Evaluación de la Ley Comercial y Mercantil Nicaragua - Economic ...

EVALUACIÓN DE LA LEY COMERCIAL Y MERCANTIL DICIEMBRE DE 2004NICARAGUAde protección al consumidor. En este tipo de caso, sería preferible, una jurisdicción concurrente,debido a que podría haber un interés público insuficientemente generalizado como para justificarel alto gasto de recursos del gobierno.Además el Artículo 23 se podría beneficiar de una mayor aclaración. Resulta ambiguo; porejemplo, ¿que significa “controversias” en el Artículo 23(2)? Así mismo, los Artículos 23(1),23(2), y 23(4) se podrían combinar en una sola disposición, y de existir diferencias que no sonaparentes de inmediato, se proporcionará una aclaración de dichas diferencias.Finalmente, no esta claro porqué el Artículo 24 se aplica únicamente al Artículo 5.2. Estructura de la InstituciónEl proyecto de ley propone una comisión de tres miembros, nombrada por la Asamblea. Lasapelaciones se presentan ante la Corte Suprema, cuyos jueces son electos por un período de 5años por la Asamblea. Estos nombramientos significan que la Asamblea posee una influenciamuy fuerte sobre las autoridades de competencia y las decisiones de competencia. Se podríanconsiderar muchos otros sistemas alternativos de nombramiento. Para fines de comparaciónúnicamente, el Presidente nombró a los tres miembros en Panamá, los cuales fueron ratificadosdespués por el Congreso. Así mismo el diseño institucional debería incorporar la experiencianicaragüense con modelos similares, cuando se considere necesario incluyendo a laSuperintendencia de Pensiones y a la Corte de Impuestos sobre la Renta. 88Los requisitos para calificar como miembro de una comisión son más fuertes que en otros paísesde Latinoamérica, y debería dársele consideración a la reducción o eliminación de los requisitosde calificación. Por ejemplo, el Artículo 15 estipula que únicamente puede ser miembro de unacomisión una persona que ostente el grado de economista o abogado. Una flexibilidad adicionalpodría considerarse debido a que hay un buen número de profesionales calificados con grados eningeniería o administración de empresas. Otros requisitos del proyecto de ley incluyen los añosde experiencia profesional, ciudadanía, etc. Estos requisitos podrían ser innecesariamenteonerosos. Otros países de Latinoamérica tienen muchos menos requisitos y calificaciones. Porejemplo, en Méjico, el requisito es que todo miembro de la comisión sea un profesional conexperiencia en los asuntos cubiertos por la ley. En Panamá se requiere que los miembros de unaComisión tengan 5 años de experiencia profesional sin mayor especificidad en cuanto a las88 También se discutió la posibilidad de facultar a la DGCTM con la jurisdicción sobre la ley de competencia y lasapelaciones a un tribunal especializado, en lugar de la institución independiente. Una dificultad con estapropuesta estriba en que el propósito inicial de la reforma del ministerio en 1999 era el de darle poder sobrepolíticas y no sobre la ejecución de la ley. Aún cuando la DGCTM esta facultada administrativamente pararegistrar patentes, marcas, etc., el fiscal público es quien maneja la ejecución de la ley. El hecho de incorporar laselección de casos, investigación, y toma de decisiones de primer nivel en una dirección dentro del ministerio,podría resultar problemática por tres razones. Primero, la incorporación de estos tres elementos en una mismaentidad podría conducir a conflictos de interés. Segundo, esto le otorga al ministerio un amplio poderdiscrecional lo cual convierte la ejecución de la ley en algo extremadamente sensible a los cambios en elrégimen político. Tercero, la ejecución de la ley no es una función tradicional de un ministerio. La experienciaArgentina sugiere que la toma de decisiones al primer nivel debe hacerse claramente fuera del Ministerio. Deproponerse un modelo ministerial Brasil podría compartir un modelo útil. En Brasil, el Ministerio de Hacienda oel Ministerio de Justicia puede llevar el caso ante una entidad administrativa independiente (que no sea partedel ministerio ni del sistema judicial) en beneficio del público. La decisión de enjuiciar queda en manos de losministros, pero la decisión ejecutora la maneja la entidad independiente.IX-6