<strong>al</strong>es 45Las cifras de atención y trámite de quejas de la Defensoría, indican que entre losderechos más violados en Colombia, durante el año 2008, está el derecho a la s<strong>al</strong>ud con45 Ver ordin<strong>al</strong> f Anexo No. 1. Derechos presuntamente violados. Cuadro gener<strong>al</strong>. Año 2008
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1132.934 quejas, los derechos de los desplazados con 1.953 quejas, el derecho de petición con1.732 y el derecho a la vida con 1.203 quejas (Anexo 1).Las conductas más recurrentes en la violación <strong>al</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud fueron la negaciónpago de los aportes de s<strong>al</strong>ud. Respecto a los derechos de los desplazados las conductasmás frecuente fueron la negación de atención humanitaria de emergencia en <strong>al</strong>imentación,elementos de hábitat interno y s<strong>al</strong>ud pública; las irregularidades en el proceso de inscripciónde las personas desplazadas por la violencia y la negación de consolidación, estabilizaciónsocioeconómica en programas de acceso a viviendas de interés soci<strong>al</strong>.Con relación <strong>al</strong> derecho de petición, las conductas de violación fueron el no responderde fondo lo solicitado en la petición, inobservancia de procedimientos prescritos en la leyo reglamentos para recepción de peticiones y no responder en los términos señ<strong>al</strong>ados porla ley las conductas más recurrentes con relación a las quejas por violación <strong>al</strong> derecho <strong>al</strong>a vida, fueron amenazas de muerte, ejecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es y homicidiosmúltiples. Ver det<strong>al</strong>le en el cuadro siguiente.Cuadro N° 6DERECHOSCONDUCTAS MÁS RECURRENTES EN VIOLACIÓN A LOSDERECHOS HUMANOS, MÁS VIOLADOS. AÑO 2008CONDUCTASA la s<strong>al</strong>udNegación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 1.522Deficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 1.379No pago de los aportes <strong>al</strong> Sistema de S<strong>al</strong>ud 33Tot<strong>al</strong> a la S<strong>al</strong>ud 2.934Negación de atención humanitaria , de emergencia, en<strong>al</strong>imentación, elementos de hábitat interno y s<strong>al</strong>ubridad pública1.014De los desplazadosIrregularidades en el proceso de inscripción de las personasdesplazadas por la violencia375Negación de consolidación, estabilización socioeconómica, enprogramas, acceso a vivienda de interés soci<strong>al</strong>180Otros 384Tot<strong>al</strong> Desplazados 1.953No resolver de fondo lo solicitado en la petición. 1.275De peticiónInobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones292No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 165Tot<strong>al</strong> de Petición 1.732Amenazas de muerte 982A la vidaEjecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es 213Homicidios múltiples (masacres) 8Tot<strong>al</strong> Vida 1.203
114 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>c.1. Participación en la presunta responsabilidad por la violación de losderechos humanosEn la participación de la presunta responsabilidad por violaciones a los derechos,se establece que existen quejas con más de un derecho y conducta violada -t<strong>al</strong> como seadvirtió en el ordin<strong>al</strong> a) sobre el Anexo N° 1.1.1. Presunta responsabilidad por la violación <strong>al</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud. El registrode quejas de la Defensoría indica que en el año 2008, la presunta responsabilidad por laviolación <strong>al</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud recayó sobre los particulares que cuentan con la colaboracióno aquiescencia de funcionarios públicos y que prestan el servicio público de s<strong>al</strong>ud, con 1.356quejas, seguidas de las autoridades <strong>del</strong> orden departament<strong>al</strong> con 725 quejas, las autoridades<strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> con 258 quejas, las autoridades <strong>del</strong> orden municip<strong>al</strong> con 186 quejas,<strong>del</strong> orden distrit<strong>al</strong> con 175 quejas y <strong>del</strong> Instituto Penitenciario y Carcelario, INPEC, con133 quejas, entre otros. Ver Anexo N° 3. Derecho a la s<strong>al</strong>ud. Presuntos responsables. Año2008. (ver ordin<strong>al</strong> f).1.2. Presunta responsabilidad por la violación a los derechos de los desplazadospor la violencia 46 . La presunta responsabilidad por la violación a estas víctimas en el año2008 recayó en su orden en las autoridades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> en 1.713 quejas, seguidas <strong>del</strong>as autoridades <strong>del</strong> orden departament<strong>al</strong> en 111 quejas, las autoridades <strong>del</strong> orden municip<strong>al</strong>con 97 y <strong>del</strong> orden distrit<strong>al</strong> con 23 quejas, entre otras.1.3. Presunta responsabilidad por la violación <strong>al</strong> derecho de petición 47 . El registrode quejas de la Defensoría señ<strong>al</strong>a que la mayor presunta responsabilidad en la violación aeste derecho fundament<strong>al</strong> es de las autoridades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> con 494 quejas, seguidasde las autoridades <strong>del</strong> orden municip<strong>al</strong> con 286, las autoridades <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> con183 quejas, <strong>del</strong> orden departament<strong>al</strong> con 172 queja, de la Policía Nacion<strong>al</strong> con 73 quejas y<strong>del</strong> INPEC con 45 quejas.1.4. Presunta responsabilidad por la violación <strong>al</strong> derecho a la vida. Preocupan <strong>al</strong>a Defensoría, y así lo ha reiterado en este informe, las violaciones <strong>al</strong> derecho fundament<strong>al</strong>a la vida que compromete las obligaciones de respeto y garantía <strong>del</strong> Estado colombiano,desde el ámbito de los derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario; asícomo la acción y omisión de funcionarios públicos que tienen la obligación de respetar ygarantizar ese derecho.Se res<strong>al</strong>tan los homicidios cometidos en personas protegidas, de presunta responsabilidadde actores armados ileg<strong>al</strong>es, en un número de 946, y las ejecuciones extrajudici<strong>al</strong>es depresunta responsabilidad de miembros de la fuerza pública, en número de 153. Sobrela presunta responsabilidad de estas violaciones por conductas y responsables directos,nos referimos en el aparte titulado Análisis de la Situación de Derechos Humanos y <strong>del</strong> DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario en el país, a partir de las quejas recibidas y tramitadas por laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> durante el año 2008.Es de res<strong>al</strong>tar que en este período se registraron ocho (8) quejas por homicidiosmúltiples en personas protegidas o masacres, de las cu<strong>al</strong>es, cuatro (4) se atribuyen en46 Ver Anexo Nº 4. Derechos de los desplazados. Presuntos responsables. Año 2008. Ordin<strong>al</strong> f.47 Ver Anexo Nº 5. Derecho de petición. Presuntos responsables. Año 2008. Ordin<strong>al</strong> f.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>115presunta responsabilidad a miembros <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>; una (1) a particulares conla colaboración, aquiescencia o tolerancia <strong>del</strong> Estado, y tres (3) se encuentran en estudiosobre la presunta responsabilidad.Con relación a la conducta de amenazas de muerte, se registraron 982 quejas porpresunta responsabilidad: 577 quejas en estudio; 210 se atribuyen a particulares queactúan con colaboración, aquiescencia o tolerancia <strong>del</strong> Estado; 63 a miembros de la PolicíaNacion<strong>al</strong>; 31 a miembros <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>; una (1) a la Armada Nacion<strong>al</strong>, y las demásresponsabilidades presuntas, se atribuyen a otras autoridades. Ver det<strong>al</strong>le en Anexo Nº 6.d. Situaciones de derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitariorelevantes en el país, durante el año 2008d.1. Desconocimiento de derechos a poblaciones en situación de vulnerabilidadPreocupa a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> la violación de derechos humanos en el país, enespeci<strong>al</strong> la de los grupos poblacion<strong>al</strong>es más vulnerables. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> insiste enel respeto, protección y garantías de derechos para los más desprotegidos y su re<strong>al</strong>izaciónbajo los principios de dignidad humana, autonomía, igu<strong>al</strong>dad y no discriminación y desolidaridad. La Entidad rec<strong>al</strong>ca que, desde años atrás, la prioridad de su gestión está dirigidaa la re<strong>al</strong>ización de los derechos de estos grupos poblacion<strong>al</strong>es.Según el registro de quejas, recibidas y tramitadas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> duranteel año de 2008, entre los grupos vulnerables el más afectado fue el de los desplazados porla violencia, seguido de los niños, los reclusos y los indígenas.De las 23.564 quejas, recibidas y tramitadas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, durante el año2008, por presunta violación a los derechos humanos, en 8.302 quejas, los peticionarios olas víctimas fueron personas que pertenecían a grupos vulnerables. Ver det<strong>al</strong>le en el cuadrosiguiente.Cuadro N° 7QUEJAS GRUPOS VULNERABLES MÁS AFECTADOSPOR VIOLACIÓN DE DERECHOS. AÑO 2008Población VulnerableTot<strong>al</strong> ViolacionesDesplazados por la violencia 5.955Niños 1.466Reclusos 448Indígenas 254Niñas 90Afrodescendientes 89Tot<strong>al</strong> 8.302Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas.
116 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>d.2. De las dificultades <strong>del</strong> proceso de desmovilización, desarme, reincorporacióny reintegración (DDR) con las Autodefensa, Colombia aprende para suproceso de pazLa política gubernament<strong>al</strong> para combatir a los actores armados ileg<strong>al</strong>es consistenteen incentivos para la desmovilización y entrega de armas, municiones, información yliberación de secuestrados, ha dado los siguientes resultados, de conformidad con las cifrasque maneja el Ministerio de Defensa, entre los años 2003 <strong>al</strong> 2008, se han desmovilizadoen forma individu<strong>al</strong> 16.259 personas, de las cu<strong>al</strong>es 2.904 son menores de edad 48 . De estetot<strong>al</strong> de desmovilizados, entre adultos y menores, 2.855 lo fueron en el año 2008 y en sucon el documento Conpes 3554, <strong>del</strong> 1 de diciembre de 2008, las personas desmovilizadasen forma colectiva a julio de 2008 eran 31.671 49 .En síntesis, sumados los datos <strong>del</strong> Ministerio de Defensa y <strong>del</strong> Conpes, el tot<strong>al</strong> dedesmovilizados en el país en 2008 fue de 47.930, de los cu<strong>al</strong>es, según el referido Conpes,31.417 eran participantes activos <strong>del</strong> DDR, 1.676 habían muertos y 1.726 habían sidocapturados 50 , <strong>al</strong> parecer por <strong>del</strong>itos posteriores <strong>al</strong> ingreso <strong>al</strong> proceso de desmovilización,13.111 personas que, <strong>al</strong> parecer asistieron a ceremonias de desmovilización colectiva oingresaron <strong>al</strong> Programa de Atención Humanitaria <strong>al</strong> Desmovilizado <strong>del</strong> Ministerio deDefensa, no se reportan como participantes activos <strong>del</strong> proceso de DDR.En el seguimiento <strong>al</strong> proceso de desmovilización, desarme, reincorporación yreintegración a la vida civil (DDR) de los ex integrantes de las autodefensas 51 , re<strong>al</strong>izadopor la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en ejecución <strong>del</strong> Proyecto SERCAI 52 durante el año 2008,se recibieron quejas e información sobre amenazas y atentados contra la vida e integridadperson<strong>al</strong> de participantes <strong>del</strong> DDR que se negaron a ser reclutados, como también <strong>del</strong>os que fueron reclutados. Los reclutados pasaron a fort<strong>al</strong>ecer organizaciones armadas <strong>al</strong>margen de la ley –conformadas por reductos de las autodefensas <strong>al</strong> mando de segundosdentro de la organización– que no se desmovilizaron en los actos protocolarios re<strong>al</strong>izados<strong>del</strong> 2003 <strong>al</strong> 2006 ante el Gobierno nacion<strong>al</strong>. De estas organizaciones armadas ileg<strong>al</strong>es se<strong>del</strong>ictiva que desarrollan en muchas regiones en <strong>al</strong>ianza con grupos guerrilleros.Según la misma información, se planteó que si bien las autodefensas en su procesode paz con el Gobierno nacion<strong>al</strong> lograron desmovilizar la mayoría de los miembrosde sus frentes y bloques, y desmontar, de <strong>al</strong>guna manera, sus estructuras militares, no48 Ministerio de Defensa Nacion<strong>al</strong>. República de Colombia. Programa de Atención Humanitaria <strong>al</strong> Desmovilizado. Diciembrede 2008.49 Este documento fue emitido por emitido por el Consejo Nacion<strong>al</strong> de Política Económica y Soci<strong>al</strong> sobre la “Política Nacion<strong>al</strong>de Reintegración Soci<strong>al</strong> y Económica para Personas y Grupos Armados Ileg<strong>al</strong>es. Disponible en www.reintegración.gov.co –Proceso DDR- Desarme.html.50 CONPES 3554 <strong>del</strong> 1 de diciembre de 2008. Página 17.51 Autodefensas Unidas de Colombia y Bloque Elmer Cárdenas.52 Seguimiento a la Reintegración a la Civilidad de Actores Armados Ileg<strong>al</strong>es – Desmovilizados en forma Colectiva de lasAutodefensas, en las regiones de; Antioquia, Urabá, Córdoba, Sucre, Cesar, Magd<strong>al</strong>ena, Norte de Santander, Santander yBarrancabermeja.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>117 fueron reactivadas por los mandos medios que quedaron <strong>al</strong> frente de los reductos nodesmovilizados de esa organización ileg<strong>al</strong> –como se mencionó anteriormente–, y que, sehan venido fort<strong>al</strong>eciendo, entre otros, por los desmovilizados que retomaron las armas y laactividad ilícita. A este accionar <strong>del</strong>ictivo, según la información conocida por la Defensoría,cu<strong>al</strong> se constituye en grave amenaza para la población colombiana y el proceso de paz <strong>del</strong>Gobierno nacion<strong>al</strong> con los actores armados ileg<strong>al</strong>es.Lo anterior sin que por ello se desnatur<strong>al</strong>ice la connotación de infracciones <strong>al</strong> derechointernacion<strong>al</strong> humanitario que acompañan su accionar 53 .El seguimiento <strong>al</strong> DDR con las Autodefensas, en sus diferentes etapas, y la laborincansable de las autoridades de Gobierno, tanto nacion<strong>al</strong>es como region<strong>al</strong>es, la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> viene tomando elementos, desde el 2007, para recomendar <strong>al</strong> Estado colombiano<strong>al</strong>gunas líneas de acción y estructura organizacion<strong>al</strong> que le permita construir una políticapública de atención y asistencia a los armados que deponen las armas.e. Seguimiento a las medidas de protección decretadas por el SistemaInteramericano contra el Estado de Colombia, relativas a población vulnerableNo obstante la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> haber sido excluida, por interpretaciónconstitucion<strong>al</strong> 54 , de las autoridades concernidas en el obligatorio cumplimiento de lasmedidas decretadas por los organismos <strong>del</strong> Sistema Interamericano de Derechos Humanos,Comisión Interamericana CIDH y Corte Interamericana, en razón de ser Colombia parteConvención Americana sobre Derechos Humanos 55 , ha asumido por su compromiso conla vigencia y respeto de los derechos humanos en el país, un papel de seguimiento <strong>al</strong>cumplimiento de estas medidas, teniendo en cuenta que la mayoría de ellas recaen sobregrupos poblacion<strong>al</strong>es en situación de vulnerabilidad 56 .53 “Al respecto, se destaca la reciente publicación <strong>del</strong> Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacion<strong>al</strong>es (IEPRI)en evolución permanente.con lo planteado por la Defensoría en ejecución <strong>del</strong> Proyecto SERCAI.54 Corte Constitucion<strong>al</strong>. Sentencias ST 524, 558 y 719 de 2003.55 Corte Constitucion<strong>al</strong> Sentencia ST 786 de 2009: (…) las medidas cautelares están consagradas como una de las competencias de laComisión Interamericana de las cu<strong>al</strong>es puede hacer uso para la efectiva protección de los Derechos Humanos consagrados en la Convención, y sonen el ordenamiento jurídico interno.56 Manu<strong>al</strong> de Implementación de Medidas Cautelares y Provision<strong>al</strong>es en Colombia. Sistema Interamericano de Derechos Humanos.Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia. Dirección de Derechos Humanos. Bogotá D.C. noviembre de 2008. “…Los 129 casosestán distribuidos en los siguientes grupos de población objeto: 26 corresponden a ONG de derechos humanos, 21 a líderesde derechos humanos, 15 a sindic<strong>al</strong>istas, 14 a comunidades indígenas, campesinas o afrodescendientes, 12 a testigos deviolaciones de los Derechos Humanos o Infracciones <strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario, 10 a funcionarios públicos,7 a periodistas, 4 a víctimas de violaciones a Derechos Humanos e Infracciones <strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario, 4a miembros de la comunidad educativa, 4 a personas privadas de la libertad, 3 a personas desplazadas forzadamente por laviolencia, e a autoridades loc<strong>al</strong>es, 2 a miembros de la comunidad religiosa, 2 a miembros de la misión médica, 1 a miembrosde la UP o <strong>del</strong> PCC y 1 persona enferma de sida.
118 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Ha de tenerse en cuenta que a 2007 las medidas cautelares solicitadas por la ComisiónInteramericana <strong>al</strong> Estado de Colombia eran 129 y que, a julio de 2008, las medidasprovision<strong>al</strong>es decretadas por la Corte Interamericana <strong>al</strong> Estado colombiano eran 10 57 .A continuación presentamos <strong>al</strong>gunas de las medidas solicitadas <strong>al</strong> Estado colombianopor el Sistema Interamericano, que han sido objeto de especi<strong>al</strong> seguimiento por parte <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Cuadro Nº 8. Medidas cautelares para la población reclusa de la Penitenciaríade Alta y Mediana Seguridad de Girón Santander. Año 2008ResoluciónResolución <strong>del</strong> 18 demarzo de 2004, de laComisión Interamericanade Derechos Humanos- CIDH.Medidas yPoblaciónbeneficiariainici<strong>al</strong>mente1.- Adoptar las medidasnecesarias para separara la población carcelariaa modo de evitarsituaciones que ponganen peligro la vida o laintegridad person<strong>al</strong> <strong>del</strong>os 108 autodenominadospresos políticosdetenidos en el CentroPenitenciario de AltaSeguridad en el kilómetro14 Vereda P<strong>al</strong>oGordo, municipio deGirón, departamento deSantander.2.- Concertar las medidasa adoptarse conla participación de lospeticionarios”.Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas.Situación de lasmedidasEl año 2008 se caracterizópor la re<strong>al</strong>izaciónde 3 huelgas dehambre, el 8 de enero,el 31 de marzo y el 29de diciembre de 2008.Los internos buscabanpor este medio llamarla atención <strong>del</strong> InstitutoNacion<strong>al</strong> Penitenciario yCarcelario INPEC sobresus solicitudes de trasladosa otros centroscarcelarios.Los traslados de 6 internoscobijados conmedidas cautelares aotros centros carcelarios<strong>del</strong> país dio origenpara que el Ministeriode Relaciones Exterioresconsiderara que fuesuperado el riesgo queacarreaba para sus vidase integridad person<strong>al</strong>la permanencia enel establecimiento carcelariode P<strong>al</strong>o Gordo.En t<strong>al</strong> virtud, el Gobiernonacion<strong>al</strong> solicitó a laCIDH el levantamiento yarchivo de las medidascautelares decretadasa favor de los referidosbeneficiarios.Poblaciónactu<strong>al</strong>mentebeneficiariaSegún información <strong>del</strong>a Defensoría, a julio de2008, había 40 internoscobijados con las medidasde la Comisión.Gestióndefensori<strong>al</strong> antelas autoridadesconcernidas conlas medidasInsistente solicitud dirigida<strong>al</strong> Ministerio deRelaciones Exteriorespara la re<strong>al</strong>ización dereuniones extraordinariasde seguimiento,ante las huelgas dehambre.Solicitudes <strong>al</strong> INPECy a la ProcuraduríaGener<strong>al</strong> de la Naciónpara el inicio de lasinvestigaciones contr<strong>al</strong>as autoridades por lano respuesta a las solicitudesde traslados <strong>del</strong>os beneficiarios de lasmedidas.Visitas a la penitenciaríacon el fin de verificarel estado de s<strong>al</strong>ud <strong>del</strong>os internos ante lasquejas recibidas por lano atención por partede las autoridades carcelarias.Frente <strong>al</strong> temade la huelga de hambre,la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Region<strong>al</strong> Santandercon la ProcuraduríaRegion<strong>al</strong> re<strong>al</strong>izaron loscontroles para que elárea de sanidad brindarála atención en s<strong>al</strong>udrequerida a los huelguistas.57 Ibíd. Páginas 20 y 25.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>119Cuadro N° 9. Medidas provision<strong>al</strong>es para la población indígena. <strong>Pueblo</strong>Kankuamo. Departamentos de Magd<strong>al</strong>ena y Guajira. Año 2008Resolución1.- Adoptar sindilación las medidasnecesariaspara protegerla vida y la integridadperson<strong>al</strong>de todos losmiembros de lascomunidadesque integran elpueblo indígenakankuamo.2.- Investigar loshechos que motivanla adopciónde estas medidasprovision<strong>al</strong>escon el fin deidentificar a losresponsables eimponerles lassanciones correspondientes”.3.- Garantizarlas condicionesde seguridadnecesarias paraque se respete elderecho a la librecirculación <strong>del</strong>as personas <strong>del</strong>pueblo indígenakankuamo, asícomo de quienesse hayan vistoforzadas a desplazarsea otrasregiones puedanregresar a sushogares si lo desean.Medidas yPoblaciónbeneficiariaMediante Resolución<strong>del</strong> 5 de indígena kankuamo.Habitantes <strong>del</strong> pueblojulio <strong>del</strong> 2004 laCIDH ordenó <strong>al</strong>Estado colombiano:Situación de las medidasEl grupo de trabajo constituido por entidades <strong>del</strong>orden nacion<strong>al</strong>, departament<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong> y de comúnacuerdo con la comunidad indígena kankuamapara dar cumplimiento a los compromisos acordadostanto con las entidades estat<strong>al</strong>es como conla misma organización indígena kankuama, en elmarco de las medidas provision<strong>al</strong>es, revisó los temasrelativos a seguridad, protección, el estado <strong>del</strong>as investigaciones y la inversión soci<strong>al</strong>.En lo que atañe <strong>al</strong> estado de las investigacionessobre los hechos que dieron origen a la adopciónde las medidas provision<strong>al</strong>es tanto los beneficiarioscomo los peticionarios res<strong>al</strong>tan el trabajo <strong>del</strong>a Unidad Nacion<strong>al</strong> de Derechos Humanos y DIHde la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> y de la comisión especi<strong>al</strong> deinvestigadores que se designó para avanzar en lasinvestigaciones de los cien (100) casos seleccionadosde los cu<strong>al</strong>es se consiguió la reactivaciónde (66); se dictaron (29) órdenes de captura; (13)medidas de aseguramiento y se re<strong>al</strong>izaron (2) capturas.Además de las (395) declaraciones y más de(1.000) personas vinculadas.Sin embargo, llama la atención no soslayar el temade las medidas de protección para los testigos. Lospeticionarios expresan su profunda preocupaciónpor la ausencia de investigaciones por el <strong>del</strong>itode desplazamiento forzado. Sobre este tema laFisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación señ<strong>al</strong>ó que por distribuciónde trabajo, las mismas son conocidas porla Unidad Antisecuestro. Además, que el <strong>del</strong>ito dedesplazamiento es considerado como un <strong>del</strong>ito conexo,razón por la cu<strong>al</strong> sostiene que es necesarioincrementar el número de investigaciones e imputarcargos por este <strong>del</strong>ito.En el tema de la protección y seguridad de losmiembros de la comunidad kankuama se registraroncasos de asesinatos selectivos, desaparicionesforzadas, amenazas e intimidaciones, secuestrosy desplazamientos forzados, como el homicidiode Juan Carlos Arias Montero, desplazado en V<strong>al</strong>ledupar,oriundo de la comunidad de Guatapurí ymuerto en combate, el 3 de septiembre de 2008,por miembros <strong>del</strong> Bat<strong>al</strong>lón Rondón de la DécimaBrigada blindada en las estribaciones de la serranía<strong>del</strong> Perijá (jurisdicción de La Jagua <strong>del</strong> Pilar,Guajira). El asesinato de dos jóvenes kankuamosen hechos ocurridos en la cabecera municip<strong>al</strong> deV<strong>al</strong>ledupar el 30 de noviembre de 2008. La retenciónde otro joven oriundo de la comunidad de losGestión defensori<strong>al</strong> antelas autoridades concernidascon las medidasA la Procuraduría Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong>a Nación para agilizar lasinvestigaciones correspondientes.Seguimiento permanente <strong>al</strong>os acuerdos y compromisosinstando a las autoridadesa agilizar la implementaciónde las acciones conducentespara llevar a buen término losacuerdos convenidos.Insistencia en que se agilicenlas investigaciones. En esesentido se hizo un llamado <strong>al</strong>a Procuraduría Region<strong>al</strong> deCesar para que se mantengavigilante frente <strong>al</strong> desarrollode dichas investigaciones.Participación activa en la comisiónde la cu<strong>al</strong> hizo parte laDécima Brigada Blindada y elComando Departament<strong>al</strong> dePolicía <strong>del</strong> Cesar que visitó el18 de abril de 2008 la comunidadde Atanquez con el fin <strong>del</strong>evantar información sobre lasjóvenes embarazadas y abandonadas.Solicitud de informes a laadministración municip<strong>al</strong> deV<strong>al</strong>ledupar sobre las accionesa<strong>del</strong>antadas con la fin<strong>al</strong>idadde resolver el problema degobernabilidad generado porla presencia de las dos autoridadesen el resguardo.
120 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>ResoluciónMedidas yPoblaciónbeneficiariaSituación de las medidasGestión defensori<strong>al</strong> antelas autoridades concernidascon las medidas4.- Dar participacióna losbeneficiarios deestas medidas enla planificación eimplementaciónde las mismas, yque en gener<strong>al</strong>les mantenga informadossobreel avance de laejecución de lasmedidas ordenadaspor la CorteInteramericanade Derechos Humanos.áticos, <strong>al</strong> parecer, por parte de los miembros de lasautodefensas gaitanistas. La desaparición de LuisEduardo Guerra, originario de La Mina el 14 dejunio de 2008.El 12 de marzo de 2008 se celebró la reunión entrelas autoridades <strong>del</strong> pueblo kankuamo y la fuerzapública convocada por la Coordinación para la SierraNevada de Santa Marta (Proyecto de Atención aComunidades en Riesgo, <strong>del</strong> Programa Presidenci<strong>al</strong>de Derechos Humanos y DIH) en el marco de loscompromisos adquiridos en la Mesa de Trabajo Interinstitucion<strong>al</strong>de Seguimiento a la Aplicación <strong>del</strong>as Medidas Provision<strong>al</strong>es otorgada por la CIDH<strong>al</strong> pueblo kankuamo, con un objetivo: tramitary dar respuesta a las quejas relacionadas con elcomportamiento de la fuerza pública <strong>al</strong> interior <strong>del</strong>resguardo indígena kankuamo.La quejas presentadas por las autoridades <strong>del</strong> pueblokankuamo están relacionadas con los operativosre<strong>al</strong>izados por miembros <strong>del</strong> Bat<strong>al</strong>lón La Popa,quienes acompañados por encapuchados, hacíanseñ<strong>al</strong>amientos contra diversos miembros de lacomunidad.Los acuerdos establecidos se incumplieron por lascapturas y detenciones de indígenas desmovilizadosde la guerrilla, que se produjeron después decierto tiempo de retorno a sus comunidades, en losretenes dispuestos por la fuerza pública en la víaque de V<strong>al</strong>ledupar conduce <strong>al</strong> resguardo por losdaños que causó el bombardeo de la Fuerza Aéreasobre un lugar sagrado conocido como La Nevadita;por el desarraigo de la finca La Federación a quefueron obligados por parte de la guerrilla; por loscontroles que ha impuesto la Estación de Policía deAtanquez a todas las personas que habitan el resguardo,tomando nombres, lugar de residencia y,con la situación de <strong>al</strong>gunas jóvenes que resultaronembarazadas por miembros de la fuerza pública,<strong>al</strong> parecer, jóvenes que han sido abandonadas consus hijos.Uno de los temas más recurrentes planteados en eldesarrollo de las medidas provision<strong>al</strong>es ha sido el<strong>del</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> gobierno propio <strong>del</strong> pueblokankuamo, ya que el municipio de V<strong>al</strong>ledupar sostienela figura de los corregimientos <strong>al</strong> interior <strong>del</strong>resguardo, situación que se ha convertido en fuentepermanente de controversias entre dos tipos deautoridades: los cabildos indígenas y los inspectoresrur<strong>al</strong>es, dependientes de la administración municip<strong>al</strong>.Se persiste en consolidar la gobernabilidad<strong>del</strong> propio pueblo kankuamo.Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>121Cuadro N° 10. Medidas cautelares para la población indígena. <strong>Pueblo</strong>wiwa. Sierra Nevada de Santa Marta, departamento de Guajira. Año 2008Solicitudde la CIDHResolución <strong>del</strong>4 de febrerode 2005 de laComisión InteramericanadeDerechos Humanos.Solicitó <strong>al</strong>Estado colombianoadoptarmedidas cautelaresa favor <strong>del</strong>pueblo indígenawiwa de la SierraNevada de SantaMarta.Medidas ypoblaciónbeneficiariaBeneficiarios: Todo el puebloindígena wiwa de la SierraNevada de Santa Marta.Medidas de la CIDH solicitó:1. Adoptar las medidas necesariaspara preservar lavida y la integridad person<strong>al</strong>de los miembros <strong>del</strong>pueblo wiwa de la SierraNevada de Santa Marta,respetando su identidadcultur<strong>al</strong> y protegiendo laespeci<strong>al</strong> relación que tienecon su territorio, conformea las obligaciones contraídaspor el Estado.2. Brindar atención humanitariaa las víctimas dedesplazamiento y de lacrisis <strong>al</strong>imentaria, en particulara las niñas y niños<strong>del</strong> pueblo indígena.3. Concertar las medidas deprotección colectiva, incluyendola presencia deun defensor comunitario,con los beneficiarios, através de sus organizacionesrepresentativas WiwaBukuanarúa TayronaOBYBT y la OrganizaciónGonabindua Tayrona y lospeticionarios, y4. Adoptar las medidas necesariasa fin de ponertérmino a los hechos deviolencia y las amenazasproferidas en contra de lacomunidad beneficiaria.Situación de las medidasEn el mes de septiembre de 2007 se conformó laMesa de Trabajo Interinstitucion<strong>al</strong> para la implementacióny seguimiento de las medidas cautelaresde la cu<strong>al</strong> hacen parte autoridades indígenas,peticionarios y el Estado. Dicha Mesa se conformópara la implementación y seguimiento de las medidascautelares, con las siguientes funciones:1. Re<strong>al</strong>izar periódicamente reuniones en las queparticipen las instituciones públicas, las entidadesterritori<strong>al</strong>es, los peticionarios y los beneficiariosde las medidas. Las cu<strong>al</strong>es se re<strong>al</strong>izanrotativamente en los distintos departamentosque cobijan el territorio ancestr<strong>al</strong> habitado porel pueblo indígena wiwa.2. Cuando la urgencia a la gravedad de las circunstanciasasí lo ameriten, previa ev<strong>al</strong>uaciónde la Mesa de Trabajo se efectuarán visitas extraordinarias<strong>al</strong> territorio wiwa, para averiguarsobre los hechos ocurridos y brindar acompañamientoa las comunidades.3. Desde la Mesa de Trabajo se propondrán medidasde promoción y protección de DD. HH. <strong>del</strong>pueblo wiwa, atendiendo a sus usos y costumbresy procedimientos.4. Habilitar espacios que se acuerden en la mesaque permitan fort<strong>al</strong>ecer en la práctica las relacionesentre las autoridades tradicion<strong>al</strong>es <strong>del</strong>pueblo wiwa y las instituciones públicas de caráctermunicip<strong>al</strong>, departament<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong>, conrespecto <strong>al</strong> cumplimiento de los compromisosadquiridos por dichas autoridades en el marcode las medidas cautelares.5. Trasmitir las quejas a las autoridades competentes,sobre violaciones de DD. HH. <strong>del</strong> puebloindígena wiwa, beneficiario de las medidascautelares.El 12 de diciembre de 2008 se llevó a cabo unareunión de seguimiento, en la cu<strong>al</strong> los beneficiariosmanifestaron su inconformidad pues habíatranscurrido más de un año sin que se hubiesea<strong>del</strong>antado una reunión, cuando el compromisoera que estas se efectuarían cada tres meses. Ademásde lo anterior, expresaron su desconcierto con<strong>al</strong>gunas acciones que se dieron por parte <strong>del</strong> Ejér-Gestión defensori<strong>al</strong>ante lasautoridadesconcernidas conlas medidasLa Defensoría participóen la Mesa de TrabajoInterinstitucion<strong>al</strong>; hizoseguimiento a los compromisosadquiridospor las autoridades enel marco de sus funcionesde verificación, yconstató el avance en laentrega de equipos decomunicación y auxiliosde transporte para losbeneficiarios de las medidasque se encuentranamenazados;Re<strong>al</strong>izó gestiones antelos diferentes organismos,como Acción Soci<strong>al</strong>,orientadas a brindar unarespuesta a la situaciónde desplazamiento forzadode los miembros<strong>del</strong> pueblo wiwa.
122 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Solicitudde la CIDHMedidas ypoblaciónbeneficiariaSituación de las medidasGestión defensori<strong>al</strong>ante lasautoridadesconcernidas conlas medidascito Nacion<strong>al</strong> como el relacionado con el bloqueode <strong>al</strong>imentos que a su juicio generó problemas dedesnutrición en las niñas y niños wiwa; las detencionesarbitrarias utilizando personas encapuchadasque hacían señ<strong>al</strong>amientos contra miembrosde la comunidad indígena wiwa; el acampamentode la tropa cerca de centro de s<strong>al</strong>ud y escuelas; lautilización indebida de materi<strong>al</strong> de guerra, comoel abandono de artefactos explosivos en inmediacionesen donde se encuentra la población civil;el taponamiento de vías, entre otras situaciones.Manifestaron también la f<strong>al</strong>ta de voluntad y compromisoque existe por parte de las gobernacionesy <strong>al</strong>c<strong>al</strong>días competentes para cumplir con loscompromisos que se dan en las mesas de trabajointerinstitucion<strong>al</strong>.En relación con la situación de desplazamiento <strong>del</strong>os beneficiarios de las medidas: los peticionariosseñ<strong>al</strong>aron que 1.122 familias pertenecientes <strong>al</strong>pueblo indígena se encuentran en situación dedesplazamiento.En cuanto <strong>al</strong> tema de investigaciones pen<strong>al</strong>es: lospeticionarios manifestaron que la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong>de la Nación debería informar sobre el estado actu<strong>al</strong>de las investigaciones que cursan.Fin<strong>al</strong>mente, reconocieron el trabajo <strong>del</strong> Ministerio<strong>del</strong> Interior y de Justicia respecto a la adopción demedidas de protección.Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas.Cuadro N° 11. Medidas cautelares para la población indígena.<strong>Pueblo</strong> embera chamí. Departamentos de C<strong>al</strong>das y Risar<strong>al</strong>da. Año 2008Solicitud de la CIDHLa Comisión Interamericana de DerechosHumanos, mediante comunicación <strong>del</strong>15 de marzo de 2002, solicitó <strong>al</strong> Estadocolombiano la adopción de medidas cautelarespara proteger la vida y la integridadde los miembros de los resguardos yasentamientos de Cañamomo-Lomaprieta,San Lorenzo, Nuestra Señora Can<strong>del</strong>ariade la Montaña, Escopetera-Pirza,Población beneficiariaPoblación beneficiada: losmiembros de los resguardosy asentamientos de Cañamomo-Lomaprieta, San Lorenzo,Nuestra Señora Can<strong>del</strong>ariade la Montaña, Escopetera-Pirza, Totum<strong>al</strong>, La Trina, LaAlbania, Cerro Tacón, La Soledad;así como, a favor de losSituación <strong>del</strong>as medidasDurante el año 2008 <strong>al</strong>gunosmiembros <strong>del</strong> CRI-DEC recibieron amenazasa través de pasquines yescritos; así mismo, setuvo conocimiento depresuntos seguimientos a<strong>al</strong>gunos líderes indígenasy amenazas gener<strong>al</strong>izadasGestión defensori<strong>al</strong>ante lasautoridadesconcernidas conlas medidasDentro de las actividadesde seguimiento a las medidascautelares a favor<strong>del</strong> pueblo embera chamíde C<strong>al</strong>das se continuócon la labor de acompañamientopermanente dediferentes dependenciasde la Defensoría <strong>del</strong> Pue-
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>123Solicitud de la CIDHTotum<strong>al</strong>, La Trina, La Albania, Cerro Tacón,La Soledad; así como, a favor de losmiembros <strong>del</strong> Consejo Region<strong>al</strong> Indígenade C<strong>al</strong>das (CRIDEC), individu<strong>al</strong>izados enla solicitud de los peticionarios, incluyendoauxilio para su desplazamiento; e informarsobre las acciones adoptadas conel fin de investigar, juzgar y sancionar <strong>al</strong>os responsables de las amenazas y losactos de violencia perpetrados contra laspersonas protegidas.Población beneficiariamiembros <strong>del</strong> Consejo Region<strong>al</strong>Indígena de C<strong>al</strong>das- CRIDEC.Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas.Situación <strong>del</strong>as medidascontra <strong>al</strong>gunos miembrosde los resguardos de Cañamomo,Lomaprieta yEscopetera Pirza.Gestión defensori<strong>al</strong>ante lasautoridadesconcernidas conlas medidasblo, region<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong>,con apoyo especi<strong>al</strong> de laUnidad de Coordinacióna la Atención a los Desplazadospor la Violenciay la Delegada para losIndígenas y MinoríasÉtnicas, asistiendo a reunionesde seguimientoconvocadas por la Cancilleríay reuniones insitu, con participación de<strong>del</strong>egados <strong>del</strong> <strong>al</strong>to gobierno,los peticionariosy representantes de lacomunidad.Cuadro N° 12. Medidas cautelares para la población indígena.<strong>Pueblo</strong> embera katio. Departamento de Córdoba. Año 2008Solicitudde la CIDHNo hay resoluciónMedidas y poblaciónbeneficiaria.El 4 de junio de 2001, la CIDHotorgó medidas cautelares afavor de Kimi Domicó, UldaricoDomicó, Argel Domicó, HonorioDomicó, Adolfo Domicó, TeofanDomicó, Mariano Majore, DelioDomicó, Fredy Domicó miembrosde la comunidad indígenaembera katio <strong>del</strong> Alto Sinú secuestradosen el cabildo comunitarioy zonas <strong>al</strong>edañas.Se solicitó <strong>al</strong> Estado adoptar demanera urgente las medidasnecesarias para establecer elparadero de estos y protegerles,<strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que a los demás miembrosde la comunidad. También,se le solicitó investigar, juzgar ysancionar a los responsables <strong>del</strong>os atentados en contra de la comunidadindígena.Situación de las medidasSe constituyó la Comisión Mixtade Verificación para el seguimientoa las medidas cautelares.Su natur<strong>al</strong>eza es de caráctercivil y humanitario. Su objetivoes el seguimiento a las accionesde protección y prevención quese acuerden con la comunidad,para garantizar los derechos a lavida e integridad person<strong>al</strong> de susmiembros. Así mismo, transmitir <strong>al</strong>as autoridades competentes lassolicitudes relacionadas con losderechos económicos, soci<strong>al</strong>es ycultur<strong>al</strong>es de la misma. Esta comisióndetermina la adopción demedidas para garantizar la protecciónde la población objeto <strong>del</strong>as medidas y acompañamiento l<strong>al</strong>abor <strong>del</strong> Defensor Comunitarioque labora en esa comunidad.Gestión defensori<strong>al</strong> antelas autoridades concernidascon las medidas.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a travésde la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atencióny Trámite de Quejas, y con elapoyo de la Region<strong>al</strong> Córdoba,la Unidad de Coordinación a laAtención a los Desplazados porla Violencia y la Delegada par<strong>al</strong>os Indígenas y Minorías Étnicas,hace permanente seguimiento <strong>al</strong>as medidas pactadas para estacomunidad. Gestión en la cu<strong>al</strong> seres<strong>al</strong>tan las siguientes re<strong>al</strong>izadasdurante el 2008.En el mes de marzo, la Defensoríapuso en conocimiento de las autoridadesuna extorsión contra unode los beneficiarios de las medidas,a quien le exigían, supuestamentelas Águilas Negras, la sumade $10.000.000 de pesos, so penade darle muerte a él y a su familia.En agosto, la Defensoría conocióque miembros <strong>del</strong> EjércitoNacion<strong>al</strong>, Brigadas XVII y XI re-
124 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Solicitudde la CIDHMedidas y poblaciónbeneficiaria.No obstante, los afectadoscontinuaron presentando informacióny observaciones conrelación a estas medidas cautelares58.Situación de las medidasGestión defensori<strong>al</strong> antelas autoridades concernidascon las medidas.tuvieron, <strong>al</strong> parecer de maneraileg<strong>al</strong>, a 3 indígenas, sin reportarsu paradero y prolongaron t<strong>al</strong>situación para uno de ellos. Porestos hechos se remitió la queja a laProcuraduría Seccion<strong>al</strong> para lo de sucompetencia.En el mes de noviembre, la Defensoríareportó a las autoridadescompetentes las heridas causadasa una indígena, menor de edad, <strong>al</strong>parecer en un enfrentamiento entreel Ejército Nacion<strong>al</strong> y las FARC, el 17de noviembre de 2008. La Brigada11, PACRMIJ, Coordinación Nacion<strong>al</strong>PACR OP, prometió a la DefensoríaRegion<strong>al</strong> verificar los hechos y nogenerar combates en territorios indígenas.Cuadro N° 13. Medidas cautelares para miembros de laOrganización Femenina Popular (OFP)SolicitudCIDHEl 26 de mayode 2000 la Comisiónotorgómedidas cautelaresparaproteger a lasintegrantes <strong>del</strong>a OrganizaciónFemenina Popular(OFP) consede en Barrancabermeja.Medidas y poblaciónbeneficiaria<strong>al</strong> momento de laresoluciónIntegrantes de la Casade la Mujer de PuertoWilches, en especi<strong>al</strong> lacoordinadora Flor MaríaCañas, de la OrganizaciónFemenina PopularOFP, amenazada el 22de mayo de 2000, hechodenunciado por ella yla organización internacion<strong>al</strong>de DD. HH. quela acompañaba, ante locu<strong>al</strong> le amenazaron denuevo manifestándolesque “saben que la presenciainternacion<strong>al</strong> nodurará todo el tiempoy que las mujeres sequedarán en el pueblo[y] por tanto sufrirán lasconsecuencias”.Situación actu<strong>al</strong>de las medidasDurante el año 2008 serecibieron varias quejaspor situación de riesgoy amenaza de diferentesmiembros de laOrganización FemeninaPopular en particular desu presidenta, YolandaBecerra, así como amenazasgener<strong>al</strong>izadas <strong>al</strong>íderes soci<strong>al</strong>es y organizacionesdefensoras dederechos humanos enla región de Magd<strong>al</strong>enaMedio y en Barrancabermejaen particular.Gestión defensori<strong>al</strong> ante las autoridadesconcernidas con las medidasLa Defensoría ha hecho seguimiento y recibido y tramitadoquejas relacionadas con la situación de riesgo yamenaza contra miembros de la Organización FemeninaPopular presuntamente por parte de miembros <strong>del</strong> grupoautodenominado “Águilas Negras”, que debidamentedocumentadas se han remitido a la Dirección Gener<strong>al</strong>de la Policía Nacion<strong>al</strong>, a la Dirección de Derechos Humanos<strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia y a la Fisc<strong>al</strong>íaGener<strong>al</strong> de la Nación, para lo de su competencia. El Ministeriode Relaciones Exteriores informó a la Defensoría,en junio de 2008, que no ha sido posible la reev<strong>al</strong>uación<strong>del</strong> nivel de riesgo de una de las amenazadas, por motivosque fueron argumentados por ella directamente <strong>al</strong>DAS, aunque sigue contando con el mismo esquema deprotección.Se informa, además, que se a<strong>del</strong>antó estudio de riesgoa otras de las amenazadas, a las que se les entregó unManu<strong>al</strong> de Medidas de Autoprotección y teléfonos; se lesprestó asesoría en temas relacionados con su seguridad.También se han re<strong>al</strong>izado visitas permanentes, por partede patrullas de vigilancia polici<strong>al</strong>, a las sedes y lugaresde residencia, donde se dejan las respectivas constanciasen aras de garantizar el norm<strong>al</strong> desarrollo de su trabajo.58 http://www.cidh.org/indigenas/jurisprudencia/10.medidas.cautelares.doc
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>125SolicitudCIDHMedidas y poblaciónbeneficiaria<strong>al</strong> momento de laresoluciónSituación actu<strong>al</strong>de las medidasGestión defensori<strong>al</strong> ante las autoridadesconcernidas con las medidasFin<strong>al</strong>mente, relaciona las investigaciones pen<strong>al</strong>es que sehan a<strong>del</strong>antado por la situación de amenaza de <strong>al</strong>gunasde las integrantes de OFP, las cu<strong>al</strong>es en su mayoría seencuentran en indagación preliminar.Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas.No obstante lo anterior, la Defensoría en las reunionesde seguimiento a estas medidas ha solicitado insistentementeefectividad de las mismas toda vez que la tensióny riesgo de estas personas se hace evidente ante lapresencia de grupos armados ileg<strong>al</strong>es que no ven bienla labor de denuncia permanente de estas defensoras dederechos humanos.f. ANEXOS. Anexo Nº 1. Derechos presuntamente violados.Cuadro gener<strong>al</strong>. Año 2008DERECHOSNo.INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO 11.462SALUD 2.934DE LOS DESPLAZADOS 1.953DE PETICIÓN 1.732VIDA 1.203DEFENSA, AL DEBIDO PROCESO Y A LAS GARANTÍAS JUDICIALES 660INTEGRIDAD PERSONAL 658ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS 517SEGURIDAD SOCIAL 346ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 307TRABAJO Y A LAS LIBERTADES DE ESCOGER PROFESIÓN U OFICIO 263INFRACCIÓN A LA LEGISLACIÓN DE MENORES DE EDAD 188EDUCACIÓN Y CULTURA 187MORALIDAD ADMINISTRATIVA 154PROPIEDAD 149FAMILIA 147IGUALDAD 123AMBIENTE SANO 121LIBERTAD PERSONAL 108NO SER SOMETIDO A DESAPARICIÓN FORZADA 103HONRA Y AL BUEN NOMBRE 78DE LOS CONSUMIDORES 50INTIMIDAD 34
126 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>DERECHOSNo.LIBERTADES DE CIRCULACIÓN Y RESIDENCIA 34AUTONOMÍA DE LAS MINORÍAS ÉTNICAS 26PAZ 23RECONOCIMIENTO DE LA PERSONALIDAD JURÍDICA 23RESTITUCIÓN, INDEMNIZACIÓN, REHABILITACIÓN DE VÍCTIMAS VIOLACIONESFLAGRANTES DER. LIB. FUNDAMENTALES20ASOCIACIÓN 17PROTECCIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO Y PATRIMONIO PÚBLICO 17LIBERTAD DE REUNIÓN Y DE MANIFESTACIÓN 15LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 15PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y CIUDADANA 15SINDICALIZACIÓN Y HUELGA 9ASILO 7NACIONALIDAD 4LIBERTAD DE COMUNICACIÓN 3LIBERTAD DE CONCIENCIA 3LIBERTAD RELIGIOSA 2LIBERTADES DE PENSAMIENTO Y EXPRESIÓN 2Tot<strong>al</strong> gener<strong>al</strong> 23.712Anexo Nº 2. Infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.Presuntos responsables. Año 2008PRESUNTOSRESPONSABLES DIRECTOSCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasAmenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra lapoblación civil o contra personas civiles4ARMADA NACIONALEjecución de operaciones militares contra personas no combatientes 1Homicidios individu<strong>al</strong>es en personas protegidas 1Tot<strong>al</strong> ARMADA NACIONAL 6EJÉRCITO NACIONALActos de pillaje 4Amenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la poblacióncivil o contra personas civiles73Ataques <strong>al</strong> adversario que ha abandonadoo se encuentra fuera de las hostilidades1Atentados contra la integridad física,o la s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> de las personas6Ejecución de operaciones militares contra bienesque no revisten el carácter de objetivo militar4Ejecución de operaciones militares contra personas no combatientes 14El desplazamiento forzado de las personas protegidas 51Homicidios colectivos en personas protegidas 3
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>127PRESUNTOSRESPONSABLES DIRECTOSCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasEJÉRCITO NACIONALHomicidios individu<strong>al</strong>es en personas protegidas 18Irrespeto o re<strong>al</strong>ización de actos de violencia contra personas o bienesque ostenten protección especi<strong>al</strong>2No aplicación <strong>del</strong> principio de distinción entre población civil ycombatientes20Re<strong>al</strong>ización de actos de terrorismo 2Re<strong>al</strong>ización de ataques indiscriminados 9Utilización de armas prohibidas, de medios o métodos de luchapérfidos o que causan sufrimientos1Tot<strong>al</strong> EJÉRCITO NACIONAL 208POLICÍA NACIONALActos de pillaje 5Amenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la poblacióncivil o contra personas civiles42Atentados contra la integridad física, o la s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> de laspersonas3Ejecución de operaciones militares contra personas no combatientes 1El desplazamiento forzado de las personas protegidas 6Homicidios individu<strong>al</strong>es en personas protegidas 1Los secuestros o toma de rehenes 1No aplicación <strong>del</strong> principio de distinción entrepoblación civil y combatientes3Re<strong>al</strong>ización de ataques indiscriminados 1Tot<strong>al</strong> POLICÍA NACIONAL 63Tot<strong>al</strong> FUERZA PÚBLICA 277Actos de perfidia 7Estructuras de Autodefensasno Desmovilizadas y GruposEmergentes con posterioridada la desmovilización de estasActos de pillaje 8Amenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la población civil o contrapersonas civiles1.727Ataques <strong>al</strong> adversario que ha abandonado o se encuentra fuera <strong>del</strong>as hostilidades1Atentados contra la integridad física, o la s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> de laspersonas18Cu<strong>al</strong>quier acto que vulnere las garantías y derechos que tienen laspersonas privadas de la libertad1Ejecución de operaciones militares contra personas no combatientes 4El desplazamiento forzado de las personas protegidas 1.096Homicidios colectivos en personas protegidas 26Homicidios Individu<strong>al</strong>es en personas protegidas 881Irrespeto o re<strong>al</strong>ización de actos de violencia contra personas o bienesque ostenten protección especi<strong>al</strong>1Imposición de castigos colectivos en personas protegidas 1
128 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>PRESUNTOSRESPONSABLES DIRECTOSCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasEstructuras de Autodefensasno Desmovilizadas y GruposEmergentes con posterioridada la desmovilización de estasTot<strong>al</strong> Estructuras deAutodefensas noDesmovilizadas yGrupos Emergentescon posterioridad a ladesmovilización de estasLos secuestros o toma de rehenes 41No aplicación <strong>del</strong> principio de distinción entre población civil ycombatientes2Re<strong>al</strong>ización de actos de terrorismo 1Re<strong>al</strong>ización de ataques indiscriminados 8Reclutar menores de edad y obligarlos a participar en las hostilidades 10Utilización de armas prohibidas, de medios o métodos de luchapérfidos o que causan sufrimientos33.836Actos de pillaje 1Amenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la población civil o contrapersonas civiles96Atentados contra la integridad física, o la s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> de laspersonas2Ejecución de operaciones militares contra personas no combatientes 1El desplazamiento forzado de las personas protegidas 186ELNHomicidios colectivos en personas protegidas 2Homicidios individu<strong>al</strong>es en personas protegidas 5Los secuestros o toma de rehenes 8Re<strong>al</strong>ización de actos de terrorismo 3Re<strong>al</strong>ización de ataques indiscriminados 1Reclutar menores de edad y obligarlos a participar en las hostilidades 6Utilización de armas prohibidas, de medios o métodos de luchapérfidos o que causan sufrimientos2Tot<strong>al</strong> ELN 313Amenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la población civil o contraEPLpersonas civiles6El desplazamiento forzado de las personas protegidas 6Tot<strong>al</strong> EPL 12ERGAmenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la población civil o contrapersonas civiles1Tot<strong>al</strong> ERG 1ERP El desplazamiento forzado de las personas protegidas 1Tot<strong>al</strong> ERP 1
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>129PRESUNTOSRESPONSABLES DIRECTOSCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasActos de perfidia 14FARCActos de pillaje 21Amenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la población civil o contrapersonas civiles2.011Ataque o afectación de bienes cultur<strong>al</strong>es o lugares de culto 2Ataques <strong>al</strong> adversario que ha abandonado o se encuentra fuera <strong>del</strong>as hostilidades1Atentados contra la integridad física, o la s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> de laspersonas25Atentar contra la libertad sexu<strong>al</strong> de personas protegidas 3Cu<strong>al</strong>quier acto que vulnere la especi<strong>al</strong> protección que le asiste <strong>al</strong>person<strong>al</strong> sanitario, de socorro,6Cu<strong>al</strong>quier acto que vulnere las garantías y derechos que tienen laspersonas privadas de la libertad1Ejecución de operaciones militares contra bienes que no revisten elcarácter de objetivo militar4Ejecución de operaciones militares contra personas no combatientes 2El desplazamiento forzado de las personas protegidas 2.973Hacer padecer hambre a la población civil 2Homicidios colectivos en personas protegidas 8Homicidios individu<strong>al</strong>es en personas protegidas 49Irrespeto o re<strong>al</strong>ización de actos de violencia contra personas o bienesque ostenten protección especi<strong>al</strong>2Los secuestros o toma de rehenes 33No aplicación <strong>del</strong> principio de distinción entre población civil ycombatientes3Re<strong>al</strong>ización de actos de terrorismo 12Re<strong>al</strong>ización de ataques indiscriminados 27Reclutar menores de edad y obligarlos a participar en las hostilidades 37Utilización de armas prohibidas, de medios o métodos de luchapérfidos o que causan sufrimientos12Tot<strong>al</strong> FARC 5.248Actos de perfidia 9GRUPO GUERRILLERO NODETERMINADOActos de pillaje 19Amenazas, ataques o repres<strong>al</strong>ias contra la población civil o contrapersonas civiles828Ataques <strong>al</strong> adversario que ha abandonado o se encuentra fuera <strong>del</strong>as hostilidades1Atentados contra la integridad física, o la s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> de laspersonas13
130 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>PRESUNTOSRESPONSABLES DIRECTOSCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasCu<strong>al</strong>quier acto que vulnere la especi<strong>al</strong> protecciónque le asiste <strong>al</strong> person<strong>al</strong> sanitario, de socorro,2Cu<strong>al</strong>quier acto que vulnere las garantías y derechosque tienen las personas privadas de la libertad1Ejecución de operaciones militares contra bienesque no revisten el carácter de objetivo militar2Ejecución de operaciones militares contra personas no combatientes 2El desplazamiento forzado de las personas protegidas 837Homicidios colectivos en personas protegidas 1GRUPO GUERRILLERO NODETERMINADOHomicidios individu<strong>al</strong>es en personas protegidas 11Irrespeto o re<strong>al</strong>ización de actos de violencia contrapersonas o bienes que ostenten protección especi<strong>al</strong>1Los secuestros o toma de rehenes 14No aplicación <strong>del</strong> principio de distinción entrepoblación civil y combatientes2Re<strong>al</strong>ización de actos de terrorismo 4Re<strong>al</strong>ización de ataques indiscriminados 15Reclutar menores de edad y obligarlos aparticipar en las hostilidades2Utilización de armas prohibidas, de medios o métodosde lucha pérfidos o que causan sufrimientos10Tot<strong>al</strong> GRUPO GUERRILLERONO DETERMINADO1.774Tot<strong>al</strong> GRUPOS ARMADOSAL MARGEN DE LA LEY11.185Tot<strong>al</strong> GENERAL 11.462Anexo Nº 3. Derecho a la s<strong>al</strong>ud.Presuntos responsables. Año 2008PRESUNTOSRESPONSABLES DIRECTOSCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasDeficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 145Del orden Nacion<strong>al</strong>Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 109No pago de los aportes <strong>al</strong> sistema de s<strong>al</strong>ud 4Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Nacion<strong>al</strong> 258Deficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 332Del orden Departament<strong>al</strong>Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 391No pago de los aportes <strong>al</strong> sistema de s<strong>al</strong>ud 2Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Departament<strong>al</strong> 725
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>131PRESUNTOSRESPONSABLES DIRECTOSCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasDeficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 94Del orden Municip<strong>al</strong>Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 88No pago de los aportes <strong>al</strong> sistema de s<strong>al</strong>ud 4Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Municip<strong>al</strong> 186Deficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 72Del orden Distrit<strong>al</strong>Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 102No pago de los aportes <strong>al</strong> sistema de s<strong>al</strong>ud 1Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Distrit<strong>al</strong> 175Del orden Internacion<strong>al</strong> Deficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 2Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Internacion<strong>al</strong> 2Armada Nacion<strong>al</strong>Deficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 2Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 2Tot<strong>al</strong> Armada Nacion<strong>al</strong> 4Ejército Nacion<strong>al</strong>Deficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 41Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 36Tot<strong>al</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> 77Fuerza Aérea Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 1Tot<strong>al</strong> Fuerza Aérea 1Policía Nacion<strong>al</strong>Deficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 6Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 7Tot<strong>al</strong> Policía Nacion<strong>al</strong> 13Funcionarios de Fisc<strong>al</strong>íaDeficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 1Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 1Tot<strong>al</strong> funcionarios de Fisc<strong>al</strong>ías 2Funcionarios de la Procuraduría Deficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 1Tot<strong>al</strong> funcionarios de laProcuraduría1Funcionarios de Tribun<strong>al</strong>es Deficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 1Tot<strong>al</strong> funcionarios deTribun<strong>al</strong>es1InpecDeficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 90Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 43Tot<strong>al</strong> Inpec 133Particulares que cuentan con la Negación de la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud 742colaboración o aquiescencia defuncionarios públicos y que prestanel servicio público de s<strong>al</strong>udDeficiente e inoportuna atención médico-asistenci<strong>al</strong> 592
132 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>PRESUNTOSRESPONSABLES DIRECTOSParticulares que cuentan con lacolaboración o aquiescencia defuncionarios públicos y que prestanel servicio público de s<strong>al</strong>ud.Tot<strong>al</strong> de particulares que cuentancon la colaboración o aquiescenciade funcionarios públicos y queprestan el servicio público de s<strong>al</strong>ud.CONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasNo pago de los aportes <strong>al</strong> sistema de s<strong>al</strong>ud 221.356Tot<strong>al</strong> gener<strong>al</strong> 2.934Anexo Nº 4. Derechos de los desplazados.Presuntos responsables. Año 2008Presuntos ResponsablesDirectosCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasIrregularidades en el proceso de inscripción de las personasdesplazadas por la violencia369Negación de atención hum. de emergencia, en <strong>al</strong>imentación,elementos de hábitat interno y s<strong>al</strong>ubr. públic.945Negación de consolidación, estabilización socioeconómica, enprog. acceso a vivienda de interés soci<strong>al</strong>159Negación de convocatoria de Comités Dptles., Mp<strong>al</strong>es., Dt<strong>al</strong>es. deatención integr<strong>al</strong> a población desplazada3Negación de la atención humanitaria de emergencia, en<strong>al</strong>ojamiento transitorio30Negación de la atención humanitaria de emergencia en s<strong>al</strong>ud 9Negación de la atención humanitaria de emergencia, entransporte de emergencia6Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de acceso a tierras37Del orden Nacion<strong>al</strong>Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de capacitación y empleo15Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de retorno8Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de reubicación104Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas en proyectos productivos16Negación de la recepción de la declaración por desplazamientoforzado6Negación de la v<strong>al</strong>orización por desplazamiento en el términoseñ<strong>al</strong>ado4Negación <strong>del</strong> acceso <strong>al</strong> servicio de educación a personasdesplazadas1Restricción <strong>del</strong> paso o entrega de la ayuda humanitaria deemergencia1Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Nacion<strong>al</strong> 1.713
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>133Presuntos ResponsablesDirectosCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasIncumplimiento funciones establecidas para comités dpt<strong>al</strong>es,atención integr<strong>al</strong> población desplazada30Irregularidades en el proceso de inscripción de las personasdesplazadas por la violencia5Negación de atención hum. de emergencia,en <strong>al</strong>imentación,elementos de hábitat interno y s<strong>al</strong>ubr. públic.28Negación de consolidación, estabilización socioeconómica, enprog. acceso a vivienda de interés soci<strong>al</strong>14Negación de convocatoria de Comités Dptles., Mp<strong>al</strong>es., Dt<strong>al</strong>es. deatención integr<strong>al</strong> a población desplazada3Negación de la atención humanitaria de emergencia, en<strong>al</strong>ojamiento transitorio1Negación de la atención humanitaria de emergencia en s<strong>al</strong>ud 8Del orden Departament<strong>al</strong> Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de acceso a tierras4Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de capacitación y empleo2Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de retorno1Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de reubicación6Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas en proyectos productivos4Negación de la recepción de la declaración por desplazamientoforzado2Negación <strong>del</strong> acceso <strong>al</strong> servicio de educación a personasdesplazadas3Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Departament<strong>al</strong> 111Del orden Municip<strong>al</strong>.Incumplimiento funciones establecidas para comités dpt<strong>al</strong>es.,atención integr<strong>al</strong> población desplazada22Negación de atención hum. de emergencia, en <strong>al</strong>imentación,elementos de hábitat interno y s<strong>al</strong>ubr. públic.40Negación de consolidación,estabilización socioeconómica, enprog.acceso a vivienda de interes soci<strong>al</strong>2Negación de convocatoria de Comités Dptles., Mp<strong>al</strong>es., Dt<strong>al</strong>es. deatención integr<strong>al</strong> a población desplazada5Negación de la atención humanitaria de emergencia, en<strong>al</strong>ojamiento transitorio1Negación de la atención humanitaria de emergencia en s<strong>al</strong>ud 6Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de acceso a tierras5Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de reubicación5Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas en proyectos productivos3
134 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Presuntos ResponsablesDirectosCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasDel orden Municip<strong>al</strong>Negación de la recepción de la declaración por desplazamientoforzado2Negación <strong>del</strong> acceso <strong>al</strong> servicio de educación a personasdesplazadas6Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Municip<strong>al</strong> 97Incumplimiento funciones establecidas para comités dpt<strong>al</strong>es,atención integr<strong>al</strong> población desplazada9Negación de consolidación, estabilización socioeconómica, enprog. acceso a vivienda de interés soci<strong>al</strong>3Negación de convocatoria de Comités Dptles., Mp<strong>al</strong>es., Dt<strong>al</strong>es. deatención integr<strong>al</strong> a población desplazada5Del orden Distrit<strong>al</strong>Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de acceso a tierras1Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de reubicación3Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas en proyectos productivos1Negación <strong>del</strong> acceso <strong>al</strong> servicio de educación a personasdesplazadas1Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Distrit<strong>al</strong> 23Ejército Nacion<strong>al</strong>Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de reubicación1Tot<strong>al</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> 1Funcionarios de Fisc<strong>al</strong>íasIrregularidades en el proceso de inscripción de las personasdesplazadas por la violencia1Tot<strong>al</strong> Funcionarios de Fisc<strong>al</strong>ías 1Funcionarios de las PersoneríasTot<strong>al</strong> Funcionarios de lasPersoneríasParticulares que actúan con lacolaboración, aquiescencia deservidores públicos y prestanservicios públicos.Tot<strong>al</strong> particulares que actúan conla colaboración, aquiescenciade servidores públicos y prestanservicios públicos.Negación de la recepción de la declaración por desplazamientoforzadoNegación de atención hum. de emergencia,en<strong>al</strong>imentación,elementos de hábitat interno y s<strong>al</strong>ubr.publicNegación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de reubicaciónNegación de consolidación, estabilización socioeconómica, enprog.Acceso a vivienda de interés soci<strong>al</strong>Negación de la consolidación y estabilización socioeconómica, enprogramas de capacitación y empleoTot<strong>al</strong> Gener<strong>al</strong> 1.9532211215
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>135Anexo Nº 5. Derecho de petición.Presuntos responsables. Año 2008Presuntos ResponsablesDirectosConductas VulneratoriasNo.QuejasInobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones77Del orden Nacion<strong>al</strong>No resolver de fondo lo solicitado en la petición 355No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 62Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Nacion<strong>al</strong> 494Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones28Del orden Departament<strong>al</strong>No resolver de fondo lo solicitado en la petición 131No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 13Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Departament<strong>al</strong> 172Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones51Del orden Municip<strong>al</strong>No resolver de fondo lo solicitado en la petición 215No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 20Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Municip<strong>al</strong> 286Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones1Del orden Distrit<strong>al</strong>No resolver de fondo lo solicitado en la petición 3No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 4Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> orden Distrit<strong>al</strong> 8Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones1Armada Nacion<strong>al</strong>No resolver de fondo lo solicitado en la petición 2No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 1Tot<strong>al</strong> Armada Nacion<strong>al</strong> 4Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones26Ejército Nacion<strong>al</strong>No resolver de fondo lo solicitado en la petición 144No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 13Tot<strong>al</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> 183Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones13Policía Nacion<strong>al</strong>No resolver de fondo lo solicitado en la petición 57No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 3Tot<strong>al</strong> Policía Nacion<strong>al</strong> 73
136 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Presuntos ResponsablesDirectosConductas VulneratoriasNo.QuejasDAS No resolver de fondo lo solicitado en la petición. 3Tot<strong>al</strong> DAS 3Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones16InpecNo resolver de fondo lo solicitado en la petición. 28No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 1Tot<strong>al</strong> Inpec 45Auxiliares de la JusticiaInobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones1Tot<strong>al</strong> auxiliares de la Justicia 1Funcionarios Cortes,Consejo deEstadoNo resolver de fondo lo solicitado en la petición. 2Tot<strong>al</strong> funcionarios Cortes,Consejo de Estado2Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones4Funcionarios de Fisc<strong>al</strong>íasNo resolver de fondo lo solicitado en la petición. 38No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 5Tot<strong>al</strong> funcionarios de Fisc<strong>al</strong>ías 47Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones4Funcionarios de JuzgadosNo resolver de fondo lo solicitado en la petición. 21No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 1Tot<strong>al</strong> funcionarios de Juzgados 26Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oFuncionarios de la Contr<strong>al</strong>oría reglamentos para recepción de peticiones1No resolver de fondo lo solicitado en la petición. 1Tot<strong>al</strong> funcionarios <strong>del</strong>a Contr<strong>al</strong>oría2Funcionarios de la Procuraduría No resolver de fondo lo solicitado en la petición. 1Tot<strong>al</strong> funcionarios <strong>del</strong>a Procuraduría1Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oFuncionarios de las Personerías reglamentos para recepción de peticiones2No resolver de fondo lo solicitado en la petición. 1Tot<strong>al</strong> funcionarios <strong>del</strong>as Personerías3Funcionarios de Tribun<strong>al</strong>esInobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones1Tot<strong>al</strong> funcionarios deTribun<strong>al</strong>es1
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>137Presuntos ResponsablesDirectosParticulares que actúan con lacolaboración, aquiescencia deservidores públicos y prestanservicios públicos.Tot<strong>al</strong> particulares que actúancon la colaboración, aquiescenciade servidores públicos y prestanservicios públicos.Conductas VulneratoriasNo.QuejasInobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones26No resolver de fondo lo solicitado en la petición. 71No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 7Inobservancia de procedimientos prescritos en la ley oreglamentos para recepción de peticiones40No resolver de fondo lo solicitado en la petición. 202No responder en los términos señ<strong>al</strong>ados por la ley 35Tot<strong>al</strong> Gener<strong>al</strong> 1.732Anexo Nº 6. Derecho a la vida.Presuntos responsables. Año 2008381PRESUNTOS RESPONSABLESNo.CONDUCTAS VULNERATORIASDIRECTOSQuejasArmada Nacion<strong>al</strong>Amenazas de muerte 1Ejecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es 1Tot<strong>al</strong> Armada Nacion<strong>al</strong> 2Amenazas de muerte 31Ejército Nacion<strong>al</strong>Ejecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es 140Homicidios múltiples (masacres) 4Tot<strong>al</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> 175Policía Nacion<strong>al</strong>Amenazas de muerte 63Ejecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es 12Tot<strong>al</strong> Policía Nacion<strong>al</strong> 75Del Orden Nacion<strong>al</strong> Amenazas de muerte 33Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> Orden Nacion<strong>al</strong> 33Del Orden Departament<strong>al</strong> Amenazas de muerte 8Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> Orden Departament<strong>al</strong> 8Del Orden Municip<strong>al</strong> Amenazas de muerte 8Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> Orden Municip<strong>al</strong> 8Del Orden Distrit<strong>al</strong> Amenazas de muerte 2Tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> Orden Distrit<strong>al</strong> 2DAS Amenazas de muerte 3Tot<strong>al</strong> DAS. 3Funcionarios de Fisc<strong>al</strong>íasAmenazas de muerte 8Ejecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es 2Tot<strong>al</strong> Funcionariosde Fisc<strong>al</strong>ías10Funcionarios de las Personerías Amenazas de muerte 1Tot<strong>al</strong> Funcionariosde las Personerías1InpecAmenazas de muerte 20Ejecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es 2Tot<strong>al</strong> Inpec 22
138 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>PRESUNTOS RESPONSABLESDIRECTOSParticulares que actúan con lacolaboración, aquiescencia de servidorespúblicosTot<strong>al</strong> particulares que actúan conla colaboración, aquiescencia deservidores públicosParticulares que prestanservicios públicosTot<strong>al</strong> particulares que prestanservicios públicosCONDUCTAS VULNERATORIASNo.QuejasAmenazas de muerte 210Ejecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es 9Homicidios múltiples (masacres) 1Amenazas de muerte 17Ejecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es 1Amenazas de muerte 577En EstudioEjecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es 46Homicidios múltiples (masacres) 3Tot<strong>al</strong> En Estudio 626Tot<strong>al</strong> Gener<strong>al</strong> 1.203Anexo Nº 722018REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LAS INFRACCIONES AL DERECHOS INTERNACIONAL HUMANITARIOMÁS RELEVANTES POR DEPARTAMENTOS. AÑO 2008AmazonasGuainíaVaupésGuajiraAtlánticoBoyacáC<strong>al</strong>dasMagd<strong>al</strong>enaCasanareRisar<strong>al</strong>daQuindíoHuilaSucreCundinamarcaCesarVichadaCaucaCórdobaBolívarBogotáNorte de SantanderChocóSantanderAraucaPutumayoV<strong>al</strong>leGuaviareNariñoMetaTolimaCaquetáAntioquia66202540497678811011121341371922042072222372593894294334574835155305385546267578482.163
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>139C.2. INFORME GENERAL DE LAS ACTUACIONES DE LADEFENSORÍA ANTE LAS RAMAS LEGISLATIVA Y JUDICIAL:Acciones en asuntos constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>esDurante el segundo periodo de la legislatura 2007-2008 y el primero de la legislatura2008-2009, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a través de la Delegada para Asuntos Constitucion<strong>al</strong>esy Leg<strong>al</strong>es, intervino en varios de los temas de derechos humanos de mayor trascendenciapara el país.a. Actuación ante el <strong>Congreso</strong> de la Repúblicaa.1. Estatuto para las víctimas <strong>del</strong> conflicto armado internoLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> participó en una mesa de trabajo sobre el Proyecto de LeyN° 157 de 2007 Senado “Por medio <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> se dictan medidas de protección a las víctimasde violaciones de la legislación pen<strong>al</strong>, de normas internacion<strong>al</strong>es de DD. HH. y DIH en elen la necesidad de adoptar medidas especi<strong>al</strong>es para la investigación de <strong>del</strong>itos sexu<strong>al</strong>es en elincorporar para hacer patente la problemática humanitaria generada por los actores <strong>del</strong>Sobre la base de la Declaración sobre los Principios Fundament<strong>al</strong>es de Justicia par<strong>al</strong>as Víctimas de Delitos y <strong>del</strong> Abuso <strong>del</strong> Poder -adoptada por la Asamblea Gener<strong>al</strong> de lasNaciones Unidas por medio de la Resolución No. 40/34 <strong>del</strong> 29 de noviembre de 1985-,el conjunto de Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de lasNormas Internacion<strong>al</strong>es de Derechos Humanos y <strong>del</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario a InterponerRecursos y Obtener Reparaciones -aprobado por la Asamblea Gener<strong>al</strong> el 19 de abril de 2005- ylas Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Pen<strong>al</strong> Internacion<strong>al</strong> -aprobadas por laAsamblea Gener<strong>al</strong> de Estados Partes en el Estatuto de Roma durante su primer períodode sesiones celebrado en Nueva York <strong>del</strong> 3 <strong>al</strong> 10 de septiembre de 2002-, se recomendó laincorporación de normas sobre información de asesoría y apoyo a las víctimas, garantía decomunicación adecuada sobre los actos y decisiones judici<strong>al</strong>es por parte de los funcionariosa cargo de los procesos, principios de la prueba en casos de violencia sexu<strong>al</strong>, declaracióna puerta cerrada, presencia y apoyo de person<strong>al</strong> especi<strong>al</strong>izado, reserva de la imagen o de la
140 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>identidad, reconocimiento de gastos sufragados para acudir <strong>al</strong> proceso y la creación de una<strong>al</strong>ta consejería para las víctimas.El documento contentivo de estas propuestas fue entregado en el Senado de laRepública el 8 de agosto de 2008. El proyecto ya surtió los debates reglamentarios enel Senado de la República y se encuentran pendientes los de Comisión y Plenaria en laCámara de Representantes.a.2. Entrega de inmuebles por colaboración en procesos de extinción de dominioLa Defensoría presentó <strong>al</strong>gunos comentarios en torno a la iniciativa parlamentariacontenida en el Proyecto de Ley N° 259 de 2008 Senado, “por medio de la cu<strong>al</strong> se adicionade dominio de bienes ilícitos”.En efecto, el proyecto de ley comentado admite la posibilidad de que el encausado hagaentrega voluntaria de bienes sometidos <strong>al</strong> proceso de extinción de dominio, hasta antes deiniciarse el término de traslado, para que las partes presenten <strong>al</strong>egatos de conclusión anteel Fisc<strong>al</strong> que decide sobre la procedencia o improcedencia de la extinción.La consecuencia jurídica prevista en el proyecto, para quienes decidan acogerse <strong>al</strong>trámite abreviado de extinción de dominio, consiste en la intangibilidad de un bien que leoscilará entre el 0.1 y el 5% <strong>del</strong> v<strong>al</strong>or tot<strong>al</strong> de los bienes efectivamente entregados.La Delegada, mediante Concepto <strong>del</strong> 27 de mayo de 2008, expresó su inquietud por lay de los derechos patrimoni<strong>al</strong>es, en caso de que, de <strong>al</strong>guna forma, quienes ostentan lao derivar ventajas respecto de situaciones afectadas de ilicitud en su origen.En efecto, la reserva de uno o varios bienes como “compensación” para quien decidaacogerse <strong>al</strong> trámite abreviado de la acción, equiv<strong>al</strong>e a consagrar una excepción <strong>al</strong> principiocontenido en el artículo 34 de la Carta, que ordena declarar extinguido “el dominio sobrelos bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio <strong>del</strong> tesoro público o congrave deterioro de la mor<strong>al</strong> soci<strong>al</strong>”. De igu<strong>al</strong> forma la posibilidad de otorgar el mencionado contravía de lo que expresamente dispone <strong>al</strong> efecto el artículo 58 de la Constitución.En el concepto se anotó que una regulación semejante enviaría un mensaje equívoco <strong>al</strong>a sociedad, pues dejaría en el ambiente la idea de que, en últimas, el <strong>del</strong>ito “sí paga”.página <strong>del</strong> Senado de la República.a.3. Lucha contra la pornografía infantil y el turismo sexu<strong>al</strong> con menoresLa Delegada dirigió el Memorando No. 4060 – 157, <strong>del</strong> 8 de mayo de 2008, conuna serie de comentarios y recomendaciones sobre el Proyecto de Ley N° 109 de 2007,Cámara, “Por medio de la cu<strong>al</strong> se robustece la Ley 679 de 2001, lucha contra la explotación,pornografía y turismo sexu<strong>al</strong> con menores”.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>141En este se manifestó que la obligación de suministrar información relacionada con laexplotación sexu<strong>al</strong> de menores de edad, en los términos <strong>del</strong> ordin<strong>al</strong> 3 <strong>del</strong> artículo 13 <strong>del</strong>proyecto, debía considerar el derecho fundament<strong>al</strong> de todo individuo a la protección dedatos de carácter person<strong>al</strong> (hábeas data) garantizado por el artículo 15 de la ConstituciónPolítica. En t<strong>al</strong> sentido, una víctima no está obligada a develar datos relacionados con lasituación de explotación que ha sufrido, a menos que voluntariamente acceda a ello.Por otra parte, sobre el artículo 15 <strong>del</strong> proyecto que consagra como función de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> la elaboración de una compilación “de las estadísticas básicas, así comode los princip<strong>al</strong>es diagnósticos, investigaciones y análisis que se produzcan a nivel nacion<strong>al</strong> en el ámbito nogubernament<strong>al</strong> sobre explotación sexu<strong>al</strong> de niños, niñas y adolescentes”, se propuso su articulacióncon el artículo 14 <strong>del</strong> mismo, que asigna <strong>al</strong> Instituto Colombiano de Bienestar Familiar(ICBF) el deber de preparar un informe anu<strong>al</strong> con temas relacionados con las políticas deprevención y lucha contra la explotación sexu<strong>al</strong> y la pornografía. Dada la relación entre losy encomendar a una sola entidad la labor.En otro sentido, la Defensoría sugirió reformar el artículo 29 de la Ley 679/01 sobre“[R]egistro de Menores Desaparecidos”, para determinar prioridades de búsqueda ydevolución a sus familias, consagrando como presunción que toda desaparición de unmenor de edad debía considerarse “forzada”, en razón de su condición de menores de edad,de manera que pudiera darse aviso a la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidasy se pudiera activar el Mecanismo de Búsqueda Urgente de que trata la Ley 971 de 2005.Fin<strong>al</strong>mente, en desarrollo de la función soci<strong>al</strong> que la Constitución tiene asignada a lapropiedad (artículo 58 C.P.), la Defensoría estimó conveniente vincular a los medios decomunicación audiovisu<strong>al</strong>es y escritos para que reserven espacios mínimos destinados <strong>al</strong>a divulgación de casos de menores presuntamente desaparecidos o secuestrados. Estosla información relevante <strong>del</strong> caso, con datos acerca de las personas y autoridades a lascu<strong>al</strong>es se les puede suministrar información que permita ubicarlos. Esta acción debe serinmediata, ya que en los casos de búsqueda de personas, el factor tiempo es determinantepara encontrar a la víctima y evitar daños a su integridad y a su vida.a.4. Reforma políticaTanto los legisladores como el Gobierno nacion<strong>al</strong> presentaron sendos proyectos deactos legislativos orientados a profundizar el proceso de democratización interna de lospartidos, su fort<strong>al</strong>ecimiento y responsabilidad política y la urgencia de proteger el sistema101/08, 109/08, 128/08, 129/08 y 140/08, Cámara, fueron acumulados <strong>al</strong> proyecto deunos artículos de la Constitución Política de Colombia”, sobre la reforma política,noviembre 11 de 2008.El Ministro <strong>del</strong> Interior y de Justicia en la exposición de motivos <strong>al</strong> proyecto deacto legislativo sustenta la intención de la reforma en la necesidad de profundizar en lademocratización interna de los partidos políticos, su fort<strong>al</strong>ecimiento y su responsabilidad
142 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> organizaciones crimin<strong>al</strong>es.La Delegada en torno a la Reforma, entre otros, expresó lo siguiente:“La Defensoría consideró poco claro la pretensión de exigir a los partidos ypersiguen programas y objetivos subjetivos, distintos, diferenciados. Por otra parte, no seentiende cómo si a partir <strong>del</strong> Acto Legislativo 1 de 2003 los partidos están obligadosconstitucion<strong>al</strong>mente a organizarse democráticamente, se recomendaba en la reformaa los directivos propiciar procesos de democratización interna. Lo que en preceptoconstitucion<strong>al</strong> hoy resulta obligatorio, la reforma lo convierte en una recomendación deactuar en t<strong>al</strong> dirección, relativizando así un importante logro. Tampoco estaba clara larelación entre la autorización de las consultas populares para escoger candidatos entreco<strong>al</strong>iciones de partidos y el fort<strong>al</strong>ecimiento que se pretende de las organizaciones políticas.La prohibición de co<strong>al</strong>iciones entre partidos y movimientos políticos y gruposni con la propuesta, ya an<strong>al</strong>izada por la Defensoría, de permitir consultas entre partidospolíticos distintos. De otra parte, la propuesta de posibilitar anticipos para la re<strong>al</strong>izaciónde campañas políticas resulta equilibrada y justa, si bien hace f<strong>al</strong>ta la prohibición deNacion<strong>al</strong> Elector<strong>al</strong> (CP art. 264), siendo este uno de los puntos que se han señ<strong>al</strong>ado comoInstitucion<strong>al</strong> recomendó eliminar el origen partidario de los integrantes <strong>del</strong> consejo (parte2. b).La Defensoría estimó que el umbr<strong>al</strong> <strong>del</strong> 2% sólo se había ensayado en una elecciónlegislativa, por lo que recomendaba su mayor permanencia en el tiempo a efecto de poderev<strong>al</strong>uar con mayor serenidad y rigor sus verdaderos efectos. Un aumento <strong>del</strong> umbr<strong>al</strong> enestos momentos puede ser muy perjudici<strong>al</strong> para garantizar la representación política de laspermanencia o desaparición de organizaciones y colectividades políticas.la operatividad <strong>del</strong> sistema legislativo y una vía idónea, en conjunción con el voto nomin<strong>al</strong>y público, para lograr imputar responsabilidades políticas a los miembros <strong>del</strong> <strong>Congreso</strong>.La necesidad de hacer públicas las acciones de cabildeo, y de permitir a las personas u manifestarse en el desarrollo <strong>del</strong> trámite legislativo garantiza y mejora el debate público <strong>del</strong>as iniciativas legislativas y permite una mayor representación de los intereses contrapuestos.El artículo 125 de la Constitución se adiciona con un inciso que encarga, concarácter in<strong>del</strong>egable, a los directores o presidentes de los partidos políticos la funciónde postulación de candidatos a cargos de libre nombramiento y remoción. Ello restringeel derecho fundament<strong>al</strong> de acceder <strong>al</strong> desempeño de funciones y cargos públicos (CP,arts. 40-7) y convierte un derecho gener<strong>al</strong> en un derecho limitado a quienes ostentan una
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>143para el acceso a los cargos públicos de libre nombramiento y remoción. Esta iniciativa vaen contravía de la propuesta axiológica de la Constitución de 1991, en la cu<strong>al</strong> el mérito esel princip<strong>al</strong> elemento para el ejercicio de la función pública en preservación y respeto <strong>del</strong>derecho a la igu<strong>al</strong>dad.a.5. Reglamentación de la “dosis person<strong>al</strong>”El Gobierno nacion<strong>al</strong> presentó a consideración <strong>del</strong> <strong>Congreso</strong> de la República elProyecto de Acto Legislativo N° 16 de 2008, Cámara, “Por el cu<strong>al</strong> se reforma el artículo 49de la Constitución Política”, sobre la reglamentación de la dosis person<strong>al</strong> mínima.en torno a la iniciativa. En primer lugar, advirtió que no aparecía, pese a los argumentosesgrimidos, la necesidad de tramitar una reforma constitucion<strong>al</strong> para adoptar las medidasque el Gobierno estimara pertinentes para el tratamiento y control <strong>del</strong> problema <strong>del</strong>consumo y porte de drogas en términos de lo que se ha denominado la “dosis person<strong>al</strong>”.Desde el punto de vista normativo, la problemática podía tratarse a través de la agendano inhibían <strong>al</strong> legislador ordinario para que, soportado en los criterios y orientacionesexpresados por la Corte en las respectivas sentencias de inexequibilidad ya mencionadas,procediera a desarrollar, mediante las leyes pertinentes, los procedimientos que permitierana<strong>del</strong>antar las investigaciones e imponer, si fuere <strong>del</strong> caso, las sanciones que se previeran, enguarda de los derechos de terceros y de la s<strong>al</strong>ud pública, cuando resultaran afectados porconductas relacionadas con el consumo y porte de sustancias estupefacientes.Fuera de las hipótesis que admitirían una medida de carácter punitivo por parte <strong>del</strong>Estado por involucrar o afectar la esfera de los derechos y libertades de terceras personas,la Delegada manifestó respecto de la hipótesis <strong>del</strong> porte y consumo de la dosis person<strong>al</strong>stricto sensu, que las razones que dieron lugar a la declaratoria de inexequibilidad de lamedidas represivas y sancionatorias de esta conducta.En consecuencia, conceptuó que el Legislador cuenta con una amplia gama deposibilidades para adoptar mecanismos y políticas orientadas a controlar el consumode drogas <strong>al</strong>ucinógenas, ya sea diseñando nuevos dispositivos leg<strong>al</strong>es o reformandoo adicionando la ley 745, en el sentido de incorporar las normas necesarias para elprocesamiento de las contravenciones pen<strong>al</strong>es.El proyecto fue retirado en Comisión, según consta en el acta 24 <strong>del</strong> 2 de diciembre de 2008.a.6. Violencia en los estadiosLa Defensoría en relación con los Proyectos de Ley 179 de 2007, Cámara, “por la cu<strong>al</strong>se crea la Comisión Nacion<strong>al</strong> para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el fútbol enColombia y se dictan otras disposiciones en eventos deportivos”, y 040 de 2007, Cámara,“por medio de la cu<strong>al</strong> se expide la ley de seguridad en eventos deportivos”, manifestó que,en primer lugar, el tema de la organización y desarrollo de los espectáculos deportivos y lasmedidas de seguridad y prevención son materias propias de un Código Nacion<strong>al</strong> de Policía,el cu<strong>al</strong>, en su versión actu<strong>al</strong> –que data en su cuerpo princip<strong>al</strong> <strong>del</strong> año de 1970–, se encuentra
144 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>normativas que ha experimentado el país desde entonces. Además, la Defensoría hizo unllamado a estudiar más detenidamente las causas que originan las problemáticas soci<strong>al</strong>es ybuscar una solución leg<strong>al</strong> integr<strong>al</strong>.Como primera medida, recomendó que las autoridades mantengan contactopermanente con las barras y ahonden en su conocimiento –pues no sólo se enfrentan <strong>al</strong>s<strong>al</strong>ir de las ciudades a los encuentros futbolísticos, sino que dividen a cuadras o sectores enlos barrios mismos– y de sus integrantes –<strong>al</strong> menos de los más notorios o que ejerzan unpapel de líderes– y a partir de dicho conocimiento, plantear estrategias de política públicapara afrontar los diversos problemas que se encuentren.Los clubes deben también contribuir exigiendo <strong>al</strong> cuerpo técnico y jugadores morigerarde por sí. De igu<strong>al</strong> forma, los medios de comunicación, los narradores y los an<strong>al</strong>istas tambiéndeberían repensar el papel que desempeñan y an<strong>al</strong>izar si pueden contribuir a no exacerbar losánimos de forma previa, durante el desarrollo y con posterioridad a los encuentros.Sobre el consumo de bebidas <strong>al</strong>cohólicas, la Defensoría expresó su disenso con lael número 218J–, que permite sancionar a quien ingrese, consuma o tenga en un espectáculodeportivo bebidas <strong>al</strong>cohólicas con un grado superior <strong>al</strong> 5% de contenido <strong>al</strong>cohólico, toda vezque esto permitiría el ingreso y consumo de la mayor parte de las cervezas que se expendenen el territorio nacion<strong>al</strong> con un contenido <strong>al</strong>cohólico levemente menor.Fin<strong>al</strong>mente, la Defensoría planteó prevenir el ingreso de personas que hayan causadosucesos violentos en los estadios; pero llamó la atención sobre la necesidad de asegurarque t<strong>al</strong> negativa corresponda exclusivamente a las personas que ostentan las respectivassanciones contravencion<strong>al</strong>es o judici<strong>al</strong>es, pues solo la ley –con base en elementosdebidamente comprobables como los antecedentes– puede restringir las libertades públicasde los ciudadanos y ciudadanas.a. 7. Disposiciones contra el acoso, el hostigamiento y el m<strong>al</strong>trato en colegios y escuelasPara la audiencia pública que se iba a celebrar el 04 de diciembre de 2008 en lasinst<strong>al</strong>aciones <strong>del</strong> <strong>Congreso</strong> sobre el Proyecto de Ley N° 46 de 2008 Cámara, “Porla cu<strong>al</strong> se establecen mecanismos para la prevención y corrección <strong>del</strong> acoso escolar, elhostigamiento, el m<strong>al</strong>trato y otras formas de violencia en las escuelas y colegios y seadiciona el Código de la Infancia y la Adolescencia”, con las Defensorías Delegadas par<strong>al</strong>os Asuntos Constitucion<strong>al</strong>es y Leg<strong>al</strong>es, y los Derechos de la Niñez, la Juventud y lasMujeres, se preparó conjuntamente un documento en el que se señ<strong>al</strong>ó lo siguiente:i) El mencionado proyecto se dirige a controlar solamente la violencia que se presenteentre estudiantes o entre estos y sus docentes o directivos, excluyendo a otros miembrosde la comunidad educativa como, por ejemplo, el person<strong>al</strong> administrativo; ii) no estánclaras las nuevas funciones que asumirían las secretarías de educación municip<strong>al</strong>es ydepartament<strong>al</strong>es, y sería recomendable involucrarlas como entes de vigilancia y control<strong>del</strong> proceso disciplinario; iii) con la entrada en vigencia <strong>del</strong> Código de la Infancia y laAdolescencia ya no se habla de la “policía de menores” sino de la Policía de Infancia yAdolescencia; iv) que además de los <strong>al</strong>umnos y las <strong>al</strong>umnas, es importante la sensibilizacióny capacitación los miembros de sus familias, razón por la cu<strong>al</strong> se sugirió dictar una cátedra
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>145de convivencia en los t<strong>al</strong>leres de padres y madres de familia o en las reuniones ordinariasa las que asistan.La Defensoría recomendó: i) incluir en el proyecto a los niños y niñas de preescolar; ii)que el personero estudiantil forme parte de los comités estudiantiles; iii) crear un mecanismode prevención que complemente el sistema de detección de casos; iv) no establecer comomedidas correctivas para los estudiantes agresores los reproches colectivos, el cambio deaula o jornada; pues t<strong>al</strong>es medidas constituirían en tratos crueles, inhumanos y degradantes,a la luz de la normativa y jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> vigentes; v) en cumplimiento <strong>del</strong>artículo 29 constitucion<strong>al</strong>, darle procedencia a los recursos de ley (reposición y apelación),adicione el artículo 23 de la Ley 115 de 1994, estableciendo como obligatoria dentro <strong>del</strong>pénsum académico, una cátedra de convivencia, afectividad o relaciones interperson<strong>al</strong>es;diferente a la cátedra de ética y v<strong>al</strong>ores.Si bien la mencionada audiencia pública no se llevó a cabo, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>este proyecto s<strong>al</strong>ga avante.a.8. Adopción de la actividad de riego agropecuario como servicio públicodomiciliario de carácter no esenci<strong>al</strong>El Proyecto de Ley No. 02 de 2008, Senado, “Por medio de la cu<strong>al</strong> se adoptan medidassobre riego agropecuario y se dictan otras medidas de desarrollo agropecuario”, fuepresentado por el Gobierno nacion<strong>al</strong> y busca, además de la declaratoria como serviciopúblico de los distritos de riego, su traspaso a las asociaciones de usuarios o a operadores saneamiento de inmuebles <strong>al</strong> Instituto Colombiano de Desarrollo Rur<strong>al</strong>, INCODER, yla supresión de las facultades asignadas a las Corporaciones Autónomas Region<strong>al</strong>es parare<strong>al</strong>izar inversiones en zonas rur<strong>al</strong>es prioritarias.En comunicación No. 4010-0183 de octubre 6 de 2008 dirigida <strong>al</strong> Senado de lapor su natur<strong>al</strong>eza contribuye de modo directo y concreto a la protección de bienes y a lare<strong>al</strong>ización de v<strong>al</strong>ores ligados con los derechos fundament<strong>al</strong>es de los miembros <strong>del</strong> sectorprimario de la economía, esto es, de los campesinos y demás trabajadores <strong>del</strong> campo, debeno solo procurar la re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> desarrollo humano sostenible y <strong>al</strong> bienestar<strong>del</strong> sector rur<strong>al</strong> de los trabajadores agrarios, en condiciones de equidad, competitividad ysostenibilidad, sino además priorizar sus destinación a aquellas actividades encaminadasa proteger la seguridad <strong>al</strong>imentaria de la población en gener<strong>al</strong>, sobre cu<strong>al</strong>quier otro uso.Se consideró que el proyecto debía ser más explícito en esa materia, de t<strong>al</strong> forma que elproceso de privatización a que estarían sometidos los Distritos de Riego no ponga en peligrola actividad agrícola y la seguridad <strong>al</strong>imentaria que se deriva de ella, ni implique el desmonte <strong>del</strong>os deberes constitucion<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Estado colombiano, relacionados con la protección especi<strong>al</strong>de la producción de <strong>al</strong>imentos, la construcción y mantenimiento de obras de infraestructurafísica y adecuación de tierras, consagrados en el artículo 65 de la Constitución Política.De otra parte, se sugirió revisar el trato distinto que el proyecto le podría estar dandoa los destinatarios de la operación de traspaso de la operación, esto es, a las Asociaciones
146 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de Usuarios y a los operadores públicos o privados, en tanto que estos últimos podrían serseleccionados mediante convocatoria pública, sin tener en cuenta el derecho preferenci<strong>al</strong> quepodría atribuírsele a las Asociaciones de Usuarios. En este punto concreto se observó que,por disposición <strong>del</strong> artículo 64 de la Constitución Política, es deber <strong>del</strong> Estado promover elacceso progresivo a la propiedad de la tierra de los trabajadores agrarios, obligación que elproyecto podría estar desconociendo <strong>al</strong> permitir a la autoridad competente, casi de formadiscrecion<strong>al</strong>, designar mediante resolución motivada a los operadores públicos o privadospara administrar los Distritos de Riego, sin ninguna otra consideración distinta que suconvicción íntima de que las Asociaciones de Usuarios no podrían hacerlo adecuadamente.b. Actuaciones ante la Corte Constitucion<strong>al</strong>Las actuaciones ante la Corte Constitucion<strong>al</strong> se desarrollan en ejercicio de la facultadde presentar acciones públicas de inconstitucion<strong>al</strong>idad contra leyes o normas con fuerzamateri<strong>al</strong> de ley y también mediante intervenciones en los procesos de la misma natur<strong>al</strong>eza,que son comunicados por la Corte <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> o en los cu<strong>al</strong>es se decideintervenir, cuando se debate un asunto de trascendencia para los derechos humanos.b.1 Los derechos económicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es de las comunidades agrarias en elestatuto de desarrollo rur<strong>al</strong> (Expediente D-7459. Demanda contra la Ley 1152de 2007. Estatuto de Desarrollo Rur<strong>al</strong>-. Fecha: 19 noviembre de 2008)La acción pública propuesta por <strong>al</strong>gunos ciudadanos y organizaciones planteó lainexequibilidad tot<strong>al</strong> de la Ley 1152 de 2007 y, en subsidio, propuso una serie de 156 cargosen contra de numerosas disposiciones <strong>del</strong> Estatuto de Desarrollo Rur<strong>al</strong>, por considerarque violaban la obligación de progresividad efectiva y la consecuente no regresividad enmateria de derechos económicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es, de acuerdo con lo previsto en elartículo 2 <strong>del</strong> Pacto Internacion<strong>al</strong> de Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es, y porviolación de los artículos 1, 7, 13, 58, 64, 65, 329 y 330 de la Constitución, así como elartículo 55 transitorio, y 13 a 19 <strong>del</strong> Convenio 169 de la OIT.Algunos de los argumentos de inconstitucion<strong>al</strong>idad ofrecidos por la Delegada en suintervención son los siguientes:(i)El artículo 90 de la Ley 1152/07 está afectado por una omisión legislativa decarácter relativo, pues no ha asignado a las Zonas de Desarrollo Empresari<strong>al</strong> que<strong>al</strong>lí se contemplan la función soci<strong>al</strong> y ecológica que les es inherente por disposición<strong>del</strong> artículo 58 de la Constitución. De ahí que resulte contrario a la Constitución. indígenas y las tierras comun<strong>al</strong>es de los grupos afrodescendientes cumplen conla función soci<strong>al</strong> y ecológica de la propiedad, comporta una intromisión y unaerosión de su autonomía. Los parámetros bajo los cu<strong>al</strong>es la propiedad resulta misma y no por las autoridades <strong>del</strong> Estado, las cu<strong>al</strong>es, por lo demás, carecen <strong>del</strong>os elementos conceptu<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es necesarios para comprender y <strong>del</strong>imitar lacosmovisión que determina esos parámetros. Lo mismo v<strong>al</strong>e para la competenciaasignada <strong>al</strong> Ministerio <strong>del</strong> Medio Ambiente respecto de la función ecológica.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>147(iii) Los artículos 91 y 161 de la ley demandada permiten que sociedades de cu<strong>al</strong>quiercon la asignación de b<strong>al</strong>díos en zonas de desarrollo empresari<strong>al</strong>. Para la Delegada,esta posibilidad constituye un trato privilegiado en favor de sociedades mercantilesespeci<strong>al</strong>izadas en el sector agrario que no se compadece con la situación deen particular, el acceso a la propiedad y la garantía de los derechos en favor de lossectores más vulnerables de la población. Por t<strong>al</strong> razón, coadyuvó la solicitud deinexequibilidad de estas disposiciones.(iv) El artículo 74 de la misma ley impide que el Gobierno asigne subsidios para comprao expropiación de predios que han sido ocupados de hecho. Para la Delegada, laocupación de hecho, <strong>al</strong> ser una forma legítima de acceder a la propiedad, estáamparada por la ley civil y por la Constitución, de manera que la proscripción denegociar cuando media esta mod<strong>al</strong>idad implica un trato discriminatorio contrario(v) La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de la Delegada acompañó, igu<strong>al</strong>mente, la solicitudde inconstitucion<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> parágrafo <strong>del</strong> artículo 123 <strong>del</strong> Estatuto, que impide laconstitución o ampliación de resguardos indígenas dentro de los límites de las tierrasde propiedad comun<strong>al</strong> de las comunidades afrodescendientes. Ello, por cuanto existíanderechos superpuestos de las comunidades indígenas en territorios comun<strong>al</strong>es y su expediente de desconocer de plano un derecho para privilegiar otro. Por lo demás, lastierras comun<strong>al</strong>es son susceptibles de enajenación, lo cu<strong>al</strong> podía conducir en últimas <strong>al</strong>a expulsión de comunidades indígenas de zonas que han venido ocupando, <strong>al</strong>egandosu pertenencia a comunidades negras, para luego proceder a enajenarlas.(vi) El artículo 16 de la ley 1152/07, <strong>al</strong> determinar las personas y funcionarios queharían parte <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de Tierras -CONATI-, omitió incluir a unarepresentante de las organizaciones de mujeres rur<strong>al</strong>es. Dado que el artículo 20de la Ley 731 de 2002 dispone expresamente que en todos los órganos decisoriosde la administración deberán estar representadas de manera equitativa las mujeresrur<strong>al</strong>es; por tanto, se solicitó a la Corte declarar exequible la disposición, entendidaen el sentido de que el Consejo debe incorporar a una mujer representante <strong>del</strong>sector mencionado, con fundamento en lo dispuesto con el artículo 20 de la ley731 de 2002.La demanda se encuentra en términos para concepto <strong>del</strong> señor Procurador Gener<strong>al</strong> y,a la fecha, no ha sido f<strong>al</strong>lada.b.2. La mor<strong>al</strong> y las buenas costumbres como parámetros de la conductadisciplinaria <strong>del</strong> servidor público (Expediente D-7394. Demanda contr<strong>al</strong>a Ley 734 de 2002 -Código Disciplinario Único-, artículo 35, ordin<strong>al</strong> 9.Tema: Inconstitucion<strong>al</strong>idad de norma disciplinaria sobre mor<strong>al</strong> y buenascostumbres. Fecha: septiembre 25 de 2008)La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de la Delegada de asuntos constitucion<strong>al</strong>es decidióapoyar la solicitud de inexequibilidad <strong>del</strong> ordin<strong>al</strong> 9 <strong>del</strong> artículo 35 de la Ley 734 de 2002
148 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>o Código disciplinario único, el cu<strong>al</strong> tiene prevista la prohibición leg<strong>al</strong>, en cabeza de losservidores públicos, de no ejecutar en el lugar de trabajo actos que atenten contra la mor<strong>al</strong>y las buenas costumbres, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hizo una referencia inici<strong>al</strong> en el tema <strong>del</strong>a potestad sancionatoria <strong>del</strong> Estado y el principio de leg<strong>al</strong>idad en materia disciplinaria, yluego abordó la temática de la relación entre mor<strong>al</strong> y derecho, y la inclusión de referentesUna vez fue contextu<strong>al</strong>izada la disposición demandada dentro de la propia Ley 734que la contiene, y luego de revisarla a la luz de los postulados constitucion<strong>al</strong>es y sentenciasde constitucion<strong>al</strong>idad sobre normas de contenidos similares, la Defensoría concluyóque el aparte demandado carecía de la precisión mínima exigible para la descripción deuna conducta sancionable disciplinariamente y, por tanto, solicitó a la Corte declarar suinexequibilidad por vulnerar directamente el artículo 29 <strong>del</strong> texto fundament<strong>al</strong>.DECISIÓN DE LA CORTE: No existe a la fecha pronunciamiento de la Corte conrespecto a este proceso.b.3. Exclusión <strong>del</strong> investigado de la audiencia de control de garantías posterior(Expediente D-7396. Demanda contra la Ley 906 de 2004 -Código deProcedimiento Pen<strong>al</strong>-, artículo 237, inciso segundo. Septiembre 23/08)En desarrollo de la acción pública de inconstitucion<strong>al</strong>idad, un ciudadano demandó elinciso 2o <strong>del</strong> artículo 237 de la Ley 906 de 2004, por excluir de la audiencia de control <strong>del</strong>eg<strong>al</strong>idad posterior, <strong>al</strong> investigado o su defensor.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de la Delegada de asuntos constitucion<strong>al</strong>es considerórazonable que, en desarrollo de la investigación preliminar, las actuaciones se mantengansido sometida a medidas onerosas de intervención y, además, se han tomado elementoso evidencias que pueden servir de pruebas en un juicio en su contra, debían activarse deinmediato sus garantías fundament<strong>al</strong>es relacionadas con el debido proceso y el derecho adesarrollar el contradictorio durante las audiencias respectivas.Si el carácter reservado de <strong>al</strong>gunos actos de la investigación preliminar está sustentadopor cuanto las respectivas órdenes ya se habían cumplido, los elementos materi<strong>al</strong>es yPor lo anterior, el inciso 2o <strong>del</strong> artículo 237 <strong>del</strong> C.P.P., <strong>al</strong> consagrar que “sólo” podían“los funcionarios de respectiva o que intervinieron en la diligencia”, contenía una restricción inconstitucion<strong>al</strong> a losderechos fundament<strong>al</strong>es <strong>del</strong> indiciado <strong>al</strong> debido proceso, <strong>al</strong> acceso a un recurso efectivo, a lapublicidad de las actuaciones judici<strong>al</strong>es y <strong>al</strong> ejercicio de la contradicción y defensa, entre otros.Sin embargo, ante la circunstancia de que una declaratoria de inexequibilidad de laexpresión “sólo” <strong>del</strong> artículo demandado no solucionaría el obstáculo que la reserva <strong>del</strong>a audiencia de control de leg<strong>al</strong>idad plantea para el indiciado o su defensor, la Delegada
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>149propuso a la honorable Corte Constitucion<strong>al</strong> integrar la unidad normativa de la expresióndemandada con la expresión “[s]i el cumplimiento de la orden ocurrió luego de formulada laimputación...” contenida en el parágrafo <strong>del</strong> artículo 237 de la Ley 906 de 2004.En este caso, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de la Delegada de asuntos constitucion<strong>al</strong>esadvirtió que permitir la concurrencia excepcion<strong>al</strong> <strong>del</strong> imputado a la audiencia de control <strong>del</strong>eg<strong>al</strong>idad de las diligencias de investigación, con exclusión <strong>del</strong> indiciado, implicaba de igu<strong>al</strong>forma una violación de los derechos de este último a la defensa y el debido proceso y, decontera, un desconocimiento <strong>del</strong> derecho a la igu<strong>al</strong>dad de trato y consideración por partede las autoridades. En t<strong>al</strong> sentido, la situación que condiciona el acceso a la audiencia es queel cumplimiento de la orden respectiva haya ocurrido luego de formulada la imputación.Por lo mismo, como el imputado y el indiciado con respecto de quien se han recogidoelementos de prueba y evidencias tienen igu<strong>al</strong> derecho de asistir a la audiencia, la condiciónque contempla el parágrafo para acceder a ella debe ser retirada <strong>del</strong> ordenamiento debidoa que el indiciado tiene t<strong>al</strong> condición debido precisamente a que en su contra no se haformulado imputación.b.4. Privilegios e inmunidades de la Corte Pen<strong>al</strong> Internacion<strong>al</strong> (Expedientela T-321. Revisión constitucion<strong>al</strong> de la Ley 1180 de 2007 “por medio <strong>del</strong>a cu<strong>al</strong> se aprueba el “Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de laCorte Pen<strong>al</strong> Internacion<strong>al</strong>”. Agosto 06/08)El artículo 48 <strong>del</strong> Estatuto de Roma prevé un conjunto de privilegios e inmunidadesque se otorgaría a los representantes de los Estados que participen en las actuaciones <strong>del</strong>a Corte y a los funcionarios de la misma , así como <strong>al</strong> person<strong>al</strong> de apoyo, cuyapresencia se requiera para su buen funcionamiento –person<strong>al</strong> contratado loc<strong>al</strong>mente–,para cuando la Corte sesione en un lugar distinto de su sede de La Haya (Países Bajos).Un primer bloque de artículos –arts. 1 a 12 – aparte de reglar los términos empleadosen el acuerdo, regulan aspectos relacionados con los privilegios y las inmunidadesrelativas <strong>al</strong> estatus de la Corte, la inmunidad de bienes, haberes y fondos, su identidad, superson<strong>al</strong>idad, las excepciones a sus gravámenes y los privilegios en las comunicaciones,entre otras disposiciones, propias y necesarias para el ejercicio de la jurisdicción que elEstado colombiano reconoció.En el segundo bloque de normas se destacan los artículos relacionados con el ámbitode los privilegios de las personas, en los que se incluyen los representantes de los Estados,así como los Magistrados, el Fisc<strong>al</strong>, los Fisc<strong>al</strong>es Adjuntos y el Secretario de la Corte,los abogados defensores, las víctimas, los peritos y los testigos, entre otros.El tipo de privilegios e inmunidades otorgados a lo largo <strong>del</strong> Acuerdo, incluyeinmunidad ante los procesos leg<strong>al</strong>es si se relacionan con las funciones desarrolladas, asícomo con la facilidad de viajar y desplazarse, la inviolabilidad de los documentos y papelesLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a través de la Delegada de asuntos constitucion<strong>al</strong>es, se resultaban acordes con las funciones y propósitos de la Corte Pen<strong>al</strong> Internacion<strong>al</strong>. Sin
150 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>embargo, los derechos concedidos debían respetar la soberanía nacion<strong>al</strong> y los demásderechos, principios y v<strong>al</strong>ores consagrados en la Constitución Política.La observancia de la normativa interna y <strong>del</strong> deber de evitar abusos relacionados conel ejercicio de los privilegios e inmunidades establecidos en el Acuerdo, la obligacióna cargo de las personas investidas de privilegios e inmunidades de respetar el ordenjurídico de los Estados Parte y de no interferir en asuntos internos, constituían limitantesconceptos que responden a los de soberanía nacion<strong>al</strong>, autodeterminación de los pueblosy el reconocimiento de los principios <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> aceptados por Colombia,consagrados en el artículo 9° de la Constitución Política.La Delegada concluyó que el Acuerdo an<strong>al</strong>izado representaba un avance importanteen la protección de las instituciones, personas y grupos de personas comprometidas en laefectividad de la justicia pen<strong>al</strong> internacion<strong>al</strong>. En consecuencia, solicitó respetuosamente <strong>al</strong>a Corte declarar su constitucion<strong>al</strong>idad.DECISIÓN: A la fecha de elaboración de este <strong>Informe</strong> no se ha producido lasentencia correspondiente.b.5. Demanda contra disposiciones varias de la ley de justicia y paz(Expediente D-6992. Demanda contra la Ley 975 de 2005, por la cu<strong>al</strong> sedictan disposiciones para la reincorporación de miembros de gruposarmados organizados <strong>al</strong> margen de la ley, que contribuyan de maneraefectiva a la consecución de la paz nacion<strong>al</strong>. Julio 01/08)En este proceso fueron demandados los artículos 2, 4, 47, 48, 49, 71 y 72 (parci<strong>al</strong>es) <strong>del</strong>a Ley 975 de 2005. Sobre la expresión “reconciliación nacion<strong>al</strong>”, contenida en los artículos2, 4 y 48 de la ley citada, la Delegada encontró que no existían razones para retirarla <strong>del</strong>ordenamiento.Respecto <strong>del</strong> artículo 72, que consagra la vigencia de la ley a partir de su promulgación,los demandantes estimaron que ello estaba condicionado a la entrega de un listado por parte<strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> a la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> para que pudieran considerarse vigentes losComo esta condición se cumplió con posterioridad a las decisiones de la Corte contenidasespeci<strong>al</strong>mente en la Sentencia C-370/05, su vigencia debería entenderse activada luego <strong>del</strong>a entrega <strong>del</strong> susodicho listado y bajo los parámetros y con los condicionamientos de laCorte Constitucion<strong>al</strong>. La Delegada apoyó la solicitud de constitucion<strong>al</strong>idad condicionada<strong>del</strong> artículo 72 demandado, para que se entendiera que a esta ley se le deben integrar todaslas declaraciones de inexequibilidad y exequibilidad condicionadas hechas por la CorteConstitucion<strong>al</strong>, en especi<strong>al</strong> las contendidas en la Sentencia C-370 de 2006, lo que la haríacompatible y armónica tanto con la Constitución como con la expresión <strong>del</strong> artículo 10de la misma ley.a los miembros de los grupos de autodefensa, se adujo que dicha disposición habíasido retirada <strong>del</strong> ordenamiento por vicios en el trámite legislativo, según la SentenciaC-370/05. Por t<strong>al</strong> razón, no podía sustentarse la aplicación <strong>del</strong> principio de favorabilidadrespecto de un artículo que, en rigor, no había nacido a la vida jurídica, de manera que los
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>151efectos ultraactivos que estuviera produciendo dicha disposición deberían ser declaradosinexequibles por la Corte.Con relación <strong>al</strong> inciso 2° <strong>del</strong> artículo 47 de la ley citada, que estableció que los serviciossoci<strong>al</strong>es suministrados por el Gobierno a las víctimas hacen parte de la reparación yde la rehabilitación, se adhirió a los cargos de la demanda para que t<strong>al</strong> expresión fueradeclarada inexequible, dado que confunde las obligaciones estat<strong>al</strong>es de adoptar medidaspara la reparación integr<strong>al</strong> de las víctimas de crímenes atroces con aquellas encaminadasa desarrollar políticas soci<strong>al</strong>es y a prestar atención humanitaria a las víctimas de desastres.DECISIÓN: La Corte Constitucion<strong>al</strong>, por medio de la Sentencia C-1199/08, coincidióen lo esenci<strong>al</strong> con la posición presentada por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de laDelegada en el sentido de declarar inexequible el artículo 47 y exequible condicion<strong>al</strong>menteel artículo 72 de la Ley 975/05, demandados. Con respecto de los artículos 2, 4 y 48 de lamisma ley, el Alto Tribun<strong>al</strong> se inhibió de hacer un pronunciamiento de fondo.b.6. Derecho a igu<strong>al</strong> trato de parejas homosexu<strong>al</strong>es con respecto a lasheterosexu<strong>al</strong>es en materia de derechos y deberes (Expediente D-7290.Demanda contra diversas normas <strong>del</strong> ordenamiento jurídico colombianoen busca de la protección a las parejas <strong>del</strong> mismo sexo. Junio 25/08)Este podría ser uno de los procesos de constitucion<strong>al</strong>idad más importantes <strong>del</strong> año2008, por la complejidad de los temas tratados y por el impacto político, soci<strong>al</strong> y cultur<strong>al</strong>que representa para la apertura y consolidación de una sociedad verdaderamente plur<strong>al</strong>istay democrática, respetuosa de la diversidad.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de la Delegada intervino para coadyuvar en lofundament<strong>al</strong> la demanda propuesta por un grupo de ciudadanos en contra de diversosartículos dispersos en el ordenamiento jurídico que consagran un régimen de derechos,garantías y deberes de diversa natur<strong>al</strong>eza para las parejas heterosexu<strong>al</strong>es y excluyen <strong>del</strong>mismo a las parejas homosexu<strong>al</strong>es.Dada la extensión de la demanda, a título meramente enunciativo se pueden mencionarcomo ejes problemáticos que subyacen a las normas demandadas, los siguientes:b.6.1. Normas que consagran derechos civiles y políticos para las parejas heterosexu<strong>al</strong>escon exclusión de las parejas homosexu<strong>al</strong>esLa Defensoría Delegada de Asuntos Constitucion<strong>al</strong>es y Leg<strong>al</strong>es an<strong>al</strong>izó los cargosesbozados contra las expresiones “familia” y “compañero o compañera permanente”contenidas en el artículo 4º de la Ley 70 de 1931; “familiar” y “familia”, así como “compañerospermanentes” y “compañeros permanentes cuya unión haya perdurado por lo menos dosaños”, de los artículos 1 y 12, respectivamente, de la Ley 258 de 1996; “cónyuge” <strong>del</strong> artículo411 <strong>del</strong> Código civil; y contra las expresiones “compañeros permanentes” <strong>del</strong> artículo 5de la Ley 43 de 1993; “unión singular, permanente y continua”, “compañera permanente”y “unión permanente” consagradas en el liter<strong>al</strong> d y en el parágrafo <strong>del</strong> artículo 2º, y en elliter<strong>al</strong> a. <strong>del</strong> artículo 3º <strong>del</strong> Decreto 2762 de 1991.La Defensoría adhirió a los argumentos presentados en la demanda sobre lainconstitucion<strong>al</strong>idad de la expresión “cónyuge” <strong>del</strong> ordin<strong>al</strong> 1 <strong>del</strong> artículo 411 <strong>del</strong> Código
152 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Civil, que consagra la obligación de prestar <strong>al</strong>imentos a ciertas personas, la expresión“compañeros permanentes” <strong>del</strong> artículo 5 de la Ley 43 de 1993 relacionada con la reducción<strong>del</strong> tiempo de residencia para solicitar la nacion<strong>al</strong>idad por adopción, y las expresiones“unión singular, permanente y continua”, “compañera permanente” y “unión permanente”contenidas en el liter<strong>al</strong> d) y en el parágrafo <strong>del</strong> artículo 2º, así como en el artículo 3º,una residencia permanente en el departamento archipiélago de San Andrés, Providenciay Santa Cat<strong>al</strong>ina, cuando son interpretadas como si excluyeran a las parejas homosexu<strong>al</strong>estanto, solicitó a la Corte que así lo declarara.b.6.2. Normas que consagran derechos para los compañeros permanentes de las víctimasde crímenes atroces y que excluyen de su titularidad a las parejas <strong>del</strong> mismo sexoSegún el libelo an<strong>al</strong>izado, se impugnan las expresiones “compañero o compañerapermanente” contenidas en el artículo 5º de la Ley 975 de 2005, “familiares” <strong>del</strong> artículo15 y “parientes”, de los artículos 47, 49.3 (sic) y 58, ídem; “familiares”, contenida en losartículos 11 de la Ley 589 de 2000, 14, 15 y parágrafo <strong>del</strong> artículo 15 de la Ley 971 de2005, y “familia” y “familiar” <strong>del</strong> ordin<strong>al</strong> 4 <strong>del</strong> artículo 2º de la Ley 387 de 1997. Se atacanigu<strong>al</strong>mente las expresiones “compañero o compañera permanente” <strong>del</strong> artículo 10 de laLey 589 de 2000, “familia” <strong>del</strong> artículo 2º de la Ley 986 de 2005, y la expresión “compañeroo compañera permanente” <strong>del</strong> artículo 26 de la misma Ley 986 de 2005, que reformó elartículo 23 de la Ley 282 de 1996.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de la Delegada de asuntos constitucion<strong>al</strong>es manifestóque, por vía de la extensión de la c<strong>al</strong>idad de víctima a cu<strong>al</strong>quier persona afectada por lacomisión <strong>del</strong> <strong>del</strong>ito, se deben entender incorporadas a las personas <strong>del</strong> mismo sexo queconformaban pareja con la víctima directa <strong>del</strong> hecho. La circunstancia de que la pareja fuerahomosexu<strong>al</strong> no excluía que dicha relación hubiere sido establecida en razón de las mismasmotivaciones que llevan a un hombre y a una mujer a establecer una vida en común: elamor, la afectividad, la atracción sexu<strong>al</strong>, la necesidad de darle un sentido profundo y establea la existencia en compañía de otro ser humano que comparte esas mismas expectativas. Sila comisión <strong>del</strong> <strong>del</strong>ito contra la vida, la integridad y el patrimonio de una persona impactanecesariamente a su pareja y le ocasiona un trauma muchas veces irremediable, t<strong>al</strong>esconsecuencias se producen con independencia de que la pareja sea <strong>del</strong> mismo sexo.“víctimas”, según resulte <strong>del</strong> análisis de constitucion<strong>al</strong>idad practicado <strong>al</strong> inciso 2º <strong>del</strong>artículo 5º de la Ley 975 de 2005, y vincular a sus efectos a la misma expresión, contenidaen los artículos 15, 47, 49.3 (sic) y 58 de la Ley 975 de 2005, de manera que lo que sepredique de las víctimas en dichas disposiciones, se haga extensivo a las parejas integradaspor personas <strong>del</strong> mismo sexo.b.6.3. Las normas que consagran prestaciones, subsidios y medidas indemnizatoriasde carácter soci<strong>al</strong> a favor de las parejas heterosexu<strong>al</strong>es con exclusión de lasparejas homosexu<strong>al</strong>esEn este apartado fueron demandadas <strong>al</strong>gunas normas, reglamentarias de prestaciones,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>153régimen especi<strong>al</strong> de s<strong>al</strong>ud y pensiones de la Fuerza Pública –Ley 923 de 2004, Decreto Ley1795 de 2000–, con los <strong>del</strong> Subsidio Familiar en la mod<strong>al</strong>idad de prestación soci<strong>al</strong> –Ley 21de 1982–, con los <strong>del</strong> Subsidio Familiar de Vivienda –Ley 3 de 1991–, con la integración deObligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) – Ley 100 de 1993.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de la Delegada de asuntos constitucion<strong>al</strong>es estimóque las situaciones fácticas contempladas en las normas demandadas conducen a constatarque pueden ser re<strong>al</strong>idades, no solo para las parejas heterosexu<strong>al</strong>es sino también para lasparejas homosexu<strong>al</strong>es, en un consecuente vacío leg<strong>al</strong> de protección de las últimas, lo queconstituye una violación <strong>del</strong> deber constitucion<strong>al</strong> de otorgar un mínimo de protección <strong>del</strong>as uniones homosexu<strong>al</strong>es, derivada de los requerimientos análogos de protección.Por tanto, se coadyuvaron las pretensiones de la demanda para que se declarara,previa la conformación de la unidad normativa de t<strong>al</strong>es expresiones con la expresión“compañero y compañera permanente” <strong>del</strong> artículo 1º de la Ley 54 de 1990, que ellas soninconstitucion<strong>al</strong>es cuando se interpretan en el sentido de excluir a las parejas homosexu<strong>al</strong>escomo sujetos destinatarios de los derechos y garantías que ellas establecen.b.6.4. Normas de derecho público que establecen límites <strong>al</strong> acceso y ejercicio de lafunción pública y a la celebración de contratos estat<strong>al</strong>esLa demanda impugna las expresiones “compañero(a) permanente” y “compañerospermanentes” contenidas en varios artículos de la Ley 190/95, en el artículo 49 de la Ley1148 de 2007, en el artículo 8º de la Ley 80 de 1993; en el artículo 40 de la Ley 734 de 2002;en el artículo 84 de la Ley 734 de 2002; y en los artículos 283 y 286 de la Ley 5 de 1992.A nuestro juicio, las características y fundamentos de las relaciones de pareja son enesencia los mismos, con independencia de que sean integradas por personas <strong>del</strong> mismosexo o de sexo distinto. Si estas parejas se forman por individuos dotados de igu<strong>al</strong> dignidady v<strong>al</strong>ores, titulares de los mismos derechos y garantías y vinculados a los mismos deberesy obligaciones, no existe ningún fundamento plausible para considerar que sólo losservidores públicos ligados a una pareja heterosexu<strong>al</strong> deben soportar la carga de presentaruna declaración juramentada de bienes y rentas. El principio de igu<strong>al</strong>dad, que supone nosólo igu<strong>al</strong>es derechos sino igu<strong>al</strong>es deberes, implica para los servidores públicos con unionesmarit<strong>al</strong>es de carácter homosexu<strong>al</strong> rendir la correspondiente declaración.La Constitución ha establecido un límite para el acceso a la función pública de ciertaspersonas que, por razón de su situación person<strong>al</strong> respecto de ciertas autoridades electas,podrían llevar a una acumulación de poder antidemocrática o <strong>al</strong> desempeño de la funciónestimado razonable, necesario y proporcionado limitar el ejercicio <strong>del</strong> derecho de accesoa cargos públicos de las personas vinculadas por relaciones afectivas de pareja, en aras deasuntos a cargo de la administración pública territori<strong>al</strong>.La legitimidad de un proyecto de vida en común entre parejas <strong>del</strong> mismo sexosupone expectativas e intereses compartidos que pueden resultar incompatibles con losprincipios de la Administración Pública y de la contratación administrativa. En t<strong>al</strong> virtud,
154 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la aceptación por vía de doctrina de las parejas <strong>del</strong> mismo sexo acarrea la asunción de lasrestricciones que gravan la vida en común de los heterosexu<strong>al</strong>es, incluidas las inhabilidadese incompatibilidades para contratar.contempla el artículo 84 <strong>del</strong> Código disciplinario para los funcionarios que ejercen lafunción disciplinaria. Se trata de circunstancias todas que pueden afectar la imparci<strong>al</strong>idad<strong>del</strong> servidor público a cargo de la actuación y que, más <strong>al</strong>lá de esto, podrían afectar las potestad disciplinaria, en que está interesada la comunidad. La existencia <strong>del</strong> vínculoafectivo entre los miembros de la pareja introducirá un factor perturbador en el juicio yen las motivaciones <strong>del</strong> funcionario a cargo de la actuación, de manera que si el legisladorha optado por considerarlo impedido o pasible de recusación cuando la causa disciplinariainvolucre, directa o indirectamente a su compañero permanente, t<strong>al</strong> consecuencia jurídicadebe predicarse respecto de quienes integran parejas <strong>del</strong> mismo sexo.Fin<strong>al</strong>mente, <strong>al</strong> prever el artículo 283 de la Ley 5ª de 1992 que el congresista puede actuaren causa propia a favor de su “compañero o compañera permanente”, dicha garantía debereputarse por igu<strong>al</strong> respecto de parlamentarios cuyo vínculo se haya re<strong>al</strong>izado con unapareja <strong>del</strong> mismo sexo.DECISIÓN: La Corte Constitucion<strong>al</strong>, mediante la Sentencia C-029 de 2009, f<strong>al</strong>lóel proceso reseñado, si bien el texto completo de la sentencia no ha sido publicado. Delas disposiciones demandadas a los integrantes de las parejas conformadas por personas <strong>del</strong>mismo sexo, que comprende, entre otras: protección patrimoni<strong>al</strong>, obligación <strong>al</strong>imentaria,derechos de carácter migratorio, garantía de no incriminación en materia pen<strong>al</strong>, pen<strong>al</strong>militar y disciplinaria, posibilidad de prescindir de la pena en <strong>del</strong>itos culposos, protección afavor de víctimas de crímenes atroces, prestaciones en el régimen pension<strong>al</strong> y de s<strong>al</strong>ud <strong>del</strong>a fuerza pública, subsidio familiar en servicios, subsidio familiar para vivienda, acceso a lac. Otros conceptosc.1. Reflexiones sobre la declaratoria <strong>del</strong> estado de emergencia soci<strong>al</strong>.Noviembre 25 de 2008La Delegada de Asuntos Constitucion<strong>al</strong>es se pronunció acerca de la declaratoria <strong>del</strong>Estado de Emergencia Económica re<strong>al</strong>izada por el Gobierno nacion<strong>al</strong> para hacer frentea las consecuencias desatadas por la quiebra de las captadoras ileg<strong>al</strong>es de dinero, conocidaspopularmente como “pirámides”. Mediante Decreto 4333 de 2008, el Gobierno nacion<strong>al</strong>, conel Estado de Emergencia Soci<strong>al</strong> en todo el territorio nacion<strong>al</strong> por el término de treinta (30) días.Esa medida excepcion<strong>al</strong> fue adoptada para s<strong>al</strong>vaguardar los intereses económicos entregaron sus dineros a personas natur<strong>al</strong>es y jurídicas privadas que, sin autorización,captaron de manera masiva recursos <strong>del</strong> público, en contravía de lo previsto en el artículo335 de la Constitución Política y las leyes vigentes.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>155Las medidas excepcion<strong>al</strong>es expedidas por el Gobierno nacion<strong>al</strong> para conjurar la crisisno contemplaron mecanismos que permitan proteger a los depositantes y acreedores de laspersonas privadas natur<strong>al</strong>es y jurídicas que desarrollen y participen en la captación masivay habitu<strong>al</strong> de recursos <strong>del</strong> público sin autorización leg<strong>al</strong>.Las facultades de policía atribuidas a los <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des distrit<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es y a losgobernadores para suspender de manera cautelar la actividad de captación o recaudono autorizado de los recursos <strong>del</strong> público y la creación y ampliación de nuevos tipospen<strong>al</strong>es, consagrados en los Decretos 4335 y 4336 de 2008, respectivamente, son medidasEn consecuencia, el Estado de Emergencia Soci<strong>al</strong> declarado por el Gobierno nacion<strong>al</strong>la captación masiva y habitu<strong>al</strong> de recursos <strong>del</strong> público sin autorización leg<strong>al</strong>. Sin embargo,las medidas adoptadas hasta el momento en desarrollo de esa declaratoria han sidoc.2. Revisión de bases de datos de universidades públicas. Noviembre 10 de 2008Por requerimiento <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> la <strong>del</strong>egada hizo un análisis de la decisiónde la Nación, consistente en ordenar la revisión completa de las bases de datos de <strong>al</strong>gunasuniversidades públicas y una privada, con el ánimo de “buscar guerrilleros, paramilitares y<strong>del</strong>incuentes...”.El Defensor se pronunció en el sentido de enfatizar que el artículo 15 de la Constituciónreconoce el derecho a la intimidad person<strong>al</strong> y familiar y <strong>al</strong> buen nombre, derechos que elEstado debe respetar y hacer respetar. En conexidad con este derecho, el mismo artículoreconoce la protección de datos de carácter person<strong>al</strong> (hábeas data), en razón de la cu<strong>al</strong>, todasobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicas y privadas”.por el artículo 2° <strong>del</strong> Acto Legislativo No. 03 de 2002, la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Naciónestá obligada a a<strong>del</strong>antar el ejercicio de la acción pen<strong>al</strong> y a re<strong>al</strong>izar la investigación“de los hechos que revistan las características de un <strong>del</strong>ito (...), siempre y cuando medien ” (lascursivas son agregadas).Las medidas que puede y debe adoptar el Fisc<strong>al</strong> Gener<strong>al</strong> o sus <strong>del</strong>egados deben estar de un <strong>del</strong>ito, según el artículo 250 de la Constitución. Por ello, el Fisc<strong>al</strong> no puede adoptarmedidas que impliquen afectación o restricción de los derechos fundament<strong>al</strong>es, sinprueba de los cu<strong>al</strong>es se pueda inferir razonablemente su probable participación en la comisión de unhecho punible concreto.
156 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> autoridad judici<strong>al</strong>, en el ámbito de un Estado soci<strong>al</strong> y democrático, para restringir porvía gener<strong>al</strong> e imperson<strong>al</strong>, los derechos y garantías que el ordenamiento reconoce a susasociados, con fundamento en “sospechas”o meras apreciaciones subjetivas de losfuncionarios.c.3. Proyecto de ordenanza busca someter a los condenados por <strong>del</strong>itos <strong>al</strong>cumplimiento de la pena en cárceles fuera de San Andrés. Oficio no. 4010-151 <strong>del</strong> 26 de agosto/08En atención a la comunicación dirigida a la Defensoría por el Presidente de la AsambleaDepartament<strong>al</strong> de San Andrés Islas, mediante la cu<strong>al</strong> presenta una consulta jurídica acerca<strong>del</strong> Proyecto de Ordenanza No. 023 de junio de 2008, orientado a establecer que laspersonas condenadas a pena privativa de la libertad la cumplan en centros de reclusiónubicados fuera <strong>del</strong> territorio insular, la Delegada emitió el concepto respectivo, precisandolas razones de inconstitucion<strong>al</strong>idad de t<strong>al</strong> proyecto. disposición que consagre la posibilidad de trasladar a un condenado para que cumpla supena en cárceles “fuera <strong>del</strong> Departamento Archipiélago”, t<strong>al</strong> como lo establece el proyectode ordenanza remitido, admite <strong>al</strong>gunos reparos. En esencia, un contenido jurídicocomo el que se pretende adoptar en el proyecto de ordenanza supondría una pena de“extrañamiento”, un trato cruel, pues, a más de implicar la expulsión <strong>del</strong> territorio dondereside el condenado, donde tiene sus raíces y ha establecido sus vínculos, llevaría a estea sufrir la ausencia de sus familiares más cercanos, sus amigos y <strong>al</strong>legados. Tanto por losituación contraria a la dignidad, el libre desarrollo de la person<strong>al</strong>idad y el derecho a teneruna familia y a no ser separado de ella. Además, una disposición en t<strong>al</strong> sentido no seríaredes de solidaridad y apoyo con que una persona cuenta de manera preponderante en ellugar de donde es oriundo o donde reside habitu<strong>al</strong>mente.En consecuencia, dado que el artículo 16 de la Ley 65 de 1993 atribuye <strong>al</strong> Inpec lacompetencia para crear, fusionar y suprimir establecimientos de reclusión <strong>del</strong> ordennacion<strong>al</strong>, las autoridades departament<strong>al</strong>es deben a<strong>del</strong>antar las gestiones, solicitudes yactuaciones pertinentes a efectos de que se construya una penitenciaría que, acorde conlos índices de crimin<strong>al</strong>idad que afecten el archipiélago de San Andrés, se requiera en suterritorio.c.4. Cobro <strong>del</strong> gravamen a los movimientos financieros a las personas privadasde la libertad, en los establecimientos de reclusión. Oficio N°. 4010–149<strong>del</strong> 20 agosto de 2008Mediante concepto N° 4010-149 apoyó el estudio sobre la constitucion<strong>al</strong>idad y leg<strong>al</strong>idadde las directrices impartidas por la Secretaría Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC, para la aplicación <strong>del</strong>Gravamen a los Movimientos Financieros en los contratos de telefonía <strong>al</strong> interior de losestablecimientos de reclusión.En él se manifestó que corresponde, tanto <strong>al</strong> legislador <strong>al</strong> regular la materia penitenciariay carcelaria como a las autoridades <strong>del</strong> ramo <strong>al</strong> expedir los reglamentos internos de los
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>157establecimientos de reclusión, garantizar a las personas privadas de la libertad el efectivoejercicio de los demás derechos humanos, dentro de los límites estrictamente necesariosque genera el hecho <strong>del</strong> encierro.De acuerdo con el artículo 875 <strong>del</strong> Estatuto Tributario, son sujetos pasivos <strong>del</strong>“los usuarios y clientes” de las entidadesvigiladas por las Superintendencias Financiera y de Economía Solidaria. Es decir, que lac<strong>al</strong>idad de sujeto pasivo <strong>del</strong> tributo está determinada por la relación contractu<strong>al</strong> –clientes–o la utilización de productos o servicios –usuarios– que las personas establezcan con lasentidades vigiladas.En el caso objeto de consulta, es el INPEC el que, de conformidad con su propiareglamentación, establece una relación comerci<strong>al</strong> con Banagrario S.A., a través <strong>del</strong>Convenio de Prestación de Servicios Bancarios de Recaudo, por medio de la cu<strong>al</strong> pactacon el banco la utilización <strong>del</strong> servicio de recaudo y <strong>del</strong> producto de contrato de cuentacorriente, para el manejo de los recursos consignados a su favor, incluidos aquellos depropiedad de los internos.Para la Defensoría, resulta claro que no existía ninguna relación entre el banco ylos internos. Contrario a lo que argumenta el INPEC, los internos no son ahorradoresindividu<strong>al</strong>es de una cuenta colectiva, puesto que, en los precisos términos <strong>del</strong> conveniosuscrito entre el INPEC y el Banagrario, la “Cuenta Matriz Internos”, a través de la cu<strong>al</strong> serecauda su dinero, es una cuenta corriente de titularidad exclusiva <strong>del</strong> INPEC.En consecuencia, consideró no solo improcedente sino ileg<strong>al</strong> el traslado de la obligacióntributaria “Gravamen a los Movimientos Financieros” que el INPEC está efectuando porvía reglamentaria a las personas privadas de la libertad, toda vez que el llamado a responderPor las razones anteriores, la Defensoría conceptuó que el INPEC debía continuarasumiendo el Gravamen a los Movimientos Financieros generado por el manejo de losrecursos propios de las personas privadas de la libertad.c.5. Libre ejercicio de profesión u oficio: ingreso y uso de cámaras fotográficasen sede de Tribun<strong>al</strong>es y Cortes para fotografiar expedientes. Agosto 04/08Un ciudadano presentó una solicitud de concepto sobre la procedencia de introducirrepresentante leg<strong>al</strong>, debido a la restricción que en t<strong>al</strong> sentido se le había impuesto en la sedede los <strong>al</strong>tos tribun<strong>al</strong>es y cortes de justicia.y <strong>al</strong> Presidente <strong>del</strong> Consejo Superior de la Judicatura, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> recordó queel artículo 229 de la Constitución garantiza el derecho de toda persona “para acceder a laadministración de justicia”. El ejercicio de este derecho supone la posibilidad de acceder a lainformación <strong>del</strong> proceso, a conocer las pruebas <strong>al</strong>legadas a la actuación y a controvertirlas,así como a impugnar las decisiones adoptadas por la autoridad competente. Estas garantíashacen parte <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> debido proceso, garantizado igu<strong>al</strong>mente por el artículo 29 de laConstitución.
158 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>El derecho de solicitar y obtener copias no comporta un trámite leg<strong>al</strong> de carácterincident<strong>al</strong> y, en este sentido, nada impide que, si cuenta con los elementos o artefactospara ello, la persona reproduzca directamente los documentos o actuaciones de su interés,mediante la toma de fotografías <strong>del</strong> expediente. Este procedimiento en particular resultamás ágil para la persona, pues la exime de tener que esperar varios días a que su solicitudsea atendida por el despacho o de pagar el v<strong>al</strong>or de las copias cuando él mismo debere<strong>al</strong>izar la diligencia. Adicion<strong>al</strong> a ello, libera <strong>al</strong> despacho de un trámite que de todos modosrequiere tiempo y recursos para su atención, contribuyendo de esta manera a hacer más ágilDe acuerdo con lo expuesto, la prohibición para el acceso de cámaras de fotografía <strong>al</strong>a sede de los tribun<strong>al</strong>es de justicia impuesta a abogados, partes proces<strong>al</strong>es o dependientesjudici<strong>al</strong>es, no resulta a juicio de la Defensoría ni idónea, ni necesaria ni razonable parael logro <strong>del</strong> bien constitucion<strong>al</strong> de la seguridad pública o ciudadana esgrimido comoPor lo mismo, se recomendó <strong>al</strong> Director de la Policía Nacion<strong>al</strong> y <strong>al</strong> Presidente <strong>del</strong> Consejolevantaran la prohibición para el ingreso de cámaras de fotografía a la sede de los juzgados,tribun<strong>al</strong>es o <strong>al</strong>tas cortes de justicia.c.6. Inspecciones corpor<strong>al</strong>es y registro person<strong>al</strong> preventivo en centros dereclusión. Oficio: 4010-123 <strong>del</strong> 11 de julio de 2008Sobre la facultad esgrimida por las autoridades de los centros de reclusión para re<strong>al</strong>izarrequisas intrusivas a los visitantes, con fundamento en la necesidad de evitar la comisión deen el sentido de indicar que los registros person<strong>al</strong>es re<strong>al</strong>izados por miembros de la fuerzapública, la Policía Nacion<strong>al</strong> y el Cuerpo de Custodia y Vigilancia <strong>del</strong> Instituto Nacion<strong>al</strong>Penitenciario y Carcelario -INPEC-, que no hagan parte de procedimientos judici<strong>al</strong>es, noy visitantes, y siempre que esos procedimientos no tengan el <strong>al</strong>cance de investigación pen<strong>al</strong>ni de policía judici<strong>al</strong> con miras <strong>al</strong> esclarecimiento de <strong>del</strong>itos.El registro person<strong>al</strong> autorizado en desarrollo de la actividad preventiva de los miembros <strong>del</strong>Cuerpo de Vigilancia y Custodia <strong>del</strong> Instituto Nacion<strong>al</strong> Penitenciario y Carcelario -INPEC- debesu indumentaria o en otros aditamentos, de t<strong>al</strong> manera que no incluya inspecciones corpor<strong>al</strong>escomportamientos que puedan llegar a generar <strong>al</strong>teraciones en la seguridad de la comunidad.La Delegada concluyó que, en todo caso, la Constitución y la ley prohíben las requisasvisu<strong>al</strong>es o por contacto físico sobre cuerpos desnudos de internos y visitantes de loscentros de reclusión.c.7. Reglamentación de los programas de asistencia para héroes de la nación.Ley 1081 de 2006. Mayo 06/08. Oficio: 4010-065Con base en una denuncia en la que se muestra la inconformidad porque las mujeres
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>159reconocidos a favor de los familiares de los aquellos miembros de la fuerza pública, DAS, CTI e INPEC que, encontrándose en actos<strong>del</strong> servicio y con ocasión <strong>del</strong> mismo, o en actos meritorios <strong>del</strong> servicio, por acción contr<strong>al</strong>os grupos <strong>al</strong> margen de la ley, hubieran perdido la vida.1081/06 le señ<strong>al</strong>ó <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> un término de tres (3) meses para reglamentarla,sostener su inaplicación presente por la f<strong>al</strong>ta de reglamentación. Así como la aplicación de laConstitución en <strong>al</strong>gunas materias no puede quedar supeditada a los desarrollos legislativosque el <strong>Congreso</strong> haga de ella, tampoco la vigencia de la ley puede ser condicionada siempre<strong>al</strong> ejercicio de la potestad reglamentaria <strong>del</strong> Presidente de la República.los familiares de los miembros de la fuerza pública f<strong>al</strong>lecidos antes de su expedición el 31de julio de 2006, la Defensoría manifestó que existían <strong>al</strong> menos dos razones para responderla proposición “hayan perdido la vida”, consagrada en el inciso 1° <strong>del</strong> artículo 2° de la Ley1081 de 2006, referida a los servidores públicos a quienes se les atribuye la consecuencia deo después <strong>del</strong> 31 de julio de 2006, fecha en la que fue expedida y promulgada.En segundo lugar, porque dar un <strong>al</strong>cance distinto a la norma constituye un acto estaría dando un trato distinto a dos situaciones que compartan la muerte de los miembrosde la fuerza pública por una misma causa: los actos <strong>del</strong> servicio.c.8. Sobre el Protocolo Adicion<strong>al</strong> a la Convención Americana de DD. HH. relativoa la abolición de la pena de muerte, dirigido a la directora de DD. HH. y DIH<strong>del</strong> Ministerio de Relaciones Exteriores. Abril 01. Oficio: 4010-050En atención a la solicitud remitida <strong>al</strong> despacho <strong>del</strong> señor Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> por laDirección de Derechos Humanos <strong>del</strong> Ministerio de Relaciones Exteriores, para elaborarun pronunciamiento en torno <strong>al</strong> Protocolo a la Convención Americana sobre DerechosHumanos relativo a la abolición de la pena de muerte, aprobado en Asunción, Paraguay,República, la Delegada elaboró el concepto respectivo, destacando los siguientes puntos:El Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a laAbolición de la Pena de Muerte se enmarca dentro de una tradición jurídica y política superior de 1991.Un Estado soci<strong>al</strong> de derecho basado en la justicia y en la solidaridad de las personasque lo integran no puede soslayar sus responsabilidades recurriendo <strong>al</strong> fácil expedientede la supresión de un sujeto crimin<strong>al</strong>. Si bien en principio, la responsabilidad pen<strong>al</strong> esde carácter individu<strong>al</strong>, ello no exime a las autoridades de agotar los mecanismos yprocedimientos adecuados que permitan que la sociedad tramite de manera civilizadaracion<strong>al</strong>idad de la punición extrema sugiere que la eliminación <strong>del</strong> individuo resulta “más
160 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>segura y más barata” para la sociedad, pero una sociedad que no desarrolla una capacidadpara sancionar <strong>al</strong> responsable para reeducarlo y recuperarlo en su incorporación efectivay dinámica, presenta enormes vacíos y acaba por mantener y reforzar las estructuras quehan posibilitado el crimen.relativo a la Abolición de la Pena de Muerte encierra un enorme v<strong>al</strong>or simbólico para unafort<strong>al</strong>ece el compromiso <strong>del</strong> Estado colombiano en su c<strong>al</strong>idad de garante y promotor de losderechos humanos, en particular de la vida, fundamento básico <strong>del</strong> quehacer institucion<strong>al</strong>.Las autoridades colombianas deben persistir en su apego <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> de losderechos humanos y <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, pues sólo acompañadas <strong>del</strong>derecho podrán inducir las transformaciones políticas, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es requeridas par<strong>al</strong>ograr una convivencia civilizada.c.9. Aclaración de sentencia de la corte constitucion<strong>al</strong> sobre liquidación depensión: ingreso base de liquidación de funcionarios acreditados en el exterior(peticionario: Mario Leonel Rodríguez Vargas). Marzo 10. Oficio: 4010-039La Corte Constitucion<strong>al</strong> ante la petición de un ciudadano para que se aclarara laSentencia C-535/05, por medio de la cu<strong>al</strong> se decidió la inexequibilidad <strong>del</strong> artículo 57 <strong>del</strong>Decreto 10/92, decidió remitir la citada petición para que la Defensoría se pronunciarasobre esta.En opinión <strong>del</strong> peticionario, a raíz de la Sentencia C-535/05 se presenta una condiciónde desventaja o desigu<strong>al</strong>dad entre servidores <strong>del</strong> Ministerio de Relaciones Exteriorespuestos en una misma situación de hecho, dependiendo de si estaban ubicados en el paíso en el exterior.57 <strong>del</strong> Decreto 10 de 1992, con lo cu<strong>al</strong> la posibilidad de asimilar los niveles s<strong>al</strong>ari<strong>al</strong>esentre cargos ubicados en el exterior respecto de aquellos ubicados en la planta interna,para efectos de c<strong>al</strong>cular el ingreso base de liquidación para pensiones, quedó proscrita. A<strong>del</strong> ingreso base de liquidación c<strong>al</strong>culado sobre el s<strong>al</strong>ario re<strong>al</strong>mente devengado comofuncionarios acreditados en la planta externa <strong>del</strong> Ministerio de Relaciones Exteriores.La propia Corte expresó que existe una línea jurisprudenci<strong>al</strong> consolidada que resulta“vinculante” para el Ministerio de Relaciones Exteriores y que debe ser aplicada en otroscasos semejantes.Así las cosas, se concluyó, para el caso concreto de los funcionarios <strong>del</strong> Ministeriode Relaciones Exteriores que han servido en las distintas dependencias consulares en elexterior, la liquidación y pago de aportes para la pensión de jubilación debe hacerse confundamento en el s<strong>al</strong>ario re<strong>al</strong>mente devengado durante su estadía en la misión diplomática.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>161D. INFORMES ANUALES DE LEYD.1. SEGUIMIENTO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LASPERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD: Situación de losderechos humanos de las personas privadas de la libertada. La función primordi<strong>al</strong> de la pena privativa de la libertad es laresoci<strong>al</strong>ización o reinserción soci<strong>al</strong> <strong>del</strong> condenadoAlejados de la inveterada y compleja polémica acerca de cuál sea el vocablo más 59 es el tratamiento penitenciario Consejo de ev<strong>al</strong>uación y tratamiento. El tratamiento <strong>del</strong> sistema progresivo será re<strong>al</strong>izado pormedio de grupos interdisciplinarios integrados por abogados, psiquiatras, psicólogos, pedagogos,trabajadores soci<strong>al</strong>es médicos, terapistas, antropólogos, sociólogos, criminólogos, penitenciaristas ymiembros <strong>del</strong> cuerpo de custodia y vigilancia.Este consejo determinará los condenados que requieran tratamiento penitenciario después de la y Carcelario reglamentará el cumplimiento de las fases restantes.59 funciones de la pena
162 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>anteriores medios considerados necesarios para lograr su reinserción soci<strong>al</strong>. T<strong>al</strong> obligaciónestá expresamente prevista en el artículo 142 de la Ley 65 de 1992 (Código penitenciarioobjetivo <strong>del</strong> tratamiento penitenciario es preparar<strong>al</strong> condenado, mediante su resoci<strong>al</strong>ización, para la vida en libertad” (las subrayas no estánen el texto origin<strong>al</strong>). En otras p<strong>al</strong>abras, la pena privativa de la libertad está orientada haci<strong>al</strong>a reeducación y reinserción soci<strong>al</strong>, por ende, la misión fundament<strong>al</strong> encomendada <strong>al</strong>as instituciones penitenciarias es la de conseguir la recuperación <strong>del</strong> condenado para lasociedad.Hasta aquí, grosso modo, todo parece estar claro. Sin embargo, el tema <strong>al</strong>canza ciertacontroversia porque desde la vigencia <strong>del</strong> actu<strong>al</strong> Código penitenciario y carcelario (Ley 65de 1993) se ha entendido que el parágrafo <strong>del</strong> artículo 144 de este estatuto contiene unmandato facultativo u opcion<strong>al</strong> para el cumplimiento de la citada obligación <strong>del</strong> INPEC,“La ejecución <strong>del</strong> sistema progresivo se hará gradu<strong>al</strong>mente, según las disponibilidades<strong>del</strong> person<strong>al</strong> y de la infraestructura de los centros de reclusión” (el texto origin<strong>al</strong> no está subrayado). obligadas de manera perentoria a poner a disposición de la persona condenada a prisiónlos elementos que requiere para su adecuada reinserción en la sociedad. De esta erróneainterpretación, el INPEC ha dado clara muestra en su Resolución 7302 de 2005, artículo 6º,en donde dispone lo siguiente: “GRUPO INTERDISCIPLINARIO DE ATENCIÓNY TRATAMIENTO PENITENCIARIO. Para la implementación y el desarrollo de laspolíticas, planes y programas de Atención Integr<strong>al</strong> y Tratamiento Penitenciario, en cadaEstablecimiento de Reclusión, se integrará un grupo interdisciplinario conformado porperson<strong>al</strong> de planta y/o de contrato, de acuerdo con el t<strong>al</strong>ento humano existente y lascondiciones particulares <strong>del</strong> Establecimiento” (“…”) (el texto origin<strong>al</strong> no está subrayado).Como puede observarse, esta norma condiciona o supedita el cumplimiento de la <strong>del</strong> tratamiento penitenciario <strong>al</strong> “t<strong>al</strong>ento humano existente y a las condicionesparticulares <strong>del</strong> establecimiento”, lo cu<strong>al</strong> carece de fundamento razonable pues, como quedógestión recae de manera exclusiva en el INPEC, entidad que la obligación de proporcionar o proveer los medios indispensables a la persona que ha sidocondenada a pena de prisión. Obligación que tiene el carácter de prioritaria, ineludible eintransferible.No de otra forma podría comprenderse que siendo la resoci<strong>al</strong>ización el la pena, a la vez esta se relativice y se someta a la contingencia o azar de la disponibilidad deperson<strong>al</strong> y la infraestructura de cada establecimiento de reclusión.De conformidad con lo hasta aquí expuesto, sin duda <strong>al</strong>guna el parágrafo <strong>del</strong> artículo144 60 de la Ley 65 de 1993 es una norma que tiene el claro carácter de transitorio, encuanto tuvo vigencia mientras el nuevo sistema de tratamiento penitenciario de la Ley 61 sobre la materia– se implantabapaulatinamente en las penitenciarías <strong>del</strong> país. En efecto, en el referido juicio equivocadode la norma, de manera extraña, no se tiene en cuenta la primera parte de la oración que la60 El parágrafo <strong>del</strong> artículo 144 de la Ley 65 de 1993 (Código penitenciario y carcelario), a la letra dice: “La ejecución <strong>del</strong> sistemaprogresivo se hará gradu<strong>al</strong>mente, según las disponibilidades <strong>del</strong> person<strong>al</strong> y de la infraestructura de los centros de reclusión”.61 Decreto Legislativo 1817 de 1964, antiguo Código penitenciario y carcelario.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>163conforma: “La ejecución <strong>del</strong> sistema progresivo se hará gradu<strong>al</strong>mente,…” (el texto origin<strong>al</strong> no estásubrayado), gradu<strong>al</strong>idad que por demás está sujeta <strong>al</strong> principio de la progresividad. 62De la misma manera se hace caso omiso <strong>del</strong> inciso segundo <strong>del</strong> artículo en comento,que ordena: “Los programas de educación penitenciaria serán obligatorios en las tres primeras fases paratodos los internos, sin que esto excluya el trabajo. La sección educativa <strong>del</strong> Inpec suministrará las pautaspara estos programas, teniendo en cuenta que su contenido debe abarcar todas las disciplinas orientadas <strong>al</strong>a resoci<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> interno.” (“…”) (el texto origin<strong>al</strong> no está subrayado).Es evidente entonces que la disposición de la Ley 65 no ha sido bien interpretada, tantoen su índole eminentemente tempor<strong>al</strong> como en su teleología, <strong>al</strong> considerarla como normapermanente. De esta errónea interpretación ha surgido la relativización y contingencia que<strong>al</strong> cumplimiento <strong>del</strong> tratamiento penitenciario se le está dando, con argumentos como elconsignado en la citada Resolución 7302 de 2005 <strong>del</strong> INPEC, artículo 6º.Quizás el legislador debió ser más claro en la formulación <strong>del</strong> mencionado parágrafo concepción <strong>del</strong> tratamiento penitenciario, t<strong>al</strong> como sucedió con el artículo 24 63 <strong>del</strong> mismoestatuto.De lo expuesto surgen varias dudas: ¿si se aceptara que el cumplimiento <strong>del</strong> tratamientopenitenciario deba estar condicionado <strong>al</strong> “t<strong>al</strong>ento humano existente y a las condiciones particulares<strong>del</strong> Establecimiento” como lo pretende el artículo 6º de la mencionada resolución <strong>del</strong> Inpec,qué pasaría cuando el interno, a pesar de su voluntad y empeño, no haya podido comenzaro progresar en su tratamiento penitenciario debido a que el establecimiento de reclusiónen el que ha sido ubicado por las autoridades penitenciarias no cuenta con el t<strong>al</strong>entohumano o la disponibilidad de profesion<strong>al</strong>es para conformar el grupo interdisciplinario 64 ,o la infraestructura de dicho establecimiento es inadecuada para garantizar la estrictaseparación por grupos de los condenados, de acuerdo con las fases <strong>del</strong> tratamiento en quede la administración penitenciaria <strong>al</strong> interno, con las consecuencias que ello implica para laafectación de su libertad?Sobre la materia, también encontramos el pronunciamiento <strong>del</strong> ex director gener<strong>al</strong> <strong>del</strong>INPEC, Dr. Evelio Henao Ospina, quien en su informe de ev<strong>al</strong>uación sobre esa entidadaseveró 65 sobre el tratamiento penitenciario, lo siguiente:A juzgar por las siguientes situaciones que percibí, el sistema penitenciario no cumple con la62 ONU. Observación Gener<strong>al</strong> # 3. Comité de Comité de Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es. En: www2.ohchr.org/english/bodies/icm-mc/docs/8th/HRI.GEN.1.Rev9_sp.doc63 Por disposición de esta norma, en el plazo perentorio de cinco (5) años los inimputables pasaron <strong>del</strong> sistema penitenciario ycarcelario <strong>al</strong> sistema nacion<strong>al</strong> de seguridad soci<strong>al</strong> en s<strong>al</strong>ud. Es decir, en la actu<strong>al</strong>idad las personas a quienes judici<strong>al</strong>mente se64 Ley 65 de 1993, artículo 145 y Resolución Nº 7302 <strong>del</strong> 23 de noviembre de 2005, artículo 6º.65
164 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En los establecimientos carcelarios de V<strong>al</strong>ledupar, Combita, El Barne, Vista Hermosa y la(“...”)La gran mayoría de los internos están dedicados <strong>al</strong> ocio.(…)CONCLUSIONES:y las penas”, porque la grave situación <strong>del</strong> sistema penitenciario colombiano amerita unaanu<strong>al</strong> <strong>del</strong> Inpec, le representa un v<strong>al</strong>or cercano a los 1.800 millones de pesos diarios <strong>al</strong> país,el costo soci<strong>al</strong> es de inc<strong>al</strong>culables proporciones.Estamos hablando de una situación que impacta el tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> conglomerado soci<strong>al</strong>, porque<strong>del</strong>ante de nuestros ojos, hay una re<strong>al</strong>idad que asusta.Desde el punto de vista de la resoci<strong>al</strong>ización encontramos unas 70.000 familias, las de losinternos, que requieren de un esfuerzo inconmensurable por parte <strong>del</strong> Estado, si lo que sepersiguiera fuera recuperar para la sociedad <strong>al</strong> detenido.Dentro de esos muros se esconde una cruda re<strong>al</strong>idad que hay que conocer y an<strong>al</strong>izar en todasu dimensión, por lo cu<strong>al</strong> he propuesto que el tema de las prisiones debe hacer parte de laAGENDA PÚBLICA NACIONAL.Cu<strong>al</strong>quier ser humano, por insensible que sea, se estremecería frente a esa re<strong>al</strong>idad quesubyace en las cárceles colombianas, donde el ser humano es objeto de vejámenes, que van <strong>del</strong>hacinamiento a la violación de sus derechos fundament<strong>al</strong>es, pasando por el soborno y hasta latortura física y ment<strong>al</strong>.Con el debido respeto quiero llamar la atención de los integrantes <strong>del</strong> Consejo Superior de PolíticaCrimin<strong>al</strong> y Penitenciaria, para que en su sabiduría y competencias, puedan adoptar medidasurgentes para corregir el rumbo de una re<strong>al</strong>idad que no podemos soslayar ni mucho menos desconocer.En síntesis: entre las misiones fundament<strong>al</strong>es que le corresponden <strong>al</strong> sistemapenitenciario y carcelario colombiano está la de poner a disposición <strong>del</strong> condenadomotivado su capacidad crimin<strong>al</strong> o inadaptabilidad soci<strong>al</strong>. Es decir, t<strong>al</strong> ofrecimiento pretendemostrar -sin imponer- <strong>al</strong> interno un nuevo proyecto de vida, otro futuro posible, paraque cuando sea puesto en libertad no vuelva a <strong>del</strong>inquir. De lo contrario, la yobjetivo <strong>del</strong> tratamiento penitenciario perdería su razón de ser y la pena privativa de la<strong>al</strong> envilecimiento <strong>del</strong> ser humano sometido <strong>al</strong> poder punitivo <strong>del</strong> Estado, propósitoincompatible con el Estado soci<strong>al</strong> de derecho que consagra nuestra Constitución Política.El artículo 2º de la Constitución Política establece entre los garantizar la efectividad de los principios, deberes y derechos consagrados en la Constitución.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>165Dicho de otra forma, si se aceptara que la reincorporación <strong>del</strong> condenado a la sociedades solo <strong>al</strong>go opcion<strong>al</strong> para el Estado, entonces el sistema penitenciario no sería más queun gran aparato reproductor de <strong>del</strong>incuencia. T<strong>al</strong> vez por aquella equívoca comprensiónInpec– es tan marcada en el país.a.1. La nueva cultura penitenciaria y la resoci<strong>al</strong>izaciónA la anterior problemática se encuentra fuertemente adherida la convicción –igu<strong>al</strong>menteerrada– de que se está dando a la norma an<strong>al</strong>izada la aplicación correcta. Así se desprende penitenciarías <strong>del</strong> país. De esta manera, el asunto pasa inadvertido o es asumido por muchoscomo legítimo.Además <strong>del</strong> ejemplo <strong>del</strong> artículo 6º de la Resolución 7302 de 2005 <strong>del</strong> INPEC enestablecimientos de reclusión pertenecientes a lo denominado por el Inpec nueva culturapenitenciaria. Al respecto, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> desde el Decimosegundo <strong>Informe</strong> <strong>del</strong>Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República, manifestó 66 :En referencia concreta a la resoci<strong>al</strong>ización o reinserción soci<strong>al</strong> <strong>del</strong> condenado y a la destinación deespacios adecuados para los diversos t<strong>al</strong>leres y aulas, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha constatado en estasestablecimientos son tan escasas como en los antiguos o peor que en aquellos. exclusivamente a internos con sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada, es decir,aquellos para quienes el Estado está obligado a brindar los medios necesarios para sunecesidad de la población carcelaria de descontar o redimir la pena privativa de la libertad.Sobre el terreno se aprecia que la capacidad locativa y la oferta en posibilidades de estudio ymanera regular se <strong>al</strong>berga un promedio de 1.600 internos. El número de internos que tieneoportunidad de estudiar y de laborar en diferentes actividades es mínimo y es muy frecuente<strong>al</strong>lí el ocio entre la población reclusa. La práctica de actividades recreativas y los deportes <strong>al</strong>aire libre están limitados a lo que puedan re<strong>al</strong>izar casi exclusivamente en sus propios patios.(“...”)cultura penitenciaria, el concepto de seguridad está por encima de cu<strong>al</strong>quier otro v<strong>al</strong>or, principioo derecho. Pareciera que la re<strong>al</strong>idad observada en esos modernos establecimientos se encargara66 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Duodécimo informe <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República (enero a diciembre de2004), páginas 330, 331, 333, 334, 338,339 y 340. Imprenta Nacion<strong>al</strong>, Bogotá, 2005.
166 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>reinserción soci<strong>al</strong> <strong>del</strong> condenado, la pena en cambio tuviese un carácter exclusivamente vindicativo.Para los condenados <strong>al</strong>lí recluidos, la pena no representa en absoluto una oportunidad dereintegración a la sociedad, sino un sufrimiento impuesto como castigo adicion<strong>al</strong>. (“...”)a.2. La resoci<strong>al</strong>ización de la mujer condenada a pena privativa de la libertadEn cuanto a la forma como es afectada la mujer privada de la libertad en los reinserción soci<strong>al</strong>, originado en la equivocada concepción de la examinada norma, laDefensoría, en el mismo informe, declara lo siguiente:necesaria para la debida separación por grupos de las internas según las fases <strong>del</strong> tratamientoen donde estas se encuentren.En cuanto a los t<strong>al</strong>leres, los existentes no reúnen las condiciones adecuadas de tamaño yseguridad industri<strong>al</strong>.determinar la c<strong>al</strong>idad de vida de las internas. Actu<strong>al</strong>mente no se cuenta con las inst<strong>al</strong>acionesy educación, los cu<strong>al</strong>es sólo funcionan como mecanismo para descontar tiempo de condena. Así,se desconoce el propósito de los t<strong>al</strong>leres como eje <strong>del</strong> proceso de resoci<strong>al</strong>ización y no garantizanla reinserción soci<strong>al</strong>. T<strong>al</strong> reinserción supone la adquisición de hábitos labor<strong>al</strong>es y <strong>al</strong>gún tipode capacitación que facilite a las mujeres procurarse un empleo en el momento de obtener sulibertad.b. Otras consecuenciasb.1 Funcionamiento deficiente <strong>del</strong> Consejo de Ev<strong>al</strong>uación y TratamientoDe acuerdo con el artículo 145 de la Ley 65 de 1993, el Consejo de Ev<strong>al</strong>uación yTratamiento (CET) está conformado por un grupo interdisciplinario encargado, entreotras tareas, de la observación, diagnóstico y separación por grupos de las personascondenadas; de su promoción en las diferentes fases <strong>del</strong> tratamiento penitenciario, y <strong>del</strong> tratamiento penitenciario en su sistema progresivo es una constante, debido a que en lamayoría de los establecimientos de reclusión –tanto de hombres como de mujeres– nofunciona adecuadamente el CET y la Junta de Trabajo, Estudio y Enseñanza.En la mayoría de las ocasiones estos organismos sesionan sin la presencia de latot<strong>al</strong>idad de sus integrantes señ<strong>al</strong>ados en la ley. T<strong>al</strong> ausencia se debe gener<strong>al</strong>mente a quegran parte de los integrantes de esos organismos son contratistas a quienes no se lesrenueva oportunamente los contratos una vez se terminan, lo que da origen a prolongadasinterrupciones y frecuentes cambios de estos profesion<strong>al</strong>es. Debido a ello, t<strong>al</strong>es cuerpos
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>167colegiados sesionan y adoptan decisiones sin la presencia de la tot<strong>al</strong>idad de sus miembros,es decir, sin el quórum necesario para que haya acuerdo válido.En consecuencia, no se hace un adecuado seguimiento a las políticas de tratamientoy no se promueve de manera oportuna a los internos dentro de las diferentes fases <strong>del</strong>sistema progresivo.Al respecto el Inpec, en documento entregado <strong>al</strong> Instituto Latinoamericano <strong>del</strong>as Naciones Unidas para la Prevención <strong>del</strong> Delito y el Tratamiento <strong>del</strong> Delincuente(ILANUD) 67 cobertura de programas educativos y de formación labor<strong>al</strong> y la ocupación labor<strong>al</strong>. El textoes el siguiente.el Consejo de Ev<strong>al</strong>uación y Tratamiento30.00028.17224.63925.00020.00015.000Serie 110.0009.0954.8745.0000Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008Fuente: INPEC.67 El Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención <strong>del</strong> Delito y el Tratamiento <strong>del</strong> Delincuente(ILANUD), el Instituto Raoul W<strong>al</strong>lenberg de Derechos Humanos y Derecho Humanitario (RWI) y la Agencia Sueca para laCooperación Internacion<strong>al</strong> ASDE re<strong>al</strong>izaron entre los años 2005-2008, un programa de capacitación en el mejoramiento <strong>del</strong>as condiciones de vida y respeto de los derechos humanos en los sistemas penitenciarios de los países de América Latina, elcu<strong>al</strong> se denominó Seminario Internacion<strong>al</strong> de Profundización y Ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> Programa Sistemas Penitenciarios y DerechosFundament<strong>al</strong>es. En este seminario participaron el INPEC y la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Colombia.
168 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>para proyectar y determinar las actividades a re<strong>al</strong>izar en su Tratamiento Penitenciario.En la actu<strong>al</strong>idad se cuenta con un 61.4% de la población ubicada en las diferentes fases <strong>del</strong>Tratamiento Penitenciario establecidas en la Ley 65 de 1993, en los artículos 143 y 144 (“...”)Proceso a<strong>del</strong>antado con los equipos de profesion<strong>al</strong>es que integran el Consejo de Ev<strong>al</strong>uacióny Tratamiento CET, donde intervienen Psicólogos, Trabajadores Soci<strong>al</strong>es, Terapeutas Custodia y Vigilancia, entre otros. Para desarrollar el proceso de Ev<strong>al</strong>uacide Internos se ha establecido la necesidad de contar con mínimo un profesion<strong>al</strong> <strong>del</strong> áreabiosicosoci<strong>al</strong>, un profesion<strong>al</strong> <strong>del</strong> área seguridad y un profesion<strong>al</strong> <strong>del</strong> área jurídica, requisitoque se cumple en 113 de los 139 Establecimientos de Reclusión. (El texto origin<strong>al</strong> no tienesubrayados ni cursivas). hacemos las siguientes observaciones: personas condenadas. Sin embargo, en contraste con este dato, para esa misma época dediciembre de 2005 el Inpec reportó un tot<strong>al</strong> de 41.080 condenados (38.809 hombres y 2.271“requisitoindispensable para proyectar y determinar las actividades a re<strong>al</strong>izar en su Tratamiento Penitenciario”. EnCuadro 1. Resumen mensu<strong>al</strong> de población condenada.Diciembre de 2005RESUMEN MENSUAL DICIEMBRE 2005REGIO-NALCAPA-CIDADTOTALPOBLA-CIÓNHACI-NA-MIEN-TOSEXOSINDICADOSTOTALSINDI-CONDENADOS 1A CONDENADOS 2AHOM MUJ HOM MUJ CADOS HOM MUJ HOM MUJTOTALCONDE-NADOSREGIONALCENTRAL 18.155 23.122 27.4% 21.511 1.611 9.908 980 10.888 6.858 489 4.745 142 12.234REGIONALOCCIDENTE 7.599 11.693 53.9% 10.885 808 4.235 265 4.500 4.807 456 1.843 87 7.193REGIONALNORTE 6.386 7.665 20.0% 7.406 259 3.480 107 3.587 2.531 93 1.395 59 4.078REGIONALORIENTE 5.124 7.680 49.9% 7.235 445 2.258 154 2.412 2.162 165 2.815 126 5.268REGIONALNOROESTE 4.704 7.556 60.6% 6.939 617 2.432 231 2.663 3.317 23 1.190 363 4.893REGIONALVIEJO 7.853 9.113 16.0% 8.731 382 1.585 114 1.699 3.171 169 3.975 99 7.414CALDASTOTALMES49.821 66.829 34.1% 62.707 4.122 23.898 1.851 25.749 22.846 1.395 15.963 876 41.080Fuente: INPEC. condenados. En diciembre <strong>del</strong> mismo año, el Inpec reportó a 40.668 condenados, lo cu<strong>al</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>169comenzar debidamente su respectivo tratamiento penitenciario, lo que equiv<strong>al</strong>e a un 78%Cuadro 2. Resumen mensu<strong>al</strong> de población condenada.Diciembre de 2006RESUMEN MENSUAL DICIEMBRE 2006REGIO-NALCAPA-CIDADTOTALPOBLA-CIÓNHACI-NA-MIEN-TOSEXOSINDICADOSTOTALSINDI-CONDENADOS 1A CONDENADOS 2AHOM MUJ HOM MUJ CADOS HOM MUJ HOM MUJTOTALCONDE-NADOSREGIONALCENTRAL 19.491 21.758 11.6% 20.321 1.437 7.536 640 8.176 7.486 742 5.299 55 13.582REGIONALOCCIDENTE 7.996 10.258 28.3% 9.656 602 2.982 232 3.214 4.919 334 1.755 36 7.044REGIONALNORTE 6.586 6.764 2.7% 6.529 235 2.442 80 2.522 2.832 131 1.255 24 4.242REGIONALORIENTE 5.328 6.528 22.5% 6.188 340 1.694 128 1.822 1.714 129 2.760 83 4.706REGIONALNOROESTE 4.647 6.344 36.5% 5.954 390 1.909 148 2.057 2.646 26 1.399 216 4.287REGIONALVIEJO 8.366 8.369 0.0% 7.978 391 1.424 138 1.562 3.275 173 3.279 80 6.807CALDASTOTALMES52.414 60.021 14.5% 56.626 3.395 17.987 1.366 19.353 22.892 1.535 15.747 494 40.668Fuente: INPEC. condenados, es decir, 16.781 sentenciados se quedaron sin este importante paso para suCuadro 3. Resumen mensu<strong>al</strong> de población condenada.Diciembre de 2007RESUMEN MENSUAL DICIEMBRE 2007CÓD.REGIO-NALCAPA-CIDADTOTALPO-BLA-CIÓNHACI-NA-MIEN-TOSEXO SINDICADOS TOTALSIN-DICA-DOSCONDENA-DOS 1ACONDENA-DOS 2AHOM MUJ HOM MUJ HOM MUJ HOM MUJTOTALCON-DENA-DOS100200300400500REGIONALCENTRALREGIONALOCCIDENTEREGIONALNORTEREGIONALORIENTEREGIONALNOROESTEREGIONAL600 VIEJOCALDASTOTALMESFuente: INPEC.18.784 23.269 23.9% 21.701 1.568 8.055 723 8.778 9.558 795 4.088 50 14.4918.096 10.511 29.8% 9.877 634 3.438 254 3.692 5.131 361 1.308 19 6.8197.236 7.235 0.0% 7.020 215 3.128 103 3.231 2.992 95 900 17 4.0045.370 6.984 30.1% 6.612 372 1.938 125 2.063 1.630 201 3.044 46 4.9214.731 7.025 48.5% 6.633 392 2.193 110 2.303 2.584 133 1.856 149 4.7228.338 8.579 2.9% 8.128 451 1.945 171 2.116 2.700 190 3.483 90 6.46352.555 63.603 21.0% 59.971 3.632 20.697 1.486 22.183 24.595 1.775 14.679 371 41.420
170 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En el 2008 el Inpec informó que la población de condenados en el país en losestablecimientos de su competencia era de 45.924, de los cu<strong>al</strong>es solo fueron ev<strong>al</strong>uados denominado tratamiento penitenciario, 17.752 personas condenadas, lo que representó unCuadro 4. Resumen mensu<strong>al</strong> de población condenada.Diciembre de 2008RESUMEN MENSUAL DICIEMBRE 2008COD.REGIONALCAPA-CIDADTOTALPO-BLA-CIÓNHACI-NA-MIEN-TOSEXO SINDICADOS TOTALSIN-DICA-DOSCONDENA-DOS 1ACONDENA-DOS 2AHOM MUJ HOM MUJ HOM MUJ HOM MUJTOTALCON-DENA-DOS100200300400500600REGIONALCENTRALREGIONALOCCIDENTE*REGIONALNORTEREGIONALORIENTEREGIONALNOROESTEREGIONALVIEJOCALDAS19.195 25.332 32.0% 23.657 1.675 8.098 792 8.890 11.708 842 3.851 41 16.4429.574 11.721 22.4% 10.937 784 3.626 326 3.952 5.888 419 1.423 39 7.7697.188 7.676 6.8% 7.425 251 3.839 104 3.943 2.778 116 808 31 3.7335.434 7.542 38.8% 7.125 417 2.191 165 2.356 1.785 220 3.149 32 5.1865.010 8.349 66.6% 7.882 467 2.171 107 2.278 3.437 202 2.274 158 6.0718.376 9.359 11.7% 8.760 599 2.467 169 2.636 3.050 404 3.243 26 6.723TOTAL MES 54.777 69.979 27.8% 65.786 4.193 22.392 1.663 24.055 28.646 2.203 14.748 327 45.924* NOTA: REGIONAL OCCIDENTE FUENTE PARTE DIARIOFuente: INPEC.A través de este ejercicio comparativo efectuado con base en la información<strong>del</strong> cuatrienio de 67,4 % en la cobertura que tuvo el Consejo de Ev<strong>al</strong>uación y Tratamiento(CET). T<strong>al</strong> como queda demostrado, según las cifras se cuestiona de manera evidenteel trabajo que re<strong>al</strong>iza este organismo colegiado en lo que <strong>al</strong> cumplimiento oportuno desus funciones corresponde, es decir, la observación y el diagnóstico, la separación porgrupos, la promoción en las diferentes fases <strong>del</strong> tratamiento penitenciario y el estudio yacompañamiento permanentes de las personas condenadas. Los resultados son <strong>al</strong>tamenteprivadas de la libertad por condena.En cuanto a la cobertura de programas educativos, de formación labor<strong>al</strong> y la ocupaciónlabor<strong>al</strong>, en el mismo documento entregado <strong>al</strong> ILANUD, el Inpec informa:
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>17125.00022.57620.00016.58717.25815.27815.00010.000COBERTURA5.0000Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008Fuente: INPEC.En el 2005 se vincularon a programas educativos 16.587 Internos equiv<strong>al</strong>entes <strong>al</strong> 23%<strong>del</strong> promedio de la población reclusa, a partir de 2007 se inició un Mo<strong>del</strong>o Pedagógicoinnovador en el campo de la Educación de Adultos Privados de la Libertad en losEstablecimientos de Reclusión <strong>del</strong> INPEC <strong>del</strong> Orden Nacion<strong>al</strong>.40.00035.00030.00036.47832.66925.00020.08520.000Serie115.00010.00010.3415.0000Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008Fuente: INPEC.
172 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Con el ánimo de formar a las personas privadas de la libertad en educación para eltrabajo, se celebran convenios con el SENA o instituciones debidamente acreditadas por elMinisterio de Educación Nacion<strong>al</strong> para capacitar en labores como panadería, confecciones,manipulación de <strong>al</strong>imentos, ebanistería, artesanías, t<strong>al</strong>abartería, ornamentación, actividadesagrícolas y pecuarias, escuelas de formación ambient<strong>al</strong>, entre otros.30.00026.57624.64625.00022.16221.21820.00015.000Serie110.0005.0000Año 2005 Año 2006 Año 2007 Año 2008Fuente: INPEC.Tanto para la (sic) acceder <strong>al</strong> servicio de Educación, a los programas de formación labor<strong>al</strong> y actividadeslabor<strong>al</strong>es válidas para la redención de pena, se utiliza la Metodología denominada “Plan de Acción ySistema de Oportunidades PASO”, acción que se re<strong>al</strong>iza de acuerdo con el plan ocupacion<strong>al</strong> de cadaEstablecimiento de Reclusión elaborado por la Junta de Ev<strong>al</strong>uación, Estudio, Trabajo y Enseñanza,JEETE, la cu<strong>al</strong> determina el número de cupos en actividades a re<strong>al</strong>izar por los Internos teniendo enCon la implementación <strong>del</strong> SISIPEC se tiene el registro individu<strong>al</strong> de la actividad que re<strong>al</strong>izateniendo encuenta que se establecen los cupos necesarios para el desarrollo de cada actividad, la infraestructurafísica y su capacidad.” (el texto origin<strong>al</strong> no está subrayado)A la información transcrita, se hacen las siguientes observaciones: inspección que re<strong>al</strong>iza en los diferentes establecimientos penitenciarios <strong>del</strong> país,percibe el ocio labor<strong>al</strong> y educativo de las personas sometidas a pena privativa <strong>del</strong>a libertad, las cu<strong>al</strong>es presentan como queja a esta entidad su necesidad urgente deocuparse en actividades educativas y sobre todo labor<strong>al</strong>es, para poder descontar la
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>173condena impuesta. Es de advertir, adicion<strong>al</strong>mente, que las actividades labor<strong>al</strong>es quedesarrollan los internos en muchos casos ayudan <strong>al</strong> sustento de sus familias.El notorio decrecimiento en la ocupación labor<strong>al</strong> que muestra el cuadro N° 8 y sucumplimiento <strong>del</strong> tratamiento penitenciario le está dando el Inpec en las distintaspenitenciarías <strong>del</strong> país.Téngase en cuenta que la obligación de trabajar de las personas condenadas (artículo 79de la Ley 65 de 1993) se complementa con la obligación de las autoridades penitenciariasde suministrar a estas los medios necesarios. El cumplimiento de la primera obligación nosería posible sin el cumplimiento de la segunda. De t<strong>al</strong> modo que en el contexto <strong>del</strong> sistema obtener la resoci<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> condenado.b.2 Dilación injustificada en el trámite de los denominados beneficiosadministrativos. Traslados de internos por este motivo. Aplicación en la etapade la ejecución de la pena de los principios de reserva judici<strong>al</strong> de la libertad yreserva leg<strong>al</strong> de las condiciones de acceso a los mencionados beneficiosresoci<strong>al</strong>ización, hay que recordar que los denominados (artículo 146y subsiguientes de la Ley 65 de 1993) son parte esenci<strong>al</strong> de la reinserción, por cuanto estosson componentes <strong>del</strong> tratamiento penitenciario (título XIII <strong>del</strong> mismo estatuto).Con cierta frecuencia la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, durante las visitas de inspección a loscentros de reclusión <strong>del</strong> país, recibe quejas de las personas condenadas, que no obstantehaber cumplido con las exigencias leg<strong>al</strong>es, las autoridades <strong>del</strong> respectivo establecimientono les tramitan el permiso hasta de 72 horas, debido a que el Consejo de Ev<strong>al</strong>uacióny Tratamiento no las ha promovido a la fase de mediana seguridad; requisito sin el cu<strong>al</strong> lacolegiado y que se han puesto de presente en la sección inmediatamente anterior; es decir,porque el establecimiento carece <strong>del</strong> equipo interdisciplinario que debe conformar dichoconsejo, o porque, este toma demasiado tiempo en la emisión <strong>del</strong> respectivo concepto.Otra situación de hecho se presenta cuando la autoridad judici<strong>al</strong> competente concede irregularidad, uno de los defensores públicos adscritos a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>,Region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio 68 , en defensa de los derechos fundament<strong>al</strong>es de veinticinco (25)condenados ubicados en el Establecimiento Penitenciario de Alta y Mediana Seguridad deLa Dorada-C<strong>al</strong>das, interpuso una acción de tutela, la cu<strong>al</strong> fue resuelta por el Juzgado Civil<strong>del</strong> municipio de La Dorada, C<strong>al</strong>das.Por considerar que esta providencia judici<strong>al</strong> puede constituir un hito fundament<strong>al</strong>de justicia constitucion<strong>al</strong> dentro <strong>del</strong> contexto enunciado, concluimos este aparte,transcribiendo <strong>al</strong>gunos aspectos ilustrativos de ella:68 Doctor José Fernando Londoño González.
174 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>HECHOSLa presente acción de Tutela se fundamenta en los hechos que relata el señor Defensor Público <strong>del</strong>a siguiente manera.Un grupo considerable de aproximadamente 25 internos, actu<strong>al</strong>mente reclusos de la Penitenciaríade Alta y Mediana Seguridad de la Dorada, C<strong>al</strong>das, recluidas (sic) en su mayoría en lospabellones 4, 6, 7, 8 y 10, desde hace varios días y en <strong>al</strong>gunos casos meses, se les otorgó porparte de los jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Loc<strong>al</strong>idad, sus permisosadministrativos de 72 horas, sin que a la fecha hayan podido disfrutar <strong>del</strong> mismo, por cuanto laDirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC de la ciudad de Bogotá no ha proferido el acto administrativocorrespondiente (resolución de traslado).(“…”)luego <strong>del</strong> cumplimiento de los requisitos leg<strong>al</strong>es, pero el señor director de la penitenciaría loc<strong>al</strong> nopor cuanto dicha facultad de manera gener<strong>al</strong> está establecida para la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> Inpec,conforme las prescripciones <strong>del</strong> artículo 147 <strong>del</strong> Código Penitenciario, lo cu<strong>al</strong> en la práctica se haesperar la resolución de traslado proferida por la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC hacia otros centrosel permiso de hasta 72 horas, que incide en la libertad y en el Derecho Fundament<strong>al</strong> a la Libertadejecución de la sentencia la libertad a los penados, así sea de manera transitoria (sic). recluidos en la penitenciaría loc<strong>al</strong>, son trasladados hacia otros pen<strong>al</strong>es por disposición de ladirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC de Bogotá, motivo por el cu<strong>al</strong> dentro <strong>del</strong> pen<strong>al</strong> loc<strong>al</strong> no se haa los pen<strong>al</strong>es <strong>al</strong>edaños a los lugares donde previamente se les había re<strong>al</strong>izado la visita domiciliariaa los reclusos, en pro <strong>del</strong> acercamiento familiar de los mismos, de evitarles gastos generados por losviajes y para que por la distancia que existe entre la penitenciaría loc<strong>al</strong> y sus sitios de residenciano se haga efímero el disfrute de las horas otorgadas, por el tiempo de la distancia, dado que lashoras de permiso otorgadas son v<strong>al</strong>iosas para incidir transitoriamente en la libertad de condenados.(“ ... ”)(“...”)CONTESTACIÓN A LA ACCIÓN básicamente lo siguiente:
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>175Que por parte <strong>del</strong> establecimiento se ha dado cumplimiento con la labor de enviar a la DIRECCIÓNREGIONAL VIEJO CALDAS INPEC, cada uno de los formatos de traslados de los internosPenitenciarios de la Sede Centr<strong>al</strong> Bogotá INPEC, para que esta a su vez estudie, apruebe y autoricey se emita le respectiva (sic) resoluciones de traslados. De esta forma se cumple con el conducto regularimpartido por la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC Bogotá.(“...”) contestación a la presente acción de tutela manifestando básicamente lo siguiente: CALDAS. consideración de la Junta de Traslados de la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC lo cu<strong>al</strong> demandaremitirse con la documentación soporte a la respectiva Dirección Region<strong>al</strong>, la que a su vez la remite<strong>al</strong> Grupo de Asuntos Penitenciarios de la DIRECCIÓN GENERAL DEL INPEC, paraser sometida a estudio de la mencionada junta la que debe atender solicitudes de traslado de tod<strong>al</strong>a población carcelaria <strong>del</strong> país.que en su concepto es improcedente para el juez de tutela el otorgamiento de los mismos, en apoyo deel propósito de que las personas accedan y obtengan una pronta y cumplida administración deque no puede ser usada para eludir los procedimientos ordinarios para evitar instancias y menosaún para a<strong>del</strong>antar procesos par<strong>al</strong>elos o <strong>al</strong>ternos.(“...”)(“...”)CONSIDERACIONES:autoridades de este orden para establecer las condiciones o eventos en los cu<strong>al</strong>es son procedentes.
176 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Es decir, que por tratarse de una materia que impacta de manera directa el derecho de la libertad judici<strong>al</strong>”.Los principios de reserva judici<strong>al</strong> de la libertad y reserva leg<strong>al</strong> de sus restricciones conservan plenade Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de las funciones relativas a la administración deque se adscribe a las autoridades penitenciarias, y de su deber de colaboración armónica con laautoridad jurisdiccion<strong>al</strong>. competencia para ello, y que además funda su decisión en criterios que no son leg<strong>al</strong>es ni objetivos,los principios de reserva judici<strong>al</strong> de la libertad, y de reserva leg<strong>al</strong> de las. De contera, se vulnera el derecho a la libertad, no obstante haber acreditado los requisitos leg<strong>al</strong>espara el efecto, t<strong>al</strong> como lo reconoció el Juez de Ejecución de Pena y Medidas de Seguridad y loadmitió la autoridad penitenciaria demandada.”(“...”)hacen parte integrante <strong>del</strong> tratamiento penitenciario que, en virtud de la función resoci<strong>al</strong>izadora <strong>del</strong>a pena, buscan obtener gradu<strong>al</strong>mente la rehabilitación y reinserción soci<strong>al</strong> <strong>del</strong> condenado para quecuando vuelva <strong>al</strong> seno de la sociedad no vuelva a <strong>del</strong>inquir.condiciones de la ejecución de la pena, y su concesión o negativa está reservada a los Jueces de laRepública en virtud <strong>del</strong> principio de reserva judici<strong>al</strong> que ampara la libertad person<strong>al</strong>, por cuanto“De manera que por disposición leg<strong>al</strong>, que ha suscitado además pronunciamientos jurisprudenci<strong>al</strong>esde la condena, está radicada en el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad. Lopenitenciarias, y <strong>del</strong> deber de colaboración armónica que debe existir entre los órganos Ejecutivo y
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>177aspectos caen dentro <strong>del</strong> ámbito <strong>del</strong> principio de reserva judici<strong>al</strong> que ampara la libertad person<strong>al</strong>.una resolución, una decisión emitida por la autoridad judici<strong>al</strong> competente acera de la concesión de(“...”)Lo anterior evidencia que en el caso que ahora ocupa la atención de esta operadora judici<strong>al</strong>,efectivamente se les ha conculcado a los internos cuyas solicitudes de traslados ya reposan en laDirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC, el Derecho Constitucion<strong>al</strong> Fundament<strong>al</strong> a la Libertad, por con dicha prerrogativa estos pueden s<strong>al</strong>ir de sus sitios de reclusión sin necesidad de vigilancia hastahan procedido a ordenar los traslados correspondientes a efectos de que se materi<strong>al</strong>ice el disfrute <strong>del</strong>mismo, lo cu<strong>al</strong> a la postre lo hace nugatorio.(“...”)su escrito de contestación, que no se ha conculcado Derecho Fundament<strong>al</strong> <strong>al</strong>guno a los accionantes,toda vez que la facultad de ordenar traslados radica únicamente en la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong>INPEC y que no le está permitido a los Jueces de tutela interferir en dicha facultad, a lo anterioragrega que la caus<strong>al</strong> invocada no se encuentra dentro de las caus<strong>al</strong>es de traslado de que trata l<strong>al</strong>ey 65 de 1993.Observa el despacho que ninguna razón le asiste <strong>al</strong> mencionado funcionario por cuanto en el subjúdice estamos frente a una situación fáctica diferente, por cuanto el traslado que se solicita obedecepuede concederlo por ser el Director de una penitenciaría manejada con criterios de <strong>al</strong>ta seguridadexclusivamente, circunstancia no imputable a los internos y que no puede hacer más gravosa susituación, siendo por consiguiente imperiosa la necesidad <strong>del</strong> traslado, a efecto de que el Director<strong>del</strong> Centro Carcelario o Centros Carcelarios de Mediana Seguridad para donde sean trasladadoslos internos proceda a facilitar el goce efectivo de dicha prerrogativa.Ninguna razón le asiste igu<strong>al</strong>mente cuando informa que el traslado no se ha producido en razóna que a la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC llegan solicitudes de traslado de todo el país, olvidandoque de por medio se encuentra uno de los bienes más celosamente protegidos por casi toda laslegislaciones <strong>del</strong> mundo como lo es el derecho a la libertad, lo que hace que sus argumentos seandesestimados, máxime cuando existen solicitudes que datan de hace más de cuatro (4) meses, comoes el caso <strong>del</strong> interno XX (“…”).Así las cosas este despacho considera viable tutelar el Derecho Constitucion<strong>al</strong> Fundament<strong>al</strong> a laLibertad a los Veinticuatro (24) internos cuya documentación para el traslado ya reposa en manosde la Dirección Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC, en consecuencia ordenará <strong>al</strong> DIRECTOR GENERALDEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO y CARCELARIO, INPEC,
178 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>tome las medidas necesarias a efecto de que se surta el traslado de veinticuatro de los veinticincohasta 72 horas ya concedido por las autoridades competentes.(“…”)DORADA (CALDAS), administrando justicia en nombre de la República y por autoridadde la Ley,FALLA:PRIMERO: TUTELAR el Derecho Constitucion<strong>al</strong> Fundament<strong>al</strong> a la Libertad de los internosXX. (“…”). (Subrayado fuera de texto)
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>179D.2. SEGUIMIENTO DE LA FORMULACIÓN, DESARROLLOY EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS: Observaciones<strong>al</strong> 5° <strong>Informe</strong> de la República de Colombia <strong>al</strong> Comité deDerechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es 2008 69Durante el año 2008, el Programa de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de Políticas Públicasen Derechos Humanos de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> (ProSeDHer) ejecutó tareas necesariaspara avanzar en la ev<strong>al</strong>uación de la política pública en materia de derechos económicos,soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es (DESC), particularmente, en los derechos a la educación, a la s<strong>al</strong>udy a la <strong>al</strong>imentación y en actividades tendentes a establecer el grado de re<strong>al</strong>ización de losderechos <strong>al</strong> trabajo y a la vivienda, DESC, que en su conjunto concretan la re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong>Estado soci<strong>al</strong> de derecho.Igu<strong>al</strong>mente, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hizo seguimiento a distintas actividades que enmateria de DESC se produjeron en los planos nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong>. T<strong>al</strong>es como a) laaprobación <strong>del</strong> Protocolo Facultativo <strong>del</strong> Pacto Internacion<strong>al</strong> de Derechos Económicos,Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es el 10 de diciembre de 2008 por la Asamblea Gener<strong>al</strong> de las NacionesUnidas; b) los avances en la adopción <strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de Acción en Derechos Humanosy Derechos Internacion<strong>al</strong> Humanitario uno de cuyos ejes centr<strong>al</strong>es son los derechoseconómicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es y c) el 5° <strong>Informe</strong> presentado por el Estado colombiano<strong>al</strong> Comité de Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es, entre otros. Sobre este últimonos referimos a continuación en este aparte.Los Derechos Económicos Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es en el 5° <strong>Informe</strong> desde laperspectiva de las investigaciones re<strong>al</strong>izadas por ProSeDHerIntroducciónEl Pacto Internacion<strong>al</strong> de Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es (PIDESC),vigor desde el 3 de enero de 1976, fue incorporado en el derecho interno colombiano porla Ley 74 de 1968. Esta ley aprueba los Pactos Internacion<strong>al</strong>es de Derechos Económicos,Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es, de Derechos Civiles y Políticos, así como el Protocolo Facultativo69 Ministerio de Relaciones Exteriores, República de Colombia. Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es. 2008. Documento.
180 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de este último, aprobado por la Asamblea Gener<strong>al</strong> de las Naciones Unidas en votaciónunánime, en Nueva York, el 16 de diciembre de 1966.El PIDESC exige a los Estados Parte que se adopten medidas para la ejecución deavances concretos y precisos en un plazo determinado, haciendo uso hasta el máximo <strong>del</strong>os recursos de que dispongan, así como el compromiso de lograr por todos los mediosapropiados la efectividad de los derechos humanos, que va más <strong>al</strong>lá de la aprobaciónform<strong>al</strong> de normas leg<strong>al</strong>es. Este Pacto determina para los Estados la obligación categóricade garantizar sin discriminación <strong>al</strong>guna un nivel básico de ejercicio de los derechoscomprendidos en él, así como la obligación de garantizar el desarrollo progresivo de losderechos y la prohibición de retroceso con respecto <strong>al</strong> grado de consecución de estos.El proceso de control internacion<strong>al</strong> sobre la puesta en práctica <strong>del</strong> PIDESC se encuentraa cargo exclusivo <strong>del</strong> Comité de Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es. El Comité deDESC ha solicitado a los Estados Parte que presenten informes equilibrados, que precisenel contenido mínimo esenci<strong>al</strong> de los derechos y las obligaciones que se derivan de él y queno sean simples transcripciones de medidas legislativas, administrativas, o reproducción dedatos estadísticos det<strong>al</strong>lados en forma narrativa.En cumplimiento de lo dispuesto por el PIDESC, Colombia ha presentado <strong>al</strong> Comitéde Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es cinco informes. El último informe sepresentó en el primer semestre de 2008 y el período de referencia es quinquen<strong>al</strong>, <strong>del</strong> 1 deseptiembre de 2000 a 2005.a. Avances y limitaciones en la re<strong>al</strong>ización de los derechos económicos, soci<strong>al</strong>esy cultur<strong>al</strong>esPara efectos de reconocer los avances y limitaciones en los derechos económicos,soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es, DESC, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hará referencia a <strong>al</strong>gunos aspectospresentados en el 5.° <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> relacionados con los avancesnormativos, administrativos y políticos y los contrastará con el análisis que viene re<strong>al</strong>izandoel Programa ProSeDHer.Los DESC en la Constitución Política no son cat<strong>al</strong>ogados como derechos fundament<strong>al</strong>es,lo cu<strong>al</strong> hace difícil el cumplimiento efectivo de las obligaciones que se desprenden de estos.A continuación se presenta un análisis sobre cada uno de los derechos que ha venidotrabajando el programa ProSeDHer, a saber:1) Derecho <strong>al</strong> trabajoDe acuerdo con el PIDESC, los Estados reconocen el derecho a trabajar, que comprendeel derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajolibremente escogido o aceptado, y la de tomar las medidas adecuadas para garantizar estederecho. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Parte par<strong>al</strong>ograr la plena efectividad <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> trabajo, está la de orientar y dar formacióntécnico profesion<strong>al</strong>, la de preparar programas, normas y técnicas encaminadas a conseguirun desarrollo económico, soci<strong>al</strong> y cultur<strong>al</strong> constante y la ocupación plena y productiva,en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundament<strong>al</strong>es de lapersona humana.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>181Es decir, el derecho <strong>al</strong> trabajo busca la participación en el mercado labor<strong>al</strong> de todas laspersonas que quieran trabajar, lo que supone la distribución <strong>del</strong> trabajo de una manera quepermita la participación de todos en la economía, de acuerdo con el nivel de educación, lacapacitación, el acceso a los recursos y las preferencias de la persona en cuanto <strong>al</strong> modode ganarse la vida. Así mismo, resulta necesario que el trabajo sea digno. Un criteriorelevante para determinar que el trabajo es digno es que no se desarrolle en condicionesde explotación que, gener<strong>al</strong>mente, están asociadas a la prohibición <strong>del</strong> trabajo forzoso,la no discriminación en todos los niveles de empleo, así como, con la capacitación, laremuneración mínima vit<strong>al</strong> y móvil, la jornada labor<strong>al</strong> limitada y garantía de condicionesde seguridad y s<strong>al</strong>ubridad en el trabajo.De conformidad con los convenios de la OIT, la re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> trabajocontempla por lo menos dos dimensiones: de un lado, el derecho a trabajar ya sea en unau ocupación, y, de otro lado, la dimensión de los derechos en el trabajo, que han de serrespetados de manera que permitan que este se desarrolle en condiciones justas, equitativasy satisfactorias.De lo expuesto se desprenden los elementos que constituyen el contenido esenci<strong>al</strong><strong>del</strong> derecho individu<strong>al</strong> <strong>al</strong> trabajo: la libertad de su escogencia o aceptación, su desarrolloen condiciones justas, equitativas y satisfactorias y su retribución satisfactoria. Por suparte, el contenido esenci<strong>al</strong> <strong>del</strong> derecho colectivo labor<strong>al</strong> comprende la libertad de fundarsindicatos, la libertad de pertenecer <strong>al</strong> sindicato escogido, el derecho de los sindicatos afuncionar libremente, así como los derechos de reunión, negociación colectiva y huelga,este último restringido para los trabajadores vinculados a empresas que prestan serviciospúblicos esenci<strong>al</strong>es.Análisis <strong>del</strong> 5.° <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Gobierno colombiano sobre el derecho <strong>al</strong> trabajoEl b<strong>al</strong>ance <strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> es abordado desde tres perspectivas: una normativa,una jurisprudenci<strong>al</strong> y una administrativa. Como avances normativos se encuentran laLey 581 de 2000, conocida como Ley de Cuotas; Ley 590 de 2000, sobre promociónde Mipymes; Ley 776 de 2002 o Sistema Gener<strong>al</strong> de Riesgos Profesion<strong>al</strong>es; Ley 789 de2002, conocida como Reforma Labor<strong>al</strong>; Ley 823 de 2003 sobre igu<strong>al</strong>dad de oportunidadespara las mujeres y Ley 909 de 2004 sobre empleo público, entre otras. Como avancesjurisprudenci<strong>al</strong>es, se relacionan varias sentencias dictadas por la Corte Constitucion<strong>al</strong>respecto a temas s<strong>al</strong>ari<strong>al</strong>es y pension<strong>al</strong>es.En el campo administrativo, se destacan avances en materia de i) empleo; ii) protecciónlabor<strong>al</strong> para aquellas poblaciones trabajadoras que se encuentran en condiciones devulnerabilidad labor<strong>al</strong> y soci<strong>al</strong>; iii) generación de empleo para personas de los niveles 1 y2 <strong>del</strong> SISBÉN; iv) cumplimiento <strong>del</strong> convenio 182 de la OIT en cuanto a protección <strong>del</strong>os niños trabajadores; v) protección a la mujer trabajadora con prioridad a las <strong>del</strong> serviciodoméstico; vi) fomento de la productividad de mo<strong>del</strong>os <strong>al</strong>ternativos de emprendimiento;vii) promoción de la s<strong>al</strong>ud ocupacion<strong>al</strong> en la población vulnerable de jóvenes trabajadores<strong>del</strong> sector inform<strong>al</strong> de la economía; viii) apoyo a espacios tripartitos de diálogo soci<strong>al</strong> yconcertación labor<strong>al</strong>; y ix) los derechos de asociación sindic<strong>al</strong> y huelga, el programa deprotección a líderes sindic<strong>al</strong>es y la lucha contra la impunidad.
