Libertad sindical Su reconocimiento y tutela

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trabajo, sean favorables o adversas, por razón de la adhesión o no a un sindicato, a sus acuerdos o al ejercicio en general de actividades sindicales”. Asimismo, cabe mencionar al Defensor del Pueblo “…alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título (I), a cuyo efecto podrá supervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales”, art. 54 CE. Entre las atribuciones del Defensor del Pueblo se encuentran: Poder interponer recurso de inconstitucionalidad contra leyes o normas con rango de ley frente al Tribunal Constitucional (art. 162.1 CE); Interposición de recurso de amparo frente al Tribunal Constitucional (art.162.1 b) ): “Podrá iniciar y proseguir de oficio o a petición de parte, cualquier investigación conducente al esclarecimiento de los actos y resoluciones de la Administración pública y sus agentes, en relación con los ciudadanos, a la luz de lo dispuesto en el artículo ciento tres, uno, de la Constitución, y el respeto debido a los Derechos proclamados en su Título primero” (art. 9 Ley orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo). La Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, dispone de una modalidad procesal (artículos 177-184), “De la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas” basada en un procedimiento urgente y preferente”. No obstante, el art. 3 especifica las “Materias excluidas” del orden social, entre las que se encuentra: c) “De la tutela de los derechos de libertad sindical… (de) los funcionarios públicos, personal estatutario de los servicios de salud y al personal que se refiere la letra a) del apartado 3 del artículo 1 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores”. En el ámbito penal cabe incluir “De los delitos contra los derechos de los trabajadores”, el art. 315 de la Ley orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que tipifica aquella conducta contraria a la libertad sindical “(a) los que, mediante engaño o abuso de situación de necesidad, impidieren o limitaren el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga”. Conocerá sobre ello el orden jurisdiccional penal. Desde la óptica sancionadora, las conductas contrarias a la libertad sindical pueden constituir infracciones de carácter “grave” y “muy grave” tipificadas en los arts. 7 y 8 del Real decreto legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social. Luis Ramos Poley CCOO de Catalunya 6
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