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PRÓLOGO

El Estado de Guatemala, es signatario de diversos tratados

internacionales en materia de derechos humanos de las

mujeres, entre ellos la Convención Sobre la Eliminación de

Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW),

llamada por la experta costarricense Alda Facio “La Carta

Magna de las Mujeres” y la Convención Interamericana para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer

(Belém do Pará), las que reconocen su dignidad humana,

libertad, igualdad de oportunidades y derechos, trazando una

ruta de trabajo para el cumplimiento del establecimiento de un

nuevo orden económico, social, cultural y político de equidad

para mujeres y hombres.

El Organismo Judicial, como uno de los poderes del Estado, ha

contribuido a dar cumplimiento al marco normativo nacional e

internacional en materia de derechos humanos de las mujeres,

mediante la realización de diversas acciones, que dan respuesta

a la problemática específica que afrontan las mujeres para su

acceso a la justicia, la que ha sido fortalecida con la visión

de género para construir la igualdad y el pleno respeto de los

derechos humanos de las mujeres como un eje central de la

cultura institucional de trabajo.

La Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia

en coordinación con la Secretaría de la Mujer y Análisis de

Género, fue designada por el Pleno de dicha Corte, para

formular la “Política Institucional del Organismo Judicial sobre

Igualdad de Género y Promoción de los Derechos Humanos

de las Mujeres”, en cumplimiento a los objetivos estratégicos

contenidos en la Plataforma de Acción de Beijing formulada en

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer y convocada por

Naciones Unidas, la que regula la creación o fortalecimiento de

mecanismos institucionales para el desarrollo de la mujer, así

como la formulación y aplicación de políticas sobre la igualdad

entre mujeres y hombres.

El formular la Política implicó el desarrollo de una serie de

etapas, logrando definir su marco filosófico, ejes, objetivos

y líneas de acción, los que fueron validados en 7 talleres

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egionales desarrollados en el año 2014, en los que participaron

242 funcionarias y funcionarios de órganos jurisdiccionales y

dependencias administrativas. El documento final fue revisado

por un comité petit, contando con el apoyo técnico de ONU

Mujeres.

Las acciones de trabajo se sustentaron en los derechos humanos

de las mujeres, la aplicación de la metodología participativa, la

perspectiva de género e interculturalidad a efecto de fortalecer

la inclusión social del personal y de las usuarias, lo que facilitó

la obtención de diversidad de opiniones, sugerencias y aportes

que enriquecen la Política.

La Maestría de Género y Justicia implementada en el año

2015 en el Organismo Judicial con el aval académico de la

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala en su primera

promoción, tuvo como objeto de estudio en su Seminario de

interciclo titulado “Política Institucional de Equidad de Género y

Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres”.

En el año 2015 se contó con el apoyo del Proyecto Seguridad y

Justicia (USAID) y de OXFAM en Guatemala, que proporcionaron

un consultor internacional especialista en género y políticas de

igualdad para mujeres, el que facilitó 8 talleres de sensibilización

y formación inicial en materia de derechos humanos de las

mujeres y género, en los que participaron 281 funcionarias y

funcionarios de 27 dependencias administrativas involucrados

en la elaboración de la planificación estratégica quinquenal

y operativa anual, participando representantes de dos de los

Sindicatos de la institución.

Como resultado de las conclusiones y recomendaciones de la

realización de los diversos talleres, se elaboró el compendio de

instrumentos claves para la transversalización de género en la

planificación del Organismo Judicial, incorporando los objetivos,

ejes y líneas de acción de la Política, el que fue entregado por

magistradas integrantes de la Comisión de la Mujer de la Corte

Suprema de Justicia, al Secretario de Planificación y Desarrollo

Institucional.

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Las magistradas de la Comisión de la Mujer, presentaron el

24 de febrero del presente año la “Política Institucional del

Organismo Judicial sobre Igualdad de Género y Promoción de

los Derechos Humanos de las Mujeres”, la que fue aprobada

por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia según número de

Acta 15-2016 Punto Sexto.

El consultor internacional en materia de derechos humanos

de las mujeres Rodrigo Jiménez, afirmó que: “el Organismo

Judicial de Guatemala, es el primer país de Centro América

que cuenta con este instrumento para fortalecer la planificación

con enfoque de género a efecto de impulsar la igualdad de las

mujeres en la administración de justicia”.

Para transitar en forma acertada, por el camino que lleva a la

construcción e institucionalización de la igualdad de género en

la administración de justicia, se hace necesario asumir grandes

desafíos, entre ellos que las funcionarias y funcionarios de los

órganos jurisdiccionales y de las dependencias administrativas

conozcan y se empoderen del contenido de la “Política

Institucional del Organismo Judicial sobre Igualdad de Género

y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres”, para

que los apliquen en su trabajo cotidiano y brinden un acceso

adecuado a la justicia de género.

Destacando que el concepto género no se refiere únicamente a

mujeres, sino que involucra a los hombres, comprometiéndonos

a construir sociedades más igualitarias, con igual valor,

oportunidades y derecho de vivir con dignidad, acceso a

la justicia en el marco de la celeridad, calidad y calidez

visualizándola como un instrumento de consolidación de la paz

y del estado de derecho.

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo, Día

Internacional de la Mujer, la Corte Suprema de Justicia, a través

de la Comisión de la Mujer y la Secretaría de la Mujer y Análisis

de Género, presentan la “Política Institucional del Organismo

Judicial sobre Igualdad de Género y Promoción de los

Derechos Humanos de las Mujeres”, planteando el desafío de

impulsar el cambio de los imaginarios sociales, que eliminen los

estereotipos sexistas de la administración de justicia, así mismo

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de propiciar espacios libres de toda forma de discriminación y

violencia, para dar respuesta a las demandas de las mujeres de

contar con una justicia con perspectiva de género y acorde a la

especificidad de sus necesidades y derechos humanos.

Magistrado Ranulfo Rafael Rojas Cetina

Presidente de la Corte Suprema de Justicia y

del Organismo Judicial

Magistrada Silvia Verónica García Molina

Presidenta de la Comisión de la Mujer

Magistrada Silvia Patricia Valdés Quezada

Comisión de la Mujer

Magistrada Vitalina Orellana y Orellana

Comisión de la Mujer

Magistrada Delia Marina Dávila Salazar

Comisión de la Mujer

Magistrada Blanca Aída Stalling Dávila

Comisión de la Mujer

Guatemala, 8 de marzo de 2016

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Secretaría de la Mujer y Análisis de Género

“Política Institucional del Organismo

Judicial Sobre Igualdad de Género y

Promoción de los Derechos Humanos de

las Mujeres”

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I. Antecedentes de la Secretaría de la Mujer y Análisis de

Género

Con la finalidad de contribuir a darle cumplimiento a los

Convenios Internacionales en materia de derechos humanos de

las mujeres suscritos por el Estado de Guatemala, el Organismo

Judicial creó en el año 2006 como mecanismo institucional,

la Unidad de la Mujer y Análisis de Género, con la misión de

implementar la perspectiva de género en la administración de

justicia y por Acuerdo 69/2012 de la Presidencia del Organismo

Judicial, de fecha 30 de abril de 2012, se eleva a la categoría de

Secretaría, con el mandato de definir, implementar y monitorear

la Política Institucional de Igualdad de Género y Promoción de

los Derechos Humanos de las Mujeres del Organismo Judicial.

II. Política Institucional del Organismo Judicial Sobre

Igualdad de Género y Promoción de los Derechos Humanos

de las Mujeres del Organismo Judicial

1. Compromisos Internacionales y la importancia de la

aprobación de Política

Conforme la Constitución Política de la República de

Guatemala, el Organismo Judicial es el órgano con potestad

para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Alineado

con su misión del Plan Estratégico Quinquenal 2016-2020

de administrar e impartir justicia, garantizando el acceso,

atención y debido proceso a la población en procura de la

paz y armonía social, en esa línea ha definido la propuesta de

Política Institucional del Organismo Judicial sobre Igualdad de

Género y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres,

considerándola como una medida afirmativa, de conformidad

con lo establecido en el artículo cuatro de la Convención Sobre

la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la

Mujer (CEDAW), relativo a la adopción de medidas especiales

de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad

entre el hombre y la mujer, las que no son consideradas como

discriminatorias contra los hombres.

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La construcción de la igualdad real a la que hace referencia

la (CEDAW), implica la adopción de estas medidas para facilitar

el ejercicio de sus derechos humanos a grupos de especial

atención: las mujeres embarazadas, niñas, jóvenes, adultas

mayores, indígenas y jefas de hogar, a efecto de eliminar

las múltiples formas de discriminación que enfrentan. Política

Institucional del Organismo Judicial sobre Igualdad de Género

y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, tiene

como objetivo promover el fortalecimiento de la protección de

los derechos de las trabajadoras de la institución, así como los

servicios que les presta, garantizando un efectivo acceso de las

mujeres a la justicia, considerando su identidad étnica, etaria,

cultural, social y económica.

2. Países que cuentan con Política de Igualdad de Mujeres

y Hombres en el Poder Judicial

• Política de Igualdad de Género del Poder Judicial de

Costa Rica, a partir del 7 de noviembre del 2005.

• Política de Género, Comisión de Género de la Corte

Suprema de la República de Nicaragua, Enero 2010.

• Política de Género y Plan Estratégico de Género de la

Corte Centro Americana de Justicia, 2012-2016.

3. Instituciones Estatales de Guatemala que cuentan con

una Política de Igualdad de Género

• Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM) Política

Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las

Mujeres -PNPDIM- y Plan de Equidad de Oportunidades

-PEO- 2008-2023.

• Política de Equidad de Género En el Sector de la

Gestión AmbientalMinisterio de Ambiente y Plan de

Acción2003-2008.

• Política y Plan de Equidad de Género en la Educación

Superior 2006-2014 Universidad de San Carlos de

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Guatemala, Instituto Universitario de la a Mujer.

• Política de Género del Fondo de Tierras, Punto Resolutivo

67-2010, 2010-2013.

4. Instituciones del Sector Justicia de Guatemala que

cuentan con Políticas de Igualdad de Mujeres y Hombres

• Política Nacional de Igualdad de Género

de la Policía Nacional, Civil PNC, 4 de Diciembre 2014.

• Política para la Igualdad entre Hombres y Mujeres del

Ministerio Público de Guatemala, Marzo 2014.

• Política Sectorial de Coordinación Interinstitucional para

Mejorar el Tratamiento de los Casos de la Violencia contra la

Mujer, en el Sistema de Justicia de Guatemala, septiembre

2014.

• Política Interculturalidad Género y Derechos Humanos del

Instituto de la Defensa Pública Penal.

5. Metodología para la elaboración de la Política Institucional

del Organismo Judicial Sobre de Igualdad de Género y

Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres

Para la elaboración de la Política se han desarrollado varias

etapas incluyendo las siguientes:

5.1 Planificación (año 2012)

Realización de entrevistas por el equipo de la Secretaría

del “Estudio sobre el conocimiento y aplicación de la

perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres

del Organismo Judicial” en el año 2012-2013, el que se realizó

en 8 departamentos: Guatemala (abarcando los municipios de

Mixco y Villa Nueva) Escuintla, Chimaltenango, Izabal, Sololá,

Alta Verapaz, Retalhuleu y Jutiapa, con el fin de establecer: el

conocimiento de la perspectiva de género y derechos humanos

de las mujeres y su aplicación en el trabajo cotidiano de las y

los funcionarios en los órganos jurisdiccionales y dependencias

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administrativas, a efecto de contar con información e insumos.

En este contexto, con la finalidad de alcanzar los objetivos

propuestos se utilizó el “pluralismo metodológico” o la

combinación de métodos diferentes para profundizar en el

conocimiento de la realidad que se investiga, a saber:

• Entrevista a informantes clave (209 personas

entrevistadas).

• Revisión de Expedientes (148 expedientes en 36

judicaturas ubicadas en las cabeceras departamentales,

16 Juzgados de Familia y Trabajo, 10 de Paz y 10

Tribunales de Sentencia Penal).

• Entrevista a usuarias (27 personas).

La perspectiva de género y el marco jurídico nacional

e internacional en materia de derechos humanos de las

mujeres, sirvieron de base conceptual para la elaboración

de las herramientas utilizadas en el proceso de recolección,

sistematización y análisis de resultados.

5.2 Sistematización y análisis de resultados obtenidos en

el estudio (año 2013-2014).

Los resultados obtenidos permitieron elaborar la versión

preliminar de los ejes, objetivos y acciones y valores de la

política.

5.3 Validación del documento de la Política (año 2014)

Para el efecto se realizaron 7 talleres, con personal de

órganos jurisdiccionales y dependencias administrativas a

nivel regional, desarrollándolos en Guatemala, Zacapa y

Quetzaltenango, involucrando a las personas entrevistadas,

así como informantes clave y otros funcionarios y funcionarias

del Organismo Judicial.

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5.4 Revisión de estilo de la Política del grupo Petit (año

2014)

La versión de la Política validada fue revisada por un

grupo petit, integrado por representantes de la Secretaría de

Planificación y Desarrollo, Departamento de Comunicación

Social, Unidad de Asuntos Indígenas, Unidad de Control y

Seguimiento de Órganos Especializados en Delitos de Femicidio

y Otras formas de Violencia contra la Mujer y el equipo técnico

de la Secretaría. Para el desarrollo de estas etapas se contó con

el apoyo técnico de ONU MUJERES, quienes proporcionaron

una consultora para el acompañamiento de la formulación de

la política.

5.5 Reuniones de trabajo con integrantes de la Comisión

de la Mujer de la Corte de Suprema de Justicia.

Contando con el apoyo del Proyecto Seguridad y

Justicia (USAID), que proporcionó un consultor internacional

especialista en género y políticas de igualdad para mujeres,

se realizaron 2 reuniones de trabajo con las magistradas y

magistrado de 2015 integrantes de la Comisión de la Mujer de

la Corte Suprema de Justicia, el 12 de febrero y el 17 de abril

año 2015, para presentarles la versión preliminar de la Política.

Para posteriormente ser sometida a aprobación del Pleno.