182 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Contrastando los avances presentados por el Gobierno nacion<strong>al</strong> en el citado 5.°<strong>Informe</strong> 70 , el Comité de DESC centra sus preocupaciones en torno a los siguientesaspectos: i) el rápido aumento de la tasa de desempleo que afecta sobre todo a la gentejoven y a las mujeres; ii) la persistencia <strong>del</strong> trabajo infantil; iii) la discriminación s<strong>al</strong>ari<strong>al</strong> pormínimo para garantizar una vida digna y, v) la seguridad person<strong>al</strong> de los líderes sindic<strong>al</strong>es yla violación persistente <strong>del</strong> derecho de libertad sindic<strong>al</strong>. Estos tópicos serán contrastadoscon el primer informe 71 de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, sobre el derecho <strong>al</strong> trabajo, el cu<strong>al</strong>tiene como año de referencia el 2005.La Constitución Política de 1991 72 consagra el derecho individu<strong>al</strong> <strong>al</strong> trabajo y los derechoscolectivos labor<strong>al</strong>es 73 derecho y le traza los principios mínimos fundament<strong>al</strong>es que debe contener el estatuto<strong>del</strong> trabajo; sin embargo, han transcurrido casi dos décadas y aún no se ha reglamentado.La ausencia de la reglamentación respectiva hace imperativo que el Gobiernonacion<strong>al</strong> formule una política que incorpore las dos dimensiones <strong>del</strong> derecho y susvarios componentes: acceso y disponibilidad <strong>del</strong> empleo; orientación y formacióntécnica-profesion<strong>al</strong> para el trabajo; no discriminación en el acceso <strong>al</strong> trabajo y <strong>al</strong> empleo; adecuada y condiciones dignas en el trabajo, entre otros, que abarquen tanto a lostrabajadores dependientes como a las personas que se encuentran en situación de especi<strong>al</strong>vulnerabilidad, como los trabajadores inform<strong>al</strong>es.A pesar <strong>del</strong> hecho de que exista una amplia normativa, expedida en el presente siglo,sobre todos los temas relacionados con el derecho <strong>al</strong> trabajo y poblaciones vulnerables comoinfancia, jóvenes, mujeres y personas con discapacidad, la brecha entre la legislación labor<strong>al</strong>colombiana y la re<strong>al</strong>idad es bastante grande. Los avances leg<strong>al</strong>es y las conquistas labor<strong>al</strong>esde los trabajadores cedieron en pro de otros intereses. Si bien es cierto que el desarrollonormativo es importante, no es menos cierto que este debe venir acompañado de los másnobles propósitos para contribuir a mejorar las condiciones de los menos favorecidos,En ese sentido, se deben hacer esfuerzos para que en la práctica los legisladores y elGobierno, <strong>al</strong> expedir las normas nacion<strong>al</strong>es, consulten los estándares mínimos contenidosen los convenios internacion<strong>al</strong>es en materia <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> trabajo, trazando en el campolegislativo una senda de cumplimiento progresivo de este derecho.Hay que enfatizar que el espíritu <strong>del</strong> legislador <strong>del</strong> siglo XXI debe estar acorde conlas necesidades de un buen número de colombianos que se encuentran desempleados oen condiciones de pobreza y extrema pobreza; también debe impulsar el cumplimientode las obligaciones asumidas por el Estado en los tratados y convenios internacion<strong>al</strong>escorrespondientes.70 Ibíd.71 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Primera Ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> Trabajo desde la Perspectiva de los DerechosHumanos. Bogotá, 2009.72 Artículos 25, 39, 53, 54, 55, 56 y 5773 Artículo 25 de la C.P. “El trabajo es un derecho y una obligación soci<strong>al</strong> y goza, en todas sus mod<strong>al</strong>idades, de la especi<strong>al</strong>protección <strong>del</strong> Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>183Las últimas reformas labor<strong>al</strong>es, como la Ley 789 de 2002, en lugar de permitir la mejorade los trabajadores y la reducción <strong>del</strong> desempleo, disminuyen su c<strong>al</strong>idad de vida por laderogatoria de varios mínimos reconocidos en normas anteriores, como las horas extras,el recargo nocturno y el pago triple de los festivos y dominic<strong>al</strong>es. 74 En concepto de laProcuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación, esta ley precariza las relaciones labor<strong>al</strong>es form<strong>al</strong>es<strong>al</strong> disminuir ostensiblemente el ingreso de los trabajadores y atentar contra la dignidadhumana, el derecho <strong>al</strong> trabajo y las garantías mínimas labor<strong>al</strong>es 75 .DesempleoLa disponibilidad de trabajo tiene dos aspectos: uno, la generación de empleo y dos,el fenómeno <strong>del</strong> desempleo. De acuerdo con el instrumento de medición aplicado porla Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en el año 2005, la población desempleada estaba conformadapoblación económicamente activa estuvo desempleada. Este porcentaje es menor que elreconocido por el Gobierno en el 5.° <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> 2006 (12.6% en el mes de julio) y elregistrado durante el año 2008, aunque no comparable con las cifras actu<strong>al</strong>es, dado elcambio de metodología <strong>del</strong> DANE en la medición <strong>del</strong> empleo. Según el mismo DANE,en octubre de 2008 la población ocupada llegó a 17.798.000 de personas, mientras que elnúmero de desocupados se situó en 2.005.000. En las trece princip<strong>al</strong>es ciudades <strong>del</strong> paísdonde se hizo la medición, el índice de desocupación llegó <strong>al</strong> once por ciento.Existe contraste entre el b<strong>al</strong>ance que el Gobierno presenta en el 5. ° <strong>Informe</strong> y lasconclusiones <strong>del</strong> Comité; mientras que para el primero las cifras de desempleo a 2006habían bajado y los ingresos labor<strong>al</strong>es habían crecido, para el segundo el incremento <strong>del</strong>a tasa de desempleo es la princip<strong>al</strong> preocupación. Esta mirada divergente posiblementese deba, además de los análisis interpretativos opuestos, a la metodología utilizada para parámetros de medición que no son los mismos en todos los estudios. Esto no permitepara establecer el grado de avance o retroceso en cuanto a la disponibilidad <strong>del</strong> trabajo ytomar las medidas correctivas pertinentes.Este sistema debería también recoger datos sobre el desempleo de grupos y sujetosvulnerables como población juvenil, mujeres, adultos mayores, personas con discapacidady personas en desplazamiento, entre otros, de t<strong>al</strong> forma que puedan medirse los nivelesde discriminación de estas poblaciones en cuanto <strong>al</strong> acceso <strong>al</strong> trabajo. Es necesario queseguimiento labor<strong>al</strong> de estos grupos poblacion<strong>al</strong>es.Respecto <strong>al</strong> servicio público de empleo a cargo <strong>del</strong> SENA, es innegable la contribuciónque hace para vincular a los desempleados <strong>al</strong> cubrimiento de las vacantes reportadas porlas empresas colombianas. Sin embargo, este servicio debe ser ampliado para que tenga el74 Universidad Nacion<strong>al</strong> de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas. Centro de Investigaciones para el Desarrollo-CID.Ev<strong>al</strong>uación de la Reforma Labor<strong>al</strong>, abril de 200775 Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación. Demanda de inconstitucion<strong>al</strong>idadcontra los artículos 25, 26, 28 y 51 de la Ley 789 de 2002, octubre 12 de 2007.
184 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la disponibilidad y acceso <strong>al</strong> trabajo de toda la población económicamente activa (PEA).Para que este servicio favorezca más positivamente a la población que busca empleo, lagestión que conecta la oferta y demanda de trabajo debe reducir los tiempos de búsqueday de ocupación de las vacantes y propender <strong>al</strong> cubrimiento de todas las vacantes existentes.En esta misma línea, es claro que no hay una correspondencia entre la oferta y lademanda de empleo. Del análisis de las cifras para el año 2005, el número de candidatosinscritos en el servicio público de empleo fue de 409.892 frente a 178.493 vacantesdisponibles, de las cu<strong>al</strong>es, sólo se cubrieron 83.627, indicando que un <strong>al</strong>to porcentaje de laspersonas que demandan empleo no pueden acceder <strong>al</strong> mismo, ante la limitada oferta queexiste, lo que pone en evidencia la necesidad de que se adopte una política pública de <strong>al</strong>toimpacto que reduzca el rezago existente 76 .Generación de empleo<strong>al</strong> sostenido crecimiento económico que ha vivido el país. Pero <strong>del</strong> crecimiento de laactividad económica no se puede inferir como consecuencia necesaria la disminución <strong>del</strong>desempleo ni la generación de nuevos empleos. Se presentó un incremento en la actividadeconómica de <strong>al</strong>gunos sectores, pero aún persisten <strong>al</strong>tos niveles de desempleo y subempleo.Al parecer el crecimiento económico sostenido se debe a factores diferentes <strong>al</strong> trabajo, 77 .Según la Centr<strong>al</strong> Unitaria de Trabajadores -CUT-, en el artículo titulado “Panoram<strong>al</strong>abor<strong>al</strong> 2007: América Latina y el Caribe”, respecto <strong>al</strong> 5.° <strong>Informe</strong> reconoce el crecimientoeconómico sostenido que viene experimentado la región durante los últimos años y quetambién puede predicarse de Colombia según los datos <strong>del</strong> PIB. Igu<strong>al</strong>mente, apreciareducciones en las cifras de desempleo, advirtiendo que este no puede explicarseaspectos externos.subempleo, inform<strong>al</strong>idad y precarización <strong>del</strong> empleo: los efectos de la glob<strong>al</strong>ización,publicado por la Universidad de los Andes el cu<strong>al</strong> plantea queLas tasas de desempleo en Colombia se reducen sin crear nuevos puestos de trabajo (…). Eninform<strong>al</strong>idad. Hay un problema adicion<strong>al</strong> asociado con la credibilidad de las cifras, porque ademásde los cambios de metodología, la información disponible presenta inconsistencias en comparacióncon otras cifras como pobreza y seguridad soci<strong>al</strong> 78 .el crecimiento económico para generar empleo y reducir la pobreza, e insisten en que “…76 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Primera Ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> Trabajo desde la Perspectiva de los Derechos Humanos.Sin publicar.77 Héctor VÁSQUEZ FERNÁNDEZ. Las libertades sindic<strong>al</strong>es en el gobierno Uribe y La coyuntura labor<strong>al</strong> y sindic<strong>al</strong> 2006-2007, en cifras. Escuela Nacion<strong>al</strong> Sindic<strong>al</strong>. Publicado por la Corporación Viva la Ciudadanía. En: www.viva.org.co (05.09) .78 Manuel Álvaro RAMÍREZ ROJAS y Diego Andrés GUEVARA FLETCHER. Mercado de trabajo, subempleo,inform<strong>al</strong>idad y precarización <strong>del</strong> empleo: los efectos de la glob<strong>al</strong>ización. Bogotá, 2006, p.1. http://www.fuac.edu.co/revista/V5N1MAR2006/4%20-%20LABORAL.pdf (05.09).
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>185el crecimiento económico de la región ha generado mejorías en <strong>al</strong>gunos indicadores <strong>del</strong>mercado labor<strong>al</strong> pero persisten brechas que afectan a los sectores más vulnerables, <strong>al</strong>tastasas de inform<strong>al</strong>idad y la protección soci<strong>al</strong> no abarca a todos los trabajadores…” 79 .Adicion<strong>al</strong>mente, señ<strong>al</strong>an que:una evolución positiva de los indicadores <strong>del</strong> mercado labor<strong>al</strong> derivado <strong>del</strong> elevado crecimientoeconómico. Sin embargo tomando datos de cinco países el 60% de los ocupados tenían empleos 80 . resulta necesario que este venga acompañado de la creación de nuevos puestos de trabajoque garanticen condiciones dignas, equitativas y satisfactorias para todas las personas queincida en la reducción <strong>del</strong> desempleo.Las centr<strong>al</strong>es sindic<strong>al</strong>es colombianas y la Confederación de Pensionados de Colombia,en el <strong>Informe</strong> a la 97° Conferencia Internacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Trabajo, en el mes de mayo de2008 81 riqueza mediante la generación de empleo productivo, estable y decente que permita a lostrabajadores condiciones dignas de vida y que el crecimiento económico no ha impactadola dinámica labor<strong>al</strong> ni la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> empleo. La tendencia gener<strong>al</strong> es a la baja de los contratostasa de ocupados crece más lentamente que la de desempleados.El Gobierno nacion<strong>al</strong>, los trabajadores organizados, el Comité de DESC y la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> consideran que el empleo es un factor determinante en la lucha contra lapobreza y en pro <strong>del</strong> mejoramiento de la c<strong>al</strong>idad de vida de la población. Por lo anterior, sehace necesario aunar esfuerzos en este sentido para contribuir a la desaceleración de la tasade desempleo y lograr un pleno empleo en condiciones dignas y satisfactorias.b. Protección labor<strong>al</strong> de la población trabajadora en condiciones de mayorvulnerabilidadOtro aspecto sobre el cu<strong>al</strong> el Gobierno advierte avances es en la protección a lapoblación que se encuentra en condiciones de vulnerabilidad labor<strong>al</strong> y soci<strong>al</strong>, como son losinfantes, los jóvenes trabajadores, las mujeres y la población trabajadora <strong>del</strong> sector rur<strong>al</strong>.Empleo inform<strong>al</strong> y subempleoDe acuerdo con resultados obtenidos de la aplicación <strong>del</strong> instrumento de medición<strong>del</strong> programa ProSeDHer de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, existe una tendencia creciente<strong>del</strong> empleo inform<strong>al</strong> y el subempleo. Gener<strong>al</strong>mente, estos fenómenos se presentan en lapoblación más pobre <strong>del</strong> país, que desarrolla labores o re<strong>al</strong>iza <strong>al</strong>gún tipo de ocupación en79 Ibíd.80 Ibíd.81 CUT, CGT, CTC y CPC. En: www.verdadabierta.com/web3/archivos-para-descargar/.../58-sindic<strong>al</strong>istas?...207%3Ainforme...97-conferencia-internacion<strong>al</strong>-<strong>del</strong>-trabaj (05.09).
186 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>circunstancias bastante precarias, que de ninguna manera satisfacen el derecho a trabajar encondiciones dignas, equitativas y satisfactorias. El deterioro de las condiciones labor<strong>al</strong>es demuchos trabajadores, que no tienen vínculo contractu<strong>al</strong> regido por la legislación labor<strong>al</strong>, sepresenta, princip<strong>al</strong>mente, en lo relacionado con extensas jornadas de trabajo, remuneraciónAl contabilizar la población inmersa en el trabajo inform<strong>al</strong>, el subempleo en el quese encuentran 6’423.000 personas, es decir, el 35.57% <strong>del</strong> tot<strong>al</strong> de personas ocupadas, inadecuado que se subdivide en subempleo por competencias (10.46%) y por ingreso(82.56%) y las demás categorías trabajadas por el DANE, 82 se encuentran las obligacionesque el Estado colombiano debe cumplir en cuanto a los derechos <strong>al</strong> trabajo y en el trabajo. desempleo, el DANE habla de 4’999.000 de personas ocupadas en el sector inform<strong>al</strong>.en políticas públicas adecuadas para enfrentar la problemática en todas sus dimensiones.En cuanto a la accesibilidad <strong>al</strong> trabajo, se requiere con urgencia una política para laform<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> trabajo inform<strong>al</strong> garantizando así la cobertura de seguridad soci<strong>al</strong>,educación para el trabajo, emprendimiento, entre otras. En ese sentido, el SENA tendríaun nicho potenci<strong>al</strong> de trabajo con este sector inform<strong>al</strong>. El gran reto de la política labor<strong>al</strong>consiste en garantizar los derechos labor<strong>al</strong>es de quienes vienen re<strong>al</strong>izando un trabajoindependiente que no es tot<strong>al</strong>mente reconocido como aporte a la economía nacion<strong>al</strong> ypeor aún estigmatizado por el comercio leg<strong>al</strong>.Trabajo infantilOtro fenómeno grave y que ha ido en aumento se relaciona con los niños y niñas máspobres de la población, que terminan abandonando la escuela para asumir una labor queles proporcione ingresos para sobrevivir, lo que restringe su derecho a la educación.Pese a la ejecución <strong>del</strong> III Plan de Erradicación <strong>del</strong> Trabajo Infantil y Protección <strong>del</strong>Juvenil (2003-2006) a cargo <strong>del</strong> Ministerio de Protección Soci<strong>al</strong> y el Instituto Colombianode Bienestar Familiar, que hace especi<strong>al</strong> énfasis en la erradicación de las peores formasde trabajo infantil, en nuestro país trabajan más de 1.378.500, entre niños y niñas encondiciones de <strong>al</strong>to riesgo para su s<strong>al</strong>ud física y ment<strong>al</strong>, de acuerdo con el ProgramaInternacion<strong>al</strong> para la Erradicación <strong>del</strong> Trabajo Infantil -IPEC-OIT-. Un estudio re<strong>al</strong>izadopor UNICEF y Save the Children 83 señ<strong>al</strong>a que en las siete princip<strong>al</strong>es ciudades <strong>del</strong> paísse registró la presencia de 323.000 menores de edad en servicio doméstico o en hogaresajenos, de los cu<strong>al</strong>es el 90% eran niñas y el 10% niños.Según el DANE, en el año 2005, un tot<strong>al</strong> de 1.059.000, entre niños y adolescentes,ejercía una ocupación, remunerada o no, en la producción de bienes y servicios. Deese tot<strong>al</strong>, 739.182 era de sexo masculino (69.8%) y 319.000 de sexo femenino (30.2%).82 Según sus cifras de mayo 2004 a junio 2005 existían desocupados 2.594.180; abiertos 2.382.906; ocultos 211.274; inactivos empleo inadecuado por ingresos 5.202.514.83 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Comunicado 1315 de 12 de junio de 2008. En: http://www.defensoria.org.co/red/?_item=03030002&_secc=03&ts=2&hs=0303
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>187Adicion<strong>al</strong>mente, otros 184.000 estaban buscando empleo, lo que implica que 1.752.000personas entre 5 y 17 años se relacionaban con el mercado de trabajo.Si se asume un concepto de trabajo en sentido amplio, es decir, incluyendo los 750.531los niños, niñas y adolescentes que trabajan o son explotadas económicamente puedenascender a 2.318.531. Ello puede corresponder <strong>al</strong> hecho de que en materia de coberturaeducativa el país sólo ha <strong>al</strong>canzado el 90%, con un nivel de inasistencia de 16.2%, entre loscinco y los diecisiete años (1.782.000).Este panorama labor<strong>al</strong> que compromete a más de 2.000.000 de niños y niñas ocurre aa proteger los derechos de la infancia, t<strong>al</strong>es como el Convenio 138 de la OrganizaciónInternacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Trabajo (OIT) relativo a la edad mínima de admisión <strong>al</strong> empleo y elConvenio 182 de la OIT sobre las peores formas de trabajo infantil fue observado por elDefensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> 84 , y exige <strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> la adopción de medidas legislativasy de política pública dirigidas a brindar una protección re<strong>al</strong> de los derechos de la infancia ydar cumplimiento a los citados Convenios.Aunque existe un marco normativo para la abolición <strong>del</strong> trabajo infantil, son muchoslos trabajos que ponen en peligro el bienestar físico, ment<strong>al</strong> y mor<strong>al</strong> de los niños, ya quepor su natur<strong>al</strong>eza o por las condiciones en que se re<strong>al</strong>izan, son trabajos peligrosos parasu desarrollo, s<strong>al</strong>ud y vida. Entre las peores formas de trabajo infantil que se presentanen el país se encuentran el reclutamiento forzoso de menores de edad para utilizarlospornografía y todo tipo de actividades ilícitas.En audiencia defensori<strong>al</strong> celebrada el 10 de diciembre de 2006, sobre el reclutamientoforzoso de niños se reveló que el promedio de edad bajó de 13.8 años en el 2001 a 12.8años en el 2005. Hay un evidente encubrimiento de este ilícito, ya que en los procesosde desmovilización colectiva re<strong>al</strong>izados en el año 2006 no se había producido de maneradesmovilizados. De esta forma, los grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley buscan ocultar elreclutamiento ilícito de menores de edad, así como su desvinculación.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera urgente desvincular a los menores de edad decu<strong>al</strong>quier tipo de explotación labor<strong>al</strong> o económica que atente contra sus derechosfundament<strong>al</strong>es, advirtiendo que dicha explotación es una conducta cotidiana, gener<strong>al</strong>izaday aceptada cultur<strong>al</strong>mente, propiciada, en gran parte, por la pobreza y la margin<strong>al</strong>idad enque vive más de la mitad de los habitantes <strong>del</strong> país, lo que obliga a todos los miembros <strong>del</strong>hogar a participar en la obtención <strong>del</strong> ingreso familiar.La población infantil se vincula <strong>al</strong> trabajo princip<strong>al</strong>mente en los sectores más atrasados de contratación, lo cu<strong>al</strong> permite que se continúe reproduciendo su pobreza mediante perpetuando su rezago en términos de los avances y <strong>del</strong> desarrollo soci<strong>al</strong>.84 Ibíd.
188 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>fundament<strong>al</strong>es t<strong>al</strong>es como el derecho a la libertad física; el derecho a no ser sometido atorturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; el derecho <strong>al</strong> libre desarrollo <strong>del</strong>a person<strong>al</strong>idad; la prohibición de la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres humanos;siendo la ausencia de opciones labor<strong>al</strong>es una de las causas generadoras de este fenómeno.Las víctimas en su gran mayoría son mujeres, jóvenes, niños y niñas que mediante engañosson trasladados a otras ciudades o países para ser sometidos a trabajos o servicios forzados,matrimonios serviles, el turismo sexu<strong>al</strong>, la pornografía o para desarrollar actividadeslabor<strong>al</strong>es en condiciones absolutamente precarias, semejantes a la esclavitud.Según un informe de la Organización Internacion<strong>al</strong> para las Migraciones “la trata dede drogas y armas. Cada año más de 700.000 mujeres, hombres y niños son víctimas dey 50.000 mujeres colombianas en el exterior ejerciendo la prostitución de manera forzada.Colombia es un país de origen y tránsito de personas víctimas de la trata. “Se estima quenuestro país como punto de tránsito de casos originados en Ecuador, Perú o Bolivia” 85 .sexu<strong>al</strong> de niñas y niños. La Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación ha detectado aproximadamente25.000 niños y niñas en situación de explotación sexu<strong>al</strong> comerci<strong>al</strong> en el país, de ellos lastres cuartas partes son niñas. personas, la inducción a la prostitución, el constreñimiento a la prostitución, la utilizacióno facilitación de medios de comunicación para ofrecer servicios sexu<strong>al</strong>es de menores deedad y la omisión de denuncia por la comisión de t<strong>al</strong>es actos, los cu<strong>al</strong>es son susceptibles deser sancionados con penas privativas de la libertad.Los esfuerzos re<strong>al</strong>izados por las instituciones respecto <strong>al</strong> trabajo de menores de edadDefensoría es que a muy corto plazo todas estas prácticas desaparezcan y que se erradiquende una vez las distintas manifestaciones de trabajo infantil.85 Según la intervención <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en el 61.° Periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos enGinebra, Suiza, el 14 de abril de 2005, frente a los compromisos de la comunidad internacion<strong>al</strong> sostuvo que elProtocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especi<strong>al</strong>mente Mujeres y Niños, plante<strong>al</strong>a obligación para los Estados de donde es originaria la víctima, de proveer todas las medidas necesariaspara su retorno y la garantía de vincularlas a programas especi<strong>al</strong>es. “Sin embargo, y teniendo en cuenta quela mayoría de las víctimas son ciudadanas de países <strong>del</strong> tercer mundo que atraviesan por serios problemassocioeconómicos, se debería prever que los Estados receptores apoyen tanto económicamente, como conprogramas de protección provision<strong>al</strong> o transitorios a las personas que han sufrido este <strong>del</strong>ito, mientras segarantiza en el país de origen un re<strong>al</strong> y efectivo programa que les brinde a las víctimas <strong>al</strong>ternativas re<strong>al</strong>esde reinserción familiar y soci<strong>al</strong>. En la actu<strong>al</strong>idad la víctima es deportada a su país de origen sin ser atendidapor ninguna de las dos instancias”. Agregó que es necesario reforzar las acciones de las autoridades deinvestigación crimin<strong>al</strong> y judici<strong>al</strong>, ya que cuando es encontrada la víctima ejerciendo estas actividades, es confrecuencia ella el sujeto de sanción, lo que genera una doble victimización; la víctima es transportada a lafuerza y m<strong>al</strong>tratada por las autoridades, mientras los intermediarios, los proxenetas y operadores de las redes,rara vez son capturados o sancionados.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>189Población en situación de desplazamientoColombia presenta en la actu<strong>al</strong>idad uno de los mayores índices en el mundo de personasdesplazadas. El desplazamiento forzado constituye una violación masiva de los derechoshumanos, ya que no solo afecta el disfrute de las libertades y las garantías para el ejerciciode los derechos políticos de los ciudadanos, sino que también compromete la vigencia <strong>del</strong>os derechos económicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es. 86Gran parte de la población desplazada está constituida por mujeres y menores de edad.Es importante destacar que un buen porcentaje de dichas mujeres son jefas de hogar. Sonlas mujeres quienes tienen que asumir el traslado silencioso e inseguro desde sus lugaresde origen a los asentamientos urbanos; lugares a donde tienen que llegar para garantizarsu derecho a la vida e integridad person<strong>al</strong> y las de sus hijos siendo imprescindible para susubsistencia el encuentro de un trabajo.Sin embargo, la disponibilidad de trabajo es muy limitada y son muy escasos y pocode dichos programas de capacitación para el trabajo debe tener en cuenta las capacidadesre<strong>al</strong>es <strong>del</strong> mercado en donde la población desplazada pueda recuperarse mediante eltrabajo productivo.Apoyo a espacios tripartitos de diálogo soci<strong>al</strong> y concertación labor<strong>al</strong>trabajadores, públicos y privados, representados por organizaciones sindic<strong>al</strong>es y centr<strong>al</strong>esobreras y el Estado, es necesario activar y darle sentido a escenarios de discusión, análisis yconcertación de la política pública labor<strong>al</strong> y de empleo, como la Comisión Permanente deConcertación de Políticas S<strong>al</strong>ari<strong>al</strong>es y Labor<strong>al</strong>es y las Subcomisiones Departament<strong>al</strong>es deConcertación de Políticas S<strong>al</strong>ari<strong>al</strong>es y Labor<strong>al</strong>es. Pese a que el Gobierno considera que se handado pasos grandes en esta materia, no basta con propiciar espacios de participación si nohay voluntad política que acerque las posturas distintas en que se encuentran unos y otros.se ha avanzado en materia de concertación, en tanto las propuestas y acuerdos no se ponganen vigor y haya muestras visibles de respeto y garantía de los derechos humanos, labor<strong>al</strong>es ysindic<strong>al</strong>es.Según el informe presentado por las centr<strong>al</strong>es sindic<strong>al</strong>es colombianas anteriormentemencionadas y la Confederación de Pensionados de Colombia a la 97.° Conferencia“Por el derecho de asociación y la democracia” en Colombia. Infortunadamente susdesarrollos no han mejorado las libertades y derechos fundament<strong>al</strong>es <strong>del</strong> trabajo. Hastaahora, solo se puede mostrar la inst<strong>al</strong>ación de la representación permanente y el inicio dejudici<strong>al</strong> para esclarecer hechos de violencia y llevar a los crimin<strong>al</strong>es ante la justicia.86 Ibíd. Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Intervención <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en el 61. ° Periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanosen Ginebra, 2005.
190 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>S<strong>al</strong>ario mínimoSegún el censo de 2005, el 51% de la población tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> país es femenina y el 24% deella está constituida por mujeres que son cabeza de familia. Aproximadamente 13’728.000de habitantes viven con un s<strong>al</strong>ario mínimo leg<strong>al</strong>, o menos.La remuneración justa es un factor determinante en el componente de c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong>trabajo. Según el DANE, para el año 2005 había 18.072.000 de personas ocupadas, de lascu<strong>al</strong>es 8.127.000 recibían una remuneración inferior a un s<strong>al</strong>ario mínimo leg<strong>al</strong> mensu<strong>al</strong>vigente, y así el 45% de la población trabajadora no recibía un s<strong>al</strong>ario adecuado que legarantizara un mínimo vit<strong>al</strong>, lo que va en contravía de la normativa internacion<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong>actu<strong>al</strong>mente vigentes sobre el derecho <strong>al</strong> trabajo.Una lectura de la tabla “Posición ocupacion<strong>al</strong> de la población ocupada” 87 <strong>del</strong>instrumento de medición aplicado por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para el año 2005, muestraque 34.000 obreros vinculados con proyectos <strong>del</strong> gobierno percibían menos de un s<strong>al</strong>ariomínimo leg<strong>al</strong> mensu<strong>al</strong> vigente (SMMLV). Esta situación era más protuberante respectode los obreros y empleados particulares que de un universo de 7.160.000 de trabajadores,aproximadamente 2.492.000 devengaban menos de un SMMLV, es decir, el 34.8% de estacategoría <strong>del</strong> sector privado no recibían una remuneración digna, justa ni acorde con loestablecido en la ley sobre s<strong>al</strong>ario mínimo vit<strong>al</strong> y móvil.Otra medición que debe tenerse en cuenta se relaciona con el número de trabajadorespor cuenta propia que no <strong>al</strong>canza a percibir ingresos superiores <strong>al</strong> s<strong>al</strong>ario mínimo. Tema<strong>al</strong>ternativos de emprendimiento, iniciativas productivas, asociatividad y empresarismo parapoblaciones trabajadoras vulnerables.Discriminación s<strong>al</strong>ari<strong>al</strong>Según el Comité de DESC, existe una discriminación s<strong>al</strong>ari<strong>al</strong> entre hombres y mujeres,que los hombres, debiéndose garantizar a todos los trabajadores, sin distingo <strong>al</strong>guno, unaremuneración justa, digna y equitativa 88 .de aprendizaje, t<strong>al</strong> y como lo estableció la reforma labor<strong>al</strong> <strong>del</strong> año 2002, la cu<strong>al</strong> incorporó<strong>al</strong> mercado labor<strong>al</strong> a jóvenes en c<strong>al</strong>idad de aprendices que, conforme a esa denominaciónjurídica, perciben una remuneración s<strong>al</strong>ari<strong>al</strong> por debajo <strong>del</strong> s<strong>al</strong>ario mínimo 89 .87 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Primera Ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> Trabajo desde la Perspectiva de los Derechos Humanos. Op. cit.88 5° <strong>Informe</strong> de la República de Colombia <strong>al</strong> Comité de derechos Humanos. Op. Cit.89 Jairo Núñez Méndez. Universidad de los Andes. Éxitos y fracasos de la Reforma Labor<strong>al</strong>. Diciembre de 2004, p. 5. El contrato deaprendizaje tuvo dos cambios fundament<strong>al</strong>es. Por un lado, redujo los costos <strong>al</strong>rededor de un 44% <strong>al</strong> reducir el s<strong>al</strong>ario <strong>al</strong> 50%<strong>del</strong> mínimo leg<strong>al</strong> en la fase lectiva y <strong>al</strong> 75% en la fase práctica, y <strong>al</strong> no obligar <strong>al</strong> empleador a efectuar los pagos de cotizaciónen pensiones.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>191La seguridad person<strong>al</strong> de los líderes sindic<strong>al</strong>es y la violación persistente <strong>del</strong>derecho de libertad sindic<strong>al</strong>La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, mediante Resolución Defensori<strong>al</strong> No. 023 de 2002, pudoestablecer que entre los años 1990 <strong>al</strong> 2002 se registraron más de 1.000 muertes violentas desindic<strong>al</strong>istas y que la impunidad continúa a pesar de los esfuerzos importantes que a<strong>del</strong>ant<strong>al</strong>a Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, constituyéndose así una de las causas <strong>del</strong> esc<strong>al</strong>amiento <strong>del</strong>as acciones violentas contra el movimiento sindic<strong>al</strong>.Aunque la evolución de los homicidios en el tiempo presenta variaciones intermitentes,an<strong>al</strong>istas como Héctor Vásquez Fernández 90 indican que las tasas de estancamiento yfenómeno. De acuerdo con la Escuela Nacion<strong>al</strong> Sindic<strong>al</strong>, Colombia presenta una de las tasasmás bajas de cobertura sindic<strong>al</strong> de América Latina, pues apenas llega <strong>al</strong> 7% de la poblaciónconsidera esa base de población sindic<strong>al</strong>izada, la tasa promedio de homicidios de sindic<strong>al</strong>istassería de 183.2 por cada 100.000 habitantes; índice que supera aún las <strong>al</strong>tas tasas de homicidioregistradas en Colombia (tasas en promedio de 75.5 por cada 100.000 habitantes).En la Declaración Fin<strong>al</strong> <strong>del</strong> Primer Encuentro Nacion<strong>al</strong> de Víctimas en el Sindic<strong>al</strong>ismo 91 ,organizado por el Departamento de Derechos Humanos de la Centr<strong>al</strong> Unitaria deTrabajadores, CUT, se encuentra una cifra sobre las violaciones de los derechos humanos 1991-2006 el número de sindic<strong>al</strong>istas asesinados asciende a 2.245 y que tomando comobase 463 casos con autores conocidos, el 61% fueron asesinados por el paramilitarismo, el4.5% por agentes <strong>del</strong> Estado y de la Policía y un 33% repartido por grupos guerrilleros y<strong>del</strong>incuencia común.En síntesis, Colombia como Estado soci<strong>al</strong> de derecho, a través <strong>del</strong> conjunto de susinstituciones, debe comprometerse a garantizar la re<strong>al</strong>ización de los derechos individu<strong>al</strong>esy colectivos de los trabajadores. Por ello, debe asumir el compromiso y mostrar, a cortoplazo, resultados tangibles en la lucha contra la impunidad en las investigaciones que sea<strong>del</strong>antan por crímenes contra el sindic<strong>al</strong>ismo.2. Derecho a la <strong>al</strong>imentaciónEl derecho a la <strong>al</strong>imentación comprende, por una parte, la disponibilidad de <strong>al</strong>imentos ensin sustancias nocivas y aceptables desde el punto de vista cultur<strong>al</strong>, y por otra, la accesibilidadsostenible. El derecho a la <strong>al</strong>imentación no se entiende satisfecho con la simple existencia deAdemás de la disponibilidad y la accesibilidad, existen otros factores de carácter soci<strong>al</strong>,educativo y sanitario que afectan la aceptabilidad, el consumo y el aprovechamientobiológico de los <strong>al</strong>imentos. Es claro que la ausencia de una dieta adecuada, de servicios de90 Héctor Vásquez Fernández. Las libertades sindic<strong>al</strong>es en el gobierno Uribe y La coyuntura labor<strong>al</strong> y sindic<strong>al</strong> 2006-2007, encifras. Escuela Nacion<strong>al</strong> Sindic<strong>al</strong>. Publicado por la Corporación Viva la Ciudadanía. En: www.viva.org.co (05.09)91 Re<strong>al</strong>izado en Barranquilla los días 13 y 14 de abril de 2007.
192 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>s<strong>al</strong>ud, de saneamiento básico y de educación nutricion<strong>al</strong> hace a las personas vulnerablesa la m<strong>al</strong>nutrición en cuanto les impide digerir y absorber apropiadamente los nutrientespresentes en los <strong>al</strong>imentos que consumen.Adicion<strong>al</strong>mente y en forma puntu<strong>al</strong>, se observa: Según el informe <strong>del</strong> Estado colombiano sobre los DESC en comentario, sobre fomento a la investigación, la transferencia de tecnología, la comerci<strong>al</strong>ización yel establecimiento de instrumentos de inversión para el sector agropecuario. Enestas áreas no se han erradicado las causas que generan la f<strong>al</strong>ta de <strong>al</strong>imentos en elpaís, lo que viene provocando nefastas repercusiones en el ámbito de la nutrición,especi<strong>al</strong>mente de la población más vulnerable; a diferencia <strong>del</strong> logro jurisprudenci<strong>al</strong>de desplazamiento forzado, en temas decisivos como el diseño de indicadores degoce efectivo <strong>del</strong> derecho de <strong>al</strong>imentación. De acuerdo con la investigación a<strong>del</strong>antada sobre el año 2004 por la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> sobre el derecho a la <strong>al</strong>imentación 92 , se evidenció que existe undesconocimiento <strong>del</strong> contenido normativo por parte de los funcionarios de lasentidades <strong>del</strong> Estado en que recae la obligación <strong>del</strong> diseño y ejecución de laspolíticas públicas de los proyectos y programas <strong>al</strong>imenticios. Pues si bien se tienencriterios para la asignación de recursos y acciones puntu<strong>al</strong>es, no dan cuenta demecanismos de seguimiento y ev<strong>al</strong>uación que faciliten la toma de decisiones Igu<strong>al</strong>mente, en el 5.° <strong>Informe</strong> estat<strong>al</strong> se destaca el Plan Nacion<strong>al</strong> de Alimentacióny Nutrición -PNAN- (1996-2005), por haber <strong>al</strong>canzado las metas planeadas desdeimplementación de una Política Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricion<strong>al</strong>desde la perspectiva <strong>del</strong> derecho. 93 Lo anterior, por la discontinuidad <strong>del</strong> programa<strong>del</strong> derecho a la <strong>al</strong>imentación, así como, la vulneración de las disposiciones <strong>del</strong>PIDESC, entre estas las ¨...de adoptar medidas para lograr progresivamente, por todos losmedios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, para la plenaefectividad de los derechos”. Esto equiv<strong>al</strong>e a demorar la toma de decisiones estructur<strong>al</strong>esy determinantes que garanticen el verdadero cumplimiento <strong>del</strong> derecho a la<strong>al</strong>imentación. demuestra la Encuesta Nacion<strong>al</strong> de la Situación Nutricion<strong>al</strong> de Colombia –ENSIN–<strong>del</strong> año 2005, según la cu<strong>al</strong> el 40.8% de los hogares colombianos padece inseguridad<strong>al</strong>imentaria; el 20% de los niños menores de cinco años se encuentran desnutridos; el92 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Sistema de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública Alimentaria a la Luz <strong>del</strong> Derecho a laAlimentación. Bogotá, 2007. Sin publicar.93 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Op. cit., 2007.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>193un 22.6% de la población en gener<strong>al</strong>, de vitamina A en el 32%, de zinc en el 62.3% yde c<strong>al</strong>cio en el 85.8% 94 .Otro factor generador de f<strong>al</strong>ta de <strong>al</strong>imentos y que viene a repercutir en la m<strong>al</strong>nutriciónde las personas es la concentración de la propiedad de la tierra. La ausencia deuna política pública agropecuaria hace nugatorio el derecho, especi<strong>al</strong>mente, a lapoblación pobre <strong>del</strong> campo, incluyendo a los desplazados y demás afectados por laviolencia en el sector rur<strong>al</strong>. Para el año 2002 se c<strong>al</strong>culaba que apenas el 0.06% de lospropietarios poseía el 53.5% <strong>del</strong> área predi<strong>al</strong> rur<strong>al</strong>. Circunstancia esta que repercuteen la f<strong>al</strong>ta de disponibilidad interna de <strong>al</strong>imentos y la negación <strong>del</strong> acceso físico a losmismos, restringiéndose cada vez más la garantía <strong>del</strong> derecho a la <strong>al</strong>imentación 95 .Durante el período comprendido entre los años 2000 a 2005, el tiempo de lactanciamaterna en el país fue de 14,9 meses; la recomendación internacion<strong>al</strong> es de 24 meses.Ello viene a incidir en la m<strong>al</strong>nutrición de los niños y niñas, siendo indispensabletomar decisiones en lineamientos que fort<strong>al</strong>ezcan los programas de lactanciamaterna y <strong>al</strong>imentación complementaria, para <strong>al</strong>canzar un estado nutricion<strong>al</strong>óptimo y la supervivencia de los niños y niñas, lo que repercutiría en la baja de losíndices de morbimort<strong>al</strong>idad por infecciones respiratorias y gastrointestin<strong>al</strong>es, entreotras ventajas.Por último, vemos que mientras persistan las anteriores problemáticas, no podránreducirse los <strong>al</strong>tos índices de pobreza en el país; es decir, surge la necesidad deincorporar un enfoque de derechos humanos que permita: “la expansión de losafectan sus vidas, negociar con ellas, controlarlas y tenerlas por responsables” 96 , loque amplía sus libertades de opción y de acción para estructurar sus propias vidas.incluir un reconocimiento explícito <strong>del</strong> marco normativo de los derechos humanosnacion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es, en particular el cumplimiento de los tratados que el Estado hatodos los poderes <strong>del</strong> Estado, incluidos los compromisos contraídos durante recientesconferencias mundi<strong>al</strong>es, en la medida en que atañen a los derechos humanos internacion<strong>al</strong>es,entre ellas, la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria 1996, el Marco de Acciónde Dakar aprobado en el Foro Mundi<strong>al</strong> sobre Educación de 2000, así como los Objetivosde Desarrollo establecidos en la Declaración <strong>del</strong> Milenio de las Naciones Unidas <strong>del</strong> año2000. Por lo tanto, los Estados tienen el deber de cumplir con las políticas y prácticas queimplementen el cumplimiento de las obligaciones contraídas.De igu<strong>al</strong> manera, se deben incluir herramientas de medición de los resultadosy la responsabilidad por la actuación de los gobiernos. Según Mark M<strong>al</strong>loch Brown“La rendición de cuentas en el uso de los fondos y respecto de las necesidades de la94 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-ICBF-. Encuesta Nacion<strong>al</strong> de la Situación Nutricion<strong>al</strong> de Colombia ENSIN. 2005.95 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Sistema de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública Alimentaria a la Luz <strong>del</strong> Derecho a laAlimentación. Op. cit.96 D. Narayan (comp.). Empowerment and Poverty reduction. A sourcebook. Banco Mundi<strong>al</strong>, Washington, 2002, p. XVIII.
194 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>pobres” 97 . Por su parte, Mary Robisson manifestó que: “El atributo determinante de losderechos humanos en el desarrollo es la idea de responsabilidad…Todos los actores enun proceso de desarrollo determinado –loc<strong>al</strong>, nacion<strong>al</strong>es, region<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es–deben aceptar niveles superiores de responsabilidad” 98 . En otras p<strong>al</strong>abras, los derechosy obligaciones exigen responsabilidad, sopena de convertirse en simples declaracionesretóricas vacías de contenido. En consecuencia, el enfoque de derechos humanos en laeliminación de los índices de pobreza insiste en las obligaciones y exige que los Estadosy las organizaciones gubernament<strong>al</strong>es sean responsables de su conducta en relación conlos derechos humanos.De ahí que el incumplimiento de las obligaciones de respeto, protección y re<strong>al</strong>ización<strong>del</strong> derecho a la <strong>al</strong>imentación exigen de manera urgente <strong>al</strong> Estado colombiano la tomade correctivos, mediante la expedición y puesta en marcha de medidas que generenlas condiciones políticas, económicas, administrativas y soci<strong>al</strong>es para la garantía de lare<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> derecho a la <strong>al</strong>imentación, entre ellas, la de implementar la Política Nacion<strong>al</strong>N°113 de 2008 99 .3. Derecho a la educaciónEl derecho a la educación ha sido consagrado en distintos instrumentos internacion<strong>al</strong>esde derechos humanos como un derecho humano indispensable para lograr los objetivos <strong>del</strong>a igu<strong>al</strong>dad, el desarrollo y la paz. La educación es capaz de ayudar a garantizar un mundomás seguro, más sano, más próspero, ambient<strong>al</strong>mente más puro y, <strong>al</strong> mismo tiempo,de contribuir <strong>al</strong> progreso soci<strong>al</strong>, económico, cultur<strong>al</strong> y a la tolerancia. El derecho a lael mejoramiento soci<strong>al</strong>.Acorde con el desarrollo de los instrumentos internacion<strong>al</strong>es, el derecho a la educaciónha sido consagrado en la Constitución Política como un derecho fundament<strong>al</strong> en el artículo27, como de los derechos económicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es a partir de los artículos 44 y 68y como derecho prestacion<strong>al</strong> en el artículo 67.de los elementos de disponibilidad, acceso, permanencia y c<strong>al</strong>idad. En esa vía, la CorteConstitucion<strong>al</strong> en la Sentencia T-550 de 2005 estableció que cu<strong>al</strong>quier intento de restriccióna <strong>al</strong>guno de estos atributos básicos <strong>del</strong> derecho a la educación, sin obedecer a una justacausa, debidamente expuesta y probada, deriva en arbitrario y, por ende, procede en sucontra la acción de tutela y los demás instrumentos jurídicos y administrativos procedentespara exigir <strong>del</strong> Estado o <strong>del</strong> particular respectivo el cese inmediato de la vulneración.En cuanto a los logros en materia educativa que presentara el Gobierno colombiano enel 5° <strong>Informe</strong> ante el Comité de DESC, se destacan los esfuerzos re<strong>al</strong>izados en la ampliaciónde la cobertura, mediante la generación de nuevos cupos en educación básica, media y97 PNUD <strong>Informe</strong> sobre pobreza –Superar la pobreza humana–. 2000, Pág. 5.98 ONU. Los derechos humanos y la reducción de la pobreza; Nueva York y Ginebra, 2004. En: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyReductionsp.pdf99 DNDP. Bogotá, 31 de marzo de 2004. En: www.dnp.gov.co/Port<strong>al</strong>Web/Port<strong>al</strong>s/0/archivos/documentos/Subdireccion/Conpes%20Soci<strong>al</strong>es/113.pdf
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>195superior. Además el interés por incrementar el número de estudiantes matriculados añotras año, buscando la permanencia de los niños, niñas y jóvenes en el sistema educativo.También se menciona la implementación de programas de transporte escolar en zonas dedifícil acceso, proyectos de infraestructura y de <strong>al</strong>imentación escolar que contribuyen amejorar el rendimiento de los estudiantes y su permanencia en las aulas.De otra parte, el 5° <strong>Informe</strong> res<strong>al</strong>ta las acciones pertinentes <strong>del</strong> Estado orientadasa mejorar la c<strong>al</strong>idad de la educación, entre otras, el fort<strong>al</strong>ecimiento de la gestión de lasinstituciones educativas a través de planes de mejoramiento. Entre los años 2003 a 2006,8.949 establecimientos educativos formularon e implementaron planes de mejoramientopresenci<strong>al</strong>es para la atención preferenci<strong>al</strong> de la población desplazada por la violencia, lapoblación indígena y afrocolombiana, los niños y niñas en condición de discapacidad y lapoblación de zonas rur<strong>al</strong>es de baja densidad. Se hace especi<strong>al</strong> mención de los programasampliar la capacidad de sus sistemas educativos para atender las necesidades adicion<strong>al</strong>esgeneradas por el desplazamiento.El antecedente se encuentra establecido desde la excepción <strong>del</strong> artículo 67 de laConstitución Política, el artículo 183 de la Ley 115 de 1994, el artículo 6 <strong>del</strong> Decreto 135de 1996, el artículo 4 de la Ley 715 de 2001 y el artículo 11 <strong>del</strong> Decreto 992 de 2002,que desarrolla, entre otros, el artículo 11 de la Ley 715 de 2001, <strong>al</strong> incorporar el cobrode cuotas que impiden a las familias con bajos recursos acceder a la educación pública.Hechos que son reconocidos por el mismo Estado colombiano en el informe, <strong>al</strong> señ<strong>al</strong>arque las familias deben sufragar costos por la prestación <strong>del</strong> servicio educativo, entrerepresentan de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacion<strong>al</strong> entre el 5% y el 13% <strong>del</strong>a suma que el Estado asigna a la prestación <strong>del</strong> servicio educativo” 100 . Medidas que hansido controvertidas en los pronunciamientos <strong>del</strong> Comité de DESC, en las observacionesde los años 1995 y 2001, así como en la recomendación de la Relatora Especi<strong>al</strong> (2004) 101 ,en el sentido de adoptar medidas explícitas que garanticen la obligación de brindar unaeducación gratuita, a través de subsidiar los costos de la canasta educativa para todos losniños y niñas en edad de escolarización.Pese a los diferentes llamados de atención a las autoridades <strong>del</strong> sector educativo, aún persistenen la autorización de los cobros académicos y servicios complementarios, que en muchasocasiones contribuyen <strong>al</strong> sostenimiento y funcionamiento de las instituciones educativas; paracitar un caso, el departamento <strong>del</strong> Chocó depende de la transferencia oportuna de recursos quere<strong>al</strong>izan las administraciones loc<strong>al</strong>es por concepto de c<strong>al</strong>idad y matrículas. 102100 Plataforma Colombiana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo. Así van los DESC. Insumos para la. Bogotá: Nueva Editori<strong>al</strong>, octubre de 2008, p. 25.101 Naciones Unidas. <strong>Informe</strong> de la Relatora Especi<strong>al</strong> Katerina Tomasevski; Adición, Misión a Colombia, 1 <strong>al</strong> 10 deoctubre de 2003. 60. ° periodo de sesiones. Tema 10 <strong>del</strong> programa provision<strong>al</strong>, 2004.102 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Seguimiento a las obligaciones de educación gratuita y adecuadas condiciones de infraestructura físicay ambient<strong>al</strong> de los centros educativos. 2008. En edición.
196 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Fin<strong>al</strong>mente, en el 5° <strong>Informe</strong> se res<strong>al</strong>tan varias iniciativas leg<strong>al</strong>es, el desarrollo de programasform<strong>al</strong>es de etnoeducación, el reconocimiento de la lengua propia dentro <strong>del</strong> contexto escolar yla organización de especi<strong>al</strong>izaciones y maestrías en varias universidades públicas.1. El Estado colombiano debe asumir la obligación de disponer, de forma continuademanda educativa y adecuar la infraestructura física y ambient<strong>al</strong> de las institucionesprestación <strong>del</strong> servicio educativo.2. Asimismo, debe garantizar el derecho de acceso a la educación y la permanencia enel sistema educativo de todos los niños y niñas, evitando que las familias sufraguenimplementos que son propios <strong>del</strong> funcionamiento de los establecimientos educativos,como el uso de equipos, transporte escolar, <strong>al</strong>imentación escolar, uniformes, entreotros, lo que impide en su tot<strong>al</strong>idad la gratuidad de la educación pública.3. En aras <strong>del</strong> principio de igu<strong>al</strong>dad de las comunidades indígenas, el Estado colombianodebe garantizar la participación de sus representantes en la etnoeducación, en amenazar los derechos fundament<strong>al</strong>es a la libertad, a la autonomía y <strong>al</strong> desarrollode los demás derechos colectivos de los pueblos indígenas.4. En cuanto a la asignación y distribución de recursos por parte de la Nación <strong>al</strong>as entidades territori<strong>al</strong>es, se requieren acciones inmediatas y permanentes parapermitir la continuidad en la prestación <strong>del</strong> servicio educativo a la población escolar.4. Derecho a una vivienda digna y adecuadaEl derecho humano a una vivienda digna y adecuada ha sido reconocido y protegidoampliamente en distintos instrumentos internacion<strong>al</strong>es de derechos humanos, y en losEn Colombia, no obstante su inclusión en la Constitución Política de 1991, el contenidoesenci<strong>al</strong> <strong>del</strong> derecho a una vivienda digna y adecuada no ha sido desarrollado rigurosamenteen la legislación nacion<strong>al</strong>, de t<strong>al</strong> manera que se proteja esta garantía a toda la población sinninguna forma de distinción por concepto de condiciones soci<strong>al</strong>es o económicas.Análisis <strong>del</strong> 5° <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Gobierno colombiano en materia de DESC:derecho a una vivienda adecuadaen la re<strong>al</strong>ización de esta garantía. Se presenta un despliegue normativo orientado a hacerefectivo este derecho a través de una política de subsidios a la demanda, y por esta mismavía la adquisición de vivienda propia, dándole un enfoque más dinamizador de la economíanacion<strong>al</strong> que de la reactivación soci<strong>al</strong>.Las políticas gener<strong>al</strong>es de vivienda implementadas por el Estado colombiano, yen particular por los entes territori<strong>al</strong>es, no están diseñadas para prevenir de raíz el
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>197 país cerca de 200.000 hogares, de los cu<strong>al</strong>es unos 65.000, aproximadamente, estánvinculados a la economía inform<strong>al</strong>, con ingresos inferiores a 2 SMLMV, aumentandoAunado a lo anterior, el 10,4% de la población habita viviendas inadecuadas 103 y el 7.4%habita en viviendas con servicios inadecuados 104 lo cu<strong>al</strong> es un <strong>al</strong>to porcentaje indicativode que el Estado colombiano debe dirigir todos sus esfuerzos económicos y políticos areducir esta problemática que aqueja a un gran porcentaje de la población, a pesar de queen el tiempo esta cifra haya mejorado ostensiblemente.En materia de vivienda, el Estado colombiano debe adoptar medidas rigurosas,avanzando en una política integr<strong>al</strong> para la re<strong>al</strong>ización efectiva <strong>del</strong> derecho a una viviendadigna y adecuada en Colombia, toda vez que, gozar de este derecho a plenitud llevaconsigo el disfrute de otros derechos fundament<strong>al</strong>es como son los derechos a la s<strong>al</strong>ud, a laeducación, <strong>al</strong> trabajo, a la tranquilidad, entre otros. Asimismo, permite a los ocupantes deuna vivienda poder vivir en paz y seguridad en el lugar que escojan para habitar, ya sea ensitio propio, arriendo o cu<strong>al</strong>quier otra mod<strong>al</strong>idad de tenencia.Análisis de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> sobre el derecho a una vivienda dignay adecuadaEl primer informe <strong>del</strong> programa ProSeDHer, producto de la aplicación <strong>del</strong> Sistemade Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública de vivienda a la luz <strong>del</strong> derecho a unavivienda digna y adecuada 105 , llama la atención sobre varios aspectos que se evidencian,tanto en el diseño como en la ejecución de la política pública de vivienda por parte <strong>del</strong>Estado colombiano y de los entes territori<strong>al</strong>es que deben contribuir a que este derecho semateri<strong>al</strong>ice plenamente.A pesar de lo prescrito en el párrafo 1 <strong>del</strong> artículo 17 <strong>del</strong> Pacto Internacion<strong>al</strong> deDerechos Civiles y Políticos, la Observación Gener<strong>al</strong> No. 7 <strong>del</strong> Comité <strong>del</strong> PIDESC 106 yla jurisprudencia nacion<strong>al</strong> que la incorpora –por ejemplo, la Sentencia T-617 de 1995 enla que participó la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>– se han establecido criterios claros para llevar acabo des<strong>al</strong>ojos forzosos 107 ; a 2004, buena parte de los municipios <strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong> nocumplen con estos parámetros establecidos.103 1973 (31.2%); 1985 (12.9%); 1993 (11.6%). 5 ° <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Gobierno Colombiano. Op. cit.104 1973 (30.3%); 1985 (20.9%); 1993 (10.5%).Ibíd.105 Primera Ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública de Vivienda desde la Perspectiva de los Derechos Humanos. El informe se estructura a partirde cuatro componentes <strong>del</strong> derecho agrupados por el programa ProSeDHer, con base en los elementos considerados en laObservación Gener<strong>al</strong> Nos .4 y 7 <strong>del</strong> Comité de DESC.106 www2.ohchr.org/spanish/bodies/cescr (05.09). Op. cit.107 des<strong>al</strong>ojo forzoso como “el hecho de hacer s<strong>al</strong>ir apersonas, familias y/o comunidades de los hogares y/o las tierras que ocupan, en forma permanente o provision<strong>al</strong>, sinofrecerles medios apropiados de protección leg<strong>al</strong> o de otra índole ni permitirles su acceso a ellos”. No constituye undes<strong>al</strong>ojo forzoso el que se re<strong>al</strong>iza acorde con un procedimiento leg<strong>al</strong>, permite el acceso a la defensa y recursos adecuados, esproporcion<strong>al</strong> y cumple con las disposiciones de los instrumentos nacion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es.
198 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> municipios correspondiente a la muestra (47), nueve (9) re<strong>al</strong>izaron des<strong>al</strong>ojos, de los cu<strong>al</strong>es,sólo dos (2) indemnizaron a los afectados, siete (7) no indemnizaron a los hogares víctimasde esta práctica y no a<strong>del</strong>antaron consulta previa, lo cu<strong>al</strong> constituye una violación clara asus derechos toda vez que, no solo se está dejando de garantizar el derecho a una viviendadigna y adecuada de las personas des<strong>al</strong>ojadas, sino también otros derechos soci<strong>al</strong>es y civilesimplícitos que pueden verse vulnerados frente a esta medida (ver ).Porcentaje de municipios que no indemnizaron a la tot<strong>al</strong>idad de los hogaresdes<strong>al</strong>ojados y municipios que indemnizaron a la tot<strong>al</strong>idad de hogares des<strong>al</strong>ojados5045403530252047No indemnizaron a la tot<strong>al</strong>idadde los hogares que des<strong>al</strong>ojaronIndemnizaron a la tot<strong>al</strong>idadde los hogares que des<strong>al</strong>ojaronQue re<strong>al</strong>izaron des<strong>al</strong>ojosTot<strong>al</strong> municipios an<strong>al</strong>izados151050777,77%222,22%Municipios9Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. 2007.adoptar medidas adecuadas para asegurar la habitabilidad, s<strong>al</strong>ubridad y seguridad física <strong>del</strong>as viviendas, se registra que el 19.15% de los municipios encuestados señ<strong>al</strong>aron no tenercontrol <strong>del</strong> cumplimiento de los requisitos establecidos en las diferentes normas, entreellas la Ley 400 de 1997, sobre sismorresistencia. En igu<strong>al</strong> sentido, los municipios no hanimplementado medidas para garantizar si las viviendas cuentan con materi<strong>al</strong>es de paredes(34,04%), pisos (44,68%) y techos adecuados (38,30%). Sobre estos aspectos el 4.26%
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>199Adopción de medidas para asegurar la habitabilidad,s<strong>al</strong>ubridad y seguridad física de las viviendas100,00%90,00%80,00%100%Porcentaje de municipios que no tienen controlsobre si las viviendas cumplen con los requisitosestablecidos en las diferentes normas,entre ellas la Ley 400 de 1997Porcentaje de municipios que no hanimplementado medidas para garantizar que lasviviendas cuenten con materi<strong>al</strong> de paredes adecuados70,00%60,00%50,00%40,00%34,04%44,68%38,30%47municipiosan<strong>al</strong>izadosPorcentaje de municipios que no hanimplementado medidas para garantizarque las viviendas cuenten con pisos adecuadosPorcentaje de municipios que no hanimplementado medidas para garantizarque las viviendas cuenten con techos adecuados30,00%20,00%10,00%19,15%4,26%8,51%No disponen de informaciónNo informaronTot<strong>al</strong> municipios an<strong>al</strong>izados0,00%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.2007.También destaca el informe que más <strong>del</strong> 60% de los municipios no ha adoptadomedidas en cuanto a la adecuación de espacios, pisos, accesos, servicios sanitarios, entreotras, para garantizar a las personas con discapacidad y a los adultos mayores viviendasadecuadas conforme a las necesidades de esta población vulnerable.La política de vivienda se fundamenta básicamente en los subsidios a la demanda. Si biense ha avanzado en el sentido de implementar disposiciones como el leasing habitacion<strong>al</strong>, elmicrocrédito inmobiliario para la adquisición, construcción o mejoramiento de inmueblesy el incremento considerable <strong>del</strong> presupuesto 108 resuelto de manera estructur<strong>al</strong> esta problemática.Las estadísticas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> señ<strong>al</strong>an que, de los veintiséis municipiosque adjudicaron subsidios de vivienda en el año 2004, el 61.54% no adjudicó subsidios devivienda a mujeres jefes de hogar, el 88.46% no adjudicó a población desplazada, el 88.46%no adjudicó a población indígena, el 92.31% no adjudicó a población afrodescendiente,el 73.08% no adjudicó a hogares con personas con discapacidad, el 69.23% no adjudicóa hogares con adultos mayores, el 50% no adjudicó a hogares con niños y el 92.31% noadjudicó subsidios de vivienda a hogares víctimas de desastres natur<strong>al</strong>es. Lo anterior llevaa preguntarse ¿qué está sucediendo con la política de subsidios, que no está llegando a108 Ley 1114 de 2006.
200 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>quienes verdaderamente lo necesitan? ¿a dónde se están foc<strong>al</strong>izando los recursos? (verDistribución de los subsidios de vivienda otorgados a sujetos de especi<strong>al</strong> protecciónen el año 2004 <strong>del</strong> tot<strong>al</strong> de subsidios adjudicados en el mismo año a nivel municip<strong>al</strong>Distribucion de los subsidios de vivienda otorgados y nopagados a víctimas de desastres natur<strong>al</strong>eso4.26%92.31%2262447Distribucion de los subsidios de vivienda otorgados y nopagados a hogares con niños50%50%13132647Distribucion de los subsidios de vivienda otorgados y nopagados a población con adultos mayores69.23%30.77% 8182647Distribucion de los subsidios de vivienda otorgados y nopagados a población con discapacidad73.08%26.92% 7192647Municipios an<strong>al</strong>izadosMunicipios que adjudicaron subsidiosde vivienda en el año 2004Distribucion de los subsidios de vivienda otorgados y nopagados a población afrodescendiente4.26%92.31%2262447Municipios que adjudicaron subsidiosdevivienda a la población objeto de estudioMunicipios que no adjudicaron subsidiosde vivienda a la población objeto de estudioDistribucion de los subsidios de vivienda otorgados y nopagados a población indígena88.46%11.54% 3262347Distribucion de los subsidios de vivienda otorgados y nopagados a población desplazada88.46%11.54% 3232647Distribucion de los subsidios de vivienda otorgados y nopagados a mujeres jefes de hogar38.46% 1061.54%162647Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.2007En este mismo sentido, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en audiencia defensori<strong>al</strong> re<strong>al</strong>izadaen mayo de 2007 109 , puso en conocimiento público y en especi<strong>al</strong> de las autoridadescompetentes la problemática habitacion<strong>al</strong> que aqueja <strong>al</strong> país, en particular, que la poblaciónacceder a una vivienda en condiciones dignas y adecuadas. Asimismo, llamó la atenciónsobre innumerables proyectos de viviendas de interés soci<strong>al</strong> que se estaban construyendoen el territorio nacion<strong>al</strong>.En suma, los resultados obtenidos en este primer informe permiten concluir que, a nivelentre los diferentes niveles (municipio, departamento y nación). Esta es una consideraciónfundament<strong>al</strong> que deben respetar las entidades territori<strong>al</strong>es en la formulación de sus políticasy acciones en torno a la obtención de una vivienda digna y adecuada para los colombianos;de lo contrario, se están duplicando esfuerzos y bloqueando posibles sinergias paragarantizar este derecho.El enfoque de las autoridades competentes tiene una base, en la mayoría de los casos,reactiva, esto es, que atienden la problemática no en forma estructur<strong>al</strong>, sino meramentecoyuntur<strong>al</strong>; casi como consecuencia de un desastre, de un desplazamiento masivo de109 Resolución Defensori<strong>al</strong> No. 049 de mayo de 2007.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>201población o como consecuencia de un brote de inconformidad soci<strong>al</strong>, con lo que siemprese presenta una carencia de recursos, una f<strong>al</strong>ta de planeación <strong>del</strong> desarrollo territori<strong>al</strong> y unaausencia de políticas integradas y coordinadas.Con políticas meramente reactivas a situaciones anorm<strong>al</strong>es, la política pública de vivienda, lo que conduce a una aplicación parci<strong>al</strong> de todos los instrumentos actu<strong>al</strong>menteconsagrados en las normas, por la f<strong>al</strong>ta de planes, programas, proyectos y actividades queen forma sistemática y re<strong>al</strong> atiendan el problema y logren su disminución.5. Derecho a la s<strong>al</strong>udEn los instrumentos internacion<strong>al</strong>es de derechos humanos, la s<strong>al</strong>ud es consagradacomo un derecho humano fundament<strong>al</strong> 110 , univers<strong>al</strong>, interdependiente y que comportatanto libertades como derechos. Varias normas constitucion<strong>al</strong>es conforman el entramadode derechos y obligaciones <strong>del</strong> Estado para el ejercicio integr<strong>al</strong> <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud enque deben orientar la prestación de los servicios de s<strong>al</strong>ud, el marco de competencias yresponsabilidades en el que se debe encuadrar la acción <strong>del</strong> Estado y de los particulares.Sin embargo, el gran volumen de reclamaciones presentadas por las personas queconsideraron vulnerado su derecho llevó a la Corte Constitucion<strong>al</strong> a reiterar medianteSentencia T-760 de 2008 que “la s<strong>al</strong>ud es un derecho fundament<strong>al</strong>”. Como t<strong>al</strong>, este derecho,primero, tiene un núcleo esenci<strong>al</strong> que debe ser garantizado a todas las personas; el cu<strong>al</strong>comprende, entre otros, “el derecho a acceder a servicios de s<strong>al</strong>ud de manera oportuna, asegurar y prestar servicios de s<strong>al</strong>ud (IPS y EPS); y tercero, los órganos de regulación yvigilancia <strong>del</strong> sistema tienen el deber de adoptar las medidas para proteger t<strong>al</strong> derecho.Todo ello, con el propósito de que se asegure el goce efectivo <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud paratodas las personas.Lo anterior, evidencia la necesidad de adoptar medidas para garantizar el cumplimiento por el Estado colombiano, sino también las barreras que promueve el actu<strong>al</strong> sistema des<strong>al</strong>ud que contribuyen <strong>al</strong> empobrecimiento de las personas, la generación de iniquidades,la persistencia de la desigu<strong>al</strong>dad, la precariedad en las condiciones de c<strong>al</strong>idad de vida queabren la puerta a la vulneración <strong>del</strong> derecho.Análisis <strong>del</strong> 5.° <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Gobierno colombiano en materia de DESC enel derecho a la s<strong>al</strong>udEn el anterior contexto, es relevante res<strong>al</strong>tar <strong>al</strong>gunos aspectos atinentes <strong>al</strong> derecho a las<strong>al</strong>ud presentados en el 5.° <strong>Informe</strong> periódico de Colombia <strong>al</strong> Comité de DESC y <strong>al</strong>gunasconsideraciones <strong>al</strong> respecto de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> como las siguientes:último quinquenio a través de la política soci<strong>al</strong> gubernament<strong>al</strong> orientada a dar respuesta a110 Cfr. Observación Gener<strong>al</strong> N.° 14 <strong>del</strong> Comité PIDESC-ONU.
202 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>los <strong>al</strong>tos índices de pobreza, el deterioro de los indicadores soci<strong>al</strong>es y la precariedad de losse ha logrado el mejoramiento de los indicadores, esenci<strong>al</strong>mente, de s<strong>al</strong>ud en términos deoferta y cobertura.Destaca un incremento <strong>del</strong> 26% en cobertura tot<strong>al</strong> <strong>del</strong> Sistema Gener<strong>al</strong> de SeguridadSoci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud, entre los años 2002 y 2006; <strong>al</strong> mirar su evolución se evidencia que en el año2003 se había incrementado la cobertura en 1,51% con respecto <strong>al</strong> año inmediatamenteen el régimen subsidiado. Es de anotar que para el año 2004 se implementa el esquema <strong>del</strong>os subsidios parci<strong>al</strong>es en s<strong>al</strong>ud, el cu<strong>al</strong> está dirigido a la población <strong>del</strong> nivel 3 <strong>del</strong> Sisbén, nocubierta por el Sistema Gener<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud y quienes solo acceden de un36 a un 40% de la unidad de capitación subsidiada.Con respecto a la política nacion<strong>al</strong> de s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva orientada a promover elejercicio de los derechos y mejorar las condiciones de s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva de tod<strong>al</strong>a población, el informe destaca como logros el descenso en la tasa tot<strong>al</strong> de fecundidad de2,6 a 2,4 hijos por mujer entre el 2000 y 2005; igu<strong>al</strong>mente, en este período se incrementóel uso de métodos anticonceptivos en las mujeres en edad fértil de 76% a 78%; la atenciónprenat<strong>al</strong> pasó de 91% a 94% y el parto institucion<strong>al</strong> de 86,4% a 92%; la cobertura dedetección de cáncer de cuello uterino por citología <strong>al</strong>canzó el 84%.La fecundidad de las adolescentes ha venido en aumento en las últimas décadas, en el 2005la tasa fue de 90 por mil. La proporción de adolescentes <strong>al</strong>guna vez embarazadas pasó de19% a 21% en los últimos cinco años.La epidemia de VIH en la mujer ha sido gradu<strong>al</strong> y se está pasando <strong>al</strong> patrón de transmisiónheterosexu<strong>al</strong>; la razón hombre–mujer fue de 3:1 entre 1999-2003. Para el 2004 se estimóentre 4.000 y 8.000 niños infectados por VIH.Frente <strong>al</strong> tema de vacunación se elaboró un plan estratégico para el fort<strong>al</strong>ecimientofacilitar mejoras en la vacunación en términos de equidad. Para el año 2003 la coberturaanteriores: Polio 93.1; DPT 91.8; BCG 96.6; Hepatitis B 91.8; HiB 92.6; Triple Vir<strong>al</strong> 93.5.En mort<strong>al</strong>idad infantil se reporta una tasa <strong>del</strong> 19 por 1.000 niños nacidos vivos en elperíodo 2000-2005, por causas como infección respiratoria aguda, trastornos respiratorios,m<strong>al</strong>formaciones congénitas, entre otras. Se res<strong>al</strong>ta que se presentan diferencias marcadaspor zonas urbanas y rur<strong>al</strong>es, debido <strong>al</strong> difícil acceso a los servicios de s<strong>al</strong>ud en el árearur<strong>al</strong>. La mort<strong>al</strong>idad en menores de 5 años pasó de 26 por 1.000 en 2000 a 21 por 1.000en 2005. Las diferencias por zonas se mantienen. Las princip<strong>al</strong>es causas de mort<strong>al</strong>idad deeste grupo continúan siendo la infección respiratoria aguda, la enfermad diarreica aguda,En mort<strong>al</strong>idad materna la tasa fue de 83,3 por 100.000 niños nacidos vivos en el 2002:Se presentan diferencias por grupos de edad, por regiones, por condiciones de vida y porsituación de vulnerabilidad. En mujeres menores de 20 años se incrementa la mort<strong>al</strong>idad;muchas de las jóvenes gestantes no reciben atención prenat<strong>al</strong> o recurren tardíamente a losservicios.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>203Análisis de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> sobre el derecho a la s<strong>al</strong>udDe acuerdo con los datos <strong>del</strong> Primer <strong>Informe</strong> de Ev<strong>al</strong>uación de la Política Públicade S<strong>al</strong>ud 111 , desde la perspectiva de los derechos humanos por parte de la Defensoríapoblación, s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva, vacunación, mort<strong>al</strong>idad infantil y en desagregacionesTeniendo en cuenta que se presentaron grandes limitantes de información en materiapara orientar las acciones estat<strong>al</strong>es hacia la garantía <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud en todo el país.en los órdenes departament<strong>al</strong> y municip<strong>al</strong>. Unido a ello, la f<strong>al</strong>ta de cobertura tot<strong>al</strong>, la<strong>al</strong> acceso integr<strong>al</strong> a los servicios. El desconocimiento de las entidades territori<strong>al</strong>es de lapoblación asegurada y la f<strong>al</strong>ta de control sobre las bases de datos crean problemas <strong>al</strong> buscarcoberturas univers<strong>al</strong>es.Las orientaciones <strong>del</strong> aseguramiento soci<strong>al</strong> en Colombia han establecido en diferentesnormativas la priorización sobre los grupos más vulnerables (niños, mujeres cabeza defamilia, adolescentes, adultos mayores, minorías étnicas, personas con discapacidad,población en condición de desplazamiento) para que accedan a la seguridad soci<strong>al</strong>, ejecentr<strong>al</strong> de la protección en s<strong>al</strong>ud. En este sentido, es difícil que los municipios avancen conmujeres de su población con las respectivas desagregaciones en grupos etarios, étnicos, encondición de discapacidad, en condición de desplazamiento, entre otros.La s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva (SSR) es un área centr<strong>al</strong> en el derecho a la s<strong>al</strong>ud. Se a<strong>del</strong>antanmuchas acciones de información, educación y comunicación, que presentan avances, perono hay un seguimiento que ev<strong>al</strong>úe adecuadamente su efectividad en el marco de la s<strong>al</strong>udpública y la política de SSR.No en todas las entidades territori<strong>al</strong>es se han logrado coberturas de citologíacervicouterina adecuadas y el uso de métodos anticonceptivos. El promedio de controlesprenat<strong>al</strong>es por mujer es muy bajo en la mayoría de los territorios; mejores resultados sereportan en la atención <strong>del</strong> parto por médico. Se encuentra, especi<strong>al</strong>mente en el área rur<strong>al</strong>,SSR.En cuanto a la cobertura de mujeres con citología cervicouterina se observa que, par<strong>al</strong>a cobertura tot<strong>al</strong>, sólo el 1,2% de los territorios ha <strong>al</strong>canzado un rango de 95,1 a 100%.Un 17,4% se ubica por debajo de 10% de cobertura, un 16,3% entre 10 y 25%, un 10,5%entre 25 y 50%, un 8,1% entre 50 y 75% y un 5,8% entre 75 y 95%. La muerte por cáncerde cuello uterino sigue ocupando un lugar preponderante en las princip<strong>al</strong>es causas demuerte en mujeres, razón por la cu<strong>al</strong> es un imperativo lograr una cobertura de citología111 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Primer informe de la política pública de s<strong>al</strong>ud a la luz <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud. Bogotá, 2008.
204 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>vagin<strong>al</strong> mayor <strong>del</strong> 95%, además de avanzar en cumplir el esquema 1 – 1 – 3 112 las normas técnicas relacionadas. Las coberturas reportadas muestran grandes diferenciasterritori<strong>al</strong>es.Sin duda, en Colombia la fecundidad en adolescentes es un tema de especi<strong>al</strong> relevancia.La Política Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud Sexu<strong>al</strong> y Reproductiva 2002 – 2006, planteó como meta<strong>del</strong> cuatrienio “reducir el embarazo en adolescentes en un 26%. La fecundidad en adolescentes haincrementado en los últimos años: para el año 2000 es de 19%” 113 . En la población gener<strong>al</strong> deadolescentes, tanto en área urbana como rur<strong>al</strong>, el uso de métodos anticonceptivos tiendemás a ser de cero en hombres que en mujeres. En todos los rangos de cobertura predominanlas entidades que informan mayores tasas en mujeres que en hombres. Al revisar los datossobre el uso de métodos anticonceptivos en las desagregaciones relacionadas con mujeresadolescentes, en los grupos indígenas y en población en condición de desplazamiento,se observa que las tasas de uso de anticonceptivos tienen una importante proporción derespuesta en cero. Unido a este tema, los embarazos en adolescentes en relación con eltot<strong>al</strong> de embarazos, según la desagregación, llegan a un 30,2% en lo urbano, un 44,2% enlo rur<strong>al</strong>, un 47,7% en indígenas y un 50% en la población en condición de desplazamiento.En el tema de los controles prenat<strong>al</strong>es, el promedio por mujer es muy bajo en la mayoríade los territorios. El 28,7% reportó un promedio de controles prenat<strong>al</strong>es de 0,1 a 2 y un25,3% de 2,1 a 5. En cuanto <strong>al</strong> porcentaje de partos atendidos por médico, aparece unimportante número de entidades territori<strong>al</strong>es con atención médica <strong>del</strong> parto ubicado en elrango de 95 a 100%, especi<strong>al</strong>mente en el área urbana.En el contexto de la mort<strong>al</strong>idad infantil, en Colombia aún aparecen dos causas muyimportantes sobre las cu<strong>al</strong>es se debe actuar de manera prioritaria; la mort<strong>al</strong>idad porenfermedad diarreica aguda-EDA y la infección respiratoria aguda- IRA.Las tasas de mort<strong>al</strong>idad infantil y materna (indicadores de desarrollo y protección)mostraron diferencias territori<strong>al</strong>es importantes según los datos suministrados. La tasa dedesagregación an<strong>al</strong>izada). En el rango de tasa de mort<strong>al</strong>idad de 0,1 a 20 se encuentra el27,6% de los territorios (hombres zona urbana), el 24,1% (mujeres zona urbana y hombreszona rur<strong>al</strong>), 23% (mujeres zona rur<strong>al</strong>). Un 1,1% de las entidades territori<strong>al</strong>es en todaslas desagregaciones se ubicó en el rango de más de 1.000 muertes. Aunque ha venido endescenso la tasa de mort<strong>al</strong>idad infantil, aún se requiere de grandes esfuerzos para logrartasas de cero por causas evitables.En los casos de VIH Sida (Sidan<strong>al</strong>), de acuerdo con los datos rutinarios de la vigilanciaepidemiológica, consolidados en la base nacion<strong>al</strong>, en Colombia en el 2003 se reportó untot<strong>al</strong> de 40.072 casos de VIH, lo que generó una incidencia acumulada de 10,9 casos por10.000 habitantes 114 . Un incremento progresivo con respecto <strong>al</strong> 2002 cuya incidencia fue112 es norm<strong>al</strong> se re<strong>al</strong>izará una segunda citología <strong>al</strong> año siguiente, con el objeto de eliminar los posibles f<strong>al</strong>sos negativos; si lasegunda citología es norm<strong>al</strong>, se debe citar a la mujer para otra citología de control en tres años y mantener esta periodicidad,en tanto el resultado de la citología continue siendo negativa. En los casos que la última citología haya sido tomada hace másde tres años se debe reiniciar el esquema 1-1-3.113 Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>. Política Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud Sexu<strong>al</strong> y Reproductiva 2002 – 2006. Bogotá, 2003. P. 5.114 Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>. Instituto Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud. <strong>Informe</strong> Epidemiológico Nacion<strong>al</strong> Quinquen<strong>al</strong>. Veinte años<strong>del</strong> VIH en Colombia 1983 – 2003. Volumen 8, número 22. 30 de noviembre de 2003. Bogotá, D.C. Págs. 356-362.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>205relación con el 2001. Según el estudio de la Defensoría, para el año 2003, ha aumentadomás el número de hombres que el de mujeres con VIH Sida; pero hay entidadesterritori<strong>al</strong>es en las que existe una situación crítica de predominio de mujeres. Sólo el 16,3%de las entidades territori<strong>al</strong>es reportaron el porcentaje de pacientes con Sida que recibentratamiento antirretrovir<strong>al</strong>: <strong>del</strong> 95 <strong>al</strong> 100%. Un 5,8% de los territorios no tiene ningúntratamiento.Al revisar la cobertura de programas de promoción y prevención dirigidos a niñosy adolescentes que suministran información adecuada y oportuna en relación con la tradicion<strong>al</strong>es peligrosas, se observa que en el rango de 0,1 a 20% de cobertura se ubicaentre un 10,8 y un 12% en los territorios, según la desagregación an<strong>al</strong>izada; en el de 95 a100% se encuentra el 9,6%.Conclusión gener<strong>al</strong>La formulación de políticas soci<strong>al</strong>es <strong>al</strong>ejadas <strong>del</strong> marco normativo de los derechoshumanos promueve desviaciones que contribuyen <strong>al</strong> empobrecimiento de las personas, lageneración de iniquidad, la persistencia de la desigu<strong>al</strong>dad, la precariedad en las condicionesde c<strong>al</strong>idad de vida y la injusticia soci<strong>al</strong>, en consecuencia esto lleva a engrosar los <strong>al</strong>tosíndices de pobreza que aqueja <strong>al</strong> mundo.Por otra parte, es necesario manifestar nuevamente que existe una seria limitantepara ev<strong>al</strong>uar el grado de cumplimiento de los derechos soci<strong>al</strong>es: la f<strong>al</strong>ta de informacióndesagregada por sujetos y grupos vulnerables. Esta carencia es aún más grave por nolos derechos soci<strong>al</strong>es de toda la población colombiana.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>207E. EL ACCESO A LA JUSTICIAE.1. LOS RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES. SITUACIÓN ESPECIALDEL PRINCIPAL RECURSO DE PROTECCIÓN JUDICIALLos jueces constitucion<strong>al</strong>es <strong>al</strong> omitir el f<strong>al</strong>lo de fondo de la acción de tutelacontra providencias judici<strong>al</strong>es, desnatur<strong>al</strong>izan el carácter de recurso efectivo ysencillo que debe ostentar t<strong>al</strong> garantía fundament<strong>al</strong> de protección de los derechoshumanos, de conformidad con la normativa y jurisprudencia internacion<strong>al</strong>esCon esta observación la Defensoría, a través de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Recursos yAcciones Judici<strong>al</strong>es, se propone llamar la atención sobre un tema de especi<strong>al</strong> relevanciapara el desarrollo de la acción de tutela, por la negativa de <strong>al</strong>gunos operadores judici<strong>al</strong>es deproferir sentencias en aquellas acciones en las que se atacan providencias judici<strong>al</strong>es.Los derechos humanos se fundamentan en la dignidad de la persona y son consideradoscomo las facultades, prerrogativas, libertades e igu<strong>al</strong>dades fundament<strong>al</strong>es que tiene lapersona por el simple hecho de serlo, sin los cu<strong>al</strong>es no se puede vivir como t<strong>al</strong>. Por eso,todo ser humano sin importar su edad, religión, sexo o condición soci<strong>al</strong> o económica, gozaunivers<strong>al</strong>mente de ellos. Los derechos humanos han sido reconocidos en las declaraciones,pactos y demás instrumentos jurídicos internacion<strong>al</strong>es y en la mayoría de las constitucionespolíticas; todo lo cu<strong>al</strong> obliga a los Estados Parte a introducir en sus sistemas jurídicosrecursos efectivos que los protejan.Conforme con el reiterado artículo 8° de la Declaración Univers<strong>al</strong> de DerechosHumanos 115 de las Naciones Unidas: “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante lostribun<strong>al</strong>es nacion<strong>al</strong>es competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundament<strong>al</strong>esreconocidos por la Constitución o por la ley”. A su vez, el Pacto Internacion<strong>al</strong> de DerechosCiviles y Políticos 116 en su artículo 2, ordin<strong>al</strong> 3, prevé el compromiso <strong>del</strong> Estado Parte,de consagrar en sus sistemas jurídicos, un recurso judici<strong>al</strong> “efectivo” para proteger losderechos o libertades reconocidos en dicho Instrumento 117 .115 Adoptada y proclamada por la Asamblea Gener<strong>al</strong> en su Resolución 217 A (III), de 10 de diciembre de 1948116 diciembre de 1966117 Artículo 2:3. Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a garantizar que:a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando t<strong>al</strong>.
208 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Los sistemas region<strong>al</strong>es, igu<strong>al</strong>mente, han adoptado similares disposiciones. El ConvenioEuropeo de Derechos Humanos para la Protección de los Derechos Humanos y de las LibertadesFundament<strong>al</strong>es 118 consagra, en el artículo 13, el derecho a un recurso efectivo nacion<strong>al</strong>, “incluso.En el contexto region<strong>al</strong>, el Sistema Interamericano ha consagrado el derecho a unrecurso judici<strong>al</strong> efectivo. En la Declaración Americana de los Derechos y Deberes <strong>del</strong>Hombre 119 , en el Artículo XVIII prescribe: “Toda persona puede ocurrir a los tribun<strong>al</strong>es parahacer v<strong>al</strong>er sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cu<strong>al</strong> la justici<strong>al</strong>a ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, <strong>al</strong>guno de los derechos fundament<strong>al</strong>esconsagrados constitucion<strong>al</strong>mente”.Igu<strong>al</strong>mente, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de SanJosé 120 , el artículo 25 establece lo siguiente:Artículo 25. Protección Judici<strong>al</strong>.1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cu<strong>al</strong>quier otro recurso efectivoante los jueces o tribun<strong>al</strong>es competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechosfundament<strong>al</strong>es reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando t<strong>al</strong>2. Los Estados Partes se comprometen:a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema leg<strong>al</strong> <strong>del</strong> Estado decidirá sobrelos derechos de toda persona que interponga t<strong>al</strong> recurso;b) a desarrollar las posibilidades de recurso judici<strong>al</strong>, yc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se hayaestimado procedente el recurso. condiciones en las cu<strong>al</strong>es se debe poner a disposición un recurso efectivo en el sistem<strong>al</strong>eg<strong>al</strong> interno, así como el contenido <strong>del</strong> derecho a un recurso interno efectivo. En estesentido, el Tribun<strong>al</strong> Europeo de Derechos Humanos, también denominado Tribun<strong>al</strong> deEstrasburgo y Corte Europea de Derechos Humanos, considera que un recurso internoefectivo debe permitir a la autoridad competente tratar tanto el fondo de la petición comoel otorgar una reparación apropiada.La posición <strong>del</strong> Tribun<strong>al</strong> Europeo de Derechos Humanos en relación con el artículo 13sobre el recurso efectivo, ha sido planteada adecuadamente en el caso Keenan contra ReinoUnido 121 , de la siguiente manera:118 Adoptado por los gobiernos miembros <strong>del</strong> Consejo de Europa, en Roma el 4 de noviembre de 1950.119 Aprobada en la Novena Conferencia Internacion<strong>al</strong> Americana, Bogotá, Colombia, 1948.120 Suscrita en la Conferencia Especi<strong>al</strong>izada Interamericana sobre Derechos Humanos. San José, Costa Rica 7 <strong>al</strong> 22 denoviembre de 1969.121 Keenan contra Reino Unido, Sentencia de 3 de abril de 2001, Demanda N°. 27229/95, párr. 122. En el mismo sentido, Chah<strong>al</strong>contra el Reino Unido, 15 de noviembre de 1996, Demanda N°. 22414/93; Klass contra Alemania, 6 de septiembre de 1978,Demanda N°. 5029/71.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>209(…) el artículo 13 <strong>del</strong> Convenio garantiza la disponibilidad de un recurso a nivel nacion<strong>al</strong> parahacer respetar lo sustantivo de los derechos y libertades consagrados en el Convenio, sin importarla forma en que se encuentran garantizados en el derecho interno.De esta manera, el efecto <strong>del</strong> artículo 13 consiste en exigir la existencia de un recurso internoque conozca <strong>del</strong> aspecto sustantivo de una “petición defendible” de conformidad con el ConvenioEuropeo y que otorgue la reparación necesaria, aunque los Estados contratantes tienen ciertadiscreción en la manera en que cumplen con los requerimientos de la Convención de conformidadcon este artículo.El <strong>al</strong>cance de la obligación <strong>del</strong> artículo 13 varía dependiendo de la natur<strong>al</strong>eza de la petición <strong>del</strong>demandante. Sin embargo, el recurso exigido por el artículo 13 debe ser “efectivo” en la práctica,u omisiones de las autoridades <strong>del</strong> Estado demandado.Por su parte, la Corte Interamericana en su jurisprudencia se ha referido <strong>al</strong> recursoefectivo, en el sentido de que el recurso no solamente debe estar disponible en teoría a nivelnacion<strong>al</strong>, sino que además en la práctica debe ser re<strong>al</strong>mente idóneo:deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados en la Convención.Este Tribun<strong>al</strong> ha señ<strong>al</strong>ado que no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por lascondiciones gener<strong>al</strong>es <strong>del</strong> país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resultenilusorios. Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su inutilidad haya quedado demostrada por lapráctica, porque el órgano jurisdiccion<strong>al</strong> carezca de la independencia necesaria para decidir conimparci<strong>al</strong>idad o porque f<strong>al</strong>ten los medios para ejecutar sus decisiones; por cu<strong>al</strong>quier otra situación 122 .Esta tendencia univers<strong>al</strong> de consagrar mecanismos de protección de derechos se abriópaso con el constituyente de 1991 que consagró diversos mecanismos de protección dederechos. Dentro de estos instrumentos, encontramos la acción de tutela para el amparode los derechos fundament<strong>al</strong>es que actu<strong>al</strong>mente constituye el mecanismo de protección más utilizadopor los ciudadanos 123 .El artículo 86 de la Constitución Política, que consagra normativamente a la acciónde tutela, va en consonancia con la normativa y jurisprudencia internacion<strong>al</strong>es, pues hasido concebida como un recurso sencillo y efectivo para la protección de los derechosfundament<strong>al</strong>es, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la accióno la omisión de cu<strong>al</strong>quier autoridad pública. Dicha acción puede ser ejercida por cu<strong>al</strong>quierpersona ante la autoridad judici<strong>al</strong> competente que siempre deberá resolver de fondo laqueja constitucion<strong>al</strong>. En el mismo sentido el Decreto 2591 de 1991, reglamentario de122 Caso Las P<strong>al</strong>meras. Sentencia de 6 de diciembre de 2001. Serie C No. 90, párr. 58; Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo)Awas Tingni, supra nota 2, párrs. 111-113; y Caso <strong>del</strong> Tribun<strong>al</strong> Constitucion<strong>al</strong>. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie CNo. 71, párrs. 89, 90 y 93.123 De conformidad con la estadística recogida por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en el año 2008, el tot<strong>al</strong> glob<strong>al</strong> de peticionesrelacionadas con mecanismos de protección fue de 24.304. Dentro de esta cifra se recibieron, en su orden, 19.753 peticionesrelacionadas con acciones de tutela, 4.232 con acciones populares, 107 con acciones de grupo, 104 con acciones decumplimiento, 62 con acciones de nulidad y 46 con hábeas corpus. Porcentu<strong>al</strong>mente, la acción de tutela tiene un 81.27%,seguida de la acción popular, cuyo porcentaje de participación es <strong>del</strong> 17.41%.
210 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la acción de tutela, cuerpo normativo con rango y fuerza de ley estatutaria, reiteró en sues viable contra cu<strong>al</strong>quier autoridad pública.La jurisprudencia constitucion<strong>al</strong>, pese a haber declarado inexequible la normativa quepermitía la procedencia de la acción de tutela contra providencias judici<strong>al</strong>es 124 esta era viable contra actuaciones de hecho de los funcionarios judici<strong>al</strong>es. Fue así comoinici<strong>al</strong>mente surgió la tesis de las “vías de hecho” judici<strong>al</strong>es, constituida por una conductavulneratoria que afecta princip<strong>al</strong>mente los derechos <strong>al</strong> debido proceso y acceso a la justicia.Decreto 1382 de 2000. Así, en sus artículos 1° y 4° reguló det<strong>al</strong>ladamente lo relacionadocon la competencia para el conocimiento de las acciones de tutela interpuestas contracorporaciones y funcionarios judici<strong>al</strong>es, incluyendo a las corporaciones nacion<strong>al</strong>es. Enefecto, en el ordin<strong>al</strong> 2° <strong>del</strong> artículo 1° se establece que “[l]o accionado contra la Corte Supremade Justicia, el Consejo de Estado o el Consejo Superior de la Judicatura, S<strong>al</strong>a Jurisdiccion<strong>al</strong> Disciplinaria,será repartido a la misma corporación y se resolverá por la S<strong>al</strong>a de Decisión, sección o subsección que.Con el transcurso <strong>del</strong> tiempo, la nueva enunciación de la doctrina constitucion<strong>al</strong> llevóy racion<strong>al</strong> de los criterios de procedibilidad de la acción de tutela contra providenciasjudici<strong>al</strong>es. Actu<strong>al</strong>mente, aquellos constituyen una nueva base teórica gener<strong>al</strong> de la acciónde tutela contra actuaciones jurisdiccion<strong>al</strong>es.En efecto, esa Alta Corporación ha entendido que la tutela contra providencias judici<strong>al</strong>essolo procede si se cumplen ciertos requisitos de procedibilidad 125 . Dentro de estos puedendistinguirse unos de carácter gener<strong>al</strong> que habilitan la interposición de la tutela, y otros deLos requisitos de procedibilidad de carácter gener<strong>al</strong> de la tutela contra providencias judici<strong>al</strong>es son: i)que el asunto materia de discusión resulte de evidente relevancia constitucion<strong>al</strong>; ii) que lapersona afectada hubiese agotado todos los medios de defensa judici<strong>al</strong> a su <strong>al</strong>cance; iii) quese cumpla el requisito de la inmediatez. Cuando se trate de una irregularidad proces<strong>al</strong>, debequedar claro que la misma tiene un efecto decisivo o determinante en la sentencia que seimpugna y que afecta los derechos fundament<strong>al</strong>es de la parte actora.En cuanto a , además de losrequisitos gener<strong>al</strong>es para que proceda una acción de tutela contra una sentencia judici<strong>al</strong>, esnecesario demostrar plenamente, <strong>al</strong> menos uno de los siguientes vicios o defectos:a) defecto orgánicoimpugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello;b) defecto procediment<strong>al</strong> absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente <strong>al</strong>margen <strong>del</strong> procedimiento establecido;124 La Corte Constitucion<strong>al</strong>, mediante la Sentencia C-543 de 1992, declaró inexequibles los artículos 11 y 40 <strong>del</strong> Decreto 2591de 1991, que permitían la procedencia de la acción de tutela contra las providencias expedidas por las autoridades judici<strong>al</strong>es125 Una aproximación <strong>al</strong> estudio de esta renovada línea jurisprudenci<strong>al</strong> de la Corte Constitucion<strong>al</strong> se puede encontrar en lasSentencias T-949 de 2003 y C-590 de 2005
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>211c) defecto fáctico, surge cuando el juez carece <strong>del</strong> apoyo probatorio que permita laaplicación <strong>del</strong> supuesto leg<strong>al</strong> en el que se sustenta la decisión;d) defecto materi<strong>al</strong> o sustantivo, como en los casos en que se decide con base ennormas inexistentes o inconstitucion<strong>al</strong>es o que presentan una evidente y groseracontradicción entre los fundamentos y la decisión.A la par de la sistematización de los criterios o caus<strong>al</strong>es a partir de los cu<strong>al</strong>es es posiblela Corte Constitucion<strong>al</strong> ha venido insistiendo sobre la obligación <strong>del</strong> juez de tutela derespetar los precedentes sobre la materia.No obstante, en diversas ocasiones, las corporaciones judici<strong>al</strong>es nacion<strong>al</strong>es, <strong>al</strong> avocar elconocimiento de una acción de tutela contra providencias judici<strong>al</strong>es, han hecho caso omisode la doctrina constitucion<strong>al</strong> señ<strong>al</strong>ada y han rechazado de plano su trámite, sin proferiruna sentencia que f<strong>al</strong>le de fondo el caso propuesto. En Sentencia T-677 de 2003, la CorteConstitucion<strong>al</strong> expresó:El juez constitucion<strong>al</strong> de tutela no puede negar el estudio de fondo de las acciones de tutela cuandosu eventu<strong>al</strong> revisión. Igu<strong>al</strong>mente, en el mismo pronunciamiento, la Corte exhorta a laS<strong>al</strong>a Pen<strong>al</strong> de la Corte Suprema de Justicia, para que en cumplimiento de la Constitución y l<strong>al</strong>ey, se abstenga de rechazar las solicitudes de tutela que se presenten ante esa Corporación, por elmotivo <strong>al</strong>egado en la presente acción de tutela, puesto que esa actuación constituye una vía de hecho.Diversas peticiones llegaron a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, indicando que las distintass<strong>al</strong>as de casación de la Corte Suprema de Justicia resolvieron no admitir a trámite laspeticiones de tutela que ante ellas se presentaron contra ellas mismas y omitieron enviar lacorrespondiente actuación a la Corte Constitucion<strong>al</strong> para decidir sobre su eventu<strong>al</strong> revisión,aduciendo que se trataba de una revisión no consagrada constitucion<strong>al</strong> ni leg<strong>al</strong>mente 126 .de 2004, según el cu<strong>al</strong>, en aquellos casos en los que las personas persiguen la protección deun derecho fundament<strong>al</strong> considerado amenazado o violado con la actuación de una s<strong>al</strong>a decasación de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo37 <strong>del</strong> Decreto 2591 de 1991, podrían acudir en tutela ante cu<strong>al</strong>quier juez, incluyendouna corporación de jerarquía nacion<strong>al</strong>. Adicion<strong>al</strong>mente, en cuanto a los efectos <strong>del</strong> f<strong>al</strong>lo,advirtió que los mismos se extendían para otros casos en los que exista idéntica situaciónde vulneración <strong>del</strong> derecho de acceso a la justicia. La decisión de la Corte Constitucion<strong>al</strong>fue una primera solución ante la negativa reiterada de ciertas corporaciones judici<strong>al</strong>es a darcumplimiento a las disposiciones constitucion<strong>al</strong>es, leg<strong>al</strong>es y reglamentarias y <strong>al</strong> precedentejurisprudenci<strong>al</strong>.Sin embargo, la práctica judici<strong>al</strong> de rechazar las acciones de tutela contra providenciasjudici<strong>al</strong>es se siguió extendiendo en despachos judici<strong>al</strong>es distintos a las corporacionesjudici<strong>al</strong>es de nivel nacion<strong>al</strong>. Fue así como, en un nuevo pronunciamiento la CorteConstitucion<strong>al</strong>, mediante Auto 100 de 2008, reiteró la procedencia de la acción de tutela126 Frente a t<strong>al</strong> situación, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> coadyuvó diversas peticiones elevadas por los afectados ante la Cortesurtiera el trámite de revisión eventu<strong>al</strong>.
212 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>contra cu<strong>al</strong>quier providencia judici<strong>al</strong>, con ocasión de la situación planteada ante dichaa la justicia que le fue conculcado a una persona 127 por varios despachos judici<strong>al</strong>es, loscu<strong>al</strong>es se negaron sucesivamente a conocer y proferir una decisión de fondo acerca de laacción de tutela que instauró contra la Corte Suprema de Justicia, S<strong>al</strong>a de Casación Pen<strong>al</strong>y cuyo recorrido entre los despachos judici<strong>al</strong>es fue de aproximadamente 19 meses, enconsecutivos rechazos de plano o in limine.Para remediar dicha situación, en el mencionado auto, la Corte expresó que, en a<strong>del</strong>ante,cuando se presente una situación semejante, el tutelante tendrá las siguientes opciones:(i)interponer otra acción de tutela ante cu<strong>al</strong>quier juez de la República (Auto 004 <strong>del</strong> 3 de febrerode 2004); o,(ii) radicar ante la Secretaría Gener<strong>al</strong> de la Corte Constitucion<strong>al</strong> la decisión proferida por laLas pautas estipuladas en los Autos 004 de 2004 y 100 de 2008, por sí mismos notienen la virtu<strong>al</strong>idad de remediar, en todos los casos, el perjuicio jurídico fundament<strong>al</strong>ocasionado por la posición de resistencia de <strong>al</strong>gunos jueces a resolver de fondo la tutelainterpuesta contra autoridad judici<strong>al</strong>.A juicio de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, dicha conductaomisiva vulnera gravemente el derecho de acceso a la administración de justicia y va encontra <strong>del</strong> espíritu garantista <strong>del</strong> artículo 86 de la Constitución Política, <strong>del</strong> Decreto 2591de 1991, <strong>del</strong> Decreto 182 de 2000 y de la doctrina constitucion<strong>al</strong> que, a través de sentenciasde constitucion<strong>al</strong>idad y de tutela, había admitido la procedencia excepcion<strong>al</strong> de la acción detutela contra actuaciones de las autoridades judici<strong>al</strong>es.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera que la inadmisión o el rechazo in limine de lasconstitucion<strong>al</strong> de la tutela como debe corresponder, desnatur<strong>al</strong>iza el carácter de recursoefectivo y sencillo que debe ostentar como garantía exigida en los instrumentos y en lasjurisprudencias internacion<strong>al</strong>es. Por lo anterior, la Defensoría considera necesario llamarla atención de los operadores judici<strong>al</strong>es para que en c<strong>al</strong>idad de jueces de tutela, asumaníntegramente su papel de garantes de los derechos fundament<strong>al</strong>es y no se obstaculice elacceso a la administración de justicia.127 La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> dirigió un escrito a la Corte Constitucion<strong>al</strong> en el que expresó su tot<strong>al</strong> desacuerdo con el rechazo deplano de las acciones de tutela promovidas contra las s<strong>al</strong>as de la Corte Suprema de Justicia y solicitó a esa Alta Corporaciónadoptar las medidas necesarias para garantizar los derechos <strong>al</strong> debido proceso y el acceso a la administración de justicia <strong>del</strong> actor.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>213E.2. LA DEFENSORÍA PÚBLICA EN EL MARCO DELORDENAMIENTO JURÍDICO INTERNODesde la adopción <strong>del</strong> Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio y las medidas de fort<strong>al</strong>ecimientode la defensa pública para garantizar el acceso oportuno, técnico, re<strong>al</strong> y efectivo a la aglutinar los esfuerzos para mejorar la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> servicio debe ser una preocupaciónconstante en el futuro.El posicionamiento obtenido, con la decidida contribución y capacitación de losoperadores <strong>del</strong> servicio, con el v<strong>al</strong>ioso aporte y acompañamiento de la cooperacióninternacion<strong>al</strong>, permitió avanzar en la dinámica de un proceso de formación a nivel deRegion<strong>al</strong>es de Capacitación y el montaje de Centros de Prueba Forense.Debido a las limitaciones presupuest<strong>al</strong>es que afectan los compromisos que ha tenidola Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> desde su creación y las nuevas obligaciones impuestas por ellegislador, <strong>al</strong> adoptar las normas relativas <strong>al</strong> menor adolescente y la representación de lasvíctimas en el marco <strong>del</strong> proceso de justicia y paz, hemos podido atender solo parci<strong>al</strong>mentela demanda de los usuarios <strong>del</strong> servicio.En cuanto a los procesos de justicia y paz, con la adopción de nuevas políticas públicasdirigidas a la protección de los derechos y garantías constitucion<strong>al</strong>es de las víctimas <strong>del</strong>población afectada a la administración de justicia. de las autoridades judici<strong>al</strong>es competentes, lo que no ha permitido siempre el necesario yoportuno contacto con los representantes judici<strong>al</strong>es.Otro factor limitante de la gestión de los operadores <strong>del</strong> servicio, en materia derepresentación de las víctimas, es la lenta dinámica <strong>del</strong> proceso instaurado por la ley.
214 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En cuanto a los menores adolescentes, corresponde a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>,por mandato leg<strong>al</strong>, tanto la representación pen<strong>al</strong> <strong>del</strong> adolescente infractor, como larepresentación judici<strong>al</strong> <strong>del</strong> menor víctima. No obstante, para cumplir con esta nuevaobligación, tampoco se han asignado los recursos necesarios.Lo anterior pone de presente la necesidad de destinar las partidas presupuest<strong>al</strong>esnecesarias para la debida prestación <strong>del</strong> servicio en estos programas y en cu<strong>al</strong>quiera otroque establezca la ley.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>215F. FORMULACIÓN DE UNA PROPUESTAPEDAGÓGICA PARA LA EDUCACIÓN,PROMOCIÓN Y FORMACIÓNEN DERECHOS HUMANOSCumple la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> dieciséis años continuos de formación y promociónde los derechos humanos en desarrollo <strong>del</strong> mandato constitucion<strong>al</strong> <strong>del</strong> artículo 282 de laCarta Política y de la Ley 24 de 1992. A lo largo de ese periodo han sido numerosos loseventos de capacitación, formación y sensibilización en los más diversos temas referidos <strong>al</strong>as libertades y derechos fundament<strong>al</strong>es. Los sucesivos informes de la Entidad, muestrancómo la capacitación ha estado dirigida a servidores públicos -particularmente a miembrosde la fuerza pública, a personeros municip<strong>al</strong>es e integrantes <strong>del</strong> sector educativo-,organizaciones soci<strong>al</strong>es, organizaciones no gubernament<strong>al</strong>es, niños y niñas, jóvenes,hombres y mujeres, personas de la tercera edad, comunidades étnicas, personas en situación<strong>del</strong> Estado como de la sociedad civil.Este esfuerzo de capacitación y promoción de una cultura de respeto de los derechoshumanos se está sistematizando por parte de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promocióny Divulgación de Derechos Humanos, tarea que se inició en el año 2007. El propósitoconsiste en estructurar y orientar una propuesta pedagógica que permita articular lasdistintas actividades de formación y promoción de todas y cada una de las dependenciasunos contenidos que la caractericen en forma particular.La construcción de dicha propuesta se soporta en una serie de lineamientos teóricos yen y parade la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Oacnudh enacerca de su práctica educativa.En este sentido, es de interés primordi<strong>al</strong> estimular una nueva pedagogía para losderechos humanos, como factor que permita animar procesos consistentes para la paz yla democracia. Allí reside, quizás, una de las posibilidades más importantes ante las crisisrecurrentes de los Estados para ofrecer soluciones efectivas a necesidades primordi<strong>al</strong>esde la sociedad por la aplicación de políticas sin enfoque de derechos, el ejercicio de laviolencia soci<strong>al</strong> y política, la discriminación, la depredación <strong>del</strong> ecosistema y la f<strong>al</strong>ta deoportunidades y condiciones favorables para amplias capas de la población.Un proceso de esta natur<strong>al</strong>eza está íntimamente ligado a la formación de culturasdemocráticas fundadas en el respeto de los derechos humanos, y <strong>al</strong> establecimientode bases para la participación democrática. Este desafío hace pertinente adoptar una
216 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>pedagogía renovadora en el ámbito de los derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario, que estimule el pensamiento, el diálogo y el protagonismo ciudadano.1. El proyecto pedagógicoDe <strong>al</strong>lí que la tarea de formular un proyecto pedagógico, particularmente en laeducación en y para los derechos humanos, consiste en facilitar el desarrollo de las personascomo seres humanos que se respetan a sí mismos y a los demás con conciencia soci<strong>al</strong>,ecológica y solidaria, de modo que puedan actuar con responsabilidad y libertad en lacomunidad a la que pertenecen.Siguiendo a Maturana, 128 la responsabilidad y la libertad solo son posibles desde elrespeto por sí mismo que permite escoger con autonomía y no movido por presionesexternas; en una educación como proceso constante y permanente de transformaciones enla convivencia, en el que se vive de manera coherente con los otros, mutación que ocurretanto en las dimensiones conscientes e inconscientes.En medio de la crisis humanitaria que afecta a toda la nación, es necesario asumirla convivencia democrática como proyecto político-educativo, inscrito dentro de unaperspectiva de pensamiento, según la cu<strong>al</strong> se precisa la refundación de lo soci<strong>al</strong>, para quecada persona tenga la posibilidad de interactuar en libertad, que acepte la diversidad y laresponsabilidad de lo que implica construirse dentro de ella. En una cultura democráticaen la que lo individu<strong>al</strong> se constituye con lo soci<strong>al</strong>, como la apropiación de las necesidadese intereses comunes que se abordan constantemente en la construcción permanente <strong>del</strong>mundo deseado y compartido.Por lo tanto, lo democrático debe considerar, sobre todo, el bien común o los interesescolectivos, no como un discurso de <strong>del</strong>egación <strong>del</strong> ejercicio político, sino como una vivenciaque muestre esa coherencia y lleve a una convivencia auténtica en el respeto de lo diverso yde la opinión de la comunidad, por cuanto la democracia no está en la elección periódica ycondicionada de los representantes. La democracia tiene su esencia en una convivencia enla cu<strong>al</strong> todos los ciudadanos tienen acceso a la cosa pública. Y la cosa pública son los temasque interesan a todos los ciudadanos como participantes de una colectividad dinámica yactuante, como corresponde a la formación humanística y humanitaria que debe impartirseen la educación en y para los derechos humanos.Por ello, la construcción de una propuesta educativa y pedagógica que busque dar vidaa los planteamientos anteriores debe estar pensada y diseñada para brindar espacios dondeel respeto a la persona, la autonomía y la convivencia en la diversidad estén presentes, comoque hace posible el en<strong>al</strong>tecimiento de la dignidad humana. Aquí la pedagogía soci<strong>al</strong> entraa jugar un papel fundament<strong>al</strong> y a ello debe atender el mo<strong>del</strong>o pedagógico institucion<strong>al</strong> <strong>del</strong>a Defensoría.A su vez, la educación en y para los derechos humanos desempeña actu<strong>al</strong>mente unainterés <strong>al</strong>rededor de problemas y temas de los derechos humanos en el plano comunitario.La educación en derechos humanos implica una combinación de análisis interno y externo.128 Humberto Maturana, Emociones y lenguaje en educación y política. Santiago de Chile: Hachette, 1991.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>217El aprendizaje de los derechos humanos se centr<strong>al</strong>iza necesariamente en el individuo,el conocimiento, los v<strong>al</strong>ores y las habilidades pertinentes a la aplicación <strong>del</strong> sistema dev<strong>al</strong>ores de los derechos humanos en las relaciones interperson<strong>al</strong>es con la familia y losmiembros de la comunidad. En este sentido, los programas de educación en derechoshumanos comprometen, por tanto, la responsabilidad de los pedagogos y los defensoresde los derechos y las libertades humanas, quienes deben actu<strong>al</strong>izar y desarrollar unavisión transformadora y crítica acerca de la forma en que las estrategias de educación ycapacitación pueden contribuir a los cambios soci<strong>al</strong>es.Lo anterior quiere decir que la educación en y para los derechos humanos tieneque ser observada dependiendo <strong>del</strong> contexto en el cu<strong>al</strong> se esté trabajando, pues aquellaproceso educativo, dado que: “… para que la educación en derechos humanos constituyauna contribución duradera a las actitudes de derechos humanos en nuestros respectivospaíses, es necesario que comprendamos re<strong>al</strong>mente los distintos mo<strong>del</strong>os de la educación enderechos humanos que se encuentran en práctica y aclaremos su vínculo con las estrategiasde cambio soci<strong>al</strong>. En cuanto a generar cambio soci<strong>al</strong>, la educación en derechos humanosnecesitaría estar estratégicamente diseñada para atraer y dar apoyo a los individuos y a losgrupos que pueden trabajar por t<strong>al</strong>es metas…” 129 .En este contexto, las condiciones en las cu<strong>al</strong>es se desenvuelve la dinámica soci<strong>al</strong>,política y económica <strong>del</strong> país, así como la crisis humanitaria que lo afecta, requieren, apartir de la educación en y para los derechos humanos:Incidir en la cultura soci<strong>al</strong> para la práctica vivenci<strong>al</strong> de los derechos humanos y <strong>del</strong>derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.Que la educación en derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitarioadquiera un espacio propio de leg<strong>al</strong>idad y legitimidad.Comprometer a todos los actores y sectores soci<strong>al</strong>es e institucion<strong>al</strong>es con laeducación sistemática, libre y abierta de los derechos humanos y <strong>del</strong> derechointernacion<strong>al</strong> humanitario.Por ello, la elaboración de programas de educación en y para derechos humanosimplica un enfoque educacion<strong>al</strong> interactivo. El lenguaje de este tipo de educación enderechos humanos habla de su relación con la vida diaria y el empleo de metodologías queinvolucran a los participantes en el desarrollo de actitudes y conocimientos. Se considera forma de aprendizaje está más fuertemente vinculada con el cambio de actitud o deconducta, que con un enfoque de pura exposición teórica.Progresivamente se abre espacio la exposición de mo<strong>del</strong>os de educación en derechoselegidos como objetivo, y establecer los requerimientos que se consideran necesarios parasu vínculo con la meta gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> desarrollo humano y el cambio soci<strong>al</strong>. Así, los programasde educación en derechos humanos responden a mo<strong>del</strong>os pedagógicos encaminadosa facultar <strong>al</strong> individuo para que ejerza la capacidad de reconocer los abusos contra los129 Felisa Tibbitts, Educación en derechos humanos. Bogotá: Embajada de los EE. UU., 2002, y p.2.
218 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>derechos humanos, asumir el compromiso de prevenirlos y emplear adecuadamente losrecursos para su tutela, protección y denuncia.T<strong>al</strong>es mo<strong>del</strong>os son vías por las cu<strong>al</strong>es los pedagogos, en el campo de los derechoshumanos, pueden tomar medidas para impulsar la elaboración de programas y hacerque esta labor educativa pueda llegar a ser una materia de estudio re<strong>al</strong> y univers<strong>al</strong>. Enel desarrollo discursivo de los diferentes mo<strong>del</strong>os se inscriben tópicos puntu<strong>al</strong>es queindagan por la conexión entre conocimiento y poder, las formas de producción, los sujetosen el marco de las instituciones form<strong>al</strong>es, la democracia, la construcción de la paz, lasresponsabilidades <strong>del</strong> Estado, la pobreza, las relaciones humanas, las políticas públicascampos disciplinares desde los que se abordan tópicos como los antes enunciados estánintersecciones con lo político, lo soci<strong>al</strong>, lo económico, etc.Para Paulo Freireen el mundo para transformarlo. En esta perspectiva, la educación ha de ser emancipadoray reconstruir lo soci<strong>al</strong>. 130 Pese a que la educación no compensa las desigu<strong>al</strong>dades, ni integr<strong>al</strong>as clases soci<strong>al</strong>es, como tampoco es posible atribuirle la capacidad de <strong>al</strong>canzar el plenodesarrollo individu<strong>al</strong>, la educación y la producción cultur<strong>al</strong> aparecen como creación llenamarginados, considerados desde una relación di<strong>al</strong>éctica respecto de las estructuras de lasociedad y <strong>del</strong> poder.Con la educación en y para los derechos humanos, se persigue la transformación de los mo<strong>del</strong>ospedagógicos tradicion<strong>al</strong>es, vertic<strong>al</strong>es, autoritarios y jerárquicos, como imprescindible de laformación de sujetos con autonomía y libertad. Como respuesta a aquel tipo de pedagogía,Freire propone la educación liberadora como una práctica que permite que los sectoresen situación de vulnerabilidad, a partir de su concientización, se constituyan en sujetospromotores <strong>del</strong> cambio de y en su sociedad. Los siguientes son los rasgos fundament<strong>al</strong>esde esta pedagogía: 131Hace una lectura crítica <strong>del</strong> carácter injusto de las sociedades latinoamericanas y<strong>del</strong> papel de la educación dentro de estas frente a la exclusión, la marginación y ladesigu<strong>al</strong>dad reproducidas y fort<strong>al</strong>ecidas por sectores hegemónicos. La educacióndebe potenciar la capacidad crítica de los sujetos y formarlos no para perpetuar lasrelaciones asimétricas dentro de su sociedad sino para transformarla para que seamás justa.Tiene una intencion<strong>al</strong>idad explícita de cambio profundo y democrático de lasestructuras soci<strong>al</strong>es, institucion<strong>al</strong>es y políticas.La educación debe favorecer una mirada crítica de la re<strong>al</strong>idad y conciencia de lanecesidad de cambio que exige comprender el escenario educativo como resultadode múltiples fuerzas políticas, económicas y cultur<strong>al</strong>es. Así mismo, como espacio130 Paulo Freire. La educación como práctica de la libertad. 35ª edición: Siglo XXI Editores, 1986.131 Alfonso Torres y otros. Bogotá:Universidad Pedagógica Nacion<strong>al</strong> UPN, 1996, p. 24.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>219de construcción de representaciones soci<strong>al</strong>es a través <strong>del</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento de unaconciencia crítica.Propone el uso de metodologías pedagógicas activas y di<strong>al</strong>ógicas: la argumentacióny el diálogo son la base de una metodología en la que prev<strong>al</strong>ece el interés por elintercambio de saberes y la construcción colectiva de conocimientos, es decir, queel aprendizaje se hace a partir de la interacción con los otros y de los consecuentes conduce a la reestructuración de los saberes y las ideas individu<strong>al</strong>es.La pedagogía crítica y la educación en derechos humanos están muy interesadas enobservar las estructuras de poder dentro y fuera <strong>del</strong> sistema educativo. La pedagogíacrítica está sobre todo interesada en examinar cómo la estructura educativa y elcurrículo interactúan y dan forma <strong>al</strong> conocimiento. La educación en derechoshumanos se preocupa esenci<strong>al</strong>mente de cómo la estructura educativa y el currículomoldean el sujeto de derechos.2. Formación de sujetos de derechosLa educación en y para estudiantes poder y control sobre su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva, la educaciónen derechos humanos adopta distintas iniciativas pedagógicas que han sido usadas en laenseñanza, como, por ejemplo, el aprendizaje autorregulado, la elección de temas por parte<strong>del</strong> estudiante, el diseño <strong>del</strong> aprendizaje orientado por los propios <strong>al</strong>umnos, el trabajo eny de discusión, de concientización e investigación comunitaria). Según la pedagogía crítica,la educación en derechos humanos está centrada en la acción di<strong>al</strong>ogada, conjuga el poderLa clave <strong>del</strong> proceso de educación en y para los derechos humanos está en formarsujetos de derechos. La cu<strong>al</strong>idad de la expresión sujeto de derechos constituye una categoríacuanto comprende relaciones di<strong>al</strong>écticas con disciplinas como la sociología, el derecho, íntimamente emparentada con la de “persona”, concepto que se aproxima <strong>al</strong> término “serde los v<strong>al</strong>ores mor<strong>al</strong>es, éticos, jurídicos y cultur<strong>al</strong>es propios de la re<strong>al</strong>idad presente.poder, en especi<strong>al</strong> <strong>del</strong> poder político, sino que a la vez precisa de condiciones soci<strong>al</strong>es ypolíticas adecuadas para su re<strong>al</strong>ización, esto es, requiere de la integración, no meramenteform<strong>al</strong> sino sustanci<strong>al</strong>, <strong>del</strong> Estado soci<strong>al</strong> y democrático de derecho. Este esquema gener<strong>al</strong>de las relaciones entre el derecho, la mor<strong>al</strong> y la ética es el que podemos aplicar para darcuenta de las relaciones entre los derechos humanos como normas jurídicas y a la vez comonormas éticas y mor<strong>al</strong>es, conjugándose así los tres elementos de los derechos humanos: elético, el jurídico y el político.no se hiciera <strong>al</strong>usión, también, a los deberes o responsabilidades que se derivan de dichacondición. Como se ha expuesto, el sujeto de derechos posee una capacidad de acción, con
220 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la cu<strong>al</strong>, a su vez, se legitima. Acciones que se enmarcan en lo que el tratadista AlejandroLlano denomina “humanismo cívico”. 132El humanismo cívico se caracteriza por la actitud que fomenta la participación y laresponsabilidad de las personas y de las comunidades ciudadanas en la orientación ydesarrollo de la vida política, con el objeto de potenciar las virtudes soci<strong>al</strong>es como referentecu<strong>al</strong>itativo y cuestionador de la dinámica y gestión públicas. Para el propósito de esteplanteamiento se mencionan únicamente tres de sus princip<strong>al</strong>es postulados.El primero está referido <strong>al</strong> protagonismo de las personas humanas re<strong>al</strong>es y concretas,que toman conciencia de su condición de ser miembros activos y responsables dederecho-deber.El segundo, a la consideración de las comunidades humanas (en sus diferentesniveles) como ámbitos imprescindibles y decisivos para el pleno desarrollode las mujeres y los hombres que las componen, las cu<strong>al</strong>es superan las formasindividu<strong>al</strong>istas, para actuar como ciudadanos dotados de derechos intocables y dedeberes irrenunciables.El tercero, a la concesión de un <strong>al</strong>to v<strong>al</strong>or a la esfera de lo público, como unescenario de despliegue de las libertades soci<strong>al</strong>es y como instancia de garantía paraque las comunidades incidan en el diseño e implementación de lo público.Si esta idea de ciudadanía adquiere los rasgos de humanista, será por la libre iniciativa <strong>del</strong>os ciudadanos, lo cu<strong>al</strong> representa un correlato de su dignidad como personas. Cuando se<strong>al</strong>ude a la acción ciudadana se hace referencia a personas actuantes no pasivas o meramenteexpectantes u observadoras. De ahí la insistencia de que la educación en y para los derechoshumanos revit<strong>al</strong>ice la interpelación ciudadana.3. Pedagogía para la educación de los derechos humanosLo anteriormente expuesto será una re<strong>al</strong>idad posible con una adecuada pedagogía de losderechos humanos, que, como se ha expresado, debe constituir ciudadanos empoderadosde los derechos que tienen, creando un impacto en la sociedad en su conjunto y también,como componente integr<strong>al</strong> <strong>del</strong> fenómeno cultur<strong>al</strong> y soci<strong>al</strong>, en la educación y en el currículo.En otras p<strong>al</strong>abras, se puede sostener que ante el proceso de glob<strong>al</strong>ización, la sociedad <strong>del</strong> esenci<strong>al</strong> la construcción de una pedagogía de la educación en y para los derechos humanos.Por eso, cuando se vincula el concepto de ciudadanía con la enseñanza de losderechos humanos se está necesariamente haciendo referencia a la ciudadanía activa, paracontraponerla a la ciudadanía pasiva, la ciudadanía de espectadores y espectadoras. Esto esde exigir sus derechos y el de los demás. Como ciudadano activo asume la función ética de“defensor ciudadano” de los derechos propios y de los otros, hace propuestas de políticaspúblicas conducentes y hace v<strong>al</strong>er los intereses y aspiraciones <strong>del</strong> colectivo loc<strong>al</strong>, region<strong>al</strong>y nacion<strong>al</strong>.132 Alejandro Llano. Humanismo Cívico: Barcelona: Ariel Filosofía, 1999, p. 15.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>221En la medida en que la estructura organizativa se oriente hacia la toma de decisionesy el seguimiento de las reglas y de los compromisos como asunto de todos, desaparecerála <strong>al</strong>teridad poderosa y castigadora, y empezará a aplicarse el control soci<strong>al</strong> comocorresponsabilidad común.en y para los derechos humanos,como ya se ha explicado, está la necesidad de avanzar en la democratización de la socieda<strong>del</strong> sentido último de la educación en derechos humanos es la formación de un ‘sujeto dederecho’ que podemos adscribir a la ‘educación para el empoderamiento’ para el cambioperson<strong>al</strong> y soci<strong>al</strong>” 133 .Desde esta perspectiva, son principios rectores de este tipo de educación en derechoshumanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario:Promover entre los colombianos la formación, el respeto, la protección y la prácticade los derechos humanos.Fomentar la interdependencia, indivisibilidad y la univers<strong>al</strong>idad de los derechoshumanos.Incluir la multicultur<strong>al</strong>idad, la diversidad étnica y el respeto por la diversidad.Generar prácticas de respeto y reconocimiento de los derechos humanos, <strong>del</strong>derecho internacion<strong>al</strong> humanitario y <strong>del</strong> Estado Soci<strong>al</strong> y Democrático de Derecho.Reconocer el papel de prevención que tienen los derechos humanos.Impulsar el diseño y la implementación de políticas públicas con enfoque dederechos, en la que la participación sea re<strong>al</strong>, con énfasis en los sujetos de especi<strong>al</strong>protección y con criterios diferenci<strong>al</strong>es.El conjunto de los planteamientos antes expuestos guarda coherencia y correspondenciacon los lineamientos consignados en el Plan Nacion<strong>al</strong> de Educación en Derechos HumanosPlanedh. En resumen, la educación en derechos humanos persigue: es la identidad de las personas, en la que cuenta adquirir la conciencia de laresponsabilidad individu<strong>al</strong> y colectiva mediante el estímulo a la iniciativa y <strong>al</strong>criterio de cada persona. Así los sujetos aumentan su conciencia, su capacidad dediscernimiento y su conocimiento de la vida a nivel loc<strong>al</strong>, nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong>,de manera que sus actuaciones lleguen a ser libres y <strong>del</strong>iberadas. actuar y participar en las decisiones. En este sentido, la educación en derechoshumanos proporciona las bases para una sociedad justa y equitativa, en la cu<strong>al</strong>la participación de los sujetos en las determinaciones es fundament<strong>al</strong> para incidirefectivamente en el futuro.Desarrollar conciencia crítica, emancipadora y solidaria. La educación en derechoshumanos se encarga de hacer conciencia en las personas acerca de estos derechos,133 Abraham Magendzo, Derechos Humanos y currículo escolar. San José de Costa Rica: Instituto Interamericano de DerechosHumanos, 2002.
222 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>con lo cu<strong>al</strong> proporciona bases sólidas para la conformación de estructuras soci<strong>al</strong>esdemocráticas. De esta forma, también se vuelve preventiva de violaciones, ya que elconocimiento de la re<strong>al</strong>idad se desarrolla en el plano de los v<strong>al</strong>ores y las actitudes.Concepción de ser humano y de dignidad humana. Concepción de “ser humano”como ser libre y solidario que busca trascender sus limitaciones con conciencia dejusticia y de reciprocidad. Este concepto de educación busca que las personas creanen la vida y en que las cosas pueden ser distintas, en organizarse para defender la paznormas que contribuyan a la convivencia y profesen el respeto a los derechoshumanos como una forma de vida que ev<strong>al</strong>úa ética y críticamente la re<strong>al</strong>idad soci<strong>al</strong>.Desde el estudio de las visiones anteriores, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha empezadosu tarea de estructurar su mo<strong>del</strong>o pedagógico, que esté en plena correspondencia conlo que será el Planedh y el desarrollo de las metas educativas propuestas por la ONU.Como resultado de este esfuerzo, la Defensoría re<strong>al</strong>iza día a día actividades de promocióny divulgación de los derechos humanos con el princip<strong>al</strong> propósito de empoderar a laciudadanía en la materia.
Segunda parte<strong>Informe</strong> de Gestión
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>225SEGUNDA PARTEEn desarrollo de las normas constitucion<strong>al</strong>es, el artículo 9 ordin<strong>al</strong> 7 <strong>del</strong>a Ley 24 de 1992 establece que el Defensor tiene la atribución de “presentaranu<strong>al</strong>mente <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> un informe sobre sus actividades, en el que se incluiráuna relación <strong>del</strong> tipo y número de las quejas recibidas, de las medidas tomadaspara su atención y trámite, de la mención expresa de los funcionarios renuenteso de los particulares comprometidos y de las recomendaciones de carácteradministrativo y legislativo que considere necesarias” 1 .1 Presentación <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>227INFORME DE GESTIÓNEl <strong>Informe</strong> de Gestión es la segunda parte <strong>del</strong> informe <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong>la primera parte <strong>del</strong> informe y a la respuesta de los requerimientos que la ConstituciónPolítica y las leyes le han impuesto a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para el cumplimiento desus funciones en el periodo 2008. Comprende: A) El informe centr<strong>al</strong>, (la atención <strong>al</strong>as víctimas en el marco de la ley de justicia y paz); B) Los informes anu<strong>al</strong>es especi<strong>al</strong>es,(el desplazamiento forzado, el sistema de <strong>al</strong>etas tempranas, los derechos de la niñez, lajuventud y la mujer, los derechos de los grupos étnicos, los derechos colectivos y <strong>del</strong>ambiente); C) Los informes anu<strong>al</strong>es gener<strong>al</strong>es, (la atención y el trámite de las peticiones);D) Los informes anu<strong>al</strong>es de ley, (la política crimin<strong>al</strong>, y la incidencia en la política pública);E) El acceso a la justicia, (los recursos y acciones judici<strong>al</strong>es, y la defensoría pública); F)La educación para la apropiación, ejercicio y defensa de los derechos humanos y G) Ladivulgación de los derechos humanos a través de los medios de comunicación.En este acápite se reportan las actividades, proyectos y programas re<strong>al</strong>izadospor las diferentes dependencias de la sede centr<strong>al</strong> y de las defensorías region<strong>al</strong>es, lascu<strong>al</strong>es contribuyeron a <strong>al</strong>canzar la misión y visión de la entidad, soportadas en el PlanEstratégico Institucion<strong>al</strong>, el cu<strong>al</strong> está fundamentado en el desarrollo de las líneas devisión de: 1. El Ejercicio de la Magistratura Mor<strong>al</strong>, 2. La Incidencia en la Formulación,Desarrollo y Ejecución de Políticas Públicas, 3. La Atención Defensori<strong>al</strong> y el Acceso <strong>al</strong>a Justicia. 4. La Educación para la Apropiación, Ejercicio y Defensa de los DerechosHumanos y 5. El Fort<strong>al</strong>ecimiento Institucion<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>229LA GESTIÓN DEFENSORIAL *LA ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEYDE JUSTICIA Y PAZ<strong>Pueblo</strong> impulsa la re<strong>al</strong>ización de los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integr<strong>al</strong>.* El informe de Gestión se desarrolla según los ordin<strong>al</strong>es y títulos establecidos en el <strong>Informe</strong> Centr<strong>al</strong> de la primera parte.Nota de edición.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>231A. LA GESTIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN A VÍCTIMASDE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLOLa orientación y asistencia a las víctimas a<strong>del</strong>antada por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> enlos últimos dos años ha evidenciado que las víctimas se encuentran afectadas por variosasuntos que ponen en riesgo el derecho a ser reparadas de manera integr<strong>al</strong>: servicios básicos.Limitaciones de acceso a información clara y viable sobre trámites y procedimientospara reclamar derechos a la verdad, justicia y reparación.Necesidades de movilizarse para la consecución de recursos económicos que antesno se requerían (trámites y manutención familiar).F<strong>al</strong>ta de recepción amable y de ser escuchados con atención.Indiferencia frente a los padecimientos físicos o psicológicos.Circunstancias de riesgo y prioridad para su protección.Ante esta situación, la Defensoría busca que la víctima sea considerada como sujetode protección y defensa y no como objeto de litigio; que tenga mayor acercamiento ypresencia institucion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Estado, en concordancia con avances en la aplicación de lasleyes e independiente de las situación política y con acciones que restituyan su dignidad; sepromueva un mo<strong>del</strong>o de atención integr<strong>al</strong> de carácter interinstitucion<strong>al</strong>; se establezca unaestrategia de asistencia leg<strong>al</strong> más acorde con las exigencias de orientación jurídica de lasvíctimas y se dé mayor estímulo a su participación efectiva.Por tanto, la Entidad se propuso consolidar mo<strong>del</strong>os de atención a las víctimas siguiendometodologías apropiadas encaminadas a facilitar los procedimientos de orientación yasesoría a las víctimas, desplegando una serie de actuaciones que permitan brindar unaasistencia integr<strong>al</strong> ajustada a las particularidades de cada persona asistida, proporcionandola información referente a la ruta de acción pertinente a su situación, y brindando apoyopara disminuir el riesgo durante la experiencia de su participación en el proceso pen<strong>al</strong>, ensu c<strong>al</strong>idad de sujeto receptor de garantía de la reparación de sus derechos.
232 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1. LA POLÍTICA PÚBLICA EN EL MARCO DE JUSTICIA Y PAZEn desarrollo de sus mandatos constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>es, la Defensoría participa enescenarios interinstitucion<strong>al</strong>es desde los cu<strong>al</strong>es tiene injerencia en la formulación de laspolíticas públicas que tienen relación con el marco de la Ley de Justicia y Paz, enfatizandoen la observancia de la relación que guardan los planes de formulación e implementacióncon los derechos de las víctimas, el enfoque diferenci<strong>al</strong> y la perspectiva de género.1.1. Comité de Coordinación Interinstitucion<strong>al</strong> de Justicia y PazDentro <strong>del</strong> escenario <strong>del</strong> Comité Interinstitucion<strong>al</strong> de Justicia y Paz, coordinado porel Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, se conformaron varios subcomités encaminados aorganizar la gestión estat<strong>al</strong> en materia de víctimas, desde los procesos de atención integr<strong>al</strong>y protección de las víctimas hasta los Sistemas de Información Interinstitucion<strong>al</strong>.En cuanto <strong>al</strong> escenario <strong>del</strong> Subcomité de Atención Interinstitucion<strong>al</strong> <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hace parte, en el año 2008 se logró consolidar el Mo<strong>del</strong>o de AtenciónInterinstitucion<strong>al</strong>, que pone en marcha una estrategia de atención interinstitucion<strong>al</strong> a lasvíctimas para satisfacer sus demandas y requerimientos en el ejercicio de sus derechosa la verdad, justicia y reparación, el cu<strong>al</strong> pueda lograr la articulación interinstitucion<strong>al</strong>adecuada para desarrollar la asesoría y asistencia integr<strong>al</strong> a las víctimas en el ámbitonacion<strong>al</strong> y region<strong>al</strong>. Este mo<strong>del</strong>o ha iniciado su proceso metodológico de apropiación enlas ciudades de Me<strong>del</strong>lín, V<strong>al</strong>ledupar, Bucaramanga y Santa Marta, y se espera que en el2009 se encuentre en operación.Con respecto <strong>al</strong> Subcomité de Protección a Víctimas y Testigos, en el año 2008 se apoyóla elaboración <strong>del</strong> protocolo de protección de víctimas y testigos, el cu<strong>al</strong> fue difundido enlas regiones <strong>del</strong> país a través de capacitaciones re<strong>al</strong>izadas a los funcionarios y víctimaspor parte <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, Dirección de Derechos Humanos de laVicepresidencia de la República, Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación y la Policía Nacion<strong>al</strong>. Asímismo, contribuimos a la actu<strong>al</strong>ización de las variables <strong>del</strong> mapa de riesgo. Además, laentidad como parte <strong>del</strong> subcomité de segunda instancia de las decisiones adoptadas porel Grupo Técnico de Ev<strong>al</strong>uación de Riesgo, ayudó a resolver los recursos de apelacióninterpuestos por las víctimas no conformes con las decisiones sobre las medidas y mediosprotectivos. Fin<strong>al</strong>mente, se participó en el rediseño <strong>del</strong> programa de protección, de acuerdocon las disposiciones señ<strong>al</strong>adas en la Sentencia T-496 <strong>del</strong> 2008 de la Corte Constitucion<strong>al</strong>.Sobre la ejecución <strong>del</strong> Sistema de Información Interinstitucion<strong>al</strong> cabe res<strong>al</strong>tar el trabajotorno a los procesos de atención integr<strong>al</strong>, administración de bienes y el proceso judici<strong>al</strong>.1.2. Comisión Nacion<strong>al</strong> de Reparación y Reconciliación-CNRREn el escenario de esta instancia mixta conformada por instituciones <strong>del</strong> Gobiernonacion<strong>al</strong>, el Ministerio Público y representantes de la sociedad civil, la Defensoría comoparte de la misma participó en diversos temas y asuntos relacionados con el desarrollo de
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>233los mandatos conferidos a este organismo. En particular, en aquellos temas estratégicoscon presencia importante por parte de la Unidad de Atención a Víctimas.1.2.1. Programa de Restitución de Bienes- Comité Técnico Especi<strong>al</strong>izadoLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a través de la Unidad de Atención a Víctimas, ha participadoen las sesiones <strong>del</strong> Comité Técnico Especi<strong>al</strong>izado, órgano creado en virtud <strong>del</strong> artículo 6<strong>del</strong> Decreto No. 176 de 2008, cuya tarea princip<strong>al</strong> es la de apoyar técnicamente a la CNRRSi bien es cierto que de acuerdo con lo previsto en el artículo 6 <strong>del</strong> decreto antesmencionado, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> no hace parte <strong>del</strong> referido comité, la presencia yparticipación constante de nuestra entidad en los diversos escenarios referidos <strong>al</strong> tema dedespojo y bienes patrimoni<strong>al</strong>es y la frecuente preocupación por el tema desde el seno <strong>del</strong>a CNRR motivó la invitación de la Defensoría como miembro permanente <strong>del</strong> Comité.Aunado a lo anterior, la entidad desarrolló una consultoría apoyada por USAID-MSD,mediante la cu<strong>al</strong> se obtuvo una propuesta de ruta defensori<strong>al</strong> en el proceso de asesoría par<strong>al</strong>a reclamación de bienes patrimoni<strong>al</strong>es, y recomendaciones en torno <strong>al</strong> <strong>al</strong>cance <strong>del</strong> derechoa la restitución de tierras y bienes patrimoni<strong>al</strong>es.el tema de bienes tiene que ver con la elaboración y puesta a consideración de la plenariade la CNRR <strong>del</strong> documento: “Aporte para la estructura y componentes <strong>del</strong> Programa deRestitución de Bienes a las Víctimas de la Violencia en Colombia”.Este documento elaborado por el Comité como uno de los insumos indispensablespara la ejecución de las tareas que desempeñaran las Comisiones Region<strong>al</strong>es de Restituciónde Bienes, contiene y sugiere la estructura gener<strong>al</strong> y los componentes <strong>del</strong> Programa deRestitución de Bienes.Dentro de la estructura <strong>del</strong> documento se desarrollaron trece componentes quedescriben los princip<strong>al</strong>es requerimientos considerados indispensables dentro <strong>del</strong> procesode reparación integr<strong>al</strong> a las víctimas; para que dicha reparación sea contemplada no solodesde el ámbito de la restitución de bienes, como la princip<strong>al</strong> medida de reparación respecto<strong>del</strong> despojo de bienes, sino desde otras medidas como la indemnización.En la etapa preparatoria <strong>del</strong> documento, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> contribuyó con lasobservaciones jurídicas que consideró pertinentes en aras de s<strong>al</strong>vaguardar el derecho a lareparación integr<strong>al</strong> de las víctimas. Algunas de estas fueron acogidas tot<strong>al</strong> o parci<strong>al</strong>mente,pero se insiste en <strong>al</strong>gunos temas fundament<strong>al</strong>es que aún no han sido tomados en cuenta paraprograma, la entidad coordinadora, y el proceso de articulación territori<strong>al</strong>; la necesidadde asegurar la coherencia <strong>del</strong> programa propuesto con el artículo 72 de la enmienda <strong>al</strong>Proyecto de Ley 044 de 2008, para garantizar a las víctimas la recuperación y restitución ocompensación de sus bienes despojados; mayor énfasis en los procesos de participaciónsoci<strong>al</strong>, como mecanismo que v<strong>al</strong>ide la información brindada por las víctimas sobre quéel manejo de la información relativa a los bienes. Fin<strong>al</strong>mente, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>
234 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>considera que para evitar contradicciones entre la legislación existente y la futura comorestitución de bienes y tierras.1.2.2. Programa de Reparación Vía Administrativa - Comité deReparaciones AdministrativasMediante el Decreto N° 1290 de 2008, el Gobierno Nacion<strong>al</strong> estableció elPrograma de Reparación Individu<strong>al</strong> por Vía Administrativa para las víctimas de losmedidas de reparación individu<strong>al</strong> a favor de las personas que hayan sufrido violaciónen sus derechos fundament<strong>al</strong>es, en concordancia con lo señ<strong>al</strong>ado en el ordin<strong>al</strong> 2° <strong>del</strong>artículo 1° de la Ley 975 de 2005.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en virtud <strong>del</strong> artículo 34 de la Ley 975, brinda asistenciaPara t<strong>al</strong> efecto, la Gestión Defensori<strong>al</strong> para el acceso <strong>al</strong> Programa de Reparación Individu<strong>al</strong> VíaAdministrativa ha consistido en: orientar leg<strong>al</strong>mente sobre el <strong>al</strong>cance <strong>del</strong> programa enrelación con los derechos de las víctimas enunciados en el Decreto N° 1290 de 2008;apoyar el diligenciamiento <strong>del</strong> formulario elaborado para t<strong>al</strong> efecto, y revisarlo y enviarlo aAcción Soci<strong>al</strong>, y darle seguimiento <strong>al</strong> proceso. Desde la fecha en que se puso en marcha elprograma, la entidad ha orientado a 26.251 víctimas.Además, la institución, como parte <strong>del</strong> Comité de Reparaciones, ha venido interviniendoen las sesiones a<strong>del</strong>antadas, entre otras tareas, para aprobar el formulario de solicitud dereparación administrativa y establecer los criterios de gradu<strong>al</strong>idad para las reparaciones.1.2.3. Programa de Reparaciones ColectivasLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> participó en un Comité Ad-hoc sobre reparaciones colectivas,diez casos, a título de plan piloto, de reparaciones colectivas, cuyas observaciones <strong>al</strong>proceso se resumen en las siguientes:1. Proceso cuidadoso y respetuoso para abordar a las comunidades <strong>del</strong> plan pilotode reparaciones colectivas, entendiéndose este por fases, la primera exploratoria yla segunda de negociación y búsqueda de acuerdos. Fin<strong>al</strong>izada la primera fase, sedesarrollará el proceso de diagnóstico.2. Determinar los tiempos teniendo en cuenta que puedan generar rupturasinnecesarias de los procesos y, en consecuencia, costos políticos.3. y administrativos.4. La seguridad sigue siendo un tema que merece la debida atención para evitar o, <strong>al</strong>menos disminuir la repetición de hechos de violencia.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2355. recursos en el marco de sus funciones orientadas a la reparación.1.3. Proyecto de Ley de Víctimas (157 Senado y 044 Cámara)en trámite en el <strong>Congreso</strong> de la RepúblicaLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, como garante de los derechos humanos de la poblaciónre<strong>al</strong>izados en el <strong>Congreso</strong> de la República en los cu<strong>al</strong>es se discutió el Proyecto de Ley157 de 2007, “por la cu<strong>al</strong> se dictan medidas de protección a las víctimas de violacionesde la legislación pen<strong>al</strong>, de normas internacion<strong>al</strong>es de Derechos Humanos y <strong>del</strong> DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario perpetradas por grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley”. Asímismo, acompañó <strong>al</strong> ente legislativo a las audiencias de soci<strong>al</strong>ización de este proyectocelebradas con las víctimas en diferentes regiones <strong>del</strong> país.En este orden de ideas, la institución elaboró un documento sobre las observacionesque se consideraron necesarias para el efectivo goce de los derechos de las víctimas <strong>al</strong>a verdad, justicia y reparación, teniendo en cuenta los estándares internacion<strong>al</strong>es sobrela reparación integr<strong>al</strong> de las víctimas, t<strong>al</strong>es como el principio de la buena fe, el derecho a l<strong>al</strong>a concurrencia de violaciones y medidas de satisfacción.1.4. La atención defensori<strong>al</strong> especi<strong>al</strong>izada y el acceso <strong>al</strong>a justicia de las víctimasLa Unidad Especi<strong>al</strong>izada de Atención a Víctimas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en sutarea de fort<strong>al</strong>ecer la estrategia psicojurídica implementada para la atención integr<strong>al</strong> a lasorientación, asesoría y asistencia a las víctimas, mejorando sus procesos operativos.Para ello, a partir de una ev<strong>al</strong>uación sobre el avance, logros y efectos de la aplicaciónde la estrategia de orientación psicojurídica, se produjeron cambios en la guía y en losprocedimientos re<strong>al</strong>izados, para adecuarlos a las condiciones re<strong>al</strong>es en que se inserta laintervención y a las necesidades y participación de la población objetivo. La ruta actu<strong>al</strong>izadaconsigna las consideraciones acerca <strong>del</strong> trabajo con la persona víctima y el papel de losfuncionarios en el proceso de orientación.Durante el año 2008, la institución amplió la cobertura con el propósito de lograr elfort<strong>al</strong>ecimiento de la estrategia, incrementando los equipos de atención psicojurídica en lasDefensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es de Antioquia, Urabá, Atlántico, Magd<strong>al</strong>ena, Bolívar,Guajira, Sucre, Córdoba, Cesar, Santander, Magd<strong>al</strong>ena Medio, Norte de Santander, Meta,Caquetá, Nariño y Bogotá. En estas ciudades los equipos fueron entrenados y capacitadosen la metodología de la ruta psicojurídica, mediante eventos de inducción, actu<strong>al</strong>izacióny seguimiento. Adicion<strong>al</strong>mente, los equipos se desplazaron fuera de las ciudades capit<strong>al</strong>espara re<strong>al</strong>izar actividades de carácter grup<strong>al</strong> mediante t<strong>al</strong>leres psicojurídicos como sedescribe más a<strong>del</strong>ante. Es de anotar que en aquellas defensorías en donde no se cuenta
236 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>con las duplas especi<strong>al</strong>izadas para este proceso de intervención, los funcionarios han sidocapacitados para t<strong>al</strong> efecto.El resultado cuantitativo de la implementación de la estrategia psicojurídica para el año2008, con datos aproximados en la orientación individu<strong>al</strong>izada, arroja que más de 38.360víctimas, directas e indirectas, han recibido de la entidad información y asesoría jurídica entorno a la reclamación de sus derechos a la verdad, justicia y reparación.De otro lado, la enorme concurrencia de personas que demandan los servicios deesta entidad demostró la necesidad de ampliar y mejorar la aplicación de la estrategiapsicojurídica. Por ello, con el apoyo de la Embajada Re<strong>al</strong> de los Países bajos y de laVicepresidencia de la República, a través <strong>del</strong> Programa de Lucha contra la Impunidad,desde el mes de junio de 2008 se logró la incorporación <strong>al</strong> equipo de la Unidad de Atencióna Víctimas, un grupo de 11 profesion<strong>al</strong>es entre abogados y psicólogos para a<strong>del</strong>antar laimplementación de la estrategia psicojurídica las Region<strong>al</strong>es de Nariño, Meta, Urabá,Atlántico, Cesar y Magd<strong>al</strong>ena.y psicosoci<strong>al</strong> dirigidos a las víctimas de violaciones a los DD.HH. y <strong>al</strong> DIH, se ajustaronlas herramientas, la metodología, se profundizaron los conceptos en que está basada laestrategia psicojurídica y se brindó la respectiva capacitación a los profesion<strong>al</strong>es que operanla estrategia para que la apliquen introduciendo los ajustes correspondientes.El Cuadro No. 1 describe el resultado <strong>del</strong> proyecto en estas seis (6) regiones <strong>del</strong> país.Cuadro 1Aplicación de la estrategia psicojurídicaen 6 Region<strong>al</strong>es de junio a diciembre de 2008DESCRIPCIÓNTOTALNúmero de personas atendidas en el período de manera individu<strong>al</strong> 8.296Número de personas atendidas en el período de manera grup<strong>al</strong> 9.167Tot<strong>al</strong> de personas atendidas en el período 17.463Número de casos identificados que requieren de especi<strong>al</strong> atención 224Número de visitas domiciliarias re<strong>al</strong>izadas 163Número de jornadas psicojurídicas re<strong>al</strong>izadas en el período 160Número de personas vinculadas a grupos de apoyo 763Número de grupos de apoyo conformados por tipo de población 106Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Unidad de Atención a Víctimas. 2008.1.5. Orientación y asesoría sobre el proceso de justicia y paz1.5.1. Acciones de orientación y asesoría individu<strong>al</strong>Asesoría jurídica: Este tipo de asesoría se centra en el apoyo a las víctimas en lossiguientes aspectos:
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>237Información sobre trámites y procedimientos para reclamar derechos a la verdad,justicia y reparación.Información y apoyo para la recopilación de la documentación requerida paraprobar las afectaciones por haber sido víctima directa o probar el parentesco oFacilitar registro en la Unidad de Justicia y Paz de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Naciónpara la vía judici<strong>al</strong> y en Acción Soci<strong>al</strong> en casos de reparación por vía administrativa,mediante el diligenciamiento y la remisión de los formularios respectivos.las víctimas.poder necesarios para posibilitar la asignación de un representante judici<strong>al</strong>.Ev<strong>al</strong>uación de riesgo y prioridad para su protección person<strong>al</strong>.Orientación sobre el proceso de reclamación en materia de bienes patrimoni<strong>al</strong>es;entre otros.Orientación psicosoci<strong>al</strong>necesidades esenci<strong>al</strong>es: acompañar el trabajo <strong>del</strong> abogado en la información y trámitescorrespondientes y contener reacciones emocion<strong>al</strong>es adversas, facilitar las expresionesde dolor, angustia, desesperación, tristeza e impotencia y empoderar a la víctima de suspotenci<strong>al</strong>idades en los procesos de exigibilidad de sus derechos.En t<strong>al</strong> sentido el trabajo <strong>del</strong> psicólogo se centra en las siguientes actividades: La entrevista en profundidad para explorar las afectaciones y posibles opciones dereparación (compartida con el abogado). Acompañada de las técnicas de entrevistaque facilitan los relatos y expresión de necesidades. Las recomendaciones pertinentes dependiendo de las afectaciones sufridas por lasvictimas y el estado de vulnerabilidad particular para afrontar los procedimientospor venir. Las diferentes rutas y la normativa que cobija a los diferentes grupos vulnerablesen el acceso a sus derechos. El apoyo a la víctima en la comprensión de trámites y procedimientos que elabogado explicite. La información y remisión sobre entidades que pueden apoyar la restitución de susderechos. La intervención en crisis, en caso de ser necesaria, ante <strong>al</strong>guna eventu<strong>al</strong>idad endesarrollo <strong>del</strong> proceso de orientación.
238 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.6. Logros <strong>del</strong> proceso de asistencia, asesoría y orientacióndefensori<strong>al</strong>El desarrollo de la estrategia psicojurídica en el último año ha permitido a laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> posicionarse en ciertos temas y espacios que v<strong>al</strong>idan laimportancia de la implementación de un mo<strong>del</strong>o novedoso de orientación que marcaimportantes avances con respecto <strong>al</strong> derecho que las víctimas tienen de participartanto en el proceso judici<strong>al</strong> como en el de reparación por vía administrativa; en laorientación, coordinación interinstitucion<strong>al</strong>, atención sobre condiciones particularesde vulnerabilidad, abordaje de las víctimas como sujetos activos de su proceso yacciones de acompañamiento especi<strong>al</strong>.a. atención defensori<strong>al</strong>; acuden sin temor a expresar lo sucedido, con la esperanzade sentirse acompañados en sus intereses por una institución que consideran ágil,Perciben como positivo e importante el que en la atención psicojurídica seanrecibidos y atendidos por un psicólogo y un abogado, en tanto que evidencian quepara la entidad es fundament<strong>al</strong> dejar de presente para su representación judici<strong>al</strong> ysu participación por vía administrativa todos los daños materi<strong>al</strong>es e inmateri<strong>al</strong>es(psicológicos y emocion<strong>al</strong>es) que han padecido por causa de las acciones <strong>del</strong>ictivasde los grupos armados organizados <strong>al</strong> margen de la ley. A lo que puede sumarseambiente apropiado de resp<strong>al</strong>do en la exigencia de sus derechos.b. El concurso de profesion<strong>al</strong>es en derecho y psicologíahace que el proceso de orientación sea percibido por las víctimas como especi<strong>al</strong>,en tanto que sus conocimientos, experiencia y sensibilidad particular contribuyena facilitar los relatos de las víctimas, evidenciar los daños ocasionados a ellas y aempoderarlas de sus derechos.c. Percepción reparadora <strong>del</strong> proceso de orientación: Para la Defensoría ha sidomuy importante comprobar la satisfacción de las víctimas orientadas en razón <strong>al</strong> tratodigno y humano que se garantiza mediante la intervención de las duplas psicólogo– abogado, quienes han sido capacitados y sensibilizados sobre cómo procurar a losusuarios el acompañamiento a sus necesidades e intereses, facilitando un proceso quese perciba como reparador desde sus inicios y dejando de presente la responsabilidadde la entidad en los procesos de reparación integr<strong>al</strong> que se a<strong>del</strong>anten.que, tanto en contenido como en forma, garantizan hoy la atención más adecuadapara las necesidades expresadas por las víctimas y la estimulación a la participaciónen el proceso judici<strong>al</strong> en el que los derechos a la verdad y a la justicia son partefundament<strong>al</strong> entre las necesidades que expresan las víctimas.d. Coordinación interinstitucion<strong>al</strong>: En conjunto con otras entidades yorganizaciones como la CNRR, la MAPP-OEA, la Fisc<strong>al</strong>ía (CTI), ACNUR, AcciónSoci<strong>al</strong>-UAO, ONG, organizaciones de víctimas, las redes de atención a víctimas,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>239universidades, personerías municip<strong>al</strong>es, Policía Nacion<strong>al</strong>, entre otras; la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha establecido agendas de trabajo conjunto en municipios, veredas ycorregimientos para desarrollar diferentes objetivos:Jornadas con víctimas para la explicación de sus derechos y de las rutasprocediment<strong>al</strong>es tanto judici<strong>al</strong>es como administrativas.Facilitación de espacios de encuentro entre las víctimas y sus representantesjudici<strong>al</strong>es y la respectiva recolección document<strong>al</strong>.Reuniones de reconocimiento de las competencias institucion<strong>al</strong>es, entre ellas lasfunciones de las duplas de orientación y de los defensores públicos (como lost<strong>al</strong>leres y charlas sobre el papel <strong>del</strong> defensor público en departamentos comoCórdoba y Bolívar).Coordinación para la intervención en programas radi<strong>al</strong>es de difusión <strong>del</strong>os derechos de las víctimas y las rutas de acceso a los procesos judici<strong>al</strong> yadministrativo.Coordinación para remisiones en casos de requerir servicios especi<strong>al</strong>izados.Jornadas de capacitación a funcionarios públicos sobre la aplicación de laruta de Justicia y Paz, la ruta de Protección a Víctimas y Testigos y otras rutasrelacionadas. Jornada de sensibilización sobre la orientación de víctimas y aproximación aellas con diferentes entidades. Brigadas jurídicas en acompañamiento con la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación <strong>al</strong>a entrega de tierras. Asistencia y acompañamiento a las víctimas en audiencias de versión libre.e. Atención sobre condiciones particulares de vulnerabilidad: Mediante laestrategia psicojurídica, también ha sido posible <strong>al</strong>canzar grupos de poblaciónvulnerable como son las mujeres madres cabeza de hogar que en su mayoríaconstituyen el conjunto de víctimas de la violencia sociopolítica en Colombia, yasea por acciones directas como indirectas. Para estas mujeres el sentir que hoyen día la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> concentra su atención en ellas, las hace sentirseimportantes y empoderadas para participar en estos procesos y exigir sus derechosy los de sus familias.Otro aspecto fundament<strong>al</strong> ha resultado la orientación comprensible y ajustada <strong>al</strong>nivel de escolaridad de la población. Así, ha sido posible que personas an<strong>al</strong>fabetaso con baja escolaridad puedan acceder <strong>al</strong> proceso de orientación con la seguridadde que se les garantice la información más completa posible y cuantas veces seanecesario proveerla. En esta labor ha sido esenci<strong>al</strong> el uso de los medios informativosimpresos que la entidad ha producido en los últimos años.En consideración a la condición de discapacidad de <strong>al</strong>gunos usuarios, losprofesion<strong>al</strong>es que orientan ajustan sus procesos en lugares de fácil acceso, ya
240 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>consideración a la imposibilidad de traslado de <strong>al</strong>gunas víctimas a la entidad porrazones de s<strong>al</strong>ud física o ment<strong>al</strong>.Las jornadas grup<strong>al</strong>es en diferentes municipios <strong>del</strong> país a través de jornadas derecolección de documentación, t<strong>al</strong>leres de orientación psicojurídica o visitasdomiciliarias han facilitado a más personas acceder a los procesos judici<strong>al</strong>es yadministrativos que procurar su reparación integr<strong>al</strong>. Así, personas que no cuentancon los recursos económicos para trasladarse, encuentran en estas actividadesoportunidades importantes de ser informadas y registradas.f. Abordaje de las víctimas como sujetos activos de su proceso: Mediante ladirección hacia el empoderamiento y la proactividad, la orientación de las víctimasha tenido como un principio rector fomentar sus derechos, intentando siemprecrear conciencia para que la persona asesorada sea un sujeto proactivo que no sóloconozca sus derechos sino que los ejerza y reclame.g. Remisión a centros de atención psicológica: Cuando ha sido necesario,los psicólogos de las distintas sedes <strong>del</strong> país han remitido a <strong>al</strong>gunas víctimasorientadas en la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para ser atendidas psicológicamente porafectaciones considerables que deben trascender en intervenciones terapéuticaspsicológicas o médicas a instituciones como Médicos sin fronteras (Sucre),AVRE (Bogotá), Hospit<strong>al</strong>es Santa Clara y Engativá (Bogotá) y AsociaciónAfecto (Bogotá), etc.1.7. Acciones de orientación especi<strong>al</strong>izada grup<strong>al</strong> en el marcode justicia y pazT<strong>al</strong>leres de orientación psicojurídicaEn el marco de la promoción de los derechos de las víctimas, la entidad puso enmarcha acciones encaminadas a lograr la vinculación activa de las víctimas a partir <strong>del</strong>disponibles, de modo que a través de esta participación puedan empoderarse como sujetosde derecho, y hacer visible su verdad.La orientación psicojurídica es desarrollada en las sedes region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es <strong>del</strong>a entidad en numerosos departamentos <strong>del</strong> país; no obstante, son muchos los casosen los cu<strong>al</strong>es las víctimas no tienen la posibilidad de acercarse a las inst<strong>al</strong>aciones de laDefensoría en la capit<strong>al</strong> de departamento; así, la estrategia psicojurídica se ha extendido ensu desarrollo a <strong>al</strong>gunos municipios mediante t<strong>al</strong>leres de orientación.Estos t<strong>al</strong>leres se desarrollaron durante el 2008 en aquellos municipios, veredas yvíctimas de los grupos armados organizados <strong>al</strong> margen de la ley. En el 2008, se a<strong>del</strong>antaron203 t<strong>al</strong>leres en 81 municipios de 12 departamentos, a los cu<strong>al</strong>es estuvieron vinculadas11.627 personas en su condición de víctimas.Las temáticas jurídicas a<strong>del</strong>antadas en esta metodología variaron, dependiendo <strong>del</strong>estado de avance de los casos denunciados por las víctimas en los diferentes procesos y
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>241oscilaron entre metodologías de abordaje desde el conocimiento de los derechos, las rutasjudici<strong>al</strong>es y administrativas, hasta la orientación sobre las diferentes etapas proces<strong>al</strong>es yrequerimientos document<strong>al</strong>es.El abordaje psicosoci<strong>al</strong> en el desarrollo de los t<strong>al</strong>leres, independientemente <strong>del</strong> gradode avance de cada caso, se centró en la promoción <strong>del</strong> reconocimiento por parte de laspropios de afrontamiento psicosoci<strong>al</strong> ante posibles nuevas afectaciones ocasionadas enel marco de los procesos judici<strong>al</strong>es y administrativos; recomendaciones de abordaje <strong>del</strong>as afectaciones psicosoci<strong>al</strong>es ocasionadas por el hecho violento, con énfasis en los niñosy las mujeres; la promoción de la recuperación de los proyectos vit<strong>al</strong>es que permitan lasuperación de los efectos de la violencia, etc.Además de lo anterior, la entidad implementó una estrategia novedosa, encaminada aconformar grupos de apoyo, los cu<strong>al</strong>es se constituyen teniendo en cuenta las característicasy condiciones comunes de las personas participantes y en donde se desarrollan temáticastambién comunes, que generan un ambiente acogedor para que dentro <strong>del</strong> grupo segestionen los recursos de los miembros con el objeto de afrontar las situaciones que sesienten amenazantes o que los afectan.La pertenencia a estos grupos proporciona nuevos lazos y relaciones soci<strong>al</strong>es a suspsicosoci<strong>al</strong>es mediante la interacción con personas que tienen problemas, carencias y/oexperiencias comunes.Los encuentros de víctimas, es decir, aquellas reuniones a las que asiste un gran númerode víctimas inmersas en el proceso de justicia y paz, en la que exponen sus inquietudesante representantes de diversas entidades loc<strong>al</strong>es, region<strong>al</strong>es y nacion<strong>al</strong>es para lograr unarespuesta o solución a sus demandas, fue otra metodología dirigida a acercar la entidad a lasvíctimas para promover la participación efectiva de las mismas en los procesos judici<strong>al</strong>es oadministrativos que permitan la re<strong>al</strong>ización de sus derechos vulnerados.Fin<strong>al</strong>mente, con las organizaciones de víctimas, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> también logróprocesos de acercamiento y orientación a asociaciones como ASOVICON 2 , Asociación deMontes de María, Asociación de Mujeres Tejedoras de Paz y Asociación de Desplazadosde Coroz<strong>al</strong> de los departamentos de Bolívar y Sucre.1.7.1. Asesoría y asistencia jurídica sobre el programa de reparaciónindividu<strong>al</strong> por vía administrativaA partir de la expedición <strong>del</strong> Decreto 1290 de 2008 sobre el acceso de las víctimas <strong>al</strong>Programa Individu<strong>al</strong> de Reparación por Vía Administrativa, a la entidad se le asignaronnuevos roles en cuanto a la orientación y asesoría a las víctimas (artículo 34), para lo cu<strong>al</strong> seintrodujo un nuevo componente en la estrategia, que facilitara la gestión defensori<strong>al</strong> parael acceso <strong>al</strong> programa de reparación por esta vía, lo cu<strong>al</strong> permitió re<strong>al</strong>izar la orientacióny atención person<strong>al</strong>izada a 26.251 individuos en el periodo comprendido entre agosto ydiciembre <strong>del</strong> 2008. Ver cuadro No. 2.
242 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Cuadro No. 2Información de orientación y atención brindada por Defensorías Region<strong>al</strong>es.Decreto 1290 de 2008 (Reparación individu<strong>al</strong> por vía administrativa).Region<strong>al</strong>/Seccion<strong>al</strong> Número de orientadasNúmero dediligenciadasAntioquia 13.185 13.185Atlántico 1.576 1.576Arauca 294 294Bogotá 1.042 1.042Bolívar 218 218Boyacá 14 14C<strong>al</strong>das 28 28Cesar 1.634 1.400Caquetá 706 697Córdoba 290 290Cauca 100 99Casanare 42 42Chocó 460 460Cundinamarca 55 55Guajira 116 116Guainía 27 27Huila 54 42Magd<strong>al</strong>ena 2.149 2.132Magd<strong>al</strong>ena Medio 1.036 1.036Meta 347 283Nariño 270 133Norte de Santander 247 247Putumayo 28 28Quindío 107 107Risar<strong>al</strong>da 45 37Santander 149 149Sucre 1.052 1.036Urabá 690 451Tolima 208 208V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca 82 82Vichada 0 0TOTAL 26.251 25.514Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Coordinación de Justicia y Paz. 2008.Así mismo, se re<strong>al</strong>izaron en los municipios diferentes jornadas de capacitación y apoyoen el diligenciamiento <strong>del</strong> formulario con acompañamiento de la CNRR, Procuraduría,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>243Personería, Acción Soci<strong>al</strong> y Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en casos de Putumayo, Magd<strong>al</strong>ena,Atlántico y Nariño.También se a<strong>del</strong>antaron reuniones de coordinación interinstitucion<strong>al</strong> en las regionesante el gran volumen de víctimas que acudió a las inst<strong>al</strong>aciones de las institucionesencargadas de a<strong>del</strong>antar el trámite.Con el propósito de fort<strong>al</strong>ecer la capacidad de los personeros municip<strong>al</strong>es sobre eltema de reparación por vía administrativa, se han venido a<strong>del</strong>antando capacitaciones <strong>al</strong>respecto.No obstante, el trabajo de articulación institucion<strong>al</strong> que se viene re<strong>al</strong>izando, se han radicación <strong>del</strong> formato de reparación por vía administrativa, por cuanto el acceso <strong>al</strong> procesose basa en la radicación cronológica de la documentación respectiva, aún no es claro elprocedimiento de entrega de la indemnización solidaria, las víctimas desconocen cómo sevan a reconocer las otras medidas de reparación de la población desplazada enunciadas enentrega de las medidas de reparación enunciadas en el decreto.1.7.2. Proceso de sustanciación y acompañamiento psicológicoen el ámbito judici<strong>al</strong>Como un complemento a la estrategia psicojurídica, con el apoyo <strong>del</strong> Programa depuesto en marcha un componente adicion<strong>al</strong> a los anteriormente mencionados, consistenteen adecuar la acción de acopio y sustanciación document<strong>al</strong> como apoyo <strong>al</strong> procedimientode representación judici<strong>al</strong>, para lo cu<strong>al</strong>, en las region<strong>al</strong>es donde operan los tribun<strong>al</strong>es dejusticia y paz, existen abogados entrenados para apoyar la estructuración document<strong>al</strong> <strong>del</strong>os casos en perspectiva de las pretensiones de reparación que se van a presentar en la etapa<strong>del</strong> juicio cuando tenga lugar el incidente de reparación.Con el proceso de sustanciación, se busca articular la fase de orientación psicojurídicay el proceso de representación judici<strong>al</strong>, facilitar la oportuna acreditación sumaria a lasvíctimas dentro <strong>del</strong> proceso de justicia y paz, optimizar el proceso de representaciónjudici<strong>al</strong> mediante el soporte document<strong>al</strong> de los daños materi<strong>al</strong>es y/o sicológicos por loscu<strong>al</strong>es se considera la víctima, y apoyar la búsqueda y consecución de documentos quesirvan de soporte en la reclamación de la reparación. El resultado de esta nueva acción esun protocolo de sustanciación que facilite la construcción jurídica <strong>del</strong> caso, para establecerlas circunstancias o situaciones que inducen <strong>al</strong> solicitante a plantear su condición dereparar.De otro lado, dado las afectaciones emocion<strong>al</strong>es que viven las víctimas cuandoparticipan de manera directa en los procesos de justicia y paz, se ha impulsado también unaestrategia encaminada a acompañar psicosoci<strong>al</strong>mente a las víctimas en el ámbito judici<strong>al</strong>,para lo cu<strong>al</strong> se está diseñando un protocolo que indica los pasos que se debe seguir en los
244 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>procesos de versión y trasmisión de la etapa proces<strong>al</strong>, que en este momento se centran enlas versiones libres.El acompañamiento psicológico que se a<strong>del</strong>antará antes de la re<strong>al</strong>ización de lasaudiencias previas, permitirá espacios para facilitar a las víctimas la expresión deestas pueda entenderlos y manejarlos. Igu<strong>al</strong>mente, durante la audiencia se busca acompañaremocion<strong>al</strong>mente a las víctimas, prestando atención a cu<strong>al</strong>quier situación de ansiedad, temoro nerviosismo, favoreciendo su verb<strong>al</strong>ización. Después de la audiencia, se les brindará apoyopara la contención de su estado emocion<strong>al</strong> person<strong>al</strong>, luego de la asistencia a la audiencia“elaborar” lo ocurrido.En desarrollo de este propósito, que se inició desde la segunda quincena <strong>del</strong> mes denoviembre de 2008, se cuenta con un equipo de seis abogados sustanciadores ubicados enBucaramanga y Barranquilla, y dos sicólogos móviles.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>245INFORMES ANUALES ESPECIALESB. EL EJERCICIO DE LA MAGISTRATURA MORAL DEL DEFENSORDEL PUEBLO Y LA ATENCIÓN ESPECIALIZADAEl Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, como gestor de la política pública en materia de derechos humanos, con<strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong> y de los colombianos en el exterior y sus organizaciones. derechos humanos 3 .3 Resolución N°. 306 de 2005. Plan Estratégico de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> 2005 a 2010.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>247B.1. GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOSDERECHOS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA POR LAVIOLENCIA1.1. La magistratura mor<strong>al</strong> y la gestión defensori<strong>al</strong> en materia deatención <strong>al</strong> desplazamiento forzadoLa atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado se ha a<strong>del</strong>antado con base en las líneas de visiónprevistas en la Resolución Defensori<strong>al</strong> 306 de 2005.Se ha implementado la magistratura mor<strong>al</strong> a través de diferentes pronunciamientos yespacios buscando la guarda, protección, re<strong>al</strong>ización y restablecimiento de derechos y, <strong>al</strong>tiempo, fort<strong>al</strong>ecer a las instituciones <strong>del</strong> Estado colombiano. se ha desarrollado a través de la participación en losdiferentes escenarios de formulación de la política pública de atención <strong>al</strong> desplazamientoforzado; esto es, a través de las Mesas de Prevención y Protección, Mesa de AtenciónHumanitaria de Emergencia, Mesa de Estabilización y Mesa de Fort<strong>al</strong>ecimiento a lasOrganizaciones de Población Desplazada, tanto en el Consejo Nacion<strong>al</strong> de AtenciónIntegr<strong>al</strong> a la Población Desplazada como en los comités municip<strong>al</strong>es y departament<strong>al</strong>es deAtención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada. de Justicia se re<strong>al</strong>izó mediante la atención a las víctimas en las sedes, el acompañamiento a lascomunidades en riesgo, las misiones humanitarias, las visitas a las comunidades, las misionesComisión Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión de Derechos Humanosde las Organización de las Naciones Unidas. Sobre defensa de los derechos humanos se desarrollaron t<strong>al</strong>leres de formación orientados a la poblacióny también a los funcionarios. Fin<strong>al</strong>mente, sobre fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> se ha buscadoampliar el equipo de trabajo para apoyar a las defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es en sugestión. A lo largo <strong>del</strong> presente informe, en los acápites correspondientes, se desarrollarácada una de las líneas mencionadas.1.2. El desplazamiento forzadoEn el año 2008 se produjo la consolidación de la gestión defensori<strong>al</strong> frente <strong>al</strong> graveproblema de riesgo, expulsión, asentamiento y atención de víctimas de la migración forzada.
248 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Este proceso ha sido liderado por la Coordinación de Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado.Como parte de la gestión defensori<strong>al</strong> se encuentran la caracterización y diferenciación <strong>del</strong>as diferentes Defensorías Delegadas, Direcciones Nacion<strong>al</strong>es, Unidades de Coordinación,Defensorías Region<strong>al</strong>es, Defensorías Seccion<strong>al</strong>es y equipos en terreno para atender lasdinámicas <strong>del</strong> desplazamiento; reestructuración de esquemas de organización <strong>del</strong> trabajo, La atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado ha supuesto el desarrollo de acciones deprevención de eventos desplazadores; acciones de atención a las comunidades en riesgo yafectadas, que involucran acompañamiento, formación, asesoría, orientación y recepciónde quejas y peticiones; participación en espacios de formulación e implementación depolíticas públicas de atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado; mediación entre comunidadese instituciones respecto de medidas de prevención y protección; como también laformulación de informes, expedición de resoluciones, elaboración de comunicados deprensa y la re<strong>al</strong>ización de audiencias defensori<strong>al</strong>es en las que se promueven mediaciones ose hacen pronunciamientos sobre la protección o re<strong>al</strong>ización de derechos.El desplazamiento forzado ha estado afectando la niñez, la juventud, las mujeres,los adultos mayores, las comunidades indígenas, los afrodescendientes, los mestizos, lospobladores urbanos, los campesinos, funcionarios públicos, líderes, personas y comunidadesque se encuentran en zonas de riesgo de vulneración de derechos, lo que ha demandadoel diseño de estrategias de atención que permitan la visibilización de necesidades y efectosdiferenci<strong>al</strong>es. El fundamento de la gestión defensori<strong>al</strong> frente <strong>al</strong> desplazamiento forzado sedesprende de la obligación de protección prevista en la Constitución Política, que ademásde orientarse a la población, busca contribuir <strong>al</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento de la institucion<strong>al</strong>idaddemocrática <strong>del</strong> Estado Soci<strong>al</strong> de Derecho.Dado que el desplazamiento forzado es un crimen, la gestión defensori<strong>al</strong> se a<strong>del</strong>antacon víctimas, quienes llegan cargando en sus cuerpos y en sus <strong>al</strong>mas las acciones pocopiadosas y vulneradoras de los victimarios, que tan solo ven en las primeras un medio paragener<strong>al</strong>izada, donde imperan la fuerza y las acciones de confrontación armada, que enmuchas ocasiones no solo ponen en riesgo los derechos de la población que habita endichos lugares, sino que las acciones de fuerza se orientan explícitamente a vulnerarderechos y, de paso, desestabilizar instituciones.En este sentido, se puede señ<strong>al</strong>ar claramente que son zonas o contextos donde imperaun estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong>, dado que f<strong>al</strong>ta o se presenta una débil gobernabilidad, nola ley que determinan la vida soci<strong>al</strong> y económica de las comunidades. Aunque, el acceso,la comunicación y la conectividad con muchos de estos contextos es difícil y se requierenmedios de movilidad, comunicación y conectividad con los que no cuenta la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, las condiciones y situaciones de vulneración y puesta en riesgo de derechos,también se presenta en lugares poblados y grandes ciudades, incluidas las capit<strong>al</strong>es, lo quepermite, en estos casos, un mayor acercamiento.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>249El Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha advertido que el ejercicio, re<strong>al</strong>ización, protección, garantía deprotección, e incluso la restitución de los derechos, requieren acciones de acompañamientoy fort<strong>al</strong>ecimiento de largo <strong>al</strong>iento, que permitan fort<strong>al</strong>ecer o reconstruir el tejido soci<strong>al</strong> enAsí las cosas, la gestión defensori<strong>al</strong> respecto de la atención <strong>al</strong> desplazamiento forzadose ha venido a<strong>del</strong>antando con participación de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en su conjunto,empezando por el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, quien asiste como integrante a las sesiones <strong>del</strong>Consejo Nacion<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada (CNAIPD), atien<strong>del</strong>lamados e invitaciones <strong>del</strong> <strong>Congreso</strong> de la República, presenta informes a la CorteConstitucion<strong>al</strong> y orienta las posiciones institucion<strong>al</strong>es respecto <strong>del</strong> desplazamiento forzadoque se van a promover en las diferentes mesas de trabajo y en pronunciamientos públicos.Los defensores region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es participan de los Comités Departament<strong>al</strong>es yMunicip<strong>al</strong>es de Atención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada (CD/MAIPD), organizanla atención en la sede, lideran los equipos de terreno en coordinación con el equiponacion<strong>al</strong> de la Coordinación de Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado y llevan la posicióninstitucion<strong>al</strong> a los diferentes espacios region<strong>al</strong>es y loc<strong>al</strong>es. Entre tanto, la Coordinaciónde Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado en coordinación con las defensorías <strong>del</strong>egadas ydirecciones nacion<strong>al</strong>es orientan la atención y operación institucion<strong>al</strong>, así como contribuyen recursos y sistematización de la información.Las defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es atendieron a la población víctimizada a travésde servidores públicos (funcionarios, contratistas, defensores públicos), y en <strong>al</strong>gunos casoscon pasantes, en la toma de declaraciones, agotamiento de vías gubernativas, asesoría enla elaboración de derechos de petición, interposición de recursos y acciones judici<strong>al</strong>esy atención de peticiones y trámite de quejas. Igu<strong>al</strong>mente, participaron en los diferentesespacios de formulación e implementación de políticas públicas de prevención y atención,<strong>al</strong> desplazamiento forzado y de protección y estabilización socioeconómica de la poblacióndesplazada. También, implementaron actividades de formación y capacitación de lapoblación, y en <strong>al</strong>gunos casos de funcionarios públicos, respecto de los derechos de lapoblación víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado. Chocó, Guajira, Huila, Magd<strong>al</strong>ena, Magd<strong>al</strong>ena Medio, Meta, Nariño, Norte de Santander,Risar<strong>al</strong>da, Putumayo, Santander, Sucre, Tolima, Urabá y V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, la Coordinaciónde Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado ubicó a uno o varios profesion<strong>al</strong>es, dependiendode la gravedad de la situación tanto por la presencia de comunidades en riesgo dedesplazamiento, especi<strong>al</strong>mente indígenas y afrodescendientes, como por ser centro derecepción de comunidades o zona de cruce de fronteras.Por su parte, la Coordinación de Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado se integró conun Coordinador Nacion<strong>al</strong>, que dirigió la unidad, y cinco coordinadores region<strong>al</strong>es y deproyectos, quienes se encargaron de apoyar a los equipos en terreno. Igu<strong>al</strong>mente, con unprofesion<strong>al</strong> administrativo, tres asistentes y dos asesores de seguimiento y ev<strong>al</strong>uación deplanes y proyectos. El equipo de terreno se integró con 12 asesores region<strong>al</strong>es de atención <strong>al</strong>
250 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>desplazamiento forzado, 30 defensores comunitarios, cinco defensores comunitarios en zonade frontera, una coordinadora de la Casa de los Derechos en Altos de Cazucá, en Soacha.El equipo de la Coordinación de Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado, tanto elAlto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y, en el caso de losasesores region<strong>al</strong>es de atención <strong>al</strong> desplazamiento, con recursos de inversión provenientes<strong>del</strong> presupuesto nacion<strong>al</strong>. Los recursos de cooperación internacion<strong>al</strong> se administraron bajola dirección de la Secretaría Gener<strong>al</strong> y la Subdirección Administrativa y Financiera de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con la cooperación técnica de la agencia internacion<strong>al</strong> ConvenioFin<strong>al</strong>mente, la atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado se ha complementado a través deuna estrategia de intervención sobre comunidades en condiciones de vulnerabilidad o enriesgo de vulneración de derechos, implementada por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con laDirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación, a través <strong>del</strong> programa region<strong>al</strong>izado quedesarrolla su gestión a través de procesos de atención y formación en derechos humanosy en el derecho a la participación.1.3. El ejercicio de la magistratura mor<strong>al</strong> en materia dedesplazamiento forzadoLa situación de desplazamiento forzado demanda constantemente el pronunciamiento<strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Las complejidades articuladas <strong>al</strong>rededor de los eventos dedesplazamiento forzado, el uso posterior de los territorios abandonados, la situación de lascomunidades, la f<strong>al</strong>ta de acción institucion<strong>al</strong> y la f<strong>al</strong>ta de superación <strong>del</strong> mismo problema,llevan, constantemente a que el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> tenga que pronunciarse, impulsarcampañas dejar s<strong>al</strong>dos pedagógicos o llamar la atención sobre <strong>al</strong>gunas situaciones, entreotras medidas. Dado que esta potestad se materi<strong>al</strong>iza a través de resoluciones defensori<strong>al</strong>es,audiencias defensori<strong>al</strong>es, informes, e incluso intervenciones públicas, en materia dedesplazamiento forzado, se res<strong>al</strong>tan las siguientes:1.3.1. Resoluciones defensori<strong>al</strong>esEn el año 2008 se apoyó el seguimiento a las resoluciones defensori<strong>al</strong>es Nº 039 de 2005sobre “violación de los derechos humanos por siembra de p<strong>al</strong>ma africana en territorioscolectivos de Jiguamiandó y Curvaradó, Chocó; Nº 051 de diciembre de 2007 sobre “derechos053 de 2007 sobre la situación de las comunidades <strong>del</strong> pueblo Awa en el departamentode Nariño. Las acciones de seguimiento que se impulsaron, consistieron en reuniones conmiembros de las comunidades, visitas a las comunidades y sus territorios, y reuniones yrequerimientos con funcionarios públicos, a quienes se les solicitó la adopción de medidaspara el cumplimiento de las recomendaciones sugeridas en las resoluciones defensori<strong>al</strong>es.1.3.2. Audiencias defensori<strong>al</strong>esSe re<strong>al</strong>izaron audiencias defensori<strong>al</strong>es sobre la situación de las comunidades indígenasde la Sierra Nevada de Santa Marta y de las comunidades indígenas <strong>del</strong> municipio de
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>251Riosucio, C<strong>al</strong>das, sobre desplazamiento forzado y la situación de derechos humanos <strong>del</strong>as comunidades de la etnia Embera Chamí. Se hizo seguimiento, mediante audiencia, a lasrecomendaciones arrojadas en la audiencia defensori<strong>al</strong> re<strong>al</strong>izada en Neiva en el año 2007y; se a<strong>del</strong>antaron acciones de preparación de audiencias de seguimiento a las medidas deatención a la población víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado en el Noroccidente Antioqueño,Igu<strong>al</strong>mente, se coadyuvó la campaña No más niñez ni adolescencia reclutada en Soacha,Cundinamarca. En comunicados de prensa, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> señ<strong>al</strong>ó que se hacomprobado que niños y niñas han sido reclutados y utilizados ilícitamente por gruposarmados ileg<strong>al</strong>es en 27 de los 32 departamentos en Colombia, y que dicho reclutamientose efectuó cuando tenían entre cinco y 17 años de edad, siendo la edad promedio dereclutamiento de 12,8 años.1.3.2.1. Objetivos específicos de las audienciasEl desarrollo de las audiencias defensori<strong>al</strong>es se orientó a an<strong>al</strong>izar y a adoptar medidas conbase en la participación de comunidades e instituciones frente a situaciones de necesidad dere<strong>al</strong>ización y/o protección de derechos, y de riesgo o vulneración de los mismos, buscandodejar s<strong>al</strong>dos pedagógicos, tanto en las comunidades como en las instituciones.En los procesos de preparación de las audiencias defensori<strong>al</strong>es se a<strong>del</strong>antaronactividades orientadas a compilar información primaria a partir de reuniones y t<strong>al</strong>leres conlas comunidades y organizaciones de base y el desarrollo de misiones humanitarias, derespuesta gubernament<strong>al</strong>, t<strong>al</strong>leres de capacitación y ejercicios de fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>.Como objetivos de las audiencias defensori<strong>al</strong>es desarrolladas estaban la promoción <strong>del</strong>respeto y la protección de los derechos y el restablecimiento de los mismos con enfoquediferenci<strong>al</strong> para la población desplazada y en especi<strong>al</strong> para las comunidades indígenasy/o afrodescendientes; el seguimiento a los avances, estancamientos o retrocesos de laatención a población desplazada por parte de las instituciones <strong>del</strong> SNAIPD; la generaciónde espacios para la construcción de lo público entre las autoridades y las comunidades,a través <strong>del</strong> establecimiento de compromisos concretos que logren superar las causas yefectos <strong>del</strong> desplazamiento; y la generación de mecanismos de prevención y protecciónde derechos, en especi<strong>al</strong> de la niñez y la adolescencia, frente a los riesgos de reclutamientoforzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes.1.3.2.2. Lugares donde se re<strong>al</strong>izaron las audiencias defensori<strong>al</strong>esdurante el año 2008La relativa <strong>al</strong> desplazamiento forzado y la situación de derechos humanos <strong>del</strong>as comunidades de la etnia Embera Chamí se re<strong>al</strong>izó el 28 de marzo de 2008 enRiosucio, C<strong>al</strong>das.La que tuvo como objeto el desplazamiento forzado de los pueblos indígenas de laSierra Nevada de Santa Marta se llevó a cabo en el mes de junio de 2008 en la ciudad deSanta Marta.
252 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>La jornada de seguimiento a la implementación de las recomendaciones surgidas <strong>del</strong>a Audiencia Defensori<strong>al</strong> sobre Desplazamiento Forzado y Derechos Humanos en elDepartamento <strong>del</strong> Huila, re<strong>al</strong>izada en el año 2007, se efectuó en la ciudad de Neiva el 14de octubre de 2008.El lanzamiento de la campaña No más niñez ni adolescencia reclutada se re<strong>al</strong>izó en Soacha,Cundinamarca, el 29 de octubre de 2008.1.3.2.3. Participantes en las audiencias defensori<strong>al</strong>es loc<strong>al</strong>esEn Riosucio, C<strong>al</strong>das, participaron gobernadores y autoridades tradicion<strong>al</strong>es de lascomunidades indígenas pertenecientes a cinco resguardos, las directivas <strong>del</strong> CRIDEC, lael Secretario de Desarrollo e Integración Soci<strong>al</strong>, el Secretario de Asuntos Indígenas <strong>del</strong>a gobernación, la Secretaria de Educación <strong>del</strong> departamento, la Procuraduría Region<strong>al</strong> seccion<strong>al</strong>, el director loc<strong>al</strong> <strong>del</strong> DAS, el director loc<strong>al</strong> <strong>del</strong> CTI, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Region<strong>al</strong> de C<strong>al</strong>das y la defensora comunitaria de la zona.En Santa Marta participaron representantes de los ministerios <strong>del</strong> Medio Ambiente,Vivienda y Desarrollo Territori<strong>al</strong>, de Protección Soci<strong>al</strong>, de Agricultura y de Minas yEnergía, de las superintendencias de Servicios Públicos y de Notariado y Registro, deGener<strong>al</strong> de la República, de la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación, de la Dirección deParques Nacion<strong>al</strong>es Natur<strong>al</strong>es, <strong>del</strong> Programa Presidencia de Derechos Humanos y elDerecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario, de Acción Soci<strong>al</strong>, <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de Atencióna la Población Desplazada, <strong>del</strong> Instituto Colombiano de Desarrollo Rur<strong>al</strong> (Incoder), <strong>del</strong>Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominas), de la Corporación AutónomaRegion<strong>al</strong> de La Guajira, de las gobernaciones de La Guajira, Magd<strong>al</strong>ena y Cesar, de las<strong>al</strong>c<strong>al</strong>días municip<strong>al</strong>es de Dibulla, Santa Marta y Riohacha, de las organizaciones de lasociedad civil (Codhes, Comisión Colombiana de Juristas, Colectivo de Abogados “JoséAlvear Restrepo”) y de los organismos internacion<strong>al</strong>es ACNUR y el Consejo Noruegopara refugiados, además de las defensorías region<strong>al</strong>es de Magd<strong>al</strong>ena, Guajira y Cesar.A la jornada de Neiva asistieron representantes de la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para laAcción Soci<strong>al</strong> y la Cooperación Internacion<strong>al</strong> (Acción Soci<strong>al</strong>), de la Procuraduría Provinci<strong>al</strong>Nacion<strong>al</strong>, <strong>del</strong> Sena, de la Alc<strong>al</strong>día de Neiva, <strong>del</strong> Hospit<strong>al</strong> de Neiva de la Fundación <strong>del</strong>Alto Magd<strong>al</strong>ena, de la Universidad Surcolombiana; de los organismos internacion<strong>al</strong>es,<strong>del</strong> Programa Mundi<strong>al</strong> de Alimentos, de la sociedad civil <strong>del</strong> Huila (Covolhuila) y porparte de la comunidad, las organizaciones P<strong>al</strong>ante, Paz y Vida, Red de SolidaridadPoblación Desplazada, ARCAUAHF, FUNE, APODEPAZ, Mesa Departament<strong>al</strong> deFort<strong>al</strong>ecimiento, de OPD, de la Corporación Colombiana de Desplazados que asocia avíctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado de los departamentos <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, Santanderregion<strong>al</strong> y la Asesora de Desplazamiento Forzado.En la campaña No más niñez ni adolescencia reclutada participaron la Alc<strong>al</strong>día Municip<strong>al</strong>de Soacha, la Personería Municip<strong>al</strong> de Soacha, el Consejo Noruego para Refugiados y
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2531.4. <strong>Informe</strong>s de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004En desarrollo de las actividades de seguimiento implementadas por la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> respecto de las medidas adoptadas por el Sistema Nacion<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> <strong>al</strong>a Población Desplazada (SNAIPD) frente a la declaratoria de estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong>por la Corte Constitucion<strong>al</strong> mediante sentencia T – 025 de 2004 y para efectos de cumplircon las órdenes dadas, se presentaron <strong>al</strong>gunos informes y se expusieron opiniones ensesiones y audiencias convocadas por la Corte.El proceso de seguimiento a las órdenes de la Corte Constitucion<strong>al</strong> se fue reestructurandodurante el año 2008, buscando el involucramiento de defensorías <strong>del</strong>egadas como las dede las Comunidades Indígenas y las Minorías Étnicas, de los Derechos de la Mujer, laNiñez y la Juventud, de la Delegada de Políticas Públicas, de la Dirección Nacion<strong>al</strong> dePromoción y Divulgación y de la Unidad de Coordinación de Atención a Víctimas junto <strong>al</strong>trabajo que desarrolla la Coordinación de Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado.Con esta participación se ha buscado hacer un seguimiento técnico y coordinadoa las medidas de prevención, atención y protección adoptadas frente a los derechosde las mujeres, la niñez, la adolescencia, las personas en condición de discapacidad, lascomunidades indígenas y afrodescendientes, las comunidades en riesgo y las víctimas <strong>del</strong>desplazamiento forzado.El seguimiento <strong>al</strong> cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucion<strong>al</strong> se re<strong>al</strong>izaa través de actividades que involucran la participación de servidores públicos de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en diferentes espacios <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> <strong>al</strong>a Población Desplazada (mesas de trabajo e instancias de políticas públicas de los nivelesnacion<strong>al</strong>, departament<strong>al</strong> y municip<strong>al</strong>), comunicación con las comunidades, recepción dequejas y peticiones, visitas a terreno, y reuniones con comunidades, incluídas las audienciasdefensori<strong>al</strong>es.Dada la complejidad y extensión de temas que deben ser tenidos en cuenta enla construcción de estos informes especi<strong>al</strong>izados, durante el año 2008 se priorizó laelaboración de informes escritos sobre las mujeres, la tierra, la protección de bienes, y lasuperación <strong>del</strong> Estado de Cosas Inconstitucion<strong>al</strong>. Se expusieron opiniones y solicitaronmedidas en las audiencias y sesiones técnicas citadas sobre discapacidad, comunidadesindígenas, comunidades afrodescendientes, niñez, indicadores de goce efectivo dederechos, responsabilidad de autoridades territori<strong>al</strong>es, prevención <strong>del</strong> desplazamientoforzado, participación de la población desplazada en la formulación y seguimiento depolíticas públicas y reparación de víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado.
254 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.5. Participación y asistencia a las audiencias de la CorteConstitucion<strong>al</strong>La Corte Constitucion<strong>al</strong> convocó a sesiones y/o audiencias por lo menos una vez <strong>al</strong>mes para hacer seguimiento a las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la superación<strong>del</strong> Estado de Cosas Inconstitucion<strong>al</strong> en materia de atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado.De estas sesiones participó por lo menos un integrante de la Coordinación de Atención <strong>al</strong>Desplazamiento Forzado y en <strong>al</strong>gunas ocasiones se contó con el apoyo y presencia de un<strong>del</strong>egado de las defensorías <strong>del</strong>egadas de Mujeres, Niñez y Adolescencia, de ComunidadesIndígenas y Minorías Étnicas y de Ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> Riesgo de la Población Civil comoEn las sesiones convocadas se an<strong>al</strong>izaron aspectos vinculados a la discapacidad <strong>del</strong>a población desplazada, comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes,niñez, mujeres, tierras y bienes abandonados, indicadores de goce efectivo de derechos,responsabilidad de autoridades territori<strong>al</strong>es, prevención <strong>del</strong> desplazamiento forzado,participación de la población desplazada en la formulación y seguimiento de políticaspúblicas, reparación de víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado, atención humanitaria deemergencia, consolidación y estabilización socioeconómica, retornos y reubicación.riesgo por efecto de minas antiperson<strong>al</strong> (MAP) y municiones sin explotar (MUSE), porparte de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, condujo a la promulgación <strong>del</strong> Auto 093 de 2008,mediante el cu<strong>al</strong> la Corte Constitucion<strong>al</strong> ordenó la adopción de medidas de prevencióny protección para las comunidades en riesgo, teniendo como propósito la garantía dederechos, en especi<strong>al</strong>, de la vida, integridad, libertad y seguridad de t<strong>al</strong>es personas, aunquelas entidades de gobierno tengan que dejar de aplicar marcos normativos que impidan eldesarrollo de acciones de protección.1.6. La atención defensori<strong>al</strong> y el acceso a la justicia en materia dedesplazamiento forzadoLa atención defensori<strong>al</strong> respecto <strong>del</strong> desplazamiento forzado se ha organizado teniendoen cuenta:1.6.1. Atención en las oficinas region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>esatención a la población víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado que así lo solicitó, aunque soloun poco más de 400 casos diarios en el país.1.6.2. Atención en las zonas de monitoreo o de residencia y/oasentamiento de las comunidadesLos defensores comunitarios y asesores de atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado, endesarrollo de actividades en los municipios, corregimientos, veredas y comunidades
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>255foc<strong>al</strong>izadas, re<strong>al</strong>izaron tomas de declaraciones, elaboraron recursos de agotamiento <strong>del</strong>a vía gubernativa y derechos de petición, hicieron gestiones directas ante las entidadesconcernidas y adoptaron medidas de protección a líderes y comunidades. Estas actividades1.6.3. Atención de acuerdo con la situación concretade las comunidades o personas en riesgo o víctimas<strong>del</strong> desplazamiento que requieren <strong>del</strong> servicioLa atención se brindó con base en el género, la edad, la condición de discapacidad, la étnia,el momento en que se encontraba la persona, el riesgo, el desplazamiento –reconocimiento,atención humanitaria de emergencia, prórroga de la AHE, consolidación, retorno,reubicación– y el derecho o asunto involucrado, además de tener en cuenta si se tratabade un caso individu<strong>al</strong> o de la comunidad. Con esta información, se gestionó o se requirióde la autoridad competente y concernida la respuesta concreta. A modo de ilustraciónse enuncian dos experiencias que involucraron la articulación y coordinación interna,teniendo en cuenta a la comunidad y el asunto por atender:Impulso <strong>al</strong> Grupo de Atención Defensori<strong>al</strong> de Atención a la Comunidad de Paz deSan José de Apartadó, Urabá. El grupo se conformó en seguimiento de la T-1025de 2007, las medidas provision<strong>al</strong>es de la CIDH de la OEA y la T-327 de 2004. Enel marco de este espacio, llevamos la Secretaría Técnica.Participación en la comisión de reconocimiento físico <strong>del</strong> predio colectivo deCurvaradó, Carmen <strong>del</strong> Darién, Chocó, sustentado en las resoluciones emitidaspor el Incoder en el año 2007, en el marco <strong>del</strong> proceso de restitución materi<strong>al</strong> de losterritorios colectivos. De igu<strong>al</strong> manera, se brindó acompañamiento y participaciónactiva en el censo de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, coordinado porel Ministerio <strong>del</strong> Interior, con el objeto de determinar los titulares <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong>territorio de estas cuencas luego de haber sido víctimas de desplazamiento forzadodesde 1996.1.6.4. Asesoramiento de acuerdo con la fase de atenciónen la que se encuentran encuentra respecto de la atención estat<strong>al</strong>, es decir, si está en riesgo de desplazamientoforzado o de cruce de fronteras o si ya fue víctima de un evento desplazador, en cuyo caso,es preciso distinguir entre el momento <strong>del</strong> reconocimiento de la condición de víctima, elmomento de la atención humanitaria de emergencia, o el momento de la consolidación y1.6.4.1. Toma de declaraciones <strong>del</strong> país cerca de 17.000 declaraciones de personas y sus núcleos familiares que <strong>al</strong>egaronencontrarse en desplazamiento forzado.
