sanIDAD

Adenda. Propuestas sectoriales
16. Se debería defender recurrir a esta figura cuando no hay servicios profesionales
disponibles en el territorio (por su singularidad, ruralidad,
etc.), situación normalmente extraordinaria. Conviene destacar que
existe ausencia absoluta de control de esas situaciones de cuidadores
no profesionales por parte de la Administración, en el sentido de que se
desconoce si el cuidador realmente hace ese trabajo, si está cualificado
para ello, si se cumplen unos mínimos técnicos y asistenciales…
17. En cuanto a los cuidadores profesionales, urge la convocatoria para
la acreditación profesional de los trabajadores de Ayuda a Domicilio
y Residencias.
18. Deben considerarse los servicios de atención a la dependencia (centros
residenciales, centros de día, teleasistencia y servicios de atención a
domicilio) como servicios de primera necesidad y, como tales, establecer
un tipo de IVA súper-reducido del 4 % para los mismos, independientemente
de la naturaleza jurídica (pública, privada, o concertado) del
prestador o comprador de los servicios.
19. Hay que enfatizar, en cualquier caso, que la promoción de la autonomía
personal y la atención a las personas en situación de dependencia
son objetivos irrenunciables. La viabilidad y sostenibilidad
de un Sistema Público que dé respuesta a las necesidades y asegure
el derecho de los ciudadanos a los cuidados de larga duración está
condicionada, sin duda, por consideraciones técnicas, competenciales
o económicas, pero sobre todo depende de que exista o no
una voluntad política firme de garantizar la atención equitativa del
Sistema a todas las personas en situación de dependencia, conforme
al criterio de universalidad.
20. No debe olvidarse que la apuesta por una atención profesionalizada
genera importantes retornos fiscales, pues favorece el desarrollo económico
activando el empleo en general y reequilibrando la posición
de la mujer en el mercado laboral, en particular.
21. La aportación del beneficiario en el coste de las prestaciones y servicios
de atención a la dependencia (copago) debería reformarse
para hacerla más justa y equitativa, robusteciendo el carácter de
derecho subjetivo y ampliando el universo de personas en situación
de necesidad que puedan acogerse a las prestaciones y servicios de
la LAPAD.
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