5.6 Desarrollo de talleres para incorporación de la Política

en el Plan Estratégico Quinquenal y Planes Operativos

Anuales (año 2015)

Se desarrollaron 8 talleres de alianzas estratégicas, en

los que participaron 281 funcionarias y funcionarios de 27

dependencias administrativas, tomadores de decisiones e

involucrados en la elaboración de la planificación operativa,

a efecto de incorporar los objetivos, ejes y líneas de acción

de la política en la planificación del Organismo Judicial, para

lograr transversalizar la perspectiva de género y derechos

humanos de las mujeres en la administración de justicia. El

personal participante en estos talleres, son integrantes de las

dependencias siguientes:

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• Asesoría Jurídica

• Auditoría Interna

• Centro de Informática y Desarrollo de Estadística judicial

(CIDEJ)

• Centro de Informática y Telecomunicaciones

• Centro de Mediación y Resolución Alternativa de

Conflictos (RAC)

• Centro de Servicios Auxiliares y Gestión Penal

• Centro Nacional de Análisis y Documentación Judicial

(CENADOJ)

• Consejo de la Carrera Judicial

• Dirección de Gestión Laboral

• Gerencia Administrativa

• Gerencia Financiera

• Gerencia General

• Gerencia de Recursos Humanos

• Junta de Disciplina Judicial

• Presidencia del Organismo Judicial

• Secretaría de Comunicación Social y Protocolo

• Secretaría de Fortalecimiento Judicial

• Secretaría de Planificación y Desarrollo Institucional

• Secretaría de Relaciones Internacionales

• Secretaría de la Mujer y Análisis de Género

• Supervisión General de Tribunales

• Unidad de Asuntos Indígenas

• Unidad de Capacitación Institucional

• Unidad de Control, Seguimiento y Monitoreo de

Órganos Especializados en Delitos de Femicidio y otras

formas de violencia contra la Mujer

• Unidad de Educación

• Unidad de Información Pública

• Unidad de Régimen Disciplinario y

• El Sindicato de Trabadores del Organismo Judicial

• Sindicato Solidaridad, Trabajo y Justicia de los

Trabajadores del Organismo Judicial

De la Gerencia de Recursos Humanos fueron parte del

proceso funcionarias y funcionarios de las siguientes unidades

o departamentos:

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• Administración de Recursos Humanos

• Archivo de Personal

• Departamento de Personal

• Dotación de Recursos Humanos

• Nóminas y Planillas

• Unidad de Clasificación de Puestos y Salarios

• Unidad de Desarrollo Integral

Para favorecer la incorporación de la perspectiva de género

y derechos humanos en las instituciones del sector justicia,

se invitó a participar en los diferentes talleres de elaboración

de los Planes Operativos a funcionarias y funcionarios del

Ministerio Público, del Instituto de la Defensa Pública Penal,

específicamente de las unidades de la Mujer o Género y

planificación institucional, a efecto de fortalecer la coordinación

interinstitucional y el establecimiento de alianzas estratégicas

de trabajo.

5.7 Compendio de Instrumentos Claves para la Transversalización

de Género en la Planificación del Organismo Judicial,

(año 2015)

Mediante la realización de los 8 talleres se elaboró el

Compendio para su integración en la Planificación Estratégica

Quinquenal y Operativa Anual del Organismo Judicial, el que

fue entregado por dos Magistradas integrantes de la Comisión

de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, al Secretario de

Planificación y Desarrollo Institucional.

Mediante la implementación de la Política, se fortalecerá

la transversalidad de la perspectiva de género y derechos

humanos de las mujeres en la administración de justicia, siendo

indispensable institucionalizarla a efecto de brindar un servicio

con calidad y calidez facilitando el acceso de las mujeres a la

justicia.

6. Política Institucional del Organismo Judicial Sobre

Igualdad de Género y Promoción de los Derechos

Humanos de las Mujeres

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Las magistradas de la Comisión de la Mujer, presentaron

el 24 de febrero del presente año la “Política Institucional del

Organismo Judicial Sobre Igualdad de Género y Promoción de

los Derechos Humanos de las Mujeres” la que fue aprobada

por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia según número de

Acta 15-2016 Punto Sexto.

Objetivo de la Política Institucional del Organismo Judicial

Sobre Igualdad de Género y Promoción de los Derechos

Humanos de las Mujeres

Con el objeto de eliminar las múltiples formas de

discriminación que las mujeres enfrentan, la Política

Institucional del Organismo Judicial sobre de Igualdad de

Género y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres,

promueve el fortalecimiento de la protección de los derechos

de las trabajadoras de la institución, así como los servicios que

presta el Organismo Judicial, para garantizar un efectivo acceso

de las mujeres a la justicia considerando su identidad étnica,

etaria, cultural, social y económica impulsando la creación de

espacios libres de violencia contra las mujeres.

7. Ejes de la Política Institucional del Organismo

Judicial Sobre Igualdad de Género y promoción de los

Derechos Humanos de las Mujeres

Eje 1: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO

JURISDICCIONAL

Igualdad de género con pertinencia étnica, cultural y

etaria en la administración de justicia en concordancia con los

instrumentos internacionales y las leyes nacionales relativas a

los derechos humanos de las mujeres.

ACCIONES

• Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de

la Unidad de Capacitación Institucional del Organismo

Judicial, para desarrollar procesos sistemáticos de

formación en materia de derechos humanos de las

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mujeres y género, desde los niveles inicial y continuo

hasta la especialización para la formación del personal

jurisdiccional del Organismo Judicial.

• Asegurar la supervisión de la aplicación de los estándares

de derechos humanos de las mujeres y género, con

pertinencia étnica, cultural, y etaria en los órganos

jurisdiccionales.

Eje 2: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO

ADMINISTRATIVO

• Igualdad de género con pertinencia étnica, cultural y

etaria en la administración institucional en concordancia

con el marco normativo nacional e internacional relativo a

los derechos humanos de las mujeres.

ACCIONES

• Incorporar en los Planes Estratégicos Quinquenales del

Organismo Judicial y Planes Operativos Anuales, las

acciones de la Política Institucional del Organismo Judicial

sobre Igualdad de Género y Promoción de los Derechos

Humanos de las Mujeres.

• Desarrollar procesos sistemáticos de formación del

personal administrativo en los derechos humanos de las

mujeres y género, con pertinencia étnica, cultural y etaria.

• Monitoreo la aplicación de los derechos humanos de las

mujeres y género, con pertinencia étnica, cultural y etaria,

en las unidades administrativas y de apoyo jurisdiccional.

Eje 3: ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON

CALIDAD Y CALIDEZ

Igualdad de género con pertinencia étnica, cultural y etaria,

que garantice el acceso de las mujeres a la justicia, a través

de servicios con celeridad, calidad y calidez, en los órganos

jurisdiccionales y dependencias administrativas.

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ACCIONES

• Realizar estudios regulares que permitan la adecuación de

funciones y competencias de los órganos jurisdiccionales,

para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia,

con perspectiva de derechos humanos de las mujeres y

género, con pertinencia étnica, cultural y etaria.

• Adecuar la infraestructura de los órganos jurisdiccionales

y dependencias administrativas, desde una perspectiva

de derechos humanos de las mujeres y género, con

pertinencia étnica, cultural y etaria.

• Ampliar la cobertura a nivel nacional de Órganos

Jurisdiccionales en justicia especializada en género.

• Promover la eliminación de estereotipos y prejuicios

contra las mujeres para garantizar la administración de

justicia igualitaria desde una perspectiva de derechos

humanos de las mujeres y género, con pertinencia étnica,

cultural y etaria.

Eje 4: COMUNICACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE

GÉNERO

Comunicación Social desde una perspectiva de derechos

humanos de las mujeres y género, con pertinencia étnica,

cultural y etaria.

ACCIONES

• Diseñar, implementar, monitorear y evaluar campañas

informativas y sensibilizadoras internas y externas, con

respeto a los derechos humanos de las mujeres y género,

con pertinencia étnica, cultural y etaria.

• Promover un periodismo sensibilizado en derechos

humanos de las mujeres y género con pertinencia étnica,

cultural y etaria, a través de mecanismos regulares de

cooperación con medios de comunicación y periodistas.

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Eje 5: COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL

PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS

MUJERES, CON PERTINENCIA ÉTNICA, CULTURAL Y

ETARIA.

Promover la igualdad de género y el respeto de los derechos

humanos de las mujeres, con pertinencia étnica, cultural y

etaria, mediante la coordinación intra e interinstitucional en el

sistema de justicia.

ACCIONES

• La Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia

a través de la Secretaría de la Mujer y Análisis de Género

promoverá el desarrollo de una cultura organizacional

de servicio, fundamentada en la calidad y calidez de

atención, igualdad y equidad de género, compartida en

todos los niveles institucionales del Organismo Judicial.

• Coordinación interinstitucional consolidada con el sector

justicia, el sector seguridad, las organizaciones de la

sociedad civil e instancias académicas, y los organismos

internacionales pertinentes, para la aplicación del marco

normativo nacional e internacional relativo a los derechos

humanos de las mujeres y género, con pertinencia

étnica, cultural; entidades homólogas sobre contenido,

aplicación, actualización, monitoreo y evaluación de

políticas institucionales que promueven la igualdad de

género y el ejercicio de los derechos humanos de las

mujeres.

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Política Institucional del Organismo

Judicial Sobre Igualdad de Género y

Promoción de los Derechos Humanos

de las Mujeres

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ÍNDICE

Presentación ....................................................................................27

I.Sistematización del Estudio sobre el Conocimiento y Aplicación de

la Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres del

Organismo Judicial............................................................................31

1.1. Marco Conceptual ....................................................................33

1.2. Resultados del Estudio...............................................................36

Informantes Clave .............................................................................36

Aspectos Metodológicos ....................................................................36

Conocimiento de los Derechos Humanos de las Mujeres ............38

Conocimiento de la Perspectiva de Género ...................................40

Formación en Materia de Género ......................................................45

Revisión de Expedientes Judiciales .................................................46

Aspectos Metodológicos ..................................................................47

Información Recolectada con Usuarias ............................................52

Aspectos Metodológico ............................................................... ....52

Datos Generales de las Usuarias Entrevistadas ..............................52

Información del Agresor ...................................................................54

Otorgamiento de Medidas de Seguridad y Pensión Alimenticia .......57

Atención Victimológica .....................................................................58

Conclusiones del Estudio .................................................................63

II. Marco Filosófico de la Política Institucional del Organismo Judicial

Sobre Igualdad de Género y Promocion de Derechos Humanos de las

Mujeres.............................................................................................65

III. Ejes de la Política Intitucional del Organismo Judicial Sobre

Igualdad de Género y Promoción de los derechos Humanos de las

Mujeres ............................................................................................79

Resumen de Referencias .................................................................87

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PRESENTACIÓN

Es importante destacar que durante los últimos años el

Organismo Judicial ha realizado esfuerzos para darle énfasis a

procesos de cambio tendientes a fortalecer la transversalidad

de la perspectiva de género y derechos humanos de las

mujeres en la administración de justicia, voluntad política

que quedó plasmada en el Plan Estratégico Quinquenal de la

Corte Suprema de Justicia 2011-2015, específicamente en el

eje programático de Servicio, que abarca tres proyectos: a) la

formación en igualdad de género; b) la protección a la víctima

de violencia intrafamiliar y delitos de violencia contra la mujer;

c) divulgación y sensibilización en la perspectiva de género.

En este contexto, y con la finalidad de contribuir a darle

cumplimiento a los Convenios Internacionales de derechos

humanos de las mujeres suscritos por el Estado de Guatemala,

el Organismo Judicial creó en el año 2006 como mecanismo

institucional, la Unidad de la Mujer y Análisis de Género,

con misión de implementar la perspectiva de género en la

administración de justicia fue fortalecida por medio del Acuerdo

69/2012 de la Presidencia del Organismo Judicial, de fecha

30 de abril de 2012, habiéndosele elevado a la categoría de

Secretaría, con el mandato de definir, implementar y monitorear

la Política Institucional del Organismo Judicial Sobre Igualdad

de Género y Promoción de los Derechos Humanos de las

Mujeres.

Para facilitar a las mujeres su acceso a la justicia, la

Corte Suprema de Justicia ha creado los Juzgados de

Paz Móvil, los Juzgados de Primera Instancia Penal y los

Tribunales de Sentencia Penal de Delitos de Femicidio y

otras formas de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual

en los Departamentos de Alta Verapaz, Chiquimula, Escuintla,

Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Quetzaltenango, San

Marcos, Quiché, Petén y Sololá. Además, se instaló la

Sala de la Corte de Apelaciones de Femicidio con sede en el

Departamento de Guatemala. Se ha inaugurado el Centro de

Justicia de Familia en la ciudad de Guatemala y se ha creado

el Juzgado de Primera Instancia de Familia, con competencia

específica para la protección en Materia de Violencia

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Intrafamiliar, Juzgado de Paz con competencia específica para

la Protección en Materia de Violencia Intrafamiliar, y de Niñez

y Adolescencia Amenazada o Violada en sus derechos y el

Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia de Familia para la

Admisibilidad de Demandas.

De conformidad con la Constitución Política de la República

de Guatemala, el Organismo Judicial es el órgano con potestad

para juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Alineado con

su misión de administrar justicia garantizando su acceso a la

población en procura de la paz y armonía social, el Organismo

Judicial ha definido la propuesta de Política Institucional del

Organismo Judicial Sobre Igualdad de Género y Promoción de

los Derechos Humanos de las Mujeres, considerándola como

una medida afirmativa, de conformidad con lo establecido en el

artículo cuatro de la Convención Sobre la Eliminación de todas

las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), relativo

a la adopción de medidas especiales de carácter temporal,

encaminadas a acelerar la igualdad entre el hombre y la mujer,

las que no serán consideradas como discriminatorias contra los

hombres.