256 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Estas declaraciones se recibieron con el apoyo de <strong>al</strong> menos un servidor públicode acuerdo con los lineamientos trazados por Acción Soci<strong>al</strong>. Aunque el MinisterioPúblico ha promovido el acuerdo de brindar atención por turnos diarios en la semana a lapoblación desplazada, con el objeto de que se puedan atender otros asuntos de interés <strong>del</strong>a ciudadanía, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha tenido que mantener la atención a diario. Noobstante, en <strong>al</strong>gunas ciudades ha sido preciso organizar un listado de turnos de declarantes,dada la <strong>al</strong>tísima demanda, y aun así, en <strong>al</strong>gunas partes hay un acumulado difícil de resolvercon la limitada capacidad institucion<strong>al</strong> que se tiene.Los Defensores Comunitarios de Zonas de Frontera y los Asesores Region<strong>al</strong>es deAtención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado tomaron 1.842 declaraciones de población ensituación de desplazamiento forzado.De acuerdo con la tasa de reconocimiento de Acción Soci<strong>al</strong>, reportada en su página1.6.4.2. Situaciones vinculadas con el registro único de poblacióndesplazada (RUPD)La inclusión o el registro en el sistema, así como el sistema de Información en sí mismovíctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado pueden acceder a los diferentes programas de atencióna la población desplazada. Quien no se encuentra en dicha lista, así haya sido víctima<strong>del</strong> desplazamiento forzado, no tiene posibilidad <strong>al</strong>guna de acceso a bienes y servicioscomo desplazado. Tanto los parámetros leg<strong>al</strong>es y reglamentarios <strong>del</strong> registro como laorganización <strong>del</strong> esquema de atención son establecidos por Acción Soci<strong>al</strong>. Fundamentadaen ellos, la declaración recibida por el Ministerio Público es v<strong>al</strong>orada por Acción Soci<strong>al</strong>.Dicha declaración, en lo form<strong>al</strong> y luego en lo v<strong>al</strong>orativo, es orientada por Acción Soci<strong>al</strong>.Dado que la declaración no da paso inmediato <strong>al</strong> registro, sino que es Acción Soci<strong>al</strong>quien determina si la persona y su grupo familiar se encuentran dentro de los parámetrosde inclusión en el registro, en caso de no ser así los rechaza, y la persona que rindió ladeclaración tiene el derecho de controvertir el acto administrativo mediante el cu<strong>al</strong> se lenegó el acceso, pues t<strong>al</strong> controversia es parte <strong>del</strong> derecho fundament<strong>al</strong> de petición. ElMinisterio Público en gener<strong>al</strong> y la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en particular, como institucióngarante de los derechos fundament<strong>al</strong>es de todos, deben contribuir a que estas personaspuedan ejercerlos y brindarles el apoyo necesario, no solo para el agotamiento de la víagubernativa sino también para el acceso a la administración de justicia.En este sentido, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> intervino en la asesoría, orientación oelaboración de <strong>al</strong> menos 5.000 recursos de agotamiento de vía gubernativa y cerca de 1.000acciones de tutela.De acuerdo con las peticiones recogidas y tramitadas a la población desplazada, se han
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>257a. Extemporaneidad. Un porcentaje <strong>al</strong>to de las resoluciones emitidas por Acción Soci<strong>al</strong>invocaron el Decreto 2569 de 2000 que señ<strong>al</strong>aba que transcurrido un año entre la ocurrencia<strong>del</strong> hecho y la declaración juramentada debía negarse la inscripción en el RUPD, por seruna declaración extemporánea. El 12 de junio <strong>del</strong> año 2008 el Consejo de Estado declaróla nulidad de las normas que daban sustento a esta restricción y a partir de ese momentoEl primero: no reconocer inscripciones en el RUPD sobre la base de que como elciudadano en situación de desplazamiento llevaba años en esa condición, se presumía queya era una persona estabilizada y que por tanto no necesitaba de la ayuda humanitaria deemergencia AHE;El segundo: manifestar que según exhaustivas averiguaciones ante las autoridades civiles,militares y de policía, se había podido constatar que en la zona no había ocurrido nada yque los hechos por los cu<strong>al</strong>es se <strong>al</strong>egaba el desplazamiento nunca ocurrieron y, por tanto,que la víctima estaba f<strong>al</strong>tando a la verdad.En ninguno de los dos casos, Acción Soci<strong>al</strong> aportó pruebas que desvirtuaran elprincipio de la presunción de buena fe. En los eventos de concentracionescampesinas obligadas por erradicación de cultivos se tomó la decisión de no incluir a estaspersonas como desplazadas, a pesar de las demandas y manifestaciones de <strong>al</strong>gunas de ellas,contraviniendo los mandatos de la Corte Constitucion<strong>al</strong> de incluir precisamente a aquellosque llegan de zonas donde se han presentado problemas de orden público por causa de la“fumigación” o aspersión aérea con glifosato y a la erradicación de cultivos de uso ilícito.c. Casos de desplazamiento por “bandas crimin<strong>al</strong>es emergentes”. Acción Soci<strong>al</strong> negó lainscripción en el RUPD , manifestando que los grupos que se autodenominan,interno y que las autodefensas ya se desmovilizaron. Por lo tanto, la situación <strong>al</strong>egada noaplicaría a las circunstancias previstas en el artículo 1º de la Ley 387 de 1997.d. Desplazamientos intraurbanos. Acción Soci<strong>al</strong> ha negado el reconocimiento bajo laconsideración de que la movilidad es fruto de acciones de <strong>del</strong>incuencia común que ennada se enmarcan dentro de lo estipulado en el artículo primero de la Ley 387 de 1997. Son numerosos los casos en que Acción Soci<strong>al</strong> no inscriberegistros en municipio diferente <strong>al</strong> de la zona de expulsión f<strong>al</strong>ta a la verdad.1.6.4.3. Asesoría sobre acceso a derechosLos defensores comunitarios en zonas de <strong>al</strong>to riesgo de desplazamiento, los defensorescomunitarios de zonas de frontera y los asesores region<strong>al</strong>es de atención <strong>al</strong> desplazamientoforzado recibieron 2.190 quejas y peticiones de población en situación de desplazamientoforzado. Las quejas y asesorías se relacionaron con los derechos a:
258 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Atención humanitaria de emergencia.Inclusión y reconocimiento en el Registro Único de Población Desplazada.S<strong>al</strong>ud.Educación.Vivienda.Estabilización socioeconómica.1.6.5. Presencia permanente en zonas de <strong>al</strong>to riesgo de desplazamientoforzado a través de la figura de los defensores comunitarios.Los defensores comunitarios y asesores de atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado hicieronpresencia en los departamentos, municipios y comunidades así: Guaviare; Cesar; Huila; C<strong>al</strong>das; Córdoba; Sucre; Magd<strong>al</strong>ena y municipios de frontera en losdepartamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Putumayo y Nariño.1.6.6. <strong>Informe</strong>s que recogen de manera an<strong>al</strong>ítica y descriptiva, lasituación de derechos humanos y la dinámica <strong>del</strong> desplazamientoforzado<strong>Informe</strong> sobre desplazamiento forzado de los pueblos indígenas de la SierraNevada de Santa Marta presentado en audiencia defensori<strong>al</strong> en junio de 2008 en laciudad de Santa Marta.Emisión de informes coyuntur<strong>al</strong>es sobre la situación de derechos de comunidadesindígenas, afrodescendientes y campesinas de las zonas foc<strong>al</strong>izadas. Se cuenta conun documento preliminar sobre desplazamiento forzado y cultivos de uso ilícito en Proyección de comunicados de prensa, t<strong>al</strong>es como: comunicado Nº 1288 <strong>del</strong> 14enero de 2008 sobre la difícil situación de orden público en Chocó y Arauca;comunicado Nº 1291 <strong>del</strong> 7 de febrero de 2008, en el que la Defensoría denunciadesplazamientos en Antioquia y Nariño; comunicado Nº 1300 de 19 marzo de 2008,sobre desplazamientos masivos en Cauca, Antioquia y Meta; comunicado Nº 1318<strong>del</strong> 2 julio de 2008, en el cu<strong>al</strong> el Defensor condena el asesinato de un líder soci<strong>al</strong>Nº 1342 <strong>del</strong> 12 de septiembre de 2008 que menciona cómo la Defensoría encuentragrave la situación en DH de las comunidades indígenas <strong>del</strong> Chocó; comunicado Nº1343 <strong>del</strong> 12 de septiembre de 2008, que menciona la manera como incrementa el
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>259desplazamiento forzado en Chocó; comunicado N° 1344 <strong>del</strong> 15 de septiembre de2008, sobre el riesgo de crisis humanitaria en Anorí (Antioquia); y comunicado Nº1349 <strong>del</strong> 16 de octubre de 2008, que señ<strong>al</strong>a que la población de Urabá se encuentraen riesgo ante amenazas de un nuevo grupo <strong>al</strong> margen de la ley.1.6.6.1. <strong>Informe</strong>s de actividades y análisis de monitoreo sobre lassituaciones que pueden generar desplazamiento forzado ocruce de fronterasEn el 2008, los informes de monitoreo involucraron la participación de los equipos deterreno. Uno de estos informes se re<strong>al</strong>iza a partir de una primera recolección de informaciónsobre las situaciones que pueden generar desplazamiento forzado o cruces de frontera, sehacen visitas defensori<strong>al</strong>es por solicitud de la comunidad, misiones humanitaria de trabajointerinstitucion<strong>al</strong> y contacto permanente con las comunidades, personerías municip<strong>al</strong>es yorganizaciones no gubernament<strong>al</strong>es que hacen presencia en las zonas foc<strong>al</strong>izadas.Las misiones contribuyen con información para la proyección de informes de riesgo,informes de inminencia, informes de <strong>al</strong>cance intermedio y notas de seguimiento elaboradaspor el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> frente a la situación dedesplazamientos en los siguientes departamentos:1. Departamento de AraucaMunicipio de Tame: comunidades residentes en las veredas de Filipinas y G<strong>al</strong>axias.Municipio de Saravena: vereda de Puerto Contreras. Municipio de Arauca: comunidadesubicadas en la zona de La Conquista y Bocas <strong>del</strong> Ele.2. Departamento de ChocóMunicipio de Carmen de Atrato: asentamientos de comunidades indígenas y afrocolombianas. Municipio de Lloró: comunidades indígenas y afrocolombianas. Municipio deBagadó: acompañamiento y seguimiento a las comunidades afrocolombianas e indígenas.Municipio de Quibdó: condiciones de recepción y expulsión de comunidades rur<strong>al</strong>es enriesgo de ser nuevamente víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado. Bajo Baudó en límites conel municipio de Istmina: comunidades de la Unión Pit<strong>al</strong>ito, Guach<strong>al</strong>, Ordó, Puerto Piña,Vista Buena, Playa Linda, Puerto G<strong>al</strong>ve, Puerto Chichiliano, Playa Bonita, Bajo Grande ySanta Rosa. Igu<strong>al</strong>mente, <strong>al</strong>gunas comunidades afectadas por la f<strong>al</strong>ta de abastecimiento de<strong>al</strong>imentos y restricciones a su movilidad, dentro de las que se encuentran Orupa, Belén deDocampadó, Villa María y Usaragá.3. Departamento de NariñoMunicipio de Ricaurte: riesgo de desplazamiento en los resguardos de Maguí, Cuchilla<strong>del</strong> P<strong>al</strong>mar, Vegas, Cuascuabí y Nulpes. Municipio de Ipi<strong>al</strong>es: riesgo de desplazamiento enel corregimiento de La Victoria, conformado por las veredas El S<strong>al</strong>ado, San Antonio, LaTeliz, El Cultun, Villa Moreno, Viña Flor y la vereda Santa Rosa, con asentamiento Indígena<strong>del</strong> pueblo Kofán. Municipio de Cumb<strong>al</strong>: resguardo de Mayasquer, que tiene territorio enzona de frontera y en cuya línea fronteriza existen poblaciones como T<strong>al</strong>lambi, Tiuquer,San Felipe, Numbi, Limones, La Unión, Alto T<strong>al</strong>lambi y San Juan.
260 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>4. Departamento de PutumayoMunicipio de Puerto Asís:las veredas Camios, Angosturas, La Rosa, Jerus<strong>al</strong>én, Chorro Largo y Peneya. Municipio deOrito:5. Departamento de AntioquiaMunicipio de Nechí: zona en riesgo de desplazamiento y a la vez receptora de víctimasdesplazadas; con 63 veredas, cinco corregimientos, y 25.000 habitantes ubicados mitad ymitad en el casco urbano y en la zona rur<strong>al</strong>. Municipio de Cáceres: predio La Porcelana.Municipio de Turbo: corregimientos de Nueva Antioquia y Currulao.6. Departamento de BolívarMunicipio de Carmen de Bolívar: corregimiento de El S<strong>al</strong>ado. Municipio de SanJacinto: comunidad de La Paz. Municipio de María La Baja: zonas de Mampujancito,Santa Fe de Hicotea, El SENA, Majagua y Playón. Municipio San Juan de Nepomuceno:comunidad de Nueva Esperanza.7. Departamento de SantanderMunicipio de Bucaramanga: comunas 1, 2, 3, 4, 7, 9 y 14 de la zona norte. Municipiode Floridablanca: Caracolí, Gonzáles Chaparro, La Cumbre, Zapamanga, Campanazo, Carmen. Municipio de Girón: Rincón de Girón, Convivir, zona industri<strong>al</strong> de Chimitá,Prado, asentamiento El G<strong>al</strong>liner<strong>al</strong>. Municipio de Piedecuesta: asentamiento de poblacióndesplazada de Guatiguará y vereda Sevilla. Municipio El Peñón zona rur<strong>al</strong>.8. Región de Magd<strong>al</strong>ena MedioMunicipio de Cantag<strong>al</strong>lo casco urbano. Municipio de Yondó:Grande, y zona urbana. Municipio de Simití: comunidades <strong>del</strong> corregimiento El Garz<strong>al</strong> y9. Departamento de CundinamarcaMunicipio de Soacha: barrios La Isla, La esperanza, Ciuda<strong>del</strong>a Sucre y San Mateo.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2611.6.7. Seguimiento a las medidas cautelares y provision<strong>al</strong>es <strong>del</strong> SistemaInteramericano de Derechos Humanosy asesores de desplazamiento forzado apoyan a las otras dependencias de la Defensoríaen el seguimiento a las medidas decretadas por el Sistema Interamericano de DerechosHumanos respecto de víctimas en las regiones foc<strong>al</strong>izadas.Como parte de esta labor de seguimiento se desarrollan las siguientes acciones:Requerimientos a las instituciones nacion<strong>al</strong>es y departament<strong>al</strong>es responsable <strong>del</strong>cumplimiento de las medidas; atención y acompañamiento a las comunidades con medidas;se asiste a las reuniones y espacios donde se monitorea el cumplimiento de las medidas conlas entidades y las comunidades y se participa en la concertación de planes, programas yproyectos para la superación de la problemática.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> constató que la respuesta <strong>del</strong> Gobierno frente <strong>al</strong> cumplimientoLas comunidades y pueblos indígenas con medidas decretadas y a las que se les hizoacompañamiento son:1.6.7.1. Con medidas cautelares<strong>del</strong> río Cacarica, región <strong>del</strong> bajo Atrato, departamento <strong>del</strong> Chocó, con medidasotorgadas el 17/12/1997. medidas otorgadas el 11/01/2002.3. Miembros de la Asociación Caucana de Desplazados <strong>del</strong> Naya, región de la costa4. Comunidad Indígena Embera Katío de Tierr<strong>al</strong>ta, en la región <strong>del</strong> Alto Sinú en eldepartamento de Córdoba; con medidas otorgadas el 4/06/2001.5. Comunidades Embera Chamí de la región <strong>del</strong> occidente de C<strong>al</strong>das; con medidasotorgadas el 15/03/2002.6. 35 familias desplazadas y asentadas en Villavicencio (barrios La Reliquia, La Nohora,Ciudad Porfía, Antonio Pinilla, El Rodeo y Playa Rica) provenientes de la región <strong>del</strong>Ariari, departamento <strong>del</strong> Meta, con medidas otorgadas el 17/08/2004.7. Miembros <strong>del</strong> pueblo indígena WIWA de la región de la Sierra Nevada de Cesar yLa Guajira, con medidas otorgadas el 4/02/2005.1.6.7.2. Con medidas provision<strong>al</strong>es1. Comunidad de Paz de San José de Apartadó, corregimiento de San José de Apartadó,departamento de Antioquia, con medidas otorgadas el 24/11/2000.
262 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2. Miembros <strong>del</strong> Consejo Comunitario de la cuenca <strong>del</strong> Jiguamiandó y familias <strong>del</strong>Curvaradó, región <strong>del</strong> bajo Atrato, Carmen <strong>del</strong> Darién, departamento <strong>del</strong> Chocó,con medidas otorgadas el 3/03/2003.3. Comunidades <strong>del</strong> Carmen <strong>del</strong> Darién, Chocó; y el pueblo indígena Kankuamo,en la región de la Sierra Nevada de Santa Marta de Cesar y Guajira, con medidasotorgadas el 5/06/2004.1.6.8. Misiones humanitarias para la verificación de la situación dederechos humanos y de derecho internacion<strong>al</strong> humanitario1.6.8.1. Misiones humanitarias en caso de ocurrencia de eventos dedesplazamiento masivomasivos y de monitoreo a poblaciones que se han desplazado en los 32 departamentos,Frontera Orinoquía.Objeto de las misiones:autoridades para que atiendan de manera integr<strong>al</strong> y diferenci<strong>al</strong> a la población en riesgo dedesplazamiento o víctima de desplazamiento forzado 4 .1.6.8.2. Actividades de monitoreo en zona de fronteraEn el 2008 las actividades de monitoreo en zonas de frontera se foc<strong>al</strong>izaron en losdepartamentos de Guainía, Guajira, Norte de Santander, Arauca, Putumayo, Nariño,Chocó y Antioquia.Estas misiones tienen como propósitos los siguientes: V<strong>al</strong>oración de actividades institucion<strong>al</strong>es sobre zonas de frontera. Difusión y Promoción de normas regulatorias de las zonas de frontera y migraciónfronteriza.4 Algunas de estas misiones se re<strong>al</strong>izaron en los siguientes departamentos: a. Departamento de Arauca. Diez misiones enDepartamento de La Guajira. Nueve misionesc. Departamento <strong>del</strong> Chocóde Atrato y Pie de Pató. d. Departamento de Norte de Santander. Tres misiones en el año, en: El Tarra, Teorama y LaPlaya. e. Departamento de Putumayo. Siete misiones en el año, en zona de frontera <strong>del</strong> río Putumayo, Puerto Asís, SanMiguel, Orito y Puerto Leguízamo. f. Departamento de Nariño. Veinticinco misiones en el año, en Cumb<strong>al</strong>, Ipi<strong>al</strong>es, Tumaco,Departamento de Antioquiay Región de Urabá. Diez misiones en el año, en Unguía, Acandí, Turbo, Carepa, Apartadó, Riosucio, Cáceres y Nechí. h.Departamento de BolívarZona <strong>del</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio. Diecisiete misiones en el año, enCasa de los Derechos de Soacha.Seis misiones en el año, en los barrios de Villa Juliana, Camilo Torres, San Mateo, La María II sector, Cien Familias y Terreros.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>263Monitoreo de las deportaciones y solicitudes de asilo de extranjeros ante el gobiernoen zona de frontera.1.6.8.3. Departamentos objeto de monitoreoa. DEPARTAMENTO DE GUAINÍA1. Municipio monitoreado: INÍRIDA. Inspecciones de Raud<strong>al</strong> de LaMapiripana y Barranco MinasObjetivo: 1) Re<strong>al</strong>izar (una) misión de observación y atención defensorí<strong>al</strong> a lascomunidades que habitan sobre el río Guaviare entre el municipio de Inírida y la inspecciónRaud<strong>al</strong> de La Mapiripana en límites con el departamento <strong>del</strong> Guaviare; 2) Ev<strong>al</strong>uar lapertinencia y relevancia de la ubicación de (un) defensor comunitario en la inspecciónsituación de las comunidades y las medidas de protección a<strong>del</strong>antadas, y 4) Ev<strong>al</strong>uar lasituación y posteriormente v<strong>al</strong>orar la pertinencia de la difusión pública de las conclusionesde la misión. B<strong>al</strong>ance: Como resultados obtenidos se pueden señ<strong>al</strong>ar la visita a más dediez comunidades indígenas, la reunión con comunidades de colonos que están en la zona,el impulso a la labor estat<strong>al</strong> de protección y re<strong>al</strong>ización de los derechos de quienes <strong>al</strong>lífundament<strong>al</strong>es de las personas y comunidades, una caracterización básica de problemaspor atender defensori<strong>al</strong>mente; el establecimiento de contactos con miembros de juntas deacción comun<strong>al</strong>, autoridades loc<strong>al</strong>es, docentes, líderes y miembros de las comunidades aquienes se les suministró información sobre el rol de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y datos decontacto para mantener informada a la Defensoría sobre su situación.b. DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA1. Municipio monitoreado: URUMITAObjetivo:el municipio. B<strong>al</strong>ance: De la información obtenida por administración municip<strong>al</strong> hay 12familias desplazadas, en este municipio no hay organizaciones de población desplazad<strong>al</strong>eg<strong>al</strong>mente constituidas y como b<strong>al</strong>ance gener<strong>al</strong> el CMAIPD es inoperante.2. Municipio monitoreado: FONSECAObjetivo:municipio. B<strong>al</strong>ance: Se determinó que en el municipio hay 447 familias desplazadas queno reciben ayuda inmediata por parte <strong>del</strong> municipio y que la administración no cuentacon asignaciones presupuest<strong>al</strong>es para atender a las personas asentadas. Se elaboran losrequerimientos pertinentes a las autoridades.3. Municipio monitoreado: VILLANUEVAObjetivo:municipio. B<strong>al</strong>ance: Se encuentran 1.382 personas desplazadas en el municipio, que en sumayoría provienen de Cocorná (Antioquia). La administración no cuenta con proyectos
264 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>convocado una vez en el año. En esta misión se requirió <strong>al</strong> <strong>al</strong>c<strong>al</strong>de municip<strong>al</strong> para reactivarel CMAIPD, impulsar la construcción <strong>del</strong> PIU, organizar y asignar recursos en materia deayudas inmediatas y diseñar proyectos de generación de ingresos.4. Municipio monitoreado: MAICAOObjetivo:el municipio y determinar si por ser zona de frontera se presentan cruces fronterizos.B<strong>al</strong>ance: En el municipio hay 648 familias conformadas por 3.310 personas. En la fecha <strong>del</strong>a misión están incluidas 280 familias en el SIPOD. En el momento se estaba conformandoel CMAIPD y se dio inicio a la elaboración <strong>del</strong> PIU municip<strong>al</strong>. En materia de programasdirigidos a las personas desplazadas existe la ayuda inmediata a las personas desplazadas, lacu<strong>al</strong> se brinda por medio de una casa de paso en convenio con la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día municip<strong>al</strong>. Des<strong>del</strong>a Secretaría de S<strong>al</strong>ud se ampliaron 2.863 cupos con CAPRECOM SENA por mediode proyectos de capacitación. Se observó que las personas asentadas en Maicao tieneny de generación de ingresos. Del cruce de frontera la administración municip<strong>al</strong> conoce elcaso de dos familias que han migrado a Venezuela.5. Municipio monitoreado: LA JAGUA DEL PILARObjetivo:municipio y determinar si por ser zona de frontera se presentan casos de cruces fronterizos.B<strong>al</strong>ance: Hubo reunión con las familias desplazadas y con autoridades municip<strong>al</strong>es, Policíay Ejército. Se observaron los siguientes problemas: no existen programas o proyectospara la atención y estabilización de las familias desplazadas, hay desinformación sobre laoperatividad <strong>del</strong> CMAIPD y <strong>del</strong> PIU y desinformación de las personas desplazadas sobre6. Municipio monitoreado: EL MOLINOObjetivo: asentadas en el municipio y determinar si por ser zona de frontera hay casos de crucesfronterizos. B<strong>al</strong>ance: El municipio de El Molino tiene 676 personas desplazadas. Se<strong>al</strong>lí asentados. Es importante señ<strong>al</strong>ar que 17 grupos familiares son indígenas Wiwa.Se considera pertinente a<strong>del</strong>antar acciones de sensibilización a los funcionarios de laadministración municip<strong>al</strong> sobre la violación sistemática de los derechos de la poblacióndesplazada. Se observó que en este municipio no hay casos de cruce de frontera.7. Municipio monitoreado: DIBULLAObjetivo: sobre la atención a la población desplazada. B<strong>al</strong>ance: Se solicitó <strong>al</strong> <strong>al</strong>c<strong>al</strong>de que convoque<strong>al</strong> CMAIPD y que se priorice en la agenda la desatención de la comunidad indígena deWepiappa y las familias campesinas desplazadas y reubicadas en el predio Campana <strong>del</strong>as Vegas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2658. Municipio monitoreado: BARRANCASObjetivo:municipio y determinar si por ser zona de frontera se presentan casos de cruces fronterizos.B<strong>al</strong>ance: En el municipio hay 725 personas desplazadas y las autoridades municip<strong>al</strong>es seencuentran elaborando el PIU.9. Municipio monitoreado: SAN JUAN DEL CESARObjetivo: Observación de la situación actu<strong>al</strong> de la población desplazada e inicio derecolección de información según la línea de base. B<strong>al</strong>ance: En el municipio se llevanprocesos de acompañamiento a los Wiwa desplazados asentados en el municipio nide fort<strong>al</strong>ecimiento a los funcionarios públicos para mejorar la atención a la poblacióndesplazada.10.Municipios monitoreados: FONSECA, URUMITA, BARRANCA YMAICAOObjetivo: Determinar el goce efectivo de derechos y el nivel de gobernabilidad en elmunicipio. B<strong>al</strong>ance: Entrega a las autoridades de los esquemas para levantar la línea de base.c. DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER1. Municipio monitoreado: CÚCUTAObjetivo: Conocer la situación de las personas y comunidades afectadas por eldesplazamiento forzado y que están asentadas en la capit<strong>al</strong> <strong>del</strong> Norte de Santander.B<strong>al</strong>ance: Estas personas y comunidades presentan una grave situación de vulneraciónde sus derechos, inadecuada e incluso f<strong>al</strong>ta de atención por parte de las autoridadesloc<strong>al</strong>es y departament<strong>al</strong>es, lo cu<strong>al</strong> ha agravado la situación de las mujeres, los niños, niñasy adultos mayores.2. Municipio monitoreado: EL TARRAObjetivo: comunidades a causa de hostigamientos re<strong>al</strong>izados en el municipio. B<strong>al</strong>ance: Huboreunión con el <strong>al</strong>c<strong>al</strong>de, el personero, la Comisaría de Familia y líderes de la población. Laprotección de los bienes ante los hostigamientos. Hay personas que han manifestado suintención de desplazarse <strong>del</strong> municipio.d. DEPARTAMENTO DE ARAUCA1. Municipio monitoreado: SARAVENA (vereda de Puerto Contreras)Objetivo:comunidad. B<strong>al</strong>ance: Se trabajaron varios campos en s<strong>al</strong>ud, orientación jurídica y atención comunidad no desea desplazarse y solicitan a las instituciones que re<strong>al</strong>icen con mayorperiodicidad visitas en donde puedan ofrecer sus servicios.
266 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2. Municipio monitoreado: TAMEObjetivo: Re<strong>al</strong>izar seguimiento a la situación de las comunidades que habitan lasveredas de Filipinas, G<strong>al</strong>axias y <strong>Pueblo</strong> Nuevo. B<strong>al</strong>ance: Las confrontaciones entre actoresarmados y la f<strong>al</strong>ta de garantías para proteger a las comunidades campesinas está obligandoa que las personas se desplacen hacia los cascos urbanos.3. Municipios monitoreados: ARAUCA, ARAUQUITA Y SARAVENAObjetivo: An<strong>al</strong>izar la situación de desplazamiento forzado y cruce de fronteras decolombianos y colombianas con ocasión de la situación que vive el país y el departamentode Arauca, y monitorear la situación de las comunidades colombianas que se encuentranen la zona de frontera en el Estado <strong>del</strong> Alto Apure en Venezuela. B<strong>al</strong>ance: La zona defrontera es un escenario de cruce permanente y de asentamiento de numerosas personas ycomunidades colombianas que se ubican en Venezuela y mantienen contacto con Colombia.Muchas de estas personas se asentaron en el vecino país por motivos de persecución, razónpor la cu<strong>al</strong> <strong>al</strong>gunas han buscado protección internacion<strong>al</strong> como refugiados, otras se hannacion<strong>al</strong>izado como venezolanas y otras han buscado reconocimiento como desplazadosen Colombia pero ubicándose en Venezuela.4. Municipio monitoreado: TAMEObjetivo: Re<strong>al</strong>izar visita a las comunidades indígenas Iguanitos, La Esperanza yCaño Claro para monitorear la situación. B<strong>al</strong>ance: Se observó que las comunidadestienen problemas de seguridad <strong>al</strong>imentaria y de territorio, pues las tres comparten unmismo espacio.5. Municipios monitoreados: CUBARÁ (Boyacá) Y SARAVENAObjetivo: Re<strong>al</strong>izar visitas a los municipios foc<strong>al</strong>izados. B<strong>al</strong>ance: En Cubará, se observóuna disposición de la administración para tratar el tema <strong>del</strong> desplazamiento forzado. EnSaravena, el Secretario de Gobierno solicito asesoría técnica a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6. Municipio monitoreado: ARAUQUITAObjetivo: Observar la situación de las comunidades y apoyar a Pastor<strong>al</strong> Soci<strong>al</strong> enlos procesos de formación. B<strong>al</strong>ance: Las comunidades de la zona rur<strong>al</strong> de Arauquitasolo tienen el apoyo de los docentes; por lo tanto, es importante que ellos adquieranconocimientos sobre derecho humanos para que sean multiplicadores entre los habitantesy los <strong>al</strong>umnos.7. Municipio monitoreado: ARAUCAObjetivo: Acompañamiento en la jornada de cedulación, expedición de tarjetas yregistro civil. B<strong>al</strong>ance: Se atendieron a 350 personas a quienes se les entregó su contraseñapara la cédula o tarjeta de identidad y el registro civil.8. Municipios monitoreados: TAME Y FORTUL.Objetivo: Visita de observación y seguimiento a las veredas de Filipinas, M<strong>al</strong>vinas,B<strong>al</strong>ance:
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>267su zozobra por lo combates que se pueden generar y que la afectada sea la poblacióncivil. Vereda M<strong>al</strong>vinas: además de la presencia de actores armados ileg<strong>al</strong>es en la zona,hecho de que el centro de s<strong>al</strong>ud no cuente con la dotación adecuada, y la inexistencia dede las comunidades indígenas desplazadas y ubicadas en el resguardo de Parreros, esto Nidia y P<strong>al</strong>marito (municipio de Fortul): la comunidad menciona que pese a la presenciaes una constante.9. Municipio monitoreado: TAMEObjetivo: Hacer seguimiento a la comunidad indígena de Caño Claro y a las comunidadesde la vereda El Pesebre. B<strong>al</strong>ance: En la visita <strong>al</strong> resguardo quedó claro que de 34 familias22 han retornado sin acompañamiento institucion<strong>al</strong> a su territorio. En la vereda El Pesebrehace tres años se presentan casos de retorno sin acompañamiento institucion<strong>al</strong>, lo que hacenecesario impulsar procesos de acompañamiento y de estabilización en esta comunidad.e. DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA (Región de Urabá)1. Municipio monitoreado: UNGUÍAObjetivo: Re<strong>al</strong>izar un b<strong>al</strong>ance sobre la situación de las personas desplazadas y asentadasen ese municipio. B<strong>al</strong>ance: Hubo reunión con los líderes de PAZDUS y ASODEU, losprogramas de estabilización socioeconómica para las personas desplazadas. La comunidadtambién menciona la continua violación de los derechos por la manera como <strong>al</strong>gunosfuncionarios públicos atienden a los desplazados, que siguen en circunstancias indignas,sus viviendas no cuentan con condiciones de habitabilidad y es necesaria la constitución Soci<strong>al</strong> con las familias retornadas a la vereda Tigre Medio.2. Municipio monitoreado: ACANDÍObjetivo: Hacer un b<strong>al</strong>ance de la situación de las personas desplazadas y asentadasen ese municipio. B<strong>al</strong>ance: Se observa la inconformidad en cuanto a la construcción <strong>del</strong>as viviendas rur<strong>al</strong>es, <strong>al</strong> igu<strong>al</strong> el hecho de que se requiere mayor apoyo por parte de lasinstituciones para impulsar los proyectos de estabilización socioeconómica.f. DEPARTAMENTO DE CHOCÓ1. Municipio monitoreado: QUIBDÓ (veredas C<strong>al</strong>ahorra, Guinandó yAltagracias)Objetivo: Observar la situación de las comunidades que habitan la cuenca <strong>del</strong> ríoMunguidó. B<strong>al</strong>ance: Los representantes de las comunidades manifestaron la situacionesen las que han expuesto su vida, seguridad e integridad, se re<strong>al</strong>izó un censo y se re<strong>al</strong>izaronlas recomendaciones pertinentes a las autoridades.
268 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2. Municipio monitoreado: ISTMINAObjetivo: Determinar la situación de las comunidades. B<strong>al</strong>ance: El municipio esreceptor de población desplazada, pero no tiene <strong>al</strong>berges o espacios adecuados paraatender cerca de 500 personas. Dada la situación de violencia que vive la zona rur<strong>al</strong> <strong>del</strong>municipio es importante impulsar procesos que aporten a la superación de la crisis.3. Municipios monitoreados: BAHÍA SOLANO Y JURADÓObjetivo: Dar cuenta de la situación de las comunidades. B<strong>al</strong>ance: Se hizo un diagnósticode la situación de los desplazados, repatriados y comunidades indígenas en riesgo.4. Municipio monitoreado: BAHÍA SOLANOObjetivo: Observar la situación de las comunidades. B<strong>al</strong>ance: Se pudo conocer lasituación de la PD en el municipio y establecer acuerdos para una intervención con elapoyo de la defensoría region<strong>al</strong> y el ACNUR.5. Municipio monitoreado: JURADÓObjetivo: Determinar la situación de las comunidades. B<strong>al</strong>ance: Se conoció la situaciónde la PD en el municipio. Se acordó estar en comunicación permanente para a<strong>del</strong>antaracciones de registro y de repatriación de miembros de las comunidades desplazados enPanamá y que han manifestado su deseo de regresar. Una vez explicada la situación de losrepatriados por parte de uno de los afectados, se propusieron <strong>al</strong>gunas acciones necesarias6. Municipio monitoreado: TADÓObjetivo: Comprender la situación de las comunidades. B<strong>al</strong>ance: Se logró recolectarinformación de Tadó y de la comunidad de Manungará sobre el estado de protección <strong>del</strong>os predios abandonados por causa de la violencia.7. Municipio monitoreado: CARMEN DE ATRATOObjetivo: B<strong>al</strong>ance:Se recibieron y tramitaron denuncias y solicitudes debido a la situación que atraviesan lascomunidades <strong>del</strong> resguardo <strong>del</strong> río La Playa.8. Municipio monitoreado: PIE DE PATO, ALTO BAUDÓObjetivo:B<strong>al</strong>ance: En s<strong>al</strong>ud, la comunidad manifestó su preocupación por los incumplimientos enla re<strong>al</strong>ización de las brigadas por parte de las EPS y ESE, en especi<strong>al</strong> la situación sanitaria <strong>del</strong>as comunidades indígenas desplazadas y asentadas en Miácora. En seguridad, la poblaciónexpresó su temor por las operaciones militares entre la Armada Nacion<strong>al</strong> y los gruposarmado <strong>al</strong> margen de la ley. Los grupos ileg<strong>al</strong>es acusan a los gobernadores indígenas deser quienes llevaron el Ejército a la zona, por t<strong>al</strong> razón han sido amenazados y declaradosobjetivo militar. El <strong>al</strong>c<strong>al</strong>de le solicitó a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a<strong>del</strong>antar requerimientos <strong>al</strong>a Secretaría de Educación para que sean asignados docentes <strong>al</strong> municipio.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>269g. DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO1. Región monitoreada: ZONA DE FRONTERA DE LOS RÍOS PUTUMAYOY SAN MIGUELObjetivo:a las consecuencias sobrevivientes a la muerte Raúl Reyes. B<strong>al</strong>ance: Se recibieron laspeticiones presentadas por las comunidades de La Juvenil, Jardines de Sucumbíos. PiñuñaNegra, Puerto Colombia y la Nueva Unión. Se recomendó contribuir <strong>al</strong> mejoramiento <strong>del</strong>as relaciones entre la sociedad civil y el Estado, promoviendo los derechos humanos tantoen las dimensiones de derechos como en la de obligaciones.2. Municipio monitoreado: SAN MIGUEL San Carlos, San Antonio <strong>del</strong> Comboy, El Sáb<strong>al</strong>o, Puerto El Sol y La Dorada).Objetivo: Re<strong>al</strong>izar el seguimiento a los retornos de San Antonio <strong>del</strong> Comboy ya la situación de las personas que habitan la zona, se encuentran en riesgo o han sidodesplazadas. B<strong>al</strong>ance:cumplido <strong>al</strong>gunos compromisos de las instituciones, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> recogió lainformación de lo que no se ha hecho, con el objeto de presentar los requerimientosde s<strong>al</strong>ud, educación, vías de acceso, saneamiento básico y seguridad, además de lasconsecuencias de las fumigaciones y erradicaciones, que generan crisis en los derechoshumanos de los habitantes.h. DEPARTAMENTO DE NARIÑO1. Municipios monitoreados: CUMBAL, IPIALES, TUMACO Y RICAURTEObjetivo: Se hizo monitoreo en prevención de desplazamientos masivos en Cumb<strong>al</strong>,Ipi<strong>al</strong>es (corregimiento de La Victoria), Tumaco y Ricaurte.2. Municipios monitoreados: TUMACO, BARBACOAS Y RICAURTE ENZONA DE FRONTERAObjetivo: Averiguación de la situación <strong>del</strong> pueblo Awa. B<strong>al</strong>ance: La poblaciónindígena Awá se encuentra en un <strong>al</strong>to grado de vulnerabilidad, manifestado en cifras comoo nula atención en infraestructura, s<strong>al</strong>ud, vivienda y desarrollo organizativo que por partede las administraciones municip<strong>al</strong>es y departament<strong>al</strong>es ha sido histórica. Los Awá nozonas donde la mayoría son comunidades afrodescendientes y sus gobiernos loc<strong>al</strong>es nohan contemplado una política de atención coherente y articulada; segundo, porque losresguardos están retirados de los centros administrativos; y tercero, porque habitan enzonas de difícil acceso que hace mucho más “costosa” su atención (entendido esto últimolas administraciones loc<strong>al</strong>es y region<strong>al</strong>es). Las comunidades indígenas son constantementehostigadas por los grupos armados ileg<strong>al</strong>es, señ<strong>al</strong>adas de colaboradoras de uno u otrobando y sometidas a ajusticiamientos y asesinatos selectivos.
270 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3. Municipio monitoreado: CUMBALObjetivo: Determinar la situación <strong>del</strong> pueblo indígena Pasto. B<strong>al</strong>ance: Medianteinformación obtenida por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> se tiene conocimiento de la constantezozobra que viven los pobladores de las comunidades <strong>del</strong> lado colombiano debido a lacontinua presencia de grupos armados ileg<strong>al</strong>es y sentirse aislados de las autoridades loc<strong>al</strong>es,region<strong>al</strong>es y departament<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>271B.2. GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA EVALUACIÓN DE RIESGOSDE LA POBLACIÓN CIVIL COMO CONSECUENCIA DELCONFLICTO ARMADO – SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS(SAT)De conformidad con el fundamento normativo constitucion<strong>al</strong> y la normatividadinternacion<strong>al</strong> 5 sobre el respeto a la dignidad humana, es una obligación prioritaria <strong>del</strong>Estado colombiano proteger de posibles violaciones los derechos fundament<strong>al</strong>es a la vida,a la libertad e integridad person<strong>al</strong>. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> es la institución responsable deimpulsar la efectividad de los derechos humanos, en el marco <strong>del</strong> Estado soci<strong>al</strong> de derechoy, en este sentido, le corresponde promover la vigencia y respeto de estos; especi<strong>al</strong>mente,prevenir sus violaciones masivas así como las infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong>parte de lo cu<strong>al</strong> re<strong>al</strong>iza a través <strong>del</strong> SAT. derechos humanos contra la población civil e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario, para demandar la respuesta integr<strong>al</strong> y oportuna de prevención y protección<strong>del</strong> Estado.En marzo de 2001, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> implementó el proyecto Sistema de AlertasTempranas para la prevención de violaciones masivas de derechos humanos e infracciones<strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario. En marzo de 2003, con la Resolución 250 se creóla Delegada para la Ev<strong>al</strong>uación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia <strong>del</strong>los coyuntur<strong>al</strong>es y los estructur<strong>al</strong>es. Ante cada tipo de riesgo se debe generar unarespuesta adecuada y oportuna, que promueva la efectividad de la respuesta institucion<strong>al</strong>que corresponde <strong>al</strong> Estado y, por ello, se han establecido respectivamente los siguientes5 Pacto Internacion<strong>al</strong> de Derechos Civiles y Políticos y Convención Interamericana de Derechos Humanos.
272 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>informes: 1) De riesgo de inminencia 6 , 2) De riesgo coyuntur<strong>al</strong> (que puede ser foc<strong>al</strong>izado 7o de <strong>al</strong>cance intermedio 8 ) y 3) Estructur<strong>al</strong> 9 . El <strong>Informe</strong> de riesgo es el documento técnico einstitucion<strong>al</strong> 10 sobre la probabilidad de la ocurrencia de violaciones masivas de los derechos humanos einfracciones <strong>al</strong> DIH.Los informes siguen una estructura y parámetros básicos que hacen referencia requerimientos o recomendaciones que considera la Defensoría podrían ser tenidas encuenta para la superación <strong>del</strong> riesgo advertido. (departamento municipio, cabecera municip<strong>al</strong>, corregimiento, vereda, resguardo, territoriocolectivo) en el cu<strong>al</strong> es posible que se presente un evento de violación masiva de derechoshumanos e infracciones <strong>al</strong> DIH. cu<strong>al</strong>itativa el grupo soci<strong>al</strong> que está en riesgo y se señ<strong>al</strong>an los grupos o sectores en condiciónde vulnerabilidad (indígenas, afrodescendientes, jóvenes, niños, niñas y mujeres, entreotros).La descripción <strong>del</strong> riesgo: en este campo, se contextu<strong>al</strong>iza y caracteriza el riesgo,precisando cuál es el sentido de la disputa; qué intereses motivan a los actores armados enella; cuál es el actor armado desencadenante <strong>del</strong> riesgo y cuáles son las posibles accionesque desarrollarían los grupos armados que pueden afectar a la población civil.La v<strong>al</strong>oración <strong>del</strong> riesgo: el sistema dispone de un diseño teórico y metodológico par<strong>al</strong>a estimación <strong>del</strong> riesgo de ocurrencia de violaciones masivas de los derechos humanos eRecomendaciones: en este aspecto <strong>del</strong> informe se recomienda a las diferentesinstituciones estat<strong>al</strong>es, de acuerdo con sus mandatos, competencias y funciones, adoptarlas acciones de prevención, de acuerdo con las estrategias propuestas por el SAT; esto es,estrategias de disuasión, de fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>, de fort<strong>al</strong>ecimiento comunitario yde atención humanitaria.6 Se emiten por la gravedad y la <strong>al</strong>ta probabilidad de concreción <strong>del</strong> riesgo con el objeto de que las autoridades adopten lasSe tramitan de forma excepcion<strong>al</strong>, y sus destinatarios son directamente las autoridades pertenecientes a la fuerza pública yautoridades civiles de la región o loc<strong>al</strong>idad, sin perjuicio <strong>del</strong> envío de copia <strong>al</strong> CIAT para su conocimiento.7 Cuando el ámbito de la situación advertida en un informe de riesgo, poblacion<strong>al</strong> y territori<strong>al</strong>mente no trasciende la jurisdicciónde un municipio.8 Cuando el ámbito de la situación advertido en un informe de riesgo involucra población y territorio de dos o más municipios. 10 Tomado de Revista Población Civil Nº 4. Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Febrero de 2006.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2732.1. Gestión en monitoreoEn el presente capítulo se relacionan las actividades desarrolladas por la DefensoríaDelegada para la Ev<strong>al</strong>uación de Riesgos de la Población Civil, a través <strong>del</strong> Sistema deAlertas Tempranas, en materia de monitoreo, advertencia, elaboración de informesestructur<strong>al</strong>es y proyección soci<strong>al</strong> e interinstitucion<strong>al</strong>, t<strong>al</strong>es como las mesas de trabajo enprevención humanitaria implementadas por la Defensoría, y otros.Visita a los municipios de San José <strong>del</strong> Guaviare y C<strong>al</strong>amar, departamento <strong>del</strong>Guaviare, en febrero de 2008. En el mes de febrero se visitaron los municipios de SanAlto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. municipios y las posibles afectaciones que sobre la población civil podrían derivar de lasacciones de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es, así como hacer seguimiento <strong>al</strong> riesgo advertido através <strong>del</strong> <strong>Informe</strong> de Riesgo Nº 027-07.Se estableció que las FARC, <strong>al</strong> pretender contener los operativos militares de lafuerza pública, mantienen las acciones violentas contra la población civil en las zonasrur<strong>al</strong>es, expresadas en amenazas, reclutamientos forzados, asesinatos selectivos y siembraindiscriminada de minas antiperson<strong>al</strong>es, entre otras. de <strong>al</strong>ias “Cuchillo”, concretamente el grupo autodenominado “Ejército Revolucionario<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Antiterrorista de Colombia (ERPAC)”, cuya presencia se ha ampliado a losmunicipios de El Retorno y C<strong>al</strong>amar, en el Guaviare, hecho que constituye una amenazapara la población civil por los posibles hechos violentos que cometa.Preocupa que las autoridades civiles no se interesen en dar respuesta a las situacionesdescritas en el <strong>Informe</strong> de Riesgo 027-07, las cu<strong>al</strong>es han llegado a crear perjuicios en losmunicipios relativas a reducción de inversiones y estigmatizaciones a sus pobladores.Visita a los departamentos de Vaupés y Amazonas en febrero de 2008. Entrelos días 10 y 25 de febrero de 2008, el defensor seccion<strong>al</strong> de Vaupés, el an<strong>al</strong>ista region<strong>al</strong>para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), visitaron en comisión los Santander, El Carmen y El P<strong>al</strong>mar), el corregimiento departament<strong>al</strong> Pacoa (áreas rur<strong>al</strong>es deel departamento de Amazonas, que incluyó el área rur<strong>al</strong> de Nuevo Jirijirimo.contra la población civil que genera la presencia <strong>del</strong> Frente 1° de las Farc, especi<strong>al</strong>menteen los municipios de Mitú y Carurú, y en la construcción colectiva, con autoridades civiles,militares y sociedad civil, de los escenarios de riesgo de cada subregión visitada con el
274 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>armados ileg<strong>al</strong>es que hacen presencia en el territorio, sus condiciones de vulnerabilidad ylos factores de protección, que permitan diseñar conjuntamente estratégias de prevencióna esc<strong>al</strong>a region<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong>.Visita <strong>al</strong> Departamento de Guainía en marzo de 2008. El Defensor seccion<strong>al</strong> rur<strong>al</strong>es de Minitas, Mirolindo, <strong>Pueblo</strong> Nuevo y Laguna Colorada; territorios circunvecinosy loc<strong>al</strong>izados en la margen <strong>del</strong> río Guaviare.La comisión observó las condiciones de desplazamiento forzado de la población, quetiene un <strong>al</strong>to componente indígena. La situación más grave se presenta con pobladoresde Caño Siare, Río Uva y Caño Chupave, la cu<strong>al</strong> afecta notoriamente las poblaciones de Carpintero, Sej<strong>al</strong>ito La Unión y Cumar<strong>al</strong>ito, en el departamento de Guainía.especi<strong>al</strong> a quienes han sido víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado, la debilidad institucion<strong>al</strong>debida atención humanitaria de emergencia. En este orden, muchos ciudadanos, colonos responsables.La permanencia de estos ciudadanos es crítica por f<strong>al</strong>ta de ingresos económicos,sin vivienda y demás servicios básicos. Permanecen en medio <strong>del</strong> temor y la zozobrapor la posible ocurrencia de nuevos hechos que afecten su vida e integridad. Según losmiembros de las comunidades indígenas en situación de desplazamiento, se encuentranen un <strong>al</strong>to grado de indefensión, en la medida en que están <strong>al</strong>ejados de sus territorios y desus autoridades, debido a la pérdida de las tradiciones ancestr<strong>al</strong>es, lo que ha traído comoconsecuencia su desarraigo y el detrimento de su identidad cultur<strong>al</strong>, entre otros. En síntesis,la comisión, a partir de entrevistas y reuniones con la población y las autoridades, recibióinformación de las acciones que están generando los desplazamientos de la población civil.Visita <strong>al</strong> departamento de Arauca en abril de 2008. La misión la re<strong>al</strong>izaron laan<strong>al</strong>ista nacion<strong>al</strong> para la región nororiente, el an<strong>al</strong>ista region<strong>al</strong> de Arauca, representantes dede la Campaña Colombiana Contra Minas Antiperson<strong>al</strong> y <strong>del</strong> Proyecto de Atención aComunidades en Riesgo de Arauca, los cu<strong>al</strong>es visitaron el casco urbano de Arauquita y,en la zona rur<strong>al</strong>,, las veredas La Esmer<strong>al</strong>da, La Paz, Aguachica, y Puerto Nariño, en elmunicipio de Saravena.La misión tuvo como objetivo monitorear las situaciones de riesgo de la población civily fort<strong>al</strong>ecer las capacidades existentes en las comunidades urbanas y rur<strong>al</strong>es <strong>del</strong> municipiode Arauca en materia de mecanismos de prevención y protección, frente a las posiblesviolaciones masivas a los derechos humanos e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>275Se re<strong>al</strong>izaron reuniones con las comunidades para capacitarlas en derecho internacion<strong>al</strong>humanitario, la ruta de atención a la población desplazada, la prevención de accidentes porminas antiperson<strong>al</strong> y la ruta de atención a las víctimas de estas.En todos los corregimientos y veredas visitados se detectaron graves violaciones <strong>al</strong>os derechos humanos e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario por parte degrupos armados ileg<strong>al</strong>es. Caseríos y veredas enteras han sido des<strong>al</strong>ojadas forzosamentepor las amenazas y agresiones de grupos armados ileg<strong>al</strong>es que, en la disputa por el controlterritori<strong>al</strong> debido a las ventajas que ofrece esta región, dada su posición geoestratégicay su carácter fronterizo, se han v<strong>al</strong>ido de todos los métodos indiscriminados de guerrapara cumplir su objetivo. De esta manera, tanto la guerrilla de las Farc como el ELN seenfrentan continuamente y queda la población civil interpuesta en medio de los combates.Por su parte, la población informó que la fuerza pública, en su propósito de contrarrestarla actividad armada de la guerrilla, ha re<strong>al</strong>izado bombardeos y ametr<strong>al</strong>lamientosindiscriminados que afectan la vida, la integridad person<strong>al</strong> y los bienes civiles de lacomunidad, pues resulta frecuente encontrar municiones abandonadas sin explotar, lo queaumenta los casos por los correspondientes accidentes.Visita <strong>al</strong> departamento de Arauca en junio de 2008. La comisión integrada por laan<strong>al</strong>ista nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> SAT para la macrorregión nororiente, el an<strong>al</strong>ista region<strong>al</strong> de AraucaUnidas (OCHA), de la Campaña Colombiana contra Minas Antiperson<strong>al</strong>, de Pastor<strong>al</strong>Soci<strong>al</strong> de Arauca-Caritas Internacion<strong>al</strong> y de la Federación Luterana Mundi<strong>al</strong>, visitó laszonas rur<strong>al</strong>es de los municipio de Arauca y Tame, así como las cabeceras municip<strong>al</strong>es deLa misión tenía como objetivo fort<strong>al</strong>ecer las capacidades de las comunidades urbanasy rur<strong>al</strong>es en materia de mecanismos de prevención y protección frente a las posiblesviolaciones masivas de los derechos humanos e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong>En la zona rur<strong>al</strong> <strong>del</strong> municipio de Arauca se observaron condiciones de vulnerabilidadde las comunidades por razón de las difíciles condiciones de s<strong>al</strong>ubridad, carencia deservicios públicos y f<strong>al</strong>ta de cobertura de servicios de s<strong>al</strong>ud y educación, además <strong>del</strong>aislamiento a que están sometidas las comunidades por la f<strong>al</strong>ta de vías de comunicación.A esta situación se suma la constante amenaza que representan los grupos armadosen confrontación y la estigmatización que hace de la población cada uno de ellos. Estoha ocasionado zozobra en la población, desplazamientos forzados y afectación de bienesciviles. La práctica de las detenciones masivas, que se fundamentan en señ<strong>al</strong>amientospoblación hacia los miembros de la fuerza pública. Por ello, exigieron, mediante derechode petición elevado a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, la presencia de esta institución en la zonade las personas que han sido capturadas, su situación jurídica y las posibilidades de defensaen cada caso.
276 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Visita <strong>al</strong> municipio de San José <strong>del</strong> Guaviare en junio de 2008. En desarrollo de lafuncionarios de la Defensoría Delegada para los Indígenas y las Minorías Étnicas y eldefensor comunitario.La misión tuvo como objetivo actu<strong>al</strong>izar el monitoreo de la situación de derechoshumanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario de las comunidades indígenas Nukak Makúy Guayabero, para v<strong>al</strong>idar el informe defensori<strong>al</strong> que el SAT y la Delegada de Indígenasestán preparando así como establecer contactos con autoridades civiles, eclesiásticas,organizaciones soci<strong>al</strong>es y población civil <strong>del</strong> departamento para conocer la ofertainstitucion<strong>al</strong> en prevención y los mecanismos comunitarios en esta materia, en cuanto aviolaciones masivas a los derechos humanos. Igu<strong>al</strong>mente, se abordó la temática relacionadacon las condiciones de vulnerabilidad de las comunidades <strong>del</strong> departamento.Visita <strong>al</strong> departamento de Chocó en junio de 2008. En desarrollo de la misión sehizo un recorrido por los municipios de Quibdó, Istmina, Litor<strong>al</strong> <strong>del</strong> San Juan, Medio SanJuan y Santa Genoveva de Docordó, especi<strong>al</strong>mente a las comunidades La P<strong>al</strong>estina, PuertoPizario y Unión Wounáan, así como a la comunidad Las Colonias en el municipio dede Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ACNUR, UNICEF, OCHA, Pastor<strong>al</strong>Soci<strong>al</strong>, y funcionarios de la Defensoría Delegada para los Indígenas y de la Coordinaciónpara la Atención <strong>al</strong> Desplazamiento.habitan la cuenca <strong>del</strong> San Juan, donde se vienen registrando hechos violentos que atentancontra la población civil y pueden desencadenar desplazamientos forzados.El sur <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Chocó es territorio donde los actores armados ileg<strong>al</strong>esse disputan el control estratégico de posiciones vit<strong>al</strong>es para el dominio territori<strong>al</strong>, soci<strong>al</strong>y económico, lo que ha hecho de esta zona la de mayores índices de violencia a niveldepartament<strong>al</strong>. La apropiación <strong>del</strong> territorio por parte de actores armados, además dedespojarla de la titularidad, vincula de manera forzada a la población nativa a actividadeseconómicas desligadas de su tradición y cultura, genera resquebrajamiento de los tejidossoci<strong>al</strong>es y familiares, la obliga a establecer <strong>al</strong>ianzas tácitas con la ileg<strong>al</strong>idad y a deslegitimarsu identidad y autonomía en relación con el territorio, aplaza sus planes de vida en materiade manejo territori<strong>al</strong> autónomo, impone nuevas formas de ordenamiento, propicia elabandono de prácticas tradicion<strong>al</strong>es de subsistencia, crea dependencia <strong>del</strong> dinero y afecta losecosistemas, contaminando los ríos, exterminando la cobertura boscosa e incrementandolas acciones crimin<strong>al</strong>es.En consecuencia, la violencia que se cierne sobre la población civil de estos territoriostiene sus princip<strong>al</strong>es causas en la presión que ejercen los grupos armados ileg<strong>al</strong>essobre campesinos, comunidades afrocolombianas e indígenas y sobre las autoridadesterritori<strong>al</strong>es que los representan, con el propósito de apropiarse de extensiones detierra, eje fundament<strong>al</strong> para la implementación de cultivos de uso ilícito y la explotaciónintensiva de recursos natur<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>277Visita <strong>al</strong> departamento <strong>del</strong> Tolima en Junio de 2008. La misión hizo un recorridopor los municipios de Chaparr<strong>al</strong>, San Antonio, Roncesv<strong>al</strong>les, Rovira, Anzoátegui, Lérida,de Derechos Humanos de Naciones Unidas. humanos de los habitantes de los municipios, orientar la v<strong>al</strong>oración <strong>del</strong> riesgo y el análisisde la vulnerabilidad de la población civil de las zonas visitadas, teniendo en cuenta lassituaciones ocurridas en el Tolima durante el último año en materia de violaciones a losderechos humanos, t<strong>al</strong>es como desplazamientos forzados y amenazas a la poblacióncivil por parte de los actores armados que operan en la jurisdicción, y el desarrollo deoperaciones militares, princip<strong>al</strong>mente en el sur y ahora en el oriente.Con la implementación de acciones de control territori<strong>al</strong> propias <strong>del</strong> componentemilitar de la denominada política de “Seguridad Democrática”, en esta zona <strong>del</strong> país se hanpresentando situaciones que permiten prever posibles acciones de contención debido <strong>al</strong>repliegue territori<strong>al</strong> de las FARC, así como posibles excesos por parte de la fuerza públicacontra la población civil.Se constató, en las reuniones con la comunidad, el constreñimiento de que vienesiendo objeto la población civil por la imposición de normas de conducta por parte <strong>del</strong>a guerrilla, consistentes en restricciones a la movilidad, extorsiones y boleteos a sectorescomo comerciantes y transportadores, así como el impedimento de trato con miembros<strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> so pena de sufrir ret<strong>al</strong>iaciones económicas y hasta el destierro. Asímismo, se dio a conocer la utilización de bienes civiles y escuelas rur<strong>al</strong>es por parte deentre la comunidad por temor a que se presenten enfrentamientos.2.2. Gestión en advertencia a través de informes de riesgoEn el periodo comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2008, elSistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> emitió 32 informes deriesgo para advertir posibles violaciones masivas de los derechos humanos e infracciones<strong>al</strong> DIH, y 39 notas de seguimiento 11 para informar de la persistencia y la agudización desituaciones de riesgo previamente advertidas. El tot<strong>al</strong> fue de 71 situaciones de riesgo quecubren 145 municipios, lo cu<strong>al</strong> aparece en el mapa N° 1.11 Las notas de seguimiento son un complemento de la advertencia y se basan en el seguimiento de la evolución <strong>del</strong> riesgoadvertido en un informe de riesgo y en las medidas subsiguientes, adoptadas por las autoridades competentes.
278 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Mapa 1. Situaciones de riesgo advertidas en el territorio nacion<strong>al</strong> duranteel año 2008Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas.por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, que correspondierona 12 informes de riesgos foc<strong>al</strong>izados, 14 informes de riesgo de <strong>al</strong>cance intermedio, 6informes de riesgo de inminencia y 39 notas de seguimiento.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>279200880716040323920121460<strong>Informe</strong>s deriesgosfoc<strong>al</strong>izados<strong>Informe</strong>sde riesgo<strong>al</strong>canceintermedio<strong>Informe</strong>sriego deinminenciaTot<strong>al</strong> <strong>Informe</strong>sde RiesgoNotas deseguimientoTot<strong>al</strong> situacionesde riesgoadvertidasTipos de documentosFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas.en la población de 145 municipios de 29 departamentos, distribuidos como lo muestra latabla 1.Tabla 1. Tot<strong>al</strong> de situaciones de riesgo advertidas por departamentoy número de municipios incluidos por departamento. Enero 1 a 31 dediciembre de 2008DepartamentoN° tot<strong>al</strong> de situaciones de riesgoadvertidas por departamentoN° de municipios advertidosen riesgo por departamentoAmazonas 1 1Antioquia 2 5Arauca 4 5Atlántico 2 14Bolívar 3 5Boyacá 1 1C<strong>al</strong>das 1 2
280 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>DepartamentoN° tot<strong>al</strong> de situaciones de riesgoadvertidas por departamentoN° de municipios advertidosen riesgo por departamentoCaquetá 5 11Casanare 1 1Cauca 8 15Cesar 1 6Chocó 3 5Córdoba 4 4Cundinamarca 3 2Guaviare 2 2Huila 2 7La Guajira 1 1Meta 2 5Nariño 3 14Norte de Santander 7 7Putumayo 2 2Quindío 1 6Risar<strong>al</strong>da 1 4Santander 4 7Sucre 1 2Tolima 4 5V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca 1 1Vaupés 1 3Vichada 2 2Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas.Los departamentos con mayor cantidad de municipios incluidos en informes de riesgo,son, en su orden: Cauca, con quince (15) municipios; Nariño, con catorce (14) ; Atlántico,con catorce (14) y Caquetá, con once (11)*.A su vez, según la mayor cantidad de situaciones de riesgo advertidas, el primeroes el departamento <strong>del</strong> Cauca, con ocho (8): dos informes de riesgo y seis 6 notas deseguimiento. Le sigue el departamento de Norte de Santander, con siete (7): un informede riesgo y seis notas de seguimiento, y en tercer lugar se encuentra el departamento deCaquetá, con cinco (5) situaciones de riesgo advertidas: dos informes de riesgo y tres notasde seguimiento.Los departamentos que concentraron mayor cantidad de población 12 en riesgo fueron:Risar<strong>al</strong>da, Nariño, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca y Cundinamarca.12 El tot<strong>al</strong> de población advertida en riesgo se c<strong>al</strong>cula a partir de los datos de población publicados por el DepartamentoAdministrativo Nacion<strong>al</strong> de Estadística (DANE), por municipio y distribución cabecera-resto. En <strong>al</strong>gunos casos, ante la f<strong>al</strong>ta digitación. Nota de edición.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>281DepartamentoCaquetáAtlánticoBoyacáCasanareGuaviareAraucaCesarAmazonasVaupésNorte De SantanderCórdobaSucreChocóSantanderCaucaAntioquiaLa GuajiraVichadaQuindíoBolívarCundinamarcaV<strong>al</strong>le <strong>del</strong> CaucaNariñoRisar<strong>al</strong>da1,8702,2002,0007,0008,0508,56810,70011,50011,50012,15012,70012,82519,43120,02020,77022,69024,89327,90035,57363,559170,000226,817331,569Tot<strong>al</strong> de población advertida1´798.377 hab.734,0920 200,000 400,000 600,000 800,000Cantidad de PoblaciónFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> - Sistema de Alertas Tempranas.En cuanto hace referencia a los grupos poblacion<strong>al</strong>es 13 , el Sistema de Alertas Tempranasafrodescendiente; catorce (14) que relacionan indígenas y treinta (30) en los que estáemitidos, se advierte el riesgo a por lo menos una minoría étnica.13 Cada informe de riesgo puede advertir a uno o más tipos poblacion<strong>al</strong>es simultáneamente.
282 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3040307142010Número de <strong>Informe</strong>s deRiesgoAfrodescendientes Indígenas Otra población civil0Tipos Poblacion<strong>al</strong>esFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> - Sistema de Alertas Tempranas.Las FARC es el princip<strong>al</strong> grupo fuente de amenaza contra la población civil, <strong>al</strong> haberse otros grupos armados ileg<strong>al</strong>es 14 nuevos grupos armados ileg<strong>al</strong>es posdesmovilización de las AUC, las cu<strong>al</strong>es son aquellas compuestas por reductos de lasAutodefensas Unidas de Colombia que no se desmovilizaron y por desmovilizados rearmados, además de los grupos
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>283302725Número de <strong>Informe</strong>s deRiesgo20101110AUC FARC ELN Otros GruposArmadosIleg<strong>al</strong>esFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas.Actor Fuente de la Amenazade las factibles infracciones <strong>al</strong> DIH y los derechos fundament<strong>al</strong>es amenazados. Lasconductas vulneratorias que con mayor frecuencia fueron advertidas en los informes dedesplazamiento forzado de la población civil, los cu<strong>al</strong>es son advertidos en la tot<strong>al</strong>idad deinformes de riesgo. utilización de métodos o medios para generar terror en la población civil, el reclutamientoforzado, las desapariciones forzadas y los enfrentamientos con interposición depoblación civil.
284 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>A. Desaparición forzadaB. Homicidio selectivoC. Homicidio selectivo deconfiguración múltipleD. MasacreE. Violencia sexu<strong>al</strong>F. Ataque indiscriminadoG. Accidentes por minas y/o armastrampaH. Enfrentamiento con interposiciónde población civilI. Utilización de métodos o mediospara generar terror en la P.C.J. Destrucción de bienes civiles y/oafectación de bienesindispensablesK. Afectación de la P.C. por ataquea obras o inst<strong>al</strong>aciones quecontienen fuerzas peligrosasL. Desplazamiento forzado de lapoblación civilM. Reclutamiento forzadoTipos de Conducta Según C<strong>al</strong>ificación <strong>del</strong> SATA.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.M.3814171618212126252832320 15 30Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas. PC: población civil.el derecho a la vida, a la integridad person<strong>al</strong> y a no ser desplazado se registran amenazadosen la tot<strong>al</strong>idad de los informes de riesgo. Es igu<strong>al</strong>mente relevante el nivel porcentu<strong>al</strong> deadvertencia de vulneración de los derechos a la libertad de residencia, a la libre circulación,a no ser desaparecido, a no ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio y <strong>al</strong>a libre asociación.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>285A. A la vidaB. A la integridad person<strong>al</strong>C. A no ser desaparecidoD. A la libertad person<strong>al</strong>E. A no ser desplazadoF. Al libre desarrollo de laperson<strong>al</strong>idadG. A la libre circulaciónH. A la libertad de residenciaI. A poder reunirse ymanifestarse pública ypacíficamenteJ. A la libre asociaciónK. A participar en laconformación, ejercicio y control<strong>del</strong> poder políticoL. A no ser costreñido a ejecutarun trabajo forzoso u obligatorioDerechos Fundament<strong>al</strong>es AmenazadosA.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.L.161917192223232628323232Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas.0 15 30La descripción de las situaciones de riesgo que hace el SAT a través de los informesde riesgo, incluye una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades competentes,con medidas que buscan la disuasión, mitigación o superación <strong>del</strong> riesgo que se advierte.que muestran la intencion<strong>al</strong>idad de las acciones que propone la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>,independientemente de la entidad o instancia que sea destinataria de la recomendación. El
286 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de diciembre de 2008A. Poner en marcha medidas deasistencia humanitariaB. Propiciar programas yproyectos de desarrollosocioeconómicoC. Elaborar y aplicar planesloc<strong>al</strong>es o region<strong>al</strong>es deprevenciónD. Verificar la actuación defuncionarios públicosE. Promover respeto a los DD.HH.F. A<strong>del</strong>antar ev<strong>al</strong>uacionesconjuntas region<strong>al</strong>es y/o loc<strong>al</strong>esG. Fort<strong>al</strong>ecer la organizacióncomunitariaH. A<strong>del</strong>antar programas dedesminadoI. Formular e implementar unapolítica pública en prevenciónJ. Informar a instanciasNacion<strong>al</strong>es e Internacion<strong>al</strong>es deDD.HH.K. Medidas y operaciones deFuerza PúblicaLíneas de RecomendaciónA.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.0% 25% 50% 75% 100%<strong>Informe</strong>s de RiesgoFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas.T<strong>al</strong> como se mencionó en la introducción de este informe, las recomendacionesformuladas en los informes de riesgo se orientan a la disuasión, a la atención y ayudahumanitaria, y <strong>al</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> y soci<strong>al</strong> de la comunidad. En todos los casos,se busca que la acción integr<strong>al</strong> <strong>del</strong> Estado cumpla con el deber de garantía de los derechoshumanos a través de medidas de prevención y protección. Del tot<strong>al</strong> de situaciones deriesgo advertidas por el Sistema de Alertas Tempranas (SAT), se remitieron <strong>al</strong> ComitéInterinstitucion<strong>al</strong> de Alertas Tempranas (CIAT) 26 informes de riesgo y 39 notas deseguimiento, para un tot<strong>al</strong> de 65 situaciones de riesgo. De ellas, 34 fueron consideradasEs importante anotar que en la fecha de elaboración de este reporte 15 se desconocela decisión tomada por el CIAT en dos casos. El primero, sobre la nota de seguimientoNº 013-08 emitida el 1 de abril de 2008, la cu<strong>al</strong> es la sexta <strong>al</strong> informe de riesgo Nº 037-04emitido para los municipios de C<strong>al</strong>dono, Jamb<strong>al</strong>ó, Silvia y Toribío, en el departamentode Cauca. El segundo corresponde <strong>al</strong> informe de riesgo 021 de 2008 <strong>del</strong> 1 de octubre deCazucá <strong>del</strong> municipio de Soacha, en el departamento de Cundinamarca.15 La fecha que se toma para la elaboración de este reporte es mayo de 2009.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2876560Número de Documentos3026393420<strong>Informe</strong>s de riesgoremitidos <strong>al</strong> CIATNotas deseguimientoremitidas <strong>al</strong> CIATTot<strong>al</strong> advertenciasremitidas<strong>al</strong> CIATTot<strong>al</strong> de <strong>al</strong>ertastempranasdeclaradas por elCIATAdvertenciaspendientes derespuesta <strong>del</strong> CIATFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas.2.3. <strong>Informe</strong> estructur<strong>al</strong> de riesgo interno en una región o subregión <strong>del</strong> país. En los meses de abril y mayo, la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> contrató dos consultores para la elaboración de los informes estructur<strong>al</strong>es.El primero de ellos, para los territorios que comprenden el piedemonte araucano y elinici<strong>al</strong> de seis meses para el desarrollo de cada consultoría.En el diseño metodológico para la elaboración de los <strong>Informe</strong>s, además <strong>del</strong>os lineamientos establecidos por el equipo nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> SAT, se incorporaron lasobservaciones y recomendaciones sobre la incorporación de la perspectiva de género, ende Unifem, y el proyecto de prevención de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñasEn la elaboración de cada uno de los <strong>Informe</strong>s se llevaron a cabo visitas a los municipioslas hipótesis de riesgo estructur<strong>al</strong> mediante la re<strong>al</strong>ización de t<strong>al</strong>leres con organizaciones
288 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>soci<strong>al</strong>es, grupos de mujeres, entrevistas con funcionarios públicos loc<strong>al</strong>es, participación enespacios de concejos comunitarios, reuniones con representantes de los cabildos indígenascon asiento en la zona y con líderes soci<strong>al</strong>es en gener<strong>al</strong>.2.3.1. <strong>Informe</strong> estructur<strong>al</strong> de riesgo de la costa pacífica caucanaHipótesis de riesgo y metodología adoptada. Para la elaboración de la hipótesis deGuapi, Timbiquí y López de Micay) se tomó como base el enfoque histórico estructur<strong>al</strong>o histórico sistémico, <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> es uno de sus exponentes destacados el investigador ÓscarAlmario 16 Este enfoque busca trascender las metodologías que han venido haciendo carrera,especi<strong>al</strong>mente en <strong>al</strong>gunos ámbitos de los derechos humanos así como en quienes asesoranel diseño de políticas públicas que empiezan por considerar que un diagnóstico estructur<strong>al</strong>aplicación de <strong>al</strong>gunas herramientas de opinión 17 , en un t<strong>al</strong>ler o reunión con miembros de lacomunidad, líderes y funcionarios loc<strong>al</strong>es, cuyo producto se vuelve insumo de un informeescrito, s<strong>al</strong>picado aquí y <strong>al</strong>lá de cifras y estadísticas.Esta metodología, que se ha denominado <strong>del</strong> “diagnóstico participativo”, sirve decu<strong>al</strong> funge como sustento de “planes de contingencia”, “planes de acción” y todo tipode proyectos y programas de intervención pública y privada en regiones afectadas por con lo estructur<strong>al</strong>, pero casi siempre se restringen a describir expresiones o manifestacionesde violencia y descomposición soci<strong>al</strong> que impiden entender los condicionamientos yfactores que los animan. Ello lleva, creemos, a que las soluciones adoptadas resulten serTambién se toma distancia, en la hipótesis de riesgo, de las metodologías de análisis <strong>del</strong>re<strong>al</strong>izar un análisis histórico estructur<strong>al</strong> para determinar el mapa de riesgo de una región,sino que, solamente, basta con v<strong>al</strong>orar el comportamiento de los grupos armados, el tipode población, los tipos de violencia y los grados de control, a partir de lo cu<strong>al</strong> se planteanpronósticos y predicciones de determinados sucesos, fruto de diversas ecuaciones (gradode control v/s tipo de violencia, grado de control v/s tipo de escenario soci<strong>al</strong>, etc.). Ellopermite prevenir un esc<strong>al</strong>amiento de la violencia por medio de medidas de asistencia yprotección de las comunidades y de disuasión por parte de la fuerza pública.16 En Óscar Almario García, 2003, Universidad Nacion<strong>al</strong> de Colombia. Sede Me<strong>del</strong>lín. Facultad de Ciencias Humanas y, 1780-1930. Me<strong>del</strong>lín, octubre de 2003. de la República.17 Usu<strong>al</strong>mente, estas herramientas consisten en la elaboración por los participantes, con la mediación o direccionamiento <strong>del</strong>facilitador, de listados de “amenazas”, “vulnerabilidades”, “situaciones de violencia” o “violaciones”, “capacidades soci<strong>al</strong>es einstitucion<strong>al</strong>es”, etc., lo que da lugar a un nuevo listado de “necesidades”, “responsables” y “acciones”, entre otras.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>289Si bien este tipo de estudio puede ser un poco más preciso que el llamado “diagnóstico” <strong>al</strong>que se ha hecho mención, no deja de tener vacíos importantes, de manera que sus resultados,en el mejor de los casos, apuntan a un diagnóstico y medidas de coyuntura, sin ahondar en de las comunidades con las que interactúan y termina respondiendo a factores como ladebilidad <strong>del</strong> Estado para integrar a la población, o a supuestas condiciones endémicaslimitantes, como la f<strong>al</strong>ta de educación, vías y otras infraestructuras y oportunidades, queautóctonas.El enfoque histórico estructur<strong>al</strong> que adoptamos empieza con la consideración de queel estudio de un conglomerado soci<strong>al</strong> debe necesariamente observar la estructura soci<strong>al</strong>etnohistórica confrontada con distintos procesos cultur<strong>al</strong>es occident<strong>al</strong>es, se echa luz sobre proclive a la implantación y expansión de la guerra. Debe mirar también el origen de laacción soci<strong>al</strong> y la estructura emergente.En efecto, siguiendo a Almario 18 , esta metodología se explica por la conjugación detres tipos de análisis: el estudio de una estructura soci<strong>al</strong> preexistente, el origen de una soci<strong>al</strong> que plantea rupturas o procesos de disolución a dicho sistema societ<strong>al</strong> o estructura,y la nueva estructura emergente de esa acción soci<strong>al</strong>, que implica la descripción y análisis dediversos elementos contradictorios relacionados con su génesis.desde la segunda mitad <strong>del</strong> siglo XVIII hasta comienzos <strong>del</strong> siglo XX, muestra cómola estructura existente en la región “era la de una sociedad esclavista en una fronteraminera…” 19 , cohesionada bajo un “mo<strong>del</strong>o de centro–periferia” en materia de controlterritori<strong>al</strong>, y soportada en el sistema soci<strong>al</strong> de castas de la colonia. El origen de la acciónsoci<strong>al</strong> está relacionado con fenómenos como la disolución <strong>del</strong> régimen esclavista y laruptura <strong>del</strong> orden coloni<strong>al</strong>, en el marco de la formación <strong>del</strong> Estado nacion<strong>al</strong> republicanoy <strong>del</strong> cambio <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>o cultur<strong>al</strong> de la colonia a la modernidad, proceso que dio lugar a laideología <strong>del</strong> nacion<strong>al</strong>ismo de Estado, “…agenciado por los sectores criollos dirigentes...” 20 ,y por otra a la “…etnogénesis negra e indígena” 21 a dos hechos contradictorios: por un lado, el nacimiento de un Estado nacion<strong>al</strong> periféricoy excluyente –que no logra establecer una hegemonía cultur<strong>al</strong> sobre los grupos étnicos–,la sociedad indígena, ambas fuertemente interferidas por el nacion<strong>al</strong>ismo de Estado y lareligiosidad católica y, por tanto, frustradas en sus posibilidades de consolidación política.Tomando el mo<strong>del</strong>o o enfoque histórico-estructur<strong>al</strong> como base para la presenteinvestigación, se arranca por la caracterización histórica de las comunidades, advirtiendo18 Ibídem.19 Ibídem p. 2.20 Ibídem p. 2.21 Ibídem. p. anterior.
290 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>organización soci<strong>al</strong> y productiva étnica a los mo<strong>del</strong>os implantados desde la Colonia y, mástarde, durante la República.de forma segregada y excluyente y a sus territorios como b<strong>al</strong>díos, es decir, objeto deestrategias “extractivistas” de bajo v<strong>al</strong>or agregado, cuyos rendimientos contribuyen <strong>al</strong>os procesos de acumulación centro - andinos. En p<strong>al</strong>abras <strong>del</strong> profesor Almario, en laRepública se da continuidad a un mo<strong>del</strong>o etnocéntrico: “…, con la República, <strong>al</strong> declinar laproducción de oro, devino en región margin<strong>al</strong> frente a la construcción de país, en fronteranatur<strong>al</strong> respecto <strong>del</strong> mercado nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong> y en población discriminada desde elimaginario nacion<strong>al</strong> en construcción (…)” 22 .los distintos procesos extractivos capit<strong>al</strong>istas, ven decrecer <strong>al</strong> mismo tiempo su capacidadde recuperación y adaptación <strong>al</strong> entorno biótico, debido a la degradación que van creandoen la oferta ambient<strong>al</strong> t<strong>al</strong>es políticas, impuestas desde los centros de poder. En este sentido,y especi<strong>al</strong>mente a partir de la década de 1980, los procesos socioeconómicos autóctonoscomienzan a volverse insostenibles, como efecto de la drástica reducción <strong>del</strong> recursoambient<strong>al</strong>, sumado a la decadencia originada en las contradicciones de la transición <strong>del</strong>mo<strong>del</strong>o desarrollista <strong>al</strong> mo<strong>del</strong>o mercado céntrico.“c<strong>al</strong>vario”, en el que, a pesar de intentarse por diversas vías su recuperación soci<strong>al</strong> yeconómica (t<strong>al</strong>es como iniciativas y proyectos de desarrollo –<strong>al</strong>gunos agenciados por elEstado–, así como su adscripción a la corriente <strong>del</strong> multicultur<strong>al</strong>ismo, la plurietnicidad yel desarrollo sostenible, entre otras), encontrarán un camino signado por la conjunción deuna serie de factores que irán degradando su situación sociocultur<strong>al</strong> y productiva, hastade guerra, con las violencias y consecuencias hoy conocidas.Esta v<strong>al</strong>oración concluye con una prospectiva <strong>del</strong> riesgo, que apunta a dibujar de unay económicas que afrontará la región en el mediano plazo. Lo cu<strong>al</strong>, complementado conel análisis de la respuesta estat<strong>al</strong>, permite fundamentar y hacer precisión en el tipo deacciones que deberían a<strong>del</strong>antarse para superar paulatinamente el actu<strong>al</strong> estado de cosas.Fin<strong>al</strong>mente, no sobra rec<strong>al</strong>car que el enfoque histórico estructur<strong>al</strong> ha aportado otroselementos metodológicos para el desarrollo de esta investigación: la periodización y laperspectiva region<strong>al</strong> o espaci<strong>al</strong>. En el primer caso, implica hacer una lectura de los procesoshistóricos como procesos complejos y gradu<strong>al</strong>es que pueden ser an<strong>al</strong>izados en periodospor tanto, hacen que su estudio sólo pueda asumirse como la observación de un sistemao complejo soci<strong>al</strong> en su devenir histórico. De <strong>al</strong>lí el nombre de la metodología (estructur<strong>al</strong>o sistémica). Al respecto, señ<strong>al</strong>ó Almario cómo la periodización depende tanto de la22 Ibídem p. 93.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>291a la hora de ser aplicada a determinadas condiciones region<strong>al</strong>es.En cuanto <strong>al</strong> concepto region<strong>al</strong> o de espaci<strong>al</strong>ización, este implicará adentrarse en elreduccionismo de su complejidad y v<strong>al</strong>or cultur<strong>al</strong>. En este sentido, observó Almario que“…toda región es el resultado de una construcción histórica (…) inmateri<strong>al</strong> de quieneslas han inventado, soñado, padecido y mo<strong>del</strong>ado según sus intereses (…)” 23 , de manera exige <strong>al</strong> an<strong>al</strong>ista dar cuenta de todas estas interacciones (y no solo de aquellas incluidas enlos estrechos límites municip<strong>al</strong>es) y ser capaz de sintetizarlas en una hipótesis que aporteexplicaciones fundadas sobre el panorama de riesgo.Un resultado centr<strong>al</strong> de este marco an<strong>al</strong>ítico consiste en determinar cuáles han sido losaspectos cruci<strong>al</strong>es como la implantación de economías ilícitas en el escenario sociocultur<strong>al</strong>y productivo étnico, además de los impactos en derechos humanos, particularmente en losderechos a la vida, integridad y libertades, económicos, soci<strong>al</strong>es, cultur<strong>al</strong>es y <strong>del</strong> ambiente,vulnerables, como la niñez y las mujeres.Fin<strong>al</strong>iza la investigación con un b<strong>al</strong>ance acerca de la respuesta y responsabilidad <strong>del</strong>Estado colombiano frente a la situación, mediante el estudio de los efectos de las distintasvisiones de política implantadas desde los niveles nacion<strong>al</strong>, departament<strong>al</strong> y municip<strong>al</strong>;lo que se conjuga con una v<strong>al</strong>oración de los proyectos de las ONG y de la cooperacióninternacion<strong>al</strong> presentes en la zona, así como <strong>del</strong> rol que desempeñan las comunidades eneste contexto. V<strong>al</strong>oración que se complementa con recomendaciones a las autoridadesy líderes, ordenadas conforme a los princip<strong>al</strong>es derechos vulnerados, como son la vida,integridad y libertades, las infracciones <strong>al</strong> DIH, el desplazamiento forzado, el reclutamientoy utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados, las afectaciones en materiade mujer y género y los derechos económicos, soci<strong>al</strong>es, cultur<strong>al</strong>es y ambient<strong>al</strong>es.Como corolario, se cuenta con mapas en los que se muestra cómo han ido evolucionando décadas <strong>del</strong> 80 y 90 y en la década actu<strong>al</strong>, lo cu<strong>al</strong> concluye con una prospectiva o análisisde las posibles dinámicas y fenómenos de violencia que puedan azotar a esta región en elcorto y mediano plazo.durante el segundo semestre de 2008: un trabajo de campo consistente en un recorridopor los tres municipios en el que se a<strong>del</strong>antaron entrevistas, grupos de discusión y t<strong>al</strong>lerescon autoridades, líderes y comunidades, entre los meses de junio y julio; un proceso de2008 y enero de 2009.23 Ibídem. P. 83.
292 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2.3.2. <strong>Informe</strong> estructur<strong>al</strong> de riesgo para el piedemonte araucanoEste <strong>Informe</strong> de riesgo estructur<strong>al</strong> indaga sobre los aspectos estructur<strong>al</strong>es queconstantes donde las garantías a la vida y el desarrollo y libre disfrute de los derechosfundament<strong>al</strong>es están siendo cada vez menos viables. 24 porque actores armados vienen cometiendo acciones atentatorias contra la normativa <strong>del</strong> derechointernacion<strong>al</strong> de los derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario; así comoen Arauca, capit<strong>al</strong> <strong>del</strong> departamento, dado que <strong>al</strong>lí están las princip<strong>al</strong>es instituciones <strong>del</strong>Estado a esc<strong>al</strong>a region<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong> y es donde se toman las decisiones públicas que afectande manera positiva o negativa a su población.La investigación ha mostrado que el departamento de Arauca, en un proceso de las expresiones de lo que ha sido la historia de la construcción <strong>del</strong> Estado colombiano,y soci<strong>al</strong>, que amenaza, todavía en los inicios <strong>del</strong> siglo XXI, la viabilidad como proyectopolítico, soci<strong>al</strong> y cultur<strong>al</strong> de la población que <strong>al</strong>lí reside.internamente” a la región llanera como una “…sociedad con una identidad construida apartir de la resistencia, la supervivencia y la confrontación, pero <strong>al</strong> mismo tiempo, estosuna región periférica y margin<strong>al</strong>, esto es, como el espacio de la otredad, de lo que nopertenece <strong>al</strong> Estado-Nación” 25 .internacion<strong>al</strong>, se busca comprender la compleja relación con los procesos asociados a laguerra o a la disputa <strong>del</strong> poder económico y político en la región. Esto, para entenderlas razones de la presencia de los actores armados, sus estrategias y tácticas y los efectos 24 Se entiende por piedemonte araucano el territorio comprendido por los actu<strong>al</strong>es municipios de Tame, Fortul, Saravena yparte de Arauquita. Esta zona ha sido conocida históricamente como región <strong>del</strong> Sarare; sin embargo, es necesario aclararjurisdicción de los actu<strong>al</strong>es municipios de Tame, Fortul, Saravena, Arauquita, Cubará y Toledo, respectivamente. “El SarareCobaría, Margua y Cubugón, frente <strong>al</strong> Estado Apure en Venezuela. El Sarare constituye la zona de transición norte entre lacordillera orient<strong>al</strong> y el <strong>al</strong>to Llano. Estas tierras que integran la región pertenecen a la jurisdicción de los municipios de Toledo,Arauca”. Véase: Gir<strong>al</strong>do Castaño, Germán G. La Colonización en la orinoquía colombiana, Arauca 1900 – 1980. Ediciones25 Alonso E., Manuel Alberto. Editori<strong>al</strong> Universidad de Antioquia. Me<strong>del</strong>lín, marzo de 1997.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>293de retaguardia o punto de partida de operaciones militares) y de los recursos económicosque ofrece” 26 .En el informe estructur<strong>al</strong> se destaca que Arauca pasó de ser una región de frontera 27 , a <strong>al</strong>canzar unaimportancia económica en el contexto nacion<strong>al</strong>, dado el gran impacto petrolero de CañoLimón. Sus riquezas petroleras dinamizaron un proceso acelerado de urbanización yarticulación intra- y extrarregion<strong>al</strong>, que ha llevado a una contradicción en la distribución <strong>del</strong>a riqueza, el agotamiento de los recursos ambient<strong>al</strong>es, la fragmentación <strong>del</strong> tejido soci<strong>al</strong> yla construcción de un proyecto region<strong>al</strong> cada vez mas excluyente y violento.Lo que se evidencia es que el boom petrolero que despertó este territorio tomó porsorpresa tanto <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> como a la dirigencia araucana, que en esos momentosno contaba con una infraestructura institucion<strong>al</strong>, física y humana capacitada paraa sus arcas. Como consecuencia, sobrevinieron la corrupción y el despilfarro, y solo unaparte de la infraestructura física y humana ha logrado permear el contexto territori<strong>al</strong> ysoci<strong>al</strong> <strong>del</strong> departamento de Arauca.En este contexto, sumado a las condiciones de abandono institucion<strong>al</strong> <strong>del</strong> territorio, suhistórico aislamiento de los princip<strong>al</strong>es centros urbanos <strong>del</strong> país y la precaria intervención<strong>del</strong> Estado, atrajo a otras organizaciones ileg<strong>al</strong>es –que se encontraban en proceso deexpansión y copamiento de territorios nacion<strong>al</strong>es no articulados a la dinámica económica, Con el creciente desarrollo de las estrategias de estas organizaciones <strong>al</strong> margen <strong>del</strong>a ley, se fue consolidando un escenario propicio para la economía de la guerra, el usoreiterado de tácticas militaristas de cada uno de los bandos en confrontación, y el uso dederecho internacion<strong>al</strong> humanitario y creciente condición de vulnerabilidad y pobreza en lapoblación residente.En segundo lugar, el proceso de ocupación <strong>del</strong> territorio, desde una mirada histórica,comienzos de la década de los años ochenta, momento en el cu<strong>al</strong> comienza de maneraterritorio piedemontano.Posteriormente surgirá el proceso de desarrollo económico en el departamento,partiendo <strong>del</strong> enclave petrolero conocido como Caño Limón, sus consecuencias inmediatasy el accionar de los actores armados ileg<strong>al</strong>es. Enseguida, la dinámica de la economía <strong>del</strong>26 Pécaut, Daniel (2004). En Dimensiones territori<strong>al</strong>es de la27 Empezando desde la independencia, pasando por el periodo de la violencia de mediados <strong>del</strong> siglo veinte hasta la recienteconfrontación Estado – guerrilla a comienzos de la década <strong>del</strong> 80, que se complejiza aún más con la llegada de gruposparamilitares y la posterior confrontación entre los mismos grupos guerrilleros.
294 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>económicas, propias de las regiones de frontera internacion<strong>al</strong>, cuya explotación ileg<strong>al</strong>también contribuye a la economía de la guerra y <strong>al</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento de organizaciones ileg<strong>al</strong>es: departamento. Comienza con el surgimiento de los actu<strong>al</strong>es grupos guerrilleros (FARCy ELN) y grupos paramilitares de reciente aparición y expansión. Describe y diagnosticael accionar de la fuerza pública y su probable papel en la intensidad de la confrontaciónarmada, particularmente de las infracciones <strong>al</strong> DIH que como fuerza regular está obligadaen materia de violaciones a los derechos humanos. Fin<strong>al</strong>iza con unas recomendaciones depolítica pública para el Estado colombiano, en materia de prevención y superación de las<strong>del</strong> Estado nacion<strong>al</strong>, recién iniciado el siglo XXI.2.4. Alertas tempranas levantadas por el CIATDurante el año 2008, el CIAT implementó una política de descentr<strong>al</strong>ización de susreuniones con el propósito de integrar en la v<strong>al</strong>oración de los informes de riesgo, y enlas notas de seguimiento emitidas por el SAT, la participación de las autoridades civiles ymilitares de los niveles region<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong>, con los representantes de las instancias nacion<strong>al</strong>esque hacen parte <strong>del</strong> CIAT 28 . Esta nueva estrategia se concretó con la re<strong>al</strong>ización de CIATdescentr<strong>al</strong>izados en los departamentos de Cauca, Nariño, Meta, Norte de Santander,Putumayo y Risar<strong>al</strong>da. En dichas sesiones, <strong>del</strong> CIAT con autoridades territori<strong>al</strong>es, se buscóla reev<strong>al</strong>uación de las <strong>al</strong>ertas emitidas.Los informes de riesgo en el periodo fueron los siguientes:2.4.1. <strong>Informe</strong> de Riesgo 003-07 emitido para el municipio de PuertoAsís, <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> PutumayoEn el mes de febrero, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> advirtió a través <strong>del</strong> SAT el riesgosobre la población y los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades agrarias<strong>del</strong> municipio de Puerto Asís, en el departamento <strong>del</strong> Putumayo. Se manifestó endicho informe de riesgo que la introducción de formas de producción orientadas a laacumulación y generación de excedentes y la proyección de corredores internacion<strong>al</strong>es par<strong>al</strong>a integración de los mercados region<strong>al</strong>es con los mercados nacion<strong>al</strong>es y latinoamericanos,han convertido los territorios <strong>del</strong> Putumayo, habitados por los pueblos indígenas y las28 Según el Decreto 2862 de 2007, en su artículo 2°, el CIAT estará integrado por:1. El Vicepresidente de la República o su <strong>del</strong>egado.2. El Alto Consejero Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong> y la Cooperación Internacion<strong>al</strong> o su <strong>del</strong>egado.3. El Ministro <strong>del</strong> Interior y de Justicia o su <strong>del</strong>egado.4. El Ministro de Defensa Nacion<strong>al</strong> o su <strong>del</strong>egado.5. El Director <strong>del</strong> Departamento Administrativo de Seguridad o su <strong>del</strong>egado.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>295Los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades agrarias emplazadas en lazona rur<strong>al</strong> que comprende los corregimientos de Puerto Vega, La Carmelita, Alto Cuembí, relevantes la existencia de recursos natur<strong>al</strong>es, concretamente yacimientos de petróleo, y laimplantación de cultivos de hoja de coca para el procesamiento de clorhidrato de cocaína.acciones violentas por parte de los actores armados ileg<strong>al</strong>es, quienes can<strong>al</strong>izan los factoresextractoras de petróleo, controlar los corredores de movilización <strong>al</strong> vecino Ecuador y lasáreas sembradas con coca, y subyugar los principios de autonomía y propiedad colectivade los pueblos indígenas y las formas de organización instauradas.Como resultado de la v<strong>al</strong>oración hecha por el CIAT, este decidió considerar el <strong>Informe</strong>como una Alerta Temprana y, en ese sentido, emitió una serie de recomendaciones a lasautoridades civiles y militares <strong>del</strong> departamento y <strong>del</strong> municipio.A partir <strong>del</strong> seguimiento <strong>del</strong> sistema <strong>al</strong> riesgo advertido, se pudo constatar lanota de seguimiento, <strong>del</strong> 25 de diciembre <strong>del</strong> mismo año, mediante la cu<strong>al</strong> se relacionóuna serie de hechos violentos –ocurridos con posterioridad a la emisión <strong>del</strong> informe–que buscaban detentar o restablecer el control territori<strong>al</strong> sobre el corredor Puerto Vegade Ecuador, t<strong>al</strong>es como homicidios, atentados, secuestro de civiles, amenazas, retencionesileg<strong>al</strong>es de person<strong>al</strong> de una misión humanitaria, enfrentamientos y hostigamientos entregrupos armados y la desactivación de un campo minado.Por la v<strong>al</strong>oración hecha por el CIAT a la nota de seguimiento, el comité decidiómantener la consideración de Alerta Temprana y reiteró recomendaciones a las autoridadesciviles y militares <strong>del</strong> departamento y <strong>del</strong> municipio. Como resultado de la agudización<strong>del</strong> riesgo para la población civil, el SAT emitió una segunda nota de seguimiento el 8 dediciembre de 2008, donde describe la intimidación y las amenazas de las cu<strong>al</strong>es está siendoobjeto la población civil en Puerto Asís, como resultado de la confrontación entre losactores armados.Se res<strong>al</strong>taron los desplazamientos forzados de población civil en busca de protecciónen otras áreas <strong>del</strong> departamento e incluso <strong>del</strong> país; los asesinatos cometidos contra líderessoci<strong>al</strong>es, como el de agosto de 2008 contra Manuel Erminson Gamboa Meléndez, quienAmazónica, con la amenaza de ser asesinados.A pesar de la situación y los constantes hechos vulneratorios de los derechos humanosy las afectaciones contra la población civil por las infracciones <strong>al</strong> DIH cometidas por losactores armados, en reunión <strong>del</strong> CIAT el 18 de diciembre, el comité decidió levantar la<strong>al</strong>erta temprana y se limitó a emitir la recomendación: “Al Gobernador de Putumayo, <strong>al</strong>Comandante <strong>del</strong> Departamento de Policía de Putumayo, <strong>al</strong> Comandante de la Vigésima
296 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>las acciones desarrolladas, encaminadas a mitigar, disuadir y neutr<strong>al</strong>izar el riesgo descritoen el documento de riesgo”.2.4.2. <strong>Informe</strong> de riesgo Nº 031-07 emitido para el municipio de PuertoGuzmán, <strong>del</strong> departamento de PutumayoEl <strong>Informe</strong> 031-07 fue emitido por el SAT el 2 de noviembre para el municipio PuertoGuzmán, advirtiendo el riesgo que corría la población asentada en siete inspecciones <strong>del</strong>área rur<strong>al</strong>, dentro de ellas el resguardo indígena C<strong>al</strong>enturas, de la etnia Inga. Se mencionó los centros de acumulación nacion<strong>al</strong> y region<strong>al</strong>, posibilitó que este se convirtiera en lugarde expansión y refugio de los grupos guerrilleros, especi<strong>al</strong>mente de las FARC.El panorama de la confrontación armada se profundizó con la implementación <strong>del</strong> PlanColombia en el sur <strong>del</strong> país, el cu<strong>al</strong>, mediante acciones militares de la fuerza pública, busc<strong>al</strong>iberar los territorios copados por la guerrilla y cerrar los corredores estratégicos de s<strong>al</strong>idade estupefacientes y de entrada de precursores químicos para el procesamiento de drogasilícitas. Igu<strong>al</strong>mente, lleva a cabo acciones de recuperación espaci<strong>al</strong>, que han implicado elrecrudecimiento de los mecanismos de coerción sicológicos y físicos provenientes de lasFARC y de señ<strong>al</strong>amiento y estigmatización de los lugareños por parte de las fuerzas <strong>del</strong>orden.El escenario de riesgo descrito hace prever la ocurrencia de violaciones masivasde los derechos humanos y graves infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario,materi<strong>al</strong>izadas en homicidios selectivos, enfrentamientos armados con interposición depoblación civil, accidentes e incidentes por minas antiperson<strong>al</strong> o restos de guerra sinexplotar, ataques indiscriminados, utilización de métodos y medios para generar terror eintimidación en la población civil, reclutamiento forzado, retenciones ileg<strong>al</strong>es o toma derehenes, restricción a la circulación de personas, víveres e insumos indispensables para lasupervivencia de las comunidades, desplazamientos y reclutamientos forzados.Resultado de la v<strong>al</strong>oración hecha por el CIAT, este decidió considerar el informe comouna <strong>al</strong>erta temprana en reunión <strong>del</strong> 21 de noviembre de 2007. Como resultado, se remitióuna serie de recomendaciones a las autoridades civiles y militares <strong>del</strong> departamento y <strong>del</strong>municipio, así como a otras autoridades y entidades <strong>del</strong> nivel nacion<strong>al</strong> con responsabilidadsoci<strong>al</strong> en los territorios.En mayo de 2008, en reunión de los integrantes <strong>del</strong> CIAT, se reev<strong>al</strong>uó la situación deriesgo de la población civil incluida en los informes de riesgo 003-07 y 031-07 emitidospara los municipios de Puerto Asís y Puerto Guzmán, respectivamente, y de maneraconjunta se decidió mantener la consideración de <strong>al</strong>erta temprana para estos dos lugares e,el riesgo descrito en los municipios de Orito y V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Guamuez”.Posteriormente y como resultado de la labor de seguimiento que re<strong>al</strong>iza el SAT <strong>al</strong> riesgoadvertido, el 13 de diciembre de 2008 se emitió la primera nota de seguimiento <strong>al</strong> informe,advirtiendo la permanencia <strong>del</strong> riesgo a partir de la intención de las Farc de contener
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>297el avance de las tropas <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>, minar con explosivos <strong>al</strong>gunas áreas de lazona rur<strong>al</strong> <strong>del</strong> municipio de Puerto Guzmán y emplear diversos mecanismos de coerciónpara impedir que la población civil establezca diálogos o relaciones con miembros de lafuerza pública o autoridades, t<strong>al</strong>es como el veto a cu<strong>al</strong>quier intercambio o prestación deservicios a la fuerza pública, la regulación <strong>del</strong> uso de teléfonos móviles; las restricciones <strong>al</strong>a circulación y movilización a las chagras, lugares de pesca, de caza, o sitios de encuentroe intercambio; la ejecución de los supuestos informantes o cooperantes <strong>del</strong> gobierno yla instauración de una geografía <strong>del</strong> terror, que desdibuja la construcción colectiva <strong>del</strong>territorio y debilita los lazos de asociación comunitaria.El grupo insurgente, además, está utilizando los territorios pertenecientes <strong>al</strong>resguardo C<strong>al</strong>enturas de la etnia Inga como corredor estratégico para la movilización desus combatientes, con lo cu<strong>al</strong> rompe la condición de neutr<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> pueblo indígena yfractura la cohesión territori<strong>al</strong>. En cuanto a la fuerza pública, frente a las prohibicionesy limitaciones impuestas por la subversión a la población civil, can<strong>al</strong>izó las expresionesde individu<strong>al</strong>idad derivadas de las nuevas formas de acumulación mediante la difusión eimplementación de estrategias de compensación y reconocimiento institucion<strong>al</strong>, orientadoa premiar las expresiones particulares que disienten <strong>del</strong> grupo; lo que genera, comoconsecuencia, acciones de ret<strong>al</strong>iación por parte de la guerrilla.Según información obtenida por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> e incluida en el documentode advertencia, se pudo establecer la constante ocurrencia de hechos violentos, t<strong>al</strong>escomo hostigamientos y enfrentamientos entre actores armados, el desmantelamientode campamentos guerrilleros y la activación de campos minados, que han derivado enun estado de zozobra en la población civil como resultado de las estigmatizaciones y laComo consecuencia de la actividad de los actores armados, se han generadodesplazamientos forzados de población civil, como el ocurrido en el mes de noviembre de2008 cuando, según registros de la Personería Municip<strong>al</strong>, se desplazaron a la cabecera dePuerto Guzmán cerca de 619 personas (120 familias). Así mismo, se registró la intenciónde las comunidades campesinas de re<strong>al</strong>izar un paro agrario en protesta por la no soluciónde los daños causados por la fumigación aérea a los cultivos de pancoger.A pesar de la situación que se describe y los constantes hechos vulneratorios de losderechos humanos y las afectaciones contra la población civil debidos a las infracciones<strong>al</strong> DIH cometidas por los actores armados, en reunión <strong>del</strong> CIAT el 23 de diciembre de2008, el comité decidió levantar la <strong>al</strong>erta temprana y se limitó a emitir la recomendación:“Al Gobernador de Putumayo, <strong>al</strong> Comandante <strong>del</strong> Departamento de Policía de Putumayo, <strong>al</strong> Comandantesobre las acciones desarrolladas, encaminadas a mitigar, disuadir y neutr<strong>al</strong>izar el riesgo descrito en eldocumento de riesgo”.2.4.3. <strong>Informe</strong> de riesgo 025-07 emitido para el municipio de Colombiaen el departamento <strong>del</strong> HuilaEl 14 de septiembre de 2007, el SAT emitió el informe de riesgo 025-07 para elestán sometidos los residentes, especi<strong>al</strong>mente en la zona rur<strong>al</strong>.
298 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Las FARC, en su propósito de control territori<strong>al</strong> de las franjas limítrofes entre losdepartamentos de Huila y Tolima, y de subyugación de las prácticas soci<strong>al</strong>es de lascomunidades asentadas en el norte <strong>del</strong> Huila y el suroriente <strong>del</strong> Tolima, incrementó susmecanismos de violencia sicológica y física, particularmente contra los lugareños de laszonas rur<strong>al</strong>es.Los insurgentes, presionados por los operativos re<strong>al</strong>izados por el Ejército Nacion<strong>al</strong>en el sur <strong>del</strong> Tolima, replegaron sus combatientes <strong>al</strong> oriente <strong>del</strong> Tolima y norte <strong>del</strong>Huila, tomando repres<strong>al</strong>ias contra la población civil por supuesta colaboración y entregade información a la fuerza pública e instaurando un clima de temor que permita a laguerrilla erigirse como autoridad de facto, deslegitimar la presencia <strong>del</strong> Estado y erosionarla gobernabilidad region<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong>. Prueba de ello es la situación de los concej<strong>al</strong>es <strong>del</strong>municipio, que se han visto obligados a hacer presencia en la loc<strong>al</strong>idad solo en el periodode sesiones <strong>del</strong> cabildo y luego trasladarse a Neiva, lugar donde residen.EL CIAT, en reunión <strong>del</strong> 12 de octubre de 2007, luego de v<strong>al</strong>orar el informe, decidióemitir una serie de recomendaciones a las autoridades civiles y militares <strong>del</strong> orden region<strong>al</strong>y municip<strong>al</strong>, así como a otras instancias <strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> con responsabilidad soci<strong>al</strong>en los territorios.Posteriormente y como resultado de la labor de seguimiento <strong>al</strong> riesgo advertido, el SATlogró determinar la persistencia <strong>del</strong> riesgo y emitió la primera nota de seguimiento el 28 deabril de 2008, en la cu<strong>al</strong> advirtió que la zona rur<strong>al</strong> <strong>del</strong> municipio de Colombia pasó de serun espacio de control histórico por parte de las FARC a un territorio de disputa armada,transformación que incrementó las infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario porparte de los actores armados.La avanzada <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> durante el 2007 a territorios consideradossantuarios de las FARC, determinó en esta guerrilla el endurecimiento de sus mecanismos vigilancia a través de las milicias, declaró objeto de sospecha y seguimiento a todo pobladorque efectuara intercambios comerci<strong>al</strong>es y person<strong>al</strong>es con la cabecera municip<strong>al</strong> y a losforáneos que ingresaban a las zonas de control guerrillero. Este orden draconiano implicó,además, la extensión de las extorsiones y el cobro de tributos a pequeños comerciantesy propietarios, el emplazamiento forzado de las comunidades y el minado de caminos,senderos y espacios de tránsito.Por su parte, la fuerza pública, como representante <strong>del</strong> orden y la gobernabilidad,ingresó <strong>al</strong> territorio con el propósito de restablecer la seguridad y garantizar el ordenpúblico, pero paradójicamente ahondó las condiciones de vulnerabilidad de la población,que quedó atrapada en medio de los enfrentamientos y sometida a los señ<strong>al</strong>amientos deuno y otro actor. Por un lado, la fuerza pública los señ<strong>al</strong>aba de simpatizantes o auxiliadoresde la guerrilla y, por el otro, la guerrilla los declaraba colaboradores de la fuerza pública yde la política de seguridad democrática.Ante este escenario de persistencia y agudización <strong>del</strong> riesgo en el municipio de Colombia,el CIAT, en reunión <strong>del</strong> 14 de mayo de 2008, decidió considerar la situación como una <strong>al</strong>erta
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>299temprana y remitió recomendaciones a las autoridades civiles y militares <strong>del</strong> orden region<strong>al</strong>y loc<strong>al</strong> con el propósito de mitigar, disuadir y neutr<strong>al</strong>izar el riesgo descrito. Posteriormente,en la reunión <strong>del</strong> CIAT <strong>del</strong> 23 de septiembre de 2008, los miembros <strong>del</strong> comité decidieronlevantar la consideración de <strong>al</strong>erta temprana declarada sobre el municipio.2.4.4. <strong>Informe</strong> de riesgo 038-06 emitido para los municipios de SanVicente <strong>del</strong> Caguán, Puerto Rico y El Doncello <strong>del</strong> departamento<strong>del</strong> CaquetáEl 8 de septiembre de 2006, el SAT emitió el informe de riesgo N° 038-06, medianteel cu<strong>al</strong> advirtió que estaban en riesgo los <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des municip<strong>al</strong>es y concej<strong>al</strong>es de El Doncello,Puerto Rico y San Vicente <strong>del</strong> Caguán, así como otros funcionarios de las administracionesloc<strong>al</strong>es y los integrantes de sus familias.En el informe se describió que el escenario de riesgo, contra los <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des, miembrosde las corporaciones públicas, funcionarios municip<strong>al</strong>es, empleados de los concejos yadministraciones municip<strong>al</strong>es y sus núcleos familiares, es producto de las intenciones <strong>del</strong>as Farc por establecer un control sobre las estructuras <strong>del</strong> poder loc<strong>al</strong>, las decisionesadministrativas, y la asignación de los recursos públicos.En reunión <strong>del</strong> CIAT <strong>del</strong> 26 de septiembre de 2006, la decisión consistió en noconsiderar la declaratoria de <strong>al</strong>erta temprana y, en su defecto, remitir la recomendación <strong>al</strong>gobernador <strong>del</strong> departamento, a los <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des municip<strong>al</strong>es, <strong>al</strong> comandante <strong>del</strong> departamento manera coordinada entre autoridades civiles y militares, se reforzaran los dispositivos deseguridad y protección a la población objeto <strong>del</strong> riesgo descrito en el <strong>Informe</strong>. Igu<strong>al</strong>mente,el CIAT puso en conocimiento de la situación <strong>al</strong> Alto Consejero para la Acción Soci<strong>al</strong> yla Cooperación Internacion<strong>al</strong>, para que coordinara lo de su competencia con el Centro deCoordinación de Acción Integr<strong>al</strong> (CCAI).Sin embargo, ante la persistencia <strong>del</strong> riesgo descrito, el CIAT, en reunión <strong>del</strong> 16 deenero de 2007, rev<strong>al</strong>uó el informe teniendo en cuenta la coyuntura preelector<strong>al</strong> y losúltimos acontecimientos de orden público producidos en el departamento, princip<strong>al</strong>menteen los municipios objeto de advertencia, y tomó la decisión autónoma de considerar elinforme de riesgo como una <strong>al</strong>erta temprana de tipo especi<strong>al</strong>, con énfasis en esta situaciónparticular de riesgo preelector<strong>al</strong>.Desde la emisión <strong>del</strong> informe de riesgo, como resultado <strong>del</strong> seguimiento a<strong>del</strong>antadopor el SAT a la evolución <strong>del</strong> riesgo descrito y a las acciones re<strong>al</strong>izadas por parte de lasautoridades competentes <strong>del</strong> deber de protección y prevención, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>evidenció la persistencia <strong>del</strong> riesgo sobre la población objeto de advertencia y reiteró elcontenido de la nota de seguimiento N° 035-07 <strong>del</strong> 8 de agosto de 2007, la cu<strong>al</strong> manifestóque las FARC continuaba ejerciendo presión armada sobre los municipios de San Vicentedesprestigiar la política de “Seguridad Democrática” <strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong>.La nota de seguimiento observó que desde septiembre de 2006, fecha en la que seemitió el informe de riesgo, habían sido asesinados tres concej<strong>al</strong>es de los municipios de San
300 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Vicente <strong>del</strong> Caguán y El Doncello. Que el 6 de enero de 2007 29 , en el casco urbano de SanVicente <strong>del</strong> Caguán, las FARC asesinó a Gloria Polanía Téllez, concej<strong>al</strong> de ese municipio yEl Doncello, en un ataque en el que, <strong>al</strong> aparecer, la guerrilla pretendía acabar con la vida <strong>del</strong>os ocho concej<strong>al</strong>es que en ese momento vivían en el casco urbano <strong>del</strong> municipio.En la v<strong>al</strong>oración de esta nueva nota de seguimiento, el CIAT, en reunión <strong>del</strong> 15de agosto de 2007, decidió mantener la consideración de <strong>al</strong>erta temprana; considerónecesarias la emisión y remisión de recomendaciones <strong>al</strong> gobernador <strong>del</strong> departamento, <strong>al</strong>de Policía, de forma separada, para reforzar los dispositivos de seguridad y protección <strong>del</strong>a población en riesgo en los municipios mencionados, y recomendó coordinar con lasadministraciones municip<strong>al</strong>es la re<strong>al</strong>ización de consejos de seguridad con participación <strong>del</strong>os concej<strong>al</strong>es, para propiciar un espacio de concertación de las medidas de seguridad yprotección que fueran necesarias.Como complemento, el CIAT recomendó <strong>al</strong> Director de Protección y ServiciosEspeci<strong>al</strong>es de la Policía Nacion<strong>al</strong> reforzar los dispositivos de seguridad de la población enriesgo, y <strong>al</strong> Director de Derechos Humanos <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior, estudiar la situaciónpara adoptar las medidas que correspondieran.Nuevamente, el seguimiento <strong>del</strong> SAT <strong>al</strong> riesgo advertido determinó que las acciones <strong>del</strong>as autoridades competentes sobre el deber de protección y prevención no habían logradoconjurar el riesgo y que, por el contrario, este se había extendido <strong>al</strong> municipio vecino de ElPaujil, razón por la cu<strong>al</strong>, se decidió emitir el nuevo informe de riesgo N° 004-08 AI, <strong>del</strong> 6de marzo de 2008, incorporando el nuevo municipio y subsumiendo el anterior informede riesgo Nº 038-06 y su primera nota de seguimiento, la Nº 035-07. Días después <strong>del</strong>a emisión <strong>del</strong> informe de riesgo, el 15 marzo de 2008, fue asesinado Elser María Endo,presidente <strong>del</strong> Concejo de El Doncello (Caquetá) en la puerta de su casa. En reunión <strong>del</strong>Consejo de Seguridad Departament<strong>al</strong> <strong>del</strong> día anterior a estos hechos, 14 de marzo de 2008,En la v<strong>al</strong>oración <strong>del</strong> nuevo informe de riesgo llevada a cabo por el CIAT el 27 de el primero no consideró la declaratoria de <strong>al</strong>erta temprana sobre el informe de riesgo,inclusive, desconociendo los documentos precedentes y las decisiones tomadas en lasv<strong>al</strong>oraciones respectivas, decidió únicamente la emisión y remisión de recomendaciones <strong>al</strong>as autoridades civiles y militares <strong>del</strong> departamento y de los municipios respectivos.29 Este hecho, que consumó la advertencia hecha por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, dio lugar a la necesidad de reev<strong>al</strong>uar el informepor parte <strong>del</strong> CIAT en la reunión llevada a cabo el 16 de enero de 2008, cuando, como ya se mencionó, se tomó la decisiónde elevar a la categoría de <strong>al</strong>erta temprana el informe de riesgo Nº 038-06.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3012.4.5. <strong>Informe</strong>s de riesgo Nº 036-07, emitido para los municipios deCúcuta, Villa <strong>del</strong> Rosario, Los Patios y Puerto Santander, y Nº 006-08 para los municipios de Tibú y El Tarra, en el departamento deNorte de SantanderSimilar a los casos representados en los informes de riesgo de Putumayo y Huila, yareseñados, fueron dos los <strong>del</strong> departamento de Norte de Santander: el <strong>Informe</strong> Nº 036-07emitido para los municipios de Cúcuta, Villa <strong>del</strong> Rosario, Los Patios y Puerto Santanderel 14 de diciembre de 2007, y el Nº 006-08 emitido para los municipios de Tibú y ElTarra el 30 de abril de 2008. En ellos, luego de emitirse la advertencia de riesgo par<strong>al</strong>a población civil como consecuencia <strong>del</strong> accionar de grupos armados ileg<strong>al</strong>es, el CIATdecidió declarar las <strong>al</strong>ertas tempranas respectivas para cada caso y, en consecuencia, remitirlas recomendaciones que estimó pertinentes a las autoridades civiles y militares de losniveles region<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong>.Posteriormente, como resultado de la labor de seguimiento <strong>al</strong> riesgo y ante lapersistencia y agudización de lo descrito en los informes <strong>del</strong> SAT, se emitieron dos notasde seguimiento que, respectivamente, dieron cuenta de la evolución <strong>del</strong> escenario en cadacaso. En el proceso de v<strong>al</strong>oración por parte <strong>del</strong> CIAT a las notas de seguimiento, el comitédecidió levantar la declaratoria de <strong>al</strong>erta temprana y limitarse a remitir la recomendacióna las autoridades civiles y militares con jurisdicción en la zona e de informar <strong>al</strong> Ministerio<strong>del</strong> Interior de las acciones implementadas con el objeto de proteger a la población civil.Como es de conocimiento público, la situación de derechos humanos tanto en el áreametropolitana de Cúcuta como en la región <strong>del</strong> Catatumbo y en la provincia de Ocaña esmuy compleja, a pesar de los esfuerzos de las autoridades civiles y de la fuerza pública. Ellevantar la declaratoria de <strong>al</strong>erta temprana para un territorio determinado, en obedienciaa factores políticos, es una decisión contraproducente, toda vez que se incrementa lavulnerabilidad de la población y se diluye el compromiso de las autoridades políticas,administrativas y militares para la atención de una situación de riesgo de probablesviolaciones de los derechos fundament<strong>al</strong>es de las comunidades.2.5. Proyección soci<strong>al</strong> y coordinación institucion<strong>al</strong>Una de las actividades complementarias que desarrolla el SAT en su labor preventivade posibles violaciones a los derechos humanos es la proyección soci<strong>al</strong> y coordinacióninstitucion<strong>al</strong>. Con ella, busca crear sinergias interinstitucion<strong>al</strong>es y comunitarias que logrenSu espacio de trabajo se formula a partir de dos líneas de acción: la primera, con lasociedad civil, buscando la generación y el fort<strong>al</strong>ecimiento de redes soci<strong>al</strong>es, escenariosde solidaridad para la protección de derechos humanos y la apropiación de mo<strong>del</strong>os par<strong>al</strong>a gestión <strong>del</strong> riesgo; la segunda, con la institucion<strong>al</strong>idad, diseñando y concertando planesde prevención y atención de víctimas, y acciones pedagógicas para la paz y la convivencia.La sistematización de la información asociada con esta actividad permite mostrar que elSAT re<strong>al</strong>izó durante el año 2008 un tot<strong>al</strong> de 167 eventos de proyección soci<strong>al</strong> y coordinación
302 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>institucion<strong>al</strong> 30 . A ellos asistieron 2.572 hombres y 1.587 mujeres, para un tot<strong>al</strong> de 4.159civiles y militares de los niveles loc<strong>al</strong>, region<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong>; miembros y representantes deorganizaciones de la sociedad civil nacion<strong>al</strong>es; organismos internacion<strong>al</strong>es, y comunidadescampesinas, indígenas y afrodescendientes.4.1594.0002.5721.5872.000Hombres Mujeres Tot<strong>al</strong> poblaciónasistenteFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas.167Tot<strong>al</strong> eventosre<strong>al</strong>izados0En cada uno de los eventos, según la natur<strong>al</strong>eza de la convocatoria y los tipos dese traduce en que en una sola convocatoria se lleven a cabo varias sesiones con diferentestemas, en desarrollo de un mismo seminario o t<strong>al</strong>ler, fort<strong>al</strong>eciendo así el impacto y laeventos llevados a cabo se trataron temas relacionados con la soci<strong>al</strong>ización de la misióninstitucion<strong>al</strong>, la estrategia preventiva <strong>del</strong> SAT y violaciones a los derechos humanos e30 Estos eventos tienen que ver con seminarios, t<strong>al</strong>leres y reuniones de trabajo en los cu<strong>al</strong>es el SAT convoca directamente oparticipa en el desarrollo de los temarios que se van a tratar en cada uno de ellos.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>303de 2008Soci<strong>al</strong>ización de la misióninstitucion<strong>al</strong>, la estrategiapreventiva <strong>del</strong> SAT, y lasviolaciones a DD.HH einfracciones <strong>al</strong> DIH81%Coordinación interinstitucion<strong>al</strong>de acciones preventivas26%Identificación participativa deescenarios loc<strong>al</strong>es o region<strong>al</strong>esde riesgo13%0% 35% 70%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Sistema de Alertas Tempranas.2.5.1. Mesas de trabajo en prevención humanitariaUna de las estrategias desarrolladas por el SAT son las mesas de trabajo sobrevulnerabilidad, construcción de escenarios de riesgo e implementación de estrategias deprevención. Son un espacio de interlocución en los cu<strong>al</strong>es participan representantes de lasautoridades civiles, loc<strong>al</strong>es o region<strong>al</strong>es, las comunidades –ya sea a través de sus líderes yrepresentantes o de manera directa– y miembros de entidades e instancias <strong>del</strong> nivel nacion<strong>al</strong>con responsabilidad en las zonas en donde se consolida el espacio. A continuación sepresenta el trabajo de <strong>al</strong>gunas de ellas así como las entidades e instancias que participanen cada una.Mesa Nacion<strong>al</strong> de Prevención. La honorable Corte Constitucion<strong>al</strong>, en el Auto 092de abril de 2008, con referencia a la protección de los derechos fundament<strong>al</strong>es de lasde la superación <strong>del</strong> estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong> declarado en la sentencia T-025 de2004, dispuso la reactivación de la Mesa Nacion<strong>al</strong> de Prevención <strong>del</strong> Desplazamiento cuya
304 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>secretaría técnica es ejercida por el Programa Presidenci<strong>al</strong> de Derechos Humanos, y a lacu<strong>al</strong> fue invitado a participar el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.En las reuniones de trabajo de abril, junio, julio, agosto y septiembre se discutierontemas asociados con la responsabilidad y las competencias institucion<strong>al</strong>es en materiade prevención <strong>del</strong> desplazamiento y protección de los derechos de las mujeres víctimas<strong>del</strong> desplazamiento. Dentro de los desarrollos dados están la elaboración concertada <strong>del</strong>concepto de prevención integr<strong>al</strong>, la presentación de la foc<strong>al</strong>ización territori<strong>al</strong> –esta, porla secretaría técnica de la mesa–, la creación <strong>del</strong> grupo de trabajo sobre el diagnóstico y<strong>del</strong>imitación <strong>del</strong> problema <strong>del</strong> desplazamiento y sus causas estructur<strong>al</strong>es, precisiones sobrePlan Nacion<strong>al</strong> de Prevención <strong>del</strong> Desplazamiento Forzado.Mesa de prevención interuniversidades - Bogotá. En los meses de febrero y marzocu<strong>al</strong> contó con la asistencia de representantes de la Universidad Nacion<strong>al</strong>, la Secretaría dese estableció una agenda de trabajo para el fort<strong>al</strong>ecimiento de la mesa, con el objeto deconcretar la propuesta pedagógica de las universidades como espacio de conocimiento yno como escenarios de guerra; ev<strong>al</strong>uar los <strong>al</strong>cances de la mesa y establecer una estrategiade presentación de esta ante las autoridades distrit<strong>al</strong>es.La Universidad Nacion<strong>al</strong> es el único centro universitario que aun sigue participandoen el espacio. La Universidad Distrit<strong>al</strong>, la Universidad Pedagógica, la Universidad MilitarNueva Granada y el Colegio Mayor de Cundinamarca han decidido ausentarse, <strong>al</strong> considerarque el nivel de riesgo de la comunidad universitaria ha disminuido.Mesa de trabajo sobre prevención con organizaciones soci<strong>al</strong>es de Córdoba.De manera periódica, se re<strong>al</strong>izaron reuniones de la Mesa de Trabajo en Prevencióncon organizaciones soci<strong>al</strong>es <strong>del</strong> departamento de Córdoba, con la participación derepresentantes de organizaciones soci<strong>al</strong>es con trabajo en la zona, <strong>del</strong> Comité Internacion<strong>al</strong>de la Cruz Roja, la diócesis de Montería, y funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.El objetivo de estas reuniones fue re<strong>al</strong>izar un análisis de los riesgos bajo los que sede prevención dirigidas a mitigar dichos riesgos. En ellas se compartió información sobreV<strong>al</strong>encia, Tierr<strong>al</strong>ta, Puerto Libertador y Montelíbano <strong>del</strong> departamento de Córdoba. Loanterior permitió complementar el monitoreo re<strong>al</strong>izado por el SAT en estas loc<strong>al</strong>idades, <strong>al</strong>igu<strong>al</strong> que a<strong>del</strong>antar las gestiones defensori<strong>al</strong>es pertinentes.en el departamento, tomando como punto de partida los hechos conocidos por lasorganizaciones en los municipios de Tierr<strong>al</strong>ta, V<strong>al</strong>encia, Puerto Libertador, Montelíbanoy Montería. De otro lado, se puso en consideración de la mesa la intención que manifestóla organización Visión Mundi<strong>al</strong> de volver a participar en este espacio. Las organizacionesestuvieron de acuerdo con su reincorporación.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>305Mesa de trabajo sobre prevención con la fuerza pública <strong>del</strong> departamento deCórdoba. En el mes de mayo se llevó a cabo la reunión de la mesa de trabajo sobreprevención con miembros de la fuerza pública con jurisdicción en el departamentoy la participación de representantes de los organismos de seguridad departament<strong>al</strong>es yservidores públicos de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.En su desarrollo, se re<strong>al</strong>izó un ejercicio conjunto de seguimiento de las recomendacionesre<strong>al</strong>izadas por el SAT en los informes de riesgo vigentes para el departamento de Córdoba.Así mismo, se an<strong>al</strong>izaron <strong>al</strong>gunos hechos recientes ocurridos en los territorios advertidos yse indagó acerca de las acciones de la fuerza pública en estos casos. Igu<strong>al</strong>mente, se solicitóJuan José (Puerto Libertador) donde semanas atrás se registró en incidente con minasantiperson<strong>al</strong>, predio que ha sido utilizado para acampar por tropas <strong>del</strong> Ejército. Fin<strong>al</strong>mente,la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> manifestó su preocupación por el aumento en el número dehomicidios en el departamento, especi<strong>al</strong>mente en Montería, por lo que se instó a la Policíaa desarrollar actividades que busquen la disminución de estos hechos violentos.Mesa de trabajo sobre prevención con la fuerza pública <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong>Chocó. En el mes de abril se reunió la mesa de trabajo sobre prevención <strong>del</strong> Chocó, conparticipación de autoridades públicas civiles region<strong>al</strong>es y loc<strong>al</strong>es, miembros de la fuerzapública con jurisdicción en el departamento, representantes <strong>del</strong> CTI de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong>de la Nación, el DAS y la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.En desarrollo <strong>del</strong> compromiso adquirido el día 22 de noviembre <strong>del</strong> 2007, en la MesaDefensori<strong>al</strong> de trabajo con la fuerza pública, se re<strong>al</strong>izó este segundo encuentro en laarmado en la región– para la construcción de estrategias humanitarias conjuntas en materiade prevención. Se presentaron las conclusiones de la reunión de la Mesa Defensori<strong>al</strong> deTrabajo con la fuerza pública, de los informes de riesgo vigentes para la región y se hizo unactu<strong>al</strong> en la zona.Mesa de trabajo en prevención con la fuerza pública <strong>del</strong> Huila. En el mes dejunio se llevó a cabo la reunión de la mesa departament<strong>al</strong> de trabajo sobre prevención, conparticipación de autoridades civiles, miembros de la fuerza pública con jurisdicción en eldepartamento, un <strong>del</strong>egado <strong>del</strong> DAS y la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.La Defensora Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> inst<strong>al</strong>ó form<strong>al</strong>mente la Mesa de Trabajo con lafuerza pública y demás organismos de seguridad <strong>del</strong> Estado y propuso, en desarrollo de lametodología de la mesa, la intervención de cada una de las autoridades convocadas paraque rindieran un informe de conformidad con las recomendaciones estipuladas en losdocumentos de advertencia que han sido emitidos para el departamento por el Sistema deAlertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Entre las conclusiones y compromisos adquiridos por los asistentes aparecen lossiguientes:El DAS ha re<strong>al</strong>izado desde enero 83 estudios de nivel de riesgo. Los envió <strong>al</strong>Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia para tomar las medidas pertinentes, comentando
306 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ninguna respuesta sobre estos estudios, lo cu<strong>al</strong> le impedía avanzar en el procesode toma de medidas de protección de los nuevos <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des y concej<strong>al</strong>es de estosmunicipios, que están inmersos en el informe de riesgo.En cuanto a re<strong>al</strong>izar una nueva mesa de trabajo sobre prevención el 10 de julio de2008 en el s<strong>al</strong>ón de capacitación de la gobernación, la defensoría region<strong>al</strong> y el SATharían la convocatoria y se cursaría invitación a todas las entidades involucradas enlas recomendaciones de la nota de seguimiento Nº 08-08.Se hará la soci<strong>al</strong>ización de los informes de riesgo y de las notas de seguimiento a los<strong>al</strong>c<strong>al</strong>des y concej<strong>al</strong>es involucrados.Se programará una próxima mesa de trabajo con presencia de los <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des de losseis municipios incluidos en el informe de riesgo Nº 022-08.Mesa de trabajo sobre prevención con organizaciones soci<strong>al</strong>es de Sucre. En losmeses de abril y junio, en la ciudad de Sincelejo, se llevaron a cabo dos reuniones de lamesa de trabajo sobre prevención con participación de representantes de organizacionessoci<strong>al</strong>es con trabajo en el departamento, funcionarios de la Vicepresidencia de la Repúblicay funcionarios de varios programas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> que tienen asiento en eldepartamento de Sucre.Por solicitud de uno de los integrantes de la mesa, participó un miembro de laAsociación Colombiana de Estudiantes Universitarios (ACEU), la cu<strong>al</strong>, a su vez, hace parte<strong>del</strong> Movimiento Nacion<strong>al</strong> de Víctimas. El representante expuso la situación de riesgo bajoel cu<strong>al</strong> se encontraban <strong>al</strong>gunos de los integrantes de estas asociaciones. Ante esta situación,la ACEU decidió denunciar los hechos, por lo que se le sugirió que, una vez se hiciera, seenviaría copia de la denuncia a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Seccion<strong>al</strong> Sucre para que pudieraque se re<strong>al</strong>izaran las investigaciones a que hubiera lugar.El proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo envió copia de un informe sobreel estudio <strong>del</strong> riesgo de los miembros de la ACEU, así como de otros hechos ocurridosen la zona rur<strong>al</strong> de los Montes de María <strong>al</strong> director <strong>del</strong> Programa Presidenci<strong>al</strong> deDerechos Humanos y DIH. Así mismo, los asistentes rindieron el informe de los últimosse hizo especi<strong>al</strong> énfasis en los municipios de los Montes de María, San Onofre y Sincelejo.Otro punto de observación por parte de la mesa de prevención giró en torno de lareciente dinámica relacionada con la compra masiva de tierras que re<strong>al</strong>izan comisionistasen la parte plana de los Montes de María y frente a la cu<strong>al</strong> las entidades no tienen capacidadde intervención.Mesas de trabajo sobre prevención en Cauca. Con la participación de autoridadesciviles municip<strong>al</strong>es y representantes de organizaciones internacion<strong>al</strong>es defensores dederechos humanos, se llevó a cabo en el mes de marzo la reunión de la mesa de trabajo sobreprevención <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Cauca. Allí se soci<strong>al</strong>izaron las estrategias preventivas <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la misión <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas. También se llevó acabo un t<strong>al</strong>ler de construcción de escenarios de riesgo por subregiones <strong>del</strong> departamento y
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>307de sus mandatos y princip<strong>al</strong>es áreas de trabajo.Mesas de trabajo sobre prevención en Bolívar. se re<strong>al</strong>izaron cuatro mesas de trabajo sobre prevención con organizaciones soci<strong>al</strong>es. Losobjetivos fueron los de establecer la mesa de trabajo, elaborar los criterios y la metodologíade trabajo y a<strong>del</strong>antar la construcción <strong>del</strong> plan de prevención humanitaria para re<strong>al</strong>izar unarmado, así como coordinar medidas de prevención dirigidas a mitigar dichos riesgos.Mesas de trabajo sobre prevención en Atlántico. En el departamento <strong>del</strong> Atlánticose re<strong>al</strong>izaron tres mesas de trabajo sobre prevención con organizaciones soci<strong>al</strong>es. Losobjetivos de estas reuniones fueron los de establecer la mesa de trabajo; elaborar loscriterios y la metodología de trabajo; a<strong>del</strong>antar la construcción <strong>del</strong> plan de prevenciónhumanitaria y re<strong>al</strong>izar un análisis de los riesgos bajo los que está la población civil en elMesa de trabajo sobre prevención en Bucaramanga y su área metropolitana. interinstitucion<strong>al</strong> y construir solidaridades soci<strong>al</strong>es que prevengan acciones de violencia ena los riesgos.2.5.2. Incorporación de la prevención humanitaria en los planes dedesarrollo loc<strong>al</strong>es y region<strong>al</strong>esUn ejercicio de especi<strong>al</strong> relevancia, con ocasión de la posesión de los nuevos gobernantesloc<strong>al</strong>es y region<strong>al</strong>es el 1° de enero de 2008, fue la gestión política institucion<strong>al</strong> llevada acabo por la dirección <strong>del</strong> SAT con el propósito de incidir en la incorporación <strong>del</strong> tema <strong>del</strong>a prevención humanitaria en los planes de desarrollo de gobernaciones y <strong>al</strong>c<strong>al</strong>días <strong>del</strong> país.labor preventiva <strong>del</strong> SAT ante los nuevos mandatarios.Para ello, se llevaron a cabo reuniones y t<strong>al</strong>leres de trabajo con participación de <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des,secretarios de gobierno y otros funcionarios <strong>del</strong> nivel loc<strong>al</strong> y region<strong>al</strong> con responsabilidaden la elaboración y aprobación de los planes de desarrollo.Reunión – encuentro con nuevas autoridades <strong>del</strong> departamento de Santander,Bucaramanga y municipios <strong>del</strong> área metropolitana. En el mes de enero, en lasinst<strong>al</strong>aciones de la gobernación <strong>del</strong> departamento, se llevó a cabo una reunión de trabajocon participación <strong>del</strong> Gobernador de Santander y el Secretario de Gobierno Departament<strong>al</strong>,funcionarios que manifestaron su compromiso con la promoción y s<strong>al</strong>vaguardia de losderechos humanos, <strong>al</strong> considerar el tema como bandera de esta administración. En estesentido, manifestaron su interés de propiciar un ambiente para una cultura de los derechos
308 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>humanos en el departamento, que trascienda a través de políticas públicas que mitiguen losriesgos vigentes en la comunidad. la importancia de incorporar en los planes de desarrollo el componente de la prevenciónhumanitaria, articulado con otras líneas de inversión, que permita mitigar los efectos de lascondiciones de vulnerabilidad de la población civil asentada en los respectivos municipios.Reunión – encuentro con nuevas autoridades <strong>del</strong> departamento de Norte deSantander, Cúcuta y municipios <strong>del</strong> área metropolitana. En la primera semana defebrero se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo con las nuevas autoridades <strong>del</strong>departamento de Norte de Santander, la ciudad de Cúcuta y los municipios que hacenparte <strong>del</strong> área metropolitana. El SAT planteó la importancia de instaurar mecanismospedagógicos y de sensibilización sobre el tema de prevención y soci<strong>al</strong>izó la labor preventiva<strong>del</strong> sistema, ante la cu<strong>al</strong> la mayoría de gobernantes manifestó su desconocimiento de lasactividades que re<strong>al</strong>iza y las implicaciones de los mecanismos de advertencia de posiblesviolaciones a los derechos humanos que aplica la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Como resultado<strong>del</strong> trabajo a<strong>del</strong>antado, los mandatarios reconocieron la importancia <strong>del</strong> tema y secomprometieron a que, con la colaboración de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, se a<strong>del</strong>antaríanlas gestiones pertinentes para la incorporación <strong>del</strong> tema en los planes de desarrollo.Reunión - t<strong>al</strong>ler para la concertación de estrategias de prevención humanitariacon autoridades <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Huila. En el marco <strong>del</strong> t<strong>al</strong>ler de soci<strong>al</strong>izaciónde la misión institucion<strong>al</strong> <strong>del</strong> SAT y la labor de advertencia <strong>del</strong> 19 de febrero en la ciudadde Neiva, se re<strong>al</strong>izó una reunión con participación de autoridades civiles y militares<strong>del</strong> departamento, de la capit<strong>al</strong> y de personeros municip<strong>al</strong>es de <strong>al</strong>gunos municipios departamento, se procedió a presentar la estrategia de prevención implementada por elSAT, la cu<strong>al</strong> pretende, mediante el fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>, soci<strong>al</strong> y comunitario,incentivar la adopción de mecanismos de prevención y protección frente a los impactosReunión - t<strong>al</strong>ler para la concertación de estrategias de prevención humanitariacon autoridades <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Putumayo. Durante los 6 y 7 de marzo en laciudad de Mocoa, se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo que buscaron soci<strong>al</strong>izar laestrategia preventiva de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la labor de advertencia que desarrollael SAT, con participación de autoridades civiles y militares <strong>del</strong> orden departament<strong>al</strong> ymunicip<strong>al</strong>.los <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des y servidores públicos municip<strong>al</strong>es para la incorporación de la prevenciónhumanitaria en los planes de desarrollo loc<strong>al</strong>, y determinar los espacios y acciones deprevención por implementar.Reunión - t<strong>al</strong>ler con autoridades civiles, militares e indígenas de losdepartamentos de Quindío, Risar<strong>al</strong>da y C<strong>al</strong>das. Los días 9, 10 y 11 de abril se llevarona cabo varias reuniones de trabajo con participación de autoridades municip<strong>al</strong>es (<strong>al</strong>c<strong>al</strong>desy personerías), departament<strong>al</strong>es (gobernación y secretaría de gobierno), miembros de la
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>309fuerza pública con jurisdicción en la zona y autoridades étnicas así como representantes y<strong>del</strong>egados de las instituciones nacion<strong>al</strong>es de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, la Procuradurí<strong>al</strong>a Acción Soci<strong>al</strong>.El objetivo centr<strong>al</strong> de las reuniones de trabajo fue dar a conocer los programas de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a las nuevas autoridades de los tres departamentos, en el marcode su función constitucion<strong>al</strong> de promover la prevención y protección de los derechosfundament<strong>al</strong>es de las personas y de las comunidades, en particular el Sistema de AlertasTempranas (SAT), el Programa de Atención a Comunidades en Riesgo y el proyecto dedefensores comunitarios.La programación de eventos se llevó a cabo en las ciudades de Armenia, Maniz<strong>al</strong>esy Pereira, donde se contó con la participación de miembros y representantes de lascomunidades. Los princip<strong>al</strong>es temas tratados estuvieron enfocados a capacitar a los nuevosmandatarios sobre la acción de prevención de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, la soci<strong>al</strong>ización SAT. Adicion<strong>al</strong>mente, se trabajó sobre la importancia de la inclusión de la prevenciónhumanitaria en los planes de desarrollo.Encuentro nacion<strong>al</strong> “Segunda Cumbre Nacion<strong>al</strong> y Departament<strong>al</strong> de Secretarios<strong>del</strong> Interior Departament<strong>al</strong>es: apuestas para la gobernabilidad territori<strong>al</strong> conénfasis en derechos humanos y justicia”. y 16 de mayo, se llevó a cabo este importante evento que contó con la participación <strong>del</strong>Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, doctor Vólmar Pérez Ortiz, el gobernador de Santander, doctorHoracio Serpa Uribe y el Viceministro de Justicia en c<strong>al</strong>idad de invitados especi<strong>al</strong>es. Fueronacompañados por directivos nacion<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, t<strong>al</strong>es como el director<strong>al</strong> Desplazamiento Forzado, la coordinadora <strong>del</strong> Programa de Justicia y Paz, y el DefensorDelegado para la Ev<strong>al</strong>uación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia <strong>del</strong>de la Judicatura, un <strong>del</strong>egado <strong>del</strong> Programa Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong>, el director<strong>del</strong> Programa Nacion<strong>al</strong> de Minas Antiperson<strong>al</strong>, el presidente de la Comisión Nacion<strong>al</strong> deReparación, y un representante de ACNUR, como también 15 secretarios de gobiernodepartament<strong>al</strong>es, 30 secretarios de gobierno municip<strong>al</strong>es <strong>del</strong> departamento de Santandery demás autoridades civiles, militares, gremios, representantes de la academia y líderes yrepresentantes de organizaciones soci<strong>al</strong>es y comunitarias de Santander.En desarrollo de la <strong>al</strong>ianza interinstitucion<strong>al</strong> entre la Federación Nacion<strong>al</strong> deDepartamentos y el SAT se propuso a<strong>del</strong>antar el encuentro nacion<strong>al</strong> de capacitación conlas nuevas autoridades departament<strong>al</strong>es y loc<strong>al</strong>es, para trabajar temas de derechos humanosdesplazamiento forzado a partir de los mandatos contenidos en la sentencia T-025/04 ysus autos, la prevención humanitaria y el Sistema de Alertas Tempranas, los <strong>al</strong>cances de laLey 975 de Justicia y Paz, los Jueces de Paz y de Reconciliación, accidentes e incidentes porminas antiperson<strong>al</strong>, y la importancia de inclusión en las agendas públicas region<strong>al</strong>es y enlos planes de desarrollo <strong>del</strong> tema de la prevención humanitaria.
310 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2.5.3. Coordinación intrainstitucion<strong>al</strong> <strong>del</strong> SATEl Sistema de Alertas Tempranas, en el marco <strong>del</strong> Plan Estratégico de la Defensoría y desu Plan de Acción 2008, organizó y re<strong>al</strong>izó varios t<strong>al</strong>leres con diferentes dependencias de lay elaborar un plan de trabajo que articule las acciones de prevención de cada dependenciacon la Delegada para la Ev<strong>al</strong>uación de Riesgos de la Población Civil como ConsecuenciaComo resultado de ese ejercicio de coordinación intrainstitucion<strong>al</strong>, se presenta acontinuación la relación gener<strong>al</strong> de encuentros re<strong>al</strong>izados con sus resultados y compromisosadquiridos.Reunión con los directivos nacion<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, para laarticulación intrainstitucion<strong>al</strong> sobre prevención y protección en lo region<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong>.En el mes de abril de 2008 se llevó a cabo la reunión de articulación intrainstitucion<strong>al</strong>con directivos nacion<strong>al</strong>es y asesores de las direcciones nacion<strong>al</strong>es, defensorías <strong>del</strong>egadas ycoordinadores de proyectos especi<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. El objetivo de la jornadade trabajo estuvo centrado en el proyecto que viene desarrollando el SAT, consistente en l<strong>al</strong>as acciones de articulación intrainstitucion<strong>al</strong> en materia de prevención y protección de losderechos humanos y concertar un plan de trabajo conjunto.Se a<strong>del</strong>antaron reuniones puntu<strong>al</strong>es entre la dirección <strong>del</strong> SAT y cada una de lasdirecciones nacion<strong>al</strong>es, defensorías <strong>del</strong>egadas y coordinaciones de programas nacion<strong>al</strong>es,necesidad de que en cada uno de los programas y proyectos defensori<strong>al</strong>es se articulen yotro resultado de articulación intrainstitucion<strong>al</strong> se abordó desde la coordinación <strong>del</strong> eje deprevención, protección y atención de la entidad, coordinado por las <strong>del</strong>egadas de niñez,juventud y mujer y <strong>del</strong> SAT.Presentación de la oferta y la demanda de capacitación de la línea de atención ade apoyo de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, se llevó a cabo la reunión para la presentación de laLa reunión se centró en el objetivo de articular temáticas de capacitación para losfuncionarios de la entidad, y se llegó <strong>al</strong> compromiso de elaborar y enviar <strong>al</strong> director nacion<strong>al</strong>de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es un documento que plantee, conceptu<strong>al</strong> y jurídicamente,qué víctimas atiende cada una de las dependencias de la entidad y qué procedimientosse deben a<strong>del</strong>antar para ello, para luego ser remitidos <strong>al</strong> director nacion<strong>al</strong> de Promocióny Divulgación, quien organizará la información recibida y entregará un documento paradiscusión de los cuadros directivos de la entidad.Eje de prevención, atención y protección en materia de DD.HH. y DIH de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. En reuniones de junio y julio de 2008, con la participación <strong>del</strong>os directivos nacion<strong>al</strong>es de Atención y Trámite de Quejas, Promoción y Divulgación,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>311los <strong>del</strong>egados para los Indígenas y Minorías Étnicas, para la Niñez y la Mujer, AsuntosConstitucion<strong>al</strong>es; y los coordinadores de los programas de Atención <strong>al</strong> DesplazamientoInternacion<strong>al</strong>, se llevaron a cabo varias reuniones de trabajo centradas en el objetivo de hacerun inventario y soci<strong>al</strong>izar los proyectos que en cada dependencia se están a<strong>del</strong>antando enel marco <strong>del</strong> Eje de Prevención, Atención y Protección, para articular esfuerzos y, a partiragencias de cooperación.Como resultado <strong>del</strong> trabajo a<strong>del</strong>antado en las sesiones, se logró priorizar la preparación ypresentación de ocho proyectos que, con criterios articulados, desarrollarán las direcciones,<strong>del</strong>egadas y coordinaciones nacion<strong>al</strong>es. En el desarrollo de las actividades se contó con lafacilitación de la GTZ y se propuso como meta la presentación y discusión de resultadosen un t<strong>al</strong>ler con directivos nacion<strong>al</strong>es de la Defensoría.<strong>Informe</strong> defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechos humanos de los pueblosindígenas nukak y guayabero <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Guaviare. En desarrollo de lacoordinación intrainstitucion<strong>al</strong> entre las Delegadas para los Indígenas y las Minorías Étnicasy la Delegada para la Ev<strong>al</strong>uación de Riesgos de la Población Civil como Consecuencia <strong>del</strong>de los pueblos indígenas nukak y guayabero <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Guaviare”. Durante elaboración de un borrador de informe. Posteriormente, se llevó a cabo un t<strong>al</strong>ler para lav<strong>al</strong>idación de este borrador con autoridades civiles y militares <strong>del</strong> departamento y líderes ymiembros de las comunidades indígenas, los días 23 <strong>al</strong> 27 de junio de 2008 en la CorporaciónAutónoma de la Amazonía y en los resguardos indígenas de San José <strong>del</strong> Guaviare.En el trabajo con las comunidades indígenas, se sostuvieron reuniones cony militares <strong>del</strong> departamento y municipio, se llevaron a cabo dos sesiones de trabajo conrepresentantes de la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día, la Policía Nacion<strong>al</strong>, el Ejército Nacion<strong>al</strong>, la Secretaría deS<strong>al</strong>ud Departament<strong>al</strong>, la Secretaría de S<strong>al</strong>ud Municip<strong>al</strong>, la Agencia para la Acción Soci<strong>al</strong> yPastor<strong>al</strong> Soci<strong>al</strong> de la Iglesia Católica.Los temas tratados se centraron en explicar a los funcionarios públicos y comunidadesindígenas Guayabero y Nukak los objetivos mision<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ylos <strong>al</strong>cances <strong>del</strong> ejercicio de la magistratura mor<strong>al</strong> que ejerce el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Sepresentó el recuento <strong>del</strong> trabajo que se ha venido desarrollando desde el año 2007 para laelaboración <strong>del</strong> documento defensori<strong>al</strong>, el contenido <strong>del</strong> borrador <strong>del</strong> informe defensori<strong>al</strong>y, posteriormente, las matrices de v<strong>al</strong>idación de la información. Los representantes de lasel departamento y que afectan en gener<strong>al</strong> a todas las comunidades: las confrontacionesminados en los <strong>al</strong>rededores de los resguardos, las restricciones a las prácticas cultur<strong>al</strong>es–que incluyen caza y pesca–, y el impacto de las confrontaciones entre actores ileg<strong>al</strong>es ylas fuerzas <strong>del</strong> Estado.
312 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><strong>Informe</strong> defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechos humanos de lospueblos indígenas <strong>del</strong> departamento de Vaupés. En desarrollo de la coordinaciónintrainstitucion<strong>al</strong> entre las Delegadas para los Indígenas y las Minorías Étnicas y la Delegada Armado, está en elaboración el “<strong>Informe</strong> sobre la situación de derechos humanos <strong>del</strong>os pueblos indígenas <strong>del</strong> departamento Vaupés”. En su preparación, se llevaron a cabo de un borrador de informe. Posteriormente, se llevó a cabo un t<strong>al</strong>ler para la v<strong>al</strong>idación<strong>del</strong> borrador <strong>del</strong> informe defensori<strong>al</strong> sobre la situación de las comunidades indígenas <strong>del</strong>Vaupés con autoridades civiles y militares <strong>del</strong> departamento y líderes y miembros de lascomunidades indígenas, los días 3, 4 y 5 de junio de 2008 en el auditorio de la Gobernación<strong>del</strong> Vaupés en la ciudad de Mitú.El t<strong>al</strong>ler fue orientado por el director <strong>del</strong> SAT con el acompañamiento de una asesorade la Delegada para los Indígenas y la participación de las autoridades civiles y militares,de los niveles departament<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong>, y <strong>del</strong>egados de instituciones nacion<strong>al</strong>es que a<strong>del</strong>antantrabajo en la zona y que tienen responsabilidad soci<strong>al</strong> con las comunidades indígenas.Adicion<strong>al</strong>mente, se a<strong>del</strong>antaron sesiones de trabajo con comunidades indígenas y laparticipación de los representantes de ocho (8) zon<strong>al</strong>es: Asatrauiyuva, Asoiva, Ozcim,Udic, Aativam, Alubva, Asatav y Azatiac.A la jornada de trabajo con autoridades civiles y militares asistieron el gobernador <strong>del</strong>Vaupés, el <strong>al</strong>c<strong>al</strong>de de Mitú, los secretarios de despacho de los dos niveles de gobierno,planeación, s<strong>al</strong>ud y educación, el gerente <strong>del</strong> hospit<strong>al</strong>, el director de saneamiento, laPersonera Municip<strong>al</strong>, el Procurador Region<strong>al</strong> y <strong>del</strong>egados region<strong>al</strong>es de la Agencia representantes <strong>del</strong> Vicariato Apostólico de Mitú, así como representantes de lascomunidades indígenas <strong>del</strong> Vaupés.Los temas tratados con los funcionarios públicos y comunidades indígenas Guayaberoy Nukak fueron los relacionados con el objetivo de la reunión, los objetivos mision<strong>al</strong>es <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y los <strong>al</strong>cances <strong>del</strong> ejercicio de la magistratura mor<strong>al</strong> que ejerce elDefensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Se presentó el recuento <strong>del</strong> trabajo que se ha venido desarrollandodesde el año 2007 para la elaboración <strong>del</strong> documento defensori<strong>al</strong>, el contenido <strong>del</strong> borrador<strong>del</strong> informe defensori<strong>al</strong> y, posteriormente, se estudiaron las matrices de v<strong>al</strong>idación de lainformación –a las que se incorporaron las observaciones y aportes de los asistentes a lost<strong>al</strong>leres– para continuar con el proceso de ajuste <strong>del</strong> documento, que será presentado para2.6. Fort<strong>al</strong>ecimiento y capacitación <strong>del</strong> equipo SATy su contexto, y <strong>al</strong> avance en la normatividad, tanto internacion<strong>al</strong> como nacion<strong>al</strong>, quedemanda especi<strong>al</strong> atención de parte <strong>del</strong> Estado, es conciente de su deber de actu<strong>al</strong>izacióny evolución permanente con miras a mejorar técnicamente sus procesos de monitoreo,análisis, advertencia y seguimiento <strong>del</strong> riesgo sobre la población civil como consecuencia
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>313Incorporación de la perspectiva de género en el SAT. Lo cu<strong>al</strong> supone esfuerzos determinado su funcionamiento. Es decir, los patrones de acción y decisión (políticos,interiorizados tanto por la Delegada como por su t<strong>al</strong>ento humano, para monitorear, advertirpoblación civil, construidos con el acumulado de su experiencia histórica como proyecto.Este propósito de readecuación institucion<strong>al</strong> ha demandado de estrategias de corto,mediano y largo plazo, en la perspectiva de abordar los aspectos que deben transformarsey así lograr que el SAT los integre sistemáticamente en el enfoque propuesto.En los años 2005 y 2006 se llevó a cabo la sensibilización <strong>al</strong> desarrollo técnico para laEn el año 2007 se dieron los avances técnicos de formulación y v<strong>al</strong>idación de una estrategiaampliada de incorporación <strong>del</strong> enfoque de género en el interior <strong>del</strong> SAT y de indicadoresde género como herramienta fundament<strong>al</strong> de carácter transvers<strong>al</strong>.En el 2008 se llegó a una capacidad inst<strong>al</strong>ada y una gestión interinstitucion<strong>al</strong> eintersectori<strong>al</strong> que posibilita la implementación de la propuesta. En marzo de 2008,en la sede de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, con participación <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, elrepresentante residente adjunto <strong>del</strong> PNUD en Colombia, representantes de agencias decooperación internacion<strong>al</strong>, directivos nacion<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, líderes ylideresas de organizaciones de mujeres y ONG de mujeres, se llevó a cabo el lanzamientolas herramientas para la apropiación de los indicadores de género <strong>del</strong> Sistema de Alertasde este evento y sus repercusiones en el trabajo de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> obtuvo ampliadifusión a través de la emisión de un programa de televisión dentro <strong>del</strong> espacio institucion<strong>al</strong>en los can<strong>al</strong>es Uno e Institucion<strong>al</strong>.El énfasis de está línea de proyecto es la formación, apropiación y acompañamientopermanente <strong>del</strong> marco mision<strong>al</strong> en la perspectiva de género en el interior <strong>del</strong> SAT, losindicadores de género y sus lineamientos operativos. Dentro de las acciones de formaciónse re<strong>al</strong>izaron jornadas en el marco <strong>del</strong> Encuentro Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> SAT con las directivasnacion<strong>al</strong>es y sus asesores, en un t<strong>al</strong>ler de coordinación intrainstitucion<strong>al</strong> inscrito en elproceso de encuentros macrorregion<strong>al</strong>es en los que participaron an<strong>al</strong>istas <strong>del</strong> SAT y lasdefensoras <strong>del</strong> pueblo region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es, y sus asesores, de los departamentos de LaArauca, Santander, Meta, Casanare, Vichada, Guaviare, Guainía, Vaupés, Amazonas,En desarrollo de una jornada interna de trabajo con an<strong>al</strong>istas a cargo de lamacrorregión noroccident<strong>al</strong>, se abordaron temas como los avances en la implementaciónpropuestos en el marco de la incorporación de la citada perspectiva de género en el SAT.
314 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>distinto: herramientas para la apropiación de los indicadores de género <strong>del</strong> Sistema dearticulación.En el municipio de Tumaco, en la última semana de mayo, se participó en la formulacióny desarrollo <strong>del</strong> t<strong>al</strong>ler y se planteó que, una vez brindadas <strong>al</strong>gunasde la memoria colectiva y la representación de cuentos construidos entre todos y todaspoblacion<strong>al</strong> (etnia, género y edad, fundament<strong>al</strong>mente) e histórico (antes, durante y despuéslos relatos vivos, los aspectos frente a los que el SAT necesitaba concentrar su miradaarmado a nivel territori<strong>al</strong>, identidad cultur<strong>al</strong> y autonomía en las comunidades negras deAsí mismo, se participó en la formulación y desarrollo de los t<strong>al</strong>leres y jornadas de(Guapi, López de Micay y Timbiquí) y <strong>del</strong> piedemonte araucano (Arauca, Arauquita,Saravena, Fortul y Tame), los cu<strong>al</strong>es, corresponden a los territorios que fueron objeto deobservación, monitoreo y análisis por parte <strong>del</strong> SAT para la elaboración de los <strong>Informe</strong>sLa incorporación de la perspectiva de género, sus avances, logros y expectativas hansido permanentemente soci<strong>al</strong>izados con organizaciones de mujeres con las cu<strong>al</strong>es se buscaMujeres Desplazadas en octubre, el t<strong>al</strong>ler de formación de mujeres gestoras de equidadloc<strong>al</strong> de Me<strong>del</strong>lín, en noviembre, y el t<strong>al</strong>ler “Prevención Humanitaria y Género” en Cúcuta,este último gracias a la gestión re<strong>al</strong>izada por la Secretaría de Equidad de Género de laGobernación de Norte de Santander y el proyecto Cercapaz de la Agencia Alemana deCooperación Técnica GTZ, que en su primera parte trabajó con personeros y personeras, yen la segunda con comunidades (organizaciones de mujeres desplazadas, líderes y lideresasbarri<strong>al</strong>es y comun<strong>al</strong>es).Por último, los avances en materia de la incorporación de la perspectiva de género enlas gestiones defensori<strong>al</strong>es de difusión y seguimiento <strong>del</strong> riesgo advertido, se expresanen el aumento de consultas para orientar el manejo dado por el SAT a problemáticasrelacionadas con los derechos de las mujeres, niños, niñas y adolescentes en zonas gestionar acciones concretas a esc<strong>al</strong>a region<strong>al</strong> de modo que se pueda, con enfoque degénero, visibilizar, hacerle seguimiento y promover la gestión <strong>del</strong> riesgo advertido y poradvertirse. El acompañamiento de la formulación <strong>del</strong> plan estratégico <strong>del</strong> SAT tambiénha sido un espacio en el cu<strong>al</strong> el enfoque diferenci<strong>al</strong>, se visibiliza y se hace transvers<strong>al</strong> enla acción defensori<strong>al</strong>.Incorporación de indicadores de prevención <strong>del</strong> reclutamiento ilícito de niños,niñas y adolescentes.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>315para las Migraciones y de UNICEF, se propuso contratar una consultoría con el objetivode diseñar, bajo la supervisión de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> (Delegada para los Derechosde la Niñez, la Juventud y la Mujer, en coordinación con la Delegada para la Ev<strong>al</strong>uaciónde riesgo para la prevención <strong>del</strong> reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes quepuedan ser incluidos en el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Los resultados esperados de la consultoría se concretan en la publicación de undocumento que contenga los indicadores de riesgo (diseñados y v<strong>al</strong>idados) de prevencióninterno), y de un documento guía en lo pedagógico, ético y jurídico de los derechos deestas víctimas. En el proceso de elaboración de los indicadores de riesgo <strong>del</strong> citado tipodocumentos que sirvieron de soporte para la elaboración de indicadores de este riesgo.En el VI Encuentro Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas llevado a cabo enmayo de 2008, se reconoció la estructura y funcionamiento <strong>del</strong> SAT, los mecanismos detrabajo en terreno de los an<strong>al</strong>istas y las herramientas que utilizan para una información quepermita determinar sí la población civil de determinados municipios se encuentra o no enmarco <strong>del</strong> convenio Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> –UNIFEM, que permitió la construcción detanto se estableció de manera preliminar que el reclutamiento de población infantil es unasituación que se presenta en varias regiones y hasta la fecha no se cuenta con herramientasidóneas para su observación y análisis.La participación también se dio en los espacios de construcción de escenarios deriesgo y actividades de coordinación intrainstitucion<strong>al</strong>, t<strong>al</strong>es como los encuentros de planeación sobre la elaboración de los informes estructur<strong>al</strong>es para los municipios queCon la información obtenida se elaboró un borrador de documento para el análisis deriesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes, que fue soci<strong>al</strong>izada,discutida y ajustada en reuniones internas <strong>del</strong> SAT con miembros de la Delegada para losDerechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, y representantes de OIM. Esa propuestafue enviada a los an<strong>al</strong>istas region<strong>al</strong>es para su retro<strong>al</strong>imentación, y sus comentarios fueronPosteriormente, se re<strong>al</strong>izaron reuniones con las ONG Co<strong>al</strong>ición contra la VinculaciónSecretaría Técnica de la Comisión Intersectori<strong>al</strong> para la Prevención <strong>del</strong> Reclutamiento <strong>del</strong>a v<strong>al</strong>idación de la propuesta de documento. Posteriormente, se elaboró el documentoque contiene los indicadores de riesgo de reclutamiento y utilización ilícita de niños,niñas y adolescentes, según las variables de amenaza y vulnerabilidad establecidas por elSistema de Alertas Tempranas para el análisis de riesgo y su publicación de acuerdo con loslineamientos propuestos en el desarrollo de la consultoría.
316 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Para la elaboración de la ruta ético jurídica de atención de niños, niñas y adolescentesdesvinculados de grupos armados ileg<strong>al</strong>es, se revisó y ajustó la propuesta de “Ruta ÉticoJurídica para la Atención de Niños, Niñas y Adolescentes Desvinculados de los GruposArmados <strong>al</strong> Margen de la Ley” elaborada por la Delegada para los Derechos de la Niñez,aprobación <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para efectos de su posterior publicación.Otra de las actividades re<strong>al</strong>izadas en el marco de la consultoría consistió en la asistenciatécnica a la campaña humanitaria “Prevención <strong>del</strong> reclutamiento y utilización ilícita deniños, niñas y adolescentes en Soacha”, con la participación de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en<strong>al</strong>ianza con la Personería Municip<strong>al</strong> de Soacha y ACNUR. La campaña centró su objetivo de los derechos humanos y fundament<strong>al</strong>es de los niños, niñas y adolescentes de Soacha,especi<strong>al</strong>mente de los derechos a la vida, a la integridad y a la libertad.VI Encuentro nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas: “Por una pedagogíapara la advertencia”. Esta actividad se desarrolló <strong>del</strong> 19 <strong>al</strong> 23 de mayo de 2008 en elmunicipio de Girardot, Cundinamarca. Tuvo como objetivo centr<strong>al</strong> fort<strong>al</strong>ecer <strong>al</strong> equipo<strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas en su capacidad conceptu<strong>al</strong>, técnica y metodológicapara la observación, interpretación y análisis de los riesgos para la población civil como region<strong>al</strong> <strong>del</strong> SAT y la asistencia de directivos de MSD y funcionarios <strong>del</strong> Departamento encuentro fueron:1. Actu<strong>al</strong>izar los instrumentos metodológicos con que cuenta el SAT para elmonitoreo, la advertencia y el seguimiento <strong>al</strong> riesgo advertido, atendiendo a las herramientas conceptu<strong>al</strong>es, técnicas y metodológicas para el levantamiento, uso yarmado. advertencia a esc<strong>al</strong>a region<strong>al</strong> y macrorregion<strong>al</strong>.4. Construir las panorámicas macrorregion<strong>al</strong>es <strong>del</strong> riesgo.5. Revisar y actu<strong>al</strong>izar la region<strong>al</strong>ización operativa <strong>del</strong> SAT, de acuerdo con lasnecesidades de monitoreo, advertencia y seguimiento <strong>al</strong> riesgo advertido.6. Diseñar estrategias de prevención humanitaria que comprendan los componentesde fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>, fort<strong>al</strong>ecimiento comunitario y procesocomunicacion<strong>al</strong>.7. Dar a conocer los parámetros que utiliza el SAT en materia de gestión document<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3178. Soci<strong>al</strong>izar los procesos de carácter administrativo <strong>del</strong> SAT.VII Encuentro nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas. Se re<strong>al</strong>izó en el mesde noviembre, en el marco <strong>del</strong> proyecto de prevención <strong>del</strong> reclutamiento ilícito de niños,de riesgo para la prevención <strong>del</strong> reclutamiento ilícito en el Sistema de Alertas Tempranas.En él se presentaron los resultados de la consultoría que desarrolló el proyecto.Entre los documentos que se soci<strong>al</strong>izaron ante el equipo nacion<strong>al</strong> y region<strong>al</strong> <strong>del</strong> SATestán, entre otros, la ruta ético-jurídica para la atención de los niños, niñas y adolescentescontiene la “Ruta Ético-Jurídica para la Atención de los Niños, Niñas y Adolescentesvinculados por los Grupos Armados <strong>al</strong> Margen de la Ley”. Estos documentos fueronrevisados y autorizados por el despacho <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Así mismo, se discutió elcontenido <strong>del</strong> documento sobre análisis de reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñasy adolescentes en el Sistema de Alertas Tempranas, que contiene los correspondientesindicadores de riesgo según las variables de amenaza y vulnerabilidad establecidas en el SATpara el análisis de riesgo. También se presentó el b<strong>al</strong>ance sobre Riesgos de ReclutamientoAdvertidos por el Sistema de Alertas Tempranas 2007 – 2008, que indica que en el periodocomprendido entre enero de 2007 y septiembre de 2008 se advirtieron riesgos en 130municipios de 27 departamentos <strong>del</strong> país.En desarrollo <strong>del</strong> mismo evento, se re<strong>al</strong>izó una jornada de trabajo en la que se presentóla consultoría para el ajuste metodológico y conceptu<strong>al</strong> <strong>del</strong> SAT y se recogieron lasobservaciones <strong>del</strong> equipo region<strong>al</strong> frente a lo que debería ser incluido en el desarrollo deesta consultoría. Otra jornada de trabajo tuvo que ver con la revisión de la region<strong>al</strong>izaciónoperativa <strong>del</strong> SAT y los mecanismos para su ajuste. En su desarrollo, se presentaron variasy la capacidad operativa e institucion<strong>al</strong> de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Encuentro de la macrorregión centro-oriente. Con el objetivo de consolidar unaestrategia de trabajo conjunto entre defensores region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es que conforman la la participación <strong>del</strong> director <strong>del</strong> SAT, el an<strong>al</strong>ista nacion<strong>al</strong> y los an<strong>al</strong>istas region<strong>al</strong>es de lamacrorregión, así como con la presencia de los defensores region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es de laDefensoría con jurisdicción en la zona.en el que se contó con la participación <strong>del</strong> sacerdote Javier Gir<strong>al</strong>do, quien brindo unaGómez Serrano, quien hizo una presentación sobre el tema de megaproyectos.Encuentro de la macrorregión <strong>del</strong> nororiente. Se llevó a cabo en la ciudad decomunitarios, asesores de fronteras, de comunidades en riesgo y consultores de proyectos
318 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>especi<strong>al</strong>es (que desarrollan trabajo en esta zona), el director <strong>del</strong> SAT, an<strong>al</strong>istas region<strong>al</strong>esy nacion<strong>al</strong>es, el coordinador nacion<strong>al</strong> de atención <strong>al</strong> desplazamiento, un asesor de laDelegada para la Niñez, la Juventud y la Mujer, la consultora <strong>del</strong> SAT para el tema decivil. Los temas trabajados en el encuentro fueron: la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de los diferentes programas y proyectos enejecución.Lineamientos para la coordinación entre el SAT, las defensorías region<strong>al</strong>es yseccion<strong>al</strong>es y los proyectos especi<strong>al</strong>es.departamentos <strong>del</strong> nororiente <strong>del</strong> país.Encuentro de la macrorregión centro oriente y la macrorregión Bogotá, áreametropolitana y oriente selvático.de las macrorregiones cinco (5) y seis (6) <strong>del</strong> SAT, con la asistencia <strong>del</strong> director <strong>del</strong> SAT,la an<strong>al</strong>ista nacion<strong>al</strong> y an<strong>al</strong>istas region<strong>al</strong>es y la consultora para la incorporación de losindicadores de género en las actividades <strong>del</strong> SAT, el cu<strong>al</strong> contó con la participación de losMeta, Casanare, Vichada, Guaviare y Amazonas; con los Defensores Comunitarios deGuaviare y Meta, el Coordinador <strong>del</strong> Proyecto Comunidades en Riesgo de la Defensoría yun asesor de la Delegada para la Niñez, la Juventud y la Mujer.El objetivo trazado fue integrar y fort<strong>al</strong>ecer el trabajo que re<strong>al</strong>iza el SAT, las citadasarmado y su impacto en la población civil, así como el de la utilización de los mecanismosde prevención a través de la conformación de una sola macrorregión con estos territorios.En su desarrollo, se abordaron los siguientes temas: Camilo González Posso (Indepaz), Ariel Fernando Ávila Martínez (CorporaciónPresentación <strong>del</strong> avance en la apropiación de los indicadores de género para elAnálisis <strong>del</strong> impacto <strong>del</strong> reclutamiento forzado en la región. A cargo de MarioSuescun, Asesor Delegado para la Niñez, la Juventud y la Mujer, con la participaciónde Am<strong>al</strong>ia Eraso, de la Fundación Dos Mundos, y Luzmila Cardona, <strong>del</strong> Instituto cargo de Gabriel Muyuy, Defensor Delegado, en su momento, para los Indígenasy las Minorías Étnicas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>319Análisis <strong>del</strong> impacto <strong>del</strong> uso indiscriminado de minas antiperson<strong>al</strong> en la zona. Acargo de Marisol Peñ<strong>al</strong>osa <strong>del</strong> Programa Presidencia de Acción Contra las Minas.Actu<strong>al</strong>ización de los escenarios de riesgo region<strong>al</strong>es.A partir de la reunión de trabajo con representantes <strong>del</strong> Sistema de Naciones Unidas acciones de trabajo entre ambas instancias y se recomendó la adopción de mecanismos quepermitan una mayor presencia de los organismos internacion<strong>al</strong>es en la zona.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>321B.3. DERECHOS DE LA NIÑEZ, LA JUVENTUD Y LAS MUJERES3.1. Gestión defensori<strong>al</strong> para la protección de los derechos de laniñez, la juventud y las mujeresDurante el 2008 se desarrollaron acciones encaminadas a promover los derechos de losniños, jóvenes y mujeres. A continuación se presenta la gestión defensori<strong>al</strong> y la participaciónen proyectos que contribuyen <strong>al</strong> ejercicio de la magistratura mor<strong>al</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.3.1.1. Proyecto de prevención <strong>del</strong> reclutamiento ilícito de niños, niñasy adolescentes en riesgo por el conflicto armado, a través<strong>del</strong> diseño de indicadores de riesgo para la prevención <strong>del</strong>reclutamiento ilícito en el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Dentro <strong>del</strong> convenio marco suscrito entre la OIM, la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de laNación, la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la Fundación MayaNasa en diciembre de 2007, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ejecuta el mencionado proyecto enlos siguientes términos.El objetivo gener<strong>al</strong> es impulsar la efectividad de los derechos humanos de niños, niñasy adolescentes, a través de la prevención de su reclutamiento ilícito por parte de gruposarmados ileg<strong>al</strong>es, por medio <strong>del</strong> diseño de indicadores de riesgo que serán incluidos en elSistema de Alertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.En lo que hace referencia a la Carta de Entendimiento entre la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización dicho entendimiento es que las acciones que desarrolle la Defensoría en ejecución <strong>del</strong>proyecto de prevención <strong>del</strong> reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes en riesgo<strong>del</strong> reclutamiento ilícito desde el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, sean llevadas a cabo con la asistencia técnica de OIM y de UNICEF.
322 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Elaborar una propuesta de indicadores de riesgo de prevención <strong>del</strong> reclutamientoilícito de niños, niñas y adolescentes para incluirlos en el Sistema de AlertasTempranas.V<strong>al</strong>idar dicha propuesta de indicadores con los an<strong>al</strong>istas region<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Sistema deAlertas Tempranas (SAT) en los eventos de formación que se re<strong>al</strong>icen.Elaborar los indicadores de prevención, según los ajustes necesarios después de lav<strong>al</strong>idación con an<strong>al</strong>istas <strong>del</strong> SAT.Revisar y actu<strong>al</strong>izar, para publicar, la guía pedagógica ética jurídica en derechos deniños, niñas y adolescentes víctimas <strong>del</strong> reclutamiento ilícito.Participar en los eventos de formación que re<strong>al</strong>ice la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con losan<strong>al</strong>istas region<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas (SAT).Asistir a todas las reuniones necesarias con los funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> en el marco <strong>del</strong> cumplimiento de los objetivos <strong>del</strong> acuerdo.Re<strong>al</strong>izar informes mensu<strong>al</strong>es a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la OIM sobre lasactividades re<strong>al</strong>izadas en el marco de la consultoría.Todas las demás funciones que la Delegada para los Derechos de la Niñez, laJuventud y la Mujer y la Delegada para la Ev<strong>al</strong>uación de Riesgos de la Población cumplimiento <strong>del</strong> acuerdo.Resultados esperadosDocumento que contiene los indicadores de riesgo (diseñados y v<strong>al</strong>idados) deprevención <strong>del</strong> reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes en el marcoTempranas (SAT).Documento de guía pedagógica ética jurídica en derechos de niños, niñas yadolescentes víctimas <strong>del</strong> reclutamiento ilícito.ProductosDocumento, para ser publicado como cartilla, que contiene los indicadores deriesgo de reclutamiento ilícito de niños, niñas y adolescentes para el monitoreo yseguimiento que re<strong>al</strong>iza el Sistema de Alertas Tempranas (SAT): “Análisis de riesgode reclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes”.Documento para publicar como cartilla: “Ruta ético jurídica para la atención <strong>del</strong>os niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados <strong>al</strong> margende la Ley”.los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados <strong>al</strong> margende la Ley”.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>323Documento que sistematiza el caso de los departamentos y municipios en los queha habido advertencia de riesgo de reclutamiento forzado por parte <strong>del</strong> Sistema deAlertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en 2007 – 2008.Respecto de los indicadores es pertinente mencionar que el reclutamiento y la utilizaciónilícita de niños, niñas y adolescentes se presenta de distintas maneras debido a que losgrupos armados <strong>al</strong> margen de la ley los involucran a través de varios mecanismos en susorganizaciones, en las hostilidades o en los <strong>del</strong>itos que cometen. Por esto, se sugiere que enlos informes de advertencia que re<strong>al</strong>iza el Sistema de Alertas Tempranas se establezcan losdistintos tipos como se vinculan los niños, niñas y adolescentes menores de 18 años congrupos armados <strong>al</strong> margen de la ley, como: Reclutamiento o utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes.Cuando el monitoreo arroje información respecto <strong>del</strong> reclutamiento de niños y niñasmenores de 15 años por parte de grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley, se sugiere que se Reclutamiento o utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes menores de 15 años.Cuando el monitoreo arroje información respecto de utilización ilícita de niños, niñasy adolescentes por parte de miembros de la fuerza pública u organismos de seguridad <strong>del</strong>Estado, se recomienda que se mencione como:Utilización ilícita de la niñez en actividades de colaboración o de inteligencia militarpor parte de la fuerza pública y organismos de seguridad <strong>del</strong> Estado.Por otra parte, dado que la prohibición de reclutar y utilizar ilícitamente personas enque cuando el monitoreo arroje información sobre reclutamiento de jóvenes mayores(vicio <strong>del</strong> consentimiento) no se establezca como infracción <strong>al</strong> DIH o <strong>del</strong>ito, sino quese mencione como:Reclutamiento por involucramiento de jóvenes mayores de 18 años en gruposarmados <strong>al</strong> margen de la ley mediante engaños.3.1.2. Proyecto: Niñas, niños y jóvenes desvinculados <strong>del</strong> conflictoarmado operando una escuela de promoción y defensa de DD.HH. emergentes frente a las cu<strong>al</strong>es suele ser precario el conocimiento disponible acumulado enel conocimiento actu<strong>al</strong>mente disponible en las instituciones académicas y prestadoras defactores involucrados en el proceso de vinculación de los niños y niñas que posteriormenteden cuenta <strong>del</strong> proceso de atención posterior <strong>al</strong> hecho mismo de la desvinculación.
324 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> imaginario institucion<strong>al</strong> como las prácticas tienden a inst<strong>al</strong>ar y consolidar un modo deoperación propio de las instituciones tot<strong>al</strong>es que de manera típica actúan en el campo de laprotección, a pesar de que se ha venido dando un avance importante en el desarrollo <strong>del</strong>programa especi<strong>al</strong>izado por parte <strong>del</strong> citado instituto.niñas y niños en condición de desvinculación, <strong>al</strong>ude a la pertinencia de generar ámbitosexperienci<strong>al</strong> de los derechos humanos, con capacidad de: (i) abrir campos de interpelación, experiencia vivida, rutas de construcción académica y de divulgación de los DD.HH., yde aportar a otras y otros adolescentes y jóvenes, en similares o diferentes circunstanciasde vida, sea que se encuentren en <strong>al</strong>gún programa de protección o que estén vinculadosa programas ejecutados por entidades públicas y/o privadas en sus contextos de vidacotidiana en barrios populares de áreas urbanas y/o en áreas rur<strong>al</strong>es.Fin<strong>al</strong>idadPromover la recuperación física y sicológica y la reintegración soci<strong>al</strong> y comunitaria desobre la garantía de sus derechos, con especi<strong>al</strong> énfasis en el tema de desvinculación de loshumana y están empoderados como sujetos soci<strong>al</strong>es y políticos en la defensa y protecciónde sus derechos y los de los demás; y 3. Los niños, niñas y jóvenes vinculados <strong>al</strong> proyectoson gestores activos de la promoción de sus derechos ante otros niños y jóvenes de lasciudades foc<strong>al</strong>izadas.En desarrollo de estos objetivos, la <strong>del</strong>egada a<strong>del</strong>antó acciones de:las Defensorías <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> region<strong>al</strong>es;b. Seminario nacion<strong>al</strong> de formación de agentes loc<strong>al</strong>es. Se re<strong>al</strong>izó con la asistencia dede Quilichao;recuperar su dignidad humana y empoderarlos como sujetos soci<strong>al</strong>es y políticos enla defensa y protección de sus derechos y de los demás a 60 niños, niñas y jóvenesdesvinculados y re<strong>al</strong>izar acciones de seguimiento;
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>325d. Formación de 37 animadores de clubes juveniles;e. Trabajo desarrollado en procesos de protección con 30 niñas y niños infractores; y Arauca;g. Desarrollo de tres módulos de la serie educativa denominada Narrativas deConstrucción de la Dignidad:Módulo Población de referencia Descripción <strong>del</strong> contenidoIFuncionariosPresenta las fuentes conceptu<strong>al</strong>es de la pedagogíaexperienci<strong>al</strong> diseñada en el proyecto.II Jóvenes Presenta la metodología <strong>del</strong> ciclo básico de formación.IIIJóvenesPresenta los conceptos orientadores <strong>del</strong> ciclo básicode formación.h. Diseño de un sistema de seguimiento y ev<strong>al</strong>uación que se concentra en laCon fundamento en el sistema de seguimiento y ev<strong>al</strong>uación, se diseñó y operó una líneaexigibilidad de los mismos. Se compararon las ejecuciones <strong>del</strong> primero y <strong>del</strong> segundo año.3.1.3. Campaña sobre no reclutamiento de niños, niñas y adolescentes<strong>al</strong> conflicto armadoEs claro para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> que los derechos fundament<strong>al</strong>es de las niñas,niños y adolescentes prev<strong>al</strong>ecen sobre los <strong>del</strong> conglomerado. No obstante, se ven ley, <strong>al</strong>gunos miembros de la fuerza pública y otros organismos de seguridad <strong>del</strong> Estado.En Colombia se han visto afectados en varios ámbitos. Para el caso en concreto se hacerelación a los niños, niñas y adolescentes víctimas de reclutamiento y utilización ilícita, quecontravienen no solo las normas internas sino el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.Por esto, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a través <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas (SAT),el Grupo de Atención a Desplazados y la Delegada para los Derechos de la Niñez, laJuventud y la Mujer, <strong>al</strong> ver las graves afectaciones a los derechos de estos, decidió efectuarLuego de que el SAT hiciera un mapeo de las zonas de riesgo, se unieron para trabajarpor un objetivo en común el Grupo de Atención a Desplazados y la Delegada para laNiñez, la Juventud y la Mujer de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Se conformó un grupo de trabajo para implementar un Proyecto Piloto de Precampañaen el municipio de Soacha donde nos acompañaron la Casa de Los Derechos de Soachay la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cundinamarca, el cu<strong>al</strong> logró la participación <strong>del</strong>as autoridades municip<strong>al</strong>es. Se presentaron propuestas y se optó por iniciar la labor
326 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de acercamiento a las comunidades, lo cu<strong>al</strong> se toma como plan piloto para promovercampañas en las partes <strong>del</strong> país donde se presenta el reclutamiento y utilización ilícita deniñas, niños y adolescentes.Dependencias participantesDelegada para la Defensa de los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, Grupode Atención a Desplazados, Sistema de Alertas Tempranas, Region<strong>al</strong> Cundinamarca.Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer y Defensoríasregion<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.Derechos amenazados y vulneradosEn Colombia, es <strong>del</strong>ito el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte <strong>del</strong>os grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley. Ello constituye grave vulneración a los derechoshumanos, infracción <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario y, cuando se trata de menores de15 años, un crimen de guerra. Aquí no se debe tener en cuenta si hay o no consentimientode los menores de edad.Por ello, el Estado debe tomar las prevenciones necesarias para que cese el reclutamientode los menores de 18 años por parte de grupos armados ileg<strong>al</strong>es y evitar su participaciónen cu<strong>al</strong>quier mod<strong>al</strong>idad.Son muchas las manifestaciones, investigaciones y llamados de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>,Colombia se ha efectuado reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en edades entre los5 y 17 años de edad.Las niñas, niños y adolescentes que se han desvinculado de los grupos armados <strong>al</strong> dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes. En el año 2005 de las entrevistas efectuadaspor parte de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a varios niñas, niños y adolescentes, se obtuvo unEl SAT de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> advirtió, entre los años 2007 y 2008, que en 130municipios de 27 departamentos <strong>del</strong> país existe riesgo de reclutamiento de niñas, niños yadolescentes.En desarrollo de normas constitucion<strong>al</strong>es, Colombia cuenta con varios compromisosinternacion<strong>al</strong>es que complementan los desarrollos normativos nacion<strong>al</strong>es; entre ellos laConvención de los Derechos <strong>del</strong> Niño aprobada por la Ley 12 de 1991.La Constitución Política de Colombia elevó los derechos <strong>del</strong> niño y los hizo prev<strong>al</strong>entesa los demás derechos fundament<strong>al</strong>es. Así, empezó a desarrollar nuevas normas como laLey 1098 de 1996, de Infancia y Adolescencia, que fort<strong>al</strong>ece el interés superior de las niñas,los niños y los adolescentes.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>327Regulación vinculante para Colombia sobre la prohibición dereclutamiento y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentesNormativas internacion<strong>al</strong>es: Protocolo II adicion<strong>al</strong> a los Convenios de Ginebra(Protocolo II), artículo 4, numer<strong>al</strong> 2: los niños menores de 15 años no deben ser reclutadosni participar en las hostilidades. Reserva Colombiana a la Convención Internacion<strong>al</strong> sobrelos Derechos <strong>del</strong> Niño, artículo 38: los niños menores de 18 años no deben participar enlas hostilidades. Convenio 182 de la Organización Internacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Trabajo, artículo 3:una de las peores formas de trabajo infantil es el reclutamiento forzoso u obligatorio depersonas menores de 18 años. Protocolo Facultativo a la Convención de los Derechos <strong>del</strong>menores de 18 años no deben ser reclutados ni utilizados en hostilidades. Estatuto de laCorte Pen<strong>al</strong> Internacion<strong>al</strong>, artículo 8: es crimen de guerra el reclutamiento, <strong>al</strong>istamiento outilización en hostilidades de niños menores de 15 años. Resolución 1612 <strong>del</strong> Consejo deSeguridad de Naciones Unidas: se debe monitorear y hacer seguimiento <strong>al</strong> reclutamiento yutilización de niños menores de 18 años.Normativas nacion<strong>al</strong>es: Constitución Política, artículos 44, 93 y 94: los derechos de losniños y niñas son fundament<strong>al</strong>es. Código Pen<strong>al</strong>, artículo 162: el reclutamiento ilícito depersonas menores de 18 años es un <strong>del</strong>ito. Ley 1106/06, que prorroga la Ley 782/02, queprorroga la Ley 548/99, que prorroga la ley 418 de 1997. Artículo 6 de la Ley 782: todos losmenores de edad que tomen parte en las hostilidades son víctimas de la violencia. Ley 1098de 2006 (Ley de infancia y adolescencia), artículos 20, 26, 41, 163, 175, 176 y 192 a 200:los menores de edad deben ser protegidos contra el reclutamiento y la utilización ilícita.Además, las actividades de inteligencia militar o cu<strong>al</strong>quier colaboración con la fuerza públicade menores de edad están prohibidas. Decreto 4690 de 2007, artículo 1: se conforma unacomisión intersectori<strong>al</strong> de gobierno para prevenir el reclutamiento y la utilización de niñosmenores de 18 años Directiva permanente 048 de 2008 (Comando Gener<strong>al</strong> de las FuerzasMilitares): se prohíbe la utilización de menores de edad en actividades de inteligenciamilitar y cu<strong>al</strong>quier tipo de colaboración de ellos con las fuerzas militares.Doctrina internacion<strong>al</strong>: Principios de Paris 2007, números 1, 4, 5 y 6: los Estadossignatarios se comprometen a no escatimar esfuerzos para erradicar el reclutamiento yel uso de niños y niñas menores de 18 años por parte de fuerzas o grupos armados conpresencia en los Estados (documento <strong>del</strong> sistema de <strong>al</strong>ertas tempranas de la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>).RecomendacionesLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> recomienda a los legisladores colombianos crear normasmás fuertes para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos de las niñas,niños y adolescentes, para prevenir que esta población en <strong>al</strong>to grado de vulnerabilidad sigasiendo víctima de utilización ilícita por parte de los grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley ygarantizar su protección efectiva.Por esto, para la Defensoría constituye una prioridad a<strong>del</strong>antar campañas en los
328 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>competentes en el tema en nuestra institución y con organizaciones de la sociedad civil einternacion<strong>al</strong>es.Gestión defensori<strong>al</strong>En relación con el tipo de intervención, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, como instituciónresponsable de la prevención y protección de los derechos humanos, a<strong>del</strong>antódurante el año 2008 las siguientes acciones:Participación dentro <strong>del</strong> plan de acción para prevenir y proteger a las niñas, niños yadolescentes de ser víctimas de reclutamiento ilícito por parte de grupos armados<strong>al</strong> margen de la ley.Orientación, asesoría y asistencia en la elaboración de la estrategia para la campañade prevención y protección de niñas, niños y adolescentes de ser víctimas dereclutamiento por parte de grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley.Acercamiento a autoridades municip<strong>al</strong>es y a organizaciones internacion<strong>al</strong>es para l<strong>al</strong>a campaña piloto.Acercamiento a las comunidades en busca <strong>del</strong> empoderamiento de las niñas, niñosy adolescentes en el municipio de Soacha. Se hizo promoción y divulgación <strong>del</strong>os derechos de la niñez, princip<strong>al</strong>mente la prohibición de reclutamiento de niñas,niños y adolescentes por parte de grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley.Participación en los comités interinstitucion<strong>al</strong>es que tratan la temática.3.1.4. Proyecto de formación sobre los derechos de los niños, niñas yadolescentes en el marco <strong>del</strong> Código de Infancia y Adolescenciapara los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer en el marco <strong>del</strong> Convenio entre laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y UNICEF, propuso un proyecto de formación dirigido a los y lasfuncionarias y a los y las defensoras públicas de adolescentes, con el objeto de garantizara las y los adolescentes autores, partícipes o víctimas de las infracciones a la ley pen<strong>al</strong>, ya los niños, niñas y adolescentes víctimas de <strong>del</strong>itos, la promoción, asesoría, protección ydefensa necesarias para el restablecimiento y garantía de sus derechos, de acuerdo con losprincipios y normas establecidas en el Código de la Infancia y la Adolescencia, es decir, laLey 1098 de 2006.en la mod<strong>al</strong>idad de diplomado, con una intensidad de 112 horas y en las ciudades deC<strong>al</strong>i y Maniz<strong>al</strong>es, en la mod<strong>al</strong>idad de curso, con una intensidad de 40 horas cada uno. ElEl programa académico de los procesos de formación contempló cuatro ejes temáticos:incidencia <strong>del</strong> enfoque de los derechos en la práctica judici<strong>al</strong> y administrativa, estructuragener<strong>al</strong> <strong>del</strong> Código de Infancia y Adolescencia desde una perspectiva integr<strong>al</strong>; normas,fuentes y criterios de interpretación y responsabilidad pen<strong>al</strong> adolescente.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>329Las exposiciones conceptu<strong>al</strong>es estuvieron acompañadas de análisis de casosemblemáticos extraídos de la práctica judici<strong>al</strong> y análisis de jurisprudencias de las cortesnacion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es relacionadas con los derechos humanos y el derechointernacion<strong>al</strong> humanitario.El curso permitió afectar de manera positiva el sistema de creencias, percepciones yprejuicios que se encuentran en la base <strong>del</strong> ser y <strong>del</strong> quehacer profesion<strong>al</strong> y que condicionanla intervención de los y las funcionarios desde la doctrina de la situación irregular.Los procesos de formación abrieron nuevos caminos de interpretación y aplicaciónde las normas, acordes con el espíritu <strong>del</strong> Código de Infancia y Adolescencia para losdefensores públicos y los y las funcionarias de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Recordamosespeci<strong>al</strong>mente los siguientes:La comprensión <strong>del</strong> reconocimiento de la titularidad de los derechos de las niñas,los niños y los adolescentes y su ejercicio activo.La comprensión de la visión integr<strong>al</strong> de la ley. Se entendió que la aplicación <strong>del</strong>código no puede ser sectori<strong>al</strong>; el libro segundo sobre la responsabilidad pen<strong>al</strong>juvenil no es una norma aislada <strong>del</strong> contexto gener<strong>al</strong> y <strong>del</strong> reconocimiento, garantíay restablecimiento de los derechos, en todos los casos.La comprensión de la necesidad de orientar la función pública con perspectivade los derechos, en la que todas las partes que intervienen el proceso son agentesgarantes de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de acuerdo con loestablecido en el Código de Infancia y Adolescencia.La comprensión de la necesidad de la coordinación interinstitucion<strong>al</strong> para <strong>al</strong>canzarresultados efectivos de garantía y restablecimiento de los derechos.La necesidad <strong>del</strong> diálogo interdisciplinario para entender mejor los casos concretosy aplicar de manera más efectiva las normas jurídicas. Este elemento es un factormuy importante y por ello se le dio un puesto importante en el programa <strong>del</strong>doctorado.La metodología de trabajo participativo permitió retro<strong>al</strong>imentar la experiencia deaprendizaje y enriquecerla con el quehacer profesion<strong>al</strong> de cada uno de los y las asistentes.Se an<strong>al</strong>izaron las fort<strong>al</strong>ezas y debilidades encontradas en la implementación <strong>del</strong> Código deInfancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006.principios y normas <strong>del</strong> código en su dimensión integr<strong>al</strong>, se pueden señ<strong>al</strong>ar las siguientes: Esta es la formade trabajo en la cu<strong>al</strong> cada una de las partes que intervienen en el proceso actúa demanera independiente de acuerdo con la idea tradicion<strong>al</strong> de la función en la cu<strong>al</strong> lapara la sociedad y para sí mismo un ser humano. Este trabajo interdisciplinario estáincorporado en el trabajo con la infancia, la adolescencia y la familia desde reformas
330 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>anteriores, para atender sobre todo situaciones de violencia intrafamiliar, m<strong>al</strong>tratoy abuso sexu<strong>al</strong>es. Sin embargo, la función está tan sectorizada que cada profesion<strong>al</strong>actúa de manera individu<strong>al</strong>, cumple con la función de presentar su informe <strong>al</strong> o a lajefe <strong>del</strong> equipo y ahí termina su tarea; desafortunadamente, no se propician lecturasconjuntas de las opiniones de los expertos para elaborar estrategias integr<strong>al</strong>esde restablecimiento de los derechos. En la concepción integr<strong>al</strong> <strong>del</strong> código, t<strong>al</strong>exigencia es imperiosa para la aplicación de esta ley. Para transformar la culturade la sectorización <strong>del</strong> trabajo es necesario continuar la capacitación de maneraintegr<strong>al</strong>; en lo posible, de manera interinstitucion<strong>al</strong> e interdisciplinaria.Cjueces aplican el código con la visión estricta <strong>del</strong> procedimiento <strong>del</strong> Código Pen<strong>al</strong>tienen margen de actuación para hacer v<strong>al</strong>er los principios y la visión gener<strong>al</strong> <strong>del</strong>Código de Infancia y Adolescencia.que este funcionario y el informe que presenta se han convertido en un elementode acusación para los adolescentes vinculados a los procesos. En la mayoría de losla actuación <strong>del</strong> defensor de familia es el obstáculo más serio que tiene la defensapara acusar y los jueces para juzgar. Consideran que los defensores de familia nodeberían ser parte en el proceso. atención especi<strong>al</strong>izada de los y las adolescentes infractores. Los cursos sobre laspolíticas públicas les permitieron ubicar el problema y adquirir recursos leg<strong>al</strong>es par<strong>al</strong>a exigencia de la infraestructura necesaria para la aplicación <strong>del</strong> código.3.1.5. Proyecto de “Promoción y monitoreo <strong>del</strong> ejercicio de losderechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos de población en situación dedesplazamiento forzado y receptora vulnerable, con énfasis enviolencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong>”Proyecto ejecutado durante el 2007 que culminó en el mes de julio de 2008 conla elaboración de un informe de la Defensoría, presentado <strong>al</strong> país en el marco de unaaudiencia defensori<strong>al</strong> titulado “Promoción y monitoreo de los derechos sexu<strong>al</strong>es yreproductivos de mujeres víctimas de desplazamiento forzado con énfasis en violenciasintrafamiliar y sexu<strong>al</strong>”.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>331El informe recogió todo el trabajo investigativo re<strong>al</strong>izado en las ciudades de C<strong>al</strong>i,Me<strong>del</strong>lín, Cúcuta y Pasto, los procesos de formación tanto a población en situación dedesplazamiento forzado como a funcionarios y funcionarias competentes en la atencióna esta población, lo que permitió utilizar los productos obtenidos por la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> en el año 2007 (Guía para la formación en derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivospara la población en situación de desplazamiento con énfasis en violencia y el Módulode la A a la Z en derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos para funcionarios y funcionarias conénfasis en violencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong>). De igu<strong>al</strong> manera incluyó el trabajo deelaboración, concertación y aprobación de rutas de atención de violencias intrafamiliar ysexu<strong>al</strong> a población en situación de desplazamiento, trabajo re<strong>al</strong>izado interinstitucion<strong>al</strong>mentee intersectori<strong>al</strong>mente, así como el diseño y análisis de indicadores.a. RecomendacionesEl <strong>Informe</strong> concluye con unas recomendaciones, que consideramos de gran importanciaplasmar en este informe:1. A las entidades que componen el Estado ColombianoSe les recomienda dar cumplimiento a los tratados internacion<strong>al</strong>es sobre derechosde las mujeres, especi<strong>al</strong>mente la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionary Erradicar la Violencia contra la Mujer así como cumplir las recomendaciones de losAlta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situaciónde estos en Colombia, en el sentido de adoptar e implementar una política pública de luchacontra la impunidad, incluyendo la revisión de la legislación sobre violencia doméstica yde género.2. Al Gobierno Nacion<strong>al</strong>Primero. Exhortar <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> para que asegure el goce efectivo de derechos a la vida, a la dignidad, a la autonomía, a la integridad física, psicológica ymor<strong>al</strong>, a tener una familia y a no ser separado de ella, a la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud,a la educación y a proteger, frente a prácticas discriminatorias, a la población víctima <strong>del</strong>desplazamiento forzado.Segundo. Exhortar <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> a que re<strong>al</strong>ice todas las acciones necesariaspara prevenir, sancionar y erradicar las violencias de género contra mujeres niñas yadolescentes víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado, en cumplimiento de las obligacionesasumidas en los tratados y convenios internacion<strong>al</strong>es y la legislación interna.Tercero. Exhortar <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> a que consolide la política de prevención yatención integr<strong>al</strong> a víctimas de la violencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong> de la poblaciónen situación de desplazamiento forzado.Cuarto. Solicitar <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> que adopte la perspectiva de igu<strong>al</strong>dad degénero conforme a lo ordenado por la Resolución 1325 de 2000 <strong>del</strong> Consejo de Seguridadde las Naciones Unidas en su sesión 4213, celebrada el 31 de octubre de 2000. Lo cu<strong>al</strong>
332 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>tengan en cuenta especi<strong>al</strong>mente las vulneraciones de los derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivosenmarcadas en las violencias de género que ocurrieron antes, durante y después <strong>del</strong> procesode desplazamiento forzado.Quinto. Exhortar <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> a que fort<strong>al</strong>ezca las políticas de prevencióny atención integr<strong>al</strong> a las víctimas de las violencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong> de la poblaciónen situación de desplazamiento forzado, a través de la puesta en marcha de procesosde formación en derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos, derecho internacion<strong>al</strong> humanitario,violencias de género y justicia de género, para poder remover y transformar imaginariossexistas excluyentes, estigmatizadores que puedan estar aún presentes en los operadores yoperadoras, en relación con las mujeres, niños, niñas y adolescentes.Primero. Exhortar a la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong> a que atienda latot<strong>al</strong>idad de las disposiciones de la Ley 387 de 1997 y <strong>del</strong> Decreto 2560 de 2000, por el cu<strong>al</strong>se reglamenta parci<strong>al</strong>mente la Ley 387 de1997 y se crea la Red Nacion<strong>al</strong> de Información magnitud <strong>del</strong> desplazamiento y las características de los grupos afectados t<strong>al</strong>es como laedad, el sexo y la etnia, los territorios involucrados, las causas y los presuntos autores <strong>del</strong>desplazamiento, así como la tot<strong>al</strong>idad de los derechos vulnerados.Segundo. Exhortar a la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong> para que atiendaa la tot<strong>al</strong>idad de las disposiciones contenidas en la Sentencia T-025 de 2004 proferida pormateria de atención integr<strong>al</strong> a la población víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado.Tercero. Exhortar a la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong> y la CooperaciónInternacion<strong>al</strong> para que fort<strong>al</strong>ezca los programas de información sobre los mecanismospara acceder <strong>al</strong> Sistema de Registro de Población Desplazada, RUPD.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, como institución garante de la promoción de los derechoshumanos, ha desarrollado una serie de productos institucion<strong>al</strong>es y de comunicacióndirigidos <strong>al</strong> empoderamiento de la población víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado quecontienen información sobre los procedimientos a seguir en caso de ser víctimas de lasviolencias de género. T<strong>al</strong> es el caso <strong>del</strong> plegable sobre la atención a víctimas de las violenciasintrafamiliar y sexu<strong>al</strong> e inscripción en el RUPD, de forma que las Unidades de Atención yOrientación de la Población y todas aquellas instituciones u organizaciones que a<strong>del</strong>antenacciones en pro de las personas en situación de desplazamiento, hagan uso y distribuyandicha información.Cuarto.de los procesos tanto de toma de declaración <strong>del</strong> proceso de desplazamiento como de losde inscripción <strong>al</strong> RUPD, así como la agilización de las entregas de las ayudas humanitariasnecesarias para el ejercicio de los derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos de la población víctima<strong>del</strong> desplazamiento forzado. De igu<strong>al</strong> manera, se recomienda que a las declaraciones <strong>del</strong>proceso de desplazamiento forzado como <strong>al</strong> RUPD se incorporen categorías que dencuenta de las violencias de género.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>333Quinto. Recomendar a la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para la Acción soci<strong>al</strong> y la CooperaciónInternacion<strong>al</strong>, en el marco de las Unidades de Atención y Orientación para la Poblaciónen Situación de Desplazamiento, desarrollar protocolos para la atención diferenci<strong>al</strong> enviolencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong> y otras violencias de género. Para t<strong>al</strong> efecto, las UAOpodrán hacer uso de los productos institucion<strong>al</strong>es y de comunicación desarrollados porel proyecto.Sexto. Recomendar a la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong> y la CooperaciónInternacion<strong>al</strong> la ejecución de procesos de formación especi<strong>al</strong>izada dirigida a sus operadoresy operadoras en el país, en derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos y en la prevención y atenciónde las violencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong> y otras violencias de género.Séptimo. Recomendar a la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong> y a los entesterritori<strong>al</strong>es que se garantice el acceso de la población en situación de desplazamiento aespacios de toma de decisiones y para que se incluyan los derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivoscomo una de las líneas de acción de los Planes Integr<strong>al</strong>es Únicos tanto departament<strong>al</strong>escomo municip<strong>al</strong>es. Primero. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> a que fort<strong>al</strong>ezca la Política deS<strong>al</strong>ud Sexu<strong>al</strong> y Reproductiva a partir <strong>del</strong> diseño de una línea de atención diferenci<strong>al</strong> para lapoblación víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado.Segundo. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, a los entes territori<strong>al</strong>es y <strong>al</strong>Comité Interinstitucion<strong>al</strong> para Articular la Oferta en S<strong>al</strong>ud, para que fort<strong>al</strong>ezcan el procesode descentr<strong>al</strong>ización de la política pública en materia de s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductivadirigida a la población víctima <strong>del</strong> desplazamiento, garantizando espacios de articulacióny coordinación interinstitucion<strong>al</strong> e institucion<strong>al</strong>, por medio de las cu<strong>al</strong>es se haganefectivos mecanismos de exigibilidad, restitución y reparación de los derechos sexu<strong>al</strong>es yreproductivos, y se pongan en marcha estrategias de prevención de su vulneración.Tercero. Recomendar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, a los entes territori<strong>al</strong>esy <strong>al</strong> Comité Interinstitucion<strong>al</strong> para la Articulación de la Oferta en S<strong>al</strong>ud, que garanticenla atención básica en s<strong>al</strong>ud a la población en situación de desplazamiento, en particularla atención en s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva univers<strong>al</strong>, cumpliendo con los lineamientosde c<strong>al</strong>idad establecidos por la legislación nacion<strong>al</strong> y los criterios orientadores de laprestación <strong>del</strong> servicio de atención: el acceso a la información, servicios y suministros, lay la no discriminación.Cuarto. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> para que, a través de lasacciones de la Política Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud Sexu<strong>al</strong> y Reproductiva, desarrolle procesosde capacitación sobre s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva, autocuidado y derechos sexu<strong>al</strong>esy reproductivos tanto a hombres como a mujeres y adolescentes de la población en <strong>Pueblo</strong> cuenta con la “Guía para la formación en derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivospara la población en situación de desplazamiento con énfasis en violencia intrafamiliar yviolencia sexu<strong>al</strong>”, desarrollada de manera conjunta con Profamilia y con el apoyo de laOrganización Internacion<strong>al</strong> para las Migraciones.
