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CEPAL – Colección Documentos de proyectosAlianzas público-privadas para una nueva visión estratégica del desarrolloLa transparencia se mide por el grado en que un sistema institucional permite a los ciudadanoso a las organizaciones interesadas acceder eficazmente a información relevante, confiable, suficiente yde calidad en los ámbito económico, social o político.Cuando las relaciones no son transparentes, se torna muy alto el riesgo de que las empresas seanextorsionadas por los políticos, que el gobierno sea capturado por las empresas, o que entre los actores seestablezcan connivencias contrarias a los intereses generales. Esto induce desconfianza en los sectores públicoy privado y socava la posibilidad de acuerdos y consensos entre ambos. En el caso de la implementación deuna estrategia de desarrollo, la falta de transparencia debilita la alianza (a su vez vital para evitar la captura),y los esfuerzos en pro de la participación privada en la toma de decisiones estratégicas.La transparencia es un elemento que contribuye a incrementar la eficacia de las políticas alevitar superposiciones en las actividades de los organismos y de los programas, pero no siempre selogra que exista. En algunos países la información sobre las actividades que realiza cada organismotiene escasa difusión hacia el exterior (e incluso dentro de la misma entidad), hecho atribuible apugnas entre jefaturas u otros fenómenos. Por consiguiente, es habitual que haya desconocimiento delos programas entre áreas, lo que se traduce en la pérdida de una visión integral de la institución y delas posibles oportunidades de interacción y articulación con otros organismos. Desde el punto de vistade la alianza público-privada, la transparencia contribuye significativamente a su fortalecimiento alfomentar la confianza y la certeza entre los actores 146 .Desde esta perspectiva, la nueva Ley de transparencia Nº 20.285 promulgada en Chile el 11 deagosto de 2008, a la cual quedan sometidos todos los organismos públicos, incluidos los de desarrollo, esun avance a este respecto. De acuerdo con esta ley, además de crearse el Consejo para la Transparencia,los organismos estatales están obligados a entregar toda la información solicitada por los ciudadanosdentro de un plazo máximo de 20 días. Asimismo, las reparticipaciones públicas deben entregar en sussitios web información actualizada sobre aspectos como su estructura, su personal, las remuneracionespercibidas por sus funcionarios, los contratos firmados con otras instituciones, las transferencias defondos efectuadas y los resultados de las auditorías a las que han sido sometidas. También tendrán queser de conocimiento público el diseño, los montos asignados y los criterios de acceso a los programasde subsidios y otros beneficios que entregue el órgano respectivo, así como las nóminas de beneficiariosde los programas sociales en ejecución. Por su parte, el Consejo para la Transparencia tendrá la misiónde fiscalizar el cumplimiento de la normativa recién promulgada y defender el derecho del públicoa acceder a la información de que disponen los organismos del Estado 147 . Además, los ciudadanosque no reciban los antecedentes solicitados podrán recurrir a esta instancia para que determine si lainformación requerida es o no de carácter público. Aunque la implementación de la Ley de transparenciaes un proceso que requiere formación de recursos humanos e incorporación de tecnología en todas lasreparticiones públicas, incluidas las regiones y municipios, constituye un logro por el solo hecho de queexista la voluntad del gobierno de avanzar hacia una mayor transparencia.La evaluación también es muy importante dado que, además de informar acerca del efecto de laspolíticas y programas, contribuye a la transparencia. Aunque el desarrollo de la capacidad de evaluacióntenía alguna tradición en América Latina, entre los años setenta y ochenta pasó por un período de latencia,para luego volver a ser incorporada en las estrategias, programas y políticas de algunos países a partirde la década de 1990. Chile y Colombia son buenos ejemplos de esta evolución. En efecto, el avance dela evaluación de las políticas públicas en Chile parte en 1990 con el retorno a la democracia (Marcel,1998). Los primeros intentos de evaluación se dieron con el establecimiento de las metas ministeriales,que en 1995 se extendieron a los gobiernos regionales. Sin embargo, esta iniciativa fue desactivada por suburocratización. La política de reforma y modernización impulsada bajo el gobierno del Presidente Frei(1994-2000), implicó un nuevo incentivo a la expansión de las prácticas de evaluación de las actividades146Sin perjuicio, como se ha visto en los casos exitosos, de que haya un espacio funcional para la confidencialidad enciertas dimensiones de los procesos de una alianza.147El Consejo para la Transparencia estará integrado por cuatro miembros, propuestos por la Presidencia de laRepública y ratificados por el Senado. Deberá estar constituido dentro de un plazo de 60 días a partir de la fechade promulgación.171