La construcción de la igualdad real a que hace referencia la

(CEDAW), implica la adopción de estas medidas para facilitar

el ejercicio de sus derechos humanos a grupos de especial

atención: las mujeres, niñas, jóvenes, adultas mayores,

indígenas, embarazadas y jefas únicas de hogares. A efecto

de eliminar las múltiples formas de discriminación que ellas

enfrentan, la Política Institucional del Organismo Judicial Sobre

Igualdad de Género y Promoción de los Derechos Humanos

de las Mujeres, tiene como objetivo promover el fortalecimiento

de la protección de los derechos de las trabajadoras de la

institución, así como los servicios que presta el Organismo

Judicial, para garantizar un efectivo acceso de las mujeres a

la justicia considerando su identidad étnica, etaria, cultural,

social y económica impulsando la creación de espacios libres

de violencia contra las mujeres.

Para la elaboración de la Política se ha llevado a cabo

el estudio denominado “Conocimiento y Aplicación de la

Perspectiva de Género y Derechos Humanos de las Mujeres en

-28-


el Organismo Judicial”, a fin de establecer: el conocimiento de

la perspectiva de género y derechos humanos de las mujeres

y su aplicación en el trabajo cotidiano de las y los funcionarios

en las unidades jurisdiccionales y administrativas, a efecto de

contar con información e insumos para elaborar la “Política

Institucional del Organismo Judicial Sobre Igualdad de Género

y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres”.

Al año 2014, el personal en el área jurisdiccional y

administrativa del Organismo Judicial comprende un total de

4287 (44%) mujeres y 5459 (56%) hombres, desagregados de

la siguiente forma: 394 (39%) mujeres y 616 (61%) hombres

en el área jurisdiccional en los cargos de judicaturas y

magistraturas; 82 (55%) mujeres y 68 (45%) hombres, en el

área administrativa en los cargos de gerencia, secretarías,

direcciones y coordinaciones; 2987 (50%) mujeres y 3035

(50%) hombres de personal jurisdiccional; 1300 (35%) mujeres

y 2424 (65%) hombres de personal administrativo. Con los

porcentajes descritos se evidencia la brecha de género

desfavorable para las mujeres en su acceso a los puestos de

trabajo en condiciones de paridad.

El referido estudio se realizó aplicando la metodología de

género y la investigación cualitativa apoyada por la metodología

cuantitativa, utilizada especialmente para la sistematización de

la información recolectada en dependencias administrativas

y órganos jurisdiccionales del Organismo Judicial, incluyendo

dentro de esta última a los órganos jurisdiccionales de Familia,

Paz, Tribunales de Sentencia Penal y Juzgados de Trabajo

del departamento de Guatemala en los municipios de Mixco

y Villa Nueva, así como en los departamentos de Escuintla,

Chimaltenango, Izabal, Sololá, Alta Verapaz, Retalhuleu y

Jutiapa, abarcando los órganos jurisdiccionales mencionados

ubicados en las cabeceras departamentales.

En este contexto, con la finalidad de alcanzar los objetivos

propuestos en el presente estudio se utilizó el “pluralismo

metodológico” o la combinación de métodos diferentes

para profundizar en el conocimiento de la realidad que se

investiga, por lo que se utilizaron en el estudio tres métodos de

investigación siguientes:

-29-


1. Entrevistas a personas informantes clave dirigidas a

personal de las unidades jurisdiccionales y administrativas

seleccionadas como objeto de estudio.

2. Revisión de expedientes judiciales o documentos

elaborados por las unidades seleccionadas.

3. Entrevistas a personas usuarias.

La teoría y perspectiva de género, así como el marco

jurídico nacional e internacional, sirvieron de base conceptual

para la elaboración de las herramientas utilizadas en el proceso

de recolección, sistematización y análisis de resultados.

Los resultados obtenidos permitieron identificar los

elementos que contribuirán a fortalecer la transversalidad

de la perspectiva de género y derechos humanos de las

mujeres en la administración de justicia y que estos puedan

instrumentalizarse a través del diseño de una Política en materia

de género que evidencie la voluntad de institucionalizarla y así

brindar un servicio con calidad y calidez facilitando el acceso de

las mujeres a la justicia. Motivo por el cual la Corte Suprema de

Justicia a través de la Comisión de la Mujer presenta la Política

Institucional del Organismo Judicial Sobre Igualdad de Género

y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres.

-30-


I. Sistematización del Estudio sobre

el Conocimiento y Aplicación de la

Perspectiva de Género y Derechos

Humanos de las Mujeres del Organismo

Judicial

-31-


-32-


1.1. MARCO CONCEPTUAL

El Organismo Judicial ha planteado el enfoque de derechos

humanos de las mujeres tomando en consideración dos visiones:

la de la perspectiva de género y la relativa al reconocimiento

de la justicia como instrumento para el desarrollo humano

indispensable en la construcción y fortalecimiento del Estado

de Derecho.

La importancia que el estudio de los derechos humanos de

la mujeres reviste es que vincula los aportes realizados por

la teoría feminista a los derechos humanos para entenderlos

en su dimensión más amplia, como un “conjunto de valores

inherentes a las mujeres y los hombres, mediante los cuales

los seres humanos nos relacionamos y nos reconocemos en

una ética de la persona total; donde cada mujer y cada hombre

es titular, de forma irrenunciable, inderogable y universal

de todos los derechos para que las demás personas y las

instituciones derivadas de la voluntad colectiva, la pareja, la

familia, la comunidad, el estado, las naciones, las culturas y

sus autoridades protejan, con garantías individuales en igual

importancia y jerarquía; la vida, libertad, sexualidad, igualdad,

seguridad, integridad y dignidad.”

Debido a la realización de movimientos internacionales

de las mujeres y feministas, durante las últimas décadas, se

han logrado avances importantes para integrar una visión de

lo femenino dentro de los derechos humanos, de manera que

lo masculino ya no deba ser el parámetro universal. En este

sentido, se pueden mencionar como ejemplos el reconocimiento

explícito en la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos

Viena 1993 que los derechos humanos de las mujeres y las niñas

son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos

humanos universales; la creación de Relatorías especiales

sobre derechos de las mujeres en los sistemas regionales,

como el interamericano, así como de la Relatora Especial

sobre la Violencia contra la Mujer en el sistema universal; o

el impulso del proceso de relectura desde la perspectiva de

los derechos de las mujeres, en los instrumentos del sistema

de Naciones Unidas, como la observación No. 28-2000 del

Comité de Derechos Humanos sobre el Pacto Internacional de

-33-


Derechos Civiles y Políticos, relativa a la no discriminación e

igualdad de derechos entre mujeres y hombres.

Dentro de las normas internacionales que promueven

el respeto de los derechos humanos de las mujeres se

consideraron, entre otros, los siguientes:

• La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas

de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas

en inglés).

• La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar

y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de

Belém Do Pará).

• El Estatuto de la Corte Internacional de Justicia (Estatuto

de Roma).

• La Declaración y Programa de Acción, emanado de la

Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, junio

1993).

• La Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra

la Mujer.

• La Plataforma para la Acción Mundial, formulada en la

Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing

1995.

• Estatuto de la Corte Internacional de Justicia

7 Tamayo, Josefina. Programa de formación en Derechos Humanos de las

Mujeres en el sector justicia. Septiembre 2008. Pág. 15.

8 Ibid. Pág. 21.

En cuanto al ordenamiento jurídico de carácter nacional que

sirvió de referencia para el estudio se consideraron:

• La Constitución Política de la República de Guatemala.

• La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

Intrafamiliar. Decreto 97-1996.

-34-


• La Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer.

Decreto 7-1999.

• La Ley de Desarrollo Social. Decreto 42-2001.

• La Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia

contra la Mujer. Decreto 22-2008.

• La Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de

personas. Decreto 9-2009.

Respecto de dicho marco normativo, es importante acotar

que los derechos humanos de las mujeres reconocidos, son

exigencias elementales que puede plantear cualquier persona

humana por el sólo hecho de serlo, ya que son inherentes a la

misma, implicando la satisfacción de sus necesidades básicas,

como requisito indispensable para poder desarrollarse en un

contexto de democracia, justicia y paz; por ello se ha sostenido

que son derechos tan básicos que sin su pleno ejercicio, resulta

prácticamente imposible llevar una vida digna. Por tanto, son

universales, indelegables e irrenunciables.

El mandato de la Secretaría de la Mujer y Análisis de Género

es definir, implementar y monitorear la Política Institucional del

Organismo Judicial Sobre Igualdad de Género y Promoción de

los Derechos Humanos de las Mujeres, y en consecuencia, otra

de las categorías a investigar en el estudio de mérito fue la

relacionada al conocimiento de la perspectiva y metodología

de género.

La perspectiva de género es una herramienta que permite

analizar y comprender las cualidades, funciones, ejercicio de

derechos en el marco de las relaciones desiguales de poder

que tienen asignados los hombres y las mujeres en las distintas

sociedades y en diferentes momentos históricos. Estos roles

generalmente atribuyen mayores privilegios y derechos a los

hombres, a quienes se les destina para la vida en el espacio

público; para el trabajo productivo a las mujeres, ubicándolas en

el espacio privado. Por lo tanto, las designa como responsables

del cuidado y crianza de hijos e hijas, de personas enfermas y

de la realización del trabajo del hogar.

-35-


1.2. RESULTADOS DEL ESTUDIO SOBRE EL

CONOCIMIENTO Y APLICACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE

GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES DEL

ORGANISMO JUDICIAL

• Informantes Clave

Aspectos metodológicos:

Con base en la metodología con la que fue ejecutado el

Estudio, se estableció que la selección de las “Personas

Informantes Clave”, no se realizaría de acuerdo a una muestra

estadística del total de personal que labora en las dependencias

administrativas y áreas jurisdiccionales del Organismo Judicial,

sino que se elegirían en forma reflexiva.

Rodríguez y sus coautores se refieren a este aspecto

de la siguiente forma: “Frente al muestreo probabilístico, la

investigación cualitativa propone estrategias de selección

de informantes que suponen una selección deliberada e

intencional. Las personas o grupos no se seleccionan al azar

para completar una muestra de determinado tamaño, se eligen

uno a uno de acuerdo con el grado en que se ajustan a los

criterios o atributos establecidos por el investigador, incluso en

algunos estudios se elige a una sola persona o institución como

caso y, desde luego, nunca a partir de una tabla de números

aleatorios” . Estos autores proponen como una alternativa

metodológica válida, que si durante el desarrollo de las diversas

fases de una investigación se necesita incluir como fuentes a

otras personas informantes, estas pueden ser agregadas.

Para este aspecto del estudio se entrevistó a un total de

209 personas informantes clave de las diferentes dependencias

administrativas, así como de las áreas jurisdiccionales, Paz,

Familia y Trabajo y de Sentencia Penal del Organismo Judicial,

y de sindicatos de dicha entidad.

-36-


Total de personas informantes clave entrevistadas

Fuente: Trabajo de campo entrevistas a nivel nacional a 209 personas.

La aplicación de este método se organizó iniciando con

la recolección de la información, mediante la realización de

entrevistas a personas informantes clave, las que fueron

escogidas, sin que representaran una muestra estadística del

total de personal del Organismo Judicial, de conformidad con

los siguientes criterios:

4 Rodríguez, Gil, & García (1996:71), Tipo de investigación o de estudio,

http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2009/njlg/TIPO%20DE%20

INVESTIGACION%20O%20DE%20ESTUDIO.htm Fecha de consulta

26.02.2014

• Poseen conocimiento o experiencia de trabajo sobre

derechos humanos de las mujeres y perspectiva de

género.

• Ocupan los cargos de coordinadores o coordinadoras,

directores o directoras de dependencias administrativas

seleccionadas.

• Son funcionarios judiciales: magistradas, magistrados,

jueces, juezas, secretarios o secretarias, profesionales de

Trabajo Social o Psicología que laboran en los órganos

jurisdiccionales seleccionados.

Mediante la aplicación de este método se recolectó información

relativa a:

• El conocimiento y aplicación de los derechos humanos de

las mujeres, abarcando los instrumentos normativos de

carácter nacional e internacional.

-37-


• El conocimiento de la perspectiva y metodología género,

así como su incorporación en el Organismo Judicial.

• La propuesta de acciones a realizar en el Organismo

Judicial para lograr la transversalización de la perspectiva

de género y derechos humanos de las mujeres.

Conocimiento de los derechos humanos de las mujeres

Las entrevistas sobre el conocimiento de los derechos

humanos de las mujeres se efectuó en base a preguntas

relacionadas con:

El conocimiento sobre la existencia de los derechos humanos

de las mujeres.

• El conocimiento y aplicación del marco jurídico

internacional.

• El conocimiento del marco jurídico nacional.

¿Existen Derechos Humanos Específicos de las Mujeres?

Fuente: Trabajo de campo entrevistas a nivel nacional a 209 personas.

Los resultados obtenidos sobre el conocimiento de la

existencia de los derechos humanos de las mujeres, así como

del conocimiento y aplicación del marco jurídico internacional

son los siguientes:

• 191 informantes clave respondieron que existen derechos

humanos específicos de las mujeres, 108 son de sexo

femenino y 83 de sexo masculino y 18 que no existen, 6

son de sexo femenino y 12 de sexo masculino.

-38-


• 121 informantes clave respondieron que dentro del marco

jurídico internacional conocen la CEDAW, de las cuales

64 son del sexo femenino y 57 del sexo masculino; 103 la

aplican, 54 son de sexo femenino y 49 de sexo masculino.

• 127 informantes clave respondieron que dentro del marco

jurídico internacional conocen la Convención de Belém

Do Pará, de las cuales 69 son del sexo femenino y 58

del sexo masculino, mientras que de los 82 informantes

que indicaron que no la conocen; 45 pertenecen al sexo

femenino y 37 al masculino y 113 la aplican.

Con relación al conocimiento del marco jurídico nacional,

los resultados obtenidos fueron los siguientes:

• 164 informantes clave refirieron conocer la Ley para

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Intrafamiliar;

90 son de sexo femenino, 74 son de sexo masculino;

133 informantes clave identifican la Constitución Política

de la República de Guatemala como un instrumento

de derechos humanos de las mujeres; 70 son de sexo

femenino y 63 son de sexo masculino.

• 44 informantes clave refirieron conocer la Ley de

Desarrollo Social; 20 son de sexo femenino y 24 de sexo

masculino.

• 40 informantes clave refirieron conocer la Ley de

Dignificación y Promoción Integral de la Mujer; 22 son de

sexo femenino y 18 son de sexo masculino.