334 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Quinto. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, en el marco de la línea depromoción de la s<strong>al</strong>ud de la Política Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud Sexu<strong>al</strong> y Reproductiva, a quefort<strong>al</strong>ezca el acceso a servicios para la toma de exámenes de seno, citologías vagin<strong>al</strong>es yVIH en la población víctima <strong>del</strong> desplazamiento y receptora vulnerable.Sexto. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, en el marco de la línea de promociónde la s<strong>al</strong>ud de la Política Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud Sexu<strong>al</strong> y Reproductiva, a que a<strong>del</strong>ante acciones enmateria de morbi-mort<strong>al</strong>idad materna a partir <strong>del</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> acceso a servicios ens<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva de las mujeres víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado.Séptimo. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, en el marco de la PolíticaNacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud Sexu<strong>al</strong> y Reproductiva, a que fort<strong>al</strong>ezca las acciones en materia deprevención de embarazo adolescente de la población en situación de desplazamientoasí como las acciones a<strong>del</strong>antadas en materia de uso de anticonceptivos, en pro de ladisminución de los embarazos no deseados.Octavo. Recomendar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> que fort<strong>al</strong>ezca losprotocolos de atención a víctimas de violencia sexu<strong>al</strong>, incorporando acciones para elrestablecimiento de derechos y una atención integr<strong>al</strong> para las víctimas de <strong>del</strong>itos sexu<strong>al</strong>es referida a la interrupción voluntaria <strong>del</strong> embarazo en los casos de despen<strong>al</strong>ización parci<strong>al</strong>previstos por la ley.Noveno. Recomendar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> que desarrolle accionesde prevención de las violencias de género y la promoción <strong>del</strong> trato equitativo y de lasrelaciones democráticas entre hombres y mujeres, adultos, niños y niñas. Así mismo, serecomienda a<strong>del</strong>antar programas de intervención interinstitucion<strong>al</strong> e intersectori<strong>al</strong> para larestitución de derechos a las víctimas de violencia intrafamiliar y los <strong>del</strong>itos sexu<strong>al</strong>es.Décimo. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> a que desarrolle acciones parael adecuado suministro de la píldora de anticoncepción de emergencia (PAE) en el marco<strong>del</strong> protocolo de atención integr<strong>al</strong> a las víctimas de violencia sexu<strong>al</strong>, o a partir de esquemasde información para aquellas mujeres que la soliciten por haber tenido una relación sexu<strong>al</strong>desprotegida, en cumplimiento <strong>del</strong> Acuerdo 380 de 2007.Undécimo. Exhortar a las Secretarías de S<strong>al</strong>ud Departament<strong>al</strong>es y Municip<strong>al</strong>es paraque atiendan la tot<strong>al</strong>idad de las disposiciones de la Sentencia C-355 de 2006 y <strong>del</strong> DecretoReglamentario 4444 de 2006, en el que se adoptan las medidas necesarias para protegerla vida de la mujer y así regular las condiciones, modo, tiempo y lugar en que se re<strong>al</strong>izarála interrupción voluntaria <strong>del</strong> embarazo con base en los casos de despen<strong>al</strong>ización parci<strong>al</strong>previstos por la ley.Décimo segundo. En razón de que el presente estudio evidencia que las Secretaríasde S<strong>al</strong>ud de las cuatro ciudades no están llevando el registro de interrupción voluntaria(IVE) <strong>del</strong> embarazo, exhortar a las Entidades Promotoras de S<strong>al</strong>ud y a las Secretarías deS<strong>al</strong>ud Departament<strong>al</strong>es y Municip<strong>al</strong>es a que den cumplimiento a las disposiciones de laCircular 0031 de mayo de 2007 en lo referente a los consolidados trimestr<strong>al</strong>es de casosde IVE por tipo de diagnóstico, desagregado por municipio, grupos de edad y c<strong>al</strong>idad
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>335 que el derecho a la autonomía reproductiva no solo se garantiza con el acceso a métodosanticonceptivos o a controles médicos si se está en estado de embarazo, también incluyela garantía de condiciones que procuren el respeto de las decisiones que toman hombres,mujeres y adolescentes respecto de la vida sexu<strong>al</strong> y reproductiva.Décimo tercero. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, a las Secretarías deS<strong>al</strong>ud Territori<strong>al</strong>es y <strong>al</strong> Comité Interinstitucion<strong>al</strong> a que articulen la oferta en s<strong>al</strong>ud, paraque garanticen el acceso de la población en situación de desplazamiento <strong>al</strong> uso de métodosrecurrido a los diferentes programas desarrollados por las ONG a adquirir el métodoun reto para la política pública nacion<strong>al</strong>, la cu<strong>al</strong> debe crear los mecanismos necesarios paragarantizar el acceso a métodos anticonceptivos a la población en gener<strong>al</strong> y particularmentea la población en situación de desplazamiento forzado. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hace un llamado para que, t<strong>al</strong> como lo ha establecido la CorteConstitucion<strong>al</strong> colombiana, se incorpore el enfoque diferenci<strong>al</strong> en la formulación, puestaen marcha y ev<strong>al</strong>uación de la política para la población en situación de desplazamiento.Así mismo, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> reitera lo establecido por ACNUR en el sentidode que “la forma en la que se concibe la política pública no facilita relacionar el enfoquediferenci<strong>al</strong> con la protección <strong>del</strong> derecho a la igu<strong>al</strong>dad y a la no discriminación, impidiendosuperar el estado de cosas inconstitucion<strong>al</strong> y amenazando incluso con provocar efectosdiscriminatorios ulteriores, resultado contrario a la búsqueda de la equidad, uno de losde género para orientar la atención a la población desplazada. En particular subraya: i) elimpacto <strong>del</strong> desplazamiento sobre las mujeres; ii) la obligación de los gobiernos de resolvery atender de manera especi<strong>al</strong> los problemas de las mujeres y los niños y niñas víctimas <strong>del</strong>de la Relatora Especi<strong>al</strong> sobre Violencia contra la Mujer, señora Radhika Coomaraswamy,y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos <strong>al</strong> Estado colombiano relativas <strong>al</strong>a protección y asistencia integr<strong>al</strong> y especi<strong>al</strong> de las mujeres desplazadas y a la garantía deacceso de las mujeres amenazadas por la violencia a medidas especi<strong>al</strong>es para proteger suintegridad física y ment<strong>al</strong>, respectivamente”.Primero. Exhortar a la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación a que desarrolle programas yproyectos de prevención de las violencias de género y la promoción <strong>del</strong> trato equitativoy de las relaciones democráticas entre hombres y mujeres, adultos, niños y niñas en lasfamilias. Así mismo, se recomienda a<strong>del</strong>antar programas de intervención interinstitucion<strong>al</strong>e intersectori<strong>al</strong> para la restitución de derechos a las víctimas de violencia intrafamiliary violencia sexu<strong>al</strong>, así como procesos de formación para garantizar la actu<strong>al</strong>izaciónnormativa, particularmente en la aplicación <strong>del</strong> Código de Infancia y Adolescencia (Ley1098 de 2006) y en la investigación de <strong>del</strong>itos que garanticen la justicia de género.
336 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Segundo. Exhortar a las Fisc<strong>al</strong>ía Region<strong>al</strong>es a que generen mecanismos asequiblesy ágiles para que las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong> acudan a lajusticia de manera efectiva. En esa medida, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> recomienda hacerun adecuado uso de las rutas de atención a víctimas de violencia intrafamiliar y violenciasexu<strong>al</strong> con énfasis en la población en situación de desplazamiento, para dar lugar a procesosinterinstitucion<strong>al</strong>es mucho más coordinados que eviten la revictimización.Tercero. Exhortar a la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación a que se abstenga de mantener lade las víctimas de violencia intrafamiliar y a tomar las medidas provision<strong>al</strong>es necesariaspara la protección y el restablecimiento de derechos de las víctimas de las violenciasintrafamiliar y sexu<strong>al</strong>, particularmente si son mujeres, niños y niñas.Cuarto. Recomendar a las Fisc<strong>al</strong>ías Region<strong>al</strong>es fort<strong>al</strong>ecer sus sistemas de informacióninternacion<strong>al</strong> humanitario así como la particularidad de las afectaciones a las vulneracionesde los derechos de la población en situación de desplazamiento. Para el efecto, serecomienda tener como referente las “Herramientas para la apropiación de los indicadoresde género <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para el monitoreoQuinto. Recomendar a la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación que fort<strong>al</strong>ezca los procesos decapacitación especi<strong>al</strong>izada dirigida a jueces y juezas en lo relativo a la justicia de género conénfasis en el tratamiento diferenci<strong>al</strong> y no revictimizante a víctimas de violencia intrafamiliardiscriminatorios que puedan estar presentes en sus operadores y operadoras de justicia.Sexto. Recomendar a la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, particularmente a las Unidadesde Reacción Inmediata (URI), a los Centros de Atención a Víctimas de Abusos Sexu<strong>al</strong>es(CAIVAS) y a los Centros de Atención Integr<strong>al</strong> a Víctimas de Violencia Sexu<strong>al</strong> (CAVIF)la apropiación y difusión de las rutas de atención a víctimas de violencia intrafamiliar yviolencia sexu<strong>al</strong> desarrolladas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Séptimo. infracciones <strong>al</strong> DIH cometidos por estos contra mujeres, niñas y jóvenes y que de no ser7. Al Ministerio de Defensa Nacion<strong>al</strong>, Fuerzas Armadas y PolicíaPrimero. Recomendar <strong>al</strong> Ministerio de Defensa Nacion<strong>al</strong>, a las Fuerzas Armadasy de Policía y a los Organismos de Seguridad <strong>del</strong> Estado a<strong>del</strong>antar, en asocio con lasinstituciones encargadas de la promoción y divulgación de los derechos humanos, procesosde sensibilización y capacitación de sus integrantes respecto de los derechos de la poblaciónen situación de desplazamiento, especi<strong>al</strong>mente de las mujeres, niños, niñas y adolescentest<strong>al</strong> efecto, deberán hacer uso de las rutas de atención para víctimas de violencia intrafamiliary violencia sexu<strong>al</strong> con énfasis en la población en situación de desplazamiento, diseñadaspor la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>337Segundo. Exhortar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía y a Organismosde Seguridad <strong>del</strong> Estado, a que garanticen las condiciones de seguridad y de protección,particularmente a las mujeres, niños y niñas víctimas de violencia intrafamiliar y violenciasexu<strong>al</strong> durante los procesos de desplazamiento, así como la reubicación y/o retorno de lapoblación víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado.Tercero. Exhortar a la Policía Nacion<strong>al</strong> a fort<strong>al</strong>ecer programas y proyectos deprevención de las violencias de género y la promoción <strong>del</strong> trato equitativo y de las relacionesdemocráticas entre hombres y mujeres, adultos, niños y niñas en las familias. Así mismo, serecomienda a<strong>del</strong>antar programas de intervención interinstitucion<strong>al</strong> e intersectori<strong>al</strong> para larestitución de derechos a las víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong>.Cuarto. Recomendar a la Policía Nacion<strong>al</strong>, especi<strong>al</strong>mente a la Policía de Infancia yAdolescencia, a que lleven a cabo procesos de formación sobre el Código de Infancia yAdolescencia (Ley 1098 de 2006), especi<strong>al</strong>mente en lo referente a las competencias de Policíaen la garantía de acompañamiento a víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong>.Primero. gestiones necesarias, para que en cada uno de los municipios <strong>del</strong> país se dé cumplimientoa la obligación leg<strong>al</strong> de crear y poner en funcionamiento las Comisarías de Familia, consu correspondiente equipo interdisciplinario, las cu<strong>al</strong>es tienen dentro de sus funcionesprincip<strong>al</strong>es tomar las medidas de protección a favor de las víctimas de violenciasintrafamiliar y sexu<strong>al</strong>, especi<strong>al</strong>mente a las mujeres, niños, niñas y adolescentes.Segundo. Infancia y Adolescencia en el país, a<strong>del</strong>ante las gestiones necesarias para que las entidadesterritori<strong>al</strong>es coordinen con el Gobierno nacion<strong>al</strong> y el apoyo de la cooperación internacion<strong>al</strong>,el proceso de reubicación y/o retorno de los niños, niñas y adolescentes víctimas <strong>del</strong>desplazamiento forzado y asumidos conjuntamente, de manera sostenida y en condicionesde seguridad.Terceroseguimiento a la implementación de la Política para la Construcción de Paz y ConvivenciaFamiliar “Haz Paz”, adoptada en el documento CONPES 3077 de 2000, y tome lasmedidas necesarias a través <strong>del</strong> comité interinstitucion<strong>al</strong> que ejecuta esta política, paraque se dé cumplimiento a la política pública de prevención y atención de las violenciasintrafamiliar y sexu<strong>al</strong>.Cuarto.de programas y proyectos encaminados a la formación para la democracia, la ciudadanía,la autoestima y el autocuidado, así como el respeto por los derechos humanos en todas lasentidades contratadas para la operación de los diferentes servicios de atención a los niños,niñas y adolescentes víctimas de las violencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong>, que comprometanespeci<strong>al</strong>mente a la población desplazada, en particular niños, niñas y adolescentes y susnúcleos familiares.
338 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Quinto. acciones coordinadas con el Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> como ente rector <strong>del</strong> SGSSSrelativas a la implementación de la Política Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud Sexu<strong>al</strong> y Reproductiva, quefomente la participación de los niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamientoen la construcción de los lineamientos técnicos de atención a la s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva,de manera que sus requerimientos particulares queden incluidos en la atención que sebrinde en esta materia.Sexto. Plan Nacion<strong>al</strong> para la Atención a la Población Desplazada por la violencia la construccióny puesta en marcha de lineamientos técnicos que orienten el manejo respetuoso por partede los operadores y operadoras de servicio de los asuntos relativos <strong>al</strong> ejercicio y disfrute <strong>del</strong>os derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes.Séptimo.Política para la Construcción de Paz y Convivencia Familiar adoptada en el documentoCONPES 3077 de 2000, que tomen las medidas necesarias a través <strong>del</strong> ComitéInterinstitucion<strong>al</strong> que ejecuta la política “Haz Paz”, para que desarrolle procesos con losy garantía de los derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos con perspectiva de género, de maneraque se fort<strong>al</strong>ezcan las capacidades de intervención y se transformen los imaginariosque reproducen las inequidades de género y limitan el ejercicio libre y responsable <strong>del</strong>os derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes víctimas <strong>del</strong>desplazamiento forzado.Octavo. procesos de formación especi<strong>al</strong>izada dirigidos particularmente a defensores y defensorasde familia en el conocimiento y tratamiento de las violencias de género en el marco <strong>del</strong>actu<strong>al</strong> Código de Infancia y Adolescencia (Ley 1098 de 2006) con énfasis en violenciaintrafamiliar y sexu<strong>al</strong>.Noveno. Exhortar a los defensores y defensoras de familia a que, en el marco desus competencias de protección de derechos de niñez y adolescencia en los procesos deinvestigación de <strong>del</strong>itos cometidos contra niños, niñas y adolescentes, particularmentepen<strong>al</strong>es con base en la confesión, ni las rebajas de pena, ni la casa por cárcel, entre otros.Décimo. En razón de que la investigación a<strong>del</strong>antada por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>concluye que un <strong>al</strong>to porcentaje de niños y niñas son víctimas de violencia intrafamiliar yviolencia sexu<strong>al</strong> en el interior de sus familias, se recomienda <strong>al</strong> Instituto Colombiano dede las víctimas y el tratamiento terapéutico respectivo.Undécimo. concurso con las entidades territori<strong>al</strong>es y de acuerdo a lo establecido por la Ley 1142 de2007, garantice la toma de medidas de protección integr<strong>al</strong> y oportuna a todos los niños,niñas y adolescentes en situación de desplazamiento que se encuentren en condicionesde riesgo o de peligro; o que sean víctimas de las violencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong>. Así
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>339mismo, se recomienda que todas las redes de protección asignadas, sean ev<strong>al</strong>uadas como<strong>al</strong>ternativas adecuadas <strong>al</strong> interés superior de los y las menores de edad.Decimosegundo. las entidades territori<strong>al</strong>es el desarrollo de programas y proyectos de prevención de lasviolencias de género y la promoción <strong>del</strong> trato equitativo y de las relaciones democráticasentre hombres y mujeres, adultos, niños y niñas en las familias.Así mismo, se recomienda a las entidades territori<strong>al</strong>es a<strong>del</strong>antar programas deintervención interinstitucion<strong>al</strong> e intersectori<strong>al</strong> para la restitución de derechos a las víctimasde violencia intrafamiliar, violencia sexu<strong>al</strong> y otras violencias de género.9. A las Comisarías de FamiliaPrimero. Recomendar a las Comisarías de Familia el desarrollo de programas yproyectos de prevención de las violencias de género y la promoción <strong>del</strong> trato equitativoy de las relaciones democráticas entre hombres y mujeres, adultos, niños y niñas en lasfamilias. Así mismo, se recomienda a<strong>del</strong>antar programas de intervención interinstitucion<strong>al</strong>e intersectori<strong>al</strong> para la restitución de derechos a las víctimas de violencia intrafamiliar yviolencia sexu<strong>al</strong>.Segundo. Exhortar a los entes territori<strong>al</strong>es, particularmente a las Alc<strong>al</strong>días a quea<strong>del</strong>anten procesos de formación y actu<strong>al</strong>ización con funcionarios y funcionarias de lasComisarías de Familia sobre el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006),concretamente en lo relacionado con las medidas de restablecimiento de derechos paraniños, niñas y adolescentes víctimas de violencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong> y otrasviolencias de género.Tercero. Recomendar a las Comisarías de Familia la consolidación de un sistemaintegrado de información para el registro y seguimiento de los casos de violencia intrafamiliary violencia sexu<strong>al</strong> que permitan obtener información desagregada por sexo, edad, etnia,condición socioeconómica, etc., procurando el registro de los casos que se presentan en laPrimero. Recomendar <strong>al</strong> Consejo Superior de la Judicatura que fort<strong>al</strong>ezca lacapacitación especi<strong>al</strong>izada a jueces y juezas en lo relativo a la justicia de género con énfasisen el tratamiento diferenci<strong>al</strong> y no revictimizante a víctimas de violencia intrafamiliar y discriminatorios que puedan estar presentes en sus operadores y operadoras de justicia.Segundo. Recomendar la apropiación y difusión de las rutas de atención a víctimas deviolencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong> desarrolladas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Primero. Recomendar a Instituto Nacion<strong>al</strong> de Medicina Leg<strong>al</strong> y Ciencias Forensesque fort<strong>al</strong>ezca su sistema de información, incorporando indicadores que den cuenta de
340 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>las vulneraciones de los derechos de la población en situación de desplazamiento y a lasSegundo. Recomendar <strong>al</strong> Instituto Nacion<strong>al</strong> de Medicina Leg<strong>al</strong> y Ciencias Forensesla formación especi<strong>al</strong>izada de los operadores y operadoras, particularmente a médicos ypsiquiatras forenses, en atención integr<strong>al</strong> y restablecimiento de derechos a víctimas deviolencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong> con perspectiva diferenci<strong>al</strong> y de género.Primero. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de Educación Nacion<strong>al</strong> a que, en cumplimiento de loColombia, en particular por la Convención de los Derechos <strong>del</strong> Niño, se garanticen loscupos escolares y la gratuidad de la educación para todos los niños, niñas y adolescentesvíctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado; así como programas de nivelación acordes con lasnecesidades de dicha población.Segundo. Recomendar <strong>al</strong> Ministerio de Educación Nacion<strong>al</strong> que en cumplimiento <strong>del</strong>o ordenado por la Ley 115 de 1994, sus decretos reglamentarios y los planes y políticaspúblicas en la materia, fort<strong>al</strong>ezcan los estándares y lineamientos curriculares dirigidos a laformación para la democracia, la ciudadanía, los derechos humanos y una cultura de paz,así como la inclusión de los mismos en los Proyectos Educativos Institucion<strong>al</strong>es, PEI.Tercero. Recomendar <strong>al</strong> Ministerio de Educación Nacion<strong>al</strong>, en coordinación conlas secretarías departament<strong>al</strong>es, distrit<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es de educación, que fort<strong>al</strong>ezca,en el marco de las responsabilidades asignadas para este sector por la Política Nacion<strong>al</strong>de S<strong>al</strong>ud Sexu<strong>al</strong> y Reproductiva, la promoción de la s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva de lapoblación en situación de desplazamiento mediante estrategias de información, educacióny movilización soci<strong>al</strong>.Cuarto. Exhortar <strong>al</strong> Ministerio de Educación Nacion<strong>al</strong>, a que, a través de todas lasinstituciones educativas, haga un adecuado uso de las rutas de atención a víctimas deviolencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong> desarrolladas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, de t<strong>al</strong>forma que no se produzcan revictimizaciones en el marco de la detección y referencia deSolicitar a la Registraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación que a<strong>del</strong>ante las acciones que seanpertinentes, en coordinación con Acción Soci<strong>al</strong>, para agilizar el proceso de obtencióno duplicación de los documentos de identidad de la población en situación dedesplazamiento forzado.14. Al <strong>Congreso</strong> de la RepúblicaInstar <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República a que, en el cumplimiento de los compromisosadquiridos por Colombia con la adopción de la Convención Interamericana para prevenir,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>341legislación nacion<strong>al</strong> el criterio llamado “violencias contra las mujeres” contemplado en lamencionada convención, lo que le permitiría intervenir diferentes tipos de afectación dederechos humanos que recaen princip<strong>al</strong>mente sobre las mujeres, las niñas y las adolescentes,t<strong>al</strong>es como la violencia intrafamiliar, la violencia sexu<strong>al</strong>, la explotación sexu<strong>al</strong> infantil, eltrabajo infantil doméstico y las afectaciones a los derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos de15. Al Ministerio PúblicoPrimero. Exhortar a las entidades que hacen parte <strong>del</strong> Ministerio Público a que ena<strong>del</strong>ante, en coordinación con las Fuerzas Armadas, la Policía y organismos de seguridad<strong>del</strong> Estado, a<strong>del</strong>anten jornadas de sensibilización y capacitación respecto de los derechos <strong>del</strong>a población en situación de desplazamiento, las mujeres y los niños, niñas y adolescentes.Segundo. Exhortar a las Personerías Municip<strong>al</strong>es, a las Procuradurías Region<strong>al</strong>es, <strong>al</strong>as y los defensores <strong>del</strong> pueblo region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es y a las y los defensores públicos aque a<strong>del</strong>anten las acciones correspondientes en relación con el respeto y la garantía de losderechos humanos de la población víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado, especi<strong>al</strong>mente enlo relacionado con uso de la violencia de género con énfasis en violencia intrafamiliar yviolencia sexu<strong>al</strong>.Tercero. Solicitar a la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación que, a través <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>ode vigilancia superior que viene aplicando para la garantía de los derechos desde unaperspectiva de género, inste <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> y a los gobiernos loc<strong>al</strong>es a que en el diseñoy aplicación de la política pública de atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado se incorpore,como un aspecto prioritario, la atención diferenciada y con perspectiva de género, lo cu<strong>al</strong>incluye el registro de información desagregada por sexo y edad. interinstitucion<strong>al</strong>Primero. Exhortar a las instituciones que desarrollan actividades en la prevención,atención y sanción de las violencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong> y otras violencias de género,que desarrollen procesos de formación con el objeto de que sus operadores y operadorastengan en cuenta que para que la justicia restaurativa opere adecuadamente, debe conocerseel desequilibrio de poder presente en muchos <strong>del</strong>itos donde las víctimas son niños, niñas,adolescentes y mujeres en situación de vulnerabilidad.Segundo. Recomendar a las instituciones que desarrollan actividades en la prevención,atención y sanción de las violencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong> y otras violencias de género,dirigidos a las condiciones particulares de la población en situación de desplazamiento, loscu<strong>al</strong>es contengan un enfoque diferenci<strong>al</strong>.Tercero. Recomendar a las instituciones que desarrollan actividades en la prevención,atención y sanción de las violencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong> y otras violencias de género,que desarrollen procesos de sensibilización permanentes así como de actu<strong>al</strong>ización
342 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>normativa, para remover y transformar imaginarios sexistas y discriminatorios y para evitarla revictimización.Cuarto. Recomendar a las instituciones que desarrollan actividades de prevención,atención y sanción de las violencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong> y otras violencias de género,el diseño e implementación de sistemas de información articulados y de indicadores degénero que garanticen el ejercicio de los derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos y especi<strong>al</strong>menteuna adecuada atención a las víctimas de las violencias intrafamiliar y sexu<strong>al</strong> de la poblaciónen situación de desplazamiento. En esta dirección, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a travésde la Defensoría Delegada para la Ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> Riesgo de la Población Civil como<strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas – SAT, formuló un conjunto de indicadores de génerocon su uso pueda, desde el punto de vista <strong>del</strong> análisis <strong>del</strong> riesgo, v<strong>al</strong>orar los impactos deaquellas situaciones que, como lo han señ<strong>al</strong>ado diversas investigaciones en la materia,violencia sexu<strong>al</strong>, regulación y control de la vida cotidiana, desplazamiento forzado, tierras, y otras formas de violencia. Adicion<strong>al</strong>mente, se incluyeron en este conjunto deindicadores <strong>al</strong>gunos que dieran cuenta de las afectaciones de los derechos sexu<strong>al</strong>es yreproductivos. Primero. Exhortar a las Organizaciones de la Población en Situación de desplazamientoForzado a que incorporen en derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos, a partir <strong>del</strong> diseño deprogramas de promoción, prevención y atención.Segundo. Exhortar a la Organizaciones de la Población en Situación de DesplazamientoForzado que generen espacios de participación en los que se incluya un <strong>al</strong>to porcentaje demujeres, niños, niñas y adolescentes en situación de desplazamientos, para que estas haganparte de la toma decisiones.Tercero. Recomendar a las Organizaciones de Población en Situación deDesplazamiento Forzado el desarrollo de programas y proyectos de prevención de lasviolencias de género y la promoción <strong>del</strong> trato equitativo y de las relaciones democráticasentre hombres y mujeres, adultos, niños y niñas en las familias.Cuarto. Recomendar a las organizaciones no gubernament<strong>al</strong>es y a la sociedad civiltrabajar con todos los mecanismos de transformación cultur<strong>al</strong> y control soci<strong>al</strong> que seannecesarios, en procura de la promoción y exigibilidad de los derechos de la poblaciónvíctima <strong>del</strong> desplazamiento, así como de la deconstrucción de los imaginarios inequitativosentre los géneros y las prácticas sexistas y discriminatorias que victimizan a las mujeres,niños, niñas y adolescentes de la población en situación de desplazamiento.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3433.2. La atención especi<strong>al</strong>izada a la niñez, la juventud y la mujer3.2.1. Construcción de la Política Nacion<strong>al</strong> de Paz y Convivencia Familiar(Haz Paz)En cumplimiento de la Política Nacion<strong>al</strong> de Construcción de Paz y Convivencia Familiarviolencia sexu<strong>al</strong>, y está orientada a apoyar y fort<strong>al</strong>ecer a los individuos, a las familias y a lascomunidades en torno a la tolerancia, el respeto a la dignidad y el respeto de los derechosde los miembros de las familias sin distinción de edad, género, cultura o capacidad física ointelectu<strong>al</strong>, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, por intermedio de la Delegada para los Derechos <strong>del</strong>a Niñez, la Juventud y la Mujer, como parte <strong>del</strong> equipo técnico nacion<strong>al</strong>, se comprometiódurante el año 2008 en la formulación y desarrollo de los diversos componentes queforman parte de la citada política nacion<strong>al</strong>.Participan en esta estrategia la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, laJuventud y la Mujer y las defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.Derechos amenazados o vulneradosLa violencia familiar, entendida como toda acción u omisión protagonizada por unotransforma en m<strong>al</strong>tratantes las relaciones entre los mismos y causa daño físico, emocion<strong>al</strong>,económico o soci<strong>al</strong> a sus miembros. Esto excede todos los ámbitos relacion<strong>al</strong>es: individu<strong>al</strong>,familiar y soci<strong>al</strong>, dado que los seres humanos construimos campos relacion<strong>al</strong>es quecontribuyen a la construcción <strong>del</strong> tejido soci<strong>al</strong>.Desde el punto de vista de su etiología, la violencia intrafamiliar tiene como causassubyacentes los imaginarios y prácticas cultur<strong>al</strong>es que favorecen la inequidad entre losgéneros y las generaciones. Así mismo, la violencia intrafamiliar se produce como convivencia entre los seres humanos, y tiene como factores de riesgo la dependenciaemocion<strong>al</strong> y económica de las víctimas; los sentimientos de frustración e ira y las historiasde violencia en los hogares de origen de agresores y víctimas. Adicion<strong>al</strong>mente, la violenciaintrafamiliar se exacerba en circunstancias de privación económica, crisis humanitaria y,En las últimas décadas, la violencia intrafamiliar ha adquirido mayor visibilidady cada vez ocupa un lugar más relevante en las agendas públicas y en los análisis devigilancia epidemiológica. Desafortunadamente, esta visibilidad no se corresponde conla respuesta institucion<strong>al</strong> que recibe el fenómeno, de manera que el interés de las víctimaspor denunciar las agresiones a las que se ven sometidas en su vida cotidiana terminanconfrontadas en <strong>al</strong>gunas oportunidades a una baja respuesta institucion<strong>al</strong>, lo que generauna profunda frustración y una doble victimización a las personas afectadas por la violenciadoméstica. Esta baja respuesta está relacionada con factores institucion<strong>al</strong>es t<strong>al</strong>es comocompetencias policivas, administrativas y judici<strong>al</strong>es, la baja difusión de la normatividadsobre esta problemática y los imaginarios, prejuicios y creencias de <strong>al</strong>gunos/as de las y los
344 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>funcionarios que pueden obstaculizar el desarrollo <strong>del</strong> proceso de promoción, proteccióny restablecimiento de los derechos humanos en el interior de la familia.La violencia intrafamiliar causa daños en la vida y en la s<strong>al</strong>ud física y ment<strong>al</strong> de lasvíctimas, y <strong>al</strong> atentar contra los vínculos más primarios de relaciones afectivas y desolidaridad, atenta contra la c<strong>al</strong>idad de vida, la autoestima y el desarrollo person<strong>al</strong> de losy las sujetos. Teniendo en cuenta las condiciones soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es que la producen, yconsiderando los efectos sobre las víctimas, la violencia intrafamiliar debe ser reconocidacomo una vulneración a los derechos humanos y en esta medida debe ser reconocida comoun <strong>del</strong>ito de la mayor jerarquía y no como una infracción de bajo impacto. Así mismo, debedeterioran el capit<strong>al</strong> soci<strong>al</strong>.Esta forma de violencia tiene un impacto de género y generacion<strong>al</strong>. Al perpetuar yreproducir las relaciones de dominación y subordinación entre hombres y mujeres, estaviolencia restringe el logro de un proyecto democrático basado en la equidad entre losgéneros. De otro lado, <strong>al</strong> considerar a los niños, niñas y adolescentes como “menores”esta forma de violencia permite que los adultos abusen <strong>del</strong> poder y de las condicionesde dependencia de la niñez y generen tratos negligentes, crueles y destructivos de ladignidad y la autonomía de las generaciones más jóvenes, signando con sentimientosde sometimiento y dolor sus proyectos de vida. Desde la perspectiva de los derechoshumanos es imprescindible comprender que toda forma de violencia contra la niñezconstituye una vulneración de sus derechos humanos, pues en ella se ven comprometidosmúltiples aspectos de su desarrollo: la s<strong>al</strong>ud física y ment<strong>al</strong>, el bienestar emocion<strong>al</strong> y lac<strong>al</strong>idad de vida. En estas circunstancias, se aprovecha de los niveles de desarrollo, de lasituación socioeconómica y de los precarios niveles de autonomía que por ciclo vit<strong>al</strong>tienen los/as niños/as.desbordan la capacidad de respuesta de los individuos y la familias por estar en una situacióngrave de limitación sicoemocion<strong>al</strong>, sociocultur<strong>al</strong> o económica, y transgrede de maneraconsagrado en el artículo 42, en donde se establece que cu<strong>al</strong>quier forma de violenciaen su seno debe ser considerada como destructiva de su armonía y unidad. Igu<strong>al</strong>mente,se debe tener en cuenta que, de conformidad con el ordenamiento constitucion<strong>al</strong> y Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha insistido en la necesidad de abordar la problemática de laviolencia intrafamiliar desde un tratamiento de mayor jerarquía en materia de políticapública, la cu<strong>al</strong> abarca no solamente la construcción de protocolos y rutas de atención,sino también la correspondiente partida presupuest<strong>al</strong>.No se puede desconocer que las princip<strong>al</strong>es víctimas de esta clase de violencia son losniños, las niñas y las mujeres, y que existen factores cultur<strong>al</strong>es de relaciones inequitativasentre los géneros y las generaciones que favorecen la existencia de este tipo de violencias.nuevas relaciones entre los sujetos que componen las familias desde un trato másequitativo y democrático.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>345En desarrollo de normas constitucion<strong>al</strong>es, el Estado colombiano cuenta con unaamplia gama de compromisos internacion<strong>al</strong>es que amplían y complementan los desarrollosnormativos nacion<strong>al</strong>es; entre ellos se encuentran: la Convención para la Eliminación detodas las Formas de Discriminación contra la Mujer aprobada por la Ley 51 de 1981; laConvención de los Derechos <strong>del</strong> Niño, aprobada por la Ley 12 de 1991; la ConferenciaMundi<strong>al</strong> sobre Población y desarrollo <strong>del</strong> Cairo en 1994; la Conferencia Mundi<strong>al</strong> sobre aprobada por la Ley 248 de 1995.Solo hasta la expedición de la Constitución Política de 1991 se crearon las condicionespara la expedición de una ley de violencia intrafamiliar.En cumplimiento <strong>del</strong> artículo 42 constitucion<strong>al</strong> se expidió la Ley 294 de 1996 paraprevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar. Esta ley ha experimentado unaserie de reformas. En el año 2000 ocurrió la primera a través de la expedición de la Ley575 que, con el argumento de la descongestión de los despachos judici<strong>al</strong>es y otros en<strong>al</strong>gún sentido discriminatorios <strong>al</strong> considerar la violencia intrafamiliar y de pareja como“asuntos de baranda”, trasladó de las instancias judici<strong>al</strong>es a las instancias administrativas(Comisarías de Familia) la competencia para dictar medidas de protección a las víctimasde violencia intrafamiliar.Ahora bien, mediante la Ley N° 1142 “Por medio <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> se reforman parci<strong>al</strong>mente las se excluyó <strong>del</strong>listado de <strong>del</strong>itos querellables el <strong>del</strong>ito de violencia intrafamiliar, <strong>al</strong> aumentar la pena deprisión de 4 a 8 años. Como consecuencia, el <strong>del</strong>ito dejó de ser desistible y excarcelabley adicion<strong>al</strong>mente no se puede dar por terminado el proceso por ocasión de la aplicación<strong>del</strong> principio de oportunidad.Esta ley constituye un avance garantista en relación con el acceso a la justicia por partede mujeres, niñas y jóvenes princip<strong>al</strong>es víctimas de violencia intrafamiliar. Sin embargo,ese avance se vio truncado cuando el artículo 2º, ordin<strong>al</strong> 3°, inciso 2° de la Ley 1142 de integr<strong>al</strong> de la víctima <strong>del</strong> injusto”, con lo cu<strong>al</strong> se encuentra en desventaja la víctima frentea sus agresores y se constituye en una limitación a la garantía <strong>del</strong> derecho de las mujeres auna vida libre de violencia.De otra parte, una de las conductas más lesivas contra los derechos a la integridadperson<strong>al</strong>, a la libertad y <strong>al</strong> respeto de la dignidad humana es la violencia sexu<strong>al</strong>, máximesi se tiene en cuenta la arbitrariedad de la fuerza y de la relación de poder, que sitúa a lasmujeres, los niños y las niñas en condición de extrema vulnerabilidad, muchas veces sin laposibilidad de informar o denunciar los m<strong>al</strong>tratos ante las autoridades competentes.En relación con esta clase de violencia, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera que el nuevoCódigo de Infancia y Adolescencia permite enviar un mensaje contundente a la sociedad,a la familia y <strong>al</strong> Estado de que la vida, la dignidad y la integridad de los niños, niñas yadolescentes son bienes de superior y mayor jerarquía que deben ser tutelados con especi<strong>al</strong>
346 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>consideración y superioridad, particularmente los <strong>del</strong>itos sexu<strong>al</strong>es, los cu<strong>al</strong>es constituyenuna clara expresión de las violencias de género. No son “<strong>del</strong>itos de bajo impacto”, sino<strong>del</strong>itos de <strong>al</strong>tísimo impacto que atentan contra la posibilidad de construir un proyectodemocrático de convivencia y de inclusión y contra el ejercicio re<strong>al</strong> de los derechos denuestra infancia y adolescencia.En relación con la protección especi<strong>al</strong> de niños, niñas y adolescentes víctimas de<strong>del</strong>itos, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> estima necesario evitar su revictimización en el marco <strong>del</strong>os procesos públicos y or<strong>al</strong>es. Es necesario tener en cuenta que el Código de la Infanciay la Adolescencia no podrá convertirse en un principio gener<strong>al</strong>izado para favorecer ladescongestión de la justicia y su celeridad, sino que se debe buscar la humanización y lagarantía de una justicia reparativa pública, teniendo en cuenta las características de cadahecho <strong>del</strong>ictivo.Por este motivo, se reitera que constituye una prioridad de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>encaminar acciones para prevenir y fort<strong>al</strong>ecer la atención integr<strong>al</strong> a nivel nacion<strong>al</strong>, region<strong>al</strong>y loc<strong>al</strong>, de las mujeres, los niños, las niñas, los y las jóvenes, que son las mayores víctimasde esta violencia.Gestión defensori<strong>al</strong>En relación con el tipo de intervención, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, como instituciónresponsable de impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco de un EstadoSoci<strong>al</strong> de Derecho, Participativo y Plur<strong>al</strong>ista, enmarcó su labor durante el año 2008 en lassiguientes acciones:Delegación, a nivel nacion<strong>al</strong>, en la Delegada para los Derechos de la Niñez, laJuventud y la Mujer, de la coordinación para la ejecución en la entidad de la políticaHaz Paz.Capacitación sobre violencia intrafamiliar y violencia sexu<strong>al</strong> en el marco <strong>del</strong>Programa Region<strong>al</strong>izado de la Gestión Defensori<strong>al</strong> coordinado con la DirecciónNacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos. Se re<strong>al</strong>izó en diversasOrientación, asesoría y asistencia a las personas que solicitaron los servicios <strong>del</strong>a institución en esta materia, indicando la oferta institucion<strong>al</strong> con que cuenta lavíctima.Participación en el desarrollo <strong>del</strong> componente de prevención de la Política Nacion<strong>al</strong>de Construcción de Paz y Convivencia Familiar Haz Paz, relacionado directamentecon la promoción y divulgación de los derechos de las víctimas de violenciaintrafamiliar y de violencia sexu<strong>al</strong>.Participación en el Mo<strong>del</strong>o de Atención Integr<strong>al</strong> a Víctimas y Sobrevivientes deViolencia Sexu<strong>al</strong>, perteneciente <strong>al</strong> componente de atención de la Política Nacion<strong>al</strong>de Construcción de Paz y Convivencia Familiar Haz Paz.Ejecución <strong>del</strong> proyecto de Promoción y monitoreo <strong>del</strong> ejercicio de derechossexu<strong>al</strong>es y reproductivos de mujeres, niños, niñas y jóvenes en condiciones dedesplazamiento forzado y población receptora vulnerable, con énfasis en violencias
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>347intrafamiliar y sexu<strong>al</strong>, en cuatro (4) ciudades <strong>del</strong> país: Me<strong>del</strong>lín, C<strong>al</strong>i, Cúcuta y sectores s<strong>al</strong>ud, educación, protección, justicia, ministerio público, seguridad yadministraciones territori<strong>al</strong>es en la promoción, atención y monitoreo <strong>del</strong> ejerciciode derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos; el desarrollo de los elementos mínimos para lapromoción de los mismos, la estrategia de prevención de las violencias intrafamiliary sexu<strong>al</strong> y el desarrollo de líneas de formación para la promoción de los derechossexu<strong>al</strong>es y reproductivos con operadores y operadoras de los diferentes sectorescon la comunidad y las organizaciones soci<strong>al</strong>es loc<strong>al</strong>es.Promoción y divulgación de los derechos de la niñez la juventud y las mujeres enmateria de violencia intrafamiliar a nivel nacion<strong>al</strong> y region<strong>al</strong>.Participación en comités interinstitucion<strong>al</strong>es sobre la temática.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, dado su compromiso en la temática, re<strong>al</strong>iza la labor depromoción y divulgación de los derechos humanos en materia de violencia intrafamiliar yviolencia sexu<strong>al</strong> tanto a esc<strong>al</strong>a region<strong>al</strong> como nacion<strong>al</strong>.3.2.2. Comité Interinstitucion<strong>al</strong> para la Lucha contra la Trata de PersonasEl Estado colombiano, acorde con los compromisos internacion<strong>al</strong>es y dandocumplimiento a los mandatos constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>es, creó mediante la Ley 985 <strong>del</strong> 2005el Comité Interinstitucion<strong>al</strong> de Lucha contra la Trata de Personas, el cu<strong>al</strong> es un órganoconsultivo <strong>del</strong> Gobierno colombiano, en desarrollo de las políticas para combatir la tratade los grupos vulnerables, y propone mecanismos de difusión para su prevención.El citado comité se encuentra conformado por 14 entidades <strong>del</strong> Estado, cuyo secretariotécnico hace parte <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia. Dicho comité formuló laEstrategia Nacion<strong>al</strong> contra la Trata de Personas, adoptada mediante el Decreto Nº 4786<strong>del</strong> 19 de diciembre de 2008. Hizo también recomendaciones en materia de prevención,atención a víctimas y persecución crimin<strong>al</strong> <strong>del</strong> <strong>del</strong>ito, tendientes a fort<strong>al</strong>ecer la capacidad<strong>del</strong> Estado en este campo y coadyuvó a esc<strong>al</strong>a region<strong>al</strong> en la descentr<strong>al</strong>ización de estapolítica, mediante la acción de promover la creación de comités region<strong>al</strong>es, departament<strong>al</strong>eso municip<strong>al</strong>es en la materia. Igu<strong>al</strong>mente, coordina la implementación <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong>la Niñez, la Juventud y la Mujer representa a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en el citado comité.En esta estrategia participan la Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, laJuventud y la Mujer y las defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.Como se indicó en el Décimo Quinto informe <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República, “la tratade personas se constituye en una de las peores violaciones de los derechos humanos puescobra sus mayores víctimas en los miembros de los grupos familiares que se encuentrandesarticulados y en grave riesgo soci<strong>al</strong> y económico. Dicha actividad se desarrolla enel ámbito interno e internacion<strong>al</strong> a través de redes, constituidas como organizaciones<strong>del</strong>incuenci<strong>al</strong>es transnacion<strong>al</strong>es, las que aprovechan dichas condiciones de vulnerabilidad,
348 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>en que se encuentran sus posibles víctimas, a efecto de utilizar con ellas la trata interna ointernacion<strong>al</strong>, las más de las veces con propósitos económicos”.La trata de personas es una de las peores violaciones de los derechos humanos, uncrimen de lesa humanidad y un <strong>del</strong>ito transnacion<strong>al</strong> que vulnera, entre otros, el principiode la dignidad humana, degradando a las personas a la condición de mercancía, así comolos derechos a la vida, la libertad, la igu<strong>al</strong>dad, la integridad física y sicológica, la s<strong>al</strong>ud, laseguridad person<strong>al</strong> y <strong>al</strong> trabajo digno, que cobra sus mayores víctimas en los miembros <strong>del</strong>os grupos familiares que se encuentran desarticulados y en grave riesgo soci<strong>al</strong> y económico.acoger o recibir a una persona, recurriendo a la amenaza o <strong>al</strong> uso de la fuerza, la coacción,lo que incluye la explotación sexu<strong>al</strong>, los trabajos forzados, la esclavitud o prácticas análogascomo el matrimonio servil o la mendicidad ajena y la extracción de órganos. En este <strong>del</strong>ito,como en otros, se comprometen la libertad y la autonomía de las víctimas.Según el estudio nacion<strong>al</strong> exploratorio descriptivo <strong>del</strong> fenómeno de la trata de personasen Colombia, re<strong>al</strong>izado por la Escuela de Género de la Universidad Nacion<strong>al</strong> (Sede deuna de las peores formas de violencia que atentan contra principios fundament<strong>al</strong>es comola dignidad, la libertad y la igu<strong>al</strong>dad, especi<strong>al</strong>mente contra los niños, niñas, adolescentes ymujeres y que, debido a su complejidad, aunque esté presente en la cotidianidad <strong>del</strong> país, sesitúa aún en un lugar clandestino y difícil de percibir a simple vista 31 .GestiónLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> continúa enmarcando sus acciones dentro de las perspectivasacordadas en el comité con su misión institucion<strong>al</strong> de proteger, divulgar y promover lare<strong>al</strong>ización de los derechos humanos en todo el territorio nacion<strong>al</strong>. En t<strong>al</strong> condición, y enatención a las disposiciones constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>es que la reglamentan, la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, enmarcada en su compromiso de combatir la trata de personas, desarrolló duranteel año 2008 las siguientes acciones: de la Niñez, la Juventud y la Mujer, con coordinación y contacto directo a esc<strong>al</strong>anacion<strong>al</strong> y region<strong>al</strong> sobre el tema.Durante el año 2008 coadyuvó en la puesta en marcha de la estrategia nacion<strong>al</strong> enesta materia, la cu<strong>al</strong> res<strong>al</strong>ta el trabajo en aspectos como la prevención <strong>del</strong> <strong>del</strong>ito,la protección y asistencia a las víctimas, el fort<strong>al</strong>ecimiento de la investigación y lapersecución de los <strong>del</strong>incuentes.Participación en los t<strong>al</strong>leres region<strong>al</strong>es re<strong>al</strong>izados por las autoridades pertenecientesNorte de Santander, Risar<strong>al</strong>da y V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca en materia de prevención yjudici<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> <strong>del</strong>ito de trata de personas.31 <strong>Informe</strong> anu<strong>al</strong> 2008. Comité Interinstitucion<strong>al</strong> para la Lucha contra la Trata de Personas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>349Participación en seminarios, t<strong>al</strong>leres y conferencias re<strong>al</strong>izados con apoyo de lacontra la Droga y el Delito, relacionadas con el tema de trata de personas, conacompañamiento de las y los defensores públicos.Participación en la construcción de los ejes de prevención, atención y judici<strong>al</strong>izaciónde la trata de personas.De la misma manera, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha informando a la ciudadaníacolombiano para afrontar dicha problemática. Para t<strong>al</strong>es efectos, gracias a lacobertura nacion<strong>al</strong> de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, dentro de los propósitos depromoción, ejercicio y divulgación de los derechos humanos, ha capacitado redesla enseñanza de los mismos y, por otra, orienten de manera adecuada a las personasde su región respecto de los mecanismos constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>es para lograr laefectividad y protección de sus derechos, incluidas las situaciones que, como la tratade mujeres, niñas y niños, violentan derechos fundament<strong>al</strong>es de grupos vulnerableso en condiciones de vulnerabilidad.De otra parte, continúa participando en los comités interinstitucion<strong>al</strong>es deSexu<strong>al</strong> Comerci<strong>al</strong> Infantil, por ser el grupo de mayor vulnerabilidad de derechosfundament<strong>al</strong>es y de mayor victimización en torno a la trata de personas.A su vez, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> como organismo responsable de impulsar laefectividad de los derechos humanos mediante acciones integradas de promoción,divulgación, defensa y protección de los derechos humanos, con el apoyo técnico yPromoción y monitoreo <strong>del</strong> ejercicio de los derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivos <strong>del</strong>a población en situación de desplazamiento forzado con énfasis en violenciasintrafamiliar y sexu<strong>al</strong>, encaminado a fort<strong>al</strong>ecer y desarrollar procesos comunitariosy territori<strong>al</strong>es para la promoción y defensa de los derechos sexu<strong>al</strong>es y reproductivosde la población en situación de desplazamiento forzado. Para t<strong>al</strong> efecto, el proyectodesarrolló, en primer lugar, procesos de formación de la población y los operadoresjudici<strong>al</strong>es en la ciudades de Cúcuta, Me<strong>del</strong>lín, C<strong>al</strong>i y Pasto, en donde una de lastemáticas de formación fue la trata de personas.Adicion<strong>al</strong>mente a las responsabilidades asignadas sobre el tema a las defensoríasregion<strong>al</strong>es y secion<strong>al</strong>es, se apoyó con documentación y se solicitó informaciónsobre quejas tramitadas en relación con la trata de personas.De la misma manera, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> se ha preocupado por informar a laEstado colombiano para afrontar dicha problemática.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> continuará enmarcando su accionar, en relación con sumisión de promoción y divulgación de los derechos humanos de las víctimas de esteen derechos humanos a las víctimas de trata de personas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>351B.4. GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOSDERECHOS DE LOS GRUPOS ÉTNICOSLa gestión defensori<strong>al</strong> que compete a la Delegada para Indígenas y MinoríasÉtnicas se re<strong>al</strong>izó a través <strong>del</strong> procedimiento establecido para la atención especi<strong>al</strong>izada.Se promovieron las diferentes acciones para requerir ante las entidades competentes lagarantía de los derechos humanos, colectivos e integr<strong>al</strong>es, amenazados o vulnerados <strong>al</strong>os diferentes grupos étnicos, conforme a las solicitudes de intervención recibidas. Elconjunto de estas permitió constatar diferentes hechos relacionados sobre todo con lahacer requerimientos urgentes a las instituciones competentes, a las que se les demandóla actuación urgente frente a cada caso. En especi<strong>al</strong>, se pidió rigor en el control a losde indígenas y afrocolombianos afectados por múltiples violaciones de sus derechos.Igu<strong>al</strong>mente, se desarrollaron acciones defensori<strong>al</strong>es ante las comunidades, consistentes enacompañamiento, asesoría, orientación y facilitación para la protección y defensa de susderechos, así como la puesta en marcha de los mecanismos garantizadores <strong>del</strong> acceso a lajusticia, el debido proceso y el resarcimiento de los derechos vulnerados. humanos que involucran acuerdos entre entidades estat<strong>al</strong>es y pueblos indígenas afectadosde manera respetuosa. Ello, con el objeto de garantizar los derechos y el cumplimiento <strong>del</strong>os compromisos adquiridos, promoviendo de forma complementaria la re<strong>al</strong>ización deacciones concretas para materi<strong>al</strong>izar los acuerdos form<strong>al</strong>izados por las partes.En síntesis, las acciones defensori<strong>al</strong>es se enmarcaron en la demanda permanentede la protección y respeto a los derechos fundament<strong>al</strong>es colectivos e integr<strong>al</strong>es de losgrupos étnicos. Se promovió de esta manera el acceso de los titulares <strong>al</strong> goce efectivo <strong>del</strong>os mismos en condiciones de equidad y dignidad, su acceso permanente a los espaciosde participación, discusión, diseño y formulación de políticas públicas, así como a losescenarios de discusión de disposiciones administrativas y legislativas relacionadas con losderechos de los grupos étnicos, dada la incidencia soci<strong>al</strong>, política, cultur<strong>al</strong> y económica que
352 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>se incorpora en las decisiones normativas y reglamentarias respecto <strong>del</strong> ejercicio de losderechos reconocidos a esta población.El conjunto de las acciones defensori<strong>al</strong>es de la Delegada se describe en la siguientesección, de acuerdo con las líneas de visión en las que se articuló cada actividad.4.1. Acciones defensori<strong>al</strong>es a<strong>del</strong>antadas por la Delegadade Asuntos ÉtnicosLa magistratura mor<strong>al</strong> de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> constituyó un componentefundament<strong>al</strong> para adoptar acciones respecto de situaciones de vulneración de derechosdado el actuar de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es. Se avanzó en la expedición de la ResoluciónDefensori<strong>al</strong> para instar a la protección urgente <strong>del</strong> pueblo Awa <strong>del</strong> departamento deNariño, así como en los informes defensori<strong>al</strong>es sobre los pueblos Nukak y Guayabero,<strong>del</strong> Guaviare, y en los de los pueblos indígenas <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Vaupés. (Ver tablas1, 2, 3, 4 y 5).4.1.1. Síntesis de las resoluciones defensori<strong>al</strong>esTabla 1. Resumen de la resolución defensori<strong>al</strong> sobre la situación dederechos humanos <strong>del</strong> pueblo AwaActividadBreve presentaciónLugar y fecha de laactividadObjetivoResumen de laactividadResolución defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechos humanos <strong>del</strong> pueblo AwaSoci<strong>al</strong>ización de la Resolución 053 de 2008 sobre la situación de los derechoshumanos y DIH <strong>del</strong> pueblo indígena Awa.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en cumplimiento de su misión, constitucion<strong>al</strong> y leg<strong>al</strong>,a<strong>del</strong>antó el 10 de agosto de 2007 una audiencia defensori<strong>al</strong> en la ciudad de Bogotáen la que el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> visibilizó la situación de derechos humanos yderecho internacion<strong>al</strong> humanitario afrontada por el pueblo indígena Awa <strong>del</strong>departamento de Nariño. Con el propósito de superar la crisis de derechos humanosde este pueblo indígena, enunció las recomendaciones defensori<strong>al</strong>es para que lasentidades competentes emprendieran las acciones necesarias en el marco de susresponsabilidades. Dichas recomendaciones quedaron en firme el 5 de junio de2008, fecha en la que se expidió la Resolución Defensori<strong>al</strong> No. 53 de 2008 sobre la“Situación de los derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario <strong>del</strong> puebloindígena Awa <strong>del</strong> departamento de Nariño”.Bogotá, D. C., julio de 2008.Presentar de manera ofici<strong>al</strong> la resolución defensori<strong>al</strong> que se dio a conocer en laaudiencia defensori<strong>al</strong> re<strong>al</strong>izada el 10 de agosto de 2007.Se llevó a cabo la presentación y difusión, ante las autoridades <strong>del</strong> Estado y la opiniónpública nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong>, de la Resolución 53 (divulgada en la página web <strong>del</strong>a Institución), documento remitido a las autoridades concernidas, a las que se instó,mediante recomendaciones puntu<strong>al</strong>es (34 en tot<strong>al</strong>), la necesidad de adoptar en elmarco de sus competencias acciones dirigidas a proteger y garantizar los derechoshumanos <strong>del</strong> pueblo indígena Awa <strong>del</strong> departamento de Nariño.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>353Resolución defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechos humanos <strong>del</strong> pueblo AwaLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en el ámbito de sus atribuciones leg<strong>al</strong>es según el artículo9 de la Ley 24 de 1992, numer<strong>al</strong> 20, mandato que faculta <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>para presentar recomendaciones y observaciones ante las entidades competentes demodo que se garantice la efectividad de los derechos humanos de los grupos étnicos,con base en las quejas, solicitudes, comunicados y demás llamados recibidos dad<strong>al</strong>a crítica situación de derechos humanos <strong>del</strong> pueblo Awa, requirió <strong>al</strong> conjunto deDoctrinaautoridades nacion<strong>al</strong>es, departament<strong>al</strong>es y loc<strong>al</strong>es concernidas para que asumieranlas responsabilidades de su competencia y demandó la garantía a la vida, laintegridad colectiva y la seguridad de las comunidades Awa así como el respeto desus derechos fundament<strong>al</strong>es colectivos e integr<strong>al</strong>es, magistratura mor<strong>al</strong> orientada ahacer v<strong>al</strong>er la pervivencia cultur<strong>al</strong> de los Awa, como se expresa en la Resolución No.053 de 2008.Dada la amplia sección de recomendaciones, este componente se presenta en laSeguimientosección siguiente.Fuente: Casos reportados en 2008 ante la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámitede Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.4.1.2. Seguimiento a las recomendaciones de la Resolución 053 –<strong>Pueblo</strong> AwaTabla 2. Requerimientos a las entidades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong>Entidades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong>: requerimientos 18, respuestas 11Ind. Oficio Fecha Entidad Nº de recom. Sí No1 4080-0761 27-08-08 Departamento Nacion<strong>al</strong> de Planeación 4 X2 4080-0762 27-08-08 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 4 X3 4080-0775 27-08-08 Ministerio de Relaciones Exteriores 8 X4 4080-0763 27-08-08Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia,Dirección As. Ind.5, 16, 17, 27 X5 4080-0777 27-08-08 Ministerio de Defensa 11, 12 X6 4080-0779 27-08-08 Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 18 X7 4080-0767 27-08-08 Ministerio de Agricultura 7 X8 4080-0781 27-08-08 Ministerio de Educación 20 X9 4080-0784 27-08-08 Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> 23 X10 4080-0766 27-08-08 Alto Comisionado para la Acción Soci<strong>al</strong> 6, 7, 13 X11 4080-0785 27-08-08Presidencia de la República, Observatorio deMinas26 X12 4080-0750 27-08-08Departamento Administrativo Nacion<strong>al</strong> deEstadística (DANE)1 X13 4080-0752 27-08-08Superintendencia Nacion<strong>al</strong> de Notariado yRegistro3 X14 4080-0751 27-08-08 Unidad Nacion<strong>al</strong> de Tierras Rur<strong>al</strong>es (UNAT) 2 X15 4080-0778 27-08-08 Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación 12, 28, 30 X16 4080-0786 27-08-08 Procurador Gener<strong>al</strong> de la Nación 28 y 29 X17 4080-0764 27-08-08 Dirección de Policía Antinarcóticos 6 X18 4080-0765 27-08-08 Dirección Nacion<strong>al</strong> de Estupefacientes 6 XFuente: Casos reportados en 2008 ante la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámitede Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.
354 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Tabla 3. Requerimientos a entidades <strong>del</strong> orden departament<strong>al</strong> y municip<strong>al</strong>Entidades de orden departament<strong>al</strong> y municip<strong>al</strong>: requerimientos 19, respuestas 7Ind. Oficio Fecha Entidad Nº de recom. Sí No1 4080-0768 27-08-08 Gobernación de Nariño 7, 9, 13,14,16 X2 4080-0769 27-08-08 Alc<strong>al</strong>de de Tumaco 7, 9, 13, 14 X3 4080-0770 27-08-08 Alc<strong>al</strong>de de Ricaurte 7, 9, 13, 14 X4 4080-0771 27-08-08 Alc<strong>al</strong>de de Barbacoas 7, 9, 13, 14 X5 4080-0772 27-08-08 Alc<strong>al</strong>de de Samaniego 7, 9, 13, 14 X6 4080-0773 27-08-08 Alc<strong>al</strong>de de Santacruz de Guachavez 7, 9, 13, 14 X7 4080-0774 27-08-08 Alc<strong>al</strong>de de Roberto Payán 7, 9, 13, 14 X8 4080-0753 27-08-08 Oficina de Notariado y Registro de Nariño 3 X9 4080-0754 27-08-08 Oficina de Notariado y Registro de Ipi<strong>al</strong>es 3 X10 4080-0755Oficina de Registro de Instrumentos Públicos27-08-08de Barbacoas3 X11 4080-0756 27-08-08 Oficina de Notariado y Registro de La Unión 3 X12 4080-0757 27-08-08 Oficina de Notariado y Registro de La cruz 3 X13 4080-0758Oficina de Notariado y Registro de27-08-08Samaniego3 X14 4080-0759Oficina de Notariado y Registro de27-08-08Túquerres3 X15 4080-0760 27-08-08 Oficina de Notariado y Registro de Tumaco 3 X16 4080-0782Secretaría de Educación Departament<strong>al</strong> de27-08-08Nariño20, 21 X17 4080-0783 27-08-08 Instituto Departament<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud de Nariño 22, 14 X18 4080-0776 27-08-08 Corporación Autónoma Region<strong>al</strong> de Nariño 10, 22 X19 4080-0780 27-08-08 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar 15 XFuente: Casos reportados en 2008 ante la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámitede Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.De acuerdo con la relación de requerimientos indicados en la tabla precedente, seobserva que de las 18 entidades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> concernidas respondieron 11 y de las 19entidades departament<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es requeridas solo respondieron 7. En su orden, seincluye una síntesis de las respuestas institucion<strong>al</strong>es <strong>al</strong>legadas a la Defensoría, en las cu<strong>al</strong>eslas autoridades responsables de la garantía efectiva de los derechos <strong>del</strong> pueblo Awa indicanlas acciones emprendidas para cumplir las recomendaciones formuladas en virtud de lamagistratura mor<strong>al</strong> de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Respuestas de <strong>al</strong>gunas de las entidades requeridasEn relación con los requerimientos formulados a las autoridades estat<strong>al</strong>es descritasen la tabla precedente, se observa que de las 18 entidades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> concernidasen el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la Resolución No. 053 seobtuvo respuesta de once (11) de ellas y, de las diecinueve (19) entidades departament<strong>al</strong>esy municip<strong>al</strong>es requeridas, solo siete (7) dieron respuesta. A continuación se presenta unasíntesis de las comunicaciones recibidas de las diferentes instituciones requeridas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3551. Instituto Departament<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud de NariñoOFICIO: SPP. 373-08 (10-09-08) de la Subdirección de Promoción y Prevención.“Recomendaciones defensori<strong>al</strong>es números 22, 24 y 25: 22. Instar <strong>al</strong> InstitutoDepartament<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud (…) a re<strong>al</strong>izar un análisis exhaustivo, a<strong>del</strong>ante las investigacionesy acciones a que hubiere lugar en los casos referidos por las comunidades con ocasiónde la muerte, enfermedad y daños <strong>al</strong> patrimonio y medio ambiente u otras amenazas a las<strong>al</strong>ud pública”. 24. “Instar a las autoridades de s<strong>al</strong>ud <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong>, departament<strong>al</strong> ymunicip<strong>al</strong> a que a<strong>del</strong>anten políticas públicas aplicables <strong>al</strong> pueblo indígena Awa teniendoen cuenta sus saberes y las prácticas cultur<strong>al</strong>es indígenas basadas en los criterios deintegr<strong>al</strong>idad, complementariedad terapéutica e intercultur<strong>al</strong>idad”. 25. Instar a lasentidades o instituciones prestadoras de los servicios de s<strong>al</strong>ud pública o privada, EPS,ARS e IPS que presten servicios <strong>al</strong> pueblo Awa a que garanticen el derecho a la prácticade la medicina tradicion<strong>al</strong> indígena en sus servicios, en procura <strong>del</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento desu integridad cultur<strong>al</strong>”. Nariño, en el cu<strong>al</strong> reportó a ese despacho las acciones encaminadas <strong>al</strong> cumplimiento <strong>del</strong>as recomendaciones 22, 24 y 25 de la Resolución Defensori<strong>al</strong> e informó sobre <strong>al</strong>gunosavances en actividades de s<strong>al</strong>ud para la población indígena contenidos en el Plan Territori<strong>al</strong>de S<strong>al</strong>ud, entre ellas:Creación de una base de datos con enfoque diferenci<strong>al</strong>, con el objeto de facilitar elacceso de la población vulnerable a programas de orden nacion<strong>al</strong> y departament<strong>al</strong>en s<strong>al</strong>ud, base entregada a las direcciones loc<strong>al</strong>es de s<strong>al</strong>ud de los 64 municipios deNariño, incluyendo los que tienen población indígena, y re<strong>al</strong>ización de una reunióncon las autoridades indígenas para obtener información.Priorización de la población indígena en los programas de discapacidad yNariñense, con recursos <strong>del</strong> nivel nacion<strong>al</strong>.Formulación de mo<strong>del</strong>os de atención diferenciados para indígenas y afrocolombianos(actividad en fase contractu<strong>al</strong>).Promoción de contactos con el SENA y la Universidad de Nariño para atenderla necesidad de capacitación de auxiliares de s<strong>al</strong>ud pública planteada por lascomunidades indígenas.Atención sicosoci<strong>al</strong> y de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> a la comunidad indígena <strong>del</strong> ResguardoMagui desplazada a la cabecera municip<strong>al</strong> de Ricaurte, comunidad que evidenci<strong>al</strong>a imposibilidad de retorno a sus territorios de origen porque no se ha re<strong>al</strong>izado eldesminado de los mismos.Ampliación de cupos <strong>del</strong> Régimen Subsidiado en S<strong>al</strong>ud para las comunidadesAwa <strong>del</strong> municipio de Tumaco, advirtiendo que los gobernadores indígenas debende esta información vincularlos <strong>al</strong> régimen subsidiado. Se acordó que mientraslas autoridades indígenas aportan la información, el Director Loc<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud deTumaco reservará cinco mil (5.000) cupos para la comunidad Awa.
356 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Apoyo a la comunidad Awa en la construcción y elaboración de bases de datosempresas prestadoras de los servicios de s<strong>al</strong>ud: EMSSANAR, AMET SALUD,CAPRECOM, CONDOR, COMFAMILIAR, MALLAMAS y de que como Ricaurte.Contratación con la UNIPA para garantizar los servicios de s<strong>al</strong>ud a la poblaciónRe<strong>al</strong>ización de diferentes contratos con el objeto de garantizar la atención de s<strong>al</strong>udde los AWA, entre los años 2006 y 2007.2. Instituto Colombiano de Bienestar FamiliarOFICIO: 005216 (12-09-08)“Recomendación Nº 15.tejido soci<strong>al</strong> y ofrezca atención sicosoci<strong>al</strong> en especi<strong>al</strong> de los niños y niñas que demuestrensíntomas y afecciones ocasionados por violencia de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es”.En su respuesta, esta entidad hace un recuento de la <strong>del</strong>icada situación de derechoshumanos y de vulneración que ha afectado a los niños y niñas Awa, mediante una brevereseña de las acciones re<strong>al</strong>izadas desde el año 2005 <strong>al</strong> 2008 con apoyo de las UnidadesMóviles <strong>del</strong> citado Instituto, a través de las cu<strong>al</strong>es se facilitó la ayuda humanitaria deemergencia y la atención sicosoci<strong>al</strong> y de s<strong>al</strong>ud en cada caso. Igu<strong>al</strong>mente, describe las acciones acuerdo con los datos que suministra la información en referencia, la atención sicosoci<strong>al</strong> ynutricion<strong>al</strong> que se brindó entre julio de 2006 y abril de 2008 a familias <strong>del</strong> pueblo Awa <strong>del</strong>os tres municipios mencionados, en los resguardos de Magui, Magui Altaquer, Camawari,OFICIO: 0601 (12-09-08). Registraduría de Tumaco.Recomendación Nº 3. de Nariño a que se abstengan de inscribir y registrar actos notari<strong>al</strong>es en los cu<strong>al</strong>es sevean involucrados territorios de los resguardos indígenas Awa que estén en proceso dede los territorios”.de la recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 3, respondió <strong>al</strong>legando a la Delegada para Indígenascomunidades <strong>del</strong> pueblo indígena Awa: “Comunidad Piguambí P<strong>al</strong>ang<strong>al</strong>a (adjudicación
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>357constitución comunidad indígena), Comunidad Pulgan de Campo Alegre (Adjudicación(adjudicación b<strong>al</strong>dío resguardo), Comunidad de Chinguirito Mira (adjudicación b<strong>al</strong>díoen propiedad), Comunidad de Kejuambi Feliciana (adjudicación b<strong>al</strong>dío en propiedad) yComunidad de Saunde Guiguay (adjudicación b<strong>al</strong>dío en propiedad)”.4. Dirección de Policía AntinarcóticosOFICIO DIRAN-ARECI No. 1073 (12-09-08). Dirección Policía Antinarcóticos.“Recomendación Nº 6. Instar a la Dirección Antinarcóticos de la Policía Nacion<strong>al</strong>, <strong>al</strong>a Dirección Nacion<strong>al</strong> de Estupefacientes y a la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong>,a que procedan a ev<strong>al</strong>uar conjuntamente con los indígenas <strong>del</strong> pueblo Awa de Nariño, losdaños ocasionados y se adopten medidas para la implementación de un plan de inversiónEsta autoridad fundamenta su respuesta en el cumplimiento de lo ordenado en lasentencia SU-383 de 2003 y señ<strong>al</strong>a que en el departamento de Nariño se desarrollaronprocesos de consulta previa durante los días 5 y 6 de septiembre de 2007 con comunidadesPampo, Cabildo Integrado, San Agustín y Morrito, los cu<strong>al</strong>es contaron con participaciónde la ONIC; y añade que en relación con los Awa, pese a las solicitudes de la Dirección deEtnias <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia ante las organizaciones de este pueblo, noha sido posible desarrollar el proceso de consulta previa, por lo cu<strong>al</strong> “dichos resguardosse encuentran dentro de las áreas de exclusión <strong>del</strong> Programa de Erradicación de CultivosIlícitos mediante Aspersión Aérea con Glifosato, y por ende no se han planeado ni re<strong>al</strong>izadooperaciones de aspersión aérea dentro de estos territorios. Por lo anterior, establece queno se han vulnerado a los indígenas Awa los derechos fundament<strong>al</strong>es de la consulta yla concertación, derecho a la vida, a la s<strong>al</strong>ud, a la <strong>al</strong>imentación, a una vida digna y a noser desplazados” (página 2). Así mismo, indicó que el Consejo de Estado de Colombianegó la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato por encontrar que las pruebasaportadas demostraron sin duda <strong>al</strong>guna que este es un compuesto de baja toxicidad, según5. Respuesta de la Alc<strong>al</strong>día Municip<strong>al</strong> de RicaurteOFICIO: No. AMRN 059-2008 (13-09-08) Secretaría de Gobierno Municip<strong>al</strong>.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 9. “Instar a las Autoridades <strong>del</strong> departamento de Tumaco, Guachavez, Santa Cruz e Ipi<strong>al</strong>es, a que en cumplimiento de los preceptosconsagrados en la Constitución Política y los instrumentos internacion<strong>al</strong>es que buscanla guarda de los derechos humanos, las leyes y demás disposiciones que se ocupan de lamateria a: a) Garantizar el respeto de los derechos humanos de los pueblos indígenas <strong>del</strong>a región mediante acciones orientadas a la prevención de las violaciones re<strong>al</strong>izadas contr<strong>al</strong>as personas y comunidades por las organizaciones armadas <strong>al</strong> margen de la ley que operanen la zona; b) Apoyar el proceso de elaboración de los planes integr<strong>al</strong>es de vida de lascomunidades <strong>del</strong> pueblo Awa; c) Garantizar la inversión de los recursos asignados paraesta población en materia de asuntos territori<strong>al</strong>es, s<strong>al</strong>ud, educación y seguridad <strong>al</strong>imentaria,
358 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>tendientes a desarrollar y proteger sus derechos; d) Garantizar el derecho a la consultaprevia y la concertación previa para el desarrollo de planes, programas y proyectos dentrode los territorios <strong>del</strong> pueblo Awa, según lo establecido en los artículos 6 y 7 <strong>del</strong> Convenio169 de la OIT”.La mencionada autoridad presentó un <strong>Informe</strong> de las acciones de atención yacompañamiento de la administración municip<strong>al</strong> <strong>del</strong> municipio de Ricaurte <strong>al</strong> puebloIndígena Awa, el cu<strong>al</strong> precisa que el 80% de la población de Ricaurte pertenece <strong>al</strong> puebloAwa y que el 90% <strong>del</strong> territorio municip<strong>al</strong> está conformado por los resguardos Awa, yobserva que la gestión municip<strong>al</strong> en s<strong>al</strong>ud, educación e infraestructura se ha re<strong>al</strong>izadomediante espacios de participación y concertación con las autoridades y comunidades deeste grupo étnico. Dentro de las acciones de consulta y concertación con los gobernadoresindígenas y líderes comunitarios destaca la formulación colectiva <strong>del</strong> Plan de DesarrolloMunicip<strong>al</strong> 2008-2001, en el cu<strong>al</strong> se incluyeron aspectos importantes <strong>del</strong> Plan de Vida <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> Awa, priorizando la s<strong>al</strong>ud, la educación y la soberanía <strong>al</strong>imentaria.Acciones en el sector de la educación. El informe señ<strong>al</strong>a ocho acciones consultadasy concertadas: 1. Diagnóstico de Población Desplazada; 2. Atención a niños Desplazados;Atención a la Institución Educativa de Magui; 4. Aporte de Subsidio de matrícula por elmonto de 80% para estudiantes <strong>del</strong> municipio, especi<strong>al</strong>mente a niños y niñas desplazados;5. Entrega de uniformes para estudiantes desplazados matriculados en planteles <strong>del</strong> cascourbano; 6. Capacitación a mujeres Awa en manejo de piscicultura, frutas, hort<strong>al</strong>izas ymodistería; 7. Diseño de educación propia en convenio con el Cabildo Mayor Awa deCamawari y Ecopetrol, con el aporte de 90 millones de pesos <strong>del</strong> municipio y 190 millones deEcopetrol; proyecto en ejecución para los grados 0 a 5, incluyendo materi<strong>al</strong>es para docentesy niños; 8. Creación <strong>del</strong> Sistema de Educación Awa, SEA. Actividad form<strong>al</strong>izada desde el7 mayo de 2008 en audiencia re<strong>al</strong>izada en la Gobernación de Nariño, proceso acompañadopor el Ministerio de Educación, Camawari, Unipa, OIM y Consejo Noruego, proyecto através <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> se prevé la construcción de 140 escuelas rur<strong>al</strong>es nuevas, la ampliación en100 cupos de la nómina de docentes, así como el apoyo <strong>al</strong> proyecto de educación propiay formación de docente con la participación de la comunidad internacion<strong>al</strong>; proyecto enelaboración con <strong>al</strong> OIM y el MEN y, a partir <strong>del</strong> 2009, con el Consejo Noruego y laFundación Save the Children, de Canadá.En este sector, el informe det<strong>al</strong>la inversiones en 15 escuelas con el apoyo de losresguardos, en aspectos relacionados con el mejoramiento y la construcción de escuelas,la construcción de restaurantes escolares y la construcción de aulas y de unidadessanitarias, con inversión <strong>del</strong> municipio de 106 millones de pesos e inversión de losresguardos de 46 millones de pesos. Así mismo, señ<strong>al</strong>a otras prioridades en educaciónt<strong>al</strong>es como la compra de lotes para escuelas, computadores para enseñar, mobiliarioy materi<strong>al</strong>es didácticos con una inversión de 67 millones de pesos y un aporte de seismillones quinientos mil pesos ($ 6.500.000.oo) por parte de <strong>al</strong>gunos resguardos.Acciones en el sector de la s<strong>al</strong>ud. De manera concertada con la población indígena,se indican las siguientes: 1. Fundación de la Escuela de Médicos Tradicion<strong>al</strong>es, creadaen julio de 2008 con el apoyo <strong>del</strong> hospit<strong>al</strong> de Ricaurte (100 millones de pesos) a travésde un proyecto diseñado por Camawari. El objeto consistió en fort<strong>al</strong>ecer la medicinatradicion<strong>al</strong>, el pensamiento propio en s<strong>al</strong>ud y la vinculación de médicos tradicion<strong>al</strong>espara atender los sectores más vulnerables de la población indígena, previendo ampliar
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>359proceso. 2) Aseguramiento <strong>del</strong> Régimen Subsidiado: en Ricaurte, cuya población esde 16.416 personas (según Sisbén municipio) y de este número 11.793 son indígenasincluidos en el Régimen Subsidiado, número ampliado en abril de 2008 a otros 1.235con gobernadores indígenas, promotores de s<strong>al</strong>ud, líderes comunitarios y agentes de lasEPSS EMSANAR, MALLAMAS y CÓNDOR. 3. Cobertura <strong>del</strong> régimen subsidiado. Alrespecto, el informe señ<strong>al</strong>a que fueron suscritos siete contratos con la ARS para garantizarde contratos adicion<strong>al</strong>es, para ofrecer servicios de s<strong>al</strong>ud y accesibilidad a la poblaciónno amparada por el régimen subsidiado. 5. Campaña de s<strong>al</strong>ud pública mediante accionesdirigidas desde el municipio para atender s<strong>al</strong>ud infantil, s<strong>al</strong>ud sexu<strong>al</strong> y reproductiva, s<strong>al</strong>udment<strong>al</strong> y enfermedades crónicas no trasmisibles, seguridad sanitaria y control de vectores,así como brigadas de s<strong>al</strong>ud para la población indígena en condición de desplazamiento. 6.Construcción <strong>del</strong> puesto de s<strong>al</strong>ud con recursos municip<strong>al</strong>es en tres municipios durante elaño 2007 y tres en el 2008, más tres adicion<strong>al</strong>es para la población indígena (estos en fasede proyecto). 7. Saneamiento concertado <strong>del</strong> agua potable y vivienda en nueve cabildoscabildo y comun<strong>al</strong>, puentes y mejoramiento de carreteables, caminos y polideportivos; conun monto tot<strong>al</strong> de inversión de 311 millones de pesos.Acciones en proyectos productivos: prestar una mejor atención y dar apoyo a la comunidad desplazada. 2. Granja integr<strong>al</strong>, de pesos. 3. Proyecto agroindustri<strong>al</strong>, el cu<strong>al</strong> se gestiona a través <strong>del</strong> Ministerio de Comerciopropicie el retorno de la población Awa que se encuentra en condición de desplazamiento.4. Reformulación <strong>del</strong> Plan de Vida Camawari con el apoyo de Naciones Unidas y la diseñar y ejecutar proyectos en las áreas de s<strong>al</strong>ud, educación, producción y fort<strong>al</strong>ecimientoorganizativo. 5. Atención de la Comisaría de Familia, con enfoque inmediato y prioritariohacia la población desplazada. 6. Familias en Acción y desayunos escolares para extenderFin<strong>al</strong>mente, en cuanto a fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> señ<strong>al</strong>a el informe que en el año derecho propio, organización comunitaria y solución de problemas internos.6. Ministerio <strong>del</strong> Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territori<strong>al</strong>OFICIO 2040 E2-101002 (15-09-08). Dirección de licencias, permisos y trámitesambient<strong>al</strong>es.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 18: “Instar <strong>al</strong> Ministerio <strong>del</strong> Ambiente, Vivienda y
360 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>estado <strong>del</strong> impacto ambient<strong>al</strong> de las fumigaciones y se aplique el principio de precauciónconsagrado en la Declaración de Río de Janeiro de 1992”.La autoridad concernida presentó respuesta de carácter gener<strong>al</strong> sobre varios aspectosrelacionados con su competencia y funciones. Así mismo, incluyó una reseña <strong>del</strong> estudiore<strong>al</strong>izado por la Comisión Interamericana para el Control de Abuso de Drogas (CICAD),división de la OEA. En cuanto a las actividades re<strong>al</strong>izadas puntu<strong>al</strong>izó la práctica de visitasque constituyen el Plan de Manejo Ambient<strong>al</strong> <strong>del</strong> Programa de Erradicación de CultivosIlícitos mediante aspersión aérea de Glifosato-PECIG; respecto de lo cu<strong>al</strong> indicó queCaquetá, Putumayo, Guaviare, Meta, Arauca, Santander, Antioquia, C<strong>al</strong>das, Huila y Tolima,tanto en las bases aéreas desde las cu<strong>al</strong>es opera el programa como en los sitios objeto <strong>del</strong>a aspersión aérea. actos administrativos requiriendo a entidades como el DIRAN, DNE e INS a seguir elellos: 1. Seguimiento a los efectos derivados de las aspersiones de los cultivos ilícitos,supervisión <strong>al</strong> proceso de atención de quejas por presuntos daños ocasionados por laoperación <strong>del</strong> PECIG respecto de franjas de seguridad sobre poblados, corrientes de aguay otras zonas de exclusión; 2. Atención a los procesos de consulta previa con comunidadesindígenas para la erradicación de cultivos ilícitos en zonas de resguardo; 3. Solicitud <strong>del</strong>os resultados de los monitoreos ambient<strong>al</strong>es <strong>del</strong> agua y suelo re<strong>al</strong>izados en núcleos deen estos componentes ambient<strong>al</strong>es), destacando que dichos resultados, hasta la fecha, nohan arrojado la existencia de este herbicida ni en el agua ni en el suelo.Respecto de la consulta previa informa que ha participado de manera coordinada conel Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia en procesos relacionados con la erradicación decultivos ilícitos en los departamentos <strong>del</strong> Putumayo (Puerto Asís y Puerto Leguízamo),Amazonas, Cauca, Guaviare, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, Vichada, Vaupés, Caquetá, Meta y Nariño(sin indicar en qué territorios Indígenas); en los cu<strong>al</strong>es se suscribieron las respectivas actas.Frente a la recomendación defensori<strong>al</strong> manifestó la mencionada autoridad: “podemosNo. 53 de 2008, que desde el año 2001 cuando el Ministerio impuso el Plan de ManejoAmbient<strong>al</strong>, PMA, <strong>del</strong> Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersiónaérea con el herbicida Glifosato-PESIG, mediante Resolución 1065, adoptó las medidas se adoptaran las medidas de prevención, mitigación y compensación de los impactosasociados <strong>al</strong> mismo”. Así mismo, indicó que dicho ministerio “en ejercicio de sus funcionesde control y seguimiento asignadas en la Ley 99 de 1993, y en el artículo 33 <strong>del</strong> Decreto y obligaciones contendidas en el mismo para todo el territorio nacion<strong>al</strong>” (páginas 5 y 6).
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>361An<strong>al</strong>izando la respuesta emitida por esta autoridad, es pertinente observar que pese aque en términos glob<strong>al</strong>es responde aspectos relevantes <strong>del</strong> desempeño de su competencia,esta no es consistente en cuanto a la recomendación, puesto que no se precisan las medidasterritorios <strong>del</strong> pueblo Awa de Nariño.7. Corporación Autónoma Region<strong>al</strong> de NariñoOFICIO: No. 102 (25-09-08). Dirección Gener<strong>al</strong> de Corponariño.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 10: “Instar a la Corporación Autónoma Region<strong>al</strong> deNariño a que provea a las autoridades indígenas los recursos económicos necesariospara la re<strong>al</strong>ización de planes y proyectos de conservación de los entornos ambient<strong>al</strong>esajustados a sus respectivos planes de vida”. indicó que la comunidad había solicitado la ordenación de la cuenca y que, atendiendo dichamarco de un proceso participativo el Plan de Ordenación y Manejo de la Cuenca <strong>del</strong> ríoGuisa, proceso en el cu<strong>al</strong> vienen trabajando los representantes de las organizaciones Unipay Camawari con el acompañamiento <strong>del</strong> Ministerio de Ambiente, Vivienda y DesarrolloTerritori<strong>al</strong>, en el marco de un plan piloto l nacion<strong>al</strong> que incorpore el Plan de Vida <strong>del</strong>proyectos para un adecuado manejo de los recursos natur<strong>al</strong>es de la cuenca, que garanticenel respeto a los derechos colectivos de los Awa.Programas. I. Sistema Subregion<strong>al</strong> de Áreas Protegidas, con cuatro proyectos: a).Recuperación de cultivos y actividades productivas tradicion<strong>al</strong>es; b) Conformaciónde redes de intercambio de productos loc<strong>al</strong>es tradicion<strong>al</strong>es; c) Investigaciónpara la conservación y recuperación de los v<strong>al</strong>ores cultur<strong>al</strong>es tradicion<strong>al</strong>es de laregión y d) Capacitación en bienes y servicios ambient<strong>al</strong>es, cambio climático ylegislación ambient<strong>al</strong>.Programa III. Fort<strong>al</strong>ecimiento organizativo, con un proyecto dirigido a los procesosrelacionados con el fomento de la conservación y uso sostenible de los recursosnatur<strong>al</strong>es de la subcuenca <strong>del</strong> río Guisa.Programa IV. Producción sostenible, con cuatro proyectos: a) Restauración organizaciones de productores; c) Apoyo y fomento a los sistemas productivostradicion<strong>al</strong>es de la subcuenca, y d) Fort<strong>al</strong>ecimiento de las iniciativas artesan<strong>al</strong>es enla subcuenca <strong>del</strong> río Guisa.Programa V. Fort<strong>al</strong>ecimiento de la educación para la conservación, con un proyecto:Fort<strong>al</strong>ecimiento de la Educación Étnica y Ambient<strong>al</strong> para la Gobernabilidad y laConservación en la Subcuenca <strong>del</strong> río Guisa.
362 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>8. Secretaría de Educación Departament<strong>al</strong> Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 22: 9. Dirección Nacion<strong>al</strong> de EstupefacientesRecomendación defensori<strong>al</strong> Nº 6:
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>363Ricaurte y Tumaco. El proceso, enmarcado dentro <strong>del</strong> plan de vida y con la participaciónde la ONIC, se llevó a cabo en el municipio de Olaya Herrera entre el 4 y el 5 de septiembreQuebrada Grande, San Juan de Pampo, Cabildo Integrado, San Agustín y Morrito. Se tratade 15 comunidades <strong>del</strong> pueblo Eperara Siapidara con uso ancestr<strong>al</strong> de la planta de coca,Respecto <strong>del</strong> pueblo Awa, indicó que el Ministerio <strong>del</strong> Interior, a través de la Direcciónde Asuntos Indígenas, junto a las demás entidades concernidas, inició el acercamiento a suscomunidades, formulando tres convocatorias que fueron rechazadas por estas medianteel pliego de peticiones de mayo de 2006. No obstante y pese a la situación indicada, señ<strong>al</strong>óque ha continuado re<strong>al</strong>izando la coordinación institucion<strong>al</strong> para buscar el acercamientocon las organizaciones indígenas Awa de Nariño, sin resultados positivos hasta la fecha,dada la reiterada manifestación de estas de no a<strong>del</strong>antar el proceso de consulta previa. Porlo tanto, los resguardos leg<strong>al</strong>mente constituidos de los Awa se encuentran dentro de lasáreas de exclusión <strong>del</strong> programa de erradicación de cultivos ilícitos con aspersión aéreade glifosato, razón por la cu<strong>al</strong> no se han re<strong>al</strong>izado en estos territorios operaciones deaspersión aérea ni erradicación manu<strong>al</strong> forzosa.En cuanto a la recomendación Nº 27, relativa a la adopción de acciones necesariaspara la re<strong>al</strong> vigencia <strong>del</strong> derecho a la consulta previa y concertación frente a cada uno <strong>del</strong>os proyectos y megaproyectos que se a<strong>del</strong>anten en los territorios de los Awa, se indicóque estará presta a acatarla. Sin embargo, observó la necesidad de tener en cuenta laslimitaciones que se presentan en estos procesos, dada la disposición de las comunidades,la logística de acceso a las mismas (desplazamiento y seguridad de las comunidades), laproblemática situación soci<strong>al</strong> de cada comunidad y la negación de estas a a<strong>del</strong>antar elproceso de consulta previa.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 3: <strong>del</strong> departamento de Nariño a que se abstengan de inscribir y registrar actos notari<strong>al</strong>esen los cu<strong>al</strong>es se vean involucrados territorios de resguardos indígenas Awa que estén enprocesos de titulación, ampliación y saneamiento, con el objeto de que se garantice laLa citada entidad respondió que ha solicitado lo pertinente <strong>al</strong> despacho seccion<strong>al</strong>,dado que el registro de solicitudes en trámite de adjudicación <strong>del</strong> Incoder no reposa en sudespacho. Observa que <strong>al</strong> Incoder le compete la función de adjudicación de territorios de11. Ministerio de Relaciones ExterioresRecomendación defensori<strong>al</strong> Nº 8: “Instar <strong>al</strong> Ministerio de Relaciones Exterioresde Colombia a que inicie las gestiones correspondientes con su homólogo <strong>del</strong> vecino país
364 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><strong>del</strong> Ecuador para efectos de coordinar políticas que garanticen el cumplimiento de losderechos consagrados en el artículo 32 <strong>del</strong> Convenio 169 de la OIT, en concordanciacon el artículo 96 de la Constitución Política de 1991, que señ<strong>al</strong>a la importancia de labinacion<strong>al</strong>idad como forma de proteger a los pueblos indígenas que comparten territoriofronterizo y conforman una cultura, en este caso la <strong>del</strong> pueblo Awa”.La citada entidad manifestó que, respecto de la nacion<strong>al</strong>idad colombiana, sucompetencia se circunscribe a los trámites por adopción, renuncia y recuperación <strong>del</strong>a misma, conforme a las disposiciones vigentes, e indicó que la entidad competentepara determinar la pertenencia de una persona a la nacion<strong>al</strong>idad colombiana es de laRegistraduría Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Estado Civil. Fin<strong>al</strong>mente, señ<strong>al</strong>ó que en cumplimiento de larecomendación defensori<strong>al</strong> había hecho la remisión correspondiente a las direcciones deSoberanía Territori<strong>al</strong> y Desarrollo Fronterizo, Derechos Humanos y DIH y América de eseMinisterio, con el objeto de atender lo pertinente, según la competencia de esos despachos.12.Departamento Administrativo Nacion<strong>al</strong> de Estadística (DANE)OFICIO: 20082330101121 (27-11-08). Coordinación de Censos.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 1: “Instar <strong>al</strong> DANE a que incorpore <strong>al</strong> censopoblacion<strong>al</strong> la información det<strong>al</strong>lada sobre el número de habitantes indígenas de losresguardos <strong>del</strong> pueblo Awa de Nariño. Igu<strong>al</strong>mente, a que re<strong>al</strong>ice el censo de las comunidadestoda la población Awa”.El DANE manifestó que según la información <strong>del</strong> Censo Gener<strong>al</strong> de 2005 la población anu<strong>al</strong>mente ante el Departamento Nacion<strong>al</strong> de Población y que “Posteriormente, con elaplicó una función logística para proyectar la participación de los resguardos en el resto <strong>del</strong>os municipios a los que pertenecen, tomando como base los proyectos municip<strong>al</strong>es porárea (cabecera-resto)” (Página 2). De otra parte, observando los datos de 2008 (adjuntadosen copia magnética), esta entidad reportó que la población indígena de los resguardosconstituidos en Nariño asciende a 2.040 personas, cifra que no discrimina el número deindígenas Awa.13.Ministerio de Agricultura. Unidad Nacion<strong>al</strong> de Tierras Rur<strong>al</strong>es (UNAT)OFICIO: 20082111.337 (27-11-08). Dirección Ejecutiva.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 2: “Instar <strong>al</strong> Instituto Colombiano de DesarrolloRur<strong>al</strong>, Incoder, o la entidad encargada, a<strong>del</strong>ante los procesos de titulación ampliación ysaneamiento de los resguardos, de acuerdo con las solicitudes y necesidades <strong>del</strong> pueblo Awa”.En relación con la recomendación citada, el Incoder informó que, en cumplimientode los compromisos asumidos con el pueblo Awa para la leg<strong>al</strong>ización de tierras, a<strong>del</strong>antólos procedimientos tendientes a la constitución y ampliación de los resguardos. Señ<strong>al</strong>óque fueron revisados y sustanciados los procesos de INDA GAUCARAY, PEÑA LAALEGRÍA y SANTA ROSITA, y que se encuentran listos para la aprobación tan prontose reglamente la Ley 1152 de 2007, la cu<strong>al</strong> asignó la leg<strong>al</strong>ización de tierras de comunidades
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>365indígenas a la Dirección de Asuntos Indígenas Minorías y Rom <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interiory de Justicia.14.Departamento Nacion<strong>al</strong> de PlaneaciónOFICIO: SFPT-20082420754441 (17-12-08). Dirección de Desarrollo Territori<strong>al</strong>Sostenible.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 4: “Instar <strong>al</strong> Departamento Nacion<strong>al</strong> de Planeaciónen coordinación con el Ministerio de Hacienda y a las autoridades indígenas Awa aque esclarezcan la situación político administrativa de las transferencias <strong>del</strong> SGP a los83 de la Ley 715 de 2001”.La citada entidad aclaró que la aprobación de recursos <strong>del</strong> SGP de los pueblos indígenascorresponde <strong>al</strong> CONPES SOCIAL y el procedimiento para la distribución de los mismos seencuentra establecido en el artículo 85 de la Ley 715 de 2001. Agregó que la responsabilidadpara efectos de la distribución de los recursos <strong>del</strong> SGP, el Departamento Nacion<strong>al</strong> dePlaneación toma como fuente de información poblacion<strong>al</strong> por departamento y municipioAsí mismo, en cuanto a la distribución de los recursos <strong>del</strong> SGP en la vigencia 2008, precisóque la información <strong>del</strong> DANE había reportado en el pueblo Awa la existencia de los tresresguardos <strong>al</strong>udidos en la recomendación defensori<strong>al</strong>.Igu<strong>al</strong>mente, aclaró que según la Ley 715 de 2001 no le compete la adopción de medidaspara esclarecer la situación político-administrativa de las transferencias de los recursos<strong>del</strong> SGP a los resguardos referidos, teniendo en cuenta que la misma ley y el reglamentoestablecen las entidades que deben prestar apoyo <strong>al</strong> DANE para la aclaración de lacambios de jurisdicción de los resguardos, esta entidad procederá a re<strong>al</strong>izar los respectivosajustes de distribución de recursos <strong>del</strong> Sistema Gener<strong>al</strong> de Participaciones.15.Ministerio de Educación Nacion<strong>al</strong>OFICIO: 20082111.337 (22-12-08). Subdirección de Poblaciones.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 20: “Instar <strong>al</strong> Ministerio de Educación Nacion<strong>al</strong> aque: a) Las autoridades educativas <strong>del</strong> departamento de Nariño y de los municipios donde seencuentra ubicado el pueblo Awa, garanticen el derecho a la educación propia y apropiadaen el marco de la política etnoeducativa, previa consulta con las instituciones y autoridadesrepresentativas <strong>del</strong> pueblo Awa” b) A<strong>del</strong>ante las acciones de inspección y vigilancia frentea las autoridades educativas departament<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es <strong>del</strong> departamento de Nariño,en cumplimiento de la Ley 115 de 1994 y la Sentencia de la Corte Constitucion<strong>al</strong> C-208de 2007”; c) “Asigne los recursos necesarios de manera diferenciada para garantizarefectivamente el derecho a la educación propia y apropiada <strong>del</strong> pueblo Awa, según l<strong>al</strong>egislación de la etnoeducación”.
366 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Respecto de la recomendación defensori<strong>al</strong> en materia de etnoeducación <strong>del</strong> puebloAwa, el ministerio indicó el desarrollo de tres acciones a<strong>del</strong>antadas con los miembros dedepartamento y la secretaría para el avance en el sistema de educación propia <strong>del</strong> puebloAwa, según acta suscrita en mayo de 2008 por las autoridades estat<strong>al</strong>es y las organizacionesUnipa y Camawari, en la que se establecieron aspectos relacionados con la: contrataciónde la prestación <strong>del</strong> servicio con las organizaciones indígenas, el giro directo de recursos,la complementación <strong>del</strong> estudio técnico de la planta de docentes, el nombramiento enprovision<strong>al</strong>idad de la planta docente para la atención de población indígena en edad escolar,el mejoramiento de instrumentos de registro de información, la propuesta de formaciónde docentes y la formulación e implementación <strong>del</strong> PEC; 2) Apoyo a la formulación<strong>del</strong> Proyecto Etnoeducativo <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Awa de Ricaurte, y 3) Asistencia técnica a laorganización Unipa para formular programas de formación docente.16.Ministerio de Defensa Nacion<strong>al</strong>OFICIO: 100509 / MDD-HH-25.11. (26-12-08). Dirección de Derechos Humanos.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 11: “Instar <strong>al</strong> Ministerio de Defensa a que, encoordinación con las autoridades indígenas, adopte las medidas necesarias tendientesa minimizar la situación de riesgo y garantizar los derechos fundament<strong>al</strong>es colectivos eintegr<strong>al</strong>es, y el respeto a las normas <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario a todas lascomunidades indígenas Awa de Nariño, respetando su autonomía, su territorio y suidentidad cultur<strong>al</strong>”.Esta autoridad remitió la información aportada por el Inspector Gener<strong>al</strong> de lasFuerzas Militares, instancia que indicó las acciones de capacitación emprendidas entresus miembros en lo concerniente a respeto, seguridad territori<strong>al</strong>, autonomía y culturade los pueblos indígenas en las ordenes de operación y cumplimiento de la políticaministeri<strong>al</strong> de reconocimiento, prevención y protección de las comunidades indígenas.Así mismo, agregó que había solicitado a la Procuraduría la información relativa ainvestigaciones contra miembros de la Armada Nacion<strong>al</strong> por violación a los derechoshumanos e infracciones <strong>al</strong> DIH.Precisó igu<strong>al</strong>mente las instrucciones impartidas a la Tercera División <strong>del</strong> Ejército,dirigidas a superar la crisis de derechos humanos y DIH <strong>del</strong> pueblo Awa: 1. Nombrar unsobre políticas para la protección de las comunidades indígenas, atendiendo las DirectivaNº 800 de 2007 y Nº. 16 de 2006; 3. Coordinar con las comunidades indígenas, a travéssituación de orden público en la zona de asentamiento de los Awa, así como las actividadesdesarrolladas para la protección de las comunidades durante la vigencia 2008.17.Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia. Dirección de Asuntos Indígenas,Minorías y RomOFICIO I08-39522-DAI-1400 (23-12-08). Dirección de Asuntos Indígenas, Minoríasy Rom.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 5: “Instar a la Dirección de Etnias <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong>Interior y de Justicia a que se garantice el derecho a la consulta previa, según lo recomienda
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>367la Corte Constitucion<strong>al</strong> en Sentencia SU-383 de 2003 para las actividades de erradicaciónde cultivos de uso ilícito” (complementaria con la recomendación 27 (b))”.La entidad rectora de la política étnica precisó en lo relativo a las recomendacionesdefensori<strong>al</strong>es 5 y 27 (b) que: 1. Solicitó a las autoridades indígenas Awa, a través de laUnipa, la concertación de la fecha para dar inicio a la consulta previa para la erradicaciónde cultivos ilícitos, pero teniendo en cuenta que estas no han respondido y que es <strong>al</strong>to elgrado de vulnerabilidad de las referidas comunidades, no se ha iniciado procedimiento<strong>al</strong>guno; 2. Respecto de proyectos y megaproyectos que se a<strong>del</strong>anten en territorios de losAwa, informó que en los dos últimos años no los ha habido. Así mismo, y en relación conacciones de coordinación institucion<strong>al</strong> para garantizar la protección a los Awa, indicó queha solicitado <strong>al</strong> Programa Presidenci<strong>al</strong> de Derechos Humanos coordinar las institucionescon el objeto de formular un programa de protección y promoción de los derechoshumanos de estos indígenas.En lo concerniente a la recomendación Nº 17, dirigida a la Dirección de DerechosHumanos <strong>del</strong> mismo Ministerio, indica que solicitó a la Dirección de Protección <strong>del</strong>Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, asumir lo pertinente de acuerdo con su competencia.En cuanto a la recomendación 27 señ<strong>al</strong>ó que, conjuntamente con Acción Soci<strong>al</strong>, havenido trabajando desde el año 2006 en un proceso de concertación con las autoridadesAwa. Agregó que, adicion<strong>al</strong>mente, tras la expedición de la resolución defensori<strong>al</strong> sellevaron a cabo dos reuniones en el marco <strong>del</strong> Comité de Atención Integr<strong>al</strong> a la PoblaciónDesplazada, en el que se establecieron compromisos institucion<strong>al</strong>es y se re<strong>al</strong>izaronreuniones con el Comité de Población Desplazada <strong>del</strong> Municipio de Ricaurte para revisarel cumplimiento <strong>del</strong> plan concertado con las autoridades Awa. Fin<strong>al</strong>mente, agregó queha solicitado medidas de protección y seguridad <strong>del</strong> pueblo Awa ante la Dirección dederechos Humanos <strong>del</strong> Ministerio de Defensa.18.Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>OFICIO 13200 (08-01-09). Dirección Gener<strong>al</strong> de Promoción.Recomendación defensori<strong>al</strong> Nº 23: “Instar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>a que dé cumplimiento a los Decretos 1811 de 1990 y 330 de 2001, la Ley 691 de 2001y el Convenio 169 de la OIT, disposiciones que obligan a adoptar una política propia yapropiada de s<strong>al</strong>ud y seguridad soci<strong>al</strong> para los pueblos indígenas de Colombia de maneraintegr<strong>al</strong>, teniendo en cuenta la cosmovisión e integridad <strong>del</strong> pueblo Awa”.Esta entidad reseñó en primer lugar las disposiciones constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>es quefundamentan los derechos reconocidos en materia de s<strong>al</strong>ud a los pueblos indígenas, ycon fundamento en ello indicó que el Sistema de Atención en S<strong>al</strong>ud para esta población además, la población indígena cuenta con espacios de participación en los que previamentese concertan con sus autoridades y representantes los asuntos relacionados con s<strong>al</strong>ud,respetando siempre el principio a la diversidad étnica y cultur<strong>al</strong>.
368 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En cuanto <strong>al</strong> ejercicio de la medicina tradicion<strong>al</strong>, así como <strong>al</strong> de los médicos tradicion<strong>al</strong>es,la citada entidad precisó que la normatividad internacion<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong> reconocen y v<strong>al</strong>oranesta práctica. Res<strong>al</strong>tó lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 691 de 2001, así comolo establecido en el Acuerdo 326 de 2005 y la Ley 1164 de 2007, cuyos artículos 7 y 8garantizan el respeto, de las culturas médicas tradicion<strong>al</strong>es propias de los grupos étnicos.que, con la participación de las organizaciones representativas de este grupo étnico, lassecretarías de s<strong>al</strong>ud departament<strong>al</strong> y las municip<strong>al</strong>es re<strong>al</strong>izaron en el 2005 la v<strong>al</strong>idación yajuste de la metodología para obtener la información, así como el proceso de recolecciónde la misma. Agregó que en 2006 y 2007 la información obtenida la sistematizó elMinisterio de la Protección Soci<strong>al</strong>, pero la v<strong>al</strong>idación con la población indígena de todoproblemáticas y de las líneas estratégicas de intervención para solucionarlas. Puntu<strong>al</strong>izóque se someterán a v<strong>al</strong>idación con los pueblos indígenas los resultados de la recolección deinformación diagnóstico y caracterización <strong>del</strong> estado de s<strong>al</strong>ud y las necesidades de atenciónde las comunidades indígenas en condición de desplazamiento en zonas de frontera, asícomo el acceso y c<strong>al</strong>idad de los servicios prestados, llevada a cabo en el año 2007, en la cu<strong>al</strong>se seleccionaron 39 municipios receptores y 45 municipios fronterizos.En síntesis, respecto <strong>del</strong> pueblo Awa, el Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> manifestóque, conjuntamente con el Instituto de S<strong>al</strong>ud de Nariño, brinda asesoría técnica a la IPSUnipa, en el marco de la elaboración de una propuesta de atención en s<strong>al</strong>ud que tenga encuenta la cosmovisión y espiritu<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> pueblo Awa, así como también lo hace en laestructuración de un plan de formación para homologar el título de promotores de s<strong>al</strong>udcomo auxiliares de s<strong>al</strong>ud pública, actividad que se re<strong>al</strong>iza con el apoyo <strong>del</strong> SENA y la OIM.Igu<strong>al</strong>mente, estableció que, en relación con el tema de medicina tradicion<strong>al</strong> en los espaciosde discusión promovidos por el Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> y en el marco de la Mesade S<strong>al</strong>ud Indígena, la organización Unipa ha representado <strong>al</strong> pueblo Awa.Vistas las respuestas institucion<strong>al</strong>es antes referenciadas, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>observa que, pese a que se han emprendido <strong>al</strong>gunas acciones encaminadas a la atenciónde la <strong>del</strong>icada situación de derechos humanos afrontada por el pueblo Awa, se requiere <strong>del</strong>as autoridades competentes consolidar de manera efectiva un plan integr<strong>al</strong> de protecciónque incluya acciones de control permanentes sobre los actores y factores generadoresgrupo étnico. Lo anterior, teniendo en cuenta que los grupos armados ileg<strong>al</strong>es continúanejerciendo acciones en contra de la vida e integridad de los Awa y causan efectos graves nosolo a sus derechos colectivos, fundament<strong>al</strong>es e integr<strong>al</strong>es, sino <strong>al</strong> potenci<strong>al</strong> desarrollo desu proyecto soci<strong>al</strong> y cultur<strong>al</strong>.En consecuencia, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en el marco de la función de seguimiento, yen cumplimiento de función de garante de la promoción y defensa de los derechos humanosde estas comunidades, en la vigencia <strong>del</strong> año 2009 continuará instando <strong>al</strong> cumplimiento <strong>del</strong>as recomendaciones formuladas en la Resolución Defensori<strong>al</strong> Nº 053 de 2008.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3694.1.3. Investigaciones e <strong>Informe</strong>s defensori<strong>al</strong>es en asuntos étnicosTabla 4. Resumen <strong>del</strong> informe defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechoshumanos de los pueblos Nukak y Guayabero<strong>Informe</strong> defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechos humanos y DIH de los pueblos Indígenas Nukak yGuayabero <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> GuaviareActividadT<strong>al</strong>ler participativo de soci<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> informe sobre la “Situación de derechos humanosde los pueblos indígenas Nukak y Guayabero <strong>del</strong> Guaviare”, re<strong>al</strong>izado en San José <strong>del</strong>Guaviare: Junio 23 a 27 de 2008.El informe de la situación de derechos humanos de los pueblos Nukak y Guayaberomuestra el grado de afectación de la c<strong>al</strong>idad de vida cultur<strong>al</strong> de las comunidades de estosdos pueblos por causa <strong>del</strong> conflicto armado interno que afecta ese departamento conconsecuencias graves para los dos grupos étnicos mencionados.La investigación re<strong>al</strong>izada permitió verificar que las comunidades Nukak, desplazadasforzadamente <strong>del</strong> 2002 <strong>al</strong> 2008, continúan asentadas en las fincas Agua Bonita y VillaLeonor, predios municip<strong>al</strong>es de la jurisdicción rur<strong>al</strong> de San José <strong>del</strong> Guaviare, sin que sehaya dado <strong>al</strong>ternativa para la solución <strong>del</strong> grave problema de desarraigo soci<strong>al</strong> y cultur<strong>al</strong>en que se encuentran sus comunidades.Breve presentaciónDel mismo modo, se corroboró la <strong>del</strong>icada situación <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud de lacomunidad Nukak, habida cuenta <strong>del</strong> cambio de patrones cultur<strong>al</strong>es <strong>al</strong>imentarios, conconsecuencias graves en cuadros de desnutrición que colocan en riesgo su vida , dadoel particular sistema inmune que caracteriza a esta cultura. Por lo tanto, su tendencia aadquirir enfermedades es mayor que en otros sectores de población.Igu<strong>al</strong>mente, en cuanto <strong>al</strong> pueblo Guayabero, se corroboró el grave problema dedesarraigo territori<strong>al</strong>, que ha devenido en un agudo hacinamiento poblacion<strong>al</strong> que afectaa las comunidades <strong>del</strong> resguardo El Barrancón de San José <strong>del</strong> Guaviare, así como a losdesplazados por acciones de los grupos armados que han presionado el abandono de susresguardos originarios, ubicados en el interior <strong>del</strong> departamento. En consecuencia, hanoptado por el refugio en el resguardo El Barrancón, lugar en el cu<strong>al</strong> continúan asentadossin encontrar solución estat<strong>al</strong> a su situación de desarraigo territori<strong>al</strong> forzado.Es <strong>del</strong>icada la afectación <strong>del</strong> derecho a la seguridad <strong>al</strong>imentaria, a la s<strong>al</strong>ud y a laeducación de todos los miembros de la población Guayabero, con mayor impacto enlos niños, niñas y adolescentes que arriban forzadamente a San José <strong>del</strong> Guaviare consus familias, pues no han encontrado <strong>al</strong>ternativas de c<strong>al</strong>idad de vida que les permitan eldesarrollo digno de sus derechos. Por esta razón optan, en grado significativo, por pedirlimosna o son utilizados para fines ileg<strong>al</strong>es.San José <strong>del</strong> Guaviare, junio de 2008: reuniones interinstitucion<strong>al</strong>es.Lugar y fecha deactividadObjetivoResguardo El Barrancón: trabajo de campo con autoridades Guayabero.Predios de ubicación transitoria de las comunidades Nukak: Villa Leonor y Agua Bonita.Trabajo de campo con los líderes Nukak.Identificar la situación de derechos humanos y DIH que afecta a los pueblos Nukak yGuayabero con el fin de formular las recomendaciones necesarias ante las entidadesestat<strong>al</strong>es competentes tendientes a garantizar la vigencia de los derechos colectivos,fundament<strong>al</strong>es e integr<strong>al</strong>es de esta población.continúa
370 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><strong>Informe</strong> defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechos humanos y DIH de los pueblos Indígenas Nukak yGuayabero <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> GuaviareResumen de actividadSeguimientoCon base en la actu<strong>al</strong>ización de la información obtenida en el t<strong>al</strong>ler de soci<strong>al</strong>ización dejunio de 2008, aportada directamente por jefes de grupo de las comunidades Nukakdesplazadas desde sus territorios originarios a San José <strong>del</strong> Guaviare y asentadasprovision<strong>al</strong>mente en las fincas Agua Bonita y Villa Leonor, así como por las autoridadesGuayabero de diferentes comunidades refugiadas actu<strong>al</strong>mente en el resguardo ElBarrancón, a partir de la documentación de nuevas situaciones de vulneración <strong>del</strong>os derechos humanos de estos pueblos, se llevó a cabo el ajuste <strong>del</strong> citado informedefensori<strong>al</strong>. Este documento se entregó para revisión y observaciones por parte <strong>del</strong> señorDefensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con miras a su posterior divulgación en audiencia defensori<strong>al</strong>.Esta fase de actividad defensori<strong>al</strong> se re<strong>al</strong>izará una vez sea ofici<strong>al</strong>izado el respectivoinforme.Fuente: Casos reportados en 2008 ante la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámitede Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.Tabla 5. Resumen <strong>del</strong> informe defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechosfundament<strong>al</strong>es de pueblos indígenas <strong>del</strong> Vaupés<strong>Informe</strong> defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechos fundament<strong>al</strong>es, colectivos e integr<strong>al</strong>es y DIH de lospueblos indígenas <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> VaupésActividadBreve presentación <strong>del</strong>informeLugar y fecha de laactividadObjetivoResumen de la actividadSeguimientoSoci<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> documento preliminar de diagnóstico de la situación de derechoshumanos de los pueblos indígenas <strong>del</strong> Vaupés, sustentado en la información obtenidaen el primer t<strong>al</strong>ler re<strong>al</strong>izado en noviembre de 2007 en Mitú y recepción de aportes deactu<strong>al</strong>ización para ajustar el documento fin<strong>al</strong>.El informe defensori<strong>al</strong> <strong>al</strong>udido, que se inició a fin<strong>al</strong>es <strong>del</strong> año 2007, da cuenta <strong>del</strong>a situación de los derechos colectivos <strong>al</strong> territorio, autonomía, gobierno propio,derechos económicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es, así como de las dinámicas <strong>del</strong> conflictoarmado interno en esa región <strong>del</strong> país y sus efectos en la vida, integridad y culturade estos pueblos.Mitú, <strong>del</strong> 3 <strong>al</strong> 5 de junio de 2008.Identificar la situación de derechos humanos y DIH que afecta a los pueblosindígenas de Vaupés, con el fin de formular las recomendaciones necesarias ante lasentidades estat<strong>al</strong>es competentes tendientes a garantizar la vigencia de los derechosfundament<strong>al</strong>es colectivos e integr<strong>al</strong>es de esta población.A partir de las fuentes primarias aportadas por las comunidades indígenas en el procesode soci<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> diagnóstico, se evidenció la persistente situación de amenazas yvulneración <strong>al</strong> ejercicio de los derechos fundament<strong>al</strong>es de las comunidades indígenasde los territorios <strong>del</strong> municipio de Carurú, dada la continuidad de acciones armadasatribuidas a grupos <strong>al</strong> margen de la ley.La fase de seguimiento a este informe se re<strong>al</strong>izará con posterioridad a su presentaciónofici<strong>al</strong> ante las autoridades concernidas.Fuente: Casos reportados en 2008 ante la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámitede Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3714.2. Atención Especi<strong>al</strong>izada de Derechos Fundament<strong>al</strong>es,Colectivos e Integr<strong>al</strong>es de los Grupos Étnicos4.2.1. Protección de los derechos fundament<strong>al</strong>es de las niñas y mujeresEmberá ChamíLa Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas durante el año 2008 promovió laprotección efectiva de los derechos humanos fundament<strong>al</strong>es colectivos e integr<strong>al</strong>es de losgrupos étnicos con miras a garantizar el acceso, ejercicio y respeto de los mismos. Entre lassituaciones atendidas con pueblos indígenas y adicion<strong>al</strong>mente con perspectiva de génerose encuentra el fort<strong>al</strong>ecimiento de los derechos humanos de las mujeres Emberá Chamí <strong>del</strong>os resguardos de Mistrató y <strong>Pueblo</strong> Rico, ubicados en los municipios <strong>del</strong> mismo nombre<strong>del</strong> departamento de Risar<strong>al</strong>da.El objeto de la atención especi<strong>al</strong>izada se foc<strong>al</strong>izó en el acompañamiento <strong>del</strong> procesoque a<strong>del</strong>antan las comunidades Emberá Chamí y sus autoridades para replantear la prácticacultur<strong>al</strong> consistente en la ablación (mutilación genit<strong>al</strong> femenina).En el marco <strong>del</strong> proceso encaminado a la transformación de dicha práctica se creó la“Mesa Centr<strong>al</strong> Interinstitucion<strong>al</strong> para el Fort<strong>al</strong>ecimiento de los Derechos Humanos deMujeres Embera Chamí, en los Municipios de Mistrató y <strong>Pueblo</strong> Rico, Risar<strong>al</strong>da”, instanciade concertación en la cu<strong>al</strong> participan: el pueblo Embera Chami de Risar<strong>al</strong>da, a través de suorganización CRIR; el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA); el ProgramaIntegr<strong>al</strong> Contra las Violencias de Género, de Naciones Unidas; el Instituto Colombiano<strong>Pueblo</strong>, a través de la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas.Indígena de Risar<strong>al</strong>da (CRIR) para avanzar conjuntamente en el proceso de transformaciónde la práctica. Para el efecto, se re<strong>al</strong>izó un trabajo conjunto de diseño y concertación deacompañamiento de la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas.El resultado de esta actividad se concretó en el proyecto denominado “Fort<strong>al</strong>ecimientode los Derechos Humanos de Mujeres Embera Chamí en los Municipios de Mistrató y<strong>Pueblo</strong> Rico, Risar<strong>al</strong>da” y se inició la ejecución de la primera fase a través de un equipoinvestigador multidisciplinario e intercultur<strong>al</strong> conformado por cuatro personas: elcoordinador <strong>del</strong> proyecto y tres investigadores. Así mismo, se integró un equipo de coinvestigadorescon seis miembros de la comunidad indígena, cinco mujeres y un hombre,tres para Mistrató y tres para <strong>Pueblo</strong> Rico.La actividad de campo se re<strong>al</strong>izó en 45 días de prácticas comunitarias, y en ella sereconoció la participación activa y la labor re<strong>al</strong>izada por los cabildos y los coinvestigadoresque se desplazaron para garantizar la convocatoria de los encuentros, la re<strong>al</strong>ización de lost<strong>al</strong>leres y la asamblea, e igu<strong>al</strong>mente por la contribución en la traducción simultánea <strong>del</strong>idioma Embera y <strong>del</strong> español.
372 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Con el propósito de re<strong>al</strong>izar un b<strong>al</strong>ance de los resultados <strong>del</strong> proyecto en el año 2008para establecer posibles líneas de trabajo en la vigencia 2009, así como en la perspectiva dea<strong>del</strong>antar un acercamiento con las instituciones <strong>del</strong> departamento y con las organizacionesde mujeres, en Pereira, los días 15 y 16 de diciembre de 2008 se re<strong>al</strong>izaron cuatro reunionesde la Mesa Centr<strong>al</strong> Interinstitucion<strong>al</strong>: 1) con los integrantes <strong>del</strong> Consejo Region<strong>al</strong> Indígenade Risar<strong>al</strong>da (CRIR); 2) con el equipo de profesion<strong>al</strong>es y los gobernadores indígenas de loscabildos de <strong>Pueblo</strong> Rico y Mistrató, 3) con las autoridades departament<strong>al</strong>es y representantede la Asamblea Departament<strong>al</strong> de Risar<strong>al</strong>da, y 4) con representantes de organizaciones demujeres para la defensa de los derechos de las mujeres y niñas Embera Chamí de <strong>Pueblo</strong>Rico y Mistrató.De las reuniones re<strong>al</strong>izadas se concluyó la importancia de continuar con el proyecto enel año 2009 con el propósito de fort<strong>al</strong>ecer los derechos de las mujeres Embera Chamí de losmunicipios de Mistrató y <strong>Pueblo</strong> Rico, Risar<strong>al</strong>da, e igu<strong>al</strong>mente articular acciones relacionadascon el diseño, formulación y puesta en marcha de una política pública diferenci<strong>al</strong> con losgobiernos departament<strong>al</strong> y municip<strong>al</strong>es, que contribuya <strong>al</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento de los derechosy el acceso integr<strong>al</strong> a los mismos, para garantizar de manera efectiva el desarrollo soci<strong>al</strong> encondiciones de dignidad de sus titulares.4.2.2. Situación de derechos humanos de grupos étnicos <strong>del</strong> ChocóComo se mencionó en la sección de análisis de este informe, dentro de los gruposétnicos más afectado por situaciones de vulneración de los derechos humanos einfracciones <strong>al</strong> DIH, están los <strong>del</strong> Chocó. Ante la Delegada para Indígenas y MinoríaÉtnicas se reportaron los casos que se referencian a continuación:reportó la <strong>del</strong>icada situación de derechos humanos de varias comunidades de los resguardosy Chano, ubicados en territorios de estas comunidades, y también por las operacionesmilitares a<strong>del</strong>antadas en la zona. Estos hechos llevaron a las comunidades a desplazarseChano 110 familias (205 personas); Nuevo Olivo 32 familias (165 personas); Santa Lucíade Pogue 40 familias (220 personas); S<strong>al</strong>inas 42 familias (249 personas); Charco G<strong>al</strong>lo 53familias (272) personas y Nambua 12 familias (71 personas). Para la Defensoría Region<strong>al</strong>,la situación reportada podría agudizarse dada la cercanía de estas comunidades con ellas responsabilidades de los agentes que causaron los hechos. La Procuraduría Delegadapara Asuntos Indígenas informó a la Defensoría que las actuaciones investigativas seríanasumidas por la Procuraduría Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> Chocó.A comienzos <strong>del</strong> mes de marzo de 2008, como consecuencia de enfrentamientos en ileg<strong>al</strong>es denominados los “Rastrojos y Aguilas Negras”, en zona de las comunidades LaCarmelita y Diana Marcela, jurisdicción de ese municipio, se produjo el desplazamientomasivo de 600 personas hacia la cabecera municip<strong>al</strong>. La gestión defensori<strong>al</strong> promovió, con
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>373carácter urgente, la intervención de las entidades estat<strong>al</strong>es responsables de las accioneshumanitarias de atención a la población afectada por los hechos ocurridos.En julio de 2008 la ONIC informó a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> acerca <strong>del</strong> atentadocon arma de fuego cometido contra un dirigente y un gobernador indígena, en hechosocurridos en Quibdó el 26 de junio de 2008, en la comunidad de Guadu<strong>al</strong>ito, resguardoAsí mismo, el 22 de mayo de 2008 se produjo la muerte de un indígena <strong>del</strong> cabildoel sur <strong>del</strong> Chocó y el Norte <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> requirió lainvestigación <strong>del</strong> caso, el cu<strong>al</strong> fue asignado a la Fisc<strong>al</strong>ía 38 especi<strong>al</strong>izada de la Unidad deDerechos Humanos y DIH de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación.La Defensoría Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> Chocó reportó la afectación de un indígena de lacomunidad de Pichicora, Río Cuida, zona con presencia de la Farc, en hechos ocurridosen la comunidad de Uerregue <strong>del</strong> río Chicue, en el Cabildo Drua Wandra, municipio deIgu<strong>al</strong>mente, se <strong>al</strong>legó la queja por violación de los derechos humanos de la comunidadWounaan <strong>del</strong> resguardo el Papagayo, debido a las amenazas de un grupo armadopor otros miembros <strong>del</strong> cabildo. Los sujetos ileg<strong>al</strong>es intimidaron a la comunidad, hurtaronlos motores de sus lanchas y la gasolina disponible para su transporte. La DefensoríaDelegada para Indígenas requirió a las autoridades competentes asumir las investigacionesy la protección de la comunidad afectada.Respecto de la situación de los pueblos indígenas y comunidades afrocolombianas <strong>del</strong>Chocó ante la afectación de sus derechos humanos fundament<strong>al</strong>es colectivos e integr<strong>al</strong>esen la vigencia <strong>del</strong> 2008, es pertinente res<strong>al</strong>tar la posición institucion<strong>al</strong> expresada en lospreocupación institucion<strong>al</strong> por la persistencia de los hechos violentos que afectan la vidadigna de estas poblaciones.A través <strong>del</strong> comunicado Nº. 1288 <strong>del</strong> 14 de enero de 2008 se condenan los hechosreportados por el personero de Istmina sobre el asesinato de dos personas, la desapariciónde otras ocho (dentro de esta cifra, dos niños) y el desplazamiento forzado de 120ciudadanos en el municipio de Istmina (Chocó). La autoría de estos se atribuyó a ungrupo armado paramilitar en el corregimiento de Suruco, Santa Mónica-Istmina. En estaoportunidad, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> demandó ante los actores armados el acatamiento <strong>al</strong>principio de respeto a la vida de la población civil y el de distinción previsto en las reglas<strong>del</strong> DIH.Igu<strong>al</strong>mente, en el comunicado Nº 1327 <strong>del</strong> 27 de julio de 2008 se condenó el asesinatoy <strong>Pueblo</strong> Rico, <strong>del</strong> departamento de C<strong>al</strong>das, en hechos perpetrados por actor armado2008 se condenó la muerte <strong>del</strong> comunero y líder indígena <strong>del</strong> resguardo Muchinque LosTigres, <strong>del</strong> pueblo Nasa (previa amenaza vía internet contra la víctima y los miembros <strong>del</strong>
374 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Consejo Region<strong>al</strong> Indígena <strong>del</strong> Cauca CRIC) en hechos perpetrados por actores armadosEn el comunicado Nº 1342 <strong>del</strong> 12 de septiembre de 2008 se denunció la preocupantesituación de derechos humanos <strong>del</strong> pueblo Emberá Katío, comunidad de Conondo,situación que les afectó con posteridad a su retornó a sus territorios. Se manifestóigu<strong>al</strong>mente la preocupación por el incumplimiento de compromisos suscritos por elGobierno nacion<strong>al</strong> en un plan integr<strong>al</strong> en materia de s<strong>al</strong>ud, hábitat y educación para estacomunidad, habida cuenta de la <strong>del</strong>icada situación de sus derechos económicos, soci<strong>al</strong>es ycultur<strong>al</strong>es expresada en la muerte de niños y jóvenes por desnutrición y afecciones de s<strong>al</strong>udpersonas enfermas hasta los centros de atención. pueblo y la no prestación de servicios estat<strong>al</strong>es, amenazan su vida, integridad y derechosfundament<strong>al</strong>es colectivos e integr<strong>al</strong>es. En consecuencia, exhortó a las instituciones <strong>del</strong>Estado y <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> a cumplir con los acuerdos pactados. Recomendó ordenarde su competencia y los compromisos adquiridos.El comunicado Nº 1343 <strong>del</strong> 12 de septiembre de 2008 denunció la grave situaciónde múltiples comunidades indígenas y afrocolombianas <strong>del</strong> Chocó por causa de undesplazamiento forzado de carácter masivo. La comunicación reportada por la DefensoríaRegion<strong>al</strong> det<strong>al</strong>ló como comunidades afectadas las siguientes:1. Arquía.2. Municipio de Murindó: comunidades de Mejor Esperanza y Guam<strong>al</strong>.3. Municipio de Urrao: comunidad de Puntas de Ocaidó.4. Comunidades que habitan en municipios fronterizos entre Antioquia y Chocó.5. Opogadó: Pogue, La Loma, Piedra Can<strong>del</strong>a y comunidades <strong>del</strong> río Cuía.6. Municipio de Chigorodó: comunidades de: Cugucho, Chachajo, Santa Rita, Pureza,7. Chiviguidó, Felicia, Maomía, Tasi, Gengadó, Puerto Indio y Peñita.Destaca el comunicado que la presencia de actores armados impidieron su movilización,el libre tránsito de <strong>al</strong>imentos, medicamentos y otros medios esenci<strong>al</strong>es para su vidacolectiva. De acuerdo con la información de la Defensoría Region<strong>al</strong>, por estos hechos
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>375se vieron afectadas aproximadamente 6.500 personas de los grupos étnicos indígenas yafrocolombianos que conforman estas comunidades.Ante la gravedad de este desplazamiento masivo y los efectos causados a las personasque lo padecieron, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> exhortó de manera urgente a las entidades<strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> de Atención de la Población Desplazada para garantizar de maneraoportuna un plan de atención integr<strong>al</strong> a las víctimas; así mismo, adoptar medidas deprevención de nuevos desplazamientos. También expresó su condena, manifestando quet<strong>al</strong>es conductas violan la inmunidad inherente de la población civil protegida, y quebrantanlos principios fundament<strong>al</strong>es de las reglas <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.4.2.3. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas <strong>del</strong>CaucaEn el departamento de Cauca, la situación de derechos humanos y DIH de los gruposétnicos durante el año 2008 se caracterizó por la ocurrencia de varios eventos en los quesu resultado se expresó en hechos de vulneración de derechos humanos e infracciones <strong>al</strong>DIH que afectaron la vida e integridad de personas de estos pueblos.Ante la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas fueron reportadas quejas poramenazas, desplazamiento forzado, desaparición forzada, homicidio, lesiones person<strong>al</strong>es,hostigamiento, señ<strong>al</strong>amiento y afectación de viviendas contra pueblos indígenas asentadosen varios resguardos de los municipios de Toribío, Timba, Tacueyó, Huellas, Tierradentro,C<strong>al</strong>oto, C<strong>al</strong>doso, Santander de Quilichao, Piendamó, Cajibío, Jamb<strong>al</strong>ó y Tororó. Los hechosdescritos indican la comisión de acciones por parte de actores armados <strong>al</strong> margen de laTabla seis relaciona las situaciones <strong>al</strong>legadas a la citada dependencia.Tabla 6. Quejas reportadas por vulneración de derechos humanos de lospueblos indígenas <strong>del</strong> CaucaVulneración Fecha Afectados CausaAmenazas 1 01/01/08 Integrantes <strong>del</strong> CRIC.Desaparición 1 19/01/081 01/01/08Una (1) persona perteneciente <strong>al</strong>resguardo de Tacueyó.Tres (3) indígenas <strong>del</strong> municipiode Timba.Acción atribuida <strong>al</strong> grupo emergente“campesinos embejucados”.Actores no identificados.Acción atribuida a miembros <strong>del</strong>Ejército Nacion<strong>al</strong>.Homicidio2 20/02/08Líder <strong>del</strong> resguardo indígenaTierradentro.Acción atribuida a enfrentamientos <strong>del</strong>Bat<strong>al</strong>lón contraguerrilla 37 y las FARC.Lesionesperson<strong>al</strong>es3 24/08/08 Líder <strong>del</strong> pueblo Nasa.12Comunidades <strong>del</strong> resguardoTierradentro.Comunidades de C<strong>al</strong>oto: trece (13)personas.Hechos atribuidos a actores armadosno identificados.Enfrentamiento <strong>del</strong> Bat<strong>al</strong>lóncontraguerrilla con las FARC.Acciones de la fuerza pública (ESMAD).
376 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Vulneración Fecha Afectados CausaHostigamiento 102/02/08Comunidades de Huellas Pajarito.Acciones atribuidas a miembros de laFARC.Hostigamientoy lesionesperson<strong>al</strong>esMilitarización<strong>del</strong> resguardoDesplazamiento 11 20/01/081 28/01/08Dos (2) mujeres de comunidadTacueyó, vereda CulebreroComunidades <strong>del</strong> resguardo deMosco.Comunidades <strong>del</strong> Cabildo deTacueyó.2 Comunidades de Huellas y Toribío.3Comunidades de Alto San Miguel,veredas Huila y Llano Blanco.Atribuidas a miembros de las FARC.Acción atribuida a miembros <strong>del</strong>Ejército Nacion<strong>al</strong>.Operaciones de erradicación decultivos de uso ilícito.Enfrentamientos de la fuerza públicacon las FARC.Enfrentamiento <strong>del</strong> Bat<strong>al</strong>lóncontraguerrilla con las FARC.Fuente: Casos reportados en 2008 ante la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámitede Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.4.2.4. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas Nukaky Guayabero <strong>del</strong> GuaviareEl departamento <strong>del</strong> Guaviare es una de las regiones caracterizadas por una fuerte y paramilitares), así como por contingentes de la fuerza pública, en desarrollo <strong>del</strong>ibra en este escenario ha incidido en la afectación de los derechos de los grupos étnicosque tradicion<strong>al</strong>mente han habitado en este territorio, t<strong>al</strong>es como los pueblos Nukak yGuayabero, víctimas en los últimos años de continuas acciones de los actores <strong>al</strong> margen <strong>del</strong>a ley, con efectos graves en sus derechos humanos, fundament<strong>al</strong>es, colectivos e integr<strong>al</strong>es.Las acciones de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es en la población indígena mantienen enconstante presión y amenaza a estas comunidades. Algunos grupos o “bandas” <strong>del</strong> puebloarchivo institucion<strong>al</strong>, esta situación se ha re<strong>al</strong>izado en Caño Seco, Caño Makú, Cueva Locay Caño Araguato. Habida cuenta de las características nómadas de esta etnia, el efecto ensus patrones cultur<strong>al</strong>es se ha restringido en la medida en que prácticas como la caza, pesca cambio que afecta su supervivencia.Los factores de la violencia ejercida por los grupos armados en este departamentotambién han causado vulneración a los derechos <strong>del</strong> pueblo Guayabero. Durante losúltimos años, varios de sus líderes han sido amenazados y asesinados por no aceptar laimposición de la siembra de coca y el reclutamiento forzado de menores. Las comunidades(<strong>del</strong> pueblo Tukano).
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>377En la vigencia <strong>del</strong> 2008, debido a combates entre los grupos insurgentes y tropas <strong>del</strong>a fuerza pública, se incrementó el riesgo de estas poblaciones, en particular por hechosrelacionados con amenazas contra la vida e integridad y nuevos desplazamientos forzados.4.2.5. Situación de derechos humanos de los pueblos indígenas <strong>del</strong>VaupésDurante el año 2008, la Defensoría Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> Vaupés recibió información de las presencia de las FARC en territorios indígenas de ese departamento. Hecho que afectóel ejercicio <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> territorio de los grupos étnicos, puesto que las restriccionesa la movilidad les impidieron el desarrollo de prácticas que aseguran su sostenibilidad<strong>al</strong>imentaria.De otra parte, las acciones de los actores armados en este departamento han incididoen la deserción educativa de niños, niñas y jóvenes indígenas, debido <strong>al</strong> reclutamientoforzado que practica la guerrilla, situación que origina el desplazamiento de familias haciaVaupés reportó un incremento en hechos de reclutamiento forzado por parte de actoresarmados ileg<strong>al</strong>es (FARC) que afectaron a varias comunidades. Las quejas <strong>al</strong>legadas a laDelegada para Indígenas y Minorías Étnicas reportaron cuatro casos ocurridos entremayo y septiembre de 2008, especi<strong>al</strong>mente de jóvenes <strong>del</strong> internado de San Javier y las comunidades indígenas de Vaupés debido <strong>al</strong> desconocimiento y violación de las normasque garantizan sus derechos y a la infracción a las reglas <strong>del</strong> DIH por parte de los múltiplesactores que han entrado a sus territorios y han irrespetado su v<strong>al</strong>or espiritu<strong>al</strong>, necesario parael desarrollo digno de sus culturas, así como a las limitaciones de sus prácticas cultur<strong>al</strong>esancestr<strong>al</strong>es que representan un atentado contra la proyección de su cosmovisión frente <strong>al</strong>os sitios sagrados.4.2.6. Niños y niñas indígenas en condición extrema de vulnerabilidaden los departamentos de Arauca y Chocó (comunidades EmberáDocabú y Bagadó)La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> atendió en el año 2008 una situación especi<strong>al</strong>mente<strong>del</strong>icada por razón <strong>del</strong> grado de vulnerabilidad de los sujetos afectados, la de niñosy niñas de diferentes comunidades indígenas <strong>del</strong> país que atraviesan situaciones devulneración de sus derechos. De acuerdo con la información <strong>al</strong>legada por las defensoríasregion<strong>al</strong>es y por otras instituciones, las causas radican en diferentes circunstancias,como: problemática por territorios, inseguridad <strong>al</strong>imentaria debido a la improductividadde las tierras de los resguardos, carencia de programas de inversión soci<strong>al</strong> por parte <strong>del</strong>y de carácter familiar y debilidad de los procesos organizativos y cultur<strong>al</strong>es propios,entre los más relevantes.
378 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>El caso de los niños y niñas de Arauca pertenecientes <strong>al</strong> grupo étnico Hiwi-Cuibasde las comunidades de Matacan<strong>del</strong>a y Corocito que habitan a orillas <strong>del</strong> río Arauca, sereportó en su informe la existencia de adicción de infantes a la inh<strong>al</strong>ación de boxer, asícomo <strong>al</strong>gunos casos de prostitución infantil (tres casos registrados y 10 casos potenci<strong>al</strong>es).carencias de orden soci<strong>al</strong>, cultur<strong>al</strong>, económico y familiar. “(…) m<strong>al</strong>trato y abandono <strong>del</strong>a niñez por <strong>al</strong>coholismo, desarticulación familiar, pérdida de v<strong>al</strong>ores y f<strong>al</strong>ta de respetoa la autoridad”, (…) “Estas comunidades presentan múltiples problemas (…) de s<strong>al</strong>udcomo tuberculosis, poliparasitismo, <strong>al</strong>tas tasas de morbimort<strong>al</strong>idad infantil, ausentismoescolar, bajos niveles de promoción en educación básica y superior, <strong>al</strong>coholismo y, desde2003, consumo de PSA entre niños de primera, segunda y tercera infancia, precariedady entendimiento de la problemática indígena <strong>del</strong> municipio de Arauca, 20 de abril de2008, página 1).La situación de los jóvenes e infantes de Arauca ha sido motivo de análisis por partede las autoridades nacion<strong>al</strong>es, departament<strong>al</strong>es y loc<strong>al</strong>es, cuyos representantes se hanel tratamiento de la problemática, dinámica que ha estado acompañada por autoridades yorganizaciones indígenas de la región. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, tanto desde la Delegadapara Indígenas como desde la Region<strong>al</strong> de Arauca, acompañó el proceso <strong>del</strong> grupo depara prevenir situaciones de mayor riesgo de los niños, niñas y adolescentes afectados pordicho problema.La gestión defensori<strong>al</strong> de atención especi<strong>al</strong>izada condujo a la formulación derequerimientos urgentes a las autoridades competentes para iniciar acciones que conduzcana lograr la recuperación de los menores así como la puesta en marcha de acciones integr<strong>al</strong>espara atender las comunidades y familias indígenas en riesgo, dada la precariedad de suscondiciones de vida soci<strong>al</strong>, cultur<strong>al</strong>, económica, de s<strong>al</strong>ud, de educación y desarrollo humanoen gener<strong>al</strong>. Como resultado de las acciones re<strong>al</strong>izadas, se logró que seis niños y niñasNº 14360/069134 <strong>del</strong> 30 de octubre de 2008. Subdirección de Intervenciones Directas,re<strong>al</strong>izado por la Region<strong>al</strong> de Arauca. han llegado sucesivamente familias indígenas con varios menores que han ingresado a lamendicidad como forma de subsistencia.Para atender esta <strong>del</strong>icada situación de manera coordinada, varias dependencias de lasituación de manera directa. En consecuencia, se re<strong>al</strong>izaron visitas de campo a los sectoresde la capit<strong>al</strong> que reportaron la presencia de familias indígenas en condición de mendicidadhacinamiento y extrema pobreza en los lugares de hospedaje a los cu<strong>al</strong>es acudieron estascomunidades.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>379 Coordinadora de Atención a la Población Desplazada y la Delegada para Niñez, Juventudy Mujer, en el mes de agosto de 2008 se procedió a re<strong>al</strong>izar una convocatoria a lasinstituciones concernidas, tanto <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> como distrit<strong>al</strong>.Posteriormente, en el mes de septiembre, se envió a las entidades distrit<strong>al</strong>es y nacion<strong>al</strong>esun nuevo requerimiento de acción urgente para atender las familias Emberá Chamí ubicadasprevención inmediata para no someter a mayor riego a los niños y niñas expuestos a l<strong>al</strong>amentable condición de mendicidad. Se recomendó que, en el caso de ser necesario, lasinstituciones responsables de la protección de los menores deberían asumir de maneratempor<strong>al</strong> (mientras las entidades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong> avanzaban en la formulaciónde acciones integr<strong>al</strong>es) la s<strong>al</strong>vaguarda de los menores afectados. Así mismo, se requirió <strong>al</strong>a Secretaría de Gobierno Distrit<strong>al</strong> disponer de un <strong>al</strong>bergue transitorio para las familias encondición de mendicidad, hasta tanto adoptara la decisión concertada <strong>del</strong> retorno de estasa sus comunidades de origen.El seguimiento de la fase posterior de esta gestión la viene re<strong>al</strong>izando la Defensoría4.2.7. Situación de derechos humanos de indígenas privados de l<strong>al</strong>ibertad: Centro de Rehabilitación de Puerto Inírida, GuainíaEn la vigencia <strong>del</strong> 2008, la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas atendió tantola solicitud de la Defensoría Region<strong>al</strong> de Guainía como las convocatorias formuladaspor la Dirección Gener<strong>al</strong> de Asuntos Indígenas <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia,para observar la situación denunciada por la población indígena recluida en el Centro deRehabilitación Soci<strong>al</strong> de Inírida. La entidad participó de manera activa en el grupo de trabajointerinstitucion<strong>al</strong> que estudió la problemática denunciada mediante comunicaciones, quejasy solicitudes <strong>al</strong>legadas por los reclusos y Asocrigua, en las que se informaba una <strong>del</strong>icadasituación de derechos humanos por diferentes circunstancias. En las mismas, se solicitabaa las entidades estat<strong>al</strong>es la adopción de medidas tendientes a solucionar los diferentesproblemas que afectaban la c<strong>al</strong>idad de vida digna de estas personas.En el marco de esta actividad, se programó una comisión interinstitucion<strong>al</strong> de2008. En ella participaron entidades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong>: Ministerio <strong>del</strong> Interior y deJusticia, Dirección de Asuntos Indígenas, Minorías y Rom, Dirección Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC(Instancia con competencia en Guainía), Consejo Superior de la Judicatura, Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> (Delegada de Indígenas y Region<strong>al</strong> Guainía) y Organización Nacion<strong>al</strong> Indígenade Colombia (ONIC). Por el departamento y el municipio acompañaron la misión laProcuraduría Region<strong>al</strong>, la Alc<strong>al</strong>día y la Personería Municip<strong>al</strong> de Puerto Inírida.En esta actividad, con el concurso de las instituciones que participaron, se logró aplicarindígena privada de libertad, con el objeto de indagar la situación de derechos humanos.
380 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>región amazónica, habida cuenta de que el Centro de Rehabilitación de Inírida no admiteel <strong>al</strong>bergue de personas condenadas.Las conclusiones de los miembros de la comisión indicaron que en lo relativo a lascarcelario se hacía indispensable emprender acciones urgentes de adecuación paragarantizar por lo menos los mínimos de dignidad.En consecuencia, se recomendó <strong>al</strong> Secretario de Gobierno de Guainía aunaresfuerzos con la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día municip<strong>al</strong> de Inírida para buscar soluciones <strong>al</strong>ternativas quepermitan encontrar un mejor espacio para reubicar a los indígenas privados de la libertad;advirtiendo que en Inírida no sería recomendable construir una penitenciaría dado quepodría afectar la cultura de los pueblos de la región, por los riesgos de mezclar miembros4.2.8. Seguimiento de los acuerdos entre comunidades indígenasy autoridades estat<strong>al</strong>esEn lo concerniente a la actividad de seguimiento de acuerdos suscritos entrerepresentantes leg<strong>al</strong>es de los pueblos indígenas y diferentes actores estat<strong>al</strong>es, durante elaño 2008 continuó la fase de asesoría y acompañamiento a los procesos de interlocuciónen los espacios creados de común acuerdo por las partes en mesas de trabajo con temáticasdiferenciadas: derechos humanos, territorio, autonomía consulta previa y gobierno propio,derechos económicos soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es; desarrollo y planes de vida (s<strong>al</strong>ud, seguridad<strong>al</strong>imentaria, medio ambiente, saneamiento básico, vivienda, educación y cultura).En el marco de estos espacios, así como en el de las Mesas Nacion<strong>al</strong>es de Concertación,en la vigencia <strong>del</strong> año 2008 se acompañó a las comunidades <strong>del</strong> Cauca en sus gestiones deinterlocución con el Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia para hacer efectivo el compromisode restablecer los derechos territori<strong>al</strong>es de las comunidades <strong>del</strong> norte de ese departamento,gravemente afectadas por la masacre <strong>del</strong> Nilo. En esta vigencia, las acciones se foc<strong>al</strong>izaronen el requerimiento de hacer efectiva la inversión de recursos por un monto de 17 millones las autoridades indígenas. Posteriormente, el diálogo se suspendió debido a la situaciónestat<strong>al</strong>es en consideración a la natur<strong>al</strong>eza privada <strong>del</strong> mismo.Dicha objeción derivó en situaciones soci<strong>al</strong>es de mayor complejidad que culminaroncon la movilización de los pueblos indígenas <strong>del</strong> Cauca en la denominada Minga deResistencia, a través de la cu<strong>al</strong> persistieron en exigir el cumplimiento de los acuerdos <strong>del</strong>Nilo. Durante esta actividad de las organizaciones indígenas, la Defensoría re<strong>al</strong>izó gestionesEn la siguiente tabla se describe el conjunto de acciones re<strong>al</strong>izadas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>381Tabla 7. Minga de los pueblos indígenas <strong>del</strong> CaucaActividadBreve presentaciónLugar y fecha deactividadObjetivoResumen de laactividadPrimer momentoAcompañamiento a la “Minga de los <strong>Pueblo</strong>s Indígenas de Cauca”Acompañamiento y mediación para lograr acuerdos entre las comunidades indígenas ylas entidades gubernament<strong>al</strong>es.Con fundamento en la conmemoración de 516 años de resistencia, las organizacionesindígenas colombianas iniciaron el proceso de la Minga de los <strong>Pueblo</strong>s el 12 de Octubrede 2008, convocando a las comunidades indígenas de diferentes lugares <strong>del</strong> país are<strong>al</strong>izar encuentros y movilizaciones pacíficas, con miras a promover el incumplimiento deacuerdos pactados con el Gobierno nacion<strong>al</strong> que no se han materi<strong>al</strong>izado.La acción defensori<strong>al</strong> se re<strong>al</strong>izó en los departamentos de Cauca y V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca y en laciudad de Bogotá.Entre el 12 de octubre y el 24 de noviembre de 2008.Acompañar y promover a los marchistas en defensa de sus derechos en el marco de lamovilización pacífica y en cumplimiento de la misión defensori<strong>al</strong> de acompañamiento ydefensa a los derechos de los mismos.Primer momento. Atención de solicitudes de las comunidades que participaron en la“Minga de Resistencia Nacion<strong>al</strong> por la Dignidad y los Derechos de los <strong>Pueblo</strong>s Indígenas”por parte de las Defensorías Region<strong>al</strong>es, oficinas que emitieron en la primera etapa de laminga informes sobre diferentes situaciones:Reportes por región.En inmediaciones <strong>del</strong> resguardo La María, varias comunidades (aproximadamente 6.000personas) se tomaron la carretera Panamericana en la vía de la Can<strong>del</strong>aria, para reclamarpor el incumplimiento de los acuerdos por parte <strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong>, hecho queconllevó la presencia <strong>del</strong> ejército y de la policía (ESMAD) en el lugar.Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> CaucaLas autoridades de policía des<strong>al</strong>ojaron a los manifestantes de la zona de La María enel municipio de Piendamó, lugar en el que se llevó a cabo una comisión humanitariade verificación organizada por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, con el objeto de establecer lascondiciones en las que se encontraban mujeres, niños y ancianos.En la zona de La María-Piendamó se reportaron hechos en los que f<strong>al</strong>leció un indígenay se causaron heridas a 40 personas más. (El f<strong>al</strong>lecido no fue identificado por lasautoridades indígenas y la Policía Judici<strong>al</strong>). Así mismo, se reportó la desaparición de variosindígenas y lesiones a 10 miembros de la fuerza pública.Se informó sobre la toma de la sede de la institución en Quibdó por parte de 300indígenas provenientes de varios municipios <strong>del</strong> Chocó, entre ellos: Carmen de Atrato,Bojayá, Medio Atrato, Catrú-Alto Baudó, Lloró, Alto Andágueda, Bagadó y Quibdó. Seindicó que en el grupo se encontraban 50 mujeres lactantes y 89 menores de edad.Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> ChocóLas comunidades indígenas pertenecientes a los cabildos Embera, Wounaan, Katíos,Chamie y Tule (Orewa) denunciaron la invasión de sus territorios por grupos armadosileg<strong>al</strong>es y exigieron de las autoridades re<strong>al</strong>izar la investigación de los crímenes cometidoscontra miembros de su comunidad en El Alto Andágueda.Para ev<strong>al</strong>uar los problemas de las comunidades indígenas se conformaron mesas de trabajocon la mediación de Naciones Unidas, la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación, una EPS, la<strong>al</strong>c<strong>al</strong>día de Quibdó, la diócesis de Quibdó, el ICBF, la OPS-OMS y la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.
382 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Acompañamiento a la “Minga de los <strong>Pueblo</strong>s Indígenas de Cauca”En el departamento <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le hubo perturbación <strong>del</strong> orden público a raíz de la toma de lacarretera, hecho en el que un grupo de indígenas retuvo a un agente de la policía.Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le<strong>del</strong> CaucaSe re<strong>al</strong>izó gestión de asesoría y mediación para buscar la solución <strong>del</strong> caso <strong>del</strong> agente <strong>del</strong>a policía perteneciente <strong>al</strong> ESMAD.La Region<strong>al</strong> estuvo presente en el municipio de Can<strong>del</strong>aria con el fin de re<strong>al</strong>izar gestiónde mediación entre los promotores de la protesta y la fuerza pública, promoviendo eldiálogo para evitar hechos violentos que atentaran contra la tranquilidad y la seguridadde todas las personas.Hubo enfrentamiento entre el ESMAD y los miembros de la comunidad Embera Chamí de<strong>Pueblo</strong> Rico, Risar<strong>al</strong>da, por ocupación de la vía, con ocasión de la jornada de protesta quedejó un s<strong>al</strong>do de 14 indígenas y un patrullero de la policía heridos.Acompañó como entidad mediadora la mesa de concertación en el municipio de Riosucio,en la que participaron el cabildo <strong>del</strong> resguardo de Cañamomo y funcionarios <strong>del</strong> Gobiernodepartament<strong>al</strong> y municip<strong>al</strong>.Region<strong>al</strong> deRisar<strong>al</strong>daRegion<strong>al</strong> de C<strong>al</strong>dasRegion<strong>al</strong> <strong>del</strong> HuilaSe presentó un “pliego de peticiones soci<strong>al</strong>es, cultur<strong>al</strong>es, territori<strong>al</strong>es y de s<strong>al</strong>ud de lascomunidades indígenas que representan a 25 mil personas pertenecientes <strong>al</strong> puebloEmbera”.Actuó como garante entre los gobernadores indígenas <strong>del</strong> pueblo Embera-Chamí y Catíola Secretaría de Gobierno de Risar<strong>al</strong>da y el Municipio de <strong>Pueblo</strong> Rico con el propósito deconsiderar la agenda.Acompañó en c<strong>al</strong>idad de mediador una mesa de concertación en el municipio de Riosucio;y estuvo atenta <strong>al</strong> compromiso de no judici<strong>al</strong>izar a los comuneros que participaron en laprotesta.Se reportó que los indígenas marchantes desde el resguardo de Cañamomo se tomaron lavía de acceso <strong>del</strong> municipio de Supía.Las comunidades asentadas en esa zona, así como la ONIC, demandaron respeto a lavida, la diversidad y la madre tierra, ampliación de los territorios y anulación <strong>del</strong> Proyectode Estatuto de Desarrollo Rur<strong>al</strong>.La Region<strong>al</strong> participó en varias reuniones re<strong>al</strong>izadas en el despacho <strong>del</strong> Secretario deGobierno Departament<strong>al</strong>, con presencia de autoridades de este nivel.El Consejo Region<strong>al</strong> Indígena <strong>del</strong> Huila (CRIHU), que agrupa a 21 cabildos, señ<strong>al</strong>ó quela marcha de protesta en ese departamento fue detenida por las autoridades de policíaen el municipio de La Plata, con retención de las remesas de comida portadas por losmanifestantes.Acompañó, en c<strong>al</strong>idad de mediador, el acercamiento entre comunidades indígenas y lasautoridades civiles y militares de ese departamento. Uno de los acuerdos logrados en laMesa de Concertación Region<strong>al</strong> consistió en la convocatoria de una reunión con el CRIHUpara ev<strong>al</strong>uar el 20 de noviembre de 2008 la política pública sobre los pueblos indígenasque expedirá el Gobierno nacion<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>383Acompañamiento a la “Minga de los <strong>Pueblo</strong>s Indígenas de Cauca”Durante la primera jornada de la minga, la gestión defensori<strong>al</strong> de mediación fue permanente, con el fin depromover acuerdos y prevenir que la marcha nacion<strong>al</strong> indígena derivara en hechos de violencia. La Defensoríamedió entre los promotores de las movilizaciones y la fuerza pública e igu<strong>al</strong>mente con las autoridades <strong>del</strong> ordenmunicip<strong>al</strong>, region<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong>.Resumen de laactividadSegundo momento. El 17 de octubre, las autoridades indígenas decidieron de maneraunánime no reunirse con autoridades <strong>del</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> y continuar su marcha. Seestableció como punto de partida La María, Piendamó, en el departamento <strong>del</strong> Caucay la fecha fue octubre 20 de 2008. Los líderes indígenas agendaron una movilizacióndesde el 21 hasta el 28 de octubre, pasando por Santander de Quilichao, Villarrica,Jamundí y C<strong>al</strong>i, V<strong>al</strong>le.Por instrucciones <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, las defensorías <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le y la Delegada paraIndígenas y Minorías Étnicas, apoyados por la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite deQuejas, con el fin de prevenir que en el recorrido de la marcha se vulneraran los derechosde los marchistas, conformaron equipos de acompañamiento en los diferentes puntos porlos que estos arribarían a la ciudad de C<strong>al</strong>i.Marcha <strong>del</strong> Caucaa C<strong>al</strong>iLa comisión defensori<strong>al</strong> caminó junto a los indígenas desde La María hasta la Universidad<strong>del</strong> V<strong>al</strong>le y luego hasta el Centro Administrativo Municip<strong>al</strong> de C<strong>al</strong>í, acompañando <strong>al</strong> grupo<strong>al</strong> frente y a los costados, con el fin de disuadir tanto a los miembros de la fuerza públicacomo a los líderes de la guardia indígena y promover que se mantuviera la distancia parac<strong>al</strong>mar los ánimos de los marchantes, evitar hechos de violencia durante el recorrido,precaver violaciones de derechos humanos y prevenir situaciones que afectaran losderechos de los indígenas.Diálogo con el Presidente de la República en la plazoleta <strong>del</strong> Centro AdministrativoMunicip<strong>al</strong> de C<strong>al</strong>i (CAMC). Se sostuvo una conversación con el Consejero Mayor de laONIC a quien se le sugirió viabilizar el encuentro con el Presidente de la República y conla Secretaria Gener<strong>al</strong> y el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, proponiendo <strong>al</strong>ternativas de solución paraque se diera el encuentro y diálogo pretendido.Encuentro en LaMaríaMovilización de laminga hacia BogotáNo obstante, los indígenas, ante la ausencia <strong>del</strong> presidente, decidieron desarrollar laagenda que habían aprobado en una reunión previa: regresarse <strong>al</strong> Cauca; no aceptarinformación sobre supuestos acuerdos y cerrar toda posibilidad de diálogo debido a lainasistencia presidenci<strong>al</strong> a la minga de C<strong>al</strong>i.Posteriormente, en territorio de La María, se llevó a cabo el encuentro entre los pueblosindígenas congregados en la minga y el presidente Uribe, pero no se llegó a ningúnacuerdo.Esta actividad fue acompañada por el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y el Defensor Region<strong>al</strong> <strong>del</strong>Cauca.Tercer momento: Conocida la ruta preliminar y las posibles fechas de la marcha indígenahacia Bogotá, se coordinaron con los Defensores Region<strong>al</strong>es de Tolima, Cundinamarcay Bogotá las acciones defensori<strong>al</strong>es con el fin de acompañar a los marchistas y verificarque en cada uno de los sitios de encuentro, los diferentes grupos indígenas participantescontaran con <strong>al</strong>imentos necesarios, recibieran la atención en saneamiento básico, s<strong>al</strong>ud yrequerimientos esenci<strong>al</strong>es adicion<strong>al</strong>es de sus necesidades.
384 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Doctrina defensori<strong>al</strong>Acompañamiento a la “Minga de los <strong>Pueblo</strong>s Indígenas de Cauca”La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> participó en 17 reuniones preparatorias <strong>del</strong> PMA (Puesto deMando Unificado) organizadas por las autoridades distrit<strong>al</strong>es para esperar la llegada <strong>del</strong>a minga indígena a Bogotá.Del 20 <strong>al</strong> 24 de noviembre se hizo acompañamiento in situ, con grupos de trabajo (21funcionarios dispuestos diariamente), con el fin de garantizar el acompañamientopreventivo y evitar violaciones de derechos humanos y otras situaciones que afectaran losderechos de los indígenas.Se atendió la convocatoria a la reunión de los líderes y gobernadores de Tierradentro,quienes dieron a conocer su preocupación por los hermanos indígenas que sufrían porel desastre natur<strong>al</strong>. En coordinación con la Secretaría Gener<strong>al</strong> y el Defensor Region<strong>al</strong><strong>del</strong> Cauca se gestionó la atención humanitaria para 32.000 personas de los resguardosde Huila, Toes, Tálaga, Avirama, Bel<strong>al</strong>cazar, Cohetandó, Ricaurte y Togaima. Desde laDefensoría se informó a las autoridades departament<strong>al</strong>es la única vía por donde se podí<strong>al</strong>legar a uno de estos resguardos: Popayán, Silvia, Mocoso y Tarabira.Igu<strong>al</strong>mente, la Defensoría recomendó a los gobernadores indígenas de estos resguardosno objetar el transporte de las ayudas humanitarias en helicópteros <strong>del</strong> ejército, dadoque por vía aérea se garantizaría que las ayudas llegaran más rápido a las comunidades.Esta recomendación fue aceptada por los indígenas, observando que ellos acordarían consus autoridades territori<strong>al</strong>es en qué sitios podría re<strong>al</strong>izarse el aterrizaje. El domingo 20 seentregaron 5.700 mercados y se evacuó a niños, ancianos y mujeres que se encontrabanen esas zonas.El domingo 23 de noviembre de 2008, la Defensoría rindió ante los líderes políticos de laminga un informe verb<strong>al</strong> sobre la participación y acompañamiento de la entidad <strong>al</strong> procesoTambién acompañó (el lunes 24 de noviembre de 2008) el acto de entrega que efectuaronel Consejero Mayor de la ONIC y la Consejera Mayor <strong>del</strong> CRIC ante las directivas de laUniversidad Nacion<strong>al</strong>, en el cu<strong>al</strong> hubo participación de <strong>al</strong>gunos medios de comunicación.Ese mismo día se hizo veeduría de la donación de 16 cajas de medicamentos por parte <strong>del</strong>a Secretaría de S<strong>al</strong>ud de Bogotá como apoyo a las comunidades afectadas por el desastrenatur<strong>al</strong> de Tierradentro.En cuanto a los indígenas que aún no habían s<strong>al</strong>ido de la Universidad Nacion<strong>al</strong> se hizoacompañamiento y se gestionó directamente con el Ministerio <strong>del</strong> Interior y Acción Soci<strong>al</strong>la consecución de cuatro buses y 200 comidas destinadas a quienes retornaban a susterritorios (lunes 24 de noviembre).El Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Vólmar Pérez Ortiz, formuló un llamado para buscar escenarios dediálogo y de concertación e instó a las autoridades a cumplir con los acuerdos pactados,así como a proteger y respetar los derechos fundament<strong>al</strong>es de los pueblos ancestr<strong>al</strong>es deColombia.Igu<strong>al</strong>mente, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> solicitó a las autoridades competentes que sea<strong>del</strong>antaran de manera inmediata, las investigaciones conducentes a esclarecer lasmuertes violentas de líderes indígenas y comunitarios ocurridas en Piendamó, Cauca.Fuente: Casos reportados en 2008 ante la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas, Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámitede Quejas, Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3854.2.9. Seguimiento a los acuerdos de las comunidades indígenas dePuerto Vega y Teteyé, <strong>del</strong> Putumayo, con los gobiernos nacion<strong>al</strong> ydepartament<strong>al</strong>La situación de derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinasde esta región <strong>del</strong> Putumayo fue conocida y atendida por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> envigencias anteriores. Durante el año 2008 implicó, de una parte, la re<strong>al</strong>ización de accionesdefensori<strong>al</strong>es enmarcadas en la fase de concertación de las comunidades con entidadesEn relación con el último aspecto, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, atendiendo la solicitudde intervención de la institución, convocó a entidades estat<strong>al</strong>es <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> yadquiridos en el plan de atención de los derechos humanos suscrito en el año 2007. Laconvocatoria fue atendida y la misión se re<strong>al</strong>izó el 23 de julio de 2008, con una visita <strong>al</strong>terreno y una reunión de entidades y comunidades en la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día de Puerto Asís.Como resultado de esta comisión se obtuvo, en primer lugar, información sobre laproblemática de derechos humanos, económicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es y se dio paso <strong>al</strong>a solicitud de atención urgente a la crisis <strong>al</strong>imentaria afrontada por estas comunidadescomo consecuencia de la erradicación de cultivos de uso lícito en la región, habida cuenta<strong>del</strong> efecto causado a los cultivos de pancoger. De igu<strong>al</strong> forma, se atendió la petición degestionar ante las autoridades competentes la adecuación de un plan de emergencia frentea dicha crisis y, adicion<strong>al</strong>mente, acciones de garantía de sus derechos a la vida e integridadperson<strong>al</strong> amenazados por las acciones de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es, los erradicadores <strong>del</strong>os cultivos de uso ilícito y, en otros casos, de la fuerza pública.Con fundamento en la información aportada, en el marco de la gestión de seguimiento,la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas hizo requerimientos a las entidades <strong>del</strong>orden nacion<strong>al</strong> y departament<strong>al</strong>, instando <strong>al</strong> desarrollo de las acciones de garantía de losderechos afectados, entre ellos el de la seguridad <strong>al</strong>imentaria, así como las medidas deprotección de la vida e integridad y el cumplimiento de los acuerdos de 2007 suscritos enel Plan de Atención Integr<strong>al</strong> por autoridades <strong>del</strong> Estado a favor de estas comunidades.4.2.10. Seguimiento a los acuerdos <strong>del</strong> pueblo Emberá Katío <strong>del</strong> AltoSinú con autoridades estat<strong>al</strong>es y la empresa UrráEl seguimiento re<strong>al</strong>izado <strong>al</strong> pueblo Emberá Katío, las entidades estat<strong>al</strong>es y la empresaUrrá durante el año 2008 se foc<strong>al</strong>izó en dos componentes: a nivel interno, promover laproceso en el que se re<strong>al</strong>izaron actividades continuas de asesoría, acompañamiento ymediación, tanto en el terreno (trabajo de campo) como en reuniones interinstitucion<strong>al</strong>esMediante esta acción defensori<strong>al</strong> se instó a las autoridades y comunidades indígenas a
386 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>consolidar el tejido cultur<strong>al</strong>, político, soci<strong>al</strong>, económico y el desarrollo humano <strong>del</strong> puebloEmbera katío <strong>del</strong> Alto Sinú. Así mismo, a la gestión armónica de los asuntos derivadosde los acuerdos suscritos con la empresa Urrá, en el marco de las responsabilidadesadquiridas por dicha empresa para la ejecución <strong>del</strong> proyecto hidroeléctrico, de acuerdo conlo ordenado en la Sentencia 652 de 1998 de la honorable Corte Constitucion<strong>al</strong>.En relación con este pueblo y la gestión de seguimiento a los acuerdos garantizadores desus derechos, se atendieron solicitudes sobre inconvenientes debidos <strong>al</strong> ajuste de recursosde inversión acordados entre las autoridades indígenas y la empresa Multipropósito Urrá,como parte de los acuerdos suscritos en 2005 entre las dos partes. Para resolver de maneraefectiva la discusión por dichos recursos, la Defensoría convocó varias reuniones entrelos indígenas y la empresa, en las cu<strong>al</strong>es se efectuó un ejercicio de mediación dirigidoa la garantía de los derechos de las comunidades afectadas por el proyecto, así como apromover la persistencia en el diálogo, buscando <strong>al</strong>ternativas de solución a los desacuerdos.Como resultado de este proceso, se logró que las dos partes aceptaran una fórmula comogarantía de la inversión oportuna en sectores vit<strong>al</strong>es para la vida de estas comunidades:s<strong>al</strong>ud, seguridad <strong>al</strong>imentaria y educación.4.2.11. Acompañamiento a los procesos de diálogo, concertación yacuerdos de pueblos indígenas y comunidades negras en elmarco de las instancias de participación: Mesas Nacion<strong>al</strong>es deConcertaciónDurante la vigencia 2008, la Defensoría continuó impulsado la promoción de laparticipación de los grupos étnicos en las diferentes instancias de participación soci<strong>al</strong>,política y económica establecidas leg<strong>al</strong>mente a favor de sus miembros. En consecuencia,la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a través de la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas,acompañó los procesos de diálogo y concertación en los siguientes escenarios:a. Mesa Nacion<strong>al</strong> de Concertación de los <strong>Pueblo</strong>s Indígenas (Decreto 1397de 1996)En este espacio, convocado y coordinado por la Dirección de Asuntos Indígenas,Minorías y Rom <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, en el cu<strong>al</strong> participaronrepresentantes de los diferentes pueblos indígenas <strong>del</strong> país y <strong>del</strong>egados de las entidadesPública para <strong>Pueblo</strong>s Indígenas en el marco <strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de Desarrollo. La Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> planteó continuas observaciones y recomendaciones dirigidas a promoverel diseño y formulación de políticas públicas con carácter diferenci<strong>al</strong> en sectores comos<strong>al</strong>ud, seguridad <strong>al</strong>imentaria, ambiente, educación, cultura, tierras, derechos humanos, asícomo a su estructuración sobre la base <strong>del</strong> marco de los derechos humanos reconocidosColombia.En esta mesa se logró el avance en el tratamiento de los temas formulados en lapolítica pública integr<strong>al</strong>, construida sobre la bases <strong>del</strong> respeto a la diversidad étnica y
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>387cultur<strong>al</strong>, así como diseñada a partir de componentes apropiados a los usos y costumbres <strong>del</strong>os pueblos indígenas. El reto de mantener el diálogo y buscar <strong>al</strong>ternativas a las diferenciassurgidas en la interlocución entre las partes, continúa en el proceso de la mesa durante lavigencia de 2009, dinámica que será acompañada por la Defensoría en lo que concierna <strong>al</strong>a promoción y defensa de los derechos involucrados en la concertación.b. Mesa Region<strong>al</strong> Amazónica (Decreto 3012 de 2005)En este espacio de concertación creado para la interlocución entre autoridades,organizaciones y comunidades de los pueblos indígenas de la Amazonía-Orinoquíacolombiana, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> participó asesorando y orientando a los pueblosindígenas en sus derechos, así como instando a los representantes de las entidades <strong>del</strong>Estado convocadas a atender las solicitudes de los diferentes pueblos y an<strong>al</strong>izar lasderechos humanos en la agenda de las funciones institucion<strong>al</strong>es, según cada caso.En las reuniones re<strong>al</strong>izadas durante el año 2008, los voceros representantes <strong>del</strong>os pueblos indígenas enfatizaron en la necesidad de impulsar desde el Estado, con elacompañamiento de los pueblos de esta región, políticas públicas y programas <strong>del</strong>os diferentes departamentos de la amazonía. Se observó <strong>al</strong> respecto que su demanda estáEn la mesa de noviembre de 2008 se logró, en este espacio de concertación, el acuerdoViceministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, recursos destinados a iniciar las actividades quedemande el proceso de formulación <strong>del</strong> CONPES indígena para la Orinoquía-Amazonía.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>389B.5. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS DERECHOSCOLECTIVOS Y DEL AMBIENTE5.1. GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA PROTECCIÓN DE LOSDERECHOS COLECTIVOS Y DEL AMBIENTELa Delegada para los Derechos Colectivos y <strong>del</strong> Ambiente, en su empeño por lograr laefectividad de estos derechos, fort<strong>al</strong>eció durante el año 2008 el campo de la investigación,particularmente en aquellas regiones afectadas por los impactos de proyectos o actividadesque implican amenaza o vulneración a los derechos colectivos.5.1.1. Resoluciones e informes defensori<strong>al</strong>es a<strong>del</strong>antados por laDelegada para los Derechos Colectivos y <strong>del</strong> Ambiente5.1.1.1. Resoluciones defensori<strong>al</strong>esa. Resolución defensori<strong>al</strong> Nº 54 de julio 25 de 2008 sobre explotación,transporte y embarque de carbón en los departamentos de Cesar yMagd<strong>al</strong>enaEs bien conocido el <strong>al</strong>to grado de impacto sobre el medio ambiente proveniente de laactividad <strong>del</strong> carbón. En la Jagua de Ibirico y en el centro <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Cesar, dondese ha a<strong>del</strong>antado esta actividad por más de treinta años sin ningún tipo de compensación<strong>del</strong> aire y <strong>del</strong> recurso hídrico, en el cambio de uso de los suelos y en el paisaje de la región.La mayor parte <strong>del</strong> carbón <strong>del</strong> Cesar se lleva a los puertos de Ciénaga y Santa Martapor la carretera tronc<strong>al</strong> <strong>del</strong> Caribe, utilizando cerca de 1.700 tractomulas por día, esto traeconsecuencias soci<strong>al</strong>es sobre las comunidades asentadas a lo largo de la vía, que se han vistoobligadas a cambiar sus v<strong>al</strong>ores para acomodarse a las necesidades de los transportadores.De los cuatro puertos carboníferos en el Magd<strong>al</strong>ena, solo la Sociedad Portuaria re<strong>al</strong>izacarga directa, los otros tres utilizan barcazas y carga en <strong>al</strong>tamar. Tanto el transporte comoel manejo <strong>del</strong> carbón en los puertos ha sido causa de inconformidad <strong>del</strong> sector turístico yhotelero en Santa Marta.
390 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>El carbón es fuente de grandes recursos para el país y para los departamentos <strong>del</strong>Magd<strong>al</strong>ena y el Cesar y con la expansión <strong>del</strong> sector muy pronto se espera exportar másde 50 millones de toneladas por año. El Ministerio de Ambinete, Vivienda y DesarrolloTerritori<strong>al</strong> - MAVDT, y las demás autoridades ambient<strong>al</strong>es siguen un proceso con lasempresas para <strong>al</strong>canzar un mejor manejo de la actividad y desarrollar los mecanismos quepermitan minimizar sus impactos; por su parte, las empresas se encuentran re<strong>al</strong>izandoreconversiones tecnológicas para cumplir con estas exigencias, ya que parte <strong>del</strong> problemade la contaminación se ha debido <strong>al</strong> incumplimiento de las obligaciones ambient<strong>al</strong>es.La apertura de la vía férrea para transportar el carbón por parte de todas las empresaslas decisiones de hacer carga directa a partir <strong>del</strong> año 2010 y de construir un superpuertoen Ciénaga para que sea el único sitio de embarque de carbón de todas las empresascon el sector turístico.El problema de la utilización inapropiada de los recursos provenientes de las reg<strong>al</strong>ías<strong>del</strong> carbón, fuente de corrupción y de inconformidad de los pobladores, ha sumidoa estos municipios en niveles bajos de c<strong>al</strong>idad de vida y no ha servido para j<strong>al</strong>onar eldesarrollo region<strong>al</strong>.b. Resolución defensori<strong>al</strong> Nº 55 de 2008 sobre situación ambient<strong>al</strong> y deservicios públicos en los pueblos p<strong>al</strong>afíticos de la Ciénaga Grande de SantaMartaLa eco-región Ciénaga Grande de Santa Marta cuenta con protección ambient<strong>al</strong>especi<strong>al</strong>, ya que es una reserva natur<strong>al</strong> de la biosfera y primer sitio Ramsar en el país, dondese <strong>al</strong>oja una gran diversidad biológica; sin embargo, muchos factores la deterioran cada día,con graves consecuencias para este ecosistema y las poblaciones <strong>al</strong>lí asentadas, que derivansus ingresos en gran medida de la pesca artesan<strong>al</strong>.La indebida gestión y tratamiento de los residuos, tanto sólidos como líquidos, 32 pobladores no cuenta con agua potable, no está conectado a red <strong>al</strong>guna de distribución de aguani tiene los servicios de saneamiento básico), la fumigación indiscriminada de los bananerosy el vertimiento de residuos químicos por parte de las empresas industri<strong>al</strong>es, contribuyen <strong>al</strong>deterioro de la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> agua y a la ausencia de seguridad y s<strong>al</strong>ubridad públicas.Se ha producido mort<strong>al</strong>idad masiva <strong>del</strong> bosque de manglar, considerado de granimportancia como <strong>al</strong>imento, refugio y criadero de peces e invertebrados de interéscomerci<strong>al</strong>, debido a la t<strong>al</strong>a de varas o puntas de mangle para ser utilizadas como leña ycomo materi<strong>al</strong>es para construcción.Dos de los 14 municipios de la Ciénaga Grande de Santa Marta son <strong>Pueblo</strong> Viejo yTrojas de Cataca, cuyos habitantes no disfrutan de agua potable, servicios públicos, s<strong>al</strong>ud,educación, viviendas adecuadas, recreación y seguridad <strong>al</strong>imentaria, entre otras carencias.32 Son poblados cuyas construcciones se encuentran sobre pilotes debajo de los cu<strong>al</strong>es queda un espacio libre para la circulación<strong>del</strong> agua.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>391Para reparar el daño causado a la Ciénaga Grande de Santa Marta y evitar que sepresenten otros en el futuro, se requieren medidas prontas. Con este propósito y con elde garantizar a estas comunidades el derecho la vida, a la s<strong>al</strong>ud, a gozar de un ambientesano, <strong>al</strong> equilibrio ecológico y a la seguridad <strong>al</strong>imentaria, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hizorecomendaciones orientadas a que las autoridades <strong>del</strong> orden region<strong>al</strong>, loc<strong>al</strong> y ambient<strong>al</strong>cumplan con las obligaciones de preservación, conservación y protección <strong>del</strong> mediolos pueblos p<strong>al</strong>afíticos en cuestión y el aseguramiento <strong>del</strong> bienestar gener<strong>al</strong>.En estas zonas rur<strong>al</strong>es, el Estado debe cumplir con las obligaciones que garanticenel derecho humano <strong>al</strong> agua; por lo tanto, a las autoridades les corresponde a<strong>del</strong>antar lasacciones que hagan posible la cobertura en materia de acueducto, <strong>al</strong>cantarillado y aseo dec. Resolución defensori<strong>al</strong> Nº 56 de 2008 sobre situación ambient<strong>al</strong> y deservicios públicos en el corregimiento de Taganga y el Parque Nacion<strong>al</strong>Natur<strong>al</strong> Tayrona conservación y protección establecidas en las normas ambient<strong>al</strong>es vigentes; sin embargo,<strong>al</strong>lí se re<strong>al</strong>izan ciertas actividades que no se ciñen <strong>al</strong> marco de la ley ambient<strong>al</strong> y a lascorrespondientes autorizaciones de la entidad competente para el manejo <strong>del</strong> recurso o desu conservación, t<strong>al</strong>es como: (i) actividades de pesca comerci<strong>al</strong>, aunque solo se permitenlas pescas de subsistencia, (ii) ingreso ileg<strong>al</strong> por vía marina de embarcaciones particulares arecuperación natur<strong>al</strong>, (iii) presencia de cazadores y guaqueros, (iv) t<strong>al</strong>a y aserrío de maderaparque, (vi) contaminación de cursos de agua por vertimientos de aguas residu<strong>al</strong>es, (vii)invasión <strong>del</strong> espacio público en playas y predios de la nación, entre otras.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hizo un llamado tanto a los particulares como a las autoridadespara que las actividades en el Parque Nacion<strong>al</strong> Tayrona se desarrollen dentro <strong>del</strong> marco <strong>del</strong>os derechos humanos y estén encaminadas a la preservación, conservación y protección<strong>del</strong> ecosistema.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> recomienda a las autoridades nacion<strong>al</strong>es y region<strong>al</strong>es atendery garantizar la prestación efectiva de los servicios públicos, conforme a los principios desolidaridad, equidad, igu<strong>al</strong>dad y justicia soci<strong>al</strong>, toda vez que los habitantes <strong>del</strong> corregimientode Taganga no cuentan con los servicios de acueducto y saneamiento básico en formas<strong>al</strong>ud, a la s<strong>al</strong>ubridad pública y <strong>al</strong> ambiente sano.Existe la obligación de no contaminar las fuentes hídricas, dirigida a la preservación,la c<strong>al</strong>idad de vida de la población y el aseguramiento <strong>del</strong> bienestar gener<strong>al</strong>. No obstantelo anterior, las aguas servidas de la ciudad de Santa Marta son descargadas en la bahía deTaganga por medio de un emisario submarino que ha presentado fugas que contaminan elagua en el interior de esta bahía.
392 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de escorrentía; esto condujo a que se concibiera el proyecto “Construcción <strong>del</strong> colectorlas aguas pluvi<strong>al</strong>es en la fuente receptora, a saber: aguas marítimas, playas y terrenos debajamar <strong>al</strong>edaños <strong>al</strong> proyecto referido.En razón de que todas las intervenciones que puedan afectar el ecosistema marino y lasplayas <strong>al</strong>edañas deben contar con los instrumentos de prevención, mitigación, corrección,compensación y manejo, se solicitó a las autoridades concernidas presentarlos, diseñarloso ejecutarlos en cada caso que se los requiera. Vivienda y Desarrollo Territori<strong>al</strong> impuso a la empresa Terlica S. A. la suspensión inmediatade las actividades de <strong>al</strong>macenamiento hasta tanto se aprobaran los estudios y ev<strong>al</strong>uacionesrequeridos para establecer la natur<strong>al</strong>eza y característica de los daños, efectos e impactoscausados por el derrame, así como las medidas necesarias para mitigarlas o compensarlas.Posteriormente se levantó la medida de suspensión de las actividades de <strong>al</strong>macenamiento deaceite de p<strong>al</strong>ma pero se mantuvieron los demás requerimientos a la empresa.La Defensoría solicitó a la empresa Terlica S. A. el cumplimiento de la función soci<strong>al</strong> yafectada, <strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que demandó <strong>del</strong> Ministerio actuar conforme a los principios que rigen la5.1.1.2. <strong>Informe</strong>s Defensori<strong>al</strong>esa. <strong>Informe</strong> sobre la temporada invern<strong>al</strong> de 2008La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, de cara a los estragos causados por las temporadas invern<strong>al</strong>esen los distintos niveles, que han incidido para que una y otra vez estas terminen como unaemergencia con características de desastre. Los impactos ambient<strong>al</strong>es y socioeconómicosasociados a las lluvias por lo gener<strong>al</strong> adquieren características desastrosas. Las regionesque padecen el invierno quedan en situaciones tan deprimidas que no solo requiereneviten la pérdida de vidas, viviendas, cultivos y anim<strong>al</strong>es, y para proteger los derechosde las poblaciones que se encuentran en situación de riesgo, se recomendó a lasautoridades competentes, entre otras cosas, hacer inversiones en obras de infraestructuray en reubicación de poblaciones, como también recomendaciones pertinentes para lasautoridades ambient<strong>al</strong>es, los entes territori<strong>al</strong>es y la comunidad en gener<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>393En el marco <strong>del</strong> seguimiento a las resoluciones defensori<strong>al</strong>es 31 y 34 sobre temporadainvern<strong>al</strong> en Colombia, y en razón de que los cambios climáticos a esc<strong>al</strong>a mundi<strong>al</strong>han causado el incremento en frecuencia e intensidad de los inviernos, evidente en latemporada de 2008, una de las que más estragos ha dejado en Colombia en los últimosaños, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> consideró pertinente retomar el examen <strong>del</strong> cumplimientode las recomendaciones defensori<strong>al</strong>es.De esta manera, se confrontaron en particular la situación de aquellas regiones quede forma habitu<strong>al</strong> son golpeadas por las lluvias, el avance en los compromisos de lasautoridades competentes en cuanto a obras de infraestructura y reubicación princip<strong>al</strong>mentey el estado en que se encuentran en la actu<strong>al</strong>idad.No obstante el reconocimiento <strong>del</strong> avance en prevención y atención que se hace eneste informe defensori<strong>al</strong>, es evidente que muchas de las causas an<strong>al</strong>izadas mantienen suvigencia. Los daños como consecuencia de la temporada invern<strong>al</strong> se repiten y aumentan yaque muchas soluciones aún están pendientes o se han producido solo de manera parci<strong>al</strong>.En este informe aparecen los resultados de una investigación sobre la existencia ypersistencia de asentamientos humanos en zonas de riesgo por causa <strong>del</strong> invierno, todoatención y prevención de desastres técnicamente previsibles y <strong>del</strong> derecho a gozar de unambiente sano.Se encontró que estos asentamientos, debido <strong>al</strong> aumento de las lluvias, están expuestosprincip<strong>al</strong>mente a la amenaza de inundación. De hecho, con base en esta investigación,se previó que en menos de un mes, 289 asentamientos humanos pueden sufrir unainundación, 157 un deslizamiento y 50 una av<strong>al</strong>ancha. En la cuarta parte de los casos, lagestión de las autoridades no tuvo ningún efecto en la mitigación <strong>del</strong> daño, lo que derivaen la vulneración de los derechos a la atención y prevención de desastres técnicamenteprevisibles y, en caso de una fat<strong>al</strong>idad o riesgo inminente, el derecho a la vida. Actu<strong>al</strong>mentepueden encontrarse en situación de riesgo a causa <strong>del</strong> invierno cerca de tres millonestrescientas mil personas en todo el territorio nacion<strong>al</strong>.De otra parte, el solapamiento de estos asentamientos humanos con zonas de protecciónambient<strong>al</strong> (más de la mitad se encuentran en rondas hídricas, humed<strong>al</strong>es y ciénagas) puedeincidir en los recursos hídricos y coincide con la posibilidad de sufrir inundaciones, que esuna de las princip<strong>al</strong>es amenazas sobre estos grupos.Si bien las autoridades advierten con antelación que se presentarán lluvias porlargos períodos y la ciudadanía es cada vez más consciente de la importancia de acatarlas recomendaciones de las autoridades y de los cuerpos de socorro, el <strong>al</strong>to índice de resoluciones defensori<strong>al</strong>es 31 y 34 sobre emergencia invern<strong>al</strong> y pone en evidencia lanecesidad de reforzar todo el Sistema de Atención y Prevención de Desastres así comoagilizar y priorizar las obras de infraestructura pendientes. Se debe aumentar el control a ladeforestación, proteger las zonas inestables y prevenir y controlar la erosión, s<strong>al</strong>inización y
394 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Se reitera que las acciones deben orientarse hacia la prevención y que es necesario quelas diferentes administraciones re<strong>al</strong>icen un análisis de las emergencias ocurridas de manerahistórica, sobre todo los eventos presentes, en un proceso que pueda reducir los desastrescon base en las lecciones aprendidas.5.1.1.3. <strong>Informe</strong>s de seguimiento a resoluciones defensori<strong>al</strong>esa. <strong>Informe</strong> de seguimiento a la resolución defensori<strong>al</strong> Nº 45 de abril 16 de2008 sobre situación ambient<strong>al</strong>, económica y de servicios públicos de lasislas de Providencia y Santa Cat<strong>al</strong>inaSe pudo observar que, si bien se ha avanzado en el cumplimiento de las recomendacioneshechas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en la resolución Nº 045 de 2006, aún f<strong>al</strong>ta acatar otrasrecomendaciones que le permitan <strong>al</strong> municipio mejorar sus condiciones para garantizar losderechos de sus habitantes.En el tema ambient<strong>al</strong>, se avanzó en la ordenación de las tres princip<strong>al</strong>es cuencas de laisla, en el control <strong>del</strong> ruido y en la extracción de materi<strong>al</strong>es de playa en <strong>al</strong>gunos sectores. Las<strong>al</strong>ianzas entre los operadores turísticos nacion<strong>al</strong>es Sol Caribe y Decamerón, las empresasel desarrollo de estas <strong>al</strong>ianzas ha sido diferenci<strong>al</strong>, según los propios operadores nativos.Ha funcionado con Decamerón, pero no con Sol Caribe. Los hoteles que suscribieronel convenio con Sol Caribe se encuentran en una difícil situación porque adeudan a esaPor otra parte, se presentó una mejoría en la prestación de los servicios decomunicaciones, bancarios y de transporte en Providencia y Santa Cat<strong>al</strong>ina. Se incrementó remo<strong>del</strong>ó el loc<strong>al</strong>, inst<strong>al</strong>ó un cajero electrónico y aumentó la planta en una persona.Igu<strong>al</strong>mente, los servicios de telecomunicaciones tienen mayor cobertura y continuidad enlas islas. Aunque la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> agua no ha mejorado, se está incorporando el plan maestrode acueducto (construcción y mejoramiento de las plantas de tratamiento, cambio de redes,construcción de tanques de <strong>al</strong>macenamiento, reactivación de mananti<strong>al</strong>es y seguimientoa la c<strong>al</strong>idad). También se construye la primera fase <strong>del</strong> plan maestro de <strong>al</strong>cantarillado(inst<strong>al</strong>ación de redes, estaciones de bombeo y la reactivación y montaje de plantas, esto endos sectores de Providencia).Prev<strong>al</strong>ecen <strong>al</strong>gunas irregularidades en el otorgamiento de licencias de construcción yen la prestación de los servicios de s<strong>al</strong>ud. La situación de las posadas es dramática, desdehace varios años, la mayor parte de ellas no recibe huéspedes y se encuentran en muy m<strong>al</strong>ascondiciones físicas.En gener<strong>al</strong> se concluye que desde el año 2006 se ha presentado una mejoría paulatinade las condiciones soci<strong>al</strong>es y económicas de las islas de Providencia y Santa Cat<strong>al</strong>ina.Sin embargo, es necesario seguir gestionando el cumplimiento de las recomendacionesdefensori<strong>al</strong>es para garantizar el pleno goce de los derechos de los habitantes.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>395b. <strong>Informe</strong> de seguimiento a la resolución defensori<strong>al</strong> Nº 46 de julio 11 de2008 sobre situación soci<strong>al</strong> y ambient<strong>al</strong> de la región <strong>del</strong> Catatumbo enNorte de SantanderEn el seguimiento, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> encontró que el cumplimiento de lasrecomendaciones hechas en la resolución defensori<strong>al</strong> Nº 46 es bastante bajo por parte <strong>del</strong>as distintas entidades <strong>del</strong> Estado. La región <strong>del</strong> Catatumbo sigue siendo una de las quetiene más <strong>al</strong>to nivel de pobreza y de necesidades básicas insatisfechas y donde se violanconstantemente los derechos de sus habitantes.En la dinámica de la confrontación armada, la disputa se orienta a mantener el lucroobserva en el accionar de los grupos armados ileg<strong>al</strong>es posdesmovilización de las AUC,autodenominados Águilas Negras, quienes están <strong>al</strong>entados por el usufructo <strong>del</strong> negocio <strong>del</strong>Se mantiene la preocupación por el accionar de los grupos armados <strong>al</strong> margen de l<strong>al</strong>ey, que continúan amenazando y vulnerando los derechos de la población. Se observacómo actu<strong>al</strong>mente se están presentando cambios muy rápidos en la propiedad, posesión ytenencia de la tierra en la región <strong>del</strong> Catatumbo. comunidades indígenas barí, por la amenaza que les representa los posibles impactosambient<strong>al</strong>es que generará la extracción de los grandes yacimientos de carbón en la regióny por el avance de la exploración y explotación petrolera.Las diversas instancias <strong>del</strong> Estado se vienen consolidando en el ámbito region<strong>al</strong>, lo cu<strong>al</strong>le permitirá a las comunidades tener la posibilidad de acceder a ellas y buscar la proteccióny re<strong>al</strong>ización de sus derechos. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> continuará el seguimiento de laresolución defensori<strong>al</strong> y hará acompañamiento a la población en aras de hacer efectivos susderechos y procurar que el Estado mejore las condiciones de c<strong>al</strong>idad de vida.c. <strong>Informe</strong> de seguimiento a la resolución defensori<strong>al</strong> Nº 50 sobre la Ciénagade P<strong>al</strong>agua: recuperación de las zonas de ronda y preservación ambient<strong>al</strong>explotación petrolera, la ocupación, la f<strong>al</strong>ta de <strong>del</strong>imitación y la ausencia de medidas deconservación y de protección de la ronda hídrica, que han ocasionado una fuerte presiónantrópica sobre su frágil ecosistema.Frente a esta situación de vulneración de derechos de las comunidades, la Defensoría recuperación de las zonas de ronda y preservación ambient<strong>al</strong>” en la que se hicieron variasrecomendaciones orientadas a la recuperación integr<strong>al</strong> de la ciénaga. Posteriormente,como resultado <strong>del</strong> seguimiento a estas recomendaciones, en una audiencia defensori<strong>al</strong> defender y proteger los derechos humanos afectados y vulnerados por la contaminaciónde este cuerpo de agua.
