REVISTA PESCA ENERO 2016

El siguiente cuadro muestra cifras entre el año 2003 (fecha de la creación del canon pesquero) y el 2014.
Se aprecia el monto total del valor FOB exportado, la recaudación
del impuesto a la renta de tercera categoría
(que representa el 2.55% del valor exportado) y la recaudación
por derechos de pesca (que representa el
0.71% del valor exportado), aunque este último dato
carece de información oficial visible. Solamente se le deduce
a través de las transferencias efectuadas de canon
pesquero.
Las exportaciones no pagan IGV por cuanto se les devuelve
ese impuesto, así que no se puede considerar ese
tributo como un aporte de la industria pesquera.
La industria, en algunas de sus partidas arancelarias, ha
recibido el drawback, que viene a ser una especie de
subsidio, cuyas cifras oficiales no se encuentran visibles.
Tampoco hay información de las ventas al mercado interno
que expresen con la misma precisión que las exportaciones,
lo que se ha vendido en el país.
Por tanto este análisis podría mostrar ratios menos favorables
para el país si se sumase la venta nacional a la
venta al mercado externo. A mayor venta, menor ratio
de participación por renta y derechos de pesca.
Debe sumarse al análisis el impacto ambiental que causa
la industria y que se refleja en las bahías principalmente.
Es evidente que habrá que hacer un gasto, en algún momento,
para limpiar y descontaminar. No se sabe cuánto
cueste hacerlo. ¿Quién asumirá el costo de dicha descontaminación?
En términos de contribución monetaria al fisco, y por
consiguiente para el país, la perspectiva del ciudadano
debe evaluar si el monto cobrado por el Estado para ser
utilizado en beneficio de toda la ciudadanía del país es
equitativo, adecuado, o justo. Si no lo es, amerita un
análisis y la búsqueda de alternativas de mejoramiento.
El enfoque ciudadano puede dejar a otras organizaciones
el análisis y discusión sobre aspectos técnicos y científicos
propios de la pesquería. Debiera preocuparse por su
participación en la renta pesquera, considerando que es
el propietario del recurso pesquero que está siendo explotado
por una pequeña fracción de ciudadanos, los
cuales deberían pagar un justiprecio por el derecho y el
privilegio de lucrar con un recurso natural que, está siendo
gratis en el caso de la pesca artesanal y muy barato
en el caso de la pesca industrial.
La pesca artesanal no está obligada al pago de derechos
de pesca. Pero si bien es cierto una parte de sus desembarques
va a los mercados nacionales para consumo interno,
también es verdad que otra parte va a las plantas
congeladoras y enlatadoras que exportan sus productos.
¿Es correcto, y justo desde el enfoque ciudadano, que se
exporten productos sin pago de derechos de pesca al
igual que los productos que se venden en el país? Más
allá de esto ¿no deberían pagar derechos de pesca, es
decir el derecho a la extracción de un recurso natural del
cual los 30 millones de peruanos somos propietarios, todos
los pescadores que realizan esfuerzo pesquero?
Este enfoque también debe dirigirse a analizar los precios
a los que se vende el pescado en el mercado nacional
y los volúmenes que se encuentran disponibles para
las poblaciones de la costa, de la sierra y de la selva.
Siendo propietarios de los peces y siendo una de las pesquerías
más grandes del planeta, debemos preguntarnos
si la cantidad disponible de pescado alcanza para todos
los sectores de la población y si sus precios son asequibles
para las mayorías.
Revista Pesca Enero 2016 5