Fuente: Trabajo de campo entrevistas a nivel nacional a 209 personas.

-39-


Producto del análisis de la información, se advierte que

un elevado número de personas no conocen algunas leyes

relevantes dentro del sistema jurídico nacional, tales como:

La Ley de Desarrollo Social, Ley de Dignificación y Promoción

integral de la Mujer. Esta información permite tomar decisiones

sobre la necesidad de fortalecer la formación del personal

jurisdiccional y administrativo en esta materia.

Por otra parte, se evidencia la necesidad de utilizar la

información recolectada para la capacitación sistemática

dirigida al personal del Organismo Judicial sobre derechos

humanos de las mujeres.

Conocimiento de la perspectiva de género

El conocimiento de la perspectiva de género incluyó preguntas

relacionadas con:

• El conocimiento de la teoría y perspectiva de género.

• El conocimiento de los pasos de la metodología de género.

• La identificación de las manifestaciones sexistas.

Las respuestas proporcionadas por las personas

informantes clave de las dependencias administrativas y de

los órganos jurisdiccionales en relación al conocimiento de la

perspectiva y teoría de género, son las siguientes:

• 163 indicaron que conocen la perspectiva de género, de

las cuales 91 pertenecen al sexo femenino y 72 al sexo

masculino; mientras 46 indicaron que no conocen la

perspectiva género, de las cuales 23 son mujeres y 23

hombres.

• 112 personas respondieron que no conocen la metodología

de género, de las cuales 59 pertenecen al sexo femenino

y 53 al masculino.

Las interrogantes contenidas en el instrumento de

investigación se contextualizaron en cuanto a los pasos de la

-40-


metodología de género en contraste con la teoría de género

propuesta y sustentada por la Doctora Alda Facio, quien explica

que “debido a que la perspectiva de género es poco conocida,

muchas/os la utilizan como sinónimo de mujer, he optado por

definir unos cuantos pasos, que no son difíciles, una vez se ha

tomado conciencia de lo que comprende el sexismo” .

Las respuestas ofrecidas por las personas informantes

clave, en relación al conocimiento sobre los pasos de la

metodología de género son:

5 Facio Montejo, Alda. Cuando el género suena, cambios trae (una

metodología para el análisis de género del fenómeno legal) 1ª Edición. San

José, Costa Rica: ILANUD 1992. Pág. 14.

¿Qué pasos de la metodología de género puede citar?

Fuente: Trabajo de campo entrevistas a nivel nacional a 209 personas.

• 59 personas citan el paso “tomar conciencia de

subordinación”, de las cuales 29 pertenecen al sexo

femenino y 30 al sexo masculino; mientras 85 informantes

clave no citan este paso, de las cuales 10 son mujeres y

75 hombres.

• 44 personas indicaron que identifican “algunas formas de

sexismos”, de las cuales 23 son mujeres y 21 hombres;

mientras 163 no identificaron sexismos de las cuales 89

son mujeres y 74 son hombres.

-41-


• 38 personas indicaron que conocen el paso “modelo de

mujer”, de las cuales 23 pertenecen al sexo femenino y

15 al masculino; mientras 170 no lo citan de las cuales 89

son mujeres y 81 hombres.

• 20 personas indicaron que conocen el “lenguaje

incluyente”, de las cuales 15 son mujeres y 5 hombres;

mientras 189 no lo conocen, dentro de las cuales 99

pertenecen al sexo femenino y 90 al sexo masculino.

• 16 personas indicaron que sí conocen el paso denominado:

“analizar el texto”, de las cuales 9 son mujeres y 7

hombres; por su parte, 192 no lo citan, de las cuales 104

pertenecen al sexo femenino y 88 al masculino.

Los sexismos se traducen en discriminaciones contra las

mujeres, limitándoles su desarrollo integral, razón por la que fue

muy importante obtener información relativa a la identificación

de diversas manifestaciones de sexismos en la vida laboral,

pues ello permitirá trazar en la Política acciones tendientes a

su erradicación.

Los resultados obtenidos de las entrevistas realizadas

a las personas informantes clave del área administrativa y

jurisdiccional, respecto a la identificación de las manifestaciones

sexistas que se presentan en las acciones cotidianas del

trabajo, son los siguientes:

El androcentrismo, concebido como “la forma más

generalizada de sexismo, que consiste en ver el mundo desde

la mirada de lo masculino, tomando al varón como parámetro

de lo humano” , fue identificado por 83 personas; de las cuales

48 son mujeres y 35 hombres, no obstante 126 no lo señalaron,

de las cuales 66 pertenecen al sexo femenino y 60 al sexo

masculino. En la vida laboral lo identifican 71 personas, de las

cuales 42 son del sexo femenino y 29 del sexo masculino.

• La ginopia, definida como “la imposibilidad de ver lo

femenino o imposibilidad de aceptar la existencia autónoma

-42-


de personas del sexo femenino” , fue identificada por 39

personas; de las cuales 22 son de sexo femenino y 17

del sexo masculino; no obstante, 170 personas indicaron

que no conocen el término, de las cuales, 92 son del

sexo femenino y 68 del sexo masculino. En la vida laboral

identifican la ginopia 31 personas, de las cuales 16 son

del sexo femenino y 15 del sexo masculino.

• La misoginia, que como su raíz latina lo indica “es el

odio o desprecio a lo femenino” , fue identificada por 85

personas; de las cuales 48 fueron mujeres y 37 hombres;

no obstante, 124 no identificaron esta manifestación,

de las cuales 66 pertenecen al sexo femenino y 58 del

sexo masculino. Esta forma de sexismo fue identificada

en la práctica cotidiana del trabajo por 60 personas, de

las cuales 29 pertenecen al sexo femenino y 31 al sexo

masculino.

• El dicotomismo sexual se refiere a “concebir y tratar

a los dos sexos como diametralmente opuestos y

contradictorios, contexto dentro del cual las mujeres y

los hombres son tratados como totalmente diferentes y

contrarios, sin reconocer que entre ambos existen más

igualdades que diferencias” , fue identificado por 25

personas, de las cuales 15 fueron del sexo femenino y 10

del sexo masculino; no obstante, 184 personas indicaron

que no lo conocen, de las cuales 99 son mujeres y 85

hombres. En la práctica laboral identifican el dicotomismo

sexual 12 personas, de las cuales 7 pertenecen al sexo

femenino y 5 al sexo masculino.

• El doble parámetro entendido como “la manifestación

en la que una misma conducta o situación idéntica es

valorada en diferente forma si la realiza una mujer o un

hombre; actitud también denominada como doble moral,

ya que las conductas de mujeres y hombres son valoradas

de acuerdo a los prejuicios sexistas imperantes en una

sociedad y momento dado, prejuicios que generalmente

privilegian a los hombres” . Esta manifestación fue

identificada por 29 personas, 17 mujeres y 12 hombres;

no obstante, 180 personas no lo identifican, de las cuales

las 97 pertenecen al sexo femenino y 83 al masculino.

-43-


En la práctica cotidiana del trabajo esta manifestación fue

identificada por 13 personas, 12 de las cuales son del sexo

femenino y 1 del sexo masculino.

Facio Montejo: Alda, Cuando el Género suena, cambios trae (una metodología

para el análisis de género del fenómeno legal). 1ª. Ed. San José Costa Rica:

ILANUD 1992. Página 24

7 Facio, Alda. Op. cit.

8 Facio, Alda. Op. cit.

9 Castillo Godoy, Delia Cristina. Metodología de Género, Guatemala,

Organismo Judicial, 2012. Página 30.

10 Castillo Godoy, Delia Cristina. Loc. cit

• El familismo, entendido “como una situación producto

de las concepciones tradicionales, que ubican a la mujer

como única responsable del cuidado del hogar, y al hombre

visto como ajeno a la familia postergando las necesidades

de las mujeres, al priorizar necesidades familiares” , fue

identificado por 25 personas, de las cuales 12 pertenecen

al sexo femenino y 13 al sexo masculino; no obstante, 184

personas indicaron que no conocen esta manifestación, de

las cuales 102 son mujeres y 82 hombres. En la práctica

cotidiana del trabajo identificaron esta manifestación 21

personas, de las cuales 9 pertenecen al sexo femenino y

12 al sexo masculino.

A nivel general, 95 personas identificaron manifestaciones

sexistas en su trabajo cotidiano, de las cuales 55 pertenecen al

sexo femenino y 45 al sexo masculino; no obstante, 114 personas

indicaron que no identifican sexismos en su trabajo cotidiano,

de las cuales 59 son mujeres y 55 hombres.

La información descrita en los párrafos anteriores evidencia

la necesidad de desarrollar procesos de formación sobre

la metodología de género, dirigidos al personal de órganos

jurisdiccionales y dependencias administrativas.

-44-


Formación en materia de género

En cuanto a la formación en materia de género, las

entrevistas realizadas a las personas informantes clave de las

dependencias administrativas y de los órganos jurisdiccionales

incluyeron preguntas relacionadas con los diferentes niveles

de formación que han tenido en la materia. Los resultados

obtenidos en este ámbito son los siguientes:

¿Ha recibido cursos, talleres, diplomados o maestrías en

materia de género?

Fuente: Trabajo de campo entrevistas a nivel nacional a 209 personas.

11 Castillo Godoy, Delia Cristina. Loc. cit.

• De 209 personas, 134 expresan que han recibido

formación en género, de ellas 73 son de sexo femenino

y 61 de sexo masculino; 75 indican que no han recibido

formación en género, 41 son de sexo femenino y 34 son

de sexo masculino.

• 4 han estudiado maestría, de las cuales 3 son de sexo

femenino y 1 de sexo masculino.

• 28 han cursado diplomados, de las cuales, 18 son de

sexo femenino y 10 de sexo masculino; al respecto,

la formación mediante diplomados, implica el haber

estudiado una materia especializada, en el presente caso,

estudios de género, derechos humanos de las mujeres y

-45-


violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones,

acumulando un número de horas presenciales y/o

virtuales, las que pueden oscilar desde las 100 a las 400, y

que incluyen preparación teórica, experiencias prácticas

y la elaboración de un trabajo final para garantizar la

adquisición de una formación en esta área específica del

conocimiento, con la posibilidad de ser acreditados por un

ente académico.

• 68 personas han recibido cursos, de ellas 40 son de sexo

femenino y 28 de sexo masculino, estas personas han

participado en procesos de formación, ya sea de nivel

inicial o básico, o han fortalecido sus conocimientos

mediante su participación en diversos cursos, los que

generalmente reúnen algunos requisitos académicos

tales como un tiempo definido de duración y certificación

académica.

• 34 personas han asistido a talleres, de las cuales 11 son

de sexo femenino y 23 de sexo masculino. Los talleres

están visualizados como eventos de capacitación de

dos o más días de duración, basados en el aprendizaje

cooperativo, en el cual todas las personas asistentes

construyen en forma colectiva conocimientos, basados en

sus propias experiencias de vida o laborales. En este caso

los derechos humanos de las mujeres, la metodología de

género y la violencia contra la mujer.

• 25 personas han participado en programas en materia de

género, de las cuales 11 son de sexo femenino y 14 de

sexo masculino.

Otras personas informantes clave, consideran que han

recibido formación en género porque han asistido a diversas

actividades, entre las que se encuentran, obras de teatro o

películas.

• Revisión de expedientes judiciales

-46-


Aspectos metodológicos:

La metodología diseñada incluyó la revisión de expedientes

en las áreas jurisdiccionales seleccionadas como objeto de

estudio, con competencia en materia Penal y de Familia para la

identificación de insumos e información que permitiera elaborar

la Política Institucional del Organismo Judicial Sobre Igualdad

de Género y Promoción de los Derechos Humanos de las

Mujeres.

Para facilitar la recolección de la información contenida

en los expedientes relacionados, se elaboró un instrumento

específico. Se solicitó que los expedientes que se iban a tener

a la vista para este análisis tuvieran carácter de fenecidos, sin

embargo, el otorgamiento de las actuaciones en todos los casos

fue discrecional por parte de los jueces o juezas, secretario o

secretaria y auxiliares judiciales.

Los elementos estudiados permitieron verificar la aplicación

de la normativa en materia de derechos humanos de las

mujeres tanto a nivel nacional como internacional y la utilización

de la metodología de género en las resoluciones judiciales; así

como el reflejo de una atención de calidad y calidez; es decir,

la atención integral ofrecida por el personal del Organismo

Judicial a las usuarias externas, en respuesta al objetivo

general del presente estudio que consiste en la recolección

de la información sobre el conocimiento de la perspectiva de

género y derechos humanos de las mujeres y su aplicación en

el trabajo cotidiano.

En total se revisaron 148 expedientes, en 36 judicaturas

visitadas en las cabeceras de los departamentos seleccionados

como área de estudio, divididos así:

• 16 Juzgados de Familia y Trabajo.

• 10 Juzgados de Paz.

• 10 Tribunales de Sentencia Penal.

Para el estudio y análisis de los expedientes del ramo

de Familia y Trabajo en el ámbito de diligencias de pensión

alimenticia, se tuvo a la vista un total de 39 expedientes; en el

-47-


ámbito de violencia intrafamiliar y violencia contra la mujer en

judicaturas con competencia en materia de familia, se revisaron

un total de 71 expedientes y en materia penal se analizaron un

total de 38 expedientes. Como aspectos de estudio en todos

los ramos, se verificó la aplicación de la metodología utilizada

en torno a:

• El marco jurídico internacional y nacional.

• Duración del proceso.

• Atención integral a la víctima.

Respecto de la aplicación del marco jurídico nacional, se

estableció en todos los ramos que la legislación en materia

de derechos humanos de las mujeres se torna aplicable en

congruencia con la naturaleza del proceso que se instruye

.

En cuanto a la fundamentación de la legislación internacional

en materia de derechos humanos de las mujeres, se estableció

que se encuentra enfatizada en el departamento de Guatemala,

evidenciándose con ello la necesidad de fortalecer los procesos

de formación en legislación relativa a derechos humanos de

las mujeres y género, dirigida al personal que labora en los

órganos jurisdiccionales.

Al revisar los expedientes se pudo establecer que los pasos

de metodología de género no se aplican en 64 expedientes

(90%).