396 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En este informe se consigna el incumplimiento de obligaciones a cargo de losdistintos actores, como es el caso de la tarulla cuya remoción a cargo de las empresaspetroleras ha sido mínima, la f<strong>al</strong>ta de decisión para limpiar o no el fondo de la ciénagade los hidrocarburos sedimentados, la continua contaminación por vertimientos de aguasresidu<strong>al</strong>es domésticas de las comunidades <strong>al</strong>edañas y por aguas residu<strong>al</strong>es de origenindustri<strong>al</strong>, la f<strong>al</strong>ta de conservación de la franja de 30 metros a lado y lado de los cuerposde agua, correspondiente a la ronda hidráulica, en la que se a<strong>del</strong>antan actividades detipo agropecuario, entre otras situaciones. Así mismo, se exhorta <strong>al</strong> cumplimiento de lanormativa ambient<strong>al</strong> vigente, como princip<strong>al</strong> mecanismo para recuperar la ciénaga.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> estará atenta <strong>al</strong> cumplimiento <strong>del</strong> f<strong>al</strong>lo de la acción popularexistencia <strong>del</strong> daño ambient<strong>al</strong> por las actividades petroleras llevadas a cabo en inmediacionesde la ciénaga de P<strong>al</strong>agua y que obliga a las sociedades Texas Petroleum Company y Ominexde Colombia Ltda. a restablecer las cosas a su estado originario.d. Audiencia defensori<strong>al</strong> en Providencia en abril 16 de 2008El objeto de esta audiencia fue la presentación <strong>del</strong> informe de seguimiento a la resolucióndefensori<strong>al</strong> Nº 45 sobre “Situación ambient<strong>al</strong>, económica y de servicios públicos de lasislas de Providencia y Santa Cat<strong>al</strong>ina”.En la audiencia, dirigida a todos los habitantes de las islas de Providencia y SantaCat<strong>al</strong>ina, participaron: la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación, la Contr<strong>al</strong>oría Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong>e República, la Gobernación de San Andrés, Providencia y Santa Cat<strong>al</strong>ina, la Alc<strong>al</strong>díaMunicip<strong>al</strong> de Providencia y Santa Cat<strong>al</strong>ina, el Ministerio de Comercio, Industria yTurismo, el Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, el Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, elMinisterio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territori<strong>al</strong>, la Unidad Administrativa <strong>del</strong>Sistema de Parques Nacion<strong>al</strong>es Natur<strong>al</strong>es, la Corporación para el Desarrollo Sostenible <strong>del</strong>Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Cat<strong>al</strong>ina (Cor<strong>al</strong>ina); la SuperintendenciaNacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud, la Superintendencia de Industria y Comercio, la SuperintendenciaFinanciera de Colombia, el Personero Municip<strong>al</strong>, la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Planeación (Satena), el Movimiento de Veeduría Cívica Old Providence (MOVOP), Comcel S.A., laConsejería Presidenci<strong>al</strong> para San Andrés y Providencia, la Capitanía de Puerto Providenciay Santa Cat<strong>al</strong>ina y los representantes a la Cámara por el departamento.Se concluyó que luego de un año de haberse expedido la resolución defensori<strong>al</strong>, lasituación ha cambiado y, en términos gener<strong>al</strong>es, el estado de cosas económico y ambient<strong>al</strong>ha mejorado, si bien hay varios aspectos por mejorar que requieren de acciones urgentespor parte de las autoridades competentes.e. Audiencia defensori<strong>al</strong> en Tibú, Norte de Santander, el 11 de julio de 2008El objeto fue la presentación <strong>del</strong> informe de seguimiento a la resolución defensori<strong>al</strong>Nº 46 sobre situación soci<strong>al</strong> y ambient<strong>al</strong> de la región <strong>del</strong> Catatumbo, Norte de Santander. Cooperación Internacion<strong>al</strong>, Corporación Autónoma Region<strong>al</strong> de la Frontera Norte
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>397(Corponor), Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territori<strong>al</strong>, Gobernaciónde Norte de Santander, Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, Ministerio de Agriculturay Desarrollo Rur<strong>al</strong>, Unidad Administrativa Especi<strong>al</strong> <strong>del</strong> Sistema de Parques Nacion<strong>al</strong>esNatur<strong>al</strong>es, Ministerio de Minas y Energía, Vicepresidencia de la República, InstitutoColombiano de Desarrollo Rur<strong>al</strong> (Incoder), Dirección Nacion<strong>al</strong> de Estupefacientes(DNE), Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), Registraduría Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> EstadoCivil, <strong>al</strong>c<strong>al</strong>días de Tibú, El Tarra, Convención, San C<strong>al</strong>ixto, El Carmen y Teorama, PolicíaNacion<strong>al</strong> y Ejército.Además de las autoridades mencionadas, participaron los representantes de lascomunidades de la región, incluidos los indígenas barí, los gremios y los sectoresproductivos. La audiencia se dirigió a todos los actores region<strong>al</strong>es.De las diferentes presentaciones se concluye que las entidades <strong>del</strong> Estado estánhaciendo importantes esfuerzos para acentuar su presencia en la región y atender a losgrupos poblacion<strong>al</strong>es que lo requieren; sin embargo, el Catatumbo aún está lejos detranquilos y sin amenazas de sus derechos.f. Audiencia defensori<strong>al</strong> en Santa Marta el 25 de julio de 2008El objeto fue la presentación <strong>del</strong> informe de seguimiento a la resolución defensori<strong>al</strong> Nº54 sobre “Explotación, transporte y embarque de carbón en los departamentos de Cesary Magd<strong>al</strong>ena”.Participantes: Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territori<strong>al</strong>, Ministeriode Transportes, Corporaciones autónomas region<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Magd<strong>al</strong>ena (Corpamag) y <strong>del</strong>Cesar (Corpocesar), Gobernaciones <strong>del</strong> Magd<strong>al</strong>ena y <strong>del</strong> Cesar, Dirección Nacion<strong>al</strong> dePlaneación (DNP), Instituto de Investigaciones Geológicas y Mineras(Ingeominas),Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), Ministerio de Minas y Energía, <strong>al</strong>c<strong>al</strong>díasDrummond, CI Prodeco S. A., Co<strong>al</strong> Corp, Glencor Colombia y la Sociedad Portuaria deSanta Marta.Además de las autoridades mencionadas, participaron los representantes de lascomunidades de las regiones tanto <strong>del</strong> centro <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Cesar como de Ciénagay Santa Marta, en el Magd<strong>al</strong>ena. La audiencia se dirigió a todos los actores region<strong>al</strong>es.Se concluyó que el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territori<strong>al</strong> y lasdemás entidades comprometidas vienen tomando determinaciones importantes paracarbón para reducir los impactos sobre el medio ambiente y los grupos poblacion<strong>al</strong>es.Las empresas también están comprometidas con las innovaciones tecnológicas que lespermitan responder a las nuevas exigencias. centro <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Cesar.
398 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>g. Audiencia defensori<strong>al</strong> en Santa Marta el 26 de julio de 2008Para presentar el informe defensori<strong>al</strong> que contiene la investigación relacionada con laafectación que ha sufrido la Ciénaga Grande de Santa Marta y la precaria situación de losAracataca, se convocó a una nueva audiencia defensori<strong>al</strong> en Santa Marta.Participaron en este espacio representantes de la Corporación Autónoma Region<strong>al</strong> <strong>del</strong>Magd<strong>al</strong>ena, de las Alc<strong>al</strong>días Municip<strong>al</strong>es de Sitionuevo y <strong>Pueblo</strong> Viejo, de la Capitanía dePuerto de Santa Marta de la DIMAR, de la Unidad de Parques Nacion<strong>al</strong>es Natur<strong>al</strong>es, <strong>del</strong>Incoder y veedores de la comunidad.Se dirigió a toda la población afectada <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Magd<strong>al</strong>ena, en particular <strong>al</strong>os habitantes de los pueblos p<strong>al</strong>afíticos mencionados.Se concluyó que había necesidad de reparar el daño causado a la Ciénaga Grande deSanta Marta y que se deben evitar otros en el futuro; así mismo, se consideró la urgencia deimplementar medidas que garanticen a las poblaciones de los pueblos p<strong>al</strong>afíticos de Nuevaambiente sano, <strong>al</strong> equilibrio ecológico, <strong>al</strong> acceso a los servicios públicos, a la seguridad ys<strong>al</strong>ubridad públicas y a la seguridad <strong>al</strong>imentaria, entre otros.Las recomendaciones hechas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> están encaminadas a que lasautoridades, dentro <strong>del</strong> marco de sus competencias, busquen mecanismos de solución a losproblemas que aquejan a las comunidades y los ecosistemas concernidos.En la audiencia defensori<strong>al</strong> aquí referida se presentó además el informe de la situaciónambient<strong>al</strong> y de servicios públicos en el Parque Natur<strong>al</strong> Tayrona y el corregimiento de Taganga.Asistieron representantes de la Unidad de Parques Nacion<strong>al</strong>es Natur<strong>al</strong>es de Colombia,de la gobernación <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Magd<strong>al</strong>ena, de la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día de Santa Marta, de laCapitanía <strong>del</strong> Puerto de Santa Marta, de la DIMAR y veedores de la comunidad.Se concluyó que la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hará seguimiento a las recomendacionesque en cada situación se hicieron a las autoridades y a la comunidad, con el propósito develar porque se garantice la efectividad de los derechos afectados por el incumplimientode las obligaciones.5.1.1.4. Mesas de trabajo defensori<strong>al</strong>es y convenio interadministrativoa. Mesas de trabajo <strong>del</strong> sistema de indicadores para el seguimiento <strong>del</strong>cumplimiento de las obligaciones <strong>del</strong> Estado en relación con el derechohumano <strong>al</strong> aguaEn desarrollo de la visión estratégica de posicionar a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> comoun agente institucion<strong>al</strong> y soci<strong>al</strong> fundament<strong>al</strong> en la promoción de los derechos humanos y elliderazgo en políticas públicas, la institución ha diseñado un sistema de indicadores para elseguimiento y ev<strong>al</strong>uación de políticas públicas en relación con el derecho humano <strong>al</strong> agua.Con este instrumento se busca incidir en el diseño, implementación, ejecución yev<strong>al</strong>uación de las políticas públicas a partir de la generación de conocimiento especi<strong>al</strong>izado
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>399sobre los problemas que obstaculizan la efectiva re<strong>al</strong>ización de los derechos económicos,soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es.En el proceso de formulación de la metodología se desarrollaron tres mesas de trabajocon las entidades encargadas de diseñar e implementar la política pública en temas relativos<strong>al</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua 33 . El propósito fue soci<strong>al</strong>izar el trabajo de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, compartir posiciones y experiencias en torno <strong>al</strong> tema y promover procesosparticipativos y transparentes.En cada una de estas mesas de trabajo, las entidades participantes tomaron posición enel desarrollo conceptu<strong>al</strong> de los indicadores, reconocieron que la medición de los derechoshumanos implica la inclusión de variables que pretenden medir situaciones o hechos quevan mucho más <strong>al</strong>lá de las mediciones tradicion<strong>al</strong>es y que es un reto conceptu<strong>al</strong> y técnicopor ajustar su aspecto técnico. Los resultados que arroje la aplicación de este permitiránresultados obtenidos.El trabajo se encuentra en una etapa preliminar y se espera que las entidadesresponsables de la política pública nacion<strong>al</strong> y territori<strong>al</strong> relacionada con el derecho humano<strong>al</strong> agua participen en las actividades de soci<strong>al</strong>ización y promoción de la implementación deunas políticas públicas con enfoque de derechos humanos.b. Convenio sobre servicios públicos domiciliariosLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> suscribió dos convenios interadministrativos de cooperacióncon la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Uno, con el objeto deestablecer un sistema de cooperación mediante el cu<strong>al</strong> se brindará mutua capacitación entemas de interés común y se facilitarán las inst<strong>al</strong>aciones de las entidades para divulgar ypromover los derechos y deberes de los usuarios de los servicios públicos domiciliarios eEl otro, con el ánimo de aunar esfuerzos para obtener a través <strong>del</strong> SUI 34 informaciónproveniente de los prestadores de servicios públicos de acueducto, <strong>al</strong>cantarillado y aseoen el marco de las funciones de la Superintendencia, y mediante acciones de cooperaciónfort<strong>al</strong>ecer y consolidar el SUI en el sector de agua potable y saneamiento básico.5.1.1.5. Consolidado de resoluciones e informes defensori<strong>al</strong>eselaborados por la Delegada para los Derechos Colectivos y <strong>del</strong>Ambiente durante el año 2008.33 Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territori<strong>al</strong>, Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, Comisión de RegulaciónCorporación Autónoma Region<strong>al</strong> de Cundinamarca, Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambient<strong>al</strong>es,Departamento Nacion<strong>al</strong> de Planeación, Departamento Administrativo Nacion<strong>al</strong> de Estadística, Contr<strong>al</strong>oría Gener<strong>al</strong> de laRepública, Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación, Instituto Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud, Universidad de los Andes, Universidad <strong>del</strong>Rosario, Universidad Externado de Colombia, Universidad <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le, Universidad Nacion<strong>al</strong> de Colombia, Universidad <strong>del</strong>y Ambient<strong>al</strong> (Acod<strong>al</strong>), Asociación Nacion<strong>al</strong> de Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios (Andesco), Federación 34 Sistema Único de Información.
400 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Cuadro Nº 1Resolución o informedefensori<strong>al</strong>Resolución Nº 54:‘Explotación, transporte yembarque de carbón en losdepartamentos de Cesar yMagd<strong>al</strong>ena.’Resolución Nº 55:“Situación ambient<strong>al</strong> y deservicios públicos en lospueblos p<strong>al</strong>afíticos de laCiénaga Grande de SantaMarta”.Resolución Nº 56: ‘Situaciónambient<strong>al</strong> y de serviciospúblicos en el corregimientode Taganga y el ParqueNacion<strong>al</strong> Natur<strong>al</strong> Tayrona’.Breve presentación.Resumen de la actividadLa actividad es muyimpactante soci<strong>al</strong> yambient<strong>al</strong>mente. Se estándando cambios en el manejoambient<strong>al</strong> de las minas, eltransporte y en los puertos.La población no disponede los servicios públicos deacueducto y <strong>al</strong>cantarillado; losresiduos tanto sólidos comolíquidos y su indebida gestióny tratamiento contribuyen<strong>al</strong> deterioro de la c<strong>al</strong>idad<strong>del</strong> agua de la ciénaga y <strong>al</strong>a ausencia de seguridad ys<strong>al</strong>ubridad públicas.Se está contaminando elecosistema marino. Loshabitantes no cuentan conlos servicios públicos deacueducto y de saneamientobásico en forma continua ysuficiente.Ciertas actividades por partede los ocupantes <strong>del</strong> parqueno se ciñen <strong>al</strong> marco de la leyambient<strong>al</strong>.Fecha y lugar Objetivo Doctrina defensori<strong>al</strong> SeguimientoSanta Marta,julio 25 de 2008.Ev<strong>al</strong>uar el estadoactu<strong>al</strong> de la actividady su impacto sobre losderechos colectivos.Seguimiento a lasrecomendacionesdefensori<strong>al</strong>es.El manejo inadecuado <strong>del</strong>a explotación de recursosnatur<strong>al</strong>es es <strong>al</strong>tamentecontaminante.Reformulación de la políticapara el sector portuario <strong>del</strong>carbón.Acuerdos de producción limpia.Santa Marta,julio 25 de 2008.Diagnosticar y ev<strong>al</strong>uarla situación ambient<strong>al</strong>y de servicios públicosen tres corregimientosp<strong>al</strong>afíticos de la CiénagaGrande de Santa Marta.Las deficiencias en laprestación de los serviciospúblicos se deben a la f<strong>al</strong>tade gestión y transparencia, lacarencia de recursos no es lacausa princip<strong>al</strong>.Las entidades concernidasestán viabilizando las posiblessoluciones.Santa Marta,julio 25 de 2008.Ev<strong>al</strong>uar los impactosambient<strong>al</strong>es causadospor diferentes proyectosque se desarrollan en laciudad de Santa Marta yque tienen repercusiónen la bahía, así comoev<strong>al</strong>uar la situación <strong>del</strong>os servicios públicos.Ev<strong>al</strong>uar la situaciónambient<strong>al</strong> <strong>del</strong>parque como área deconservación.Las autoridades ambient<strong>al</strong>esson ineficientes para hacerseguimiento <strong>al</strong> cumplimientode las obligacionesambient<strong>al</strong>es.Se hace un monitoreo porparte de la entidad que ejercevigilancia y control.Existen acuerdos para trabajarcon la entidad encargada decustodiar el parque.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>401Resolución o informedefensori<strong>al</strong><strong>Informe</strong> sobre la temporadainvern<strong>al</strong> de 2008.<strong>Informe</strong> de seguimiento a laresolución Nº 45:Situación ambient<strong>al</strong>,económica y de serviciospúblicos de las islasde Providencia y SantaCat<strong>al</strong>ina.<strong>Informe</strong> de seguimiento a laresolución Nº 46:Situación soci<strong>al</strong> y ambient<strong>al</strong>de la región <strong>del</strong> Catatumbo,Norte de Santander.<strong>Informe</strong> de seguimiento a laresolución Nº 50: Ciénagade P<strong>al</strong>agua: recuperaciónde las zonas de ronda ypreservación ambient<strong>al</strong>.Breve presentación.Resumen de la actividadHay deficiencias en la atencióna los asentamientos humanosen riesgo por causa de latemporada invern<strong>al</strong>, a pesarde ser una población de unagran vulnerabilidad soci<strong>al</strong>.Luego <strong>del</strong> paso <strong>del</strong> huracánCatrina en el 2005, la islaquedó sumida en una difícilsituación económica, soci<strong>al</strong>y ambient<strong>al</strong>. Se hicieronrecomendaciones paraafrontar la crisis.Cambio de la dinámica <strong>del</strong>conflicto en la región.Nuevas amenazas porla posibilidad de lasexplotaciones mineras y depetróleo en gran esc<strong>al</strong>a.En la ciénaga de P<strong>al</strong>agua seidentificaron los seis princip<strong>al</strong>esproblemas ambient<strong>al</strong>es que laestán deteriorando: el tapónde tarulla, la sedimentación dehidrocarburos en el fondo, losvertimientos, la contaminaciónde los bajos, la ocupaciónde la ronda hidráulica y lacontaminación de las aguassubterráneas por vertimientos yfiltraciones de origen industri<strong>al</strong>Fecha y lugar Objetivo Doctrina defensori<strong>al</strong> SeguimientoDiagnosticar la eficacia<strong>del</strong> sistema de atencióny prevención dedesastres por causa de latemporada invern<strong>al</strong>.A pesar de los avances, f<strong>al</strong>tamayor coordinación de losesfuerzos interinstitucion<strong>al</strong>espara lograr mejoresresultados.Se hicieron recomendacionesdefensori<strong>al</strong>es a diferentesautoridades a través de uninforme de seguimiento.Providencia,abril 16 de 2008Ev<strong>al</strong>uar el cumplimientode las recomendaciones.Diagnosticar elmejoramiento de lascondiciones de loshabitantes de las islas.Los problemas ambient<strong>al</strong>esson transvers<strong>al</strong>es <strong>al</strong> gocey re<strong>al</strong>ización de los demásderechos.Inversiones en infraestructura.Acuerdos y convenios paraincrementar el turismo.TibúJulio 11 de 2008Ev<strong>al</strong>uar los avances <strong>del</strong>as recomendacionesdefensori<strong>al</strong>es.Actu<strong>al</strong>izar el diagnósticode derechos colectivosen la región.La ausencia <strong>del</strong> Estado en lasregiones es la causa princip<strong>al</strong>de la amenaza y vulneraciónde los derechos humanos.Aumento de la presenciainstitucion<strong>al</strong> en la región.Puerto Boyacá Ev<strong>al</strong>uar el cumplimientode las recomendacionesdefensori<strong>al</strong>es.Las actividades antrópicasirresponsables estánacabando con los humed<strong>al</strong>esen el país.Se reiteraron variasrecomendaciones defensori<strong>al</strong>esdebido a su incumplimiento.
402 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Resolución o informedefensori<strong>al</strong>Audiencia defensori<strong>al</strong> enProvidenciaAudiencia defensori<strong>al</strong> enTibúAudiencia defensori<strong>al</strong> enSanta MartaAudiencia defensori<strong>al</strong> enSanta MartaAudiencia defensori<strong>al</strong> enSanta MartaBreve presentación.Resumen de la actividadFecha y lugar Objetivo Doctrina defensori<strong>al</strong> SeguimientoAbril 16 de 2008Julio 11 de 2008Julio 25 de 2008Julio 26 de 2008Julio 26 de 2008Presentación <strong>del</strong> informede seguimiento a laresolución defensori<strong>al</strong>Nº 45.Presentación <strong>del</strong> informede seguimiento a laresolución defensori<strong>al</strong>Nº 46.Presentación de laresolución defensori<strong>al</strong>Nº 54.Presentación de laresolución defensori<strong>al</strong>Nº 55.Presentación de laresolución defensori<strong>al</strong>Nº 56.Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Elaborado por la Delegada para los Derechos Colectivos y <strong>del</strong> Ambiente. 2008.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>4035.2. ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR PARTE DE LAS DEFENSORÍASREGIONALES Y SECCIONALES EN MATERIA DE DERECHOSCOLECTIVOS Y DEL AMBIENTELas Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es han participado en forma activa en la defensay protección de los derechos colectivos a través de las acciones populares, princip<strong>al</strong>mecanismo para la defensa de estos derechos; en ocasiones estas acciones han sidointerpuestas directamente por la Defensoría, otras veces coadyuvadas por la misma; deigu<strong>al</strong> manera, se ha intervenido en las audiencias de pacto de cumplimiento e inspeccionesjudici<strong>al</strong>es.Se destaca la gestión a<strong>del</strong>antada por la Defensoría Region<strong>al</strong> Nariño, quien confundamento en el ‘Diagnóstico de la c<strong>al</strong>idad de agua para el consumo humano, enel marco <strong>del</strong> derecho humano <strong>al</strong> agua’, elaborado por la Defensoría Delegada para losDerechos Colectivos y <strong>del</strong> Ambiente, interpuso 46 demandas de acción popular en contrade los municipios, toda vez que en el primer semestre de 2005, de los 64 municipios <strong>del</strong> procedimiento de estas acciones judici<strong>al</strong>es, se celebraron 43 diligencias de pacto decumplimiento entre la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> y las entidades territori<strong>al</strong>es, quese comprometieron a mediano y largo plazo a re<strong>al</strong>izar obras públicas orientadas a laconstrucción de acueductos y plantas de tratamiento, en la mayoría de los casos en el cascourbano y en otros en el sector rur<strong>al</strong>.Adicion<strong>al</strong>mente, se logró que los municipios accionados se comprometieran a a<strong>del</strong>antary también se comprometieron a a<strong>del</strong>antar campañas pedagógicas sobre la importancia <strong>del</strong>a protección <strong>del</strong> recurso hídrico. En 16 de estos procesos se logró el incentivo a favor<strong>del</strong> Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos de la Defensoría <strong>del</strong> compromisos adquiridos.A través de acción popular la region<strong>al</strong> Nariño logró que la autoridad competentere<strong>al</strong>izara las obras tendientes a la recuperación de la vía que de Pasto conduce a la Uniónen el sitio denominado la Rinconada y sobre dicho sector construir un puente en concreto;un puente carreteable sobre el río Guisa que comunica las veredas Villanueva y Pilispi.común, como el caso <strong>del</strong> barrio Nueva Granada <strong>del</strong> Distrito de Cartagena, construido enla cercanía de la Loma <strong>del</strong> Marión, en el que frente a la afectación <strong>del</strong> derecho colectivoa la seguridad y s<strong>al</strong>ubridad pública y a la atención y prevención de desastres, por peticiónlas viviendas de <strong>al</strong>to riesgo y la recolección <strong>del</strong> lodo en las c<strong>al</strong>les <strong>del</strong> barrio, con lo cu<strong>al</strong>
404 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>y region<strong>al</strong>, en búsqueda de una solución, cuando con ocasión de la fuerte temporadainvern<strong>al</strong>, se destruyó un puente que une a las poblaciones de Mompós – Cicuco.Ante la inadecuada prestación <strong>del</strong> servicio público de recolección de basuras y la m<strong>al</strong>ade una acción popular obtuvo la protección a los derechos <strong>al</strong> goce de un ambiente sano, laseguridad y s<strong>al</strong>ubridad públicas, y el acceso a los servicios públicos y a que su prestaciónel día y hora preestablecidos, así como la re<strong>al</strong>ización de campañas pedagógicas para lacorrecta manipulación de basuras y reciclaje.Por gestión de la Defensoría Region<strong>al</strong> Quindío, se logró que el Instituto Nacion<strong>al</strong>Penitenciario INPEC girara recursos a la Dirección <strong>del</strong> establecimiento penitenciarioy carcelario de C<strong>al</strong>arcá para a<strong>del</strong>antar reparaciones y adecuaciones locativas <strong>del</strong> área det<strong>al</strong>leres. Con el avance de las obras y el reacondicionamiento <strong>del</strong> lugar se protegen losderechos a la seguridad y s<strong>al</strong>ubridad públicas y el goce de un ambiente sano.La Region<strong>al</strong> Norte de Santander conjuntamente con el Comité Departament<strong>al</strong> deControl y Vigilancia Ambient<strong>al</strong> de Norte de Santander, se ha protegido el derecho <strong>al</strong>goce de un ambiente sano. Por una parte, se obtuvo el cierre de establecimientos que nocumplían con los límites de emisión sonora; de la otra parte, se logró que el Ministerio <strong>del</strong>Medio Ambiente de Venezuela ordenara a una empresa azucarera <strong>del</strong> municipio fronterizogenerado por las chimeneas <strong>del</strong> ingenio, que afectaban a la comunidad colombiana.La region<strong>al</strong> Vichada. El accidente que ocasionó la muerte de una menor en una vía dePuerto Carreño, hizo evidente el <strong>al</strong>to riesgo para la población estudiantil y la comunidad engener<strong>al</strong>, por lo que la presencia y actuación de la Defensoría de Vichada fue fundament<strong>al</strong>para iniciar una gestión en defensa <strong>del</strong> derecho colectivo a la seguridad pública. Estaintervención derivó en la inst<strong>al</strong>ación de reductores de velocidad en las inmediaciones <strong>del</strong>as instituciones educativas, la presencia de policía a la hora de entrada y s<strong>al</strong>ida de losestudiantes y el inicio <strong>del</strong> trabajo de señ<strong>al</strong>ización en las vías de este municipio. También enrespuesta a la inst<strong>al</strong>ación de varios conos y v<strong>al</strong>las en el centro de una vía pública de PuertoCarreño por motivos de seguridad, la Defensoría, para proteger el derecho <strong>al</strong> espaciopúblico interpuso acción de tutela por considerar violado este derecho en conexidad conel derecho a la libertad de locomoción. La tutela fue concedida, con lo que se garantizó elejercicio de los derechos de las comunidades.La Region<strong>al</strong> Putumayo interpuso acción de tutela para proteger el derecho a la seguridadsoci<strong>al</strong> en pensiones, vinculado <strong>al</strong> derecho a la subsistencia en condiciones dignas de trececiudadanos <strong>del</strong> municipio de Mocoa, tutela que fue concedida. Es de anotar que ante elincumplimiento de la orden judici<strong>al</strong> se interpuso el incidente de desacato y se continúael respectivo seguimiento en procura de que se supla el mínimo vit<strong>al</strong> básico de estaspersonas de la tercera edad y se protejan, entre otros, los derechos colectivos a la seguridad<strong>al</strong>imentaria y a la vida digna.Ante el desabastecimiento de agua en el Asentamiento 15 de Mayo de Mocoa, laDefensoría Region<strong>al</strong> gestionó ante instancias <strong>del</strong> orden departament<strong>al</strong> y municip<strong>al</strong> paraque se cree un plan de contingencia; se lograron soluciones a corto, mediano y largo plazo.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>405La Defensoría <strong>del</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio, re<strong>al</strong>iza el seguimiento a las recomendacionesdefensori<strong>al</strong>es contenidas en la Resolución Defensori<strong>al</strong> No. 50 sobre la Ciénaga de P<strong>al</strong>agua: , con el propósito de garantizarlos derechos vinculados a su conservación, t<strong>al</strong>es como el goce de un ambiente sano,el equilibrio ecológico, la seguridad <strong>al</strong>imentaria y la atención y prevención de desastresprevisibles técnicamente para las comunidades. interpusieron y coadyuvaron acciones judici<strong>al</strong>es en las que se defendieron y protegieronlos derechos colectivos y <strong>del</strong> ambiente.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>407C. INFORME GENERAL DE ATENCIÓNY TRÁMITE DE QUEJAS * .* Resolución No 306 de 2005. Plan Estratégico de la Defensoría3 <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> 2005 - 2010.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>409C 1. INFORME GENERAL DE GESTIÓN EN LA ATENCIÓN Y ELTRÁMITE DE PETICIONES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLOA. GESTIÓN DE LA UNIDAD NACIONAL DE RECEPCIÓN Y ANÁLISISDE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO DURANTE EL AÑO 2008La Unidad de Recepción y Análisis, creada dentro de la estructura <strong>del</strong> esquema gener<strong>al</strong>de atención 35 lectura, primer análisis y admisión o rechazo de todas las peticiones o casos que se recibanen forma escrita o telefónica (…), solo aquellas que sean admitidas pasarán a las unidadesde gestión nacion<strong>al</strong>es o region<strong>al</strong>es respectivas según el caso y de acuerdo con su natur<strong>al</strong>eza.Durante el año 2008 recibió 9.063 peticiones por correspondencia, página web, e-mail yteléfono, estas fueron recepcionadas, atendidas y remitidas a las demás dependencias de laEntidad para su trámite, en la siguiente forma. Ver Tabla No. 1ASESORÍASSALDOS PEDA-GÓGICOSTabla No. 1.Peticiones Recibidas. Año 2008REMITIDOSREMITIDOS OTRASENTIDADESASESORÍAS E-MAIL2.378 2.844 938 1.912 991Fuente: Unidad de Recepción y Análisis.Peticiones remitidas por dependenciasLa Unidad de Recepción y Análisis Nacion<strong>al</strong>, durante el año 2008, remitió a lasDefensorías Region<strong>al</strong>es 843 peticiones, t<strong>al</strong> como se puede apreciar en la Tabla No. 2.Tabla No. 2.Peticiones Remitidas a las Defensorías Region<strong>al</strong>es. Año 2008ANTIOQUIA 44ATLÁNTICO 8BOGOTÁ 1235 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Resolución 396 de 2003, <strong>del</strong> señor Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.
410 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>BOLÍVAR 15BOYACÁ 107CALDAS 23CAUCA 28CHOCÓ 14CÓRDOBA 12CUNDINAMARCA 9HUILA 45MAGDALENA 24MAGDALENA MEDIO 99META 73NARIÑO 10NORTE DE SANTANDER 52PUTUMAYO 6QUINDÍO 26RISARALDA 13SANTANDER 70TOLIMA 63VALLE 90TOTAL 843Fuente: Unidad de Recepción y Análisis.En el mismo período, la URA Nacion<strong>al</strong> remitió a las Defensorías <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Seccion<strong>al</strong>es95 peticiones, las cu<strong>al</strong>es se det<strong>al</strong>lan en la tabla No. 3.Tabla No. 3Peticiones remitidas a las seccion<strong>al</strong>es. Año 2008AMAZONAS 0ARAUCA 5CAQUETÁ 4CASANARE 4CESAR 49GUAINÍA 4GUAJIRA 10GUAVIARE 7SAN ANDRÉS 1SUCRE 5URABÁ 3VAUPÉS 2VICHADA 1TOTAL 95Fuente: Unidad de Recepción y Análisis.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>411Asimismo, de las peticiones recibidas y remitidas a las diferentes Region<strong>al</strong>es ySeccion<strong>al</strong>es, por competencia, esta Unidad dio traslado, por la gravedad de los hechos y deacuerdo con la natur<strong>al</strong>eza de las mismas, a las siguientes dependencias <strong>del</strong> nivel centr<strong>al</strong> paraTabla No. 4Peticiones Remitidas a Dependencias <strong>del</strong> Nivel Centr<strong>al</strong>. Año 2008DIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS 36DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES 11DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN 21SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS 2DEFENSORÍA DELEGADA DE INDÍGENAS Y MINORÍAS ÉTNICAS 8DEFENSORÍA DELEGADA DE LOS DERECHOS COLECTIVOS Y MEDIO AMBIENTE 8DEFENSORÍA DELEGA PARA LOS ASUNTOS CONSTITUCIONALES 1DEFENSORÍA DELEGADA PARA LA POLÍTICA CRIMINAL 5UNIDAD DE COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN A LOS DE DESPLAZADOS POR LA VIOLENCIA 4SECRETARIA GENERAL PROGRAMA DE SALUD 3DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN - CENTRO DE DOCUMENTACIÓN 16UNIDAD JUSTICIA Y PAZ 2TOTAL 117Fuente: Unidad de Recepción y Análisis.podemos decir que durante el 2008 se absolvieron 3.369 consultas en las siguientes áreas<strong>del</strong> derecho. Ver Tabla No. 5.Tabla No.5Consultas por Área <strong>del</strong> DerechoÁREA PENAL (Solicitud Defensor Público y Asesoría) 1.056ÁREA CIVIL 277ÁREA ADMINISTRATIVA 198ÁREA LABORAL 299ÁREA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN 844ÁREA DE GRAVES VIOLACIONES DDHH SISTEMA DE ALERTAS TEMPRANAS 2ÁREA DE INFRACCIONES AL D.I.H. 693TOTAL CONSULTAS POR MATERIA 3.369Fuente: Unidad de Recepción y Análisis.S<strong>al</strong>dos pedagógicos emitidosEn desarrollo de la labor de recepción y análisis, se brindaron 2.844 asesorías enlas diferentes áreas <strong>del</strong> derecho dirigidos a los peticionarios, en los eventos en que sedeterminó que la petición no se enmarcaba dentro de la competencia de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, según los parámetros <strong>del</strong> Instructivo Gener<strong>al</strong>, según tabla No. 6.
412 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Tabla No. 6S<strong>al</strong>dos Pedagógicos por Área <strong>del</strong> DerechoÁREA DE LOS DERECHOS HUMANOS Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN 797ÁREA ADMINISTRATIVA 236ÁREA CIVIL 334ÁREA PENAL 787ÁREA LABORAL 389ÁREA FAMILIA 301TOTAL SALDOS PEDAGÓGICOS POR ÁREA DEL DERECHO 2.844Fuente: Unidad de Recepción y Análisis.Peticiones remitidas a otras entidades por competenciaLuego de re<strong>al</strong>izar la recepción y el análisis correspondientes a las peticiones <strong>al</strong>legadas <strong>al</strong>a Unidad durante el año 2008, se remitieron 1.912 solicitudes a las entidades competentes,encargadas de brindar una respuesta de fondo a los requerimientos de los peticionarios.B. ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PETICIONES DE LA DIRECCIÓNNACIONAL DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJASLa Dirección Nacion<strong>al</strong>, además de ejercer la función de control de la gestión y elregistro de las peticiones de las 37 unidades operativas de atención de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, atiende y tramita peticiones ante las autoridades <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong>. En est<strong>al</strong>abor y en razón de la implementación de mecanismos de control y herramientas detrabajo diseñadas y actu<strong>al</strong>izadas entre el año 2004 y el 2007, se ha mejorado el servicioe incrementado considerablemente la atención con menos funcionarios, como se puedeapreciar en el cuadro No. 1.Cuadro No. 1Atención y Trámite de Peticiones por funcionarios de la DirecciónNacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de QuejasAños 2002 a 2008.AÑOSNÚMERO DEFUNCIONARIOSTOTAL PETICIONESASIGNADASPROMEDIO DE PETICIONES PORFUNCIONARIO2002 23 2.441 1062003 8 634 792004 8 1.146 1432005 7 1.481 2122006 7 1.408 2012007 7 2.241 3202008 6 2.813 469Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>413Es de anotar, que los funcionarios de la Dirección durante el año 2008 concluyeron,334 peticiones, las cu<strong>al</strong>es venían <strong>del</strong> año anterior (2007); cifra a la que se adicionan las 2.813peticiones que se asignaron en el año 2008 para un tot<strong>al</strong> de 3.147 peticiones tramitadas eneste periodo y un promedio por funcionario de 525 peticiones.C. FUNCIÓN DE COORDINACIÓN, CONTROL Y REGISTRO DELA ATENCIÓN Y TRÁMITE DE PETICIONES A CARGO DE LADIRECCIÓN NACIONAL DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS1. Gestión de peticiones en forma directa, ordinaria o urgenteatención de peticiones o unidades operativas en el país, bajo la orientación y coordinaciónde la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, permitió establecer que laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> había recibido hasta diciembre 31 de 2008, 72.456 peticiones de lascu<strong>al</strong>es 23.564 eran quejas, 33.007 asesorías y 15.885 solicitudes, como se puede apreciarPETICIONES POR LUGAR DE ATENCIÓN AÑO 2008DEL LUGAR DE ATENCIÓN QUEJAS ASESORÍAS SOLICITUDES SUBTOTAL %Dirección Nacion<strong>al</strong> deQuejas1.338 1.023 452 2.813 3.88Centro de AtenciónCiudadana9 5,652 4 5.665 7.82Antioquia 3.031 1.248 725 5.004 6.91Atlántico 89 3.944 770 4.803 6.63Bogotá 532 2.724 2.048 5.304 7.32Bolívar 898 240 640 1.778 2.45Boyacá 516 705 50 1.271 1.75C<strong>al</strong>das 29 1.661 207 1.897 2.62Cauca 462 107 480 1.049 1.45Córdoba 207 498 174 879 1.21Cundinamarca 644 163 481 1.288 1.78Chocó 946 63 53 1.062 1.47Huila 24 538 1.120 1.682 2.32Magd<strong>al</strong>ena 396 481 516 1.393 1.92Magd<strong>al</strong>ena Medio 1.218 133 579 1.930 2.66Meta 1.205 579 625 2.409 3.32Nariño 841 668 505 2.014 2.78Norte de Santander 558 350 547 1.455 2.01Putumayo 282 6 171 459 0.63Quindío 1.648 1.689 458 3.795 5.24Risar<strong>al</strong>da 323 1.616 523 2.462 3.40Santander 533 3.260 0 3.793 5.23Tolima 1.743 34 58 1.835 2.53V<strong>al</strong>le 1.178 3.259 980 5.417 7.48
414 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Amazonas 9 91 144 244 0.34Arauca 492 122 516 1.130 1.56Caquetá 1.266 258 423 1.947 2.69Casanare 309 195 475 979 1.35Cesar 1.079 189 465 1.733 2.39Guainía 5 267 139 411 0.57Guajira 96 79 147 322 0.44Guaviare 519 384 145 1.048 1.45San Andrés y Providencia 611 5 533 1.149 1.59Sucre 272 18 625 915 1.26Urabá 197 469 2 668 0.92Vaupés 1 2 62 65 0.09Vichada 58 287 43 388 0.54TOTAL PETICIONESPOR LUGAR DEATENCIÓN23.564 33.007 15.885 72.456 100.00Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas.PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN POR TIPO DE PETICIÓN. AÑO 2008SOLICITUDES 15.885.22%QUEJAS23.564.33%ASESORÍAS33.007.45%Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas.El control <strong>al</strong> registro de la gestión y a la gestión misma, que periódicamente impartela Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, le permite a la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> presentar en cifras y también por muestreo –t<strong>al</strong> como se pudo apreciaren la primera parte de este informe– la situación de derechos humanos y derechointernacion<strong>al</strong> humanitario de Colombia; toda vez, que las peticiones debidamente registrado en un periodo determinado, bajo qué conductas, en qué lugares y fechas, ycuáles son los presuntos responsables de las mismas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>415En la atención y trámite de peticiones de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, como se registrael Cuadro N° 2, se indica que las Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es que más peticiones atendieron(5.304) y Antioquia (5.004) y las Seccion<strong>al</strong>es: Caquetá (1.947), Cesar (1.773) y San Andrésy Providencias (1.149).En cuanto <strong>al</strong> nivel centr<strong>al</strong> de la Entidad, el registro de la gestión fue: el Centro de Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite 2.813 peticiones atendidas.2. Gestión de peticiones en bloqueSe tramitaron en bloque las peticiones que reunían los siguientes criterios: 1. Laviolación <strong>al</strong> mismo derecho o de los mismos derechos, a través de la misma o las mismasconductas violatorias. 2. La amenaza o vulneración de derechos y la conducta o conductasvulneratorias, <strong>al</strong> parecer, fueron producidas por la misma autoridad, la misma entidadpública o privada o los mismos particulares a quienes se ha adjudicado la prestación deun servicio público, y 3. La autoridad, la entidad pública o privada o los particulares aquienes se ha adjudicado la prestación de un servicio público, presuntos responsables <strong>del</strong>a amenaza o vulneración <strong>del</strong> derecho o derechos, están obligados a adoptar idénticas osimilares medidas, dirigidas a proteger o garantizar el ejercicio de los derechos humanosde los afectados. El cuadro No. 3. indica la gestión re<strong>al</strong>izada en bloque por la Defensoríadurante el año 2008.GESTIÓN DE PETICIONES POR ATENCIÓN EN BLOQUEN° DE RADICACIÓNDE LA PETICIÓNPOBLACIÓNBENEFICIADAACTUACIÓNDEFENSORIALAUTORIDADESCONCERNIDAS08 01 8075614 peticionarios afiliadosa Cajan<strong>al</strong> E.S.E.2 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.15 peticionarios afiliadosa Cajan<strong>al</strong> E.S.E.6 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.3 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.6 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.4 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.4 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.3 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.2 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.08 01 8089808 01 8128908 02 8344208 02 8351008 02 8355208 02 8357708 02 83603Solicitudes de emisión deresolución de pensionesen los términos deLey 797 de 2003 y decumplimiento de f<strong>al</strong>losde tutelas que ordenanla emisión de estas ola reliquidación de lasmismas.Cajan<strong>al</strong> E.S.E. - Subgerenciade Prestaciones Económicas08 02 8455580 03 85531
416 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>N° DE RADICACIÓNDE LA PETICIÓN08 03 8595208 05 8980408 05 8981908 05 8986308 07 9361508 07 9364908 07 9365008 07 9367608 07 9372308 07 9378408 07 9379908 07 9380708 08 9521408 08 9557508 08 9560808 08 9566008 08 9568408 08 9571308 08 9573308 09 97865POBLACIÓNBENEFICIADA4 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.7 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.3 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.19 peticionarios afiliadosa Cajan<strong>al</strong> E.S.E.19 peticionarios afiliadosa Cajan<strong>al</strong> E.S.E.2 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.5 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.27 peticionarios afiliadosa Cajan<strong>al</strong> E.S.E.6 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.3 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.4 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.7 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.4 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.2 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.3 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.4 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.5 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.22 peticionarios afiliadosa Cajan<strong>al</strong> E.S.E.8 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.5 peticionarias exfuncionariasde laE.S.E. Luis Carlos G<strong>al</strong>ánSarmiento en LiquidaciónACTUACIÓNDEFENSORIALSolicitudes de emisión deresolución de pensionesen los términos deLey 797 de 2003 y decumplimiento de f<strong>al</strong>losde tutelas que ordenanla emisión de estas ola reliquidación de lasmismas.Solicitud de respuestasefectivas a derechos depetición sobre derechosadquiridos y en vía deAdquisición y Reclamaciónde derechos labor<strong>al</strong>es y deseguridad soci<strong>al</strong>AUTORIDADESCONCERNIDASCajan<strong>al</strong> E.S.E. - Subgerenciade Prestaciones EconómicasApoderada <strong>del</strong> Liquidador“FIDUAGRARIO” de la E.S.E.Luis Carlos G<strong>al</strong>án Sarmientoen Liquidación
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>417N° DE RADICACIÓNDE LA PETICIÓN08 09 9819908 10 0061908 10 0024208 10 0066708 10 0067308 10 0067808 10 0069108 10 0069308 10 0070408 10 0082708 11 0138908 11 01454POBLACIÓNBENEFICIADA52 peticionarios exfuncionariasde la E.S.E.Rita Álvarez de Arango enLiquidación77 peticionarios afiliadosa Cajan<strong>al</strong> E.S.E.2 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.2 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.3 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.3 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.2 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.4 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.13 peticionarios afiliadosa Cajan<strong>al</strong> E.S.E.2 peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.E.peticionarios afiliados aCajan<strong>al</strong> E.S.EACTUACIÓNDEFENSORIALSolicitud de respuestasefectivas a derechos depetición sobre derechosadquiridos y en vía deAdquisiciónSolicitudes deinvestigación afuncionarios de Cajan<strong>al</strong>E.S.E, por presuntasirregularidades.Solicitudes de resolucióna peticiones de pensionesen los términos de la Ley797 de 2003 y Solicitudesde cumplimiento a f<strong>al</strong>losde tutelas que ordenanrespuesta a estas oReliquidación de lasmismas.AUTORIDADESCONCERNIDASAgente Liquidadora de laE.S.E. Rita Álvarez de Arangoen LiquidaciónProcurador Gener<strong>al</strong> de laNaciónCajan<strong>al</strong> E.S.E. - Subgerenciade Prestaciones EconómicasTOTAL DE POBLACIÓN BENEFICIADA: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO (384) PETICIONARIOS.Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas. 31 de diciembre de 2009.logró el traslado de 11 internos <strong>del</strong> Establecimiento Penitenciario y Carcelario de SantaRosa de Viterbo.3. Gestión de solicitudesa) Gestión de solicitudes de mediación.En el 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> re<strong>al</strong>izó gestiones de mediación en derechoslabor, se destacan las gestiones de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cauca y la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Córdoba, con apoyo de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámitede Quejas.
418 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Sindicato, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> pidió reconciliación, ante reiteradas actitudesLa Defensoría Region<strong>al</strong> Córdoba, con apoyo de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención yTrámite de Quejas, el 5 de diciembre de 2008, logró un acuerdo entre la Universidad <strong>del</strong>abor<strong>al</strong> que desde meses atrás afectaba la actividad administrativa de la Universidad. Lose logró un acuerdo para que se designe una comisión conjunta con el objeto de estudiarlos aumentos s<strong>al</strong>ari<strong>al</strong>es de los años 2003 a 2008, y para su cancelación gradu<strong>al</strong>, partiendocancelar en el año 2008, así como la revisión acerca de la existencia de pagos o prestacionessoci<strong>al</strong>es que se hayan dejado de reconocer a la luz <strong>del</strong> Decreto 74 de 1998, entre otros. LaDefensoría Region<strong>al</strong> hará seguimiento a los compromisos asumidos por las partes.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> Cauca, en el último año, ha re<strong>al</strong>izado mediacionesen derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, siendo las más relevantes Carcelario INPEC, las comunidades indígenas y los miembros de la Fuerza Pública y entrecomunidades y grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley. (Cuadro No. 4).Gestión defensori<strong>al</strong> de mediciónDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> CaucaAño 2008No. REGIONAL FECHA PARTES RESULTADO DE LA GESTIÓN1 Cauca Febrero de 20082 Cauca Julio de 20083 Cauca4 Cauca5 CaucaSeptiembre de2008Septiembre de2008Septiembre de2008Comunidad de la Veredael Hatico – Grupo ArmadoIleg<strong>al</strong> “Águilas Negras”Brigada III <strong>del</strong> EjércitoNacion<strong>al</strong>, Comunidades<strong>del</strong> Naya.Autoridades y Comuneros<strong>del</strong> Resguardo de Pioyá –Columna Jacobo Arenas <strong>del</strong>as FARC EPDocentes, trabajadores yDirectivas de la InstituciónJhon F Kennedy.Autoridades Patía,comunidades Mineras <strong>del</strong>Hoyo Patía.Liberación de José Gir<strong>al</strong>do Toro,Secretario de la Junta de AcciónComun<strong>al</strong>Creación de un enlace de <strong>al</strong>tonivel entre la Comunidad y laFuerza Pública para tratar temasde señ<strong>al</strong>amientos, estigmatizacióny presuntos abusos de la FuerzaPública en la Región <strong>del</strong> Naya.Desactivación de un campo minadoy compromiso de no inst<strong>al</strong>arnuevos minados en el territorio <strong>del</strong>resguardo.Convocatoria de las partes ymediación <strong>del</strong> Defensor Region<strong>al</strong>,con asistencia, además <strong>del</strong> ComitéParitario de S<strong>al</strong>ud Ocupacion<strong>al</strong> <strong>del</strong>a Alc<strong>al</strong>día <strong>del</strong> Popayán.Prevención de un desplazamientomasivo, acercamientos y acuerdossobre problemas más acuciantes.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>419No. REGIONAL FECHA PARTES RESULTADO DE LA GESTIÓN6 Cauca Octubre de 20087 Cauca Octubre de 200810 Cauca Octubre de 200811 Cauca Octubre de 20089 Cauca Octubre de 20088 Cauca Octubre de 200812 Cauca Octubre de 200813 Cauca Noviembre de 200814 Cauca Diciembre de 200816 Cauca Diciembre de 200815 Cauca Diciembre de 2008Policía Nacion<strong>al</strong>,Estudiantes de UNICAUCA,amenazados y hostigadosen el sector Tulcán de laUniversidad <strong>del</strong> Cauca porpersonas que se presentancomo integrantes de lasÁguilas Negras.Comunidades NASA,Fuerza Pública (PolicíaNacion<strong>al</strong>)Policía Nacion<strong>al</strong>,Comunidades IndígenasPolicía Nacion<strong>al</strong>,Autoridades IndígenasPolicía Nacion<strong>al</strong>, ConsejoRegion<strong>al</strong> Indígena.Comunidades Indígenas yorganizaciones soci<strong>al</strong>esPolicía Nacion<strong>al</strong>, EjércitoNacion<strong>al</strong>, AutoridadesIndígenasAutoridades, comunidadesde Toribío.Autoridades civiles,universitarias. FuerzaPública y Organismo deSeguridad, estudiantes deUNICAUCAAdministración Municip<strong>al</strong>de Jamb<strong>al</strong>ó Cauca,Funcionarios de laAdministración, Milicianos<strong>del</strong> Grupo Armado FARC.Ejército Nacion<strong>al</strong>, Fisc<strong>al</strong>íaGener<strong>al</strong>, AutoridadesIndígenas.Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cauca. Documentos, Comisiones, Agendas.Medidas de seguridad en el sectoradoptadas por las autoridades.Reparaciones locativas.Ofrecimiento de conciliación yreparación.Ingreso de medicamentosesenci<strong>al</strong>es para atender <strong>al</strong>os heridos indígenas en losenfrentamientos con el SMADEntrega a la Defensoría de unAgente <strong>del</strong> SMAD retenido porla Guardia Indígena y entrega<strong>del</strong> mismo a sus superiores paraatención médica.Recaudo de pruebas sobre losdaños causados en la MaríaPiendamó atribuidos a la FuerzaPública.Acompañamiento <strong>del</strong> Defensor<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Nacion<strong>al</strong> <strong>al</strong> ConsejoComun<strong>al</strong> en la María Piendamó.Inicio y desarrollo pacífico de lamovilización indígena por la VíaPanamericana hasta la ciudad de C<strong>al</strong>i.Acercamiento sobre la forma deabordar los riesgos <strong>del</strong> conflictoarmado.Acuerdo sobre la necesidad degestionar la prórroga de lasmedidas cautelares suspendidas enforma intempestiva por el GobiernoNacion<strong>al</strong> a los estudiantes.Entrega a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de 7 servidores públicos retenidospor milicianos <strong>del</strong> grupo armadoFARC-EPAutorización a una comisión <strong>del</strong>as autoridades indígenas paraacompañar todas las diligenciasen el caso de la muerte de EdwinLegarda, esposo de la ConsejeraMayor <strong>del</strong> CRIC.
420 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>b) Gestión de solicitudes de conciliaciones prejudici<strong>al</strong>es.conciliaciones extrajudici<strong>al</strong>es. En el mismo período la Defensoría recibió 1.243 solicitudesde conciliación prejudici<strong>al</strong> en las áreas labor<strong>al</strong>, familia, civil, administrativo y otras, de lascu<strong>al</strong>es logró conciliar 845. En los casos conciliados se levantaron las respectivas diligenciaspara los efectos jurídicos correspondientes y se presentó informe de toda la gestióninstitucion<strong>al</strong> en la materia <strong>al</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, según lo reglamentado enla Ley 640 de 2001. Ver det<strong>al</strong>le en el cuadro No. 5.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>421DependenciaUnidadConciliaciones extrajudici<strong>al</strong>es solicitadas y logradaspor la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Labor<strong>al</strong> Civil Familia Administrativo Otras Tot<strong>al</strong>Region<strong>al</strong>es Recibidas Conciliadas Recibidas Conciliadas Recibidas Conciliadas Recibidas Conciliadas Recibidas Conciliadas Recibidas ConciliadasAmazonas 2 2 7 7 0 0 2 0 0 0 11 9Antioquia 2 0 3 1 2 2 0 0 0 0 7 3Arauca 2 2 152 152 166 166 0 0 5 5 325 325Atlántico 0 0 56 34 6 6 18 10 0 0 80 50Bogotá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Bolívar 0 0 36 5 2 2 0 0 0 0 38 7Boyacá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Caquetá 6 2 40 4 100 25 0 0 0 0 146 31Casanare 1 1 11 3 0 0 0 0 0 0 12 4Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Cesar 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0Córdoba 1 0 27 3 1 0 0 0 1 0 30 3Cundinamarca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Guainía 17 4 12 3 2 2 0 0 0 0 31 9Guajira 0 0 65 35 0 0 0 0 0 0 65 35Guaviare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Huila 0 0 11 0 3 0 0 0 0 0 14 0Magd<strong>al</strong>ena Medio 0 0 11 0 9 5 0 0 0 0 20 5Meta 0 0 11 0 2 0 0 0 0 0 13 0Nariño 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Norte de Santander 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0Putumayo 2 0 31 6 6 3 0 0 0 0 39 9Quindío 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
422 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>DependenciaUnidadLabor<strong>al</strong> Civil Familia Administrativo Otras Tot<strong>al</strong>Risar<strong>al</strong>da 0 0 2 2 7 7 0 0 0 9 9San Andrés 124 124 62 62 97 97 24 24 28 28 335 335Santander 0 0 10 8 0 0 0 0 5 2 15 10Tolima 0 0 38 0 2 1 0 0 0 0 40 1Urabá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Vaupés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Tot<strong>al</strong> 2008 157 135 590 325 413 316 44 34 39 35 1.243 845Tot<strong>al</strong> Conciliaciones Region<strong>al</strong>es 2008Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas y Defensorías <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>423c) Gestión de solicitudes especi<strong>al</strong>es de colombianos en el exteriorLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> gestionó ante la Cancillería en el año 2008, asuntosrelacionados con el respeto y garantía de los derechos de colombianos radicados en elexterior, en especi<strong>al</strong> de aquellos que se encuentran privados de la libertad, debido a su <strong>al</strong>togrado de vulnerabilidad. De la misma manera apoyó la gestión de familiares de colombianosque han f<strong>al</strong>lecido fuera <strong>del</strong> país para la repatriación de los cadáveres, entre otras gestiones.En relación con los privados de la libertad, se res<strong>al</strong>ta que la Defensoría en el año2008 solicitó a la Cancillería proveer de abogados expertos en derecho internacion<strong>al</strong>europeo con capacidad de litigar ante el Tribun<strong>al</strong> Constitucion<strong>al</strong> Español, en defensa <strong>del</strong>os derechos y garantías judici<strong>al</strong>es, en el proceso a<strong>del</strong>antado por el Juzgado de Menores 36 .También se preciso, ante la comunidad internacion<strong>al</strong>, el <strong>al</strong>cance de la gestión defensori<strong>al</strong>,relacionada con las solicitudes de refugio y el derecho <strong>al</strong> asilo político 37 .d) Gestión de solicitudes especi<strong>al</strong>es de grupos poblacion<strong>al</strong>es de especi<strong>al</strong> protecciónEn el desarrollo de esta actividad, la Defensoría solicitó protección para la vida eintegridad person<strong>al</strong> de personas en situación de riesgo, <strong>al</strong> programa de protección <strong>del</strong>Ministerio <strong>del</strong> Interior, y en el marco de la facultad otorgado por el Decreto 2816 de 2006.Estas solicitudes se hicieron en las reuniones periódicas <strong>del</strong> Comité de Reglamentación ySeguimiento a la Ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> Riesgo, CRER.En reiteradas oportunidades, manifestó su preocupación respecto a los estudios deseguridad de las personas objeto <strong>del</strong> Programa, ya que gener<strong>al</strong>mente el resultado de losTambién, solicitó <strong>al</strong> Programa un protocolo de asistencia a los protegidos que permita darun tratamiento diferenci<strong>al</strong> dirigido entre otros, a las mujeres, indígenas, afrodescendientes,niños y niñas, madres cabeza de familia, desplazados por la violencia.4. Gestión de peticiones por grupos poblacion<strong>al</strong>es vulnerablesLa atención y trámite de peticiones, orientada por la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención yTrámite de Quejas, que corresponde <strong>al</strong> esquema gener<strong>al</strong> de atención, destaca en su registrola condición de vulnerabilidad de varios grupos y de especi<strong>al</strong> protección por parte de laentidad de grupos vulnerables. Es así, como en el año 2008 se atendieron y tramitaron8.302 quejas en el país en las que las víctimas de estas violaciones a los derechos humanose infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario fueron afrodescendientes, indígenas,niños, niñas, población reclusa y desplazados por la violencia.a) Quejas por amenaza o violación a los derechos de los desplazados por la violenciaLas quejas recibidas y gestionadas por violación o amenaza a los derechos consagrados lugares de atención y derecho vulnerado se pueden apreciar en el cuadro No. 6. Exterior.
424 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Quejas contra los derechos de la población en situación dedesplazamiento forzadoAño 2008Quejas contra los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. Año 2008LUGAR DE LOS HECHOSAMAZONASDERECHOS PRESUNTAMENTE AMENAZADOSO VIOLADOSINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIONÚMERO DEQUEJASTot<strong>al</strong> AMAZONAS 1ANTIOQUIA DE LOS DESPLAZADOS 190DE PETICIÓN 9INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO203SALUD 4VIDA 1Tot<strong>al</strong> ANTIOQUIA 407ARAUCA DE LOS DESPLAZADOS 10INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO401SALUD 1Tot<strong>al</strong> ARAUCA 412ATLÁNTICO DE LOS DESPLAZADOS 6INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO7VIDA 2Tot<strong>al</strong> ATLÁNTICO 15BOÍVAR DE LOS DESPLAZADOS 548DE PETICIÓN 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO86SALUD 29VIDA 15Tot<strong>al</strong> BOÍVAR 679BOYACÁ DE LOS DESPLAZADOS 1DE PETICIÓN 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO15Tot<strong>al</strong> BOYACÁ 17CALDASINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO23Tot<strong>al</strong> CALDAS 231
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>425Quejas contra los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. Año 2008CAQUETÁ DE LOS DESPLAZADOS 100DE PETICIÓN 5INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO221SALUD 4VIDA 1Tot<strong>al</strong> CAQUETÁ 311CASANARE DE LOS DESPLAZADOS 12INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO51SALUD 2Tot<strong>al</strong> CASANARE 65CAUCA DE LOS DESPLAZADOS 114DE PETICIÓN 5INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO44SALUD 2Tot<strong>al</strong> CAUCA 165CESAR DE LOS DESPLAZADOS 336DE PETICIÓN 18INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO46SALUD 2Tot<strong>al</strong> CESAR 402CHOCÓ DE LOS DESPLAZADOS 19DE PETICIÓN 47INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO65SALUD 11VIDA 2Tot<strong>al</strong> CHOCÓ 144CÓRDOBA DE LOS DESPLAZADOS 3INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO48Tot<strong>al</strong> CÓRDOBA 51CUNDINAMARCA DE LOS DESPLAZADOS 2DE PETICIÓN 2INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO55SALUD 2VIDA 1Tot<strong>al</strong> CUNDINAMARCA 62
426 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Quejas contra los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. Año 2008BOGOTÁ DE LOS DESPLAZADOS 29DE PETICIÓN 11INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO163INTEGRIDAD PERSONAL 2SALUD 1VIDA 5Tot<strong>al</strong> BOGOTÁ 211GUAINÍAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO5Tot<strong>al</strong> GUAINÍA 5GUAVIARE DE LOS DESPLAZADOS 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO107Tot<strong>al</strong> GUAVIARE 108HUILAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO50Tot<strong>al</strong> HUILA 50LA GUAJIRA DE LOS DESPLAZADOS 10INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO10Tot<strong>al</strong> LA GUAJIRA 20SUCRE DE LOS DESPLAZADOS 4INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO104Tot<strong>al</strong> SUCRE 108TOLIMA DE LOS DESPLAZADOS 95DE PETICIÓN 8INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO644INTEGRIDAD PERSONAL 4SALUD 2VIDA 3Tot<strong>al</strong> TOLIMA 756VALLE DE LOS DESPLAZADOS 16DE PETICIÓN 3INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO126INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 4VIDA 8Tot<strong>al</strong> VALLE 158
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>427Quejas contra los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado. Año 2008VAUPÉSINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO11Tot<strong>al</strong> VAUPÉS 11VICHADA DE LOS DESPLAZADOS 3DE PETICIÓN 5INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO178Tot<strong>al</strong> VICHADA 186Tot<strong>al</strong> gener<strong>al</strong> 5.955b) Derechos vulnerados a la población reclusaLas quejas recibidas y tramitadas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, bajo la orientación <strong>del</strong>a Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas durante el año 2008, relativas <strong>al</strong>os derechos de los reclusos fueron 448, las particularidades de estas en cuanto a lugar deatención y derecho vulnerados –seis derechos más amenazados o violados–, se puedenapreciar en el cuadro No. 7.Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Reclusos.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008LUGAR DE LOS HECHOSDERECHOS PRESUNTAMENTE AMENAZADOS OVIOLADOSNÚMERO DE QUEJASANTIOQUIA INTEGRIDAD PERSONAL 5SALUD 2VIDA 1Tot<strong>al</strong> ANTIOQUIA 8ARAUCAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1Tot<strong>al</strong> ARAUCA 1ATLÁNTICOINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1INTEGRIDAD PERSONAL 4Tot<strong>al</strong> ATLÁNTICO 5BOLÍVAR INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 2Tot<strong>al</strong> BOLÍVAR 3BOYACA DE PETICIÓN 6INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1INTEGRIDAD PERSONAL 71SALUD 33VIDA 1Tot<strong>al</strong> BOYACÁ 112
428 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Reclusos.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008CALDAS DE PETICIÓN 1INTEGRIDAD PERSONAL 3SALUD 2VIDA 1Tot<strong>al</strong> CALDAS 7CAQUETÁ INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 3Tot<strong>al</strong> CAQUETÁ 4CASANARE SALUD 2Tot<strong>al</strong> CASANARE 2CAUCA DE PETICIÓN 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1INTEGRIDAD PERSONAL 3SALUD 6VIDA 3Tot<strong>al</strong> CAUCA 14CESAR DE PETICIÓN 17INTEGRIDAD PERSONAL 19SALUD 34VIDA 8Tot<strong>al</strong> CESAR 78CHOCÓ DE PETICIÓN 4Tot<strong>al</strong> CHOCÓ 4CÓRDOBA INTEGRIDAD PERSONAL 1Tot<strong>al</strong> CÓRDOBA 1CUNDINAMARCAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1SALUD 1Tot<strong>al</strong> CUNDINAMARCA 2BOGOTÁ DE PETICIÓN 4INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1INTEGRIDAD PERSONAL 8SALUD 7VIDA 3Tot<strong>al</strong> BOGOTÁ 23HUILA SALUD 1Tot<strong>al</strong> HUILA 1LA GUAJIRA INTEGRIDAD PERSONAL 2Tot<strong>al</strong> LA GUAJIRA 2MAGDALENA DE PETICIÓN 1INTEGRIDAD PERSONAL 2SALUD 10
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>429Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Reclusos.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008VIDA 3Tot<strong>al</strong> MAGDALENA 16METAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1INTEGRIDAD PERSONAL 13SALUD 4VIDA 7Tot<strong>al</strong> META 25NARIÑO SALUD 1VIDA 1Tot<strong>al</strong> NARIÑO 2NORTE SANTANDER SALUD 1Tot<strong>al</strong> NORTESANTANDER1QUINDÍO DE PETICIÓN 51INTEGRIDAD PERSONAL 10SALUD 34VIDA 1Tot<strong>al</strong> QUINDÍO 96RISARALDA DE PETICIÓN 2INTEGRIDAD PERSONAL 3SALUD 3Tot<strong>al</strong> RISARALDA 8SAN ANDRÉS YPROVIDENCIAINTEGRIDAD PERSONAL 2Tot<strong>al</strong> SAN ANDRÉS YPROVIDENCIA2SANTANDER DE PETICIÓN 1INTEGRIDAD PERSONAL 13SALUD 4VIDA 4Tot<strong>al</strong> SANTANDER 22SUCRE INTEGRIDAD PERSONAL 1Tot<strong>al</strong> SUCRE 1VALLE DEL CAUCAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 3VIDA 2Tot<strong>al</strong> VALLE DEL CAUCA 7VICHADA DE PETICIÓN 1Tot<strong>al</strong> VICHADA 1Tot<strong>al</strong> gener<strong>al</strong> 448
430 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>c) Registro de violaciones a los derechos de las niñas y niñosLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> recibió y tramitó, durante el año 2008, 1.556 quejas porviolación a los derechos de las niñas y niños en Colombia. En cuanto <strong>al</strong> lugar, los derechospresuntamente amenazados y violados y el número de quejas, ver cuadro No. 8.Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Niños.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008LUGAR DE LOS HECHOSDERECHOS PRESUNTAMENTEAMENAZADOS O VIOLADOSNÚMERO DE QUEJASAMAZONASINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO6SALUD 2Tot<strong>al</strong> AMAZONAS 8ANTIOQUIAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO15INTEGRIDAD PERSONAL 2SALUD 33VIDA 2Tot<strong>al</strong> ANTIOQUIA 52ARAUCA DE LOS DESPLAZADOS 1INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO8INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 1Tot<strong>al</strong> ARAUCA 11ATLÁNTICOINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO1INTEGRIDAD PERSONAL 2Tot<strong>al</strong> ATLÁNTICO 3BOLÍVAR DE PETICIÓN 3INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO2INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 32VIDA 1Tot<strong>al</strong> BOLÍVAR 39BOYACÁ INTEGRIDAD PERSONAL 3SALUD 11Tot<strong>al</strong> BOYACÁ 14CALDAS INTEGRIDAD PERSONAL 2SALUD 1Tot<strong>al</strong> CALDAS 3CAQUETÁINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO122
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>431Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Niños.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008SALUD 14Tot<strong>al</strong> CAQUETÁ 136CASANAREINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO2SALUD 1Tot<strong>al</strong> CASANARE 3CAUCA DE LOS DESPLAZADOS 1DE PETICIÓN 5INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO5SALUD 4Tot<strong>al</strong> CAUCA 15CESAR DE LOS DESPLAZADOS 1DE PETICIÓN 1INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO2SALUD 11Tot<strong>al</strong> CESAR 15CHOCÓ DE LOS DESPLAZADOS 1DE PETICIÓN 12INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO2SALUD 19Tot<strong>al</strong> CHOCÓ 34CÓRDOBA VIDA 1Tot<strong>al</strong> CÓRDOBA 1BOGOTÁINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO4INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 1Tot<strong>al</strong> BOGOTÁ 6GUAVIAREINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO714Tot<strong>al</strong> GUAVIARE 714HUILAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO1Tot<strong>al</strong> HUILA 1LA GUAJIRAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO1SALUD 2Tot<strong>al</strong> LA GUAJIRA 3MAGDALENAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO5INTEGRIDAD PERSONAL 2
432 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Niños.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008SALUD 35VIDA 2Tot<strong>al</strong> MAGDALENA 44METAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO150SALUD 3Tot<strong>al</strong> META 153NARIÑOINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO15SALUD 6Tot<strong>al</strong> NARIÑO 21NORTE SANTANDERINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO2SALUD 1Tot<strong>al</strong> NORTE SANTANDER 3PUTUMAYOINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO32SALUD 3Tot<strong>al</strong> PUTUMAYO 35QUINDÍO DE LOS DESPLAZADOS 1DE PETICIÓN 12INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO3INTEGRIDAD PERSONAL 4SALUD 15Tot<strong>al</strong> QUINDÍO 35RISARALDA DE PETICIÓN 1SALUD 2VIDA 1Tot<strong>al</strong> RISARALDA 4SAN ANDRÉS Y PROVIDENCIA SALUD 14VIDA 2Tot<strong>al</strong> SAN ANDRÉS YPROVIDENCIA16SANTANDER DE PETICIÓN 2INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO10INTEGRIDAD PERSONAL 3SALUD 24VIDA 2Tot<strong>al</strong> SANTANDER 41TOLIMA DE PETICIÓN 2INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO8
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>433Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Niños.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008INTEGRIDAD PERSONAL 3SALUD 1Tot<strong>al</strong> TOLIMA 14VALLEINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO11INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 15VIDA 2Tot<strong>al</strong> VALLE 29VAUPÉSINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO10Tot<strong>al</strong> VAUPÉS 10VICHADA INTEGRIDAD PERSONAL 2SALUD 1Tot<strong>al</strong> VICHADA 3Tot<strong>al</strong> gener<strong>al</strong> 1.466Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Niñas.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008LUGAR DE LOS HECHOSDERECHOS PRESUNTAMENTEAMENAZADOS O VIOLADOSNÚMERO DE QUEJASANTIOQUIAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO2ANTIOQUIA SALUD 2Tot<strong>al</strong> ANTIOQUIA 4ARAUCAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO7Tot<strong>al</strong> ARAUCA 7BOLÍVAR SALUD 10Tot<strong>al</strong> BOLÍVAR 10BOYACÁ SALUD 3Tot<strong>al</strong> BOYACÁ 3CAQUETÁINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO2Tot<strong>al</strong> CAQUETÁ 2CASANAREINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO2SALUD 4Tot<strong>al</strong> CASANARE 6CAUCA SALUD 1Tot<strong>al</strong> CAUCA 1CESAR SALUD 14Tot<strong>al</strong> CESAR 14CHOCÓ DE PETICIÓN 2
434 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Niñas.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008INFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO1SALUD 9Tot<strong>al</strong> CHOCÓ 12CÓRDOBAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO3SALUD 1Tot<strong>al</strong> CÓRDOBA 4CUNDINAMARCA SALUD 1Tot<strong>al</strong> CUNDINAMARCA 1BOGOTÁINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO3SALUD 2Tot<strong>al</strong> BOGOTÁ 5METAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO1Tot<strong>al</strong> META 1NARIÑO SALUD 1Tot<strong>al</strong> NARIÑO 1PUTUMAYO SALUD 1Tot<strong>al</strong> PUTUMAYO 1QUINDÍO DE PETICIÓN 1SALUD 4Tot<strong>al</strong> QUINDÍO 5SANTANDER SALUD 7Tot<strong>al</strong> SANTANDER 7TOLIMAINFRACCIONES AL DERECHOINTERNACIONAL HUMANITARIO1Tot<strong>al</strong> TOLIMA 1VALLE DEL CAUCA DE LOS DESPLAZADOS 1SALUD 3Tot<strong>al</strong> VALLE DEL CAUCA 4VICHADA VIDA 1Tot<strong>al</strong> VICHADA 1Tot<strong>al</strong> gener<strong>al</strong> 90d) Violación de los derechos de la población indígenaEl registro de peticiones de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> da cuenta de 254 quejas contra lospueblos indígenas. Ver det<strong>al</strong>le en cuadro N° 9.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>435Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: PoblaciónIndígena. Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008LUGAR DE LOS HECHOSDERECHOS PRESUNTAMENTE AMENAZADOSO VIOLADOSNÚMERO DE QUEJASANTIOQUIAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO3INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 4VIDA 1Tot<strong>al</strong> ANTIOQUIA 9ARAUCA DE LOS DESPLAZADOS 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO4INTEGRIDAD PERSONAL 1Tot<strong>al</strong> ARAUCA 6BOYACÁINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1Tot<strong>al</strong> BOYACÁ 1CALDASINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1VIDA 1Tot<strong>al</strong> CALDAS 2CAQUETÁ SALUD 1Tot<strong>al</strong> CAQUETÁ 1CASANAREINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1VIDA 1Tot<strong>al</strong> CASANARE 2CAUCA DE PETICIÓN 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO4INTEGRIDAD PERSONAL 6VIDA 1Tot<strong>al</strong> CAUCA 12CESAR DE PETICIÓN 2INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO5INTEGRIDAD PERSONAL 1VIDA 1Tot<strong>al</strong> CESAR 9CHOCÓ DE PETICIÓN 13INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO22SALUD 7VIDA 6
436 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: PoblaciónIndígena. Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008Tot<strong>al</strong> CHOCÓ 48CÓRDOBAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO2INTEGRIDAD PERSONAL 1VIDA 2Tot<strong>al</strong> CÓRDOBA 5BOGOTÁ DE PETICIÓN 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO4INTEGRIDAD PERSONAL 1Tot<strong>al</strong> BOGOTÁ 6GUAVIAREINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO62Tot<strong>al</strong> GUAVIARE 62HUILAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1Tot<strong>al</strong> HUILA 1LA GUAJIRA INTEGRIDAD PERSONAL 2SALUD 1VIDA 8Tot<strong>al</strong> LA GUAJIRA 11METAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO12Tot<strong>al</strong> META 12NARIÑO DE PETICIÓN 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO16INTEGRIDAD PERSONAL 5VIDA 7Tot<strong>al</strong> NARIÑO 29NORTE SANTANDERINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1Tot<strong>al</strong> NORTE SANTANDER 1PUTUMAYOINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO14Tot<strong>al</strong> PUTUMAYO 14QUINDÍO DE PETICIÓN 2INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1Tot<strong>al</strong> QUINDÍO 3RISARALDAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO3VIDA 4Tot<strong>al</strong> RISARALDA 7TOLIMA INTEGRIDAD PERSONAL 1
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>437Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: PoblaciónIndígena. Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008SALUD 1Tot<strong>al</strong> TOLIMA 2VALLE DEL CAUCAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO2INTEGRIDAD PERSONAL 1VIDA 1Tot<strong>al</strong> VALLE DEL CAUCA 4VAUPÉSINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO4INTEGRIDAD PERSONAL 1VIDA 1Tot<strong>al</strong> VAUPÉS 6VICHADA SALUD 1Tot<strong>al</strong> VICHADA 1Tot<strong>al</strong> gener<strong>al</strong> 254f) Violación de los derechos de los afrodescendientes.El registro de peticiones de la atención orientada por la Dirección Nacion<strong>al</strong> deAtención y Trámite de Quejas, da cuenta de 89 quejas recibidas y tramitadas en Colombiapor amenaza o violación a los derechos de la población afrodescendiente. La queja másrecurrente es por infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario con 74 quejas, seguidas<strong>del</strong> derecho de petición con 6 quejas, el derecho a la vida con 5 quejas y a la s<strong>al</strong>ud con 3quejas.Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Afrodescendientes.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008LUGAR DE LOS HECHOSDERECHOS PRESUNTAMENTE AMENAZADOS OVIOLADOSNÚMERO DE QUEJASANTIOQUIAINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO2Tot<strong>al</strong> ANTIOQUIA 2BOYACÁINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1Tot<strong>al</strong> BOYACÁ 1CAUCA DE PETICIÓN 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO1VIDA 1Tot<strong>al</strong> CAUCA 3CHOCÓ DE PETICIÓN 4
438 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Relación de los seis derechos registrados como más amenazados o violados. Grupo afectado: Afrodescendientes.Tot<strong>al</strong> Nacion<strong>al</strong>. Año 2008INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO44INTEGRIDAD PERSONAL 1SALUD 3VIDA 1Tot<strong>al</strong> CHOCÓ 53BOGOTÁINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO4Tot<strong>al</strong> BOGOTÁ 4NARIÑOINFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO12Tot<strong>al</strong> NARIÑO 12RISARALDA VIDA 1Tot<strong>al</strong> RISARALDA 1VALLE DEL CAUCA DE PETICIÓN 1INFRACCIONES AL DERECHO INTERNACIONALHUMANITARIO10VIDA 2Tot<strong>al</strong> VALLE DEL CAUCA 13Tot<strong>al</strong> gener<strong>al</strong> 895. Gestión de atención descentr<strong>al</strong>izadaDe esta mod<strong>al</strong>idad de atención se destaca la labor re<strong>al</strong>izada en el año 2008, por lassiguientes Region<strong>al</strong>es.Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> UrabáLa Region<strong>al</strong> Urabá re<strong>al</strong>izó comisiones de terreno a los municipios de Mutatá –CorregimientoPavarandó– y Turbo (corregimiento de Alto de Mulatos), en las que se recibió peticiones deasesoría, las que fueron absueltas in situ y quejas contra Acción Soci<strong>al</strong> que fueron tramitadas demanera individu<strong>al</strong>.Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> CaucaEsta Region<strong>al</strong> efectuó dos atenciones descentr<strong>al</strong>izadas el 19 y 26 de septiembre de2008, y recepcionó más de trescientas declaraciones en desarrollo de dos jornadas masivasde atención a la población en situación de desplazamiento forzado en el municipio deSantiago de C<strong>al</strong>i.D. CASOS RELEVANTES DE ATENCIÓN Y TRÁMITE DE QUEJAS ENEL 20081. Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de QuejasEl mínimo vit<strong>al</strong> para un participante <strong>del</strong> proceso de desmovilización, desarme,reinserción y reintegración a la vida civil en Colombia
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>439Hechos: En octubre de 2008, un peticionario manifestó en la Personería Municip<strong>al</strong> dey que el Gobierno, por múltiples razones no le había consignado la asignación económica,correspondiente a los meses de agosto y septiembre de 2008, que como ayuda humanitariaprometió entregarle, mientras se desarrollaba el proceso socioeconómico que le permitiráreintegrarse efectivamente a la sociedad. De estos recursos depende su sustento y el de sugrupo familiar.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considerando vulnerado el derecho<strong>al</strong> mínimo vit<strong>al</strong> remitió la petición, debidamente fundamentada, <strong>al</strong> Consejero Presidenci<strong>al</strong>para la Reintegración Soci<strong>al</strong> y Económica, para lo de su cargo.Resultado de la gestión: El asesor jurídico de la Alta Consejería para la ReintegraciónSoci<strong>al</strong> y Económica de Personas y Grupos Alzados en Armas informó a la Dirección 38 ,sobre las razones de la mora en los pagos de la ayuda humanitaria y, en el mes denoviembre de 2008, la Alta Consejería re<strong>al</strong>izó todos los pagos atrasados <strong>al</strong> peticionarioy el correspondiente <strong>al</strong> mes de noviembre norm<strong>al</strong>izó los pagos, el compromiso con elpeticionario y subsanó la afectación de los derechos de este y su grupo familiar.Gestión defensori<strong>al</strong> para la resolución de conflicto de personas y derechos en laintervención gubernament<strong>al</strong> a la empresa “Proyecciones DRFE, por su actividadfinanciera, denominada “Pirámide”Hechos: El 30 de noviembre de 2008, trabajadores de la empresa “ProyeccionesDRFE”, ubicada en Florida, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, e intervenida por el Gobierno por manejos hacinamiento, sin <strong>al</strong>imentos, bajo presión sicológica, <strong>al</strong>teración nerviosa, incertidumbre,y riesgo inminente de sus vidas y sus familias, debido a la actitud de protesta y amenazasde represión que les hacían los afectados con la decisión gubernament<strong>al</strong>, quienes losasediaban y los esperaban fuera de estas inst<strong>al</strong>aciones. Los peticionarios solicitaronprotección, ser evacuados <strong>del</strong> lugar y conducidos a un sitio donde se les garantice elrespeto a sus vidas e integridad person<strong>al</strong>.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> consideró que si bien se encontrabaen riesgo el derecho <strong>al</strong> patrimonio de quienes protestaban fuera de las inst<strong>al</strong>aciones de ellos la vida e integridad person<strong>al</strong>. Por ello, remitió la queja <strong>al</strong> Director de Protección ygarantizar los derechos de los peticionarios.Resultado de la gestión: y Servicios Especi<strong>al</strong>es de la Policía Nacion<strong>al</strong> en el cu<strong>al</strong> informó que de acuerdo con 39 , en coordinación con laFisc<strong>al</strong>ía 137 Seccion<strong>al</strong> de Florida, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, se re<strong>al</strong>izó diligencia de <strong>al</strong>lanamientoa la empresa Proyecciones DRFE, para dar aplicación a la Resolución 1778 de 11 de38 Con copia <strong>al</strong> Personero Municip<strong>al</strong> de Cartago, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca y <strong>al</strong> peticionario.
440 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>noviembre de 2008 de la Superintendencia Delegada, en la que se incautaron elementosy dinero que se encontraban <strong>al</strong>lí. Igu<strong>al</strong>mente, se condujo a los empleados de la empresahasta las inst<strong>al</strong>aciones de la Seccion<strong>al</strong> de Investigación Crimin<strong>al</strong> de la ciudad de P<strong>al</strong>mira,garantizándoles la respectiva seguridad y escolta durante su desplazamiento, para que noocurrieran hechos en contra de su integridad física.La reubicación interdepartament<strong>al</strong> de una educadora amenazada por losactores <strong>del</strong> conflicto armado internoHechos: Una peticionaria que manifestó que su esposo había sido asesinado por lasFARC en diciembre de 1996 y que ha sido víctima de continúas amenazas y persecucionespor ese grupo subversivo, presenta queja ante la Defensoría ya que había solicitado trasladolas autoridades de educación hayan dado respuesta a su urgente solicitud.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> consideró que están en riesgo la vida eintegridad person<strong>al</strong> de la peticionaria y su familia y que el Decreto 1645 de 1992 prevé quelos docentes y funcionarios administrativos de los planteles nacion<strong>al</strong>es y nacion<strong>al</strong>izadosque se encuentren bajo amenaza a la vida o a la integridad person<strong>al</strong> deben ser trasladados.Situación que también ha sido interpretada por la Corte Constitucion<strong>al</strong> en la SentenciaT-160 de marzo 24 de 1994; solicitó <strong>al</strong> Ministerio de Educación y a la Secretaría deCon esta gestión se obtuvo el traslado de la educadora.2. Defensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>esa) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Seccion<strong>al</strong> Amazonas¿Negligencia Médica?Hechos: El 12 de febrero de 2008, un peticionario formuló queja en la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> contra funcionarios de la s<strong>al</strong>ud por el deceso de su hija. Manifestó que supequeña hija de dos años de edad, el día 05 de febrero se golpeó la cabeza y se hizo unpequeño hematoma por lo cu<strong>al</strong> fue llevada <strong>al</strong> hospit<strong>al</strong>, pero <strong>al</strong>lí f<strong>al</strong>leció. Considera quehubo negligencia médica porque la niña ingresó solamente con un golpe y los médicosdijeron que estaba bien y que no había por qué preocuparse, pero después de varias horasresultó que la niña f<strong>al</strong>leció por un trauma craneoencefálico. El peticionario se preguntó¿Por qué no ordenaron su remisión a un establecimiento de s<strong>al</strong>ud con mayores recursos?,vida de una menor de edad.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría, considerando que presuntamente se habíanvulnerado los derechos a la vida digna e integridad person<strong>al</strong> y los derechos prev<strong>al</strong>entesde los niños, recibió documentó, y remitió la queja previamente documentada <strong>al</strong> Tribun<strong>al</strong>de Ética Médica <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, competente para conocer en razón de la jurisdicción,solicitando a este informar sobre los resultados de su investigación.Resultado de la gestión: Con radicación 1066-08, <strong>del</strong> 23 de julio de 2008, el Tribun<strong>al</strong>de Ética Médica <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, dio apertura a la investigación ético–disciplinaria
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>441 disciplinaria. En consecuencia el person<strong>al</strong> médico <strong>del</strong> Hospit<strong>al</strong> San Rafael de Leticia seencuentra investigado y el Tribun<strong>al</strong> ordenó la práctica de varias diligencias. 40b) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Seccion<strong>al</strong> AraucaAcompañamiento en el proceso de erradicación de cultivos ilícitosHechos: Los líderes comunitarios de doce veredas <strong>del</strong> municipio de Arauquita, dondehay presencia de grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley, que se ubican en cercanías <strong>del</strong>la Paz, Potosí, el Recreo, San Luis de Cuatro Esquinas, Cuatro de Julio, Las P<strong>al</strong>mas ylos Jardines, acudieron a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Arauca y solicitaron suintervención en el grupo de trabajo de campo, como garante en la defensa de los derechoshumanos para re<strong>al</strong>izar el proceso de acompañamiento en la erradicación voluntaria decultivos de uso ilícito. El proceso ya estaba siendo acompañado por funcionarios de la<strong>al</strong>c<strong>al</strong>día de Arauquita.Gestión defensori<strong>al</strong>: La gestión defensori<strong>al</strong>, en esta solicitud fue la de servir deenlace entre los líderes soci<strong>al</strong>es y las autoridades para dar inició <strong>al</strong> proceso de erradicaciónvoluntaria que con la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día de Arauquita y la asociación de cacaoteros apoyaron laEn este proceso se re<strong>al</strong>izaron tres reuniones comunitarias, la primera 41 celebrada enLa Paz el día 9 de agosto de 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> fue enfática en reiterar a lasautoridades y a la comunidad en gener<strong>al</strong> que los recursos que se estaban gestionando debíanfoc<strong>al</strong>izarse en los propietarios que cumplían en el proceso de erradicación voluntario. Enla segunda 42 , el 23 de agosto de 2008 se res<strong>al</strong>tó el acompañamiento de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> que fue clara en manifestar su papel como garante de los derechos humanos y quesu misión no se dirige a obligar o denunciar a las personas.Resultado de la gestión: Se logró que en 60 días, 225 hectáreas de cultivos ilícitosfueran erradicadas de manera voluntaria por parte de los campesinos. La <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día municip<strong>al</strong>de Arauquita y la Federación de Cacaoteros entregará 65 mil plántulas de cacao parasustituir, y la Unidad de Antinarcóticos de la Policía Nacion<strong>al</strong> actu<strong>al</strong>izará los datos deubicación de cultivos de uso ilícito presentado a la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día.Reacción inmediata <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>, ante llamada de la Defensoría,evitó más muertes violentas de campesinos a manos de las FARC, en su incursióna zona rur<strong>al</strong> de Arauca, el 17 de noviembre de 2008 comisorio No. 011—2008, solicitando auxiliar <strong>al</strong> Tribun<strong>al</strong>.41 Que contó con la asistencia <strong>del</strong> presidentes de las Junta de Acción Comun<strong>al</strong> o sus representantes, un representante <strong>del</strong>a Fundación “Joel Sierra” y funcionarios de la Alc<strong>al</strong>día Municip<strong>al</strong> y de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, el Sistema de AlertasTempranas, SAT, y el Proyecto de Redes Territori<strong>al</strong>es.42 Que contó con la participación de los líderes de las doce veredas inici<strong>al</strong>es, representantes de <strong>al</strong>gunas de las cuatro veredasincluidas por la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día en el proceso; representantes de siete veredas que también a<strong>del</strong>antan procesos de erradicaciónmanu<strong>al</strong> y que no habían sido contempladas en la primera fase; así como un representante de la Fundación Joel Sierra; unrepresentante de la ADUC, y funcionarios de la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día y de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, y <strong>del</strong> proyecto ACNUR Fronteras yRedes Territori<strong>al</strong>es.
442 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Hechos: El 17 de noviembre de 2008, la Defensoría Region<strong>al</strong> Arauca, entre las cincoy seis de la mañana recibió varias llamadas de campesinos de la Vereda El Campín, <strong>del</strong>municipio de Arauquita y de la Vereda Alto Cauca, <strong>del</strong> municipio de Tame, quienesmanifestaban su gran preocupación por una incursión de miembros de las FARC a esaszonas y <strong>del</strong> asesinato de campesinos a su paso. Se recibió información que en el Centrode S<strong>al</strong>ud de Alto Cauca, había más de 200 personas en proceso de desplazamiento haciaSaravena.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Arauca, en busca de laprotección <strong>del</strong> derecho a la vida de los campesinos, víctimas <strong>del</strong> ataque guerrillero, demanera urgente puso el caso en conocimiento <strong>del</strong> Comandante de la Décima OctavaDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> acompaña de manera permanente a los campesinos de las zonasafectadas.Resultados de la gestión: La Fuerza Pública reaccionó con rapidez y envió doshelicópteros artillados a la zona. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera que la acción fuefundament<strong>al</strong> porque logró la retirada de los guerrilleros de las FARC, que se encontraban enla Vereda El Campín donde se habían asesinado a tres campesinos. La reacción inmediata<strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>, ante la llamada de la Defensoría, evitó que las FARC continuarancometiendo asesinatos en el lugar.Así mismo, el 18 de noviembre de 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Araucavisitó las Veredas El Campín y Alto Cauca y con su gestión ante las demás autoridadesevitó un desplazamiento masivo de la zona rur<strong>al</strong> de Tame y Arauquita.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> gestionó protección de líderes de desplazados de laviolencia ASDEDAR ante las amenazas contra sus vidas y el asesinato de uno desus miembrosHechos: La Defensoría Region<strong>al</strong> Arauca conoció el 28 de noviembre de 2008hacia las 8:45 p.m., que en el municipio de Arauquita, el Secretario Gener<strong>al</strong> de la Asociación,ASDEDAR fue sacado de su vivienda por desconocidos y trasladado a orillas <strong>del</strong> ríoArauca en la vía que conduce a la Fundación El Alcaraván, de la Vereda Campo Alegre,donde fue asesinado por varios impactos de b<strong>al</strong>a.Esta muerte violenta generó zozobra y temor, no solo entre la población desplazadaasentada en este municipio, sino entre los miembros de la asociación, quienes recibieronamenazas contra su vida e integridad person<strong>al</strong>, y fueron buscados por personas armadas,en la misma noche <strong>del</strong> asesinato <strong>del</strong> Secretario. Esta grave situación de derechos humanosgeneró el desplazamiento de los miembros de la junta directiva (presidente, vicepresidente,tesorero y voc<strong>al</strong>) que huyeron <strong>del</strong> municipio para proteger sus vidas.Gestión defensori<strong>al</strong>: Teniendo en cuenta la situación de riesgo en la que seencontraban los miembros de ASDEDAR y su intención de abandonar el departamento,por t<strong>al</strong> motivo, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Arauca gestionó ante el Programade Protección <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia las ayudas correspondientespara su traslado a otra ciudad. También acudió a otras autoridades y organizaciones
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>443soci<strong>al</strong>es buscando recursos económicos para estos y sus familias, como único medio paraproteger sus vidas.Resultados de la gestión: El día 8 de diciembre de 2008 se logró la s<strong>al</strong>ida de loslíderes de los desplazados <strong>del</strong> departamento de Arauca, quienes contaron con el apoyo decontratación para brindar la ayuda demandada en el momento.c) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> BolívarAtención defensori<strong>al</strong> para la protección de líderes de población en situación dedesplazamientoHechos: Una reconocida líder, entre otros dirigentes de la población en situación dedesplazamiento forzado <strong>del</strong> barrio Nelson Mán<strong>del</strong>a, de la ciudad de Cartagena, ha sidoobjeto de amenazas reiteradas de parte de grupos armados ileg<strong>al</strong>es. De esta situaciónse tiene como antecedente el homicidio de otro líder de la población en situación dedesplazamiento en el 2007.Gestión defensori<strong>al</strong>:fechado 30 de octubre de 2008; con posterioridad, en diciembre y enero de 2009 se solicitóla adopción de acciones de reubicación de la líderesa y sus compañeros.Resultado de la gestión: El 26 de enero de 2009, la Defensoría Region<strong>al</strong> solicitó concarácter urgente <strong>al</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior la reubicación de la afectada, y logró su trasladoa otra ciudad <strong>del</strong> país.Protección <strong>del</strong> derecho a la vida de una víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzadoHechos: Un peticionario víctima de desplazamiento forzado en Puerto Libertador,Córdoba, por parte <strong>del</strong> grupo armado ileg<strong>al</strong> autodenominado Águilas Negras, en octubreGestión defensori<strong>al</strong>:de un recurso contra la Resolución de Acción Soci<strong>al</strong> que lo excluía <strong>del</strong> Registro Único paraPoblación Desplazada.Con posterioridad, el peticionario manifestó que había sido amenazado por el grupoDistrit<strong>al</strong> de atención a población desplazada logró su reubicación intraurbana a través <strong>del</strong>a Secretaría <strong>del</strong> Interior.En febrero de 2008, se activaron de nuevo las amenazas contra el peticionario señorRamos, y se registró el asesinato de su hermano. La Defensoría de nuevo acude ante laSecretaría <strong>del</strong> Interior y el Ministerio <strong>del</strong> Interior y lo asesoró en la elaboración de unaacción de tutela, con la cu<strong>al</strong> logró que el juez constitucion<strong>al</strong> tutelara su derecho a la vida,integridad y otros derechos más, ordenando a las autoridades disponer lo pertinente en untérmino prudenci<strong>al</strong>.
444 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Resultado de la gestión: El 18 de febrero de 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> solicitó<strong>al</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior el cumplimiento <strong>del</strong> f<strong>al</strong>lo de tutela, y logró la reubicación urgente<strong>del</strong> peticionario, que se materi<strong>al</strong>izó el 20 <strong>del</strong> mismo mes.d) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> BoyacáGestión defensori<strong>al</strong> para la recuperación de colombiana menor de edad, objetode trata de personas en VenezuelaHechos: que la desaparición de la menor sucedió el 24 de diciembre de 2007 y que sospechó queencontrarse en el vecino país de Venezuela.Gestión defensori<strong>al</strong>: El 21 de febrero de 2008 la Defensoría, documentandodebidamente el caso, envió comunicación <strong>al</strong> Ministerio de Relaciones Exteriores,informando la situación y solicitando indagar por el paradero de la menor en Venezuela.El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que vía Consulado en San AntonioTáchira y San Cristób<strong>al</strong>, en Venezuela, se estableció la ubicación y la situación de la menor<strong>Pueblo</strong> aspira a que las autoridades Venezolanas judici<strong>al</strong>icen y condenen <strong>al</strong> responsable porla trata de personas, en especi<strong>al</strong> de menores de edad.Saneamiento ambient<strong>al</strong> para el barrio San Rafael de TunjaHechos: La comunidad solicitó intervención a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para que hayaprotección y amparo de sus derechos constitucion<strong>al</strong>es ya que en reiteradas ocasiones unmiembro <strong>del</strong> barrio San Rafael de Tunja, con su comportamiento agresivo viene afectandola tranquilidad y seguridad de los habitantes <strong>del</strong> sector, además, de que posee un criaderode ganado vacuno en zona urbana de la municip<strong>al</strong>idad, sin control sanitario <strong>al</strong>guno locu<strong>al</strong> ha producido enfermedades vir<strong>al</strong>es, especi<strong>al</strong>mente a niños. Agregan que en variasocasiones la Secretaría de S<strong>al</strong>ud ha practicado visitas de inspección sin que se haya tomado<strong>al</strong>gún correctivo.Gestión defensori<strong>al</strong>: Con la facultad otorgada por el artículo 28 de la Ley 24 de 1992,Alc<strong>al</strong>de de Tunja para que asumiera el conocimiento <strong>del</strong> caso y tomara los correctivoscorrespondientes. Adicion<strong>al</strong>mente, se solicitó a las autoridades tanto sanitarias, comoambient<strong>al</strong>es, policivas y de planeación para que desde sus competencias actuaran brindandola protección debida a la comunidad.Resultado de la gestión: El 8 de agosto <strong>del</strong> 2008 el departamento de Policía enviócomunicación para informar sobre su actuación y la re<strong>al</strong>izada por la Policía Ambient<strong>al</strong> yla Secretaría de Protección Soci<strong>al</strong>. La Secretaría de Gobierno de Tunja informó que el 30de septiembre <strong>del</strong> 2008 re<strong>al</strong>izó inspección ocular <strong>al</strong> predio <strong>del</strong> ciudadano cuestionado porla comunidad, debido <strong>al</strong> deterioro ambient<strong>al</strong> generado, y le dieron 8 días para retirar losanim<strong>al</strong>es que tiene en su propiedad.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>445e) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> CaucaLa aclaración de la Policía Nacion<strong>al</strong> sobre una publicación apócrifa,mitigó el riesgo para la vida e integridad, person<strong>al</strong>, así como el derecho <strong>al</strong> buennombre, de unos peticionarios presentados como miembros de bandas <strong>del</strong>ictivasde PopayánHechos: A través de Internet se hizo circular un documento con fotografías <strong>al</strong> piemostrados en cada una de las hojas, señ<strong>al</strong>ando <strong>al</strong> pie de cada página que se trataba de unabanda crimin<strong>al</strong> y su ubicación en la ciudad. El archivo en gener<strong>al</strong> se denominaba “LasRatas de Popayán”.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cauca pudo determinar fueron reseñados indebidamente, razón por la cu<strong>al</strong> solicitó <strong>al</strong> Comandante <strong>del</strong>Departamento de Policía <strong>del</strong> Cauca explicaciones sobre la autoría de la publicación o, ensu defecto, sobre el uso de fotografías tomadas por la Policía Nacion<strong>al</strong> a las personas que<strong>al</strong>lí aparecían.La Region<strong>al</strong> demandó la adopción de medidas de protección a los afectados y lano pudiera ser asumida como una información veraz.Resultado de la gestión: La Policía Nacion<strong>al</strong> manifestó a la Defensoría no haberre<strong>al</strong>izado ni publicado la presentación o el cartel y que desconocía la procedencia de dichainformación.En ese sentido, la Policía Nacion<strong>al</strong> emitió un comunicado informando a la opiniónpública que no era esa entidad la que originaba la información y solicitó que se abstuvierande hacerla circular so pena de sanciones pen<strong>al</strong>es. El comunicado tuvo una amplia difusión através de los diarios loc<strong>al</strong>es y de las princip<strong>al</strong>es emisoras y la misma Policía re<strong>al</strong>izó visitas aesa forma la Defensoría conjuró un grave riesgo para estos peticionarios, con detrimentode su derecho <strong>al</strong> buen nombre, y la protección a la vida e integridad person<strong>al</strong> toda vez quelos grupos armados ileg<strong>al</strong>es, en la época anunciaron una acción de “limpieza soci<strong>al</strong>” de laque serían objeto; <strong>del</strong>incuentes comunes, entre otros.Reconocimiento de la pensión de inv<strong>al</strong>idez para una docente afectada en suintegridad psicológica por la amenazas de la guerrilla de las FARCHechos: Una docente que laboraba en el corregimiento de Carupú (Vaupés) y que estuvopresente cuando la guerrilla de las FARC se llevó a cinco niñas <strong>del</strong> Instituto Pluritécnico,fue víctima de amenazas que le determinaron una afectación psicológica grave que motivósu traslado <strong>al</strong> departamento <strong>del</strong> Cauca, desafortunadamente en igu<strong>al</strong>es condiciones deinseguridad, en la medida en que <strong>al</strong>lí también operaba la guerrilla de las FARC.La situación de s<strong>al</strong>ud de la docente se agravó a t<strong>al</strong> punto que tuvo incapacidades cadaseis meses hasta que la Junta Departament<strong>al</strong> de Inv<strong>al</strong>idez le ordenó el trámite de una
446 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la solicitante a la Defensoría habían transcurrido más de dos años sin saber si había sidoaprobada la pensión.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría Region<strong>al</strong> se dirigió a la Fiduciaria La Previsora S.A.pidiendo repuesta a la solicitud incoada por la peticionaria, fundamentada en el derechohumano que le asistía a la peticionaria a disfrutar una pensión en el menor tiempo posible.Resultado de la gestión: La Previsora dio explicaciones a la Defensoría sobre lagestión desplegada en pro <strong>del</strong> reconocimiento de la pensión a la peticionaria, e informó aesta de la aprobación de la pensión y el trámite a seguir para recibir los respectivos pagos.La Region<strong>al</strong> Cauca a<strong>del</strong>anta gestiones para que se investigue presunta ejecuciónextrajudici<strong>al</strong> o arbitraria por hechos atribuidos a miembros <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>Hechos: Dos jóvenes, de 22 y 24 años de edad, natur<strong>al</strong>es de San Lorenzo, Nariño,s<strong>al</strong>ieron de sus casas el 3 de noviembre de 2008 a las 6:30 de la tarde y fueron vistospor última vez en un sitio denominado La G<strong>al</strong>lera, cuando abordaban una camionetaroja conocida en la población. Al día siguiente, fueron dados de baja como guerrillerosmuertos en combate en C<strong>al</strong>dono Cauca, en la vereda Plan de Zúñiga por parte de tropasel Ejército Nacion<strong>al</strong>.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cauca pudo establecer quede 2007 como muertos en combate a los dos jóvenes procedentes <strong>del</strong> departamentode Nariño.La Defensoría, con el apoyo de las familias de las víctimas, recaudó constanciasy evidencias con la comunidad, la Personería, la Registraduría y de varios testigos, quedemostraban la ausencia de antecedentes pen<strong>al</strong>es o crimin<strong>al</strong>es de los jóvenes presentadoscomo muertos en combate, así como su reconocimiento como ciudadanos de bien y buencomportamiento en la comunidad. Se dejó en claro la circunstancia de haber transcurridoapenas unas horas desde s<strong>al</strong>ida de ellos <strong>del</strong> municipio de San Lorenzo hasta el momentode las fuerzas militares.En la primera gestión defensori<strong>al</strong>, el Ejército Nacion<strong>al</strong> manifestó que no se formularíancargos por considerar que no existía mérito para ello; sin embargo, el 9 de diciembre laTeniente Abogada Luisa Fernanda Ramírez Murillo, Juez 54 de Instrucción Pen<strong>al</strong> Militarinformó a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cauca la apertura de la correspondienteinstrucción. La Defensoría espera que el caso pase a la justicia pen<strong>al</strong> ordinaria, comocorresponde, de conformidad con la normativa interna.f) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Seccion<strong>al</strong> CesarLa Defensoría interviene frente a las lesiones producidas a dos miembros decomunidades indígenas con arma de fuego por parte de el Ejército Nacion<strong>al</strong> yremite la queja a la Procuraduría y a la Fisc<strong>al</strong>ía
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>447Hechos: El 4 de agosto de 2008, la Defensoría Region<strong>al</strong> Cesar conoció lo sucedidoel día anterior a dos indígenas Arhuacos, un joven de 21 y un menor de edad, de 14años. Según la queja, los indígenas que se movilizaban en mula en el sector de Sabana deCrespo Semini, se asustaron y s<strong>al</strong>ieron corriendo cuando se encontraron con miembros<strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>, quienes procedieron a dispararles, causándoles lesiones por impactode b<strong>al</strong>a. Los heridos fueron hospit<strong>al</strong>izados en la Clínica Santa Isabel de esta ciudad, porcuenta <strong>del</strong> Ejército.Gestión defensori<strong>al</strong>: El Defensor Region<strong>al</strong> solicitó <strong>al</strong> Director de Instituto deMedicina Leg<strong>al</strong> la práctica <strong>del</strong> examen medicoleg<strong>al</strong> en la humanidad de los jóvenespermanentes, a que haya lugar. De igu<strong>al</strong> manera, la queja fue remitida <strong>al</strong> ProcuradorRegion<strong>al</strong>, <strong>al</strong> Director Seccion<strong>al</strong> de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación y <strong>al</strong> Delegado deMinorías Étnicas de la Defensoría.Resultados de la gestión: El Ejército Nacion<strong>al</strong> comunicó a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>agosto de 2008, que había brindado a los indígenas de manera inmediata los primeros N° 10, y posteriormente habían sido remitidos a la clínica Santa Isabel en donde seles dio de <strong>al</strong>ta el 6 de agosto de 2008, por haberse restablecido su estado de s<strong>al</strong>ud deestas personas.Solicitud y práctica de aborto por múltiples m<strong>al</strong>formación <strong>del</strong> fetoHechos: Subsidiado de S<strong>al</strong>ud, se encontraba en estado de embarazo con 28 semanas y su fetopresentaba múltiples m<strong>al</strong>formaciones, diagnosticada por médico competente, por loque era urgente practicarle una cesárea, ya que la joven se encuentra hospit<strong>al</strong>izada y con<strong>del</strong>icado estado de s<strong>al</strong>ud, necesita orden <strong>del</strong> juez para practicarle el procedimiento.Gestión defensori<strong>al</strong>: El 13 de mayo de 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, previadocumentación <strong>del</strong> caso, solicitó <strong>al</strong> gerente <strong>del</strong> Hospit<strong>al</strong> Rosario Pumarejo de López, <strong>al</strong>legarinformación, sobre las diligencias a<strong>del</strong>antadas tendientes a la programación y re<strong>al</strong>ización<strong>del</strong> procedimiento de aborto que con fundamento leg<strong>al</strong> y de derechos humanos, solicitab<strong>al</strong>a joven, relacionadas con su embarazo y las múltiples m<strong>al</strong>formaciones <strong>del</strong> feto.Se precisó que en la sentencia de fecha 10 de mayo de 2006, la honorable CorteConstitucion<strong>al</strong> declaró inexequible el art 32 N° 7 de la Ley 599 de 2000, en el entendido queno se incurre en el <strong>del</strong>ito de aborto: Cuando exista grave m<strong>al</strong>formación <strong>del</strong> feto que hagaconstitucion<strong>al</strong> es procedente la práctica <strong>del</strong> aborto.De igu<strong>al</strong> manera, se re<strong>al</strong>izaron varias reuniones con los directivos <strong>del</strong> referido hospit<strong>al</strong>y con los médicos tratantes, a quienes se orientó sobre el tema y en especi<strong>al</strong> <strong>del</strong> contenido<strong>del</strong> referido f<strong>al</strong>lo de la Honorable Corte Constitucion<strong>al</strong>.Resultado de la gestión: Control Interno ESE, nos comunica que a la joven se le re<strong>al</strong>izó trabajo de parto más unlegrado uterino obstétrico, que la paciente fue dada de <strong>al</strong>ta de la clínica con buen pronóstico
448 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>sin complicaciones posquirúrgicas. Además aclararon que la larga estancia de la paciente enla clínica obedeció a que consideraron necesario esperar a que la expulsión <strong>del</strong> feto fuerapor vía vagin<strong>al</strong>, para evitar disminuir la probabilidad de embarazos exitosos en esa pacientedada su temprana edad.g) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> CórdobaTrámite de queja sobre presunta ejecución extrajudici<strong>al</strong> o arbitraria:Identificación de los cadáveres, entrega de los cuerpos a los familiares y oficio parainvestigaciónHechos: El día 14 de abril <strong>del</strong> 2008, dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, Puerto Libertador y Montelibano, s<strong>al</strong>ieron hacia la comunidad de Chama San Antonioy cuando llegaron <strong>al</strong> punto Quebrada Alacrán, fueron interceptados por un pelotón <strong>del</strong> miembros de la FARC. Cuando los padres de estos jóvenes fueron a reclamar los cadáveresen el Instituto de Medicina Leg<strong>al</strong> ya uno de estos lo habían entregado a una familia deTuchin, <strong>al</strong>egando que era familiar de ellos.Gestión defensori<strong>al</strong>: Ante lo manifestado por los peticionarios la primera gestiónfue acudir person<strong>al</strong>mente <strong>al</strong> Instituto de Medicina Leg<strong>al</strong> y entrevistar <strong>al</strong> director de esteInstituto exponiéndole la situación, quien manifestó que era directamente ante el CTI, y<strong>al</strong>lí la Directora ordenó inmediatamente re<strong>al</strong>izar los trámites que fueran necesarios para laResultados de la gestión: entregados a sus familiares, los integrantes <strong>del</strong> Resguardo Cañaver<strong>al</strong>. Actu<strong>al</strong>mente se estánCambio de postes de <strong>al</strong>ta tensión que representaban peligro para unacomunidadHechos: La Junta de Acción Comun<strong>al</strong> <strong>del</strong> corregimiento de Caño Viejo P<strong>al</strong>ot<strong>al</strong> radicóun derecho de petición el mayo 29 <strong>del</strong> 2008 ante el gerente de Electricaribe solicitando elcambio de los postes de <strong>al</strong>ta tensión y secundarios de esa zona, en razón a que el estado <strong>del</strong>os mismos representaba un peligro para la comunidad.Gestión defensori<strong>al</strong>: el derecho de petición y a la vez que conceder lo solicitado por esta acción comun<strong>al</strong>. Envista que no se obtuvo respuesta, se procedió a requerir exponiendo con fundamentosleg<strong>al</strong>es la importancia de re<strong>al</strong>izar el cambio de los postes, toda vez que la no respuesta adicha petición vulnera derechos fundament<strong>al</strong>es.Resultados de la gestión: Las gestiones defensori<strong>al</strong>es re<strong>al</strong>izadas por la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> culminaron de manera favorable ya que se obtuvo que la empresa Electricaribecambiara los postes <strong>del</strong> corregimiento Caño Viejo P<strong>al</strong>ot<strong>al</strong> y en consecuencia se lerestablecieron los derechos de la comunidad.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>449Aceptación de justificación de inasistencia de un estudiante a clase yreincorporación <strong>al</strong> proceso de capacitaciónHechos: El peticionario se encontraba haciendo un curso básico de ventas con unaduración de 80 horas, pero como consecuencia de un atentado que sufrió su padre el 20de septiembre de 2008, tuvo que trasladarse hasta Río Negro, Antioquia, y solicitó a suórgano competente.El instructor de manera enfática manifestó a su compañero de curso que si el estudianteno se presentaba el día 29 de septiembre, lo retiraba <strong>del</strong> curso. Ante esta situación elestudiante llamó <strong>al</strong> instructor y le solicitó que lo esperara hasta el día 30 y le respondió quelo había retirado <strong>del</strong> curso por cuanto tenía 8 f<strong>al</strong>tas que daban para tomar dicha decisión.y fue imposible ya que se negó a recibirlo. Por lo que procedió a dirigirse a nuestra entidadcon todos sus soportes.Gestión defensori<strong>al</strong>: Comercio, Industria y Turismo de Córdoba – SENA Region<strong>al</strong> Córdoba, manifestó queuna vez la Coordinación Académica <strong>del</strong> Área de Comercio y Servicios, tuvo conocimientoel caso. se procedió a su ev<strong>al</strong>uación y pudo continuar en su proceso de capacitación en formasatisfactoria.h) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> CundinamarcaProtección para jóvenes <strong>del</strong> municipio de Soacha que manifestaron estaramenazados por quienes provocan las desapariciones de los jóvenes que despuésaparecieron como guerrilleros muertos en combateHechos: Unos jóvenes que residían en el municipio de Soacha (Cundinamarca)acudieron a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cundinamarca, el mes de octubre de 2008,manifestaron ser víctimas de amenazas por parte de quienes provocaron la desapariciónde los jóvenes que posteriormente fueron presentados como guerrilleros muertos encombate. Uno de los jóvenes manifestó que fue llevado a comienzos <strong>del</strong> mes de agosto decompañero. Esta situación generó las amenazas.Gestión defensori<strong>al</strong>: En ejercicio de la función de defensa y protección de los derechosComandante <strong>del</strong> Departamento de Policía de Cundinamarca, <strong>al</strong> Director <strong>del</strong> DepartamentoAdministrativo de Seguridad DAS., Region<strong>al</strong> Cundinamarca para que ante la gravedad <strong>del</strong>os hechos se tomen las medidas de protección y seguridad de los peticionarios.Resultados de la gestión: Las autoridades encargadas de la seguridad de las personas,acogieron el llamado de la Defensoría de brindar protección a los amenazados.
450 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>La Defensoría solicita a<strong>del</strong>antar investigación por la denuncia con relación ahomicidios de sindic<strong>al</strong>istasHechos: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cundinamarca conoció, en el mes deabril de 2008, la denuncia por el secuestro, la tortura y homicidio de un directivo <strong>del</strong>Sindicato de Trabajadores <strong>del</strong> Sena “SINDESENA” de la sede Atlántico y de un asociadono directivo de la sede Cundinamarca, quien fue muerto en el municipio de Tausa. Lospeticionarios vinculan estos homicidios a la aparente persecución sindic<strong>al</strong> de que sonvíctimas los sindic<strong>al</strong>istas en el país y manifestaron su temor de que la vida e integridad <strong>del</strong>os directivos y asociados <strong>del</strong> sindicato estén en riesgo en todo el país.Gestión defensori<strong>al</strong>: De conformidad con la función establecida en el artículo 15de la Ley 24 de 1992, la queja fue remitida a la Unidad de Fisc<strong>al</strong>ías Cundinamarca porla Defensoría Region<strong>al</strong>, solicitando a<strong>del</strong>antar la investigación de conformidad con lanormativa nacion<strong>al</strong> y los compromisos internacion<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Estado colombiano, respecto <strong>al</strong>a protección debida a los sindic<strong>al</strong>istas en el país.Resultados de la gestión: La Unidad de Fisc<strong>al</strong>ías de Cundinamarca, informó a laDefensoría Region<strong>al</strong>, haber remitido por competencia la queja, ahora denuncia pen<strong>al</strong>, <strong>al</strong>Fisc<strong>al</strong> Gener<strong>al</strong> de la Nación dada la condición de sindic<strong>al</strong>ista de la víctima y el compromiso<strong>del</strong> Estado sobre el particular. Además informó sobre la vinculación a la investigación deRemisión de queja por amenazas contra líderes de organizaciones soci<strong>al</strong>es quetrabajan con la población desplazada en el municipio de SoachaHechos: La Defensoría conoció en el mes de abril de 2008 de las amenazas encontra de líderes de organizaciones soci<strong>al</strong>es que trabajan en programas de apoyo a lapoblación desplazada en Soacha. La situación de riesgo, según la queja, es generada porgrupos de bandas <strong>del</strong>incuenci<strong>al</strong>es conocidas como Las Águilas Negras” que operan enesta parte <strong>del</strong> país.Gestión defensori<strong>al</strong>: La queja, documentada, fue remitida a los organismos deseguridad y protección con jurisdicción en el departamento de Cundinamarca a quienesse les solicitó adoptar mediadas efectivas para s<strong>al</strong>vaguardar la vida e integridad de losmiembros de las organizaciones soci<strong>al</strong>es amenazados.Resultados de la gestión: La Fisc<strong>al</strong>ía Seccion<strong>al</strong> Cundinamarca corrió traslado de loshechos denunciados a la Unidad de Fisc<strong>al</strong>ía Delegada ante los Jueces Pen<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Circuitoconocer oportunamente a la Defensoría Region<strong>al</strong>.i) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> ChocóLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> descubre un grupo de campesinos chocoanos que, ensituación de desplazamiento forzado, ocultaban su condición a las autoridadespor el temor fundado que les inculcaron los actores armados
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>451Hechos: El 25 de noviembre de 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Chocó,conoció que un grupo de familias de personas desplazadas, por la violencia de la zona <strong>del</strong>Medio y Alto Atrato, padecían en completo silencio, toda clase de miserias en las periferiasde Quibdó con sus menores hijos, pues hacía varios años habían arribado a la capit<strong>al</strong><strong>del</strong> departamento huyendo de la violencia de los actores armados ileg<strong>al</strong>es, los cu<strong>al</strong>es leshabían proferido amenazas directas. Las comunidades como mecanismo de defensa habíanoptado en la práctica por esconderse en sus sufrimientos, hasta el punto de no s<strong>al</strong>ir a rendirlas correspondientes declaraciones de su condición de desarraigados por temor de serubicados por sus victimarios.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría, una vez enterada de la situación convocó <strong>al</strong>ugar, para establecer las circunstancias <strong>del</strong> desplazamiento y las circunstancias en las quese daría un posible retorno, lo que efectivamente se llevó a cabo. Se pudo comprobar dichodesplazamiento debido a la incursión violenta de diversos actores armados por fuera <strong>del</strong>a ley que se disputaban el control territori<strong>al</strong> de la zona. La Region<strong>al</strong> recomendó a AcciónSoci<strong>al</strong> la re<strong>al</strong>ización de un Comité Tripartito con invitación de los líderes de la comunidaddesplazada para considerar el caso.Resultados de la gestión: Se re<strong>al</strong>iza Comité Tripartito entre Acción Soci<strong>al</strong>, laProcuraduría Region<strong>al</strong>, la Defensoría Region<strong>al</strong> con la presencia de <strong>al</strong>gunas de las personasiniciándose así, la entrega de las respectivas ayudas humanitarias y la inclusión en programasy proyectos de conformidad con la ley.Gestión defensori<strong>al</strong> humanitaria ante desnutrición de menores de edad,víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzadoHechos: En septiembre de 2008, un líder de la población desplazada por la violencia,se acercó a la sede de la Defensoría a presentar queja por el estado de abandono en elque se encontraban varias familias de desplazados por la violencia, viviendo en formainfrahumana y donde la peor parte la llevaban su menores hijos, muchos de los cu<strong>al</strong>esestaban en avanzado estado de desnutrición crónica y m<strong>al</strong> estado de s<strong>al</strong>ud.Gestión defensori<strong>al</strong>: Region<strong>al</strong> Chocó, poniéndole de presente la situación y urgiéndole una pronta soluciónintegr<strong>al</strong> <strong>al</strong> problema. En la misma dirección, actúa ante diversas instituciones <strong>del</strong> sistemade atención integr<strong>al</strong> a población desplazada para lo de sus competencias.Resultado de la gestión: psicosoci<strong>al</strong> para re<strong>al</strong>izar v<strong>al</strong>oraciones psicosoci<strong>al</strong>es y nutricion<strong>al</strong>es de las familias afectadas,especi<strong>al</strong>mente de los niños y convocó a las entidades que forman parte <strong>del</strong> Sistemafavorables para este grupo humano de desplazados.Gestión directa y urgente para proteger el derecho a la vida en conexidad conla s<strong>al</strong>ud
452 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Hechos: El 11 de noviembre de 2008, una peticionaria se acercó en forma muy manifestar su preocupación por el grave estado de s<strong>al</strong>ud en el que se encontraba unfamiliar suyo, adulto mayor, interno en el Hospit<strong>al</strong> San Francisco de Asís de Quibdó. Lasituación era tan sumamente <strong>del</strong>icada que los médicos tratantes autorizaron remisión a unmayor nivel de complejidad médico asistenci<strong>al</strong> con nota prioritaria de urgencia vit<strong>al</strong>. Enla entidad de s<strong>al</strong>ud encargada habían refundido la historia clínica y demás documentacióny en gener<strong>al</strong> no mostraron el interés que demandaba la situación para s<strong>al</strong>var la vida <strong>del</strong>paciente.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría, una vez enterada de la situación se trasladórápidamente a la institución involucrada para procurar una ágil solución <strong>al</strong> problema.Resultado de la gestión: En el término de 5 minutos, y ante la presencia de laDefensoría aparecieron en el establecimiento de s<strong>al</strong>ud los documentos necesarios para queadministrativamente se autorizara la intervención y se procedió a ordenar la remisión <strong>del</strong>paciente, con todos los cuidados <strong>del</strong> caso, teniendo en cuenta su edad, <strong>al</strong> establecimientode s<strong>al</strong>ud que le brindaría la atención especi<strong>al</strong>izada requerida.Gestión humanitaria, directa y urgente para proteger a comunidades indígenas,de afluente de río Bojayá, ante eventu<strong>al</strong>es infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitarioHechos:presencia de tropas <strong>del</strong> Ejército en territorio de <strong>al</strong>gunas de sus comunidades, igu<strong>al</strong>mente miembros de la guerrilla de las FARC, lo que de acuerdo con sus saberes o experienci<strong>al</strong>es permitía prever la inminencia de combates entre las dos partes con interposiciónde población civil, con resultados trágicos de muertos, heridos y bienes civiles y de usopúblico destruidos.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Chocó, atendiendo llamadode las comunidades indígenas de la zona, organiza misión humanitaria de acompañamientoy observación <strong>al</strong> lugar de los hechos, coadyuva las gestiones a<strong>del</strong>antadas por los Cabildosindígenas y en terreno se reúne con la comandancia de la Fuerza de Tarea <strong>del</strong> Atratoacantonada en la jurisdicción, para ponerle de presente la situación y hacerle lascorrespondientes observaciones y recomendaciones.Resultados de la gestión: El Comando <strong>del</strong> Ejército en la zona tomó medidasIgu<strong>al</strong>mente, dispuso lo pertinente para evitar un ataque a la población civil por parte de laguerrilla de las FARC.Derecho a una adecuada prestación de los servicios públicos domiciliarios enconexidad con el derecho a la s<strong>al</strong>ud y el saneamiento básicoHechos: Los habitantes de la carrera 19, sector los claveles <strong>del</strong> barrio el Jardín deQuibdó, es uno de los tantos lugares de la ciudad capit<strong>al</strong> y <strong>del</strong> conjunto <strong>del</strong> departamento
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>453públicos domiciliarios como el <strong>al</strong>cantarillado, debido a que donde existe una limitadísimacobertura las redes se encuentran colapsadas por la precariedad generada por el paso <strong>del</strong>crecimiento y expansión. Las consecuencias son c<strong>al</strong>les inundadas de aguas residu<strong>al</strong>es yservicios domiciliarios inutilizados en un escenario de ins<strong>al</strong>ubridad pública, con resultadoscomo la proliferación de insectos y enfermedades producidas por vectores, severasafecciones de piel, entre otras.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Chocó, recibe la queja <strong>al</strong>os pobladores <strong>del</strong> sector de la carrera 19 Jardín, coadyuva las peticiones formuladaspor sus vecinos ante las diversas autoridades y se apersona <strong>del</strong> problema en procura debuscarle una solución con las autoridades competentes. En esta dirección, se convocanreuniones con las autoridades y la comunidad afectada, se levantan actas de acuerdos,se hacen observaciones, recomendaciones, manifestando en últimas que la Defensoría severía obligada a interponer una acción constitucion<strong>al</strong> si las autoridades concernidas nocumplían lo acordado.Resultado de la gestión: La actuación defensori<strong>al</strong> hizo posible que la administraciónmunicip<strong>al</strong> se comprometiera form<strong>al</strong>mente como así lo hizo, a acometer las obras físicas <strong>del</strong>caso dirigidas a solucionar ese grave problema de s<strong>al</strong>ubridad pública.j) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> GuajiraUnos 40 niños de la comunidad Indígena Wayuu “IPACA”, en <strong>al</strong>to estado dedesnutriciónHechos: El 22 de julio de 2008 se recibió queja a un indígena Wayuu, autoridadtradicion<strong>al</strong> de la comunidad “Ipaca”, relacionada con una situación de olvido estat<strong>al</strong> yderechos humanos que se presenta en su territorio, donde habitan aproximadamente 20familias y 40 niños de la primera infancia. El peticionario solicitó mejorar las condicionesde vida de las familias, jóvenes, niños y niñas <strong>del</strong> territorio.Adicion<strong>al</strong>mente, la Defensoría Seccion<strong>al</strong> tuvo conocimiento que los habitantesdesconocían el municipio <strong>al</strong> cu<strong>al</strong> pertenecen, <strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que las autoridades departament<strong>al</strong>esy los <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des de los municipios de Riohacha, Manaure y Maicao, no obstante encontrarseubicada la comunidad a unas ocho horas <strong>del</strong> kilómetro 35 margen derecha de la carreteraRiohacha-Maicao, cerca <strong>al</strong> río Ranchería.Fin<strong>al</strong>mente, el peticionario <strong>al</strong>ertó sobre el estado de desnutrición en el que seencontraban menores de seis años de edad.Gestión defensori<strong>al</strong>: De acuerdo a los hechos objeto de la queja, se hizo necesarioimplementar acciones en coordinación con los entes territori<strong>al</strong>es y demás entidadespor la Defensoría Region<strong>al</strong>.Resultado de la gestión: de edad de la comunidad, en tot<strong>al</strong> se t<strong>al</strong>laron y pesaron 17. Adicion<strong>al</strong>mente se dispuso laimplementación de recuperación nutricion<strong>al</strong> y atención médica. El equipo médico tomó
454 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>asumió el compromiso de establecer articulación con el ente encargado para implementarotras acciones nutricion<strong>al</strong>es para garantizar la rápida recuperación de los niños y niñas;se hizo entrega de menajes de cocina a las familias y se trabajó con los wayuu para lograrmayor participación y compromiso en la atención hacia los menores de edad; se re<strong>al</strong>izaront<strong>al</strong>leres en Wayuunaiki para sensibilizar a las familias sobre la importancia de la higiene ymanipulación de <strong>al</strong>imentos.familias <strong>al</strong> régimen subsidiado de s<strong>al</strong>ud.La Atención y Trámite de Quejas y el Sistema de Alertas Tempranas articuladospara buscar protección frente a las bandas emergentesHechos:de diferentes fracciones armadas ileg<strong>al</strong>es emergidas con posterioridad a la desmovilizaciónde las Autodefensas, que bajo la utilización de bandas sicari<strong>al</strong>es y <strong>del</strong>incuenci<strong>al</strong>es que hanasesinatos como el sucedido el 8 de noviembre de 2008 en el barrio Santander de Maicao.La Defensoría tuvo conocimiento que el 8 de noviembre varias personas que semovilizaban en una motocicleta dispararon en forma indiscriminada contra una familiaque estaba departiendo en una residencia <strong>del</strong> barrio Santander, resultando cuatro personasmuertas en sitio de los hechos y cinco más heridas.Gestión defensori<strong>al</strong>: Entre las acciones a<strong>del</strong>antadas, la Region<strong>al</strong> Guajira re<strong>al</strong>izó gestiónlos hechos y enteró <strong>al</strong> Sistema de Alertas Tempranas de la entidad para la correspondientevisita y ev<strong>al</strong>uación, ya que estos hechos se suman a otros comportamientos irregulares quevulneran derechos humanos de los habitantes de Maicao y que se pueden encuadrar en uninforme de inminencia de riesgo. Efectivamente se emitió el informe de riesgo No. 002 de2009 por el SAT.Resultado de la gestión: Se emitió el referido informe de riesgo y se participó enConsejo Departament<strong>al</strong> de Seguridad.k) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>ena MedioReubicando a los amenazados en su vida e integridad person<strong>al</strong> por los actoresarmados ileg<strong>al</strong>esHechos: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>ena conoció la situaciónde amenazas de un peticionario, que manifestó la necesidad de s<strong>al</strong>ir de laregión en compañía de su familia ya que era víctima de amenazas por parte de ungrupo armado ileg<strong>al</strong> conocido como Los Paisas. La víctima, defensor de losderechos de las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado, advirtió que las amenazastenían fundamento en el trabajo que desempeñaba con la población desplazada quehabita en la tronc<strong>al</strong> <strong>del</strong> Caribe.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>455Gestión defensorí<strong>al</strong>: La situación de riesgo fue puesta en conocimiento de laDirección de Derechos Humanos y Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong>Interior a quien se solicitó se brindaran todas las garantías de protección.Resultado de la gestión: A través <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia se coordinóel traslado <strong>del</strong> peticionario y su familia <strong>al</strong> lugar que este escogió. Para t<strong>al</strong>es efectos sele entregaron tiquetes aéreos y fue reubicado tempor<strong>al</strong>mente casi en forma inmediata,lográndose proteger de esta forma los derechos a la vida y la integridad person<strong>al</strong> de estedefensor de derechos humanos y su grupo familiar.l) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> NariñoEl Ejército Nacion<strong>al</strong> reconoce y promete reparar la violación <strong>al</strong> derecho a lavida y la integridad person<strong>al</strong> de cuatro miembros de la Guardia indígena deCumb<strong>al</strong>. La Defensoría hace seguimiento <strong>al</strong> compromiso.Hechos: El 19 de septiembre de 2008, en el sector denominado Cuaspud el Rejo,cuatro indígenas Pastos miembros de la guardia indígena <strong>del</strong> Cabildo Indígena El GranCumb<strong>al</strong>, fueron atacados violentamente con armas de fuego, cuando re<strong>al</strong>izaban labores devigilancia dentro de su jurisdicción, por miembros <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>, pertenecientes<strong>al</strong> Grupo Mecanizado No. 3 Cab<strong>al</strong> de Ipi<strong>al</strong>es que, a su vez, también re<strong>al</strong>izaban labores depatrullaje en el mismo lugar, dejando como resultado trágico la muerte violenta de dospersonas y un herido. El sobreviviente ileso inmediatamente informó a las autoridadesindígenas y se movilizaron <strong>al</strong>rededor de tres mil indígenas quienes repudiaron lo sucedido,rechazaron la acción de la Fuerza Pública, impidieron el retiro <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> yexigieron la presencia de autoridades <strong>del</strong> gobierno departament<strong>al</strong>, la Procuraduría, laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y el Comandante <strong>del</strong> Grupo Mecanizado Cab<strong>al</strong>.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría Region<strong>al</strong> hace presencia en el lugar <strong>al</strong> día siguientea la reunión convocada por el Cabildo Indígena de Cumb<strong>al</strong>, junto con otras entidades<strong>del</strong> Estado dispuesta a escuchar a los indígenas y actuar de conformidad con su misiónconstitucion<strong>al</strong> y leg<strong>al</strong>.Resultados de la gestión: En la reunión de las instituciones y los indígenas, el EjércitoNacion<strong>al</strong> reconoció su responsabilidad en el hecho, comprometiéndose a indemnizar <strong>al</strong>as víctimas, y se determinó brindar seguridad <strong>al</strong> indígena herido, recluido en el Hospit<strong>al</strong>reunión dejando constancia expresa <strong>del</strong> reconocimiento de la responsabilidad <strong>del</strong> EjércitoNacion<strong>al</strong> de los hechos y el Defensor Region<strong>al</strong> suscribió el documento como garante <strong>del</strong>cumplimiento de los compromisos <strong>al</strong>lí consignados.En relación con la investigación pen<strong>al</strong>, el asunto fue asumido por la Fisc<strong>al</strong>ía 23 Seccion<strong>al</strong>de Ipi<strong>al</strong>es el 21 de octubre de 2008 y el 14 de enero de 2009 remitió la investigación, <strong>al</strong>parecer por competencia, <strong>al</strong> Juez de Instrucción Pen<strong>al</strong> Militar <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong>. Frentea este hecho, la Procuraduría 147 Judici<strong>al</strong> Pen<strong>al</strong> de Ipi<strong>al</strong>es solicitó a la Fisc<strong>al</strong>ía revocar el objeto de que este sea asumido por la Fisc<strong>al</strong>ía, encontrándose pendiente la decisión.
456 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Defensoría solicita protección para defensores y defensoras de derechos humanosen NariñoHechos: Entre abril y junio de 2007, defensores y defensoras de derechos humanosy líderes de organizaciones soci<strong>al</strong>es de Nariño y de la comunidad indígena Awa-UNIPA,fueron víctimas de amenazas vía email por parte <strong>del</strong> grupo autodenominado “NuevaGeneración”, siendo atendido el asunto por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y demás entidades <strong>del</strong>Estado. Entre febrero, julio y octubre de 2008, nuevamente las organizaciones recibieronamenazas; la primera proveniente <strong>del</strong> grupo autodenominado Águilas Negras, la segunda porAutodefensas Unidas de Colombia y la tercera por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.Gestión defensori<strong>al</strong>: El Defensor Region<strong>al</strong> participó activamente en las reunionesque se programaron por parte <strong>del</strong> Gobierno departament<strong>al</strong> para responder a las demandasde protección que se hicieron por parte de las personas y organizaciones amenazadas.Adicion<strong>al</strong>mente, la Defensoría requirió a las autoridades de Policía y a la Fisc<strong>al</strong>ía la adopciónde medidas de protección a favor de las víctimas y el a<strong>del</strong>antamiento de las investigacionesresponsables.Resultados de la gestión: Las autoridades judici<strong>al</strong>es a<strong>del</strong>antan las investigacionescorrespondientes y las autoridades de seguridad brindan protección a los defensores ylíderes de las organizaciones soci<strong>al</strong>es de Nariño.ll) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Norte de SantanderAtención de la Defensoría para obtener el reconocimiento de una pensión deinv<strong>al</strong>idezHechos: labor<strong>al</strong>, por lo que solicitó reconocimiento pension<strong>al</strong>, el cu<strong>al</strong> fue negado por la jefatura deresolución, presentó acción de tutela ante el juez séptimo civil <strong>del</strong> circuito, quien negó lapretensión por encontrarse pendiente de resolver el recurso de reposición.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Norte de Santander,debidamente documenta para el caso, solicita la solución <strong>del</strong> recurso y como respuestaobtiene la negación de la pretensión a la peticionaria, mediante resolución 1373 <strong>del</strong> 6 dejunio/2008. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> instaura acción de tutela que corresponde <strong>al</strong> JuezPrimero Administrativo de Cúcuta.Resultado de la gestión: Primero Administrativo resolvió tutelar el derecho a la c<strong>al</strong>idad de vida y mínimo vit<strong>al</strong> deSeguro Soci<strong>al</strong> de Santander, resolver la petición de inv<strong>al</strong>idez en los términos <strong>del</strong> artículo39 de la Ley 100/93.Mediación defensori<strong>al</strong> para el pago de los servicios de s<strong>al</strong>ud suministrados aun beneficiario <strong>del</strong> régimen de s<strong>al</strong>ud contributivo
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>457Hechos:SALUCOOP EPS como independiente. El 8 de mayo de 2008, la menor de 15 años dio <strong>al</strong>uz a su hijo. Como el parto era de <strong>al</strong>to riesgo, se le practicó una cesárea. El recién nacidonecesitó atención médica adicion<strong>al</strong>. Por la situación anteriormente descrita se presentó unaconfusión en cuanto a quién debía cancelársele el copago por parte de usuario.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Norte de Santander en usode su facultad mediadora acercó a las partes para llegar a un acuerdo entre la menor,la directora de la Clínica San José y el representante administrativo de COOMEVA. Sepersuadió a los padres de la menor para que consignaran a favor de esa EPS, la sumade $96.000 por concepto de UPC adicion<strong>al</strong>, es decir, una unidad de pago por capitacióndurante un mes, mientras el recién nacido se recupera.Así mismo se solicitó <strong>al</strong> notario presentarse a la clínica para agilizar el registro civil Resultado de la gestión: La menor y su hijo regresaron felices a su hogar y la clínicaSan Rafael recibió el respectivo pago <strong>del</strong> copago correspondiente por sus servicios.Protección de una familia desplazada a quienes Acción Soci<strong>al</strong> había negadola inclusión en el Registro Único de Población Desplazada y no podían recibirasistencia humanitariaHechos:de la decisión de Acción Soci<strong>al</strong> de no incluir su núcleo familiar en el Registro Único dePoblación Desplazada. La entidad argumentó para adoptar esta decisión, la prescripciónen el término de su declaración.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Norte de Santander, teniendoen cuenta los derechos involucrados con la decisión de Acción Soci<strong>al</strong>, de restablecimientosocioeconómico en conexidad con el derecho a la vida, en condiciones de dignidad yderechos de los desplazados elaboró una acción de tutela, que correspondió por repartoen primera instancia <strong>al</strong> Juzgado Segundo Pen<strong>al</strong> <strong>del</strong> Circuito Especi<strong>al</strong>izado de la ciudad deCúcuta, quienes no tutelaron derechos de la peticionaria, acogiendo los argumentos deAcción Soci<strong>al</strong>.El f<strong>al</strong>lo fue impugnado por la Defensoría, correspondiéndole a la s<strong>al</strong>a Pen<strong>al</strong> <strong>del</strong>Tribun<strong>al</strong> Superior, quien resolvió revocar el f<strong>al</strong>lo de primera instancia y tutelar los derechosa la peticionaria y su grupo familiar.Respuesta a la gestión: Con la acción instaurada se logró la inclusión de la peticionariay su grupo familiar <strong>al</strong> Registro Único de Población Desplazada, por parte de Acción Soci<strong>al</strong>para que reciba la asistencia <strong>del</strong> Estado, y así lograr el restablecimiento de sus derechos yla estabilización socioeconómica.m) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> QuindíoLa investigación por la presunta infracción <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario contra el derecho a la vida de persona protegida fue asumida por lajurisdicción ordinaria
458 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Hechos: La Defensoría Region<strong>al</strong> recibió queja por muerte violenta de una persona, <strong>al</strong>parecer cometido en operativo re<strong>al</strong>izado por miembros <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> en la ciudadde Armenia. El peticionario manifestó que su familiar no fue muerto en combate y que nopertenecía a ningún grupo <strong>del</strong>incuenci<strong>al</strong>, ni <strong>al</strong> margen de la ley.Gestión defensori<strong>al</strong>: Ante la presunta infracción <strong>del</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong>Humanitario, homicidio cometido en persona protegida, la Defensoría recibió declaracionesde los familiares, remitió las diligencias para su respectiva investigación <strong>al</strong> Comando <strong>del</strong>Militar y a la Fisc<strong>al</strong>ía Seccion<strong>al</strong>. Igu<strong>al</strong>mente, re<strong>al</strong>izó mesa de trabajo para análisis <strong>del</strong> casocon Fisc<strong>al</strong>es, Procuraduría y Justicia Pen<strong>al</strong> Militar.Resultado de la gestión: Se obtuvo como resultado que la investigación fuera asumidapor la justicia ordinaria.Gestión defensori<strong>al</strong> urgente ante amenazas contra <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des de los municipios <strong>del</strong>a Cordillera “Génova, Pijao, Buenavista, Córdoba y C<strong>al</strong>arcá” <strong>del</strong> departamento<strong>del</strong> Quindío por grupos <strong>al</strong> margen de la leyHechos: En el mes de abril de 2008, hicieron presencia en la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>los <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des de los municipios cordilleranos <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Quindío: “Génova, Pijao,amenazados por grupos <strong>al</strong> margen de la ley y requerir <strong>del</strong> Estado la protección de sus vidase integridad person<strong>al</strong>. Así mismo, solicitaban la protección para facilitar el ejercicio de sugestión pública.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría Region<strong>al</strong> recibió declaraciones a los mandatariosloc<strong>al</strong>es; solicitó ante el Comando <strong>del</strong> Departamento de Policía Quindío y el DAS a<strong>del</strong>antar Interior y de Justicia – Programa de Protección de Derechos Humanos con el objetode solicitar apoyo en seguridad person<strong>al</strong> y garantía para el ejercicio de sus funciones. de protección necesarias y se a<strong>del</strong>anta gestión con el Gobernador <strong>del</strong> departamentoamenazas de los gobernantes loc<strong>al</strong>es.Resultados de la gestión: El estudio de Seguridad y Nivel de Riesgo emitido porla Policía Nacion<strong>al</strong> y el Departamento de Seguridad DAS a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>esquema de protección a tres unidades polici<strong>al</strong>es. Igu<strong>al</strong>mente, el Ministerio <strong>del</strong> Interior yJusticia informa la inclusión de los mandatarios en el marco <strong>del</strong> Programa de Protección dede Reglamentación y Ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> Riesgo.Gestión directa y urgente para la asistencia médica a pacientes consumidoresde heroína <strong>del</strong> Programa denominado Clínica de Sustitución con MetadonaHechos: Un colectivo de más de 30 pacientes farmacodependientes y sus respectivasfamilias solicitaron el apoyo e intervención de la Defensoría Region<strong>al</strong> ante la toma de lasinst<strong>al</strong>aciones <strong>del</strong> Hospit<strong>al</strong> San Juan de Dios, sección <strong>del</strong> programa <strong>del</strong> Instituto Seccion<strong>al</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>459de S<strong>al</strong>ud <strong>del</strong> Quindío de atención a farmacodependientes, donde protestaban por la f<strong>al</strong>tade entrega <strong>del</strong> medicamento de la metadona.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría intervino a petición de la comunidad desarrollandovisita de campo; posteriormente, convocó a mesa de trabajo en las inst<strong>al</strong>aciones de laDefensoría con el Instituto Seccion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud <strong>del</strong> Quindío, Hospit<strong>al</strong> Ment<strong>al</strong> de Finlandia,actu<strong>al</strong> situación de la contratación y desarrollo <strong>del</strong> programa.Resultados de la gestión: Se logró que se diera continuidad <strong>al</strong> programa y que elInstituto Seccion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud agilizara la compra <strong>del</strong> medicamento metadona para serentregado a los pacientes inscritos en el programa. Por el diálogo y la concertación sepresentado.n) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Risar<strong>al</strong>daLa Defensoría Region<strong>al</strong> pide justicia en 27 casos de ejecuciones extr<strong>al</strong>eg<strong>al</strong>es oarbitrarias, ocurridas entre el año 2005 y el 2008, en su jurisdicciónHechos: En el municipio de La Celia, Risar<strong>al</strong>da, el 12 de julio <strong>del</strong> 2007, según laqueja recibida, fue muerto violentamente un menor de 17 años de edad, en un operativore<strong>al</strong>izando actividad <strong>del</strong>ictiva <strong>al</strong>guna y no pertenecían a ningún grupo armado ileg<strong>al</strong>.El tipo de gestión de la Defensoría tiene en cuenta la situación y el conocimiento porsu gestión, entre ellos, de los siguientes casos de presuntas ejecuciones extrajudici<strong>al</strong>es oarbitrarias:1. Radicado 081100993.1.2. Fecha de los hechos: 12 mayo de 20051.3. Lugar de los hechos: Zarz<strong>al</strong> – V<strong>al</strong>le, por el ejército.2. Radicados 081100083 – 081100084.2.2. Fecha de los hechos: 31 de agosto 2006.2.4. Occiso: Jair Augusto Rivera Villegas (27 años).2.5. Fecha de los hechos: 31 agosto de 2006.
460 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3. Radicado: 081102493.3.1. Occiso: Juan Esteban López Ramírez.3.2. Fecha de los hechos: 27 marzo de 2008.3.3. Lugar de los hechos: Finca La Divisa, corregimiento agua bonita, Manzanares.3.4. Persona (No relacionado en la queja)3.5. Persona (No relacionado en la queja).4. Radicado 080202249. Residencia La Virginia4.1. Occisos: Carlos Arturo Velásquez Ortiz.Fernel Andrés Londoño Tabarez.Juan Carlos López o Steven Velásquez Ortiz.Fecha de los hechos: 18 enero de 2008.4.2. Occisos: Julián Andrés Arroyave Utima.Álvaro Hernán Díaz.Fecha de los hechos: 13 enero de 2008.Lugar de los hechos: Vereda Campo de Tigre, Sabana de Torres, Santander.4.3. Occisos: José Luis García Ospina.Héctor de Jesús Gris<strong>al</strong>es Uribe.Carlos Mario Ramírez Londoño.Fecha de los hechos: 11 enero de 2008.Lugar de los hechos: Vereda La Clara, corregimiento San Pablo, Santa RosaAntioquia.5. Radicado: 081000989.5.1. Occiso: Ferney Tabares Cardona.5.2. Fecha de los hechos: 1 abril de 2008.5.4. Jorge Armando Guevara Trejos. (No relacionado en la queja).6. Radicados: 080902456 – 081100994.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>4616.1. Occiso: Jair Andrés P<strong>al</strong>acio Zuleta.6.2. Fecha de los hechos: 1 septiembre de 2008.6.3. Lugar de los hechos: Vereda Campo Alegre, Segovia Antioquia, bat<strong>al</strong>lón Energético yvi<strong>al</strong> numero 8, fue exhumado.6.4. Occiso: Leonardo Fabio Zapata Quitían (38 años).6.5. Lugar de residencia: Carrera 1 Nro. 1 A 26 Alfonso López, Pereira.6.6. Occiso: Juan Manuel Castaño Zuleta (No relacionado en la queja)6.7. Occiso: Luis Fabián Castaño Zuleta (No relacionado en la queja)7. Radicado: 0811024977.1. Occiso: Gildardo Antonio Parra Marulanda.7.2. Fecha de los hechos: 4 septiembre de 2008.7.3. Lugar de los hechos: El Roble, Circacia, Quindío, bat<strong>al</strong>lón Cisneros.7.4. Persona (No relacionada en la queja).7.5. Persona (herida, en la Unidad de Derechos Humanos Fisc<strong>al</strong>ía).8. Radicado: 071102533.8.1. Persona (17 años).8.2. Fecha de los hechos: 10 julio de 2007.8.4. Persona (No relacionado en la queja)8.5. Persona (No relacionado en la queja)Gestión defensori<strong>al</strong>: Ante la gravedad de la queja y el conocimiento de 26 casosmás de igu<strong>al</strong> índole y en tanto que como lo concibió la Region<strong>al</strong> se estaría vulnerandoel derecho fundament<strong>al</strong> a la vida, artículo 11 de la Constitución Política de Colombia enconexidad con el artículo 12 de la misma obra, por cuanto nadie podrá ser sometido adesaparición forzada, torturas ni a tratos crueles, inhumanos y degradantes 43 , se produjoun pronunciamiento por el Defensor Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y se puso en conocimiento <strong>del</strong>a situación, <strong>al</strong> Director Seccion<strong>al</strong> sobre cada uno de los casos conocidos por la Region<strong>al</strong>,a efecto de que lo comunicara a la Unidad Nacion<strong>al</strong> de Derechos Humanos y DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario y a las diferentes autoridades administrativas <strong>del</strong> municipiode Pereira, <strong>del</strong> departamento de Risar<strong>al</strong>da y asistentes a los Consejos de Seguridad tantoDepartament<strong>al</strong> como Municip<strong>al</strong>.
462 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Resultado de la gestión: Se obtuvo el pronunciamiento <strong>del</strong> Presidente de la Repúblicay su Ministro de Defensa, así como los <strong>al</strong>tos mandos militares en la región, <strong>del</strong> Fisc<strong>al</strong>Gener<strong>al</strong> de la Nación y <strong>del</strong> Procurador Gener<strong>al</strong> de la Nación.Igu<strong>al</strong>mente, se tuvo respuesta escrita de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, UnidadSeccion<strong>al</strong> <strong>del</strong> C.T.I., relativas a la muerte de los desaparecidos, reportados como caídos encombate por el Ejército Nacion<strong>al</strong> en diferentes sitios <strong>del</strong> país y oriundos <strong>del</strong> departamentode Risar<strong>al</strong>da.Se informó a la Region<strong>al</strong> que la Unidad de Derechos Humanos y DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario, de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación, asumió las investigacionespor estos hechos.Con esta gestión se hizo visible la grave problemática de la desaparición de adolescentesy adultos, reportados posteriormente, como caídos en combate por el Ejército Nacion<strong>al</strong>, endiferentes y diversos lugares <strong>del</strong> país, <strong>al</strong> aparecer vinculados a actividades ilícitas, oriundosde los municipios de Pereira, Dosquebradas y la Virginia.Retorno en condiciones dignas de s<strong>al</strong>ud, <strong>al</strong>imentación y <strong>al</strong>ojamiento de lacomunidad Embera Chami, de Bagadó y Condoto ChocóHechos: A la ciudad de Pereira arribaron sesenta y dos (62) indígenas de la comunidadacuerdos que anteriormente habían re<strong>al</strong>izado, como era el de proveerlos de agua potable,de los enfrentamientos en sus territorios entre el Ejército Nacion<strong>al</strong> y la guerrilla.Gestión defensori<strong>al</strong>: Ante la situación planteada por el Gobernador Indígena <strong>del</strong>Resguardo de Conondó – Chocó, la Region<strong>al</strong> consideró necesaria su intervención aefecto de garantizar a dicha comunidad indígena, en primer lugar, el retorno a sus lugaresde origen, con las debidas medidas de seguridad y además las garantías de parte de lamisma autoridad militar de que se garantizarán sus derechos fundament<strong>al</strong>es a la vida ya la integridad person<strong>al</strong>; en segundo lugar, las gestiones que se a<strong>del</strong>antarán ante el nivelcentr<strong>al</strong>, la Region<strong>al</strong> y acción para que sus reclamaciones sean atendidas; en tercer lugar, laatención durante la estadía en la ciudad de Pereira, en s<strong>al</strong>ud, primordi<strong>al</strong>mente a los niñosy niñas, enfermos, el suministro de <strong>al</strong>imentación y su <strong>al</strong>ojamiento en un hogar de paso,suministrados por la Gobernación <strong>del</strong> departamento de Risar<strong>al</strong>da, el municipio de Pereiray Acción Soci<strong>al</strong>.En consecuencia se re<strong>al</strong>izaron las siguientes intervenciones:1. Gestión ante la Secretaría de Desarrollo Soci<strong>al</strong> y Político, para su ubicación enel hogar de paso de la Alc<strong>al</strong>día <strong>del</strong> municipio de Pereira, con <strong>al</strong>imentación y43 Normatividad concordante con normas internacion<strong>al</strong>es de derechos humanos: Declaración Univers<strong>al</strong> de Derechos Humanos,artículos 3 y 5; Convención Americana sobre derechos humanos, artículos 4 y 5 y nacion<strong>al</strong>es: el Código Pen<strong>al</strong>, Ley 599 de2000, artículos 101 y 102.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>463<strong>al</strong>ojamiento, mientras retornan a sus lugares de origen y la debida atención médicaa los niños, niñas, adolescentes y adultos, priorizándola en quienes presentabanproblemas de s<strong>al</strong>ud.2. Consecución <strong>del</strong> transporte para el regreso a sus lugares de origen, por parte de laadministración municip<strong>al</strong> de Pereira.3. La solicitud de acompañamiento y la garantía de las condiciones de seguridad parael regreso de la señ<strong>al</strong>ada comunidad a sus lugares de origen.Resultado de la gestión: Los resultados de esta gestión defensori<strong>al</strong> en resumen fueron:1. La atención por parte de la Secretaría de Desarrollo Soci<strong>al</strong> y Político <strong>del</strong> municipiode Pereira, en s<strong>al</strong>ud, <strong>al</strong>ojamiento y traslado <strong>al</strong> lugar de origen.2. El retorno de la citada comunidad a sus territorios, con el acompañamiento de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Region<strong>al</strong> Risar<strong>al</strong>da.3. La intervención <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, con sus <strong>del</strong>egados, en asuntos indígenas yminorías étnicas ante el Gobierno nacion<strong>al</strong> para la atención a las peticiones de dichacomunidad.ñ) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> SantanderProtección <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud de un enfermo ren<strong>al</strong>Hechos: El 6 de septiembre de 2008, el señor Ramiro Tobías Soto Suárez, acudió <strong>al</strong>as diez horas <strong>del</strong> mismo día, se encontraba encadenado en las inst<strong>al</strong>aciones de la EPSmedicamento de uso permanente que le ha ordenado su médico especi<strong>al</strong>ista tratante, enrazón <strong>al</strong> trasplante ren<strong>al</strong> cadavérico re<strong>al</strong>izado desde el día 10 de noviembre <strong>del</strong> año 2003.El peticionario manifestó que a pesar de existir un f<strong>al</strong>lo de tutela a través <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> sele amparo los derechos fundament<strong>al</strong>es a la vida en condiciones dignas, a la estabilidadde s<strong>al</strong>ud y a su integridad person<strong>al</strong>, el medicamento no se le entrega oportunamente.Situación que pone en riesgo no solo la sobrevivencia <strong>del</strong> injerto ren<strong>al</strong> sino que agravael estado de s<strong>al</strong>ud <strong>del</strong> paciente. El peticionario había solicitado a la EPS Humana Vivir,por su médico tratante.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Santander solicitó a HumanaVivir EPS, la generación inmediata de la autorización para el suministro <strong>del</strong> medicamento<strong>al</strong> peticionario, en razón a sus antecedentes de hipertensión arteri<strong>al</strong> crónica desde el añocadavérico. En el mes de octubre <strong>del</strong> año 2008, el peticionario informó a la Region<strong>al</strong> sobrela negligencia en la que nuevamente incurrió la EPS. Humana Vivir <strong>al</strong> demorar la entrega<strong>del</strong> medicamento.
464 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>El día 7 de noviembre de 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Santanderfunciones de vigilancia y control de los servicios de s<strong>al</strong>ud que prestan las EPS 44 dar trasladoinformar los resultados de la actuación a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y <strong>al</strong> peticionario.Resultado de la gestión: El 5 de diciembre de 2008, la EPS Humana Vivirinformó a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Region<strong>al</strong> Santander, haber atendido el requerimientode la prestación de servicios médico asistenci<strong>al</strong>es <strong>al</strong> afectado correspondiente a los últimosseis meses.Por el derecho a la educaciónHechos: El 30 de octubre de 2008 se hizo presente en las inst<strong>al</strong>aciones de la Defensoríajunta directiva de la Escuela Norm<strong>al</strong> Superior que afecta la permanencia en la institucióneducativa de una estudiante para el año escolar 2009.Gestión defensori<strong>al</strong>: La gestión defensori<strong>al</strong> se a<strong>del</strong>antó con sustento en el Decreto230 <strong>del</strong> 11 de febrero <strong>del</strong> año 2002 conforme <strong>al</strong> cu<strong>al</strong>, cuando el estudiante ha dejado promovido <strong>al</strong> grado siguiente. En ningún momento autoriza en estos casos, la negación<strong>del</strong> cupo para el educando.El 30 de octubre de 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> orientó la sustentación <strong>del</strong> recursode reposición y en subsidio el de apelación contra de la Resolución rector<strong>al</strong> N° 120 pormedio de lo cu<strong>al</strong> la rectora de la Escuela Norm<strong>al</strong> Superior negó el cupo a la estudiantepara el año escolar 2009.Así mismo, el 13 de noviembre de 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> solicitó a la rectorade la Institución la remisión de la documentación pertinente y necesaria para la ev<strong>al</strong>uacióny estudio juicioso de la situación expuesta por la peticionaria. El 26 de noviembre de proceso a<strong>del</strong>antado por la institución educativa, para imponer <strong>al</strong> educando la matrícula decompromiso, si hubo lugar a ello.Resultado de la gestión: El 2 de diciembre siguiente de 2008, la rectora <strong>al</strong>legó copia a la estudiante. Se concluye que la amenaza <strong>al</strong> derecho a la educación ha cesado, <strong>al</strong>comprobarse la permanencia en el plantel de la estudiante para el año escolar 2009,conforme a la ley.44 Conforme a los mandatos contenidos en la Constitución, en la ley y en la circular No. 00047 c<strong>al</strong>endada el día 30 de noviembrede 2007.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>465o) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Seccion<strong>al</strong> SucreProtección <strong>del</strong> derecho a la vida y a la s<strong>al</strong>ud ante la negativa de una EPS aautorizar un tratamiento médicoHechos: Una señora de la tercera edad le fue diagnosticado un nódulo pulmonarsubpleur<strong>al</strong> solitario bas<strong>al</strong> later<strong>al</strong> de pulmón derecho por parte de la EPS a la que estabaadscrita, consultando con un médico particular la señora fue diagnosticada con Nódulopulmonar LI derecho sugestivo de m<strong>al</strong>ignidad, requiere lobectomía por toraxcocopa ybiopsia por congelación. El v<strong>al</strong>or de este procedimiento quirúrgico era de doce millonesde pesos, lo cu<strong>al</strong> dada la precaria condición económica de la paciente estaba fuera de sucapacidad para costearla, por lo que presentó la solicitud a la EPS quien le respondiónegativamente a la autorización, argumentando que se encontraba por fuera <strong>del</strong> POS.Gestión defensori<strong>al</strong>: En este caso se hacia evidente que la f<strong>al</strong>ta la autorizaciónimpedía que la paciente se re<strong>al</strong>izara por sus propios medios dicho procedimiento, y dad<strong>al</strong>a gravedad <strong>del</strong> caso exponía de manera evidente a la paciente a padecer los efectos deuna enfermedad, cuyos efectos serían fat<strong>al</strong>es. En conclusión se consideró afectado y enriesgo la s<strong>al</strong>ud y la vida de la paciente ya que a pesar de que por ley se facultaba a laEPS a negar dicha autorización, era evidente que en la situación no era procedente, niprivilegia los derechos de las personas frente a cu<strong>al</strong>quier trámite para no afectar derechosfundament<strong>al</strong>es como los ya citados. Así, como ya existía un pronunciamiento claro de laEPS, la Defensoría Seccion<strong>al</strong> Sucre procedió a instaurar acción de tutela para la defensa elos derechos, solicitando que se inaplicara la norma que facultaba a la EPS a no autorizardicho procedimiento.Resultado de la gestión: El juez de tutela ordenó reconocer el amparo de losderechos a la vida, a la s<strong>al</strong>ud y seguridad soci<strong>al</strong> de la paciente y ordenó a la EPS autorizarla re<strong>al</strong>ización de dicho procedimiento.Derecho a aplazar la prestación <strong>del</strong> servicio militar por encontrarsea<strong>del</strong>antando estudios de educación superiorHechos: dentro <strong>del</strong> programa a distancia de la Universidad Cartagena, no había resuelto su situaciónmilitar, por lo que acudió a una jornada convocada por el Ejército Nacion<strong>al</strong> para t<strong>al</strong> efecto,presentando la documentación que lo acreditaba como estudiante universitario, paraefectos <strong>del</strong> aplazamiento a que tenía derecho. Sin embargo, fue reclutado inmediatamente,impidiéndole la s<strong>al</strong>ida de las inst<strong>al</strong>aciones <strong>del</strong> polideportivo donde se llevaba la jornada ypadre y la madre <strong>del</strong> joven son personas enfermas, de escasos recursos y que se encuentranen estado de desprotecciónGestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría Seccion<strong>al</strong> de Sucre considera que el Ejércitovioló lo previsto en la Ley 548 de 1999, que dispone la posibilidad de que el joven optepor cumplir con el servicio militar o decidir el aplazamiento, en concordancia con lasentencia C-456 de 2002 sobre la misma materia, por lo que ante la vulneración inminente
466 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de los derechos a la educación y a la familia se instauró acción de tutela contra el EjércitoNacion<strong>al</strong> para obtener el desacuartelamiento <strong>del</strong> joven.Resultado de la gestión: El juez de tutela ordenó amparar el derecho a la educación desacuartelamiento de este, para que pudiera continuar con sus estudios superiores quevenía desarrollando.Afectación <strong>del</strong> mínimo vit<strong>al</strong> a una madre y a un menor de edad por pagosextemporáneos en la seguridad soci<strong>al</strong>Hechos: estado de embarazo teniendo su bebé en agosto <strong>del</strong> 2007, fecha para la cu<strong>al</strong> cotizóininterrumpidamente <strong>al</strong> sistema de seguridad soci<strong>al</strong>, durante todo el período de gestación.Sin embargo, hubo extemporaneidad en las cotizaciones. Cuando fue a solicitar la licenciade maternidad la EPS la negó argumentando pagos extemporáneos.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría Seccion<strong>al</strong> de Sucre consideró que siendoconsecuente con la jurisprudencia constitucion<strong>al</strong>, a pesar de haber sido extemporáneos lospagos de los aportes, sin que fueran rechazados por la EPS, existe un derecho fundament<strong>al</strong>como el mínimo vit<strong>al</strong> de la peticionaria y de su hijo, que se ven afectados con la actitud <strong>del</strong>a EPS <strong>al</strong> negar el pago de la licencia de maternidad. Dada la inminencia de la vulneraciónse procedió a instaurar acción de tutela para la protección de los derechos de la madre y<strong>del</strong> menor de edad.Resultado de la gestión: El juez de tutela ordenó conceder el amparo de los derechos<strong>al</strong> mínimo vit<strong>al</strong> y vida digna de la peticionaria y ordenó a la EPS a cancelar el v<strong>al</strong>orcorrespondiente la licencia de maternidad.p) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Seccion<strong>al</strong> UrabáEl derecho a la s<strong>al</strong>ud de personas de la tercera edad. En Me<strong>del</strong>lín las entidadesde s<strong>al</strong>ud no tenían cama para recibirlaHechos: El día 6 de marzo de 2008 se presentó a la Defensoría Region<strong>al</strong> de UrabáGener<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud, se encontraba hospit<strong>al</strong>izada en el Antonio Roldánpor cuanto debe ser remitida a un hospit<strong>al</strong> de tercer nivel en Me<strong>del</strong>lín, para la asistenciaen neurología de cuarto nivel. Por lo pronto, se informa a la Defensoría que el hospit<strong>al</strong> haordenado la atención con recursos para población pobre sin subsidio y se ha solicitado <strong>al</strong>a Registraduría la expedición de la copia <strong>del</strong> documento de identidad de la adulta mayor.Gestión defensori<strong>al</strong>: El 7 de marzo de 2008, la Defensoría requirió a la DirectoraLoc<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud <strong>del</strong> municipio de Apartadó, solicitándole informar sobre las gestionesa<strong>del</strong>antadas para garantizar la atención médica integr<strong>al</strong> que requería la paciente.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>467Resultados de la gestión: El 12 de marzo de 2008, la Directora Loc<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud diola remisión de la paciente a la Unidad de Cuidados Intensivos de <strong>al</strong>ta complejidad en laciudad de Montería, donde se le practicó neurocirugía IV nivel.Gestión urgente para proteger los bienes urbanos, abandonados en 1997, poruna víctima <strong>del</strong> conflicto armado en la ciudad de ApartadóHechos: El día 7 de abril de 2008 se presentó solicitud de una peticionaria para laprotección de bienes abandonados por su familia debido <strong>al</strong> desplazamiento forzado de quefueron objeto, hechos que sucedieron a la muerte violenta de su madre. Manifestó que ensu huida forzada <strong>del</strong> municipio de Apartadó, el 18 de agosto de 1997, dejó su casa en elentre otros.Gestión defensori<strong>al</strong>: En cumplimiento de la gestión defensori<strong>al</strong> y a la luz <strong>del</strong> párrafosegundo <strong>del</strong> artículo 127 de la Ley 1152 de 2007, que establece que la solicitud de protecciónPúblicos <strong>del</strong> Círculo en donde se encuentre ubicado el predio, para su trámite y decisión.su trámite y decisión. Además, se asesoró y orientó a la usuaria sobre el <strong>al</strong>cance y contenido<strong>del</strong> artículo 127 de la Ley 1152 de 2007. N° 6012-00000449, dado que hasta la fecha no se había obtenido respuesta de fondo <strong>al</strong>requerimiento enviado.Resultados de la gestión: El 25 de junio de 2008 se obtuvo respuesta, lograndoConforme a lo Previsto en la Ley 1152 de 2007(medida cautelar).Por el respeto a los derechos prev<strong>al</strong>entes de los menores de edad, en especi<strong>al</strong> susderechos a la integridad física y psicológica.Hechos: El 27 de mayo de 2008, se presentó queja document<strong>al</strong> por una peticionaria,mediante la cu<strong>al</strong> informaba que un niño estaba sufriendo m<strong>al</strong>trato infantil por parte de sumomento no se había obtenido respuesta.Gestión defensori<strong>al</strong>: Antioquia, solicitó en defensa de los derechos prev<strong>al</strong>entes de los niños y el desarrolloarmónico e integr<strong>al</strong> de la niñez, iniciar el proceso de Protección Integr<strong>al</strong> adoptando lasmedidas concernientes, re<strong>al</strong>izar una visita domiciliaria con su equipo interdisciplinario enel lugar donde actu<strong>al</strong>mente se encuentra el niño e informar qué gestiones se han adoptadoen este caso.
468 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Resultados de la gestión: Los resultados fueron favorables, obteniendo respuesta defecha 4 de junio de 2008 por parte de la Defensora Promiscua de Familia Centro Zon<strong>al</strong>traslado la Defensora de Familia a la vivienda <strong>del</strong> menor de edad, encontrándolo desnudo,la vivienda desordenada y enterándose que no había sido llevado a una cita médica,optó, dada la situación <strong>del</strong> menor de edad, por solicitar apoyo de la policía de infancia yadolescencia <strong>del</strong> municipio para retirar <strong>al</strong> niño de su hogar, emitiendo auto de reaperturade la investigación, adoptando como medida provision<strong>al</strong> de restablecimiento de derechosa su favor la ubicación en el programa de colocación familiar Hogar Sustituto.Se reabrió el proceso administrativo de restablecimiento de derechos que estabaen seguimiento y el niño se encuentra ubicado en un hogar sustituto a la espera de losresultados <strong>del</strong> proceso. El menor de edad se ha declarado en situación de vulneraciónde derechos e integrado a su familia de origen o declarado en adaptabilidad, la decisióndependerá de las diferentes pruebas que deban recaudarse.El Estado y en especi<strong>al</strong> el Ejército Nacion<strong>al</strong> debe garantizar la asistenciamédica, a las personas que desmoviliza de sus filasHechos: El 4 de junio de 2008, se presentó ante la Defensoría de Urabá, unapeticionaria, quien manifestó que el 12 de febrero de 2008, su hijo asistió <strong>al</strong> coliseo cubiertode habérsele practicado los exámenes fue encontrado apto para prestar el Servicio Militar. duro tres (3) meses y nueve (9) días. La peticionaria agrega que el 23 de mayo de 2008parecer presenta un trauma psicológico, por lo que requiere atención médica y psiquiátrica,pero en el dispensario de Carepa se negaron a atenderlo, por f<strong>al</strong>ta de documentación y porGestión defensori<strong>al</strong>: El día 10 de junio de 2008, se a<strong>del</strong>antó gestión defensori<strong>al</strong> directamedidas necesarias para que se garantice <strong>al</strong> joven que prestó servicio militar la atenciónmédica integr<strong>al</strong> en s<strong>al</strong>ud, la atención especi<strong>al</strong>izada que requiere, por parte de psiquiatría yel tratamiento especi<strong>al</strong>izado acorde a sus necesidades ment<strong>al</strong>es. Además, se requirió a estepara que se hiciera la entrega de los documentos <strong>del</strong> joven ex soldado.Resultados de la gestión: Los resultados fueron favorables, recibiendo respuestaCarepa, donde nos informa que se hicieron las coordinaciones necesarias con los padres <strong>del</strong>soldado y se acordó que a partir <strong>del</strong> día martes 17 de junio de 2008, se empezará a brindarforma <strong>al</strong> soldado se le entregaron los documentos de identidad.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>469Gestión defensori<strong>al</strong> urgente para garantizar la atención integr<strong>al</strong> en s<strong>al</strong>uda paciente de VIH, <strong>al</strong> parecer, no había cama para recibirle en la ciudad deMe<strong>del</strong>línHechos: El 10 de julio de 2008, se presentó a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Urabá unpeticionario quien manifestó que un primo suyo se encontraba hospit<strong>al</strong>izado desde el 7de julio de 2008, siendo remitido por el médico tratante para la ciudad de Me<strong>del</strong>lín, a unhospit<strong>al</strong> de tercer nivel, para que se le suministre la asistencia médica requerida, dado quepadece de VIH ; sin que a la fecha la EPS a la que pertenece lo traslade, aduciendo que nohan conseguido cama en la ciudad de Me<strong>del</strong>lín. Agrega que mientras esto sucede se agravasu estado de s<strong>al</strong>ud.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría se dirigió a SALUCOOP EPS-APARTADÓ,recordándole que la Corte Constitucion<strong>al</strong> ha propendido por una especi<strong>al</strong> protección <strong>al</strong>os portadores de VIH o con SIDA en virtud de la conexidad que tiene el derecho a las<strong>al</strong>ud con la vida en condiciones dignas. Solicitando en consecuencia, adoptar las accionestendientes a garantizar la atención médica integr<strong>al</strong> y asistenci<strong>al</strong> que requiere el paciente, situación de vulnerabilidad en la que se encuentra el paciente.Resultados de la gestión: Los resultados fueron favorables, se recibió respuestapor parte <strong>del</strong> Director Seccion<strong>al</strong> de SALUCOOP EPS, donde nos informó que el 14 deInstitución que cuenta con médico infectólogo, por lo cu<strong>al</strong> fue remitido ese mismo día.El Hospit<strong>al</strong> San Vicente de Paul no tiene cama para recibir pacientes de lasregiones. Protección <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud de una mujer adulta mayor procedentede UrabáHechos: El 24 de junio de 2008, se presentó a la Defensoría de Urabá una peticionariajunio de 2008, con diagnóstico de cálculos en la vejiga. El médico tratante la remitió haci<strong>al</strong>a ciudad de Me<strong>del</strong>lín para cirugía, pero el Hospit<strong>al</strong> San Vicente de Paúl aduce que no tienecamas disponibles”.Gestión defensori<strong>al</strong>: El 25 de junio <strong>del</strong> año en curso se a<strong>del</strong>antó gestión defensori<strong>al</strong>directa mediante requerimientos ante el Hospit<strong>al</strong> San Vicente de Paul de la ciudadsolicitándole <strong>al</strong> primero adoptar las medidas necesarias de manera urgente para recibir acoordinar con el Hospit<strong>al</strong> de Apartadó para hacer la regulación de la misma, dada lasituación de vulnerabilidad en la que se encuentra y <strong>al</strong> segundo informar qué medidasse han adoptado tendientes a garantizar la atención médico integr<strong>al</strong> qué requiere lagestiones se han a<strong>del</strong>antado tendientes a lograr su remisión <strong>al</strong> hospit<strong>al</strong> correspondienteen la ciudad de Me<strong>del</strong>lín.
470 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Resultados de la gestión: Los resultados fueron favorables, se obtuvo respuesta porla señora paciente fue remitida para la ciudad de Me<strong>del</strong>lín, el 23 de junio de 2008 y fueaceptada en el Hospit<strong>al</strong> San Vicente de Paúl de esa ciudad.q) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> CaucaLa Defensoría Region<strong>al</strong> identifica situación de vulneración de derechos amenores infractores en el Centro Juvenil V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> LiliHechos: En las visitas de inspección re<strong>al</strong>izadas por funcionarios de la Region<strong>al</strong>,se pudo constatar que las inst<strong>al</strong>aciones ubicadas en el Centro Juvenil V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Lili, nocuentan con el cupo requerido para la atención de los jóvenes infractores de la ley pen<strong>al</strong>,encontrándose una serie de f<strong>al</strong>encias como la de que los menores de edad investigados, nopermanecen separados de los menores sancionados pen<strong>al</strong>mente por la comisión de <strong>al</strong>gún<strong>del</strong>ito, por f<strong>al</strong>ta de cupo y por carecer el mencionado Centro de los medios establecidos enla Ley 1098 de 2006, Código de la Infancia y la Adolescencia.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le, considerando quese están vulnerando los derechos de los adolescentes contemplados en la Ley 1098 de2006 y en los Tratados Internacion<strong>al</strong>es relativos a los Derechos Humanos <strong>del</strong> niño yAdolescente, re<strong>al</strong>izó las siguientes gestiones: Se presentó el informe de visita <strong>al</strong> Comité deinfractores de la ley pen<strong>al</strong>. Se remitió, en coordinación con la Procuradora Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le<strong>del</strong> Cauca, informe de visita <strong>al</strong> Magistrado de la S<strong>al</strong>a Pen<strong>al</strong> <strong>del</strong> Tribun<strong>al</strong> Superior de DistritoJudici<strong>al</strong>, para que haga parte dentro de la Acción de Tutela 10-2007-00207; se convocó a lay municip<strong>al</strong>, <strong>al</strong> Personero Municip<strong>al</strong>, a los Procuradores Region<strong>al</strong> y Provinci<strong>al</strong>, <strong>al</strong> <strong>al</strong>c<strong>al</strong>de y<strong>al</strong> gobernador, en el Centro V<strong>al</strong>le de Lili, donde se expuso la situación de los menores deedad e igu<strong>al</strong>mente se visitó la inst<strong>al</strong>ación.La investigación se dio a conocer a la opinión pública a través de los medios decomunicación.Resultado de la gestión: Se recomendó: Promover desde la Gobernación <strong>del</strong>departamento la adopción y desarrollo efectivo de acciones que permitan atender demanera integr<strong>al</strong> a este sector de la sociedad, en garantía de sus derechos y libertadesconsagrados en los instrumentos internaciones de derechos humanos, en la ConstituciónPolítica y en las leyes, así como su restablecimiento, convocando la participación activa <strong>del</strong>as familias de los menores en <strong>al</strong>to riesgo soci<strong>al</strong>.Desarrollar en todas las instituciones educativas públicas y privadas, el programa deescuela de padres dirigido a los familiares encargados <strong>del</strong> cuidado, protección y educación<strong>del</strong> menor de edad, enfocándolo desde una perspectiva de niñez y derechos humanos.Establecer la escuela de infancia y adolescencia dirigida <strong>al</strong> menor de edad y <strong>al</strong> adolescente,como estrategia que permita que este conozca no solo sobre sus derechos sino sobre susobligaciones y responsabilidades con la familia y frente <strong>al</strong> Estado y que además permita laoportuna detección de problemáticas puntu<strong>al</strong>es para apoyo y orientación.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>471Ejecutar políticas públicas en materia preventiva y de restablecimiento, desarrollandoprotección inmediata <strong>del</strong> menor de edad, su rehabilitación y resoci<strong>al</strong>ización, poniendo enfuncionamiento los servicios necesarios para la reeducación <strong>del</strong> menor infractor en lossitios de reclusión tempor<strong>al</strong> y creando oportunidades distintas como medida de prevencióncontra la <strong>del</strong>incuencia.Estimular en los municipios <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca mo<strong>del</strong>os de escuela, dirigida <strong>al</strong>os menores infractores y a sus padres, para desarrollar procesos educativos con laintervención de todas las autoridades públicas que deben velar por la protección <strong>del</strong>menor de edad, ubicadas en un mismo espacio, a manera de Casa de Justicia para el menorde edad adoptando y desarrollando actividades educativas y de protección con atenciónpermanente y continua.Contribuir con la puesta en funcionamiento de los servicios necesarios para eltratamiento de los menores infractores de la ley pen<strong>al</strong>, teniendo en cuenta la responsabilidadlas instituciones y los servicios necesarios para la reeducación <strong>del</strong> menor infractor, más aúncuando en el V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca solo existe un centro especi<strong>al</strong>izado –V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Lili– ubicadoley pen<strong>al</strong> en el departamento.Actu<strong>al</strong>mente, la Defensoría hace seguimiento a la situación y la actividad de lasen el Centro de Formación Juvenil en los bloques para internamiento semicerrado y elCentro de Recepción e Internamiento Preventivo.Identificación de una problemática: El transporte integrado “MIO”, tambiéndebe ser accesible para las personas que padecen discapacidadHechos: Discapacitados, sobre los problemas observados en el sistema de transporte Masivo “Mío”,relacionados con el servicio de este transporte, pues no tiene las inst<strong>al</strong>aciones adecuadaspara atender la situación de la población discapacitada y por el desconocimiento de susderechos fundament<strong>al</strong>esGestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca considerandoque la condición de discapacidad, así como el riesgo de padecerla, constituyen situacionesque menoscaban las potenci<strong>al</strong>idades de los individuos que la padecen siendo mayor suefecto si se enfrentan con barreras soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es que impiden su adecuada integraciónen la sociedadEn reunión re<strong>al</strong>izada el 19 de abril <strong>del</strong> 2008, que contó con la asistencia de las diferentespartes involucradas en la problemática y en la solución 45 problemas: a) Los vehículos complementarios integrantes <strong>del</strong> sistema de transporte masivono son aptos para las personas en estado de discapacidad motriz. Los buses que conducenlos pasajeros hasta los articulados, no están dotados <strong>del</strong> mecanismo de ascensor y/orampa que permita que la entrada quede a nivel apropiado para su abordaje; b) El
472 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>accesibilidad, situación a la cu<strong>al</strong> no se le ha prestado atención, y c) Al arribar el bus a laestación queda un espacio para su abordaje, siendo necesaria la utilización de una rampapara la seguridad de las personas en silla de ruedas, como para aquellos que usan muletasy bastones.Posteriormente, en noviembre 24 de 2008, se hizo un recorrido en los buses, parade buses MIO. Se comprobó que se requiere de la pericia <strong>del</strong> conductor <strong>al</strong> momento <strong>del</strong>a aproximación <strong>del</strong> bus a la estación para no dejar espacio que obstaculice el paso de lassillas de ruedas, lo que deja sin solución el riesgo que podría correr la comunidad condiscapacidad frente a un error humano e involuntario <strong>del</strong> conductor. En dicho recorridotambién se observó, que los buses solo cuentan con un espacio para las sillas de rueda, yno hay una <strong>al</strong>arma que sirva de aviso <strong>al</strong> conductor para indicar que la persona discapacitadase va a bajar; y tampoco cuentan con un anclaje para la seguridad de las sillas de ruedas.El 14 de enero de 2009 se re<strong>al</strong>izó otra reunión en la Defensoría con las personascomprometidas en el tema, para tratar los inconvenientes planteados y sus posibles soluciones; Discapacitados su inconformidad con lo manifestado por Metroc<strong>al</strong>i y los Operadores, poreludir entre sí la responsabilidad para la solución de accesibilidad <strong>al</strong> servicio.Resultado de la gestión: Frente <strong>al</strong> aspecto observado en el recorrido en los busesre<strong>al</strong>izado el 24 de noviembre <strong>del</strong> 2008, informó Metroc<strong>al</strong>i que está capacitando a losconductores para que <strong>al</strong> llegar a la estación lo efectúen con gran aproximación evitando elespacio, donde se observó que en estas condiciones la silla de ruedas ingresaba con menosdejar a en manos de la pericia de un conductor la responsabilidad.En reuniones re<strong>al</strong>izadas, en enero de 2009, ha quedado planteado por parte de los con lo manifestado por Metroc<strong>al</strong>i y los Operadores, por eludir entre sí la responsabilidadpara la solución de accesibilidad <strong>al</strong> servicio, la existencia de otros problemas y la f<strong>al</strong>ta desoluciones por parte de los operadores y de Metroc<strong>al</strong>i.Atención defensori<strong>al</strong> <strong>al</strong> conflicto de los Corteros de CañaHechos: Se tuvo conocimiento por la Defensoría Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> paro que inició el 15 deseptiembre de 2008, de aproximadamente 1.500 corteros de caña vinculados por medio deEAT, a los Ingenios Mayagüez, Manuelita, Castilla, Providencia y Santa Luisa.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría Region<strong>al</strong> <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca acompañó a loscorteros en el paro, intervino en los enfrentamientos que se presentaron con la Fuerza corteros se encontraban vinculados a los Ingenios por Cooperativas Asociativas de Trabajo, y Metroc<strong>al</strong>i, integrando además a los entes gubernament<strong>al</strong>es como Secretaría de Tránsito y Transporte de la Ciudad, y laUnidad de Gestión Soci<strong>al</strong> <strong>del</strong> Departamento.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>473y su propuesta de arreglo se fundó en negociar directamente con los representantes deAsocaña y los dueños de los ingenios simultáneamente.recurrieran a la ley y atemperarse <strong>al</strong> procedimiento establecido en los estatutos que debeguardar conexidad con el Código Civil y acatasen la cláusula compromisoria que contienecada convenio de trabajo asociado. Igu<strong>al</strong>mente se les recomendó apelar a la jurisdicciónlabor<strong>al</strong>, en atención a las disposiciones <strong>del</strong> régimen de compensaciones aprobado por elMinisterio de la Protección Soci<strong>al</strong>, para cada Cooperativa.En cuanto a la relación comerci<strong>al</strong> entre la Cooperativa de Trabajo asociado y el Ingenio, seorientó en el sentido de acudir a la oferta mercantil, por medio <strong>del</strong> Tribun<strong>al</strong> de arbitramentodesignado por el Centro de Arbitraje y Conciliación mercantil de la Cámara de Comercio.Resultados de la gestión: Se re<strong>al</strong>izó un llamado especi<strong>al</strong> a los promotores de la Region<strong>al</strong> mantuvo los niveles de interlocución permanente con los líderes de la protesta ylos representantes <strong>del</strong> sector azucarero, se incidió en el cese <strong>del</strong> desbloqueo y la exclusiónde los niños <strong>del</strong> problema.En el llamado “paseo de la muerte” f<strong>al</strong>lece una niña de dos años de edad, porf<strong>al</strong>ta de atención en las puertas de hospit<strong>al</strong>es y clínicas de C<strong>al</strong>iHechos: Se recibió queja a la madre de una niña de dos años a efectos de determinarlas circunstancias en las que se produjo la muerte quien a consecuencia de haber ingeridoun medicamento de lanitop, tuvo que ser llevada de urgencias <strong>al</strong> Hospit<strong>al</strong> Niño Dios,ubicado en el Distrito de Aguablanca, donde <strong>al</strong> parecer no fue atendida por f<strong>al</strong>ta <strong>del</strong> carnet<strong>del</strong> Sisben, circunstancia que la obligó a desplazarse a otras instituciones.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Caucaconsiderando, que se vulneraron los derechos a la vida e integridad person<strong>al</strong> y losderechos de los niños, niñas, adolescentes reconocidos en la Ley 1098 de 2006, re<strong>al</strong>izóla niña fue atendida y de conformidad con el diagnóstico, que fue de <strong>al</strong>ta complejidad,se remitió a la menor de edad a un hospit<strong>al</strong> de nivel III, sugiriéndole el Hospit<strong>al</strong> CarlosHolmes Trujillo. No fue entregada la copia <strong>del</strong> reporte de la historia clínica, solicitadapor la Defensoría, porque la médica no <strong>al</strong>canzó a v<strong>al</strong>orarla. En la visita que re<strong>al</strong>iza laDefensoría a la Clínica Vers<strong>al</strong>les se informó, por parte de su directora y de la subgerentecasos de mucha urgencia, y manifestó la doctora de turno que la niña entró caminando ycon todos los signos vit<strong>al</strong>es. Posteriormente, se elaboró un informe sobre los h<strong>al</strong>lazgosy se remitió a las autoridades competentes.Resultado de la gestión: Una vez elaborado el <strong>Informe</strong> de visita, se remite <strong>al</strong>as autoridades competentes, entre ellas <strong>al</strong> Secretario de S<strong>al</strong>ud Departament<strong>al</strong> y <strong>al</strong>
474 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Superintendente Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud. Igu<strong>al</strong>mente, se requiere a la madre su presencia paraampliación de los hechos.Una vez fundamentado el caso, par<strong>al</strong>elamente se remite a otros funcionarioscompetentes: El Coordinador de Acciones y Recursos y un Defensor público especi<strong>al</strong>izadoen lo Contencioso Administrativo.Atención integr<strong>al</strong> a los indígenas que protagonizaron la marcha de octubrede 2008Hechos: Se tuvo conocimiento que seis indígenas resultaron lesionados, los días 14y 15 de octubre de 2008, en la marcha indígena que se llevó a cabo en la vía Panorama deFlorida, en confrontación con la fuerza pública.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría Region<strong>al</strong> una vez tuvo conocimiento de los hechosya narrados acompañó a los indígenas heridos y re<strong>al</strong>izó las siguientes gestiones: 1. Intervinoante los Hospit<strong>al</strong>es de Florida, San Vicente de P<strong>al</strong>mira y San Juan de Dios de C<strong>al</strong>i, par<strong>al</strong>a efectiva atención de las personas antes mencionadas, estableciéndose efectivamente laMunicip<strong>al</strong>, <strong>al</strong> Secretario de S<strong>al</strong>ud Municip<strong>al</strong>, y <strong>al</strong> Director <strong>del</strong> Hospit<strong>al</strong> de Florida, par<strong>al</strong>a atención diligente de las indígenas víctimas de lesiones en el enfrentamiento con laFuerza Pública, quienes se atendieron debidamente con la observancia <strong>del</strong> debido proceso;3. Se estableció contacto con más de tres líderes indígenas, para el acompañamientopermanente; 4. Se entregó pliego de propuestas de los indígenas, <strong>al</strong> Gestor de Paz yGobernador departament<strong>al</strong>; 5. Se solicitó <strong>al</strong> Alc<strong>al</strong>de municip<strong>al</strong> de Florida apoyo para elel paro; 6. Se remitió documentación a la Procuraduría para efectos de la investigaciónpertinente, y 7. Se estableció contacto con el Comandante de la Policía de Can<strong>del</strong>aria, aquien se le recomendó el mantenimiento <strong>del</strong> orden público sujeto a la s<strong>al</strong>vaguardia de ladignidad humana, observancia que también se le esbozó <strong>al</strong> Alc<strong>al</strong>de municip<strong>al</strong>, y Secretariode Gobierno <strong>del</strong> municipio de Florida. El caso se remitió a la Procuradora Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le.Resultados de la gestión Se logró el traslado de los indígenas a su ciudad de origen,se recuperó <strong>del</strong> orden público. Se logró la atención médica de los indígenas lesionados.r) Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Seccion<strong>al</strong> VichadaMuerte violenta estudiante menor de edad, cuando se acercaba a la escuela,por un vehículo ofici<strong>al</strong>. En el lugar no había señ<strong>al</strong>ización vi<strong>al</strong>Hechos: El 24 de julio de 2008, siendo las 6:30 a.m. aproximadamente, una niñade 11 años, en momentos en que ingresaba <strong>al</strong> colegio fue atropellada por un vehículoseñ<strong>al</strong>ización, elementos reductores de velocidad y presencia de patrullas escolares en lazona, se advierte la existencia de un escenario de <strong>al</strong>to riesgo para la población estudiantily la comunidad en gener<strong>al</strong>.Gestión defensori<strong>al</strong>: Se re<strong>al</strong>izó gestión directa ante la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día municip<strong>al</strong>, el ComandoDepartamento de Policía Vichada, la Armada Nacion<strong>al</strong> y la Dirección de Tránsito y
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>475Transporte <strong>del</strong> departamento recomendando se implementen de manera inmediataacciones de señ<strong>al</strong>ización de las vías <strong>al</strong>edañas a las instituciones educativas; inst<strong>al</strong>ación dereductores de velocidad, presencia permanente de policía en la hora de entrada y s<strong>al</strong>ida <strong>del</strong>os estudiantes, creación de patrullas escolares y campañas de concientización ciudadanapara evitar la conducción en estado de embriaguez y <strong>al</strong>ta velocidad.Resultado de la gestión: Entre los meses de noviembre y diciembre de 2008 semateri<strong>al</strong>izaron varias de las recomendaciones re<strong>al</strong>izadas por esta seccion<strong>al</strong>. Se inst<strong>al</strong>aronreductores de velocidad –res<strong>al</strong>tos–; se logró la presencia de la policía a la entrada y s<strong>al</strong>idade los estudiantes a las instituciones educativas; así como se inicio trabajo de señ<strong>al</strong>izaciónen las vías de Puerto Carreño.Por el derecho a la educación de los niños campesinosHechos: El 5 de marzo de 2008, un padre de familia de una estudiante de 14 años<strong>del</strong> colegio Internado Aceitico, zona rur<strong>al</strong> <strong>del</strong> municipio de Puerto Carreño, manifestóque el director de curso <strong>del</strong> grado 7º, le había prohibido a su menor hija el ingreso <strong>al</strong>aula de clase hasta tanto re<strong>al</strong>izara un correctivo “Físico” que la niña se había negado are<strong>al</strong>izar porque estaba en su periodo menstru<strong>al</strong> y eran las 12:30 p.m. a una temperaturade 38 centígrados aproximadamente. La menor acumulaba en tot<strong>al</strong> 12 días sin poderasistir a recibir sus clases.Gestión defensori<strong>al</strong>: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Vichada se trasladó a la inspecciónla práctica de estas conductas y se procedió a poner en conocimiento la situación de laSecretaría de Educación y Cultura, la Procuraduría Region<strong>al</strong> de Vichada y se solicitó a ladirección <strong>del</strong> plantel que se suspendiera de forma inmediata la medida que se impuso a lamenor de forma irregular.Resultado de la gestión: El Director de la escuela ordenó el reintegro de la estudiantede forma inmediata. Se re<strong>al</strong>izó recomendación a las directivas <strong>del</strong> establecimiento educativoy a la Secretaría de Educación y Cultura para que los hechos no se repitan y se brindeespeci<strong>al</strong> protección a los estudiantes de los establecimientos rur<strong>al</strong>es de educación <strong>del</strong>departamento de Vichada.E. FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN Y TRÁMITE DEPETICIONES EN REGIONES FOCALIZADAS DEL PAÍS1. Proyecto Atención a Comunidades en Riesgocampesinas, afrocolombianas., indígenas y a las autoridades region<strong>al</strong>es y loc<strong>al</strong>es ubicadas en:13 departamentos y 38 municipios, para un tot<strong>al</strong> de 47 Comunidades en riesgo foc<strong>al</strong>izadas, Sur <strong>del</strong> Tolima, Urabá Antioqueño y Darién Chocoano. El objeto gener<strong>al</strong> es elevar losniveles de protección de los derechos a la vida, la integridad y la libertad, por parte de lasinstituciones estat<strong>al</strong>es <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong>, region<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong> y formular una política públicade prevención y protección a estas comunidades durante el año 2009.
476 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Entre las acciones desarrolladas por el PACR durante el año 2008, que fort<strong>al</strong>ecieron lafunción de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, tenemos:Atención de peticiones en terrenoLos asesores en terreno, atendieron de manera directa todo tipo de peticiones de lade Atención y Trámite de Quejas, remitiéndolas a las respectivas Defensorías Region<strong>al</strong>eso Seccion<strong>al</strong>es y además tomando acciones inmediatas de manera coordinada con cadaDefensor Region<strong>al</strong> o Directivo <strong>del</strong> proyecto en la institución, para que articulando esfuerzosintra o/e interinstitucion<strong>al</strong>mente, se dieran repuestas a las situaciones presentadas.Dentro de estas acciones consideramos como uno de los casos más relevantes elpresentado en la comunidad de Tierradentro en el Alto Sinú, donde de manera rápida yefectiva se pudo, gracias a las acciones lideradas por el PACR de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>,colocar a s<strong>al</strong>vo a dieciséis (16) personas, entre ellas siete (7) menores de edad, quienesse encontraban escondidos en el monte, debido a amenazas de muerte <strong>del</strong> grupo ileg<strong>al</strong>conocido como las Águilas Negras, quienes ya habían desplazado a dos miembros deesta misma familia y asesinado a un tercero. En esta oportunidad en tan solo 10 horas fueposible rescatarlos de su refugio y colocarlos a s<strong>al</strong>vo en la cabecera municip<strong>al</strong> de MonteLíbano, bajo la protección de todas las autoridades competentes para ello (Fuerza Pública,<strong>al</strong>c<strong>al</strong>día municip<strong>al</strong>, Personería, Gobernación de Córdoba, Acción Soci<strong>al</strong> y el InstitutoAcciones de protección de este tipo (colectivas) y en mayor número, individu<strong>al</strong>es opor núcleos familiares, fueron a<strong>del</strong>antadas en prácticamente todas las regiones foc<strong>al</strong>izadas<strong>del</strong> país, llegando a trasladar de sus regiones de origen donde corrían gran peligro porlas amenazas contra muchos proferidas a diversos lugares <strong>del</strong> país a un gran número depersonas, protegiendo con ello como medidas extremas la vida e integridad person<strong>al</strong> de loshabitantes de estas comunidades.2. Proyecto de Fort<strong>al</strong>ecimiento Institucion<strong>al</strong> de la Acción de la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en el Magd<strong>al</strong>ena Medioa) Atención y trámite de peticiones en terreno.Los asesores <strong>del</strong> Proyecto, loc<strong>al</strong>izados en las regiones de San Pablo, Río Viejo, Aguachica,Santa Rosa y Landázuri, adscritos a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio,durante el año 2008, recibieron y tramitaron 1.250 peticiones, de las cu<strong>al</strong>es 937 fueronquejas, 161 asesorías y 152 solicitudes. La municip<strong>al</strong>idad donde más peticiones se recibierony tramitaron fue la de San Pablo, seguida en su orden por Aguachica, Landázuri, Santa Rosa
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>477Gestión de atención y trámite de peticiones. Proyecto de Fort<strong>al</strong>ecimientoDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en el Magd<strong>al</strong>ena Medio.Año 2008PETICIONES Y DERECHOVULNERADOSSANPABLORÍOVIEJOAGUACHICASANTAROSALANDÁZURITOTALQuejas 523 86 113 80 135 937Asesorías 99 14 42 4 2 161Solicitudes 152 152TOTAL 774 100 155 84 137 1.250Fuente: Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas y Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio.El mayor número de peticiones recibidas y gestionadas fue por vulneración a losderechos de los desplazados, con 567 quejas; seguida restitución, indemnización yrehabilitación a las víctimas de violaciones, con 102 quejas; de infracciones <strong>al</strong> derechointernacion<strong>al</strong> humanitario, con 63 quejas; el derecho a la vida, con 53, y el derecho a las<strong>al</strong>ud con 44 quejas., entre otros.Peticiones atendidas en terreno por el Proyecto de Fort<strong>al</strong>ecimientoInstitucion<strong>al</strong> a la Acción de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>en el Magd<strong>al</strong>ena MedioAño 2008PETICIONES Y DERECHOVULNERADOSSANPABLORÍOVIEJOAGUACHICASANTAROSALANDÁZURITOTALDe los desplazados 413 6 21 15 112 567Restitución, indemnización yrehabilitación a las víctimas de 71 19 2 5 5 102violaciones.Infracciones <strong>al</strong> DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario2 33 28 63S<strong>al</strong>ud 14 1 27 2 44Vida 4 9 9 17 14 53Defensa, <strong>al</strong> debido proceso y <strong>al</strong>as garantías judici<strong>al</strong>es1 26 2 29Integridad Person<strong>al</strong> 1 12 2 15De los menores 4 1 3 8Familia 3 1 3 1 8Propiedad 6 1 7Adecuada prestación de losservicios públicos1 3 1 5
478 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>PETICIONES Y DERECHOVULNERADOSSANPABLORÍOVIEJOAGUACHICASANTAROSALANDÁZURITOTALNo ser sometido a desapariciónforzada1 3 1 5Servicio militar obligatorio 5 5Trabajo y las libertades deescoger profesión u oficio1 1 2 4A la person<strong>al</strong>idad jurídica 1 1 1 3De petición 1 2 1 4Honra y buen nombre 1 1 1 3Libertad 3 3Educación 2 2Seguridad Soci<strong>al</strong> – Pensiones 2 2Ambiente sano 1 1Amenazas 1 1De los consumidores 1 1Mor<strong>al</strong>idad Administrativa 1 1Tercera edad 1 1Infracción a la Legislación demenores0TOTAL 523 86 113 80 135 937Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio.F. FUNCIONARIOS RENUENTES A APOYAR LA FUNCIÓNCONSTITUCIONAL DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLOLa Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas celebra el posicionamientoinstitucion<strong>al</strong> en el ejercicio de la atención para la protección y prevención de los derechosfundament<strong>al</strong>es, impulsado por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> bajo su orientación, lo cu<strong>al</strong> se
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>479D. INFORMES ANUALES DE LEYLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> asume una posición proactiva frente <strong>al</strong> ejercicio de losderechos humanos en el país, de manera que las acciones defensori<strong>al</strong>es contribuyan <strong>al</strong>desarrollo de las diversas fases de las políticas públicas que buscan la efectividad de losderechos.La Ley 65 de 1993, en su artículo 169, encomienda a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> lare<strong>al</strong>ización de una memoria anu<strong>al</strong> sobre el estado de los centros de reclusión y la situaciónde las personas privadas de la libertad.Por su parte el inciso 3o <strong>del</strong> artículo 17 de la Ley 812 de 2003, le asigna a la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> la responsabilidad de llevar a cabo un seguimiento y ev<strong>al</strong>uación de las políticaspúblicas a efectos de medir la re<strong>al</strong>ización de los derechos económicos soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es.En cumplimiento <strong>del</strong> mandato leg<strong>al</strong> se presentan los aspectos más relevantes de estosdos informes.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>481D.1. GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA POLÍTICA CRIMINALY PENITENCIARIA DURANTE 20081. SITUACIÓN DE LAS PERSONAS DEL COLECTIVO LGBT PRIVADASDE LA LIBERTAD EN ESTABLECIMIENTOS DE RECLUSIÓN DECOLOMBIAheterogéneas está garantizada por la Constitución de nuestro país. Esta maravillosa teoríase hace difícil, y especi<strong>al</strong>mente notable en las cárceles cuya población es una muestra de lasociedad completa.Por este motivo la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> centró su atención en cómo se lleva a caboesta interacción y cómo la vulneración de los derechos humanos se hace más evidentetransgeneristas).1.1. Aspectos metodológicosPara el desarrollo <strong>del</strong> presente informe se re<strong>al</strong>izó un sondeo inici<strong>al</strong> a través de lasdefensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para c<strong>al</strong>cular el número individu<strong>al</strong>izadas, se les hizo una breve ilustración acerca <strong>del</strong> objetivo de la investigación y,El criterio de selección de la muestra fue establecido por el número reportado. Sec<strong>al</strong>culó que en cárceles que reportaran más de diez personas se enviarían hasta diezformularios, y para el resto se enviarían formularios para el tot<strong>al</strong> de los internos registrados.Para establecimientos no cuestionados enviamos un instrumento. y carcelario de Cúcuta. Los resultados <strong>al</strong>lí fueron sorprendentes por la riqueza deinformación que nos proporcionó y una vez ajustado el instrumento decidimos extenderpara su aplicación nuestra consulta a los directores de todas las cárceles <strong>del</strong> país y a losfuncionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> que tienen bajo su cuidado estos centros o <strong>al</strong>os Personeros Municip<strong>al</strong>es.
