Protocolo para incidir en la gestión del seguimiento y evaluación de ...

En la primera etapa se establecen la naturaleza yalcance normativo del derecho en estudio y lascorrelativas obligaciones del Estado, a partir de lasnormas nacionales, la jurisprudencia de la CorteConstitucional y a los pactos y acuerdos de carácterinternacional que se refieren al derecho objeto deinvestigación. Su producto central es la definición delcontenido mínimo de derechos que sustenta laevaluación, el seguimiento, diseño y ejecución de laspolíticas públicas en el ámbito nacional. La segunda pretende analizar las políticas públicasexistentes en el país, para dar cumplimiento a susobligaciones en materia de derechos económicos,sociales y culturales y de protección especial a lossectores de la población más vulnerables. Se sustentaen instrumentos de medición específicos que buscanidentificar el grado de realización del derecho y elcumplimiento de las obligaciones del Estado en lamateria. El instrumento se aplica a las autoridadescompetentes a nivel nacional, departamental, distrital ymunicipal y, en algunos casos, a particulares a quienesse ha delegado la prestación de un servicio público. La tercera se orienta a la producción de informes yrecomendaciones, orientados a incidir de formasistemática en la organización estatal de las políticaspúblicas, la incorporación efectiva de un enfoque dederechos y la materialización de los mismos.La Defensoría del Pueblo, en el desarrollo y puesta en marchadel programa PROSEDHER, busca que las entidades a cargodel diseño, implementación y ejecución de las políticas públicasse apropien de esta metodología, no sólo como procedimientode evaluación y seguimiento permanente, sino como una guíapara reformular las políticas públicas desde una perspectiva dederechos humanos, en el entendido de que el eje central deestas debe ser el sujeto y su relación con el entornoeconómico, social y cultural.9