En cuanto a la atención de calidad y calidez a usuarias

externas, es relevante tomar en cuenta la duración del proceso,

ya que a través de los expedientes que se tuvieron al alcance

para la extracción de datos en el presente estudio, la duración

en el trámite varía entre 1 a más de 24 meses.

El resarcimiento a la víctima que se debe otorgar como

parte de la tutela jurídica que se le confiere, en la mayoría

de los casos analizados es de tipo pecuniaria. Sin embargo,

debe considerarse que si bien es cierto es ordenada mediante

resolución judicial, se desconoce si finalmente se hace efectiva

a favor de la víctima, debido a que la ejecución de esta medida

se tramita en expediente en la jurisdicción civil.

-48-


Otra de las preguntas del instrumento que sirvió de base

para la sistematización y recopilación de información para el

presente estudio, es si dentro de los expedientes analizados

hay reporte de atención integral, de lo cual se reflejó el hecho

que no hay.

Es importante enfatizar lo relativo a los casos de violencia

intrafamiliar y violencia contra la mujer, en los cuales se

determinó que hay una cantidad considerable de medidas de

seguridad otorgadas . Algunos casos de violencia contra la

mujer siguen siendo tramitados como violencia intrafamiliar,

como se muestra en la gráfica siguiente:

Tipo de casos

Fuente. Trabajo de campo. Análisis a nivel nacional de 71 expedientes.

12 Los conceptos de calidad y calidez humana están vertidos dentro de

las acciones victimológicas contenidas en el Protocolo de la Ley Contra

el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Decreto 22-2008

del Congreso de la República de Guatemala, y se refieren básicamente a

parámetros valorativos en la implementación de los derechos humanos, y

cuyo objetivo principal es prevenir y/o evitar la revictimización o victimización

secundaria, es decir, volver a atravesar emocionalmente por el daño recibido.

Se hace especial énfasis en que a la víctima no se le deben dirigir juicios

de valor sexistas en su contra, ser culpabilizada o responsabilizada de lo

sucedido.

13 Dto. 22-2008 del Congreso de la República de Guatemala. Ley contra el

Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Artículo 3, inciso h

Resarcimiento a la víctima: Se entenderá por resarcimiento el conjunto de

medidas tendientes a aproximar la situación de la víctima al estado en que

se encontraría de no haberse producido el hecho delictivo. El resarcimiento

deberá caracterizarse por su integralidad y comprende además de

indemnizaciones económicas, todas aquellas medidas tendientes a dotar a la

víctima de una reparación médica, psicológica, moral y social.

14 Como una medida afirmativa (Artículo 4 CEDAW) en los casos de VIF y

VCM, para la denuncia y otorgamiento de las medidas de seguridad no se

requiere presentar documentos de identificación personal.

-49-


Análisis de los resultados obtenidos:

La perspectiva de género constituye una categoría vital

dentro del sistema de justicia, toda vez que no aplicarla dentro

de las actuaciones judiciales evidencia la omisión de los

derechos humanos de las mujeres, limitando la valoración y el

abordaje de la problemática que ellas enfrentan, situación que

responde al manejo de patrones, roles y estereotipos de una

cultura patriarcal, que legitima y agrava la violencia contra las

mujeres.

Los datos del estudio permitieron establecer que el

número de procesos por delitos de violencia contra la mujer

es significativo; probablemente se deba a que la cultura de

denuncia está siendo adoptada por las mujeres, es por ello

que, en virtud de que se está contribuyendo a poner un alto a la

violencia, el Organismo Judicial le debe dar una respuesta con

celeridad, calidad y calidez.

Los resultados obtenidos evidencian que una acción que

puede coadyuvar a extender la garantía jurídica a las mujeres

en todo ámbito, es que la Corte Suprema de Justicia encamine

esfuerzos a través de las facultades que le son otorgadas por

el artículo 174 de la Constitución Política de la República de

Guatemala en cuanto a la iniciativa de ley para la formación

de normativa especializada en materia civil, ya que de este

ramo surge la mayoría de tramitación de procesos que son

inherentes a la familia.

Los resultados obtenidos en cuanto a la duración de los

procesos relacionados a la pensión alimenticia, oscilan entre

un mes a más de dos años, situación que vulnera los derechos

de mujeres, niñas y niños.

Mientras las leyes especializadas se hacen una realidad, los

recursos que se tienen disponibles contribuyen al cumplimiento

de las metas y objetivos trazados, en este aspecto, debe

enfatizarse la necesidad de que el recurso humano esté

formado en materia de género, como requisito que permitirá

cumplir con responsabilidad el mandato institucional de impartir

justicia para todas las personas. Como lo refiere la Dra. Alda

-50-


Facio, la insensibilidad al género deviene cuando se ignora la

variable sexo como socialmente importante y válida, la cual

es una forma de sexismo, lo que resultará en que no exista

victimización como primer efecto positivo.

La formación y concientización amplía las perspectivas

para la aplicabilidad de las normas de manera concreta y

orientada a la tutela de los derechos inherentes de las mujeres,

incrementando las capacidades de responder a los casos de

violencia contra la mujer e intrafamiliar de manera pronta,

apropiada y efectiva.

La Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

Intrafamiliar, Decreto 97-1996 del Congreso de la República

de Guatemala, contempla en su artículo 1 que “La violencia

intrafamiliar, constituye una violación a los derechos humanos

y para los efectos de la presente ley, debe entenderse como

cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta

causare daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o

patrimonial, tanto en el ámbito público como en el privado, a

persona integrante del grupo familiar, por parte de parientes

o conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex cónyuge o con

quien se haya procreado hijos o hijas.”

15 Facio Montejo, Alda. Loc. cit.

Así mismo, la Ley contra el Femicidio y otras formas de

Violencia contra la Mujer, contempla en su artículo 3, inciso j,

que violencia contra la mujer es “toda acción u omisión basada

en la pertenencia al sexo femenino que tenga como resultado el

daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico

o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales

actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto

si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado.”

Es importante identificar que la violencia contra la mujer

se produce en el ámbito público y privado, por ello resalta la

necesidad de asegurar, mediante los mecanismos idóneos

a corto plazo, el tratamiento para las mujeres víctimas de

violencia desde una perspectiva de género y no como una

situación casuística o cultural, para sentar bases o precedentes

-51-


para contribuir a la prevención, sanción y erradicación de la

violencia contra las mujeres, tanto en la provisión de servicios

como en las condiciones y ambiente laboral.

• Información recolectada con usuarias

Aspectos metodológicos:

Para el estudio se entrevistaron a 27 personas usuarias

quienes fueron elegidas al azar, al momento de realizar el trabajo

de campo en 36 órganos jurisdiccionales a nivel nacional. La

entrevista comprendió preguntas relacionadas con:

• Datos generales de la usuaria

• Atención recibida

• Situación actual de la mujer víctima de violencia

• Acciones victimológicas

• Información del agresor

Los tipos de casos se detallan a continuación:

Tipos de caso

Datos generales de las usuarias entrevistadas

Las entrevistas realizadas a las usuarias fueron orientadas

para determinar la edad, la pertenencia cultural, el estado civil,

idioma, escolaridad y profesión; recolectándose sobre la base

de 27 usuarias entrevistadas, obteniéndose los siguientes

resultados:

-52-


Datos generales de las usuarias

Edad de las usuarias

Fuente: trabajo de campo. Entrevistas a nivel nacional a 27 personas usuarias.

En la gráfica anterior se evidencia que el rango de edad de

las usuarias que utilizan con mayor frecuencia el servicio del

Organismo Judicial es de 25 a 34 años.

• Estado Civil: 15 personas refirieron que están casadas,

8 que son solteras y 4 que se identifican unidas.

• Idioma: 22 personas manifestaron que hablan solamente

español; 5 son bilingües, ya que además de hablar

español, 2 hablan inglés y 3 hablan un idioma maya, de

las cuales 2 hablan Q’eqchi’ y 1 Kaqchiquel.

Fuente: trabajo de campo. Entrevistas a nivel nacional a 27 personas usuarias.

• Escolaridad: 12 personas poseen una preparación

académica a nivel primario, 7 a nivel diversificado, 4 a

nivel básico, 2 son universitarias y 2 son analfabetas.

-53-


• Profesión u oficio: 15 personas son amas de casa; 3

son vendedoras; 2 son maestras; 1 es secretaria y 6

tienen otras profesiones u oficios, entre las cuales se

encuentran: procuradora de bufete, auxiliar de bodega,

costurera, niñera y bachiller en Ciencias y Letras.

A partir de dicha información se puede establecer que

el fenómeno de violencia contra la mujer en sus diferentes

manifestaciones afecta a víctimas de todos los estratos sociales,

independientemente de la edad, estado civil y profesión.

Información del agresor

En las entrevistas realizadas se estableció la relación de

la víctima con la persona agresora, así como las pautas de

comportamiento de la misma. De acuerdo a las entrevistas

realizadas se estableció:

¿Quién es la persona agresora?

Fuente: trabajo de campo. Entrevista a nivel nacional a 27 personas usuarias.

• Vínculo entre la persona agresora y la víctima: 17

personas respondieron que la persona agresora es

su esposo, 1 su ex esposo, 3 su conviviente, 1 su ex

conviviente, 1 su concuña, 1 sus padres y 2 respondieron

que son personas conocidas. En 1 de los casos no aplica

la pregunta debido a que la persona entrevistada refirió

que no existe violencia por tratarse de un caso de divorcio

voluntario y manejan una relación de respeto con el

demandado.

-54-


• Persona agresora detenida: Respecto de si la persona

agresora se encuentra detenida, 26 usuarias respondieron

que no y en 1 caso no aplica porque no existe violencia y

es un divorcio voluntario.

Comportamiento de la persona agresora:

¿Cómo se comporta la persona agresora con usted?

Fuente: trabajo de campo. Entrevista a nivel nacional a 27 personas usuarias.

• Apoyo económico de la persona agresora:1 usuaria

respondió que sí recibe pensión alimenticia, 20

respondieron que no y en 6 casos no aplica la pregunta,

debido al tipo de caso. Es importante puntualizar que

la usuaria que recibe pensión alimenticia refirió que la

misma no le alcanza para cubrir sus necesidades.

• Relación de la persona agresora con hijas e hijos:

¿El agresor se relaciona con las hijas o hijos?

Fuente: trabajo de campo. Entrevista a nivel nacional a 27 personas usuarias.

-55-


A las 27 usuarias entrevistadas se les hizo la siguiente

pregunta: ¿El agresor se relaciona con sus hijas o hijos?, 11

respondieron que la persona agresora sí se relaciona con

sus hijas o hijos, 12 respondieron que no se relacionan, 3

manifestaron que no tienen hijos con la persona agresora (1

caso de estos 3, es un caso de agresión sexual) y 1 caso no

aplica, ya que es un divorcio voluntario, en el cual la persona

afirma que no hay violencia y además no tienen hijas o hijos.

¿Cómo es esa relación con hijas e hijos?

Fuente: trabajo de campo. Entrevista a nivel nacional a 27 personas usuarias.

Para el caso de las once 11 personas entrevistadas cuyas

hijas o hijos se relacionan con la persona agresora, las mismas

respondieron que la relación es: 1 con manipulación y violencia

verbal, 1 con amenazas y maltratos, 1 con amenazas y violencia

física, 1 solo regaños, 5 con indiferencia, 1 con amenazas y por

último, 1 cariñosa.

Lo anterior evidencia que la violencia psicológica o

emocional, la cual la ley Contra el Femicidio y otras formas de

Violencia contra la Mujer define en el inciso m como “Acciones

que pueden producir daño o sufrimiento psicológico o emocional

a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así como las acciones,

amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares

hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad

de la víctima, en ambos casos con el objeto de intimidarla,

menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a

ese clima emocional, puede sufrir un progresivo debilitamiento

psicológico con cuadros depresivos”.

-56-


Otorgamiento de medidas de seguridad y pensión

alimenticia.

El estudio sobre el otorgamiento de medidas de seguridad y

pensión alimenticia comprendió aspectos relativos a:

• Solicitud y otorgamiento de medidas de seguridad: 14

usuarias solicitaron medidas de seguridad, de las cuales

a 11 se las otorgaron; 2 las solicitaron en ese momento;

y a 1 no se las otorgaron debido a que no llevaba su

Documento Personal de Identificación –DPI-. Cabe

destacar que a 1 usuaria dentro del proceso de guarda y

custodia, le decretaron medidas de seguridad y a otra al

momento de demandar pensión alimenticia, ya contaba

con medidas de seguridad. En total, a 13 usuarias les

fueron otorgadas.

16 Congreso de la República de Guatemala. Ley contra el Femicidio y otras

formas de Violencia contra la Mujer. Decreto Número 22-2008. Fecha de

emisión: 09/04/2008. Fecha de Publicación: 07/05/2008.

• Tiempo de atención para el otorgamiento de medidas

de seguridad: De las 13 usuarias que informaron que le

otorgaron medidas de seguridad, 1 refirió que la atendieron

en 20 minutos, 6 que las atendieron en un promedio de

tiempo de 1 a 2 horas; 1 refirió que la atendieron en 4

horas y 5 no brindaron dato del tiempo.

• Plazo de otorgamiento de las medidas de seguridad:

Según indicaron las personas entrevistadas a 10 usuarias

se las otorgaron por un periodo de tiempo de 6 meses;

a 1 se las otorgaron por 1 mes y 2 refirieron que no se

recordaban por cuánto tiempo se las otorgaron.

• Órgano jurisdiccional que otorgó las medidas de

seguridad.

-57-


¿Se han cumplido las medidas de seguridad?

Fuente: trabajo de campo. Entrevista a nivel nacional a 27 personas usuarias.

• 10 refirieron que se las otorgaron en un Juzgado de

Familia y 3 que se las otorgaron en un Juzgado de Paz.

• Cumplimiento de las medidas de seguridad: 7 respondieron

que sí se han cumplido las medidas de seguridad, 1

respondió que no se han cumplido, 4 respondieron que se

las otorgaron el día de la entrevista y 1 usuaria no brindó

información relacionada con esta pregunta.