482 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Se diseñaron entonces tres instrumentos así:1. 2. Encuesta para directores de todos los establecimientos carcelarios <strong>del</strong> país.3. Encuesta para ser aplicada por los funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> quesupervisaran cárceles o por los personeros de cada municipio donde existierancentros penitenciarios o carcelarios.La información se recolectó en los diferentes establecimientos carcelarios durante elaño 2008 a través de las defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es, y estas a su vez la enviarona la Defensoría Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong> y Penitenciaria donde se ordenó, sedurante el año 2009 se llevarán a cabo <strong>al</strong>gunos ajustes y actu<strong>al</strong>izaciones y se hará público1.2. Lugar de reclusiónAl indagar en el nivel centr<strong>al</strong> <strong>del</strong> INPEC sobre la ubicación por establecimiento de lasEs claro, para este instituto, que existe un reconocimiento constitucion<strong>al</strong> y leg<strong>al</strong> respecto <strong>al</strong> facilitar las condiciones para que estas garantías cumplan su cometido. Que esta dependencia interperson<strong>al</strong>es con los otros internos se desarrollan dentro de un ambiente de norm<strong>al</strong>idad yrespeto por sus preferencias sexu<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>483Consecuente con lo anterior, este instituto cuenta con herramientas que garantizan a esta1. Comité de Derechos Humanos, cuerpo colegiado que lo conforman un número de internos,Delegados de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Procuraduría, y en su defecto el Personero Municip<strong>al</strong>. programas de Derechos Humanos en el marco de la Política Penitenciaria y Carcelaria.4. En lo que concierne a los pronunciamientos de la Honorable Corte Constitucion<strong>al</strong>, referente nacion<strong>al</strong>, comunicándola a todas las direcciones region<strong>al</strong>es. En este documento se informa la 1.3. Algunas respuestas obtenidas de los internos e internas¿Usted, por su orientación sexu<strong>al</strong>, prefiere estar ubicado(a)en un patio especi<strong>al</strong>?NS1%NR1%SÍ 41% SÍ 51%NO 57%NS 1%SÍ46%NO52%NO 49%HOMBREFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong> 2008.MUJER querían estarlo.
484 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>¿Considera usted que las personas homosexu<strong>al</strong>esson discriminadas de <strong>al</strong>guna forma?NS2%SÍ 68%SÍ61%NO37%SÍ 54%NS 3%NO 30%NS 1%NO 43%HOMBREMUJERFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong>. 2008.Es mayor la proporción de internos hombres que consideran que las personashomosexu<strong>al</strong>es son discriminadas, lo cu<strong>al</strong> contrasta con el concepto de las mujeres. Sinembargo, ambos sexos coinciden en que sí hay discriminación.¿Usted ha sido agredido(a) sexu<strong>al</strong>mente por parte de otros(as) reclusos(a)?SÍ14%SÍ 20%NO86%SÍ 8%NO 92%NO 80%HOMBREMUJERFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong>. 2008. población encuestada fue agredida sexu<strong>al</strong>mente por parte de otros(as) internos(as).
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>485¿Considera usted que las autoridades penitenciarias y carcelarias tomanmedidas para protegerle de los otros internos(as)?NS6%NR1%SÍ 54%SÍ 45%NS 4%SÍ49%NO44%NS 7%NR 2%NO 42% NO 45%HOMBREMUJERFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong>. 2008.que “no sabe”, probablemente por miedo a repres<strong>al</strong>ias.¿Usted ha recibido por parte de la guardia tratos crueles,inhumanos o degradantes por causa de su identidad sexu<strong>al</strong>?NR2%SÍ 18% SÍ 17%SÍ17%NR 3%NS 1%NO80%NO 82% NO 79%HOMBREMUJERFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong>. 2008.
486 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> tratado de esta forma.Al indagar a los directores y a los funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> sobre respectivamente.Este análisis nos permite concluir que los internos(as) no presentan quejas a las directivasde los establecimientos de reclusión, tampoco a los organismos de control <strong>del</strong> Estado.1.4. Ejemplo de pregunta abierta y tipo de las respuestas obtenidasde sus funcionarios administrativos o de guardia?Ninguna. Reitero mi felicitación <strong>al</strong> person<strong>al</strong> de custodia porque, aunque no conozcoque hayan sido capacitados en cuanto <strong>al</strong> trato o manejo de esta comunidad, siemprehan sido elocuentes (sic) y su trato para mi frente <strong>al</strong> tema ha sido digno.Hay <strong>al</strong>gunos compañeros que me discriminan por ser homosexu<strong>al</strong> y he tenidoproblemas por esto.Algunos guardias no aceptan que las parejas se encuentren en sitios comunes.Ejemplo: biblioteca, misa, etc.; la guardia masculina especi<strong>al</strong>mente son los quemás discriminan a la población lesbiana, con p<strong>al</strong>abras soeces y hacen comentariosofensivos.En ocasiones por la conducta de las mismas internas se les restringe el libremovimiento por la reclusión, siendo más notorias las fuertes amonestaciones <strong>del</strong>person<strong>al</strong> masculino de guardia cuando saben que dos mujeres son pareja.Hay un guardia que persigue a las parejas. Las limita en la participación de eventos,y si deja s<strong>al</strong>ir a una no va la otra. Esto se presenta princip<strong>al</strong>mente en la s<strong>al</strong>ida a labiblioteca. Pero recuerden que no es toda la guardia.La guardia masculina discrimina mucho a las parejas.He pedido estar en el patio con mi pareja, no hay ningún impedimento re<strong>al</strong>. Laprohibición es simplemente por ser mi pareja.No somos escuchados ni por los administrativos ni por la guardia, pareciera que notenemos voz ni voto.Cuando llegan visitas son groseros y atarvanes (sic) y las guardianas se exceden entocar a las visitas, tocando sus partes íntimas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>487A la gente gay deberían tenerla más en cuenta para muchas actividades dentro <strong>del</strong>reclusorio por la capacitación y orientación que tenemos en diferentes áreas; porejemplo, en el rancho, en educativas. Deberían existir t<strong>al</strong>leres de manu<strong>al</strong>idades y dearte.No me dejan expresar mis conocimientos labor<strong>al</strong>es como manicurista y peluquería.Nos deberían dejar descontar pena con este trabajo.Hay discriminación y persecución por parte de <strong>al</strong>tos mandos de la guardia a laspersonas homosexu<strong>al</strong>es.2. PARTICIPACIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLOEN EL SEMINARIO INTERNACIONAL DE PROFUNDIZACIÓNY EVALUACIÓN DEL PROGRAMA SISTEMAS PENITENCIARIOSY DERECHOS FUNDAMENTALESEl Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención <strong>del</strong> Delito yel Tratamiento <strong>del</strong> Delincuente (ILANUD), con el auspicio <strong>del</strong> Instituto Raoul W<strong>al</strong>lenbergde Derechos Humanos y Derecho Humanitario (RWI), y la cooperación de la AgenciaSueca para la Cooperación Internacion<strong>al</strong> (ASDE), re<strong>al</strong>izaron entre los años 2005-2008un programa de capacitación en el mejoramiento de las condiciones de vida y respeto <strong>del</strong>os derechos humanos en los sistemas penitenciarios de los países de América Latina, elcu<strong>al</strong> se denominó Seminario Internacion<strong>al</strong> de Profundización y Ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> ProgramaSistemas Penitenciarios y Derechos Fundament<strong>al</strong>es.en el mes de noviembre de 2008. En este certamen participaron los directores y directoras <strong>del</strong>os sistemas penitenciarios, directoras de los subsistemas penitenciarios femeninos o de lasprincip<strong>al</strong>es penitenciarías femeninas, y funcionarias y funcionarios encargados de la materiapenitenciaria de las Defensorías <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Defensorías de los Habitantes o ComisionadosEcuador, El S<strong>al</strong>vador, Guatem<strong>al</strong>a, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú,República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Asimismo personas expertas provenientes deInglaterra, Suecia, Costa Rica, El S<strong>al</strong>vador, República Dominicana y Uruguay.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Colombia, a través de la Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong>y Penitenciaria, llevó <strong>al</strong> referido certamen la ponencia que a continuación se transcribe:uno de los elementos que genera el funcionamiento irregular <strong>del</strong> sistema penitenciario y carcelarioen Colombia.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha insistido que en Colombia la política crimin<strong>al</strong> no debe ser
488 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Para esta entidad, si esto se llegase a concretar se habrá dado un paso para que Colombia tengauna política crimin<strong>al</strong> estable, coherente y consolidada.La problemática en el interior de los establecimientos de reclusión <strong>del</strong> paísUno de los elementos que más pesan dentro de la problemática gener<strong>al</strong> que padece el sistemacarcelario y penitenciario es el hacinamiento. Al respecto, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hael hacinamiento.1. El hacinamiento
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>489Población carcelaria y capacidad de los centros de reclusión en los últimosdiecinueve años (1990 a 2008) 46AÑO POBLACIÓN CAPACIDAD1990 32.387 28.3801991 29.695 28.3031992 27.316 28.2521993 28.550 27.5601994 29.308 26.5251995 30.304 27.5401996 39.676 28.3321997 42.454 29.2171998 44.398 33.1191999 45.064 33.6002000 51.548 37.9862001 49.302 42.5752002 52.936 45.6672003 62.277 48.2912004 68.020 49.7222005 66.829 49.8212006 60.021 52.4142007 63.603 52.5552008 * 69.979 54.777Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Delegada para la política Crimin<strong>al</strong> 2008.Sobre esta problemática es necesario tener en cuenta el doble carácter que desde el puntoy a los derechos humanos en las cárceles colombianas. El hacinamiento origina condiciones 46 En el año 2001 el país cuenta con 165 establecimientos carcelarios: 12 penitenciarías, 23 cárceles de distrito, una colonia pen<strong>al</strong>,10 reclusiones de mujeres y 119 cárceles de circuito. En gener<strong>al</strong>, la mayoría de las cárceles colombianas superan los 25 añosde construidas, y solo cinco centros de reclusión tienen menos de dos años.* Estadística <strong>del</strong> INPEC, diciembre de 2008
490 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> 47 1.1. Incidencia de la estrategia <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de Política Económicay Soci<strong>al</strong> (Conpes) en el aumento re<strong>al</strong> de cupos en el sistema penitenciarioy carcelario 48 de diciembre de 2004que ha tenido en el sistema penitenciario y carcelario <strong>del</strong> país y en su princip<strong>al</strong> problemática, elSoci<strong>al</strong>, Conpes 3277 de 15 de marzo de 2004. 1.1.1. Hacinamiento por region<strong>al</strong>es <strong>del</strong> INPEC REGIONAL CAPACIDAD TOTAL POBLACIÓN HACINAMIENTO2004 2008 2004 2008 2004 2008Region<strong>al</strong> Noroeste 4.704 5.010 7.856 8.349 67,01% 66,6%Region<strong>al</strong> Oriente 5.124 5.434 7.459 7.542 45,57% 38,8%Region<strong>al</strong> Centr<strong>al</strong> 18.155 19.195 23.946 25.332 31,90% 32,0%Region<strong>al</strong> Occident<strong>al</strong> 7.599 9.574 11.248 11.721 48,02% 22,4%Region<strong>al</strong> Viejo C<strong>al</strong>das 7.754 8.376 9.785 9.359 26,19% 11,7 %Region<strong>al</strong> Norte 6.386 7.188 7.726 7.676 20,98% 6,8%TOTAL 49.722 54.777 68.020 69.979 36,80% 27,8%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong>. 2008.Del anterior cuadro se desprende lo siguiente: 47 La ley 1153 de 2007 fue declarada inconstitucion<strong>al</strong> por la Corte Constitucion<strong>al</strong>, en cuya sentencia se advirtió que las personascondenadas por virtud de dicha ley seguirían recluidas, es decir no tuvo efectos retroactivos. hacinamiento un fenómeno crítico.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>491aumentado 5.055 cupos, distribuidos así: 306 en la Region<strong>al</strong> Noroeste, 310 en la Region<strong>al</strong> Conpes.2. Deficiente c<strong>al</strong>idad de vida en las prisiones especi<strong>al</strong>mente en aquellos establecimientos penitenciarios recientemente inaugurados.2.1 En cuanto a la s<strong>al</strong>udla Ley 1122, que en el liter<strong>al</strong> m, artículo 14 dispone: “La población reclusa <strong>del</strong> paísse afiliará <strong>al</strong> Sistema Gener<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud. El GobiernoNacion<strong>al</strong> determinará los mecanismos que permitan la operatividadpara que esta población reciba adecuadamente sus servicios”.
492 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> la s<strong>al</strong>ud de los reclusos.parámetros de potabilidad <strong>del</strong> agua para el consumo humano. Entre los meses de octubreotros que dependen directamente de las autoridades municip<strong>al</strong>es, 27 presentaron problemas depara subsanar t<strong>al</strong> irregularidad.2.2. En cuanto a los internos con enfermedad ment<strong>al</strong> sobrevenida2008 mediante un documento que contiene las siguientes conclusiones y recomendaciones.Conclusiones
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>4932. Los establecimientos carcelarios y penitenciarios, en especi<strong>al</strong> las Unidades de S<strong>al</strong>ud Ment<strong>al</strong>médica adecuada. con enfermedad ment<strong>al</strong> diagnosticada, no son ubicados en un establecimiento psiquiátrico, aparecen los dictámenes que demuestren que el recluso padece enfermedad psíquica o el concepto país y se omite la garantía de una igu<strong>al</strong>dad materi<strong>al</strong>. una enfermera auxiliar.8. En las tres mencionadas unidades de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong>, donde se cuenta con el person<strong>al</strong> de la pacientes internos. condiciones gener<strong>al</strong>es <strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que las inst<strong>al</strong>aciones donde funciona el área de enfermería.
494 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>hablar de un control serio en este aspecto.RecomendacionesPrimera:Segunda: de establecimientos penitenciarios y carcelarios las instrucciones que considere necesarias para elTercera: Cuarta: pacientes y el diligenciamiento de las historias clínicas de cada uno de los internos que presentenQuinta: Sexta: competencia le indique.Séptima:estricto cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 107 de la Ley 65 de 1993.Octava: las secretarías de s<strong>al</strong>ud municip<strong>al</strong>es o distrit<strong>al</strong>es, según el caso, asesore y capacite <strong>al</strong> person<strong>al</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>495Novena: Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong> y Penitenciaria que estudien la posibilidad de instaurar elDécima:Superior de la Judicatura, a la Secretaría de S<strong>al</strong>ud Distrit<strong>al</strong> de Bogotá y a todos los miembros3. Insuficiente person<strong>al</strong> penitenciario, sin adecuada capacitación estrategia para solucionar la problemática penitenciaria y carcelaria, propuso el incremento de2006 se aumentaron 900 unidades de guardia, y mediante el Decreto 3083 <strong>del</strong> 22 de agosto CONPES f<strong>al</strong>tan aún 1.183 unidades de guardia.En el sistema penitenciario y carcelario actu<strong>al</strong>mente hay 11.094 cargos de guardianes, person<strong>al</strong>materi<strong>al</strong>izar un aumento de planta.Otro aspecto que incide de manera importante en este tema, es la existencia actu<strong>al</strong> de 1.833
496 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>a) Nuevas construccionesb) Nuevas funciones por la implementación <strong>del</strong> Sistema Pen<strong>al</strong> Or<strong>al</strong>Acusatorio (SPOA)c) Control de internos en detención y prisión domiciliaria4. F<strong>al</strong>ta de programas de capacitación y de trabajo para las personasreclusas Proyecto Eurosoci<strong>al</strong> - Educación UNESCO y la OEA. hacinamiento tiende a empeorarse.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>4975. Los derechos humanos y la nueva cultura penitenciariaDentro de los princip<strong>al</strong>es problemas enunciados que afectan <strong>al</strong> sistema penitenciario, sin 49 . indemnidad de sus garantías fundament<strong>al</strong>es y, simultáneamente, el deber que tiene el Estado, aque orienta <strong>al</strong> Estado soci<strong>al</strong> de derecho que nos rige.Propuestas de solución de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con los derechos humanos. 49 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Decimosegundo <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República. Enero-Diciembre de
498 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de brindarle otras oportunidades y así indicarle un camino distinto <strong>al</strong> de la <strong>del</strong>incuencia.Como producto de esta actividad académica, los participantes <strong>del</strong> mencionadoTeniendo en cuenta, tratamiento <strong>del</strong> Delincuente re<strong>al</strong>izado en Ginebra en 1955, y que con posterioridad a ellaslas Naciones Unidas aprobaron los Principios Básicos para el tratamiento de los reclusos Teniendo en cuenta asimismoConsiderando que los instrumentos arriba citados establecen la necesidad de utilizar seguridad, higiene y respeto a los derechos fundament<strong>al</strong>es de las personas recluidas en ella, comoConsiderando asimismo
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>499pena, y los encargados y encargadas de la materia penitenciaria de los Defensorías <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Considerandoexperiencias penitenciarias registradas en el mundo recomiendan a los Estados establecersistemas penitenciarios basados en el mo<strong>del</strong>o de derechos y deberes de las Naciones Unidas,garantías <strong>del</strong> debido proceso son presupuestos básicos e imprescindibles para la existencia <strong>del</strong>Considerando también y que resultado de ello ha sido que numerosos países duplicaron sus tasas de encierro entre losTeniendo en cuenta que el monitoreo sistemático de las prisiones constituye unObservando Preocupados por el hecho de que el acelerado crecimiento de las tasas de encierro y la
500 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Preocupados asimismopenitenciaria, y constatando la lamentable existencia de autoridades que no acompañan estePreocupados también Considerando especi<strong>al</strong>mente,Constitucion<strong>al</strong>, a partir de los principios de proporcion<strong>al</strong>idad y razonabilidad, y en las esferasPor todo lo anterior,Resuelven formular las siguientes recomendaciones: recurso, y de aplicarla en condiciones de dignidad, seguridad, higiene y respeto a los derechos
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>501 los países y las legislaciones nacion<strong>al</strong>es que prohíben ese trato cruel, inhumano y degradante, de los Derechos <strong>del</strong> Niño, para lo cu<strong>al</strong> deberán contemplarse condiciones dignas y adecuadasdebiendo los organismos responsables de la niñez y adolescencia asumir la responsabilidad y
502 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> comparabilidad.Fin<strong>al</strong>mente,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>5033. LOS RECLUSOS CON ENFERMEDAD MENTAL SOBREVENIDA YLAS UNIDADES DE SALUD MENTALMediante vista de inspección especi<strong>al</strong> a las tres unidades de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> existentes eninternos que sin haber sido judici<strong>al</strong>mente declarados inimputables, durante su reclusión,bien sea como sindicados o condenados, les sobreviene una enfermedad ment<strong>al</strong>. Comoproducto de esta actuación defensori<strong>al</strong> se expidió la resolución defensori<strong>al</strong> <strong>del</strong> 8 dediciembre de 2008, <strong>al</strong>gunos de cuyos apartes se transcriben a continuación:a la denominada Unidad de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> ubicada en el establecimiento carcelario de Bogotá,Unidad de S<strong>al</strong>ud Ment<strong>al</strong> <strong>del</strong> Establecimiento Carcelario de Bogotá, LaMo<strong>del</strong>ose describen:Infraestructura y condiciones gener<strong>al</strong>es en las que se encuentran estosinternos con trastorno ment<strong>al</strong>. Después de inspeccionar las inst<strong>al</strong>aciones físicassiguientes razones:hechas en madera.haciendo el lugar muy frío. A esto se agrega que las camas están dotadas de una sábana y unay de la madrugada presenta una temperatura que oscila entre los 6°C y los 9°C, circunstanciaque afecta el trato digno que debe brindárseles a estas personas y pone en riesgo su s<strong>al</strong>ud.En el sitio destinado para la cocina no se preparan los <strong>al</strong>imentos que se suministran a lospacientes, ya que son traídos <strong>del</strong> rancho o cocina centr<strong>al</strong> <strong>del</strong> establecimiento carcelario. Los
504 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>El área de sanidad está compuesta por una enfermería y un consultorio médico de menos deuna en el día y una en la noche.surtían desde la farmacia centr<strong>al</strong> <strong>del</strong> establecimiento.en el piso.estado gener<strong>al</strong> de mantenimiento y aseo de la batería sanitaria es pésimo, generando m<strong>al</strong>os oloreslos internos a <strong>al</strong>macenar agua en recipientes de plástico, ocasionando humedad en el piso. Losinternos solicitan la disponibilidad permanente de agua.sin tapas.Hay un patio centr<strong>al</strong> descubierto donde permanecen todo el día los internos, cuyo piso de cementoestá en m<strong>al</strong>as condiciones. Dicha área está rodeada por un can<strong>al</strong> en la que se empoza el aguay produce m<strong>al</strong> olor. Concepto médico especi<strong>al</strong>izado emitido por la doctora Ángela PatriciaMurcia, médica siquiatra <strong>al</strong> servicio de la Secretaría Distrit<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>udde Bogotá, Centro regulador de urgencias y emergencias:
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>505por el siquiatra. después de su egreso de la cárcel presentando un cuadro compatible con síndrome de abstinenciaárea de enfermería que no cuentan con las mínimas condiciones de higiene y bioseguridad, node S<strong>al</strong>ud. Una de las irregularidades detectada por la Secretaría Distrit<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud de Bogotá sobre funcionarios <strong>del</strong> establecimiento carcelario de Bogotá La Mo<strong>del</strong>o, que administran la Unidadde S<strong>al</strong>ud Ment<strong>al</strong> nos informaron acerca <strong>del</strong> obstáculo existente para el cumplimiento de lola cobertura a los internos, el cu<strong>al</strong> podrá complementar el concepto ya emitido por el siquiatra 50
506 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>contenida en el citado artículo 107 constituye una norma especi<strong>al</strong>, que por tener t<strong>al</strong> carácter, descrita continuaba idéntica.Unidad de S<strong>al</strong>ud Ment<strong>al</strong> <strong>del</strong> Establecimiento Penitenciario y Carcelariode C<strong>al</strong>i, Villahermosaparte de la Defensoría Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong> y Penitenciaria y el médico adscritoLa unidad de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> cuenta con dos pisos y está ubicada en la parte posterior <strong>del</strong>signos de humedad. humedad y las camas son hechas en concreto y sobre ellas se acondicionan <strong>al</strong>gunas colchonetasque están en pésimas condiciones.de excrementos. según los internos, lo prestaron <strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que el equipo de sonido, y hasta la fecha no les fueron
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>507Los medicamentos estaban siendo empacados y rotulados por la auxiliar de enfermería y la ocasiones en los que no hay profesion<strong>al</strong>es de la s<strong>al</strong>ud en esta dependencia, para que los internosestas no contienen los datos mínimos que exige el artículo 107 de la Ley 65 de 1993, t<strong>al</strong>esLa anterior irregularidad se suma a los traslados que se re<strong>al</strong>izan en el interior <strong>del</strong> mismo<strong>del</strong> articulo 107 <strong>del</strong> citado estatuto penitenciario y carcelario.Unidad de S<strong>al</strong>ud Ment<strong>al</strong> ubicada en la Reclusión de Mujeres deMe<strong>del</strong>línAntecedentes:en tratamiento psiquiátrico que fueron trasladados <strong>del</strong> anexo psiquiátrico de la PenitenciaríaCentr<strong>al</strong> de Colombia, la Picota, de Bogotá. y <strong>al</strong>gunos miembros <strong>del</strong> cuerpo de Custodia y Vigilancia que fueron capacitados para la
508 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>El loc<strong>al</strong> fue adecuado con la ayuda de profesion<strong>al</strong>es que laboraban en el Hospit<strong>al</strong> Ment<strong>al</strong> dede la piscina como medio terapéutico, lo mismo que cancha de fútbol y de b<strong>al</strong>oncesto.Actu<strong>al</strong>idad:Después de 15 años encontramos en este sitio a 28 pacientes, los cu<strong>al</strong>es, a la fecha <strong>del</strong> presenteinforme, no cuentan con la misma cantidad de person<strong>al</strong> que dio inicio a la Unidad de S<strong>al</strong>udprofesion<strong>al</strong> se encuentra contratado para laborar en los tres establecimientos ubicados en el áreaMetropolitana de Me<strong>del</strong>lín.que existen humedades, deterioro de las paredes, m<strong>al</strong> estado de las unidades sanitarias internasy externas, o sea, se encuentran en tot<strong>al</strong> abandono.Antonio Peña, quien estaba recluido <strong>al</strong>lí desde el día 9 de diciembre <strong>del</strong> año 2007, condenadoSeguridad de la ciudad de Pereira. La muerte <strong>del</strong> mencionado señor se dio por ahorcamiento, desaseo.Goteras en techos de las habitaciones.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>509Presencia de enfermos ment<strong>al</strong>es en otros establecimientos de reclusiónque no cuentan con los sitios especi<strong>al</strong>es para aquellos reclusos y reclusas con enfermedadlo cu<strong>al</strong> genera dos situaciones diferentes. La primera, se concreta en la agresiones físicas y medicamentos especi<strong>al</strong>izados y los medios terapéuticos para tratar la enfermedad ment<strong>al</strong>. CONSIDERANDOS1. (“...”)2. Los derechos de los reclusos enfermos ment<strong>al</strong>es2.1. Marco TeóricoEn el concepto gener<strong>al</strong> de enfermedad ment<strong>al</strong> encontramos que esta consiste en un desordenEsto, trasladado <strong>al</strong> ámbito de cu<strong>al</strong>quier establecimiento carcelarios o penitenciario, sin duda su padecimiento y asistirlo para reincorporarlo <strong>al</strong> entorno soci<strong>al</strong> y familiar.
510 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> En distintas sentencias, la Corte Constitucion<strong>al</strong> ha indicado la necesidad de brindar un tratoobligaciones.” una igu<strong>al</strong>dad materi<strong>al</strong> re<strong>al</strong>.2.2. Marco Normativo2.2.1. En la normatividad nacion<strong>al</strong> disminuidos psíquicos. Por lo anterior, el Estadorehabilitar a esa persona. 2.2.2. El tema en la normatividad internacion<strong>al</strong>debido a la dignidad inherente <strong>al</strong> ser humano.El artículo 12 reconoce el derecho de toda persona <strong>al</strong> disfrute física y ment<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>511El numer<strong>al</strong> 2 <strong>del</strong> mismo artículo indica: “Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratosdebido a la dignidad inherente <strong>al</strong> ser humano”.de las Naciones Unidas, en el artículo 82.1 dispone: “los <strong>al</strong>ienados no deberán ser recluidos enprisiones. Se tomarán disposiciones para trasladarlos lo antes posible a establecimientos paraenfermos ment<strong>al</strong>es”En el numer<strong>al</strong> 2 de este mismo artículo se prescribe:y tratados en instituciones especi<strong>al</strong>izadas dirigidas por médicos. Durante su permanencia en la tratamiento psiquiátrico de todos los demás reclusos que necesiten dicho tratamiento” organismos competentes, para que, en caso necesario, se continúe el tratamiento psiquiátrico psiquiátrico” Principios básicos para el tratamiento de los reclusos 51 :s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> 52 :Principio 1Libertades fundament<strong>al</strong>es y derechos básicos que será parte <strong>del</strong> sistema de asistencia sanitaria y soci<strong>al</strong>. por esa causa, serán tratadas con humanidad y con respeto a la dignidad inherente de lapersona humana.51 Adoptados y proclamados por la Asamblea Gener<strong>al</strong> en su Resolución 45/111 <strong>del</strong> 14 de diciembre de 1990.52 Adoptados por la Asamblea Gener<strong>al</strong> en su resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991.
512 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> m<strong>al</strong>trato físico o de otra índole y el trato degradante. de proteger los derechos de las personas que padezcan una enfermedad ment<strong>al</strong> o de garantizar Principios que sea necesaria para proteger los derechos humanos de una persona que padezcauna enfermedad ment<strong>al</strong> o de otras personas. crueles, inhumanos o degradantes 53 :Principio 1no están presas o detenidas.De acuerdo con los estándares internacion<strong>al</strong>es, estos pacientes tendrán derecho a ser tratados en una sus necesidades de s<strong>al</strong>ud y a la necesidad de proteger la seguridad física de terceros.3. Acción Defensori<strong>al</strong>los pabellones corrientes, en celdas de aislamiento y en las secciones de sanidad de los diferentesante las administraciones de cárceles y penitenciarías o a interponer acciones de tutela en busca 54 ment<strong>al</strong> de los establecimientos carcelarios. 53 Adoptados por la Asamblea Gener<strong>al</strong> en su resolución 37/194, de 18 de diciembre de 1982.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>513de reforzar sus conocimientos sobre el tema y formular pautas dirigidas a controlar deEn este documento se dice que el funcionamiento y uso de las denominadas Unidades de S<strong>al</strong>ud transitoriamente3.1 Doctrina defensori<strong>al</strong>que sin tener la c<strong>al</strong>idad de inimputablesartículo 107 <strong>del</strong>a Ley 65 de 1993 (Código Penitenciario y Carcelario), cuyo contenido es elde seguridad”.inmediata de los artículos 466 y 465 de la Ley 906 de 2004.tiempo estrictamente indispensable para que las autoridades carcelarias cumplan diligentementelos trámites necesarios para su traslado a uno de los lugares señ<strong>al</strong>ados en las referidas normasen cu<strong>al</strong>quiera de los dos casos, las autoridades carcelarias y penitenciarias deben brindarle laprolongada de un interno que luego de ser médicamente auscultado se le dictamina que padecepsíquica y física de esa persona.
514 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> primarios indispensables, y se les cumplimiento de lo dispuesto en las normas arriba anotadas. derechos humanos de las mencionadas personas.Conclusiones 2. Los establecimientos carcelarios y penitenciarios, en especi<strong>al</strong> las Unidades de S<strong>al</strong>ud Ment<strong>al</strong>médica adecuada. con enfermedad ment<strong>al</strong> diagnosticada, no son ubicados en un establecimiento psiquiátrico, clínica
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>515 aparecen los dictámenes que demuestren que el recluso padece enfermedad psíquica o el concepto país y se omite la garantía de una igu<strong>al</strong>dad materi<strong>al</strong>. una enfermera auxiliar.8. En las tres mencionadas unidades de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong>, donde se cuenta con el person<strong>al</strong> de la internos pacientes. condiciones gener<strong>al</strong>es <strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que las inst<strong>al</strong>aciones donde funciona el área de enfermería. hablar de un control serio en este aspecto.
516 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>RESUELVEPRIMERO: SEGUNDO: Directores Region<strong>al</strong>es y de establecimientos penitenciarios y carcelarios las instrucciones quePenitenciario y Carcelario.TERCERO: CUARTO: a dicha unidad.QUINTO: concepto medicoleg<strong>al</strong>.SEXTO: que su competencia le indique.SÉPTIMO: 1993.OCTAVO: NOVENO:Defensoría Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong> y Penitenciaria que estudien la posibilidad de
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>517DÉCIMO: UNDÉCIMO: Crimin<strong>al</strong>.DUODÉCIMO: 7° <strong>del</strong> artículo 9 de la Ley 24 de 1992.4. NECESIDAD DE DEFINICIÓN DE LA CONDICIÓN JURÍDICADE INIMPUTABILIDAD PARA LA ADECUADA UBICACIÓNDEL INTERNOPara dar respuesta a una consulta formulada por una Defensora Pública acerca de lacorrecta ubicación de su poderdante ante la duda de la condición de inimputabilidad deeste, la Defensoría Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong> y Penitenciaria emitió concepto confecha <strong>del</strong> 3 de junio de 2008. Por considerar importante este documento como criterio deactuación frente a situaciones idénticas o similares, a continuación se transcriben <strong>al</strong>gunosapartes de dicho concepto:poderdante será difícil determinar con certeza el lugar en donde este debe permanecer recluido.la c<strong>al</strong>idad de imputable o inimputable <strong>del</strong> sindicado, ya que la orden de traslado a clínica oAl respecto, el artículo 374 de la Ley 600 de 2000, a la letra dice: “Medidasde protección: inimputableen el mismogrado probatoriosindicado a la Dirección Gener<strong>al</strong> de PromociónSoci<strong>al</strong> <strong>del</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, y no a la autoridad carcelaria, los
518 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Defensoría Pública “fue diagnosticado con trastorno Esquizofrénico y trastorno de person<strong>al</strong>idadantisoci<strong>al</strong>, sin embargo para el momento actu<strong>al</strong> a pesar de continuar con <strong>al</strong>gunos síntomascerteza exigido por el transcrito artículo 374 <strong>del</strong> C.P.P. para poder aplicar a un sindicadoo imputadocon lo dispuesto en el referido artículo 374 <strong>del</strong> C.P.P. 55 , bien comosindicado sindicado con trastorno ment<strong>al</strong> pero imputable sobre el cu<strong>al</strong> recaiga medida de aseguramiento debien lo anota en su escrito son lugares inadecuados para brindar un tratamiento psiquiátricoSi como condenado Medina no es declarado inimputable, contrario a lo anterior, el artículolugares especi<strong>al</strong>es en los que ha deser internada la persona imputable sobre la que recaiga sentencia condenatoria no están cumpliendo con el mencionado mandato leg<strong>al</strong>, y a estos internos <strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que a losderechofundament<strong>al</strong> autónomo 56 55 Téngase en cuenta que la declaración judici<strong>al</strong> de inimputable exige la necesaria conexidad entre el trastorno ment<strong>al</strong> y laconducta punible, en una relación indisoluble de causa-efecto.56 Tratándose de reclusos, el derecho a la s<strong>al</strong>ud surge como un derecho fundament<strong>al</strong> autónomo, es decir, aquí la s<strong>al</strong>ud para poderla vida (sentencia de la Corte Constitucion<strong>al</strong> T-687 de 2003).
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>5195. CASO TÍPICO DE DISCRIMINACIÓN BASADA EN LACIRCUNSTANCIA DE LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTADHacia el mes de octubre de 2008 la Subdirección de Tratamiento y Desarrollo <strong>del</strong> Inpecpuso en conocimiento de la Defensoría Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong> y Penitenciari<strong>al</strong>a decisión tomada por la EPS S<strong>al</strong>ud Tot<strong>al</strong> de excluir de sus servicios a un internofundamentada en la circunstancia de privación de la libertad de este.Luego de la insistencia de esta Delegada ante la citada entidad de la s<strong>al</strong>ud parapersuadirla de que revocara su decisión de sustraerse a la obligación de prestar susderechos fundament<strong>al</strong>es, y en vista de que este propósito no se logró, se optó por elevarla correspondiente queja de la irregularidad anotada ante la Superintendencia Nacion<strong>al</strong>de S<strong>al</strong>ud, en busca de la efectiva protección de los derechos fundament<strong>al</strong>es <strong>del</strong> internoafectado. El texto de esa queja es el siguiente:Por ser de su competencia, pongo en su conocimiento la siguiente irregularidad, la cu<strong>al</strong> constituye estos aportes <strong>al</strong> Sistema Gener<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud, siguiente:
520 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> humana, a la s<strong>al</strong>ud y a la autonomía person<strong>al</strong>.inaceptable las responsabilidades que a ella le compete.no discriminación la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, 57 :derechos humanos y libertades fundament<strong>al</strong>es a una persona o grupos de personas en lo político,en cu<strong>al</strong>quier otro ámbito. impedir, negar o limitar el acceso a bienes y. por médicos particulares en casos excepcion<strong>al</strong>escasos excepcion<strong>al</strong>es en los cu<strong>al</strong>es ela la libre escogencia entre las entidades promotoras de s<strong>al</strong>ud de la que habla el numer<strong>al</strong> 4 <strong>del</strong>57 Proyecto de Ley Estatutaria N° 68 de 2007 Senado “Por la cu<strong>al</strong> se desarrolla el derecho a la igu<strong>al</strong>dad y se dictan disposicionespara prevenir, erradicar y sancionar la discriminación”. Este proyecto de ley fue elaborado por la Defensoría Delegada paraAsuntos Constitucion<strong>al</strong>es y Leg<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>521usuario y E.P.S. procedimos are<strong>al</strong>izar cierre de contratoprocederemos a reembolsar los aportes efectuados,reclame el cheque dado que este s<strong>al</strong>dría a nombre <strong>del</strong> cotizante. Sistema Gener<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud, de manera comedida y con carácter urgente, leLuego de la gestión de la Delegada ante la Superintendencia Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud, fuela misma E.P.S la que respondió directamente a la Defensoría en los siguientes términos:
522 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>en los aportes correspondientes a los meses Diciembre de 2008 a Abril de 2009, lo anteriorteniendo en cuenta el artículo 57 <strong>del</strong> decreto 806 de 1998.(“...”)debe regularizar la morosidad presentada.no estaba lo es que la norma rezaba textu<strong>al</strong>mente “El Gobierno Nacion<strong>al</strong> determinará losmecanismos que permitan la operatividad para que esa población recibaadecuadamente sus servicios”. dichamod<strong>al</strong>idad de afiliación aún no había sido reglamentada, siéndonos correspondía.No obstante lo ya expuesto, y como es de su conocimiento, actu<strong>al</strong>mente yEn la atención de este mismo caso, y con el claro propósito de que el interno afectadono quedase desprotegido de la atención de su s<strong>al</strong>ud así fuese de manera tempor<strong>al</strong>,simultáneamente la Delegada reiteró <strong>al</strong> Inpec una advertencia hecha recientemente en unasunto similar. Los siguientes son <strong>al</strong>gunos fragmentos de dicha reiteración: por cuenta <strong>del</strong> Estado, aún en sus necesidades más básicas. A partir de ese momento el Estado,garante, lo quedeber jurídico. Este garante
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>523que la c<strong>al</strong>idad de garante le imponen. afiliación esta el carácter de urgencia o no.servicio médico que debe existir a cargo <strong>del</strong> Estado 6. INVESTIGACIÓN PRELIMINAR SOBRE RESIDUOS HOSPITALARIOSY SIMILARES EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS YCARCELARIOS DEL PAÍS6.1. JustificaciónEn los últimos años ha existido una creciente preocupación por el riesgo de infeccionesen la comunidad asociadas a los desechos hospit<strong>al</strong>arios. Este temor comienza cuandoaparece la infección por VIH y las personas saben que de los sitios prestadores de servicios<strong>del</strong> mismo tipo a personas en la comunidad.Asimismo, se supone que las personas que llegan a los hospit<strong>al</strong>es y a otros servicios des<strong>al</strong>ud con infecciones revisten <strong>al</strong>gún peligro y que todo lo que se haga para su tratamientogenera unos residuos que llevan estas infecciones <strong>al</strong> exterior donde se encuentra el restode la comunidad.Sucede igu<strong>al</strong>mente en la cárceles donde el hacinamiento y las condiciones gener<strong>al</strong>es susceptibilidad en esta población.Aunque hay una gran controversia en torno <strong>al</strong> riesgo, considerado en términos deprobabilidades de infecciones causadas por los desechos hospit<strong>al</strong>arios 58 , en Colombia existe58 http://www.cepis.ops-oms.org/cursoreas/e/fulltext/desechos.pdf.
524 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>una legislación bastante precisa y rigurosa sobre estos desechos y por lo tanto queremos quela población objeto (personas privadas de la libertad) estén cubiertas por esta legislación yque el mencionado riesgo de adquirir <strong>al</strong>guna infección sea el más bajo posible.Para efectos <strong>del</strong> presente estudio se entenderá por “desechos hospit<strong>al</strong>arios” aquellosque provienen de sitios donde se re<strong>al</strong>iza cu<strong>al</strong>quier actividad considerada como prácticade atención en s<strong>al</strong>ud. En el ámbito penitenciario y carcelario esta actividad se re<strong>al</strong>izaprincip<strong>al</strong>mente en las “áreas o secciones de sanidad”, donde se producen desechos“infectantes”; es decir, que contienen agentes microbianos que pueden causar infeccionesen las personas que los manipulan.6.2. Aspectos metodológicosEn la etapa inici<strong>al</strong> <strong>del</strong> estudio se re<strong>al</strong>izó un censo en los establecimientos penitenciariosy carcelarios <strong>del</strong> país, lo cu<strong>al</strong> se llevó a cabo con dos encuestas. Una para directores de losestablecimientos y otra para funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.La prueba piloto para dichos instrumentos se re<strong>al</strong>izó en el establecimiento penitenciarioy carcelario de C<strong>al</strong>i, ciudad en donde además se visitó la Secretaría de S<strong>al</strong>ud <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le don<strong>del</strong>os expertos nos hicieron <strong>al</strong>gunas precisiones.Se recolectó la información por parte de las defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es, y estasa su vez la enviaron <strong>al</strong> nivel centr<strong>al</strong> de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Delegada para la PolíticaCrimin<strong>al</strong> y Penitenciaria donde se ordenó y se tabuló. Luego se hizo el análisis estadístico6.3. Algunos resultadosDentro de la investigación a<strong>del</strong>antada, se pueden mostrar los siguientes resultadosobtenidos hasta ahora:¿Existe en ese establecimiento el grupo administrativo de gestión ambient<strong>al</strong>y sanitaria?NO19%SÍ81%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong> 2008
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>525Este informe está en elaboración desde agosto de 2008 y se publicará en el primersemestre de 2009.¿Quiénes conforman grupo de Gestión Ambient<strong>al</strong>?JEFE DE LA SECCIÓNADM INISTRATIVA11FUNCIONARIO DE LA SECCIÓN DETRATAM IENTO Y DESARROLLO23COM ANDANTE DE CUSTODIA YVIGILANCIA24JEFE SANIDAD23ASESOR JURÍDICO5M ÉDICO GENERAL19SUBDIRECTOR9DIRECTOR27Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Delegada para la Política Crimin<strong>al</strong>, 2008INSTRUCTIVO PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE ENCUESTAS,MODELO DE CARTA Y PRÁCTICA DE LA VISITA ESPECIAL DEINSPECCIÓNAdjunto <strong>al</strong> presente se encuentran un mo<strong>del</strong>o de carta y dos encuestas para serdesarrolladas de la siguiente forma:1. Mo<strong>del</strong>o de carta: este debe ser enviado a la Secretaría de S<strong>al</strong>ud o <strong>al</strong> director<strong>del</strong> hospit<strong>al</strong> de la loc<strong>al</strong>idad, según el caso, para que se practiquen las visitas a losestablecimientos de reclusión de su jurisdicción sobre el tema de investigación. Aeste mo<strong>del</strong>o usted puede hacerle las adecuaciones que considere necesarias.2. Formularios de encuestas: Son dos (2). El primero será diligenciado por el directorde la cárcel o el funcionario que este <strong>del</strong>egue. El segundo, debe ser diligenciado porel defensor region<strong>al</strong> o seccion<strong>al</strong> o el funcionario que trabaje el tema penitenciarioy carcelario, o por el defensor público asignado <strong>al</strong> respectivo establecimiento dereclusión o, en su defecto, por el personero de la loc<strong>al</strong>idad.3. El diligenciamiento de esta encuesta se debe re<strong>al</strong>izar t<strong>al</strong> como la práctica de unavisita de inspección <strong>al</strong> correspondiente establecimiento de reclusión, en especi<strong>al</strong> <strong>al</strong>lugar donde se encuentran los desechos hospit<strong>al</strong>arios y similares. El mismo día de
526 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la diligencia se entregará el formulario <strong>al</strong> director, manifestándole que cuenta conun plazo de cinco (5) días para su diligenciamiento (Ley 24, artículo 15), este mismoplazo lo tendrá la Secretaría de S<strong>al</strong>ud.4. Se debe coordinar la actividad con antelación, de t<strong>al</strong> manera que tanto la visita <strong>del</strong>a Defensoría como de la Secretaría de S<strong>al</strong>ud u hospit<strong>al</strong> loc<strong>al</strong> se lleven a cabo elmismo día.NOTA: Las encuestas debidamente diligenciadas y el acta de la secretaría u hospit<strong>al</strong>deben ser remitidas a esta Defensoría Delegada a más tardar el 27 de noviembre <strong>del</strong>presente año.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>527D.2 GESTIÓN DEFENSORIAL PARA LA INCIDENCIA EN LAFORMULACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LASPOLÍTICAS PÚBLICASLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> busca ev<strong>al</strong>uar de manera estructurada y rigurosa la formacomo las instituciones <strong>del</strong> Estado actúan e inciden en el grado de re<strong>al</strong>ización de los derechoshumanos; y promueve entre las autoridades públicas la incorporación de procesos idóneosde análisis y medición.Para <strong>al</strong>canzar estos propósitos la entidad a<strong>del</strong>anta acciones en dos vías: la implementaciónde la metodología <strong>del</strong> Programa de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de las Políticas Públicasen Derechos Humanos (ProSeDHer), y las investigaciones temáticas, sustentadas en elmacroproceso de investigación.1. GESTIÓN DEFENSORIAL EN MATERIA DE INCIDENCIA EN LAFORMULACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE POLÍTICASPÚBLICASA la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> le corresponde impulsar de manera efectiva los derechoshumanos en el país y su accionar debe repercutir en las diferentes etapas de las políticaspúblicas en aras de contribuir a la re<strong>al</strong>ización de los derechos humanos. De ahí que, demanera constante, haga seguimiento y ev<strong>al</strong>uación a quienes diseñan y ejecutan políticas incorporando líneas de análisis y medición.1.1. Políticas públicas y derechos humanos (ProSeDHer)Desde hace varios años la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> viene aplicando una metodología,en el marco <strong>del</strong> Programa de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de las Políticas Públicas enDerechos Humanos (ProSeDHer), la cu<strong>al</strong> pretende contribuir a que las políticas públicasse construyan desde una perspectiva que integre los derechos económicos, soci<strong>al</strong>esy cultur<strong>al</strong>es (DESC) a través <strong>del</strong> respeto, promoción y desarrollo de las obligacionesadquiridas por el Estado colombiano. Siendo así, durante el año 2008 el programa ejecutó
528 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>varias actividades dirigidas a dinamizar y fort<strong>al</strong>ecer a los diferentes actores encargados deformular y ejecutar las políticas públicas.1.1.1 Elaboración de documentosEl Derecho a la vivienda en la Constitución, la jurisprudencia y los instrumentosinternacion<strong>al</strong>es, 2008. Presenta el contenido <strong>del</strong> derecho a la vivienda, con fundamentoen el texto de la Carta Política, en la jurisprudencia de la Corte Constitucion<strong>al</strong> y en losinstrumentos internacion<strong>al</strong>es sobre derechos humanos, en la perspectiva de brindar lasbases para la ev<strong>al</strong>uación de la política pública en materia de re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> derecho a unavivienda en condiciones adecuadas y dignas.Sistema de seguimiento y ev<strong>al</strong>uación de la política pública labor<strong>al</strong> a l<strong>al</strong>uz <strong>del</strong> derecho individu<strong>al</strong> <strong>al</strong> trabajo, 2008. Sintetiza la natur<strong>al</strong>eza y <strong>al</strong>cance <strong>del</strong>derecho individu<strong>al</strong> <strong>al</strong> trabajo, como la <strong>del</strong>imitación de los parámetros mínimos que lasentidades competentes deben observar para formular y ejecutar políticas que busquen elcumplimiento de los compromisos y obligaciones adquiridos por el Estado colombianoen la materia.Primera ev<strong>al</strong>uación de la política pública de trabajo desde la perspectiva de losderechos humanos, 2008. Contiene un análisis de las obligaciones de acuerdo con loselementos esenci<strong>al</strong>es <strong>del</strong> derecho y el grado de su exigibilidad, estableciendo los princip<strong>al</strong>esavances y limitaciones de la política pública de trabajo.Primera ev<strong>al</strong>uación de la política pública de vivienda desde la perspectivade los derechos humanos, 2008. Hace énfasis en los elementos <strong>del</strong> derecho y lasobligaciones que se desprenden <strong>del</strong> mismo, frente a las obligaciones que se derivan y sucumplimiento por parte <strong>del</strong> Estado colombiano.<strong>Informe</strong> sobre la situación <strong>del</strong> derecho a la educación en Colombia, 2008. Abord<strong>al</strong>o referente <strong>al</strong> sistema educativo, los componentes de permanencia, acceso y adaptabilidadde la educación, así como los programas y contenidos educativos. Documento dirigido a laFederación Iberoamericana <strong>del</strong> Ombudsman (FIO).OtrosOpiniones y comentarios para una mejor comprensión, manejo y puesta en marcha<strong>del</strong> proyecto principios rectores sobre los derechos de las personas en situaciónde extrema pobreza, trabajo a<strong>del</strong>antado por la División de Investigaciones y <strong>del</strong> Humanos.Ponencia sobre el debate UPAC-UVR en el país, en el marco <strong>del</strong> derecho a unavivienda digna y adecuada, 2008.1.1.2.Sistema de indicadores e instrumentos de medición <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong>a educaciónEl instrumento de medición para el seguimiento y la ev<strong>al</strong>uación de la políticapública educativa en perspectivas de derechos humanos es un formulario integrado por
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>529un conjunto de preguntas e indicadores diseñados para monitorear la efectividad <strong>del</strong>as medidas adoptadas por el Estado en sus distintos niveles, según la correspondientecompetencia, para respetar, proteger y promover la re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> derecho a la educación,en los términos en que lo consagra el marco normativo integrado por los instrumentosinternacion<strong>al</strong>es de derechos humanos, la Constitución Política, la jurisprudencia de laCorte Constitucion<strong>al</strong> y la legislación nacion<strong>al</strong>.De acuerdo con la metodología <strong>del</strong> Programa de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de PolíticasPúblicas en Derechos Humanos (ProSeDHer), se llevó a cabo la aplicación <strong>del</strong> instrumento Estado colombiano en materia educativa.El instrumento fue aplicado en el año 2004 y recogió información <strong>del</strong> 2003. Permitióun primer acercamiento <strong>al</strong> estado <strong>del</strong> arte <strong>del</strong> sistema educativo en el país, pero resultanecesario ajustarlo en cuanto a la construcción de indicadores cu<strong>al</strong>itativos para una mejorclaridad y pertinencia de la información, lo cu<strong>al</strong> contribuirá una mejor lectura, apreciacióny análisis de los datos suministrados.Actividades re<strong>al</strong>izadas durante el año 2008 sobre el derecho a la educaciónRevisión y propuesta de ajuste <strong>al</strong> sistema de indicadores e instrumento de medición.cu<strong>al</strong>es se solicita la información.Soci<strong>al</strong>ización y v<strong>al</strong>idación con expertos en el tema educativo, entre ellos,organizaciones soci<strong>al</strong>es y entidades públicas de los niveles nacion<strong>al</strong> y territori<strong>al</strong>.1.1.3. Sistema de indicadores e instrumento de medición <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong>a s<strong>al</strong>udLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha diseñado un instrumento de medición para re<strong>al</strong>izar elseguimiento y ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> conjunto de obligaciones que posee el Estado colombiano enmateria <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud, el cu<strong>al</strong> pretende ser periódico, de largo plazo y articulado <strong>al</strong>os sistema regulares de información, gestión y monitoreo.Instrumento que tuvo una primera aplicación en el año 2005, cuando recolectóinformación <strong>del</strong> 2003 y logró una aproximación a la situación de garantía <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong>a s<strong>al</strong>ud en el país en la que se evidenciaron limitaciones en cuanto a la disponibilidad <strong>del</strong>a información y las categorías de monitoreo de las obligaciones an<strong>al</strong>izadas, por lo que esnecesario ajustarlo para una segunda aplicación.A continuación se describen las actividades re<strong>al</strong>izadas en el año 2008 en cuanto <strong>al</strong>derecho a la s<strong>al</strong>ud.Se presentó la propuesta de ajuste <strong>del</strong> instrumento de medición y de los indicadores.Se elaboró el plan de trabajo para la sistematización de indicadores e instrumentode medición.
530 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Se v<strong>al</strong>idaron y ajustaron el instrumento y los indicadores.Se diseñó y montó una aula virtu<strong>al</strong> para la capacitación de funcionarios <strong>del</strong> ordennacion<strong>al</strong> y territori<strong>al</strong>, sobre el derecho a la s<strong>al</strong>ud y registro de la información en elinstrumento de medición.1.1.4. Espacios de capacitación y soci<strong>al</strong>ización de los derechoseconómicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es (DESC).En la puesta en marcha <strong>del</strong> Programa de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de Políticas Públicasen Derechos Humanos (ProSeDHer), se determinó que era indispensable poner en prácticatodo lo pertinente sobre el contenido y <strong>al</strong>cance de los derechos económicos, soci<strong>al</strong>es ycultur<strong>al</strong>es, especi<strong>al</strong>mente en educación, s<strong>al</strong>ud, vivienda, <strong>al</strong>imentación y trabajo individu<strong>al</strong>.Para ello, se capacitó a un número determinado de funcionarios que intervienen en eldiseño o en la ejecución de las políticas públicas. Igu<strong>al</strong>mente, se hizo con varias personasexigencia y el cumplimiento de las obligaciones por parte el Estado colombiano.Para cumplir con lo anterior, durante el año 2008 se participó en varios escenarios deíndole nacion<strong>al</strong>:T<strong>al</strong>leres relacionados con el derecho a la educación en Colombia, dirigido a líderesParticipación en el foro , donde se presentaronlos resultados de la investigación , eventoorganizado por el proyecto “Educación compromiso de todos” y en el queestuvieron presentes la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Perú, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> deParaguay, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Guatem<strong>al</strong>a, Visión Mundi<strong>al</strong>, la ConferenciaInternacion<strong>al</strong> de la Educación para las Personas Adultas, Fe y Alegría, Save theChildren, Co<strong>al</strong>ición Mundi<strong>al</strong> por el Derecho a la Educación, Red Latinoamericanade Estudio Docente y la Plataforma de Políticas Educativas (Flape), entre otrasentidades.Participación sobre tema el derecho a la educación en el foro Cine <strong>al</strong> Derecho,emitido por el can<strong>al</strong> de televisión “Telecaribe”, llevado a cabo en la ciudad de2. INCIDENCIA EN LA FORMULACIÓN, DESARROLLO Y EJECUCIÓNDE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS AMBIENTALES2.1 Proyecto de ley Nº 047 de 2008, Senado de la República,“Porla cu<strong>al</strong> se consagra el derecho humano <strong>al</strong> agua y se dictanotras disposiciones” 2008El proyecto de ley que busca consagrar el derecho humano <strong>al</strong> agua, elaborado por laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, fue nuevamente radicado el 30 de julio de 2008 bajo el Nº 047
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>531senadores y trece representantes de la Comisión de Derechos Humanos de Senado yCámara, respectivamente. Fue a probado el 24 de septiembre de 2008 en primer debatesurtido en la Cámara de Representantes.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en ejercicio de su misión constitucion<strong>al</strong> y leg<strong>al</strong> de promovery divulgar los derechos humanos, presentó esta importante iniciativa legislativa, todavez que el agua potable resulta esenci<strong>al</strong> para la supervivencia <strong>del</strong> ser humano y estáderecho, por cuanto posibilita el mejoramiento de la c<strong>al</strong>idad de vida, el bienestar gener<strong>al</strong>de la población y la vida digna.El derecho humano <strong>al</strong> agua es un derecho soci<strong>al</strong> autónomo que impone <strong>al</strong> Estado un<strong>al</strong>a vida y la s<strong>al</strong>ud, es decir, satisfacer necesidades básicas como la bebida, la preparación de<strong>al</strong>imentos, la higiene, la producción de cultivos de subsistencia y las prácticas cultur<strong>al</strong>es.El agua no puede considerarse únicamente como un bien económico. También es unbien soci<strong>al</strong> y cultur<strong>al</strong> indispensable para la garantía de otros derechos, que goza de especi<strong>al</strong>protección tanto en las normas <strong>del</strong> derecho nacion<strong>al</strong> como en el derecho internacion<strong>al</strong> <strong>del</strong>os derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.El propósito de este proyecto es que se reconozca y se haga exigible el derecho denecesidades básicas en condiciones de disponibilidad, accesibilidad y c<strong>al</strong>idad, indispensablepara vivir dignamente y condición previa para la re<strong>al</strong>ización de otros derechos humanos.3. INCIDENCIA EN LA FORMULACIÓN DESARROLLOY EJECUCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIADE DESPLAZAMIENTO FORZADOLa atención a la población en riesgo y víctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado se haorganizado a través de políticas públicas. A nivel nacion<strong>al</strong> existe un Plan Nacion<strong>al</strong> deAtención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada (PNAIPD) en el departament<strong>al</strong> debe haberun Plan Integr<strong>al</strong> Único (PIU) y en el municip<strong>al</strong> una versión loc<strong>al</strong> de PIU. Estas trespolíticas se deben coordinar y articular con base en los principios de complementariedad,subsidiariedad, descentr<strong>al</strong>ización y concurrencia. Dado que la Ley 387 de 1997 establecióla participación de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> como integrante <strong>del</strong> SNAIPD, además de lasfunciones que como organismo de control –Ministerio Público– tiene, debe brindar apoyo,asesoría y orientación en la formulación de dichas políticas públicas, lo cu<strong>al</strong> implica queparticipe la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en la medida de sus posibilidades. A continuación seinforma sobre las actividades de incidencia en política pública en materia de atención <strong>al</strong>desplazamiento forzado que la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> re<strong>al</strong>izó durante el año 2008:
532 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>3.1. Participación en sesiones <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de AtenciónIntegr<strong>al</strong>La Coordinación de Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado asistió y acompañó <strong>al</strong>Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a cada una de las sesiones <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong>a Población Desplazada que fueron convocadas por el Gobierno nacion<strong>al</strong>, así como <strong>al</strong>as sesiones de la Mesa de Prevención y Protección y apoyó a las Mesas de AtenciónHumanitaria de Emergencia, Consolidación y Estabilización Socioeconómica y la deFort<strong>al</strong>ecimiento de Organizaciones de Población Desplazada. En dichos espacios sehicieron comentarios, se emitieron opiniones, se dieron recomendaciones y se hicieronobservaciones frente a los planes, programas y proyectos que tanto por mandato leg<strong>al</strong>como por orden de la Corte Constitucion<strong>al</strong> se han debido formular a favor de la poblaciónvíctima <strong>del</strong> desplazamiento forzado.3.2. Expedición de acuerdos <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong>Durante el año 2008 el Consejo Nacion<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> a la PoblaciónDesplazada no expidió acuerdos, sino que se adoptaron programas relacionados con elcumplimiento de las órdenes dadas por la Corte Constitucion<strong>al</strong>, así como se elaboraronlos informes presentados a la Corte por el CNAIPD. El Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> asistió a cadauna de las sesiones en las que se an<strong>al</strong>izaron las órdenes de la Corte Constitucion<strong>al</strong> y losinformes que luego se irían a enviar.3.3. Participación en las Mesas <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de AtenciónIntegr<strong>al</strong> a la Población DesplazadaComo parte integrante de la Mesa Nacion<strong>al</strong> de Prevención y Protección <strong>del</strong> SistemaNacion<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> a la Población Desplazada, de acuerdo con lo previsto en elDecreto 250 de 2005, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha participado en este espacio, contribuyendoa la formulación de la política pública y aportando <strong>al</strong> desarrollo de dicha política a través<strong>del</strong> impulso de mesas departament<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es de prevención y protección, accionesde los defensores comunitarios y asesores de atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado, así comoinformación <strong>al</strong> Sistema de Alertas Tempranas (SAT). En la Mesa Nacion<strong>al</strong> se reformuló elPlan Nacion<strong>al</strong> de Prevención y Protección.3.4. Participación en comités municip<strong>al</strong>es y departament<strong>al</strong>es deatención integr<strong>al</strong> a la población desplazadaLas defensorías region<strong>al</strong>es, las seccion<strong>al</strong>es, los asesores region<strong>al</strong>es de atención <strong>al</strong>desplazamiento forzado y los defensores comunitarios, incluidos los de fronteras,promovieron, participaron y requirieron la puesta en funcionamiento de los comitésdepartament<strong>al</strong>es y los comités municip<strong>al</strong>es de los municipios foc<strong>al</strong>izados. En dichassesiones se formularon opiniones, comentarios, observaciones y recomendaciones sobrelas políticas públicas y problemáticas loc<strong>al</strong>es de las comunidades en riesgo y víctimas
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>533<strong>del</strong> desplazamiento forzado. Como línea de participación se tuvo la de contribuira la formulación e implementación de políticas públicas a favor de la población, lacaracterización de la población asentada en las respectivas jurisdicciones, la participaciónde la población y la promoción <strong>del</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>.V<strong>al</strong>e la pena señ<strong>al</strong>ar, como aspecto común y transvers<strong>al</strong> de la situación de atención,que existe una gran debilidad en las instituciones territori<strong>al</strong>es, bajos presupuestos, f<strong>al</strong>tade interés institucion<strong>al</strong> sobre la situación de las víctimas <strong>del</strong> desplazamiento forzado,prejuicios, insensibilidad de los funcionarios, <strong>al</strong>ta demanda de atención por parte de lapoblación afectada y una crítica situación humanitaria derivada <strong>del</strong> desplazamiento forzadode derechos.Departamentos y municipios sobre los que tuvo conocimiento yparticipación la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Se participó en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es Peque, Tarazá, Turbo, Unguía, Uramita, Vigía <strong>del</strong> Fuerte y Zaragoza.ARAUCA: Se hizo presencia en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es: Hubo participación en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités Presencia en el comité distrit<strong>al</strong> de atención a la población desplazada y enlos comités de cuatro loc<strong>al</strong>idades.BOLÍVAR: Participación en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es deCALDAS: Se incidió en los comités departament<strong>al</strong> y municip<strong>al</strong>es de atención a lapoblación desplazada de Maniz<strong>al</strong>es, Samaná, Riosucio y Supía. Presencia en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es deFlorencia, Cartagena <strong>del</strong> Chairá y San Vicente <strong>del</strong> Caguán.CAUCA: Se participó en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es deEl Tambo, Guapi, López de Micay, Páez, Popayán, Santander de Quilichao, Timbiquí yToribío.CESAR: Incidencia en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es de <strong>Pueblo</strong>Hubo participación en el comité departament<strong>al</strong> y en el comité municip<strong>al</strong>de Montería. Se participó en el comité departament<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> deCundinamarca y se incidió en los CMAIPD de Soacha, Cabrera, Pacho y Sibaté.
534 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Se participó en ell comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es de Riosucio, Tadó y Unguía. Presencia en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es deSan Juan <strong>del</strong> Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva.: Se hizo presencia en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités Se participó en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es deMAGDALENA: Hubo presencia en el comité departament<strong>al</strong> y en el comité municip<strong>al</strong>de Santa Marta. Presencia en los comités departament<strong>al</strong>es de Santander, Participación en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es de ElCastillo, Granada, Puerto Alvira, Puerto Lleras, Puerto Rico y Villavicencio. Se participó el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es deIscuandé, La Llanada, La Tola, Leiva, Magüí Payán, Mosquera, Olaya Herrera, Policarpa,Ricaurte, Roberto Payán, Rosario, Samaniego, Santa Cruz y Tumaco. Se hizo presencia en el comité departament<strong>al</strong> y en loscomités municip<strong>al</strong>es de Convención, Cúcuta, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Herrán, LaPlaya, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, Ragonv<strong>al</strong>ia, San C<strong>al</strong>ixto, Teorama, Tibú,Toledo y Villa <strong>del</strong> Rosario.Se participó en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es deLa Dorada, San Miguel, Mocoa, Orito - La Hormiga, Puerto Asís, Puerto Caicedo, PuertoGuzmán, Puerto Leguízamo, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Guamuéz y Villa Garzón. Presencia en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>esSUCRE: Participación en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es deColosó, Coroz<strong>al</strong>, Ch<strong>al</strong>án, Morróa, Ovejas, San Onofre y Sincelejo.Hubo presencia en el comité departament<strong>al</strong> y en los comités municip<strong>al</strong>es deChaparr<strong>al</strong>, Ibagué y Rioblanco.VALLE DEL CAUCA: Se participó denle el comité departament<strong>al</strong> y en los comitésmunicip<strong>al</strong>es de atención a la población desplazada de los municipios de Ansermanuevo,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>5353.5. Formulación de planes integr<strong>al</strong>es únicos, departament<strong>al</strong>esy municip<strong>al</strong>es, incluyendo la formulación de planes deprevención, planes de contingencia y planes, programas yproyectos de consolidación y estabilización socioeconómicaCon base en los mandatos leg<strong>al</strong>es y jurisprudenci<strong>al</strong>es de la Ley 387 de 1997, la Ley 1190de 2008, los decretos 2569 de 2000 y 250 de 2005 y los autos 052, 092, 093, 116, 237 y 251 de2008 de seguimiento a la sentencia T-025 de 2004 se orientó a los defensores comunitariosy asesores region<strong>al</strong>es de los municipios (177) y departamentos (25) ya mencionados aaproximarse y mantener interlocución con las autoridades loc<strong>al</strong>es correspondientes,conocer el estado de las políticas públicas de atención <strong>al</strong> desplazamiento forzado, impulsarla puesta en funcionamiento de los comités municip<strong>al</strong>es de atención integr<strong>al</strong> a la poblacióndesplazada, de las mesas de prevención y protección y la adopción de planes, programas yproyectos de prevención y contingencia frente a factores generadores de desplazamientoforzado en los municipios foc<strong>al</strong>izados y los planes, programas y proyectos de consolidacióny estabilización socioeconómica de la población desplazada y asentada en las jurisdiccionesrespectivas.4. INCIDENCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA A PARTIRDEL PROGRAMA DE SALUD Y SEGURIDAD SOCIALEste programa tiene como misión promover la defensa y el ejercicio de los derechos aa los servicios que los colombianos requieren para <strong>al</strong>canzar un nivel de vida digno. Parat<strong>al</strong> efecto, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a través de este programa, cumple con las siguientesfunciones básicas:A<strong>del</strong>antar investigaciones de campo, elaborar informes ev<strong>al</strong>uativos, proyectarresoluciones defensori<strong>al</strong>es, asesorar y capacitar a las diferentes dependencias de laDefensoría en temas relacionados con la s<strong>al</strong>ud y seguridad soci<strong>al</strong>, y diseñar y ejecutarproyectos de promoción y divulgación sobre los derechos a la s<strong>al</strong>ud y a la seguridad soci<strong>al</strong>.Acciones gener<strong>al</strong>es <strong>del</strong> programaT<strong>al</strong> como lo ha sostenido la Corte de manera reiterada, el derecho a la s<strong>al</strong>ud adquiere elcarácter de derecho fundament<strong>al</strong> cuando se encuentra en relación de conexidad con otrosderechos que tienen, en sí mismos, ese rango, t<strong>al</strong> como sucede con los derechos a la vida,a la integridad person<strong>al</strong> y a la igu<strong>al</strong>dad.En Colombia, este derecho continúa siendo uno de los más vulnerados, razón por lacu<strong>al</strong> los ciudadanos han optado por las acciones de tutela como único medio de defensa.En este sentido, en los últimos años, más de la tercera parte de estas acciones correspondea la vulneración <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud.Dos conceptos resultan cruci<strong>al</strong>es en la protección <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud mediantela acción de tutela: los conceptos de “vida digna” y “c<strong>al</strong>idad de vida”. En efecto, se
536 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> supervivencia física”, sino también una serie de condiciones que la hacen digna <strong>del</strong> serhumano y fomentan su bienestar.y la c<strong>al</strong>idad de la atención en los servicios de s<strong>al</strong>ud, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> le hahecho seguimiento <strong>al</strong> Sistema Gener<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud a través de distintasinvestigaciones, cuyas conclusiones y recomendaciones han sido presentadas y debatidasen diferentes escenarios.Entre otras, las siguientes: “La Tutela y el derecho a la S<strong>al</strong>ud”, donde se demuestra quela tutela sigue siendo el mecanismo más utilizado por los ciudadanos para reclamar susderechos. “Ev<strong>al</strong>uación de los servicios de s<strong>al</strong>ud que brindan las empresas promotoras deMédica”, que estableció que había recarga labor<strong>al</strong> de <strong>al</strong>gunos profesion<strong>al</strong>es de la s<strong>al</strong>ud yaumento en las restricciones de determinados servicios.Durante el periodo <strong>del</strong> informe, además de las investigaciones mencionadas, sere<strong>al</strong>izaron las siguientes actividades:4.1. Investigaciones e informes en materia de s<strong>al</strong>ud y seguridadsoci<strong>al</strong> desarrolladas por el programaa. La s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> en Colombia 59Propósito de la investigaciónde las actividades enmarcadas dentro <strong>del</strong> concepto de servicio público, conforme a los<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> considera necesario revisar los contenidos que el POS ofrece a los pacientesde los usuarios.Conclusiones <strong>del</strong> estudioLos pacientes con trastornos psiquiátricos se encuentran en un estado de <strong>al</strong>tavulnerabilidad por exclusión, estigmatización y discriminación. Esta situación se haceevidente en lo relacionado con las opciones de tratamiento a las que tienen derecho deacuerdo con el POS.Es necesario que el sistema Gener<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud (SGSSS) preste unamayor atención a este tipo de pacientes, que se encuentran en condiciones inferiores aotros a los cu<strong>al</strong>es el Estado les ha brindado una mayor protección.59 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. La S<strong>al</strong>ud Ment<strong>al</strong> en Colombia. Parte I. Ed. 2008. Esta investigación puede ser consultada en la páginawww.defensoria.org.co.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>537Los pacientes con trastornos siquiátricos tienen derecho a acceder a las mismasintervenciones terapéuticas complejas con las que actu<strong>al</strong>mente cuentan otras enfermedades.Los usuarios con problemas de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> <strong>del</strong> régimen subsidiado únicamente tienenderecho <strong>al</strong> servicio de urgencias y se los excluye <strong>del</strong> resto de servicios que contiene elrégimen contributivo, lo cu<strong>al</strong> genera una evidente inequidad.El estigma soci<strong>al</strong> acerca de las enfermedades ment<strong>al</strong>es hace que los usuarios y suentorno no acepten dicho estado, aplacen el diagnóstico y agraven su condición.La dependencia de sustancias sicoactivas no es reconocida como enfermedad ment<strong>al</strong>,motivo por el cu<strong>al</strong> el tipo de pacientes que la sufre no obtiene el tratamiento que requierepara su rehabilitación y ello, en muchos casos, genera situaciones de subregistro.costo-efectividad y c<strong>al</strong>idad de vida, para un manejo adecuado de los pacientes tanto en elrégimen contributivo como en el subsidiado esta propuesta es la primera de una serie queserá v<strong>al</strong>orada en conjunto con todos los actores que intervienen en el sistema.b. Recomendaciones de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con ocasión de este estudioInstar <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> para que, conforme <strong>al</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud Pública, seimplemente y aplique de manera efectiva la política en el campo de la s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong>.Instar <strong>al</strong> Gobierno nacion<strong>al</strong> para que, en la política de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong>, adopte estrategiasque eviten incurrir en conductas que estigmaticen y discriminen a los pacientes contrastornos siquiátricos.Recomendar <strong>al</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud o a la Comisión deRegulación en S<strong>al</strong>ud, en su momento, que ajusten prioritariamente el contenido <strong>del</strong> planPOS contributivo, no solo para dar cumplimiento a la Sentencia T-760 de 2008 de la CorteConstitucion<strong>al</strong>, sino en virtud de las condiciones excepcion<strong>al</strong>es de desprotección que a lolargo <strong>del</strong> tiempo ha sufrido este grupo poblacion<strong>al</strong>, en tanto que, según cálculos re<strong>al</strong>izadospor el equipo técnico <strong>del</strong> Programa se S<strong>al</strong>ud de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, esta inclusión esde solidaridad que administra el régimen subsidiado.Instar a la Superintendencia Nacion<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud para que vigile y sancione loscasos de vulneración por dilaciones o negaciones en la atención de pacientes conenfermedades ment<strong>al</strong>es.Solicitar <strong>al</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud o a la Comisión deRegulación en S<strong>al</strong>ud, en su momento, que reconozcan las enfermedades de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong>como patologías crónicas.Instar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> para que se elaboren y adopten las guías demanejo de la enfermedad ment<strong>al</strong> y el mo<strong>del</strong>o de atención para los pacientes aquejados de ella.Solicitar <strong>al</strong> Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong> el reconocimiento de la dependenciade sustancias sicoactivas como una enfermedad siquiátrica, con el objeto de brindar eltratamiento que requiera el paciente y propender a su rehabilitación.
538 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>4.2. Investigación y ev<strong>al</strong>uación de los servicios de s<strong>al</strong>ud quebrindan las Empresas Promotoras de S<strong>al</strong>udPropósito de la investigacióny <strong>del</strong> régimen subsidiado, mediante un indicador que apunte a incentivar la c<strong>al</strong>idad de losservicios que brindan las entidades aseguradoras. Esta medición se re<strong>al</strong>iza en cumplimiento<strong>del</strong> designio previsto en la Ley <strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de Desarrollo que propone la creación deun sistema de habilitación y acreditación de las empresas <strong>del</strong> sector s<strong>al</strong>ud.Las variables que conforman el indicador corresponden a los elementos <strong>del</strong> derechoa la s<strong>al</strong>ud establecidos por el Comité de los Derechos Económicos Soci<strong>al</strong>es y Cultur<strong>al</strong>es yse desarrollan en la Observación 14 <strong>del</strong> año 2000: la disponibilidad en relación con la libreescogencia en nuestro desarrollo interno; la accesibilidad de servicios, información, física ode los usuarios.El desarrollo de la investigación se basó en encuestas de satisfacción de usuarios de EPSy ARS. La re<strong>al</strong>ización y supervisión de dichas encuestas estuvo a cargo <strong>del</strong> Programa deS<strong>al</strong>ud de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. El trabajo de campo contó con el apoyo y coordinación Córdoba, Meta y los defensores seccion<strong>al</strong>es de Cesar y Sucre. Además, con el concursode funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, judicantes y estudiantes de últimos semestresde <strong>al</strong>gunas universidades, a quienes se les capacitó previamente en aspectos relevantes <strong>del</strong>Sistema Gener<strong>al</strong> de Seguridad Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud.La recolección de información se re<strong>al</strong>izó en el segundo semestre <strong>del</strong> año 2008 medianteentrevista directa a usuarios <strong>del</strong> sistema de s<strong>al</strong>ud, en los centros de autorizaciones de lasentidades aseguradoras.Una vez depurada la información y re<strong>al</strong>izado el análisis estadístico, la Defensoría <strong>del</strong>4.3. Seguimiento a la liquidación de la EPS <strong>del</strong> Seguro Soci<strong>al</strong>La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> re<strong>al</strong>izó un seguimiento <strong>al</strong> proceso de liquidación <strong>del</strong> Segurocontinuidad en la prestación <strong>del</strong> servicio <strong>al</strong> ser trasladados a prevención a Nueva EPS.En el desarrollo <strong>del</strong> mismo, esta entidad a<strong>del</strong>antó reuniones y gestiones con las<strong>al</strong> Seguro Soci<strong>al</strong> en S<strong>al</strong>ud fuera lo menos traumático posible, siempre con respeto a losderechos que los pacientes tienen. El tema de la continuidad en la aplicación de las tutelasexpresó a la nueva empresa aseguradora.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>539Igu<strong>al</strong>mente, cuando se efectúo el traslado a prevención a Nueva EPS, la Defensoría anivel centr<strong>al</strong> y a través de sus region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es vigiló el respeto <strong>al</strong> derecho a la libreescogencia que tienen los asegurados.5. INCIDENCIA EN LA POLÍTICA PÚBLICA DESDE LA ATENCIÓNY EL TRÁMITE DE QUEJAS5.1. Incidencia en la política pública de lucha contra la impunidadpor graves violaciones a los derechos humanos e infracciones<strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitarioDel 2004 <strong>al</strong> 2005 la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en representación de la Entidad, participó en el diseño de unapolítica pública interinstitucion<strong>al</strong> en la lucha contra las graves violaciones a los derechoshumanos e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, la cu<strong>al</strong> fue acogida por eldocumento Conpes 3411 de 2006, mediante el cu<strong>al</strong> se acordó fort<strong>al</strong>ecer varias institucionespara su labor en la lucha contra la impunidad. En la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> se acordó,entre otras, fort<strong>al</strong>ecer la labor de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas,mediante la ejecución <strong>del</strong> proyecto “Implementación de los Procedimientos, AtenciónLeg<strong>al</strong> y Orientación Psicosoci<strong>al</strong> para las Víctimas de Violaciones a los Derechos Humanos(DH) e Infracciones <strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario (DIH), en condiciones deincapacidad Económica o Soci<strong>al</strong>”. Para su desarrollo se re<strong>al</strong>izaron durante el año 2008 lassiguientes actividades.5.1.1. Capacitación para la atención y trámite de c<strong>al</strong>idad de las quejaspor graves violaciones a los derechos humanos e infracciones <strong>al</strong>derecho internacion<strong>al</strong> humanitarioCon el objeto de brindar insumos de c<strong>al</strong>idad, es decir, quejas con una adecuada disciplinaria, en el marco de la ejecución de la Política Pública de Lucha Contra la Impunidadpor Graves Violaciones a los Derechos Humanos y <strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitarioen el país, la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, dio continuidad a suactividad de capacitación durante el año 2008 a los funcionarios que atienden y tramitanquejas por estas conductas, en especi<strong>al</strong> sobre ejecuciones extr<strong>al</strong>eg<strong>al</strong>es y arbitrarias queatañen <strong>al</strong> derecho a la vida. Del universo de funcionarios por capacitar en el 2008, 109es decir, 65 funcionarios.El proceso de capacitación, como elemento de fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> en l<strong>al</strong>ucha contra impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos e infracciones <strong>al</strong>derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, contribuye a la investigación, juzgamiento y sanciónde estas conductas por parte <strong>del</strong> Estado, y se desarrollará durante varios años; en esteorden de ideas la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas avanzará en lacapacitación sobre el debido trámite de queja por otros derechos objeto de la política,como son el derecho a la libertad y la integridad person<strong>al</strong>.
540 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>5.1.2. Incidencia en la implementación de la política pública de luchacontra la impunidad por graves violaciones a los derechoshumanos e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario,ejecutada por el Gobierno nacion<strong>al</strong>Durante el año 2008, la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas impulsó 60 que se a<strong>del</strong>antó para establecer la presuntaresponsabilidad en las ejecuciones extrajudici<strong>al</strong>es de 23 jóvenes en la región <strong>del</strong> Catatumbo,<strong>al</strong>gunos de ellos procedentes de Soacha, Cundinamarca, y que fueron presentados pormiembros <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> como miembros de grupos armados ileg<strong>al</strong>es caídos encombate. En este sentido, el 10 de octubre de 2008, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hizo entrega<strong>al</strong> Programa Presidenci<strong>al</strong> de Derechos Humanos y Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario,quejas por esta conducta, que señ<strong>al</strong>aban como presuntos responsables a miembros <strong>del</strong>Ejército Nacion<strong>al</strong> 61 .Las estadísticas sobre ejecuciones extrajudici<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, poraños, departamentos y presuntos responsables, entregada a la comisión gubernament<strong>al</strong> de servicios.El 8 de octubre de 2008 se conoció públicamente, a través de medios masivos de Nacion<strong>al</strong>: tres gener<strong>al</strong>es, cuatro coroneles, siete tenientes coroneles, cuatro mayores, un<strong>del</strong> Ejército nacion<strong>al</strong>. Los militares destituidos, que serán investigados por la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong>de la Nación, prestaban sus servicios en dependencias que coinciden con las estadísticasde quejas recibidas y tramitadas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> por presuntas ejecucionesextrajudici<strong>al</strong>es, atribuidas por los peticionarios a miembros <strong>del</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> 61 . Derechos Humanos y Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario, para que fueran tenidos en cuenta por la Comisión gubernament<strong>al</strong>Soacha en la región <strong>del</strong> Catatumbo.61 División VII, con jurisdicción en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó; División II, con sede en la ciudad
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>541De la misma manera y para los mismos efectos, la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención yTrámite de Quejas solicitó a los miembros de la referida comisión 62 , tener en cuenta en sulabor lo siguiente: registran en los hechos que nos ocupan. Recordando, que si bien estas medidas son de medio y node resultado, no crearlas e implementarlas, sí podría acarrear <strong>al</strong> Estado consecuencia atinentes <strong>al</strong>competencia internacion<strong>al</strong> para conocer de crímenes de lesa humanidad y de guerra 63 , tipologíasque <strong>al</strong> parecer acompañan los hechos que nos ocupan, está presta a garantizar el libre y plenoanteriores hechos no queden en la impunidad, se restablezcan plenamente los derechos de las 64 , constituida por el Estado, asuma con carácterExtr<strong>al</strong>eg<strong>al</strong>es, Arbitrarias y Sumarias” 65 , diseñado por las Naciones Unidas. Asumir, queHumanos, conocido como el de las P<strong>al</strong>meras 66 , no sorprendan más <strong>al</strong> Estado colombiano porresponsables. 63 Corte Pen<strong>al</strong> Internacion<strong>al</strong> y Sistema Interamericano de Derechos Humanos. por el Consejo Económico y Soci<strong>al</strong> en su resolución 1989/65, de 24 de mayo de 1989. 66
542 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>5.1.3. La Defensoría necesita garantías para contribuir a la ejecución <strong>del</strong>a política de lucha contra la impunidad por graves violaciones <strong>al</strong>os Derechos Humanos y Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario.La Dirección de Atención y Trámite de Quejas 67 insiste que es garantía fundament<strong>al</strong>para que los funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, que atienden y tramitan quejas, enespeci<strong>al</strong> las referidas a graves violaciones a los DH y DIH, cuenten con un programa deprotección para sus vidas e integridad person<strong>al</strong>, en el evento de ser amenazados en razónde su función. Consecuente con la anterior, la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámitede Quejas ha reportado periódicamente <strong>al</strong> Programa de Lucha Contra la Impunidad <strong>del</strong>a Vicepresidencia de la República los indicadores que enseñan la situación actu<strong>al</strong> de losfuncionarios amenazados y el estado <strong>del</strong> trámite en busca de su protección.La Defensoría solicita inclusión en el programa de protección para susfuncionariosLa Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas se propone producir unmanu<strong>al</strong> de autoprotección para funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en especi<strong>al</strong> paraquienes atienden y tramitan quejas y que el Gobierno Nacion<strong>al</strong> desarrolle el programa deprotección para funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con fundamento en las amenazascontra su vida e integridad person<strong>al</strong> que se han registrado. La Sentencia Nº 524 de 2005de la Corte Constitucion<strong>al</strong>, en materia de protección de defensores de derechos humanos,ha manifestado:que desempeñan o una multiplicidad de circunstancias, entre otras, las arriba an<strong>al</strong>izadas, seencuentran expuestas a riesgos excepcion<strong>al</strong>es que no están obligadas a soportar. En estos casos,las autoridades, a pesar de contar con un grado más o menos amplio de discrecion<strong>al</strong>idad paray directamente aplicable, deberán hacer cuanto esté a su <strong>al</strong>cance, con especi<strong>al</strong> diligencia, paraTambién considera la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, que esexigible esta protección a partir de lo establecido por la Ley 798 de 2002, artículo 28, enel que no distingue, entre otros, entre activistas de derechos humanos de organizacionesgubernament<strong>al</strong>es o no gubernament<strong>al</strong>es. “El Gobierno Nacion<strong>al</strong> pondrá en funcionamientoun programa de integridad, seguridad o libertad, por causas relacionadas con la violencia política o ideológica,Dirigentes o activistas de las organizaciones de derechos humanos y los miembros de laMisión Médica” 68 (Subrayado fuera <strong>del</strong> texto), además de lo dicho por la Relatora Especi<strong>al</strong>para la situación de los Defensores de Derechos Humanos, quien ha manifestado que:“Se usa la expresión ‘defensor de los derechos humanos’ para describir a la persona que, Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia.68 La ley 798 de 2002, artículo 28.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>543individu<strong>al</strong>mente o junto con otras, se esfuerza en promover o proteger esos derechos. Seles conoce sobre todo por lo que hacen, y la mejor forma de explicar lo que son consiste endescribir sus actividades…” 69 . Así como lo dicho en la Declaración sobre los defensoresde los derechos humanos, aprobada por la Asamblea Gener<strong>al</strong> de las Naciones Unidas, enla Resolución A/RES 53/144 de las Naciones Unidas, que si bien no es un instrumentovinculante en forma directa, desde el punto de vista jurídico, sí contiene una serie deprincipios y derechos que se basan en las normas de derechos humanos consagradas enotros instrumentos internacion<strong>al</strong>es como son el Pacto Internacion<strong>al</strong> de Derechos Civilesy Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, suscritos por el Estadocolombiano.5.1.4. Participación activa en la concertación conceptu<strong>al</strong>interinstitucion<strong>al</strong>, de los derechos y conductas objeto de lapolítica pública de lucha contra la impunidad en Colombia 70En el año 2008, en representación de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, la Dirección Nacion<strong>al</strong> deAtención y Trámite de Quejas participó en los t<strong>al</strong>leres organizados por la Vicepresidenciade la República (Programa Presidenci<strong>al</strong> para los Derechos Humanos) para la concertaciónconceptu<strong>al</strong> de los derechos y conductas que se deben tener en cuenta en la lucha contr<strong>al</strong>a impunidad por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones <strong>al</strong> derechointernacion<strong>al</strong> humanitario en Colombia.En este espació interinstitucion<strong>al</strong>, entre otros aspectos, insistió en que el conceptomás adecuado para nuestro país, donde no existe la pena de muerte, es el de ejecucionesextr<strong>al</strong>eg<strong>al</strong>es, arbitrarias o sumarias y que el concepto de homicidios por fuera de combate extr<strong>al</strong>eg<strong>al</strong>es-arbitrarias son conductas que violan el derecho a la vida, que se ubican en elámbito de los derechos humanos, y que podrían ser perpetradas por funcionarios públicoso particulares que actúan bajo la aquiescencia o tolerancia de estos, gener<strong>al</strong>mente cometidasIgu<strong>al</strong>mente, se señ<strong>al</strong>ó la importancia de crear un espacio para los homicidios de derecho internacion<strong>al</strong> humanitario. En cuanto a la desaparición forzada, la Defensoríaser desaparecido de manera forzada y la conducta es la desaparición forzada. También se de los defensores de derechos humanos. www2.ohchr.org/spanish/issues/defenders/who.htm.70 Vicepresidencia de la República. Programa Presidenci<strong>al</strong> para los Derechos Humanos y NETCO. Network Solutions.Internacion<strong>al</strong> Humanitario. Interoperabilidad entre sistemas de información estat<strong>al</strong>es sobre violaciones de derechos humanos
544 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> solicitó tener en cuenta la jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> yrecomendaciones de la Alta Comisionada para las Naciones Unidas, el principio <strong>del</strong> juezla justicia pen<strong>al</strong> militar, y garantías de imparci<strong>al</strong>idad.5.1.5. Diseño de indicadores para el Observatorio de Graves Violacionesa los Derechos Humanos y el Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario,de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En el marco de la creación y desarrollo de la Web para la atención y trámitede peticiones, <strong>del</strong> área de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, sediseñaron los indicadores para hacer seguimiento a la labor de atención de las 37 unidadesoperativas en el país 71 , orientada por la Dirección, que permitirán operar el observatorio.Estos indicadores, en resumen, tienen lo siguientes objeto de medición:El número de quejas por violaciones <strong>al</strong> derecho a la vida por presuntas ejecucionesarbitrarias, conocidos por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.El número de casos contra Colombia sobre ejecuciones arbitrarias, que son deconocimiento de los organismos internacion<strong>al</strong>es de derechos humanos. Es decir,casos técnicamente admitidos por estos organismos.Homicidios de personas bajo custodia <strong>del</strong> Estado, mientras estaban privadas de l<strong>al</strong>ibertad.Homicidios múltiples en personas protegidas o en masacres.Violaciones <strong>al</strong> derecho a la integridad.Violaciones <strong>al</strong> derecho a la libertad.Violaciones <strong>al</strong> derecho a no ser desaparecido de manera forzada.5.1.6. Participación en el Grupo Ampliado de Trabajo de la ComisiónIntersectori<strong>al</strong> de Derechos Humanos.La Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas participó, en representaciónde la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en las discusiones inici<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Grupo de Trabajo Ampliadoadscrito a la Comisión Intersectori<strong>al</strong> de Derechos Humanos, relativas <strong>al</strong> Seguimiento <strong>del</strong>a Ejecución de la Política Pública de Lucha Contra la Impunidad por Graves Violacionesa los Derechos Humanos (DH) y <strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario (DIH). En esteespacio recomendó, entre otras cosas, involucrar en el seguimiento de la política los casosque fueran de conocimiento de los organismos internacion<strong>al</strong>es de derechos humanos y noenfocar toda la política en la implementación y seguimiento de asuntos de tipo coyuntur<strong>al</strong>,como podría ser el recurso instaurado por el Estado para la reparación integr<strong>al</strong> por gravesviolaciones a los DH y DIH, contemplado en la Ley de Justicia y Paz.71 Las Unidades Operativas son 35 Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es, el Centro de Atención Ciudadana y la Dirección Nacion<strong>al</strong> deAtención y Trámite de Quejas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>5455.1.7. Incidencia para que el Plan de Acción de Derechos Humanos yDerecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario de Colombia se construya enla lógica de la política públicaCon la coordinación intrainstitucion<strong>al</strong> de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atencióny Trámite de Quejas, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la Vicepresidencia de la República(Programa Presidenci<strong>al</strong> para los Derechos Humanos), los días 5 y 6 de febrero de2008, re<strong>al</strong>izó un t<strong>al</strong>ler con Defensores Region<strong>al</strong>es y funcionarios de proyectos defort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>, dirigido <strong>al</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> para la elaboracióny concertación <strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de Acción en Derechos Humanos y DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario, el cu<strong>al</strong> contó con la presencia <strong>del</strong> señor Vicepresidente de laRepública, y <strong>del</strong> señor Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, quien reiteró el compromiso institucion<strong>al</strong> enla elaboración y puesta en marcha <strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de Acción en Derechos Humanosy Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario (PNA).En este t<strong>al</strong>ler, se informó a los asistentes acerca <strong>del</strong> propósito <strong>del</strong> plan, su avance yla programación de los t<strong>al</strong>leres region<strong>al</strong>es de concertación, así como acerca de los ejestemáticos y diagnostico de la situación de DH y DIH <strong>del</strong> país. Plan de Acción que seráconcertado con las organizaciones soci<strong>al</strong>es y defensores de derechos humanos de lasregiones y <strong>del</strong> país en gener<strong>al</strong>, durante el año 2009.La Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, puso en conocimiento de losfuncionarios region<strong>al</strong>es de la Defensoría, la incidencia de la institución en la formulación<strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario(PNA), que en su contenido obedece más a la construcción de una política pública en DHy DIH que a un plan de acción en la materia. Res<strong>al</strong>tó que para la construcción <strong>del</strong> mismo seacogió la metodología sobre política pública de la CEPAL, la cu<strong>al</strong> involucra la concertacióncon sectores soci<strong>al</strong>es. Insistió en el impacto en términos de cultura de derechos humanos,que a la postre generará una tendencia a la disminución de la atención de peticiones, antetodo quejas, cuando se implemente y se haga monitoreo y seguimiento efectivo <strong>al</strong> PNA.Con esta actividad, la Defensoría comprometió a los funcionarios convocadosa apostarle a la construcción de un plan de acción en lógica de política pública conparticipación activa de las organizaciones soci<strong>al</strong>es y de derechos humanos de las regiones, presentar en la elaboración y puesta en marcha <strong>del</strong> PNA.5.1.8. Incidencia en la construcción de una Política Pública de AtenciónIntegr<strong>al</strong> a las Víctimas de Minas Antiperson<strong>al</strong> (MAP), MunicionesAbandonadas sin Explotar (MUSE) y Artefactos ExplosivosImprovisados (AEI)En la segunda reunión de la Comisión Intersectori<strong>al</strong> de Derechos Humanos y última <strong>del</strong>año, en la que se hicieron observaciones y se aprobó el documento de Política Pública para laAtención Integr<strong>al</strong> a las Víctimas de Minas Antiperson<strong>al</strong> (MAP), Municiones Abandonadassin Explotar (MUSE) y Artefactos Explosivos Improvisados (AEI), la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, representada por la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejas, además
546 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de hacer visible la importancia de la participación activa de la Entidad, a través de susdiferentes dependencias, en los distintos escenarios de la política, es decir, preventivo y deprotección, insistió en los siguientes aspectos que fueron acogidos por el documento depolítica que aprobó la Comisión Intersectori<strong>al</strong> de Atención Integr<strong>al</strong> a Víctimas de MinasAntipersona, y muy seguramente tendrá en cuenta el respectivo documento CONPES.1. Ser consecuentes con la actitud garantista <strong>del</strong> Estado colombiano, respecto <strong>del</strong>as víctimas de minas antipersona y municiones abandonadas sin explotar, comoarmado interno. Respecto de las demás personas que padecen discapacidad,reintegrarse productivamente a la sociedad.2. de estas víctimas, que incentiven la actividad complementaria de la cooperacióninternacion<strong>al</strong> con las víctimas de minas antipersona y municiones abandonas sinexplotar.3. Propender la efectiva asistencia a las víctimas en cuanto a rehabilitación yreintegración a la vida productiva y soci<strong>al</strong>, sin desconocer el papel importante de laeducación sobre el riesgo.Es de recordar que la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención yTrámite de Quejas, en su Decimocuarto <strong>Informe</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong>, correspondiente a la gestión<strong>del</strong> año 2006, aseveró que: “En Colombia se debe pasar <strong>del</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento de la políticagubernament<strong>al</strong> sobre acción integr<strong>al</strong> para la lucha contra las minas antipersona (MAP) y lasmuniciones abandonadas sin explotar (muse) a una política pública estat<strong>al</strong>”. 725.1.9. Incidencia en la construcción de una política pública para laDesmovilización, Desarme, Reincorporación y Reintegración a laVida Civil de Actores Armados (DDR)La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atención y Trámite de Quejasreconoce como positiva la expedición <strong>del</strong> Conpes 3554, <strong>del</strong> 2 de diciembre de 2008 sobrePolítica nacion<strong>al</strong> de reintegración soci<strong>al</strong> y económica para personas y grupos armadosileg<strong>al</strong>es. Sin embargo, considera que la reintegración a la vida civil debe ser tanto paraactores armados ileg<strong>al</strong>es como para miembros de la Fuerza Pública cuando se desvinculande la entidad, y que el tema de que se ocupa el Conpes 3554, es solo una etapa de la políticade desmovilización, desarme, reintegración y reincorporación a la vida civil, que debediseñarse e implementarse en Colombia, donde los armados ileg<strong>al</strong>es superan los 40.000,y la fuerza pública se ha fort<strong>al</strong>ecido en pie de fuerza para contrarrestar la acción de losanteriores.La Defensoría, en ejecución <strong>del</strong> Convenio con la Organización Internacion<strong>al</strong> para lasMigraciones (OIM), en especi<strong>al</strong> el Proyecto para el seguimiento <strong>al</strong> cumplimiento de los(SERCAI), desde el año 2007 hace seguimiento <strong>al</strong> proceso de desmovilización, desarme,72 Decimocuarto <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de la República. Páginas 232 y 233.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>547reintegración y reinserción a la vida civil de miembros de las Autodefensa en procesode paz con el Gobierno Nacion<strong>al</strong>, y para el año 2009 continuará recogiendo elementospara recomendar <strong>al</strong> Estado la construcción de una Política Pública en DDR para actoresarmado en gener<strong>al</strong>, esto es, actores ileg<strong>al</strong>es y de la fuerza pública.6. EL MACROPROCESO DE INVESTIGACIÓN PARA LA ACCIÓN DELA DEFENSORÍA DEL PUEBLOTiene como misión generar conocimiento experto que permita incrementar el nivelde incidencia de las políticas públicas en la re<strong>al</strong>ización de los derechos humanos en elterritorio. El macroproceso cuenta con un instructivo gener<strong>al</strong> de investigación 73 con elcu<strong>al</strong> se orientan las investigaciones que a<strong>del</strong>antan las diversas dependencias de la entidaden cuanto a su pertinencia, planeación y ejecución.Uno de los fundamentos para la consecución de los objetivos asociados a la planeaciónestratégica de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> es la investigación. Con ella se procura contribuira la promoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos y <strong>del</strong> derechointernacion<strong>al</strong> humanitario. implementación de las líneas de visión de la entidad. Para el logro de este propósito, esnecesario que la investigación utilice un lenguaje con perspectiva incluyente, teniendo encuenta el contexto soci<strong>al</strong>, económico, político, ambient<strong>al</strong>, cultur<strong>al</strong> e institucion<strong>al</strong> de loshabitantes <strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong> y buscando generar <strong>al</strong>ianzas y apoyos estratégicos contodos los entes territori<strong>al</strong>es, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil. Conlo anterior se busca potenciar la prevención de la amenaza o vulneración de los derechoshumanos, preservando la autonomía, la independencia y la imparci<strong>al</strong>idad de la entidad.Es así como, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de la labor de investigación académicaev<strong>al</strong>úa de manera estructurada y rigurosa la forma como las instituciones estat<strong>al</strong>es actúan einciden en el grado de re<strong>al</strong>ización efectiva de los derechos humanos.A través de la investigación, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> formula recomendaciones yobservaciones en los escenarios nacion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es con el ánimo de impulsar ypromover la re<strong>al</strong>ización y efectividad de los derechos humanos y la aplicación <strong>del</strong> derechointernacion<strong>al</strong> humanitario.Con los resultados de las investigaciones se pretende generar conocimiento expertopara la acción defensori<strong>al</strong> e incidir en la formulación, desarrollo y ejecución de las políticaspúblicas y en la concientización, ejercicio y defensa de los derechos humanos de laspersonas y grupos soci<strong>al</strong>es.73 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Instructivo gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> macro proceso de investigación para la acción. Diciembre de 2004.
548 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><strong>Informe</strong>s de trabajos de investigaciónDurante el año 2008, las dependencias <strong>del</strong> nivel centr<strong>al</strong>, las defensorías region<strong>al</strong>es y lasdefensorías seccion<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> desarrollaron múltiples investigacioneslas cu<strong>al</strong>es fueron soci<strong>al</strong>izadas con las comunidades, las autoridades y otras entidades, yfueron presentadas en forma de publicaciones, informes o resoluciones defensori<strong>al</strong>es.A continuación se relacionan las investigaciones a<strong>del</strong>antadas por las diferentesdependencias de la entidad. Es de anotar que sus desarrollos se encuentran consignadosen cada uno de los acápites <strong>del</strong> presente informe, según la dependencia que lo elaboró.También pueden ser consultadas en el centro de documentación de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> o a través <strong>del</strong> consolidado <strong>del</strong> macroproceso de capacitación de la Delegada dePolíticas Públicas.Consolidado de las Investigaciones 2008.Tema de investigaciónProblemas ambient<strong>al</strong>es en Taganga (Magd<strong>al</strong>ena).Problemas ambient<strong>al</strong>es y soci<strong>al</strong>es en la CiénagaGrande de Santa Marta.Problemas ambient<strong>al</strong>es y soci<strong>al</strong>es en el Parque Natur<strong>al</strong>Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Tayrona.Megaproyectos Andén Pacífico.Can<strong>al</strong> Naranjo.Manejo <strong>del</strong> carbón en las minas, el transporte y lospuertos.Seguimiento a Resolución Amazonas.Prevención y atención de desastres.Seguimiento a Resolución MegaProyectos Urabá.Seguimiento a Resolución Defensori<strong>al</strong> de Guajira.Seguimiento a Resolución Defensori<strong>al</strong> Catatumbo.Seguimiento a Resolución Defensori<strong>al</strong> de P<strong>al</strong>ma.Primera ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública de S<strong>al</strong>ud a laLuz <strong>del</strong> Derecho a la S<strong>al</strong>ud.Primera ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública Educativa a laLuz <strong>del</strong> Derecho a la Educación.Primera ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública de Vivienda <strong>al</strong>a Luz <strong>del</strong> Derecho a una Vivienda Digna y Adecuada.DependenciaDefensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos y<strong>del</strong> Ambiente.Defensoría Delegada para la Dirección <strong>del</strong>Seguimiento, Ev<strong>al</strong>uación y Monitoreo de PolíticasPúblicas en la perspectiva de Derechos Humanos.Defensoría Delegada para la Dirección <strong>del</strong>Seguimiento, Ev<strong>al</strong>uación y Monitoreo de PolíticasPúblicas en la perspectiva de Derechos Humanos.Defensoría Delegada para la Dirección <strong>del</strong>Seguimiento, Ev<strong>al</strong>uación y Monitoreo de PolíticasPúblicas en la perspectiva de Derechos Humanos.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>549Primera ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública Alimentaria <strong>al</strong>a Luz <strong>del</strong> Derecho a la Alimentación.Primera ev<strong>al</strong>uación de la Política Pública de Trabajo <strong>al</strong>a Luz <strong>del</strong> Derecho Individu<strong>al</strong> <strong>al</strong> Trabajo.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.<strong>Informe</strong> Defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechoshumanos y DIH de los pueblos indígenas Nukak yGuayabero <strong>del</strong> departamento de Guaviare.<strong>Informe</strong> defensori<strong>al</strong> sobre la situación de derechoshumanos y DIH de los pueblos indígenas <strong>del</strong>departamento de Vaupés.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.La situación actu<strong>al</strong> <strong>del</strong> agua potable en los barriosCanta Claro, la Esperanza, Manuel Jiménez y Villa Cielode la ciudad de Montería.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Seguimiento a las condiciones de reclusión de lasmujeres privadas de la libertad.Investigación para establecer el m<strong>al</strong>trato infantil en<strong>al</strong>gunos municipios <strong>del</strong> departamento de Huila..Monitoreo y seguimiento sobre el impacto de laconstrucción de la hidroeléctrica El Quimbo.Efectividad en la continuidad <strong>del</strong> servicio público deeducación por parte <strong>del</strong> Estado.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Factores de vulnerabilidad y riesgo de la población civilen la zona cordillerana <strong>del</strong> departamento de Quindío.La <strong>al</strong>erta temprana para los municipios <strong>del</strong> áreametropolitana y Santa Rosa de Cab<strong>al</strong>.Seguimiento a los planes de desarrollo enproblemáticas neurálgicas en el departamento.Situación <strong>del</strong> derecho a la vivienda de la población ensituación de desplazamiento forzado que ha accedidoa los tres (3) subsidios de vivienda.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Vulneración a las órdenes de medidas deinternamiento preventivo y/o privativas de la libertad amenores infractores de la ley pen<strong>al</strong>.Defensoría Delegada para la Dirección <strong>del</strong>Seguimiento, Ev<strong>al</strong>uación y Monitoreo de PolíticasPúblicas en la perspectiva de Derechos Humanos.Defensoría Delegada para la Dirección <strong>del</strong>Seguimiento, Ev<strong>al</strong>uación y Monitoreo de PolíticasPúblicas en la perspectiva de Derechos Humanos.Defensoría Delegada para la Dirección <strong>del</strong>Seguimiento, Ev<strong>al</strong>uación y Monitoreo de PolíticasPúblicas en la perspectiva de Derechos Humanos.Defensoría Delegada para Indígenas y MinoríasÉtnicas.Defensoría Delegada para Indígenas y MinoríasÉtnicas.Seccion<strong>al</strong> Arauca.Region<strong>al</strong> Atlántico.Region<strong>al</strong> Bogotá.Region<strong>al</strong> Boyacá.Seccion<strong>al</strong> Cesar.Region<strong>al</strong> Chocó.Region<strong>al</strong> Córdoba.Region<strong>al</strong> Córdoba.Seccion<strong>al</strong> Guajira.Region<strong>al</strong> Huila.Region<strong>al</strong> Huila.Region<strong>al</strong> Huila.Region<strong>al</strong> Huila.Region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio.Region<strong>al</strong> Meta.Region<strong>al</strong> Nariño.Region<strong>al</strong> Quindío.Region<strong>al</strong> Risar<strong>al</strong>da.Region<strong>al</strong> Santander.Region<strong>al</strong> Santander.Seccion<strong>al</strong> Sucre.Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le.
550 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><strong>Informe</strong> de acciones re<strong>al</strong>izadas frente <strong>al</strong> Sistema deTransporteMasivo “MIO”.Crímenes cometidos contra las trabajadoras sexu<strong>al</strong>esy los transexu<strong>al</strong>es en la ciudad de C<strong>al</strong>i durante elperíodo comprendido entre 2006 y 2008.Situación de los corteros de caña afectadoslabor<strong>al</strong>mente en el sector azucarero <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong>Cauca.Afectación de la población de los municipios deCan<strong>del</strong>aria, Florida y Pradera por carencia de plan desaneamiento básico y agua potable.Seguimiento <strong>al</strong> derecho a la educación.Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le.Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le.Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le.Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le.Seccion<strong>al</strong> Vichada.Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. 2008
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>551E. EL ACCESO A LA JUSTICIAY LA DEFENSA PÚBLICAEstá dirigida a garantizar que la acción defensori<strong>al</strong> promueva el acceso a la justicia de todos loshabitantes <strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong> y de los colombianos en el exterior.Atiende y presta el servicio de Defensoría Pública de acuerdo con las normas leg<strong>al</strong>es que se ocupan de lamateria 74 .74Resolución Defensori<strong>al</strong> N o 306 de 2005. Plan Estratégico de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> 2005 - 2010.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>553E.1. GESTIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO EN MATERIA DERECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES DURANTE EL AÑO 20081.1. Atención de peticiones en litigio defensori<strong>al</strong>La Dirección Nacion<strong>al</strong> de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> tiene entre sus funciones coordinar la interposición de las acciones judici<strong>al</strong>es queexpresamente la Constitución y la Ley le han asignado <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Entre ellasdestacamos la acción de tutela, la acción de cumplimiento, la garantía de hábeas corpus,el mecanismo de búsqueda urgente de personas, las acciones populares y de grupo y lasacciones públicas de inconstitucion<strong>al</strong>idad y nulidad.Mediante las anteriores competencias, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ejercita los mecanismosde protección con el objeto de amparar los derechos humanos, amenazados o vulneradosen cada caso concreto así como también brindar la correspondiente asesoría para que laspersonas interesadas interpongan directamente los citados mecanismos, de acuerdo con susituación y de conformidad con las normas jurídicas.Las peticiones en materia de mecanismos de protección se atienden y tramitan en laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través <strong>del</strong> denominado “litigio defensori<strong>al</strong>”. Para esta entidad,el litigio defensori<strong>al</strong> es el ejercicio de los mecanismos e instrumentos constitucion<strong>al</strong>es yque amenacen y/o vulneren los derechos humanos, susceptibles de ser resueltos a travésde un proceso judici<strong>al</strong>.Inici<strong>al</strong>mente, los criterios de intervención de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en estasmaterias se regularon según el Instructivo Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong> Sistema de Atención Integr<strong>al</strong>(IGSAI), adoptado por el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> mediante la Resolución Nº 396 <strong>del</strong> 12de mayo de 2003. Después de un proceso de revisión y ajuste, previa consulta de las 47110, la cu<strong>al</strong> tuvo como objeto precisar y complementar los lineamientos gener<strong>al</strong>es parael litigio defensori<strong>al</strong>, de t<strong>al</strong> suerte que cu<strong>al</strong>quier incompatibilidad entre la Resolución Nºprev<strong>al</strong>ecer lo dispuesto en esta última resolución.
554 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En gener<strong>al</strong>, la función de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la de las defensorías region<strong>al</strong>es se concreta en la atención <strong>del</strong>as peticiones en materia de recursos y acciones judici<strong>al</strong>es presentadas directamente por lasdefensori<strong>al</strong>, lo que constituye un número mayor que el atendido en el año 2007, cuya cantidadLa información estadística que a continuación se presenta, se obtuvo a partir <strong>del</strong>informe que cada Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> region<strong>al</strong> envía anu<strong>al</strong>mente a la DirecciónNacion<strong>al</strong> de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es, mediante el diligenciamiento de siete cuadros1.1.1. Peticiones recibidasCuadro 1. Tot<strong>al</strong> de peticiones recibidas según su natur<strong>al</strong>eza.Tot<strong>al</strong> nacion<strong>al</strong>. Enero–diciembre de 2008PETICIONES NATURALEZA NÚMERO SUBTOTALAcción de tutelaTot<strong>al</strong> acciónde tutelaAcción decumplimientoTot<strong>al</strong> acción decumplimiento% PORNATURALEZASolicitud de acciónde tutela5,668 23.32Coadyuvancia 1,328 5.46Impugnación 98 0.40Cumplimiento def<strong>al</strong>lo390 1.60Insistencia enrevisión2,172 8.94Asesoría 10,097 41.5419,753Solicitud de acciónde cumplimiento3 0.01Coadyuvancia 4 0.02Impugnación 1 0.00Cumplimiento def<strong>al</strong>lo2 0.01Asesoría 94 0.39104
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>555PETICIONES NATURALEZA NÚMERO SUBTOTALAcciones popularesTot<strong>al</strong> accionespopularesAcciones de grupoTot<strong>al</strong> acciones degrupoHábeas corpusTot<strong>al</strong> hábeasCorpusAcción de nulidadTot<strong>al</strong> acción denulidadAcción deinconstitucion<strong>al</strong>idad% PORNATURALEZASolicitud de acciónpopular1,001 4.12Coadyuvancia 964 3.97Pacto decumplimiento702 2.89Impugnación 4 0.02Desacato 33 0.14Asesoría 1,528 6.294,232Solicitud de acciónde grupo17 0.07Coadyuvancia 13 0.05Diligencia deconciliación2 0.01Impugnación 1 0.00Asesoría 74 0.30Solicitud de hábeascorpus21 0.09Impugnación autoque niega el recurso0 0.00Asesoría y Consulta 25 0.10Solicitud de Acciónde Nulidad5 0.02Intervención 3 0.01Asesoría 54 0.22Solicitud deacción de0 0.00inconstitucion<strong>al</strong>idadIntervención 0 0.00Asesoría 0 0.00Tot<strong>al</strong> acción deinconstitucion<strong>al</strong>idad0TOTAL 24,304 100.001074662
556 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Esta tendencia de supremacía de las peticiones en acciones de tutela se puede observarTot<strong>al</strong> nacion<strong>al</strong>. Enero-diciembre de 2008Habeas corpus0.19%Acciones de nulidad0.26%Acción decumplimiento0.43%Acción de grupo0.44%Acciones populares17.41%Acción de tutela81.27%1.1.2. Estado de las peticiones recibidasLas peticiones recibidas en la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> sufren un trámite desde que sonradicadas hasta que la gestión defensori<strong>al</strong> se agota. Por lo anterior, se han diferenciadostres clases de estado:Estudio: se consideran aquellas peticiones que se encuentran en la etapa de análisis <strong>del</strong>a documentación, recopilación de pruebas, etc.Seguimiento: son aquellas peticiones de acciones, impugnaciones, coadyuvanciasprimera instancia o segunda, si a esta última hubo lugar.Concluidas: aquellas acciones, impugnaciones, coadyuvancias o cumplimientos de f<strong>al</strong>lo,primera o de segunda instancia, según el caso. Igu<strong>al</strong>mente, aquellas peticiones, cu<strong>al</strong>quierasea su natur<strong>al</strong>eza, que la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> consideró improcedente, por razonessustanci<strong>al</strong>es o adjetivas.Para apreciar en mejor forma la labor de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en materia derecursos y acciones judici<strong>al</strong>es, es necesario distinguir entre aquellas que fueron objeto deintervención ante los estrados judici<strong>al</strong>es, haciendo uso <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>, y las que notuvieron t<strong>al</strong> suerte debido a que se consideró que no se llenaban los requisitos sustanci<strong>al</strong>es
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>557y adjetivos de procedencia <strong>del</strong> mecanismo de protección correspondiente o, simplemente,no reunían los presupuestos de legitimidad que deben asistirle <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ocomparación entre las acciones y recursos interpuestos y aquellos que no.Cuadro 2. Tot<strong>al</strong> de acciones y recursos interpuestos y no interpuestos porTIPO DEPETICIÓNNATURALEZADE LAPETICIÓNPETICIONESRECIBIDASRECURSOS YACCIONESINTERPUESTOS%RECURSOS YACCIONES NOINTERPUESTOS%Acción de tutelaTot<strong>al</strong> acción detutelaAcción decumplimientoSolicitud de acciónde tutela/Demanda5,668 1,632 28.79 4,036 71.21Coadyuvancia 1,328 1,263 95.11 65 4.89Impugnación 98 43 43.88 55 56.12Cumplimiento def<strong>al</strong>lo390 57 14.62 333 85.38Insistencia enrevisión2,172 297 13.67 1,875 86.33Asesoría 10,097 0 0.00 10,097 100.0019,753 3,292 16.67 16,461 83.33Solicitud de acciónde cumplimiento/3 3 100.00 0 0.00DemandaCoadyuvancia 4 2 50.00 2 50.00Impugnación 1 1 0.00 0 0.00Cumplimiento def<strong>al</strong>lo2 2 100.00 0 0.00Asesoría 94 0 0.00 94 100.00Tot<strong>al</strong> acción decumplimiento104 8 7.69 96 92.31Acciones popularesTot<strong>al</strong> accionespopularesSolicitud de acciónpopular/Demanda1,001 290 28.97 711 71.03Coadyuvancia 964 877 90.98 87 9.02Pacto decumplimiento702 418 59.54 284 40.46Impugnación 4 3 75.00 1 25.00Desacato 33 31 93.94 2 6.06Asesoría 1,528 0 0.00 1,528 100.004,232 1,619 38.26 2,613 61.74
558 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>TIPO DEPETICIÓNNATURALEZADE LAPETICIÓNPETICIONESRECIBIDASRECURSOS YACCIONESINTERPUESTOS%RECURSOS YACCIONES NOINTERPUESTOS%Acciones de grupoTot<strong>al</strong> acciones degrupoHábeas corpusTot<strong>al</strong> hábeascorpusAcción de nulidadTot<strong>al</strong> acción denulidadSolicitud de acciónde grupo/Demanda17 8 47.06 9 52.94Coadyuvancia 13 11 84.62 2 15.38Diligencia deconciliación2 0 0.00 2 100.00Impugnación 1 1 0.00 0 0.00Asesoría 74 74 100.00 74 100.00107 20 18.69 87 81.31Solicitud de hábeascorpus21 20 95.24 1 4.76Impugnación autoque niega el recurso0 0 0.00 0 0.00Asesoría 25 0.00 25 100.00Solicitud deacción de nulidad/Demanda46 20 43.48 26 56.525 3 60.00 2 40.00Intervención 3 3 100.00 0 0.00Asesoría 54 0 0.00 54 100.0062 6 9.68 56 90.32Acción deinconstitucion<strong>al</strong>idadSolicitud acción deinconstitucion<strong>al</strong>idad0 0 0.00 0 0.00Intervención 0 0 0.00 0 0.00Asesoría 0 0 0.00 0 0.00Tot<strong>al</strong> accióninconstitucion<strong>al</strong>idad0 0 0.00 0 0.00Tot<strong>al</strong> 24,304 4,965 20.43 19,339 79.57en las peticiones que fueron objeto <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>, en todas sus mod<strong>al</strong>idades.En primer término, cabe mencionar que de las 24.304 peticiones recibidas por laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en materia de recursos y acciones judici<strong>al</strong>es, 4.965 fueron objetode la intervención dentro de cu<strong>al</strong>quiera de las mod<strong>al</strong>idades <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>. Lasy pedagógica <strong>al</strong> peticionario.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>559Tot<strong>al</strong> nacion<strong>al</strong>. Enero-diciembre de 2008Recursos y Accionesinterpuestos20.43%Recursos y Acciones nointerpuestos79.57%interpuestas y las no interpuestas por la entidad ante los estrados judici<strong>al</strong>es. En él seadvierte que de las peticiones recibidas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, únicamente en unante los despachos judici<strong>al</strong>es en defensa de los derechos de los peticionarios. Lo anteriorconstitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>es con que cuenta para acudir <strong>al</strong> aparato jurisdiccion<strong>al</strong>.En la mayoría de las peticiones que no fueron objeto <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>, se para la procedencia de una determinada acción o recurso judici<strong>al</strong>. Sin embargo, a pesarde que no se actuó ante los despachos judici<strong>al</strong>es, en todos los casos los peticionariosrecibieron como respuesta a su petición las razones por las cu<strong>al</strong>es la Defensoría no hizouso <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>, además de la asesoría pertinente para atender la problemáticaexpuesta en su caso.Los cuadros siguientes ilustran el estado de las peticiones, diferenciando si se hizo observar det<strong>al</strong>ladamente el estado de las peticiones en las acciones de tutela, populares, degrupo, cumplimiento, nulidad, inconstitucion<strong>al</strong>idad y hábeas corpus, cuyas cifras indican elnúmero de casos en cu<strong>al</strong>quiera de las mod<strong>al</strong>idades <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>.
560 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>TIPO DE PETICIÓNAcción de TutelaAcción deCumplimientoAcciones PopularesAcciones de GrupoHábeas CorpusAcción de NulidadAcción deInconstitucion<strong>al</strong>idadNATURALEZA DELA PETICIÓNACCIONES ORECURSOSINTERPUESTOSESTADO DE LOS PROCESOSSEGUIMIENTOCONCLUIDOSDemanda de Acciónde Tutela1.632 58 1.574Coadyuvancia 1.263 12 1.251Impugnación 43 5 38Cumplimiento def<strong>al</strong>lo57 4 53Insistencia enrevisión297 24 273Demanda de Acciónde Cumplimiento3 1 2Coadyuvancia 2 0 2Impugnación 1 0 1Cumplimiento def<strong>al</strong>lo2 0 2Demanda de AcciónPopular290 242 48Coadyuvancia 877 859 18Pacto deCumplimiento418 380 38Impugnación 3 2 1Desacato 31 29 2Demanda de Acciónde Grupo8 7 1Coadyuvancia 11 10 1Diligencia deConciliación0 0 0Impugnación 1 0 1Solicitud de HábeasCorpusImpugnación Autoque niega20 0 200 0 0Demanda de acciónde nulidad3 3 0Intervención 3 3 0Demanda deinconstitucion<strong>al</strong>idad0 0 0Intervención 0 0 0TOTAL 4.965 1.639 3.326
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>561La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> interpuso 1.632 demandas en acción de tutela e intervinocomo coadyuvante en 1.263 oportunidades. En la acción popular, elevó 290 demandas egrupo, en las cu<strong>al</strong>es la coadyuvancia fue superior a la mod<strong>al</strong>idad de interposición.TIPO DE PETICIÓNNATURALEZA DELA PETICIÓNACCIONES ORECURSOS NOINTERPUESTOSESTADO DE LAS PETICIONESESTUDIOCONCLUIDASSolicitud de Acciónde Tutela4,036 14 4,022Coadyuvancia 65 14 51Acción de TutelaImpugnación 55 2 53Cumplimiento def<strong>al</strong>lo333 34 299Insistencia enrevisión1,875 12 1,863Asesoría y Consulta 10,097 122 9,975Solicitud de Acciónde Cumplimiento0 0 0Acción deCumplimientoCoadyuvancia 2 2 0Impugnación 0 0 0Cumplimiento def<strong>al</strong>lo0 0 0Asesoría y Consulta 94 0 94Solicitud de AcciónPopular711 405 306Coadyuvancia 87 67 20Acciones PopularesPacto deCumplimiento284 9 275Impugnación 1 0 1Desacato 2 1 1Asesoría y Consulta 1,528 8 1,520
562 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>TIPO DE PETICIÓNNATURALEZA DELA PETICIÓNACCIONES ORECURSOS NOINTERPUESTOSESTADO DE LAS PETICIONESESTUDIO CONCLUIDASSolicitud de Acciónde Grupo9 0 9Coadyuvancia 2 1 1Acciones de GrupoDiligencia deConciliación2 0 2Impugnación 0 0 0Asesoría y Consulta 74 0 74Hábeas CorpusSolicitud de HábeasCorpusImpugnación Autoque niega1 0 10 0 0Acción de NulidadAcción deInconstitucion<strong>al</strong>idadAsesoría y Consulta 25 0 25Solicitud de Acciónde Nulidad2 0 2Intervención 0 0 0Asesoría y Consulta 54 1 53Solicitud deAcción de0 0 0Inconstitucion<strong>al</strong>idadIntervención 0 0 0Asesoría y Consulta 0 0 0TOTAL 19,339 692 18,647 de recursos y acciones judici<strong>al</strong>es que no han sido objeto <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>, lo cu<strong>al</strong>asciende <strong>al</strong> número de 19.339 peticiones. Dicha situación se produce porque la solicitud seencuentra en estudio o concluida, debido a que se consideró no viable el ejercicio <strong>del</strong> litigiodefensori<strong>al</strong>. Como se observa, el gran número de peticiones no interpuestas corresponde aaquellas en que la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> asesora directamente <strong>al</strong> peticionario, para que estepueda ejercer en mejor forma determinado mecanismo de protección.Es importante señ<strong>al</strong>ar que a los peticionarios de las solicitudes recibidas por laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> que no fueron objeto de intervención judici<strong>al</strong> por parte de la entidad,se les envió una respuesta motivada en donde se señ<strong>al</strong>aron las razones que impidieronejercer el litigio defensori<strong>al</strong> en su caso, y se les explicó en forma pedagógica <strong>del</strong> <strong>al</strong>cance <strong>del</strong>mecanismo judici<strong>al</strong> que solicitó ante la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y, si fue <strong>del</strong> caso, sobre losmecanismos ordinarios de defensa que eventu<strong>al</strong>mente puedan servir para dar solución asu situación; de la misma manera las defensorías region<strong>al</strong>es despliegan una gran labor de
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>563A continuación se presentará un b<strong>al</strong>ance gener<strong>al</strong> de la gestión defensori<strong>al</strong> en materia derecursos y acciones judici<strong>al</strong>es, teniendo en cuenta tanto las peticiones que fueron objeto <strong>del</strong>litigio defensori<strong>al</strong> como aquellas en las que no se consideró viable su ejercicio.Enero-diciembre de 2008Estudio2.85%Seguimiento6.74%Concluidas90.41% en estudio. En efecto, el <strong>al</strong>to porcentaje de actuaciones concluidas evidencia el <strong>al</strong>tocompromiso de la institución con la defensa de los derechos humanos a través de losmecanismos constitucion<strong>al</strong>es pertinentes y su seguimiento.1.1.3. Resultado de la gestión defensori<strong>al</strong>Una vez ejercido el litigio defensori<strong>al</strong> ante los despachos judici<strong>al</strong>es, se re<strong>al</strong>iza Correlativamente, también habrá culminado la petición y su forma de conclusión dependerá<strong>del</strong> resultado obtenido en la sede judici<strong>al</strong>. siguiente forma: : cuando el funcionario judici<strong>al</strong> correspondiente resolvió demanera positiva las pretensiones esgrimidas en la acción, recurso, coadyuvancia o incidentepor cumplimiento de f<strong>al</strong>lo interpuesto por la Defensoría, es decir, cuando se logró laprotección de los derechos vulnerados o amenazados.
564 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>: cuando la acción, el recurso, la coadyuvancia o elincidente por cumplimiento de f<strong>al</strong>lo interpuesto por la Defensoría prospera sin que hayansido acogidas la tot<strong>al</strong>idad de las pretensiones esgrimidas por la institución, es decir, cuandose logra la protección parci<strong>al</strong> de los derechos invocados.: cuando el resultado obtenido es tot<strong>al</strong>mente adverso a laspretensiones de la acción, el recurso, la coadyuvancia o el incidente interpuesto por laDefensoría, es decir, cuando la petición fue resuelta en forma negativa por el funcionariojudici<strong>al</strong> <strong>del</strong> conocimiento. cuando la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> encuentre que los presupuestosfácticos, leg<strong>al</strong>es o jurisprudenci<strong>al</strong>es que sirvieron de base para el litigio defensori<strong>al</strong> handesaparecido o han cambiado. En consecuencia, la entidad desiste de la acción o <strong>del</strong>recurso instaurado, coadyuvado o impugnado.Tot<strong>al</strong> nacion<strong>al</strong>. Enero-diciembre de 2008TIPO DE PETICIÓNNATURALEZADE LA PETICIÓNPROCESOSCONCLUIDOSFORMAS DE CONCLUSIÓN DE LAS ACC/RECINTERPUESTOSFavorables P/Favorables Desfavorables DesistidasAcción de TutelaAcción deCumplimientoAcciones PopularesDemanda de Acciónde Tutela1,574 1,285 155 132 2Coadyuvancia 1,251 1,247 1 3 0Impugnación 38 30 5 3 0Cumplimiento def<strong>al</strong>lo53 44 9 0 0Insistencia enrevisión273 84 0 189 0Demanda de Acciónde Cumplimiento2 1 0 1 0Coadyuvancia 2 2 0 0 0Impugnación 1 0 1 0 0Cumplimiento def<strong>al</strong>lo2 1 0 1 0Demanda de AcciónPopular48 23 0 24 1Coadyuvancia 18 4 0 14 0Pacto deCumplimiento38 28 0 10 0Impugnación 1 1 0 0 0Desacato 2 0 2 0 0
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>565TIPO DE PETICIÓNNATURALEZADE LA PETICIÓNPROCESOSCONCLUIDOSFORMAS DE CONCLUSIÓN DE LAS ACC/RECINTERPUESTOSFavorables P/Favorables Desfavorables DesistidasAcciones de GrupoHábeas CorpusDemanda de Acciónde Grupo1 0 0 1 0Coadyuvancia 1 1 0 0 0Diligencia deConciliación0 0 0 0 0Impugnación 1 0 0 1 0Solicitud de HábeasCorpusImpugnación Autoque niega20 15 0 4 10 0 0 0 0Demanda de acciónAcción de Nulidad de nulidad0 0 0 0 0Intervención 0 0 0 0 0Demanda deAcción de0 0 0 0 0inconstitucion<strong>al</strong>idadInconstitucion<strong>al</strong>idadIntervención 0 0 0 0 0TOTAL 3,326 2,766 173 383 4el resultado favorable es bastante frecuente. En efecto, de 3.326 acciones con trámiteSe destaca, igu<strong>al</strong>mente, que de 1.574 acciones de tutela interpuestas por la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> 132 fueron desfavorables.sentencia desfavorable.Respecto de las coadyuvancias, la tendencia fue la misma que en el acierto en lasacciones. Mientras que, de 1.251 acciones de tutela coadyuvadas por la entidad, tres def<strong>al</strong>lo desfavorable.Mirado de forma porcentu<strong>al</strong> el resultado <strong>del</strong> ejercicio <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>, elparticipación <strong>del</strong> resultado de las actuaciones en las acciones y recursos interpuestospor la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.
566 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Tot<strong>al</strong> nacion<strong>al</strong>. Enero-diciembre de 2008Favorable83.16%Desistidas0.12%Parci<strong>al</strong>mente favorable5.20%Desfavorable11.52% que reciben las peticiones en materia de recursos y acciones judici<strong>al</strong>es. No obstante, elesta materia no sólo dependen de la argumentación expuesta por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>,sino <strong>del</strong> criterio de la autoridad judici<strong>al</strong> que conoce y decide el caso, y que, en muchasocasiones, no coincide con el de la entidad.En relación con las peticiones que no fueron objeto <strong>del</strong> ejercicio <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>ante los despachos judici<strong>al</strong>es, las formas de terminación son:: Cuando <strong>del</strong> estudio y análisis de la petición se concluye laimprocedencia sustanci<strong>al</strong> de la actuación solicitada, es decir, de la acción, impugnación,coadyuvancia o incidente de que se trate. : Cuando se establece la f<strong>al</strong>ta de competencia de la region<strong>al</strong> oseccion<strong>al</strong> para re<strong>al</strong>izar la actuación solicitada y ella es remitida a la dependencia competentede la Defensoría para hacerse cargo de la petición. Esta forma comprende las solicitudesde insistencia remitidas a la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es, conconcepto favorable. : Cuando el solicitante retira la petición o expresamentepor desistimiento cuando transcurran dos (2) meses sin que el peticionario aporte los
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>567documentos o complemente información expresamente solicitada o requerida por laDefensoría, contados a partir de la fecha en que se le hizo el requerimiento.Aquellas peticiones que si bien nofueron tenidas en cuenta para el litigio defensori<strong>al</strong>, se estimó que sustanci<strong>al</strong>mente teníanvocación de prosperidad y, por tanto, se hizo entrega <strong>al</strong> peticionario de un proyecto de accióno recurso (minuta) elaborado por la Defensoría, para que la interpusiera directamente. : aquellas peticiones en las cu<strong>al</strong>es elpeticionario recibió asesoría, que eventu<strong>al</strong>mente pudo estar acompañada de materi<strong>al</strong> ojurisprudencia, es decir, se le orientó respecto de la acción o recurso solicitado, sin quehubiera implicado la elaboración de la minuta respectiva.Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> no intervino en ejercicio <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>, 16.395 se resolvieron12.114 peticiones culminaron la asesoría con elaboración de una minuta de acción o recursopara que el peticionario lo suscribiera e interpusiera ante la autoridad judici<strong>al</strong> competente.En estos eventos, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> advirtió las posibilidades de prosperidad <strong>del</strong>a petición; sin embargo, estimó que no concurrían los requisitos para que la instituciónagenciara los derechos <strong>del</strong> peticionario.TIPO DEPETICIÓNAcción de TutelaNATURALEZADE LAPETICIÓNPETICIONESCONCLUIDASFORMAS DE CONCLUSIÓN DE LAS PETICIONES EN ACC/RECNO INTERPUESTOSImprocedentes Remitidas DesistidasAsesorías absueltasen acc/recConproyectoSinproyectoSolicitud deAcción de Tutela4,022 45 57 29 3,204 687Coadyuvancia 51 0 0 0 42 9Impugnación 53 0 2 0 50 1Cumplimientode f<strong>al</strong>loInsistencia enrevisiónAsesoría yConsulta299 0 0 0 283 161,863 1,594 183 11 63 129,975 36 10 7 8,112 1,810
568 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>TIPO DEPETICIÓNAcción deCumplimientoAccionesPopularesAcciones deGrupoHábeas CorpusAcción deNulidadNATURALEZADE LAPETICIÓNPETICIONESCONCLUIDASFORMAS DE CONCLUSIÓN DE LAS PETICIONES EN ACC/RECNO INTERPUESTOSImprocedentes Remitidas DesistidasAsesorías absueltasen acc/recConproyectoSinproyectoSolicitud deAcción de0 0 0 0 0 0CumplimientoCoadyuvancia 0 0 0 0 0 0Impugnación 0 0 0 0 0 0Cumplimientode f<strong>al</strong>lo0 0 0 0 0 0Asesoría yConsulta94 0 0 15 26 53Solicitud deAcción Popular306 209 0 0 20 77Coadyuvancia 20 0 0 0 15 5Pacto deCumplimiento275 0 0 0 2 273Impugnación 1 0 0 0 1 0Desacato 1 0 0 0 1 0Asesoría yConsulta1,520 21 0 14 230 1,255Solicitud deAcción de Grupo9 6 0 0 3 0Coadyuvancia 1 0 0 0 1 0Diligencia deConciliación2 0 0 0 0 2Impugnación 0 0 0 0 0 0Asesoría yConsulta74 9 1 0 18 46Solicitud deHábeas CorpusImpugnaciónAuto que niegaAsesoría yConsulta1 0 0 0 0 10 0 0 0 0 025 0 0 0 7 18Solicitud deAcción de2 2 0 0 0 0NulidadIntervención 0 0 0 0 0 0Asesoría yConsulta53 0 0 1 36 16
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>569TIPO DEPETICIÓNAcción deInconstitucion<strong>al</strong>idadNATURALEZADE LAPETICIÓNSolicitud deAcción deInconstitucion<strong>al</strong>idadPETICIONESCONCLUIDASFORMAS DE CONCLUSIÓN DE LAS PETICIONES EN ACC/RECNO INTERPUESTOSImprocedentes Remitidas DesistidasAsesorías absueltasen acc/recConproyectoSinproyecto0 0 0 0 0 0Intervención 0 0 0 0 0 0Asesoría y0 0 0 0 0 0ConsultaTOTAL 18,647 1,922 253 77 12,114 4,281no interpuestas culminó con elaboración de proyecto de acción, recurso o incidente y unde juicio v<strong>al</strong>iosos para su propósito. Incluso, aquellas peticiones improcedentes, es decir,mayoría de casos, pero se indicó el mecanismo ordinario <strong>del</strong> que se puede hacer uso parahacer v<strong>al</strong>er los derechos.Enero-diciembre de 2008Asesoría sin elaboración deproyecto de acción, recursoincidente22.96%Improcedentes10.31%Remitidas1.36%Desistidas0.41%Asesoría con elaboración deproyecto de acción, recursoincidente64.96%
570 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Lo anterior indica que el servicio de asesoría <strong>al</strong> peticionario en el ejercicio de losmecanismos de protección de derechos, constituye una de las princip<strong>al</strong>es actividadesre<strong>al</strong>izadas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Lamentablemente, en los casos de asesoría, estaentidad no cuenta con la información atinente a la culminación favorable o desfavorablede la acción o recurso interpuesto por el peticionario, debido a que en la mayoría de casosno es suministrada.1.1.4. Autoridades y particulares presuntamente responsables en laspeticiones elevadas ante la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>El objeto de la estadística que a continuación se expone es el de mostrar la percepciónque tienen los usuarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de los agentes estat<strong>al</strong>es y no estat<strong>al</strong>es quepresuntamente adoptan conductas vulneratorias de los derechos. Conviene aclarar que nonecesariamente ello quiere decir que efectivamente dichos presuntos responsables los vulneren.La indicación <strong>del</strong> presunto responsable en la solicitud ciudadana es el punto de partida situación y, si es <strong>del</strong> caso, proceda a instaurar los diferentes recursos o acciones judici<strong>al</strong>esante los estrados judici<strong>al</strong>es en procura de la protección de los derechos.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>571Cuadro 7. Autoridades o particulares presuntamente responsables en las peticiones ante la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Tot<strong>al</strong> nacion<strong>al</strong>. Enero-diciembre de 2008PETICIONESPRESUNTOSRESPONSABLESPRESUNTOS RESPONSABLESDIRECTOSAccionesde tutelaAccionespopularesAccionesde grupoAccionesdecumplimientoAccionesde hábeascorpusSUBTOTAL%PRESUNTODel orden Nacion<strong>al</strong> 3,436 115 15 12 4 3,582 20.12AutoridadesAdministrativasDel orden Departament<strong>al</strong> 1,682 220 7 4 0 1,913 10.75Del orden Municip<strong>al</strong> 1,046 1,285 6 21 0 2,358 13.25Del orden Distrit<strong>al</strong> 323 70 15 1 0 409 2.30<strong>Congreso</strong> de la República 2 0 0 0 0 2 0.01Asambleas Departament<strong>al</strong>es 0 0 0 0 0 0 0.00Corporaciones PúblicasConcejos Municip<strong>al</strong>es 2 353 0 0 0 355 1.99Concejos Distrit<strong>al</strong>es 0 0 0 0 0 0 0.00Juntas Administradoras Loc<strong>al</strong>es ycomun<strong>al</strong>es1 0 0 0 0 1 0.01De juzgados 48 1 0 2 17 68 0.38De fisc<strong>al</strong>ías 9 3 0 0 2 14 0.08Funcionarios Judici<strong>al</strong>esDe tribun<strong>al</strong>es 7 0 0 0 0 7 0.04De juzgados pen<strong>al</strong>es militares 0 0 0 0 0 0 0.00Auxliares de la justicia 2 1 0 0 0 3 0.02De las Cortes, Consejo de Estado ySuperior de la Judicatura7 6 0 0 0 13 0.07
572 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>PETICIONESPRESUNTOSRESPONSABLESPRESUNTOS RESPONSABLESDIRECTOSAccionesde tutelaAccionespopularesAccionesde grupoAccionesdecumplimientoAccionesde hábeascorpusSUBTOTAL%PRESUNTOÓrganos de ControlDe la Contr<strong>al</strong>oría 0 0 0 0 0 0 0.00De la Procuraduría 2 0 0 0 0 2 0.01De las Personerías 4 0 0 0 0 4 0.02De la Defensoría 0 0 0 0 0 0 0.00Del Ejército Nacion<strong>al</strong> 61 0 2 0 3 66 0.37De la Armada Nacion<strong>al</strong> 7 0 0 0 0 7 0.04Fuerza PúblicaDe la Fuerza Aérea Nacion<strong>al</strong> 0 1 0 0 0 1 0.01De la Policía Nacion<strong>al</strong> 25 2 1 0 7 35 0.20Organismos de Seguridad DAS 6 0 0 0 1 7 0.04AutoridadesPenitenciariasParticulares que prestanservicios públicosdomiciliariosParticulares que prestanservicios públicos nodomiciliariosINPEC 27 1 0 0 0 28 0.16Que prestan servicio público deenergía eléctricaQue prestan servicio público deacueducto y <strong>al</strong>cantarillado114 166 0 4 0 284 1.6021 41 1 3 0 66 0.37Que prestan servicio público deteléfono74 35 0 0 0 109 0.61Que prestan servicio público de gas 5 6 0 0 0 11 0.06Que prestan servicio público deeducación57 23 0 0 0 80 0.45Que prestan servicio público de s<strong>al</strong>ud 6,413 26 0 0 0 6,439 36.17Que prestan servicio público deseguridad soci<strong>al</strong>1,056 8 0 0 0 1,064 5.98Que prestan servicio público bancarioy crediticio21 24 0 0 0 45 0.25
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>573PETICIONESPRESUNTOSRESPONSABLESPRESUNTOS RESPONSABLESDIRECTOSAccionesde tutelaAccionespopularesAccionesde grupoAccionesdecumplimientoAccionesde hábeascorpusSUBTOTAL%PRESUNTOParticulares que prestanservicios públicos nodomiciliariosQue prestan servicio público comocentr<strong>al</strong>es de informaciónQue prestan servicio público detransporte32 0 0 0 0 32 0.1812 29 0 0 0 41 0.23Que prestan otros servicios públicos 13 31 0 0 0 44 0.25Medios de comunicación 1 8 0 0 0 9 0.05Grupos económicos y empresas 12 393 6 0 0 411 2.31Organizaciones privadasCooperativas 3 16 0 0 0 19 0.11Organizaciones no gubernament<strong>al</strong>es 4 8 1 0 0 13 0.07Asociaciones y gremios deprofesion<strong>al</strong>es0 0 0 0 0 0 0.00AsociacionesAsociaciones sindic<strong>al</strong>es 0 1 0 0 0 1 0.01Asociaciones o juntas de copropiedadhorizont<strong>al</strong>4 1 0 0 0 5 0.03Asociaciones o juntas de clubesprivados0 0 0 0 0 0 0.00Otros particularesaccionablesOtros particulares accionables 226 27 0 0 0 253 1.42TOTAL 14,765 2,901 54 47 34 17,801 100.00Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Dirección Nacion<strong>al</strong> de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es.
574 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>La estadística muestra que tanto en las acciones de tutela como en las populares, de grupoy cumplimiento, las autoridades administrativas de todos los niveles (nacion<strong>al</strong>, departament<strong>al</strong>,municip<strong>al</strong> y distrit<strong>al</strong>) son las más invocadas como agentes vulneradores de derechos. 75 ocasiones en las que se les señ<strong>al</strong>ó como responsables de la vulneración de derechos, tienen autoridades administrativas <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> fueron las más señ<strong>al</strong>adas como responsables,1.046. Este panorama cambia en relación con las acciones populares, pues las autoridades peticiones recibidas por la Defensoría, el mayor número señ<strong>al</strong>ó a los particulares queprestan servicios públicos distintos de los domiciliarios como presuntos responsables de lavulneración de derechos, con un tot<strong>al</strong> de 7.745 peticiones.Del anterior tot<strong>al</strong>, con 6.439 veces, aparecen como mayores responsables los particularesigu<strong>al</strong>mente destacar que de la última cifra, 6.413 corresponden a acciones de tutela, datoque guarda concordancia con las cifras de violaciones de los derechos, pues el derecho a las<strong>al</strong>ud es siempre el más violado, como se verá más a<strong>del</strong>ante. En relación con las accionespopulares, el presunto responsable particular que aparece más señ<strong>al</strong>ado no se ubica en elcampo de los servicios públicos, sino en el de las organizaciones privadas, constituido porel de grupos económicos y empresas, con 393 peticiones.Tot<strong>al</strong> nacion<strong>al</strong>. Enero-diciembre de 2008Organizacionesprivadas2,54%CorporacionesPúblicas2,01%Otros particularesaccionables1,42%FuerzaPública0,61%FuncionariosJudici<strong>al</strong>es0,59%Otros0.26%Particulares que prestanS P Domiciliarios2,64%AutoridadesAdministrativas46,41%Particulares que prestanS P no Domiciliarios43,51%75En este cuadro, el número de casos tot<strong>al</strong>es en las diferentes acciones es en <strong>al</strong>gunas ocasiones superior y en otras inferior <strong>al</strong> número<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> no se indica la autoridad o particular presuntamente responsable de la vulneración y en otras se señ<strong>al</strong>a más de uno.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>575 1.1.5. Derechos invocados en las peticiones elevadas ante la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de los usuarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> sobre los derechos que, en su criterio, les sonamenazados y vulnerados por las autoridades o los particulares.Los derechos invocados en las peticiones presentadas por los usuarios <strong>del</strong> servicioante la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> son aquellos que eventu<strong>al</strong>mente se consideran vulneradoso amenazados por los peticionarios. Su enunciación constituye un referente importante,de cu<strong>al</strong>quier mecanismo de defensa ante los estrados judici<strong>al</strong>es en procura de laprotección de los derechos.Enero-diciembre de 2008DERECHOS INVOCADOS EN PETICIONESDE ACCIONES DE TUTELANo. CASOS% de participaciónA la s<strong>al</strong>ud 9,325 48.44A la vida 1,531 7.95A la integridad person<strong>al</strong> 1,893 9.83A la vida digna 1,026 5.33A la subsistencia y mínimo vit<strong>al</strong> 1,958 10.17Derechos fundament<strong>al</strong>es de los niños 207 1.08A la seguridad soci<strong>al</strong> 201 1.04De petición 144 0.75A la igu<strong>al</strong>dad 1,133 5.89Al debido proceso 470 2.44De acceso a los servicios públicos y a que su prestación seaeficiente y oportuna333 1.73Al goce de un ambiente sano 12 0.06Al trabajo 101 0.52A la educación y a la cultura 272 1.41A no ser desplazado 165 0.86A reconocimiento de la person<strong>al</strong>idad jurídica 70 0.36De acceso a la administración de justicia 102 0.53
576 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>DERECHOS INVOCADOS EN PETICIONESDE ACCIONES DE TUTELANo. CASOS% de participaciónA la vivienda digna 21 0.11A la familia 34 0.18Al Hábeas Data 11 0.06A la honra y <strong>al</strong> buen nombre 83 0.43Al libre desarrollo de la person<strong>al</strong>idad 21 0.11A la libertad person<strong>al</strong> 17 0.09A la propiedad 28 0.15A la participación política y ciudadana 12 0.06A la asociación 15 0.08A las libertades de circulación y residencia 14 0.07A la intimidad 2 0.01A la asociación sindic<strong>al</strong> y a la huelga 12 0.06Derechos de las minorías étnicas 18 0.09A la recreación y <strong>al</strong> deporte 2 0.01A la nacion<strong>al</strong>idad 12 0.06A la libertad religiosa 0 0.00A la libertad de pensamiento y expresión 4 0.02Subtot<strong>al</strong> 19,249 100.00DERECHOS INVOCADOS EN PETICIONESDE ACCIONES POPULARESNo. CASOS% de ParticipaciónAl goce de un ambiente sano 494 12.10A la seguridad y s<strong>al</strong>ubridad 585 14.33De acceso a los servicios públicos y a que su prestación seaeficiente y oportuna837 20.51Al goce <strong>del</strong> espacio público 708 17.35A acceso a una infraestructura de servicios que garantice las<strong>al</strong>ubridad pública194 4.75Otros derechos colectivos 160 3.92De los consumidores y usuarios 341 8.36A la mor<strong>al</strong> administrativa 82 2.01A la seguridad y prevención de desastres previsiblestécnicamente393 9.63A la defensa <strong>del</strong> patrimonio público 28 0.69A la re<strong>al</strong>ización de las construcciones, edificaciones ydesarrollos urbanos92 2.25
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>577DERECHOS INVOCADOS EN PETICIONESDE ACCIONES DE TUTELANo. CASOS% de participaciónA la existencia <strong>del</strong> equilibrio ecológico 123 3.01A la defensa <strong>del</strong> patrimonio cultur<strong>al</strong> de la nación 15 0.37Prohibición de fabricar, importar, poseer y usar armas químicas 29 0.71A la libre competencia económica 0 0.00Subtot<strong>al</strong> 4,081 100.00DERECHOS INVOCADOS EN PETICIONESDE ACCIONES DE GRUPONo. CASOS % de ParticipaciónDe indemnización a las víctimas por violaciones de derechoshumanos28 100.00Subtot<strong>al</strong> 28 100.00DERECHOS INVOCADOS EN PETICIONESDE HÁBEAS CORPUSNo. CASOS % de ParticipaciónA la libertad person<strong>al</strong> 33 0.14Subtot<strong>al</strong> 33 0.14TOTAL 23,391 100.00Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Dirección Nacion<strong>al</strong> de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es 2008.En el cuadro N° 8 se observan los derechos invocados en cada una de las peticionesde recursos y acciones judici<strong>al</strong>es que admiten t<strong>al</strong> distinción, como en las acciones de tutela,populares, de grupo y hábeas corpus, las cu<strong>al</strong>es recaen sobre casos concretos.De conformidad con el cuadro N° 8 76 , en la acción de tutela se destacan comoderechos más invocados por violación o amenaza, el derecho a la s<strong>al</strong>ud (9.325 casos), a lasubsistencia y mínimo vit<strong>al</strong> (1.958 casos), a la integridad person<strong>al</strong> (1.893 casos), a la vida(1.531), a la igu<strong>al</strong>dad (1.133 casos) y a la vida digna (1.026 casos).En relación con la acción popular, sobres<strong>al</strong>en los derechos de acceso a los serviciospúblico (708 casos), a la seguridad y s<strong>al</strong>ubridad (585 casos) y <strong>al</strong> goce de un ambientesano (494 casos).Respecto de las acciones de grupo (28 casos), dado su carácter eminentementepatrimoni<strong>al</strong>, se consideró conveniente atribuir un solo derecho denominado de indemnizacióna las víctimas por violaciones de derechos humanos.Del hábeas corpus (33 casos)* se estimó que el único derecho que protege dichagarantía es el de la libertad, con ello se supera la discusión en torno a que también protegeel derecho <strong>al</strong> debido proceso.76En este cuadro, el número de casos tot<strong>al</strong>es de las diferentes acciones es en <strong>al</strong>gunas ocasiones superior y en otras inferior <strong>al</strong>número de peticiones que aparecen en el cuadro N o 1. La diferencia se explica porque en diversas peticiones recibidas en laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> no se indica el derecho vulnerado y en otras se señ<strong>al</strong>a más de un derecho violado o amenazado. Inici<strong>al</strong>mente apareció con la cifra de 43 casos, por error de digitación. Nota de edición.
578 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Del comparativo se advierte que el derecho a la s<strong>al</strong>ud ocupa el primer lugar, y le siguenderechos que igu<strong>al</strong>mente tienen que ver con c<strong>al</strong>idad de vida de la persona, como son lasubsistencia y mínimo vit<strong>al</strong>, la integridad person<strong>al</strong>, la vida, la igu<strong>al</strong>dad y la vida digna.Tutela82.29%Grupo0.12%HábeasCorpus0,14%Populares17.45%sus derechos vulnerados pueden ser protegidos, de mejor manera, a través de la acción de1.1.6. Autoridades o particulares accionados en virtud <strong>del</strong> ejercicio <strong>del</strong>litigio defensori<strong>al</strong>En aquellos eventos en los cu<strong>al</strong>es los f<strong>al</strong>los judici<strong>al</strong>es conceden el amparo solicitadoen cu<strong>al</strong>quiera de los mecanismos de protección en los que intervino la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, siempre habrá una autoridad o un particular encargado de cumplir las órdenes <strong>del</strong>juez, tendiente a prevenir o reparar, según el caso, la amenaza o violación de los derechosprotegidos. El siguiente cuadro ilustra los resultados obtenidos.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>579ACCIONES O RECURSOS INTERPUESTOSACCIONADOS ACCIONADOS DIRECTOSAccionesde tutelaAccionespopularesAccionesde grupoAcciones decumplimientoAcciones dehábeas corpusSUBTOTAL%PRESUNTOAutoridadesAdministrativasCorporacionesPúblicasFuncionariosJudici<strong>al</strong>esÓrganos deControlDel orden Nacion<strong>al</strong> 1,513 2 0 1 4 1,520 42.84Del orden Departament<strong>al</strong> 343 26 0 0 0 369 10.40Del orden Municip<strong>al</strong> 472 30 0 1 0 503 14.18Del orden Distrit<strong>al</strong> 96 5 0 0 0 101 2.85<strong>Congreso</strong> de la República 0 0 0 0 0 0 0.00Asambleas Departament<strong>al</strong>es 0 0 0 0 0 0 0.00Concejos Municip<strong>al</strong>es 0 0 0 0 0 0 0.00Concejos Distrit<strong>al</strong>es 0 0 0 0 0 0 0.00Juntas Administradoras Loc<strong>al</strong>esy comun<strong>al</strong>es0 0 0 0 0 0 0.00De juzgados 12 0 0 0 11 23 0.65De fisc<strong>al</strong>ías 4 0 0 0 0 4 0.11De tribun<strong>al</strong>es 0 0 0 0 0 0 0.00De juzgados pen<strong>al</strong>es militares 0 0 0 0 0 0 0.00Auxiliares de la justicia 0 0 0 0 0 0 0.00De las Cortes, Consejo deEstado y Superior de laJudicatura0 0 0 0 0 0 0.00De la Contr<strong>al</strong>oría 0 0 0 0 0 0 0.00De la Procuraduría 0 0 0 0 0 0 0.00De las Personerías 0 0 0 0 0 0 0.00De la Defensoría 0 0 0 0 0 0 0.00
580 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>ACCIONES O RECURSOS INTERPUESTOSACCIONADOS ACCIONADOS DIRECTOSAccionesde tutelaAccionespopularesAccionesde grupoAcciones decumplimientoAcciones dehábeas corpusSUBTOTAL%PRESUNTOFuerza PúblicaOrganismos deSeguridadAutoridadesPenitenciariasParticularesque prestanservicios públicosdomiciliariosParticulares queprestan serviciosservicios públicosno domiciliariosDel Ejército Nacion<strong>al</strong> 20 0 0 0 3 23 0.65De la Armada Nacion<strong>al</strong> 1 0 0 0 0 1 0.03De la Fuerza Aérea Nacion<strong>al</strong> 0 0 0 0 0 0 0.00De la Policía Nacion<strong>al</strong> 9 0 0 0 7 16 0.45DAS 0 0 0 0 0 0 0.00INPEC 5 0 0 0 0 5 0.14Que prestan servicio públicode energía eléctricaQue prestan servicio públicode acueducto y <strong>al</strong>cantarilladoQue prestan servicio públicode teléfonoQue prestan servicio públicode gasQue prestan servicio públicode educaciónQue prestan servicio públicode s<strong>al</strong>udQue prestan servicio públicode seguridad soci<strong>al</strong>Que prestan servicio públicobancario y crediticioQue prestan servicio públicocomo centr<strong>al</strong>es de información23 0 0 0 0 23 0.657 8 0 0 0 15 0.4216 0 0 0 0 16 0.451 0 0 0 0 1 0.0324 0 0 0 0 24 0.68784 4 0 0 0 788 22.2178 0 0 0 0 78 2.208 0 0 0 0 8 0.230 0 0 0 0 0 0.00
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>581ACCIONES O RECURSOS INTERPUESTOSACCIONADOS ACCIONADOS DIRECTOSAccionesde tutelaAccionespopularesAccionesde grupoAcciones decumplimientoAcciones dehábeas corpusSUBTOTAL%PRESUNTOOrganizacionesprivadasAsociacionesQue prestan servicio públicode transporteQue prestan otros serviciospúblicos2 0 0 0 0 2 0.061 2 0 0 0 3 0.08Medios de comunicación 0 0 0 0 0 0 0.00Grupos económicos yempresas8 2 0 0 0 10 0.28Cooperativas 2 0 0 0 0 2 0.06Organizaciones nogubernament<strong>al</strong>es0 0 0 0 0 0 0.00Asociaciones y gremios deprofesion<strong>al</strong>es0 1 0 0 0 1 0.03Asociaciones sindic<strong>al</strong>es 0 0 0 0 0 0 0.00Asociaciones o juntas decopropiedad horizont<strong>al</strong>4 0 0 0 0 4 0.11Asociaciones o juntas declubes privados0 0 0 0 0 0 0.00Otros particularesaccionablesOtros particulares accionables 8 0 0 0 0 8 0.23TOTAL 3,441 80 0 2 25 3,548 100.00
582 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>vulneran derechos (2.493 casos protegidos), lo cu<strong>al</strong> concuerda con la percepción quetienen los ciudadanos en las peticiones que elevan ante la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, comomecanismos de protección, ha tratado de amparar los derechos menoscabados por t<strong>al</strong>esautoridades. Lo propio se puede expresar de los particulares que prestan servicios públicosno domiciliarios (903 casos protegidos), entre los cu<strong>al</strong>es se destacan aquellos que prestanParticulares queprestan SP NO D25,45%Particulares queprestan SPD1,55%Fuerza Pública1.13%FuncionariosJudici<strong>al</strong>es0,76%OrganizacionesPrivadas0,34%Otros particularesaccionables0,23%Asociaciones0.14%AutoridadesPenitenciarias0,14%AutoridadesAdministrativas70,26%1.1.7. Derechos protegidos por las autoridades judici<strong>al</strong>es en virtud <strong>del</strong>ejercicio <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>.ejercicio <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>, en aquellos casos en los cu<strong>al</strong>es la actuación en los estradosjudici<strong>al</strong>es concluyó con f<strong>al</strong>lo favorable o parci<strong>al</strong>mente favorable a las pretensiones.La intervención institucion<strong>al</strong> en ejercicio <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong> ante los estrados funcionario judici<strong>al</strong> competente.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>583Tot<strong>al</strong> nacion<strong>al</strong>. Enero-diciembre de 2008DERECHOS PROTEGIDOS EN ACCIONES DE TUTELA No. CASOS % de participaciónA la s<strong>al</strong>ud 1,432 29.85A la seguridad soci<strong>al</strong> 422 8.80De petición 394 8.21Al debido proceso 689 14.36A la vida digna 899 18.74A la vida 112 2.33A la subsistencia y mínimo vit<strong>al</strong> 76 1.58Derechos fundament<strong>al</strong>es de los niños 42 0.88A no ser desplazado 143 2.98A la vivienda digna 144 3.00De acceso a los servicios públicos y a que su prestación seaeficiente y oportuna32 0.67Al Hábeas Data 8 0.17A la educación y a la cultura 37 0.77Al trabajo 88 1.83A reconocimiento de la person<strong>al</strong>idad jurídica 32 0.67A la libertad person<strong>al</strong> 50 1.04A la integridad person<strong>al</strong> 57 1.19A la igu<strong>al</strong>dad 7 0.15De acceso a la administración de justicia 31 0.65A la honra y <strong>al</strong> buen nombre 11 0.23A la familia 5 0.10A la asociación sindic<strong>al</strong> y a la huelga 16 0.33Derechos de las minorías étnicas 3 0.06Al libre desarrollo de la person<strong>al</strong>idad 27 0.56Al goce de un ambiente sano 10 0.21A las libertades de circulación y residencia 12 0.25A la recreación y <strong>al</strong> deporte 3 0.06A la propiedad 1 0.02A la participación política y ciudadana 8 0.17A la nacion<strong>al</strong>idad 0 0.00A la libertad religiosa 2 0.04A la libertad de pensamiento y expresión 3 0.06A la intimidad 0 0.00A la asociación 2 0.04Subtot<strong>al</strong> 4,798 100.00
584 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>DERECHOS PROTEGIDOS EN LAS ACCIONES POPULARES No. CASOS ParticipaciónA la seguridad y s<strong>al</strong>ubridad 65 27.78Al goce de un ambiente sano 45 19.23De acceso a los servicios públicos y a que su prestación seaeficiente y oportuna25 10.68A acceso a una infraestructura de servicios que garantice las<strong>al</strong>ubridad pública20 8.55Al goce <strong>del</strong> espacio público 22 9.40A la mor<strong>al</strong> administrativa 10 4.27A la re<strong>al</strong>ización de las construcciones, edificaciones ydesarrollos urbanos18 7.69A la seguridad y prevención de desastres previsiblestécnicamente1 0.43De los consumidores y usuarios 2 0.85A la defensa <strong>del</strong> patrimonio cultur<strong>al</strong> de la nación 3 1.28Prohibición de fabricar, importar, poseer y usar armasquímicas11 4.70Otros derechos colectivos 12 5.13A la libre competencia económica 0 0.00A la existencia <strong>del</strong> equilibrio ecológico 0 0.00A la defensa <strong>del</strong> patrimonio público 0 0.00Subtot<strong>al</strong> 234 100.00DERECHOS PROTEGIDOS EN LAS ACCIONES DE GRUPO No. CASOS ParticipaciónDe indemnización a las víctimas por violaciones de derechoshumanos0 0.00Subtot<strong>al</strong> 0 0.00DERECHOS PROTEGIDOS EN LAS ACCIONESDE HÁBEAS CORPUSNo. CASOSParticipaciónA la libertad person<strong>al</strong> 18 0.36Subtot<strong>al</strong> 18 100.00TOTAL 5,050 100.00La tendencia de protección sigue, en forma gener<strong>al</strong>, a la descrita en los derechosinvocados, en lo atinente <strong>al</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud, con un registro de 1.432 casos protegidos.derecho a la seguridad y s<strong>al</strong>ubridad, con 65 casos, y <strong>al</strong> goce de un ambiente sano, con 45incidencias, muestra que estos son los derechos más amparados.la herramienta constitucion<strong>al</strong> que más derechos protege a través <strong>del</strong> litigio defensori<strong>al</strong>. Le
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>585Tot<strong>al</strong> nacion<strong>al</strong>. Enero-diciembre de 2008Populares4.63%Hábeas Corpus0.36%Tutela95.01%tutela, que continúa teniendo un papel determinante en la protección de los derechosherramienta para conjurar las violaciones <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud.1.1.8. Peticiones de insistenciaEl Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> puede solicitar ante la Corte Constitucion<strong>al</strong> la revisión de losf<strong>al</strong>los de tutela excluidos por la S<strong>al</strong>a de Selección en turno de dicha Corporación, cuandoconsidere que la revisión puede aclarar el <strong>al</strong>cance de un derecho o evitar un perjuicio grave 77 .Las insistencias ante la Corte Constitucion<strong>al</strong> no tienen un carácter vinculante para lacorporación, se acogen o se rechazan sin motivación expresa, según el criterio <strong>del</strong> <strong>al</strong>totribun<strong>al</strong>. Dicha corporación ha manifestado a través de sus f<strong>al</strong>los, que no está obligadaa re<strong>al</strong>izar la revisión de un determinado expediente de tutela, pues la escogencia estáprecedida de unos criterios elaborados según su “le<strong>al</strong> saber y entender”.77Artículo 33 <strong>del</strong> Decreto 2591 de 1991
586 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>PETICIONES DE INSISTENCIAANTE LA D.N.R.A.J.SUBTOTAL %SOLICITUDES DE INSISTENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIO-NAL DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES ELEVADASANTE LA CORTE CONSTITUCIONALSUBTOTAL %Peticiones no insistidas por improcedentes 1543 83.41Peticiones de insistencia en estudio 10 0.54Peticiones de insistencia elevadas ante la CorteConstitucion<strong>al</strong>297 16.05 Solicitudes de insistencia acogidas 84 28.28Solicitudes de insistencia no acogidas 189 63.64Solicitudes de insistencia en seguimiento 24 8.08Tot<strong>al</strong>1,850 100 Tot<strong>al</strong> 297 100
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>587Según la estadística, la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es recibió improcedentes y 10 se encuentran en estudio o en formación <strong>del</strong> expediente.Las peticiones en insistencia que no fueron objeto de esta, es decir, las improcedentes,no solamente se consideran así porque no concurren en ellas <strong>al</strong>guna de las caus<strong>al</strong>esobjetivas para insistir, sino también por no haber reunido los requisitos form<strong>al</strong>es, atinentesa la f<strong>al</strong>ta de documentos o informaciones necesarias para re<strong>al</strong>izar el estudio de fondo o,bien porque fueron <strong>al</strong>legadas a la entidad vencido el término para insistir, de conformidadPORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS PETICIONES DEINSISTENCIA ANTE LA DIRECCIÓN DE RECURSOS Y ACCIONESJUDICIALESPeticiones de insistenciaen estudio0.54%Peticiones de insistenciaelevadas ante laCorte Constitucion<strong>al</strong>16.05%Peticiones no insistidaspor improcedentes83.41%PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INSISTENCIAELEVADAS ANTE LA CORTE CONSTITUCIONALSolicitudes de insistenciaen seguimiento8.08%Solicitudes deinsistencia acogidas28.28%Solicitudes de insistenciano acogidas63.64%De las peticiones elevadas en insistencia, que sumaron 297, la Corte Constitucion<strong>al</strong>
588 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Desafortunadamente, la Corte Constitucion<strong>al</strong>, en el momento de determinar si acogeo no una insistencia, tampoco lo hace en forma motivada. Sobre el particular, esa <strong>al</strong>tacorporación ha sido muy enfática en manifestar que “ni la petición de un Magistrado ni la<strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para que se revise un proceso de tutela obliga a la S<strong>al</strong>a de Selección, la cu<strong>al</strong>autónomamente decide “sin motivación expresa y según su criterio””. (Ver sentencia T-424 de 1995).No obstante, dicho factor no es óbice para que la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Recursos yAcciones Judici<strong>al</strong>es insista con criterio motivado y responsable en la revisión de f<strong>al</strong>los queconsidera necesario someter a la Corte Constitucion<strong>al</strong>. Para esta entidad, el número deinsistencias que se eleven a la Corte Constitucion<strong>al</strong> no depende de la discrecion<strong>al</strong>idad, sinode que el caso amerite la insistencia, con fundamento en las caus<strong>al</strong>es para insistir.1.2. Casos relevantes en materia de recursos y acciones judici<strong>al</strong>esLos casos que a continuación se describen fueron seleccionados entre aquellos quejudici<strong>al</strong>es, en cu<strong>al</strong>quiera de sus mod<strong>al</strong>idades (interposición, coadyuvancia, impugnación,cumplimiento/desacato de f<strong>al</strong>lo). Para t<strong>al</strong> efecto, se tuvo en cuenta la relevanciaconstitucion<strong>al</strong> de los mismos y el impacto soci<strong>al</strong> y la trascendencia <strong>del</strong> resultado de lagestión defensori<strong>al</strong>. Así mismo, como elemento adicion<strong>al</strong>, se trató en lo posible de quefueran casos paradigmáticos que sirvieran de ilustración, razón por la cu<strong>al</strong> se presentan enforma de casuística, bajo un título que enuncia la subregla que rige cada caso.En <strong>al</strong>gunos, por razones de protección <strong>del</strong> derecho a la intimidad de los accionantes,se han omitido nombres, despachos que tramitaron los procesos judici<strong>al</strong>es y fechas <strong>del</strong>as decisiones, s<strong>al</strong>vo aquellas proferidas por la Corte Constitucion<strong>al</strong>, debido <strong>al</strong> contenidodoctrin<strong>al</strong> de las mismas y con el objeto de facilitar su consulta.1.2.1. Casos relevantes de la dirección nacion<strong>al</strong> de recursos y accionesjudici<strong>al</strong>es1.2.1.1. Es necesario motivar el acto administrativo de desvinculaciónde los funcionarios nombrados en provision<strong>al</strong>idad en los cargosde carrera. Procedencia de la acción de tutelaHechos. Mediante resolución, sin motivar, <strong>del</strong> 16 de diciembre de 1999, el Fisc<strong>al</strong>Gener<strong>al</strong> de la Nación declaró insubsistente de su cargo a un funcionario que seencontraba en provision<strong>al</strong>idad en el cargo de investigador judici<strong>al</strong> de la DirecciónSeccion<strong>al</strong> <strong>del</strong> CTI de Villavicencio.Una vez demandado el referido acto administrativo, el Tribun<strong>al</strong> Administrativo<strong>del</strong> Meta, en providencia <strong>del</strong> 22 de noviembre de 2005, le negó las pretensiones porconsiderar que <strong>al</strong> ser el cargo en provision<strong>al</strong>idad no ostentaba estabilidad labor<strong>al</strong>, por
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>589lo cu<strong>al</strong> podía ser removido sin motivación <strong>al</strong>guna. No hubo segunda instancia porentenderse que el proceso era de única.Mediante escrito, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>procedencia de la tutela frente a providencias judici<strong>al</strong>es que se consideren constitutivas de unavía de hecho, y posteriormente advirtió que la decisión de desvinculación por necesidades <strong>del</strong>servicio debe siempre estar motivada para que pueda ser ejercida la defensa de los derechos,especi<strong>al</strong>mente <strong>al</strong> trabajo, de un funcionario que, pese a estar en provision<strong>al</strong>idad, ostentaestabilidad en su empleo, pues la jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> ha expresado, que estos sólopueden desvincularse por motivos disciplinarios o por concurso de méritos. Acogida la insistencia de revisión, la Corte Constitucion<strong>al</strong> amparó concluyó que la Fisc<strong>al</strong>ía incumplió con el deber de motivar el acto administrativo y eltribun<strong>al</strong> administrativo demandado con el de atender a esta circunstancia a la hora de f<strong>al</strong>lar,la necesidad de motivación <strong>del</strong> acto de desvinculación de los funcionarios nombrados enprovision<strong>al</strong>idad en cargos de carrera, incurrió en una caus<strong>al</strong> de procedibilidad de la tutelacontra providencias judici<strong>al</strong>es.1.2.1.2. La jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> y el suministro <strong>del</strong> transportecon el fin de garantizar el principio de continuidad en laprestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>udHechos. La madre de una menor que cuenta con nueve años y nueve meses de edady padece <strong>del</strong> Síndrome de Leigh desde los cinco meses, solicitó a la EPS el cubrimientode los gastos de transporte para trasladarse de Villavicencio a Bogotá con el objeto de quese practiquen controles médicos y exámenes especi<strong>al</strong>izados que le fueron prescritos paratratar la compleja patología que padece, petición que fue negada.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> presentóinsistencia de revisión ante la Corte Constitucion<strong>al</strong>, dando cuenta de que la incapacidadfísica de la menor la hace tot<strong>al</strong>mente dependiente de un tercero. Expresó que la negativaa suministrar los gastos de traslado de pacientes y sus acompañantes desconoce lajurisprudencia constitucion<strong>al</strong> según la cu<strong>al</strong> es procedente autorizar estos pagos con cargo <strong>al</strong>os recursos <strong>del</strong> Fosyga, o las ARS a los recursos <strong>del</strong> subsidio a la oferta, cuando el pacientees tot<strong>al</strong>mente dependiente de un tercero para su desplazamiento o cuando ni el enfermo ni Acogida la insistencia, la Corte Constitucion<strong>al</strong>, mediante sentenciade continuidad en la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud a la menor accionante, dado que en laciudad de Villavicencio no fue posible garantizar los servicios que requiere la menor parapreservar su estado de s<strong>al</strong>ud, por lo que era deber constitucion<strong>al</strong> de la EPS, en aras de lamateri<strong>al</strong>ización de los principios de continuidad y accesibilidad <strong>del</strong> servicio público des<strong>al</strong>ud, no solamente disponer la remisión de la paciente a la ciudad de Bogotá, sino también
590 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.2.1.3. Vulneración <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> debido proceso pen<strong>al</strong> de unapersona perteneciente a un grupo armado ileg<strong>al</strong> que acudióante la autoridad competente para iniciar los trámites de sudesmovilización y sobre quien no pesaba en aquel momentoorden de captura <strong>al</strong>guna; sin embargo, fue procesada ysometida a juicioHechos. Un integrante de las FARC que, acogiéndose <strong>al</strong> “plan de justicia y paz” (programade reinserción), se presentó en las inst<strong>al</strong>aciones de la estación de policía de Suba, en BogotáD. C. y no obstante haber convenido los términos de su entrega, fue detenido por miembrosde la SIJÍN, con base en una orden de captura proferida en su contra dos días después desu presentación person<strong>al</strong> en dicha estación, por los <strong>del</strong>itos de rebelión, secuestro extorsivo yterrorismo, por los cu<strong>al</strong>es se encuentra privado de la libertad en la Penitenciaría de Pic<strong>al</strong>eña <strong>del</strong>a ciudad de Ibagué, y sometido a un proceso en la Fisc<strong>al</strong>ía 6ª Especi<strong>al</strong>izada de esa ciudad.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> presentóinsistencia de revisión ante la Corte Constitucion<strong>al</strong> <strong>al</strong> considerar que la <strong>al</strong>ta corporaciónpuede aclarar el <strong>al</strong>cance de los derechos fundament<strong>al</strong>es de quienes, perteneciendo a gruposarmados <strong>al</strong> margen de la ley, deciden desmovilizarse.Lo anterior, comoquiera que de la información suministrada por el accionante surgeninquietudes para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> respecto de los procedimientos a<strong>del</strong>antados porlas autoridades de la Policía Nacion<strong>al</strong> en relación con la desmovilización de integrantes degrupos armados <strong>al</strong> margen de la ley. Después de seleccionar para revisión el expediente insistido por laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, la Corte Constitucion<strong>al</strong> concedió la tutela. Esa <strong>al</strong>ta corporación,normas leg<strong>al</strong>es pertinentes a la desmovilización individu<strong>al</strong> de quien ha cometido <strong>del</strong>itospolíticos, a pesar de que el actor lo haya manifestado en el curso <strong>del</strong> proceso y de que eltanto, ordenó dejar sin efectos las actuaciones judici<strong>al</strong>es por rebelión a<strong>del</strong>antadas contra elactor. Sin embargo, frente a los cargos de secuestro extorsivo y terrorismo consideró queno obraba prueba que evidenciara que se trataba de un desmovilizado postulado para los1.2.1.4. La negativa de Acción Soci<strong>al</strong> a otorgar la ayuda humanitariacon base en la necesidad de determinar los móviles ideológicosy políticos, desconoce la presunción de buena fe respecto <strong>del</strong>as afirmaciones contenidas en la certificación expedida por laPersoneríaHechos.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>591ayuda humanitaria. No obstante, dicha entidad se niega a concederla, aduciendo que nofueron acreditados los móviles ideológicos o políticos que originaron los f<strong>al</strong>lecimientosde los cadáveres. Mediante el amparo piden que se resuelvan de fondo las solicitudes deprotección y atención especi<strong>al</strong> como víctimas de la violencia, con base en la informaciónAcción Soci<strong>al</strong> haga de las circunstancias acreditadas en el proceso administrativo.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> solicitó aa exigir asistencia humanitaria, establecido en tratados y convenios internacion<strong>al</strong>es sobreque las autoridades loc<strong>al</strong>es (<strong>al</strong>c<strong>al</strong>de, personero) desempeñan sus actividades en la ciudaddirecta de los hechos que ocurren en la región y por tanto tienen que recurrir a la versiónde los hechos que presentan las víctimas <strong>del</strong> mismo, en aplicación de la presunción debuena fe de las personas que reclaman la asistencia humanitaria. Acogida la insistencia, la Corte Constitucion<strong>al</strong>, mediante sentenci<strong>al</strong>a Corte consideró que la negativa de la accionada a otorgar la ayuda humanitaria solicitadacon base en la necesidad de determinar los móviles ideológicos y políticos, constituye unobstáculo para acceder oportunamente a la ayuda humanitaria y desconoce la presunción Personería de Sumapaz. Por lo anterior, la Corte ordena a Acción Soci<strong>al</strong> resolver de fondola solicitud y, en a<strong>del</strong>ante, dejar de aplicar la expresión “cometidos por móviles ideológicos o1.2.1.5. La discrecion<strong>al</strong>idad para la remoción de sub<strong>al</strong>ternos de laPolicía Nacion<strong>al</strong> no significa arbitrariedad; por el contrario,constituye un instrumento necesario para el adecuadofuncionamiento de dicha instituciónHechos. El actor, en su condición de agente de la Policía Nacion<strong>al</strong>, fue retirado <strong>del</strong>días para acceder <strong>al</strong> derecho a la pensión, acto administrativo proferido sin la debidamotivación. Adicion<strong>al</strong>mente, expresó que su ardua preparación académica se circunscribe<strong>al</strong> cargo <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> lo desvincularon, lo cu<strong>al</strong> restringe su campo labor<strong>al</strong> y que, en desarrollode su carrera obtuvo diferentes reconocimientos que ex<strong>al</strong>tan su labor. Igu<strong>al</strong>mente, quetiene a su cuidado a su esposa y a cuatro hijos menores de edad así como a dos que, pesea ser mayores, dependen económicamente de él y que además padece problemas de s<strong>al</strong>ud.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> presentóinsistencia de revisión ante la Corte Constitucion<strong>al</strong>. En su criterio, la discrecion<strong>al</strong>idad para
592 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>contrario, constituye un instrumento necesario para el adecuado funcionamiento de dichainstitución. No obstante, este instrumento debe contar con un mínimo de motivaciónrazones que motivaron la solicitud de su retiro y, menos aún, que él hubiera contado con laposibilidad de rendir descargos, solicitar pruebas y controvertir las aportadas en su contra. Después de seleccionar para revisión el expediente insistido por laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, la Corte Constitucion<strong>al</strong> concedió la tutela. Esa <strong>al</strong>ta corporación,mientras la jurisdicción administrativa decide sobre la leg<strong>al</strong>idad de la resolución demandadapor el actor. La Corte consideró que la discrecion<strong>al</strong>idad de la decisión tomada por laDirección Gener<strong>al</strong> de la Policía para prescindir de los servicios de un miembro de la Policíaconcepto y permitir que el afectado lo conociera y controvertiera. Por lo anterior, la Corteordenó poner en conocimiento <strong>del</strong> actor el pronunciamiento de la Junta de Ev<strong>al</strong>uación y1.2.1.6. En virtud <strong>del</strong> rompimiento de la solidaridad entre el propietario<strong>del</strong> inmueble y el usuario <strong>del</strong> servicio público domiciliario, laempresa debe acceder a la reconexión <strong>del</strong> servicio previo elpago únicamente de las tres primeras facturaciones vencidasHechos. A la actora, propietaria de un bien inmueble adquirido en diligencia de remateen el año 2006, la empresa de servicios públicos accionada le está cobrando la suma desu improcedencia <strong>al</strong>egando la existencia de la solidaridad leg<strong>al</strong> entre el anterior propietario yy arrendatario. Contra t<strong>al</strong> decisión, la actora interpuso recurso de reposición y en subsidioel de apelación, los cu<strong>al</strong>es fueron rechazados por improcedencia de las reclamacionesre<strong>al</strong>izadas sobre facturas de más de cinco meses de antigüedad.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> insistióen revisión a la Corte Constitucion<strong>al</strong>. Recordó que la jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> haestablecido que la solidaridad existente entre el propietario o poseedor <strong>del</strong> inmueble, elsuscriptor y los usuarios <strong>del</strong> servicio se rompe cuando las empresas de servicios públicosdomiciliarios omiten suspender el servicio ante la f<strong>al</strong>ta de pago de “dos períodos defacturación en el evento en que esta sea bimestr<strong>al</strong> y de tres (3) períodos cuando sea mensu<strong>al</strong>.De otra parte, en un caso similar <strong>al</strong> planteado en la insistencia, la Corte expresó que laempresa no puede invocar el no rompimiento de la solidaridad, aduciendo que la actu<strong>al</strong>propietaria debía conocer la situación <strong>del</strong> inmueble <strong>al</strong> momento de adquirirlo por remate. Luego de seleccionar para revisión el expediente de tutela insistidoconcedió el amparo solicitado <strong>del</strong> derecho de acceso a los servicios públicos domiciliarios
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>593en conexidad con los derechos fundament<strong>al</strong>es a la dignidad humana, el debido proceso eigu<strong>al</strong>dad. Esa Corporación expresó que, en términos de la Ley 142 de 1994, la empresa debiósuspender el servicio público en virtud <strong>del</strong> rompimiento de la solidaridad entre el usuario<strong>del</strong> servicio y el propietario. Luego, si la empresa canceló el servicio y dio por terminadoel contrato hasta diciembre de 2006, m<strong>al</strong> podría exigirle a la nueva propietaria el pago de laderecho a obtener la reconexión <strong>del</strong> servicio, previo el pago únicamente de las tres primerasfacturaciones. En consecuencia, la Corte ordenó a la accionada declarar la ruptura de lasolidaridad y la reconexión inmediata <strong>del</strong> servicio, previo el pago de las tres primeras facturas.1.2.1.7. Intervención de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ante la CorteConstitucion<strong>al</strong> frente <strong>al</strong> rechazo de tutelas por la CorteSuprema de Justicia promovidas contra providencias judici<strong>al</strong>esde esa <strong>al</strong>ta corporación con violación de los derechos de accesoa la justicia y tutela judici<strong>al</strong> efectivaHechos. En el año 2006, el actor interpuso una acción de tutela contra una sentenciade la S<strong>al</strong>a de Casación Pen<strong>al</strong> de la Corte Suprema de Justicia. De dicha acción conoció elConsejo Seccion<strong>al</strong> de la Judicatura que, por competencia, la remitió a la Corte Supremade Justicia. Las s<strong>al</strong>as de Casación Civil y Labor<strong>al</strong> resolvieron no admitirla. Por asesoría <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y en aplicación <strong>del</strong> Auto 004 de febrero 3 de 2004, proferidopor la Corte Constitucion<strong>al</strong>, el actor interpuso una nueva acción de tutela que conocióel Juzgado Veintisiete Administrativo <strong>del</strong> Circuito de Bogotá, despacho que promovió<strong>al</strong>ta Corporación, en Auto Nº 162 de 4 de julio de 2007 (con s<strong>al</strong>vamento de voto), resolviódejar sin efectos la providencia de octubre 11 de 2006 y remitirla a la S<strong>al</strong>a de Casación Civilde la Corte Suprema de Justicia, corporación que, en auto de 14 de diciembre de 2007,resolvió “Mantener intacta la determinación”. Esta entidad dirigió un escritoa la Corte Constitucion<strong>al</strong>. Después de citar diversas normas de carácter internacion<strong>al</strong>relacionadas con la efectividad de los recursos judici<strong>al</strong>es internos para la protección de losderechos fundament<strong>al</strong>es y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> expresó que no comparte la “inadmisión o el rechazo in limine” <strong>del</strong>as acciones de tutela promovidas contra las s<strong>al</strong>as de la Corte Suprema de Justicia, prácticaque desnatur<strong>al</strong>iza su carácter de recurso efectivo y sencillo. Por lo anterior, la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> solicitó a la Corte Constitucion<strong>al</strong> adoptar las medidas necesarias para garantizar losderechos <strong>al</strong> debido proceso y acceso a la administración de justicia <strong>del</strong> actor. a la situación <strong>del</strong> actor a quien, por espacio de más de 19 meses, los despachos judici<strong>al</strong>esse han negado sucesivamente a conocer y a proferir una decisión de fondo. Por ello, la acceder a la justicia y <strong>del</strong> derecho a la tutela judici<strong>al</strong> efectiva. Por lo anterior, expresó que,en a<strong>del</strong>ante, cuando se presente una situación semejante, el tutelante tendrá las siguientesopciones: (i) interponer otra acción de tutela ante cu<strong>al</strong>quier juez de la República (Auto
594 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>004 <strong>del</strong> 3 de febrero de 2004); o (ii) radicar ante la Secretaría Gener<strong>al</strong> de la Cortese surta el proceso de selección.1.2.1.8. La interpretación de las normas que regulan el derecho quelas víctimas tienen a la ayuda humanitaria por los daños quehayan sufrido como consecuencia de la acción de gruposarmados <strong>al</strong> margen de la ley, debe tener en cuenta el principiode favorabilidadHechos. dependía económicamente, producida el día 15 de noviembre de 2005 en la veredaLa Cat<strong>al</strong>ina <strong>del</strong> municipio La Macarena <strong>del</strong> departamento <strong>del</strong> Meta, a manos de una Acción Soci<strong>al</strong>, solicitando se incluyera a la accionante en el programa de víctimas deremitido por esta lo había recibido el día 5 de marzo de 2007, es decir, que la solicitudera extemporánea por no haberse presentado dentro <strong>del</strong> año siguiente a la fecha de laocurrencia de los hechos.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> insistióen el presente caso, <strong>al</strong> considerar que la entidad accionada debió estudiar de fondo lasolicitud presentada por la actora. En efecto, advirtió que la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong>Quindío solicitó la inscripción de la actora en el registro de víctimas de la violencia,siguiente a la ocurrencia de los hechos (15 de noviembre de 2005). En este orden de ideas,no se podía predicar que dicha petición había sido presentada de manera extemporánea,5 de marzo de 2007. Adicion<strong>al</strong>mente, estimó que no podía endilgarse a la accionante laresponsabilidad en la demora, pues esta ocurrió por causa de los problemas presentados en Acogida la insistencia en revisión, la Corte Constitucion<strong>al</strong>, mediante expresó que las víctimas tienen derecho a la ayuda humanitaria por los daños sufridoscomo consecuencia de la acción de grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley. También sereparación individu<strong>al</strong> a las víctimas de los grupos armados organizados <strong>al</strong> margen de la ley.Así mismo, recordó que es necesario hacer una interpretación de las normas que regulanla materia, teniendo en cuenta los principios de favorabilidad. En el caso concreto, estimóde la correspondencia, trasladándole la responsabilidad a la parte más afectada. Por tanto,ordenó a Acción Soci<strong>al</strong> inscribir a la accionante en su registro.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>5951.2.1.9. La jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> ha garantizado especi<strong>al</strong>menteel derecho fundament<strong>al</strong> a la s<strong>al</strong>ud de aquellas personas que seencuentran en una relación de sujeción como, por ejemplo, laspersonas vinculadas a las Fuerzas ArmadasHechos. El día 21 agosto de 2007, el hijo de la actora s<strong>al</strong>ió apto para la prestación<strong>del</strong> servicio militar obligatorio en el Bat<strong>al</strong>lón Baraya situado en el municipio de Ub<strong>al</strong>á,Cundinamarca. La madre <strong>al</strong>ega que su hijo fue reclutado en condiciones norm<strong>al</strong>es de s<strong>al</strong>ud,pero que cuando se lo entregaron a ella y a su esposo, a los pocos días de la incorporación,se encontraba gravemente afectado en su s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong>. Que en vista de que los síntomas desu hijo empeoraron, la accionante acudió a varios centros hospit<strong>al</strong>arios que le diagnosticaronuna patología ment<strong>al</strong> denominada “Trastorno sicótico agudo”. No obstante, el EjércitoNacion<strong>al</strong> no le ha querido prestar los servicios de s<strong>al</strong>ud que su hijo requiere, argumentandoque <strong>al</strong> momento de su retiro no ostentaba la c<strong>al</strong>idad de soldado por no haber jurado bandera,y porque su estancia en el ejército obedeció a un proceso de adaptación en la institución. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>insistió ante la Corte Constitucion<strong>al</strong> el presente caso. De acuerdo con la petición, de losdocumentos aportados <strong>al</strong> proceso de tutela por el Ejército Nacion<strong>al</strong> después de proferidoel f<strong>al</strong>lo de instancia, se deduce que el hijo de la actora, en el momento de ingresar <strong>al</strong>Bat<strong>al</strong>lón Baraya, no presentaba quebrantos de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong>. El Ejército hizo entrega <strong>del</strong>joven a su familia solo cuando evidenciaron que tenía comportamientos por fuera de losparámetros norm<strong>al</strong>es. En consecuencia, no cabe duda de que dicha institución castrensetenía la responsabilidad de velar por su s<strong>al</strong>ud física y ment<strong>al</strong>; de ahí que sustraerse en estosmomentos a prestarle la colaboración que requiere su grave estado ment<strong>al</strong> sería contrariarlos precedentes constitucion<strong>al</strong>es que ha emitido la Corte Constitucion<strong>al</strong> <strong>al</strong> respecto. Aceptada la insistencia elevada por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, laPara resolver el caso, esa <strong>al</strong>ta corporación reiteró que la jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> hagarantizado especi<strong>al</strong>mente el derecho a la s<strong>al</strong>ud de aquellas personas que se encuentran enuna relación de sujeción, como las personas vinculadas a las Fuerzas Armadas. Así, reiteróque una afección grave a la s<strong>al</strong>ud deberá recibir la atención, cuando: (i) <strong>al</strong> ingresar a lainstitución castrense no la padecía, y (ii) así lo demuestren los exámenes médicos practicadospor el propio Ejército durante el proceso de incorporación. En el caso concreto expresó quese encuentra un reporte re<strong>al</strong>izado el día de la incorporación, en donde <strong>al</strong> joven se le declaraapto. Cinco días después se produce un nuevo informe en el cu<strong>al</strong> se le declara no apto. Por loanterior, la Corte concluyó que se encontraban los presupuestos indicados para la protección<strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud <strong>del</strong> hijo de la actora. Por tanto, ordenó <strong>al</strong> Ejército Nacion<strong>al</strong> v<strong>al</strong>orar elestado de s<strong>al</strong>ud ment<strong>al</strong> <strong>del</strong> joven y suministrarle los servicios requeridos.1.2.1.10. Los jueces de paz son independientes y autónomos; sinembargo, están sometidos a la Constitución y a la ley que loscrea. Luego sus decisiones deben ser susceptibles de controlHechos. El 19 de octubre de 2007, el actor solicitó una audiencia de conciliación ante el
596 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la restitución de un inmueble de su propiedad dado en arrendamiento, a pesar de haberleexpresado <strong>al</strong> arrendatario, mediante escrito <strong>del</strong> 03 de agosto de 2007, su intención de norenovar el contrato de arrendamiento. De acuerdo a lo anterior, según el accionante, el 26 dehaberlo citado para audiencia de conciliación el día 27 <strong>del</strong> mismo mes y año. Por esta razón, el 6de noviembre de 2007, posteriormente a haber recibido copia <strong>del</strong> f<strong>al</strong>lo a través <strong>del</strong> correo, confecha 31 de octubre <strong>del</strong> mismo año, presentó un recurso de reconsideración por no habérseledado oportunidad de ser escuchado en audiencia. Al día siguiente, 7 de noviembre, el Juez dePaz no lo aceptó, argumentando que había sido presentando de manera extemporánea.<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> insistió en la revisión <strong>del</strong> presente caso. En aquella oportunidad expresó que,de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 497 de 1999, ley que creó los jueces de paz yreglamentó su organización y funcionamiento, la parte interesada cuenta con los cinco (5)días siguientes a la comunicación <strong>del</strong> f<strong>al</strong>lo para interponer el recurso de reconsideración.A juicio de esta entidad, para hacer la correspondiente interpretación <strong>del</strong> término de loscinco días es pertinente remitirnos <strong>al</strong> artículo 62 de la Ley 4 de 1913 (Código de RégimenPolítico y Municip<strong>al</strong>) que a la vez subrogó el artículo 70 <strong>del</strong> Código Civil, para concluir quelos días que tiene cu<strong>al</strong>quiera de las partes para interponer el recurso de reconsideracióncontra el f<strong>al</strong>lo dictado por el juez de paz, se entienden como días hábiles y no como díasc<strong>al</strong>endario. En el caso concreto, estimó que el Juez de Paz, en el momento de contabilizarlos cinco días señ<strong>al</strong>ados en el artículo 32 citado, lo hizo considerando que cuando la normacontado los términos en días hábiles, como era lo leg<strong>al</strong>, el plazo con que contaba el actoriba hasta el día 7 de noviembre <strong>del</strong> mismo año, siendo, entonces, oportuno el recurso.Por consiguiente, <strong>al</strong> accionante no se le permitió ejercer su derecho a controvertir el f<strong>al</strong>losu derecho fundament<strong>al</strong> <strong>al</strong> debido proceso. La Corte Constitucion<strong>al</strong> acogió la insistencia en revisión presentada.pero por hecho superado. En primer término, expresó que las reglas de procedenciade la tutela son aplicables, también, cuando el amparo se dirige contra las actuacionesprovenientes de juez de paz, lo que incluye el f<strong>al</strong>lo que es dictado en equidad. Igu<strong>al</strong>mente,expresó que si bien los Jueces de Paz son independientes y autónomos están sometidos <strong>al</strong>a Constitución y a la Ley que los crea. Siendo ello así, las decisiones deben ser controladaspara evitar extr<strong>al</strong>imitación de sus funciones. No obstante, la Corte advirtió que dichocontrol no es idéntico <strong>al</strong> que se efectúa sobre las decisiones de los jueces que tomandecisiones en derecho, pues el marco dentro <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> puede ejercerse la labor autónomae independiente de los jueces de paz viene determinado por la Constitución, el artículo2 de la Ley 497 de 1999 (equidad) y, en particular, por los derechos fundament<strong>al</strong>es <strong>del</strong>os intervinientes en la actuación así como por los de terceros afectados, entre ellos y eldebido proceso. Después de referirse a la estructura <strong>del</strong> trámite surtido en la justicia depara concluir, en el caso concreto, que la comunicación solo puede entenderse surtida unavez se entregue a la parte copia de la sentencia. Expresó que el propósito de esa exigenci<strong>al</strong>eg<strong>al</strong> es garantizar que los días señ<strong>al</strong>ados por la Ley para interponer el recurso puedanemplearse efectiva y princip<strong>al</strong>mente en el diseño de un recurso de reconsideración y nodestinándolos a exigir copia de la sentencia. En relación con el cómputo de los términos,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>597la Corte consideró necesario remitirse <strong>al</strong> artículo 62 <strong>del</strong> Código de Régimen Político yque solo se tendrán en cuenta los días hábiles. En el caso concreto, la Corte precisó quedesde el 31 de octubre de 2007 debían empezar a contarse los términos de interposición<strong>del</strong> recurso de reconsideración, pues en dicha fecha existe constancia escrita <strong>del</strong> envío porconvencido de que la fecha en la cu<strong>al</strong> le llegó el correo post<strong>al</strong> con copia de la sentenciafue el 29 de octubre. De esta forma, en el plazo que va desde la fecha de expediciónde la sentencia hasta la fecha de impetración <strong>del</strong> recurso, el 6 de noviembre, incluyendoúnicamente días hábiles, se tiene que el recurso fue oportuno: En este orden de ideas, laCorte advierte que debería ordenar <strong>al</strong> Juez de Paz expedir un acto admitiendo el recurso dereconsideración. Sin embargo, en cumplimiento <strong>del</strong> f<strong>al</strong>lo de tutela de la primera instancia,el Juez de Paz accionado celebró una nueva audiencia de conciliación y, ante su fracaso,procedió a dictar sentencia en equidad, con lo cu<strong>al</strong> brindó <strong>al</strong> tutelante un nuevo plazo pararecurrir la sentencia, y en ese sentido no era necesario impartir una nueva orden.1.2.2. Casos relevantes de las defensorías region<strong>al</strong>es1.2.2.1. Por medio de la acción de grupo es factible reclamarindemnización por los daños que se generan a los habitantesde un sector (Defensoría Region<strong>al</strong> Bogotá)Hechos. La construcción de esta ciuda<strong>del</strong>a se re<strong>al</strong>izó sobre terreno húmedo, conmovimiento de suelo no apto para vivienda urbana y que ocasiona daño <strong>al</strong> ecosistema <strong>del</strong>os cerros. Actu<strong>al</strong>mente, se observa que los barrios que colindan están afectados por elmovimiento de masas internas <strong>del</strong> suelo en este sector, hecho notorio en la loc<strong>al</strong>idad de SanCristób<strong>al</strong> Sur. Además, recientemente se presentó derrumbe en la urbanización Buena Vista.Mediante el litigio defensori<strong>al</strong> seinterpuso acción de grupo para solicitar la indemnización de los perjuicios, en este casocausados por la violación de los derechos colectivos consagrados en el artículo 4 de lavivienda digna y s<strong>al</strong>ud de los habitantes <strong>del</strong> sector. Se evidencia el efecto dañino que sobreel ecosistema genera la t<strong>al</strong>a de más de 5.000 árboles, necesaria para adaptar el terreno a laconstrucción de la ciuda<strong>del</strong>a Compensar. Actu<strong>al</strong>mente, el proceso se encuentra en etapa probatoria. Sedecretó amparo de pobreza a favor de los residentes y accionantes, por petición de lapropia Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.1.2.2.2. El derecho <strong>al</strong> acceso a la educación de los estudiantesdiferenciados positivamente, de conformidad con laConstitución Política, debe ser respetado por las institucionespúblicas de educación superior (Defensoría Region<strong>al</strong> Bolívar)Hechos. Un joven de 17 años de edad se inscribió en el programa de medicina de laUniversidad de Cartagena por la zona sur (sur de Bolívar) que goza de especi<strong>al</strong> privilegio
598 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>en razón <strong>del</strong> estado de margin<strong>al</strong>idad y abandono en que se encuentra, consistente en quecinco cupos de varias facultades están reservados a la competencia cerrada entre bachilleresde los municipios de la mencionada zona, los cu<strong>al</strong>es son asignados por méritos de acuerdocon el puntaje obtenido en el examen de ingreso en orden decreciente, es decir, de mayora menor. Después de haber presentado el examen de admisión y haber obtenido el puntajede 56.5, lo que le otorgaba el puesto cuarto de cinco cupos que se escogieron, fue excluidocomo inadmitido dentro de los aspirantes ordinarios, siendo que se había inscrito comoaspirante especi<strong>al</strong>. Interpuso reposición para que la Universidad de Cartagena corrigiera La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Region<strong>al</strong>Bolívar, por solicitud <strong>del</strong> menor, elaboró la demanda de tutela contra la Universidad deCartagena con fundamento en que se le violaron los derechos fundament<strong>al</strong>es <strong>al</strong> debido proceso,igu<strong>al</strong>dad, libre desarrollo de la person<strong>al</strong>idad y educación. Además, coadyuvó la demanda.Como fundamentos jurisprudenci<strong>al</strong>es para sustentar la coadyuvancia se tuvieron encuenta la sentencia T-050 de 1999 sobre los derechos a la educación de los niños, la T-709de los Niños, de plena aplicación en la legislación colombiana en razón <strong>del</strong> bloque deconstitucion<strong>al</strong>idad.establecer la violación a la diferenciación positiva que había creado la misma Universidadde Cartagena en favor de la población estudiantil de escasos recursos para acceder a laeducación superior por razón de la margin<strong>al</strong>idad y abandono en que se encuentra, tutelóentre otros los derechos a la igu<strong>al</strong>dad y acceso a la educación. En consecuencia, ordenó<strong>al</strong> establecimiento universitario accionado que admitiera <strong>al</strong> joven actor como pasante en laFacultad de Medicina, Programa Especi<strong>al</strong> Sur – Sur.1.2.2.3. Las Empresas Promotoras de S<strong>al</strong>ud (EPS) deben dispensar asus afiliados con trastorno ment<strong>al</strong> severo y crónico la atenciónmédica y síquica requeridas, en un centro especi<strong>al</strong>izado <strong>del</strong>arga estancia, cuando la familia no esté en condiciones develar por su cuidado (Defensoría Region<strong>al</strong> Boyacá)Hechos. Comentó una peticionaria que su hermana era persona de 55 años de edad, enfermedad ment<strong>al</strong> crónica, razón por la cu<strong>al</strong> se encontraba en situación de inferioridadlos costos que implicaba su ingreso a una institución de larga estancia para esta clase dedataba de más de 21 años, tiempo durante el cu<strong>al</strong> había convivido con su señora madreprecaria le era imposible continuar acompañándola, máxime cuando la médico tratantehabía diagnosticado el medio familiar como no favorable para la paciente, que padecíaesquizofrenia paranoide generada por la f<strong>al</strong>sa idea de que su familia le iba a hacer daño. Noobstante lo anterior, la EPS Caprecom negó la atención en un centro especi<strong>al</strong>izado.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>599 Teniendo en cuenta lo anterior,la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Boyacá instauró una acción de tutela en nombre yrepresentación de la señora con discapacidad ment<strong>al</strong>, e invocó la protección de los derechosfundament<strong>al</strong>es a la s<strong>al</strong>ud –en conexidad con el derecho a la vida–, de la seguridad soci<strong>al</strong>,la dignidad humana y la igu<strong>al</strong>dad y pidió que, en consecuencia, se ordenara a las entidadesaccionadas a<strong>del</strong>antar los trámites respectivos, convenios, etc., tendientes a lograr el ingresode la citada a un <strong>al</strong>bergue o institución de larga estancia para pacientes con enfermedadment<strong>al</strong> crónica, para recibir la atención médica y síquica requerida, pues corresponde <strong>al</strong>Estado, a través de los órganos y entidades públicas, facilitar la solución <strong>al</strong> problema soci<strong>al</strong>y de s<strong>al</strong>ud de la paciente. El juez de tutela decidió amparar el derecho a la s<strong>al</strong>ud en conexidadcon el derecho a la vida, de la seguridad soci<strong>al</strong>, y a la dignidad humana de la accionantevulnerados por la EPS Caprecom. En consecuencia, ordenó a esta que en el término de 15tendientes a lograr el ingreso de la señora a un <strong>al</strong>bergue o institución de larga estancia parapacientes con enfermedad ment<strong>al</strong> crónica, donde se le deberá prestar la atención que requiera.1.2.2.4. El derecho a la libre opción sexu<strong>al</strong>, inherente <strong>al</strong> derecho <strong>al</strong>libre desarrollo de la person<strong>al</strong>idad, hace parte de la diversidadsexu<strong>al</strong> que debe ser protegida y estimulada en los contextoseducativos y no puede ser restringida de manera ilegitima demodo que afecte otros derechos como la educación y el debidoproceso (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> C<strong>al</strong>das)Hechos. A dos adolescentes de 15 y 16 años de edad, estudiantes de grado noveno<strong>del</strong> Colegio Leonardo Da Vinci de la ciudad de Maniz<strong>al</strong>es, se les negó el cupo para cursardisciplinarias para negar el cupo.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> C<strong>al</strong>das,una vez recibida la queja, intentó una solución directa, primero con la rectora y posteriormentecon la mediación de la Secretaría de Educación Municip<strong>al</strong> de Maniz<strong>al</strong>es. Ambos acercamientosresultaron infructuosos. Por lo anterior, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> region<strong>al</strong> elaboró el escrito detutela para que fuera presentada por los padres de las adolescentes.Adicion<strong>al</strong>mente, la Defensoría presentó escrito de coadyuvancia en segunda instancia,en el que destacó el v<strong>al</strong>or de la Constitución Política así como la fuerza y <strong>al</strong>cance <strong>del</strong>as decisiones de los jueces constitucion<strong>al</strong>es de tutela y rechazó las manifestaciones deintolerancia contra las estudiantes. El juez de tutela concedió el amparo solicitado y tuteló losderechos constitucion<strong>al</strong>es fundament<strong>al</strong>es <strong>al</strong> libre desarrollo de la person<strong>al</strong>idad, el debidoproceso, la educación e igu<strong>al</strong>dad y ordenó a la rectora <strong>del</strong> colegio autorizar la matrícula <strong>del</strong>as estudiantes y facilitarles a<strong>del</strong>antar, en un tiempo prudenci<strong>al</strong>, la nivelación académica.Impugnado el f<strong>al</strong>lo por el establecimiento educativo, el juez de tutela de segunda instancia “el cumplimiento de la sentencia de
600 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>primera instancia no se agota con el requisito form<strong>al</strong> de autorizar la matrícula. Se entenderá cumplida ensu integridad, si se demuestra que las menores cuentan con un ambiente propicio en el cu<strong>al</strong> puedan ejercersin cortapisa <strong>al</strong>guna los derechos fundament<strong>al</strong>es tutelados”. La sentencia asignó a la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> el seguimiento y acompañamiento <strong>del</strong> f<strong>al</strong>lo.1.2.2.5. Las trabas burocráticas no pueden entorpecer las labores dedefensa, protección y promoción de los derechos fundament<strong>al</strong>esde los niños y las niñas (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Casanare)Hechos. jurídica de ocho jóvenes. La medida de protección que se les aplicó fue la de ubicacióninstitucion<strong>al</strong> en centro cerrado. El ICBF Region<strong>al</strong> Casanare ha gestionado los cuposrespectivos en las instituciones terapéuticas correspondientes, teniendo en cuenta quelos jóvenes padecen problemas de adicción a sustancias sicoactivas. Tanto el JuzgadoSegundo Promiscuo de Familia como el ICBF Region<strong>al</strong> Casanare han solicitado a para el transporte de los custodios, exigido este por la Policía Nacion<strong>al</strong> por razonesde seguridad. Pese a las solicitudes elevadas tanto por la autoridad judici<strong>al</strong> como porla Procuraduría Judici<strong>al</strong> de Familia, la Secretaría de Gobierno Municip<strong>al</strong> ha guardadosilencio absoluto y no ha efectuado trámite <strong>al</strong>guno para cumplir con esta obligación. Losjóvenes, largo tiempo sumidos en la adicción a las drogas, que les ha generado deteriorofísico, emocion<strong>al</strong>, familiar y soci<strong>al</strong> ante la mirada indiferente de una autoridad que porLey debiera concurrir a su amparo, no pueden seguir soportando su situación comoconsecuencia de trabas burocráticas.Frente a la situación planteada, laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> instauró acción de tutela en favor de los ocho menores. En elescrito de tutela, luego de citar el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia,se determinó que la drogadicción es una afección terrible que lleva <strong>al</strong> sufrimiento y <strong>al</strong>deterioro no solo <strong>del</strong> consumidor, sino de su familia y su entorno. Respecto <strong>del</strong> interéssuperior de los niños y de las niñas, frente a los cu<strong>al</strong>es se solicita protección, nuestromáximo Tribun<strong>al</strong> Constitucion<strong>al</strong> ha sentado jurisprudencia. Se citó la sentencia T-510 <strong>del</strong>2003, que destaca cómo en materia de la protección <strong>del</strong> menor frente a riesgos prohibidosse debe resguardar a los niños de todo tipo de abusos y arbitrariedades, y se les debeproteger frente a condiciones extremas que amenacen su desarrollo armónico, t<strong>al</strong>es comoel <strong>al</strong>coholismo, la drogadicción, la prostitución, la violencia física o mor<strong>al</strong>, la explotacióneconómica o labor<strong>al</strong> y, en gener<strong>al</strong>, el irrespeto por la dignidad humana en todas sus formas.Así mismo, se hizo <strong>al</strong>usión, entre otras normas, <strong>al</strong> Código de la Infancia y la Adolescencia,que establece en su artículo 7o lo que se entiende por Integr<strong>al</strong> en cuanto a los niños,niñas y adolescentes; y a la Convención Internacion<strong>al</strong> de los Derechos <strong>del</strong> Niño que trata,entre otros temas, sobre la adopción de medidas de diversa índole para proteger a losniños contra el uso ilícito de los estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Por todo loanterior, se solicitó <strong>al</strong> juez que tutelara los derechos fundament<strong>al</strong>es a la protección, laintegridad y la vida digna de los niños y niñas relacionados en la demanda y se ordenara aGobierno Municip<strong>al</strong> apropiara y desembolsara los recursos necesarios para el traslado <strong>del</strong>os custodios que deben garantizar el acompañamiento para la internación de estos jóvenes
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>601 El juez de tutela resolvió proteger los derechos fundament<strong>al</strong>esde los niños, de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política. En t<strong>al</strong> virtud, asignación de custodios para el traslado de los menores, y en desarrollo <strong>del</strong> programade libertad asistida y casa <strong>del</strong> menor infractor, que garantizara los derechos de los niños.Fin<strong>al</strong>mente, resolvió prevenir a las demás autoridades que se han venido comprometiendoen a<strong>del</strong>antar el programa de libertad asistida y la Casa <strong>del</strong> Menor Infractor, entendidasy el Servicio Nacion<strong>al</strong> de Aprendizaje (SENA), por ser estas las llamadas a concertar lacreación de un centro que funcione como Casa <strong>del</strong> Menor, así como de todos los programasde protección <strong>del</strong> mismo.1.2.2.6. F<strong>al</strong>ta de condiciones mínimas de s<strong>al</strong>ubridad de los internos <strong>del</strong>os c<strong>al</strong>abozos de reclusión transitoria de la URI de la Fisc<strong>al</strong>íaSeccion<strong>al</strong> Cesar (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Cesar)Hechos. Los c<strong>al</strong>abozos de reclusión transitoria de la URI de la Fisc<strong>al</strong>ía Seccion<strong>al</strong> Cesarno reúnen los estándares mínimos para <strong>al</strong>bergar en condiciones dignas a las personas quetransitoriamente son recluidas en esa dependencia. T<strong>al</strong>es condiciones hacen referencia a loselementos para pernoctar, de aseo, adecuación de los c<strong>al</strong>abozos y norm<strong>al</strong> funcionamientode las baterías sanitarias, entre otros. La Defensoría Region<strong>al</strong> re<strong>al</strong>izóvisita a los c<strong>al</strong>abozos de reclusión transitoria de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) <strong>del</strong>a Fic<strong>al</strong>ía Seccion<strong>al</strong> Cesar y concluyó que los c<strong>al</strong>abozos no reúnen las condiciones mínimaspara <strong>al</strong>bergar en condiciones dignas a las personas que transitoriamente son recluidas enesa dependencia. Por lo que recomendó que la Dirección Administrativa y Financiera yla Dirección de Seccion<strong>al</strong> de Fisc<strong>al</strong>ía de V<strong>al</strong>ledupar se sirvieran coordinar los trabajosde mantenimiento correctivo a los c<strong>al</strong>abozos de la URI, de t<strong>al</strong> manera que se garantizaraa las personas todos los elementos necesarios para pernoctar, en condiciones dignas deaseo y s<strong>al</strong>ubridad. Así mismo, el norm<strong>al</strong> funcionamiento de las baterías sanitarias, paraque puedan ser maniobradas directamente por los <strong>al</strong>lí recluidos, proveer de colchonetas,sábanas y <strong>al</strong>mohadas a los camarotes e implementar los ciclos de aseo permanente querequiere ese reclusorio. El Director Seccion<strong>al</strong> Administrativo y Financiero comunicó a laDefensoría que la URI tiene un solo c<strong>al</strong>abozo para la reclusión provision<strong>al</strong> de los retenidos,mientras se re<strong>al</strong>iza su arraigo y demás actos urgentes; para luego ser llevados ante el Juezde Control de Garantías, quien decide sobre la libertad. Por lo anterior, se presentó acciónde tutela en contra de la Dirección Administrativa y Financiera de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de laNación, para que se protejan los derechos constitucion<strong>al</strong>es fundament<strong>al</strong>es de las personasque por <strong>al</strong>guna circunstancia sean retenidas y recluidas en los mencionados c<strong>al</strong>abozos. El juez de tutela resolvió amparar los derechos fundament<strong>al</strong>es a ladignidad humana, a la vida en condiciones dignas e integridad física de todas y cada una <strong>del</strong>as personas que por <strong>al</strong>guna circunstancia sean retenidas y recluidas en las celdas de la URIde esta ciudad. En razón de lo anterior, ordenó a la Dirección Seccion<strong>al</strong> Administrativay Financiera de la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación (Seccion<strong>al</strong> V<strong>al</strong>ledupar) que en un plazoadecuaciones necesarias para las personas que sean retenidas en dichos c<strong>al</strong>abozos.
602 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.2.2.7. Es viable que el Juez Popular ordene la re<strong>al</strong>ización de obras paraproteger los derechos e intereses colectivos de las personasdiscapacitadas (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Chocó)Hechos. La ciuda<strong>del</strong>a universitaria UTCH Diego Luis Córdoba, de Quibdó, fueconstruida sin la observancia de las normas técnicas en pro de garantizar el acceso a lasinst<strong>al</strong>aciones de las personas discapacitadas o con limitaciones físicas y en avanzado estadocronológico, razón por la cu<strong>al</strong> los afectados acudieron a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong>Chocó para que esta ejerciera los mecanismos de protección tendientes a solucionar laproblemática descrita.Estudiado el caso, la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> region<strong>al</strong> entabló una acción popular contra la Universidad Tecnológica <strong>del</strong> Chocó,escrito petitorio dentro <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> se expuso la fundamentación fáctica y jurídica en virtud <strong>del</strong>a cu<strong>al</strong> se estimaba la trasgresión de los derechos e intereses colectivos denotados en la Leydiversas jurisprudencias sobre el particular. El Juez Popular accedió a las pretensiones formuladas porla Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y ordenó <strong>al</strong> ente accionado que en dos meses gestionararecursos y ejecutara las obras para garantizar los derechos de accesibilidad de losdiscapacitados físicos.1.2.2.8. La acción de cumplimiento es el mecanismo de protección viablepara hacer cumplir normas contenidas en actos administrativos oleyes (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Córdoba)Hechos. Por virtud de una queja por contaminación, interpuesta contra un señor antela Personería Municip<strong>al</strong> de Cereté en su condición de propietario de un criadero de cerdos,depósito y quema de cuernos y huesos de reses en el sector de Chuchurubí, de la zonaurbana <strong>del</strong> municipio, el <strong>al</strong>c<strong>al</strong>de municip<strong>al</strong> dictó la resolución número 045 de 5 de marzo de2004, cuyo artículo primero reza: donde funciona el criadero de cerdos, depósitos y quemas de cuernos y hueso de reses de propiedad <strong>del</strong> señor,que de conformidad con el artículo 576 de la Ley 09 de 1979 se suspenderán las actividades que en ella sea<strong>del</strong>antan”. Posteriormente, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Córdoba, en comunicacióna<strong>del</strong>antara para evitar que el señor continuara conla actividad de que se ha hecho mención y que había afectado la s<strong>al</strong>ud y medio ambiente deren<strong>al</strong> crónica que fue empeorando con la situación y procesamiento antihigiénico que sepuso en conocimiento. Esto, porque no se había dado solución a la problemática ambient<strong>al</strong>referida, pues habían transcurrido varios años sin que el acto administrativo 045 de 2004hubiera sido cumplido por el señor <strong>al</strong>c<strong>al</strong>de de Cereté. La Defensoría, después de unaserie de comunicaciones y traslado a distintas entidades gubernament<strong>al</strong>es de Cereté, sinhaber logrado el cumplimiento <strong>del</strong> objeto <strong>del</strong> acto administrativo Nº 045 de marzo 5
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>603de 2004, de inmediato procedió a presentar acción de cumplimiento, teniendo en cuentaque este es el mecanismo de protección viable para hacer cumplir normas contenidas enPolítica y la Ley 393 de 1997, la acción de cumplimiento se puede dirigir contra la autoridadadministrativa a la que corresponda el cumplimiento <strong>del</strong> deber omitido, previsto en la normacon fuerza materi<strong>al</strong> de Ley o acto administrativo, y agregó que “en caso de prosperar laacción, la sentencia ordenará a la autoridad renuente el cumplimiento <strong>del</strong> deber omitido”. actividades <strong>del</strong> establecimiento donde funciona el criadero de cerdos, depósitos y quemade cuernos y huesos de reses <strong>del</strong> señor. El juzgado <strong>del</strong> conocimiento, tras hacer un recuento de los hechosy las pruebas arrimadas <strong>al</strong> proceso, concluyó que existía un incumplimiento de la autoridadaccionada en ejecutar lo previsto en la Resolución Nº 045 de marzo 5 de 2004. Por loanterior, en la parte resolutiva ordenó <strong>al</strong> representante leg<strong>al</strong> <strong>del</strong> municipio de Cereté quedonde funciona el criadero de cerdos, depósitos y quemas de cuernos y hueso de reses depropiedad <strong>del</strong> señor.1.2.2.9. Acción de tutela promovida por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Seccion<strong>al</strong> Guajira contra el Instituto Nacion<strong>al</strong> Penitenciario yCarcelario (INPEC) por la negativa a trasladar a unos internosvíctimas de agresiones y amenazas por su condición de exfuncionarios <strong>del</strong> DAS (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Guajira)Hechos. Los peticionarios, que se encontraban laborando como funcionarios <strong>del</strong>Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) Seccion<strong>al</strong> Atlántico, fueron recluidosen la cárcel Distrit<strong>al</strong> de Riohacha y puestos a disposición <strong>del</strong> juez competente en c<strong>al</strong>idad deimputados con régimen especi<strong>al</strong> y condición de miembros <strong>del</strong> cuerpo de policía judici<strong>al</strong>.Dicha condición los ubicó en un estado de inseguridad, entre otras razones, porquede <strong>del</strong>incuentes de <strong>al</strong>ta peligrosidad, muchos de los cu<strong>al</strong>es se encontraban en el mismocentro carcelario, lo que incrementó la situación de inseguridad y ocasionó agresiones yamenazas, situación que los llevó a solicitar traslado a la cárcel de Saban<strong>al</strong>arga (Atlántico)o a otro centro especi<strong>al</strong> para funcionarios o ex funcionarios, sin obtener un resultadopositivo. Adicion<strong>al</strong>mente, los internos registraron acercamiento familiar en la ciudad deBarranquilla, lo cu<strong>al</strong>, aunado a las erogaciones económicas para las visitas, los manteníaen un estado de tristeza y depresión que obstaculizaba el tratamiento progresivo yresoci<strong>al</strong>izador pretendido, más aun si no se les concedía traslado.amenazados por parte <strong>del</strong> INPEC el derecho a la Igu<strong>al</strong>dad consagrado en el artículo 13de la C.P., pues se les estaba discriminando con respecto a otros reclusos que, estandoen situación similar, habían sido trasladados <strong>al</strong> lugar de su residencia o donde residía sunúcleo familiar. En este sentido ha tenido que pronunciarse la Corte Constitucion<strong>al</strong>. Por loanterior, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Guajira, haciendo uso de los principios rectores
604 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><strong>del</strong> Código Penitenciario y Carcelario (Ley 65 de 1999) y <strong>del</strong> respeto a la dignidad humana,interpuso la correspondiente acción de tutela a favor de los internos para la cesacióninmediata de la vulneración de los derechos fundament<strong>al</strong>es indicados y, en consecuencia,solicitó su traslado a la cárcel de Saban<strong>al</strong>arga (Atlántico) o, en su defecto, a otro centrocarcelario especi<strong>al</strong> para funcionarios o ex funcionarios, atendiendo que prestaron serviciosen el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). El juez de tutela de primera instancia denegó las pretensiones de lademanda. Sin embargo, previo trámite de una impugnación interpuesta por la Defensoría,dicho f<strong>al</strong>lo fue revocado en segunda instancia para en su lugar tutelar el derecho fundament<strong>al</strong>a la dignidad humana de los internos. En consecuencia, se ordenó que, en el términohoras en que eran encerrados. Además, se tendría en cuenta, para el cumplimiento de loordenado, la condición de ex funcionarios <strong>del</strong> DAS de modo que se evitara que, comoobjeto de venganzas, fueran víctimas de atentados contra su integridad por personas atrasladados a la Cárcel de Saban<strong>al</strong>arga (Atlántico).1.2.2.10. Mediante la acción de tutela se pueden proteger los derechosfundament<strong>al</strong>es de la población desplazada (Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Huila)Hechos. desplazada debido a que Acción Soci<strong>al</strong> argumentó una supuesta incongruencia debido ade Albania, Caquetá, cuando el municipio expulsor era Puerto Guzmán, Putumayo.Además, Acción Soci<strong>al</strong> h<strong>al</strong>ló inscripción de cédula de ciudadanía de ella y su esposo en elmunicipio de Albania, Caquetá. La señora interpuso recurso de reposición manifestandoque efectivamente había tenido arraigo en Albania, Caquetá, puesto que en ese municipiovivió gran parte de su vida. También manifestó que dicha región era controlada porgrupos paramilitares que los obligaron, a ella y a su esposo, a inscribir las cédulas en dichomunicipio para efectos elector<strong>al</strong>es.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong>Huila, <strong>al</strong> considerar que se estaba vulnerando los derechos fundament<strong>al</strong>es <strong>al</strong> reconocimientoe inscripción de su condición de desplazada en el registro, una vez escuchado el testimoniode la usuaria y evidenciada su condición de desplazada así como su grave situaciónsocioeconómica, procedió a interponer la acción de tutela. El juez de tutela amparó los derechos que como desplazadaostentaba la peticionaria y procedió a ordenar a Acción Soci<strong>al</strong> su inclusión en el registro,junto a su familia, así como el suministro de las ayudas humanitarias a las que tiene derechopor su condición y la oriente y ordenó que se la acompañara adecuadamente para acceder atodos los programas de atención y estabilización socioeconómica de esta población.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6051.2.2.11. Mediante la acción de tutela es procedente proteger el derechoa la s<strong>al</strong>ud en conexidad con la vida de un soldado a quien lehan negado la atención médica por hechos acaecidos durantela prestación <strong>del</strong> servicio militar (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio)Hechos. En el año 2006, un soldado profesion<strong>al</strong> fue enviado para el monte en laSerranía de Santo Domingo, en el sur de Bolívar. El 31 de agosto de 2007, la escuadra a laque pertenecía cayó en un campo minado. El 10 de septiembre <strong>del</strong> mismo año, un Cabopresentó <strong>al</strong> comandante <strong>del</strong> Bat<strong>al</strong>lón Nueva Granada un informe de los hechos, en el cu<strong>al</strong> seencontraba el peticionario, quien presentaba esquirlas que le estaban afectando las piernas,especi<strong>al</strong>mente la izquierda. Este hecho que afectaba <strong>al</strong> soldado no fue reportado a lasfuerzas militares para ser atendido por el departamento de sanidad, que tenía la obligaciónde expedirle un informativo para a<strong>del</strong>antar la junta médica, y solo le decretaron 10 díasde incapacidad. Posteriormente, le autorizaron 15 días de vacaciones y de ahí se presentóy lo remitieron a entrenamiento en Aguachica (Cesar), el cu<strong>al</strong> no pudo continuar porquetenía los oídos reventados, de manera que fue enviado <strong>al</strong> Bat<strong>al</strong>lón de ADA Nº 2 NuevaGranada para que a<strong>del</strong>antara el tratamiento de la enfermedad que estaba presentando. El20 de diciembre de 2007, estando incapacitado, lo enviaron a la base de San Lucas y el 23de diciembre <strong>del</strong> mismo año estuvo <strong>al</strong> frente de un segundo ataque, a raíz <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> se le<strong>Pueblo</strong> porque varios médicos <strong>del</strong> Ejército le indicaron una cita para exámenes, los cu<strong>al</strong>esno le fueron ordenados. manifestó que el soldado estaba en tratamiento y que unos exámenes especi<strong>al</strong>izados no<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> presentó acción de tutela y en nombre <strong>del</strong> usuario, pues los hechos seprodujeron con ocasión <strong>del</strong> cumplimiento de un servicio <strong>al</strong> Estado. Por tanto, en el escritode demanda, entre otras peticiones, se solicitó que el Ministerio de Defensa y el EjércitoNacion<strong>al</strong> autorizaran y garantizaran continuar con la atención médica integr<strong>al</strong> que requeríael soldado para el restablecimiento de su s<strong>al</strong>ud, su derecho a reintegrarse a la vida civil y <strong>al</strong>a sociedad de manera digna. El f<strong>al</strong>lo de primera instancia fue favorable en todos sus pedimentos.Impugnada t<strong>al</strong> decisión, el f<strong>al</strong>lador de segunda instancia dispuso ordenar <strong>al</strong> EjércitoNacion<strong>al</strong>, <strong>al</strong> Ministerio de Defensa Nacion<strong>al</strong>, a la Dirección de Sanidad Militar Region<strong>al</strong> deBucaramanga, a la Quinta Brigada <strong>del</strong> Ejército y <strong>al</strong> Bat<strong>al</strong>lón Nueva Granada amparar losderechos a la s<strong>al</strong>ud y a la vida y, en consecuencia, convocar a junta médica labor<strong>al</strong> dentromédica <strong>del</strong> peticionario.
606 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.2.2.12. Las creencias religiosas de los padres de familia no puedenvulnerar los derechos fundament<strong>al</strong>es de sus hijos menores deedad (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Meta)Hechos. Un menor de 22 días de nacido, con síndrome anémico con repercusiónhemodinámica, requería una transfusión urgente de sangre compatible para su tratamiento;sin embargo, sus padres no otorgaron la autorización correspondiente con el argumentode ser Testigos de Jehová, religión que no les permite dicho procedimiento. Ello, pese a laintervención <strong>del</strong> Defensor de Familia.La Defensoría Region<strong>al</strong> instauróacción de tutela contra los padres <strong>del</strong> menor, cuya pretensión princip<strong>al</strong> fue la autorización <strong>del</strong>a transfusión de sangre que requería su hijo para su tratamiento y mejoría, con fundamentoen el artículo 44 de la Carta Política y diferentes f<strong>al</strong>los de la Corte Constitucion<strong>al</strong>, entreellos, la sentencia T-411 de 1994, que sostiene que si bien es cierto que los padres tienenderecho a escoger el tipo de formación de sus hijos menores, ello no implica la potestadsobre el estatuto ontológico de la persona <strong>del</strong> menor. El juez de tutela amparó los derechos fundament<strong>al</strong>es a la s<strong>al</strong>uden conexidad con la vida, integridad person<strong>al</strong> y vida digna <strong>del</strong> menor y, en consecuencia,ordenó a sus padres que de manera inmediata autorizaran la transfusión de sangre. Ademásde ello, los conminó a abstenerse de re<strong>al</strong>izar cu<strong>al</strong>quier hecho similar que atentara contr<strong>al</strong>a vida o cu<strong>al</strong>quier derecho fundament<strong>al</strong> <strong>del</strong> menor, so pretexto de las creencias religiosas.1.2.2.13. La acción de tutela procede para ordenar servicios de s<strong>al</strong>udNo POS cuando el médico tratante está adscrito a la EPS.Excepcion<strong>al</strong>mente, si la vulneración es evidente y grave, debeaceptarse las prescripciones <strong>del</strong> médico particular, así nopertenezca a la red de prestadores de la EPS, con el fin decumplir con el principio de c<strong>al</strong>idad de los servicios de s<strong>al</strong>ud(Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Nariño)Hechos. a S<strong>al</strong>udcoop EPS, padecía de adicción a sustancias sicoactivas, considerada por lajurisprudencia como una grave enfermedad ment<strong>al</strong> que pone a la persona en situación dedebilidad síquica y que, por lo tanto, debe ser atendida por el Sistema de Seguridad Soci<strong>al</strong>.El accionante, en su afán de superarse, acudió a tratamientos particulares, haciendouso de licencias labor<strong>al</strong>es no remuneradas, pero la ausencia de ingresos durante el tiempo<strong>del</strong> tratamiento hizo que los suspendiera. Elevó solicitud a la EPS para que esta loasumiera y reconociera las respectivas incapacidades, pero le fue negada por considerarsela drogadicción como un evento No POS.Luego de estudiar el ordenamientojurídico y la jurisprudencia sobre la materia, se concluyó que, a la luz de la jurisprudenciaconstitucion<strong>al</strong>, la drogadicción es un problema de s<strong>al</strong>ud que debe ser atendido por el
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>607sistema de seguridad soci<strong>al</strong>, y que la omisión de la EPS en este caso vulneraba el derechoa la s<strong>al</strong>ud <strong>del</strong> accionante, lo que ameritaba la protección constitucion<strong>al</strong> de sus derechosfundament<strong>al</strong>es, los cu<strong>al</strong>es gozan de primacía sobre todo por tratarse de un sujeto en estadode debilidad síquica. Se encontraron vulnerados los derechos fundament<strong>al</strong>es a la s<strong>al</strong>ud enconexidad con el derecho a la vida en condiciones dignas, la integridad física y sicológica,la seguridad soci<strong>al</strong>, el trabajo y el mínimo vit<strong>al</strong>. El juez de tutela, con apoyo en precedentes jurisprudenci<strong>al</strong>es, consideróque la drogadicción es una enfermedad ment<strong>al</strong> que ocasiona debilidad síquica de la persona yque demanda especi<strong>al</strong> protección <strong>al</strong> tenor <strong>del</strong> artículo 47 de la Carta, especi<strong>al</strong>mente a través <strong>del</strong>sistema de seguridad Soci<strong>al</strong>. Agregó que si bien la jurisprudencia ha exigido, para el otorgamientode servicios excluidos <strong>del</strong> POS, el requisito de que el médico tratante esté adscrito a la EPS,esto no es óbice para que eventu<strong>al</strong>mente se acepten prescripciones de g<strong>al</strong>enos ajenos a la EPS,aplicando el principio de c<strong>al</strong>idad en la prestación <strong>del</strong> servicio de s<strong>al</strong>ud.Aseguró además que, por tratarse de un procedimiento que debe ser atendido por elSistema de Seguridad Soci<strong>al</strong>, la EPS debe reconocer las incapacidades médicas por el tiempoen que el paciente se encuentra en tratamiento y no pueda asistir a su trabajo. En consecuencia,tuteló los derechos a la s<strong>al</strong>ud en conexidad con derecho a la vida en condiciones dignas,la integridad física y sicológica, la seguridad soci<strong>al</strong>, el trabajo y el mínimo vit<strong>al</strong> <strong>del</strong> señor,impartiendo la orden a S<strong>al</strong>udcoop EPS de suministrar el tratamiento de rehabilitación desicoactivos y todos los procedimientos, medicamentos, terapias y cuidados relacionados conel tratamiento de esa enfermedad, así como las incapacidades médicas <strong>del</strong> caso.1.2.2.14. La prestación <strong>del</strong> servicio público domiciliario de telefoníadebe estar <strong>al</strong> servicio de la comunidad bajo los principiosde celeridad, eficacia y oportunidad (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Region<strong>al</strong> Quindío)Hechos. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>del</strong> Quindío recibió, durante los primerosservicio público de telefonía prestado por la Empresa Colombia TelecomunicacionesSA, en el sentido de no resolver de fondo lo peticionado por los usuarios: cobro deplanes y servicios no contratados por ellos, cobro de servicios no prestados y respuestaserradas respecto de las peticiones, dada la centr<strong>al</strong>ización de las mismas en la ciudad deBucaramanga, entre otros hechos.Ante la situación presentada, laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Quindío consideró que había una grave vulneración <strong>del</strong>os derechos tanto de petición como de la adecuada prestación <strong>del</strong> servicio público, queafectaba a gran parte de la población <strong>del</strong> departamento y por ello participó en varias mesasde trabajo con directivos de la empresa, la asociación de usuarios y otros organismos <strong>del</strong>a defensoría region<strong>al</strong> decidió interponer una acción popular en representación de lapoblación afectada. La acción popular fue admitida por el juez popular, despachoque resolvió aceptando la medida cautelar solicitada por la Defensoría. Ordenó crear un
608 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>espacio físico en la ciudad de Armenia con todos los medios logísticos y de person<strong>al</strong>profesion<strong>al</strong> idóneo para resolver, dentro de los términos leg<strong>al</strong>es, las quejas presentadaspor los usuarios <strong>del</strong> servicio y, además, creó un comité de seguimiento <strong>al</strong> cumplimiento <strong>del</strong>auto, presidido por la defensoría.1.2.2.15. Cuando se ha violado el derecho fundament<strong>al</strong> a la s<strong>al</strong>ud de unmenor, es viable solicitar el tratamiento integr<strong>al</strong> mediante laacción de tutela. (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Risar<strong>al</strong>da)Hechos. Una peticionaria, en representación de su hija menor, solicitó a la DefensoríaRegion<strong>al</strong> Risar<strong>al</strong>da la intervención necesaria para efectos de que la entidad prestadorade s<strong>al</strong>ud, la EPS denominada SOS Servicio Occident<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud, le prestara la debidaatención médica a la menor, ya que sufría de hidrocef<strong>al</strong>ia, mielomelingocele, vejiga congénitas, e igu<strong>al</strong>mente había sufrido de meningitis y apendicitis aguda, enfermedadde los dolores que padecía la menor en su área abdomin<strong>al</strong>. Los g<strong>al</strong>enos respondieronque no era nada grave y la devolvieron a su casa, hecho que ocurrió cuatro vecesseguidas, hasta cuando la menor no aguantó más el dolor y la clínica (Comfamiliar)optó por dejarla hospit<strong>al</strong>izada. Así entonces, le re<strong>al</strong>izaron unos exámenes de rutina y <strong>al</strong>día siguiente la intervinieron quirúrgicamente, pero como esta cirugía no fue re<strong>al</strong>izadaoportunamente se desarrolló una infección en la válvula que entonces tenía para elmanejo de la hidrocef<strong>al</strong>ia, lo que le ocasionó la primera meningitis. Debido a esto,le debían quitar la válvula y ponerle un reservorio de Ohmaya pediátrico, el cu<strong>al</strong> fuenegado, arriesgando la vida de la menor discapacitada.El defensor region<strong>al</strong>, actuando enrepresentación de la menor, instauró acción de tutela en contra de la EPS denominadaSOS Servicio Occident<strong>al</strong> de S<strong>al</strong>ud para que, de manera inmediata, se iniciara el tratamientointegr<strong>al</strong> y completo que buscara la solución de poner en su cerebro un reservoriode Ohmaya, se practicara el examen de video urodinamia y se le suministraran losmedicamentos necesarios, una silla de ruedas, pañ<strong>al</strong>es y en gener<strong>al</strong> todo lo indispensablepara su atención integr<strong>al</strong> en s<strong>al</strong>ud con el objeto de s<strong>al</strong>vaguardar su vida. El juez de tutela amparó los derechos a una vida digna, a laintegridad person<strong>al</strong>, la dignidad humana, la s<strong>al</strong>ud y a la seguridad soci<strong>al</strong> de la menor.En consecuencia, ordenó a la EPS SOS que, en forma inmediata, procediera a autorizarel cubrimiento económico de los medicamentos, el cateterismo vesic<strong>al</strong> intermitenteen relación con todo lo que se derivara de los problemas que aquejaban a la menor yque tuvieran que ver con las patologías que dieron origen a la acción, como tambiénlos viáticos, pañ<strong>al</strong>es desechables y silla de ruedas. Igu<strong>al</strong>mente, brindar a la madre unacapacitación completa en lo referente <strong>al</strong> cateterismo vesic<strong>al</strong> intermitente diario, todolo anterior sin que esta quedara sujeta <strong>al</strong> pago de copagos y cuotas moderadoras, enatención a su situación económica.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6091.2.2.16. El derecho a la propiedad puede llegar a ostentar la natur<strong>al</strong>ezade derecho fundament<strong>al</strong>, y por ende ser susceptible deampararse por vía de tutela, siempre que su vulneración seaconexa con la de derechos fundament<strong>al</strong>es como la vida y laintegridad. (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Santander)Hechos. Los peticionarios fueron dos personas adultos mayores cuyas edadesen c<strong>al</strong>idad de propietarios de un inmueble (parcela) ubicado en la vereda Vericute, enla vía que de Bucaramanga conduce a Pamplona. Desde hacía aproximadamente tres m<strong>al</strong>as condiciones en que se encontraba la vía, lo que había ocasionado que la viviendase estuviera prácticamente derrumbando poco a poco, <strong>al</strong> punto de constituir un peligrolatente y pues en cu<strong>al</strong>quier momento podía caer por completo, lo que implicaba un <strong>al</strong>toriesgo para la vida e integridad person<strong>al</strong> de las dos personas afectadas. Por lo anterior,habían solicitado ayuda a las autoridades municip<strong>al</strong>es, departament<strong>al</strong>es así como a Invías y aCDMB (Corporación Autónoma Region<strong>al</strong> para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga), Advertida la condición de <strong>al</strong>toriesgo que presentaban los peticionarios en cuanto a la vulnerabilidad de sus derechosfundament<strong>al</strong>es a la vida e integridad física y propiedad, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong>Santander procedió a interponer una acción de tutela institucion<strong>al</strong> contra el municipio deFloridablanca y su Secretaría de Infraestructura para que se les garantizara el amparo deesos derechos fundament<strong>al</strong>es y se adoptaran las medidas necesarias para restablecerlos. acción de tutela impetrada por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Santander. En consecuencia,se ordenó <strong>al</strong> Municipio de Floridablanca - Secretaría de Infraestructura que, en el términoacciones necesarias en coordinación con las demás autoridades municip<strong>al</strong>es y se reubicara <strong>al</strong>os peticionarios en condiciones adecuadas y razonables por el tiempo que ellos lo requiriesen,reubicación que debía concretarse en un término máximo de 15 días. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Municipio de Floridablanca informó que se leg<strong>al</strong>izó un contrato de arrendamiento y se reubicóa los afectados por el tiempo que sea necesario, mientras la entidad Invías re<strong>al</strong>iza las obras derecuperación de la vía, lo cu<strong>al</strong> estima en un plazo aproximado de cinco a seis meses.1.2.2.17. La exención de prestar el servicio militar a los casados quehacen vida conyug<strong>al</strong> también debe aplicarse a los que tienenunión marit<strong>al</strong> de hecho, así el texto leg<strong>al</strong> no lo haya estipuladodirectamente (Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Sucre)Hechos. Un peticionario mantenía unión marit<strong>al</strong> de hecho, de aproximadamente 7años, fruto de la cu<strong>al</strong> existía un hijo de un año de edad con su compañera. El citado joven
610 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>no había resuelto su situación militar, por lo que, ante una campaña de incorporación <strong>del</strong>Ejército, se acercó a hacerlo y se le manifestó que debía regresar después. Al día siguiente, enuna “batida” en las c<strong>al</strong>les <strong>del</strong> municipio de Sincelejo y luego de solicitarle los documentos,fue trasladado <strong>al</strong> distrito militar de esa ciudad. Una vez enterada su compañera, se acercó <strong>al</strong>distrito y puso en conocimiento de la autoridad militar la condición de padre y compañeropermanente <strong>del</strong> recién incorporado, frente a lo cu<strong>al</strong> le fue manifestado que lo esperara en lacasa, pero este nunca llegó. Lo trasladaron <strong>al</strong> Bat<strong>al</strong>lón Bejarano de la Brigada 17, con sedeen el municipio de Carepa, Antioquia. Como consecuencia de lo anterior, la compañera sehabía visto sometida a penurias y desprotección, ya que no tenía la forma de conseguir elsustento <strong>del</strong> menor.Para la Defensoría era completamenteel servicio militar obligatorio, no señ<strong>al</strong>a de manera directa el caso de las personas queviven en unión marit<strong>al</strong> de hecho es necesario que la misma se extienda, de acuerdo con lajurisprudencia, a este tipo de uniones, pues la misma Constitución Política establece que lafamilia puede formarse por vínculos natur<strong>al</strong>es o jurídicos.Así las cosas, por considerar vulnerado el derecho a la familia, la Defensoría Region<strong>al</strong>Sucre presentó acción de tutela contra el Bat<strong>al</strong>lón de Ingenieros Carlos Bejarano y solicitóque se excluyera <strong>al</strong> conscripto mencionado <strong>del</strong> citado bat<strong>al</strong>lón y fuera eximido de prestarel servicio militar obligatorio. en la demanda de tutela y an<strong>al</strong>izar las pruebas arrimadas, aceptó los argumentos de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en el sentido de admitir otra categoría de personas exoneradasde prestar el servicio militar obligatorio aunque esta categoría no esté contemplada en laCon fundamento en lo anterior, decidió tutelar el derecho a la familia y, en consecuencia,ordenó <strong>al</strong> comandante <strong>del</strong> Bat<strong>al</strong>lón Ingenieros Carlos Bejarano excluir <strong>al</strong> citado señor <strong>del</strong>as inst<strong>al</strong>aciones <strong>del</strong> bat<strong>al</strong>lón y exonerarlo de prestar el servicio militar obligatorio.1.2.2.18. Mediante la acción popular es procedente adoptar comomedida de protección la reubicación de los habitantes de unbarrio ubicado en una zona de <strong>al</strong>to riesgo. (Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Urabá)Hechos. Los habitantes <strong>del</strong> barrio La Esperanza <strong>del</strong> municipio de Apartadó, Antioquia,señ<strong>al</strong>aron que se encontraban ubicados en una zona de <strong>al</strong>to riesgo, toda vez que desdemuchos años atrás el municipio había permitido el asentamiento de personas en las laderas<strong>del</strong> río Apartadó, lo que ocasionaba que en la época de invierno, cuando el río aumenta sucaud<strong>al</strong>, se desbordara y ocasionara la inundación de todo el barrio y con ello la pérdida debienes y, en la última inundación, la muerte de un menor de edad. Agregaron que existíam<strong>al</strong> manejo ambient<strong>al</strong>, pues se permitía el vertido de aguas negras <strong>al</strong> río y no se manejab<strong>al</strong>a cuenca de este en el nacimiento ni en su desembocadura.Se visitó la comunidad y se reunió con
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>611también se solicitó información y documentos a la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día de Apartadó y a Corpourabá.Recopilada la información, se procedió a formular una acción popular para la defensa de losderechos colectivos quebrantados, relativos <strong>al</strong> goce de un ambiente sano, la existencia <strong>del</strong>equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racion<strong>al</strong> de los recursos natur<strong>al</strong>es paragarantizar su desarrollo sostenible, la seguridad y s<strong>al</strong>ubridad públicas, el derecho a la seguridady la prevención técnica de desastres. La defensoría region<strong>al</strong> participó en la audiencia de pactode cumplimiento, pero sin resultados positivos, por lo que siguió a<strong>del</strong>ante el proceso con lacoadyuvancia de la Procuraduría Agraria de Antioquia y dos ciudadanos. El Juez Popular concedió la protección de los derechoscolectivos <strong>al</strong> goce a un ambiente sano, la existencia <strong>del</strong> equilibrio ecológico y el manejoy aprovechamiento racion<strong>al</strong> de los recursos natur<strong>al</strong>es para garantizar su desarrollosostenible, la seguridad y s<strong>al</strong>ubridad públicas, el derecho a la seguridad y prevención dedesastres previsibles técnicamente. En el f<strong>al</strong>lo, se ordenó reubicar el barrio La Esperanza eigu<strong>al</strong>mente que el municipio y Corpourabá re<strong>al</strong>izaran el manejo ambient<strong>al</strong> de la cuenca <strong>del</strong>río, así como trabajos que minimizaran el riesgo para el resto de la población.1.2.2.19. La necesidad de una comunidad de acceder <strong>al</strong> servicio públicode agua potable no satisfecha por la administración municip<strong>al</strong>puede ser exigida a través de una acción popular (Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le)Hechos. El departamento <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, a pesar de su desarrollo, tiene marcadas pobladora de los municipios de Florida y Pradera, que continuamente reclaman el accesoa la infraestructura <strong>del</strong> servicio público de agua potable. Frente a la necesidad de tod<strong>al</strong>a comunidad perteneciente a t<strong>al</strong>es municipios, Acuav<strong>al</strong>le interpuso una acción popularde la comunidad, amenazados <strong>al</strong> parecer por las actitudes de quienes ejercen la funciónpública en esos entes municip<strong>al</strong>es.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong><strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca ha estado presente, propendiendo a que la comunidad tenga accesoa una adecuada infraestructura <strong>del</strong> servicio público de acueducto, que garantice elEn estos términos, la Defensoría Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca hizo presencia en la reunión dejunta directiva <strong>del</strong> día 9 de noviembre de 2007, en donde se informó en det<strong>al</strong>le sobre laproblemática surgida, así como <strong>del</strong> anuncio de la interposición de una acción popular porparte de Acuav<strong>al</strong>le. Por lo anterior, la Defensoría se hizo parte dentro <strong>del</strong> proceso de acciónde la comunidad que no tienen acceso a una infraestructura adecuada <strong>del</strong> servicio público las pruebas <strong>al</strong>legadas <strong>al</strong> plenario y dar una especi<strong>al</strong> relevancia a la coadyuvancia <strong>del</strong> defensor
612 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>y acceder a las pretensiones de la demanda, ordenando una serie de medidas tendientes aque las administraciones accionadas dotaran a sus respectivos municipios de una adecuadaagua potable a toda la comunidad de los citados municipios.1.2.2.20. La colocación de conos y v<strong>al</strong>las en la vía pública, sinautorización previa de la autoridad competente, viola elderecho fundament<strong>al</strong> a la libertad de locomoción (Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Vichada)Hechos. En vía pública <strong>del</strong> centro <strong>del</strong> municipio de Puerto Carreño, Vichada, elBat<strong>al</strong>lón de Infantería de Marina Nº 40 de la Armada Nacion<strong>al</strong>, sin previo permiso deautoridad competente, ubicó en el centro de la vía varios conos y v<strong>al</strong>las argumentandoseguridad para las inst<strong>al</strong>aciones <strong>del</strong> Bat<strong>al</strong>lón y sus hombres, lo cu<strong>al</strong> afectó la locomociónde los habitantes <strong>del</strong> municipio. La defensoría region<strong>al</strong> re<strong>al</strong>izóretirados los elementos que obstruían la libre circulación de las personas, sin obtenerrespuesta satisfactoria. El Bat<strong>al</strong>lón argumentó seguridad para sus inst<strong>al</strong>aciones y la desus hombres. Entonces se procedió a elaborar y radicar una demanda de tutela ante eljuzgado competente con el objeto de lograr la protección y vigencia <strong>del</strong> derecho a la librecirculación de las personas, que se garantizaría con el levantamiento y retiro de los conos yv<strong>al</strong>las colocados en la vía pública. El Juez Constitucion<strong>al</strong> resolvió conceder la tutela interpuesta por laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, ordenando <strong>al</strong> comando <strong>del</strong> Bat<strong>al</strong>lón Fluvi<strong>al</strong> de Infantería de Marina–si ya no lo habíahecho– ante el señor <strong>al</strong>c<strong>al</strong>de municip<strong>al</strong> de esta ciudad, relativo <strong>al</strong> permiso especi<strong>al</strong> para lacolocación de los conos refractivos y v<strong>al</strong>las. Adicion<strong>al</strong>mente, dispuso que el señor <strong>al</strong>c<strong>al</strong>demunicip<strong>al</strong>, a su vez y dentro de ese mismo lapso, debía estudiar la viabilidad de esa petición,a la libre locomoción. Fin<strong>al</strong>mente, advirtió que si el permiso especi<strong>al</strong> era negado, el Bat<strong>al</strong>lón
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>613E.2. LA GESTIÓN DEFENSORIAL EN LA DEFENSA PÚBLICA1. EL SERVICIO DE DEFENSORÍA PÚBLICA. AÑO 2008La Dirección Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> vienecumpliendo su función de garantizar de manera gratuita el acceso a la justicia de las personasque se encuentran en imposibilidad soci<strong>al</strong> o económica para hacerlo por sí mismas, a travésde la asignación de un abogado que asuma su representación judici<strong>al</strong> o extrajudici<strong>al</strong>.El servicio de defensoría pública se presta a través de los siguientes programas:pen<strong>al</strong> acusatorio (Ley 906/2004), pen<strong>al</strong> ordinario (Ley 600/00), pen<strong>al</strong> militar, Decreto condenada), menor infractor, responsabilidad pen<strong>al</strong> para adolescentes, civil familia, labor<strong>al</strong>,administrativo, casas de justicia, programa indígenas, programa parte civil-pen<strong>al</strong> ordinario,casación pen<strong>al</strong> y representación judici<strong>al</strong> para víctimas en el marco de la Ley 975 de 2005.Los defensores públicos se encuentran distribuidos entre las 35 region<strong>al</strong>es y/oseccion<strong>al</strong>es <strong>del</strong> país, bajo la supervisión y el acompañamiento de los asesores de gestión o seccion<strong>al</strong>. Adicion<strong>al</strong>mente, en cada region<strong>al</strong> o seccion<strong>al</strong> reciben la orientación <strong>del</strong>coordinador académico, quien implementa los programas de capacitación y se encargade facilitar a los defensores públicos, a través de las barras, los elementos de juicio parapresentar estrategias de una defensa técnica e idónea.1.1. Gestión defensori<strong>al</strong> por parte de los defensores públicos
614 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>2,1002,0001,9002.0391,8001,7001,6001.795Año 2007 Año 2008Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.1. Programa pen<strong>al</strong> acusatorioLa implementación <strong>del</strong> proceso pen<strong>al</strong> exigió el fort<strong>al</strong>ecimiento de un Sistemael acceso de las personas a la administración de justicia en materia pen<strong>al</strong>, en condicionesde igu<strong>al</strong>dad y en los términos <strong>del</strong> debido proceso, con respeto de los derechos y garantíassustanci<strong>al</strong>es y proces<strong>al</strong>es.Para garantizar el éxito <strong>del</strong> sistema, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> continúa cumpliendosu riguroso proceso de selección y contratación de profesion<strong>al</strong>es <strong>del</strong> derecho con sólidosconocimientos en el área <strong>del</strong> derecho pen<strong>al</strong>, dotados de habilidades y destrezas para atenderun juicio or<strong>al</strong>, contradictorio, concentrado y público. Igu<strong>al</strong>mente, se ha incorporadoun grupo de profesion<strong>al</strong>es y técnicos en investigación, que demandan una permanentecapacitación y una infraestructura logística necesaria para poner a funcionar la defensapública en el sistema acusatorio.1.1.1.1. Prestación <strong>del</strong> servicio y promedio de carga por defensor públicopúblico fue de 50 procesos, sin perjuicio de la atención de los procesos que traían bajo De los procesos asumidos por los 1.449 defensores públicos <strong>del</strong> área <strong>del</strong> derecho pen<strong>al</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>61595%100.0%5%0.0%Solicitudes asignadasSolicitudes rechazadasFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.1.2. Procesos asignados por conducta punibleEn el programa pen<strong>al</strong> se prestó el servicio de manera oportuna y permanente. LasInasistencia <strong>al</strong>imentaria4.00%Porte ileg<strong>al</strong> de armas6.00%Lesiones person<strong>al</strong>es7.00%Hurto y tentativa de hurto19.00%Porte, tráfico estupefacientes(ley30/86)31.00%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
616 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.1.1.3. Formas de terminación de los procesosEn las region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es donde opera el sistema pen<strong>al</strong> acusatorio se terminaron condenatoria, otra causa (sustituciones de poder, desistimientos, archivo, muerte <strong>del</strong>usuario, etc.), preclusión, conciliaciones, revocatoria <strong>del</strong> poder y sentencia absolutoria, deRevocatoria depoder7%Conciliación9%Absolutorias6%Condenatorias51%Preclusión10%Otras causas17%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.1.4. Audiencias a<strong>del</strong>antadas por defensores públicosEn la tabla 1 se presentan, por region<strong>al</strong> o seccion<strong>al</strong>, las cifras de las actuaciones de losdefensores públicos en <strong>al</strong>gunas de las audiencias más importantes <strong>del</strong> sistema pen<strong>al</strong> acusatorio.de formulación de imputación; en 49.945 audiencias de medida de aseguramiento; en 3.360audiencias de acuerdos y/o preacuerdos; en 4.226 audiencias de formulación de acusación;en 2.169 audiencias preparatorias, y en 1.762 audiencias de juicio or<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>617Tabla 1. Audiencias a<strong>del</strong>antadas por los defensores públicos de cada region<strong>al</strong>.Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio. Año 2008AUDIENCIAS PRELIMINARES AUDIENCIAS DE JUICIOREGIONAL / SECCIONALControl <strong>del</strong>eg<strong>al</strong>idad decaptura.Formulación deimputación.Medidas deaseguramiento.Acuerdos ypreacuerdos.Audiencia deformulación deacusación.Audienciaspreparatorias.Amazonas. 19 17 25 0 0 1 0Antioquia. 12.666 17.782 12.553 989 989 365 309Arauca. 129 137 119 10 10 3 14Atlántico. 806 920 631 35 35 23 11Bogotá. 9.753 6.573 13.393 343 343 55 15Bolívar. 713 643 496 25 25 20 8Boyacá. 652 985 306 166 166 191 149C<strong>al</strong>das. 3.338 5.833 2.715 267 267 259 185Caquetá. 755 418 229 35 35 32 6Casanare. 297 312 247 1 1 0 0Cauca. 1.142 1.769 592 132 132 80 66Cesar. 393 410 337 11 11 6 4Chocó. 217 223 188 42 42 31 16Córdoba. 252 257 203 15 15 10 7Cundinamarca. 1.762 5.520 1.576 165 165 129 110La Guajira. 295 418 298 29 9 3 17Guaviare. 88 59 81 1 0 0 0Huila. 782 1.275 845 197 242 146 101Magd<strong>al</strong>ena. 353 366 317 1 4 0 3Mag. Medio. 560 759 576 75 137 55 53Meta. 84 1.184 728 55 75 36 30Juicioor<strong>al</strong>.
618 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>AUDIENCIAS PRELIMINARES AUDIENCIAS DE JUICIOREGIONAL / SECCIONALControl <strong>del</strong>eg<strong>al</strong>idad decaptura.Formulación deimputación.Medidas deaseguramiento.Acuerdos ypreacuerdos.Audiencia deformulación deacusación.Audienciaspreparatorias.Nariño. 880 704 284 31 39 3 1Norte Santander. 1.124 1.070 709 31 20 8 17Putumayo. 638 711 650 40 245 39 23Quindío. 3.253 5.731 2.998 34 302 200 91Risar<strong>al</strong>da. 2816 4.856 1209 68 225 156 132San Andrés. 60 97 71 4 23 22 42Santander. 1.463 1.867 1.143 208 265 124 137Sucre. 441 487 316 6 84 14 9Tolima. 1.123 1.147 770 260 250 124 132Urabá. 245 392 201 7 5 5 0V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca. 5.509 7.181 5.074 77 65 29 72Vichada 90 54 65 0 0 0 2Juicioor<strong>al</strong>.Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6191.1.2. Programa pen<strong>al</strong> ordinario (Ley 600 de 2000)Este programa es atendido por los 1.449 defensores públicos adscritos <strong>al</strong> programapen<strong>al</strong>, en la medida en que, terminada la implementación <strong>del</strong> sistema pen<strong>al</strong> acusatorio, todoslos profesion<strong>al</strong>es están en disposición de asumir la representación judici<strong>al</strong> en los procesosque continúan bajo la Ley 600 de 2000, según las necesidades de cada region<strong>al</strong> o seccion<strong>al</strong>.1.1.2.1. Prestación <strong>del</strong> serviciotot<strong>al</strong> corresponde a un promedio de 23 procesos por defensor.Solicitudes rechazadas3%Solicitudes asignadas97%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.3. Procesos asignados según conducta punibleLas cinco conductas punibles con mayor número de asignaciones fueron, en su orden:inasistencia <strong>al</strong>imentaria, hurto, lesiones person<strong>al</strong>es, otros <strong>del</strong>itos y homicidio, en los
620 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>17%13%14%9%7%Lesionesperson<strong>al</strong>esInasistencia<strong>al</strong>imentariaHurto Otros <strong>del</strong>itos HomicidioFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.3.1. Libertades obtenidasLos <strong>del</strong>itos con mayor número de libertades obtenidas, en su orden, fueron: hurto, libertad individu<strong>al</strong> y otras garantías, <strong>del</strong>itos contra la libertad, integridad y formaciónsexu<strong>al</strong>es, <strong>del</strong>itos contra el patrimonio económico, <strong>del</strong>itos contra los derechos de autor,Homicidio6.00%Otros <strong>del</strong>itos9.00%Rebelión9.50%Porte y tráficoestupefacuientes11.00%Hurto25%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6211.1.3.2. Formas de terminación de los procesosEn relación con las causas de terminación de los procesos tenemos, en su orden:sentencias condenatorias, otras causas (sustitución de poder, cambio de programa, renuncia<strong>del</strong> poder, devolución de poder), preclusiones, sentencias absolutorias, poderes revocados,conciliaciones, sentencias anticipadas, y cesaciones de procedimiento, en los porcentajesCondenatoriasPreclusiónRevocadosSentencia anticipadaOtras causasAbsolutoriasConciliaciónCesación procedimiento7%6%5% 3%32%8%19%20%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.4. Programa menor infractorPara este programa se contrataron 27 defensores públicos, pero también es apoyadopor los defensores públicos de los programas pen<strong>al</strong> ordinario y municipios, quienesasumieron la representación de menores infractores en <strong>al</strong>gunas region<strong>al</strong>es y/o seccion<strong>al</strong>es,t<strong>al</strong> como aconteció en los departamentos de Arauca, Chocó, Córdoba y La Guajira y en laregión <strong>del</strong> Magd<strong>al</strong>ena Medio.1.1.4.1. Demanda <strong>del</strong> servicio y promedio de carga por defensor menos que en el 2007. El descenso de la demanda con respecto <strong>al</strong> año inmediatamenteanterior corresponde a la entrada en vigencia <strong>del</strong> programa Responsabilidad Pen<strong>al</strong> paraAdolescentes en las region<strong>al</strong>es de Bogotá, C<strong>al</strong>das, Quindío, Risar<strong>al</strong>da, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca y laciudad de Me<strong>del</strong>lín.
622 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>promedio de carga por defensor fue de aproximadamente 179 procesos. Los 27 defensoresde años anteriores.98%2%Solicitudes asignadasSolicitudes rechazadasFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.4.2. Asignaciones según conducta puniblesolicitudes de servicio. Los cinco <strong>del</strong>itos con mayor porcentaje de asignaciones fueron:Hurto Ley 30/86 Lesiones person<strong>al</strong>es Porte ileg<strong>al</strong> de armas Otros36.00%20.00%12.00%6.00% 6.00%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6231.1.4.3. Libertades obtenidasEl número de menores privados de la libertad que fueron asistidos por defensor públicoLos <strong>del</strong>itos en donde se obtuvo el mayor número de libertades fueron: hurto, con el1.1.4.4. Formas de terminación de los procesosSe terminaron 5.121 procesos, los cu<strong>al</strong>es concluyeron con declaración de responsabilidad,de poder, remisión <strong>al</strong> ICBF, preclusión, desistimiento y revocación según los porcentajesOtras causas13%Revocados2%Se declararesponsable36%Cesación <strong>del</strong>procedimiento23%Libertaddefinitiva26%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.5. Programa Responsabilidad Pen<strong>al</strong> AdolescentesLa Dirección <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública incrementa sus esfuerzos ya procesos judici<strong>al</strong>es por responsabilidad pen<strong>al</strong>, y asistir a los niños, niñas y adolescentesvíctimas de <strong>del</strong>itos cometidos por adultos.
624 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Este programa se ha ido implantando de manera gradu<strong>al</strong> de t<strong>al</strong> manera que en el año2008, a partir <strong>del</strong> primero de abril, extendió su cobertura inici<strong>al</strong> (Bogotá y C<strong>al</strong>i) a lasregion<strong>al</strong>es de C<strong>al</strong>das, Quindío, Risar<strong>al</strong>da, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca y la ciudad de Me<strong>del</strong>lín, para locu<strong>al</strong> la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> contrató 60 defensores públicos de amplia experiencia en eldiferenciado <strong>del</strong> sistema de adultos, conforme a la protección integr<strong>al</strong> de los derechos deLas cifras de atención en estas region<strong>al</strong>es en la anu<strong>al</strong>idad 2008 son las siguientes:1.1.5.1. Prestación <strong>del</strong> servicio y promedio de carga por defensor público De los procesos asumidos por los 60 defensores públicos adscritos a este programa,1.1.5.2. Procesos asignados por conducta punibleHomicidio2.00%Violencia intrafamiliar3.00%Lesiones person<strong>al</strong>es5.00%Porte, tráfico y fabricación de Estupefacientes(Ley 30/86)Hurto y tentativa de hurto31.00%37.00%
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6251.1.5.3. Formas de terminación de los procesossu orden: sentencia condenatoria, conciliaciones, otra causa (sustituciones de poder,desistimientos, archivo, muerte <strong>del</strong> usuario, etc.), preclusión, sentencia absolutoria yOtras causas8%Preclusión6%Absolutorias5%Rev. poder4%Conciliación9%Condenatorias68%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.5.4. Audiencias a<strong>del</strong>antadas por defensores públicosEn la tabla 2 se muestran las cifras por region<strong>al</strong> correspondientes a las actuacionesde los defensores públicos en <strong>al</strong>gunas de las audiencias más importantes <strong>del</strong> programade leg<strong>al</strong>idad de captura, 5.449 audiencias de formulación de imputación, 2.669 audienciasaudiencias preparatorias y 25 audiencias de juicio or<strong>al</strong>.AUDIENCIAS PRELIMINARESAUDIENCIAS DE JUICIOREGIONALControl <strong>del</strong>a captura.Formulaciónde imputación.Imposiciónde medida deprotección.Audiencia deformulación deacusación.Audienciapreparatoria.Juicioor<strong>al</strong>.Antioquia. 310 1.240 714 15 2 0Bogotá. 1.399 1.271 330 35 8 8
626 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>AUDIENCIAS PRELIMINARESAUDIENCIAS DE JUICIOREGIONALControl <strong>del</strong>a captura.Formulaciónde imputación.Imposiciónde medida deprotección.Audiencia deformulación deacusación.Audienciapreparatoria.Juicioor<strong>al</strong>.C<strong>al</strong>das. 297 553 421 69 15 1Quindío. 252 408 169 14 4 7Risar<strong>al</strong>da. 38 319 34 6 1 1V<strong>al</strong>le <strong>del</strong>Cauca.784 1.658 1.001 19 10 8Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es.1.1.6. Programa pen<strong>al</strong> militarPara este programa se contrataron 25 defensores públicos. Los defensores prestaronsus servicios en las region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar,Córdoba, Huila, Magd<strong>al</strong>ena, Magd<strong>al</strong>ena Medio, Meta, Risar<strong>al</strong>da, Santander, Tolima y V<strong>al</strong>le<strong>del</strong> Cauca.Es importante precisar que ante la poca distribución territori<strong>al</strong> de defensores públicosen el programa pen<strong>al</strong> militar, este servicio lo vienen prestando los defensores públicosadscritos <strong>al</strong> programa pen<strong>al</strong> ordinario, municipios, y promiscuos .1.1.6.1. Demanda <strong>del</strong> servicio y promedio de carga por defensor Los 25 defensores públicos adscritos a este programa quedaron con 2.913 procesos en1.1.6.2. Asignaciones según conducta punibleEl mayor porcentaje de asignaciones se presentó en las siguientes conductas punibles:deserción, homicidio, lesiones person<strong>al</strong>es, abandono <strong>del</strong> puesto/comando, y <strong>del</strong>ito <strong>del</strong>Esto se evidenció en la información remitida por los region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es de Arauca, Boyacá, Chocó, Nariño y Quindío.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>627Delito <strong>del</strong> centinela6.00%Abandono de puesto9.00%Lesiones person<strong>al</strong>es10.00%Homicidio11.00%Deserción34.00%0.00% 5.00% 10.00% 15.00% 20.00% 25.00% 30.00% 35.00%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.6.3. Libertades obtenidas Las conductas punibles que presentaron mayor número de libertades fueron las50.0%0.0%DeserciónHomicidioAbandonode puestoLesionesperson<strong>al</strong>esPeculadoSerie1 23.00% 12.00% 11.00% 10.00% 8.00%C1Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
628 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.1.6.4. Formas de terminación de los procesosSe terminaron 1.427 procesos. Las causas de terminación, en su orden, fueron:cesación o preclusión, sentencias condenatorias, otras causas (cambios de competencia,conciliaciones, sustituciones de poder), sentencias absolutorias, y revocaciones, en losAbsolutorias, 8%Revocados, 5%Otras causas, 21%Cesación opreclusión, 43%Condenatorias, 23%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.7. Programa Beneficios Administrativos y Judici<strong>al</strong>es para PersonasCondenadas (Decreto 1542 de 1997)de las personas privadas de la libertad, como mecanismo de protección de los derechosmás que en el año 2007, los cu<strong>al</strong>es prestaron sus servicios de forma continua en los centroscarcelarios, con una carga promedio de 97 casos.En el mismo programa se recibieron 22.204 solicitudes <strong>del</strong> servicio, de las cu<strong>al</strong>es fueronrelacionados en la tabla 3.BENEFICIOS SOLICITADAS OBTENIDAS EFECTIVIDADLIBERTAD POR PENA CUMPLIDA 199 141 71%LIBERTAD CONDICIONAL 3.966 2.100 53%LIBERTAD PREPARATORIA 6 2 33%
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>629BENEFICIOS SOLICITADAS OBTENIDAS EFECTIVIDADFRANQUICIA PREPARATORIA 16 2 12%PERMISO DE SALIDA 15 DIAS 22 7 32%RENDICIÓN DE PENAS 4.289 2.117 49%PERMISO DE 72 HORAS 1257 566 45%REDOSIFICACIÓN DE PENA 547 155 28%PRISIÓN DOMICILIARIA 510 90 18%ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS 557 164 29%PERMISO EXTRAMUROS 12 4Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es. o judici<strong>al</strong>es se solicitaron aclaraciones de requerimientos a los despachos judici<strong>al</strong>es, progresivo, constancias de enseñanza, estudio y trabajo, interposición <strong>del</strong> recurso quesolicitudes de traslado de establecimiento carcelario, copias de sentencia, proyección detutelas, proyección de derechos de petición, prisión domiciliaria como medida sustitutiva ysolicitudes de atención médica, entre otros.1.1.8. Programa Casación Pen<strong>al</strong>El Programa de Casación Pen<strong>al</strong> ha sido implementado para la atención de los trámitesde recursos extraordinarios de casación y revisión, así como para representar a las personasque son solicitadas en extradición judici<strong>al</strong>. Para t<strong>al</strong>es efectos, los defensores públicosadscritos a este programa re<strong>al</strong>izan el respectivo estudio <strong>del</strong> proceso (los f<strong>al</strong>los de primeray segunda instancia) para poder emitir un concepto sobre la viabilidad de la respectivademanda, conforme a las caus<strong>al</strong>es taxativas enumeradas en la normativa pen<strong>al</strong>.Para este programa se contrataron los servicios de ocho defensores públicos en laRegion<strong>al</strong> Bogotá, los cu<strong>al</strong>es recibieron 279 solicitudes, de las cu<strong>al</strong>es se asignaron 232, lo1.1.8.1. Procesos asignados según conducta punibleLas cinco conductas punibles con el mayor porcentaje de asignaciones corresponden
630 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Secuestro extorsivo4.00%Acceso carn<strong>al</strong> violento8.00%Otros <strong>del</strong>itos18.00%Porte, tráfico de estupefacientesHomicidio26.00%27.00%0.00% 10.00% 20.00% 30.00%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.9. Programa Pen<strong>al</strong> Indígenasse terminaron 22 procesos de dicha anu<strong>al</strong>idad y de vigencias anteriores. Las princip<strong>al</strong>esformas de terminación fueron, en su orden: nueve condenatorias, ocho preclusiones ycinco terminaciones por otras causas.1.1.10. Programa Pen<strong>al</strong> – Parte CivilEn el programa se recibieron 114 solicitudes, de las cu<strong>al</strong>es se asignaron 102 procesoscon concepto positivo. Las cinco conductas punibles de mayor asignación fueron: lesionesperson<strong>al</strong>es, homicidio, acceso carn<strong>al</strong> violento, otros y hurto, en los porcentajes que seHurto, 9.00%Otros <strong>del</strong>itos,11.00%Lesionesperson<strong>al</strong>es,33.00%Acceso carn<strong>al</strong>violento, 12.00%Homicidio, 13.00%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6311.1.10.1. Causas de terminación de los procesosLas formas de terminación de los procesos en el Programa Parte Civil fueron: sentenciasque aceptan pretensiones, conciliación, preclusiones, sentencias que niegan pretensiones,otras causas (resolución inhibitoria), revocatorias y cesaciones de procedimiento, en los10%6%Sentencias aceptando5% 4% 2% pretensionesConciliación48%PreclusiónSentencias negandopretensionesOtras causas25%RevocadosCesaciónprocedimientoFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.11. Programa para representación judici<strong>al</strong> a víctimas en el marco <strong>del</strong>a Ley 975 de 2005procesos de víctimas afectadas como consecuencia de conductas <strong>del</strong>ictivas de miembrosRegion<strong>al</strong> Nº de defensores Nº de procesosBogotá. 38 3.800Atlántico. 28 11.093Antioquia. 20 18.639TOTAL 86 33.532
632 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Bogotá11%Atlántico33%Antioquia56%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.En este punto es bueno res<strong>al</strong>tar que, además de la representación judici<strong>al</strong>, la DefensoríaPública atendió asesorías y orientación inici<strong>al</strong> y a<strong>del</strong>antó el trámite de acopio document<strong>al</strong>a las víctimas que se acercaron a las diferentes region<strong>al</strong>es o seccion<strong>al</strong>es, sobre la viabilidadde sus derechos y los requisitos para hacerlos efectivos ante las autoridades competentesen el marco de la Ley de Justicia y Paz, para lo cu<strong>al</strong> contrató un grupo de profesion<strong>al</strong>es así:Region<strong>al</strong>.Nº de defensores.C<strong>al</strong>das. 1Cesar. 1Chocó. 2Caquetá. 2Córboda. 3Sucre. 1Magd<strong>al</strong>ena Medio. 1V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca. 1TOTAL 12Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.12. Programa Civil – FamiliaPara este programa se contrataron 61 defensores públicos, 14 más que en el año 2007.La actividad <strong>del</strong> programa está constituida por asesorías y representación judici<strong>al</strong>. Sede solicitudes de servicio, es decir, en 13.949 casos.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>633De las solicitudes recibidas, se asignaron 4.419 procesos, unos derivados de asesoríasy otros mediante asignación directa, lo que arroja una carga promedio de 72 procesos pordefensor público, atendidos durante el año 2008. Quedaron en trámite 4.544, incluyendo13%Solicitudes45%AsesoríasAsignaciones42%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.12.1. Procesos asignadosLos cinco tipos de procesos asumidos por los defensores públicos estuvieronEjecutivos, 7%Filiación, 6%Otros, 34%Divorcio, 13%Alimentos, 14%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
634 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.1.12.2. Formas de terminación de los procesosobedecieron a las siguientes causas: aceptación de las pretensiones, otras causas (renuncias,devoluciones de poder), negación de las pretensiones, y revocatorias ; según los porcentajesAceptación pretensión Otras causas Negación pretensión Revocados3% 1%45%51%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.13. Programa labor<strong>al</strong>En este programa se contrataron 21 defensores públicos, los cu<strong>al</strong>es se ubicaron enlos departamentos de Antioquia, Atlántico, Bogotá, Cundinamarca, Risar<strong>al</strong>da, Santander,Sucre y V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca.1.1.13.1. Prestación <strong>del</strong> servicio Quedaron en trámite 1.271 procesos provenientes de este año y de vigencias anteriores.6,830 6,5771,388Solicitudes Asesorías AsignacionesFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6351.1.13.2. Procesos asignados según tipo de procesoLos cinco tipos de asignaciones que en mayor porcentaje se hizo a los defensorespúblicos estuvieron relacionadas con procesos ordinarios, acción de tutela, liquidación deTutela, 12%Despidoinjustificado,9%Ordinario, 23%otros, 14%Liquidaciónprestaciones,19%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.13.3. Causas de terminación de los procesosLos defensores públicos adscritos <strong>al</strong> programa labor<strong>al</strong> terminaron 902 procesos de lasiguiente manera: sentencias que aceptan pretensiones, otras causas (retiro <strong>del</strong> servicio,sustituciones), sentencias que niegan pretensiones y revocatorias, en los porcentajes queNiega pretensión4%Revocados1%Otras causas33%Acepta pretensión62%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
636 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.1.14. Programa administrativoPara este programa se contrataron 101 defensores públicos, 36 más que en el año 2007. unos derivados de asesorías y otros mediante asignación directa, lo que arroja una carga15,00010,0005,000012.8048.550 6.607Solictudes Asesorías AsignacionesFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.14.1. Asignaciones según tipo de procesoLos cinco tipos de asignaciones que en mayor porcentaje se hizo a los defensorespúblicos estuvieron relacionados con acción popular, otros tipos de procesos (asuntos ens<strong>al</strong>ud, seguridad soci<strong>al</strong>, servicios domiciliarios, entre otros), tutela, derechos de petición y8%3% 2%Acción popular13%OtrosTutelaDerecho de peticiónReclamaciones administrativas74%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6371.1.14.2. Formas de terminación de los procesosSe terminaron durante el año 3.753 procesos. Las formas de terminación obedecierona las siguientes causas: aceptación de las pretensiones, otras causas (renuncias de poder,Acepta pretensión Otras causas Niega pretensión Revocados13%2%31%54%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.15. Programa Casas de JusticiaLas casas de justicia son centros integr<strong>al</strong>es de prestación de servicios para la resolución loc<strong>al</strong>idades consideradas de <strong>al</strong>ta vulnerabilidad soci<strong>al</strong>. Para este programa se contrataron46 defensores públicos.1.1.15.1. Prestación <strong>del</strong> servicioSe atendieron asesorías y se re<strong>al</strong>izaron representaciones judici<strong>al</strong>es en las áreas de derechocivil, pen<strong>al</strong>, labor<strong>al</strong>, administrativo y familia. Igu<strong>al</strong>mente, se a<strong>del</strong>antaron actividades depromoción y divulgación de derechos humanos.
638 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>25.00020.00015.00010.00017.96017.0785.0000-5.0001.5030 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.16. Resumen por programas1.1.16.1. Área pen<strong>al</strong>El nivel de atención en el área pen<strong>al</strong> se determina por la cantidad de solicitudes que sonasignadas a los defensores públicos para la correspondiente representación judici<strong>al</strong> en susdiferentes programas. (Tabla 4).PROGRAMAS SOLICITUDES ASIGNACIONES ATENCIÓNSISTEMA PENAL ACUSATORIO. 83.134 78.857 95%PENAL ORDINARIO. 10.118 9.861 97%MENOR INFRACTOR. 4.903 4.825 98%RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTES 5.042 5.009 99%PENAL MILITAR. 2.077 2.077 100%DECRETO 1542/97. 22.204 16.518 74%CASACIÓN PENAL. 279 232 83%INDÍGENAS. 13 13 100%JUSTICIA Y PAZ. 33.532 33.532 100%Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.1.16.2. Área no pen<strong>al</strong>El nivel de atención en el área no pen<strong>al</strong> se determina por la cantidad de solicitudes queson asesoradas o asignadas a defensores públicos en cada programa de esta área. (Tabla 5).
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>639PROGRAMAS. SOLICITUDES ASESORÍAS ASIGNACIONESCivil familia 14.833 13.949 4.419Labor<strong>al</strong> 6.830 6.577 1.388Administrativo 12.804 8.550 6.607Casas de justicia 17.960 17.078 1.503Parte civil 114 114 102Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.2. GESTIÓN DEFENSORIAL POR PARTE DEL GRUPO DEINVESTIGADORES1.2.1. PRESTACIÓN DEL SERVICIOde actividades de investigación crimin<strong>al</strong> y perici<strong>al</strong>, con el objeto de apoyar las estrategiasV<strong>al</strong>leUrabáTolimaSantanderRisar<strong>al</strong>daQuindíoPutumayoNariñoMetaMag. MedioHuilaCundinamarcaCaucaC<strong>al</strong>dasBoyacáBogotáAtlánticoAraucaAntioquiaAmazonas471071962723871993661765316537618726217805760659312832204Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.La mayor concentración de solicitudes está foc<strong>al</strong>izada en la Region<strong>al</strong> Bogotá, teniendoen cuenta que desde esta region<strong>al</strong> se prestan servicios forenses a todo el territorioincremento de utilización <strong>del</strong> servicio, que ha venido creciendo progresivamente en lamedida en que se implementa el sistema.
640 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.2.2. Labores investigativasLas actividades de investigación crimin<strong>al</strong> y perici<strong>al</strong>, según el caso, son las siguientes.14000120001000080006000400020000Serie1N o tot<strong>al</strong> M.T.InspeccionesLab. VecindarioEntrevistasSol. DocumAlbum Ftog.Recole cc. E.M.P.An<strong>al</strong> E.M.P.An<strong>al</strong> E.M.P. deInf. Parci<strong>al</strong>Aud. PreliminaresV<strong>al</strong>. SicológicaUso Med. Mag.ArraigosTelf. CelularesEst. SocioUbic. PersonasDesplazamientos7.714 821 5.300 11.904 6.562 829 1.486 1.774 1.224 1.293 4.473 1.124 757 1.114 1.156 1.236 940 707 2.920Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.Las acciones concretas de la Unidad Operativa de Investigación Crimin<strong>al</strong> <strong>al</strong>canzan unpor los defensores públicos. Es necesario res<strong>al</strong>tar la importancia de la entrevista como mediode recolección de información, con un consolidado nacion<strong>al</strong> de 11.904 diligencias.de su utilidad como evidencia demostrativa en la actividad judici<strong>al</strong>, con un número de para la defensa.1.3. Gestión defensori<strong>al</strong> por parte de los consultorios jurídicos1.3.1. Audiencias a<strong>del</strong>antadas por los estudiantes de los consultoriosjurídicos de Bogotáactuaciones de los estudiantes de los consultorios jurídicos en varias de las audiencias más
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>641AUDIENCIAS PRELIMINARES Y DE JUICIONÚMERO DE AUDIENCIASCONCILIACIÓN 520PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD 323FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN 2.406PRECLUSIÓN 956FORMULACIÓN DE ACUSACIÓN 222PREPARATORIA 82JUICIO ORAL 54INDIVIDUALIZACIÓN DE PENA Y SENTENCIA 56TOTAL 4.619Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.956222 82 5456520323CONCILIACIÓNPRINCIPIO DE OPORTUNIDADFORMULACIÓN DE IMPUTACIÓNPRECLUSIÓNFORMULACIÓN DE ACUSACIÓNPREPARATORIAJUICIO ORALINDIVIDUALIZACIÓN DE PENA YSENTENCIA2.406Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.3.2. Procesos asignados por conducta punibleLas conductas punibles que tuvieron mayor incidencia se presentan en la siguienteCONDUCTAS PUNIBLESNÚMEROABUSO DE CONFIANZA 158DAÑO EN BIEN AJENO 69INASISTENCIA ALIMENTARIA 2.618LESIONES PERSONALES 1.076HURTO 899ESTAFA 173VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 150OTROS 297
642 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>ViolenciaIntrafamiliar, 150 Otros, 297Estafa, 173Abuso deConfianza, 158Daño en bien ajeno,69Hurto, 899InasistenciaAlimentaria, 2.618LesionesPerson<strong>al</strong>es, 1.076Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.1.4. Gestión defensori<strong>al</strong> mediante las oficinas especi<strong>al</strong>es de apoyo(OEA)judici<strong>al</strong> de los imputados y acusados en casos relevantes o de impacto que fueron notici<strong>al</strong>oc<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong>. En Bogotá, Me<strong>del</strong>lín, Maniz<strong>al</strong>es y C<strong>al</strong>i trabajaron teniendo en cuenta laproblemática region<strong>al</strong> y las necesidades que se presentaron en cada una de ellas. En Bogotáse abocó la defensa de dos personas que fueron capturadas por el secuestro <strong>del</strong> menor de22 meses en el barrio El Lago, rescatado <strong>al</strong> día siguiente en Bosa. En C<strong>al</strong>i, la defensa <strong>del</strong>as personas que fueron vinculadas como autores por el atentado <strong>al</strong> P<strong>al</strong>acio de justicia deesa ciudad. En Maniz<strong>al</strong>es se representó a cinco de los cuarenta desmovilizados <strong>del</strong> frenteCacique Pipintá de las autodefensas de Colombia y en Me<strong>del</strong>lín se defendió a la personaque causó la muerte a la sicóloga que hacía parte <strong>del</strong> programa pospenados liderado porla <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día de Me<strong>del</strong>lín.defensores públicos de la region<strong>al</strong> a la que pertenecen y a las que les corresponda, teniendoen cuenta la distribución territori<strong>al</strong> para cada OEA. Es por ello que a esc<strong>al</strong>a <strong>del</strong> país los asesoría y apoyo en los casos que requieran este servicio.En Bogotá, un defensor público perteneciente a la region<strong>al</strong> recibió en su turno unproceso para audiencia de adición de imputación por el <strong>del</strong>ito de secuestro simple, y seadicionó en el sentido de imputar concurso, dado que eran dos las víctimas. Después de lacolaboró con la Unidad Operativa de Investigación y se decidió de común acuerdo que enlas audiencias actuaría con la defensora de la OEA, aunque la labor con la unidad operativase re<strong>al</strong>izó de manera mancomunada entre los dos defensores.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>643El caso correspondió <strong>al</strong> Juzgado Doce Pen<strong>al</strong> de Circuito con Funciones deque el defensor público que lo solicite somete un caso convocado a juicio or<strong>al</strong> y se re<strong>al</strong>izauna simulación anticipada <strong>del</strong> mismo donde intervienen los defensores públicos de laOEA y se hacen observaciones que pueden ser trascendent<strong>al</strong>es en el resultado.pronunciamientos de las <strong>al</strong>tas cortes con destino a los defensores públicos de las region<strong>al</strong>esasignadas.<strong>del</strong> Eje Cafetero, como un espacio académico en donde se trataron temas relevantes deaplicación en el sistema pen<strong>al</strong> acusatorio.Por último, quienes hacen parte de las OEA pertenecen a la red de formadores y apoyanel trabajo de la unidad de capacitación, asistiendo como facilitadores en las actividades queacusatorio que se re<strong>al</strong>izaron en las ciudades de la fase IV de implementación; se capacitóa los estudiantes de los consultorios jurídicos a esc<strong>al</strong>a nacion<strong>al</strong> que tienen convenio conla institución; se apoyaron las “barras descentr<strong>al</strong>izadas” en aquellas ciudades donde elnúmero de defensores públicos es inferior a 20 y se apoyaron los diferentes convenios decooperación internacion<strong>al</strong>.De igu<strong>al</strong> forma, se contribuyó a la elaboración de diferentes publicaciones quesirvieron de guía para la labor de los defensores públicos en las audiencias propias <strong>del</strong>procesamiento pen<strong>al</strong>.1.4.1. Casos de la defensasituada en la vereda Mata de Guadua, existía una plantación de coca, razón por la cu<strong>al</strong> sedispuso re<strong>al</strong>izar un registro y control <strong>del</strong> área el día 12 de Septiembre de 2007 en la cu<strong>al</strong> fueh<strong>al</strong>lado un cultivo de <strong>al</strong>rededor de 20.000 de estas plantas en zona escabrosa y se capturó<strong>al</strong> propietario.La defensa demostró en el transcurso <strong>del</strong> debate probatorio que el acusado no seencontraba dentro <strong>del</strong> cultivo de coca ni era el custodio <strong>del</strong> mismo; igu<strong>al</strong>mente, probóelementos materi<strong>al</strong>es probatorios que pretendió sustentar en su contra así como la ausencia
644 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de Cundinamarca resolvió absolver <strong>al</strong> ciudadano por la conducta punible de conservaciónUna persona fue capturada en requisa polici<strong>al</strong> en un parque de una loc<strong>al</strong>idad de Bogotá y sele encontró en un bolsillo una bolsa con marihuana (un peso neto de 23.5 gramos), razón por lase aconsejó no aceptar t<strong>al</strong>es cargos, como en efecto ocurrió. Al solicitarse labores investigativas,el person<strong>al</strong> de la Unidad Operativa de Investigación Crimin<strong>al</strong> dio a conocer que en esa épocael usuario enfrentaba una grave crisis familiar pues, en su casa, los padres vivían en permanentecomunidad escolar, que nunca ha habido queja académica ni soci<strong>al</strong> en su contra, y que este dijosituación que se vivía en su casa, lo cu<strong>al</strong> fue corroborado por una familiar.En audiencia de juicio or<strong>al</strong>, el usuario explicó que durante la época de los hechos eraconsumidor ocasion<strong>al</strong> de marihuana porque ello le ayudaba a <strong>al</strong>ejarse de la difícil situacióndoméstica que vivía, y en lo pertinente su dicho fue apoyado por el testimonio de una familiar.El Juzgado 25 Pen<strong>al</strong> <strong>del</strong> Circuito de Bogotá absolvió <strong>al</strong> acusado bajo el entendido deduda en torno a si superaba o no la dosis person<strong>al</strong>, se incurrió en error de tipo <strong>al</strong> considerarque lo portado no superaba la dosis person<strong>al</strong>; y que con todo no se lesionaba el bienjurídico de la s<strong>al</strong>ud pública que el legislador pretende amparar.La accionante fue vinculada a través de una empresa tempor<strong>al</strong> desde el día 1 de octubrelabor<strong>al</strong>, a raíz <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> le diagnosticaron una enfermedad denominada ruptura de tendónde manguito rotador derecho y túnel carpiano de las dos manos.En el año 2006 y luego de que se le practicaran innumerables cirugías y tratamientosmédicos, con sus respectivas incapacidades con el objeto de que lograra mejorar de dichasdolencias, el empleador decidió terminar su contrato de trabajo con el argumento de quetenía justa causa para ello pues, según lo contemplado en el artículo 62 numer<strong>al</strong> 15 <strong>del</strong> CST,la enfermedad que afectaba a la actora no era de carácter profesion<strong>al</strong>. Omitía así la historiaclínica de la misma, a más de argumentar que las incapacidades que le fueron otorgadasEs menester decir que el empleador no re<strong>al</strong>izó el correspondiente trámite administrativoante el Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, pues se requería que con antelación <strong>al</strong> despidoobrara el Inspector de trabajo, quien debía an<strong>al</strong>izar las condiciones <strong>del</strong> despido y autorizarla terminación <strong>del</strong> contrato de la trabajadora demandante, si fuere procedente en el estadode discapacidad en que se encontraba.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>645se le protegieran sus derechos y fuera representada en el trámite judici<strong>al</strong> que se inició antela jurisdicción ordinaria.La defensora pública <strong>del</strong> área labor<strong>al</strong> interpuso tutela a favor de la usuaria, argumentandoque los derechos fundament<strong>al</strong>es vulnerados fueron el derecho a la vida en condicionesdignas, en conexidad con el derecho a la s<strong>al</strong>ud, la seguridad soci<strong>al</strong> y la protección que elEstado debe brindar a los disminuidos físicos y en consecuencia su estabilidad labor<strong>al</strong>,reforzada con ocasión de la situación de indefensión.Como consecuencia de la actuación de la defensora pública, el Juzgado Treinta y TresAmparar el derecho a la vida en conexidad con la s<strong>al</strong>ud, la seguridad soci<strong>al</strong> y elderecho <strong>al</strong> mínimo vit<strong>al</strong>.Ordenar <strong>al</strong> empleador que, de manera inmediata o dentro de un término que enreintegrara a la actora y en caso de que persistiera la incapacidad parci<strong>al</strong> la reubicaraen un puesto de trabajo conforme a sus capacidades labor<strong>al</strong>es, con igu<strong>al</strong> o mejorremuneración y conservando condiciones dignas; así mismo, que le cancelara lostanto se hiciera efectivo el cumplimiento de la orden de la providencia.Este f<strong>al</strong>lo fue de trascendent<strong>al</strong> importancia en la medida en que se obtuvo el reconocimientode los derechos económicos dejados de percibir con ocasión de la terminación injusta e ileg<strong>al</strong><strong>del</strong> contrato de trabajo en el caso particular, pues en la mayoría de f<strong>al</strong>los de acción de tutela,hasta el que se comenta, se restablecían únicamente derechos fundament<strong>al</strong>es; pero no seordenaba el pago de s<strong>al</strong>arios dejados de percibir por el actor, ya que lo dejaba bajo la exclusivacompetencia <strong>del</strong> juez labor<strong>al</strong> a través <strong>del</strong> procedimiento ordinario.La providencia fue impugnada por el accionado y así avocó conocimiento el JuzgadoCincuenta y Cuatro Pen<strong>al</strong> <strong>del</strong> Circuito, quien en sentencia de fecha 11 de diciembre desu patrimonioEl hijo <strong>del</strong> usuario <strong>del</strong> servicio, declarado en interdicción por disipador de su patrimonio,adquirió a través de CODENSA SA ESP diferentes electrodomésticos. Al no cumplir cona requerirlo mediante escritos dirigidos a la casa de habitación <strong>del</strong> entredicho, y sólo fuehasta ese momento cuando su guardador y padre pudo enterarse de la situación.Al dirigirse el guardador <strong>del</strong> interdicto a CODENSA para explicarles que no era viableque se le embargara la pensión <strong>al</strong> deudor por su situación particular y tener hijos menoresde edad que dependían económicamente de él y cuyo sustento se obtenía de su únicoingreso económico (su mesada), la empresa en mención le manifestó que procedería con
646 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>la ejecución y que todo lo que tuviere que <strong>al</strong>egar lo hiciera dentro <strong>del</strong> correspondienteproceso.Esta situación llevó <strong>al</strong> padre <strong>del</strong> señor declarado interdicto a consultar en la Unidadde Asesoría y Consulta (UAC) de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Bogotá, en don<strong>del</strong>uego de escucharle se le planteó iniciar las gestiones judici<strong>al</strong>es necesarias para demandar laEn consecuencia, se presentóa la respectiva demanda ante el Juzgado 65 Civil Municip<strong>al</strong>de Bogotá, basando las pretensiones en demostrar la discapacidad <strong>del</strong> deudor para contratary obligarse, y la legitimación en causa de su curador para asistirlo en la demanda. Laspretensiones fueron acogidas por el despacho dada la circunstancia de haberse demostradofehacientemente los hechos <strong>al</strong>egados.El 13 de septiembre de 2005, cuatro agentes de la policía con ocasión de sus funcionesagredieron y retuvieron de forma arbitraria <strong>al</strong> usuario <strong>del</strong> servicio de defensoría, quiense encontraba en un parque deportivo. Ordenaron detenerlo sin existir mérito para suactuación y le propinaron una golpiza.Se a<strong>del</strong>antaron diligencias para denunciar los atropellos de los agentes ante la PolicíaMetropolitana y se solicitó la actuación preferente de la Procuraduría y la Justicia Pen<strong>al</strong>Militar. Así mismo, la defensora pública inició un proceso de reparación directa.En el proceso administrativo, el Juzgado 31 Administrativo f<strong>al</strong>ló en primera instancia,reconociéndole <strong>al</strong> usuario de la defensoría 40 s<strong>al</strong>arios mínimos vigentes leg<strong>al</strong>es porconcepto de daños mor<strong>al</strong>es y, por los materi<strong>al</strong>es, 15 de incapacidad por concepto de lucrocesante a su favor.El proceso disciplinario en la Procuraduría se encuentra en trámite en espera deque prospere la sanción respectiva; el de la Justicia Pen<strong>al</strong> Militar fue fundament<strong>al</strong> yadministrativamente a la Policía Nacion<strong>al</strong> por estos hechos. recluido en el establecimiento penitenciario y carcelario de Maniz<strong>al</strong>es, solicitó los serviciosde un defensor público <strong>del</strong> programa 1542 y manifestó los siguientes hechos:Que fue condenado como persona ausente el 5 de noviembre <strong>del</strong> 2004 por el JuzgadoPen<strong>al</strong> <strong>del</strong> Circuito <strong>del</strong> Líbano, Tolima, a la pena princip<strong>al</strong> de veintidós (22) años y cuatro (4)meses de prisión, por haber sido h<strong>al</strong>lado responsable de acceso carn<strong>al</strong> violento agravado ypor el cu<strong>al</strong> se encontraba privado de la libertad desde el 14 de agosto <strong>del</strong> 2006.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>647Que, a pesar de que en el expediente quedó claramente establecido que su lugar deresidencia estaba ubicado en la vereda La Gregorita <strong>del</strong> municipio <strong>del</strong> Líbano, en ninguna Con la anterior información, el defensor público se dio a la tarea de an<strong>al</strong>izar todas ycada una de las actuaciones proces<strong>al</strong>es que reposaban en el expediente, concluyendo queefectivamente en el caso <strong>del</strong> peticionario se había quebrantado el derecho fundament<strong>al</strong> <strong>al</strong>debido proceso y de defensa, <strong>al</strong> haberlo condenado como persona ausente sin a<strong>del</strong>antar losCon fundamento en estos hechos, el defensor público presentó acción de tutela anteel Tribun<strong>al</strong> Superior de Maniz<strong>al</strong>es, quien a su vez remitió la misma, por competencia, <strong>al</strong>Tribun<strong>al</strong> Superior de Ibagué, Tolima, y este la decidió favorablemente mediante sentencia proceso y defensa a favor <strong>del</strong> condenado y ordenando dejar sin efecto la sentencia dictadapor el Juzgado Pen<strong>al</strong> <strong>del</strong> Circuito <strong>del</strong> Líbano, Tolima, <strong>del</strong> 5 de noviembre <strong>del</strong> 2004 así comoque se restituyera el proceso pen<strong>al</strong> desde el momento anterior de la declaratoria de personaausente, ordenando la libertad inmediata <strong>del</strong> mismo.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>649F. LA EDUCACIÓN PARALA APROPIACIÓN,EJERCICIO Y DEFENSADE LOS DERECHOS HUMANOSBrinda conocimiento a las personas y comunidades sobre sus derechos, las políticas públicas y losrecursos para hacerlos efectivos.Orienta y fort<strong>al</strong>ece la intervención de los actores soci<strong>al</strong>es en los espacios democráticos de participaciónciudadana 79 .79Resolución Defensori<strong>al</strong> N o 306 de 2005. Plan Estratégico de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> 2005 - 2010.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>651GESTIÓN DEFENSORIAL EN EDUCACIÓNPARA LA APROPIACIÓN, EJERCICIO Y DEFENSADE LOS DERECHOS HUMANOS1. DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓNDE DERECHOS HUMANOSLa gestión de la DNPDH atiende las solicitudes de capacitación, formación ydivulgación de los derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, en respuestaa las demandas que hacen las organizaciones de la sociedad civil, las comunidades, losorganismos <strong>del</strong> Estado y diversos entes gubernament<strong>al</strong>es y no gubernament<strong>al</strong>es vinculadosa la promoción de los derechos fundament<strong>al</strong>es. Esta tarea, no obstante, ha estadoeducativos directos.Desde la perspectiva enunciada y como desarrollo de las líneas centr<strong>al</strong>es <strong>del</strong> PLANEDHcada vez más hacia la formación de formadores, de modo que sean ellos los que adquieranla capacidad y los instrumentos pedagógicos que les abran la posibilidad de llegar <strong>al</strong> extensocampo de la población en gener<strong>al</strong>.La Dirección de Promoción actúa también como orientadora y asesora de procesos deformación y capacitación en derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario. Eneste sentido ha colaborado con la formulación de los diplomados que impulsa la DefensoríaLa población hacia la que ha dirigido sus acciones de capacitación han sidoprincip<strong>al</strong>mente comunidades educativas <strong>del</strong> Distrito Capit<strong>al</strong>, fuerza pública, redes depromotores de derechos humanos, servidores <strong>del</strong> Estado y funcionarios de la Defensoría.En todos estos escenarios se ha venido impulsando la propuesta pedagógica que estáconsolidando, en la perspectiva de dotar a la entidad de un sello característico educativopara la formación o construcción de una cultura de los derechos humanos.v<strong>al</strong>e reseñar: Manu<strong>al</strong> didáctico para la educación en derechos humanos, Mo<strong>del</strong>o pedagógicopara el proceso de formación de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, manu<strong>al</strong> pedagógico para la
652 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>atención de comunidades en situación de riesgo, propuesta pedagógica para la educaciónen derechos humanos.En el campo de la construcción de una política nacion<strong>al</strong> para educar en derechoshumanos, la Dirección ha continuado su participación en el Comité Interinstitucion<strong>al</strong>creado para t<strong>al</strong> efecto con el Ministerio de Educación, el Programa Presidenci<strong>al</strong> para losDerechos Humanos, la OACNUDH, que ha contado con el apoyo de USAID-MSD, paradarle cuerpo y aprobación <strong>al</strong> PLANEDH. Así mismo, trabaja en Plan Nacion<strong>al</strong> de Acciónen la ruta de cultura de los derechos humanos y ha establecido acuerdos y convenios consectores gubernament<strong>al</strong>es para impulsar procesos de promoción y capacitación.Esto equiv<strong>al</strong>e a que la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación deDerechos Humanos re<strong>al</strong>izó cerca de 52 actividades de formación y promoción de losderechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, por medio de t<strong>al</strong>leres yconferencias, esenci<strong>al</strong>mente, para diversas comunidades académicas, servidores <strong>del</strong>Estado y organizaciones soci<strong>al</strong>es. Los temas que más se presentaron fueron: el papel de laprincipios fundament<strong>al</strong>es de los derechos humanos, promoción de la propuesta pedagógicade la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, principios básicos de derechos humanos, pedagogía paraindividu<strong>al</strong> y derechos de las personas privadas de la libertad, situación de los derechoshumanos en Colombia, la libertad individu<strong>al</strong> y los derechos de las personas privadas <strong>del</strong>a libertad, igu<strong>al</strong>dad y no discriminación, derechos humanos y manu<strong>al</strong>es de convivencia,mecanismos de prevención y protección contra el desplazamiento forzado, derechosEn el cuadro No. 1 se presentan las actividades de atención a solicitudes de capacitación.ACTIVIDAD TEMAS BENEFICIARIOS ASISTENTESConferenciaEl papel de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> enla defensa de los derechos humanosEstudiantes Escuela Superiorde Guerra50 subofici<strong>al</strong>es de laFuerza Aérea50 asistentes entrejóvenes, docentes ypadres de familiaT<strong>al</strong>lerResolución pacífica de conflictosComunidad educativa IEDRafael NúñezT<strong>al</strong>lerPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPersoneros municip<strong>al</strong>esAtlántico40 personerosT<strong>al</strong>lerPersoneros municip<strong>al</strong>es Arauca10 personerosT<strong>al</strong>lerPersoneros municip<strong>al</strong>esCundinamarca60 personerosT<strong>al</strong>lerPersoneros municip<strong>al</strong>es Meta35 personerosT<strong>al</strong>lerPersoneros municip<strong>al</strong>esAntioquia50 personeros
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>653ACTIVIDAD TEMAS BENEFICIARIOS ASISTENTEST<strong>al</strong>lerPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPersoneros municip<strong>al</strong>es Nariño40 personerosT<strong>al</strong>lerPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPersoneros municip<strong>al</strong>es Cauca50 personerosT<strong>al</strong>lerPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPersoneros municip<strong>al</strong>es V<strong>al</strong>le<strong>del</strong> Cauca50 personerosT<strong>al</strong>lerPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPersoneros municip<strong>al</strong>es Chocó25 personerosT<strong>al</strong>lerPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPersoneros municip<strong>al</strong>es Huila50 personerosT<strong>al</strong>lerPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPersoneros municip<strong>al</strong>es Guajira25 personerosT<strong>al</strong>lerPrincipios fundament<strong>al</strong>es de losderechos humanosPersoneros municip<strong>al</strong>es EjeCafetero (C<strong>al</strong>das, Risar<strong>al</strong>da yQuindío)150 personeros(promedio)T<strong>al</strong>lerPromoción de la propuesta pedagógicade la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Servidores de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> y red de Promotores -Boyacá10 personasT<strong>al</strong>lerPromoción de la propuesta pedagógicade la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Servidores de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> - Defensoría12 personasT<strong>al</strong>lerPromoción de la propuesta pedagógicade la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Servidores de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> y red de Promotores- Huila50 personasT<strong>al</strong>lerPromoción de la propuesta pedagógicade la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Servidores de la Defensoría yred de Promotores-Bolívar15 personasT<strong>al</strong>lerPromoción de la propuesta pedagógicade la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Servidores de la Defensoría yred de Promotores-Guaviare15 personasT<strong>al</strong>lerPromoción de la propuesta pedagógicade la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Servidores de la Defensoría yred de Promotores-Córdoba.30 personasConferenciaPrincipios básicos de derechoshumanosEstudiantes Escuela deCab<strong>al</strong>lería <strong>del</strong> Ejército45 ofici<strong>al</strong>es ysubofici<strong>al</strong>esConferencia Resolución pacífica de conflictos Cárcel Mo<strong>del</strong>o de Bogotá 45 personasConferencia Resolución pacífica de conflictos Cárcel La Picota de Bogotá 40 personasConferencia Resolución pacífica de conflictosCárcel El Buen Pastor deBogotá45 personasConferencia Resolución pacífica de conflictos Cárcel Distrit<strong>al</strong> de Bogotá 45 personasConferenciaT<strong>al</strong>lerConferenciaPrincipios básicos de derechoshumanos.Pedagogía para la Educación enDerechos HumanosPrincipios básicos de derechoshumanos.Escuela Superior de GuerraRed de Promotores DerechosHumanos municipio deFacatativaComedor Comunitario BarrioSan Vicente120 ofici<strong>al</strong>es ysubofici<strong>al</strong>es de lasFF.AA.50 activistas dederechos humanos35 personas
654 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>ACTIVIDAD TEMAS BENEFICIARIOS ASISTENTESConferenciaT<strong>al</strong>lerConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaConferenciaLos DESCAResolución de conflictos y violenciasoci<strong>al</strong>Principios básicos de derechoshumanosFuerza Pública y Derechos Humanos.Libertad individu<strong>al</strong> y derechos de laspersonas privadas de la libertad.Conceptos básicos de DerechosHumanosMecanismos de protección de derechoshumanos.Situación de los derechos humanos enColombiaLa libertad individu<strong>al</strong> y los derechos <strong>del</strong>as personas privadas de la libertad.Igu<strong>al</strong>dad y no discriminación.Derechos humanos y fuerza pública.Derechos humanos y manu<strong>al</strong>es deconvivencia.El derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.Comedor Comunitario BarrioSan VicenteComedor Comunitario BarrioSan VicenteInspección Gener<strong>al</strong> ArmadaNacion<strong>al</strong> – CoveñasProyecto Redes Territori<strong>al</strong>esDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Proyecto de Atención aComunidades en RiesgoDefensores PúblicosPolicía Nacion<strong>al</strong>Fuerza PúblicaFuerza PúblicaPolicía Metropolitana deBogotáGestores de derechoshumanos – BucaramangaDefensores públicosServidores de la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Proceso dereinducción35 personas40 personas70 integrantes de lasFF.AA5 personas11 personas16defensores públicos18 ofici<strong>al</strong>es46 personas33 personas31 agentes de policía33 promotores16 personas12 personasConferenciaResponsabilidad de los servidorespúblicos y acción de repetición.Ofici<strong>al</strong>es de la Policía Nacion<strong>al</strong> 70 ofici<strong>al</strong>esT<strong>al</strong>ler Resolución pacífica de conflictos ESTAD – Policía Nacion<strong>al</strong> 100 agentes ESMADConferenciaT<strong>al</strong>lerLos derechos humanos en laactu<strong>al</strong>idad.Mecanismos de prevención yprotección contra el desplazamientoforzadoOfici<strong>al</strong>es y subofici<strong>al</strong>es Brigada13 Ejército Nacion<strong>al</strong>Comunidades campesinase indígenas de Riosucio(C<strong>al</strong>das) Proyecto de AtenciónComunidades en Riesgo120 asistentes90 personasT<strong>al</strong>lerResolución pacífica de conflictos.Comunidades indígenas yafrodescendientes – Proyectode Atención a Comunidades enRiesgo Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>120 personasConferenciaPedagogía para la educación enderechos humanosColegio Cooperativo IsmaelPerdomo40 personas
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>655ACTIVIDAD TEMAS BENEFICIARIOS ASISTENTEST<strong>al</strong>leresPedagogía para la educación enderechos humanos.Promotores de derechoshumanos – municipio deFacatativá (Cundinamarca)Comunidad académica colegioWilliam MackinleyEscuela Militar de Cadetes JoséMaría Córdova40 promotoresConferenciaLos derechos humanos en laactu<strong>al</strong>idad.Los derechos humanos en laactu<strong>al</strong>idad.Principios básicos de derechoshumanosDerechos humanos – violenciaintrafamiliar – resolución pacífica deconflictos.150 estudiantesConferencia90 asistentesConferenciaIED Isabel II Kennedy80 participantesTres t<strong>al</strong>leresLoc<strong>al</strong>idad Barrios Unidos –integrantes juntas de accióncomun<strong>al</strong>25 personas2. CÁTEDRA CIRO ANGARITA Y SEMINARIO DE EDUCACIÓNEN DERECHOS HUMANOSDesde el año 2001 la Fundación Konrad Adenauer ha venido apoyandoininterrumpidamente proyectos de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgaciónde Derechos Humanos de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> encaminados a la capacitación yformación en temas de derechos humanos, especi<strong>al</strong>mente dirigidos a funcionarios públicosy miembros de organizaciones no gubernament<strong>al</strong>es. Esta <strong>al</strong>ianza permanente ha permitidoconsolidar en la Defensoría los programas de la Cátedra Ciro Angarita Barón y el Seminariode Educación en Derechos Humanos, esta última como actividad anu<strong>al</strong> de divulgación yformación en materia de derechos humanos. Seminario Anu<strong>al</strong> de Educación en Derechos Humanos, cuyo contenido, desarrollo yresultados se describen en el presente informe.2.1. Cátedra Ciro Angarita BarónLa Cátedra Ciro Angarita Barón es un programa fundament<strong>al</strong>mente académico quebusca profundizar el conocimiento de los funcionarios públicos y de los miembros de laspara que el trabajo práctico que desarrollan tenga en cuenta los avances y perspectivas detérmino, los derechos de las víctimas y, en segundo lugar, los derechos colectivos y <strong>del</strong>medio ambiente.Con la intención de contribuir <strong>al</strong> reconocimiento y visibilización de los derechos de lasdestinó el primer ciclo de la Cátedra <strong>al</strong> tratamiento de <strong>al</strong>gunos de los aspectos sustanci<strong>al</strong>es
656 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>que constituyen el centro de atención de la actu<strong>al</strong> discusión sobre la verdad, la justicia y lareparación en Colombia.<strong>al</strong>cance y reconocimiento de los derechos de las víctimas y las <strong>al</strong>ternativas que dentro <strong>del</strong>marco institucion<strong>al</strong> colombiano se han establecido para la protección de sus derechos.práctico de funcionarios públicos y miembros de organizaciones no gubernament<strong>al</strong>es quedesarrollan su trabajo centrado en la atención a las víctimas de la violencia política.El programa de la Cátedra sobre los derechos de las víctimas estuvo estructurado <strong>del</strong>a siguiente forma: Una primera parte de tipo conceptu<strong>al</strong> indagó, inici<strong>al</strong>mente, sobre eltriada de derechos conformada por la verdad, la justicia y la reparación. Para cada uno detres sesiones estuvieron destinadas a los temas de memoria, justicia transicion<strong>al</strong> y atenciónpsicosoci<strong>al</strong>, como componentes importantes de cada uno de los derechos mencionados.En la segunda parte se estudiaron los mecanismos de exigibilidad de los derechosde las víctimas, primero en el ámbito internacion<strong>al</strong> y posteriormente, se an<strong>al</strong>izaron losrecursos jurídicos que tienen a la mano las víctimas en el ámbito nacion<strong>al</strong>, de acuerdocon los procedimientos establecidos. En este último aspecto se trataron las rutas jurídicaso procedimientos especi<strong>al</strong>es para <strong>al</strong>gunos tipos de fenómenos como la desaparición y eldesplazamiento forzado.Fin<strong>al</strong>mente, la última parte se dedicó a los mecanismos de participación que tienen lasvíctimas para la defensa de sus derechos.La Cátedra se desarrolló durante 12 sesiones temáticas re<strong>al</strong>izadas entre el 1º de abril y el15 de mayo, los días martes y jueves de cinco de la tarde a ocho de la noche. Para el efectose convocaron instituciones públicas y organizaciones no gubernament<strong>al</strong>es cuyo trabajo secentrara en el reconocimiento, la promoción y el ejercicio de los derechos de las víctimas.Al mismo tiempo, las conferencias fueron dictadas por académicos de diversasinstituciones y funcionarios responsables con reconocida experiencia en las temáticas a de asistencia, las cu<strong>al</strong>es pertenecen a instituciones como el Ministerio de RelacionesExteriores, la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación, la CNRR, la Rama Judici<strong>al</strong>, la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y organizaciones como la Comisión Colombiana de Juristas, Medios para laPaz, Fundación Antonio Restrepo Barco, Fundación para la Libertad de Prensa, la OIM,CEDHUL, entre otras.Los derechos colectivos constituyen una categoría controvertida dentro <strong>del</strong> marco <strong>del</strong>os derechos humanos, puesto que desafían la concepción tradicion<strong>al</strong> de los derechos comoprerrogativas individu<strong>al</strong>es de las personas, de manera que su reconocimiento ha generado
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>657Dentro <strong>del</strong> conjunto de estos derechos, el <strong>del</strong> medio ambiente se convierte enparadigmático pues es el que ha recibido, hasta el momento, una mayor atención ydesarrollo académico y jurídico, sobre todo por la explotación desmedida de los recursosnatur<strong>al</strong>es y la contaminación producida por diversos agentes de la industria y la tecnología,lo que ha puesto a la humanidad frente a un colapso ecológico sin antecedentes en lahistoria, <strong>al</strong> mismo tiempo que pone en entredicho la sostenibilidad misma <strong>del</strong> desarrollo.La Cátedra de medio ambiente y derechos colectivos buscó ahondar en estasproblemáticas princip<strong>al</strong>es de la situación ambient<strong>al</strong> en nuestro país, en el que, a pesar<strong>del</strong> reconocimiento constitucion<strong>al</strong> de los derechos colectivos en gener<strong>al</strong> y <strong>del</strong> medioy garantizar su protección.El programa de la Cátedra para el segundo semestre estuvo estructurado de la siguienteforma: una primera parte, de tipo conceptu<strong>al</strong>, indagó sobre el <strong>al</strong>cance y contenido de losderechos colectivos, su reconocimiento internacion<strong>al</strong> y los principios que estructuran elderecho a un medio ambiente sano. para el reconocimiento, ejercicio, práctica y disfrute <strong>del</strong> medio ambiente como derechohumano, de la responsabilidad estat<strong>al</strong> y de los particulares frente <strong>al</strong> daño ambient<strong>al</strong>.En una tercera instancia se estudió la situación de los recursos natur<strong>al</strong>es en Colombia,<strong>al</strong> agua.Fin<strong>al</strong>mente, la última parte se dedicó a los mecanismos de protección de los derechoscolectivos y los escenarios de participación dispuestos.el horario de los martes y jueves, de cinco de la tarde a ocho de la noche. Convocó ainstituciones <strong>del</strong> sector ambient<strong>al</strong> y a organizaciones soci<strong>al</strong>es que desarrollan su trabajo entorno a la protección <strong>del</strong> medio ambiente.gubernament<strong>al</strong>es: Ministerio de Medio Ambiente, IDEAM, IDIPROM, Fundación Natura,Secretaría Distrit<strong>al</strong> <strong>del</strong> Medio Ambiente, Personería Distrit<strong>al</strong>, Procuraduría Gener<strong>al</strong> <strong>del</strong>a Nación, Programa Presidenci<strong>al</strong> de Derechos Humanos, Bienestar Familiar, ComandoGener<strong>al</strong> de las Fuerzas Militares, Fundación Asistir, Fundación Foro Cívico, FundaciónHumed<strong>al</strong> la Conejera, Indepaz, Limp<strong>al</strong>, Unidad Administrativa de Parques Nacion<strong>al</strong>es,Universidad Libre y Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.2.2. Seminario de educación en derechos humanosy expresiones de comunicación y artísticas para contribuir a la formación ciudadana en
658 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>derechos humanos, es decir, a promover e impulsar la educación inform<strong>al</strong> en derechoshumanos. Este ámbito ha sido empleado y utilizado por diversos actores institucion<strong>al</strong>esha sido limitado a los ámbitos académicos y se han dejado de estudiar sus potenci<strong>al</strong>idadesen el trabajo de las entidades públicas encargadas de la promoción y difusión de derechoshumanos. Para impulsar entonces una toma de conciencia más informada acerca <strong>del</strong> empleode estos medios, se propuso re<strong>al</strong>izar un seminario en el que participaran que tuvierancomo eje temático los medios de comunicación y las expresiones artísticas. De esta manerase invitó a expertos en la materia, quienes han trabajado y desarrollado experienciasrelacionadas con derechos humanos desde su actividad profesion<strong>al</strong>. Adicion<strong>al</strong>mente, seconsideró conveniente presentar muestras de experiencias de trabajo que emplean el arte yla cultura para la promoción de derechos humanos.Al seminario asistieron en el curso <strong>del</strong> día un número aproximado de cien personas, dediversas instituciones estat<strong>al</strong>es, organizaciones no gubernament<strong>al</strong>es y centros educativosde nivel profesion<strong>al</strong> y de educación básica.Las Perspectivas para el año 2009 de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgaciónde Derechos Humanos consideran pertinente continuar con los programas de Cátedra“Ciro Angarita Barón” y <strong>del</strong> Seminario de Educación en Derecho Humanos. Los temasque se proponen tratar en los ciclos de la Cátedra, dada su relevancia y pertinencia para lare<strong>al</strong>ización de los derechos humanos, son: la democracia y la participación ciudadana y elanálisis <strong>del</strong> costo o v<strong>al</strong>or de los derechos, ambos temas no han sido objeto de <strong>al</strong>gún ciclode la Cátedra anterior y su estudio resulta relevante para la exigibilidad y el cumplimientode los derechos humanos. El tema propuesto para el Seminario de 2009 será la pedagogía2.3. VI Concurso Universitario de Derechos Humanos, DIHy Mecanismos de ProtecciónEl Concurso Universitario de Derechos Humanos es un certamen anu<strong>al</strong> que a<strong>del</strong>ant<strong>al</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con el apoyo <strong>del</strong> Programa de Derechos Humanos de USAID.Tiene como propósito impulsar y fomentar la incorporación de contenidos de derechoshumanos y el DIH en los planes de estudio y en los diseños curriculares de las carrerasde pregrado. Consiste en una competencia entre diversas universidades, representadaspor equipos conformados por estudiantes de últimos semestres, quienes deben an<strong>al</strong>izar,acompañados de un tutor, un caso hipotético, ante la Corte Interamericana de DerechosHumanos, de vulneración de derechos humanos en el cu<strong>al</strong> el Estado colombiano seencuentra comprometido.El caso hipotético plantea una problemática de derechos humanos vigente en el país.las víctimas de masacres cometidas por grupos armados <strong>al</strong> margen de la ley, en connivenciacon la fuerza pública <strong>del</strong> Estado y en medio de un proceso de justicia transicion<strong>al</strong>. Se tituló:Arias Segura y otros contra la República <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le.El Concurso se desarrolla en dos fases: una escrita y la otra or<strong>al</strong>. En la fase escritaa los equipos de las universidades que se han inscrito se les asigna, por sorteo, el rol de
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>659Estado o Comisión, conforme <strong>al</strong> cu<strong>al</strong>, y teniendo en cuenta el caso hipotético formuladopor el Concurso, redactan un memori<strong>al</strong> que expresa las pretensiones y argumentos, y losaspectos leg<strong>al</strong>es pertinentes. En la sexta versión <strong>del</strong> Concurso se inscribieron un tot<strong>al</strong> de50 universidades, de las cu<strong>al</strong>es 42 presentaron memori<strong>al</strong>es escritos. Estas universidadesprovenían de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Cauca, C<strong>al</strong>das,Casanare, Huila, Magd<strong>al</strong>ena, Meta, Quindío, Risar<strong>al</strong>da, Santander, Sucre, Tolima, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong>Cauca y la ciudad de Bogotá.En la fase or<strong>al</strong>, participan los 24 equipos, doce por cada rol, que obtienen los mejoresde audiencias or<strong>al</strong>es simuladas ante paneles de jueces conformados por expertos en elsistema interamericano y en la temática abordada anu<strong>al</strong>mente en el Concurso. Los equiposdesarrolló en la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, en Bogotá y los equiposEl Concurso en el presente año logró convocar un número importante de universidades,pues en tot<strong>al</strong> 50 se inscribieron y 42 presentaron memori<strong>al</strong>es. Con este nivel de participaciónes evidente que esta actividad constituye un referente para muchas instituciones deeducación superior, que la consideran un ejercicio importante para fort<strong>al</strong>ecer su trabajoen la enseñanza y formación en derechos humanos. Adicion<strong>al</strong>mente, la preparación <strong>del</strong>os equipos exige un esfuerzo para cada institución, que implica trabajo en la difusión y elconocimiento <strong>del</strong> Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Bajo este presupuesto,el Concurso como proyecto debe ser mantenido y desarrollado en los próximos años paraincentivar la vigencia y preparación en el estudio de los derechos humanos por parte de lasinstituciones de educación superior.No obstante, existen <strong>al</strong>gunos aspectos reglamentarios que podrían ser objeto de3. PROYECTO DE ATENCIÓN A COMUNIDADES EN RIESGOEl Proyecto de Atención a Comunidades en Riesgo –PACR– es un esfuerzoconjunto de entidades <strong>del</strong> Estado y el Gobierno, <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> hacen parte la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación, la Presidencia de la República através de la Agencia Presidenci<strong>al</strong> para la Acción Soci<strong>al</strong>, la Cooperación Internacion<strong>al</strong>,la Vicepresidencia por intermedio <strong>del</strong> Programa Presidenci<strong>al</strong> de Derechos Humanosy Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario y el Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, pormedio de la Dirección de Derechos Humanos.las violaciones contra las comunidades, mediante la v<strong>al</strong>oración oportuna <strong>del</strong> riesgo, laanticipación de eventos contra aquellas amenazas y vulnerabilidades a través de estrategiaspedagógicas dirigidas a las autoridades civiles y militares y a la ciudadanía. Igu<strong>al</strong>mente, se
660 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos OACNUDH, que <strong>al</strong>ienta <strong>al</strong> Estadocolombiano a poner en práctica, cuanto antes, acciones y programas de prevencióny protección concertadas con las comunidades que se encuentran en riesgo por causas Comunidades campesinas. Comunidades afrocolombianas. Comunidades indígenas para un tot<strong>al</strong> de 47 Comunidades en riesgo.Estas comunidades se encuentran en las siguientes regiones y municipios priorizadospara la intervención <strong>del</strong> PACR: Alto Sinú, Arauca, Bajo Putumayo, Eje Cafetero, Montes<strong>del</strong> Tolima, Urabá Antioqueño y Darién Chocoano.Elevar los niveles de protección de los derechos a la vida, la integridad y la libertad, porhabitantes de las comunidades en riesgo.También busca formular una política pública de prevención y protección a lascomunidades en riesgo por efecto de la confrontación armada y la violencia política. Fort<strong>al</strong>ecer a las entidades estat<strong>al</strong>es competentes, <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong>, region<strong>al</strong> yloc<strong>al</strong> para que emprendan acciones conjuntas, articuladas, integr<strong>al</strong>es y permanentesque propendan por la prevención y protección de los derechos humanos de lascomunidades en riesgo foc<strong>al</strong>izadas. Promover entre las autoridades departament<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es, que asumanen forma decidida sus obligaciones constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>es en relación conla protección y garantía de los derechos de los ciudadanos, en particular de lascomunidades sometidas a los riesgos de la confrontación armada. Se espera también,que las autoridades públicas contribuyan a superar toda forma de estigmatizacióno discriminación que se genera sobre las comunidades y que ponen en riesgo losderechos de sus habitantes, mediante el impulso de actos y manifestaciones quefavorezcan el respeto de dichas comunidades. Fort<strong>al</strong>ecer a las organizaciones soci<strong>al</strong>es y a las comunidades para que desarrolleniniciativas, presenten propuestas, concierten con las autoridades públicas y sevinculen en la formulación, negociación, implementación y seguimiento de lasmedidas de prevención y protección de los derechos humanos y <strong>del</strong> derechointernacion<strong>al</strong> humanitario, con el apoyo en capacitación, asesoría y acompañamientode la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Propiciar la creación y fort<strong>al</strong>ecimiento de espacios públicos participativos, comoescenarios de articulación entre las autoridades públicas y las comunidades en
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>661riesgo para la negociación, concreción, desarrollo, seguimiento, y ev<strong>al</strong>uación de lasmedidas preventivas y de protección acordadas.Con esto el Proyecto apoya a las autoridades públicas para escuchar las demandas de laspara prevenir y protegerlas de los riesgos que las afectan y procurar que las comunidadesLa estructura creada para implementar el proyecto parte de un Comité Nacion<strong>al</strong>conformado por el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, el Procurador Gener<strong>al</strong> de la Nación, el Gerentede Acción Soci<strong>al</strong>, el Director <strong>del</strong> Programa Presidenci<strong>al</strong> de Derechos Humanos y DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario, así como el Ministro <strong>del</strong> Interior y de Justicia.Para el nivel operativo se designó un Comité Técnico Nacion<strong>al</strong> compuesto por<strong>del</strong>egados de cada uno de los directivos de las instituciones antes enunciadas. En lasregiones se constituyeron Mesas de Trabajo Region<strong>al</strong>es compuestas por representantes,en cada zona, de todas las instituciones participantes (Defensoría Region<strong>al</strong>, ProcuraduríaRegion<strong>al</strong> o Provinci<strong>al</strong>, Gerente de Unidad Territori<strong>al</strong> de Acción Soci<strong>al</strong> y representante deGobierno – MIJ o VP).Para la ejecución <strong>del</strong> programa de Comunidades en Riesgo se a<strong>del</strong>antó un proceso queconllevó el desarrollo de las siguientes etapas:Foc<strong>al</strong>izaciónAplicación de Línea de baseAnálisis Estructur<strong>al</strong>es de comunidadesDiagnósticos <strong>del</strong> riesgoFort<strong>al</strong>ecimiento Comunitario e Institucion<strong>al</strong>Planes de acción en prevención y protecciónMesas de ConcertaciónPlanes en Ejecución desarrollo pleno <strong>del</strong> segundo de ellos, a<strong>del</strong>antando todos los procesos referentes a lograr elfort<strong>al</strong>ecimiento de las organizaciones soci<strong>al</strong>es y de las comunidades, por medio de diversasacciones como capacitaciones (aproximadamente 400 dictadas a comunidades y 40 paracomunidades y autoridades conjuntamente), gestiones de prevención y protección a favorde los derechos de los pobladores de las comunidades foc<strong>al</strong>izadas, actividades todas ellas adquieran capacidad de concertar con las autoridades públicas las acciones tendientes a darrespuesta a las amenazas y vulnerabilidades, y de esta forma se vinculen en la formulación,negociación, implementación y seguimiento de las medidas de prevención y protecciónde los derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, lo cu<strong>al</strong> se concretó en laformulación y ejecución de un Plan de Acción para cada comunidad.
662 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Es también función de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en el marco <strong>del</strong> PACR, no solopreparar a las comunidades para participar en esos espacios públicos de concertación,sino que además se ha involucrado de lleno en la creación y fort<strong>al</strong>ecimiento de los mismosen todas las regiones, velando siempre porque estos sean netamente participativos yPara el último año, las acciones de la Defensoría se han centrado en a<strong>del</strong>antar actividadespropias de su misión y función defensori<strong>al</strong>, así como a terminar los compromisosinstitucion<strong>al</strong>es establecidos dentro de los Planes de Acción en Prevención y Protección deDerechos concertados para cada comunidad.En este orden de ideas, se pueden establecer claramente cinco tipos de accionesasumidas durante este periodo:a. Atención de casos: los asesores en terreno (uno en cada región, hasta el 30 de marzo<strong>del</strong> presente, a excepción <strong>del</strong> oriente antioqueño, que en todo el año, solo contóun mes con consultor), así como el Coordinador Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> PACR, atendieron y procediendo acorde con las prácticas de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Atencióny Trámite de Quejas, remitiéndolas a las respectivas Defensorías Region<strong>al</strong>es oSeccion<strong>al</strong>es y además tomando acciones inmediatas de manera coordinada concada Defensor Region<strong>al</strong>, o Directivo <strong>del</strong> proyecto en la institución, para quearticulando esfuerzos intrainstitucion<strong>al</strong> y/o interinstitucion<strong>al</strong>mente, se dieranrepuestas a las situaciones presentadas.Dentro de estas acciones consideramos como uno de los casos más relevantes elpresentado en la comunidad de Tierradentro en el Alto Sinú, donde de manera rápiday efectiva se pudo, gracias a las acciones lideradas por el PACR de la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, colocar a s<strong>al</strong>vo a dieciseis (16) personas, entre ellas siete (7) menores deedad, quienes se encontraban escondidos en el monte, debido a amenazas de muerte<strong>del</strong> grupo ileg<strong>al</strong> conocido como las Águilas Negras, quienes ya habían desplazadoa dos miembros de esta misma familia y asesinado a un tercero, y a quienes en tansolo 10 horas fue posible rescatarlos de su refugio y colocarlos a s<strong>al</strong>vo en la cabeceramunicip<strong>al</strong> de Monte Líbano, bajo la protección de todas las autoridades competentes.para ello (Fuerza Pública, Alc<strong>al</strong>día Municip<strong>al</strong>, Personería, Gobernación de Córdoba,Acción Soci<strong>al</strong> y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar).Acciones de protección de este tipo (colectivas) y en mayor número individu<strong>al</strong>eso por núcleos familiares, fueron a<strong>del</strong>antadas en prácticamente todas las regionesfoc<strong>al</strong>izadas <strong>del</strong> país, llegando a trasladar de sus regiones de origen donde corríangran peligro por las amenazas contra muchos proferidas a diversos lugares <strong>del</strong> paísa un gran número de personas, protegiendo con ello como medidas extremas la vidae integridad person<strong>al</strong> de los habitantes de estas comunidades.b. Asesorías: otras de las acciones permanentes de los asesores y el coordinador <strong>del</strong> PACRhan sido: brindar asesorías a los miembros y organizaciones de las comunidades entemas como protección a la vida, libertad e integridad de las personas; gestión inmediatapara solicitar y obtener el servicio de Defensores Públicos; orientar y buscar apoyodentro de la institución para que familiares de víctimas de las comunidades puedanacceder a los procesos de reparación (mayoritariamente en el Oriente Antioqueño).
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>663De igu<strong>al</strong> modo se ha dado asesoría directa o se han buscado especi<strong>al</strong>istas endiferentes temas que escapan <strong>al</strong> objetivo <strong>del</strong> proyecto o a los conocimientos<strong>del</strong> equipo humano <strong>del</strong> PACR, como en el tema de protección de tierras, s<strong>al</strong>ud,educación, saneamiento básico, obras de infraestructura y procesos de consultaprevia para megaproyectos en territorios indígenas o colectivos.c. Generación de espacios de concertación y prevención: en el transcurso de todo elproceso se ha buscado abrir espacios de participación activa a las comunidades enlas diferentes regiones, bien sea en escenarios existentes que se han consideradopropicios para el diálogo o impulsando la creación de nuevos que permitan presentarel sentir de las comunidades. Esta acción se ha continuado durante el transcurso<strong>del</strong> último año, bien sea consolidando la presencia y participación decisoria de lascomunidades, por ejemplo, el “Comité Ínter en el Eje Cafetero” o la “Mesa deTransparencia en el Tolima”, Comités de Derechos Humanos municip<strong>al</strong>es y enlos espacios propios <strong>del</strong> PACR como Mesas de Trabajo Region<strong>al</strong>, escenarios deconcertación y protocolización de planes.encuentros cumpliendo sus funciones de órgano de control <strong>del</strong> Estado, así como deveces sobre las mismas autoridades, <strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que como asesores de los líderes, o enocasiones tomando la p<strong>al</strong>abra en representación de la población que por una u otrarazón sienten intimidación.d. Capacitaciones a las comunidades: con el apoyo y bajo la orientación de la DirecciónNacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos, se re<strong>al</strong>izaron cercade cien eventos educativos entre t<strong>al</strong>leres, conferencias o seminarios en todas lasregiones, durante el último año.Las temáticas princip<strong>al</strong>es obedecen a los tres derechos pilares <strong>del</strong> Proyecto y <strong>al</strong>as diferentes maneras, formas o mecanismos para hacerlos exigibles. Tambiénfue eje centr<strong>al</strong> de las capacitaciones enseñar a las comunidades a an<strong>al</strong>izar ydeterminar sus riesgos y los niveles de ocurrencia de los mismos, según una Planes de Contingencia que se construyeron para un importante número de lascomunidades foc<strong>al</strong>izadas.e. Formulación de planes de contingencia en cada comunidad. Esta fue la actividad centr<strong>al</strong><strong>del</strong> último año de ejecución <strong>del</strong> PACR y obedece a una línea princip<strong>al</strong> encontrada enla mayoría de los Planes de Acción en Prevención y Protección concertados paracada comunidad, razón que llevó <strong>al</strong> Comité Técnico Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> PACR a construirre<strong>al</strong>idades que se viven en las comunidades foc<strong>al</strong>izadas. Este trabajo de elaboración Los Planes de Contingencia buscan orientar y preparar a la comunidad para saberprevenir, protegerse y reclamar la atención ante situaciones de crisis o emergenciainminente que se les puedan presentar, como combates entre actores armados ensus territorios, bombardeos, etc.
664 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>La metodología es plenamente participativa e inicia con la capacitación a la comunidaden el manejo de instrumentos y análisis de variables que les permitirán mediante uncuidadoso estudio reconocer en su entorno las situaciones que les pueden generarriesgo, para luego aplicar una serie de medidas que lo eviten, disminuyan o neutr<strong>al</strong>icen.Es parte fundament<strong>al</strong> y activa de esta planeación el compromiso e intervenciónde las autoridades competentes responsables de garantizar los derechos de cadacomunidad. Por ello el Plan se form<strong>al</strong>iza con el compromiso que asumen lasautoridades ante los requerimientos planteados por la población, fase última <strong>del</strong>proceso y labor encargada a los representantes <strong>del</strong> Gobierno.En el transcurso <strong>del</strong> año se formularon Planes de Contingencia para lascomunidades foc<strong>al</strong>izadas en el Eje Cafetero, Emberás Chami de C<strong>al</strong>das y Risar<strong>al</strong>da;afrocolombianas e indígenas <strong>del</strong> Bajo Atrato chocoano, pobladores de las cuencas <strong>del</strong>os ríos Truandó, Domingodó y S<strong>al</strong>aquí, pertenecientes a los municipios de Carmen<strong>del</strong> Darién y Riosucio, así como a la comunidad indígena Emberá Katio de Ibudó,las Playas en el municipio de Apartadó en Antioquia. También se formularon Planesde Contingencia para las comunidades campesinas <strong>del</strong> Alto Sinú, corregimientos deTierradentro y Juan José en los municipios de Monte Líbano y Puerto Libertador,Córdoba; en el Catatumbo en San Juancito municipio de Teorama, en La Quinay P<strong>al</strong>marito en San C<strong>al</strong>ixto, La Trinidad en Convención y Mesitas en Hacarí; enla región de Montes de María en Almagra perteneciente <strong>al</strong> municipio de Ovejas,en el casco urbano de Córdoba (Bolívar) y en El Bálsamo en Carmen de Bolívar;en el Bajo Putumayo en las inspecciones de Siberia y Jardines de Sucumbíos en elmunicipio de Orito y el corregimiento de Teteyé en Puerto Asís. Fin<strong>al</strong>mente, en elOriente Antioqueño en los corregimiento de Santa Ana en Granada y Aquitania enel municipio de San Francisco.El PACR ha procurado que estas acciones estén articuladas con las dependenciasde la institución como la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación deDerechos Humanos, la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, la Direcciónde Defensoría Pública; con las Defensorías Delegadas para las Minorías Étnicas,Mujer y Niñez, Atención y Ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> Riesgo, Comunicaciones; así comoDefensorías Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es; la Secretaría Gener<strong>al</strong> y el despacho <strong>del</strong> SeñorDefensor Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.4. EL CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA La importancia <strong>del</strong> tema obliga a reiterar año tras año que el ejercicio <strong>del</strong> controlsoci<strong>al</strong> a la gestión pública, a través de la promoción de la participación ciudadana, continúasiendo eje para la re<strong>al</strong>ización de los derechos humanos, las libertades fundament<strong>al</strong>es y lagobernabilidad democrática entendida desde la perspectiva <strong>del</strong> desarrollo humano de lasNaciones Unidas como: “La capacidad, legitimidad y transparencia de sus instituciones, autonomíade sus autoridades, en el libre y re<strong>al</strong> ejercicio de la autoridad y apertura de la participación ciudadana enla toma de decisiones y en la gestión pública”.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>665Luego de la promulgación de la Constitución de 1991, el Gobierno, las organizacionessoci<strong>al</strong>es, las entidades <strong>del</strong> Estado, las autoridades departament<strong>al</strong>es y loc<strong>al</strong>es han desarrolladoe implementado múltiples programas para promover una ciudadanía activa en el ejercicio<strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> de la gestión pública, que les permita participar en la toma de decisiones administrativa y económica de su entorno.Esta participación ciudadana no ha sido fácil de lograr debido a múltiples factores,no obstante la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> promueve, divulga y acompaña el ejercicio de laparticipación ciudadana y <strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> de la gestión pública, en diversos escenarios deacción, y en coordinación con otras entidades.Es importante recordar que el derecho a la participación implica por parte <strong>del</strong> Estado eldeber de respeto y garantía, en observancia de lo dispuesto en el artículo 21 de la DeclaraciónUnivers<strong>al</strong> de los Derechos Humanos, el artículo 25 <strong>del</strong> Pacto Internacion<strong>al</strong> de DerechosCiviles y Políticos y el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Varios son los académicos que durante los últimos años se han dedicado <strong>al</strong> estudio yen la constitución política. A manera de ejemplo, uno de estos autores es André-NoëlRoth 80 quien plantea que el ciclo de política o mo<strong>del</strong>o secuenci<strong>al</strong> es el mo<strong>del</strong>o que permiteel análisis de política pública como objeto de estudio en el campo académico. Este mo<strong>del</strong>opresenta varias etapas que se pueden estudiar separadamente, las cu<strong>al</strong>es corresponden, enla decisión (o legitimación), la implementación y (iii) la ev<strong>al</strong>uación de la temática.En este orden de ideas y observando las tendencias planteadas para el análisis yconstrucción de políticas públicas, para la Defensoría es indispensable que la concreción det<strong>al</strong>es políticas se haga en la perspectiva de los derechos humanos, mediante la incorporación 81 , como son: acciones de promoción, acciones de defensa, accionesde protección y acciones de garantía de los derechos. Desde esta perspectiva se trabajaen el fort<strong>al</strong>ecimiento e incorporación de estas acciones en el desarrollo de los temas quetienen que ver con el derecho a la participación y el ejercicio <strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> a la gestiónpública. Ver cuadro 2: Fin<strong>al</strong>idad de las acciones en derechos humanos.PROMOCIÓNDEFENSACULTURA DE DERECHOSSONTENIBILIDAD DE LO CONQUISTADOPROTECCIÓNGARANTÍASISTEMA JUDICIAL CONFIABLE POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESARROLLO CON ROSTRO HUMANOFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Escritos para el estudio de los derechos humanos. Año 2000.André-Noël Roth. Discurso sin compromiso. Ediciones Aurora, Bogotá, Colombia , 2006.Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Escritos para el estudio de los derechos humanos, año 2000.
666 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> La gestión defensori<strong>al</strong> en materia de participación ciudadana y control soci<strong>al</strong> a la gestiónpública se concentra en el apoyo <strong>al</strong> desarrollo de programas, planes, proyectos y accionestanto institucion<strong>al</strong>es como interinstitucion<strong>al</strong>es que promueven el empoderamiento decomunidades a través <strong>del</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento de las competencias cognitivas de las autoridadesnacion<strong>al</strong>es, departament<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es en materia <strong>del</strong> derecho a la participación. Eneste sentido se continuó trabajando en: Plan Nacion<strong>al</strong> de Control Soci<strong>al</strong> de la Gestión Pública. Programa interinstitucion<strong>al</strong>. Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas. Red Interinstitucion<strong>al</strong>.Red de promotores de derechos humanos. Diplomados en <strong>al</strong>ianza con universidadespúblicas y privadas.Análisis de jurisprudencia constitucion<strong>al</strong> en el tema <strong>del</strong> derecho a la participación.Programa Nacion<strong>al</strong> de Capacitación de Personeros Municip<strong>al</strong>es. ProgramaMinisterio Público.Cátedra Especi<strong>al</strong>izada Ciro Angarita Barón.Elaboración de proyectos de ley con participación ciudadana.Conformación de comités de derechos humanos en centros de reclusión.Participación de personas privadas de la libertad.Escuela de formación para la participación. Programa Region<strong>al</strong>izado de la GestiónDefensori<strong>al</strong>.Atención y trámite de quejas por vulneración de los derechos de la participaciónciudadana.Interposición de acciones y recursos para proteger el derecho a la participación.Impulso a la conformación de redes territori<strong>al</strong>es en zonas rur<strong>al</strong>es para lograrcohesión soci<strong>al</strong>.Fort<strong>al</strong>ecimiento de sujetos de especi<strong>al</strong> protección constitucion<strong>al</strong>: niñez, mujer,desplazados.Fort<strong>al</strong>ecimiento a través <strong>del</strong> programa de atención a comunidades en riesgo.Acciones de las defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es.El ejercicio <strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> y vigilancia integr<strong>al</strong> de la gestión pública, como forma departicipación ciudadana establecida en los artículos 103 y 270 de la Constitución Política ypara que la sociedad participe activamente y contribuya en la orientación y obtención deresultados satisfactorios de la administración pública.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> participa en diversos espacios interinstitucion<strong>al</strong>es queimplementan la participación ciudadana y el control soci<strong>al</strong> en lo nacion<strong>al</strong>, departament<strong>al</strong>y municip<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>667 Antecedentes:La administración pública para su cab<strong>al</strong> funcionamiento requiere en los actu<strong>al</strong>esmomentos de un desempeño acompañado de <strong>al</strong>ianzas entre sus instituciones. En este 82 y , han sido un ejemplo deintegración institucion<strong>al</strong> en el nivel nacion<strong>al</strong>, promoviendo a su vez esta coordinación enlos niveles departament<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es.Estas instancias interinstitucion<strong>al</strong>es de coordinación 84 desarrollan tareas de maneraconjunta y de acuerdo con sus respectivas responsabilidades, contribuyen a la formulación,implementación y ev<strong>al</strong>uación de la política pública en materia de control.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción yDivulgación de Derechos Humanos y las demás entidades que hacen parte de la Red yFuncionamiento de la Red Interinstitucion<strong>al</strong> de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas.Acciones en el marco de la Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y <strong>del</strong> Plan de Control Soci<strong>al</strong> estratégico que integra las líneas estratégicas de: organización y funcionamiento;asistencia técnica; comunicaciones; investigación y desarrollo; y la línea de formación ycapacitación. Las entidades prestaron su asesoría y concurso a las veedurías ciudadanasy a las redes departament<strong>al</strong>es institucion<strong>al</strong>es que las apoyan en lo relativo <strong>al</strong> marco leg<strong>al</strong>y a la promoción de la vigilancia.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> participó aportando desde la experiencia en materia dederechos humanos, mecanismos de protección y pedagogía en derechos humanos, tanto a las veedurías ciudadanas y a las redes que las agrupan en todo lo relativo <strong>al</strong> apoyo leg<strong>al</strong> y a la promoción de la vigilancia.2. Diseñar metodologías de ev<strong>al</strong>uación de la Gestión Pública, orientada a facilitar el ejercicio de la vigilancia por parte de lasveedurías ciudadanas y de las redes que las agrupan. 3. Organizar los programas de capacitación que demanden la veeduríaciudadana y las redes que las agrupan. 4. Suministrar información sobre los planes, programas y proyectos. 5. Impulsarcampañas de conformación de veedurías y redes. 6. Capacitar para el ejercicio de la vigilancia y a<strong>del</strong>antar ev<strong>al</strong>uaciones de loslogros <strong>al</strong>canzados por ellas.Estatuto Básico de la Organización y Funcionamiento de la Administración Pública, tiene como objetivo 1. Fort<strong>al</strong>ecer lacapacidad de diversos actores soci<strong>al</strong>es e institucion<strong>al</strong>es, proporcionando herramientas de concertación, negociación,y acompañar el ejercicio <strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> a la gestión pública, como parte fundament<strong>al</strong> de los procesos de formación ycapacitación, aprovechando las <strong>al</strong>ianzas estratégicas con las diversas organizaciones de la sociedad en los entes territori<strong>al</strong>es.Integradas por: Departamento Administrativo de la Función Pública, Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la República, Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, Contr<strong>al</strong>oría Gener<strong>al</strong> de la República, Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, Ministerio<strong>del</strong> Medio Ambiente Vivienda y Desarrollo Territori<strong>al</strong>, Escuela Superior de Administración Pública, Contaduría Gener<strong>al</strong> de laNación, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, Veeduría Distrit<strong>al</strong> y la Federación Colombiana de Municipios.
668 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>en lo nacion<strong>al</strong> como en lo departament<strong>al</strong> y loc<strong>al</strong>, con participación de las defensoríasregion<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es. A partir <strong>del</strong> proyecto de Asistencia Técnica para el Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> Control Soci<strong>al</strong>de la Gestión Pública implementado por la Red Nacion<strong>al</strong> en 2007, mediante el cu<strong>al</strong> sefort<strong>al</strong>ecieron las capacidades metodológicas y pedagógicas de los servidores públicosque hacen parte de las redes departament<strong>al</strong>es de control soci<strong>al</strong> a la gestión pública, en11 departamentos, con el liderazgo de las Defensorías Region<strong>al</strong>es, para la promoción <strong>del</strong>ejercicio <strong>del</strong> control.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a través de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción yDivulgación y las defensorías region<strong>al</strong>es, participó en la re<strong>al</strong>ización de t<strong>al</strong>leres de formaciónpara el ejercicio <strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> de la gestión pública en el marco de los planes de accióndepartament<strong>al</strong>es.Resultados de las capacitacionesSe fort<strong>al</strong>eció la coordinación interinstitucion<strong>al</strong> que conforma la red en lo nacion<strong>al</strong> ylas redes departament<strong>al</strong>es donde se re<strong>al</strong>izaron t<strong>al</strong>leres de formación.Se reactivaron <strong>al</strong>gunas Redes Departament<strong>al</strong>es de Control Soci<strong>al</strong> de la GestiónPública.Se ejecutaron actividades programadas en los planes de acción de las redes.Se fort<strong>al</strong>eció el equipo de capacitadores region<strong>al</strong>es en control soci<strong>al</strong>.Se desarrollaron t<strong>al</strong>leres con autoridades loc<strong>al</strong>es y líderes municip<strong>al</strong>es en los temasde control soci<strong>al</strong> de la gestión pública y conformación de veedurías ciudadanas <strong>del</strong>os municipios.Se entregó materi<strong>al</strong> pedagógico a cada uno de los capacitadores region<strong>al</strong>es,consistente en un juego de la Serie de documentos de consulta <strong>del</strong> plan nacion<strong>al</strong> de controlsoci<strong>al</strong> de la gestión pública. Programa liderado por la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, tienecomo objetivo contribuir a la formación de líderes ciudadanos y <strong>al</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong>a gobernabilidad en los municipios. Esta labor es desarrollada a través de diplomadosapoyados en un completo mo<strong>del</strong>o pedagógico, en el cu<strong>al</strong> la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> participadesarrollando el módulo: El ejercicio <strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> de la gestión pública, con la participación <strong>del</strong>as defensorías region<strong>al</strong>es.Adicion<strong>al</strong>mente, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a través de la Dirección Nacion<strong>al</strong> dePromoción y Divulgación, desarrolló el módulo de Derechos Humanos y Derecho Internacion<strong>al</strong>Humanitario, el cu<strong>al</strong> es dictado con el apoyo de las defensorías region<strong>al</strong>es a los líderes quehacen parte de la Escuela de Ciudadanía en <strong>al</strong>gunos de los departamentos.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>669 La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, en materia de atención a las solicitudes y peticiones, darespuesta y orienta a las autoridades loc<strong>al</strong>es, a los ciudadanos, a las veedurías y a los gruposde control, en temas relacionados con el apoyo leg<strong>al</strong> y técnico para la conformación yejercicio de las veedurías ciudadanas para la práctica <strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> de la gestión pública. A partir de los t<strong>al</strong>leres de capacitación en el tema de control soci<strong>al</strong> dirigidos a lospersoneros municip<strong>al</strong>es en el marco <strong>del</strong> Programa Nacion<strong>al</strong> de Capacitación <strong>del</strong> MinisterioPúblico, desarrollados por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación,dirigida a los nuevos personeros municip<strong>al</strong>es con el propósito de fort<strong>al</strong>ecer en lo loc<strong>al</strong> elejercicio y la promoción <strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> de la gestión pública y su articulación con lasredes departament<strong>al</strong>es de control. virtu<strong>al</strong> en materia de control soci<strong>al</strong> a la gestión pública, tomando como insumo princip<strong>al</strong> laserie de documentos de consulta <strong>del</strong> plan nacion<strong>al</strong> de formación. En este sentido las entidadesque conforman el plan y la Red de Apoyo a las Veedurías han aportado para la construcción<strong>del</strong> curso virtu<strong>al</strong> con la asesoría especi<strong>al</strong>izada de la Universidad Nacion<strong>al</strong> de Colombia. En el marco <strong>del</strong> la Red de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas como coordinación comprende las líneas de: organización y funcionamiento; asistencia técnica; capacitación;comunicaciones; y la línea de investigación y desarrollo. En este sentido se a<strong>del</strong>antaron lassiguientes acciones por línea:1. Línea de organización y funcionamiento. La gestión en esta línea comprendió: La adopción <strong>del</strong> reglamento de funcionamiento de la Red Institucion<strong>al</strong> de Apoyo <strong>al</strong>as Veedurías Ciudadanas. La participación en diferentes escenarios de discusión de la política pública encontrol soci<strong>al</strong>. El Plan Nacion<strong>al</strong> de Formación se adoptó como política de capacitación en la Redde Apoyo a las Veedurías Ciudadanas. Orientaciones a las secretaría, técnicas de las redes territori<strong>al</strong>es para formular los presentaran los avances de los planes de acción en donde 24 redes presentaron suscorrespondientes informes.
670 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Formulación <strong>del</strong> plan de acción 2009 y solicitud a las redes departament<strong>al</strong>es paraque formularan también sus respectivos planes de acción.2. Línea de asistencia técnicaLas tareas a<strong>del</strong>antadas fueron: Seguimiento a los planes de acción de las redes institucion<strong>al</strong>es de apoyo a lasveedurías ciudadanas a través de dos videoconferencias. departament<strong>al</strong>es. Ejecución en diez departamentos, con recursos de la Defensoría, de accionesde control Huila, Chocó, Vaupés, Nariño, Boyacá, Guajira, Putumayo, Atlántico,Cundinamarca y C<strong>al</strong>das.3. Línea de Capacitación Se re<strong>al</strong>izó la ev<strong>al</strong>uación de la capacitación re<strong>al</strong>izada 2007 por las redes y sus Se a<strong>del</strong>antó la orientación y revisión <strong>del</strong> módulo de control soci<strong>al</strong> a la gestiónambient<strong>al</strong>. Se ejecutó el convenio Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>-Universidad Nacion<strong>al</strong> para el diseñode un curso de autoformación virtu<strong>al</strong> con los Módulos <strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> deFormación para el Control Soci<strong>al</strong> a la Gestión Pública. En Alianza con Red Cundinamarca se re<strong>al</strong>izó capacitación a 136 multiplicadorespara la rendición de cuentas en s<strong>al</strong>ud.4. Línea de comunicaciónExisten links en las páginas web, para consulta sobre control soci<strong>al</strong> en el Ministerio <strong>del</strong>Interior y de Justicia, Ministerio de la Protección Soci<strong>al</strong>, Procuraduría Gener<strong>al</strong> y Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> puso a disposición un materi<strong>al</strong> para trabajar programasradi<strong>al</strong>es en las emisoras comunitarias, así mismo se encuentra en la web de la Defensoría.El CD fue distribuido a las emisoras comunitarias.5. Línea de investigación y desarrolloEn atención a las solicitudes de las autoridades departament<strong>al</strong>es, autoridades loc<strong>al</strong>es,avances de un documento que orientará el actuar de los diferentes estamentos de la sociedadcivil y de las administraciones en materia de ejercicio <strong>del</strong> control soci<strong>al</strong> a la gestión pública.k PublicacionesSe cuenta con el kit pedagógico y metodológico de formación, con el que se capacitanfuncionarios de las redes departament<strong>al</strong>es, las veedurías ciudadanas y las autoridadesmunicip<strong>al</strong>es. Este materi<strong>al</strong> está disponible en las web institucion<strong>al</strong>es.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6715. GESTIÓN EDUCATIVA PARA LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ, LAJUVENTUD Y LA MUJER a padres y responsables de menores de edad sancionados con medida de Con la expedición <strong>del</strong> código se adquirieron compromisos y responsabilidades institucion<strong>al</strong>esorientadas a fort<strong>al</strong>ecer la construcción de una sociedad que conciba a los niños y niñas comosujetos de derechos y por consiguiente ofrezca garantía y protección a los mismos.El artículo 54 <strong>del</strong> Código de Infancia y Adolescencia impone a padres, madres ycuidadores que hayan vulnerado los derechos de los niños, niñas y adolescentes, la medidade amonestación como restablecimiento de derechos , la cu<strong>al</strong> conlleva dos accionesrelevantes, la primera consiste en que cesen las conductas que puedan vulnerar o amenazarlos derechos de los niños, niñas y adolescentes y la segunda en asistir a un curso pedagógicosobre derechos de la niñez. Para t<strong>al</strong> responsabilidad <strong>del</strong>egó a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Es en este contexto y en el marco <strong>del</strong> convenio entre la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y UNICEF,se propone la re<strong>al</strong>ización de un módulo que apoye la re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> curso pedagógico que,según la Resolución 422 de 2007 emitida por el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, estarán a cargo de losdefensores region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es y, en los municipios, de los personeros municip<strong>al</strong>es.Cabe decir que la medida de amonestación es una de las siete medidas de restablecimientosde derechos que describe el código, 86 y debe entenderse como una acción o conjunto deacciones que hace parte de un proceso de protección y garantía de derechos, razón porla cu<strong>al</strong> se considera de vit<strong>al</strong> importancia re<strong>al</strong>izar un trabajo en sinergia con las distintasorganizaciones estat<strong>al</strong>es, gubernament<strong>al</strong>es y no gubernament<strong>al</strong>es con el objeto de hacerposibles, desde cada una de las competencias institucion<strong>al</strong>es y en particular <strong>del</strong> SistemaNacion<strong>al</strong> de Bienestar Familiar, acciones de manera coordinada, coherente y oportuna.En esa medida, la propuesta de un módulo tiene como objetivo gener<strong>al</strong> apoyarconceptu<strong>al</strong> y metodológicamente la implementación de los cursos pedagógicos a<strong>del</strong>antadosArtículo 50 Restablecimiento de los derechos. Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y losadolescentes, la restauración de su dignidad e integridad como sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de losderechos que le han sido vulnerados.Artículo 53. Medidas de restablecimiento de derechos. Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñasy los adolescentes las que a continuación se señ<strong>al</strong>an. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este código, laautoridad competente tomará <strong>al</strong>guna o varias de las siguientes medidas:1. Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico.2. Retiro inmediato <strong>del</strong> niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las actividades ilícitas enque se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especi<strong>al</strong>izada para el restablecimiento <strong>del</strong> derecho vulnerado.3.. Ubicación inmediata en medio familiar.4. Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso.5. La adopción.6. Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones leg<strong>al</strong>es, o cu<strong>al</strong>quier otra que garantice laprotección integr<strong>al</strong> de los niños, las niñas y los adolescentes.7. Promover las acciones policivas administrativas o judici<strong>al</strong>es a que haya lugar.
672 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de 2006 o Código de la Infancia y Adolescencia.Para lo anterior se diseñó, diligenció y an<strong>al</strong>izó un instrumento tipo encuesta denominadoseccion<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, con el objetivo de retro<strong>al</strong>imentar, ajustar y enriquecer lapropuesta de construcción <strong>del</strong> módulo con las percepciones, re<strong>al</strong>idades y sugerencias de cadauna de las region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es, en lo referente a los recursos humanos, metodológicos,institucion<strong>al</strong>es y audiovisu<strong>al</strong>es dispuestos para el curso.Se situó la intervención pedagógica en aquellos aspectos que inciden en la vulneración <strong>del</strong>os derechos por causa de imaginarios, percepciones y creencias erróneas respecto de la infancia,sus procesos de desarrollos y su no reconocimiento como sujetos titulares de derechos.El módulo desarrolla en un primer capítulo el marco normativo nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong>en materia de derechos de infancia, desde la Convención de los Derechos <strong>del</strong> Niño hast<strong>al</strong>os <strong>del</strong> actu<strong>al</strong> Código de Infancia y Adolescencia.La segunda parte profundiza en el escenario familiar como espacio de soci<strong>al</strong>izaciónprimaria donde, a través de los patrones y prácticas de crianza, se instaura o no una culturade los derechos humanos de la infancia.La tercera parte re<strong>al</strong>iza un reconocimiento de la concepción de los niños y niñascomo sujetos de derechos, en la que se tiene en cuenta la concepción de infancia des<strong>del</strong>a situación irregular hasta la doctrina de la protección integr<strong>al</strong>, el concepto de derechoshumanos y de autonomía progresiva con base en los procesos de desarrollo de cada una <strong>del</strong>as etapas evolutivas de los niños, niñas y adolescentes.La cuarta parte hace énfasis en las afectaciones a los derechos por los que son remitidoslos padres, madres y cuidadores;La quinta hace una propuesta de restablecimiento de los mismos en el escenario de lasrelaciones familiares.La sexta parte brinda herramientas para la construcción de un mo<strong>del</strong>o pedagógicohace una propuesta de intervención pedagógica que incluya propósitos, contenidos,secuenciación, metodología y ev<strong>al</strong>uación de la experiencia.En esta perspectiva, la enseñanza de los derechos de la infancia debe trascender latransmisión de información para aportar elementos de construcción en las relaciones, des<strong>del</strong>o sicológico, lo soci<strong>al</strong> y cultur<strong>al</strong>. Ello, teniendo en cuenta que los procesos de aprendizajesson constantes y siempre inconclusos y que un verdadero impacto en las relaciones <strong>del</strong>mundo adulto con el de la infancia y la adolescencia debe ser complementado y afectadopor otros espacios de formación t<strong>al</strong>es como los que brindan las instituciones educativas,los medios de comunicación, los agentes comunitarios, organismos no gubernament<strong>al</strong>esy otras instituciones <strong>del</strong> Estado y <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> de Bienestar Familiar, entre otros.El no conocer y comprender los derechos humanos genera la violación de los mismos. Lamayor ganancia y el mayor reto frente a la enseñanza de los derechos humanos la constituye
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>673el hecho de entregar a padres, madres y cuidadores los elementos para respetarlos, exigirlos ygarantizarlos a través de la relación consigo mismo, con los otros y con su entorno.6. LA FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN DERECHOS HUMANOS A LAPOBLACIÓN EN CONDICIÓN DE DESPLAZAMIENTO FORZADO6.1. Jornadas de Capacitación y de Sensibilización4.000 personas de las zonas foc<strong>al</strong>izadas.De igu<strong>al</strong> manera, se re<strong>al</strong>izaron jornadas de capacitación a funcionarios y servidorespúblicos especi<strong>al</strong>mente de las personerías municip<strong>al</strong>es y de las administraciones loc<strong>al</strong>es.de las mesas de prevención y protección y en los Comités Municip<strong>al</strong>es de Atención <strong>al</strong>en los departamentos de Arauca (Saravena, Tame y Arauca); Antioquia (Nechí, Cáceres,Riosucio y Turbo); Chocó (Quibdó, Carmen de Atrato, Lloró y Bagadó); Putumayo (PuertoAsís, Orito y Puerto Leguízamo); Nariño (Cumb<strong>al</strong>, Ipi<strong>al</strong>es y Ricaurte); Bolívar ( Carmen deBolívar, San Jacinto, María la Baja y San Juan de Nepomuceno); Santander (Bucaramanga, Cundinamarca (Soacha) y 10 encuentros con personeros y funcionarios <strong>del</strong> MinisterioPúblico en Barranquilla, Me<strong>del</strong>lín, Convención, Arauca, Riohacha, Bucaramanga, Char<strong>al</strong>á,Coromoro, Barrancabermeja e Ibagué.Dentro de los temas que se desarrollaron se encuentran: Conceptu<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> “daño”con miras a la reclamación <strong>del</strong> derecho a la reparación; conceptos básicos de derechoshumanos y de derecho internacion<strong>al</strong> humanitario; derechos de la población desplazada;derechos fundament<strong>al</strong>es étnicos de las comunidades indígenas y afrodescendientes;igu<strong>al</strong>mente se hicieron capacitaciones con organizaciones comunitarias sobre mecanismospara detectar e informar situaciones de riesgo de desplazamiento forzado. A continuaciónse mencionan lugares y poblaciones con las que se hicieron los t<strong>al</strong>leres:a. Departamento de AraucaEn el municipio de Tame se trabajó con los líderes de la comunidad indígena <strong>del</strong>resguardo Caño Claro. En el municipio de Saravena con las organizaciones de poblacióndesplazada se impulsó la formación a sus líderes para que participen en los escenarioscomo la Mesa de Prevención y Protección. En el municipio de Arauca se a<strong>del</strong>antó unproceso de empoderamiento con docentes de la vereda Panamá.b. Departamento de ChocóEn el municipio de Carmen de Atrato se brinda acompañamiento y orientación <strong>al</strong>as comunidades en riesgo para fort<strong>al</strong>ecer el empoderamiento de sus derechos y generar
674 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>comunitarios para que participen e incidan en la mesa de trabajo permanente de prevención.Municipio de Quibdó comunidades no organizadas que se encuentran en riesgo y habitanla cabecera municip<strong>al</strong>.c. Departamento de NariñoEn el municipio de Ricaurte se desarrollan t<strong>al</strong>leres de empoderamiento con los resguardosde Maguí, Cuchilla <strong>del</strong> P<strong>al</strong>mar, Vegas, Cuascuabí y Nulpes. En el municipio de Ipi<strong>al</strong>es se asesorae incentiva a las comunidades residentes en la Frontera para que participen en el diseño <strong>del</strong> plande contingencia. En el municipio de Cumb<strong>al</strong> se desarrollan actividades de empoderamiento conpueblo indígena de Pasto para que evidencien sus vulneraciones ante el CMAIPD.d. Departamento de PutumayoEn el municipio de Puerto Asís se acompaña y asesora a los Resguardos indígenasPiñuña Blanco y Buena Vista. Municipio de Puerto Leguízamo se asesora a las comunidadesresidentes en las Veredas Piñuña Negro en mecanismos de protección y denuncia frente <strong>al</strong>os casos de reclutamiento forzado.e. Departamento de AntioquiaMujeres Municipio de Cáceres; la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> impulsa la participación de lascomunidades no organizadas para incidir en los espacios interinstitucion<strong>al</strong>es que trabajen elde las organizaciones de comunidades de afrodescendientes, indígenas y campesinas, paradiseñar un plan de acción de empoderamiento conjunto.f. Departamento de BolívarEn Cartagena se inicia un proceso de difusión y mecanismos de protección con líderesde Cartagena y Liga de Mujeres Desplazadas de San Jacinto. En el municipio de San Jacintode Contingencia. En el municipio de María la Baja acompañamiento permanente a lascomunidades en riesgo de desplazarse residentes en las zonas de Mampujancito, Santa Fede Hicotea, El SENA, Majagua y Playón; se fort<strong>al</strong>ece a los líderes de estas comunidadespara que sean tenidos en cuenta y participen en espacios institucion<strong>al</strong>es.g. Departamento de SantanderEn Bucaramanga se apoya el proceso de fort<strong>al</strong>ecimiento de la Organización de Mujeresy activen las redes de apoyo soci<strong>al</strong>.h. Región de Magd<strong>al</strong>ena Medio Aprocob, Asodepacol, Asodesamuba, Asodev, Cdevmag y Coredmag. En el municipiopresente riesgo de desplazamiento.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>675i. Casa de los derechos SoachaT<strong>al</strong>leres con niños y niñas sobre sus derechos. Participación y asesoría técnica a la MesaHumanitaria de Soacha, en la cu<strong>al</strong> se establecen relaciones con organizaciones comunitariaspara generar mecanismos y espacio de comunicación en casos de situaciones que generenriesgo a la población civil.La Coordinación de Atención <strong>al</strong> Desplazamiento Forzado, junto a la DefensoríaRegion<strong>al</strong> de Cundinamarca, la Defensoría Delegada para la Ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> Riesgo de l<strong>al</strong>os Derechos de la Niñez, la Juventud, la mujer y los Adultos Mayores, a través de la CasaPersonería Municip<strong>al</strong> de Soacha, la Alc<strong>al</strong>día de Soacha, y el apoyo <strong>del</strong> Sistema de NacionesUnidas, el Consejo Noruego para los Refugiados y la banda Dr. Krápula, se organizó lacampaña humanitaria “No más niñez y adolescencia reclutada”.6.2. Fort<strong>al</strong>ecimiento organizativoSe contribuyó <strong>al</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento y acompañamiento de las siguientes organizacionesen los siguientes lugares:a. En Antioquia se acompañó a las siguientes comunidades y organizaciones:Comunidad Vida y Trabajo la B<strong>al</strong>sita, Organización de Población Desplazada,Asotrapaz y Guayabito los Cocos; Asodabeiba-Nueva Esperanza; Llano GrandeUrama; juntas de acción comun<strong>al</strong> de Llano Grande Chimiadó, Camparrusia yla B<strong>al</strong>sita. Cabildo indígena de Dabeiba– Antioquia, y OIA (OrganizaciónIndígena de Antioquia)- comunidades indígenas de Mazhomando-Embera Drua-Narikizavi-Choromando <strong>al</strong>to y medio, Seveer-Cañaver<strong>al</strong>es, Antado-Jenaturado,ríos Pavarandó y Amparadó medio, Chimurro y Nendo Chusc<strong>al</strong>, Tugurido.Organizaciones de población desplazada Asodespeque, comunidad El Charcon,Uracañas, comunidad corregimiento Juntas de Uramita y comunidad urbana ensituación de desplazamiento forzado. Asociación de Desplazados. Asociación Campesina, CIMA, ANUC, Asocomun<strong>al</strong>, CTP,EmPatía, Aspab<strong>al</strong>, Red de Mujeres Afropatianas. ACIN, Proyecto NASA, ProgramaMujer, Movimiento Juvenil Álvaro Ulcué, Aso. Campesina, Aso. Afrocolombiana, CTP.Población casco urbano, Consejos Comunitarios de Napi, San Francisco, Guajui, AltoGuapi, Guapi Abajo y Chanzara. Población casco urbano, Consejos Comunitarios deNegros Unidos, Negros en Acción, Bajo Saija, Patía Norte y Cuerv<strong>al</strong>. Población cascourbano, Consejos Comunitarios de Negros Unidos, Negros en Acción, Bajo Saija,Patía Norte y Cuerv<strong>al</strong>. Resguardo indígena. Casco urbano, Consejos Comunitarios deManglares, San JOC, Playón, Integración, Mamuncia. Resguardo indígena. Eperará-siapidará, Consejo comunitario Río Mejicano, Consejo comunitario
676 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Río Chagui, Consejo comunitario Río Rosario, Consejo comunitario Acapa,Consejo comunitario La Nupa, Consejo comunitario Rescate Las Varas, Consejocomunitario Gu<strong>al</strong>ajo, Consejo comunitario Caunapi, Consejo comunitarioTablón Dulce, Consejo comunitario Tablón S<strong>al</strong>ado, Consejo comunitario VeredasUnidas, Consejo comunitario Alto Mira, Consejo comunitario Bajo Mira, Consejocomunitario Imbilpi/Recompas, Awas/Unipa/Acanure, Organización de Jóvenes,Organización de Mujeres, Consejos Comunitarios de Comunidades Negras, LíderesComun<strong>al</strong>es/Asocoetnar.d. En Urabá: siete zonas humanitarias: Crist<strong>al</strong>ina, La Linda, Miramar, Bellavista, BuenosAires, Alto Bonito, Arenas Bajas, Mulatos. ASOCODEA, Asociación Comunitariade Desplazados de Apartadó. ACDPODEU Asociación de Población Desplazadael Caribe de Urabá, organizaciones que representan ante el CMAIPD a la poblacióndesplazada. En el corregimiento hay conformadas dos organizaciones ACPA,Asociación Comunitaria de Productores Agropecuarios, en la Vereda la B<strong>al</strong>sa yAGROSEMILLA, Asociación Region<strong>al</strong> Agrícola Campesina La Semilla, en la veredaPlayas Altas. ASCOBA, Consejos Comunitarios de 5 cuencas, especi<strong>al</strong>mente de lascuencas de Curbaradó y Jiguamiandó, organización de comunidades en resistencia <strong>del</strong>Curbaradó y el Jiguamiandó. Organización de comunidades en resistencia <strong>del</strong> Curbaradóy el Jiguamiandó. Cabildos Menores de las cuencas de Jiguamiandó, Domingodó,CAMICAD y ASCOBA, Consejos Comunitarios de siete cuencas, especi<strong>al</strong>mente <strong>del</strong>a cuenca de Pedeguita, Mancilla y Cacarica, CAVID. Cabildos Menores de la cuencasde Truandó y Cacarica y CAMIZBA. OPD de Chigorodó, Turbo, Apartadó, Acandí,Unguía y Riosucio, Acompañamiento a las comunidad de Nueva Antioquia.e. En Chocó: LA OIA 15 Comunidades, 6 en Vigía y 9 en Murindó. CAMAIBOcomprende 29 comunidades y OREWA, cubre todo el departamento, Cabildomayor de Bojayá y Cabildo Mayor Indígena <strong>del</strong> Medio Atrato. Murindó: ComitéTodos Unidos por la Vida y Junta de Desplazados de Murindó, Vigía ANELUFsus respectivos consejos comunitarios 2 de mayo, COCOMACIA y organizacionescomunitarias etnicoterritori<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Medio Atrato. Consejos Comunitarios de SanIsidro, Villaconto y Paimadó. Comunidades de Pie de Pato, Peñas blancas, Nauca,Santa Rita y Villa Cecilia.f. En el V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca: Buenaventura, 12 Comunas en la zona urbana (157 barrios),las nueve cuencas existen 42 consejos comunitarios que son territorios colectivos desplazada de Buga, Tuluá, C<strong>al</strong>i, Pradera y Florida.g. En la Región Caribe los defensores comunitarios han acompañado a lasorganizaciones soci<strong>al</strong>es de desplazados, mujeres y campesinos de Montes de María(Sucre y Bolívar), a las comunidades desplazadas y en riesgo de la zona rur<strong>al</strong> yurbana <strong>del</strong> municipio de Tierr<strong>al</strong>ta (Córdoba), a las comunidades y pueblos indígenasasentados en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, jurisdicciónde Magd<strong>al</strong>ena, Cesar y la Guajira, a las comunidades víctimas de desplazamiento
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>677forzado en Barranquilla y su Área Metropolitana, a los desplazados asentados en losbarrios <strong>del</strong> Pozón y Nelson Man<strong>del</strong>a en Cartagena y a la organización de mujeresen Turbaco (Bolívar), a las personas en condición de desplazamiento forzado enlas ciudades de Sincelejo (Sucre), Santa Marta (Magd<strong>al</strong>ena) y Cartagena (Bolívar).7. ACCIONES DE PROMOCIÓN, DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓNDE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMASDesde dos perspectivas se ha impulsado y desarrollado acciones de promoción,divulgación y apropiación de los derechos de las víctimas en procura de su re<strong>al</strong>ización conocimiento de los funcionarios y contratistas en todos los aspectos conceptu<strong>al</strong>es yprocediment<strong>al</strong>es que determinan las pautas para facilitar a los funcionarios el proceso deinformación a las víctimas sobre sus derechos. Para t<strong>al</strong> efecto, la Unidad de AtenciónIntegr<strong>al</strong> a Víctimas re<strong>al</strong>izó diversas acciones:Tres eventos de formación interna a nivel de inducción y actu<strong>al</strong>ización dirigidosa proveer el conocimiento que requieren las duplas de abogados y psicólogosorientadores y representantes judici<strong>al</strong>es de víctimas, así como a ev<strong>al</strong>uar yretro<strong>al</strong>imentar su gestión en desarrollo de la estrategia psicojurídica.Publicaciones, t<strong>al</strong>es como la Guía de Orientación Jurídica y Psicosoci<strong>al</strong> par<strong>al</strong>a atención a las víctimas, segunda edición, la cu<strong>al</strong> incorpora temáticas nuevas yse adecua la ruta psicojurídica, luego de su puesta en práctica en seis region<strong>al</strong>es<strong>del</strong> país. Tomo II sobre normatividad, texto que facilita la consulta en temasrelacionados con los derechos de las víctimas mediante la compilación de variosinstrumentos jurídicos. Tomo III de <strong>al</strong>cance jurisprudenci<strong>al</strong>, que compila lassentencias más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y laCorte Constitucion<strong>al</strong> Colombiana, en relación con los derechos de las víctimas, ycuyos postulados orienta el análisis para la gestión defensori<strong>al</strong>.facilitar a los funcionarios el proceso de información a la víctima.De otro lado, desde la perspectiva de las propias víctimas en torno a obtener lainformación idónea sobre las rutas y procedimientos de acceso a sus derechos de verdad,justicia y reparación, la entidad lanzó una campaña informativa y en t<strong>al</strong> sentido se re<strong>al</strong>izaronlas siguientes acciones:Materi<strong>al</strong> impreso consistente en un plegable dirigido a las víctimas interesadas enparticipar en el proceso judici<strong>al</strong> establecido por la Ley de Justicia y Paz, explicandola ruta a seguir ante las entidades encargadas de aplicar la ley. participación de las víctimas.Una serie de tres programas radi<strong>al</strong>es sobre los derechos de las víctimas en laaplicación de la Ley de Justicia y Paz, la Participación de las víctimas en dichoproceso mediante las rutas y procedimientos establecidos, y el papel de la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> dentro <strong>del</strong> programa.
678 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Dos programas de televisión emitidos por el Can<strong>al</strong> Institucion<strong>al</strong> orientados aprecisar e informar a las víctimas sobre los trámites y procedimientos de acceso asus derechos de verdad, justicia y reparación.8. PROCESO DE FORMACIÓN EN DERECHOS HUMANOSPARA LA PARTICIPACIÓN E INCIDENCIA EN POLÍTICA PÚBLICAVelar por la promoción y la divulgación de los derechos humanos constituye una de las princip<strong>al</strong>esatribuciones mision<strong>al</strong>es que la Constitución y la ley le confían a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. El objetivo centr<strong>al</strong>de esta tarea es contribuir a que las personas y las comunidades hagan un ejercicio efectivo de los derechoshumanos, dotándolas de las herramientas adecuadas para participar en las decisiones que las afectanpropiciando escenarios que garanticen la participación ciudadana para incidir en los asuntos públicosloc<strong>al</strong>es, se presenta como una importante s<strong>al</strong>ida <strong>al</strong> estado de marginación, desánimo y vulnerabilidad enque se encuentran las comunidades, más aun cuando esto se logra enlazar con autoridades loc<strong>al</strong>es sensibles<strong>al</strong> sentir de las mayorías.En consideración a lo anterior, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha establecido la educación para la apropiación,ejercicio y defensa de los derechos humanos como una de sus cinco líneas de visión comprendidas en su PlanEstratégico Institucion<strong>al</strong> 2005-2010. Esta línea tiene como propósitos el que las personas o grupos depersonas, de un lado, obtengan conocimiento y capacidad para exigir por sí mismos el respeto de susderechos, y de otro lado, participen con pleno conocimiento en los procesos decisorios para lograr una mayorre<strong>al</strong>ización de sus derechos humanos.En este marco, los procesos de formación en Derechos Humanos para la participación e incidencia enpolítica pública responden a necesidades particulares de los territorios de mayor vulneración y amenaza devulneración de derechos a población que ha priorizado el Programa Region<strong>al</strong>izado 87 .Fin<strong>al</strong>idad: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> contribuye en la re<strong>al</strong>ización de los DDHH <strong>del</strong>as comunidades en el marco de un Estado soci<strong>al</strong> de derecho, democrático, participativo,pluriétnico y multicultur<strong>al</strong>. Fort<strong>al</strong>ecer la capacidad de exigencia de los DDHH de laspersonas, comunidades y organizaciones soci<strong>al</strong>es a través de acciones defensori<strong>al</strong>es enzonas priorizadas.Con el objeto de contribuir <strong>al</strong> cumplimiento de los objetivos se han implementadoacciones en los siguientes de departamentos:Re<strong>al</strong>ización de actividades de capacitación a las comunidades de San Pablo en eltema de la pedagogía en derechos humanos, conceptos básicos de derechos humanosy mecanismos de protección. En los municipios de Cúcuta, Ocaña y Sardinata sedesarrollaron los módulos de la escuela de participación en los temas de ordenamientoterritori<strong>al</strong> y planeación participativa.Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Programa Region<strong>al</strong>izado para la gestión defensori<strong>al</strong>. Bogotá, 2007. P. 2.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>679Continuación de la escuela de líderes para la participación, en los municipios de laSierra, B<strong>al</strong>boa y Sotará. Se abordaron los módulos de planeación participativa, planes dedesarrollo, ordenamiento territori<strong>al</strong> y presupuestos participativos. Acompañamiento a laadministración municip<strong>al</strong> de Popayán en el tema de presupuestos participativos y desde elPrograma Region<strong>al</strong>izado para la Gestión Defensori<strong>al</strong> a las comunidades indígenas en lasSe re<strong>al</strong>izaron los módulos de planeación participativa y planes de desarrollo,presupuestos participativos, ordenamiento territori<strong>al</strong> y memorias y saberes, relizándose<strong>al</strong>gunas reuniones en el municipio el Castillo y en la zona rur<strong>al</strong> <strong>del</strong> mismo. Así mismo, sere<strong>al</strong>izaron actividades de formación en los temas de derechos humanos, derechos humanos yy familia, y derechos de la población en situación de desplazamiento, diseño de planesde acción en promoción y divulgación de derechos humanos que posteriormente fueronejecutados por las organizaciones soci<strong>al</strong>es participantes de los procesos de formación.En el municipio de Soacha se continuó con el desarrollo de la escuela de formaciónde líderes en la relización de t<strong>al</strong>leres en los temas de presupuestos participativos, planes dedesarrollo y ordenamiento territori<strong>al</strong>. acompañamiento permanente desde el equipo <strong>del</strong> Programa Region<strong>al</strong>izado en todaslas actividades de la defensoría region<strong>al</strong>, sobre todo haciendo eco de los permantentesreclamos re<strong>al</strong>izados por la comunidad con procesos de formación para que se diera unaefectiva defensa de los derechos humanos en la zona. Ley de justicia y paz, conceptosmecanismos de protección y atención de víctimas y planes de acción en promoción ydivulgación de derechos humanos.Continuación de la Escuela de Formación de Líderes para la participación en losel acompañamiento a las comunidades de estos municpios en la capacitación y desarrollode los módulos pedagógicos de ordenamiento territori<strong>al</strong>, planeación participativa y planesde desarrollo, presupuestos participativos.Es importante destacar que en esta región se ha cumplido con el proceso deempoderamiento a las diversas organizaciones soci<strong>al</strong>es en la toma de roles de ev<strong>al</strong>uacióny seguimiento, a la gestión de los <strong>al</strong>c<strong>al</strong>des y demás funcionarios de las administracionesmunicip<strong>al</strong>es y fue así como se lograron varias reuniones para la rendición de cuentas yseguimiento a la ejecución de los planes de desarrollo.
680 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Se a<strong>del</strong>antaron procesos de formación en los que se trataron temas de pedagogía en derechoshumanos, conceptos básicos en derechos humanos, mecanismos constitucion<strong>al</strong>es de protección,planes de acción en promoción y divulgación en derechos humanos que vienen ejecutando lasorganizaciones de Puerto Asís, con el acompañamiento de las defensoras comunitarias.Resultado 1: Los ciudadanos/as y las organizaciones soci<strong>al</strong>es se fort<strong>al</strong>ecen des<strong>del</strong>os procesos de formación en derechos humanos que promueven desde escenarios departicipación de la vida comunitaria y desde espacios de política pública.Resultado 2: Las organizaciones soci<strong>al</strong>es empoderadas en los procesos de formaciónpara la participación e incidencia a<strong>del</strong>antan iniciativas de promoción y divulgación de losderechos humanos con sus comunidades.Resultado 3: Se articulan procesos de educación en derechos humanos y el derechoa la participación con las defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es que contribuyen <strong>al</strong>fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>.Resultado 4:políticas públicas, presupuestos participativos, impulso a planes de desarrollo, planes depersonas. Así mismo, se desarrollaron 21 t<strong>al</strong>leres que abordaron las temáticas de ley dejusticia y paz, conceptos básicos de derechos humanos, protección de la población civil ende acción en promoción y divulgación de derechos humanos, pedagogía en derechos derechos humanos y familia, derechos de la población en situación de desplazamiento,Se observa en la comunidad una permanente vocación por intervenir en todos losasuntos públicos, los cu<strong>al</strong>es ven en la formación dirigida, la posibilidad de ser actoresimportantes en sus comunidades.La presencia institucion<strong>al</strong>, conjunta de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la cooperación cu<strong>al</strong>es van desde los derechos más element<strong>al</strong>es hasta peticiones más de fondo, como laimpunidad de la justicia.Sentido de pertenencia de las comunidades, permite inferir que se debe hacer unesfuerzo institucion<strong>al</strong> para aumentar la cobertura <strong>del</strong> programa.9. PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACIÓN EN DERECHOSHUMANOS A PERSONEROS MUNICIPALESEste programa mantuvo la presencia de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción yDivulgación de Derechos Humanos, que se desarrolla en asocio con la Procuraduría Gener<strong>al</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>681Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos - OACNHDH.El programa abordó como temas centr<strong>al</strong>es: principios básicos de derechos humanos,mecanismos de protección de los derechos fundament<strong>al</strong>es, programa de atención integr<strong>al</strong> avíctimas, pedagogía para los derechos humanos y temas particulares de mesa region<strong>al</strong>izada,los cu<strong>al</strong>es estuvieron enfocados en las ejecuciones arbitrarias o extrajudici<strong>al</strong>es, biodiversidad,comunidades en condición de desplazamiento forzado, víctimas, excesos de la fuerzapública, detenciones arbitrarias, los cu<strong>al</strong>es se trataron según los contextos propios de cadadepartamento o región. En el cuadro No. 3 se sintetiza el número de t<strong>al</strong>leres, los lugares enDEPARTAMENTO ASISTENTES OTROS ASISTENTES BENEFICIARIOSSANTANDER 79 3 82BOYACÁ 55 55CUNDINAMARCA 31 31NARIÑO 59 10 69CÓRDOBA 31 3 34META - CASANARE 21 8 29GUAJIRA 11 3 14CHOCÓ 19 14 33ANTIOQUIA 53 53ARAUCA 7 3 10RISARALDA, QUINDÍO, CALDAS Y VALLE 42 9 51BOLÍVAR 25 7 32CESAR 19 3 22CUNDINAMARCA 45 45META, AMAZONAS, GUAINÍA, GUAVIARE,VAUPÉS, VICHADA, CASANARE25 6 31ATLÁNTICO 39 39NORTE DE SANTANDER 21 21TOLIMA 34 10 44VALLE DEL CAUCA 30 3 33BOYACÁ 47 1 48MEDELLÍN II 45 4 49NEIVA 34 1 35
682 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>DEPARTAMENTO ASISTENTES OTROS ASISTENTES BENEFICIARIOSPUTUMAYO 12 2 14CUNDINAMARCA 35 35CUNDINAMARCA 45 45CAUCA 26 2 28Tot<strong>al</strong>es 890 92 982T<strong>al</strong>leres re<strong>al</strong>izados: 2610. CAPACITACIÓN DE APOYO A LA GESTIÓN DEFENSORIALDESCENTRALIZADAEl Proyecto tiene por objeto efectuar gestión defensori<strong>al</strong> integr<strong>al</strong> 88 en zonas de <strong>al</strong>tainstitucion<strong>al</strong>es 89 para la prevención de violaciones e infracciones y defensa de los derechoshumanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.Dentro de esta lógica de trabajo, el proyecto Redes Territori<strong>al</strong>es en la actu<strong>al</strong>idadcontinúa fort<strong>al</strong>eciendo el proceso de la comunidad retornada de El S<strong>al</strong>ado en el municipiode El Carmen de Bolívar con los recursos de cooperación de Suiza. Igu<strong>al</strong>mente, ampliósu radio de acción a otros lugares <strong>del</strong> país como mo<strong>del</strong>o de descentr<strong>al</strong>ización defensori<strong>al</strong>,especi<strong>al</strong>mente frente a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, así como a lascomunidades indígenas en el departamento de Arauca. En este sentido el proyecto estáen una fase de consolidación de procesos, ya que cuenta con la metodología básica paraabordar el impulso de las iniciativas que trabaja con la comunidad.El Proyecto se ejecuta dentro de la estrategia que desarrolla la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>en la promoción y protección de derechos en zonas que presentan <strong>al</strong>ta vulnerabilidada los derechos humanos e infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario en tres Montes de María.El Proyecto es transvers<strong>al</strong> a las líneas de visión de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, haciendo énfasis en las correspondientes a:el ejercicio de la magistratura mor<strong>al</strong>, la educación para la apropiación, ejercicio y defensa de los derechos humanos y elfort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>.La red se concibe como un conjunto de lazos que vincula a los miembros de un sistema soci<strong>al</strong>, el Proyecto <strong>del</strong>imita el análisisen redes comunitarias correspondientes a los procesos loc<strong>al</strong>es que se desarrollan en una territori<strong>al</strong>idad determinada y, redesinstitucion<strong>al</strong>es que contrastan los vínculos de intercambio de legitimidad y respuesta en materia de DDHH y DIH, entre las
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>683b. Zonas de trabajo <strong>del</strong> Proyecto. Departamento de Arauca: en los municipios de Arauquita, Tame, Fortul, Saravena,Arauca y Cubará. Región <strong>del</strong> Urabá-Darién: en los municipios de Carepa, Apartadó y Turbo en eldepartamento de Antioquia y los municipios de Acandí y Ungía en el departamento<strong>del</strong> Chocó. Montes de María. recomendaciones e informes sobre la situación de derechos humanos y DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario, la capacitación y sensibilización a los miembros de lacomunidad, de las instituciones loc<strong>al</strong>es y autoridades militares y de policía, sobre laproblemática de DDHH y DIH, el desarrollar esquemas de atención descentr<strong>al</strong>izada par<strong>al</strong>os municipios foc<strong>al</strong>izados y el fort<strong>al</strong>ecimiento de redes soci<strong>al</strong>es que den sostenibilidad <strong>al</strong>os procesos de gestión defensori<strong>al</strong> integr<strong>al</strong>.c. Resultados <strong>al</strong>canzados por región.Capacitación: El Proyecto inició labores en la zona a partir <strong>del</strong> mes de junio <strong>del</strong>Poblaciones prioritarias:- San José de Apartadó: Se han re<strong>al</strong>izado capacitaciones con grupos de soldados y sustienen las comunidades de paz para la defensa de los derechos y la construcción de unEstado Soci<strong>al</strong> y Democrático de Derecho.- Darién: El trabajo se foc<strong>al</strong>izó en las comunidades indígenas y negras, cuyo territoriode la población en gener<strong>al</strong>, también se hicieron asesorías. En desarrollo de las misionesse dio a conocer el documento de la Resolución Defensori<strong>al</strong> 51 y se recepcionaron loscomentarios y aportes de las comunidades indígenas y negras con respecto <strong>al</strong> mismo. Demanera más amplia se re<strong>al</strong>izó un diagnóstico de la situación de derechos de cada comunidady se inició el trámite necesario para superar las vulneraciones en curso.Investigación y recomendaciones:En materia de investigación el proyecto enfocó su trabajo en el seguimiento a la administraciones municip<strong>al</strong>es, organizaciones indígenas y negras y re<strong>al</strong>izó misiones de
684 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>capacitación en seis comunidades indígenas y cuatro consejos comunitarios de comunidadesnegras <strong>del</strong> Darién. temáticas que aborda la Resolución: Aspectos soci<strong>al</strong>es, Saneamiento ambient<strong>al</strong>, proyectos,megaproyectos y derechos humanos. Se han recepcionado y tramitado quejas sobrevulneración de una gama amplia de derechos (princip<strong>al</strong>mente, educación, s<strong>al</strong>ud y territorio)y se han re<strong>al</strong>izado las correspondientes comunicaciones a las instituciones respectivas paraasegurar el pleno ejercicio de derechos, materi<strong>al</strong> que ha usado la Entidad a través de laDelegada para los Derechos Colectivos y <strong>del</strong> Ambiente.En el periodo correspondiente a los meses de junio a diciembre se capacitaron 612 personas<strong>del</strong> tot<strong>al</strong>.Poblaciones prioritarias- <strong>Pueblo</strong>s indígenas: El Proyecto re<strong>al</strong>izó un trabajo con la comunidad indígena Macaguán,orientado <strong>al</strong> proceso de fort<strong>al</strong>ecimiento de la gobernabilidad en el resguardo a partir <strong>del</strong>acompañamiento <strong>al</strong> cabildo (el cu<strong>al</strong> por primera vez elige a una mujer como representanteleg<strong>al</strong>) en jornadas de formación frente <strong>al</strong> Estado Soci<strong>al</strong> de Derecho, derechos indígenas yque permita la superación de la situación de crisis soci<strong>al</strong> que enfrentan.- Población juvenil en edad escolar: La población juvenil en edad escolar de la zona deintervención <strong>del</strong> Proyecto en el departamento de Arauca es sin duda, una de las poblacionescon mayor grado de vulnerabilidad dentro de la región, que se encuentra expuesta en unmayor grado a las consecuencias derivadas de la disputa armada que se vive de tiempoatrás, manifestada princip<strong>al</strong>mente en el hecho de que los y las jóvenes se encuentran enriesgo latente de ser objeto de reclutamiento forzoso por parte de los grupos armadosirregulares en la zona.En ese sentido, se re<strong>al</strong>izó un proceso de intervención con la población juvenil en edadescolar de la región intervenida por el proyecto, por medio de la estrategia de apoyo en reda instituciones como la Pastor<strong>al</strong> Soci<strong>al</strong> y ACNUR, en aras de generar un fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>al</strong>íderes estudiantiles en materia de derechos humanos, Estado Soci<strong>al</strong> de Derecho, mecanismosde participación ciudadana, exigibilidad de derechos y mecanismos de protección, con mirasa facilitar un empoderamiento de esta población respecto de sus derechos y potenci<strong>al</strong>es comoagentes transformadores de su re<strong>al</strong>idad, la práctica en la defensa de los derechos humanos y lainteriorización de herramientas para la gestión de paz y convivencia, necesarias en escenariosOrganizaciones soci<strong>al</strong>es: Frente a las organizaciones soci<strong>al</strong>es de Defensa de DerechosHumanos en el Departamento, se ha trabajado en estrategia de red para el fort<strong>al</strong>ecimientode la coordinación humanitaria con las agencias presentes en la zona. Sin embargo, en eltranscurso de estos meses dichas organizaciones se han enfrentado a diversas situaciones
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>685y ii) los atentados sufridos en las inst<strong>al</strong>aciones de la Fundación Joel Sierra <strong>del</strong> municipio deErradicación cultivos de uso ilícito: El Proyecto acompañó el proceso de erradicaciónde cultivos de uso ilícito que se llevó a cabo en 13 veredas de la zona rur<strong>al</strong> <strong>del</strong> municipiode Arauquita. A partir <strong>del</strong> acompañamiento re<strong>al</strong>izado se ha continuado con un procesode monitoreo respecto de los proyectos productivos <strong>al</strong>ternativos que la Alc<strong>al</strong>día y laentre las cu<strong>al</strong>es se menciona: (i) bajos recursos destinados por la <strong>al</strong>c<strong>al</strong>día municip<strong>al</strong> frente acuerdos asumidos por el nivel departament<strong>al</strong> dada la situación de ingobernabilidad que sepresenta, producto de la destitución <strong>del</strong> gobernador elegido y el consecuente proceso noresuelto para el nombramiento <strong>del</strong> gobernador encargado en tanto se convoca a nuevaselecciones; y (iii) el escaso apoyo <strong>del</strong> Gobierno Nacion<strong>al</strong> frente a esta iniciativa.un espacio de televisión loc<strong>al</strong> en el que seman<strong>al</strong>mente se da respuesta a los interrogantes <strong>del</strong>a comunidad y se han re<strong>al</strong>izado dos programas de radio en el marco <strong>del</strong> programa RadioCiudadana, en asocio con El Colectivo de Comunicaciones Montes de María.Poblaciones prioritarias- Comunidad de El S<strong>al</strong>ado: Entre otras actividades a<strong>del</strong>antadas por el proyecto enterreno se res<strong>al</strong>ta el trabajo a<strong>del</strong>antado en materia de acompañamiento y seguimiento<strong>al</strong> proceso de la comunidad de El S<strong>al</strong>ado en El Carmen de Bolívar, de acuerdo con lo comunidad en materia de apoyo defensori<strong>al</strong>, en materia de la Ley de Justicia y Paz, en lostrabajos coordinados con la Comisión Nacion<strong>al</strong> de Reparación y Reconciliación.de Mapujancito en María la Baja, Bolívar, con relación <strong>al</strong> tema de reparación, ya queexisten temores de esta comunidad frente <strong>al</strong> proceso. La comunidad cuenta actu<strong>al</strong>menteDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a través <strong>del</strong> Proyecto y de un Defensor Comunitario.Problemática de tierrasEl proyecto ha venido haciendo un seguimiento a la problemática de tierras desdequejas presentadas por las comunidades retornadas, frente a: (i) la compra masiva de tierrasa bajo costo, (ii) el cambio de dueños que tienen en sus predios a poseedores de la tierra yque ahora les están pidiendo las parcelas. Situación que presenta mayor dimensión en tresde los municipios priorizados por el proyecto: El Carmen de Bolívar, San Jacinto y Ovejas.