• Entidades de apoyo para el cumplimiento de las medidas

de seguridad: 1 usuaria respondió que el Ministerio

Público la ha apoyado en este sentido; 2 respondieron

que el Organismo Judicial y 10 no brindaron información.

Atención victimológica:

De las 27 usuarias entrevistadas que estaban ante una

situación de violencia, 24 respondieron que sí han comunicado

a alguien que han sido víctimas de violencia y 3 no lo han

hecho. Esto evidencia que las personas se han empoderado

a comunicar la situación de violencia y buscar apoyo en otras

personas; sin embargo, aún existen quienes tienen dificultad y

temor para romper el silencio y comunicarlo.

En cuanto a quién han comunicado el hecho de violencia,

de las 24 personas que respondieron haber comunicado a

alguien esta situación de violencia, 17 lo hicieron a un familiar:

madre, padre, hermana, hermano, hija, hijo, abuela, abuelo, tía,

tío; 5 a una amiga y 2 a otras personas.

-58-


Respecto a la institución que fueron a buscar ayuda, de las

27 usuarias entrevistadas, 13 fueron únicamente al Organismo

Judicial, 4 fueron solamente a la Policía Nacional Civil, 3 fueron

exclusivamente al Ministerio Público y 3 fueron a otros lugares

Iglesia, Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia

Intrafamiliar (PROPEV) y oficina de abogado particular. Las

otras 4 usuarias fueron a buscar ayuda a 2 instituciones o más,

la primera fue a la Policía Nacional Civil, al Ministerio Público y

al Organismo Judicial, la segunda fue al Ministerio Público y al

Organismo Judicial, la tercera fue a la Policía Nacional Civil y al

Organismo Judicial, y la cuarta fue a la Policía Nacional Civil y

Colectivo de Investigaciones Sociales y Laborales (COISOLA).

En relación a la ayuda que esperaban recibir, 21 esperaban

recibir únicamente ayuda legal, 1 esperaba recibir apoyo

emocional y 3 esperaban recibir apoyo emocional y legal. Y en

los otros 2 casos, no esperaban recibir ninguna ayuda.

A 17 usuarias se les proporcionó ayuda legal, a 2 se les

proporcionó ayuda emocional, a 2 se les proporcionó ayuda

legal y emocional, y 1 recibió apoyo emocional y ayuda en

relación al otorgamiento de pensión alimenticia y medidas de

seguridad. A 5 usuarias no se les brindó ayuda de ningún tipo y

2 de ellas tuvieron que pedir apoyo en otros lugares y recurrir a

otros recursos para que el Organismo Judicial les prestara sus

servicios.

En cuanto a cómo atendieron a las usuarias entrevistadas,

13 refirieron que las atendieron muy bien, 8 afirmaron que

las atendieron de manera aceptable y 6 expresaron que las

atendieron de manera deficiente.

Con relación al tiempo en el cual fueron atendidas las

personas entrevistadas: 1 usuaria fue atendida inmediatamente;

4 fueron atendidas en un tiempo promedio de 15 a 30 minutos;

1 usuaria fue atendida en un tiempo promedio entre 30, pero no

más de 60 minutos; 7 fueron atendidas entre 1 hora a 1 hora y

media; 10 fueron atendidas en un promedio de 2 a 3 horas; 1

fue atendida en 6 horas; 1 fue atendida en 8 días y 2 horas; 1

fue atendida en 15 días y otra no recordó en cuanto tiempo la

atendieron.

-59-


A las 27 usuarias entrevistadas se les preguntó: ¿La

enviaron a otro juzgado o dependencia del Organismo Judicial?

A lo que 16 respondieron que no fueron referidas a ningún lugar

y 11 respondieron que sí fueron referidas.

De las 11 usuarias entrevistadas que respondieron que sí

fueron referidas a otra dependencia o juzgado del Organismo

Judicial, 7 fueron referidas a un juzgado de Familia, 3 fueron

referidas a un juzgado de Paz y 1 fue referida a un juzgado de

Paz de Turno.

A las 27 usuarias entrevistadas se les preguntó: ¿Qué ayuda

le brindaron en el Organismo Judicial? A lo que 10 respondieron

que se les otorgó medidas de seguridad; 7 respondieron que se

les brindó ayuda en relación a fijación de pensión alimenticia;

2 respondieron que se les facilitó información relacionada

con el proceso actual de su caso; 1 respondió que se le

otorgaron medidas de seguridad e información del proceso;

2 respondieron que se les brindó ayuda en relación a fijación

de pensión alimenticia e información del proceso; 1 respondió

que se le otorgaron medidas de seguridad y se le brindó ayuda

en relación a guarda y custodia, y otra usuaria respondió que

estaba en proceso de divorcio de tipo voluntario. Por último,

1 usuaria respondió que estaba en espera de atención desde

hace 3 horas y otra respondió que no recibió ayuda de ningún

tipo.

A las 27 usuarias entrevistadas se les preguntó: ¿La enviaron

a otra institución u organización? A lo que 10 respondieron

que sí fueron referidas a otra institución u organización y 17

respondieron que no.

Respondieron 10 usuarias que sí fueron referidas a otra

institución u organización. 4 fueron referidas al Instituto de la

Defensa Pública Penal, 3 usuarias fueron referidas al Ministerio

Público; 1 fue referida a la Policía Nacional Civil; 1 fue referida

al Bufete Popular y 1 fue referida a un Centro de Salud para

que se le brindara apoyo psicológico. Ninguna fue referida a

los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de

Violencia (CAIMUS), Procuraduría de los Derechos Humanos

(PDH), Defensoría de la Mujer Indígena DEMI, Centro de

-60-


Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer (CICAM) o

Procuraduría General de la Nación (PGN).

En cuanto a la pregunta ¿En el juzgado, le han explicado

cuál y cómo es la situación actual de su caso? 16 respondieron

que sí recibieron una explicación de cómo y cuál es la situación

actual de su caso y 11 no recibieron explicación.

A las 16 usuarias que respondieron que sí recibieron una

explicación de la situación actual de su caso, se les preguntó:

¿Entendió la explicación que le dieron en el Juzgado? Las 16

respondieron que sí entendieron la explicación que se les dio

en los juzgados correspondientes.

¿Le han atendido en un lugar privado?

Fuente: trabajo de campo. Entrevista a nivel nacional a 27 personas usuarias.

A las 27 usuarias entrevistadas se les preguntó: ¿Le

han atendido en un lugar privado? 9 respondieron que sí las

atendieron en un lugar privado, 17 respondieron que no y 1 no

brindó información.

Las 27 usuarias entrevistadas ante la pregunta: ¿Ha

necesitado de una persona traductora? Respondieron que no

necesitaron de una persona traductora en el momento de ser

atendidas en los juzgados, ya que todas ellas hablan español.

De las 27 usuarias entrevistadas, 16 refirieron que sí las

atendieron como ellas esperaban y 11 refirieron que no las

atendieron como ellas esperaban.

-61-


¿La atendieron como esperaba?

Fuente: trabajo de campo. Entrevista a nivel nacional a 27 personas usuarias.

16 de las 27 usuarias entrevistadas respondieron que sí las

atendieron como esperaban. Las acciones que las personas

usuarias califican como una buena atención en un juzgado

son: brindar apoyo para que la persona pueda solucionar su

problema, explicar qué es lo que tiene que hacer la persona y

ofrecer una rápida atención.

11 de las 27 usuarias entrevistadas respondieron que no las

atendieron como esperaban. Las acciones que las personas

usuarias califican como una mala atención en un juzgado son:

no brindar información, dar información errónea, remitir a la

persona a lugares incorrectos, no ser amables, no explicar

el proceso correctamente, no escuchar lo que piensa, siente

o quiere la persona, imponer la voluntad de la persona que

atiende y no de la persona usuaria, atender lento y tardado,

discriminar y atender mal.

A las 27 entrevistadas se les preguntó cómo creen que

pueden mejorar la atención a las personas usuarias y las

respuestas que brindaron son las siguientes: apoyar todos los

casos de violencia VIF y VCM otorgando medidas de seguridad,

atender con rapidez y con celeridad en los procesos, mejorar

la atención que brindan las personas notificadoras, crear

más juzgados, brindar un buen trato a las personas usuarias,

desarrollar procesos de formación al personal en los temas de

atención al público y relaciones humanas, implementar cámaras

para grabar a las personas trabajadoras y ver cómo tratan a las

personas usuarias, innovar las instalaciones, prestar la ayuda

necesaria para no hacer perder tiempo a las personas usuarias,

-62-


dotar a los juzgados con más personal, implementar oficiales

capacitados, prestar un servicio en el cual sean más humanos

y que tengan más sensibilidad, atender con privacidad, dar una

mejor explicación para que las personas entiendan del caso y

su proceso, apoyar más a la mujer y evitar discriminarla.

• Conclusiones del Estudio

A partir del análisis efectuado se evidencia que el Organismo

Judicial y la Corte Suprema de Justicia han desarrollado

acciones para operacionalizar los compromisos en materia de

derechos humanos de las mujeres asumidos por el Estado para

garantizar a las mujeres una vida libre de violencia mediante

el cambio de las prácticas culturales de corte patriarcal, lo

que redunda en la postergación del desarrollo integral en

condiciones de igualdad.

• La necesidad de integrar a las resoluciones judiciales, los

convenios, convenciones, tratados internacionales y leyes

nacionales que promueven el respeto de los derechos

humanos de las mujeres, en la administración de justicia

con perspectiva de género.

• Crear una plataforma de acceso a la justicia, mediante la

obtención de un servicio con celeridad, calidad y calidez

humana.

• Realizar capacitaciones, campañas de sensibilización

y otras acciones en el Organismo Judicial para facilitar

el acceso a la justicia a través de la concientización del

personal jurisdiccional y administrativo, en la aplicación

de la perspectiva de género y derechos humanos de las

mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia

intrafamiliar y contra la mujer.

• La insuficiente formación del personal administrativo

del Organismo Judicial en la perspectiva de género y

derechos humanos de las mujeres, para su aplicación en

el trabajo que desarrollan.

• La insuficiente comunicación de las acciones que realiza

el Organismo Judicial en materia de género y derechos

humanos de las mujeres.

-63-


• La insuficiente coordinación intra e interinstitucional para

fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia.

Estas conclusiones deben considerarse como prioritarias

para el desarrollo de la Política Institucional del Organismo

Judicial sobre Igualdad de Género y Promoción de los Derechos

Humanos de las Mujeres.los próximos años.

-64-


II. MARCO FILOSÓFICO DE LA POLÍTICA

INSTITUCIONAL DEL ORGANISMO

JUDICIAL SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO Y

PROMOCIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE

LAS MUJERES

-65-


-66-


La Secretaría de la Mujer y Análisis de Género, como ente

responsable de definir, implementar y monitorear la Política

Institucional del Organismo Judicial Sobre Igualdad de Género y

Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, realizará

acciones tendientes a que el Organismo Judicial garantice

a las mujeres que demandan sus servicios, gocen del pleno

ejercicio de iguales oportunidades, derechos y libertades para

acceder a la justicia, para lo cual se requiere la realización de

procesos sistemáticos de concientización y formación dirigidos

al personal jurisdiccional y administrativo, a efecto de que

reciban atención con calidad y calidez humana.

La construcción de un mundo con igualdad para mujeres

y hombres, demanda que la administración de justicia, esté

sustentada en la perspectiva de género, por ello en la Política

se han incluido una diversidad de acciones, que constituyen

compromisos de Estado, por ser parte de los postulados

emanados de la Plataforma de Acción de Beijing, formulada en

la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, convocada por

Naciones Unidas.

En cumplimiento de los objetivos estratégicos contenidos

en la Plataforma se establece: “la creación o fortalecimiento de

Mecanismos institucionales para el adelanto de la mujer”, por

lo que se han incluido en la Política diversas acciones dirigidas

a lograr el fortalecimiento de la Secretaría de la Mujer y Análisis

de Género, a través de la propuesta de asignación de recursos

humanos, financieros, informáticos y físicos.

Esta Plataforma, nos obliga como Estado Parte a:

• Crear, sobre la base de un sólido compromiso político, el

mecanismo para el avance de la mujer en las más altas

instancias, con un mandato y atribuciones claramente

definidos.

• Facilitar la formulación y aplicación de políticas sobre

la igualdad entre mujeres y hombres con estrategias y

metodologías adecuadas.

• Promover la coordinación y cooperación para que la

perspectiva de género se incorpore en los procesos de

formulación de políticas y planes estratégicos.

-67-


• Impartir enseñanza y capacitación sobre derechos

humanos de las mujeres y género a las y los funcionarios

públicos, incluidos entre otros el personal judicial.

• Revisar y/o modificar leyes y procedimientos penales,

según sea necesario, para eliminar la discriminación contra

la mujer y velar para que los procesos penales garanticen

una protección efectiva, evitando la revictimización de las

acusadas, testigas o víctimas.

• Revisar las leyes nacionales, incluidas las normas

consuetudinarias y las prácticas jurídicas en las esferas

del derecho de familia, civil, penal, laboral y comercial;

con el objeto de asegurar la aplicación de los instrumentos

internacionales de derechos humanos de las mujeres,

eliminando el sesgo de género en la aplicación de justicia.

• Establecer los servicios de lingüística y culturalmente

accesibles para las niñas y mujeres.

• Traducir las leyes e información relativa a la igualdad

de condiciones y derechos humanos de las mujeres,

siempre que sea posible, a los idiomas indígenas locales

y en lenguaje apropiado para personas que viven con

discapacidad o para personas no alfabetizadas.

• Condenar la violencia contra la mujer y abstenerse de

invocar costumbre, tradición o consideración de carácter

religioso para eludir las obligaciones contraídas.

• Promover la integración activa y visible de una perspectiva

basada en género en todas las políticas y programas.

• Promover y establecer relaciones de cooperación

con instituciones, centros de estudio, instituciones

académicas o educacionales, los medios de difusión y las

organizaciones no gubernamentales, especialmente las

de mujeres.