686 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Recomendaciones. Se requiere por parte de las instituciones <strong>del</strong> Estado, tanto <strong>del</strong> orden nacion<strong>al</strong> comode los niveles territori<strong>al</strong>es, fort<strong>al</strong>ecer las acciones y programas decididos en tornoa la protección de los derechos de la población juvenil, enfocados princip<strong>al</strong>menteen la prevención <strong>del</strong> reclutamiento forzoso, la atención psicosoci<strong>al</strong> a víctimas de laviolencia y <strong>al</strong> reconocimiento de la población juvenil como actor de transformaciónsoci<strong>al</strong> de su re<strong>al</strong>idad y entorno. Se requiere por parte <strong>del</strong> Estado la garantía <strong>del</strong> restablecimiento <strong>del</strong> derechofundament<strong>al</strong> <strong>al</strong> territorio, la autonomía y la gobernabilidad. Así mismo, es importantedifundir y aplicar los principios de atención diferenci<strong>al</strong> para los pueblos indígenas anivel de la institucion<strong>al</strong>idad en el departamento. De igu<strong>al</strong> manera es recomendablegenerar campañas soci<strong>al</strong>es de respeto y v<strong>al</strong>oración de los pueblos indígenas comoparte <strong>del</strong> reconocimiento de la riqueza étnica y cultur<strong>al</strong> de la nación. Desde adentro,a nivel comunitario es pertinente trabajar en el fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> tejido soci<strong>al</strong>, elcontrol y la gobernabilidad de los resguardos. Se requiere por parte <strong>del</strong> Estado el respeto a la libertad de asociación. A nivel permita un mayor apoyo y protección para los líderes de las organizacionessoci<strong>al</strong>es y por otra parte exigir por parte de los actores armados respeto para elejercicio de su labor.11. GESTIÓN ESPECIALIZADA DE INFORMACIÓN EN DERECHOSHUMANOS - UPEIDHHoy la información se ha convertido en un bien de consumo, el eje en torno <strong>al</strong> cu<strong>al</strong>gira la “sociedad <strong>del</strong> conocimiento”. Sin embargo, a pesar de tantos descubrimientos ycreaciones y de tantas nuevas puertas abiertas, el sistema y la estructura siguen igu<strong>al</strong>: pocoha cambiado, aún hay informados y desinformados, aún hay pueblos enteros condenadosa la ignorancia y <strong>al</strong> silencio, aún hay an<strong>al</strong>fabetos, aún hay ricos y pobres.El papel de la biblioteca ha ido cambiando a lo largo de los siglos, adaptándoseintelectu<strong>al</strong>es, refugio de clásicos en edades oscuras, escaparate de tesoros adornados,fuente de saber básico, apoyo <strong>al</strong> desarrollo y gestora de memorias. Siempre ha luchado porla <strong>al</strong>fabetización y la difusión <strong>del</strong> conocimiento, por la libre expresión y el libre acceso <strong>al</strong>saber, por la igu<strong>al</strong>dad y la solidaridad.Según Edgardo Civ<strong>al</strong>lero, de la Universidad de Córdoba, Argentina, 2006, la bibliotecapuede garantizar libertades y derechos humanos, t<strong>al</strong>es como educación, información,libre expresión, identidad, trabajo, puede proporcionar herramientas para la soluciónde problemas de s<strong>al</strong>ud, violencia, adicciones y nutrición, puede borrar todo tipo dean<strong>al</strong>fabetismo, recuperar tradición or<strong>al</strong>, difundir conocimientos perdidos y recuperarlenguas en peligro. Puede luchar contra el racismo y la discriminación, enseñar la toleranciay el respeto, facilitar la integración en sociedades multicultur<strong>al</strong>es. Logra demostrar la
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>687igu<strong>al</strong>dad de todos los seres humanos, de todos los sexos, edades, credos y razas. Ayudaa que se difunda la solidaridad y la fraternidad, puede contar la historia de los vencidos,expresar las facetas mínimas de una maravillosa diversidad humana, perpetuar memorias humanos hace de la Unidad Pública Especi<strong>al</strong>izada de Información en Derechos Humanos,UPEIDH (Biblioteca, Hemeroteca y Centro de Documentación) de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> un componente v<strong>al</strong>ioso que contribuye a través de sus servicios de informaciónespeci<strong>al</strong>izada <strong>al</strong> conocimiento y apropiación de los mecanismos de protección, defensa yexigibilidad de los derechos humanos por parte de todos los ciudadanos.La Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación de Derechos Humanos y D.I.H.,continuó con el objetivo de ampliar la cobertura de los servicios de información, a travésde las necesidades de información, investigación y estudio que sobre el tema tienen losdistintos usuarios de este servicio.La gestión de la Unidad Pública Especi<strong>al</strong>izada de Información en Derechos Humanos,Base de Datos Winisis con información que fue adquirida por compra, canje o donación,ampliación en la distribución de publicaciones institucion<strong>al</strong>es y el mejoramiento <strong>del</strong>os servicios de información, labor que se a<strong>del</strong>antó con el desarrollo de las siguientesactividades. Ver Tabla.ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES RESULTADOS1. Procesos de captura, análisisy procesamiento físico de títulosque hacen parte de la coleccióndocument<strong>al</strong> de la sección debiblioteca.Se hizo el análisis e ingreso en la Base deDatos Winisis, de mil doscientos veintitrés(1.223) documentos (clasificación, descripciónbibliográfica, análisis, asignación dedescriptores) y preparación física de milcuatrocientos diecisiete (1.417) documentos(colocar sellos, elaboración de rótulos ymarbetes, colocar códigos de barras, pegarbolsillos con sus respectivos marbetes).Tener actu<strong>al</strong>izada laBase con las últimasadquisiciones bien sea porcompra, donación o canje.2. Desarrollar las actividadesde identificación, verificacióny confrontación de títulosexistentes en la Base de Datosy luego físicamente. Revisión ynorm<strong>al</strong>ización de <strong>al</strong>gunos camposde la Base (autores person<strong>al</strong>es ycorporativos).Se re<strong>al</strong>izó la confrontación de materi<strong>al</strong>en la Base de Datos con los documentosexistentes físicamente. Se revisaron tresmil cincuenta y un (3.051) registros paraidentificar inconsistencias en gener<strong>al</strong> ynorm<strong>al</strong>izar autores person<strong>al</strong>es y corporativos.Base depurada yactu<strong>al</strong>izada.
688 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>ACTIVIDADES SUBACTIVIDADES RESULTADOS3. Detectar las necesidades deinformación para la Unidad ydefinir estrategias de compra,canje y donación. Revisar materi<strong>al</strong>que ha sido donado o canjeado.4. Complementar, actu<strong>al</strong>izary agregar nuevos términos <strong>al</strong>tesauro especi<strong>al</strong>izado en derechoshumanos, elaborado en el 2006 yactu<strong>al</strong>izado en el 2008Consecución de materi<strong>al</strong>es por medio de lasEntidades que manejen la misma temática.Se adquirieron por compra ciento cincuentay cuatro (154) títulos. Por donacióntrescientos quince (315) documentos entrelibros, revistas, boletines, cartillas, informes,periódicos, etc. Se revisaron mil doscientossesenta y siete (1.267) documentos que hansido adquiridos por canje o donación.A medida que se avanzó en la cat<strong>al</strong>ogacióny clasificación de materi<strong>al</strong>es aparecí<strong>al</strong>a necesidad de ir creando temas quepermitieran luego la recuperación de lainformación.Colección actu<strong>al</strong>izada.Tesauro actu<strong>al</strong>izado5. Promover y divulgar laspublicaciones de la Defensoría,<strong>al</strong> igu<strong>al</strong> que la consulta en laBiblioteca.Durante el año se hizo la entrega decincuenta y cuatro mil cero setenta y ocho(54.078) publicaciones entre folletos, libros,cartillas, afiches, DVD, CD, casetes, informe<strong>del</strong> Defensor, distribuidos entre la poblaciónde <strong>al</strong>c<strong>al</strong>días, cárceles, defensores públicos,personerías, colegios, entidades públicas,bibliotecas, Policía Nacion<strong>al</strong>, fuerzasmilitares, universidades, ONG, region<strong>al</strong>esy seccion<strong>al</strong>es y público en gener<strong>al</strong>. Seatendieron cuarenta mil ciento noventa ycinco (40.195) usuarios distribuidos entrefuncionarios, estudiantes, profesion<strong>al</strong>es,investigadores y público en gener<strong>al</strong>.Divulgación de lainformación institucion<strong>al</strong>sobre derechos humanos.Fuente. Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación - UPEIDH12. LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN DEL DERECHO A LA SALUD 90Teniendo en cuenta que la s<strong>al</strong>ud es uno de los derechos más vulnerados, la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> se propuso diseñar una serie de instrumentos de información que orienten a losusuarios cuando acuden a solicitar servicios de s<strong>al</strong>ud. Es por eso que re<strong>al</strong>izó un documentollamado “Todo lo que usted debe saber sobre el acceso efectivo a los medicamentos por prescripción médica”.Este documento, de una manera sencilla y sistemática orienta a los ciudadanos acerca de la90Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Serie derechos de los Usuarios en S<strong>al</strong>ud “Todo lo que usted debe saber sobre el acceso efectivo a losmedicamentos por prescripción médica”. Esta cartilla puede ser reclamada en la sede princip<strong>al</strong> de esta entidad ubicada en lac<strong>al</strong>le 55 No. 10-32 o en la página web www.defensoria.org.co .
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>689manera de cómo ejercer sus derechos y evitar que estos sean vulnerados y los capacita paramejorar la efectividad de los organismos de control de los servicios de s<strong>al</strong>ud.La cartilla da respuesta a interrogantes frecuentes como: ¿El médico me debeordenar todos los medicamentos que requiero?, ¿En cuánto tiempo me deben entregarlos medicamentos?, ¿Qué debo hacer cuando no me entregan la tot<strong>al</strong>idad de losmedicamentos ordenados en la fórmula?, ¿Qué medicamentos están dentro <strong>del</strong> POS?,los <strong>del</strong> régimen subsidiado?, ¿Cuántos medicamentos por fórmula me pueden ordenar?,¿Debo pagar cuota moderadora cada vez que me ordenen un medicamento?, Si necesitoun medicamento para una enfermedad crónica, ¿me lo deben formular?, ¿Qué hago sime niegan un medicamento que está dentro <strong>del</strong> POS?, ¿Qué hago si el medicamento es necesario acudir ante el CTC antes de la tutela?, Si me autorizan un medicamento portutela, ¿Cómo hago para reclamarlo?, ¿Debo pagar los medicamentos que se administranen una urgencia?, Cuando me hospit<strong>al</strong>izan ¿Debo pagar los medicamentos?, Si meformulan medicamentos por medicina prepagada, ¿Puedo tramitarlos por el POS?, ¿Lasvacunas son consideradas medicamentos?. Si un medicamento que me ordenan —aun portutela— no se encuentra en Colombia o no está aprobado por el INVIMA, ¿Qué debehacer la EPS?. Si acepto la medicina <strong>al</strong>ternativa, ¿los medicamentos deben estar incluidosen el servicio? Al entregarme los medicamentos, ¿me los pueden cambiar por otros en lafarmacia o dispensario?, ¿Qué hago si un medicamento formulado no me hace efecto,me produce efectos adversos o <strong>al</strong>tera mi comportamiento? Puedo tomar medicamentossin ser formulados por mi médico?, ¿Qué debo tener en cuenta cuando reclamo losmedicamentos en el dispensario?, ¿Cuándo debo suspender la toma de un medicamento?,¿Qué debo conocer respecto <strong>del</strong> manejo de los medicamentos? Las reglas de oro para laadministración de medicamentos, la responsabilidad <strong>del</strong> paciente de hacer uso efectivo <strong>del</strong>medicamento y la información sobre posibles efectos adversos generados por el consumode los medicamentos prescritos.13. GESTIÓN DEFENSORIAL DEL OBSERVATORIO DE JUSTICIACONSTITUCIONAL13.1. AntecedentesSiguiendo el ordenamiento leg<strong>al</strong> y constitucion<strong>al</strong>, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha construido unObservatorio de Justicia Constitucion<strong>al</strong> dirigido a todas las personas y autoridades interesadasen conocer el <strong>al</strong>cance de los derechos constitucion<strong>al</strong>es y el contenido de las sentencias tanto <strong>del</strong>a Corte Constitucion<strong>al</strong> como de la Corte lnteramericana de Derechos Humanos.Desde el mes de febrero de 2007, este proyecto fue puesto a disposición de los habitantes<strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong> y de las personas residentes en el exterior en una página web 91 en la91La página web <strong>del</strong> Observatorio de Justicia Constitucion<strong>al</strong> puede ser consultada en una de las siguientes direcciones: http://observatorio.defensoria.org.co y http://www.defensoria.org.co/index.php?_s=ojc&es=O&_a=O. También se puedeingresar a este a través de la pagina web de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, http://www.defensoria.org.co en la que se ubica un linkpara el acceso <strong>al</strong> Proyecto.
690 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>que pueden ser consultados los diversos pronunciamientos judici<strong>al</strong>es de estas dos Cortes.La información está disponible en dos formatos: En documentos temáticos, organizados ysistematizados con base en subreglas que se derivan de las sentencias emitidas por dichosTribun<strong>al</strong>es y en los textos origin<strong>al</strong>es de las sentencias emitidas por estos.Se trata de un materi<strong>al</strong> de fácil acceso que puede ser utilizado por todas las personas,los funcionarios públicos y las organizaciones de la sociedad civil, no sólo con un dirigidas a las autoridades públicas.En esa página se recoge el trabajo que en los últimos años ha re<strong>al</strong>izado el Observatoriode Justicia Constitucion<strong>al</strong> de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, el cu<strong>al</strong> se apoya en la labor de laCorte Constitucion<strong>al</strong> en la interpretación y defensa de los derechos fundament<strong>al</strong>es, asícomo la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como máxima intérprete de laConvención Americana sobre Derechos Humanos.El Observatorio de Justicia Constitucion<strong>al</strong> se inicia en el año 2001, tras una<strong>al</strong>ianza con el Centro de Investigaciones Sociojurídicas de la Facultad de Derecho <strong>del</strong>a Universidad de los Andes y el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para elDesarrollo Internacion<strong>al</strong> USAID, a través de su contratista Management Sciences forDevelopment Colombia Limitada (MSD).Mediante ese acuerdo, la Universidad de los Andes asumió el compromiso de revisarnúmero determinado de personas en condición de vulnerabilidad, así como las subreglasvigentes en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Partede ese trabajo debía estructurarse a partir de los contenidos <strong>del</strong> CD-Rom, “Sujetos deEspeci<strong>al</strong> Protección en la Constitución Política de Colombia” publicado en el año 2000por la Corte Constitucion<strong>al</strong> y el Consejo Superior de la Judicatura. También se obligó ay a organizar los contenidos de la jurisprudencia para cada uno de los sujetos y derechosobjeto <strong>del</strong> convenio. De igu<strong>al</strong> forma, la Universidad asumió el compromiso de preparar aun grupo de funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para que se apropiaran de la tareade actu<strong>al</strong>izar constantemente los documentos y de garantizar la continuidad <strong>del</strong> Proyecto.fase <strong>del</strong> proyecto.El trabajo elaborado por la Universidad de los Andes fue recibido por la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> en el año 2003, época a partir de la cu<strong>al</strong> funcionarios de la institución adscritos <strong>al</strong>a Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación de los Derechos Humanos; DirecciónNacion<strong>al</strong> de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es; Dirección Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública;Defensoría Delegada para los Derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer; DefensoríaDelegada para los Derechos de los Indígenas y las Minorías Étnicas; Defensoría Delegadapara la Política Crimin<strong>al</strong> y Penitenciaria; Defensoría Delegada para los Derechos Colectivos yMedio Ambiente; Defensoría Delegada para Asuntos Constitucion<strong>al</strong>es y Leg<strong>al</strong>es; Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> Bogotá y la Coordinación para la Atención de las Víctimas <strong>del</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>691Desplazamiento Forzado; bajo la Coordinación de la Defensoría Delegada para la Dirección<strong>del</strong> Seguimiento, Ev<strong>al</strong>uación y Monitoreo de las Políticas Públicas para la re<strong>al</strong>ización de losDerechos Humanos se hicieron cargo de la revisión permanente de la jurisprudencia emitidapor las Cortes Constitucion<strong>al</strong> e Interamericana de Derechos Humanos; de la selección de !assentencias que son de interés para el objeto <strong>del</strong> Proyecto, elaborar las subreglas vigentes, incluircada uno de los productos que se consolidan en el Observatorio.el respectivo tribun<strong>al</strong> en relación con la aplicación a circunstancias de hecho concretasde las normas gener<strong>al</strong>es y abstractas, cuya integridad y supremacía debe defenderse, esdecir, aquellas contenidas en la Constitución Política de Colombia o en la ConvenciónAmericana de Derechos Humanos, según el caso.Las normas jurídicas son de dos clases: las reglas y los principios. Las primeras secaracterizan porque los supuestos de su aplicación están perfectamente <strong>del</strong>imitados yaplicación de las reglas es “todo o nada”; es decir, la regla simplemente se aplica o no seaplica. Pero, a diferencia de las reglas, los principios se cumplen gradu<strong>al</strong>mente (y no “todoson “mandatos de optimización”, en tanto deben ser re<strong>al</strong>izados en la mayor medida posibleprincipios, el juez que deba resolver la controversia habrá de determinar, a la luz de loshechos concretos <strong>del</strong> caso de que se trate, cuál de los principios debe ceder en ese casoresolverá de manera distinta.entre ambos, se utiliza el método de la ponderación para establecer qué principio debe cederen ese caso concreto y por qué debe hacerlo. El resultado de cada ponderación es lo que seformula, de manera abstracta, las condiciones de prev<strong>al</strong>encia de cierto principio. De estaforma, tras el análisis de una sentencia, la subregla o subreglas en ella contenidas puedenformularse de la siguiente manera: En circunstancias de hecho X, el principio Y cederá frente <strong>al</strong>principio Z. La subregla así formulada debe ser aplicada a todos los casos posteriores en que se13.2. Temas abordados por el ObservatorioEn la actu<strong>al</strong>idad, el Observatorio se ocupa de dieciocho temas que pueden agruparseen tres grandes bloques: con once sujetos de especi<strong>al</strong> protección. El tema más gener<strong>al</strong> de que trata estebloque tiene que ver con el desarrollo dado par la Corte Constitucion<strong>al</strong> <strong>al</strong> principio
692 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>de igu<strong>al</strong>dad materi<strong>al</strong> establecido en el artículo 13 de la Constitución Política. Segúnesta norma, las autoridades públicas deben adoptar medidas que favorezcan a losgrupos discriminados o marginados y están obligadas a proteger, de manera especi<strong>al</strong>a aquellas personas que por su condición económica, física o ment<strong>al</strong>, se encuentranel aparte <strong>del</strong> artículo 13 referente a la igu<strong>al</strong>dad materi<strong>al</strong> contiene la denominadacláusula de erradicación de las injusticias presentes, de conformidad con la cu<strong>al</strong> elEstado colombiano tiene la obligación de implementar acciones dirigidas a erradicary desmantelar aquellas estructuras y prácticas soci<strong>al</strong>es que determinan que ciertaspersonas y grupos soci<strong>al</strong>es sean ciudadanos de segunda clase, y, por tanto, esténsometidos a distintas formas de opresión y subordinación.En consecuencia los once sujetos de especi<strong>al</strong> protección de que se ocupa el observatorioforman parte de grupos soci<strong>al</strong>es históricamente marginados o discriminados, cuyavoz –tradicion<strong>al</strong>mente silenciada– ha podido ser escuchada gracias a la jurisprudenciade la Corte Constitucion<strong>al</strong>, son: niñas y niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores,personas en condición de discapacidad, personas en situación de indigencia, personascon diversa orientación sexu<strong>al</strong>, personas privadas de la libertad, personas en situaciónde desplazamiento, grupos étnicos, trabajadores y sindicatos.b. En el segundo bloque se ha sistematizado y an<strong>al</strong>izado la jurisprudencia relativa a seisderechos constitucion<strong>al</strong>es. Estos derechos fueron escogidos porque, en su conjunto,concretan el principio democrático de la participación ciudadana y la transparenciade la gestión pública. En suma, los seis derechos escogidos constituyen poderosasherramientas a disposición de todas las personas para garantizar una gestión públicaabierta y transparente. Estos derechos son: derecho <strong>al</strong> debido proceso pen<strong>al</strong>, hábeascorpus, derecho de petición, hábeas data, participación política y derechos colectivos.c. El tercer bloque temático contiene las princip<strong>al</strong>es reglas establecidas por la Corteinteramericana de Derechos Humanos en relación con el <strong>al</strong>cance e interpretaciónde los derechos que garantiza la Convención Americana sobre derechos humanos. constitucion<strong>al</strong>idad, de acuerdo con el cu<strong>al</strong> el texto constitucion<strong>al</strong> resulta ampliado porla Convención Americana de Derechos Humanos. Este <strong>al</strong>to tribun<strong>al</strong> es el máximointérprete <strong>del</strong> citado instrumento internacion<strong>al</strong> y, por consiguiente, su jurisprudenciaes vinculante para las autoridades públicas colombianas <strong>al</strong> momento de aplicar einterpretar los derechos contenidos en la Constitución colombiana. Aunque la Cortelucha contra la impunidad y a los derechos de las víctimas de violaciones masivas ysistemáticas de los derechos humanos a la verdad, a la justicia y a la reparación.13.3. Acciones <strong>del</strong> Observatoriola Corte Constitucion<strong>al</strong> en el periodo comprendido entre el primero de octubre de 2007 y
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>693900 sentencias en ese período. Se seleccionaron aquellas relacionadas con los temas queson objeto <strong>del</strong> Observatorio, se establecieron las subreglas vigentes y se incorporaron a losdocumentos que aparecen en la página web <strong>del</strong> Observatorio de Justicia Constitucion<strong>al</strong>. Enel mismo periodo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos expidió 19 sentenciasentre las cu<strong>al</strong>es se encuentran las sentencias de interpretación de los Casos Escué Zapata yMasacre de la Rochela, ambos contra Colombia.Por vía de ejemplo destacaremos <strong>al</strong>gunos casos que fueron seleccionados para estudiocon relación a tres de los temas que se trabajan en el Observatorio. Los casos restantesEn el tema de niños y niñas fue recurrente la protección de los derechos a la s<strong>al</strong>ud y <strong>al</strong>a educación.un problema estructur<strong>al</strong> en el sistema de seguridad soci<strong>al</strong> en s<strong>al</strong>ud, por f<strong>al</strong>las en suCorte Constitucion<strong>al</strong> impuso a las accionadas t<strong>al</strong>es como:En el tema de mujeres siguió siendo recurrente la protección de la mujer en estadode embarazo y las órdenes de reintegro <strong>al</strong> empleo, de prestación de servicios médicos, depago de licencias de maternidad, entre otras, conforme a la mod<strong>al</strong>idad de afectación deefectuar una revisión integr<strong>al</strong> <strong>del</strong> Programa de Protección de Víctimas y Testigos de la Leyque conforme a la jurisprudencia y la práctica internacion<strong>al</strong> deben orientar y contener unaestrategia integr<strong>al</strong> de protección satisfactoria de las víctimas y testigos de los procesos enlos que se investiga grave crimin<strong>al</strong>idad o crimin<strong>al</strong>idad de sistema, y la adopción de medidasde protección a favor de las accionantes –mujeres víctimas en el marco de la ley de justicia ypaz, y/o de líderes o activistas pertenecientes a organizaciones soci<strong>al</strong>es que luchan por los–. Precisó la Corte en su sentencia que en laev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> riesgo y en la selección y ejecución de las medidas aplicables, se debería teneren cuenta las obligaciones constitucion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es <strong>del</strong> Estado sobre protecciónde la mujer contra todo tipo de violencia, así como el enfoque de género que permita unarespuesta diferenciada y adecuada a las particulares circunstancias de vulnerabilidad en quese encuentre la mujer, derivadas de su condición de género.En el tema de minorías étnicas la Corte nuevamente protegió el derecho a la consultaque asiste a las comunidades étnicas, indígenas o afrodescendientes. Al expedir la sentenciaprogramas o presupuestos plurianu<strong>al</strong>es incluidos en la Ley 1151 de 2007 –Ley <strong>del</strong> PlanNacion<strong>al</strong> de Desarrollo 2006-2010– que tengan la potenci<strong>al</strong>idad de incidir de manerade constitucion<strong>al</strong>idad, de conformidad con las pautas trazadas para ello por la doctrinaconstitucion<strong>al</strong>, misma que no se re<strong>al</strong>izó previamente a la adopción de dicha ley.
694 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>14. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DESDE LAS DEFENSORÍASREGIONALES Y SECCIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOSY EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO14.1. Region<strong>al</strong> BogotáJosé María Rosillo”. tengan una base sólida de conocimiento en materia de derechos humanos y derechointernacion<strong>al</strong> humanitario, que les permita tomar con certeza las decisiones quecon frecuencia se ven obligados a asumir en materia de seguridad.Reforzar la aplicabilidad de los derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong>humanitario, de manera que la instrucción sea la más adecuada y que encuentreen la práctica plena aplicación en el norm<strong>al</strong> ejercicio de las actividades militares, demanera que se integre en todos los niveles de la fuerza pública.b. Objetivo Gener<strong>al</strong>: Rosillo en derechos humanos, principios básicos <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario y Re<strong>al</strong>izar diplomado de 110 horas de formación en derechos humanos y derechoGuardia Presidenci<strong>al</strong>.d. Resultados Alcanzados:Conformación de vínculos interinstitucion<strong>al</strong>es con el Ejército, que permiten laconsolidación de un proceso permanente de formación dirigido a los miembrosde dicha institución.humanos en los diferentes bat<strong>al</strong>lones de la ciudad.básicos de los derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>695e. Ev<strong>al</strong>uación y Observaciones:de los conceptos básicos de derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario y elserio compromiso de ajustar sus operaciones militares y su accionar en el marco de los límitesprevistos en la Constitución, en la Ley y en los Tratados Internacion<strong>al</strong>es de Protección.El éxito <strong>del</strong> diplomado <strong>al</strong> interior de las Fuerzas Militares, permite concluir la necesidadde implementarlo como un programa permanente de formación por parte de la Defensoríainst<strong>al</strong>aciones <strong>del</strong> Ejército.f. Recomendaciones:A pesar <strong>del</strong> esfuerzo re<strong>al</strong>izado por la Region<strong>al</strong>, se requiere de un apoyo permanente porparte de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en la entrega de materi<strong>al</strong> de apoyo, así como logístico yadministrativo, facilitando medios de transporte necesarios. Las continuas vulneraciones de derechos humanos a los internos en los establecimientosde reclusión, requiere la implementación de formación continua a guardias, funcionariose internos sobre las responsabilidades estat<strong>al</strong>es en la protección de los derechos humanos.Colombia como Estado parte de la Organización de los Estados Americanos OEA, seencuentra obligada a atender la normatividad expedida por dicho organismo Internacion<strong>al</strong>.derechos humanos de los internos en los establecimientos de reclusión. La Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>, como el organismo encargado de velar por la protección de los derechos humanosposee en el marco de sus responsabilidades velar por que no se produzcan violaciones dederechos <strong>al</strong> interior de los establecimientos de reclusión.b. Fin<strong>al</strong>idad.Dotar a la guardia penitenciaria, funcionarios de las cárceles e internos de losestablecimientos de reclusión de las herramientas contenidas en la Resoluciónprivadas de la libertad. Re<strong>al</strong>izar un ciclo de formación en las cuatro cárceles de Bogotá.Formar un grupo de funcionarios que se conviertan en multiplicadores <strong>del</strong>contenido de la Resolución.Formar a un grupo de internos, acerca de las responsabilidades <strong>del</strong> Estado enla protección de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad,contenidos en la mencionada resolución.
696 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>d. Actividades Re<strong>al</strong>izadas.Se efectuó un ciclo de 16 horas de capacitación en cada establecimiento de reclusión,coordinado por la Region<strong>al</strong> Bogotá, con la colaboración <strong>del</strong> grupo de defensores públicosadscritos <strong>al</strong> Programa 1542/97.e. Resultados <strong>al</strong>canzados. Picota, Distrit<strong>al</strong> y Buen Pastor de Bogotá. Capacitación de 103 internos pertenecientes a las cuatro cárceles de Bogotá. Re<strong>al</strong>ización de 15 programas de expansión a cargo <strong>del</strong> person<strong>al</strong> capacitado.f. Ev<strong>al</strong>uación y observaciones:La re<strong>al</strong>ización de este proyecto permitió complementar el proceso de formaciónre<strong>al</strong>izado con los internos de los Comités de Derechos Humanos y dotarlos de herramientasleg<strong>al</strong>es, contenidas en instrumentos internacion<strong>al</strong>es de protección.Este proyecto se efectuó con el apoyo docente de los Defensores Públicos <strong>del</strong> Programaa. Descripción <strong>del</strong> proyectoEl proyecto se re<strong>al</strong>izó como un componente esenci<strong>al</strong> de la promoción y protección <strong>del</strong>os derechos de los ex habitantes de la c<strong>al</strong>le en las diferentes etapas que maneja la Secretaríade Integración Soci<strong>al</strong> <strong>del</strong> Distrito y como una visibilización de los aportes de quienessobre factores de vulnerabilidad de las comunidades y mecanismos soci<strong>al</strong>es e institucion<strong>al</strong>esque contribuyen a la protección de la población y a la seguridad ciudadana.b. Proceso de intervención o de actuación institucion<strong>al</strong>.Se impartieron ciclos de formación básica en derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong>humanitario dirigidos a funcionarios que forman parte de diversas mod<strong>al</strong>idades:Brigadas de atención en c<strong>al</strong>le: operan durante las 24 horas <strong>del</strong> día en 19 loc<strong>al</strong>idadesde Bogotá.Mod<strong>al</strong>idad hogar de paso día: prestan atención básica en s<strong>al</strong>ud, higiene y<strong>al</strong>imentación, así como t<strong>al</strong>leres lúdicos y formativos.Mod<strong>al</strong>idad hogar de paso noche: prestan servicio de hospedaje, <strong>al</strong>imentación e higiene.Mod<strong>al</strong>idad atención transitoria: se caracteriza por la prestación de dos tipos deservicios: atención a necesidades básicas y atención terapéutica individu<strong>al</strong> y grup<strong>al</strong> quefacilite la recuperación y potenciación de las diferentes dimensiones <strong>del</strong> ser humano.Mod<strong>al</strong>idad comunidades de vida: prestan atención integr<strong>al</strong> y especi<strong>al</strong>izada para eltratamiento, habilitación y restablecimiento de vínculos que faciliten la inclusión de estapoblación que presenta <strong>al</strong>tos niveles de consumo y adicción a sustancias psicoactivas.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>697Adicion<strong>al</strong>mente, cuentan con un énfasis en formación para el trabajo y oportunidadesde generación de ingresos. Se laboró en la comunidad Hogar El Camino.Mod<strong>al</strong>idad enlace soci<strong>al</strong>: ofrece a los egresados y egresadas de las comunidadesde vida y de atención transitoria, oportunidades para la generación de ingresos,capacitación y formación para el trabajo, mediante la incorporación a diferentesconvenios interinstitucion<strong>al</strong>es en las áreas ocupacion<strong>al</strong>es y educativas, y, propende porel fort<strong>al</strong>ecimiento de los vínculos familiares, soci<strong>al</strong>es y comunitarios de esta población.c. Fin<strong>al</strong>idad.Articular, fort<strong>al</strong>ecer y ampliar los radios de acción de los programas existentes enel Distrito Capit<strong>al</strong> en el campo de la prevención y atención de los derechos humanos,contribuyendo <strong>al</strong> cumplimiento de la normatividad nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong> que reconocelos derechos humanos como derechos para todas las personas, propendiendo por ladignidad de los ex habitantes de la c<strong>al</strong>le y por garantizar su inclusión en el trabajo de losfuncionarios <strong>del</strong> distrito que se encuentran a cargo en las etapas de resoci<strong>al</strong>ización en losprogramas de la Alc<strong>al</strong>día Mayor. Garantizar que las entidades e instituciones <strong>del</strong> Gobierno Distrit<strong>al</strong> incorporen ypromuevan medidas y proyectos dirigidos a la erradicación de las violencias y violacionesde derechos humanos que recaen sobre los ex habitantes de la c<strong>al</strong>le.e. Actividades gener<strong>al</strong>es re<strong>al</strong>izadas.Se privilegiaron los temas relativos a las responsabilidades de los funcionarios <strong>del</strong>Estado en la protección de los derechos humanos y en la aplicación de los mecanismosde protección.f. Logros <strong>al</strong>canzadosCapacitación de un grupo de funcionarios de la Secretaría de Integración en losfundamentos básicos de los derechos humanos más vulnerados a los ex habitantes de lac<strong>al</strong>le y en las responsabilidades de los funcionarios sobre su protección.Aplicabilidad de los derechos humanos por parte de los funcionarios de la Secretaríade Integración.Bogotá La responsabilidad de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en la protección de los derechoshumanos de las personas privadas de libertad, ha consolidado una serie deherramientas que contribuyen en el fort<strong>al</strong>ecimiento interno de los Comités, mediantela creación de estrategias efectivas de comunicación con los organismos de control ylos funcionarios de las instituciones penitenciarias y carcelarias. Parte de este logro esel empoderamiento de los internos y su reconocimiento como sujetos de derechos <strong>al</strong>interior de los establecimientos.
698 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>El reconocimiento de los Comités de Derechos Humanos como interlocutoresun tiempo, el temor a las repres<strong>al</strong>ias y traslados se convirtieron en el primer <strong>al</strong>iado en laviolación de los derechos de los internos. Este avance obedece a las gestiones institucion<strong>al</strong>esde promoción, pero también a aquellas herramientas jurídicas implementadas que permitengarantizar la permanencia de los miembros de los Comités sin cambios que no obedezcana motivos de estricta disciplina o seguridad de los establecimientos.Contamos así con Comités permanentes conformados por internos mediante elejercicio democrático de elección, y con el compromiso de las instituciones de control, enla vigilancia, seguimiento y protección de la población carcelaria de los cuatro princip<strong>al</strong>escentros de reclusión de la ciudad.b. Descripción de cada proyecto:La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> como institución de derechos humanos contempla la facultadde recoger denuncias individu<strong>al</strong>es y darles seguimiento a casos de abuso y vulneración dederechos. La recepción de denuncias y quejas individu<strong>al</strong>es representa un mecanismo básicode protección de las personas, princip<strong>al</strong>mente para aquellas que no están en condiciones dedefenderse por la vía leg<strong>al</strong> con la misma facilidad de quienes gozan de su libertad.las mismas, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> mediante el uso de los mecanismos de participaciónha privilegiado la formación en derechos humanos de los miembros de los diferentesComités y Mesas de Trabajo de las cárceles de la ciudad, como interlocutores válidosentre la población penitenciaria en gener<strong>al</strong> y las instituciones <strong>del</strong> Estado encargadas de laprotección de sus derechos, re<strong>al</strong>izando de manera permanente los ciclos de promoción ydivulgación de derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.c. Proceso de intervención o de actuación institucion<strong>al</strong>. Este proyecto tiene dosUna de ellas es la de capacitar <strong>al</strong> person<strong>al</strong> de los Comités de Derechos Humanos y Mesasde Trabajo de las cárceles en derechos humanos y consecuentemente con ello, ayudarlesa optimizar su tarea de protección en lo que hace a las distintas formas de gestionar lasquejas y solicitudes.La otra consiste en ofrecer <strong>al</strong> interno la oportunidad de liderazgo y el reconocimientoAsí mismo, contribuir activamente en la humanización de las cárceles y la defensa <strong>del</strong>os derechos humanos de los detenidos. Re<strong>al</strong>izar cuatro procesos de formación en derechos humanos dirigidos a los Comitésy Mesas de trabajo de los cuatro centros de reclusión de la ciudad de Bogotá.Generar procesos de comunicación entre los internos, las autoridades penitenciariasy los organismos de control.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>699Crear un documento base que sirva de insumo de trabajo para el proceso pedagógicoen los procesos de réplica.e. Actividades gener<strong>al</strong>es re<strong>al</strong>izadas.Se re<strong>al</strong>izó el ciclo de formación en las cuatro princip<strong>al</strong>es cárceles de la ciudad, medianteun convenio de cooperación efectuado con la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación deBogotá y la Personería de Bogotá y con los apoyos institucion<strong>al</strong>es de acuerdo con lascompetencias, bajo la coordinación de los profesion<strong>al</strong>es de la Region<strong>al</strong> Bogotá.Centros IntervenidosCárcel Distrit<strong>al</strong> de Varones y Mujeres de BogotáCárcel Mo<strong>del</strong>oPenitenciaría Centr<strong>al</strong> La PicotaReclusión de Mujeres El Buen PastorCárcel Distrit<strong>al</strong> de Varones y Mujeres de Bogotá 45 internosCárcel Mo<strong>del</strong>oPenitenciaría Centr<strong>al</strong> La PicotaReclusión de Mujeres El Buen Pastor45 internos40 internos45 internas Esta propuesta se re<strong>al</strong>izó como resultado de un convenio efectuado entre la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> y los CADEL de la Secretaría de Educación Distrit<strong>al</strong> de las loc<strong>al</strong>idades de Bosa, Kennedy,Mártires, Antonio Nariño, San Cristób<strong>al</strong>, Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Usaquén y Suba.<strong>del</strong> reconocimiento, defensa, promoción y vigencia de los derechos de los niños, niñas yadolescentes, a través de la acción estratégica interinstitucion<strong>al</strong> de t<strong>al</strong> manera que el Estado,la sociedad y la familia asuman sus deberes de protección con más responsabilidad.Para enseñar a construir la no-violencia es imprescindible incorporar innovacioneseducativas que, adecuadamente aplicadas, pueden contribuir a desarrollar v<strong>al</strong>ores como:Deliberaciones y análisis entre compañeros en grupos heterogéneos, sobre distintocontextos históricos).
700 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Estudio de experiencias de responsabilidad y solidaridad en equipos heterogéneos deaprendizaje cooperativo, en los que los <strong>al</strong>umnos y <strong>al</strong>umnas aprendan a investigar y enseñarcon compañeros y compañeras que son <strong>al</strong> mismo tiempo igu<strong>al</strong>es pero diferentes.mediación o la negociación para defender sus intereses o sus derechos.Ejercicio de experiencias de democracia participativa, basadas tanto en conocer ycompaginar la diversidad de perspectivas como en adoptar decisiones de forma democrática.a. Fin<strong>al</strong>idad.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> fort<strong>al</strong>ece la prevención efectiva de los derechos de lasvíctimas de abuso sexu<strong>al</strong> y violencia intrafamiliar en los establecimientos educativos de lasloc<strong>al</strong>idades escogidas para el proyecto, propiciando el aumento de la denuncia destinadaa combatir todas las formas de explotación, abuso, discriminación y vulneración de losderechos fundament<strong>al</strong>es de las personas afectadas por esas prácticas potenciando lacapacidad de la comunidad educativa para prevenir y afrontar situaciones de vulneración. intrafamiliar y prevención <strong>del</strong> abuso sexu<strong>al</strong> a menores en 360 institucioneseducativas distrit<strong>al</strong>es de la ciudad de Bogotá.Celebración <strong>del</strong> día nacion<strong>al</strong> de los derechos humanos en las institucioneseducativas distrit<strong>al</strong>es, previa re<strong>al</strong>ización de eventos de sensibilización <strong>al</strong> interior <strong>del</strong>as instituciones educativas.c. Actividades re<strong>al</strong>izadas.personeros estudiantiles, representantes de curso y docentes en 360 instituciones educativasdistrit<strong>al</strong>es de Bogotá.d. Los temas princip<strong>al</strong>es en la formación fueron:Ley de infancia y adolescenciaPrevención <strong>del</strong> abuso sexu<strong>al</strong>Prevención de la violencia intrafamiliar y mecanismos jurídicos actu<strong>al</strong>es para suprotecciónManu<strong>al</strong>es de convivencia.e. Resultados <strong>al</strong>canzados.La re<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> ciclo de formación, brindó elementos básicos para comprender lasconsecuencias que sobre los menores generan los actos de violencia intrafamiliar y sexu<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>701Generación de conciencia sobre la necesidad de sacar <strong>del</strong> silencio el abuso sexu<strong>al</strong>para poder trabajar efectivamente sobre su protección.Explicar los procedimientos creados a través de la política pública Distrit<strong>al</strong> <strong>del</strong>os actos de violencia o judici<strong>al</strong>izar a los responsables de la misma.Propiciar la creación de redes de apoyo para las víctimas de violencia, <strong>al</strong> interior <strong>del</strong>os establecimientos educativos distrit<strong>al</strong>es de la ciudad.Sensibilizar a <strong>al</strong>umnos y docentes sobre la necesidad de la denuncia de los casos deviolencia intrafamiliar y sexu<strong>al</strong>.Defender los derechos de los niños y niñas de nuestra población en gener<strong>al</strong>.Adicion<strong>al</strong>mente a los procesos enunciados anteriormente, se atendieron las solicitudesindividu<strong>al</strong>es o colectivas de capacitación cursadas por diversas instituciones soci<strong>al</strong>es, ONG,instituciones educativas, INPEC y otros, de modo que se atendieron 16 peticiones paracubrir una población de 1.545 estudiantes y 176 adultos.14.2. Region<strong>al</strong> AraucaEsta Region<strong>al</strong> re<strong>al</strong>izó cincuenta y dos actividades de formación que comprenden foros,t<strong>al</strong>leres conferencias y video conferencias, las cu<strong>al</strong>es cubrieron a cerca de 1.925 personasde diferentes sectores soci<strong>al</strong>es: servidores públicos, estudiantes e integrantes de diversascomunidades. Los temas que más se trabajaron fueron: el debido proceso, desplazamientopor minas antiperson<strong>al</strong>, qué son los derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario,prevención humanitaria (minas), los derechos humanos en los centros de reclusión, laimportancia de los comités de derechos humanos, los derechos humanos y la fuerza pública,límites de la fuerza pública, mecanismos de prevención, protección y defensa de los derechoshumanos, libre desarrollo de la person<strong>al</strong>idad, derecho a la libertad, organización comunitaria,personas protegidas por el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, entre otros.14.3. Region<strong>al</strong> BolívarLa region<strong>al</strong> Bolívar trabajó cerca de 44 actividades de promoción y formación enderechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, para comunidades académicasuniversitarias, básica primaria y secundaria. Lo mismo se atendió a las solicitudesefectuadas por la fuerza pública, comunidades en condición de desplazamiento, Cámarade Comercio, centros de reclusión y organizaciones soci<strong>al</strong>es. Los temas tratados,derechos fundament<strong>al</strong>es-mecanismos de participación, ley 1153 pequeñas causas, derechointernacion<strong>al</strong> humanitario, derecho constitucion<strong>al</strong> de los derechos humanos, mecanismosde protección de los derechos de las víctimas, explotación sexu<strong>al</strong> comerci<strong>al</strong> de niños, niñasy adolescentes, resoluciones de la OEA, derechos de mujer, anciano y niñez.
702 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>14.4. Region<strong>al</strong> Risar<strong>al</strong>da- Participación en las redes departament<strong>al</strong>es de control soci<strong>al</strong> a la gestión pública.En el desarrollo de la Línea de Acción de Formación y Capacitación de la RedInstitucion<strong>al</strong> de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas y Promoción de Control Soci<strong>al</strong> a laGestión Pública, se capacitó a los Veedores Ciudadanos y Promotores de Control Soci<strong>al</strong>en el departamento.- Programa nacion<strong>al</strong> de capacitación en derechos humanos a personeros municip<strong>al</strong>es <strong>del</strong> departamentode Risar<strong>al</strong>da y Norte <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le.Intervención en el programa nacion<strong>al</strong> de capacitación en derechos humanos a losa los personeros <strong>del</strong> departamento de Risar<strong>al</strong>da, en el tema de desarrollo de las políticaspúblicas en la Ley de la Infancia y Adolescencia.- Primer encuentro con autoridades civiles, personeros municip<strong>al</strong>es y militares <strong>del</strong> departamento deRisar<strong>al</strong>da y la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> con el Sistema de Alertas Tempranas SAT.El día 10 de abril se llevó a cabo el primer encuentro departament<strong>al</strong> con autoridadesciviles, personeros municip<strong>al</strong>es y militares y de policía <strong>del</strong> departamento de Risar<strong>al</strong>da,sobre los siguientes temas: La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la Constitución Política de Colombia.Responsabilidades y funciones de las autoridades civiles y militares en la política Panorámica <strong>del</strong> riesgo <strong>del</strong> departamento de Risar<strong>al</strong>da.Atención a población en situación de desplazamiento forzado.Ley de Justicia y Paz: Acceso a las víctimas en el departamento de Risar<strong>al</strong>da y laprotección de bienes y predios abandonados por el Estado.- T<strong>al</strong>ler–encuentro: megaproyecto de minería en el Eje Cafetero. Impactos y escenarios de riesgo encomunidades étnicas, re<strong>al</strong>izado por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.de los resguardos y comunidades indígenas <strong>del</strong> departamento de Risar<strong>al</strong>da y de C<strong>al</strong>das, interno, médicos tradicion<strong>al</strong>es, reconstrucción de los territorios, estatuto minero, estatutoderechos de los pueblos indígenas, consulta previa.- T<strong>al</strong>ler escenarios de riesgo en el área metropolitana <strong>del</strong> centrooccidente y Santa Rosa de Cab<strong>al</strong>Risar<strong>al</strong>da. Panorámica actu<strong>al</strong> y tendencias. Una mirada desde las organizaciones soci<strong>al</strong>es <strong>del</strong> departamento.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>703Re<strong>al</strong>izado por la Region<strong>al</strong> y el SAT, los días 16 y 17 de junio, con las organizacionesde derechos humanos <strong>del</strong> departamento de Risar<strong>al</strong>da, abordándose entre otras temáticas: derechos y la v<strong>al</strong>oración <strong>del</strong> t<strong>al</strong>ler.14.5. Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> CaucaDentro de la gestión de promoción y divulgación de los derechos humanos se llevarona cabo las siguientes actividades: con derechos humanos de personas amenazadas, ley de Justicia y Paz, Código deInfancia y Adolescencia, dirigida a los funcionarios de la personería de P<strong>al</strong>mira.Lugar de la Capacitación: Bosque Municip<strong>al</strong>, P<strong>al</strong>mira – V<strong>al</strong>le.Capacitadores: Felipe Flor Parra, Asesor de Desplazamiento para el V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca,Lennos Ramos Panchano, Profesion<strong>al</strong> Área de Quejas, Servio Tulio Herrera Jativa,Defensor Público, María <strong>del</strong> Socorro Adarve, Defensora Pública. de Participación Ciudadana “Mananti<strong>al</strong> de Vida” programa solidario en Pro <strong>del</strong>Mejoramiento de la c<strong>al</strong>idad de vida. Tema: Derechos Humanos y Servicios de S<strong>al</strong>ud.Lugar: Auditorio Escuela Democrática de Participación Ciudadana.Capacitadores: Lennos Ramos Panchano, Ady S<strong>al</strong>cedo. miembros de la Comunidad de la Parroquia San Lorenzo.Capacitadores: Ady S<strong>al</strong>cedo, Lennos Ramos Panchano. a la Compañía Auxiliares Bachilleres, a los auxiliares de policía, con el tema Ley deJusticia y Paz, derechos humanos, derechos de familia.Lugar: Academia Re<strong>al</strong> - P<strong>al</strong>mira V<strong>al</strong>leCapacitadores: Servio Tulio Herrera, Lennos Ramos Panchano. nacion<strong>al</strong> por el Doctor Gustavo Garcés de la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nacióny en C<strong>al</strong>i por el Dr. Lennos Ramos Panchano, abogado Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le. Los temas que se trataron fueron: Conceptos Básicos de DerechosHumanos, Responsabilidad <strong>del</strong> Estado, Mecanismos de Protección de DerechosHumanos, Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es, Líneas Jurisprudenci<strong>al</strong>es.
704 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> dirigida a la comunidad <strong>del</strong> sector, cuyos temas fueron: Introducción a los derechoshumanos, estado soci<strong>al</strong> de derecho e instituciones de defensa, mecanismos nacion<strong>al</strong>ese internacion<strong>al</strong>es de promoción y protección de los derechos humanos, derechoseconómicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es, estrategias de exigibilidad y políticas públicas,derechos de participación, estrategias en materia de derechos humanos, coyuntura dederechos humanos, desplazamiento forzado, discriminación, situación humanitaria.Lugar Iglesia Episcop<strong>al</strong> de ColombiaCapacitadores: Lennos Ramos Panchano, Addy S<strong>al</strong>cedo, Francisco Barco. relacionados con derechos humanos, Estado soci<strong>al</strong> de derecho e instituciones dedefensa y mecanismos de promoción y protección de los derechos humanos.Lugar: Auditorio Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – C<strong>al</strong>i. Públicas para la Ciudad, Vivienda Digna, Desplazamiento Forzado.Lugar: Auditorio Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>le.Capacitadores: Lennos Ramos Panchano, Felipe Flor Parra, Nelson García de la Cruz. y Felipe Caicedo. Infancia y Adolescencia, dirigido a los padres de familia que han m<strong>al</strong>tratado a sushijos, re<strong>al</strong>izados en las inst<strong>al</strong>aciones de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. promovieron la re<strong>al</strong>ización de un concurso de mur<strong>al</strong>es artísticos <strong>al</strong>usivos <strong>al</strong> 60Aniversario de la Declaración Univers<strong>al</strong> de Derechos Humanos. El concurso se efectuóentre las instituciones educativas de Santiago de C<strong>al</strong>i para lo cu<strong>al</strong>, estudiantes y docentesre<strong>al</strong>izaron actividades lúdicas, artísticas y pedagógicas sobre los derechos humanoscomo <strong>al</strong>ternativa didáctica y cultur<strong>al</strong> para fomentar la educación en esta materia.Las muestras artísticas más representativas fueron reconocidas por la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en un acto público celebrado el 10 de diciembre, día internacion<strong>al</strong> <strong>del</strong>os derechos humanos y recibieron una colección de textos y materi<strong>al</strong>es lúdicospedagógicos sobre derechos humanos elaborados por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ylas Naciones Unidas, princip<strong>al</strong>mente.Se vincularon <strong>al</strong> concurso 110 colegios e instituciones educativas, públicas yprivadas de la capit<strong>al</strong> <strong>del</strong> V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca, capacitándose por cada Centro Educativocincuenta (50) niños. La actividad tuvo una duración de seis meses.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>705G. LA DIVULGACIÓN DE LOSDERECHOS HUMANOS A TRAVÉSDE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓNUn aspecto esenci<strong>al</strong> de la Magistratura Mor<strong>al</strong> ejercida por el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> tieneque ver con la divulgación de las acciones defensori<strong>al</strong>es y de la necesidad de informar eincidir sobre la opinión pública, la sociedad y las autoridades para que se lleven a caboacciones orientadas a procurar el cumplimiento efectivo de los derechos humanos o a lasuperación de las circunstancias relacionadas con su vulneración o amenaza, así como <strong>del</strong>respeto <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.Es importante poner de presente que el mandato constitucion<strong>al</strong> que otorga elejercicio de la Magistratura Mor<strong>al</strong>, exige <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> que ante hechos degran trascendencia de amenaza o vulneración de derechos humanos e infracciones<strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario que ocurren de manera cotidiana, tiene elcompromiso de pronunciarse, mediante comunicados de prensa y declaracionespúblicas a través de medios masivos de comunicación, para establecer la posición <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ante lo ocurrido y esclarecer a la opinión las consecuenciasde los hechos sobre la sociedad en el contexto <strong>del</strong> compromiso de la protección de losderechos humanos por parte de la institución.Es importante reiterar que en el cumplimiento de la tarea de suministrar a la opiniónpública la visión institucion<strong>al</strong> de situaciones violatorias de las normas internacion<strong>al</strong>es <strong>del</strong>os derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>debe aportar una información veraz, oportuna y completa como parte de su gestióncomunicacion<strong>al</strong> ante la sociedad.En ese sentido los pronunciamientos públicos institucion<strong>al</strong>es, los comunicados deprensa, las campañas de divulgación institucion<strong>al</strong> y los contenidos que se divulguen enprensa, radio, internet o televisión deben estar fundamentados en coherencia con laMisión-Visión de la institución y el Plan Estratégico Institucion<strong>al</strong> 2005-2010, lo anterior de los distintos agentes de la sociedad civil y <strong>del</strong> Estado involucrados en la re<strong>al</strong>izaciónde los derechos humanos. actividades estratégicas de comunicación a nivel nacion<strong>al</strong> orientadas a divulgar y concienciara la opinión pública en el conocimiento y análisis de la situación de derechos humanos y<strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario en Colombia.
706 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Acciones re<strong>al</strong>izadas en materia de comunicacionesLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ha consolidado a través de su programa institucion<strong>al</strong> detelevisión Por la Población Civil un esfuerzo pedagógico en la divulgación de los derechoshumanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.A través de la educación y divulgación en derechos humanos que se re<strong>al</strong>iza con elprograma Por la Población Civil, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> re<strong>al</strong>iza un esfuerzo pedagógicoy comunicativo importante con el propósito de sensibilizar y concienciar a los diversossectores de la población colombiana en temas relacionados con la defensa y protecciónde los derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, la consolidación de lacon todos los temas relacionados con el respeto, garantía y re<strong>al</strong>ización de los derechoshumanos.En ese contexto el programa de televisión Por la Población Civil busca impactarpositivamente a diversas audiencias soci<strong>al</strong>es y en especi<strong>al</strong> a los sectores más vulnerables<strong>del</strong> país para contribuir a la re<strong>al</strong>ización, apropiación colectiva, protección y defensa de losderechos.El programa de televisión Por la Población Civil hace parte de las iniciativas de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> dentro de las acciones institucion<strong>al</strong>es de divulgación y promoción<strong>del</strong> conocimiento de los derechos humanos y el ejercicio ciudadano de los mismos para laconstrucción de una cultura de tolerancia, inclusión soci<strong>al</strong>, igu<strong>al</strong>dad de derechos, y respetopor las diferencias y la diversidad cultur<strong>al</strong> de la sociedad colombiana.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> dentro de su misión institucion<strong>al</strong> en la defensa y promociónde los derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, re<strong>al</strong>iza desde hace cuatroaños el programa de televisión Por la Población Civilsábados a las 5:30 p.m. Está orientado a educar y sensibilizar a los ciudadanos a través de unmedio masivo de comunicación con cobertura nacion<strong>al</strong> en torno a los derechos humanos y<strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario. El programa cuenta con amplia teleaudiencia y logróun nivel de penetración importante en las regiones más apartadas <strong>del</strong> país.Los contenidos <strong>del</strong> programa de televisión se han convertido en una herramienta cruci<strong>al</strong>y estratégica para la divulgación e institucion<strong>al</strong>ización de los derechos humanos, así comode su apropiación pública. Los temas <strong>del</strong> programa Por la Población Civil corresponden a lastareas que a<strong>del</strong>anta la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en las regiones colombianas y su re<strong>al</strong>izacióncorresponde a una visión pedagógica y básica de los derechos humanos con la participaciónde las comunidades en las acciones institucion<strong>al</strong>es de la entidad.Porla Población Civil, (ver cuadro No. 1). Es importante señ<strong>al</strong>ar que estos programas en sugénero son un espacio de la televisión colombiana institucion<strong>al</strong> que ofrece informaciónespeci<strong>al</strong>izada sobre derechos humanos y sus contenidos fueron aceptados por la ComisiónNacion<strong>al</strong> de Televisión.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>707El programa de televisión se desarrolla bajo la dirección de la Delegada deComunicaciones y Asuntos <strong>del</strong> Despacho de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, cuenta con unequipo de comunicadores encargados de las investigaciones y de la producción.La divulgación de temas de derechos humanos y derecho internacion<strong>al</strong> humanitarioa través <strong>del</strong> programa Por la Población Civil, es un esfuerzo que busca contribuir a laconsolidación de contenidos soci<strong>al</strong>es en los medios masivos de comunicación, orientadosa dinamizar la construcción de la cultura de los derechos humanos.<strong>al</strong>to impacto público, encaminadas a sensibilizar e informar a la opinión pública sobre lagrave situación <strong>del</strong> reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes y la orientaciónpsicojurídica que ofrece la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en las No más niñez y adolescencia reclutada.Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> lanzó en la plaza centr<strong>al</strong> <strong>del</strong> municipio de Soacha, Cundinamarca,la campaña humanitaria “No Más Niñez y Adolescencia Reclutada”de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el Consejo Noruego para losRefugiados, la Personería Municip<strong>al</strong> y la Alc<strong>al</strong>día de Soacha.El evento tuvo como telón de fondo un concierto <strong>del</strong> grupo music<strong>al</strong> “Dr. Krápula” <strong>del</strong>a ciudad de Bogotá y vinculó cerca de 5.000 estudiantes de bachillerato de los colegios<strong>del</strong> municipio de Soacha con el propósito de apoyar el carácter humanitario y soci<strong>al</strong> de lamisma bajo el lema: “No más niñez reclutada por los grupos armados”.La campaña humanitaria tuvo como objetivo llegar a todos los niños, niñas, adolescentes yjóvenes, no solo de Soacha, sino de todo el país, sensibilizándolos sobre las graves violacionesa los derechos fundament<strong>al</strong>es de los menores, como la práctica <strong>del</strong> reclutamiento ilícitoy/o utilización de la niñez por parte de grupos armados ileg<strong>al</strong>es. De igu<strong>al</strong> forma, se buscóvincular a las comunidades impactándolas de manera positiva sobre esta problemática.La campaña construyó una ruta de atención conjunta entre las autoridades y las mecanismos para evitar el reclutamiento ilícito en la niñez.La campaña contó con apoyo de los medios de comunicación en el país y para la penetraciónde la misma en los sectores vulnerables de la sociedad colombiana se multiplicó con la como soporte de información. Sensibilización y Orientación en materia de Justicia y Paz. En elque ver con la consolidación de la Unidad de Justicia y Paz, encargada de poner en march<strong>al</strong>a ruta de orientación y asesoría a las víctimas en la etapa previa a su representación judici<strong>al</strong>.
708 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En ese contexto la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> lanzó una campaña nacion<strong>al</strong> de sensibilización servicios que ofrece la Unidad de Justicia y Paz de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para atenderpsicosoci<strong>al</strong> y jurídica.institucion<strong>al</strong> busca ofrecer respuestas efectivas a las víctimas para obtener apoyo integr<strong>al</strong>en los procesos de verdad, justicia y reparación.Audiencias Defensori<strong>al</strong>esCon la re<strong>al</strong>ización de las Audiencias Defensori<strong>al</strong>es el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> debeformular recomendaciones a las autoridades competentes y que las mismas tengan unaamplia difusión dentro de las comunidades afectadas y sirvan para construir escenariosdemocráticos de participación con la formulación de soluciones urgentes y consensuadas.Se re<strong>al</strong>izaron varias audiencias defensori<strong>al</strong>es, las cu<strong>al</strong>es las encontramos relacionadas en losacápites correspondientes de la dependencia de la entidad que la promovió.Las Audiencias Defensori<strong>al</strong>es tienen divulgación en diversos medios de comunicaciónnacion<strong>al</strong>es y region<strong>al</strong>es e igu<strong>al</strong>mente en la página web y en el programa de televisión de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Revista Población CivilDentro de la estrategia de divulgación e información de las acciones institucion<strong>al</strong>es <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> asimismo se cuenta con la publicación de la revista Población Civil,la cu<strong>al</strong> tiene como política editori<strong>al</strong> la re<strong>al</strong>ización de números temáticos relacionados conla protección y defensa de los derechos humanos y el derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.La edición número 5 a Justicia y Reparación y un contenido diverso en el que a través de entrevistas, informesofreció una perspectiva múltiple sobre los procesos de verdad, justicia y reparación enel marco de la Ley 975.Desde la entrada en vigencia de la Ley 975 de 2005, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hadesarrollado una línea estratégica con acciones de promoción y divulgación que buscanasegurar una debida asistencia a las víctimas.La circulación de la revista Población Civil se re<strong>al</strong>izó a través <strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong> y sedistribuyó en forma gratuita en organizaciones nacion<strong>al</strong>es de víctimas, funcionarios deinstituciones nacion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es que a<strong>del</strong>antan acciones sobre el tema, colegios,universidades, organizaciones de la sociedad civil y las defensorías region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>esde la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>709Anexo Cuadro No. 1.1 Feb-02 Tutelas en S<strong>al</strong>ud2 Feb-09 Libertad de Prensa3 Feb-16 Plan Nacion<strong>al</strong> de Derechos Humanos4 Feb-23 15 Años Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>5 Mar-01 <strong>Congreso</strong> Iberoamericano de Defensores <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>6 Mar-08 Violencia Contra la Mujer - Marcha 06 de Marzo Crímenes de Estado7 Mar-15 Foro Internacion<strong>al</strong> de Desplazados8 Mar-22 <strong>Congreso</strong> Iberoamericano de Defensores <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>9 Mar-29 Día Mundi<strong>al</strong> Contra las Minas Antiperson<strong>al</strong>10 Abr-05 Defensoría Pública - Colegio Nacion<strong>al</strong> de Defensores Públicos11 Abr-12 Día Mundi<strong>al</strong> de la S<strong>al</strong>ud12 Abr-19 Ley de Justicia y Paz13 Abr-26 Observatorio <strong>del</strong> Cáncer14 May-03 Derechos Sexu<strong>al</strong>es Población LGBT - Discriminación15 May-10 Explotación Sexu<strong>al</strong> Comerci<strong>al</strong> Infantil16 May-17 Niños Desvinculados <strong>del</strong> Conflicto - Explotación Sexu<strong>al</strong> Comerci<strong>al</strong> Infantil17 May-24 Mujer Conflicto Armado - Discriminación18 May-31 Observatorio <strong>del</strong> Cáncer - <strong>Informe</strong> Procuraduría y Defensoría II19 Jun-07 Día Mundi<strong>al</strong> <strong>del</strong> Medio Ambiente20 Jun-14 La Etnoeducación21 Jun-21 Día Mundi<strong>al</strong> <strong>del</strong> Refugiado22 Jun-28 <strong>Congreso</strong> Internacion<strong>al</strong> de Desaparición Forzada23 Jul-05 Lanzamiento “ Cartilla de los Medicamentos”24 Jul-12 El Secuestro en la Normativa Humanitaria25 Jul-19 <strong>Informe</strong> sobre la Tortura26 Jul-26 Gestión Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>27 Ago-02 Derechos Sexu<strong>al</strong>es y Reproductivos de la Población Desplazada28 Ago-09 Gestión Defensori<strong>al</strong> - Audiencia Defensori<strong>al</strong> Santa Marta29 Ago-16 Lanzamiento Pedagógico Cartilla de los Medicamentos30 Ago-23 Mujer y Conflicto Armado31 Ago-30 <strong>Informe</strong> Tortura - Acciones Populares32 Sep-06 Día Nacion<strong>al</strong> de los Derechos Humanos33 Sep-13 Normativa Humanitaria sobre el Secuestro34 Sep-20 Concurso Universitario de Derechos Humanos35 Sep-27 Niños Desvinculados <strong>del</strong> Conflicto Armado II36 Oct-04 Concurso Nacion<strong>al</strong> de Rendición de Cuentas37 Oct-11 S<strong>al</strong>ud Ment<strong>al</strong> de los Colombianos
710 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>38 Oct-18 Los Personeros Municip<strong>al</strong>es39 Oct-25 Semana de las Naciones Unidas40 Nov-01 Campaña Contra el Reclutamiento de Niños y Niñas41 Nov-08 Libro de Atención a Víctimas42 Nov-15 Seminario Medios de Comunicación Arte - Cultura43 Nov-22 Minga Indígena y Trámite de Quejas44 Nov-29 Seguimiento a las Políticas Públicas en DESC45 Dic-06 Día Internacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Sida46 Dic-13 Declaración Nacion<strong>al</strong> de los Derechos Humanos47 Dic-20 B<strong>al</strong>ance Defensoría 200848 Dic-27 El Secuestro en la Normativa HumanitariaTOTAL: 48 PROGRAMAS
Tercera parteLa Entidad
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>713TERCERA PARTELa tercera parte <strong>del</strong> informe <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> de laRepública comprende dos capítulos: A) La Entidad y B) El Fort<strong>al</strong>ecimientoInstitucion<strong>al</strong>.Esta parte <strong>del</strong> informe suministra la información sobre la estructuray administrativo, la cooperación internacion<strong>al</strong> y las actividades que sea<strong>del</strong>antaron para <strong>al</strong>canzar el fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>.cada capítulo.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>715III. LA ENTIDAD Y ELFORTALECIMIENTO INSTITUCIONALA. LA ENTIDAD1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDADLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> tiene la misión constitucion<strong>al</strong> de velar por la promoción, elejercicio y la divulgación de los derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitarioen el marco de un Estado soci<strong>al</strong> de derecho, democrático, participativo y plur<strong>al</strong>ista. Paradesarrollar esta misión, cuenta con una estructura orgánica que le permite ejercer lasfunciones que le asigna la Constitución Política y las Leyes.1.1. Estructura orgánica y funcion<strong>al</strong> o . 1 Organigrama.
716 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.1.1. Estructura orgánica y funcion<strong>al</strong>. Ley 24 de 1992, artículo 18.Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>7171.1.2. Estructura Funcion<strong>al</strong>Para cumplir con su gestión, la Ley 24 de 1992 le asigna a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>cinco grandes funciones:a) La promoción y divulgación de los derechos humanos en la sociedad y en lasentidades estat<strong>al</strong>es, en los términos establecidos por la ley.b) La mediación entre las organizaciones cívicas y populares y la administración pública,y entre los usuarios y las empresas públicas o privadas que prestan servicios públicos.c) El control a las entidades públicas y a los particulares a quienes se les haya atribuidoo adjudicado la prestación de un servicio público, para velar por la defensa de losderechos humanos.d) El servicio de Defensoría Pública, para garantizar el pleno e igu<strong>al</strong> acceso a la justiciade quienes no tengan la posibilidad económica o soci<strong>al</strong> de proveerse por sí mismosla defensa de sus derechos.e) La protección judici<strong>al</strong>, cuando se requiera acudir a las vías judici<strong>al</strong>es para laprotección de los derechos y libertades fundament<strong>al</strong>es.1.1.3. Otras funciones asignadas a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Además de las funciones a cargo <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> señ<strong>al</strong>adas por la Constitucióny el Estatuto de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> contenido en la Ley 24 de 1992, el legisladorha venido adicionando el amplio catálogo de atribuciones, funciones y actividades de laentidad con otras nuevas, sobre asuntos, a favor de determinados sujetos o determinadosderechos. Adicion<strong>al</strong> a ello, el ejecutivo, en desarrollo de la potestad reglamentaria de la ley,ha invitado <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a integrar diversos comités o comisiones especi<strong>al</strong>es quetienen a su cargo temas relacionados con derechos humanos. Dado que se trata de unanormatividad <strong>al</strong>go dispersa, la Defensoría Delegada para Asuntos Constitucion<strong>al</strong>es re<strong>al</strong>izóel acopio y sistematización de t<strong>al</strong>es funciones según las temáticas princip<strong>al</strong>es, resultando deello una lista con cerca de 50 actividades y atribuciones, que a continuación presentamos:1.1.3.1. Servicio de Defensoría Pública y personas privadas de la libertada) Mediante el parágrafo <strong>del</strong> artículo 2º <strong>del</strong> Decreto 1365 de 1992, el GobiernoNacion<strong>al</strong> creó la Comisión de Vigilancia y Seguridad <strong>del</strong> Régimen Penitenciario, enla cu<strong>al</strong> el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> puede participar como invitado.b) De conformidad con el artículo. 6º <strong>del</strong> Decreto 2160 de 1992, se consagró laposibilidad de que el Defensor igu<strong>al</strong>mente sea invitado a participar con voz perosin voto en el Consejo Directivo <strong>del</strong> Instituto Nacion<strong>al</strong> Penitenciario y Carcelario.c) La Ley 65 de 1993 dispuso la asignación de defensores públicos encargados debrindar asistencia jurídica a los internos insolventes. En igu<strong>al</strong> sentido, el artículo 2ºde la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, dispuso que encada municipio debe haber “como mínimo” un defensor público.
718 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>para los condenados a penas privativas de la libertad. Según el Decreto, la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> debe disponer de un defensor público en los establecimientos carcelariosy penitenciarios por cada 50 reclusos para la asistencia y asesoría leg<strong>al</strong>, que permitade esta norma, el artículo 14 <strong>del</strong> Decreto 3002 de 1997 asignó <strong>al</strong> INPEC y a laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> la función de ev<strong>al</strong>uación de los resultados obtenidos con laasistencia jurídica a los internos prevista en el Decreto 1542.desempeñando funciones de Defensoría Pública “deberán ser nombrados por laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, de lista enviada por el Consejo Superior de la Judicatura”.f) La Ley 941 de 2005 creó el Sistema Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública como serviciopúblico organizado, dirigido y controlado por el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, para garantizarla asistencia jurídica y representación judici<strong>al</strong> de las personas que lo requieran enmateria pen<strong>al</strong>, según lo dispone el artículo 13.g) La Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) dispuso en su artículo 14 que la defensa <strong>del</strong>desmovilizado imputado o acusado, estará a cargo <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> deDefensoría Pública.establece que el Sistema de Defensoría Pública deberá asignar a un defensor públicoque represente <strong>al</strong> adolescente durante la actuación pen<strong>al</strong>.1.1.3.2. Poblaciones vulnerables o víctimas indemnización de las víctimas de violaciones a los derechos humanos decretadapor órganos o tribun<strong>al</strong>es internacion<strong>al</strong>es, contempla la posibilidad de celebraraudiencias para la conciliación o liquidación de los perjuicios, a las cu<strong>al</strong>es debe sercitado el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, de conformidad con el artículo 3º.violaciones a los derechos humanos o infracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario, deberá brindarse protección especi<strong>al</strong> a los testigos, víctimas eintervinientes cuando así lo soliciten la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y el Programa1999 por el término de tres años. Al término de su vigencia, esta Ley fue prorrogadahace a las facultades <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.c) El artículo 15 de la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz) dispuso que la protección de lasvíctimas y peritos que presente la Defensa en los procesos de justicia y paz estará acargo de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.d) El artículo 19 <strong>del</strong> Decreto 4760 de 2005, establece la conformación de la ComisiónNacion<strong>al</strong> de Reparación y Reconciliación, en desarrollo de lo previsto por la Ley975 de 2005 (Justicia y Paz). Dicha disposición incluye <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> como
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>719miembro de la Comisión, encargada de velar por los derechos de las víctimas en losprocesos que se a<strong>del</strong>anten en aplicación de la Ley de Justicia y Paz.consagra <strong>al</strong>gunas funciones para la Defensoría en materia de promoción, divulgacióny defensa de los derechos de la infancia.a<strong>del</strong>antar el trámite de pertenencia de inmuebles urbanos, a los solicitantes queejerzan dominio en inmuebles de estratos uno y dos. En el artículo 20, ordenó a laDefensoría la función de promoción y asesoramiento a las personas y comunidadespara el trámite de la declaratoria de pertenencia de inmuebles.administrativa y le asigna a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> la responsabilidad de asistir y1.1.3.3. Participación en comités, consejos o comisiones especi<strong>al</strong>esLey 99 de 1993, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hace parte <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> Ambient<strong>al</strong>.Desaparece esta función por cuanto según el Decreto, el Defensor ya no integradicho Sistema.la participación <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en dicho órgano asesor. Con posterioridad,el Decreto 200 de 2003, que reestructuró el sector justicia, consagró en el artículo37 el Consejo Superior de Política Crimin<strong>al</strong> y Penitenciaria, <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> hace parte el2004, pero que mantiene la c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong> Defensor como miembro de dicho Consejo.c) Según el artículo 27 de la Ley 201 de 1995, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> integra el ConsejoAcadémico <strong>del</strong> Instituto de Estudios <strong>del</strong> Ministerio Público.d) El artículo 2º <strong>del</strong> Decreto 2231 de 1995 estableció la conformación <strong>del</strong> ComitéInterinstitucion<strong>al</strong> de Participación, CIP, órgano asesor <strong>del</strong> Gobierno Nacion<strong>al</strong> para lacoordinación y adopción de políticas conducentes <strong>al</strong> desarrollo de la sociedad civil y lademocracia participativa, <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> es miembro el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> o su <strong>del</strong>egado.creación de la Comisión de Derechos Humanos de los <strong>Pueblo</strong>s Indígenas, integrada,entre otros, por el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.f) El Gobierno Nacion<strong>al</strong>, por medio <strong>del</strong> Decreto 1974 de 1996, creó el Comitécu<strong>al</strong> participa el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.g) El Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> forma parte <strong>del</strong> Comité Consultivo Nacion<strong>al</strong> de lasPersonas con Limitación, creado por la Ley 361 de 1997, como órgano asesor para
720 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>el seguimiento de las políticas públicas para la integración soci<strong>al</strong> <strong>del</strong> limitado. Esteh) De acuerdo con el artículo 2º <strong>del</strong> Decreto 1320 de 1997, debe designarse unrepresentante de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en el Comité Interinstitucion<strong>al</strong> deEv<strong>al</strong>uación de Inimputables.i) El Decreto 1413 de 1997 dispuso que el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> integrará la ComisiónInterinstitucion<strong>al</strong> para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de losTrabajadores.j) El Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> es miembro <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> SIDA, previsto en elartículo 47 <strong>del</strong> Decreto 1543 de 1997.k) El Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hace parte de la Comisión para la Coordinación y Seguimientode los Procesos Elector<strong>al</strong>es, según el artículo 1º <strong>del</strong> Decreto 2267 de 1997. Consejo Nacion<strong>al</strong> para la Atención Integr<strong>al</strong> de la Población Desplazada por la Violencia.Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, según el artículo 4º.Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> es partícipe <strong>del</strong> Grupo de Trabajo Interinstitucion<strong>al</strong> par<strong>al</strong>a atención, trámite y respuesta de las solicitudes y requerimientos presentadospor los organismos internacion<strong>al</strong>es por violaciones a los derechos humanos decolombianos en el exterior.ñ) El Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> integra la Comisión Nacion<strong>al</strong> de Búsqueda de Personas por medio de la Ley 971 de 2005, fue reglamentado el Mecanismo de Búsqueda<strong>Pueblo</strong>, destinado a apoyar las actividades de promoción y búsqueda asignadas a laComisión de Búsqueda mencionada.o) De acuerdo con el artículo. 46 de la Ley 640 de 2001, sobre conciliación, el Defensor<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hace parte <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> de Conciliación y Acceso a la Justicia.a su artículo 22, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> integra la Red Institucion<strong>al</strong> de Apoyo <strong>al</strong>as Veedurías. Adicion<strong>al</strong>mente, el artículo 23 de la misma Ley estableció el ConsejoNacion<strong>al</strong> de Apoyo a las Veedurías Ciudadanas, <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> hace también parte laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.q) La Ley 1009 de 2006 creó el Observatorio de Asuntos de Género, cuya orientaciónestá a cargo de un Comité Interinstitucion<strong>al</strong>, <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> participa la DefensoríaDelegada para la Niñez, la Juventud y la Mujer, según el artículo 4º.r) La Ley 1146 de 2007 contiene normas para la prevención de la violencia sexu<strong>al</strong>y atención integr<strong>al</strong> de los niños, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexu<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>721El artículo 3º crea el Comité Interinstitucion<strong>al</strong> Consultivo <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> hace parte elDefensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> o su <strong>del</strong>egado.s) El Decreto 3570 de 2007, crea el Programa de protección para víctimas y testigos <strong>del</strong>a Ley 975 de 2005 y señ<strong>al</strong>a <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> o su <strong>del</strong>egado, como miembro<strong>del</strong> Comité de Protección a víctimas y testigos.servicio organizado y controlado administrativamente por el Ministerio de DefensaNacion<strong>al</strong>, ejercida bajo las políticas impartidas por la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> enmateria de defensa pública.1.1.3.4. Derechos Colectivos y <strong>del</strong> Ambientea) El artículo 72 de la Ley 99 de 1993, faculta <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> para solicitarla celebración de audiencias públicas ambient<strong>al</strong>es cuando el desarrollo de undeterminado proyecto pueda ocasionar impacto <strong>al</strong> medio ambiente o a los recursosnatur<strong>al</strong>es. De igu<strong>al</strong> forma, de conformidad con el artículo 97 de la misma ley,el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> puede interponer las acciones constitucion<strong>al</strong>es y leg<strong>al</strong>esprevistas para la protección <strong>del</strong> medio ambiente y de los recursos natur<strong>al</strong>esrenovables.b) Según el artículo 45 de la Ley 600 de 2000 (Código de Procedimiento Pen<strong>al</strong>), el“Ministerio Público” puede ejercer la acción civil para el resarcimiento de losperjuicios ocasionados a los bienes o derechos colectivos por el hecho punible.1.1.3.5. Competencias para la Promoción y Divulgación de Derechosa) El artículo 3º de la Ley 107 de 1994, expedida para desarrollar el art. 41 de laConstitución, dispone que el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> deberá efectuar encuentrosregion<strong>al</strong>es con los personeros municip<strong>al</strong>es para la divulgación de los derechosfundament<strong>al</strong>es y los v<strong>al</strong>ores de la participación ciudadana.Juventud en la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, encargada <strong>del</strong> programa de promoción yprotección de los derechos humanos de los jóvenes, competencia para la cu<strong>al</strong> seexige adecuar sus inst<strong>al</strong>aciones y planta de person<strong>al</strong>.Gobierno re<strong>al</strong>izar un programa de pedagogía y divulgación sobre los derechoscolectivos y los procedimientos para hacerlos efectivos, programa que deberá sercoordinado por la Procuraduría y la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Comunitario” incluyó varios proyectos y programas que involucran a la Defensoríaun Programa de Protección y Promoción de los Derechos Humanos y el DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario sustentado en el Sistema de Alertas Tempranas, a
722 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>cargo de la Defensoría. Dentro <strong>del</strong> mismo programa, se menciona una estrategiapedagógica dirigida a las autoridades civiles y militares, así como a la ciudadanía,en materia de DD.HH. y DIH. También se propone el diseño e implementaciónde un mo<strong>del</strong>o de seguimiento, ev<strong>al</strong>uación y monitoreo de las políticas públicas queinciden en los Derechos Humanos.se incluye como una de las estrategias la de Revolución Educativa (numer<strong>al</strong> 1), unode cuyos proyectos consiste en la promoción en los establecimientos educativos <strong>del</strong>desarrollo de competencias ciudadanas que incluyan la formación en el respeto y lapráctica de los derechos humanos, el cu<strong>al</strong> será implementado de forma coordinadaentre el Gobierno y la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.las funciones <strong>del</strong> Consejo Asesor de Política Crimin<strong>al</strong> y Penitenciaria. En el“en coordinación con la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>”, programas de capacitación,divulgación y promoción de derechos humanos en todas las cárceles, tanto para losinternos como para el person<strong>al</strong> de custodia y administrativo.protección, promoción y defensa de los derechos de los adultos mayores, el artículo29 señ<strong>al</strong>a la conformación <strong>del</strong> Consejo Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Adulto Mayor, <strong>del</strong> cu<strong>al</strong> haceparte un <strong>del</strong>egado de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.1.1.3.6. Funciones como Órgano de Controla) El parágrafo <strong>del</strong> artículo 7º de la Ley 226 de 1995 autoriza <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> tiene en las empresas y sociedades se cumplan las condiciones especi<strong>al</strong>es que laConstitución exige para los destinatarios <strong>del</strong> sector solidario de la economía. Comunitario” incluyó varios proyectos y programas que involucran a la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. En el artículo 17, inciso 2º, se dispone que las entidades estat<strong>al</strong>es acargo de programas y proyectos que involucran derechos económicos, soci<strong>al</strong>es ycultur<strong>al</strong>es, deben suministrar a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, la información que ellarequiera para que lleve a cabo el seguimiento y la ev<strong>al</strong>uación de las políticas públicasa efectos de medir la re<strong>al</strong>ización y desarrollo de t<strong>al</strong>es Derechos Económicos, Soci<strong>al</strong>esy Cultur<strong>al</strong>es-DESC. De igu<strong>al</strong> forma, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, junto con el DANEy el Departamento Nacion<strong>al</strong> de Planeación deben diseñar de manera concertadaun sistema de indicadores que permita establecer los avances y retrocesos que seregistren respecto de la efectividad de los DESC.y la Adolescencia), la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> ejerce las funciones de vigilancia ycontrol en materia de protección de los derechos prev<strong>al</strong>entes <strong>del</strong> menor. Segúnel art. 213, esta función será ejercida a través de la Defensoría Delegada para losDerechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer, mediante la divulgación, protección
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>723y promoción de derechos, y la vigilancia de las políticas públicas que comprometanlos derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.d) Según el parágrafo <strong>del</strong> artículo 116 de la Ley 1152 de 2007, Estatuto de DesarrolloRur<strong>al</strong>, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la Procuraduría Gener<strong>al</strong> deben hacer seguimientoy control a los procesos de ampliación, saneamiento y constitución de territoriosindígenas y territorios colectivos de comunidades negras, que se encuentranrepresados en las distintas instituciones para garantizar el debido proceso y losderechos individu<strong>al</strong>es y colectivos.1.1.3.7. Funciones como Promotor de Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>esa) El artículo 7º <strong>del</strong> Decreto 2067 de 1991 faculta <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> parademandar, impugnar o defender ante la Corte Constitucion<strong>al</strong> normas relacionadascon los derechos constitucion<strong>al</strong>es.b) El artículo. 33 <strong>del</strong> Decreto Ley 2591 de 1991 faculta <strong>al</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> parainsistir que un f<strong>al</strong>lo de tutela excluido sea seleccionado para revisión, cuando considereque la revisión puede aclarar el <strong>al</strong>cance de un derecho o evitar un perjuicio grave. Elart. 31 <strong>del</strong> mismo Decreto permite <strong>al</strong> Defensor impugnar los f<strong>al</strong>los de tutela.c) Según el artículo 4º de la Ley 393 de 1997, que desarrolla la Acción de Cumplimiento,el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> o sus <strong>del</strong>egados son titulares de esta acción para elcumplimiento de normas con fuerza materi<strong>al</strong> de ley o actos administrativos.está legitimado para interponer acciones populares para la protección de los bienesy derechos colectivos. De igu<strong>al</strong> forma, el artículo 24 de la misma ley permite <strong>al</strong>Defensor coadyuvar las acciones presentadas por cu<strong>al</strong>quier actor popular. Por supersona que lo solicite o que se encuentre en situación de desamparo o indefensión.de los Derechos e Intereses Colectivos, el cu<strong>al</strong> estará a cargo de la Defensoría la Defensoría debe organizar un registro público centr<strong>al</strong>izado de las accionespopulares o de grupo que se interpongan en el país.f) La Ley 640 de 2001, por medio de la cu<strong>al</strong> se dictan normas relativas a la conciliación,asigna competencias a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y a los defensores region<strong>al</strong>es yseccion<strong>al</strong>es para celebrar conciliaciones extrajudici<strong>al</strong>es en materias de competencia deCODA. El artículo 3º permite que los miembros de los grupos <strong>al</strong>zados en armasque quieran desmovilizarse se presenten ante el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, quien debeinformar lo pertinente a la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> y a la guarnición militar más cercana. Elparágrafo 2º <strong>del</strong> artículo 4º establece que la Defensoría promoverá la designación
724 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>desmovilizado. Según el artículo 11, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> hace parte <strong>del</strong> ComitéOperativo para la Dejación de las Armas.h) La Ley 1095 de 2006 reglamentó el derecho fundament<strong>al</strong> de Hábeas Corpusconsagrado en el artículo 30 de la Constitución. Según el numer<strong>al</strong> 5 <strong>del</strong> artículo 3ºde esta Ley, el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> puede invocar este mecanismo en nombre decu<strong>al</strong>quier persona afectada ileg<strong>al</strong>mente en su libertad person<strong>al</strong>.1.2. La planeación estratégicaLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> tiene como misión velar por la promoción, ejercicio,divulgación, defensa y protección de los derechos humanos y <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong>humanitario en el país, con el propósito de cumplir de manera rigurosa con estasresponsabilidades, se adoptó mediante Resolución interna número 306 <strong>del</strong> 16 de mayode 2005, el Plan Estratégico Institucion<strong>al</strong> que cubre los 2005 – 2010, y cuyo objetivo esimpulsar la efectividad y re<strong>al</strong>ización de los derechos humanos y promover la observancia<strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.1.2.1. El Plan estratégico y su énfasisEl Plan hace énfasis en los criterios de género y población, de territori<strong>al</strong>idad, dearticulación y de participación como se observa a continuación:a. Género y población. La acción defensori<strong>al</strong> se orienta a formar a los habitantes <strong>del</strong>territorio nacion<strong>al</strong> y a los colombianos en el exterior en la promoción, proteccióny divulgación de los derechos humanos de hombres y mujeres de toda edad, razay condición para que gocen plenamente de los mismos, tengan una vida digna yactúen con equidad y solidaridad.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> protegerá y brindará atención especi<strong>al</strong>izada a poblacionesen condición de vulnerabilidad o exclusión, t<strong>al</strong>es como: niños, jóvenes, mujeres,derechos humanos.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> usa el lenguaje con una perspectiva incluyente. Así,las expresiones que en el idioma puedan parecer de un solo género se entiendenreferidas a personas de ambos sexos.b. Territori<strong>al</strong>idad. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> atenderá a los habitantes <strong>del</strong> territorionacion<strong>al</strong>, teniendo en cuenta su contexto soci<strong>al</strong>, económico, político, ambient<strong>al</strong>,cultur<strong>al</strong> e institucion<strong>al</strong> y su incidencia en la re<strong>al</strong>ización y exigibilidad de los derechoshumanos y en el respeto <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.c. Articulación. La articulación debe concebirse como un propósito de doble vía, haciael exterior e interior de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Al exterior, busca generar <strong>al</strong>ianzas y apoyos estratégicos con todos los entesterritori<strong>al</strong>es, entidades públicas y organizaciones de la sociedad civil, en el ámbito
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>725nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong>, para que se potencie la prevención de la amenaza ovulneración de los derechos humanos, así como su promoción, divulgación y defensay el respeto <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, preservando la autonomía, laindependencia y la imparci<strong>al</strong>idad de la entidad.Al interior, busca la unidad en la acción de la Defensoría y la creación de mecanismosde participación que permitan la coordinación intrainstitucion<strong>al</strong> y la dinámica entred. Participación. Los procesos de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> deben ser abiertos, plur<strong>al</strong>es eincluyentes, capaces de convocar a los actores soci<strong>al</strong>es, agentes estat<strong>al</strong>es y estamentosde la vida política y económica <strong>del</strong> país, para que debatan su presente y su futuro yformulen estrategias para la re<strong>al</strong>ización efectiva de los derechos humanos.1.2.2. Misión y Visión de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>a. La misiónLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, es una institución <strong>del</strong> Estado colombiano responsablede impulsar la efectividad de los derechos humanos en el marco de un Estado soci<strong>al</strong>de derecho, democrático, participativo y plur<strong>al</strong>ista, mediante acciones integradas depromoción, divulgación, defensa y protección de los derechos humanos y divulgación ypromoción <strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.b. La visiónEn el 2010, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> será reconocida en el ámbito nacion<strong>al</strong> einternacion<strong>al</strong> por su papel protagónico en el impulso <strong>del</strong> cumplimiento efectivo de losderechos humanos en el país, y su apropiación por parte de las personas como titularesactivas de los mismos, en especi<strong>al</strong> los grupos y personas en condición de vulnerabilidad.La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> será líder de un proceso de transformación de las políticaspúblicas en instrumentos idóneos de re<strong>al</strong>ización de los derechos humanos y de aplicación<strong>del</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario.1.2.3. Las líneas de visión 1Las líneas de visión representan las rutas estratégicas, a través de las cu<strong>al</strong>es se buscacumplir con los propósitos mision<strong>al</strong>es. Ellas son:1.2.3.1. Ejercicio de la magistratura mor<strong>al</strong>El Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, como gestor de la política pública en materia de derechoshumanos, orienta el ejercicio efectivo de los derechos de los habitantes <strong>del</strong> territorionacion<strong>al</strong> y de los colombianos en el exterior y sus organizaciones.1Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Plan Estratégico Institucion<strong>al</strong> 2005 – 2010. Resolución 306 de 16 de mayo de 2005.
726 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>directrices y promoviendo la acción de los distintos agentes involucrados en la defensa <strong>del</strong>os derechos humanos.1.2.3.2. Incidencia en la formulación, desarrollo y ejecución de laspolíticas públicasLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> está encaminada a asumir una posición proactiva frente <strong>al</strong> ejerciciode los derechos humanos en el país, de manera que las acciones defensori<strong>al</strong>es contribuyan aimplantar políticas públicas que aseguren la plena efectividad de los derechos humanos.La Defensoría ev<strong>al</strong>úa de manera estructurada y rigurosa la forma como las instituciones <strong>del</strong>Estado actúan e inciden en el grado de re<strong>al</strong>ización efectiva de los derechos humanos; y promueveentre las autoridades públicas la incorporación de procesos idóneos de análisis y medición.1.2.3.3. Atención defensori<strong>al</strong> y acceso a la justiciaLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> está orientada a brindar atención oportuna a lasse restablezca su ejercicio.Dirigida a garantizar que la acción defensori<strong>al</strong> promueva el acceso a la justicia de todoslos habitantes <strong>del</strong> territorio nacion<strong>al</strong> y de los colombianos en el exterior.Dedicada a prestar el servicio de Defensoría Pública de acuerdo con las normas leg<strong>al</strong>esque se expidan en la materia.1.2.3.4. Educación para la apropiación, ejercicio y defensa de losderechos humanosBrinda conocimiento a las personas y comunidades sobre sus derechos, las políticaspúblicas y los recursos para hacerlos efectivos.Orienta y fort<strong>al</strong>ece la intervención de los actores soci<strong>al</strong>es en los espacios democráticosde participación ciudadana.1.2.3.5. Fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> impulsa el mejoramiento de su gestión paraa) Construir una entidad abierta, plur<strong>al</strong>, participativa y capaz de ajustarse a lasexigencias y demandas <strong>del</strong> entorno, facilitando los procesos de integración en losámbitos público y privado.b) Fomentar el desarrollo integr<strong>al</strong> <strong>del</strong> t<strong>al</strong>ento humano a través de su formación,bienestar y permanencia. responsabilidades y competencias para así favorecer la gestión region<strong>al</strong> y el trabajoen equipo.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>727d) Aumentar la obtención de recursos en el ámbito loc<strong>al</strong>, nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong> en1.3. Desarrollo estratégico1.3.1. Sistema de Gestión de C<strong>al</strong>idad implementación <strong>del</strong> Sistema de gestión de C<strong>al</strong>idad con la expedición, por parte <strong>del</strong>la política de c<strong>al</strong>idad, los objetivos de c<strong>al</strong>idad y el mapa de procesos de la Entidad.En lo referente <strong>al</strong> proceso de implementación <strong>del</strong> Mo<strong>del</strong>o Estándar de Control Interno,Instituto de Estudios <strong>del</strong> Ministerio Público en la capacitación de 150 funcionarios <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a nivel nacion<strong>al</strong> en la Reinducción para la Implementación <strong>del</strong>Mo<strong>del</strong>o Estándar de Control Interno MECI. satisfactorio.gestión de los planes de acción funcion<strong>al</strong>es de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, los cu<strong>al</strong>es miden1.3.2. Gestión Financiera y Administrativa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> se an<strong>al</strong>izan en precios constantes <strong>del</strong> año 2004, descontando lade implementación <strong>del</strong> Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio, hecho que motivó un incremento en lasapropiaciones presupuest<strong>al</strong>es de la entidad.El Cuadro 1 presenta la evolución de la apropiación presupuest<strong>al</strong> de la entidad, en el
728 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>(Millones de Pesos constantes de 2004)Rubro 2004 2005 2006 2007 2008Deflactor 1.000 0.954 0.913 0.869 0.847Tot<strong>al</strong> presupuesto 45,414 61,592 77,424 103,118 128,890Funcionamiento 44,724 59,238 74,594 98,297 122,982Gastos de person<strong>al</strong> 17,456 19,323 23,592 32,506 40,554Gastos gener<strong>al</strong>es 3,111 4,937 6,827 8,259 9,650Transferencias corrientes 24,156 34,978 44,174 57,532 72,778Defensoria pública 18,974 29,776 38,563 51,128 66,767Otras transferencias 5,182 5,202 5,611 6,404 6,011Inversión 690 2,354 2,831 4,821 5,908Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>-Subdirección Financiera 2El Cuadro 2 presenta la evolución de la apropiación presupuest<strong>al</strong> de la entidad en el(Millones de Pesos corrientes)Rubro 2004 2005 2006 2007 2008Tot<strong>al</strong> presupuesto 45,414 64,579 84,802 118,663 152,172Funcionamiento 44,724 62,111 81,702 113,115 145,197Gastos de person<strong>al</strong> 17,456 20,260 25,840 37,406 47,879Gastos gener<strong>al</strong>es 3,111 5,177 7,478 9,504 11,393Transferencias corrientes 24,157 36,674 48,384 66,205 85,925Defensoría Pública 18,974 42,238 58,836 78,828Ley 24/92 19,828Ley 941/04 11,392Fondo de derechos colectivos 5,225 5,434Comisión de búsqueda de personasdesaparecidas328 341Otras transferencias 5,182 5,454 6,146 1,816 1,322Inversión 690 2,468 3,100 5,548 6,975Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>-Subdirección Financiera 32 <strong>Pueblo</strong>. Su diferencia con la cifra respectiva, publicada en el <strong>Informe</strong> XV <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong> <strong>Congreso</strong> y relacionada en el cuadroNo. 1 página 217, se debe a que en esta se presentó un error de digitación. Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>-Subdirección Financiera.3
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>729gener<strong>al</strong>es, transferencias e inversión.160.000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.0000Funcionamiento(millones de pesos corrientes)G. Person<strong>al</strong>G. Gener<strong>al</strong>esTransferenciaInversión20042005200620072008Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>-Subdirección Financiera1.3.2.1. Gastos de Funcionamiento(millones de pesos corrientes)160.000140.000120.000100.00080.00060.00040.00020.00002004 2005 2006 2007 2008Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Subdirección Financiera
730 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.3.2.2. Gastos de Person<strong>al</strong>(millones de pesos corrientes)50.00040.00030.00020.00010.00002004 2005 2006 2007 2008Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Subdirección Financiera1.3.2.3. Gastos Gener<strong>al</strong>esrenovación <strong>del</strong> parque automotor, las obras de adecuación de las nuevas sedes adquiridas(millones de pesos corrientes)12.00010.0008.0006.0004.0002.00002004 2005 2006 2007 2008Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Subdirección Financiera1.3.2.4. Transferencias Corrientes
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>731Pública para continuar con el proceso de implementación <strong>del</strong> Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio a(millones de pesos corrientes)100.00080.00060.00040.00020.00002004 2005 2006 2007 2008Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Subdirección Financiera1.3.2.5. Presupuesto de Inversión de dos nuevos proyectos de fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>:la implementación <strong>del</strong> sistema de gestión document<strong>al</strong> y la reparación, reforzamiento y(millones de pesos corrientes)7.0006.0005.0004.0003.0002.0001.00002004 2005 2006 2007 2008Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Subdirección FinancieraEn el Cuadro 3 se relacionan los proyectos de inversión ejecutados por la DefensoríaDada la importancia de los proyectos de inversión según su impacto soci<strong>al</strong>, la Defensoría
732 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de los recursos <strong>del</strong> proyecto de implementación <strong>del</strong> sistema de Gestión Document<strong>al</strong> y Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a nivel region<strong>al</strong>.(pesos corrientes)Código Proyectos ObjetivoPresupuestoAsignadoPresupuestoEjecutado% deEjecución0027-03363-00001180-00014-00001180-00015-00001180-00016-00001180-00018-0000Divulgación yPromoción de losDerechos Humanosen ColombiaAdministración,Control yOrganizaciónInstitucion<strong>al</strong>para apoyo a laAdministración deDefensoría PúblicaImplementación<strong>del</strong> Programa deSeguimiento yEv<strong>al</strong>uación de lasPolíticas Públicasen DerechosHumanosCapacitación<strong>del</strong> servicio ygeneración des<strong>al</strong>dos pedagógicosinstitucion<strong>al</strong> par<strong>al</strong>a c<strong>al</strong>ificación <strong>del</strong>servicioImplementación<strong>del</strong> Sistema deAlertas Tempranaspara la Prevenciónde las Violacionesmasivas deDerechos Humanosen Colombia.Promover en las personaso grupos de personas, losconocimientos y capacidades paraexigir por sí mismos el respetode sus derechos, y participarcon pleno conocimiento en losprocesos decisorios para lograruna mayor re<strong>al</strong>ización de losderechos humanos y la aplicación<strong>del</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong>Humanitario.Elevar el nivel de c<strong>al</strong>idad <strong>del</strong>servicio de Defensoría Pública,dirigido a los ciudadanosnacion<strong>al</strong>es y extranjeros quese encuentren en imposibilidadeconómica o soci<strong>al</strong> para ejercer ladefensa de sus derechos.Diseñar y aplicar un sistema demedición institucion<strong>al</strong>, sobre lare<strong>al</strong>ización de derechos humanos,que permita incidir en las políticaspúblicas estat<strong>al</strong>es para mejorarel nivel de vida de la poblacióncolombiana.Promover en los funcionarios ycontratistas de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> un sentido de identidadinstitucion<strong>al</strong>, que se expreseen una cultura de servicio a lacomunidad y que fort<strong>al</strong>ezc<strong>al</strong>a vigencia y desarrollo de losderechos humanos.Desarrollar los lineamientos deuna política institucion<strong>al</strong>, quele permita a la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> intervenir eficazmenteen la prevención de violacionesmasivas de los derechos humanos,derivadas <strong>del</strong> conflicto armado.700.000.000 674.982.303 96.431.403.600.000 1.080151.054 76.96450.000.000 341.484.102 75.89100.000.000 81.330.960 81.33500.000.000 447069.884 89.41
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>733Código Proyectos ObjetivoPresupuestoAsignadoPresupuestoEjecutado% deEjecución1180-00019-00001180-0021-00001180-00025-0001180-00026-00001180-00033-00001180-00034-0000Aplicación <strong>del</strong>Programa deDescentr<strong>al</strong>izaciónde DerechosHumanosProtección,Fort<strong>al</strong>ecimientode la Gestiónde la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> par<strong>al</strong>a Prevención yDesplazamientoForzadoImplantación <strong>del</strong>os Procedimientosde Atención Leg<strong>al</strong>y OrientaciónPsicosoci<strong>al</strong> par<strong>al</strong>as Víctimas deViolaciones <strong>al</strong>os DD. HH. einfracciones <strong>al</strong> DIHen condicionesde incapacidadeconómica y soci<strong>al</strong>Adquisición,compra,mejoramiento,construcción yadecuación desedes en lasregion<strong>al</strong>es yseccion<strong>al</strong>es.Implementación<strong>del</strong> sistemade gestióndocument<strong>al</strong> <strong>del</strong>a Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>Reparación,reforzamientoy adecuaciónde espaciosfísicos para unóptimo y segurofuncionamientoRestablecer los derechos de lasvíctimas <strong>del</strong> conflicto armado através de la divulgación de susderechos, y la atención psicosoci<strong>al</strong>y leg<strong>al</strong> en los departamentoscon mayor índice de violacionesmasivas a derechos humanos yderecho internacion<strong>al</strong> humanitario.Fort<strong>al</strong>ecer la capacidadinstitucion<strong>al</strong> de la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en la prevención,protección y atención humanitariade emergencia a la poblacióndesplazada y su estabilizacióneconómica y soci<strong>al</strong> en losdepartamentos en que se presentael fenómeno <strong>del</strong> desplazamientoforzado.Fort<strong>al</strong>ecimiento de la capacidadde la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, paraa<strong>del</strong>antar la política de luchacontra la impunidad en casosde violaciones a los derechoshumanos (DD. HH.) e infracciones<strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong>. Lapolítica abarca aspectos deinvestigación sobre los actores <strong>del</strong>as violaciones, su juzgamiento ysanción.Proveer a la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> de oficinas adecuadaspara una óptima prestación <strong>del</strong>servicio. Contar con oficinasadecuadas cuya infraestructurafísica y tecnológica permitaatender adecuadamente lasresponsabilidades asignadas.Implementar el sistema de gestióndocument<strong>al</strong> que permita a lacomunidad, re<strong>al</strong>izar consultas dedocumentos a nivel nacion<strong>al</strong>, deforma oportuna, de conformidadcon las normas de reglamentosde archivo.Re<strong>al</strong>izar el reforzamientoestructur<strong>al</strong> de las edificacionesde los Bloques A, B y C de laDefensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Bogotá,para garantizar a usuarios yfuncionarios, espacios físicosadecuados.511.400.000 462.894.228 90.52450.000.000 447.420.819 99.43100.000.000 22.202.675 22.202.000.000.000 1.951.463.975 97.57160.000.000 160.000.000 100.00600.000.000 0 0.00TOTALES 6.975.000.000 5.669.000.000 81.28
734 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.4. Ejecución Presupuest<strong>al</strong>1.4.1. Apropiación y Ejecución Presupuest<strong>al</strong> <strong>del</strong> presupuesto de transferencias.(pesos corrientes)90.000.080.000.070.000.060.000.050.000.040.000.030.000.0APROPIADOEJECUTADO20.000.010.000.00.0G.Person<strong>al</strong> G. Gener<strong>al</strong>es Transferencias InversiónFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Subdirección Financiera (millones de pesos corrientes)Rubros 2007 2008 2007 2008Presupuesto Apropiado Ejecutado Apropiado Ejecutado % Ejec % EjecFuncionamiento 113.114.8 96.592.0 145.197.0 125.150.0 85.4 86.2Gastos deperson<strong>al</strong>37.405.9 29.456.8 47.879.0 35.944.0 78.7 75.1Gastos gener<strong>al</strong>es 9.504.1 8.443.3 11.393.0 8.502.0 88.8 74.6
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>735Rubros 2007 2008 2007 2008TransferenciascorrientesDefensoríapública66.204.8 58.691.8 85.925.0 80.704.0 88.7 93.958.835.9 56.961.2 78.828.0 75.247.0 96.8 95.5Ley 24/92Ley 941Fondo dederechoscolectivosComisión debúsquedade personasdesaparecidasOtrastransferencias5.225.0 241.0 5.434.0 4.748.0 4.6 87.4327.6 237.2 341.0 292.0 72.4 85.61.816.3 1.252.5 1.322.0 417.0 69.0 31.5Inversión 5.548.0 5.082.8 6.975.0 5.669.0 91.6 81.3Tot<strong>al</strong>es 118.662.8 101.674.7 152.172.0 130.819.0 85.7 86.0100.0%90.0%80.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%G. Person<strong>al</strong> G. Gener<strong>al</strong>es Transferencias Inversión20072008Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Subdirección Financiera1.4.2. Ejecución presupuest<strong>al</strong> de la Subdirección AdministrativaLa Subdirección Administrativa es la dependencia encargada de la gestión y prestaciónde los servicios administrativos para la Sede Centr<strong>al</strong>, Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es de la entidad,bajo la dirección de la Secretaría Gener<strong>al</strong>.
736 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.4.2.1. Adquisición de bienes funciones, re<strong>al</strong>izó los procesos precontractu<strong>al</strong>es para la adquisición de bienes y servicios,con el objeto de brindar a los funcionarios bienestar y seguridad labor<strong>al</strong>.region<strong>al</strong>es, se hizo necesario contratar obras de adecuación, cableado estructur<strong>al</strong> y redeseléctricas de las sedes de Huila, Tolima, V<strong>al</strong>le y Magd<strong>al</strong>ena.En la Tabla 1, se relacionan <strong>al</strong>gunas de estas adquisiciones que permitieron mejorar eldesempeño labor<strong>al</strong> de los servidores de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Tipo de proceso Objeto V<strong>al</strong>orSubasta SAB-026Subasta SAB-025Subasta SAB-021Subasta SAB-022Subasta SAB-024Subasta SAB-020Subasta SAB-017Subasta SAB-015Subasta SAB-007Servicios de traslado, depósito, custodia y organización <strong>del</strong>archivo centr<strong>al</strong>Adquisición de 391 puestos de trabajo, 197 sillas gerente y786 sillas interlocutoras para dar cumplimiento a las normasvigentes en materia de s<strong>al</strong>ud ocupacion<strong>al</strong>, para las region<strong>al</strong>esAntioquia, Atlántico, Bolívar, Boyacá, C<strong>al</strong>das, Cauca, Córdoba,Chocó, Magd<strong>al</strong>ena Medio, Nariño, Risar<strong>al</strong>da, Santander, Tolima,Amazonas, Arauca, Sucre, Caquetá, Casanare, Cesar, Guajira,Guainía, Guaviare, San Andrés, Urabá, Vaupés y Vichada.Obras de adecuación de oficina abierta, cableado estructur<strong>al</strong> yred eléctrica de la region<strong>al</strong> HuilaCompra de 2.182 juegos prendas institucion<strong>al</strong>es quecomprenden, cachucha, camiseta, ch<strong>al</strong>eco y chaqueta para losdefensores públicosCompra de 27 fotocopiadoras Konica Minolta B12HUB-210para las region<strong>al</strong>es Caquetá, Chocó, Guajira, Guaviare,Magd<strong>al</strong>ena, Antioquia, Nariño, Norte de Santander, Sucre,Tolima, V<strong>al</strong>le, Arauca, Casanare, Guainía, Vaupés, Vichada, Huila,Bogotá, Cundinamarca y 8 para dependencias <strong>del</strong> nivel centr<strong>al</strong>.Compra de 2 camionetas Ford Expedition Eddi Baner 2008, unade ellas blindada, para s<strong>al</strong>vaguardar la integridad <strong>del</strong> señorDefensor y la otra para la escolta.Obras de adecuación de oficina abierta, cableado estructur<strong>al</strong> yred eléctrica de la region<strong>al</strong> TolimaObras de adecuación de laboratorio, cableado estructur<strong>al</strong> y re<strong>del</strong>éctrica de la region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>leObras de reparación, oficina abierta, cableado estructur<strong>al</strong> y re<strong>del</strong>éctrica de la region<strong>al</strong> Magd<strong>al</strong>enaObras de adecuación de oficina abierta, cableado estructur<strong>al</strong> yred eléctrica de la region<strong>al</strong> Meta230.500.000510.895.240131.460.714316.390.000194.700.000432.000.00069.115.61299.922.228177.086.957123.050.399
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>737Tipo de proceso Objeto V<strong>al</strong>orContrato 168Oficina abierta, archivadores y 3 sillas giratorias para SecretaríaGener<strong>al</strong>7.800.188Contrato 260 Compra de carnet para identificación de los funcionarios 7.331.200Contrato 261Licitación Pública 002de 2008Contrato 295Contrato 147Compra planta telefónica Panasonic KXT-DA-100 de 50extensiones para la region<strong>al</strong> V<strong>al</strong>leServicio de aseo y cafeteria, incluídas las region<strong>al</strong>es de Bolívar,Boyacá, Huila, Norte de Santander, Putumayo, Risar<strong>al</strong>da,Tolima, Amazonas, Casanare, Cesar, Guainía, Guajira, Guaviare,San Andrés, Uraba, Vaupés y VichadaElaboración <strong>del</strong> inventario document<strong>al</strong> <strong>del</strong> archivo centr<strong>al</strong>, desdeel año 1988. El contrato se re<strong>al</strong>izó con la Universidad Nacion<strong>al</strong> ypermitió que se establecieran nuevas políticas institucion<strong>al</strong>es encuanto <strong>al</strong> manejo de la Gestión document<strong>al</strong> de la EntidadServicios post<strong>al</strong>es nacion<strong>al</strong>es. Correo para el nivel centr<strong>al</strong> ypara el nivel region<strong>al</strong>.10.999.120449.965.762125.000.000500.000.000Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>- Subdirección AdministrativaAsí mismo, se atendieron las necesidades presentadas tanto en el nivel centr<strong>al</strong> como enRegion<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es, suministrando los bienes y servicios, que en el pasado estabanen un segundo plano, y que tenían un gran impacto en el desarrollo y cumplimiento de lasactividades de la Entidad, como era el Archivo Centr<strong>al</strong> y la Dependencia de Inventarios.Se dio prioridad a ejecutar recurso a través de las vigencias futuras para la incorporaciónde los servicios de vigilancia humana y monitoreo para la vigencia 2009 en las sedesRegion<strong>al</strong>es, así como para la prestación <strong>del</strong> servicio de aseo y cafetería, y la adquisición debienes para dotar con muebles ergonómicos y otros elementos indispensables para mejorarlos ambientes labor<strong>al</strong>es en pro de la misión defensori<strong>al</strong> de la Entidad.La Subdirección de Servicios Administrativos tiene como función fundament<strong>al</strong> lasupervisión y seguimiento <strong>al</strong> desarrollo de los servicios, administrativos de la entidad:En cuanto <strong>al</strong> manejo y control de elementos <strong>del</strong> <strong>al</strong>macén se atendieron los pedidos <strong>del</strong>os elementos devolutivos y de consumo de las dependencias <strong>del</strong> nivel centr<strong>al</strong> y <strong>del</strong> nivelregion<strong>al</strong> y cumplió con los stock mínimos de bienes. Ver Tabla 1A.Tabla 1A.Ingresos y egresos de pedidos - 2008Movimiento Cantidad V<strong>al</strong>orIngreso de bienes 283 5.097.011.005Pedidos despachados 2.143 6.487.070.267Tot<strong>al</strong> 2.426 11.584.081.272Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – Almacén Gener<strong>al</strong>
738 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>1.4.2.2. Planta de person<strong>al</strong>la aplicación de la Ley 941 de 2005, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> dispone de 1.043 cargos deAño 2004 2005 2006 2007 2008Servidores públicos vinculados 437 564 736 898 1.043Tot<strong>al</strong> 437 564 736 898 1.043consolidó la implementación <strong>del</strong> Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio, garantizando la atención aPara armonizar las necesidades operativas <strong>del</strong> Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio con la plantacompetencias comunes, así: orientación a resultados, atención <strong>al</strong> usuario y <strong>al</strong> ciudadano,transparencia e integridad, compromiso con la entidad y respeto a la diversidadmínimos para los cargos de la planta de person<strong>al</strong> e inició el trámite para el desarrollo <strong>del</strong>Séptimo Concurso de Méritos 2009, para proveer 351 cargos vacantes, distribuidos así: 791.2001.00080060040020002004 2005 2006 2007 2008
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>739B. EL FORTALECIMIENTOINSTITUCIONALLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> impulsa el mejoramiento de su gestión para:Construir una entidad abierta, plur<strong>al</strong>, participativa y capaz de ajustarse a las exigencias y demandas<strong>del</strong> entorno, facilitando los procesos de integración en los ámbitos público y privado.Fomentar el desarrollo integr<strong>al</strong> <strong>del</strong> t<strong>al</strong>ento humano a través de su formación, bienestar y permanencia.para así favorecer la gestión region<strong>al</strong> y el trabajo en equipo.Aumentar la obtención de recursos en el ámbito loc<strong>al</strong>, nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong> en pro de la autonomía, 4 .4Resolución No. 306 de 2005. Plan Estratégico de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> 2005 – 2010
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>741A partir <strong>del</strong> Plan Estratégico Institucion<strong>al</strong> 2005-2010, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> desarrollaacciones encaminadas a expandir sus relaciones loc<strong>al</strong>es, nacion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es, paraaumentar la cobertura y c<strong>al</strong>idad de sus servicios, asi como mejorar su estructura y las herramientasde gestión para potenciar su acción y ampliar los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudeslo requieran.A continuación se presentan las acciones más relevantes a<strong>del</strong>antadas por las diversasdependencias de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en materia de fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>, apor la cooperación internacion<strong>al</strong>.1. PROYECTOS DE INVERSIÓNUn proyecto de inversión es un conjunto de actividades interrelacionadas, con un inicio ypermite acrecentar la productividad en el campo de la estructura física, económica o soci<strong>al</strong>.Los proyectos de inversión son uno de los princip<strong>al</strong>es instrumentos mediante los cu<strong>al</strong>es laLos mision<strong>al</strong>es se orientan a atender obligaciones leg<strong>al</strong>es que han surgido de los efectosadministración de la Defensoría Pública, la atención sicojurídica a víctimas de la violenciaarmada, la prevención de riesgos a la población civil, la atención a la población desplazada,el seguimiento y ev<strong>al</strong>uación de las políticas públicas y la promoción y divulgación de losderechos humanos.Los proyectos de apoyo acrecientan la capacidad de los recursos humanos y modernizanorientan a la mejora de las capacidades y cu<strong>al</strong>idades <strong>del</strong> servidor público, la adquisición desedes propias y la disposición de información <strong>al</strong> público en forma ágil y oportuna, para laprestación de un mejor servicio a los usuarios.1.1. Divulgación y promoción de los derechos humanos en Colombia líderes de organizaciones soci<strong>al</strong>es, publicó documentos, divulgó campañas de derechos
742 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>humanos en televisión y organizó el concurso nacion<strong>al</strong> de derechos humanos. Señ<strong>al</strong>amosa continuación <strong>al</strong>gunos de los programas más importantes.Entre los programas para la formación y la capacitación en Derechos Humanos quemerecen destacarse, señ<strong>al</strong>amos el Programa Nacion<strong>al</strong> de Formación en Derechos Humanospara los 1.096 personeros distrit<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es. El programa se implementó en <strong>al</strong>ianzacon el Instituto de Estudios <strong>del</strong> Ministerio Público de la Procuraduría Gener<strong>al</strong> de la Naciónlas Naciones Unidas para los Derechos Humanos. La Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> extiende pormedio de los personeros, de manera indirecta, sus contactos y la acción defensori<strong>al</strong> a todoslos municipios <strong>del</strong> país, teniendo en cuenta que en todos los municipios hay personeros, perono todos los municipios cuentan con sede de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.La formulación <strong>del</strong> Plan Nacion<strong>al</strong> de Educación en Derechos Humanos-(PLANEDH)es otra tarea educativa destacable que tiene que ver con la formulación y la revisión de laestructura curricular de la enseñanza de derechos humanos en la educación primaria ysecundaria, trabajo que, por mandato de la ley, debe re<strong>al</strong>izarse en asocio con el Ministeriode Educación Nacion<strong>al</strong>, la Vicepresidencia de la República y las Naciones Unidas.sobre los derechos de las víctimas, el derecho a la justicia, los derechos de los niños y niñasy el derecho <strong>al</strong> ambiente sano.Adicion<strong>al</strong>mente, se desarrollaron acciones de capacitación según contextos region<strong>al</strong>es,se dictaron 29 t<strong>al</strong>leres a nivel nacion<strong>al</strong> sobre derechos humanos a personeros, se re<strong>al</strong>izaroncampañas en medios masivos de comunicación, se implementaron programas de educaciónvirtu<strong>al</strong>, se dotó <strong>al</strong> centro document<strong>al</strong> con nuevo materi<strong>al</strong> sobre derechos humanos y semodernizó la página Web.1.2. Administración, control y organización institucion<strong>al</strong> paraapoyar a la administración de Defensoría Pública estratégicas claves, como son programas de formación y capacitación a los operadores yadquisición de la sede de la Escuela de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> “Roberto Camacho Weverberg”.La Tabla 2, presenta una síntesis de la gestión y resultados <strong>al</strong>canzados en materia decapacitación a los operadores <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública.Actividad Dirigido a Temática AsistentesDos (2) seminarios-t<strong>al</strong>ler enderechos humanos, pruebaperici<strong>al</strong> y competencias para l<strong>al</strong>itigación or<strong>al</strong>.Defensores Públicos de BogotáManiz<strong>al</strong>es, Bucaramanga, Quibdóy Me<strong>del</strong>lín.Derechos humanos, DerechoInternacion<strong>al</strong> Humanitario, Pruebaperici<strong>al</strong>, Interrogatorio, Contrainterrogatorio,Or<strong>al</strong>idad.332
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>743Actividad Dirigido a Temática AsistentesCuatro (4) Seminarios -t<strong>al</strong>ler“Profundización en el Sistemapen<strong>al</strong> acusatorio”.Ocho (8) Diplomados “Ladefensa pública y el Sistemapen<strong>al</strong> acusatorio” fase IV.Un (1) Seminario-t<strong>al</strong>ler“Profundización en el SistemaPen<strong>al</strong> Acusatorio”.Defensores Públicos de lasDefensorías Region<strong>al</strong>es Boyacá,Santander, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca yAntioquia.Defensores públicos deDefensorías Region<strong>al</strong>es Nortede Santander, Atlántico, Arauca,Casanare, Bolívar, Cesar,Córdoba, Sucre, Magd<strong>al</strong>ena,Guajira, Chocó.Defensores Públicos deSeccion<strong>al</strong>es Amazonas, Caquetá,Guainía, Guajira, Nariño,Putumayo, San Andrés, Vichada yre<strong>al</strong>izado en la ciudad de Bogotá.Reforzamiento en prueba dereferencia, Prueba ileg<strong>al</strong>, Prueba ilícita,Descubrimiento de materi<strong>al</strong> probatorioy defensa, Ley de Justicia y Paz,Derechos de víctimas, Prueba perici<strong>al</strong>,Interrogatorio, Contrainterrogatorio,Objeciones, Incorporación de evidenciasfísicas y demostrativas.Principios y características <strong>del</strong> SistemaPen<strong>al</strong> Acusatorio, Investigación <strong>del</strong>a defensa, Argumentación, Rol <strong>del</strong>investigador, Programa metodológico,Entrevista forense, Teoría <strong>del</strong> caso,S<strong>al</strong>idas <strong>al</strong>ternas, Reglas de prueba,Audiencias preliminares, Alegatos deConclusión, Casos, Recursos, Nulidades,Simulación de casos, Or<strong>al</strong>idad.Principios y características <strong>del</strong> SistemaPen<strong>al</strong> Acusatorio, Investigación <strong>del</strong>a defensa, Argumentación, Rol <strong>del</strong>investigador, Programa metodológico,Entrevista forense, Teoría <strong>del</strong> caso,S<strong>al</strong>idas <strong>al</strong>ternas, Reglas de prueba,Audiencias preliminares, Alegatos deconclusión, Casos, Recursos, Nulidades,Simulación de casos Or<strong>al</strong>idad.30329255Veintidós (22) Seminariosde Capacitación para losestudiantes de ConsultorioJurídico de las facultades dederecho como componentes <strong>del</strong>Sistema Nacion<strong>al</strong> de DefensoríaPública.Estudiantes beneficiados enBogotá y en los departamentosde Santander, Boyacá, C<strong>al</strong>das,Antioquia, Risar<strong>al</strong>da,Cauca, V<strong>al</strong>le, Tolima, Bolívar,Córdoba y Huila.Los temas de la capacitación fueron: 1.-Principios, Características y Esquema<strong>del</strong> Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio, 2.-Audiencias Preliminares, con énfasis enAudiencia de Leg<strong>al</strong>ización de captura,formulación de Imputación y medidasde Aseguramiento, 3.- Formas denegociación, 4.- T<strong>al</strong>ler sobre audienciaspreliminares. 5.- Audiencia depreclusión y principio de oportunidad,6.- Audiencia de Formulación deAcusación y Nulidades, 7.- AudienciaPreparatoria, Descubrimiento yexclusión de Pruebas, 8.- T<strong>al</strong>ler sobreAudiencia de formulación de Acusación,audiencia Preparatoria, descubrimientoy Exclusión de Pruebas, 9.- Teoría<strong>del</strong> Caso y Alegato de Apertura, 10.-Interrogatorio y Contrainterrogatorio,11.- Incorporación de Pruebas yObjeciones, 12.- Alegato de Conclusióny Lectura de F<strong>al</strong>lo, 13.- Individu<strong>al</strong>izaciónde Pena e incidente de reparación.1,178Especi<strong>al</strong>ización en SistemaPen<strong>al</strong> Acusatorio, Gerenciade Investigación Crimin<strong>al</strong> yJuzgamiento.Operadores <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong>de Defensoría Pública. Ciudadessede: Bogotá, C<strong>al</strong>i, Me<strong>del</strong>lín,Neiva, Barranquilla, Pasto, Tunja,Pereira y Bucaramanga.a) Sistema Acusatorio I y II, b) Gerenciade Procesos Judici<strong>al</strong>es y metodologíade la investigación de la defensa,trabajo en equipo, escena <strong>del</strong> <strong>del</strong>ito ycadena de custodia, c) Crimin<strong>al</strong>ística ymedicina leg<strong>al</strong> desde la perspectiva <strong>del</strong>a defensa.800
744 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Actividad Dirigido a Temática AsistentesSeminario-t<strong>al</strong>ler“Responsabilidad pen<strong>al</strong> enadolescentes”.Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>- DNDPDefensores Públicos deBogotá, C<strong>al</strong>i, Me<strong>del</strong>lín,Maniz<strong>al</strong>es, Tunja, Ibagué,Bucaramanga y Cúcuta.Tot<strong>al</strong> personascapacitadasSe contrató a la UniversidadMilitar Nueva Granada, conel apoyo de los recursos de laUnión Europea. El curso tuvouna duración de 24 horasy el currículo se estructuró<strong>al</strong>rededor de los siguientesejes temáticos: a) Bloque deconstitucion<strong>al</strong>idad y principios. b)Estructura <strong>del</strong> Código de Infanciay adolescencia, Partes, S<strong>al</strong>idas<strong>al</strong>ternas, Audiencias preliminares,Casuística, Preclusión,Acusación, Preparatoria,Juicio Or<strong>al</strong>, Individu<strong>al</strong>ización.c) Teoría <strong>del</strong> caso, Alegatos,Técnicas de interrogatorio ycontrainterrogatorio.1693,129Las actividades de capacitación en Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio (SPA) a operadores <strong>del</strong>Con respecto a la infraestructura, se adquirió el inmueble ubicado en la diagon<strong>al</strong> 40AN o . 15-21 Teusaquillo – Bogotá D. C., para la formación y capacitación de los operadoresy de funcionarios <strong>al</strong> servicio de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.1.3. Implementación <strong>del</strong> programa de seguimiento y ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong>as políticas públicas en derechos humanosEn cumplimiento de la obligación impuesta a la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> por el artículoEv<strong>al</strong>uación y Monitoreo de las Políticas Públicas en Derechos Humanos y el programaProSeDHer. Esta <strong>del</strong>egada propende por incidir en la formulación, desarrollo y ejecuciónde las políticas públicas relacionadas con los derechos humanos, en particular loseconómicos, soci<strong>al</strong>es y cultur<strong>al</strong>es.de medición para la re<strong>al</strong>ización de cinco derechos, a saber: <strong>al</strong>imentación, educación,trabajo, vivienda y s<strong>al</strong>ud. Con ello, se espera re<strong>al</strong>izar la ev<strong>al</strong>uación de la política públicay determinar si esta respeta, promueve y desarrolla las obligaciones adquiridas por elEstado colombiano.Otras de las actividades desarrolladas por este proyecto fueron las de estudiar yrecomendar las estrategias requeridas para el desarrollo <strong>del</strong> derecho a la no discriminacióny el diagnóstico <strong>del</strong> cumplimiento <strong>del</strong> derecho <strong>al</strong> agua.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>7451.4. Capacitación <strong>del</strong> servicio y generación de s<strong>al</strong>dos pedagógicosinstitucion<strong>al</strong> para la cu<strong>al</strong>ificación de person<strong>al</strong>Este proyecto se enfocó en la capacitación de los funcionarios de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>en aspectos de desarrollo person<strong>al</strong>, desarrollo institucion<strong>al</strong> y formación técnico profesion<strong>al</strong>.A continuación se relacionan las actividades desarrolladas con respecto a capacitacióny formación institucion<strong>al</strong>:1. Diplomado en s<strong>al</strong>ud ocupacion<strong>al</strong>. Se capacitaron 35 funcionarios en las temáticasde fundamento de la s<strong>al</strong>ud pública, epidemiología soci<strong>al</strong>, medicina preventiva y <strong>del</strong>trabajo, accidentes de trabajo y sus implicaciones labor<strong>al</strong>es.2. T<strong>al</strong>ler de “coaching” para el fort<strong>al</strong>ecimiento de la gestión. Se capacitaron 40funcionarios de la Subdirección Administrativa en temas de consolidación ydirección de equipos de trabajo, desarrollo de competencias, liderazgo, procesos de3. Seminario formador de formadores. Se capacitaron 25 funcionarios cuya labor esdivulgación de derechos humanos, en asuntos como función pública, enfoquespedagógicos, principios y estrategias motivadoras para aprender y enseñar,habilidades y competencias comunicativas para manejo de grupo.4. Técnico profesion<strong>al</strong> en selección y vinculación <strong>del</strong> t<strong>al</strong>ento humano. Se capacitaron15 funcionarios administrativos <strong>del</strong> nivel centr<strong>al</strong> en temas como ética ytransformación <strong>del</strong> entorno, comunicación para la comprensión, formación para elemprendimiento, inglés básico, informática, selección de candidatos y contratación.5. Curso de inducción básica institucion<strong>al</strong>. Se capacitaron 70 nuevos funcionarios,sobre habilidades gerenci<strong>al</strong>es y de servicio público e institucion<strong>al</strong> de la Defensoría<strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.1.5. Implementación <strong>del</strong> Sistema de Alertas Tempranas (SAT) par<strong>al</strong>a prevención de las violaciones masivas de los derechoshumanos en ColombiaPor medio de la Resolución 250 <strong>del</strong> 11 de marzo de 2003, se creó la DefensoríaDelegada para la Ev<strong>al</strong>uación de Riesgos de la Población Civil como consecuencia <strong>del</strong>de Alertas Tempranas (SAT), instrumento de prevención encaminado a disminuir, evitar omitigar los efectos de la confrontación armada en la población civil.Para ello, cuenta con instrumentos y metodologías institucion<strong>al</strong>izadas que buscanformular recomendaciones a las autoridades <strong>del</strong> Estado para que brinden una atención integr<strong>al</strong>a la población civil. El proyecto permitió organizar un equipo de trabajo de prevenciónconformado por cinco an<strong>al</strong>istas nacion<strong>al</strong>es, 22 an<strong>al</strong>istas region<strong>al</strong>es y siete consultores.El SAT, como complemento a su labor preventiva de posibles violaciones a los derechoshumanos, desarrolla una actividad de proyección soci<strong>al</strong> y coordinación institucion<strong>al</strong>, conla cu<strong>al</strong> busca crear sinergias interinstitucion<strong>al</strong>es y comunitarias que logren incidir en las
746 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>eventos de proyección soci<strong>al</strong> y coordinación institucion<strong>al</strong>, a los cu<strong>al</strong>es asistieron 2.572hubo autoridades públicas civiles y militares de los niveles loc<strong>al</strong>, region<strong>al</strong> y nacion<strong>al</strong>,miembros y representantes de organizaciones de la sociedad civil nacion<strong>al</strong>es, organismosinternacion<strong>al</strong>es, así como comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes.1.6. Aplicación <strong>del</strong> programa de descentr<strong>al</strong>ización de derechoshumanosLa implementación de la denominada Ley de Justicia y Paz impuso a la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> el desafío de establecer un mo<strong>del</strong>o de intervención y atención a las víctimas acordecon las necesidades de orientación y asesoría, desde la perspectiva de la reparación integr<strong>al</strong>de los derechos vulnerados en su condición de víctima.El reconocimiento de las víctimas como sujetos de derecho implicó un procesometodológico y pedagógico novedoso que condujo a la elaboración de una estrategiasicojurídica para la gestión defensori<strong>al</strong> de atención a las víctimas.Esta innovadora estrategia tiene un enfoque que combina el proceso jurídico en sí mismo,en cuanto <strong>al</strong> <strong>al</strong>cance de los derechos a la verdad, justicia y reparación y los procedimientosjudici<strong>al</strong>es. De otro lado, impulsa el acompañamiento sicosoci<strong>al</strong> que busca facilitarle a la víctima,desde sus vivencias en el ámbito person<strong>al</strong> y familiar, el reconocimiento de los daños mor<strong>al</strong>esgenerados por los hechos violentos, para que pueda, en sus pretensiones de reparación, abarcarmedidas no simplemente de indemnización económica, sino la reparación misma porque setruncó de manera violenta, el proyecto de vida que la víctima o sus familiares habían construido.departamentos <strong>del</strong> Caribe colombiano y fue ampliando su cobertura a la región de lossantanderes, el centro <strong>del</strong> país y <strong>al</strong>gunas <strong>del</strong> sur colombiano.Las duplas han generado un proceso de trabajo directo y person<strong>al</strong>izado con las víctimasasí mismo, han facilitado procesos grup<strong>al</strong>es mediante la re<strong>al</strong>ización de t<strong>al</strong>leres en lugares de<strong>al</strong>ta concentración de víctimas, para cumplir el propósito de facilitar el acceso a la justicia.Adicion<strong>al</strong>mente, con la intención de apoyar el trabajo de los profesion<strong>al</strong>es, se publicarondocumentos como Ruta Sicojurídica de Atención a Víctimas y Derechos de las Víctimas, yse emitieron varios programas de televisión sobre ese tema.Para optimizar las acciones de asesoría, se contrataron 12 profesion<strong>al</strong>es en sicologíay cinco en derecho, que facilitaron la orientación a víctimas en diferentes departamentos1.7. Protección y fort<strong>al</strong>ecimiento de la gestión de la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong> para la prevención y atención <strong>del</strong> desplazamiento forzado
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>7471997, por la cu<strong>al</strong> se adoptan medidas para la prevención <strong>del</strong> desplazamiento forzado, atención,protección, consolidación y estabilización socioeconómica de los desplazados internos por laviolencia en la República de Colombia tengan cab<strong>al</strong> aplicación en el país, en especi<strong>al</strong> según lasdecisiones de la Corte Constitucion<strong>al</strong> en su Sentencia T–025 de 2004.Esta labor se desarrolla mediante la publicación de informes de seguimientoy el monitoreo a las medidas adoptadas por el Gobierno Nacion<strong>al</strong>, los gobiernosdepartament<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es y las demás entidades públicas, para aplicar las normas deOtra importante tarea en favor de los desplazados es la de prevenir el desplazamientoy los m<strong>al</strong>es que causa, labor que cumplen los defensores comunitarios, los asesores dezonas de fronteras y de zona receptoras de desplazados, cuya labor cotidiana se concentraen el contacto directo con las comunidades y la gestión de acciones en su favor ante lasautoridades departament<strong>al</strong>es y municip<strong>al</strong>es.Se vincularon 14 defensores para atender los departamentos de V<strong>al</strong>le, Cauca, Meta,Magd<strong>al</strong>ena, C<strong>al</strong>das, Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Huila, Risar<strong>al</strong>da,Guajira, Cesar, Sucre y Caquetá, se recepcionaron 1.500 declaraciones de desplazados y secapacitaron 1.000 líderes en jurisprudencia sobre desplazamiento forzado.1.8. Actu<strong>al</strong>ización e implementación <strong>del</strong> sistema de gestióndocument<strong>al</strong> en la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Se re<strong>al</strong>izó un contrato interadministrativo con la Universidad Nacion<strong>al</strong> de Colombia par<strong>al</strong>a elaboración <strong>del</strong> inventario document<strong>al</strong> primario <strong>del</strong> Archivo Centr<strong>al</strong> correspondiente <strong>al</strong>institucion<strong>al</strong>es en cuanto <strong>al</strong> manejo de la gestión document<strong>al</strong>. Se actu<strong>al</strong>izaron los manu<strong>al</strong>esde procedimientos de los procesos de soporte de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>.Se contrató la custodia y consulta archivística de 1.625 metros line<strong>al</strong>es de archivocentr<strong>al</strong> y 500 metros line<strong>al</strong>es de organización de archivo. Para ello se tramitaron vigenciasfuturas <strong>del</strong> año 2009 y 2010 y con esta contratación la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> liberó en lasinst<strong>al</strong>aciones, aproximadamente 300 m2 que se destinarán a la adecuación de la Unidad deAtención Ciudadana – UAC, con lo cu<strong>al</strong> se tendrán espacios apropiados para la prestaciónde un mejor servicio a la ciudadanía.1.9. Adquisición, compra, mejoramiento, construcción y adecuaciónde sedes en las region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es para la Defensoría <strong>del</strong><strong>Pueblo</strong>Este proyecto fue concebido para mejorar la atención <strong>al</strong> usuario y la capacidad deservicio de los funcionarios a través <strong>del</strong> mejoramiento de la distribución arquitectónica <strong>del</strong>as sedes, el fácil acceso a vías de transporte, la ubicación en áreas de uso institucion<strong>al</strong>, lascondiciones de buena iluminación y ventilación, la adecuada conectividad, factores que setuvieron en cuenta para la adquisición de las sedes.
748 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> frontera, por ello la decisión de adquirir las sedes de San Andrés, Norte de Santander yNariño. Así mismo, se compraron las sedes de las region<strong>al</strong>es de C<strong>al</strong>das y Huila. Ver FotosEl proyecto contó con recursos por v<strong>al</strong>or de $2.000 millones y se adquirieron un tot<strong>al</strong>de 2.256 metros cuadrados de construcción.Carrera 4 No. 13-126 San Andrés IslasC<strong>al</strong>le 13 No. 5-112 - Neiva
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>749C<strong>al</strong>le 21 No. 29-74 Barrio Las Cuadras - San Juan de PastoC<strong>al</strong>le 16 No. 3-07 Barrio La Playa – Cúcuta
750 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>“Roberto Camacho Weverberg”Diagon<strong>al</strong> 40A No. 15-21 Teusaquillo – Bogotá, D. C.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>7511.10. Implantación de los procedimientos de atención leg<strong>al</strong> yorientación psicosoci<strong>al</strong> para las víctimas de violaciones a losderechos humanos e infracciones <strong>al</strong> DIH en condiciones deincapacidad económica y soci<strong>al</strong> reinducción para 25 funcionarios, en los procedimientos de atención y gestión, dirigidos a losfuncionarios que desempeñan esta labor en el país, para fort<strong>al</strong>ecer la atención a usuarios quepresentan quejas por graves violaciones a los derechos humanos e infracciones <strong>al</strong> derechointernacion<strong>al</strong> humanitario, en especi<strong>al</strong> las quejas por ejecuciones extr<strong>al</strong>eg<strong>al</strong>es y arbitrarias.La Dirección insiste, en que este tipo de quejas deben tener un tratamiento diferenci<strong>al</strong>en cuanto a los procedimiento, que contribuyan efectivamente a la labor que desempeñanlos operadores de la justicia en el país.2. EL FORTALECIMIENTO DE LA ENTIDAD2.1. El Fort<strong>al</strong>ecimiento de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de DefensoríaPúblicaEsta dependencia la organiza, dirige y controla el Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, a favor de laspersonas que lo requieren para asumir asistencia y representación judici<strong>al</strong> y garantizar elpleno e igu<strong>al</strong> acceso a la administración de justicia en materia pen<strong>al</strong>. Conforme a la Ley941 de 2005.El Sistema Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública-SNDP se encuentra integrado porlos siguientes componentes: los Defensores <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> Region<strong>al</strong>es y Seccion<strong>al</strong>es, losCoordinadores Administrativos y de Gestión, los Coordinadores Académicos, los PersonerosMunicip<strong>al</strong>es, los Defensores Públicos, los abogados particulares vinculados como DefensoresPúblicos para las excepciones previstas en esta ley, los Investigadores, Técnicos y Auxiliares,los Judicantes, los Estudiantes de los Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho, lasque brindan capacitación a los componentes <strong>del</strong> Sistema. También pertenecen, <strong>al</strong> SNDP losprogramas jurídicos que las autoridades indígenas establezcan.la adopción <strong>del</strong> Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio y las medidas de fort<strong>al</strong>ecimiento de la defensa pública,para garantizar el acceso a la administración de justicia a las personas más vulnerables.Res<strong>al</strong>tamos que el posicionamiento obtenido, es el resultado de la capacitación de losoperadores y <strong>del</strong> aporte y acompañamiento de la cooperación internacion<strong>al</strong>, factores quepermitieron avanzar en la dinámica de un proceso de formación a nivel de especi<strong>al</strong>ización,Capacitación y en el montaje de Centros de Prueba Forense.
752 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>En cuanto a los procesos de justicia y paz, con la adopción de nuevas políticas públicasdirigidas a la protección de los derechos y garantías constitucion<strong>al</strong>es de las víctimas <strong>del</strong>población afectada. de operadores necesarios para la atención, además de la circunstancia de la ubicaciónterritorio nacion<strong>al</strong> y distantes de las autoridades judici<strong>al</strong>es competentes.Otro factor limitante de la gestión de los operadores <strong>del</strong> servicio en materia derepresentación de las víctimas, es la lenta dinámica <strong>del</strong> proceso que se deriva de la ley.2.1.1. Unidad operativa de investigación crimin<strong>al</strong>de Defensoría Pública inició la conformación de grupos de investigación de la Fase IV. Sere<strong>al</strong>izó la contratación de 11 investigadores profesion<strong>al</strong>es y técnicos de conformidad conel cronograma establecido en la Ley 906 de 2004, en los Distritos Judici<strong>al</strong>es de la CostaAtlántica y en los departamentos de Norte de Santander, Chocó, Arauca y Casanare, asícomo a la consolidación en la prestación <strong>del</strong> servicio de acompañamiento probatorio,2.1.2. Centr<strong>al</strong> de Información para la Defensa herramienta tecnológica y de soporte técnico para los investigadores y defensores públicos,con la misión de suministrar información de las bases de datos de entidades públicas y privadasque ofrezcan información de interés para la defensa técnica de nuestros usuarios. Para estelogro se han suscrito seis convenios interadministrativos, que se encuentran en operaciónpara proveer a los investigadores de medios ágiles para el desarrollo de sus actividades.Como marco normativo se adoptó un “Manu<strong>al</strong> de uso de formatos para solicitud deinformación”, el cu<strong>al</strong> fue difundido masivamente a todos los investigadores de las fasesI, II y III durante el I Encuentro Nacion<strong>al</strong> de Investigadores re<strong>al</strong>izado en Paipa (Boyacá).Actu<strong>al</strong>mente, la centr<strong>al</strong> de información cuenta con los siguientes convenios. Ver Tabla 3.EntidadFisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la NaciónMinisterio de Tránsito y Transporte.Registraduría Nacion<strong>al</strong> <strong>del</strong> Estado Civil.Base de datos de consultaAntecedentes y anotaciones, mediante correoelectrónico. Centro de Información Sobre ActividadesDelictivas – CISAD.Registro Único Nacion<strong>al</strong> de Transporte – RUNTArchivo Nacion<strong>al</strong> de Identificación –ANI
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>753EntidadProcuraduría Gener<strong>al</strong> de la NaciónInstituto Geográfico Agustín CodazziInstituto Nacion<strong>al</strong> de Medicina y Ciencias ForensesFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – DNDP.Base de datos de consultaSistema Antecedentes Disciplinarios Ordinarios yEspeci<strong>al</strong>es – SIRIRegistro Catastr<strong>al</strong>Sistema de información – SIRDEC2.1.3. Centro de Prueba Forense para la DefensaLa Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, para consolidar el Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio decidió brindardefensa, como es el centro de prueba forense.Por ello, a través de la Unidad Operativa de Investigación Crimin<strong>al</strong> a<strong>del</strong>antó el proyectode creación de los cinco Centros de Prueba Forense para la defensa, con la cooperación<strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia y la Unión Europea en el marco <strong>del</strong> convenioReducción de la Impunidad en Colombia”.de última tecnología a efecto de coadyuvar el fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> principio de igu<strong>al</strong>dad dearmas en el trámite pen<strong>al</strong>, especi<strong>al</strong>mente en lo relacionado con la facultad de obtención deelementos probatorios y de convicción que el Código de Procedimiento Pen<strong>al</strong> reconoce <strong>al</strong>a defensa. Ver Tabla 4.Servicio Ubicación DisponibilidadMédico forense Bogotá Nacion<strong>al</strong>Psícologo JurídicoBogotá - Armenia - Barranquilla -Nacion<strong>al</strong>C<strong>al</strong>iFísico forense Bogotá Nacion<strong>al</strong>Técnico en escena <strong>del</strong> <strong>del</strong>ito Bogotá- Pasto Nacion<strong>al</strong>Fotografía y video Bogotá - C<strong>al</strong>i - Me<strong>del</strong>lín Nacion<strong>al</strong>Planimetría forense Bogotá - Me<strong>del</strong>lín Nacion<strong>al</strong>Grafología y documentología Bogotá Nacion<strong>al</strong>Contaduría forense Bogotá Nacion<strong>al</strong>B<strong>al</strong>ística forense Bogotá - Me<strong>del</strong>lín Nacion<strong>al</strong>Morfología forense Pereira Nacion<strong>al</strong>Sistemas informáticos Bogotá Nacion<strong>al</strong>An<strong>al</strong>ista de información Armenia Nacion<strong>al</strong>Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – UOILos Centros de Prueba Forense, funcionan en Bogotá, Antioquia, V<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca,Norte de Santander y Atlántico y permitirán cubrir y satisfacer las necesidades técnico-
754 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>acceso <strong>al</strong> servicio, ejecución de tareas y entrega de resultados, asegurando así su adecuadofuncionamiento.La cobertura territori<strong>al</strong> de los Centros Forenses para la prestación <strong>del</strong> servicio seproyectó teniendo en cuenta el mapa judici<strong>al</strong> establecido por el Consejo Superior de laJudicatura, las necesidades <strong>del</strong> servicio en las region<strong>al</strong>es y el <strong>al</strong>cance de operatividad <strong>del</strong>os mismos. No obstante lo anterior, en el caso de ser necesaria la utilización de recursosque no estén presentes en el Centro de Prueba Forense asignado, la cobertura <strong>del</strong> servicioestrados judici<strong>al</strong>es, se inició el estudio de los mecanismos que permitan la legitimaciónde un sistema de gestión oponible a los procesos y procedimientos con los que cuenta laFisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación. En t<strong>al</strong> sentido, la acreditación de los laboratorios resulta unpaso obligado para la Dirección <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública. Ver Tabla 5.Centro de Prueba Cobertura ServiciosBogotáAntioquiaV<strong>al</strong>le <strong>del</strong> CaucaNorte de SantanderBogotáCundinamarcaBoyacáTolimaMetaAmazonasGuainíaVaupésVichadaCasanareAntioquiaChocóUrabáMagd<strong>al</strong>ena MédioRisar<strong>al</strong>daQuindíoC<strong>al</strong>dasV<strong>al</strong>le <strong>del</strong> CaucaCaucaNariñoHuilaCaquetáNorte de SantanderSantanderAraucaLaboratorio de b<strong>al</strong>ística y marcas de herramientas(cotejos). Laboratorio de grafología y documentología(cotejos). Laboratorio de lofoscopia. Laboratoriode fotografía y video. Laboratorio de topografía.Laboratorio de reconstrucción de accidentes y escena<strong>del</strong> <strong>del</strong>ito (infografía). Consultorio de MedicinaForense. Consultorio de psicología jurídica.Laboratorio de b<strong>al</strong>ística y marcas de herramientas(cotejos). Laboratorio de grafología y documentología(cotejos). Laboratorio de lofoscopia. Laboratoriode fotografía y video. Laboratorio de topografía.Laboratorio de reconstrucción de accidentes y escena<strong>del</strong> <strong>del</strong>ito (infografía).Laboratorio de b<strong>al</strong>ística y marcas de herramientas(cotejos). Laboratorio de grafología y documentología(cotejos). Laboratorio de lofoscopia. Laboratoriode fotografía y video. Laboratorio de topografía.Laboratorio de reconstrucción de accidentes y escena<strong>del</strong> <strong>del</strong>ito (infografía). Consultorio de PsicologíaJurídica.Laboratorio de b<strong>al</strong>ística y marcas de herramientas(cotejos). Laboratorio de grafología y documentología(cotejos). Laboratorio de lofoscopia. Laboratoriode fotografía y video. Laboratorio de topografía.Laboratorio de reconstrucción de accidentes y escena<strong>del</strong> <strong>del</strong>ito (infografía).
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>755Centro de Prueba Cobertura ServiciosAtlánticoAtlánticoBolívarCesarSucreLa GuajiraMagd<strong>al</strong>enaCórdobaSan AndrésFuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – DNDP.Laboratorio de b<strong>al</strong>ística y marcas de herramientas(cotejos). Laboratorio de grafología y documentología(cotejos). Laboratorio de lofoscopia. Laboratoriode fotografía y video. Laboratorio de topografía.Laboratorio de reconstrucción de accidentes y escena<strong>del</strong> <strong>del</strong>ito (infografía). Consultorio de PsicologíaJurídica.2.1.4. Control de gestión a grupo de investigaciónFueron programadas y ejecutadas ocho visitas de control de gestión a los Grupos deInvestigación en Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Meta, Risar<strong>al</strong>da, C<strong>al</strong>das, Quindío yobjetivos institucion<strong>al</strong>es.Como resultado de ello se generaron ocho informes de gestión que sirvieron de basepara adoptar medidas de mejoramiento en las actividades desarrolladas por el grupo deinvestigadores en cada region<strong>al</strong> y para ello se diseñó un formato de control de gestión queincorpora la información necesaria para la detección de factores de riesgo institucion<strong>al</strong>.Como complemento <strong>al</strong> Control de Gestión en las actividades investigativas se efectuóun acompañamiento a los investigadores y/o peritos expertos en las audiencias de juicioy contrainterrogatorios presentados por la Fisc<strong>al</strong>ía Gener<strong>al</strong> de la Nación.2.1.5. Control de gestión a defensores públicosEl Sistema de control de gestión de defensores públicos se complementó con un“sistema de <strong>al</strong>armas” que permite advertir <strong>al</strong> operador “la toma de medida urgente”. Elaplicativo requirió de una capacitación individu<strong>al</strong> a los operadores de las region<strong>al</strong>es deBogotá, Cauca, Cundinamarca, Huila, C<strong>al</strong>das, Risar<strong>al</strong>da, Quindío, Antioquia, Boyacá,Santander, Magd<strong>al</strong>ena Medio, V<strong>al</strong>le y Vaupés.2.1.6. Enlaces de información con la Corte Suprema de JusticiaLa Dirección Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Publica garantizó a los operadores <strong>del</strong> SistemaPen<strong>al</strong> Acusatorio, el acceso a la información jurisprudenci<strong>al</strong> de la Corte Suprema deJusticia – S<strong>al</strong>a de Casación Pen<strong>al</strong>, en la comprensión de los procesos de comunicación <strong>del</strong>os entes conceptu<strong>al</strong>es más importantes en formas discursivas, que orientan a prácticas de<strong>al</strong>ta c<strong>al</strong>idad, integr<strong>al</strong>idad y sana convivencia.La relatoría comprende tres campos de acción: Jurisprudencia de la Corte Suprema deJusticia, Audiencias relevantes, Casos exitosos.
756 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>La jurisprudencia que expide esta corporación, se remite a los diferentes operadores <strong>del</strong>sistema para que sea an<strong>al</strong>izada, estudiada y aplicada a nivel pedagógico o en la aplicación decasos que llevan los defensores públicos.Las audiencias relevantes, contienen aspectos que deben ser tenidos en cuenta por losoperadores, dado que reportan un v<strong>al</strong>or agregado en términos de aprendizaje.Los casos exitosos corresponden a los casos con f<strong>al</strong>lo favorable que denotan una nuevaperspectiva de análisis o abordamiento de una situación jurídica.2.1.7. Capacitación orientada a la Unidad de Investigación Crimin<strong>al</strong>criterios en materia de actividades perici<strong>al</strong>es en el área de Psicología forense para losdefensores públicos, relacionados con: guía de elementos teóricos básicos y conocimientospara la elaboración <strong>del</strong> informe de actividades perici<strong>al</strong>es a los Defensores Públicos.Se presentó el documento “Manu<strong>al</strong> de Entrevista Forense” para uso de investigadoresy profesion<strong>al</strong>es <strong>del</strong> derecho en el Sistema Or<strong>al</strong> Acusatorio.Se re<strong>al</strong>izó el Primer Encuentro Nacion<strong>al</strong> de Investigadores para la Defensa en Paipa– Boyacá, con el apoyo <strong>del</strong> Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, la Unión Europea y laUniversidad Militar Nueva Granada, en el marco <strong>del</strong> “Proyecto de Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong>Sector Justicia para la Reducción de la Impunidad en Colombia”, en el cu<strong>al</strong> se establecieronlos lineamientos esenci<strong>al</strong>es de investigación defensori<strong>al</strong> y se entregaron documentos deinterés para el grupo de investigadores y peritos.Se apoyó la capacitación de los defensores públicos en Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio -Fase IV que comprende: Arauca, Norte de Santander, Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba,Magd<strong>al</strong>ena y Chocó.Se elaboró el Módulo de capacitación en investigación crimin<strong>al</strong> y ciencias forenses,res<strong>al</strong>tando la necesidad de plantear un mo<strong>del</strong>o gerenci<strong>al</strong> de la actividad proces<strong>al</strong> pen<strong>al</strong>, queesté acorde con las exigencias <strong>del</strong> proceso pen<strong>al</strong> acusatorio y la responsabilidad que tieneel defensor público como director de la investigación para la defensa. Fueron capacitadosSe inicio la especi<strong>al</strong>ización virtu<strong>al</strong> “Gerencia de investigación crimin<strong>al</strong> y juzgamiento”como parte de la ejecución <strong>del</strong> Convenio de Cooperación de la Unión Europea con elMinisterio <strong>del</strong> Interior y de Justicia, en el marco <strong>del</strong> “Proyecto de Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> SectorJusticia para la Reducción de la Impunidad en Colombia”. La especi<strong>al</strong>ización consta de tresmódulos: Sistema Acusatorio Fases I y II, Gerencia de Procesos Judici<strong>al</strong>es, metodología <strong>del</strong>a investigación de la defensa, trabajo en equipo, escena <strong>del</strong> <strong>del</strong>ito y cadena de custodia ycrimin<strong>al</strong>ística y medicina leg<strong>al</strong> desde la perspectiva de la defensa.2.1.8. Capacitación a estudiantes de los consultorios jurídicosDe acuerdo con la Resolución 713 de 2005 que reglamenta la prestación <strong>del</strong> servicio deasistencia leg<strong>al</strong> y representación judici<strong>al</strong> de los estudiantes <strong>del</strong> Consultorio Jurídico de las
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>757facultades de derecho como componentes <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública, laUnidad de Capacitación e Investigación <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública, creóun temario teórico-práctico actu<strong>al</strong>izado con los cambios Jurisprudenci<strong>al</strong>es, las novedadeslos estudiantes de Consultorio Jurídico en el Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio, Ley 906 de 2004.El la Tabla 6, observamos las universidades vinculadas y los estudiantes de consultoriosjurídicos capacitados.REGIONAL UNIVERSIDAD AsistentesBogotá Universidad INCA 45Universidad Católica 60Universidad Militar 100Universidad Antonio Nariño 50Universidad Santo Tomás 25Universidad Cooperativa 25Universidad San Martín 35Universidad la Gran Colombia 50Universidad Autónoma 70Universidad Libre 80Universidad Uniciencia 15Universidad Los Libertadores 25Universidad El Rosario 35Universidad Nacion<strong>al</strong> 30Santander Universidad de San Gil 60Universidad Santo Tomas 20Universidad Cooperativa 10Universidad Uniciencia 5Universidad Autónoma 10Boyacá Universidad de Boyacá 25Universidad Pedagógica yTecnológica de Colombia20Universidad Santo Tomás 35Universidad Antonio Nariño 20C<strong>al</strong>das Universidad de Maniz<strong>al</strong>es 15Universidad de C<strong>al</strong>das 13Antioquia Universidad Cooperativa 10Universidad de Envigado 15Universidad de Me<strong>del</strong>lín 10Universidad San Buenaventura 10Universidad Autónoma 10Risar<strong>al</strong>da Universidad Libre de Pereira 20Cauca Universidad de Popayán 8Universidad Cooperativa 7
758 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>REGIONAL UNIVERSIDAD AsistentesV<strong>al</strong>le <strong>del</strong> Cauca Universidad Santiago de C<strong>al</strong>i 20Universidad Cooperativa 10Tolima Universidad de Ibagué 10Universidad Cooperativa 10Bolívar Universidad de Cartagena 70Córdoba Universidad <strong>del</strong> Sinú 25Universidad Cooperativa 10Huila Universidad Surcolombiana 20Universidad Cooperativa 10Universidad Antonio Nariño 25Tot<strong>al</strong> 1,178Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> – DNDP.2.1.9. Capacitación a operadores sobre el Sistema Pen<strong>al</strong> AcusatorioSe re<strong>al</strong>izó un seminario t<strong>al</strong>ler en Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio con énfasis en Fundamentos<strong>del</strong> Sistema Pen<strong>al</strong> Acusatorio, Investigación y estrategia de defensa, Audiencias preliminaresy juicio or<strong>al</strong>, S<strong>al</strong>idas <strong>al</strong>ternas, La prueba, Ley de Pequeñas Causas, dirigido a los operadoresMarta, Cúcuta, Barranquilla y Cartagena.Dentro <strong>del</strong> proceso de capacitación se continúo con el mo<strong>del</strong>o La Barra de DefensoresPúblicos que tiene como objetivo permanente desarrollar, fort<strong>al</strong>ecer y profundizar elacadémico concurrieron asesores, coordinadores administrativos y de gestión, defensorespúblicos, investigadores y/o peritos, egresados de las facultades de derecho y estudiantesde consultorio jurídico.En regiones donde se cuenta con Coordinador Académico las Barras Descentr<strong>al</strong>izadasCaquetá, Urabá, Putumayo, Chocó y Tolima, capacitándose a los operadores sobre defensatécnica y otros aspectos jurídicos.2.1.10. Capacitación a servidoresSe llevó a cabo el t<strong>al</strong>ler sobre “Técnicas avanzadas de comunicación y relacioneshumanas con programación neurolingüística”, en el cu<strong>al</strong> participaron 46 servidoresfort<strong>al</strong>eciéndose el crecimiento person<strong>al</strong> de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública.2.1.11. Publicacionesa) La Defensoría Pública en cifras (2.000 ejemplares), Manu<strong>al</strong> <strong>del</strong> investigador(5.000 ejemplares), Manu<strong>al</strong> de entrevista forence (5.000 ejemplares) y el Código
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>759de procedimiento pen<strong>al</strong> (1.500 ejemplares y 1.500 CD), con recursos de la UniónEuropea y el Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia.b) Europea, la Universidad Militar Nueva Granada y el Ministerio <strong>del</strong> Interior y de Justicia.c) Plan Operativo <strong>del</strong> Sistema Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública para la Implementaciónpúblico, para que desempeñe su función en igu<strong>al</strong>dad de condiciones, frente <strong>al</strong> enteacusador. La Publicación contó con el apoyo de USAID.2.2. El fort<strong>al</strong>ecimiento en materia de atención y trámite de quejas<strong>del</strong> SIG/DDR institucion<strong>al</strong>, que contribuirá <strong>al</strong> registro, monitoreo y seguimiento de losprocesos de desmovilización, desarme, reincorporación y reintegración a la vida civil deactores armados en el país, que entrará en funcionamiento en el año 2009, en las Region<strong>al</strong>esde: Antioquia, Urabá, Córdoba, Sucre, Magd<strong>al</strong>ena, Cesar, Norte de Santander, Santandery Magd<strong>al</strong>ena Medio.El Visión Web, es una herramienta que facilita el control y reporte de informaciónpara el desarrollo <strong>del</strong> aplicativo Visión para el registro de gestión de las peticiones, seajustaron las tablas sobre derechos y conductas vulneratorias de derechos humanos einfracciones <strong>al</strong> derecho internacion<strong>al</strong> humanitario, así como los presuntos responsables,de conformidad con la adopción de nuevos catálogos de derechos por la normatividadinterna en la materia. Para el logro mencionado fue necesario actu<strong>al</strong>izar el Manu<strong>al</strong> de Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario, el Manu<strong>al</strong> de Procesos y Procedimientos para laAtención y Trámite de Peticiones y el Programa Visión para el registro de las peticiones yel monitoreo y seguimiento a la gestión defensori<strong>al</strong> y a la situación de derechos humanos yderecho internacion<strong>al</strong> humanitario. Aplicativo a implementarse en el año 2009.Se construyeron las hojas de vida y los respectivos Indicadores para el Observatoriode Monitoreo y Seguimiento <strong>al</strong> Derecho a la Vida y para el de Graves Violaciones a losDerechos Humanos e Infracciones <strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario. Con ello sevisibilizará garantía de los derechos a la vida, y los derechos y conductas objeto de laPolítica Pública de Lucha contra la Impunidad por Graves Violaciones a los DerechosHumanos e Infracciones <strong>al</strong> Derecho Internacion<strong>al</strong> Humanitario a saber: Ejecucionesarbitrarias, Ejecuciones arbitrarias de conocimiento de organismos internacion<strong>al</strong>es deprotección de derechos humanos, Homicidios en personas protegidas, Homicidio de
760 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>personas bajo custodia <strong>del</strong> Estado por encontrarse privados de la libertad, Homicidiosmúltiples en personas protegidas o masacres, Derecho a la Integridad person<strong>al</strong> y derechoa no ser sometido a desaparición forzada.2.3. El fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> de los sistemas de información.2.3.1. Infraestructura Informática y ComunicacionesDebemos destacar varios hechos que han fort<strong>al</strong>ecido la estructura informática y decomunicaciones de la entidad, durante los últimos años en TIC. En primer lugar, a comienzos impresoras y scanner a todas las Defensorías Region<strong>al</strong>es/Seccion<strong>al</strong>es y las sedes de nivelcentr<strong>al</strong>, quedando tot<strong>al</strong>mente <strong>al</strong> día en necesidades de equipos de última tecnología.En segundo lugar, se fort<strong>al</strong>eció la conectividad a Internet con can<strong>al</strong>es dedicados, enpara atender los requerimientos de envío/recepción de información. También servirán a laentidad para los nuevos usos de Internet como las Videoconferencias y las comunicacionesde voz por Internet llamada VoIP.En tercer lugar, con la adquisición de sedes propias para las Defensorías Region<strong>al</strong>es/Seccion<strong>al</strong>es, se ha aplicado el criterio técnico de construir redes de cableado estructuradointegrando voz, datos y teléfono. Las sedes arrendadas básicamente están dotadas de redesin<strong>al</strong>ambricas para facilitar las inst<strong>al</strong>aciones/desinst<strong>al</strong>aciones.En cuarto lugar, se han creado cerca de tres mil cuentas de correo electrónico condominio de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> (defensoria.org.co), cubriendo prácticamente a todoperson<strong>al</strong> con relación labor<strong>al</strong> con la entidad, en particular con los Defensores Públicos.2.3.2. Sistemas de Información y AplicativosConsideramos de máxima importancia, desde el punto de vista estratégico institucion<strong>al</strong>, loslo mismo que los recursos tecnológicos para mostrar la entidad a través de su port<strong>al</strong> Web.Lo anterior los hemos <strong>al</strong>canzado con la participación <strong>del</strong> t<strong>al</strong>ento humano de planta,lo mismo que con personas y empresas especi<strong>al</strong>izadas externas. Cada día aparecen másnecesidades de desarrollos informáticos producto de la importancia que viene teniendola Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> a nivel nacion<strong>al</strong> e internacion<strong>al</strong>, que requieren mayor mano derespuesta con recursos propios.Por t<strong>al</strong> razón existen proyectos en diferentes estados de desarrollo desde los que solotenemos simples enunciados de necesidades, hasta los que han superado los procesosde implementación y ajustes. Varios de ellos tuvieron origen en desarrollos hechos poringenieros externos caso SIAF, GINEBRA-VISION, SISAT, VISION WEB SPOA etc.,como los propios, caso Registro de Acciones Populares-RAP y el Registro de Acciones de
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>761Grupo-RAG que se iniciaron en el 2002, con un piloto en el 2003 para el RAP, dando inicio<strong>del</strong> RAG, integrando en el mismo desarrollo las acciones populares y las de grupo.Igu<strong>al</strong>mente desde hace varios años se hizo el desarrollo de la PRECONSULTA yNOPENAL, aplicado en la Region<strong>al</strong> Bogotá-CAC, esperando que la Dirección Nacion<strong>al</strong>de Defensoría Pública, an<strong>al</strong>ice y podamos hacer los ajustes para extenderlo a todo el país.Cuando mencionamos el creciente número de proyectos que tenemos con diferentesgrados de desarrollo y participación de t<strong>al</strong>ento humano especi<strong>al</strong>izado, nos referimos a losque implican simultáneamente trabajo de mantenimiento, soporte y desarrollo de nuevosrequerimientos, ajustes, completar o iniciar su desarrollo: SPOA, NO PENAL, RAP/G,SIAF, SIIF, SISAT, Pen<strong>al</strong> Militar, Casación, Investigadores, 1.542, Menor Infractor,Consultorio Jurídico, Atención Especi<strong>al</strong>izada, Atención Descentr<strong>al</strong>izada, Promocióny Divulgación, Veeduría, Recursos y Acciones Judici<strong>al</strong>es, PROSEDHER, SERCAI,Desplazados, Justicia y Paz ( Interinstitucion<strong>al</strong>, Asesorías y Consultas, RepresentaciónJudici<strong>al</strong> a Víctimas, Representación Judici<strong>al</strong> a Desmovilizados), Gestión Document<strong>al</strong>, Se continúo el Proyecto ATQ, como uno de los Sistemas de Información de máximaimpacto y complejidad para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> teniendo en cuenta que con estaherramienta se automatizará por Internet las peticiones (quejas, asesorías y consultas) quelleguen a cu<strong>al</strong>quier Defensoría Region<strong>al</strong> o Seccion<strong>al</strong>, quedando <strong>al</strong>macenadas directamenteen el “servidor” <strong>del</strong> Centro de Cómputo de la entidad en Bogotá.Estamos en una creciente tendencia de concebir, desarrollar y entregar Sistemas deInformación interinstitucion<strong>al</strong>es, como Justicia y Paz, Trata de Personas, Personas Desaparecidas.Estos se manejan como grandes Proyectos de Sistemas de Información contratados tot<strong>al</strong>mentecon empresas/personas externas desde el estudio de las necesidades, ingeniería de requerimientos,equipos <strong>al</strong>tamente especi<strong>al</strong>izados de desarrollo, equipos para la implementación, pruebas,capacitación, documentación, equipo de Interventoría, Gerencia y Administración.de Sistemas, como de person<strong>al</strong> externo, no <strong>al</strong>canza a cubrir todas las necesidades actu<strong>al</strong>esy por la dinámica que está manejando la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, obligada a responder cadadía a más compromisos de ley, debemos esperar muchos más requerimientos de desarrollode Sistemas de Información.Por todo lo anterior, reiteramos el hecho que la situación de los Sistemas de Informacióny/o Aplicativos en sus diferentes estados de desarrollo, todos bajo WEB, institucion<strong>al</strong>es y/ointerinstitucion<strong>al</strong>es, son estratégicos para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Tenemos inscrito comoparte <strong>del</strong> Proyecto de Modernización y Estratégico de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, los Sistemasde Información, en el Banco de Proyectos <strong>del</strong> Departamento Nacion<strong>al</strong> de Planeación.2.3.3. Desarrollo de Internet/Intranet y otrosdiseño, programación, bases de datos y contenidos <strong>del</strong> Port<strong>al</strong> Web de la Defensoría <strong>del</strong>
762 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong><strong>Pueblo</strong>, aplicando la estandarización de contenidos según los lineamientos <strong>del</strong> Manu<strong>al</strong> deImplementación de Gobierno en Línea-GEL, publicado por la Agenda de Conectividad<strong>del</strong> Ministerio de Comunicaciones.Se lograron avances tecnológicos como: Implementación <strong>del</strong> uso de videos y audiosen el Port<strong>al</strong>; Diseño y Desarrollo de módulos para eventos institucion<strong>al</strong>es; Diseño yactu<strong>al</strong>ización de la información sobre el Sexto Concurso Universitario de DerechosHumanos; Desarrollo <strong>del</strong> Módulo de Estadísticas de acceso <strong>al</strong> Port<strong>al</strong> que permite elreconocimiento cuantitativo y cu<strong>al</strong>itativo de los usuarios <strong>del</strong> Port<strong>al</strong> para una mejorprestación <strong>del</strong> servicio; Actu<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> módulo Ser Más Humano www.sermashumano.org.co; Desarrollo <strong>del</strong> módulo de administración de noticias que permite adición deDebemos destacar el trabajo re<strong>al</strong>izado para la plataforma de la INTRANET Institucion<strong>al</strong>haciendo los ajustes a la base de datos, actu<strong>al</strong>izando la programación y la interfaz <strong>del</strong> usuario,desarrollo de módulos de administración diseño y programación de tres s<strong>al</strong>as de ChatUniversidad Católica y ATR.2.4. La Cooperación Internacion<strong>al</strong>2.4.1. Gestión de la Unidad de Coordinación de la CooperaciónInternacion<strong>al</strong> - UCCI -La Unidad de Coordinación de la Cooperación Internacion<strong>al</strong> – UCCI, fue creadamediante Resolución No. 375 <strong>del</strong> 13 de junio de 2005, expedida por el Despacho <strong>del</strong>señor Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, con funciones t<strong>al</strong>es como: el diseño de lineamientos de políticainstitucion<strong>al</strong> en materia de cooperación; el acompañamiento a las diferentes dependenciasde la Entidad en la formulación, gestión y control de proyectos de cooperación; lapor las diferentes instancias, así como la coordinación interinstitucion<strong>al</strong> con todas lasdependencias <strong>del</strong> Gobierno, el Ministerio Público y Fuentes Internacion<strong>al</strong>es y ONGnacion<strong>al</strong>es e internacion<strong>al</strong>es, entre otras.Institucion<strong>al</strong> vigente y los planes operativos anu<strong>al</strong>es-POA, contando con el apoyo técnicode los consultores de la GTZ, se reformuló la Estrategia de Cooperación Internacion<strong>al</strong>de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, nombrando Secretarias Ejecutivas de cada eje, a través <strong>del</strong>as cu<strong>al</strong>es, se facilita la integración de las actividades de las diferentes dependencias de laDefensoría, no sólo en el proceso de formulación de proyectos sino en el cumplimiento cumplir de manera satisfactoria la misión institucion<strong>al</strong>.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>763Para continuar con el proceso de fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong> y en coordinación con la darle sostenibilidad en la Entidad, en su labor de articulación interna y externa en el temade cooperación internacion<strong>al</strong>.<strong>del</strong> Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se re<strong>al</strong>izó unt<strong>al</strong>ler destinado a adquirir conocimientos y experiencia para la formulación de indicadores conénfasis en derechos humanos, el cu<strong>al</strong> ha servido de base para elaborar los de cada dependencia.de cooperación internacion<strong>al</strong> para la ejecución de actividades destinadas a la promoción,de actividades de proyectos como: el Fort<strong>al</strong>ecimiento Sistema de Alertas Tempranas –SAT; el Programa de Atención a Comunidades en Riesgo; el Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> SectorJusticia y Plan Nacion<strong>al</strong> de Educación en Derechos Humanos – PLANEDH –.De otra parte, continúa vigente desde 2004, el apoyo brindado por los consultores <strong>del</strong>a Agencia Técnica de Cooperación Alemana – GTZ, con el asesoramiento en el procesode ejecución <strong>del</strong> proyecto Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> Estado de Derecho – Fort<strong>al</strong>esder, cuyosde carácter técnico.organismos de cooperación internacion<strong>al</strong> que han apoyado la ejecución de proyectos en la o . 1Cuadro N o . 1Miles de pesosCOOPERANTE 2005 2006 2007 2008 TOTALAgencia Sueca para el Desarrollo Internacion<strong>al</strong>- Asdi1.863.349 2.543.122 2.540.765 1.548.954 8.496.190USAID Justicia 1.036.855 1.036.855USAID/Derechos Humanos 1.865.760 1.865.760USAID/O.I.M. 120.000 793.930 689.030 254.130 1.857.090
764 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>COOPERANTE 2005 2006 2007 2008 TOTALAlto Comisionado de las Naciones Unidas par<strong>al</strong>os Refugiados - ACNUR515.000 710.270 846.960 1.105.175 3.177.405Unión Europea 0 273.814 3.448.683 2.769.505 6.492.002Fundación Konrad Adenauer 52.900 84.555 30.976 24.800 193.231Gobierno de Dinamarca 118.225 253.226 0 0 371.451Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia- UNICEF281.560 195.970 0 143.605 621.135Embajada de Suiza 180.917 137.761 155.000 473.678Embajada Británica 110.479 199.697 145.280 148.101 603.557Embajada <strong>del</strong> Reino de Bélgica 0 0 339.708 426.251 765.959Gobierno de It<strong>al</strong>ia 0 0 242.498 242.498Países Bajos 362.000 362.000TOTAL APORTES COOPERACIÓN 3.061.513 5.235.501 8.179.163 10.082.634 22.285.739PRESUPUESTO DEFENSORÍA DEL PUEBLO 64.759.000 84.802.000 118.662.818 152.171.800 420.395.818PARTICIPACIÓN DE LA COOPERACIÓN % 4.72 6.17 6.89 6.62para 2005 - 2007 de:USAID, que corresponden <strong>al</strong> sector Justicia $631.941.000 y para DerechosHumanos $5.771.470. Territori<strong>al</strong>es.Orientaciónpsicojurídica para las víctimas de la Costa Caribe y en Bogotá en el marco de la Ley deJusticia y Paz.proyecto Redes Territori<strong>al</strong>es de apoyo a la gestión defensori<strong>al</strong>.Incluidos los v<strong>al</strong>ores citados en el párrafo anterior, se concluye que los aportes tot<strong>al</strong>esde la cooperación en los últimos cuatro (4) años an<strong>al</strong>izados <strong>al</strong>canzan la cifra de $33.271para la ejecución de los diferentes proyectos, comparado con el presupuesto de l<strong>al</strong>os recursos, obedece <strong>al</strong> hecho de encontrarse en proceso de negociación varios proyectosque se vencen en el último trimestre de la vigencia en análisis y cuyos resultados se veránDe otra parte, si se relacionan el tot<strong>al</strong> de los aportes de la cooperación con el tot<strong>al</strong> <strong>del</strong>
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>765 Suscripción <strong>del</strong> convenio de cooperación con la Embajada de It<strong>al</strong>ia para eldesarrollo <strong>del</strong> proyecto Redes Territori<strong>al</strong>es Apoyo a la Gestión Defensori<strong>al</strong> Descentr<strong>al</strong>izada,a ser ejecutado en Región de Urabá: Antioquia: , Carepa, Turbo.Especi<strong>al</strong>mente en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó; : Ungía,Riosucio, Acandí, con el objeto de consolidar redes comunitarias e institucion<strong>al</strong>espara la defensa y protección de los derechos humanos e investigación sobre elestado de cumplimiento de los derechos soci<strong>al</strong>es, civiles y políticos. Firma de los convenios con la embajada Suiza para la ejecución de las de RedesTerritori<strong>al</strong>es de apoyo a la gestión defensori<strong>al</strong>, en zonas como Montes de Maríay Arauca, re<strong>al</strong>izando investigaciones sobre la situación de los derechos humanosen apoyo a instituciones y organizaciones soci<strong>al</strong>es y capacitando a personeros yautoridades civiles y municip<strong>al</strong>es que tengan que tomar decisiones que afecten entemas de derechos humanos de las poblaciones de esas zonas. <strong>del</strong> proyecto presentado y aprobado en 2007, y la Embajada Británica para laejecución <strong>del</strong> proyecto Presencia permanente de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en zonas de <strong>al</strong>toriesgo de desplazamiento forzadoAtención a la Población Desplazada. Como resultado <strong>del</strong> proceso de formulación y acompañamiento a las <strong>del</strong>egadas deMinorías Étnicas y Derechos Colectivos, se aprueba el proyecto Acción Defensori<strong>al</strong>sobre Tierras, Territorios y Bienes Patrimoni<strong>al</strong>es,Embajada Británica y el Consejo Noruego para los Refugiados. Asesoramiento en la formulación de los siguientes proyectos:1. Segunda etapa <strong>del</strong> Programa Region<strong>al</strong>izado, presentado ante la Asdi/Embajada deSuecia, mediante el cu<strong>al</strong> se han fort<strong>al</strong>ecido los procesos participativos, atendido <strong>al</strong>as organizaciones de población civil en las regiones en donde opera el Programa,que viene apoyando las Escuelas de Participación en gestión y presupuestosparticipativos a líderes de organizaciones soci<strong>al</strong>es en 23 departamentos <strong>del</strong> paísy cerca de 74 municipios, así como contando con la presencia efectiva de losla población desplazada o en riesgo de desplazamiento. Fin<strong>al</strong>mente, apoyo a lagestión institucion<strong>al</strong> sobre asesoramiento para la elaboración y seguimiento deplanes estratégicos y planes funcion<strong>al</strong>es que coordinan y articulan las actividadesde dependencias <strong>del</strong> nivel centr<strong>al</strong> con las Region<strong>al</strong>es y de estas con los proyectosejecutados en sus departamentos.2. Fort<strong>al</strong>ecimiento de la acción defensori<strong>al</strong> de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> en lascomunidades desplazadas y en riesgo de desplazamiento, presentado y aprobadopor la ACNUR.3. En coordinación con la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Defensoría Pública y la Delegadapara la Niñez, la Mujer y la Juventud, participación en la formulación <strong>del</strong> proyectoFormación <strong>del</strong> Código de la Infancia y Adolescencia, para defensores públicos y funcionariosde la Entidad, ejecutado con recursos de la UNICEF y la coordinación de laUniversidad <strong>del</strong> Rosario.
766 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>4. Participación en la formulación <strong>del</strong> proyecto Ventana de Paz a presentarse ante elPNUD y la Embajada de España, para el fort<strong>al</strong>ecimiento de la institucion<strong>al</strong>idadloc<strong>al</strong> y proyectos productivos, a ejecutarse en el departamento de Nariño. La UCCI, como parte de su función institucion<strong>al</strong>, participa en las reunionesprogramadas por el Consejo Consultivo Interinstitucion<strong>al</strong> e Intergubernament<strong>al</strong> deDemocracia y Justicia,información, generar sinergias y fort<strong>al</strong>ecer la articulación mision<strong>al</strong> con las instanciasde cooperación. En él participan organismos de cooperación internacion<strong>al</strong>,especi<strong>al</strong>mente USAID. Las acciones tomadas están encaminadas <strong>al</strong> Fort<strong>al</strong>ecimientode Estado de Derecho. Reuniones en comisiones mixtas, preparatorias para el Seminario T<strong>al</strong>ler sobreCooperación Sur – Sur, organizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y coordinar acciones humanitarias entre entidades <strong>del</strong> Estado colombiano como laProcuraduría Gener<strong>al</strong> de la Nación, la Fisc<strong>al</strong>ía, la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, Ministerio<strong>del</strong> Interior y de Justicia y organismos de cooperación internacion<strong>al</strong> para elfort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> Sector Justicia. Suscripción de un convenio entre la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, la Universidad deSan Buenaventura y la Escuela Latinoamericana de Cooperación Internacion<strong>al</strong>con sede en Cartagena, para la re<strong>al</strong>ización en esa ciudad <strong>del</strong> Diplomado “Tutelade Derechos Humanos y Cooperación Internacion<strong>al</strong>”, evento que se llevó a cabo entredocentes funcionarios de la Dirección Nacion<strong>al</strong> de Promoción y Divulgación, de UCCI y la Region<strong>al</strong> Bolívar.Se encuentran vigentes convenios con las Defensorías <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> de Perú y Bolivia,cuyo objetivo es re<strong>al</strong>izar intercambio de experiencias en temas. A la similar <strong>del</strong> Perú sellevó a cabo una visita de funcionarios de la Delegada de Indígenas y Minorías Étnicas paraElaboración <strong>del</strong> Protocolo de Comunicaciones en coordinación con la <strong>del</strong>egadarespectiva y un consultor <strong>del</strong> Programa, documento que contiene la manera de presentarinformación institucion<strong>al</strong>.Proceso de comunicaciones: documento elaborado, v<strong>al</strong>idado y aprobado por lasdependencias respectivas y que contiene la caracterización de los respectivos trámites,factores de riesgo, indicadores, etc.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>767 Re<strong>al</strong>ización de una mesa de cooperantes, espacio destinado a presentar resultados deque se encuentran formulados en el marco de la Estrategia de Cooperación y el Planindividu<strong>al</strong> para el apoyo a actividades mision<strong>al</strong>es. A él asisten directivos de la Defensoríay la tot<strong>al</strong>idad de los organismos de cooperación que apoyan a nuestra Entidad. Soci<strong>al</strong>ización <strong>del</strong> Manu<strong>al</strong> de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación de proyectos de cooperación,documento para ser aplicado a los proyectos vigentes. buscar recursos <strong>del</strong> presupuesto nacion<strong>al</strong> para dar sostenibilidad a la Unidad deCooperación Internacion<strong>al</strong>, con recursos <strong>del</strong> presupuesto nacion<strong>al</strong>. visitas a 17 region<strong>al</strong>es y seccion<strong>al</strong>es, para fort<strong>al</strong>ecer la capacidad en formulación deproyectos y articulación de los planes de acción <strong>del</strong> nivel centr<strong>al</strong> con las region<strong>al</strong>esarticular los planes de acción institucion<strong>al</strong> y de proyectos de cooperación <strong>del</strong> nivelcentr<strong>al</strong> con los de las region<strong>al</strong>es. Asesoramiento en la formulación de la tercera etapa <strong>del</strong> Programa Region<strong>al</strong>izado,para el periodo mayo de 2009 a diciembre de 2012, a presentarse ante la Asdi/Embajada de Suecia.2.4.2. La Cooperación Técnica Alemana Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>, es decir, a los logros, aspectos y áreas que se fort<strong>al</strong>ecieron durantelos últimos cuatro años de ejecución.La experiencia conjunta entre Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> y la Cooperación Técnica Alemana– GTZ – se ha desarrollado en varios ámbitos a saber, en el estratégico de la gestión yplaneación institucion<strong>al</strong>; en el mejoramiento de procesos y procedimientos gener<strong>al</strong>menteválidos para la entidad; En la orientación conceptu<strong>al</strong> y estratégica respecto a la atencióna víctimas; y en una experiencia piloto para la atención a la población en situación dedesplazamiento, en áreas diferentes pero cruci<strong>al</strong>es para la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. A esto sesu fort<strong>al</strong>ecimiento vía inducción y capacitación a servidores.a las múltiples funciones que debe atender en poco tiempo con <strong>al</strong>ta c<strong>al</strong>idad y compromisoideológico. En ese universo de múltiples factores incluyentes, se lograron productos y
768 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>Los órganos estat<strong>al</strong>es a los que asesora el proyecto y los que se encargan según laConstitución colombiana de la protección <strong>del</strong> Estado de Derecho (particularmenteel Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, y los órganos de controlEl objetivo gener<strong>al</strong> estuvo previsto para una duración de 10 años, contando con unde asesoría y de trabajo de co-construcción entre entidades colombianas y el equipo GTZen el marco <strong>del</strong> Proyecto :El proyecto basó su intervención en los principios de la GTZ: Ayuda a la autoayuda. Participación. Principio de mínima intervención. Orientación a los grupos destinatarios. Responsabilidad propia de la contraparte.Estos principios contribuyeron <strong>al</strong> fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> T<strong>al</strong>ento Humano y <strong>al</strong> desarrollode capacidades y competencias tanto individu<strong>al</strong>es como institucion<strong>al</strong>es. Los resultados yen el tiempo depende <strong>del</strong> compromiso de los diversos agentes <strong>del</strong> proceso de cambio,asegurando la sostenibilidad de la asesoría a través <strong>del</strong> uso, apropiación de los productos yvisibilización de los resultados <strong>al</strong>canzados y sus impactos.El trabajo se inició con el ajuste <strong>del</strong> plan estratégico institucion<strong>al</strong>, aspecto que permitió <strong>al</strong> formas de trabajo que facilitaran el desarrollo de la misión constitucion<strong>al</strong>.Es de res<strong>al</strong>tar que en este nuevo Plan se lograron integrar la capacitación a losfuncionarios y el mejoramiento de la gestión como políticas institucion<strong>al</strong>es, lo que permitiógenerar acciones puntu<strong>al</strong>es con miras <strong>al</strong> mejoramiento y fort<strong>al</strong>ecimiento institucion<strong>al</strong>.y Cooperación Internacion<strong>al</strong> en la articulación de los planes operativos y los programas desarrollado acciones que producen una visión de integr<strong>al</strong>idad a la actividad defensori<strong>al</strong> entodo el territorio nacion<strong>al</strong>.la Acción, Atención, Soporte Administrativo, Estrategias de Información y Capacitaciónde Planeación. Para facilitar la consulta y asegurar la estandarización de los procedimientos
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>769documentados, se construyeron, imprimieron y soci<strong>al</strong>izaron los manu<strong>al</strong>es de cada uno <strong>del</strong>os Macroprocesos bajo los lineamientos de la norma internacion<strong>al</strong> ISO 9001.En el marco de los proyectos de investigación, se apoyó <strong>al</strong> Programa de seguimientoy ev<strong>al</strong>uación de las políticas públicas de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> –PROSEDHER– yse establecieron Protocolos de Seguimiento y Ev<strong>al</strong>uación <strong>del</strong> Cumplimiento de lasObligaciones <strong>del</strong> Estado Colombiano en materia <strong>del</strong> derecho a la s<strong>al</strong>ud y a la <strong>al</strong>imentación,públicas con miras a la re<strong>al</strong>ización plena de estos derechos en el país.También se trabaja con el Macroproceso de Capacitación y en el año 2007 la Defensoríaasume la responsabilidad <strong>del</strong> liderazgo de la red y de áreas (programas temáticos) decapacitación <strong>al</strong> interior de la institución, más la interrelación, como por ejemplo el I.E.M.P.Dada la importancia <strong>del</strong> tema se diseñó como núcleo técnico, un ciclo de capacitaciónque contiene las etapas necesarias para el desarrollo de una actividad de capacitaciónformación:Manu<strong>al</strong> de diagnóstico de necesidades de capacitación, Manu<strong>al</strong> de diseñocurricular y Manu<strong>al</strong> de ev<strong>al</strong>uación de reacción.A la vez se llevó a cabo la implementación de un proceso de inducción a nuevosfuncionarios a nivel centr<strong>al</strong>, como también a nivel region<strong>al</strong> y seccion<strong>al</strong>. La inducciónapunta a la construcción de una “identidad corporativa”. Se está planteando lo que será elprograma de reinducción.Se seleccionó entre Defensoría y GTZ, a la Unidad de Coordinación de Atención <strong>al</strong>Desplazamiento Forzado (UCADF), por el interés e importancia estratégica <strong>del</strong> tema en lagestión defensori<strong>al</strong>. Esta Unidad, apoyada por tres cooperantes, Suecia, Reino Unido UK yNaciones Unidas, desarrolla su labor a través de tres ejes (Defensores Comunitarios, Zonascomo sensibles y que prestan sus servicios como asesores y guías de la comunidaddesplazada, en riesgo de desplazamiento o poblaciones receptoras de desplazados.Se re<strong>al</strong>izó por parte <strong>del</strong> proyecto Fort<strong>al</strong>EsDer un diagnóstico de necesidades medianteentrevistas con actores clave, a través de “análisis de stake-holders”, permitiendo conocerlas necesidades y determinar las metodologías, herramientas y productos que se debíandesarrollar para mejorar el trabajo que presta la Unidad de Atención <strong>al</strong> DesplazamientoForzado UCADF a la población desplazada en el marco de tres áreas de acción, loestratégico, el reordenamiento y la profesion<strong>al</strong>ización de la Unidad.a la superación de desplazamiento forzado y los efectos <strong>del</strong> mismo, a través de estrategiasde intervención con la población en riesgo y víctima de desplazamiento forzado, conlas autoridades encargadas de atender la problemática y el fort<strong>al</strong>ecimiento de la accióndefensori<strong>al</strong>”, trabajo desarrollado con los coordinadores de la UCADF a partir <strong>del</strong> PlanEstratégico Institucion<strong>al</strong>.Reordenamiento de las funciones de la Unidad, partiendo de dos puntos centr<strong>al</strong>es uno,el marco normativo tanto institucion<strong>al</strong> como el que rige <strong>al</strong> fenómeno <strong>del</strong> desplazamientoforzado y, dos, la demanda de la población desplazada. Se caracterizaron y documentaron los
770 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>procesos y procedimientos con los coordinadores de la Unidad aprovechando experienciasy capacidades adquiridas en el trabajo <strong>al</strong>rededor de procesos y procedimientos.Se lograron articular las áreas generando sinergias entre ellas, aprovechando las intervencionesmás oportuna en las comunidades. Esta estrategia de intervención se encuentra en la “cartillade servicios”, desarrollada conjuntamente con el proyecto Fort<strong>al</strong>EsDer.Se genera el Protocolo de Actuación de Terreno, como una guía de acciones a tenermanejo de situaciones que se presenten. Además se produjo un brochure de identidadcorporativa de la Unidad.Fin<strong>al</strong>mente, se estableció un mo<strong>del</strong>o estándar para el manejo de la información en lasregion<strong>al</strong>es, ya que <strong>al</strong> re<strong>al</strong>izar un inventario de las actividades desarrolladas por la Unidad ysus asesores en terreno desde el 2004, se detectaron diferencias en la información conteniday la estructura de los informes. El mo<strong>del</strong>o para el manejo de la información es, además,una guía para la prestación <strong>del</strong> servicio, fue v<strong>al</strong>idado por asesores de la Unidad y está enproceso de implementación. El análisis de los informes fue entregado a la CoordinaciónComo en cu<strong>al</strong>quier proyecto de cooperación técnica que consiste en el trabajoconjunto entre contraparte y GTZ, en el camino de la co-construcción surgen muchosacontecimientos y aprendizajes v<strong>al</strong>iosos que merecen ser anotados. Entre ellos encontramos:Para hacer un programa curricular de buena c<strong>al</strong>idad se requiere que participenen su construcción tanto los funcionarios que asisten, como sus jefes, de maneraque se puedan observar los aportes de la capacitación en los funcionarios y ensu labor cotidiana.Es importante reconocer que todo cambio implica un compromiso y liderazgo porparte de las Directivas. Este apoyo es vit<strong>al</strong> para que los productos desarrolladosconjuntamente con la contraparte (equipos técnicos y estratégicos) tengansostenibilidad en el tiempo.Si bien la Cooperación Técnica Alemana considera como factor centr<strong>al</strong> la participaciónres<strong>al</strong>tar que se pueden presentar cambios en los mismos, por coyunturas o necesidades actuación, que permitan ejecutar acciones que quizás, aunque no contempladas en unprincipio, son de vit<strong>al</strong> importancia y guía en una nueva dirección.Trabajar con funcionarios de carrera de la contraparte que se encuentren motivadose interesados para trabajar en el proyecto, permite a los demás funcionarios de lasáreas y jefes estar informados de los <strong>al</strong>cances <strong>del</strong> trabajo y plantear posibles cambios.Durante la asesoría re<strong>al</strong>izada en la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> fue importante dar a conocerel mo<strong>del</strong>o de implementación <strong>del</strong> proyecto, que se centra en el desarrollo de capacidadesy competencias e implica el compartir los diversos conocimientos para llegar a consensos,
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>771v<strong>al</strong>idar con los grupos destinatarios su incidencia en la institución.El mo<strong>del</strong>o de asesoría que fue utilizado tanto a nivel de la institución en su conjunto estrategia para poder desarrollar capacidades en la contraparte, ejemplo de ello fueronlas caracterizaciones de procesos re<strong>al</strong>izadas con person<strong>al</strong> de la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>; elproyecto mediante capacitación enseñó a un grupo de funcionarios las metodologías yherramientas utilizadas para este propósito, y por demás facilitó el acercamiento y trabajocon los grupos destinatarios.Algunos logros obtenidos en el marco <strong>del</strong> Proyecto se convirtieron en buenas prácticasen el sentido en que fueron replicados, aplicados en otros ámbitos y ajustados a lasEn la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> se han re<strong>al</strong>izado, por parte de la Dirección Nacion<strong>al</strong>de Atención y Trámite de Quejas, mejoras <strong>al</strong> Macroproceso de Atención. Mejorasque han consistido en nuevas articulaciones con otras dependencias, cambios en losprocedimientos a la luz de las nuevas normatividades sobre población vulnerabley ajustes <strong>al</strong> Instructivo con los cambios re<strong>al</strong>izados <strong>al</strong> proceso. Esta prácticademuestra que el trabajo por procesos es replicable y que aporta <strong>al</strong> mejoramientode la Entidad. Además, las dependencias de la Entidad pueden continuar con lasetapas de mejoramiento por sí mismas, incentivando la gestión por procesos.de las Dependencias establecidas en los Planes Operativos Anu<strong>al</strong>es (POA), se hagenerado como una buena práctica enfocar todas las acciones hacia el cumplimiento<strong>del</strong> Plan. Este logro, que sin duda se convierte en un apoyo <strong>al</strong> despliegue de laestrategia, crea en la Entidad uniformidad de pensamiento y lenguaje, que mejor<strong>al</strong>a gestión y apoya el desarrollo de la misión organizacion<strong>al</strong>.Aunque no se hicieron ev<strong>al</strong>uaciones respecto <strong>al</strong> mejoramiento <strong>del</strong> desempeño yservicio de la Defensoría en las region<strong>al</strong>es, varias retro<strong>al</strong>imentaciones que llegaron<strong>al</strong> Proyecto expresan una mejora en la atención <strong>al</strong> ciudadano, que se atribuye a lagestión estratégica y operativa asesorada.En la adopción <strong>del</strong> mo<strong>del</strong>o de gestión por procesos, los cambios cultur<strong>al</strong>es hansido menos notorios dado que el cambio implica transformar a una entidad quedurante muchos años ha trabajado por funciones a una institución que trabajapor procesos. Grandes avances se observan en el caso de la Dirección Nacion<strong>al</strong>de Atención y Trámite de Quejas y la Unidad de Coordinación de Atención <strong>al</strong> capacitación a los funcionarios sobre la aplicación de los mismos, han podidoestandarizar el desarrollo de sus acciones en todo el territorio nacion<strong>al</strong>, impactando<strong>Pueblo</strong> que recibe inducción (año base 2005).
772 Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>El Macroproceso de capacitación durante el trabajo con el proyecto se hafort<strong>al</strong>ecido, ahora depende de la Secretaría Gener<strong>al</strong>, lo que permite la sostenibilidadde lo trabajado en los diferentes ámbitos.Fue t<strong>al</strong> el efecto positivo en la cultura de la institución, que no sólo se está dandoproceso de inducción a los funcionarios sino a los contratistas y demás personasque laboran en la Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> (person<strong>al</strong> de servicios gener<strong>al</strong>es y deseguridad). La multimedia creada para el proceso de inducción no sólo está siendoinstitución tanto a nivel nacion<strong>al</strong> como internacion<strong>al</strong>.Muchos productos y textos creados para el proceso de inducción fueronconstruidos con funcionarios de la Defensoría que trabajan las temáticas dentrode la institución. Con este trabajo se logró un doble propósito; contar con materi<strong>al</strong>escrito para el proceso de inducción y también institucion<strong>al</strong>izar el saber acumuladopor estos funcionarios durante años de experiencia y estudio. Este materi<strong>al</strong> no sóloestá siendo utilizado para el proceso en mención, sino para las capacitaciones queimparte la Defensoría a otros funcionarios <strong>del</strong> Ministerio Público y a la poblaciónen gener<strong>al</strong>, dando lugar a un v<strong>al</strong>or agregado a lo proyectado inici<strong>al</strong>mente.Las actividades académicas programadas por el Macroproceso son de <strong>al</strong>to nivel.Han sido muy bien ev<strong>al</strong>uadas por los funcionarios que han participado en lasmismas, ya que son actividades planeadas, desarrolladas y ev<strong>al</strong>uadas, partiendo <strong>del</strong>as necesidades de los funcionarios <strong>del</strong> área y de la institución.La constante retro<strong>al</strong>imentación de la base de datos con la información obtenida <strong>del</strong>as ev<strong>al</strong>uaciones de reacción permite hacer ajustes a los programas, para respondera las necesidades de una manera más adecuada e integr<strong>al</strong>.2.5. Fort<strong>al</strong>ecimiento <strong>del</strong> Fondo para la Defensa de los Derechos eIntereses ColectivosPolítica de Colombia. Estas acciones están orientadas a garantizar la defensa y protección <strong>del</strong>os derechos e intereses colectivos, así como los de grupo o de un número plur<strong>al</strong> de personas.como la magnitud y características <strong>del</strong> daño, el interés soci<strong>al</strong>, el bien jurídico amenazado yla situación económica <strong>del</strong> grupo afectado.Populares y de Grupo, con el pago de honorarios a peritos, técnicos en las diferentesdisciplinas, publicaciones tanto en radio como en prensa, y gastos varios, atendiendo losprovenientes de órdenes judici<strong>al</strong>es en cuyos procesos previamente se hubiera decretadoamparo de pobreza.
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong> <strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>773Cuadro No. 2DIRECCIÓN NACIONAL DE RECURSOS Y ACCIONES JUDICIALES FONDO PARA LA DEFENSADE LOS DERECHOS E INTERESES COLECTIVOS - ACCIONES POPULARES Y DE GRUPOPesos CorrientesAño Ingresos Egresos2001 50.682.833.00 15.734.510.002002 30.461.625.00 26.610.937.002003 58.486.417.00 26.345.780.002004 38.724.390.00 54.852.743.002005 60.933.667.00 56.821.600.002006 76.904.888.00 64.821.382.002007 172.145.525.00 49.138.000.002008 176.934.414.00 89.507.000.00TOTALES 665.273.759.00 383.831.952.00Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.El Cuadro No. recibidas.Cuadro No. 32001 – 2008Comparativo Solicitudes de Financiación Recibidas y AprobadasAÑO Solicitudes de Financiación Recibidas Solicitudes Aprobadas2001 45 292002 56 352003 62 482004 115 922005 239 432006 249 332007 296 422008 130 121TOTALES 1.192 443Fuente: Defensoría <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong>. Fondo para la Defensa de los Derechos e Intereses Colectivos.* * *
IMPRENTANACIONALD E C O L O M B I Awww.imprenta.gov.coCarrera 66 No. 24-09Bogotá, D. C., Colombia
<strong>Decimosexto</strong> <strong>Informe</strong><strong>del</strong> Defensor <strong>del</strong> <strong>Pueblo</strong> <strong>al</strong><strong>Congreso</strong> de la RepúblicaVerdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,justicia, reparación.Verdad, justicia,reparación. Verdad,XVI
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