Es necesario incorporar como elementos coadyuvantes para

el pleno respeto de los derechos humanos de las mujeres en la

administración de justicia, las acciones definidas en la Política

Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres y

su Plan de Equidad de Oportunidades 2008-2023, desarrollada

por la Secretaría Presidencial de la Mujer, específicamente en

los ejes siguientes:

“Eje de Erradicación de la Violencia contra la Mujer (VCM).

-68-


• Transformar la ideología, valores y prácticas

fundamentadas en la opresión y Violencia contra las

mujeres.

• Fortalecer los mecanismos institucionales para prevenir,

sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

• Garantizar la eliminación de cualquier tipo de opresión y

violencia contra la mujer.

• Garantizar la aplicación, efectividad, cumplimiento y

desarrollo de los instrumentos legales internacionales y

nacionales para prevenir, sancionar y erradicar todas las

formas de violencia contra las mujeres mayas, garífunas,

xincas y mestizas.

Eje de Equidad Jurídica

• Garantizar el cumplimiento y aplicación de los instrumentos

internacionales que protegen y garantizan el respeto de

los derechos humanos de las mujeres y la Plataforma

para la Acción Mundial de Beijing, emanada de la Cuarta

Conferencia Mundial de la Mujer.

• Garantizar el acceso eficiente, eficaz y oportuno de las

mujeres a la justicia pronta

y cumplida.

Eje de Racismo y Discriminación Contra las Mujeres

• Garantizar la aplicación, efectividad, cumplimiento y

desarrollo de los instrumentos legales internacionales y

nacionales para prevenir, sancionar y erradicar todas las

formas de discriminación y racismo contra las mujeres

mayas, garífunas, xincas y mestizas”.

En cumplimiento de su mandato de implementar la Política

Institucional del Organismo Judicial Sobre Igualdad de Género

y Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres, la

Secretaría de la Mujer y Análisis de Género, contribuirá a dar

cumplimiento a la visión del Organismo Judicial, de lograr la

credibilidad y legitimidad social a partir de su fortalecimiento

institucional, como respuesta a las necesidades de justicia de

la población.

-69-


18 Gobierno de Guatemala. Secretaría Presidencial de la Mujer. Política

Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las Mujeres -PNPDIM- Y

plan de Equidad de Oportunidades –PEO- 2008- 2014. Editorial Penloc de

Guatemala. Págs. 91-115.

Con la implementación de la Política Institucional del

Organismo Judicial Sobre Igualdad de Género y Promoción de

los Derechos Humanos de las Mujeres, se impulsará el cambio

de los imaginarios sociales, que eliminen los estereotipos

sexistas de la administración de justicia, así mismo se

propiciarán espacios libres de violencia para dar respuesta a

las demandas de las mujeres de contar con una justicia con

perspectiva de género y acorde a la especificidad de sus

necesidades y derechos humanos.

El Organismo Judicial, en cumplimiento a su misión y visión,

como una respuesta a la problemática que afecta a las mujeres

en el ámbito de la justicia, ha asumido el compromiso de

promover un mejor país y una justicia fortalecida y especializada

para las mujeres, contexto en el que la Secretaría de la Mujer y

Análisis de Género –SMAG- presenta esta Política que permitirá

contribuir a construir la igualdad de género y el pleno respeto

de los derechos humanos de las mujeres en la administración

de justicia.

Principios orientadores de la Política

La Política Institucional de Equidad de Género y Promoción

de los Derechos Humanos de las Mujeres del Organismo

Judicial, se fundamenta en un conjunto de valores y normas

éticas, las cuales orientan y promueven su implementación por

parte del personal jurisdiccional y administrativo del Organismo

Judicial.

Igualdad de género

Es un derecho fundamental, apoyado en el concepto de

justicia social, inherente a la calidad de persona humana,

que compromete a las instituciones, organizaciones o grupos

sociales a promover la igualdad de oportunidades, derechos

y libertades para las mujeres en iguales condiciones con los

-70-


hombres, en las esferas social, económica, cultural, civil o

política.

En el presente caso, como principio ético orientador de

la Política, se trabajará a efecto de que a las mujeres se les

reconozca su dignidad, tomando en consideración la Declaración

Universal de Derechos Humanos, que proclama que todos los

seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos

sin distinción de sexo, en congruencia con lo que la Convención

sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación

contra la Mujer (CEDAW), que en sus considerandos establece

que la discriminación contra la mujer viola los principios de

igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana, que

dificulta la participación de la mujer en las mismas condiciones

que el hombre.

La Política promoverá la igualdad de oportunidades,

derechos y libertades para las mujeres, tanto en su calidad de

funcionarias o auxiliares jurisdiccionales o administrativas, o

como usuarias de los servicios, contribuyendo a la eliminación

de todas las formas de discriminación en contra la mujer, en la

administración de justicia.

Equidad de género

La Política impulsará la equidad de género, dando un trato

justo a personas que son diversas, realizando si es necesario,

acciones afirmativas, entre ellas la sensibilización y formación

del personal, sobre derechos humanos de las mujeres, que

permitan compensar las desigualdades existentes entre

mujeres y hombres, causadas por las relaciones jerárquicas de

poder que se producen entre los sexos.

Mediante el cambio cultural, de las y los funcionarios

judiciales, se dará valor a las diferencias entre los sexos y se

tomarán en consideración las necesidades e intereses de las

mujeres, ya que son específicas de nuestra sociedad actual,

caracterizada por la violencia y discriminación contra la mujer,

requiriendo por ello que se les proporcione un trato que les

permita alcanzar la igualdad real en el ejercicio de derechos,

especialmente el de facilitar su acceso a una justicia con

celeridad y calidad humana.

-71-


En cumplimiento de la misión institucional de administrar

justicia garantizando su acceso a la población en procura de la

paz y armonía social; se fortalecerá la equidad de género con el

objeto que las usuarias tengan acceso real a las oportunidades,

recursos, ejercicio de derechos y libertades, para compensar

las desventajas que enfrentan por razón de sexo, etnia y

condición social o económica y que incide directamente en la

forma en que acceden a la justicia.

Igualdad de oportunidades

Se define como la situación en la que mujeres y hombres

tienen los mismos derechos y obligaciones; además gozan de

las mismas oportunidades, para desarrollar sus potencialidades,

decidir libremente el curso de sus vidas y acceder, según sus

propias destrezas y habilidades, a diferentes posiciones en la

sociedad.

La igualdad entre mujeres y hombres es un derecho

reconocido por nuestra Constitución Política de la República de

Guatemala, por lo que la Política, fomentará su cumplimiento.

La Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW) reconoce el principio

de igualdad entre mujeres y hombres, el cual es un principio

jurídico universal.

Derechos humanos de las mujeres

Los patrones culturales de carácter patriarcal han

acentuado a lo largo de la historia exclusión en el acceso de la

mujer a derechos básicos, que en la actualidad requieren de la

adopción de medidas especiales para que pueda desarrollarse

en condiciones de igualdad y equidad.

El principal instrumento jurídico orientado a erradicar

las desigualdades entre hombres y mujeres lo constituye la

(CEDAW) llamada la “Carta Magna de la Mujeres”, la cual fue

complementada en 1999 por su Protocolo Facultativo, abriendo

la posibilidad que las mujeres denuncien la violación de sus

derechos humanos enunciados en la Convención.

-72-


Como eje central, la (CEDAW) desarrolla una serie de

derechos a las mujeres tendientes a eliminar la discriminación,

basada en patrones culturales de carácter patriarcal.

Estos derechos se encuentran orientados a generar

los mecanismos necesarios para que las mujeres puedan

desarrollarse integralmente en condiciones de igualdad y

equidad, en todos los ámbitos de la vida privada y pública.

Erradicación de la violencia contra la mujer

Mediante la Política, se pretende lograr la concientización

del personal para que puedan identificar que la violencia contra

las mujeres, lo que constituye una violación a sus libertades y

derechos humanos, limitando su pleno desarrollo.

Así mismo, se promoverá el cambio del imaginario social que

legitima y naturaliza la violencia contra las mujeres, logrando

que el personal jurisdiccional y administrativo otorgue una

atención con calidad y calidez identificándola como una ofensa

a la dignidad humana y una manifestación de las desiguales

relaciones de poder entre hombres y mujeres.

Los procesos de formación que se desarrollen como

acciones transversales de la Política, promocionarán el derecho

de las mujeres a que se respete su vida, integridad, y seguridad

personal, a vivir libres de violencia y discriminación, tanto en el

ámbito público como en el privado.

Acceso a la justicia

La Política impulsará este derecho humano fundamental

que consiste en la posibilidad de las personas que viven en

condiciones de desigualdad de acceso al sistema de justicia, a

ejercer sus derechos, para dar y reconocer a cada persona lo

que le corresponde o pertenece.

Mediante la adopción de medidas específicas se pretende

equilibrar las brechas de desigualdad de acceso a la justicia

que enfrentan grupos sociales que requieren especial atención

-73-


por razón de sexo, edad, etnia o por condiciones sociales,

económicas, creencia religiosa, diversidad cultural o por

cualquier otro aspecto. En este caso, se facilitará a las mujeres

su acceso a la justicia, a efecto de que reciban servicio de

calidad y calidez, alineando estos valores a la aplicación de

la legislación vigente en materia de derechos humanos en la

administración de justicia.

Atención con celeridad, calidad y calidez

Para hacer efectivo este principio es necesario desarrollar

procesos sistemáticos de fortalecimiento de las capacidades

del personal jurisdiccional y administrativo, para cumplir con la

obligatoriedad de brindar a las mujeres, atención personalizada

dependiendo de sus circunstancias particulares, edad, sexo,

pertenencia étnica, origen, condición social o económica,

proporcionándoles atención integral, para brindar respuesta

con celeridad a sus demandas de justicia y en reconocimiento

a su dignidad humana.

El personal jurisdiccional y administrativo, atenderá a las

mujeres con un trato respetuoso y servicio de calidad, sin

retardos y con calidez humana, evitando emitir juicios sexistas

o que las culpabilizan.

No discriminación

Para dar cumplimiento a la (CEDAW) en el Organismo

Judicial, se promoverá el cambio cultural para lograr que en la

administración de justicia y en el ámbito institucional se elimine

cualquier forma de discriminación o trato desventajoso contra

las mujeres.

Es decir, atender a las personas que solicitan los servicios

de la institución, así como el personal de la misma sin

discriminación directa o indirecta por motivos de género en

el marco del cumplimiento de los derechos humanos de las

mujeres.

-74-


Empoderamiento

El empoderamiento, puede ser conceptualizado desde

varias perspectivas, entre las cuales se encuentran: el

propiciar que las mujeres desarrollen las propias capacidades

o habilidades para tomar el control de sus vidas para el pleno

ejercicio de sus derechos. Esto requiere que las mujeres

adquieran conocimientos para aplicarlos en la vida cotidiana,

que reconozcan y valoren a otras mujeres en las diferentes

estructuras sociales de las cuales han sido excluidas.

La Política Institucional del Organismo Judicial Sobre

Igualdad de Género y Promoción de los Derechos Humanos de

las Mujeres ha implicado un proceso de construcción colectiva

y de concientización del personal jurisdiccional y administrativo,

sobre la necesidad de la incorporación de la perspectiva de

género y derechos humanos de las mujeres en la administración

de justicia.

En las entrevistas, talleres de validación y consultas

especializadas, se ha evidenciado que la Política es un

instrumento que deber ser conocido y aplicado por las y los

funcionarios jurisdiccionales y administrativos, en las acciones

cotidianas de trabajo, constituyéndose en un mecanismo

institucional para la construcción de la igualdad de género en el

Organismo Judicial.

Inclusión social

La Política fortalecerá la inclusión de las mujeres, logrando

su empoderamiento para el ejercicio de sus derechos,

realizando acciones dirigidas a atender problemas que afectan

a funcionarias, contribuyendo a mejorar su calidad de vida y

a fortalecer el ejercicio de cargos de decisión. Así mismo, se

promoverá que las usuarias de los servicios reciban la atención

oportuna.

La Política se ha basado en un proceso participativo de

inclusión social que ha permitido recoger la diversidad de

opiniones, sugerencias y aportes para enriquecer su contenido

con la retroalimentación del personal y de las usuarias.

-75-


Paz y democracia

La Política contribuirá a dar cumplimiento a la misión

institucional de administrar justicia, garantizando su acceso a la

población en procura de la paz y armonía social, promoviendo

el respeto a los derechos humanos universales y especialmente

el derecho de las mujeres de vivir libres de toda forma de

violencia y discriminación.

Siendo la democracia uno de los pilares de la forma de

gobierno asumida por el Estado, la Política se sustenta en la

necesidad de generar los mecanismos necesarios de inclusión

activa de las mujeres en los diferentes niveles de decisión, ya

que la participación democrática de la mujeres es necesaria

para transformar los patrones culturales de discriminación a

los cuales se ha visto sometida la mujer. Las resoluciones del

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre Mujeres,

Paz y Seguridad reconocen que la participación de las mujeres

en la toma de decisiones a todos los niveles, particularmente

en las instancias de seguridad y de justicia, es una condición

indispensable para la construcción y el mantenimiento de la

paz.

La formulación de la Política ha implicado un proceso

de construcción colectiva y de concientización del personal

jurisdiccional y administrativo, sobre la base de que la

democracia implica el ejercicio igualitario de las libertades,

favoreciendo la abolición de acciones que siguen subordinando

a las mujeres y justificando los actos de violencia.

Igualdad étnica y multiculturalidad

La Política reconoce el carácter multiétnico, multilingüe y

pluricultural de Guatemala, por lo que tomará en consideración

la situación y condición de vida de las mujeres, atendiendo

las múltiples discriminaciones que enfrentan, así como sus

demandas y necesidades específicas como mujeres indígenas,

Xincas, Garífunas y Mestizas.

La igualdad étnica constituye el trato justo y digno para

lograr la igualdad de las mujeres Mayas, Garífunas, Xincas

-76-


y Mestizas, mediante acciones positivas que permitan el

reconocimiento de la dignidad e identidad de cada persona o

grupo según su condición étnica.

La Política ha implicado un proceso de construcción en la

que han estado representadas las diferentes culturas con el

objeto de contar con los aportes que conlleven al desarrollo de

la perspectiva de género con pertinencia étnica y multicultural,

a fin de ir desmontando las dinámicas que siguen subordinando

a las mujeres y justificando los actos de violencia.

Niñez y tercera edad

La Política Institucional del Organismo Judicial Sobre

Igualdad de Género y Promoción de los Derechos Humanos de

las Mujeres ha privilegiado aspectos que deben ser considerados

para la atención de las niñas, niños y adolescentes víctimas,

así como personas de la tercera edad, como base para ir

consolidando un sistema de justicia incluyente.

La niñez y las personas de la tercera edad según el

análisis efectuado, no solamente son víctimas directas de

actos de violencia, sino con frecuencia la amenaza o violencia

ejercida son utilizadas como herramientas para acentuar las

prácticas de subordinación y violencia contra las mujeres, por

lo que una protección adecuada a las niñas, niños y personas

de la tercera edad permite ir construyendo una sociedad en

la que las mujeres, independientemente de su edad, puedan

desarrollarse integralmente, garantizándoles una vida libre de

violencia.

19 Resoluciones 1325 (2000); 1820 (2008); 1888 (2009); 1889 (2009); 1960

(2010); 2106 (2013); y 2122 (2013), Consejo de Seguridad de las Naciones

Unidas.

-77-


-78-


III. EJES DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL

DEL ORGANISMO JUDICIAL SOBRE

IGUALDAD DE GÉNERO Y PROMOCIÓN

DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS

MUJERES

-79-


Eje 1: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO

JURISDICCIONAL

Igualdad de género con pertinencia étnica, cultural y etaria en la

administración de justicia en concordancia con los instrumentos

internacionales y las leyes nacionales relativas a los derechos

humanos de las mujeres.

Problema

Necesidad de fortalecer la administración de justicia aplicando

los estándares de derechos humanos de las mujeres y

género, con pertinencia étnica, cultural y etaria, derivados

de instrumentos internacionales y leyes nacionales en las

resoluciones judiciales.

Objetivo

Construir y garantizar la administración de justicia igualitaria

aplicando la legislación nacional e internacional y la metodología

de género, asegurando el respeto de los derechos humanos

de las mujeres en condiciones de igualdad y equidad, con

pertinencia étnica, cultural y etaria.

Líneas de acción

• Fortalecer las capacidades técnicas y administrativas de

la Unidad de Capacitación Institucional del Organismo

Judicial, para desarrollar procesos sistemáticos de

formación en materia de derechos humanos de las

mujeres y género, desde los niveles inicial y continuo hasta

la especialización, en concordancia con los instrumentos

nacionales e internacionales.

• Institucionalizar la formación en materia de derechos

humanos de las mujeres y género del personal

jurisdiccional del Organismo Judicial, para la aplicación

sistemática de los derechos humanos de las mujeres

en los procesos administrativos y judiciales, desde una

perspectiva de género, con pertinencia étnica, cultural y

etaria.

-80-


• Asegurar la supervisión de la aplicación de los estándares

de derechos humanos de las mujeres y género, con

pertinencia étnica, cultural, y etaria en los órganos

jurisdiccionales.

• Analizar, sistematizar y socializar las sentencias emitidas

por los órganos jurisdiccionales, desde una perspectiva

de los derechos humanos de las mujeres y género, con

pertinencia étnica, cultural y etaria.

Eje 2: IGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO

ADMINISTRATIVO

Igualdad de género con pertinencia étnica, cultural y etaria en

la administración institucional en concordancia con el marco

normativo nacional e internacional relativo a los derechos

humanos de las mujeres.

Problema

Necesidad de fortalecer las capacidades del personal y

prácticas administrativas institucionales, para la aplicación

de los estándares de derechos humanos de las mujeres y

género, con pertinencia étnica, cultural y etaria, derivados de

instrumentos internacionales y leyes nacionales.

Objetivo

Fomentar la igualdad de género y el respeto a los derechos de

las mujeres en la administración institucional, fortaleciendo las

capacidades del personal para la aplicación de los derechos

humanos de las mujeres y género, con pertinencia étnica,

cultural y etaria.

Líneas de acción

• Incorporar en los Planes Estratégicos Quinquenales del

Organismo Judicial y Planes Operativos Anuales, las

acciones de la Política Institucional del Organismo Judicial

sobre Igualdad de Género y Promoción de los Derechos

Humanos de las Mujeres.

• TDesarrollar procesos de formación sistemática del

-81-


personal administrativo en los derechos humanos de las

mujeres y género, con pertinencia étnica, cultural y etaria.

• Monitorear la aplicación de los derechos humanos de las

mujeres y género, con pertinencia étnica, cultural y etaria,

en las unidades administrativas y de apoyo jurisdiccional.

• Incorporar la perspectiva de derechos humanos de

las mujeres y género en los procesos de generación,

recolección, procesamiento, y análisis de información

jurisdiccional y administrativa, desagregados por sexo,

etnia y edad.

• Revisar y dar seguimiento, desde la perspectiva de

derechos humanos de las mujeres y género, con

pertinencia étnica, cultural y etaria, de la Ley del Servicio

Civil del Organismo Judicial, la Ley de la Carrera Judicial

y el Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo, para

otorgar una tutela efectiva para las mujeres en los casos de

acoso sexual, laboral y cualquier forma de discriminación.

• Incorporar y fortalecer acciones afirmativas para el

alcance de la igualdad de género en la institución.

• Incorporar y dar seguimiento a acciones afirmativas

encaminadas a lograr la igualdad entre hombres y mujeres

en el sistema de gestión de recursos humanos para

los procesos de selección, nombramiento, evaluación

del desempeño, ascenso y sanción disciplinaria en

concordancia con los instrumentos nacionales e

internacionales relativos a los derechos humanos de las

mujeres.

Eje 3: ACCESO DE LAS MUJERES A LA JUSTICIA CON

CALIDAD Y CALIDEZ

Igualdad de género con pertinencia étnica, cultural y etaria,

que garantice el acceso de las mujeres a la justicia, a través

de servicios con celeridad, calidad y calidez, en los órganos

jurisdiccionales y dependencias administrativas.

Problema

Necesidad de proporcionar un servicio de justicia con celeridad,

calidad y calidez humana para las mujeres en los órganos

jurisdiccionales y dependencias administrativas.

-82-


Objetivo

Fortalecer el acceso de las mujeres a la justicia a través de

servicios con celeridad, calidad y calidez humana, desde una

perspectiva de derechos humanos de las mujeres y género,

con pertinencia étnica, cultural y etaria.

Líneas de acción

• Realizar estudios regulares que permitan la adecuación de

funciones y competencias de los órganos jurisdiccionales,

para garantizar el acceso de las mujeres a la justicia,

con perspectiva de derechos humanos de las mujeres y

género, con pertinencia étnica, cultural y etaria.

• Desarrollar mecanismos de evaluación de la calidad de

los servicios prestados a las mujeres por los órganos

jurisdiccionales y dependencias administrativas.

• Adecuar la infraestructura de los órganos jurisdiccionales

y dependencias administrativas, desde una perspectiva

de derechos humanos de las mujeres y género, con

pertinencia étnica, cultural y etaria.

• Ampliar la cobertura a nivel nacional de órganos

jurisdiccionales en justicia especializada en género.

• Promover la eliminación de estereotipos y prejuicios

contra las mujeres para garantizar la administración de

justicia igualitaria desde una perspectiva de derechos

humanos de las mujeres y género, con pertinencia étnica,

cultural y etaria.

Eje 4: COMUNICACIÓN SOCIAL CON ENFOQUE DE

GÉNERO

Comunicación social desde una perspectiva de derechos

humanos de las mujeres y género, con pertinencia étnica,

cultural y etaria.

-83-


Problema

Necesidad de incluir el enfoque de género y derechos humanos

de las mujeres, con pertinencia étnica, cultural y etaria, en las

diversas acciones de comunicación, así como de informar sobre

las diversas actividades que realiza el Organismo Judicial en

dicha materia.

Objetivo

Impulsar estrategias de comunicación internas y externas que

visibilicen los derechos humanos de las mujeres y género, con

pertinencia étnica, cultural y etaria.

Líneas de acción

• Diseñar, implementar, monitorear y evaluar las campañas

informativas y sensibilizadoras internas y externas, con

respeto a los derechos humanos de las mujeres y género,

con pertinencia étnica, cultural y etaria.

• Diseñar, imprimir y divulgar materiales de comunicación

e información, para el conocimiento y aplicación de los

estándares nacionales e internacionales, principios y

criterios institucionales sobre derechos humanos de las

mujeres y género, con pertinencia étnica, cultural y etaria.

• Promover un periodismo sensibilizado en derechos

humanos de las mujeres y género con pertinencia étnica,

cultural y etaria, a través de mecanismos regulares de

cooperación con medios de comunicación y periodistas.

Eje 5: COORDINACIÓN INTRA E INTERINSTITUCIONAL

PARA PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL

RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS

MUJERES, CON PERTINENCIA ÉTNICA, CULTURAL Y

ETARIA.

Promover la igualdad de género y el respeto de los derechos

humanos de las mujeres, con pertinencia étnica, cultural y

etaria, mediante la coordinación intra e interinstitucional en el

sistema de justicia.

-84-


Problema

Necesidad de fortalecer la coordinación intra e interinstitucional

para promover la igualdad de género y el respeto de los

derechos humanos de las mujeres, con pertinencia étnica,

cultural y etaria, en la administración de justicia.

Objetivo

Fomentar la igualdad, equidad de género y respeto de los

derechos humanos de las mujeres, a través de la coordinación

intra e interinstitucional.

Líneas de acción

• La Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia

a través la Secretaría de la Mujer y Análisis de Género,

promoverá el desarrollo de una cultura organizacional

de servicio, fundamentada en la calidad y calidez de

atención, igualdad y equidad de género, compartida en

todos los niveles institucionales del Organismo Judicial.

• La Comisión de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia,

a través de la Secretaría de la Mujer y Análisis de

Género, basadas en diagnósticos de las condiciones de

equidad de género e igualdad entre hombres y mujeres,

implementará las acciones afirmativas necesarias para

optimizar la situación, condición, y posición de las mujeres

trabajadoras en la institución.

• Establecer mecanismos de intercambio, comunicación y

coordinación entre la Corte Suprema de Justicia a través

de la Comisión de la Mujer y la Secretaría de la Mujer

y Análisis de Género, para lograr la igualdad de género

en el Organismo Judicial, impulsando el respeto a los

derechos humanos de las mujeres con pertinencia étnica,

cultural y etaria, en la administración de justicia.

• Fortalecer a la Secretaría de la Mujer y Análisis de Género,

mediante la asignación de recursos humanos, financieros,

informáticos y materiales, para el cumplimiento de su

-85-


mandato, el acompañamiento y asesoría a los órganos

jurisdiccionales y dependencias administrativas en la

implementación y monitoreo de la Política Institucional

del Organismo Judicial sobre Igualdad de Género y

Promoción de los Derechos Humanos de las Mujeres.

• Consolidar la coordinación interinstitucional con el sector

justicia, el sector seguridad, las organizaciones de la

sociedad civil e instancias académicas y los organismos

internacionales pertinentes para la aplicación del marco

normativo nacional e internacional relativo a los derechos

humanos de las mujeres y género, con pertinencia étnica,

cultural y etaria.

• Sistematizar la coordinación intrainstitucional con los

entes clave del Organismo Judicial para el efectivo

monitoreo del cumplimiento de la Política y sostenibilidad

del proceso de implementación y actualización de la

misma.

• Intercambiar experiencias y actualización de

conocimientos e información con entidades homólogas

sobre contenido, aplicación, actualización, monitoreo y

evaluación de políticas institucionales que promueven la

igualdad de género y el ejercicio de los derechos humanos

de las mujeres.

-86-


RESUMEN DE REFERENCIAS

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Coller, Xavier. Estudio de casos. Cuadernos Metodológicos, Nº

30. Madrid. Centro de Investigaciones Sociológicas. 2000.

Congreso de la República de Guatemala. Ley contra el

Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer. Decreto

Número 22-2008. Fecha de emisión: 09/04/2008. Fecha de

Publicación: 07/05/2008.

Facio Montejo: Alda, Cuando el Género suena, cambios trae

(una metodología para el análisis de género del fenómeno

legal). 1ª. Ed. San José Costa Rica: ILANUD.1992.

Gobierno de Guatemala, Secretaría Presidencial de la Mujer.

Política Nacional de Promoción y Desarrollo Integral de las

Mujeres –PNPDIM—y Plan de Equidad de Oportunidades –

PEO- 2008-2014.

Programa de Apoyo a la Reforma de la Justicia –PARJ-

Programa de formación en Derechos Humanos de las Mujeres

en el sector justicia. Tamayo, Josefina. Guatemala. 2008.

Organismo Judicial, Castillo Godoy, Delia Cristina. Metodología

de Género. Guatemala, 2012. Editorial Ideart.

Organismo Judicial de Guatemala. Protocolo de la Ley contra

el Femicidio y otras formas de Violencia contra la Mujer.

Guatemala. 2010.

REFERENCIAS NORMATIVAS

MARCO LEGAL NACIONAL E INSTRUMENTOS INTERNA-

CIONALES

Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de

Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en

inglés).

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém

Do Pará).

-87-


Estatuto de La Corte Internacional de Justicia (Estatuto de

Roma).

Declaración y Programa de Acción, emanado de la Conferencia

Mundial de Derechos Humanos (Viena, junio 1993).

Declaración sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Plataforma para la Acción Mundial, formulada en la Cuarta

Conferencia Mundial sobre la Mujer de Beijing 1995.

Constitución Política de la República de Guatemala.

Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia

Intrafamiliar. Decreto 97-1996.

Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer. Decreto

7-1999.

Ley de Desarrollo Social. Decreto 42-2001.

Ley contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia Contra la

Mujer. Decreto 22-2008.

Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de personas.

Decreto 9-2009.

REFERENCIAS ELECTRÓNICAS

Rodríguez, Gil, & García (1996:71), Tipo de investigación

o de estudio, http://www.eumed.net/tesisdoctorales/2009/

njlg/TIPO%20DE%20INVESTIGACION%20O%20DE%20

ESTUDIO.htm Fecha de consulta 26.02.2014

-88-

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